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Nº 12 - TOMO 328 - 26 Y 27 DE MARZO DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

11ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente,

el DOCTOR FEDERICO BOUZA Segundo Vicepresidente

y el CONTADOR DANILO ASTORI Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores senadores.
- Se resuelve celebrar sesión.

4 y 7) Asuntos entrados

5) Inasistencia de los señores senadores a las sesiones del Senado y de las distintas Comisiones. (Artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

6 y 9) Disposiciones de carácter tributario y modificación del régimen de aportes al Banco de Previsión Social

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Proyecto Presentado

- Derecho de Asilo. Reglamentación.
- Iniciativa de los señores senadores del Nuevo Espacio.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 23 de marzo de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores senadores, el próximo lunes 26, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen distintas disposiciones de carácter tributario, se modifica el régimen de aportes al Banco de Previsión Social y otras disposiciones concordantes.

(Carp. Nº 97/90 - Rep. Nº 8/90 y Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: lo señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Batalla, Belvisi, Blanco, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Posadas, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 4 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores senadores solicitan se cite al Cuerpo a fin de considerar el asunto que en el mismo pedido se menciona".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 23 de marzo de 1990

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez.

Los senadores firmantes solicitan a Ud. se cite al Senado para el próximo lunes 26, a la hora 16, a fin de considerar el proyecto de ley por el que se establecen distintas disposiciones de carácter tributario, se modifica el régimen de aportes al Banco de Previsión Social y otras disposiciones concordantes.

Saludamos a Ud. atentamente.

Abreu, de Posadas Montero, Raffo, Juan Carlos Blanco, Bouza. Senadores"

-Se va a votar si el Senado desea celebrar sesión para tratar el proyecto de ley de que se ha dado cuenta.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierta la sesión.

Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 26 de marzo de 1990.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita el acuerdo establecido en el artículo 168 de la Constitución para acreditar como Representante Permanente de la República ante la Asociación Latinoamericana de Integración, al señor Néstor Cosentino.

(Carp. Nº 126/90)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta de haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se autoriza al Ministro de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor del Ministerio de Educación y Cultura, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia Nº 97 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10º Turno.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado en carácter de subsidio para la Escuela Franklin Delano Roosevelt.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Administración Nacional de Educación Pública, a efectos de dar cumplimiento a la Sentencia Nº 172 dictada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno.

por el que se autoriza en el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de Seguros del Estado la trasposición de rubros entre varios proyectos.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor del Ministerio de Educación y Cultura, a fin de atender los gastos por concepto de alquileres del Registro Público y General de Comercio y gastos comunes.

por el que se sustituyen las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias Notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con Licitación Pública Nº 569/89, contratación de un ingeniero, reiteración de gastos efectuados del 15 al 30 de octubre y del 1º al 15 de noviembre de 1989.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionada con reiteración de Orden de Entrega a favor de la firma Sagrin S.A., reiteración de Orden de Pago a favor de la firma Arnaldo Castro Ltda.

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionada con certificación de deudas.

Del Ministerio del Interior: relacionada con compra directa de un procesador central para la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial.

De la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE): relacionada con pago de horas extras.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública remite nota comunicando la Resolución adoptada por la que se efectúan trasposiciones de rubros.

-Téngase presente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, adjuntando documentación diversa sobre UNESCO.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes remite nota a la que adjunta la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor representante Héctor Lescano, con destino a la Comisión de Educación y Cultura, por las que solicita la creación de una comisión asesora con el cometido de elaborar un anteproyecto de ley de educación general.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Junta Departamental de Canelones remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Miguel Marmol como Presidente, Eber González como primer Vicepresidente y Wilfredo Ambrosio como segundo Vicepresidente.

La Junta Departamental de Colonia remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Néstor Balbuena como Presidente y como primer y segundo Vicepresidente los señores Juan Carlos Aguirre y Jonil Maleplate respectivamente.

La Junta Departamental de Soriano remite nota comunicando la resolución adoptada por la que se solicita que ILPE se mantenga dentro de la esfera estatal.

-Ténganse presente".

5) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y DE LAS DISTINTAS COMISIONES. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de los inasistentes a las últimas sesiones del Senado y de las distintas Comisiones del Cuerpo.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta que a la sesión extraordinaria del Senado del día 16 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Walter Belvisi, Federico Bouza, Alberto Brause, Dante Irurtia, José Korzeniak, Carlos Julio Pereyra y Walter Santoro; sin aviso los señores senadores Bari González Modernell y Raumar Jude. En la sesión extraordinaria del 21 de marzo de la hora 15 y 30 faltaron con aviso los señores senadores Pablo Millor y Walter Santoro y sin aviso el señor senador Raumar Jude.

A la sesión de la Comisión de Industria y Energía del 14 de marzo faltó con aviso el señor senador Bari González Modernell.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 14 de marzo faltó con aviso el señor senador Carlos Julio Pereyra.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 15 de marzo faltó con aviso el señor senador Ignacio de Posadas Montero.

A la sesión de la Comisión de Agricultura y Pesca del día 19 de marzo faltó con aviso el señor senador Juan Martín Posadas.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del día 19 de marzo faltó sin aviso el señor senador Bari González Modernell".

6) DISPOSICIONES DE CARACTER TRIBUTARIO Y MODIFICACION DEL REGIMEN DE APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el único asunto que figura en el orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen distintas disposiciones de carácter tributario, se modifica el régimen de aportes al Banco de Previsión Social y otras disposiciones concordantes. (Carp. Nº 97/90. Rep. Nº 8/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 97/90
Rep. Nº 8/90

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Señor Presidente de la
Asamblea General,
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración del Poder Legislativo el presente proyecto de ley referente a modificaciones del sistema tributario. La crítica situación fiscal que se presenta a esta Administración de Gobierno recién iniciada, plantea la necesidad de encargar urgentes paliativos. El alto nivel alcanzado por el déficit a partir de la crisis de la deuda en los primeros años de la década, fue gradualmente reducido hasta ubicar el mismo en el 4.1% del PBI en 1987. A partir de este mínimo, diferentes factores presionaron a su alza, elevándolo sobre el 6% del PBI para el último ejercicio. La reforma constitucional aprobada en el plebiscito del 26 de noviembre del pasado año, relativa al ajuste de las pasividades, involucra un incremento sustancial del gasto y por consiguiente, un relevante efecto de acrecentamiento del ya elevado déficit fiscal. Ello genera fuertes presiones al contraer un mayor endeudamiento el sector público -con un ineludible costo sobreviviente que habrá de pasar en el déficit de ejercicios posteriores- y sobre el ritmo de variación de precios, incidencias que a la vez involucran alteraciones de precios relativos, reticencia en las decisiones de inversiones de riesgo, ineficiente asignación de recursos productivos y, en definitiva, condiciones incompatibles con un proceso de crecimiento económico sostenido.

Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo se ve en la obligación de proponer a ese Cuerpo la adopción de inmediatas medidas de ajuste fiscal, sin perjuicio de comenzar paralelamente con la instrumentación de otras que apunten al mismo fin. En este último sentido, el Poder Ejecutivo entiende que las medidas deben orientarse simultáneamente tanto a una racionalización del gasto público que posibilite que el Estado pueda proporcionar mejores servicios a menor costo, como a un mayor control de la evasión tributaria que conlleve a una mayor justicia del sistema. Ambas áreas de acción exigen sin embargo un período relativamente prolongado de instrumentación, lapso incompatible con la urgencia en las soluciones que la gravedad de la situación impone. Dadas las presiones sobre el gasto que en este ejercicio se adicionan a un déficit fiscal que a partir de 1988 se encuentra en ascenso, el Poder Ejecutivo enfatiza especialmente el carácter de urgencia con que deben encararse las soluciones. La dilación en la adopción de las medidas necesarias implica la persistencia de presiones expansivas del déficit, con inmediatos efectos sobre el ritmo de variación de precios y las expectativas de los agentes económicos, constituyendo estas últimas un factor de fundamental relevancia en el desempeño del sistema financiero y del sector externo de la economía. Es por consiguiente imprescindible adoptar medidas que eviten un mayor deterioro de las expectativas, deterioro que de producirse generaría un efecto multiplicador y tornaría más dificultoso revertir la situación.

En tanto la urgencia de las soluciones a encarar conduce a manejarse dentro del sistema tributario vigente, el Poder Ejecutivo propone a ese Cuerpo modificaciones que entiende distribuyen la carga en la forma más equitativa posible. De este modo, se impulsa el incremento de las tasas de los impuestos a la renta por el término de un ejercicio (IRIC, IMAGRO, IRA), así como la creación de gravámenes a la propiedad por una sola vez y su trasmisión (Impuesto Adicional de la Contribución Inmobiliaria e Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales). Dentro del Impuesto al Valor Agregado, el aumento propuesto se refiere exclusivamente a la tasa básica, manteniendo la mínima en su nivel actual así como las exoneraciones vigentes, con la finalidad de contemplar los sectores más necesitados. Entre las medidas de ajuste fiscal propuestas se incluye el incremento del aporte patronal al Banco de Previsión Social y de las tasas a que refiere el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294, considerando que arribar a la soluciones que exige la actual situación, requiere la participación de todos los sectores, en un esfuerzo conjunto para alcanzar la estabilización económica necesaria. De este modo, en un plazo más allá de lo inmediato, quienes hoy resultan gravados como contribuyentes de los impuestos referidos en el proyecto presentado, serán beneficiarios del crecimiento que el país alcance y que tiene como pre-requisito ineludible el abatimiento del déficit fiscal.

El ajuste tributario que se proyecta, responde, por lo demás, al necesario respeto de principios vinculados al buen manejo de la Hacienda Pública y en especial, al equilibrio de las finanzas del Estado.

Este principio ha sido recogido expresamente por nuestra Constitución de la República cuando en el artículo 86 (Inc. 2do) se dispone que toda ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos los mismos.

Desde el punto de vista sustancial, entonces, el incremento del gasto público que se genera al aprobarse la reforma constitucional requiere idéntico tratamiento que el establecido para los egresos que se aprueban por la vía legislativa, estimándose, por tanto, que esta propuesta es compatible con la normativa vigente en la materia.

Sin otro particular saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Enrique Braga, Carlos Cat.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el literal A) del artículo 13 del Título 10 del Texto Ordenado 1987, por el siguiente:

"A) Básica del 22% (veintidós por ciento)".

La presente disposición tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley.

Art. 2º. - Impuesto Adicional de Contribución Inmobiliaria. Créase por una sola vez con destino a Rentas Generales un Impuesto Adicional del 100% (cien por ciento) del monto de la Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural que corresponda pagar por el año 1990.

No regirán para este adicional las exoneraciones y rebajas de la Contribución Inmobiliaria que tengan su origen en Decretos o resoluciones de los gobiernos Departamentales.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones de la recaudación del impuesto.

Art. 3º. - Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales. (Hecho generador). Créase un impuesto a las trasmisiones patrimoniales de bienes ubicados en el país, que gravará los siguientes actos:

a) las enajenaciones de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de nuda propiedad, uso y habitación;

b) las promesas de las enajenaciones referidas en el apartado anterior y las cesiones de dichas promesas;

c) las cesiones de derechos hereditarios y las de derechos posesorios sobre bienes inmuebles. Estas últimas -a los efectos del impuesto- serán consideradas como enajenación del dominio pleno;

d) las sentencias declarativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles;

Art. 4º. - (Definición). Se entenderá por enajenación toda operación que tenga por fin último la transferencia del dominio de un bien o de la titularidad de un derecho.

Art. 5º. - (Configuración del hecho generador). El hecho generador se considera configurado en la fecha del contrato o documento correspondiente.

En el caso previsto en el apartado d) del artículo 3º, el hecho generador se considerará configurado en la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia judicial.

Art. 6º. - (Contribuciones). El impuesto gravará a ambas partes contratantes, con las siguientes excepciones:

a) Los actos jurídicos gratuitos en los cuales el contribuyente será el beneficiario.

b) Las sentencias declarativas de prescripción adquisitiva en las cuales lo será aquél que haya sido declarado propietario.

Todas las personas que otorguen el acto gravado por sí o por representantes, así como los profesionales intervinientes, serán responsables solidarios de la deuda, sin perjuicio de su división entre ellos de acuerdo a las normas de derecho privado.

Art. 7º. - (Monto Imponible). El monto imponible será:

a) para actos relativos a bienes inmuebles, el valor real fijado por la Dirección General del Catastro Nacional vigente en el momento en que se produzca el hecho gravado.

Tratándose de bienes ubicados en zonas urbanas y suburbanas que contengan construcciones sin la fijación de su valor real, los interesados solicitarán su determinación a la Dirección General del Catastro Nacional.

Cuando la operación recayera sobre fracciones de inmuebles empadronados en mayor área, el valor real referido en el inciso anterior estará constituido por la parte proporcional del valor real correspondiente a la superficie comprendida en el acto gravado. Si en ésta existieran construcciones, se agregará el valor real de las mismas.

En caso de que el acto gravado estuviera referido a la nuda propiedad, al usufructo y derechos de uso y habitación se aplicarán las normas de determinación del Impuesto al Patrimonio para calcular el referido valor real.

b) para enajenación de derechos hereditarios, el precio fijado por las partes.

Art. 8º. - (Permutas). A los efectos de este impuesto, los contratos de permuta se considerarán como si se tratara de dos enajenaciones independientes.

Art. 9º. - (Tasas). Los hechos gravados por el impuesto a las trasmisiones patrimoniales creado por esta ley tributarán de acuerdo a las siguientes tasas: a) enajenante, 3% (tres por ciento); b) adquirente, 1% (uno por ciento) y c) los contribuyentes a que se refiere el artículo 6º, 4% (cuatro por ciento).

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir estas tasas hasta un mínimo del 0.25% (cero veinticinco por ciento) para cada una de ellas.

Art. 10. - (Exoneraciones). Estarán exentas del pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales creado por esta ley:

a) Las enajenaciones que se otorguen en cumplimiento de promesas posteriores a la vigencia de esta ley que hubiesen tributado el impuesto creado por la misma;

b) las rescisiones de promesas de enajenación de bienes inmuebles y de cesiones de dichas promesas;

c) la primera enajenación de bienes inmuebles que realicen las cooperativas de vivienda a que se refiere la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y las sociedades civiles reguladas por el Decreto-Ley Nº 14.804, de 14 de julio de 1978, dentro de los dos años de vigencia de la presente ley.

Art. 11. - (Liquidación y Pago). El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones de liquidación y pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales así como el plazo para su pago.

La liquidación y comprobantes de pago se agregarán al respectivo instrumento. La Oficina Recaudadora verificará la exactitud de la declaración efectuada en tanto que el Registro controlará la coincidencia de los datos establecidos en la declaración con los del instrumento presentado a inscribir, dejando constancia de ello.

Los Registros no inscribirán los documentos relativos a los actos gravados que no se presenten acompañados del comprobante a que alude el párrafo anterior, debiendo dejar constancia en aquéllos del número, fecha y oficina que haya expedido el referido comprobante.

Art. 12. - (Agentes de Retención y Percepción). El Poder Ejecutivo queda facultado para designar agentes de retención y de percepción del impuesto a las trasmisiones patrimoniales.

Art. 13. - Increméntase en un 3.5% el aporte patronal al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las contribuciones sujetas a montepío.

Sustitúyense las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo tercero de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 por las siguientes:

"A)   

Por las primeras 200 hás. el  

1,7%

B)   

Por las siguientes de más de 200 hás. a 500 hás. el  

1,8%

C)   

Por las siguientes de más de 500 hás. a 1.000 hás. el  

1,9%

D)   

Por las siguientes de más de 1.000 hás. a 2.500 hás el  

2,1%

E)   

Por las siguientes de más de 2.500 hás. a 5.000 hás. el  

2,3%

F)   

Por las siguientes de más de 5.000 hás. a 10.000 hás. el  

2,6%

G)   

Por más de 10.000 hás. el  

2,9%"

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir estas tasas hasta los porcentajes vigentes a la fecha de promulgación de esta ley.

Art. 14. - Increméntase al 4.5% y 5.5% respectivamente las tasas establecidas por el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas que perciban retribuciones, los jubilados y pensionistas, manteniéndose la tasa vigente para los contribuyentes empleadores de la actividad privada y Entes Descentralizados, industriales y comerciales del Estado.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir estas tasas hasta el 1% y 2% respectivamente establecidos en el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982.

Art. 15. - Los incrementos tributarios dispuestos en los artículos 13 y 14 de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primer día del mes de su promulgación.

Art. 16. - El producido de los incrementos de tributos establecidos en los artículos 13 y 14 recaudados por el Banco de Previsión Social serán afectados a dicho organismo para los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión que dispone el artículo 67 de la Constitución de la República en la redacción dada por la Reforma Constitucional plebiscitada el 26 de noviembre de 1989.

Art. 17. - Los propietarios de predios rurales en los que no existiere explotación agropecuaria serán responsables del pago de la contribución patronal según la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare.

Art. 18. - Los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales que tengan adeudos con el Banco de Previsión Social por concepto de aportes patronales podrán financiar los devengados al 31 de diciembre de 1989 en un plazo máximo de sesenta meses, sin multas ni recargos.

El plazo para acogerse a este régimen de facilidades de pago será de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 19. - Los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales que no se encuentren en situación regular de pagos con el Banco de Previsión Social por aportes obreros, patronales e impuesto a las retribuciones personales, no podrán recibir partida alguna del Ministerio de Economía y Finanzas (asistencia financiera, participación en la recaudación de tributos o por cualquier otro concepto).

En dichos casos la partida que correspondiere se verterá al Banco de Previsión Social, el que la acreditará en la cuenta del organismo estatal deudor.

Mensualmente el Banco de Previsión Social informará al Poder Ejecutivo la situación contributiva de los organismos mencionados en este artículo.

Art. 20. - Aféctase al Banco de Previsión Social, a partir del 1º de enero de 1990 la recaudación correspondiente a 5 (cinco) puntos de la tasa básica vigente del Impuesto al Valor Agregado.

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982 (T.O. de 1987 -artículo 23) por el siguiente:

"Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar sorteos periódicos entre las personas físicas no contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio tenedores de facturas y boletas que documenten operaciones de compraventa".

"Asimismo podrán participar de dichos sorteos los trabajadores de la actividad privada que justifiquen encontrarse al día en los aporte obrero-patronales de seguridad social, en la forma y condiciones que determine la reglamentación".

"Dichos sorteos no podrán exceder de uno al mes y el régimen y forma de los mismos serán determinados por la reglamentación".

"A los efectos de lo dispuesto precedentemente, se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir anualmente las sumas necesarias en la publicidad, organización y premios a otorgar".

Art. 22. - Fíjase por el término de un año, en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) para los hechos generadores del impuesto acaecidos a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 23. - Fíjase en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) del Ejercicio 1º de julio de 1989-30 de junio de 1990.

Art. 24. - Fíjase en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Ejercicio 1º de julio de 1989-30 de junio de 1990.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Enrique Braga, Carlos Cat.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja la aprobación del Proyecto Sustitutivo de Ajuste Tributario que se remite al Cuerpo en mérito a los fundamentos que a continuación se expresan.

Como lo señala el Mensaje del Poder Ejecutivo, diversos factores, internos y externos, frustraron los esfuerzos realizados en el período anterior para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas y el consecuente empuje inflacionario, retomando éste su proceso de aceleración que hoy alcanza niveles y tendencias ya no sólo nocivos para nuestra Sociedad sino altamente riesgoso.

La gravedad de la situación restringe severamente el debate sobre la elección de políticas más o menos gradualistas; más o menos frontales para atacar niveles altos de inflación, a su vez fruto de elementos estructurales de nuestra economía. Si bien el análisis de su evolución a partir de la década del cincuenta, así como la experiencia contemporánea de otros países, dentro y fuera de nuestro continente, siembran por sí solas serias dudas sobre las posibilidades de éxito de políticas que elijan el camino más lento, procurando menores sacrificios a corto plazo, la realidad que hoy vive el país impone la necesidad de medidas profundas y rápidas.

La intensidad del deterioro provocado por la inflación impone sacrificios iguales o mayores al de las medidas que su remedio exige.

A una situación de déficit prolongado con fuertes elementos estructurales y en proceso renovado de agudización, se suma el costo compartido por la comunidad en beneficio de las clases pasivas, como consecuencia de la aprobación de la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República en la última elección. Esto elevará un ya abultado déficit -superior al 6% del Producto Bruto Interno- a guarismos aún más insostenibles colocando a la República en el umbral de una escalada inflacionaria de gravísimos efectos sobre su economía. Revertirlos resultará infinitamente más difícil y doloroso que impedirlos.

A su vez, los actuales niveles de endeudamiento y la reducida dimensión de la base monetaria limitan fuertemente el recurso a otros mecanismos de financiación más o menos inmediatos, independientemente de su valoración.

Como lo reconoce el Poder Ejecutivo, una sana política económica debe apuntar a las causas del deterioro, reduciendo el gasto público, combatiendo la evasión y asistiendo en definitiva al aumento de los recursos como fruto del crecimiento de la economía. A ello se ha abocado y compromete todo su esfuerzo en la tarea.

Sin embargo la gravedad de la situación y el impulso de su deterioro no conceden el tiempo que inevitablemente insume una reducción de gastos en producir sus efectos, a la vez que impide, desestimulando la inversión, toda posibilidad de crecimiento económico.

No queda pues otra alternativa en lo inmediato, y sin que ello signifique exonerarse del esfuerzo por atacar las causas: es necesario proveer sin demora al Estado de los recursos suficientes para evitar los riesgos de descontrol de nuestra economía.

En el marco de la política económica que impulsa el Poder Ejecutivo, las medidas y recursos que integran el Proyecto de Ley que se remite al Cuerpo están destinadas a procurar en el más breve plazo posible -consecuentemente dentro de la estructura tributaria vigente- los recursos necesarios. Las modificaciones que se proponen apuntan asimismo a distribuir la carga tributaria de la forma más equitativa posible.

El concepto de valoraciones discrecionales en el campo de la imposición dentro de los límites de la Constitución informa el principio de capacidad contributiva que representa no sólo circunstancias económico-financieras, sino que está formado de ideas y principios del mundo jurídico-político de carácter histórico, que condicionan la idea de justicia e igualdad tributaria.

El conjunto de valoraciones económicas o jurídico-políticas pueden referirse a muchos aspectos, incluso a los objetivos que el Estado pretende lograr en beneficio colectivo. Todos estos elementos constituyen en un momento dado el principio de la capacidad contributiva con los que se pretende lograr la igualdad en el reparto teórico de los impuestos.

El criterio de la carga tributaria, esencialmente complejo, responde a un principio de distribución política que no es ajeno al total ordenamiento legal de un Estado ni a sus objetivos. Tal como lo recoge una prestigiosa corriente del pensamiento tributario, es posible que muchas veces, la presión fiscal recaiga más pesadamente sobre ciertas categorías de contribuyentes que hacen un uso mínimo de los servicios públicos, y se desgravará, parcial o totalmente, a aquellos que los utilizan en grado máximo. El principio de capacidad contributiva no surge de la estimación meramente objetiva de los montos de la renta, sino que está tejido de valoraciones políticas, muchas veces subordinadas a fines próximos o lejanos, que la conciencia social estima como fundamentales. "De ahí QUE LO QUE PUEDA APARECER COMO ARBITRARIO PARA UNA SOCIEDAD DETERMINADA PUEDA SER VALORADO COMO JUSTO EN OTRA SOCIEDAD O EN OTRO TIEMPO" (Ahumada, Tratado de Finanzas Públicas).

En el mismo sentido se pronuncia GRIZIOTTI al expresar que: "los principios de universidad o de generalidad y de igualdad en el impuesto son respetados, aún en el caso en que ellos son comprendidos muy diferentemente, como se observa en las legislaciones contemporáneas".

Finalmente, el proyecto distingue los recursos que se crean destinos a la financiación del ajuste de las pasividades de aquellos que tienen por objeto contribuir a la reducción del déficit fiscal existente. Al respecto el Mensaje del Poder Ejecutivo expresa:

"El ajuste tributario que se proyecta, responde, por lo demás, al necesario respeto de principios vinculados al buen manejo de la Hacienda Pública y en especial, al equilibrio de las finanzas del Estado".

"Este principio ha sido recogido expresamente por nuestra Constitución de la República cuando en el artículo 86 (inciso 2º) se dispone que toda ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos los mismos".

En consecuencia vuestra Comisión estima aconsejable la aprobación del proyecto de ley sustitutivo que se remite al Senado en mérito a los fundamentos expuestos.

Sala de la Comisión, 23 de marzo de 1990.

Ignacio de Posadas Montero, Sergio Abreu (Miembros Informantes) Senadores.

INFORME
(En minoría)

Al Senado:

El suscrito entiende absolutamente inconveniente la aprobación del proyecto de ajuste tributario que, con modificaciones ulteriores que no alteran su sustancia, fuera remitido a la Comisión de Hacienda para su consideración.

Los fundamentos de esta postura se asientan en la consideración de la política económica en la que -junto a materias que no son de trámite parlamentario- se inscribe el proyecto aludido. En este sentido, dichos fundamentos se refieren a la concepción básica en la que se apoya la política económica mencionada, así como al conjunto de acciones concretas que se integra, tanto con las que derivan del proyecto en consideración, como con las que corresponden al ámbito del Poder Ejecutivo. Asimismo, el suscrito entiende que el Uruguay requiere otras orientaciones de política económica, en cuyo contexto se aborde la problemática fiscal con un enfoque completamente diferente al que se ha propuesto.

A continuación, se exponen los fundamentos críticos aludidos y los criterios básicos en los que se apoyan las propuestas alternativas que se estiman aconsejables.

1. Fundamentos críticos.

1. Sobre la concepción económica en la que se apoya el proyecto de ajuste tributario

Impulsada y condicionada por los acreedores del Uruguay -representados permanentemente por algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- la política económica que se viene practicando en el país desde hace muchos años, y especialmente desde 1982, tiene como objetivo principal asegurar la disponibilidad necesaria de recursos para cumplir con los servicios de la deuda. En este sentido, la expansión de las exportaciones y la contracción de las importaciones asumen el carácter de orientaciones fundamentales, tendientes a lograr el superávit comercial suficiente como para poder cumplir el objetivo referido. Desde el punto de vista de la política económica, asume entonces una importancia central la disminución de la demanda interna, que es el principal factor de incremento de las importaciones.

Para fundamentar tales propuestas en el ámbito de la política, se apela a una interpretación que identifica a la inflación como el principal problema económico a resolver. Según dicha interpretación, sus causas son exclusivamente monetarias y el déficit fiscal asume el carácter de vehículo principal de las mismas. En otras palabras, la inflación se genera por un exceso de dinero en circulación y este exceso -a su vez- se materializa para financiar el desequilibrio en las cuentas del Estado.

De acuerdo con lo anterior, la inflación se combate achicando el déficit fiscal, y la disminución de este último se logra incrementando los ingresos públicos y disminuyendo los gastos de esta naturaleza. Sin embargo, siendo múltiples las posibilidades de abordar tales propósitos, se pone el acento en los aumentos de ingresos y las disminuciones d gastos que tienden claramente a comprimir la demanda interna.

2. Sobre los resultados obtenidos en la práctica por esta concepción económica

La realidad latinoamericana demuestra sin posibilidad de duda los resultados de esta concepción y la política económica derivada de la misma, aplicada en la mayoría de los países de la región a partir de 1982.

Así, mientras se transfería al exterior en términos netos un volumen de 180.000 millones de dólares en el corto lapso de siete años, se estancaban o caían el Producto Bruto Interno y la inversión, disminuían el empleo y los salarios, y crecían la deuda externa y la inflación. En 1989, el endeudamiento con el exterior llegó a 420.000 millones de dólares, y el promedio de inflación regional alcanzó a 1.000 por ciento. Precisamente, los peores índices registrados al respecto corresponde a los países que aplicaron drástica y abruptamente la política aludida, como por ejemplo la Argentina en los últimos nueve meses.

También, el Uruguay tuvo su experiencia negativa, que en sus orígenes se arrastra hasta 1959, cuando se firmó la primera de las siete cartas-intención que el país ha suscrito desde entonces con el Fondo Monetario Internacional. Desde que estallara la crisis de la deuda en 1982, el Uruguay también se adaptó a la estrategia de los acreedores, aceptando siempre las inflexibles condiciones del Fondo Monetario y el Banco Mundial.

Los resultados están también a la vista en el país. No se han resuelto los graves problemas de inversión, producción y empleo; hay un grave deterioro real de los ingresos de la mayoría de la población, sólo interrumpido por breves lapsos; aumentó aceleradamente la deuda externa, y la inflación ya tiene más de treinta años de edad.

El Uruguay ha seguido recorriendo este camino de fuerte condicionamiento. En las actuales circunstancias, se encuentra en vigencia un compromiso asumido con el Banco Mundial por la administración anterior -que deja un casi nulo margen de maniobra a la actual- y a su vez el Fondo Monetario Internacional aguarda la aprobación del proyecto de ajuste tributario para otorgar un aval que permita continuar el proceso de negociaciones de la deuda externa. Todo ello basado siempre en la concepción económica comentada, y -desde luego- en la política económica que deriva de la misma.

Para demostrarlo, basta señalar que en el mencionado documento del Banco Mundial se establecen criterios agudamente restrictivos en materia de inversión pública; un achicamiento relevante del aparato del Estado; evoluciones salariales con retraso con respecto a la inflación; una comprensión del gasto en seguridad social; una absoluta liberalización en materia de tasas de interés, tenencia y circulación de activos financieros, de modo de fortalecer el carácter del Uruguay como centro o plaza financiera, y un conjunto de medidas en relación a la banca gestionada que incluyen inyecciones adicionales de fondos y que resultan coherentes con el tratamiento del Uruguay como centro financiero. Contrastando abiertamente con estas posturas, hay una ausencia total de referencia a algunos ámbitos fundamentales de la problemática económica nacional, como los correspondientes a la producción, el empleo, la tecnología, el ingreso y su distribución.

Mientras tanto, y coexistiendo con los resultados negativos ya expuestos, así como con este condicionamiento creciente, la realidad nacional desmiente permanentemente a la teoría en la que se asienta esta política económica. En este sentido, los recientes resultados de 1989 son suficientemente ilustrativos. La demanda interna decreció, pero la inflación aumentó significativamente. El déficit fiscal también creció, pero no la emisión como vehículo para su financiamiento.

La deuda siguió incrementándose y, contrastando con el estancamiento de la inversión y el producto, continuó la expansión financiera, que -entre otras cosas- está estrechamente asociada al crecimiento de las reservas internacionales en poder de la autoridad monetaria.

3. Sobre el proyecto de ajuste tributario a consideración de la Comisión de Hacienda

Es en el contexto del análisis precedente que resulta necesario evaluar el proyecto en consideración. En rigor, se trata de juzgar toda la política económica en la que se inscribe, que incluye -como ya se dijo- materias no legislativas que, no obstante, es preciso tener en cuenta.

A partir de este enfoque global, se exponen a continuación los fundamentos contrarios a la aprobación del proyecto en consideración.

a) Se mantiene la misma concepción económica básica que ya demostró ampliamente su fracaso. El gobierno anuncia otras medidas destinadas al ámbito productivo en una segunda etapa, pero el hecho es que las que ahora está tomando y proyecta tomar, pueden ocasionar daños irreparables, como empresas quebradas, mercados internacionales perdidos, jóvenes que emigran, calidad de vida que se deteriora irreversiblemente.

b) El ajuste propuesto es extraordinariamente drástico, sea que se lo analice a la luz de la deshogada posición que exibe el país en materia de reservas internacionales, sea que se lo compare con las exigencias normales que establece el Fondo Monetario Internacional en la materia.

c) Esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- son fuertemente inflacionarios, contradiciendo su propia lógica. Este impacto sólo podría verse atenuado por una gran evasión fiscal, lo cual resulta igualmente negativo para el país y también para la lógica del proyecto. Las principales vías de impacto inflacionario habrán de ser las siguientes:

i) los incrementos de costos de producción que se trasladarán a los precios, especialmente en el caso de aquellos bienes como los alimentos, cuya demanda es inelástica. Dichos incrementos de costos se verán impulsados por las tarifas y las tasas de interés en alza; el incremento de los aportes patronales, el impuesto a la renta de industria y comercio y el IMESI, y el establecimiento de un recargo adicional a las importaciones, ya anunciado por el señor Ministro de Economía y Finanzas;

ii) el aumento del impuesto al valor agregado;

iii) la mayor tasa de devaluación de la moneda nacional que se originará por la aceleración del aumento de los precios internos, y que a su vez provocará nuevas alzas de los mismos;

iv) la generación de expectativas y conductas inflacionarias con sus inercias correspondientes.

d) Esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- originarán un grave daño a la producción, por las siguientes razones:

i) incrementando sus costos y disminuyendo su rentabilidad; especialmente en aquellos casos de demanda elástica como las exportaciones. Ello significaría pérdida de competitividad y de mercados internacionales;

ii) cayendo sobre situaciones graves de endeudamiento que no están resueltas, y que se verán notablemente agudizas en las situaciones de los pequeños y medianos productores rurales, industriales y comerciantes;

iii) ensanchando la brecha entre rentabilidad productiva y rentabilidad financiera;

iv) estimulando un negativo incremento de la actividad económica informal a todo nivel.

e) Esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- no encaran el problema fiscal atendiendo las grandes necesidades nacionales, por las siguientes razones:

i) sólo se intenta comprimir el déficit del gobierno, dejando intacto el llamado déficit parafiscal, que es el que contiene el principal factor de desequilibrio, o sea, el pago de intereses;

ii) comprime la masa salarial del sector público, que integra la demanda interna y que es necesaria para crecer;

iii) comprime la inversión pública, lo cual también es una reducción de la demanda interna que resulta especialmente grave en circunstancias en que la inversión privada se encuentra en estado de postración;

iv) pretende una recaudación que depende en gran medida del nivel de actividad -como en los casos del IVA, la imposición a los sueldos, el IMESI, el impuesto a la renta de industria y comercio, los impuestos a las rentas y a las actividades agropecuarias y los recargos a las importaciones- pero en realidad la compromete, porque el nivel de actividad caerá;

v) estimula la evasión fiscal y el contrabando por la propia naturaleza del sistema tributario que plantea, y porque la producción buscará salidas de todo tipo para poder sobrevivir, entre las que se encuentra la subcontratación de servicios postales, a todas luces negativa.

f) Esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- castigan con especial dureza a la inmensa mayoría de la población, compuesta por trabajadores y pasivos. Ello es así por las siguientes razones:

i) de acuerdo a lo explicado antes, se reducirán las oportunidades de empleo;

ii) generará una aguda caída del salario y las pasividades reales, que trascenderá al mero efecto automático del gravamen a las retribuciones. Ello se explica, en primer lugar, por el impacto inflacionario que se originará y, en segundo lugar, por la política de reajustes retrasados respecto a la inflación que se ha decidido mantener en vigencia.

g) Esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- provocarán un clima de conflictividad social evidentemente negativo para la convivencia democrática y la fortaleza del sistema político.

h) En síntesis, esta política económica -y en particular el proyecto en consideración- no sólo son altamente inconvenientes a la luz de una concepción económica y social diferente a la que impulsa esta conducción que se propone. También lo son en relación a la propia lógica declarada por esta última. Así, lejos de disminuir la inflación, esta última habrá de incrementarse. Simultáneamente, el déficit fiscal no habrá de reducirse al nivel que se proyecta, porque no se logrará revitalizar el incremento de los ingresos públicos que se anuncia.

II. Una propuesta alternativa

El país necesita una política económica diferente a la que se ha venido practicando permanente y progresivamente desde los tiempos de la dictadura, y particularmente desde 1982. Se requiere una política que parta de una concepción económica distinta a la que alienta en la propuesta oficial, y que se asienta en varios reconocimientos:

1) el país no puede seguir postergando a la inversión, la producción y el crecimiento, mientras premia constantemente a la rentabilidad financiera;

2) el país no puede seguir exigiendo a los más humildes que sean los que realicen los mayores aportes para salir de las situaciones difíciles, ni castigando una demanda interna que también es fundamental para crecer;

3) el Uruguay necesita disciplina monetaria y fiscal, pero definida a la luz de las necesidades precedentes, lo cual supone partir de la base de que el problema fiscal no es el único ni el más importante, y que la inflación no es un trauma exclusivamente monetario, ni está causada exclusivamente por el déficit fiscal;

4) el Uruguay necesita encontrar -en una palabra- otros equilibrios económicos distintos a los que se han perseguido, sin ser obtenidos, hasta ahora. Y por esta razón, no puede seguir aceptando las condicionalidades que nos han impuesto desde hace años los acreedores y sus representantes;

5) en esta búsqueda hay que ser cautelosos, cuidando esos equilibrios y evitando situaciones irreparables. Y esto exige evitar los pasos drásticos, particularmente en materia de reducción del déficit. Una meta adecuada podría ser intentar reducirlo a 4% del Producto Bruto Interno en una primera etapa. Sobre estas bases y así como se criticó antes toda una política económica, se presentan a continuación un conjunto de medidas alternativas a las oficiales, que no son exclusivamente legislativas, pero que hacen a la esencia de este planteo y es necesario exponer. En este sentido, y orientados por los grandes reconocimientos planteados antes, se adelanta en un primer tramo un conjunto de criterios fundamentales de política para exponer en segundo lugar las medidas que se entiende necesario adoptar en el campo tributario propiamente tal.

1. Algunas medidas no tributarias

a) Al menos en lo que se refiere a algunos bienes fundamentales como los combustibles, el país no puede seguir el camino de poner sus precios por delante de la inflación, por lo ya explicado.

b) En materia de salarios y pasividades, y por su importancia en la demanda interna, el Uruguay no puede seguir una política de retraso respecto a la inflación.

c) En materia de sistema financiero, y sabiendo que hay un "sobrespread", y por lo tanto una brecha gravable entre tasas bancarias activas y pasivas, creemos que el Uruguay debería disponer estas medidas:

i) dejar sin efecto, los encajes rentados, que hoy existen por la vía de la tenencia obligatoria de valores públicos;

ii) establecer un gravamen al "sobrespread".

No se trata de medidas fiscalistas sino finalistas, y se complementan una con la otra. Sin embargo, tienen un resultado financiero: el sector público ahorra lo que ahora paga por renta de los encajes.

d) El Uruguay no puede seguir pagando a la banca privada los intereses que hoy le está pagando, y que oscilan entre 170 y 180 millones de dólares. Es preciso adoptar algún criterio firme de reducción inmediatamente, como por ejemplo el de la cotización real de la deuda, y negociarlo directamente con los acreedores como criterio de emergencia para 1990, sin pasar por la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

e) El Uruguay no puede disminuir hoy su inversión pública, que resulta fundamental por la situación del país. Es demanda interna, es generadora de empleo, y es promotora de la actividad privada.

f) Se comparte la realización de una reducción selectiva de los gastos corrientes del Estado, y la modificación del sistema de compras del sector público.

g) El Uruguay tiene que hacer los mayores esfuerzos por poner facilidades crediticias a través del Banco de la República, al servicio de sectores con evidente potencialidad de crecimiento en 1990, especialmente determinados cultivos en el agro y algunas ramas de la industria manufacturera.

h) Es preciso poner en práctica medidas de cobro compulsivo de la cartera de deudas comprada por el Estado o acciones que faciliten la sustitución de deudores.

2. Medidas tributarias

a) Se señala en primer lugar lo que se comparte del planteo del Poder Ejecutivo:

i) el aumento del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio;

ii) la rebaja de la devolución de impuestos a la exportación;

iii) se comparte ahora -en una primera etapa- el incremento del impuesto a las rentas agropecuarias y del impuesto a las actividades agropecuarias, aunque en el futuro se estima necesario suprimir dichos tributos y trabajar con uno solo, al estilo del viejo IMPROME, correctamente administrado;

iv) se comparte el impuesto a las trasmisiones inmobiliarias, haciéndolo extensivo a otros contratos, como los que se realizan por vehículos automotores, salvo la primera venta.

b) Junto a las medidas anteriores, se entiende que el Uruguay debe comenzar desde ya a transformar las bases de su sistema tributario, de modo que este último descanse sobre tres pilares fundamentales: impuesto a la renta personal, impuesto al patrimonio e impuesto a las herencias. Se trata, en lo fundamental, de ir personalizando progresivamente el sistema tributario sobre bases directas, y de crear las condiciones para que los gravámenes que lo componen se controlen mutuamente. A partir de estos criterios fundamentales se propone:

i) en una primera etapa, un impuesto a la renta de las personas físicas, coherente con el mantenimiento del impuesto a la renta de industria y comercio, y el impuesto a las rentas agropecuarias. En el futuro, habría que integrar las rentas correspondientes a las diferentes cédulas, y sintetizarlas en un tributo global. Hoy, se propone que el impuesto a la renta de las personas físicas se refiera a las categorías actualmente no gravadas, o sea, inmobiliaria, mobiliaria (incluyendo depósitos bancarios) y personal. Se trata de fijar altos mínimos no imponibles, de modo de gravar fundamentalmente al 10 por ciento de la población de mayores ingresos, con tasas de aplicación progresional que oscilen entre 15 y 38 por ciento;

ii) un impuesto al patrimonio en el que los depósitos bancarios considerados en su totalidad integren los activos, dejando sin efecto el régimen en vigencia, según el cual sólo son considerados a los efectos del cálculo del ajuar;

iii) un impuesto de herencias que recoja la experiencia nacional en la materia, aunque sabiendo que en esta propuesta tiene una connotación finalista de control de funcionamiento de todo el sistema tributario;

iv) una recomposición del actual IMESI, desgravando el combustible destinado al transporte colectivo de pasajeros, así como el de uso rural, y financiado esta desgravación con incrementos en las tasas correspondientes a la primera venta de vehículos automotores, tabacos, bebidas, cosméticos y otros artículos suntuarios.

III. Conclusiones

Por los motivos que se han expuesto, el suscrito entiende que la política económica en la que se inscribe el proyecto de ajuste tributario remitido por el Poder Ejecutivo -y el propio proyecto aludido en particular- resultan altamente inconvenientes y sus efectos sobre la economía del Uruguay serían gravemente perjudiciales. El país necesita caminos diferentes, que asignen prioridad al crecimiento productivo y a la inversión, que estimulen la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de sus habitantes, y que aborden el problema fiscal a la luz de estas grandes necesidades nacionales.

Danilo Astori. Senador.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyese el literal A) del artículo 13 del Título 10 del Texto Ordenado 1987, por el siguiente:

"A) Básica del 22% (veintidós por ciento)".

El aumento de la tasa dispuesto por la presente, tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de esta ley y regirá por un año, contado a partir de dicha fecha.

Art. 2º. - Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (Hecho Generador). Créase un impuesto a las trasmisiones patrimoniales de bienes ubicados en el país, que gravará los siguientes actos:

a) las enajenaciones de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de nuda propiedad, uso y habitación;

b) las promesas de las enajenaciones referidas en el apartado anterior y las cesiones de dichas promesas;

c) las cesiones de derechos hereditarios y las de derecho posesorios sobre bienes inmuebles. Estas últimas -a los efectos del impuesto- serán consideradas como enajenación del dominio pleno;

d) las sentencias declarativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles.

Art. 3º. - (Configuración del hecho generador). El hecho generador se considera configurado en la fecha del contrato o documento correspondiente.

En el caso previsto en el apartado d) del artículo 2º, el hecho generador se considerará configurado en la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia judicial.

Art. 4º. - (Contribuyentes). El impuesto gravará a ambas partes contratantes, con las siguientes excepciones:

a) Los actos jurídicos gratuitos en los cuales el contribuyente será el beneficiario.

b) Las sentencias declarativas de prescripción adquisitiva en las cuales lo será aquél que haya sido declarado propietario.

Todas las personas que otorguen el acto gravado por sí o por representantes, así como los profesionales intervinientes, serán responsables solidarios de la deuda, sin perjuicio de su división entre ellos de acuerdo a las normas de derecho privado.

Art. 5º. - (Monto Imponible). El monto imponible será:

a) para actos relativos a bienes inmuebles, el valor real fijado por la Dirección General del Catastro Nacional vigente en el momento en que se configure el hecho gravado.

Tratándose de bienes ubicados en zonas urbanas y suburbanas en los que hubiere construcciones y que no tuvieren fijado su valor real, los interesados solicitarán su determinación a la Dirección General del Catastro Nacional.

Cuando la operación recayere sobre fracciones de inmuebles empadronados en mayor área, el valor real referido en el inciso anterior estará constituido por la parte proporcional del valor real correspondiente a la superficie comprendida en el hecho gravado. Si en ésta existieren construcciones, se agregará el valor real de las mismas.

En caso de que el hecho gravado estuviere referido a la nuda propiedad, al usufructo y derechos de uso y habitación se aplicarán, para calcular el referido valor real, las normas de determinación del Impuesto al Patrimonio.

b) para enajenación de derechos hereditarios y cesión de derechos posesorios, el precio fijado por las partes.

c) cuando se tratare de bienes inmuebles a construirse o en construcción, el valor real a esos efectos, deberá fijarlo la Dirección General del Catastro Nacional.

En este caso y el del inciso 2º del literal a) la solicitud se efectuará por escrito.

Vencidos los 30 días de presentada, sin que la Dirección General del Catastro Nacional se haya expedido, los contribuyentes pagarán el impuesto por la cuota parte correspondiente del valor real del bien asiento de las construcciones existentes o futuras, reliquidándose la diferencia en el acto de la escritura definitiva.

Art. 6º. - (Permutas). A los efectos de este impuesto, los contratos de permuta se considerarán como si se tratara de dos enajenaciones independientes.

Art. 7º. - (Tasas). Los hechos gravados por el impuesto a las trasmisiones patrimoniales creado por esta Ley tributarán de acuerdo a las siguientes tasas: a) enajenante, 2% (dos por ciento); b) adquirente, 2% (dos por ciento) y c) los contribuyentes a que se refiere el artículo 4º, 4% (cuatro por ciento).

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir estas tasas hasta un mínimo del 0.00% (cero por ciento) para cada una de ellas.

Art. 8º. - (Exoneraciones). Estarán exentas del pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales creado por esta ley:

a) las enajenaciones que se otorguen en cumplimiento de promesas posteriores a la vigencia de esta ley que hubiesen tributado el impuesto creado por la misma;

b) las enajenaciones que se otorguen en cumplimiento de promesas inscriptas antes de la vigencia de esta ley;

c) las rescisiones de promesas de enajenación de bienes inmuebles y de cesiones de dichas promesas;

d) la primera enajenación de bienes inmuebles que realicen las cooperativas de vivienda a que se refiere la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y las sociedades civiles reguladas por el Decreto-Ley Nº 14.804, de 14 de julio de 1978, dentro de los dos años de vigencia de la presente ley;

e) la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre en las adquisiciones que realice, así como la referida Comisión Honoraria y los adquirentes en las enajenaciones que realice dicha entidad.

Art. 9º. - (Liquidación y Pago). El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones de liquidación y pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales así como el plazo para su pago.

La liquidación y comprobantes de pago se agregarán al respectivo instrumento. La oficina recaudadora verificará la exactitud de la declaración efectuada, en tanto que el Registro controlará la coincidencia de los datos establecidos en la declaración con los del instrumento presentado a inscribir, dejando constancia de ello.

Los Registros no inscribirán los documentos relativos a los actos gravados que no se presenten acompañados del comprobante a que alude el párrafo anterior, debiendo dejar constancia en aquéllos del número, fecha y oficina que haya expedido el referido comprobante.

Art. 10. - (Agentes de Retención y Percepción). El Poder Ejecutivo queda facultado para designar agentes de retención y de percepción del impuesto a las trasmisiones patrimoniales.

Art. 11. - El impuesto creado por el artículo 2º gravará asimismo toda trasmisión de bienes inmuebles, operada por modo de sucesión.

El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días, elevará al Poder Legislativo un proyecto de ley instrumentando este impuesto.

Art. 12. - Increméntase en un 3.5% (tres y medio por ciento) el aporte patronal al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las contribuciones sujetas a montepío.

Sustitúyense las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo tercero de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, por las siguientes:

"A)

Por las primeras 200 hás. el

1,5 0/00

B)

Por las siguientes de más de 200 hás. a 500 hás. el

1,8 0/00

C)

Por las siguientes de más de 500 hás. a 1.000 hás. el

1,9 0/00

D)

Por las siguientes de más de 1.000 hás. a 2.500 hás. el

2,1 0/00

E)

Por las siguientes de más de 2.500 hás. a 5.000 hás. el

2,3 0/00

F)

Por las siguientes de más de 5.000 hás. a 10.000 hás. el

2,6% 0/00

G)

Por más de 10.000 hás. el

2,9 0/000".

Art. 13. - Fíjanse en la forma que se dirá, las tasas establecidas por el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, para las personas que perciban retribuciones, los jubilados y pensionistas, manteniéndose la tasa vigente para los contribuyentes empleadores de la actividad privada y Entes Descentralizados, industriales y comerciales del Estado.

Hasta tres salarios mínimos nacionales mensuales la tasa será del 3.5% (tres y medio por ciento); de tres a seis salarios mínimos nacionales mensuales la tasa será del 6% (seis por ciento) y de más de seis salarios mínimos nacionales mensuales la tasa será del 7.5% (siete y medio por ciento).

Para los funcionarios públicos hasta tres salarios mínimos nacionales mensuales, la tasa será del 3.5% (tres y medio por ciento) y de más de tres salarios mínimos nacionales mensuales la tasa será del 6% (seis por ciento), con excepción de los cargos electivos y de particular confianza a quienes les serán aplicables las tasas del inciso anterior.

Las tasas establecidas en el inciso segundo no se aplicarán a las retribuciones reales o fictas de los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y de los afiliados activos Escribanos de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, manteniéndose en estos casos las tasas establecidas en el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982.

Las tasas establecidas en el inciso segundo de este artículo se disminuirán en un 1.5% (uno y medio por ciento) para los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Art. 14. - Increméntase en 0.5% (medio punto por ciento) la tasa de aportación a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones prevista por el literal A), del artículo 18 de la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941 y sus modificativas.

Increméntase en un 3.5% (tres y medio por ciento) la tasa de aportación de los afiliados activos de todas las categorías de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Increméntase en 1.5% (uno y medio por ciento) las tasas de aportaciones patronales y personales respectivamente, de los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Art. 15. - Derógase la contribución establecida por el artículo 81 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 14.104, de 16 de enero de 1973, a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Art. 16. - Los incrementos tributarios dispuestos en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primer día del mes de su promulgación.

Art. 17. - El producido de los incrementos de tributos establecidos en los artículos 12 y 13 recaudados por el Banco de Previsión Social serán afectados a dicho organismo para los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión que dispone el artículo 67 de la Constitución de la República en la redacción dada por la Reforma Constitucional plebiscitada el 26 de noviembre de 1989.

Art. 18. - Los propietarios de predios rurales en los que no existiere explotación agropecuaria serán responsables del pago de la contribución patronal según la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare, siendo la tasa aplicable el 50% (cincuenta por ciento) superior a la que corresponda de aplicar el artículo 12 de la presente ley.

Art. 19. - Los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, que tengan adeudos con el Banco de Previsión Social por concepto de aportes patronales, podrán financiar los devengados al 31 de diciembre de 1989, en un plazo máximo de sesenta meses, sin multas ni recargos.

El plazo para acogerse a este régimen de facilidades de pago, será de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 20. - Los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales que no se encuentren en situación regular de pagos con el Banco de Previsión Social por aportes obreros, patronales e impuesto a las retribuciones personales, no podrán recibir partida alguna del Ministerio de Economía y Finanzas (asistencia financiera, participación en la recaudación de tributos o por cualquier otro concepto).

En dichos casos la partida que correspondiere se verterá al Banco de Previsión Social, el que la acreditará en la cuenta del organismo estatal deudor.

Mensualmente el Banco de Previsión Social informará al Poder Ejecutivo la situación contributiva de los organismos mencionados en este artículo.

Art. 21. - Aféctase al Banco de Previsión Social, a partir del 1º de enero de 1990 la recaudación correspondiente a 5 (cinco) puntos de la tasa básica vigente del Impuesto al Valor Agregado.

Art. 22. - Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982 (T.O. de 1987) - artículo 23) por el siguiente:

"Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar sorteos periódicos entre las personas físicas no contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio tenedores de facturas y boletas que documenten operaciones de compraventa.

Asimismo podrán participar de dichos sorteos los trabajadores de la actividad privada que justifiquen encontrarse al día en los aportes obrero-patronales de seguridad social, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Dichos sorteos no podrán exceder de uno al mes y el régimen y forma de los mismos serán determinados por la reglamentación.

A los efectos de lo dispuesto precedentemente, se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir anualmente las sumas necesarias en la publicidad, organización y premios a otorgar".

Art. 23. - Fíjase por el término de un año en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) para los hechos generadores del impuesto acaecidos a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 24. - Fíjase en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) del Ejercicio 1º de julio de 1989-30 de junio de 1990.

Art. 25. - Fíjase en el 40% (cuarenta por ciento) la tasa del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Ejercicio 1º de julio de 1989-30 de junio de 1990.

Art. 26. - Sin perjuicio de las disposiciones específicas, que sobre dicha materia contenga esta ley, la misma entrará en vigencia con su promulgación.

Art. 27. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo adoptar las acciones adecuadas que permitan reducir rápidamente las erogaciones estatales.

Encomiéndesele asimismo que, cuando la situación del Erario lo permita, disminuya prioritariamente el aumento dispuesto por esta ley, del impuesto a las retribuciones personales, la tasa del aporte patronal.

El 30 de marzo de 1991, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tal sentido.

Sala de Sesiones de la Comisión, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa.

Ignacio de Posadas Montero, Sergio Abreu (Miembros Informantes), Juan Carlos Blanco, Danilo Astori (Miembro Informante discorde), Carlos Cassina (discorde), Federico Bouza, Juan Carlos Raffo. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la bancada del Frente Amplio estima este asunto como de enorme trascendencia y con el interés de que en el Senado y ante la opinión pública la postura de los distintos sectores parlamentarios queden absolutamente esclarecidas ante este proyecto de ley, va a proponer que de conformidad con el artículo 68, último inciso se declare libre la discusión general del tema.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: ante la propuesta del señor senador Gargano en cuanto a que esta discusión se desarrolle bajo la modalidad de debate libre, queremos significar que a nuestro juicio este tipo de tratamiento puede tener su razón de ser cuando se estudian temas que no ha sido posible considerarlos con amplitud. Pero el hecho es que el asunto que tenemos por delante viene siendo discutido en forma pública por todos los medios especializados e inclusive, a nivel de medios periodísticos y de distintas publicaciones así como por otras vías de comunicación en forma muy amplia. Además, ha sido un tema que se debatió en la Comisión de Hacienda en forma extensa y profunda. En ese sentido, queremos significar que muy pocas veces un tema de esta entidad ha merecido, a nivel de dicha Comisión, una discusión tan amplia, con abundante información, y donde también se demostró la especialización de los integrantes de la misma.

A las sesiones de esta Comisión concurrieron, asimismo, senadores que no pertenecen a ésta, así como algunos señores representantes.

Nosotros estimamos, entonces, que se han dado los elementos suficientes para que pueda arribarse a la consideración del tema a nivel del plenario en el sistema normal de discusión es decir, sin que el tratamiento del mismo sea a través del debate libre. En ese sentido, queremos significar que muy pocas veces un tema de esta entidad amplia, con abundante información, y donde también se demostró la especialización de los integrantes de la misma.

A las sesiones de esta Comisión concurrieron, asimismo, senadores que no pertenecen a ésta, así como algunos señores representantes.

Nosotros estimamos, entonces, que se han dado los elementos suficientes para que pueda arribarse a la consideración del tema a nivel del plenario en el sistema normal de discusión es decir, sin que el tratamiento del mismo sea a través del debate libre. En ese sentido, queremos expresar nuestra oposición a la propuesta hecha por el señor senador Gargano, no con el fin de evitar que los señores senadores expresen su opinión sobre este asunto, sino por considerar que el Reglamento habilita, en el orden natural de la discusión, a que todos los señores senadores manifiesten su opinión al respecto.

Esto es lo que queríamos expresar, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: deseo señalar que hacemos nuestras las palabras del señor senador Santoro por las razones que él acaba de expresar, sin perjuicio de que somos muy respetuosos de los puntos de vista que pretendan ampliar la discusión hacia el llamado debate libre. Pero, como aquí se ha dicho, éste nos parece absolutamente innecesario, dado el amplio debate público y parlamentario que ha tenido este tema en el correr de las últimas semanas.

Consideramos, por otra parte, que por un principio de economía en lo que tiene que ver con la actividad del Parlamento, no se ve, a esta altura de los acontecimientos, cuál puede ser el motivo que justifique una extensión como la que está implícita en un debate libre para nuestras deliberaciones. Por lo tanto, y lo lamentamos, no vamos a acompañar la moción formulada por el señor senador Gargano.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: quiero avalar la propuesta formulada por nuestro compañero de bancada, el señor senador Gargano.

Es verdad que a la Comisión de Hacienda del Senado asistieron algunos señores legisladores de este Cuerpo que no integran la misma, así como también algunos señores representantes.

Quien habla, estuvo presente en casi todas las sesiones que se celebraron pero, sin embargo, por tener otras obligaciones que cumplir, no pudo hacerlo en la última reunión de dicha Comisión y justamente, ese mismo día se introdujeron una serie de modificaciones que considero muy importantes, las que no pude escuchar ni analizar. Imagino que si esa es la situación para quien habla, más difícil ha de ser para más de las dos terceras partes del Senado de la República, que no participó en esas sesiones. Y todos bien sabemos que las decisiones las toma el Cuerpo aunque es a la Comisión a la que le compete brindar informes, tal como lo ha hecho.

En definitiva, creemos que la participación de todos los señores senadores y la discusión en profundidad favorecen al sistema democrático y que, por otra parte ello es nuestro deber hacia la opinión pública.

En resumen, los representantes del Frente Amplio -y debemos hacer la aclaración porque somos los proponentes de la moción- debemos dejar bien en claro que nuestra intención no es prolongar innecesariamente la sesión -esto no está en nuestros cálculos- pero sí, naturalmente, queremos tener la posibilidad de brindar, y en detalle, nuestras razones, nuestra posición y nuestro análisis. Queremos ser fieles -como se ha dicho en el seno de la Comisión y a través de los medios de comunicación- a la opinión pública del país, con la intención de construir, de aportar, de convencer y para todo ello, lo único que le estamos pidiendo al Cuerpo es el tiempo suficiente a fin de que podamos exponer nuestros puntos de vista así como escuchar el tiempo que sea necesario, a quienes sostienen posiciones contrarias a la nuestra, quienes seguramente intentarán, al igual que nosotros, convencernos.

Por todas estas razones, solicitamos, señor Presidente, que el Cuerpo revise esta posición que ha sido expuesta por dos señores senadores que representan respectivamente a los Partidos Nacional y Colorado, con el fin de que esté dispuesto a estudiar una posibilidad de modificación del estilo de debate, por lo menos por algunas horas, en caso de que el mismo se prolongue por más tiempo del que es necesario.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: vamos a acompañar la moción de orden para que el Senado delibere en régimen de debate libre en la discusión general del proyecto de ley que viene a consideración del Cuerpo. Desde nuestro punto de vista, tal actitud no implica el propósito de extender desmesuradamente el término de esta sesión -y suponemos- la aprobación definitiva del Proyecto, así como tampoco tenemos la intención de obstruir el diligenciamiento parlamentario de esta iniciativa que cuenta con el número suficiente de senadores como para sancionarla sin demora.

Como los señores senadores saben, ambas Cámaras del Parlamento tratan diariamente temas de importancia y alcance distintos. Difícilmente, en el transcurso de una Legislatura, lleguemos a considerar un asunto que afecte, de manera tan directa a toda la población del país por una u otra circunstancia, por la aplicación de una u otra medida tributaria de las que en este proyecto se proponen. Es decir, todos los habitantes del Uruguay están directamente afectados, involucrados, en las medidas que aquí se adopten. Por lo tanto, nos parece que esa sola razón justifica la realización de un debate amplio, sin los límites estrechos que el Reglamento establece para el caso de aquellos oradores que necesiten realizar una exposición más extensa de la que puede hacerse ordinariamente.

Además, estamos convencidos -y en esto nos remitimos a la experiencia parlamentaria del quinqueño anterior- de que el régimen de debate libre no implica una prolongación desmesurada en el tratamiento de los asuntos.

Por tales razones, señor Presidente, vamos a votar afirmativamente la moción de orden presentada por el señor senador Gargano.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Recuerdo que al comienzo de la Legislatura pasada, todos los integrantes del Cuerpo recibimos con alborozo la reforma que se le hacía al Reglamento del Senado entre otras cosas porque se limitaba el uso generoso del tiempo por parte de los legisladores al hacer uso de la palabra. Se consideró que, por un lado, no se coartaba la libertad de expresión de nadie y, por otro, que esto redundaría en beneficio del ordenamiento y de la expedición de los temas.

Pienso que el acotamiento de las intervenciones es una medida sabia y además es la que ha regido en los debates habituales del Cuerpo. Creo que no son de recibo algunos de los argumentos que se acaban de exponer, como por ejemplo el que hemos oído en el sentido de que es necesario el régimen de debate libre para que participe todo el Cuerpo. Ajustándonos a la forma del Reglamento, también pueden expresarse todos los integrantes del Senado. A nadie se le ocurre que el régimen normal impide que pueda expresarse alguien. Todos sabemos que el régimen habitual del Senado no impide la expresión de nadie sino que simplemente ordena la discusión, y hace mejor el trabajo del Cuerpo.

La experiencia parlamentaria que poseo es poca -comparada con la de algunos legisladores presentes- pero suficiente para convencerme que cuando se otorga más tiempo al orador para que pueda abundar más en sus conceptos, ocurre que dice las mismas cosas en el doble de tiempo. No dice más cosas sino que demora más en decir lo mismo.

Considero que ajustarnos al método habitual de trabajo que es el que rige cuando estamos tratando todas las leyes, no afecta para nada la participación de ninguno de los señores senadores. Por otra parte, el tiempo de que dispone cada legislador no es poco -media hora, que puede prorrogarse por otra media- y no hay tema que no pueda exponerse debidamente en ese lapso.

En síntesis pienso que no es necesario el recurso, al debate libre que pide el Frente Amplio sino que por el contrario es inconveniente.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: estoy dispuesto a atender lo solicitado por el señor senador Gargano, teniendo en cuenta que es el primer tema de real importancia que este Cuerpo va a tratar. Por lo tanto, me parece fundamental que el Senado pueda expedirse con tranquilidad.

Debemos tener en cuenta lo manifestado por el señor senador Araújo en el sentido de que sobre la marcha podemos modificar el criterio, de acuerdo con la extensión de la sesión. Pienso que es sano comenzar aplicando este criterio que ofrece amplitud de expresión; el tiempo nos dirá si es lo indicado.

Por lo tanto, adelanto mi opinión favorable, acompañando la moción formulada por el señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Gargano, que de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento requiere mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo.

(Se vota:)

-11 en 28. Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente, señor Presidente, voy a decir que lamento la resolución del Cuerpo y que, aunque respetamos las opiniones de los señores senadores que han votado negativamente, reiteramos que ella le quita al debate la posibilidad de que, justamente, los miembros que han participado en un debate en Comisión -que no se ha reunido en más de seis oportunidades y donde, naturalmente, se volcaron una multitud de informaciones- tuvieran la posibilidad -debemos considerar que no todos van a hablar dos horas sobre el mismo tema- de disponer del tiempo necesario para informar al Senado y a la opinión pública respecto del contenido de este trascendente proyecto para la vida del país.

También lamento haber escuchado alguna información -que advierto me causa alarma- en el sentido de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes había sido convocada para la mañana de hoy a fin de tratar este asunto que aún está a consideración del Senado.

Pienso, entonces, que puede ocurrir en este tema que haya apresuramientos de algún tipo que no le hacen bien al proyecto ni al país.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa observa al señor senador Gargano que con motivo del fundamento de voto no se pueden hacer ningún tipo de alusiones políticas, sino simplemente referirse a la moción que fue votada.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: para tranquilidad y paciencia de todos los miembros de la Cámara de Senadores, más allá de la discusión que hemos presenciado sobre la necesidad o no del debate libre, les adelantaré que voy a ser lo más breve posible, habida cuenta de que el informe que tienen a disposición los señores senadores también lo es. Además, recoge la sustancia del pensamiento de la mayoría de los miembros informantes de la Comisión de Hacienda.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo y el proyecto sustitutivo que elevara por mayoría dicha Comisión, comienza por reconocer la difícil situación por la que atraviesa el país, tanto en el sector económico como en el financiero. Ello trasladado al sector social indica la necesidad de encarar soluciones de corto y mediano plazo en el marco de una política económica que recoja la filosofía y el pensamiento del Gobierno. Pero antes de comenzar a discurrir dentro de los fundamentos que acompañan el informe en mayoría, me gustaría hacer una precisión de carácter conceptual.

Debe quedar claro que nuestro país constituye una realidad, si no única, por lo menos diferente; que la base de nuestro razonamiento y de nuestra discusión debe estar relacionada con aquellas peculiaridades que hacen de nuestra sociedad una colectividad con problemas propios, diferenciales, y que más allá del relacionamiento que se pueda hacer de experiencias cercanas o lejanas, nosotros, como país, como Gobierno y como legisladores debemos encarar las soluciones discutiéndolas sobre la base de que el Uruguay tiene su propia realidad que lo hacen particularmente distinto.

Por tal motivo, no coincidimos con la rigidez de algunas posiciones -cualquiera sea su origen- que entienden aplicables recetas casi dogmáticas, con resultados diferentes, según el contexto donde han sido aplicadas. No obstante ello, no quiere decir que determinadas medidas e instrumentos que se intentan poner en práctica pueden alejarse de forma contradictoria del sustrato del pensamiento social y económico que las inspira.

Decimos esto porque en el transcurso del debate van a quedar de manifiesto distintas opiniones respecto del proyecto que está a consideración del Cuerpo y que más allá de algunos elementos compartibles o no, responden a concepciones diferentes del país y, por lo tanto, a una óptica que fundamenta las posiciones a favor y en contra de la iniciativa legislativa.

En la Comisión de Hacienda, señor Presidente, quedó muy claro que no hay una sola manera de combatir el déficit fiscal; por el contrario, son muchas y todas ellas fundamentalmente discutibles, pero a ello se llegó, no precisamente porque los diferentes técnicos sostengan la necesidad de impulsar mecanismos en forma objetiva sino porque cada una de las soluciones que se propugnan se ligan indefectiblemente, con una interpretación sobre la sociedad y su economía, por un lado, así como con un conjunto específico de consecuencias, por el otro.

Por lo tanto, señor Presidente, si bien las medidas que se contienen en el proyecto de ley a consideración refieren a instrumentos de carácter tributario, debe quedar bien claro que estos instrumentos son parte de la política fiscal del Poder Ejecutivo y, por ende, de su política económica; que existe una relación natural de causa a efecto y de natural coherencia en el pensamiento y la filosofía que inspira la política del Poder Ejecutivo. Decimos esto, simplemente, para ubicar la discusión del tema en sus debidos términos y sin que esto signifique violentar la inteligencia y la formación de los señores senadores, y para evitar que se encuentren en este proyecto a consideración del Cuerpo carencias que no son tales. Nadie ignora los problemas que el país tiene; el estancamiento de su producción de largos años; la caída de la inversión; los porcentajes reducidos que tiene esta inversión con el Producto Bruto Interno, que no llegan desde hace varios años al 10%; los índices inflacionarios que el país tiene que lo llevan hoy a ocupar el cuarto o quinto lugar en América Latina y que natural o desgraciadamente, comparte con gobiernos de distintas orientaciones, algunos con fuerte filosofía de economía mixta en su orientación y, en algunos otros, con fuerte orientación capitalista en el sentido de lo que muchos llaman políticas neo-liberales. Tampoco podemos olvidar el Estado de obsolescencia, el retrato tecnológico y las dificultades que tenemos en los equipos y en la maquinaria que hace a la producción del país, ni tampoco que existen algunos sectores o ramas que reclaman prioridades y políticas de Estado con el consenso de todas las fuerzas políticas.

Nadie puede discutir tampoco que la estrategia comercial del país en el exterior necesita una cierta continuidad y estabilidad fácil de entender. ¿Por qué decimos esto, señor Presidente? Porque parecería que estamos recurriendo a lugares comunes o a dificultades que todos reconocemos; en suma, porque todos queremos -cuando digo todos incluyo a quienes no piensan como nosotros, pero tienen el derecho de exponer sus ideas y ser protegidos en su defensa en el marco de la Constitución y la ley- que el país crezca, que su deuda externa se cancele, que sus niveles indicadores sociales y económicos muestren una sociedad políticamente estable y económicamente próspera.

A nadie le haremos el agravio de pensar que alienta sentimientos negativos hacia sus conciudadanos y hacia su comunidad. Por tales razones tampoco compartimos, señor Presidente, la utilización de esquemas mentales que anestesian la posibilidad de razonar y nos dejan navegando en el simplismo, que si no lo es, merece ser el padre de la mediocridad. Cuando se dice que el déficit no es de izquierda o de derecha, se incurre a nuestro juicio en error y más allá de rechazar, también, la arbitraria clasificación ya tradicional superada por los tiempos y las realidades, lo cierto es que ni el Poder Ejecutivo, ni nosotros, ni aun los que discrepan y van a discrepar con este proyecto, pueden sostener que no existen alternativas en la materia. Las hay, señor Presidente, y las vamos a escuchar, seguramente, en Sala; pero entiéndase bien: cada una de ellas va a responder a una concepción económica diferente que es tema de previo y especial pronunciamiento para quienes sustenten esas posiciones.

El Poder Ejecutivo, señor Presidente, se ha enfrentado a una crítica situación de carácter económico y fiscal que plantea la necesidad de encarar medidas urgentes a pocos días de iniciado el Gobierno. Dentro de estas medidas el proyecto en consideración, se refiere a un ajuste tributario destinado a reducir el abultado déficit fiscal existente. El nivel alcanzado por encima del 6% del Producto Bruto Interno es el último Ejercicio, supone, aproximadamente, un déficit de U$S 550:000.000, que necesitan ser financiados mediante el incremento de los ingresos y la reducción de los egresos. Si a ello agregamos el costo por ajuste de pasividades contenido en la reforma constitucional aprobada en la última elección, nos encontramos frente a una difícil situación financiera que hace necesario el abatimiento a corto plazo y en forma drástica del déficit fiscal.

El referirse a los aspectos negativos del desequilibrio fiscal no quiere decir -y esto es muy importante que lo afirmemos, porque en la Comisión de Hacienda algunos sectores sostuvieron que en alguna medida el proyecto en consideración exclusivamente ubica su preocupación en el abatimiento del déficit fiscal- que el centro de la política económica del Poder Ejecutivo se refiera al problema fiscal. Pero tampoco a nadie escapa que esta situación impulsa la necesidad de un mayor endeudamiento del sector público que, naturalmente, repercute sobre un mayor déficit, sobre el ritmo de variación de los precios, las inversiones de riesgo y, en definitiva, en una ausencia de credibilidad en el país y en sus posibilidades en especial del sector productivo.

En este contexto si bien reiteramos que la inflación o el déficit fiscal no admiten categorías ideológicas, sí debemos insistir en el concepto de que la inflación siempre es perjudicial para la economía de un país y que la falta de disciplina fiscal no es recomendable.

La Comisión discutió ampliamente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. A ella concurrieron representantes de los distintos sectores de la economía del país: la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores, la Asociación y Federación Rural y los representantes de los trabajadores y de las clases pasivas. Se incluyó, también, en la discusión en Comisión, la posibilidad de que algunos legisladores integrantes de la Cámara de Representantes pudieran efectuar consultas no sólo a las autoridades nacionales presentes, sino también a los distinguidos visitantes que plantearon su posición respecto al proyecto.

En esta Comisión, señor Presidente, quedó claramente expuesta la diferencia de apreciación existente entre quienes acompañaron el informe en mayoría y los señores senadores que votaron en contra del proyecto, y cuyo disenso y fundamentos van a ser, seguramente, escuchados en Sala. Sin perjuicio de esto, ha sido reconocido unánimemente por los participantes la necesidad de combatir la inflación y evitar incurrir en procesos incontenibles como los que afectan a algunos países tanto cercanos como lejanos.

Ni el Poder Ejecutivo, ni los partidos políticos y menos los contribuyentes, señor Presidente, se sienten cómodos con un aumento de la presión tributaria, pero la responsabilidad del Gobierno en estos casos indica que hay que descender al mundo real para, con mayores ingresos, hacer frente a los egresos. No es, por tanto, con alegría que se remiten estos Mensajes al Poder Legislativo; por el contrario, el hecho de tener la responsabilidad de la cosa pública, nos obliga a dejar de lado la economía voluntarista y teórica, para enfrentar la realidad con valentía, aun a sabiendas de los costos políticos que ello implica.

En ese mundo de la realidad se expresaron en la Comisión los agentes económicos y a mí me gustaría citar textualmente la opinión de muchos de los representantes de estos sectores, y aunque voy a aclarar posteriormente lo que voy a decir ahora, es bueno que antes de comenzar su lectura -o sus citas- quede claro que la referencia que se formula a quienes han concurrido a la Comisión no se hace con el espíritu travieso de tomar algunos argumentos que nos son favorables a los que opinamos a favor del proyecto, dejando de lado aquellos que no lo son.

Simplemente, los tomamos a los efectos de consolidar y respaldar los argumentos que vamos a esgrimir dejando, por supuesto, la posibilidad de que en Sala se exprese -como debe hacerse- que en algunas de estas manifestaciones estaban contenidas reticencias a la aprobación del proyecto por las repercusiones de carácter económico que pudiera tener sobre estos sectores.

Así el Presidente de la Cámara de Comercio expresaba lo siguiente: "El creciente déficit estatal genera porcentajes inflacionarios cada vez mayores, que desgraciadamente se retroalimentan configurando un círculo vicioso de expectativas confirmadas. Esto crea incertidumbre entre el empresariado.

Es notorio que la empresa es el motor del desarrollo. Al crearse la incertidumbre se frena la inversión de riesgo, se frena el empleo y el propio crecimiento, agravándose aún más la situación. No existe, diría yo, mayor mal, para la economía en general y para el empresario en particular, que una desestabilidad permanente, tal como la que estamos viviendo. En este sentido, hemos manifestado a la prensa y lo reiteramos ante esta Comisión, que todo intento para revertir esta situación debe ser bienvenido".

Agregaba después: "la Cámara Nacional de Comercio reconoce que las medidas urgentes requieren soluciones de esa índole y que no es la primera vez que el sector empresarial es llamado a hacer frente a sacrificios y tomar medidas heroicas. Sin embargo, pensamos que toda medida que tienda a solucionar el problema actual debería estar ligada a la concreción de otro tipo de mecanismo que reduzca el tamaño del Estado y la evasión, tal como se ha mencionado por quienes me han precedido en el uso de la palabra".

Más adelante dice: "Se ha planteado una pregunta muy concreta sobre la reducción de un determinado porcentaje del Producto Bruto Interno y otra, sobre si el sector privado asume el compromiso de absorber esa diferencia de dicho producto".

"Es muy difícil" -decía el señor Presidente de la Cámara de Comercio- "hacer previsiones para contestar esa pregunta, pero si el sector empresario tiene confianza y credibilidad va a haber inversiones. Supongo que rápidamente se van a sustituir las inversiones que deje de hacer el sector público y si tenemos una inflación civilizada, de un dígito, el dinero y las inversiones que van a entrar al Uruguay no vamos a saber dónde ubicarlas. Pero mientras sigamos con la inflación actual, pagaremos un precio mucho más caro de lo que nos imaginábamos. Uruguay podrá ser un país como lo fue en el pasado, con una moneda fuerte, con un nivel de vida interesante y teniendo en cuenta que ha crecido su nivel intelectual y sus necesidades de consumo..."

Por su parte, el señor representante de la Cámara de Industrias expresaba lo siguiente: "Esta Cámara ha planteado en forma reiterada la necesidad de que el sector público logre una situación financiera equilibrada.

En este sentido, se comparte el planteo de que la situación actual hace necesario un severo ajuste fiscal, que disminuya el déficit a niveles compatibles con una inflación reducida".

Sin perjuicio de reconocer, más adelante, los eventuales efectos negativos que la presión tributaria podría tener sobre la competitividad de la producción, expresó en forma categórica:

"...queremos insistir en que tendríamos que aprovechar esta oportunidad en preocuparnos más por el ajuste fiscal que en cierta medida, como es obvio, afectará los costos -señalamos, con total franqueza, que no creemos que dicha medida tenga una incidencia fundamental y que por su aplicación se van a fundir empresas- por el tamaño del Estado y su tremenda ineficiencia".

"Creo que debemos ser sinceros y honestos en nuestros planteamientos, tanto los gobernantes como los gobernados. En nuestro país, desgraciadamente, tenemos la tendencia de protestar siempre por lo que no se hace y luego criticar o presentar ideas mejores por lo que se proyecta realizar".

"...no nos aterra demasiado" -reitera el señor representante de la Cámara de Industrias- "el incremento de la recesión relativa que hoy tenemos debido a la suba de ese aporte a los sueldos de los asalariados.

Por otra parte, debemos tener esperanzas y creer en las manifestaciones del señor Ministro, en cuanto a que la tendencia es que la inflación se vaya reduciendo hacia fines de este año. Si ello es así -y ojalá suceda- representaría un aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores".

Y expresa una opinión: "De nada sirve que se aumenten los sueldos en un 100% si la inflación -que es el peor impuesto que tenemos- alcanza el mismo porcentaje; pero si la inflación baja, es de suponer que el valor de los salarios mejorará".

Por su parte, el señor Presidente de la Cámara de Comercio insistió: "Creo que el hacer esfuerzos para eliminar los efectos de la inflación, que es tan perniciosa, es justo y adecuado".

No me parece -reiteraban los representantes de la Cámara de Comercio- "que con una inflación del 8% o 9% mensual pueda haber algún tipo de inversión. Pienso que cualquier medida que se adopte para detener la inflación y devolver la credibilidad y la confianza, y para que realmente haya cierta estabilidad en la economía, va a valer el esfuerzo y el sacrificio. Creo que esas medidas deben ser rápidas. Por el contrario si no hacemos el ajuste, ese no hacer sí es inflacionario y ya lo estamos viviendo en este momento. Hay un estancamiento como resultado de la inflación. Quiere decir que si debemos sufrir un aumento del 3.5% en los costos y una disminución del salario real del 7% u 8% mensual, es bien claro.

Estas medidas deben ser adoptadas cuanto antes y debe tratarse de que pasen los efectos malos".

En el mismo sentido, señor Presidente, se expresaban las agremiaciones rurales, teniendo en cuenta, además -y debe aclararse que en el momento en que se estaba discutiendo el proyecto en la Comisión de Hacienda con la presencia de los representantes rurales...

SEÑOR BRUERA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador debe solicitar la interrupción a la Mesa.

SEÑOR BRUERA. - Disculpe, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Bruera en uso de una interrupción.

SEÑOR BRUERA. - El señor senador Abreu, informante de este tema, pasa ahora a dar opiniones de representantes de la Federación y Asociación Rural. Es decir -creo no equivocarme- que dejó al margen las citas que tomó del representante de la Cámara de Industrias para su exposición.

Si se me permite, voy a leer un párrafo del señor representante de la Cámara de Industrias uruguaya. Dice que es probable que esa masa de dinero que se vuelca al sector pasivo, es decir, el descuento que se les hace a los asalariados, a los jubilados -si no recuerdo mal estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas- en el monto total sea mucho mayor que el 3.5% que se va a restar.

A continuación expresa: "Personalmente, no me preocupa demasiado".

Esta preocupación, yo sí la siento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Prosigue en el uso de la palabra el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Quiero aclararle al señor senador, a quien con mucho gusto le otorgué la interrupción, que hice la aclaración, precisamente antes de comenzar a efectuar las citas, para que el Senado no pudiera interpretar como una eventual travesura el estar citando opiniones que pudieran venir en nuestro auxilio.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se ruega a los señores senadores que no dialoguen.

SEÑOR ABREU. - Naturalmente, ha habido opiniones de carácter diverso y algunas de las aquí citadas lo han sido para reforzar nuestra posición. Sin embargo, ellas podrían ser interpretadas como negativas para la aprobación del proyecto.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia aclara que luego de que un señor senador pide una interrupción, quien está en uso de la palabra debe dirigirse a la Mesa a los efectos de que ésta la conceda.

Tiene la palabra, en el uso de una interrupción, el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Muchas gracias, señor Presidente.

Dado que en este momento nos estamos refiriendo a una persona que no se encuentra presente y que por lo tanto no puede defenderse o aclarar, me parece importante señalar que la cita mencionada por el señor senador Bruera hace unos instantes está un poco fuera de contexto. Lo que el señor Cosentino manifestó en la Comisión no fue que no le importara el efecto del 3.5% que recaería sobre el sueldo de los trabajadores; se estaba refiriendo, en respuesta a una pregunta formulada por el señor senador Astori, al efecto que esa detracción iba a tener sobre el movimiento comercial del país, que a juicio del señor Cosentino sería contrabalanceado por lo que recibieran los pasivos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - En cuanto a lo expresado por las agremiaciones rurales ante una pregunta formulada, diré que el representante de la Federación Rural del Uruguay manifestó: "Hay otra serie de factores que, a mi juicio, golpean mucho más que un proceso inflacionario normal. Si no se habla de un proceso inflacionario descontrolado, evidentemente que eso nos perjudica a todos. Por eso, ante la elección de qué preferimos" "si ordenar nuestra economía o arriesgarnos a un proceso desenfrenado de inflación, contestamos que preferimos este ajuste fiscal o un ajuste fiscal porque, como lo dijimos al principio, reconocemos la necesidad de que se realice y estamos convencidos de que todos debemos contribuir a él".

"Sin duda" -agregó después el asesor de la Federación Rural del Uruguay- "los índices inflacionarios altos deprimen la capacidad del sector y la afectan. En consecuencia, nuestro interés es que los índices inflacionarios sean los más bajo posible".

"Por supuesto" -decía, también- "reconocemos la necesidad que el Estado tiene de atender con recursos naturales sus obligaciones y, también, compartimos lo manifestado en el sentido de evitar un proceso de hiperinflación. El sector está dispuesto a colaborar con las autoridades"... "pero sí solicita que, dentro de lo posible, la extracción que se realice de él, esté acompasada con sus posibilidades de pago, teniendo en cuenta sus ingresos en relación con las demandas que el Estado realice".

SEÑOR PRESIDENTE. - Existe un murmullo en Sala que no permite escuchar debidamente al orador. Se solicita un poco de silencio.

Prosigue en el uso de la palabra el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Muchas gracias, señor Presidente.

El representante de la Asociación Rural expresó: "Naturalmente -y nos damos cuenta de ello- el Estado tiene sus problemas y vemos que debe realizar su ajuste fiscal; quizá eso sea más urgente que lo nuestro. Por supuesto que no somos capaces de juzgarlo en su real dimensión; hay que estar dentro de la cuestión para darse cuenta de ello, es decir qué cerca podemos estar de una hiperinflación que nos perjudica a todos".

Reitero nuevamente que estas cifras no están realizadas con la intención de tomar parcialmente algunas de las expresiones formuladas por los representantes de las gremiales que concurrieron a la Comisión, ocultando las manifestaciones contrarias a las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo. Ellas existieron y constan en la versión taquigráfica, así como las expresiones claras y terminantes de los representantes del PIT-CNT, las vertidas por la Unión de Exportadores -algunas de las cuales fueron bastante categóricas- y las de los representantes de los pasivos. Se trata, simplemente, de resaltar en el Senado el reconocimiento de todos los sectores acerca de la necesidad de un ajuste fiscal y la puesta en marcha de mecanismos destinados a combatir la inflación.

Repetimos, señor Presidente, que no es que se piense que el tema central del Gobierno -como lo expresaran los representantes del PIT-CNT- sea el déficit fiscal y su abatimiento. Todas estas medidas son de carácter urgente y provisorio, con el fin de estabilizar la economía y crear las condiciones necesarias para que la inversión productiva asuma el riesgo de radicarse en el país.

Por otra parte, ubicándose en la lógica del proyecto, se parte de determinados supuestos en materia económica, que inspiran los mecanismos contenidos en él. El Poder Ejecutivo no es de la opinión de que los tributos que se proponen tengan el carácter de inflacionarios, porque si así fuera, estaría agravando la enfermedad mediante la aplicación de un remedio inadecuado.

Se ha sostenido en el seno de la Comisión -y figura en el informe en minoría elevado por el señor senador Astori- que el resultado de estas medidas será totalmente contradictorio con el objetivo que se persigue, que el aumento de los tributos no sólo aparejará un aumento en los costos de producción, una reducción de la demanda interna y una aceleración del ritmo de la devaluación y de las expectativas inflacionarias, sino que además nos enfrentará a una situación de recesión económica que agravará el actual estancamiento productivo del país. Agrega, también, el señor senador que informa en minoría, que no se ha tenido en cuenta el déficit parafiscal y que el sistema financiero se prefiere al productivo, con las medidas que se están proponiendo. Naturalmente, esta posición no es compartida por quienes firmamos el informe en mayoría -es decir, por la mayoría de la Comisión- y tampoco por el Poder Ejecutivo, ya que con los supuestos que se manejan se persigue una inflación del 50% de diciembre a diciembre, realizando un gran esfuerzo en el segundo semestre para llegar con estos índices al último mes del año. Pensamos que en el último trimestre deberíamos impulsar un esfuerzo que nos llevara a niveles del 30% de inflación, que es precisamente, la tasa que se proyecta para el Ejercicio 1991.

Por otra parte, se prevé una caída del salario real -reconocida en Comisión por el señor Ministro de Economía y Finanzas- en virtud de que la estimación para 1990 es coherente con la aplicación de los impuestos a las retribuciones personales.

En las previsiones del Poder Ejecutivo, el descenso de la inflación en el segundo semestre determinará un mayor costo real de las pasividades y, por consiguiente, del gasto real del Banco de Previsión Social. Eso explica -como lo expresara uno de los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas- por qué el costo de ajuste de las pasividades se calcula en U$S 80:000.000 en cinco meses, durante el Ejercicio 1990 y en U$S 160:000.000 durante el Ejercicio 1991. Precisamente -decía el señor asesor del Ministerio de Economía y Finanzas- porque en esos meses baja la inflación y aumenta el costo real del Banco de Previsión Social.

Debe resaltarse, además -como lo afirma el Poder Ejecutivo en su Mensaje al Parlamento- que el proyecto que está en consideración tiene carácter de urgente dado que deben encararse soluciones y que dicha urgencia conduce a manejarse dentro del sistema tributario vigente, distribuyendo la carga de la forma más equitativa posible.

En el seno de la comisión hemos escuchado las distintas concepciones de cómo debería encararse una política económica, fiscal y tributaria y, naturalmente, las discrepancias que surgen, de carácter general y particular llegan a cada uno de esos estados o estrados, especialmente cuando se sostiene, con razón, que un sistema tributario y su diseño responde a la concepción económica y filosófica que inspiran al Gobierno y al Poder Ejecutivo que lo impulsa. Dentro de este esquema y del sistema tributario, el Gobierno y el Poder Ejecutivo intentan realizar los ajustes necesarios, pero en virtud de la urgencia de las soluciones que se proponen, no hay otra alternativa que manejarnos dentro del esquema tributario actualmente vigente en el país.

En este sentido, señor Presidente, el proyecto original impulsaba el incremento de las tasas a la Renta, del IMAGRO y del IRA, por el término de un año, así como la creación de gravámenes a la propiedad, por una sola vez, y a su trasmisión; el impuesto adicional de la contribución inmobiliaria y el impuesto a las trasmisiones patrimoniales. Se agregaba, además, el aumento de la tasa básica del Impuesto al Valor Agregado, manteniendo la mínima en su nivel actual, así como sus exoneraciones. Se incluyó, también, el incremento del aporte patronal al Banco de Previsión Social y de las tasas a que se refiere el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.294.

Luego del debate producido en la Comisión y de los cambios de ideas efectuados, fundamentalmente con los representantes del Partido Colorado que acompañan la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar estas medidas de ajuste en el marco de la actual estructura tributaria del país, el proyecto quedó desglosado de la forma que explicaré enseguida. Si se me permite, señor Presidente, al tiempo de solicitarle excusas al Cuerpo por el escueto informe hecho en mayoría, debido al tiempo en que fue aprobado el proyecto y el que dispusimos los señores miembros informantes para poder redactarlo, debo decir que quedó pendiente un análisis o estudio que facilite una visión global y clara al Cuerpo del contenido de este proyecto a consideración, y que es, precisamente, el proyecto sustitutivo del enviado por el Poder Ejecutivo.

En tal sentido, en el análisis del articulado me gustaría dividir en varios puntos el proyecto sustitutivo elevado al Cuerpo. En primer lugar, voy a referirme a los tributos propuestos; en segundo término, a la afectación de la recaudación de los tributos; en tercer lugar, al régimen aplicable a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales; en cuarto término, a la creación de la lotería fiscal; y en quinto lugar, a las encomiendas que el proyecto le realiza al Poder Ejecutivo y, en sexto lugar a la vigencia de la ley.

Aunque pueda resultar un poco tediosa esta división, desde el punto de vista metodológico creo -y lo haremos en la mayor brevedad posible- que es importante que los señores senadores que no tuvieron la posibilidad de concurrir a la Comisión de Hacienda, por lo menos tengan oralmente una visión de cómo se integra este proyecto y cuáles son los elementos que conforman su filosofía.

En lo que hace a los tributos propuestos, debo decir que por el artículo 1º se aumenta la tasa básica del IVA, al 22%; a la vez, se dispone el acotamiento en el tiempo -a diferencia del proyecto inicialmente enviado por el Poder Ejecutivo- al expresarse que el aumento de la tasa del impuesto dispuesto por la presente ley, tendrá vigencia a partir del primer día siguiente al de la promulgación de esta ley y regirá por un año, contando a partir de dicha fecha.

El anterior artículo 2º se refería al Impuesto Adicional a la Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural, siendo suprimido del proyecto sustitutivo, por lo que no aparece incorporado en este momento. Lo que sí dispone el artículo 2º actual, es un gravamen a las Trasmisiones Inmobiliarias creándose el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales de bienes ubicados en el país, determinando los actos que serán gravados. Asimismo, el tributo referido se desarrolla a través de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11; no creo que sea del caso explicitar el contenido de cada uno de ellos, pero sí es importante destacar que este tributo tiene un contenido bastante afinado dentro del articulado.

En materia de tributos, también nos encontramos con el aporte patronal al Banco de Previsión Social, manteniendo este proyecto sustitutivo el incremento del 3.5% del mismo para el Banco de Previsión Social y la sustitución de las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo 3º, de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986. Debe resaltarse que en el numeral A), referido a los aportes por las primeras doscientas hectáreas, la tasa del 1.7% inicialmente propuesta por el Poder Ejecutivo, fue reducida al 1.5%.

Nos referimos ahora al impuesto a las retribuciones, jubilaciones y pensiones. En el artículo 13 se sustituye el criterio expuesto por el Poder Ejecutivo en su proyecto y se crean tres franjas para las retribuciones de los trabajadores privados y dos, para los funcionarios públicos. Además, se deja expresamente determinado que a los funcionarios públicos que ocupan cargos selectivos o de particular confianza, le serán aplicables las tasas correspondientes a las tres escalas del inciso 2º del artículo; quiere decir que a los funcionarios selectivos y a los de particular confianza se les aplica la tasa máxima establecida en el artículo, es decir, el 7.5%.

Por otra parte, también se establece el régimen aplicable a las Cajas y organismos paraestatales que solicitaron ser escuchadas en la Comisión y que plantearon razonablemente alguna de sus inquietudes, debido a la naturaleza jurídica que ellas tienen. Precisamente, en el artículo 13, incisos cuarto y quinto y en los artículos 14 y 15 del proyecto sustitutivo, se establece un régimen de aportación especial, en razón de la naturaleza jurídica de estas organizaciones.

El impuesto adicional que contiene los artículos 23 a 25, se refiere al Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, al de las Rentas Agropecuarias y al IMAGRO. Se fija por el término de un año, la tasa del 40% para el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, igual porcentaje para el Impuesto a las Actividades Agropecuarias del Ejercicio 1º de julio de 1989 al 30 de junio de 1990, siendo este 40% extensible también para el Impuesto a las Rentas Agropecuarias del Ejercicio 1º de julio de 1989 al 30 de junio de 1990.

Hemos dividido la estructuración global del proyecto sustitutivo en un segundo numeral que se refiere a la afectación de la recaudación de los tributos. El artículo 17 dispone que el producido de los tributos establecido en los artículos 12 y 13, destinados al Banco de Previsión Social, serán afectados a dicho organismo para los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión que dispone el artículo 67 de la Constitución de la República en la redacción dada a través de la reforma constitucional plebiscitada el 26 de noviembre de 1989.

Por el artículo 21 se afecta al Banco de Previsión Social, a partir del 1º de enero de 1990 la recaudación correspondiente a 5 puntos de la tasa básica vigente para el IVA.

En otro orden de cosas, cabe destacar que en este proyecto sustitutivo existen disposiciones que tienen que ver con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. A través de los artículos 19, 20 y 21 se contemplan los adeudos que se mantienen con el Banco de Previsión Social, por concepto de aportes patronales -artículo 19- que podrán financiar los devengados al 31 de diciembre de 1989, en un plazo máximo de 60 meses, sin multas ni recargos y los que no se encuentren en situación regular de pago con dicho Banco -artículo 20- por aportes obreros, patronales o las retribuciones personales. En el primer caso, como expresé se les otorgan plazos y, en el segundo, no podrán recibir partida alguna del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, asistencia financiera, participación en la recaudación de tributos, o por cualquier otro concepto, estableciéndose además un sistema de información mensual entre el Poder Ejecutivo y el Banco de Previsión Social.

Este proyecto sustitutivo recoge, también, la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una lotería fiscal. En el artículo 22 se autoriza al Poder Ejecutivo para realizar sorteos periódicos que no podrán exceder de uno al mes, y en el que podrán participar las personas físicas no contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, tenedores de facturas y boletas que documenten operaciones de compra-venta. Se contempla, asimismo, la participación en dicho sorteo, de los trabajadores de la actividad privada que justifiquen encontrarse al día en los aportes obreros-patronales de seguridad social, en la forma en que lo determine la reglamentación.

Además, señor Presidente, se realizan una serie de encomiendas al Poder Ejecutivo, recogidas a través del artículo 27. En tal sentido, se recomienda al Poder Ejecutivo adoptar las acciones adecuadas que permitan reducir rápidamente las erogaciones estatales. Del mismo modo, se otorga prioridad en la disminución de la presión tributaria del Impuesto a las Retribuciones Personales y a la tasa de aportes patronales. Por último, en el inciso tercero se otorga un plazo al Poder Ejecutivo hasta el 30 de marzo de 1991 para que informe a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tal sentido.

En última instancia y en definitiva, señor Presidente, dada la urgencia a que se refiere el Poder Ejecutivo en su Mensaje, se incluye un artículo en el que se dispone que, sin perjuicio de las disposiciones específicas que sobre dicha materia contenga esta ley, la misma entrará en vigencia junto con su promulgación.

Este es el contenido globalmente considerado, que he tratado de explicar en la forma más simple posible a los señores senadores, habida cuenta de que la exigüidad del tiempo no permitió que estuviera incluido en el informe en mayoría.

No voy a hacer referencia a los aspectos económicos; pero debo expresar, eso sí, en forma muy sumaria, que el déficit fiscal por el que atraviesa el país, asciende a un 6.5% del Producto Bruto. También que ese déficit fiscal representa, aproximadamente, U$S 550:000.000 y que a eso debe agregarse el ajuste de las pasividades por la forma constitucional, lo que supone una erogación de U$S 70:000.000 para 1990 y, aproximadamente U$S 160:000.000 para 1991.

El objetivo de la política fiscal en el marco de la política económica del Gobierno, es reducir este déficit fiscal a un 2.5% del Producto Bruto, es decir, que quede fijado en U$S 210:000.000. Por lo tanto, señor Presidente, es necesario financiar, entre los recursos que se proponen en el proyecto a consideración del Cuerpo y los esfuerzos que se realizarán para controlar la evasión y reducir el gasto público, la cantidad de U$S 340:000.000.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha explicado en la Comisión de Hacienda cómo se compondrían las distintas cifras que permitirían conseguir la meta que se propone el gobierno. Naturalmente, que esta es una etapa y que los supuestos económicos que agrega el Poder Ejecutivo, están apoyados sobre la base de un crecimiento cero de la economía para 1990, un abatimiento de la inflación al 50%, y una caída efectiva del salario real de un 3.5%.

Todo esto debemos decirlo en forma clara porque no sólo el Senado debe ser consciente de la idea y del Mensaje que trasmite el Poder Ejecutivo sino que, además, la población debe tomar conciencia de los sacrificios que a todos los sectores del país se les está exigiendo.

He tratado en forma más o menos deshilvanada, de plantear las ideas que sustentan los argumentos que han expuesto el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Comisión para aprobar e impulsar este proyecto. En primer lugar, he hecho las precisiones del caso para evitar ser interpretados de excesivo sectarismo o dogmatismo en las posiciones que sostenemos. Repito que varios son los caminos que se pueden optar para aplicar el ajuste fiscal. El Gobierno, el Poder Ejecutivo y la mayoría que informa este proyecto, no creen ser dueños de la verdad, ni tampoco piensan que cualquier otra posición tenga que ser descalificada técnica y políticamente. Simplemente, recogen en este proyecto, su idea, su concepción filosófica y su política económica que se enmarca dentro de lo que se denomina una filosofía liberal. Esto es encarar soluciones para el país sin afiliarse a posiciones dirigistas o extremadamente estadistas.

Tal es la posición del Poder Ejecutivo, y de la mayoría de la Comisión en materia económica en cuanto a su política fiscal y tributaria.

También, hemos discurrido en el contenido del proyecto para que los señores senadores pudieran acceder a su contenido en forma más o menos global y, finalmente, dimos algunas cifras de carácter general, para poder transmitir al Cuerpo las dificultades y los problemas que la situación económica está provocando al Gobierno, al Poder Ejecutivo y, en definitiva, a todo el país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Muy brevemente voy a realizar una exposición dividida en tres temas.

En primer lugar, formularé precisiones sobre los motivos que justifican el proyecto; en segundo término, un análisis a las críticas que el mismo recibió en el seno de la Comisión y, por último, voy a intentar una evaluación de las alternativas que en dicha Comisión se propusieron.

Para comenzar, creo importante realizar determinadas precisiones en relación a los motivos del proyecto, porque muchas veces la extensión de la discusión y la cantidad de intervinientes nos hace perder alguno de los razonamientos básicos que, por otra parte, son pocos y bastante simples. A mi juicio es importante tener en cuenta desde el inicio que lo que el Senado tiene por delante no es un plan económico en el propio sentido de la palabra. No lo es en cuanto a la elección libre de instrumentos para jugar sobre la economía y tampoco lo es en cuanto a que se esté pretendiendo abarcar la globalidad de la economía nacional.

El Senado tiene por delante un paquete de medidas de emergencia para atacar dos problemas que, además, están relacionados. Por un lado, el problema de la inflación y, por otro, el del financiamiento de la reforma jubilatoria, con lo cual se estaría cumpliendo el mandato constitucional emergente de la última elección.

Creo también, señor Presidente y señores senadores, que es ocioso discutir si la inflación es o no el tema más importante del país. Pienso que basta con convenir que es un factor altamente negativo, sumamente grativante en la vida nacional y, por último, que se encuentra en un punto crítico. Considero -y me parece que en esto no hay mayores discrepancias- que el país está en el umbral de la hiperinflación. Dichos en otros términos, el proyecto no agota ni pretende agotar la política económica, pero sí tratar de hacerla posible.

Por otra parte, dudo que existan mayores discrepancias en cuanto a que si el país se desliza en una situación de hiperinflación, es totalmente imposible intentar la elaboración de una política económica, cualquiera sea. Creo que en tal sentido hay ejemplos tristes y próximos. Esta es, señor Presidente, mi primera premisa.

El segundo tema, que a mi juicio informa el razonamiento del proyecto, es que el déficit público es causa fundamental de la inflación, y que su tamaño, incluida la reforma jubilatoria, habida cuenta de los altísimos niveles de endeudamiento que ya padece el Estado y de una base monetaria sumamente reducida, a la cual una emisión empujará rápidamente a la inflación, colocan al país en un cuadro de descontrol.

En este sentido y sobre este punto, pienso que es inútil discutir si además del déficit fiscal hay o no otras causas que secundariamente puedan coadyuvar como motores de la inflación.

El tercer tema, señor Presidente -y en esto no hago más que repetir las manifestaciones ya vertidas por los representantes del Poder Ejecutivo, tanto en el Mensaje como en el seno de la Comisión- apunta a que la forma ideal y correcta de abatir el déficit público es por la vía de la reducción de los egresos, preferentemente los gastos, y el aumento de los ingresos a través del crecimiento de la economía. Este es el ideal -creo que en esto tampoco hay discrepancias- y el desiderátum del gobierno. Por otro lado, existen compromisos de encaminarse en ese sentido. Sin embargo, debemos atenernos a la realidad que nos indica en primer lugar, que no hay tiempo para esperar los resultados de un abatimiento del gasto, aunque esto no justificaría su postergación.

Y en segundo lugar, que no existirá la más mínima posibilidad de un crecimiento económico sostenido que permita con menor sacrificio extraer la cantidad necesaria de recursos, mientras el país enfrente buena situación de inflación y de descontrol como la que ahora tenemos por delante.

De todo esto a mi juicio se concluye la necesidad -no digo que esta sea una elección deseable, sino que manifiesto que es una necesidad- de abocarse a obtener recursos para el Estado en forma inmediata. Y de ahí se sigue también una conclusión derivada de que los instrumentos que se vayan a elegir tienen que ser efectivos y tienen que dar una respuesta rápida. Toda discusión que no tome en cuenta ese factor, se aleja de la realidad y por ello, a mi juicio, pierde validez.

Por otra parte, creo que este tipo de situaciones como la que enfrentamos da pie -y así ha sido en este caso- a por lo menos dos temas polémicos. En primer término, cuál debe ser la intensidad del ataque y, en segundo lugar, cuál debe ser la elección óptima de los instrumentos.

En cuanto a la intensidad, admito que es discutible, no puede ser de otra manera. Señalo, sin embargo, que se ha exagerado su evaluación. Creo que no se pueden analizar solamente los efectos que las medidas propuestas puedan tener y mucho menos magnificarlos, sin tomar en cuenta la otra cara de la moneda, que es la situación actual. Tenemos que medir la cuota de sacrificio a exigir con la cuota de sacrificio que la realidad impone hoy. Estamos probablemente en el mes de marzo a niveles de inflación del 10%. Eso quiere decir que desde que el Senado tomó contacto con este proyecto al día de hoy, altos porcentajes de la población han visto menguados ya sus ingresos por efecto de la inflación en el correr de ese tiempo.

Estamos enfrentados a un déficit del 8% del Producto Bruto Interno; tenemos niveles de endeudamiento que no podemos superar; una economía fuertemente dolarizada, con una tendencia acelerada en ese sentido y una desmonetización aguda. Y por último, un grado de velocidad de circulación del dinero altamente peligroso.

Ningún país ha salido de una situación así sin un fuerte ajuste. Más o menos, pero ajuste al fin. Y por otra parte, si comparamos el proyecto a estudio, junto con las otras medidas que el gobierno ha anunciado, con los casos que la historia conoce en materia de ajustes a situaciones similares, como podría ser el ejemplo de la Alemania de post-guerra, el caso de Israel, el ejemplo más reciente de Bolivia o lo que ya se anuncia en el Brasil, entendemos que la propuesta que tenemos por delante no es excesivamente drástica.

El segundo tema polémico, inevitablemente, es el de la elección de los instrumentos, también altamente discutible. Tema que visto desde otro ángulo equivale a la discusión de cómo distribuir el peso de las medidas, es decir, cuál es la fórmula de equidad en este tipo de temas. Problema más difícil, a mi juicio, que el anterior, creo que de casi imposible solución. Pero aquí creo que también hay que adoptar una posición realista, aventando argumentos fáciles.

Hemos oído con frecuencia, a lo largo de estos días pasados, que el principio a aplicar es el de sacarle más al que tiene más y menos al que tiene menos. Suena bien, pero, no dice nada, ni sirve de guía práctica para quien tenga que resolver este tipo de dilemas.

Creo, además, que al evaluar este tema tan difícil se debe tomar en cuenta no sólo qué se le saca a quién, sino qué se le está dando a quien otro. Así, si bien nos vemos abocados a la desagradable tarea, por ejemplo, de tener que detraer recursos a la clase pasiva, cumpliendo como dijera un mandato constitucional, debemos también reconocer que por otro lado se le están dando recursos en cumplimiento de ese mandato.

En líneas generales -y reiterando que es discutible- a mi juicio, el proyecto trae una distribución del sacrificio, una distribución de las cargas que, habida cuenta de los parámetros que señalara antes, será sin duda mejorable pero no es, a mi modo de ver, injusto. Y en este punto, me voy a permitir una pequeña digresión para referirme a otro tema que fuera motivo de intervenciones a lo largo de las discusiones en las sesiones de Comisión.

Oímos con frecuencia que no se grava al sector financiero, que hay un sector en el país que goza de una situación de privilegio, que no contribuye con su sacrificio a la sociedad ni al presente, ni se le exige una contribución en el proyecto. No tengo ningún impedimento en que se grave al sector financiero, como a cualquier otro. Simplemente, quiero señalar que ese comentario no se compadece con la realidad en el sentido de que ese sector, que dicho sea de paso debe emplear cerca de las 25.000 personas, paga en la actualidad el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a la Renta, el IVA, lo que se llama el IMEBA, y el Impuesto a la venta en moneda extranjera y que en el paquete va a soportar el aumento del IRIC, el del IVA y el de los aportes.

Voy a pasar ahora a la segunda parte de mi exposición, que se refiere a un análisis de las otras alternativas propuestas y a las críticas recibidas sobre el proyecto. Las mismas, en el seno de la Comisión, provinieron del Frente Amplio, en la persona del señor senador Astori con una oposición, diría, frontal, profunda y muy extensa. Más breve y quizás menos frontal fue la postura, también opuesta, del Partido por el Gobierno del Pueblo, expresada por el señor senador Cassina. Analizaré primero la del Frente Amplio.

Recopilando rápidamente, nuestra posición es que estamos al borde de la hiperinflación, que impide el crecimiento del país y que destrozará la situación actual de la economía nacional; que la causa sustancial es el déficit público y además, estamos ante una situación de expectativa inflacionaria que acelera el proceso y que, entre otras cosas, se manifiesta por las altas tasas de interés en moneda nacional y el grado de dolarización de la economía.

Veamos ahora rápidamente como ve la situación el Frente Amplio. A su juicio, tiene una postura aún más pesimista que la nuestra en cuanto al estado de la hiperinflación; considera que ya estamos en una progresión superior a tres dígitos, es decir que ya estaríamos en una situación de hiperinflación.

Coincide en el hecho de que el país tiene un nivel de endeudamiento altísimo, calificado como peligroso y coincide, también, con que nuestra economía, al presente, tiene una base monetaria sumamente comprimida.

Veamos, entonces, cuáles son a juicio de esta postura, las causas de la inflación que padece el país. Primeramente, haremos una muy breve reseña.

En cuanto al déficit, debo confesar que no he podido alcanzar una comprensión cabal de la posición del Frente Amplio sobre este aspecto. Al comienzo, en lo que se podría llamar la hora de la crítica a la política del gobierno y al proyecto, parecía entreverse una postura de desvalorización del déficit público como causa fundamental de la inflación, de relativización.

Sin embargo, a medida que fue avanzando en la exposición -una exposición de ocho horas, a veces, puede jugar esta travesura en el exterior- fue apareciendo una posición distinta que, por lo menos a mí, me produjo una cierta confusión al manifestarse reiteradamente en contra de la posibilidad de emitir y de la de aumentar el endeudamiento e incluso, al desembocar sobre el final, en la propuesta de crear recursos por la vía impositiva.

La segunda causa de la inflación, en esta teoría económica, sería el aumento de los costos por aumento de los impuestos.

La tercera, el estancamiento económico que padece el país.

En cuarto lugar, la situación estaría causada por las altas tasas de interés que se cobran en plaza.

Luego, por la devaluación de nuestra moneda y, finalmente, por las expectativas inflacionarias a que aludía hace un instante.

Vamos a tratar de analizar una a una estas posiciones.

En cuanto al déficit, ya vimos y debemos confesar que no pudimos entender, en definitiva, si la posición era o no contraria y si debía o no remediarse a fondo, la situación del déficit público. Vinculado a esto, confieso haber tenido la misma confusión en cuanto a la posición o al valor que esta tesis da al rol de la moneda en la inflación.

Había creído que en teoría económica, hoy día, la vinculación de moneda e inflación era tema perimido. Sin embargo, otra vez, al comienzo de la exposición, a la hora de las críticas, me pareció entender por la reiteración del concepto de monetarista que se le da a la política de gobierno, que no se creía en esa vinculación de moneda e inflación, aspecto importante del cual se desprenden conclusiones divergentes en materia económica.

Pero, como manifesté antes, avanzada la exposición, vimos, con alegría, una posición muy contraria a la emisión de moneda, de donde debo deducir que sí se cree en la vinculación moneda-inflación.

Luego, hacia el final del día, hacia la séptima u octava hora, confieso que mi sorpresa fue aún mayor, porque toda la exposición termina desembocando en proponer una emisión que significa el aumento de aproximadamente el 60% de la base monetaria actual. Esto, a mi juicio, en los niveles de inflación que tiene el país, nos llevaría inmediatamente a una situación de descontrol.

La segunda causa de la inflación sería el aumento de los costos por el aumento de los impuestos. A mi juicio -y lo digo con todo respeto- parte de un concepto equivocado o de una definición equivocada acerca de lo que es la inflación. La inflación no es un aumento puntual por un factor puntual sino que es el aumento sostenido de los precios, efecto que no se da por un aumento de impuesto.

Por otra parte, confieso que aquí, también, vi, por lo menos desde mi percepción, cierta discriminación confusa y que no se explica, acabadamente, sobre el hecho de que algunos impuestos serían inflacionarios -aparentemente los impuestos indirectos- mientras que otros, los directos, no lo serían.

Sin embargo, al hacer la reseña de cuáles son los tributos que generarían inflación encontramos que allí se engloban los aportes, el Impuesto a la Renta Personal, el Impuesto a la Renta, el IMESI, la tributación a la importación y el Impuesto al Valor Agregado o sea, directos o indirectos.

Curioso, también, no he podido entender por qué si el IRIC es trasladable -no me explico cómo lo es el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio- el IRA parecería que no lo fuera. Si el impuesto a las retribuciones personales es inflacionario, ¿cómo es que el Impuesto a la Renta a las personas físicas, no lo sería?

Por último, si efectivamente todos estos tributos son inflacionarios ¿por qué se propone el aumento del IRIC, del IRA y del IMESI?

Finalmente, si el déficit no es la causa o el problema central que genera la inflación, ¿qué sentido tiene padecer con aumentos de impuestos?

La tercera causa, siempre siguiendo esta tesis de la inflación, sería el estancamiento económico.

Es cierto, que el estancamiento e inflación han sido contemporáneos en nuestra historia. Pero, a mi juicio, no pueden caber mayores dudas de que es la inflación la que agrava nuestro estancamiento, por el motivo muy simple de que desestimula la inversión y provoca que los agentes económicos concedan mucha más atención a defenderse financieramente de los efectos de la inflación, que a producir. De nuevo aquí los ejemplos próximos son muy explicativos.

Oímos en la Comisión, también, con frecuencia la queja de esa preeminencia que, tanto este gobierno como el anterior le estarían dando al sector financiero. Sostengo que esa preeminencia del sector financiero no se origina en un privilegio inexistente por parte del gobierno. No es el gobierno que privilegie a lo financiero, es la inflación en este y en todos los países del mundo. Mientras tengamos estos niveles de inflación, es prácticamente imposible que nadie invierta en otros sectores que no sean aquellos que los defiendan de la misma y así perdurará nuestro estancamiento económico.

A seguir, se nos indica que otra de las causas del alza inflacionaria son las altas tasas de interés que tiene nuestra economía.

De nuevo sostengo, creo que además son muy pocos los que puedan discutir esto, de que las tasas de interés no son una causa de la inflación, sino una consecuencia. Se podrá sostener, que una vez generada la inflación las tasas de interés ayudan a acelerarla, pero en situaciones donde no hay inflación, no se producen por sí solas altas tasas de interés.

Intentamos explicar, también, en la Comisión, que la realidad uruguaya tiene tres situaciones diferentes. En primer lugar, lo que son las tasas de interés de los valores públicos, las letras y los bonos. En segundo término, lo que son las tasas de interés de los depósitos que el sector financiero paga para la moneda extranjera y, tercero, lo que son las tasas de interés para los depósitos en moneda nacional.

Si comparamos los recursos que el Estado capta a través de valores públicos con los casos similares de otros países latinoamericanos, se observará que dichos recursos son captados a tasas de interés sumamente bajas. Uruguay paga, en Bonos y Letras, sustancialmente menos que todos los demás países latinoamericanos -sin excepción- por idénticos recursos.

En cuanto a los depósitos en moneda extranjera, basta leer los diarios o mirar las pizarras para darse cuenta que las tasas que los bancos y casas financieras están pagando por la moneda extranjera en el Uruguay, en este momento, están por debajo de las internacionales. Las tasas sí son altísimas en lo que tiene que ver con la moneda nacional, lo que a mi juicio es la "prueba del nueve" en contra de la teoría de que la tasa de interés genera la inflación. En nuestro país son altas en pesos, porque la inflación es también alta, y son bajas en dólares, porque esa moneda no tiene inflación y hay exceso de oferta. Las tasas de interés no causan la inflación, sino que son consecuencia de la misma.

Pero, además -y con todo respeto debo señalar lo que a mi juicio es una contradicción flagrante de esta tesis- si creemos que la inflación es causada, entre otros motivos, por las altas tasas de interés, lo único que no podemos hacer, en buena lógica, es gravar dichas tasas, porque lo que provocaría sería una suba mayor. Sin embargo, como veremos más adelante, ese es precisamente uno de los instrumentos que se proponen para atacar el déficit y bajar la inflación; es decir, subir las tasas más todavía.

Se nos dice también que la devaluación de la moneda es otra de las causas de la inflación. Pienso que no amerita extenderse mucho en lo que a este punto respecta. Es bastante obvio que la devaluación sigue a la inflación: es consecuencia de la misma y no causa.

Por último, se señala como causa de la inflación a las expectativas de los agentes. También en este punto me detendré poco tiempo. A mi juicio y en primer lugar, las expectativas no integran los instrumentos económicos del Gobierno; es decir que aun si fuera así, no se puede, directamente, generar o modificar expectativas. Pero señalo, sí -también en este caso- que si efectivamente se cree que las expectativas causan inflación, lógicamente debe seguirse una postura de choque frontal, que es lo único que puede revertir esas expectativas. Y adelanto que, a mi juicio, las medidas propuestas por el Frente Amplio en el seno de la Comisión no revertirán jamás esas expectativas inflacionarias que efectivamente existen en este momento en el país.

A continuación, señor Presidente, voy a realizar un análisis rápido de las críticas que el Frente Amplio hiciera al proyecto en estudio en el seno de la Comisión.

Ese sector señaló, en primer lugar, que estas medidas van a colocar a nuestras exportaciones fuera de los mercados internacionales, por aumento de sus costos, derivado de los impuestos a crearse. Con relación a esto, sostengo que esa crítica asume bastante más de lo que demuestra.

En primer lugar, asume una demanda totalmente rígida y a la vez uniforme de todos los mercados internacionales para la totalidad de los productos que Uruguay exporta. Dudo mucho de que la realidad sea esa.

En segundo término, asume que los costos de todas las empresas exportadoras de nuestro país son rígidos y uniformes.

En tercer lugar, presume que todos los exportadores tienen márgenes, a la vez exiguos y nuevamente uniformes de ganancia; todo esto en un año que ha sido récord en materia de exportaciones para el Uruguay.

En resumen, como decía, a mi juicio, se presume bastante más de lo que se prueba.

Nuevamente encontramos aquí una dicotomía sorprendente entre la crítica y la propuesta. La crítica es la de que nuestros exportadores, por obra nuestra, van a quedar eliminados de los mercados en virtud del aumento de costos por los tributos. Sin embargo, como veremos al llegar al análisis de la propuesta alternativa, una de las sugerencias que se formularon es la de retirar a los exportadores la devolución de impuestos, o parte de la misma, es decir, el beneficio directo que en este momento están recibiendo. Evidentemente, una cosa no se compadece -por lo menos a mi criterio- con la otra.

La segunda crítica que se hace al proyecto es la de que va a provocar la quiebra de todos los endeudados en el país. Sobre esto me voy a permitir hacer dos o tres comentarios.

En primer lugar, nadie puede hacer una política nacional en función de quienes estén endeudados. No se puede equiparar la situación de todo el país en función de ese sector.

En segundo término, creo que al hacer esta crítica se ignora que no todos los endeudados lo están por el mismo origen y no todos se encuentran en la misma situación. Tampoco se toma en cuenta el anuncio hecho en forma expresa sobre la atención y las medidas que el Gobierno pretende para el sector endeudado, tema que -por otra parte- fuera motivo de una pregunta específica del señor senador Pereyra al señor Ministro en el seno de la Comisión.

Por último, nuevamente -y siento ser reiterativo- desembocamos en otra contradicción. Si el proyecto va a provocar la quiebra de los endeudados, no alcanzo a entender una de las medidas propuestas como alternativa, que consiste en la ejecución de las Carteras, tal cual luce en el informe en minoría.

La tercera crítica que se le hace al proyecto es la de que va a fomentar la emigración en el país y dañar la salud. Como comprenderán los señores senadores no haré ningún comentario sobre esta crítica.

En sexto lugar, se señala que es un proyecto excesivamente drástico. Y he dicho que el tema es discutible, pero señalo que en estas cosas es distinto teorizar que enfrentar la realidad con la responsabilidad de una decisión. Creo que hay que remitirse a la realidad.

En el seno de la Comisión, se nos dijo que bajar a una inflación del 4% -que por otra parte habría sido, según esta tesis, la postura de la administración anterior- era algo razonable. La experiencia nos demostró -independientemente de que este haya sido o no la meta de la administración anterior- que a niveles de inflación del 4%, la menor circunstancia adversa, en un país como el nuestro, provoca inmediatamente una suba vertiginosa, que es lo que el país experimentó desde 1988 a 1989 y que continúa en el presente. La drasticidad va a depender de la gravedad y si se admite o sostiene que ya estamos en un nivel de inflación de más de tres dígitos -palabras textuales- con un déficit superior al 8%, no entiendo cómo puede concluirse que no sea necesario tomar medidas profundas, drásticas, si es que se le quiere llamar así.

En séptimo lugar, el paquete es criticable, porque tendría la rara virtud de ser a la vez inflacionario y deflacionario o recesivo. Confieso que me costó bastante esfuerzo comprender este aspecto -y descuento que a los señores senadores les sucederá otro tanto- pero aparentemente el proyecto sería inflacionario porque aumenta costos que van a ser trasladables a los precios de un sector de demanda, al parecer totalmente rígido, que sería el de los alimentos. Sobre el particular, me voy a permitir hacer también algunos comentarios.

En primer término, nuevamente se asume más de lo que se prueba, en cuanto a una demanda totalmente rígida y uniforme.

En segundo lugar, se ignora cuál va a ser el destino de los recursos, es decir, el financiamiento del déficit, por lo tanto el abatimiento de la inflación, y como resultado último, la mejora en las condiciones de compra de la población.

Se ignora, también -como decía hace unos momentos- cuál es la definición técnica de la inflación, que no es el aumento de los precios por una sola vez -sea cual sea el factor que lo provoque- sino un crecimiento sostenido, permanente de los precios. Asimismo, se ignoran los efectos que hoy tiene la inflación, tanto sobre la oferta como sobre la demanda; es decir, no se compara el proyecto con la realidad, sino con un ideal.

Por último, también se desconoce que la llamada canasta de alimentos es lo menos gravado en el proyecto. Pero quiero señalar, aquí, un tema estrictamente económico que me llamó la atención.

Si partimos de la base de que va a haber una inflación generada por el aumento de impuestos, por su incidencia en la canasta familiar, me pregunto por qué será así, dado que la canasta familiar comprende una cantidad limitada de productos dentro de toda la economía; todos los demás, como veremos, son de demanda totalmente elástica. Al respecto, se me dice que esto es sumamente importante porque la canasta familiar es lo que determina el índice de precios al consumo, lo que a su vez permite la fijación de los salarios. Esto me lleva a concluir que en esa tesis uno de los instrumentos que se debe tener en cuenta para combatir la inflación es la indexación de los salarios o, más aún -como había sido la propuesta del señor representante Couriel- el congelamiento de precios y salarios.

De todas maneras, el proyecto además de inflacionario sería deflacionario o recesivo, porque en todo lo demás el aumento de precios no sería trasladable. O sea que el Uruguay tiene una economía con un sector de demanda totalmente rígida y otra totalmente elástica.

Asimismo, se ignora aquí el efecto de la transferencia de los recursos y, a mi juicio, los efectos de la baja de la inflación por el destino de los recursos que se detraen. En uno y otro caso lo que sucede es que se simplifica lo que son los miles de pequeños mercados y de situaciones que forman el gran mercado económico del país.

La octava crítica al paquete en estudio es que va a dañar la producción del país desde el momento en que se acompaña con una reducción de la inversión pública, siendo así que la situación del país ya es de una inversión privada bastante exigua. Es verdad que en el seno de la Comisión de Hacienda, el señor Ministro de Economía y Finanzas explicó que eso no era tan así, que la meta del Gobierno era volver a los niveles de inversión del año 1988 y no a los de 1989 que habían significado un aumento del 95% sobre el anterior. A pesar de eso se insistió reiteradamente sobre este efecto dañino a la producción, por el camino de la reducción de la inversión pública. Entiendo que ello ignora una serie de factores importantes. En primer lugar que la ausencia, por lo reducido de la inversión privada en el país, está dada entre otras cosas por la incertidumbre que provoca la inflación y por la baja rentabilidad que no sólo pero entre otras cosas provoca la inflación. Esa reducida inversión, desde mi punto de vista, está causada por el efecto que el déficit provoca en el mercado de capitales. Dicho en otros términos, uno de los problemas grandes que, a mi juicio, tiene el país es que el mercado de capitales está virtualmente absorbido por el Estado a través de la colocación de valores públicos, desplazando así cualquier otro tipo de inversiones. La única manera de que eso baje a niveles aceptables es que el Estado deje de lado la actual avidez de recursos provocada por el déficit.

La crítica ignora, además, algo que la realidad demuestra y es que la inversión pública -por lo menos, llegados ciertos niveles- desplaza a la inversión privada y suele ser más ineficiente.

Al respecto, me voy a permitir hacer una breve lectura de un informe que el Instituto CERES elaboró en este sentido, y que expresa: "Mediante el empleo de un modelo económico y la utilización de métodos econométricos, CERES intentando medir la influencia sobre el crecimiento económico de las distintas formas de intervención estatales recién señaladas, utilizó la misma metodología que para la Argentina, a los efectos de comparar ambas economías al tiempo que se lograba evaluar la metodología. Según la investigación" -y esto es lo importante- "el efecto de un crecimiento del 10% en el gasto público general sobe el Producto Bruto Interno generado por el sector privado, resultó ser una caída del 1.6% para el Uruguay y del 4.3% para la Argentina. En ambos casos el efecto es negativo. El crecimiento del Producto Bruto Interno público produce una caída del Producto Bruto Interno privado".

Voy a pasar ahora, señor Presidente, a efectuar un análisis de la política económica alternativa propuesta por el Frente Amplio en la Comisión de Hacienda, parcialmente recogida, también, en el informe en minoría.

En primer lugar, voy a realizar un breve resumen a los efectos de que los señores senadores puedan tener un pantallazo; y no teman, pues no durará las ocho horas originales.

Esta política propone los siguientes elementos. Primero, no ajustar tarifas por encima de la inflación, dado que ello tendría carácter inflacionario. Segundo, no rezagar salarios, comprimiendo la demanda interna. En tercer lugar, esta política propone tener una relativa -esa es, expresamente, la palabra que se emplea- disciplina monetaria y fiscal, aspecto que también se recoge en el informe.

Propone acortar la distancia entre las tasas pasivas y las activas, gravando la diferencia, o sea, lo que se denomina "spread"; no rentar los encajes bancarios; pagar de los servicios de la deuda externa lo que el propio país juzgue conveniente. Asimismo, propone una reducción selectiva -según se expresa textualmente- del gasto corriente; dar facilidades crediticias a sectores llamados "claves" y, por último, encontrar otros equilibrios económicos y ser cautelosos.

En términos generales, debo decir con todo respeto que esto no es, a mi juicio, una política económica. Carece del grado de comprensión y de profundidad necesarios; contiene algunas contradicciones importantes e imprecisiones demasiado grandes para ser admitidas, lo que intentaré demostrar a continuación. Rápidamente analizaremos medida por medida, excluyendo por supuesto las dos últimas ya que, encontrar otros equilibrios económicos, ser cautelosos y prudentes, no pasan de ser un buen consejo.

En cuanto a no aumentar las tarifas por encima de la inflación, diré que económicamente ellas son un precio y no un instrumento de política económica. Por otro lado, señalo que en algunos casos -particularmente en el de UTE- existen peligrosos atrasos para los niveles de inversión que el Ente debe tener, que puede llevarlo a una situación de riesgo en la prestación del servicio a corto plazo.

Con respecto a no rezagar los salarios -tema al que me referí lateralmente un poco más temprano- creo que analizado fríamente en términos de teoría económica, contradice lo anterior. Es decir, si el aumento de las tarifas es inflacionario, el aumento de los salarios también lo es. En consecuencia, si no se quiere aumentar las tarifas, por lógica tampoco se debería querer aumentar los salarios en términos reales. Por otra parte, volviendo a la teoría económica, es bueno recordar que los gobiernos no fijan salarios reales; podrán o no fijar salarios nominales, pero la realidad del salario la del mercado, no el Gobierno, cualquiera sea el país o el sistema económico de que se trate.

Tampoco puedo estar de acuerdo con la tesis de quienes sostienen que se va a producir una depresión de la demanda interna generada por los tributos sobre los salarios. Como ya señalé antes, lo que deprime la demanda interna es el aumento desmesurado de la demanda pública en el mercado y, por supuesto la inflación.

En tercer término, se propugna lo que se llama una relativa disciplina en materia monetaria y fiscal, con lo cual estoy obviamente de acuerdo, en términos generales; porque en particular, no se dice exactamente en qué consiste. Al final vamos a ver que efectivamente se trata de una relativa disciplina.

En cuarto lugar, la propuesta tendería a gravar esa diferencia entre las tasas pasivas y las activas -lo que se llama "sobrespread"- en particular, señalo que eso ya está gravado, como lo dije anteriormente. Además, eso provocará -y reitero que no tengo ningún impedimento filosófico para que se haga- un aumento de las tasas activas o un descenso de las tasas pasivas o las dos cosas a la vez.

SEÑOR CADENAS BOIX. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor Presidente: el "spread" -diferencia entre las tasas activas y pasivas- es fijado necesariamente por el mercado, por lo que una regulación sobre el mismo, como puede ser un impuesto, aparejaría como consecuencia inmediata un costo que debería soportar el depositante, o el tomador del dinero. Como tal gravamen reduciría la utilidad del depositante o la rentabilidad de su depósito, éste retiraría su colocación. Por lo tanto, lo lógico es que lo soporte el tomador del dinero; ello aparejaría un encarecimiento de ese dinero y, consecuentemente, un aumento de las tasas de interés, efecto que no creo sea deseado.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Agradezco al señor senador su aclaración, ya que me exime de los demás comentarios que iba a hacer sobre el punto.

Pasando al siguiente punto, se propone no pagar o no rentar los encajes bancarios. Si bien no tengo ninguna objeción de carácter filosófico, señalo que, aparte del hecho de que en algunos casos puede llegar a ser confiscatorio, sus consecuencias van a ser las mismas que señalaba recién el señor senador Cadenas Boix. Además, debo decir que la suma de la propuesta inmediatamente anterior y ésta, con toda seguridad nos traerá como consecuencia más bancos en problemas para salvar.

En sexto lugar, se propone -y esto no es novedoso- el pago de los servicios de la deuda externa "ad libitum", es decir, pagar lo que queramos. En la comisión señalé, entre otras cosas, que esto implicaba una suerte de crítica al Gobierno anterior, en el sentido de que no había sido suficientemente eficaz o diligente en la renegociación de la deuda. Creo que no es necesario extenderse mucho sobre este tema otra vez. Cuando nos enfrentamos a una situación como la que vivimos, hay que manejar realidades, no teorías de imposible cumplimiento. Por otra parte, el ejemplo de otros países que intentaron seguir ese camino, resulta por demás elocuente. Sí quiero señalar, que una de las consecuencias inmediatas que tendría esta propuesta sería la total imposibilidad de que el Estado pudiera continuar recurriendo al mercado de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. El día que dejemos de pagar todo o parte de los servicios de la deuda externa, difícilmente nuestro país pueda colocar un papel público en plaza, amén de otras consecuencias de eliminación de créditos y demás.

Se nos propone también, como séptimo punto, la reducción selectiva del gasto. Ya adelanté que al respecto no hay especificaciones concretas. Dada la situación de crisis en que nos encontramos, no tenemos más remedio que enfocar nuestra atención sobre aspectos específicos y concretos; lo otro en esta situación no sirve. Por otra parte, si la posición no es contraria a la reducción de la inversión pública y a la reducción de la masa salarial simultáneamente, creo que la selectividad propuesta en la reducción del gasto va a dar muy pocos resultados.

En octavo término, como solución al problema que enfrenta el país, se propone dar facilidades crediticias a sectores claves. Expreso que tampoco aquí hay especificaciones concretas. En lo personal, no me opongo a una política de créditos pero señalo que uno de los males que padece la economía uruguaya es el exceso de financiamiento a las empresas por la vía de créditos, es decir, la falta de financiación con capital propio que, reitero, es una de las características del sector privado uruguayo.

También señalo que la experiencia de las ayudas crediticias estatales a sectores claves, que tuvieron lugar en el pasado, han dado algunos -no todos- ejemplos de errores espectaculares sobre sectores que fueron artificialmente inflados y que han desembocado en uno de los problemas más grandes que nuestra economía tiene que resolver.

A continuación vamos a pasar al análisis de la propuesta alternativa del paquete de medidas que el Frente Amplio hizo en el seno de la Comisión para enfrentar la situación que vive el país.

Si me permiten voy a hacer un breve pantallazo para que los señores senadores tengan, desde el inicio, una visión de conjunto. Las medidas serían las siguientes: el cobro compulsivo de las Carteras; la reducción del pago de intereses de la deuda externa; un menor gasto corriente, no especificado ni definido; se aceptan los aumentos al Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, al IVA y al Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias -inclusive, se propone su ampliación a otros bienes como, por ejemplo, automotores- y se acepta la rebaja en la devolución de impuestos a las exportaciones. Además, se proponen las siguientes modificaciones tributarias: creación del Impuesto a la Renta, a las Personas Físicas; modificación del Impuesto al Patrimonio, a los efectos de calcular por entero los activos financieros; la creación -nuevamente- del Impuesto a las Herencias -y particularmente, también a las donaciones- y, además, la creación de ciertas modificaciones en el IMESI.

Asimismo, también se prevé la desgravación de algunos combustibles y financiar la desgravación sobre las tasas que se pagan actualmente por concepto de venta de cigarrillos, bebidas, cosméticos y gravar la venta primera de automotores y, aparentemente, de otros bienes suntuarios no especificados.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Bouza)

-En cuanto al tema del cobro compulsivo de las Carteras, ya mencioné que se contradice frontalmente con la tesis de que el paquete de medidas a estudio del Senado generará la quiebra de los deudores. En lo que tiene que ver con la reducción del pago de la deuda externa, a nuestro placer, ya vimos que más que una solución ello agravará aún más nuestros problemas. Respecto a la reducción del gasto voy a reiterar dos aspectos mencionados anteriormente. En primer lugar, que la propuesta carece de precisión y, por lo tanto, no puede ser utilizada. Y, en segundo término, si tuviera la necesaria precisión, la reducción del gasto lleva implícita una lentitud en producir efectos, lo que constituye un lujo que no nos podemos permitir en este momento.

En relación con la propuesta de aumentar el IRIC y el IRA -que, por supuesto, está contenida en el proyecto-, sólo quiero señalar que la misma contradice parte de la tesis económica, ya que tales aumentos generarían inflación. Lo mismo puede señalarse con respecto al castigo a las exportaciones. Con referencia al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, debo manifestar que admito argumentos a favor y en contra; entre estos últimos cabe destacar el hecho de que la experiencia nacional ha demostrado que se recauda poco y que es un impuesto costoso. De todas maneras, aquí juega el elemento tiempo, ya que la estructuración de dicho impuesto insumiría un plazo que no disponemos.

A mi juicio, el Impuesto al Patrimonio no debería existir ya que desincentiva la inversión pero, desde el momento que se crea en el esquema tributario nacional, yo tampoco tendría ninguna objeción fundamental a la modificación propuesta, en el sentido de incluir los activos financieros "in totum", siempre que se distingan aquellos que son de no residentes -ya que de lo contrario, se irán inmediatamente- y se solucione la necesidad que tiene el Estado de recaudar a través de la colocación de valores públicos.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Silveira Zavala.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Decía, señor Presidente, que si lo que se pretende es la modificación del Impuesto al Patrimonio a los efectos de incluir los valores públicos, va a traer como resultado que el Estado tendrá que pagar tasas más altas en futuras emisiones, para compensar lo que le detrae al comprador de bonos y letras. En definitiva, lo que se pretende recaudar por un lado, el Estado debe pagarlo por otro.

En lo que tiene que ver con el Impuesto a las Herencias, debo recordar que en el país también existen antecedentes sobre el mismo. El proyecto contiene algo similar. En la postura del Frente Amplio se admite que este impuesto es de muy baja recaudación; de acuerdo a su concepción, su recaudación es cero.

Sin perjuicio de que los aumentos al IMESI ya han sido anunciados -aunque no en la forma exacta que se propone- si nos colocamos en la postura de la tesis anteriormente explicitada por el Frente Amplio, veremos que los mismos serían inflacionarios, lo que constituye una nueva contradicción.

Este análisis individual debe ser acompañado, a mi juicio, con un recordatorio importante que ya he efectuado en el transcurso de mi exposición: en este momento, no estamos en una discusión académica sobre las modificaciones al Código Tributario, sino que lo que estamos enfrentando es una crisis que requiere soluciones rápidas y efectivas. Como vimos, buena parte de las propuestas presentadas, no son ni una cosa ni la otra.

Sin embargo, considero importante que a esta altura del debate, veamos cuál es el resultado económico de ese paquete de medidas alternativo que se propone, utilizando para ello las cifras que el propio Frente Amplio -a través de las palabras expuestas por el señor senador Astori- expuso en la Comisión de Hacienda del Senado. Puede resultar interesante para los señores senadores aquí presentes, ir anotando la cuenta macro que se hizo en aquel momento.

Recordemos que partimos de un déficit situado en el entorno de los U$S 550:000.000, y la estimación que sobre esta cuenta hace el Frente Amplio acerca del costo de la reforma jubilatoria para el año 1990, es de U$S 75:000.000, lo cual da un agujero total a tapar de U$S 625:000.000. Para ello, la propuesta obtendría los siguientes recursos: un ahorro por no pago parcial de la deuda externa de U$S 90:000.000; otro ahorro por un menor gasto corriente de U$S 10:000.000 -no sabemos cómo se calcula, ya que ignoramos cómo se compone- no pagar intereses sobre los encajes bancarios, lo que redituaría U$S 30:000.000; el aumento del IRIC U$S 20:000.000; el aumento del IRA U$S 4:000.000; las trasmisiones inmobiliarias U$S 10:000.000 las rebajas en la devolución de impuestos a la exportación U$S 13:000.000; el nuevo Impuesto a la Renta a las Personas Físicas que se pretende crear, U$S 10:000.000; la reestructura del Impuesto al Patrimonio, U$S 30:000.000; el Impuesto a las Herencias produce una recaudación cero, tal como habíamos señalado y, por último, se contabilizan U$S 65:000.000 correspondientes al efecto de una mejora en la recaudación, como resultado de una mayor actividad económica que, presumiblemente, se produciría al impulso del paquete de medidas propuesto por el Frente Amplio. Todo ello, contrapuesto a los U$S 625:000.000 correspondientes a lo que anteriormente habíamos denominado agujero a tapar, nos deja -siguiendo siempre las cuentas del Frente Amplio- un déficit del 4% del Producto Bruto Interno.

Es decir que el resultado de este paquete sería la permanencia de un déficit del 4% del Producto Bruto Interno.

A su vez, según la propuesta, esto se financiaría de la siguiente manera. Un punto de ese déficit, es decir, aproximadamente U$S 85:000.000, se pagaría con reservas en moneda extranjera que tiene el país. Se considera que ello no sería inflacionario ni afectaría la colocación de bonos y letras. Otro punto del producto se financiaría atrayendo inversiones extranjeras bajo forma de préstamos blandos y de swaps de deuda. Los restantes dos puntos -es decir, el 2% del P.B.I.- se financiarían con emisión, y se calcula que ella generaría un aumento de la base monetaria del 44,5%. A juicio de los proponentes, esto no sería tan grave ya que se trataría de un aumento de la base monetaria inferior al que se produjo en el transcurso del año 1989.

Vamos a ir analizando este cálculo o esta macrocuenta de atrás hacia adelante. Supongamos, en primer lugar, que la cuenta da, o sea que obtenemos todos esos recursos y llegamos a ese déficit del 4%. Por lo tanto, veamos lo que se propone para financiar esos cuatro puntos.

El primer punto se financiaría con reservas. Sostengo que esto sí será inflacionario, y si una de nuestras preocupaciones -que comparto con el Frente Amplio- es la existencia de expectativas altamente inflacionarias en el país, el consumo de reservas para paliar el déficit va a agudizar marcadamente dichas expectativas. Además, mi posición es totalmente distinta a la manifestada en esa parte de la propuesta en cuanto a que esto no afecta el mercado de letras y bonos; sí lo va a afectar e incluso podría citar algunas de las palabras del señor senador Astori en el transcurso de su larga exposición en la Comisión, a través de las cuales se refiere al tema en este mismo sentido. Por último, considero que pagar déficit con reservas es "pan para hoy y hambre para mañana", es pagar la feria con las alhajas de la abuela. Con este mecanismo, dentro de cinco años, o menos, nos quedamos sin reservas y, probablemente, sin Bonos del Tesoro ni Letras de Tesorería.

El segundo 1% de déficit se financiaría, de acuerdo con esta propuesta, mediante ayuda externa. Esto me parece estupendo, siempre y cuando la podamos conseguir. Sin embargo, si esto es, entre otras cosas, el resultado de no haber pago una parte de los servicios de nuestra deuda externa, va a resultar altamente difícil que podamos encontrar prestamistas o inversores en el exterior.

Quedan, entonces, los dos últimos puntos del producto que, según esta propuesta, se financiarían con emisión. Señalo que eso no daría el estimado 44,5% de aumento de la base monetaria sino un incremento muchísimo mayor, del entorno de un 60%. A mi juicio, partiendo de los niveles de inflación que tenemos en este momento, eso nos llevaría a una hiperinflación. Y si además se toma como ejemplo lo que fue el año 1989, no podemos negar que ese fue uno de los motivos que originó un crecimiento de la inflación desde 1989 a 1990.

(Ocupa la Presidencia el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez)

-Como conclusión, debo señalar que a mi juicio este financiamiento sería catastrófico para el país. Además, quiero destacar que estas cuentas son, parcialmente, de fantasía: lo son en cuanto al ahorro por reducción de deuda externa; lo son en cuanto a un ahorro no especificado de gastos corrientes -no sabemos cuáles son- lo son también en cuanto a un cálculo de U$S 65:000.000 de mejora en la recaudación como efecto del paquete.

De esta forma, señor Presidente, concluyo el análisis de esta propuesta alternativa.

A continuación, voy a distraer muy brevemente el tiempo del Cuerpo para estudiar la propuesta que realizara el Nuevo Espacio a través del señor senador Cassina quien como adelanté, fue más benevolente con la Comisión en cuanto al uso del tiempo.

Inicialmente, la propuesta concuerda con la necesidad de efectuar un ajuste y con su urgencia, aunque no considera que el mayor problema del país sea el déficit sino la falta de crecimiento económico. Asimismo, se sostiene que el primero es consecuencia, precisamente, de la falta de crecimiento porque ella impide el aumento de los recursos para financiar el déficit y, a la vez, porque la estructura tributaria que tiene le país en este momento depende de dicho crecimiento. El país no crece y, en consecuencia, se recauda menos, lo que generaría déficit.

Por otra parte, se teme que el ajuste propuesto sea demasiado duro, posición ésta perfectamente discutible. A cambio, se hace una propuesta de solución por la vía, en primer lugar, de lograr un gran acuerdo social, con la participación de todos los sectores de la población, del cual surgirán reglas consensuales que beneficiarán a todos. También se propone encarar una reforma del sistema tributario, llevándolo gradualmente de una imposición indirecta -o relativamente indirecta- a una imposición más directa. Esto se lograría, por ejemplo, a través de modificaciones en el Impuesto al Patrimonio, restableciendo el Impuesto a las Herencias y aplicando algún tipo -no se especifica- de impuesto al sector financiero, que incluya el gravamen a los depósitos de no residentes y a los propios bancos.

Muy rápidamente, y sobre todo con mucho respeto -tanto por provenir de quien proviene como por el afecto que en tan corto tiempo he aprendido a cobrarle al señor senador Cassina en la Comisión- quiero comentar esta propuesta que, a mi juicio no tiene suficiente grado de concreción, de especificidad o de fundamento como para que, efectivamente, en la situación actual, de cara al problema y con la responsabilidad de resolverlo, pueda ser tomada en cuenta. Creo que, más que nada es una expresión de deseo que en muchos aspectos comparto. Pero si partimos ambos -como aparentemente lo hacemos- de la noción de que estamos en momentos de crisis, es necesario, ante eso asumir una posición más concreta. Pienso que el ideal de llegar a una suerte de socialismo rousseauniano es de difícil obtención y, en todo caso, ahora carecemos del tiempo para alcanzarlo. Enfrentamos una situación que debe ser resuelta ya, y es sobre eso que debemos manifestarnos.

En cuanto a las propuestas de modificaciones del sistema tributario, admito, por supuesto, que como todo sistema, el nuestro es perfectible. Creo que la sola demora en encarar eso descalifica de por sí la propuesta.

Siempre con el mismo tono de respeto, quiero señalar que los ejemplos propuestos de modificación no se compadecen realmente con la gravedad de la situación, con el tamaño del problema a resolver. En algunos casos son propuestas demasiado genéricas para ser consideradas; en otros, como en el caso del Impuesto a las Herencias, son de efecto nulo. Y recordamos que aquí estamos precisando instrumentos efectivos para obtener recursos rápidamente.

Por otra parte, debo confesar que en algunos casos los efectos van a ser directamente negativos, como por ejemplo la propuesta de gravar los depósitos de no residentes porque ello provocará que no se realicen tales depósitos, y, por ende, no se recaude nada.

Termino, señor Presidente, resumiendo mi pensamiento en el siguiente sentido. El país enfrenta una aguda crisis -no lo vamos a repetir- y ante esa situación el Gobierno, "lato sensu" -eso incluye al Parlamento- debe tomar una decisión concreta y rápida. Cuando esa decisión implica -lo que es normal- elementos discutibles, estos se evalúan, se escuchan otras opiniones y, en definitiva, se asume la responsabilidad de resolver. Lo peor, en estos casos, es la indecisión. De modo, pues, que es nuestra responsabilidad resolver esta situación y, en nuestro caso, hemos hecho una propuesta concreta, perfectible o no, pero sí una forma concreta acerca de cómo esto se debe resolver.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Yo había terminado mi exposición. No sé como se debe proceder en estos casos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay múltiples precedentes en el sentido de que antes de que se dé la palabra al siguiente orador, se puede conceder una interrupción.

Puede interrumpir el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - No voy a controvertir ahora la exposición hecha por el señor senador de Posadas Montero, concretamente acerca de la posición que nosotros sostuvimos en la Comisión de Hacienda, en una exposición que por diversas circunstancias que allí expuse tuvo que ser extraordinariamente breve, como todos los miembros presentes de dicha Comisión lo recordarán. Digo, sí, que entre los instrumentos que mencioné, más que para atacar ahora el déficit fiscal, ir modificando sustancialmente nuestra fiscalidad, que considero profundamente injusta, señalé expresamente la necesidad de instrumentar un impuesto a la renta personal o, más propiamente, un impuesto a los ingresos elevados.

Como en su prolija enumeración el señor senador de Posadas Montero no hizo referencia a este aspecto me veo en la obligación de hacerlo, sin ánimo polémico.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Astori.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite antes para una cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - De acuerdo con el artículo 68, inciso 4º, del Reglamento del Senado, "la expresión miembro informante se interpretará, a todos los efectos de este Reglamento, como referida a quienes informen en mayoría". Al comienzo de la sesión formulé una propuesta en el sentido de que aquí trabajásemos bajo el régimen de debate libre con la intención de que aquellos miembros que habían participado en la discusión en Comisión, tuvieran la posibilidad de explayarse ante el Cuerpo. Sin embargo, ahora me encuentro -no sé si en la certidumbre- de que el señor senador Astori, que es miembro informante en minoría, dispondría del mismo tiempo que cualquier otro senador. En consecuencia, propongo que al menos en la situación de él y en la del otro senador que ha votado discorde el proyecto de ley, se tenga la latitud suficiente como para que pueda hablar durante el mismo tiempo de que dispusieron los miembros informantes en mayoría.

En ese sentido hago moción.

Por lo demás, señor Presidente, creo que con anterioridad y en muchas oportunidades -concretamente en la Legislatura pasada- ya el Senado, sin atenerse a la letra estricta del Reglamento, concedió la posibilidad de que esto se pudiera hacer.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿En qué sentido formula moción el señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Hago moción para que los miembros informantes en minoría dispongan del mismo lapso con que contaron los miembros informantes en mayoría del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de conceder la palabra a algún señor senador que la solicite para abrir opinión sobre esta moción de orden, la Presidencia, en ejercicio de la facultad que le acuerda el artículo 112, inciso 3º, a los efectos de aclarar alguna duda sobre la aplicación de este Reglamento, quiere decir que en su opinión el artículo 68 de este mismo cuerpo normativo es claro cuando señala que la "expresión miembro informante se interpretará, a todos los efectos de este Reglamento, como referida a quienes informen en mayoría". Los miembros informantes en mayoría de este proyecto de ley son, obviamente, legisladores que votaron afirmativamente dicho proyecto en la Comisión. Se trata de los señores senadores Abreu y de Posadas Montero, que usaron del derecho que les acuerda el artículo 68, inciso 3º del Reglamento, el que expresamente le niega ese mismo derecho, en su intermedio inciso 4º, a quien no es miembro informante en mayoría.

Por consiguiente, la Presidencia entiende que la moción del señor senador Gargano, de ser votada afirmativamente, sería violatoria del Reglamento.

En cuanto a los precedentes de la Legislatura anterior -que el Presidente declara no recordar, sino más bien que se cumplió fielmente el Reglamento- el artículo 8º del mismo dice que las "decisiones sobre aplicación del Reglamento, que se den ocasionalmente en la discusión de cualquier asunto, o en el curso de una sesión, se considerarán como simples precedentes, sin fuerza obligatoria en lo sucesivo".

Por otra parte, el artículo 110, que es el que establece las atribuciones y deberes del Presidente, en su numeral 4º), dice: "Conceder o negar el uso de la palabra a los senadores, según les competa o no hablar". De modo que el Presidente no puede conceder el uso de la palabra a un miembro informante en minoría por más tiempo que el de una hora, porque por más de ese lapso no le compete hablar.

En definitiva, el artículo 6º del Reglamento dice que "si fuere cuestionada la correcta aplicación del Reglamento, no se proseguirá en la consideración de asuntos sin resolverse previamente la cuestión planteada".

Queda planteado, pues, si el criterio del Presidente que se acaba de exponer es respetuoso del Reglamento o si, por el contrario, sin violarlo puede votarse la moción presentada por el señor senador Gargano.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Nosotros estimamos que debemos separar dos cuestiones que aquí se han planteado.

Por un lado, el señor senador Gargano ha hecho una propuesta de carácter muy especial, en el sentido de que un señor senador, que no es miembro informante, tenga la posibilidad de utilizar el mismo tiempo que les ha correspondido a los señores senadores que sí lo son.

La otra cuestión a considerar es lo que acaba de manifestar el señor Presidente, en el sentido de emitir opinión respecto a si cabe la posibilidad de cuestionar o no a la Mesa de acuerdo con la posición manifestada.

Por nuestra parte, queremos referirnos rápidamente a la propuesta del señor senador Gargano. Consideramos que desde el punto de vista reglamentario su propuesta es improcedente porque no hay imposición reglamentaria que habilite a que ella pueda ser aceptada. No obstante esto queremos señalar que en el repartido del proyecto de ley que estamos considerando el señor senador Astori aparece como miembro informante y entre paréntesis se dice "discorde". En este sentido, creemos que se padeció un error, posiblemente por la urgencia en confeccionar el repartido, al hacer figurar al señor senador Astori como miembro informante y, además, dándole la condición de discorde. Naturalmente, que lo que se quiso hacer fue cumplir con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, el que habilita a quien no participa del criterio que sostiene la mayoría de la Comisión, a establecer su discordia, en todo o en parte, a firmar con salvedades o a suscribir su propio informe en minoría.

Es decir que el señor senador Astori procedió -como lo vemos a través de este repartido- a suscribir su informe en minoría, pero no adquirió, por ello, la condición de miembro informante.

Queremos hacer referencia a que teniendo en cuenta este error en que se incurrió, el Senado puede, en la actual circunstancia y sin que ello implique precedente alguno, adoptar una posición que, naturalmente -nos adelantamos a señalar- no está comprendida en el Reglamento. Pero, evidentemente, hubo un error y creemos que el mismo llevó a interpretar por parte del señor senador Astori, que él tenía la condición de miembro informante. Entonces, pensamos que debe haber preparado su exposición con la intención de emplear todo el tiempo de que disponen los miembros informantes. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y respetando profundamente la expresión de la Mesa -que es lo que establece el Reglamento -señalamos que no veríamos como un elemento esencial de gravedad, de violación del Reglamento si -basándonos en este error incurrido en el informe o en el proyecto repartido y en la suscripción de éste por parte de los señores senadores- se estimara, en este momento, que el señor senador Astori actuara en la condición de miembro informante.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Coincidiendo con lo que ha expresado el señor senador Santoro, quiero precisar lo siguiente.

En mi opinión, hay dos temas en cuestión.

En primer lugar, creo que, de ninguna manera puede existir un cuestionamiento a la actitud de la Mesa, porque ésta ha aplicado correctamente el Reglamento. El artículo 68 es claro y determina concretamente, además, la condición de miembro informante, a la que se le aplican normas excepcionales en el debate tal como en él se establece. Pienso que si existe el deseo de dar a esto una solución justa, en los términos en que lo expresaba el señor senador Santoro, nos encontramos ante la posibilidad de hacerlo sin violar el Reglamento, porque considero que no es deseable establecer mecanismos que nos lleven a soluciones justas violando lo que es la base estatutaria de nuestros debates. Somos conscientes de que el artículo 68 en su parte final determina la posibilidad de debate libre. Ha habido pronunciamiento negativo del Cuerpo, pero creo claramente que, quien puede lo más, puede lo menos. Por consiguiente, nosotros podemos, a través de una declaración del Cuerpo -que deberá reunir, naturalmente, la mayoría absoluta de componentes del Senado- determinar, en este caso concreto, sin que ello implique precedente en materia reglamentaria en cuanto a las decisiones del Senado, que los informantes en minoría dispongan del mismo tiempo que tienen los miembros informantes en mayoría.

Si se piensa que a través de la condición de informante en minoría también del señor senador Cassina, pretendemos obtener algún beneficio, declaro que no tenemos inconveniente en renunciar al mismo. Sin embargo, creemos que sería de justicia que todos los que han participado en el trabajo de la Comisión -son solamente siete señores senadores- dispusieran del mismo tiempo para expresar su posición respecto a un tema que todos consideramos importante. Por todo ello creo que aquí no está en juego la conducta de la Mesa, ya que pienso que ha procedido correctamente y su interpretación es compartida por todos.

Entiendo que aquí se puede aplicar la parte final del artículo 68 e interpretar que, en este caso concreto, todos los informantes dispondrán del tiempo que para los miembros informantes en mayoría establece dicho artículo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en lo personal, de ninguna manera podría acompañar el cuestionamiento a la actitud de la Mesa, pues es de claridad meridiana la interpretación que ésta ha realizado.

He escuchado con mucha atención las consideraciones de los señores senadores Santoro y Batalla; comparto gran parte de lo que han expresado, pero agrego a ello algo más. Por su posición partidaria con respecto al proyecto y por ser un legislador del Partido de Gobierno, el señor senador de Posadas Montero se refirió durante gran parte de su exposición a las ideas y propuestas del señor senador Astori. Creo que este es un elemento a tener en cuenta, así como también la forma en que se desarrolló el debate. Si durante un prolongado lapso el señor senador de Posadas Montero hizo referencias muy concretas a las ideas y sugerencias sobre el contenido del proyecto, es decir, a la filosofía sostenida por el señor senador Astori, es elemental que este último no puede contestar por la simple vía de una alusión. Entonces, me parece que sería una actitud grosera, no lo digo en el sentido de que fuera inapropiada, sino que sería elogiable, que el Cuerpo diera a un senador que ha sido constantemente aludido -cuya versación en esta materia es reconocida- la oportunidad de realizar una exposición con la extensión que sus compañeros de bancada han solicitado.

Por lo tanto, en ese sentido y sin violentar el criterio de la Mesa, también me sumaría a los que quieren encontrar una solución para que el señor senador Astori pueda hacer uso de la palabra en las mismas condiciones que un miembro informante en mayoría.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: aprecio, admirado, el esfuerzo que se está realizando para tratar de que el Senado vote la prórroga de tiempo de que dispone un compañero o colega que, por razones que se han dicho, necesita un lapso más prolongado del que el Reglamento le otorga.

El señor Presidente, a través de la Mesa, ha hecho una interpretación correcta, como es habitual en él.

Esta es la primera vez que se plantea llegar a un acuerdo en el Senado para violar el Reglamento. Este Reglamento no hace referencia al miembro informante de la minoría; de acuerdo con éste, el miembro informante del Cuerpo es el de la mayoría. La minoría puede decir que está discorde, que no coincide con el informe de la mayoría. En ese caso puede elaborar otro informe; sin embargo, carece de los privilegios que tienen los miembros informantes de la mayoría. En consecuencia, se puede admitir que esto no es correcto; sin duda, al Senado no le debe hacer bien que no haya informantes de la minoría con iguales derechos que los de la mayoría. Pero es necesario hacer un esfuerzo muy grande para conciliar las dos circunstancias: la de que el Reglamento prohíbe algo que en el Cuerpo existe ambiente para conceder. Nosotros tampoco vamos a oponernos, por lo que acompañaremos lo que se ha propuesto en el sentido de que los informantes en minoría tengan los mismos derechos que los miembros informantes en mayoría, a pesar de que el Reglamento no lo establece. Vamos a acompañar esta solución que podría ser más bien tácita y no expresa del Cuerpo, sin necesidad, por lo tanto, de una votación específica.

Creemos, asimismo, que deberá encomendarse a la Comisión respectiva, la de Asuntos Administrativos, que prepare una modificación del Reglamento para que en el futuro no tengamos que confrontar una situación tan "indomable" como ésta, en la que hay que hacer lo que no se puede, para conciliar algo generalmente admitido.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Creo advertir un consenso en el Senado en cuanto a que el señor senador Astori pueda hacer uso de la palabra por el mismo lapso que lo hace un miembro informante. Asimismo, diversos señores senadores han señalado también las dificultades reglamentarias que existen para ello.

Entiendo que hay una salida por la que se puede atender la voluntad del Senado, si es que mi interpretación es correcta, y cumplir simultáneamente con el Reglamento.

La salida puede estar en una propuesta, que puedo dejar planteada ya, para que se reconsidere la votación que se realizó al comienzo, a fin de declarar libre el debate, con el compromiso -que creo puede hacer el Senado- de que el debate será libre sólo a los efectos de que el señor senador Astori pueda hacer su exposición utilizando el mismo tiempo que los miembros informantes. Si para mayor garantía de los señores senadores a ese compromiso que todos asumiríamos se le quiere dotar de alguna severidad reglamentaria, inmediatamente que el señor senador Astori termine su exposición se podría volver a reconsiderar la cuestión para que el Cuerpo deje de sesionar en régimen de debate libre.

De manera que en mi opinión, si hay voluntad política, existe una salida reglamentaria.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Perdone, señor senador, pero en la discusión de las mociones de orden ningún orador puede intervenir más de una vez y usted ya lo hizo. Si vamos a violar el Reglamento, hagámoslo una sola vez.

En consideración -porque creo que es previa, dado el efecto que persigue- la solicitud de reconsideración planteada por el señor senador Korzeniak, que debe resolverse sin ulterior debate y por mayoría de votos de los señores senadores presentes.

SEÑOR BATALLA. - No hay reconsideración de las mociones de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - La reconsideración sólo significa que el asunto puede volverse a discutirse; no quiere decir que se adopte la decisión de pasar a debate libre.

SEÑOR BATALLA. - No hay reconsideración...

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Me permite, señor senador? Usted no está en el uso de la palabra.

En consideración la moción de orden presentada por el señor senador Korzeniak para que se reconsidere la decisión de que el debate sea libre.

SEÑOR PEREYRA. - ¿No nos estamos pronunciando sobre el punto?

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 29. Negativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - He votado por la afirmativa el planteo formulado pero creo que no corresponde, de ninguna manera, la reconsideración de cuestiones de orden. Se pueden plantear tantas veces como se quiera. No causan estado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Tiene razón.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en consideración la moción de orden formulada por el señor senador Gargano.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se repita el texto de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Gargano podría repetir cuál es, concretamente, su moción.

SEÑOR GARGANO. - Mi moción es la siguiente, señor Presidente: que, sin que ello implique precedente, se otorgue a los señores senadores Astori y Cassina -que son los dos miembros de la Comisión que votan discorde- la misma cantidad de tiempo de que han dispuesto los miembros informantes en mayoría.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

Por vía de fundamento de voto, la Presidencia quiere expresar que ha votado negativamente porque considera que el Senado no está habilitado para modificar su Reglamento sin la previa presentación de un proyecto de reforma del mismo y porque considera, además, que su deber es hacer respetar el Reglamento.

Tiene la palabra el señor senador Astori, quien podrá hacer uso de ella en el mismo régimen de que disponen, de acuerdo al Reglamento, los miembros informantes por la mayoría.

SEÑOR ASTORI. - Gracias, señor Presidente.

Comienzo por agradecer al señor Presidente que ha sustentado lealmente su posición en cuanto al Reglamento, la que comprendemos cabalmente y, también la generosidad del Cuerpo que en estas circunstancias especiales nos permite hacer uso de la palabra en el mismo régimen de que disponen los miembros informantes por la mayoría.

Decimos que son circunstancias especiales las que se han planteado en la discusión general, porque se ha dado la curiosa situación de que un señor senador -me refiero al señor senador de Posadas Montero- que está a favor de este proyecto ha expuesto, antes que quienes estamos discordes, nuestra posición y la ha criticado.

A mi juicio -y lo digo con todo respeto- esto es doblemente malo para la discusión porque, en primer lugar, hemos perdido una hora y media que se podría haber utilizado argumentando a favor del proyecto oficial y, en segundo término, la exposición que ha realizado -enfatizo que lo digo con el mayor de los respetos- el señor senador de Posadas Montero sobre nuestra postura no es buena ni representativa de la misma por una razón muy fácil de entender. Dicha exposición ha estado permanentemente teñida de sus convicciones sobre el proyecto que, por supuesto, no son las nuestras, sino profundamente diferentes. En muchos casos, el señor senador, ha terminado por distorsionarlas totalmente.

Cuando afirmo esto, me refiero tanto al aspecto relativo a la concepción económica en la cual apoyamos nuestra visión del problema, como a lo referente a las propuestas en materia política. Por estas razones trataremos de dar un buen uso al tiempo que nos ha concedido el Senado -y que mucho agradecemos- para tratar de reflejar, aquí sí representativamente, en el acierto o en el error -porque no nos creemos dueños de la verdad- nuestra verdadera posición que no es la señalada por el señor senador de Posadas Montero.

En primer lugar, comienzo por manifestar una discrepancia fundamental de la cual quiero partir. Se ha dicho que este proyecto no es una política económica y nosotros necesitamos partir de la consideración de toda la política económica de la cual este proyecto de ley es un ingrediente esencial. Digo de toda la política económica porque de otra forma no se van a comprender nuestras críticas ni nuestras propuestas. Nos declaramos incapaces de referirnos sólo críticamente al proyecto llamado "ajuste fiscal" y al terreno derivado del mismo en materia de acciones concretas sobre la economía uruguaya, sin partir de un análisis global, de una concepción económica, de la que este proyecto forma parte. Antes de considerar el proyecto debemos partir de esa concepción global, reitero, que fue absolutamente omitida en la exposición anterior.

Quiero proponerle al Senado, señor Presidente, dividir mi exposición de la siguiente manera: partir del análisis de la concepción económica global o conjunta en la que nosotros inscribimos este tema, contrastarla con la realidad, juzgarla a la luz de ese contraste y luego, progresivamente pasar al análisis del proyecto, enmarcado en ese contexto en el cual, a nuestro juicio, es absolutamente imposible de considerar. Finalmente terminaría con un análisis de nuestra propuesta que tampoco puede ser entendida más allá de discrepancias que tenemos en detalle. Un ejemplo de ello son las cifras que manejó el señor senador de Posadas Montero, que deben sustentarse sobre la base de los puntos precedentes.

No podemos pasar a un análisis de las propuestas políticas y en particular en materia tributaria, si no globalizamos el análisis.

Antes de comenzar con la primera parte, que es la que refiere a la concepción económica global, quiero hacer la misma aclaración previa que realicé en la Comisión de Hacienda del Senado y que para mí es muy importante. Pido perdón a los señores senadores que ya la escucharon, pero me parece fundamental que el resto de mis compañeros del Senado, comenzando por el señor Presidente, la oigan.

En este análisis no voy a presumir intenciones de nadie y más bien voy a partir de una certeza. Todos los que estamos sentados aquí, pertenezcamos al partido que sea, estamos persiguiendo valores superiores, por estar por encima de las fronteras partidarias. Por eso los llamo superiores y por referirse al bienestar del Uruguay en su conjunto; superiores por estar todos procurando -dicho en palabras muy simples- el bien del país. Parto de esa certeza, de esa convicción honesta y sincera. De modo que voy a solicitar que si en alguna parte de mi análisis debo realizar alusiones, que tienen sentido en el terreno de la interpretación y de la política, sean tomadas a la luz de esa certeza.

Quiero, señor Presidente, que aquí debatamos conceptos, no intenciones personales o partidarias que, reitero, no las voy a presumir y ni siquiera voy a hacer hipótesis o supuestos sobre las mismas.

Deseo solicitarles a mis compañeros del Senado que compartan conmigo esa certeza y que, por supuesto, nos la hagan extensiva. Nosotros, también, en el acierto o en el error, estamos procurando lo que, en nuestra modesta opinión es, lo mejor para el país.

Hecha esta aclaración quiero señalar que me resulta inevitable, para juzgar una concepción económica global de la cual quiero partir, retrotraerme a lo que fue el origen de estos años especialmente duros de la crisis uruguaya entendida en su conjunto y, particularmente, a ese año 1982 que para todos los latinoamericanos y, en particular, para los uruguayos, representó un verdadero hito histórico, porque fue en ese año, que estalló para todos la llamada crisis de la deuda externa. Se tuvo por primera vez en la región y en nuestro país hacia fines de ese año, la idea de que estábamos ante un endeudamiento que sobrepasaba todo límite y la percepción de que se trata -lo digamos o no- de una deuda absolutamente imposible de pagar, dado el nivel al que ha llegado. Por eso hablamos de crisis de la deuda y ubicamos su comienzo en el año 1982. Fue en ese período en que se inició progresiva y claramente, aunque con antecedentes previos en nuestra historia, lo que fue un proceso de negociación de esta deuda absolutamente sesgado hacia los intereses de nuestros acreedores. Ya casi no quedan opiniones en contra en toda América Latina: la deuda externa, desde entonces y hasta ahora, ha sido negociada, exclusivamente, a la luz de los intereses de los acreedores que han estado representados desde 1982 -porque así lo eligieron- por dos organismos internacionales que todos conocemos muy bien y que operan en una tesitura absolutamente convergente desde el punto de vista interpretativo y político. Me estoy refiriendo, primero, al Fondo Monetario Internacional y, segundo, al Banco Mundial. Los menciono en ese orden, porque a la luz de nuestra historia nacional el Banco Mundial ha aparecido recientemente, reitero, en su condicionamiento en forma convergente con el Fondo Monetario Internacional; pero este último organismo ha estado desde la primera hora.

Decía, señor Presidente, que los acreedores eligieron estar representados por esos organismos internacionales porque no quisieron, desde el comienzo, asumir la difícil posición de exigir ellos directamente a nuestros países que practicaran determinadas políticas económicas. No quisieron plantear las exigencias y optaron por ser representados.

Estos organismos están políticamente dirigidos, en su gran mayoría, por los Estados Unidos de América, quien tiene, no solamente poder de veto absoluto de acuerdo a la distribución actual de los votos en los mismos, sino que posee también, una gran incidencia en las decisiones acerca de la línea que siguen permanentemente, sobre todo en el caso de la deuda externa. No olvidemos que los principales acreedores son de origen estadounidense. Los doce grandes bancos de Estados Unidos están a la cabeza de los quinientos o seiscientos acreedores que tiene América Latina en materia bancaria. Para los Estados Unidos se juega aquí una posición fundamental. Es absolutamente prioritario evitar que esos bancos tengan problemas, porque si los tienen, sólo habrá un recurso de última instancia: que sea el propio gobierno de Estados Unidos el que salga a responder y a hacer algo que nosotros los uruguayos desgraciadamente conocimos, o sea, que salga a comprar las Carteras incobrables de esos bancos. Para el Gobierno de Estados Unidos, entonces, es fundamental evitar situaciones de incumplimiento y, por lo tanto, transmite esa línea a estos organismos que representan a los acreedores y, a su vez, en sus conexiones con los gobiernos de América Latina, impone una directiva fundamental: la política económica interna, la de nuestro país, tiene que perseguir un objetivo central como es el asegurar la necesaria transferencia de recursos al exterior para que los servicios de la deuda sean puntualmente pagados. Ese es el objetivo central de la política.

Entonces, el objetivo central de que haya transferencia de recursos suficientes a los efectos de que los acreedores cobren los servicios de la deuda, exige elegir una estrategia para practicar, como toda política. La estrategia para el caso de América Latina -y en el nuestro propio en particular- es muy sencilla. La manera de conseguir recursos para pagar la deuda externa es tener un superávit comercial, lo cual en palabras sencillas significa exportar lo más posible e importar lo menos posible. Cuanto más grande sea este superávit comercial será mejor, porque de esas divisas hay que retirar, prioritariamente, el pago de los servicios de la deuda. Ahora bien: ¿cómo se hace según estos organismos para importar poco y exportar mucho? La línea de acción es la siguiente. Es necesario que la demanda interna de nuestros países caiga, y tenga el menor volumen posible. Poseer una demanda interna pequeña significa exportar, aunque la producción no crezca. Curiosamente la exportación puede aumentar sin mayor riqueza si cae el consumo interno.

Pero reduciendo el consumo interno y la demanda interna en general, se logra reducir las importaciones. Las importaciones de todo país de América Latina y de todo el mundo, del Uruguay en particular, dependen del nivel de actividad interna. Cuando más nivel de actividad económica hay, cuanta más demanda existe en el país, hay que realizar mayores importaciones. Por ejemplo, cuando el Uruguay tiene más demanda, le es preciso importar equipos, materia prima; cuando tiene menor demanda, su nivel de actividad adentro es menor, por lo tanto, importa menos.

Los señores senadores, señor Presidente, podrán seguir la historia del Uruguay y comprobar en las estadísticas oficiales que una caída de la producción interna siempre se acompaña con una caída en el nivel de importación, como es lógico.

Entonces, comprimiendo la demanda interna se logran las dos cosas: exportar más e importar menos. Y esta es la estrategia política. Es necesario exportar más, importar menos y para ello es preciso comprimir la demanda interna.

Lo que se necesita ahora es una concepción económica que sea coherente con esta propuesta, porque esta es la propuesta política. Pero, ¿cuál es la concepción económica que la fundamenta, en que se basa que permite llegar a estas conclusiones políticas que se plantean?

Voy a resumirlas muy rápidamente. La concepción económica es la siguiente: la inflación es el principal problema económico de nuestros países. No hay otro de la misma envergadura. Adelanto desde ya que discrepo con el señor senador de Posadas Montero cuando dice que es ocioso discutir si la inflación es el principal problema.

Como se verá a continuación, no sólo no es ocioso, sino que de la definición de la inflación como principal problema deriva toda una política económica.

La inflación es el principal problema y tiene una sola causa en esta concepción, que es el exceso de dinero en circulación. Ninguna otra cosa provoca inflación, sino sólo el exceso de dinero en circulación. ¿Qué es lo que provoca exceso de dinero en circulación? Sólo una cosa: el déficit fiscal; o, mejor dicho -porque aquí se cometen a veces arbitrariedades y simplificaciones importantes- no el déficit fiscal sino la forma que se elige para financiarlo. Porque no es lo mismo financiar déficit con emisión de moneda, que financiar déficit con endeudamiento. Lo que importa es el financiamiento del déficit. Pero se simplifica y se dice: el déficit fiscal, y no su financiamiento, es la causa que origina siempre exceso de dinero. Siempre que hay exceso de dinero hay inflación.

Llegados a este punto, la concepción económica señala: si hay déficit fiscal el remedio es claro, o sea, comprimir gastos y aumentar ingresos, definición ésta con la que obviamente concordamos.

El problema es que no hay una sola manera de bajar gastos y de subir ingresos en economía, por suerte. Lo reconocía el señor senador Abreu en su rigurosa exposición por la mayoría, acerca de fundamentos que se tuvieron en cuenta para apoyar este proyecto. El mismo dijo -y espero no estar tergiversando sus palabras- que hay muchas maneras de bajar gastos y de incrementar ingresos. Y ha dicho la verdad. Habría que encontrar un país en situación de catástrofe económica o de cataclismo para hallar una sola manera de bajar gastos o de incrementar ingresos. Como hay muchas, reitero, afortunadamente, esas muchas maneras no son neutrales, provocan efectos distintos. No es lo mismo bajar el salario de un funcionario público que bajar un gasto superfluo del Estado; no lo es. No es lo mismo bajar una pasividad de un señor que se ha retirado y está percibiendo una jubilación, que comprimir, por ejemplo, grandes retribuciones privilegiadas, que en el marco del sector público siguen existiendo; no es lo mismo. Tampoco es igual bajar la inversión pública, con todo lo que eso significa en materia de creación de empleos y de fuentes de trabajo que bajar algún otro gasto innecesario, como por ejemplo, aquel en que se incurre para realizar viajes al exterior; no es lo mismo.

Vayamos a los ingresos. No es lo mismo ponerle un impuesto a un productor que a un especulador; no es lo mismo. Tampoco lo es ponerle un impuesto a un señor que tiene mucho dinero que a uno que tiene muy poco y al que no le alcanza para vivir; no es lo mismo.

Entonces, no hay maneras inocentes, en el sentido metafórico de la palabra, de bajar gastos y de subir ingresos; todas están comprometidas con la realidad, todas juegan efectos y el elegirlas es fundamental: marca la línea de una política, le da alma y espíritu, es el meollo de esa política. Esto no sólo no es ocioso discutirlo, sino que es la primera obligación de quienes son los responsables de esa política. ¿Qué efecto van a producir en la sociedad para que la que recomiendan estas cosas?

Es absolutamente imprescindible discutir estos efectos. Es absolutamente inevitable en la esfera de la responsabilidad política evaluar los pro y los contra en la economía, en la sociedad y aún en el sistema político de las definiciones que se están tomando.

Por eso es que esta política no es neutral ni es única; sin embargo, curiosamente, en todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial siempre se bajan los mismos gastos y se suben los mismos ingresos.

Esto se puede comprobar a través de una larga historia. Siempre se comprimen los salarios de los funcionarios públicos, la inversión pública y se incrementan aquellos impuestos que no distinguen según capacidades contributivas de la población. Siempre, sin excepción alguna.

La razón es muy simple y radica en que el objetivo es comprimir la demanda interna; el razonamiento que recién hicimos. Si ese es el objetivo, no sirve bajar cualquier gasto o subir cualquier ingreso. Hay que bajar los gastos que disminuyan la demanda interna y subir los ingresos que signifiquen un descenso en la demanda interna. Esta ha sido la línea, hasta ahora.

Pido que nos remontemos a toda esta historia que afortunadamente, es abundante y sobre la cual no puedo brindar documentación en este tramo del debate, porque me excedería largamente del tiempo que con generosidad me concedió el Senado. Pero convoco a mis compañeros de Cuerpo a revisar los documentos que están aquí, en la República Oriental del Uruguay: las siete Cartas de Intención que firmó el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, desde 1959 a la fecha.

Verán que no me equivoco, que no estoy faltando a la verdad y que siempre se propone bajar los mismos gastos y subir los mismos ingresos. Comprobarán que no hay una sola excepción a este principio. También podrán observar, si disponen de información, que afortunadamente tenemos en nuestra buena biblioteca del Palacio Legislativo, que tampoco hay excepción alguna en todos los países de América Latina que han venido aceptando estas condiciones desde largos años atrás.

Los resultados de esta política están a la vista; América Latina, en el corto lapso de siete años, transfirió al exterior en términos netos, U$S 180.000:000.000; lo subrayo "en términos netos" porque están descontadas las entradas de capital. Quiere decir que en términos brutos transfirió mucho más, o sea, mucho más de U$S 180.000:000.000 a partir de 1982, año en el que tenía una deuda poco superior a los U$S 300.000:000.000. Esto significa entonces, que partiendo de una deuda de U$S 300.000:000.000 se transfieren por concepto de servicios U$S 180.000:000.000, sólo en siete años. Saquemos el promedio anual de lo que esto representa para Latinoamérica.

Sin embargo, ¿cuáles han sido las contrapartidas de estas transferencias? El estancamiento productivo profundo, una gran falta de empleo, una caída sensible de salarios, la fuga de capitales. Pero lo que uno podría esperar, al menos, es que la inflación hubiera sido derrotada, que es lo que se propone, en definitiva, esta política de abatir el déficit fiscal, ni la inflación fueron derrotados, ya que adicionalmente a estos resultados dicho déficit fiscal sigue tan campante y creciente, a pesar de que durante siete años se aplicó una política que dijo perseguirlo, y la inflación, principal problema de nuestra economía, llegó al mil por ciento de promedio regional durante 1989. Se pudo haber esperado, también, que hubiera parado la deuda externa, pero ello tampoco ocurrió, ya que llegó a los U$S 420.000:000.000 al 31 de diciembre de 1989. Es decir, que se ha dado todo al revés de lo que postula esta concepción económica básica y sus recomendaciones de política. Lo que no se dio al revés fue el objetivo no declarado pero real, el de transferir al exterior U$S 180.000:000.000, ya que se cumplió, pero ¿a qué costo? ¡A qué costo tremendo se produjo el cumplimiento del objeto que nunca se declara, porque esta política nunca dirá explícitamente lo que realmente persigue!

Mientras tanto, la realidad uruguaya también está a la vista. Desde 1959 hemos venido aceptando condiciones del Fondo, con intensidad en algunos períodos, siendo ella mucho menor en otros. Por ejemplo, en esas siete Cartas Intención -la primera de ellas fue en 1959 y la última en 1985- pasaron algunos lapsos en que, incluso, se intentó en el Uruguay -digámoslo con claridad- tomar distancia del Fondo Monetario Internacional; eso se produjo en el primer año de la Presidencia del General Gestido, en 1967. En los años siguientes no se firmaron Cartas Intención con dicho organismo, pero las que sí se firmaron puedo decir, en honor a la brevedad y para no detenerme en este punto, que el condicionamiento fue creciente, que empezamos de a poco y fuimos cada vez más aceptando condiciones más profundas. Las más livianas fueron las de 1959, como es obvio y las más duras fueron las firmadas en 1985; personalmente, anuncio que más duras aún son las que están aguardando que este proyecto de ajuste fiscal sea aprobado por el Parlamento, las más duras de que tenga memoria la historia contemporánea del Uruguay.

Los resultados de la realidad nacional también están a la vista. En términos generales, creo que todos nos podemos poner de acuerdo, por encima de diferencias partidarias, en que los problemas de fondo del Uruguay no fueron solucionados en estos 30 años; en que no hemos logrado romper con el estancamiento productivo más que por breves lapsos; en que no hemos logrado solucionar la situación de empleo de este pequeño país que tiene una escasa población, más que por breves períodos; en que no hemos impedido que desde 1957 en adelante cayera tendencialmente el monto real de los salarios y las pasividades y en que no hemos podido interrumpir esta tendencia más que por breves épocas, como sucedió en la Administración anterior.

Asimismo, no hemos logrado solucionar los temas que tienen que ver con la tecnología, ingresos, distribución y equidad en el funcionamiento social del país. Sin embargo, sí hemos aumentado la deuda externa hasta límites insostenibles, llegando a los U$S 6.500:000.000 de deuda bruta actual; sí hemos logrado, a la vez, mantener el déficit fiscal, no lo hemos derrotado, sino que sólo lo pudimos bajar por breves lapsos. La inflación uruguaya tiene más de treinta años de edad, sin que hayamos podido erradicarla de esta sociedad, estructuralmente hablando. Conseguimos, si se me permite el término, solamente suspenderla o inclusive reprimirla durante algunos años, y con éxito, pero no la hemos hecho desaparecer del funcionamiento de la economía, del funcionamiento estructural y básico. Pienso que todos podremos ponernos de acuerdo en que la inflación, repito, tiene más de treinta años.

A pesar de las siete Cartas Intención con un organismo que nos dice que su principal objetivo es abatir la inflación y el déficit fiscal, que es su primordial causa, no hemos logrado dichos objetivos. Esta política también fracasó en el Uruguay, a la luz de lo que dice perseguir.

Los resultados están a la vista y hoy nuestro país se encuentra entre dos fuegos: por un lado, tiene muy poco margen de maniobra para gobernar, ya que se ha firmado un documento con el Banco Mundial que nos deja en esa situación; y, al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional está esperando que este proyecto se apruebe para hacer un nuevo acuerdo con el gobierno uruguayo. Afortunadamente, el documento del Banco Mundial ahora se conoce en el país y todos sabemos su contenido. En este sentido, pregunto qué margen de maniobra le puede quedar a un gobierno que recibe ese acuerdo y en el que se dicen cosas como estas: evoluciones salariales con retraso con respecto a la inflación, caída de la inversión pública en un 30%, achicamiento del aparato del Estado, comprensión de la Seguridad Social. Aquí me voy a permitir una breve digresión porque quiero decirle a los señores senadores que el Banco Mundial se da el lujo de calificar como "tendencia demográfica adversa" a la alta esperanza de vida que tienen los uruguayos. Esta esperanza de vida, que se logró con mucho sacrificio de gobiernos y de políticas anteriores, y que alcanza hoy los 73 años de edad, para ese organismo es adversa o sea, es malo que los uruguayos vivan mucho tiempo; entonces, entre otras cosas, por esa llamada "tendencia demográfica adversa" hay que bajar los índices de la Seguridad Social, es decir, comprimir la asistencia o la participación del Estado en la atención de este derecho humano fundamental, que es el de disponer de un retiro decoroso después de una vida de trabajo.

Este documento del Banco Mundial establece absoluta liberalización -y lo subrayo- en materia de tasas de interés, tenencia y circulación de activos financieros para asegurar el carácter del país como plaza financiera.

Ese documento del Banco Mundial prevé soluciones para la banca gestionada, que tanto nos costó, que aunque parezca mentira incluyen una nueva inyección de fondos que hay que dar durante este período a dicha banca, por un valor de U$S 100:000.000, para hacerla rentable y atractiva a su reprivatización. Esos U$S 100:000.000 no los pondrá el Banco Mundial, sino que tendrá que hacerlo el Estado uruguayo.

Este documento que en ninguna frase habla -por más que hemos buscado con detención- de producción, de empleo, de tecnología, de ingreso, de distribución del ingreso, de calidad de vida, de educación, de salud, de vivienda, de cultura, nos dice, en cambio, algo que no quiero dejar de mencionar aquí, no sólo porque discrepo con ello -al igual que mis compañeros de la bancada del Frente Amplio- sino porque deseo ponerlo a consideración del Senado. El Banco Mundial dice que el Uruguay tiene las necesidades de un banquero y no las de un comerciante. Esto me parece una afirmación de tipo casi colonialista. Yo no quiero para mi país que un organismo internacional defina sus necesidades; mucho menos quiero tener futuro de banquero en lugar de futuro de comerciante, que es lo mismo que decir futuro de productor.

Este es el documento que hoy está en vigencia en el Uruguay; éste es el margen de maniobras que le deja a la política económica, a esa política económica que, entre otras cosas, ahora se conforma en su especificidad con este proyecto que se nos propone -y que estamos criticando- para acordar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, hoy la realidad uruguaya sigue desmintiendo a la teoría con cifras oficiales que quiero mencionar para que los señores senadores las tengan para su gobierno. Se trata de cifras del Banco Central.

Sólo voy a tomar el año en que se revirtió la tendencia, en la Administración del doctor Julio María Sanguinetti, en el que después de tres años consecutivos de baja de la inflación, ésta comenzó a "trepar" nuevamente. Se trata, como todos sabemos, del año 1988, en que todo se dio vuelta. En 1988, la inflación pasó de un 57% a un 69%, desde luego respecto al año 1987. El crecimiento fue de doce puntos. Quiero, señor Presidente y señores senadores, que se tenga en cuenta que en ese mismo momento estaban cayendo todas las variables monetarias del Gobierno del doctor Sanguinetti y, al mismo tiempo, también estaba cayendo la demanda interna del país. Exactamente al revés de lo que dice esta concepción económica.

Como es público y notorio, nosotros hemos tenido profundas diferencias con el Gobierno del doctor Sanguinetti y permanentemente las hemos expuesto, -creo que con lealtad- en el acierto o en el error, pero hay algo que compartimos de ese Gobierno: su disciplina monetaria. Fueron cinco años de disciplina monetaria; cinco años de cuidar ese aspecto particular de la disciplina monetaria, que es la emisión.

En materia monetaria, señor Presidente, las variables son muy complejas y no pueden ser analizadas con cierta frivolidad o superficialidad. Se habla, por ejemplo, de base monetaria. Voy a dar a los señores senadores una idea de lo complejo que es calcular la base monetaria. Aquí se habló de base monetaria sin definirla y ésta, por definición, son las reservas internacionales netas del Banco Central del Uruguay más el crédito interno neto del mismo. Esa base monetaria -definida como lo hace el Banco Central y como se define en economía- menos los depósitos a la vista en moneda nacional en el Banco Central, nos da el circulante fuera de dicha institución. El circulante fuera del Banco Central, menos el encaje que tienen en su poder los bancos comerciales, nos da el circulante en poder del público. Ese circulante en poder del público más los depósitos a la vista en los bancos comerciales, nos da la cantidad de dinero en circulación en la economía uruguaya. De manera -que no es cuestión de hablar simplemente, de base monetaria, sin tener en cuenta su definición precisa.

Pasaré a hablar, ahora, en términos bien sencillos y simples; lo anterior fue nada más que una prueba de que no es posible hablar con livianidad de variables complejas.

En el año 1988, la emisión cayó trece puntos porcentuales respecto a 1987 y la cantidad total de medios de pago en circulación -llamada en economía "MX1", con esa especie de código difícil que tienen los economistas y que debemos tratar de evitar a fin de discutir las esencias de las cosas- cayó cuatro puntos porcentuales, respecto al ritmo que traían anteriormente. No hay, entonces, correspondencia entre teoría y práctica o realidad. Cae el ritmo que traía la emisión, cae el ritmo que traía la disponibilidad de medios de pago en poder del público y la inflación salta doce puntos.

Por otra parte, la demanda interna de los uruguayos en 1988 -año en que empieza a revertirse este proceso- en su conjunto cae casi un 1% respecto al año anterior -según cifras del Banco Central del Uruguay- y el consumo privado -que es lo que importa, porque es un síntoma de cómo vive la gente- cae un 1.4%. Sin embargo, la inflación salta doce puntos. Rotundo mentís a la teoría en el momento en que se inicia la reversión inflacionaria; rotundo mentís a quienes insisten en manifestar que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y tiene una sola causa; estímulo a quienes creemos que, como todo fenómeno económico, es un fenómeno complejo que en cada país tiene, en buena medida, factores propios y que en cada país exige un análisis sereno, abierto, no dogmático, flexible y dispuesto a aceptar el debate y no a decir que lo único que crea inflación es el dinero. Es necesario sentarse alrededor de una mesa a examinar cifras y a expresar que tiene que ocurrir algo más, porque la realidad no se corresponde con la teoría. No podemos decir que si la realidad no se corresponde con la teoría es peor para la realidad; en todo caso, será peor para la teoría y tendremos que buscar otra que lea la realidad con rigurosidad, y que con matices, con antidogmatismos, sepa proponernos factores que la primera no tiene en cuenta. Si lo hacemos, percibiremos que la inflación uruguaya no fue dominada, como tampoco lo fue el déficit fiscal; que el financiamiento del déficit no se hizo en base a emisión -eso lo descartamos totalmente porque las cifras lo indican- y que el camino que prefirió el doctor Sanguinetti y su Gobierno fue el de endeudar al Estado con Bonos y Letras de Tesorería. No lo vamos a juzgar ahora, pero sí diremos que ha llegado a un límite peligroso que no conviene seguir recorriendo. Ambas cosas coexisten con una demanda interna que se viene deteriorando y que se seguirá deteriorando. Todo esto coexiste con una deuda externa en crecimiento -largamente en crecimiento- con estancamiento productivo y con una curiosa contradicción o paradoja -término este último tan utilizado reiteradamente en nuestro país- que se basa en el hecho de que Uruguay tiene hoy una muy desahogada posición de reservas internacionales. Recalco, que se trata de una situación muy desahogada. Personalmente he buscado antecedentes sobre esta postura, sobre esta realidad que hoy vivimos, y pienso que tendríamos que retrotraernos muy atrás en el tiempo para encontrar una posición similar a la que actualmente tiene el Uruguay.

Nuestro país cuenta no sólo con alrededor de 3:000.000 de onzas de oro sino que, además, tiene en caja del Banco Central U$S 465:000.000 de reservas internacionales, o sea, dinero efectivo. Sin duda, esta es una posición desahogada, extraordinariamente desahogada, producto de un país financiero que ha favorecido la entrada privilegiada de capital financiero, lo cual no es un secreto para nadie.

Precisamente por estas razones es que tenemos tantas reservas y estamos tan aliviados. A modo de ejemplo, podemos decir que los compromisos que tiene el Banco Central en 1990, suponiendo -y este supuesto no es válido- que tenga que pagar todos los Bonos y Letras que se le presentan a su cobro durante este año, ascenderían a una cifra de U$S 800:000.000 y ningún banco del mundo tiene un encaje de dólares 465:000.000 para responder a pasivos de U$S 800:000.000 ya que esto sería una locura, un absurdo económico.

Sin duda, el supuesto que he hecho es malo porque la historia indica que gran parte de esos Bonos y Letras habrán de renovarse, el Estado no va a tener que pagarlas, no será necesario que utilice un solo dólar para rescatarlas.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: he escuchado con mucha atención esta exposición que, en cierta forma, tuvimos oportunidad de oír en el seno de la Comisión de Hacienda. Simplemente, deseo hacer un breve comentario respecto de lo que acaba de manifestar el señor senador Astori sobre un aspecto que mencionó en la Comisión de Hacienda y que hoy vuelve a reiterar. Me refiero a la situación de encaje que tiene el Banco Central respecto de las obligaciones que el país debe afrontar en el corto plazo y que se sitúan en la cifra de U$S 800:000.000 para lo cual cuenta con U$S 465:000.000 en caja.

Personalmente discrepo -y deseo dejar constancia de ello- con la consideración de que no vamos a tener que hacer frente a los vencimientos porque es una costumbre de nuestro país que cuando necesitamos dinero podemos recurrir rápidamente a los mismos agentes que desde hace tiempo vienen confiando en la estabilidad económica de nuestra plaza, quienes vuelven a retomar las Letras y los Bonos, razón por la cual no tendríamos que hacernos cargo de dichos vencimientos. Pienso que es fácil comprobar que en los últimos quince o veinte días no ha habido tanta confianza sobre este procedimiento, y esto nace a raíz de que se ha manifestado la posibilidad relativamente cierta, de que los activos financieros -quizás deba decirse actividad financiera ya que nunca ha sido muy bien descripta y creo que el señor senador de Posadas Montero hace un momento manifestó claramente que ésta, en cuanto a actividad bancaria se refería, estaba fuertemente gravada en nuestro país- es decir, los depósitos que el agente tiene, pudieran ser gravados. Esto ha originado una serie de signos de interrogantes sobre la confianza que hasta hace poco había sobre el sistema uruguayo.

En consecuencia, esa confianza que hasta ahora ha llevado a que el Estado sin ningún tipo de problemas, cuando necesitaba algún recurso de Caja lo conseguía rápidamente mediante una emisión de Letras o Bonos del Tesoro -en caso de que fuera para obtener recursos a largo plazo- puede desaparecer repentinamente. Por lo tanto, esos U$S 800:000.000 de obligaciones, en el corto plazo, quizás se tengan que hacer efectivos y, en ese caso, no alcanzarían los famosos U$S 465:000.000 que al señor senador Astori le hacen pensar que el Banco Central ha adoptado una posición excesiva.

Era cuanto deseaba manifestar, por lo que agradezco la interrupción que me ha concedido el señor senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Agradezco el aporte realizado por el señor senador Raffo. Naturalmente, tenemos concepciones diferentes sobre este tema y pienso que el Uruguay, con una política económica distinta puede generar confianza en los compradores de Bonos y Letras de Tesorería como para que las renueven, aunque para ello es necesario dar señales claras de la política que se va a seguir.

Aclaro que cuando concedí la interrupción al señor senador Raffo estaba terminando la primera parte de mi análisis que doy por concluida. Esto es el planteamiento del contexto en que es necesario analizar esta política económica. Insisto, en que me refiero a la política económica y no al proyecto en cuestión, porque entrando en su análisis crítico, no voy a hacer referencia a aquél solamente, sino que voy a hacer su análisis conjuntamente con materias no legislativas, o sea, las medidas que no van a pasar por el Parlamento, porque son competencia del Poder Ejecutivo. De todas formas, debo hacer referencia a ellas porque tienen relación con toda esta política y nos van a permitir evaluar con toda rigurosidad la propuesta que se está haciendo. Sería relativamente castrante realizar un análisis del proyecto aislado, sin tener en cuenta la política tarifaria del Gobierno ni las disposiciones tributarias que no tienen que venir al Parlamento, pero que es de fundamental importancia considerar.

Además, me permitiría decir -aunque no me voy a extender demasiado- que tampoco es independiente esta propuesta, del proyecto que sobre seguridad social ya ha llegado al Parlamento, puesto que forma parte de toda una concepción económica y social del país.

De todas formas, dentro de este marco queremos manifestar en primer lugar, que esta política económica que se nos propone -y de la cual un ingrediente fundamental pero no el único es el proyecto llamado de ajuste fiscal- vuelve nuevamente a insistir en la identificación de la inflación como nuestro principal problema, al déficit como única causa y no hay, por el contrario -contrastando con esto- referencia alguna a los temas de la producción, su endeudamiento, la tecnología, la inversión productiva, la necesidad de importar para crecer, ni a la inserción comercial del país.

Sé que el Gobierno anuncia medidas para una segunda etapa que no conocemos. Esto ha sido dicho a través de una frase sintética en la que se expresa que es necesario este trago amargo, porque después vendrán tiempos mejores, con otras medidas que estimularán a la producción. Quiero señalar que no voy a ignorar este anuncio del Gobierno, aunque, aclaro, que no lo voy a analizar porque no sé en que consiste. Pero lo más importante que quiero señalar es que no lo voy a tener en cuenta, porque considero que si se practica esta política se van a producir daños irreparables, para los cuales no habrá ni segunda, ni tercera, ni cuarta etapas.

Sencillamente, no va a ser posible corregirla porque no van a existir esas situaciones.

Yo he puesto aquí el ejemplo de la situación irreparable que nos plantea la producción endeudada y la que habrá de quebrar. El señor senador de Posadas Montero me señalaba algunas contradicciones respecto a una propuesta nuestra que ya tendré oportunidad de aclarar más adelante. Por ahora voy diciendo que para nosotros el endeudamiento interno es una cosa muy heterogénea y que tampoco es ocioso analizarlo en su composición.

La deuda interna del Uruguay ha alcanzado los U$S 2.600:000.000, la mitad de la cual está concentrada en 100 grupos económicos, es decir, el 50% de la deuda, y la otra mitad está desperdigada en pequeños y medianos montos a lo largo de todo el agro, de toda la industria y de todo el comercio nacional. Yo creo que nosotros tenemos que saber distinguir esta situación, sobre todo para analizar si hay o no contradicción entre diagnóstico y propuesta.

A mí me preocupa -lo digo claramente- el daño irreparable que esto le pueda provocar al pequeño y al mediano productor, al pequeño y al mediano comerciante, al pequeño y al mediano industrial, de esos que por miles y con su esfuerzo y energía de todos los días hacen el Uruguay; el tallerista, el productor rural, el que hace comercio, el que vuelca toda su energía, que muchas veces es pequeña, que responde a una dimensión económica escasa, al servicio de su trabajo, el de su familia y el crecimiento productivo del país.

Eso me preocupa y veo en eso una potencialidad importante de daño irreparable. Para mí es un daño irreparable el mercado internacional que se pierde en el exterior, y que luego, perdiéndolo en el curso de pocas horas no se puede recuperar sino, a veces, en cuatro o cinco años. Para mí es un daño irreparable que un joven uruguayo abandone el país, sobre todo después de que tantos miles lo han hecho. Para mí es un daño irreparable que nos sigamos vaciando ante la falta de perspectivas, porque estos jóvenes se van para no volver o, al menos, para no volver en un horizonte razonable de tiempo.

La experiencia indica que no vuelven y ese es un daño irreparable.

Por eso, sin desatender que puedan haber otras propuestas en el futuro, el tema que ahora me preocupa son los efectos de este paso, porque yo quiero que haya producción para estimular en el futuro, quiero que hayan jóvenes en el país para darles trabajo. Y creo que también sería un daño irreparable la salud que se pierde, la calidad de vida que se deteriora irreversiblemente para muchas familias del país. Yo quiero que en el futuro haya salud que atender, quiero que en el futuro haya educación que mejorar y viviendas que construir, pero ello exige no dar pasos ahora que nos lleven a situaciones irreversibles.

A nosotros nos parece que este proyecto y la política en que se enmarca, pueden producir situaciones irreversibles, y que de hecho las van a producir. Las van a producir, en primer lugar, por su carácter absolutamente drástico, que en el diccionario de la Real Academia es sinónimo de draconiano. Bajar el déficit fiscal de 7.5%, en 9 meses, al 2.5% es una propuesta que nunca se había hecho en el Uruguay. Es más; creo que no se hizo en ningún país de América Latina en el curso del proceso de renegociación de la deuda externa. Nunca se había realizado una propuesta de ese tipo. Yo la juzgo a la luz de lo que son las exigencias del Fondo Monetario en la materia en la América Latina en el Uruguay. El Fondo Monetario le ha aceptado al Gobierno uruguayo déficit fiscales del 4%. Se lo aceptó a la Administración del doctor Sanguinetti no hace muchos años. Estoy seguro que podría volver a hacerlo si es que se quiere seguir negociando con el Fondo Monetario, porque no conozco situaciones comparables de tanta intensidad en el asunto, no conozco ningún antecedente. En un período extraordinariamente corto -restan 9 meses de 1990, ni siquiera un año para hacer el ajuste- se propone esa meta para 1990.

Entonces, señor Presidente, estimados colegas integrantes del Cuerpo, mi definición de ajuste drástico es en comparación con esto que llamo exigencias normales.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano para una moción de orden.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Nuevamente quiero agradecerle al Cuerpo su generosidad y declaro que me voy a extralimitar, voy a abusar de la amabilidad en estos treinta minutos que me quedan. Yo pensaba que podría disponer de más en el día de hoy. Abuso de la generosidad del Cuerpo agradeciendo que no se me interrumpa a efectos de realizar una exposición fluida en esos treinta minutos, conducta que he seguido con los expositores que han hablado en nombre de la mayoría. No quiero coartar a nadie, pero creo que en el debate habrá oportunidad de cambiar opiniones; de modo que solicitaría, reitero, que se me permitiera utilizar en términos netos estos treinta minutos. Desde ya muchas gracias a todos -reitero- por la amabilidad.

Creemos que por las razones expuestas, el ajuste es drástico y se extralimita en su propuesta acerca del déficit. Esto lo lego con la situación de daños irreparables a que me refería recién. Aún dentro de esta concepción podría concebirse una tesis más moderada, más gradualista. Esto lo quiero señalar al pasar porque tiene que ver con el tema de los daños irreparables.

Nosotros creemos que esta política económica y en particular este proyecto, están contradiciendo sus propios objetivos declarados. Habrá de ser fuertemente, fortísimamente inflacionaria en el Uruguay, entendiendo la inflación como aumento sostenido y desordenado -me permitiría agregar- de precios.

La inflación, señor Presidente, no es sólo un incremento en los precios absolutos de los bienes, también es una modificación en sus precios relativos. Esto es, lo que vale el trigo en términos de la leche, lo que vale la leche en términos de la cebada, lo que los tres artículos anteriores valen en términos de un vehículo automotor, lo que el vehículo automotor vale en términos de un producto textil. La inflación desordena estas relaciones de precios, además de generar aumentos sostenidos en los precios absolutos.

Creemos que esta política habrá de ser inflacionaria por lo menos por cuatro razones que voy a exponer y que al hacerlo cumplen con nuestra obligación de exponer al mismo tiempo nuestra concepción de la inflación. Reitero que es más compleja que la que dice que sólo se provoca por déficit fiscal y que sobre todo recoge la experiencia nacional, esa que todos tenemos la obligación de observar para elaborar teorías y hacer recomendaciones de política. En primer lugar, va a haber inflación por el incremento de los costos y traslados de estos a los precios, sobre todo en aquellos ámbitos del mercado cuya demanda es más rígida y va a admitir aumentos de precios.

El caso más elemental que pongo como ejemplo es el de los alimentos, que castigará más a la población, porque la gente tendrá que seguir alimentándose. Los alimentos pesan el 47% en la canasta familiar de la población uruguaya y, por lo tanto, pesan eso en el cálculo de la inflación.

El señor senador de Posadas Montero derivaba de esto, en un peculiar interpretación, de que nosotros recomendábamos desindexar los salarios. Nosotros nunca hemos recomendado tal cosa. Al contrario, defendemos el poder adquisitivo de los salarios, pero sí decimos que los costos de producción se van a trasmitir a los precios en la producción de los alimentos. Se van a trasmitir, por lo menos, por seis vías diferentes; seis vías que operan en conjunto, no por separado.

Primero, tasas de interés al alza, que son costos de producción.

Segundo, tarifas, que ya han empezado a aumentar particularmente en el caso de bienes centrales de la economía uruguaya, como son los combustibles.

Tercero, por el incremento de los aportes patronales a la Seguridad Social.

Cuarto, por el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio. Sí, señores senadores, es un impuesto directo, pero que en el Uruguay se traslada a los precios por la forma de liquidación que tiene. No es lineal la diferencia entre impuesto directo e indirecto y su carácter trasladable a precios.

Es necesario analizar cada tributo, ver cómo se liquida y qué efecto tiene en cada economía, para saber si es trasladable o no a los precios. El Impuesto a la Renta de Industria y Comercio es trasladable a los precios.

También, por aumento del recargo a las importaciones, que el Ministro anunció, aunque todavía no puso en práctica, pero que será de 3% para todos los productos importados por el país. Esto aumentará costos y es inflacionario.

Y finalmente, por el incremento del IMESI que el propio señor Ministro anuncia -estoy hablando, en este momento, en base a los anuncios que el señor Ministro realizó en la Comisión de Hacienda del Senado- y que grava a los combustibles. Sólo por esta vía va a significar un rápido incremento inflacionario.

Esta es sólo la primera razón del carácter inflacionario de esta política, porque además va a haber un incremento automático, casi, de los precios por la vía del IVA, ya inmediatamente.

Además, habrá un incremento inflacionario, porque seguramente la moneda uruguaya va a tener que ser devaluada a mayor velocidad para responder al incremento de los precios internos.

Esa mayor devaluación generará nuevos costos de producción creándose en una segunda etapa, generándose así una suerte de bola de nieve, que, desde el punto de vista de los costos, será imparable.

Creemos que también habrá impacto inflacionario por todas las expectativas y conductas inflacionarias que esta situación va a generar. Conductas inflacionarias, a veces, e gente poderosa y otras, de gente humilde, que en la medida de cada uno, tienen su peso. Los poderosos, seguramente especulando, sobreprotegiéndose, aumentando los precios más allá de lo que necesitan, ya que no hay control. Y los humildes, tratando de comprar tres kilos de arroz en lugar de uno, porque pensarán en lo que va a costar dentro de tres meses. Esto, humildemente, también es conducta inflacionaria, legítimamente adoptada, pero conducta inflacionaria al fin.

Se ha hablado mucho del impacto inflacionario que ha tenido el mes de marzo en la economía uruguaya. Quiero decir que esta discusión ha originado, por lo menos, una parte de ese incremento inflacionario; esta discusión del proyecto de ajuste fiscal.

Quiero sostener la hipótesis, sobre todo para la reflexión -no lo puedo demostrar- de que esta discusión está preparando a los agentes económicos para una mayor inflación. Ya se empezaron a comportar en forma inflacionaria. No me van a decir ahora que el gobierno emitió este mes para aumentar la inflación o que hubo un déficit fiscal que creció este mes. Todos sabemos que en enero hubo superávit fiscal en el país, no déficit. Y en febrero, las cuentas estuvieron equilibradas. Sin embargo, la inflación sigue aumentando, no sólo desmintiendo a la teoría, mes a mes, sino diciendo que hay otros factores que juegan.

Entre esos factores, señor Presidente, está esta discusión que aquí estamos teniendo hoy y que el público sigue con atención, adoptando las medidas que cree convenientes, tomadas en el marco de la economía en que se está actuando.

Dejo para la reflexión la hipótesis de que esto ha hecho aumentar la inflación en el país, al menos en una parte importante del incremento de marzo.

Por otra parte, nosotros creemos que esta política castiga, especialmente, a la producción. Lo hace, sobre todo en aquellos aspectos, sectores o mercados en que no es fácil aumentar precios. El primero de ellos es el exportador -no estoy diciendo aquí, como me atribuyó el señor senador de Posadas Montero- que en ningún caso pueda aumentar sus precios. Jamás lo he dicho. He expresado que no es un secreto para ningún uruguayo que nosotros no fijamos los precios de nuestras exportaciones, sino que nos los fijan de afuera. Esto ha sido así durante toda nuestra historia. No me detengo en las excepciones, sino que me concentro en la regla general.

Así como se han citado opiniones en Sala, acerca de diversos dirigentes de entidades representativas que nos visitaron en la Comisión de Hacienda, voy a citar al señor contador Franco, representante de la Unión de Exportadores, que señaló claramente en Comisión según consta en versión taquigráfica, que los costos de producción se incrementarían de un día para otro entre 7 y 10% para algunas empresas líderes que son las que importan a los efectos de esta discusión, y que con ese incremento de costos pierden el mercado indefectiblemente.

Me remito a esa opinión con la que concuerdo totalmente y señalo que esto es un grave daño a la producción uruguaya, a la que, también, se le va a hacer daño cayendo sobre situaciones graves de endeudamiento como ya expliqué. No porque haya dicho -que no lo dije- que van a quebrar todos, sino porque dije -lo digo ahora- que esto puede traer daños irreparables a miles y miles de pequeños y medianos productores del agro, industriales de la ciudad y comerciantes de todo el país.

Este proyecto agranda, sin ningún tipo de dudas, la brecha entre rentabilidad productiva y rentabilidad financiera. Sobre esto no podemos tener dudas.

Quiero aprovechar el momento para contestarle al señor senador de Posadas Montero cuando dijo que el sector financiero paga impuesto, desmitiendo nuestra afirmación de que es permanentemente premiado. Me pareció que definía al sector financiero, diciendo que pagaba impuestos, como si fueran las empresas del sector financiero. Quiero aclarar que para nosotros el sistema financiero no son las empresas del sistema financiero, son todos los depositantes, todos los compradores de bonos y letras. Esto es sistema financiero. La riqueza que en su conjunto se vuelca a la adquisición de valores financieros o a la realización de depósitos en los bancos; no las empresas que intermedian. Esa es una pequeña parte, incluso no relevante del sistema financiero, desde este punto de vista. El sistema financiero son los titulares de los U$S 4.000:000.000 depositados en los bancos que no pagan un peso de impuesto; sistema financiero son los tenedores de los U$S 1.970:000.000 de Bonos y Letras de Tesorería en moneda extranjera dólares, en moneda extranjera marcos y en moneda nacional que están circulando en plaza.

Todo eso es sistema financiero y eso no paga impuesto. No paga un peso de impuesto.

Entonces, la brecha entre rentabilidad productiva y rentabilidad financiera se agranda, y esto le hará un grave daño a la producción del país.

Creemos que este proyecto no encara bien el tema fiscal, porque sólo considera el déficit del gobierno y no el parafiscal, que es la materia principal donde se encuentra -a su vez- el factor relevante de gasto público en este país.

Todos convenimos en la necesidad de bajar el gasto público. El principal gasto público es el pago de intereses, lo que en este proyecto permanece absolutamente intocado. Reitero: ahí está la gran materia del gasto público, ahí hay que concentrar la atención.

Por otra parte, este proyecto comprime salarios e inversión pública, como ha sido anunciado; no es bueno para la demanda interna ni para el nivel de actividad. Y si no es bueno para el nivel de actividad, apuesta a una recaudación que no va a obtener, porque en su inmensa mayoría, esa recaudación depende del citado nivel.

Entendemos, entonces, que no sólo no obtendrá esa recaudación, sino que -y esperamos en algún momento tener la oportunidad de poner ejemplos- promoverá la más grande evasión fiscal de toda la historia del país, y la invención de nuevos métodos para tal fin. Me gustaría tener ocasión, en el curso del debate, de dar algunos ejemplos numéricos sobre las nuevas formas de evasión fiscal que va a desencadenar este proyecto.

Este proyecto es extraordinariamente negativo para los más humildes, en primer lugar, porque experimentarán un impacto automático y negativo en sus retribuciones salarios y pasividades y, en segundo lugar, porque al provocar mayor inflación esos ingresos, que sufrieron primero una rebaja automática por la vía de los tributos, perderán además su poder adquisitivo -sólo por el impacto inflacionario que habrá de ocurrir en el país- y con ello empeorará la calidad de vida de los uruguayos.

En un pasaje de su intervención, el señor senador de Posadas Montero dijo que prefería no hablar de la calidad de vida; yo, en cambio, prefiero hacerlo, porque no sólo habrá de empeorarse si todo esto sigue adelante, sino que también nos traerá conflictividad social, algo que nadie desea en el país. Obviamente, ese clima de conflicto será negativo para el país y para la convivencia democrática que todos amamos. Por eso prefiero hablar del tema y plantearlo con el mayor énfasis de que sea capaz, con la mayor elocuencia que pueda tener.

El Uruguay se ha empobrecido, y los humildes son los que más lo han hecho. Hay 700.000 pobres en nuestro país, según lo que señalan al respecto las Naciones Unidas, encontrándose por debajo de la línea de pobreza. Y si esta política sigue adelante sólo puede esperarse que esa situación empeore gravemente; y reitero; no sólo por el impuesto a los sueldos y por el destino de la pasividad que está atada a la del salario -como todos sabemos- sino también por la inflación desbordante que esta política habrá de desencadenar, a pesar de que dice combatirla.

Voy a emplear los pocos minutos que me restan del término de que dispongo, en hacer algunas apreciaciones sobre nuestros criterios para encarar la política económica, con una doble esperanza; en primer lugar, la de que los señores senadores puedan tener oportunidad de leer nuestro informe en el que está expuesta con mayor rigurosidad y, en segundo término, la de que en otros tramos del debate, por la vía quizás de interrupciones, el que habla pueda hacer algunas aclaraciones que los compañeros del Cuerpo entiendan pertinente que realice. Pero quiero comenzar señalando que tenemos una concepción absolutamente contrastante con ésta, desde el punto de partida. No creemos que el déficit y la inflación provoquen caída de la producción, del empleo, problemas tecnológicos, falta de mercados y estancamiento productivo. Entendemos, por el contrario, que es esto lo que produce déficit fiscal e inflación. Por lo tanto, no podemos aceptar que el médico atienda al enfermo solamente reprimiendo sus síntomas y no abordando sus causas.

Consideramos prioritario impulsar una política de crecimiento productivo ya, en este momento, con todas las armas de que el país pueda disponer; incrementar el empleo y el nivel de actividad interno, a través de un impulso a la demanda interna y no de una comprensión de la misma; abordar el tema productivo, atendiendo las claras prioridades, posibilidades y riqueza indesmentida de recursos que el país tiene en su agro y en su industria pero particularmente en su agro, porque en 1990, la producción agropecuaria -según nuestros cálculos, bien apoyada- puede llegar a crecer hasta un 4%, si dispone de una política que la apoye y la estimule.

Quiero señalar, señor Presidente, que ese es nuestro punto de partida y que esto no significa planear alegremente sobre el déficit fiscal y olvidarse de la inflación, sino abordar la inflación y el déficit, naturalmente desde el punto de vista de nuestra concepción -que no es la del Fondo Monetario Internacional- en el marco de una política de reactivación productiva. No proponemos cruzarnos de brazos ante el déficit fiscal y la inflación, pero sí sugerimos atacarlos de una manera diferente a como quiere hacerlo el Gobierno, porque entendemos que hay maneras distintas. Ahora bien, para practicarlas, hay que partir de otra política económica, porque de lo contrario entramos en contradicción. Si ponemos en práctica medidas incoherentes con la concepción económica, conduciremos al país al caos. Pero sobre la base de una política económica que plantee claramente que la única forma de erradicar la inflación en el Uruguay es crecer y romper el estancamiento productivo, creo absolutamente posible encontrar ya en 1990 una manera de abordar el tema fiscal y el de la inflación.

Por eso, en nuestra propuesta hablamos de fórmulas de crédito para impulsar actividades productivas y de soluciones al endeudamiento de pequeños y medianos productores. Cuando hablamos de cobro compulsivo de la Cartera comprada -y aprovecho para aclarar una supuesta contradicción que me señaló el señor senador de Posadas Montero- estamos refiriéndonos a la Cartera comprada por el Banco Central del Uruguay y actualmente en poder del Banco de la República. Entonces, no se trata de cualquier deuda interna, sino de aquella que está más concentrada, aquella que responde a un grupo muy reducido de intereses económicos, que tienen deuda absolutamente inviable en este momento y que están haciendo que el Estado uruguayo pierda mucho dinero.

No hay ninguna contradicción entre proponer cobro compulsivo de Cartera comprada y pedir soluciones al endeudamiento; hay coherencia absoluta, sencillamente porque la deuda interna tiene diferentes componentes. Y esto tiene que quedar claro: para nosotros ambas son medidas importantes desde el punto de vista productivo, porque -entre otras cosas- la Cartera comprada tiene paralizados recursos extraordinariamente importantes del país, como son por ejemplo los que tienen que ver con algunos frigoríficos que hoy no funcionan porque el deudor no paga y porque no se pone en práctica ninguna medida, ni siquiera para permitir la sustitución del deudor y que se pueda reabrir las puertas de esa industria y generar empleo para la población uruguaya.

Nosotros creemos, señor Presidente -y entro al tramo final de mi exposición- que si se parte de estos criterios el Uruguay puede, efectivamente, diseñar una política que en este contexto ataque el tema fiscal. Pero debe comenzar por hacerlo en su principal componente, su principal factor de gastos: los intereses que se están pagando al exterior. Uruguay es uno de los únicos tres países de América Latina que, al presente, ha pagado hasta el último dólar por concepto de intereses. Los tres países a que me refería son Uruguay, Chile y Colombia; ningún otro país pagó hasta ahora, repito, la totalidad de sus intereses, sencillamente, porque no pudo.

Pues bien, si estamos en emergencia, tratando este proyecto con la urgencia con que lo estamos haciendo, si estamos en tan delicada situación, no podemos pagar este año U$S 180:000.000 a los bancos privados del exterior. No podemos hacerlo.

El señor senador de Posadas Montero decía "Así les ha ido a los países que lo hicieron". Y contesto que si así les fue, ello ocurrió no por dejar de pagar los intereses, sino por no poner en práctica una política distinta junto a la reducción del pago de los intereses porque, desde este punto de vista estrictamente considerado -y lo digo con la mayor responsabilidad- ningún país de América Latina recibió medidas compulsivas de sus acreedores por dejar de pagar los intereses; reitero, absolutamente ninguno. Los acreedores han tenido una política tibia ante la reducción unilateral de los intereses; y esto es así porque saben que no es posible adoptar otra actitud. Y ven que no es posible adoptar otra actitud por opiniones como las que voy a citar inmediatamente. Tengo en mi poder el diario "El País" del día de hoy, 26 de marzo de 1990, en el que aparece un cable de la Agencia ANSA que toma nota de la opinión de un ciudadano norteamericano que dice que las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional son "píldoras del suicidio". Dicho ciudadano es el Vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, y acaba de hacer esta declaración al regreso de su gira por América Latina. Señaló que no hubo gobernante alguno de América Latina entrevistado que no le haya dicho que esta política lleva a la ruina. Además, manifestó, entre otras cosas, que estamos al borde de perder el debate económico, siendo que estamos a punto de ganar el debate ideológico. Y estamos a punto de perder el debate económico porque estas recetas han arruinado a América Latina.

Mientras existan -y van a seguir existiendo- opiniones como éstas, los bancos no van a ejecutar deudores, porque, entre otras cosas, hace cinco años que tienen reservas para prever estas situaciones. Los doce mayores bancos de los Estados Unidos, principales acreedores de nuestros países, ya se han cubierto contra este riesgo. Lo ha dicho, además un respetado Premio Nobel de Economía de los Estados Unidos, asesor del Presidente John Kennedy, y fue recogido por la prensa uruguaya hace pocos meses. Se llama John Kenneth Galbraith y dijo que propuestas como las que ahora siguen haciendo el Fondo Monetario Internacional y los acreedores no son otra cosa que la estrategia para seguir postergando el momento en que irremediablemente todos habremos de reconocer que la deuda no habrá de ser pagada.

Mientras existan opiniones como éstas en el seno de la nación acreedora, de la nación de origen de los acreedores, sabemos que habrá confrontación de intereses dentro de aquélla. Sabemos que los productores de los Estados Unidos estarán en contra de los bancos porque nos han sacado todo lo que teníamos, y ya no podremos ni siquiera importar de los Estados Unidos y mucho menos traer inversión extranjera. Siempre que exista esa confrontación de intereses allí, nuestro país tendrá que usar el camino nacional y decirle a los acreedores: Señores, si mi deuda externa vale, según el mercado financiero, la mitad de lo que ustedes creen, voy a pagar intereses por esa mitad. A ningún país de América Latina le ha ocurrido absolutamente nada por tomar una decisión de este tipo; lo que sucedió fue por otros motivos que, si se desea, discutiremos más adelante.

Sin duda, señor Presidente, queremos otro sistema tributario y si lleva tiempo, con más razón, ya tenemos que ponerlo en práctica en este momento porque el sistema actual del país es lo más injusto que se pueda concebir. No existe en ningún país capitalista avanzado del mundo este sistema tributario que premia al que no produce y castiga al que produce; que castiga con igual vara o intensidad a todos los integrantes de una población, tengan la capacidad contributiva que tengan.

Por estas razones creemos en el Impuesto a la Renta a las personas físicas; en la recomendación de las Naciones Unidas a la Administración anterior y en el proyecto que dicho organismo propuso al gobierno uruguayo -que lo hacemos nuestro- en un Impuesto al Patrimonio donde, como en cualquier país del mundo, estén las colocaciones financieras; en un Impuesto a la Renta que no sólo grave a la venta productiva, sino también a la financiera; en un Impuesto a las Herencias que con los dos anteriores globalice al sistema, lo personalice, lo controle y le diga a los productores uruguayos, que en el futuro van a estar aportando según sus capacidades, que pueden trabajar tranquilos y que no se van a fundir para que los especuladores sigan ganando.

Esas son las señales claras que hay que trasmitir de aquí en adelante en el Uruguay; esas son las señales claras que hay que darle a nuestra sociedad como principal medida de combate a la inflación y al déficit.

Sé que mi tiempo ha terminado y no quiero abusar de la generosidad del Senado; pero sé también que por el tiempo disponible no he podido referirme a aspectos de detalle que, inclusive, han sido planteados en esta Sala. Sin embargo, tengo la esperanza de poder referirme en el curso del debate, a aquello que no he contestado.

He sentido la necesidad de hacer esta introducción que considero importante porque, señor Presidente, de otro modo perderían el sentido muchos de los conceptos que aquí, junto a mis compañeros de bancada, quiero defender.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: obvio es señalar que estamos ante una instancia especial para el Parlamento nacional, como especial, singular y difícil es la situación económico-financiera del país, fundamentalmente la económica.

En la situación en que el Partido Nacional encuentra a la República al obtener el reciente triunfo electoral, se constató de inmediato que el estado económico-financiero es mucho más grave de lo que habíamos imaginado antes de las elecciones.

Apenas se llega a disponer por parte de los nuevos gobernantes de los elementos de juicio necesarios, la constatación surge con una fuerza desconocida, señalando la cruda y dolorosa realidad por la que atraviesa la República.

Y es entonces, que el Gobierno propone y acuerda la necesidad de un ajuste impuesto por la gravísima situación que ya he mencionado y que puede sintetizarse, en un aspecto, de surgimiento reciente y por otro más distante en el tiempo.

Una de las obligaciones perentorias que tiene el Gobierno es, nada más ni nada menos, que cumplir con la Constitución de la República en lo que tiene que ver con la reforma aprobada en la última elección, que modifica el régimen de pasividades y que le insume un gasto imprevisto anual de casi U$S 170:000.000. La otra es el fuerte -fortísimo, diría yo- déficit fiscal en que el Gobierno encontró sumida a la República. Si hubiera que señalar responsabilidades por esta situación -como siempre conviene hacerlo, porque estas cosas no surgen por generación espontánea- diríamos, en primer término, que hay una decisión popular, equivocada o no, que genera este gasto extraordinario al que tiene que responder el Gobierno para cumplir con el deber de cualquier gobernante, que es respetar lo que manda la Constitución de la República. El déficit fiscal tiene sus directos responsables en los gobernantes del período que ha fenecido recientemente. Ese gobierno le dejó al país la herencia de U$S 550:000.000 de déficit fiscal, cifra que naturalmente el Partido Colorado se cuidó de no mencionar antes de las elecciones por razones obvias y que hemos llegado a conocer en toda su magnitud cuando el Partido Nacional asumió la responsabilidad de Gobierno. Y es éste quien debe financiar, entonces, este desajuste de U$S 170:000.000 para reformar el régimen de pasividades y de U$S 550:000.000 para enjugar el déficit fiscal.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: el Partido Colorado no puede tener la culpa de los elementos que determinaron el déficit fiscal. Al Partido Colorado no se le puede achacar que se haya producido una sequía cuyos efectos deberemos sufrir por mucho tiempo todavía; al Partido Colorado no se le puede asignar la responsabilidad de que hayan caído verticalmente los precios y de que en la Argentina y en otro país vecino se haya entrado en una crisis insuperable. Al Partido Colorado no se le puede imputar -por lo menos al sector del ex-Presidente de la República y del candidato de ese sector- que se haya producido una reforma de la Constitución que implique el gasto extraordinario a que alude el señor senador. El Partido Colorado no tiene la culpa de las circunstancias que determinaron el aumento del déficit ni de las obligaciones del Estado. El Partido Colorado no puede tener la culpa de haber tenido que venir aquí -en el caso de que hubiera ganado la elección- a discutir en el Senado una situación similar a la que se está discutiendo; se trata de factores que actuaron al margen de la voluntad del Gobierno y que éste nunca negó. Ni el Partido Colorado, ni ninguno de sus representantes en las tribunas políticas durante el período anterior a la elección dijeron que no existía tal inflación, que no existía tal déficit o que no existían tales obligaciones del Estado. Inclusive, previno al electorado del hecho de que se votara la reforma constitucional que modificaría el régimen pensionario; lo puso sobre aviso en cuanto a que ello significaría una carga irresistible.

Nuestro candidato llegó a decir que prefería perder la elección antes que ocultar al electorado lo que ocurriría con una eventual reforma constitucional.

De manera que el Partido Colorado no tiene responsabilidad por las cosas que ocurrieron; no podía tomar otras medidas porque no sabía -no podía saber- cuál era la situación que se iba a plantear después de la elección. Una vez que pierde las elecciones, advierte de inmediato al Partido vencedor y a sus representantes del gobierno, cuáles son, al detalle, las circunstancias de carácter económico-financiero que afectan a la República.

El Partido Colorado vota en cualquier momento y circunstancia un ajuste fiscal -bien o mal pensado; bien o mal instrumentado- con el exclusivo propósito de buscar una solución para evitar el caos en el país. Reitero que de esta situación, nuestro Partido no es responsable; responsabilidad tendríamos si negáramos la situación que se ha planteado. No sólo no la negamos sino que, sin medir costo de clase alguna, ni político ni social, hemos cooperado por intermedio de nuestros representantes en la Comisión de Hacienda y aquí en el Senado, con nuestros votos afirmativos, en encontrar una solución para una crisis muy difícil, en cuya profundidad y trascendencia todos coinciden.

Agradezco al señor senador Pereyra la interrupción que me ha concedido, porque creo que estas puntualizaciones eran indispensables.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: hay una mala interpretación -para empezar a responder- por parte del señor senador Cigliuti. En ningún momento dije que el Partido Colorado fuera responsable de la aprobación de la reforma constitucional que establece un nuevo régimen de pasividades. Responsables serán los que votaron -y votó parte del Partido Colorado y otros Partidos políticos- o sea, en última instancia, la ciudadanía. No culpé al Partido Colorado de ser el responsable de la necesidad de U$S 170:000.000 para pagar la reforma constitucional; de eso no. Dije, sí, que por haber sido el Partido administrador del período anterior -el Partido de Gobierno- era responsable del déficit fiscal, como sucede siempre, porque, sin ser técnico, se sabe que un déficit se produce porque se gasta más de lo previsto o porque se recauda menos de lo previsto. Si se gastó más, constituyó un acto de irresponsabilidad, salvo causas muy justificadas que no pueden alcanzar este volumen de U$S 550:000.000. Y si se recaudó menos, fue porque se toleró una defraudación fiscal que todo el mundo hoy conoce y valora. De manera que mantengo lo dicho, en lo que tiene que ver con ese aspecto, en los términos que he señalado.

De la necesidad del ajuste, en virtud de la situación, creo que nadie tiene dudas. Hemos oído hablar a partidarios y a contrarios del Gobierno, a partidarios de este ajuste y a contrarios a él, acerca de que un ajuste resulta absolutamente necesario, dada la grave situación en que se encuentran las finanzas públicas. Así lo manifestó el señor Presidente de la República en las primeras conversaciones que se mantuvieron dentro del Partido Nacional, antes de asumir el Gobierno y ya conocido, como es natural, el resultado de las elecciones. Se habló y se pactó la necesidad de un ajuste; lo que no se estableció en aquel momento y nos ha permitido formular discrepancias, es a qué fuentes impositivas se iba a recurrir para llevarlo a la práctica.

Fue así que el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de acuerdo a lo que consideró, a su juicio, era la mejor manera de hacerlo, o sea, recurriendo a ciertas fuentes impositivas: el aumento del IVA en un punto; un adicional especial por un año a la Contribución Inmobiliaria; un Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias; un incremento del aporte patronal al Banco de Previsión Social en un 3.5%; un nuevo régimen también de aumento para los patronos rurales; Impuesto a la Retribución de Empleados, Jubilados y Pensionistas y un aumento del IRIC, del IMAGRO y del IRA. En todos estos impuestos se basa el ajuste fiscal.

Tengo que señalar, con la responsabilidad con que acostumbro a hablar, que discrepo con algunas de las fuentes impositivas buscadas y encontradas por el Gobierno porque, tal como lo hemos señalado mucho antes de las elecciones, durante la campaña electoral, y lo reiteramos hoy desde esta banca, creemos que no se puede seguir aumentando los impuestos al consumo que ya abarcan un porcentaje enorme de la carga tributaria que soporta el pueblo uruguayo. En ese sentido, pensamos que el aumento del IVA no debió producirse de no encontrarnos ante una verdadera situación de necesidad de obtener con urgencia los recursos ya que constituye la única vía para lograrlo.

No puedo ocultar, porque no sería honesto, que en el año 1987, en el momento de la revaluación de pasividades, cuando otras fuerzas políticas que integran este Cuerpo, votaron un aumento del IVA para su financiación, los integrantes del Partido Nacional no lo apoyamos. No lo hicimos por mantenernos consecuentes con la política de no incrementar los impuestos al consumo. De manera que mal puede sorprender que hoy digamos que si se ha recurrido a él se ha hecho con verdadero disgusto, y que las cifras reales manejadas en principio fueron abatidas, precisamente, por esta convicción que tuvimos y hoy mantenemos los demás integrantes del Partido Nacional. En un primer momento se entendió que para la necesidad del Erario y para las necesidades que significaban el enjugamiento de estas dos obligaciones, era menester un aumento de hasta 5 puntos en el IVA. La solución a la que se llegó finalmente fue el aumento de un punto, lo cual, fue el mínimo que pudo hacerse y significará una recaudación inmediata realizada, naturalmente, a nuestro disgusto pero respondiendo a un verdadero estado de necesidad.

También señalamos, y hoy lo mantenemos, que somos partidarios de una imposición de carácter finalista; finalista en varios sentidos. Finalista en el sentido de llegar al estado de justicia al que es necesario, máxime cuando todos hemos comprobado la injusticia que representa el régimen impositivo actual. Me refiero a la justicia que nos lleva a pensar en la necesidad de gravar la riqueza en si misma; a la justicia que nos lleva a señalar que aquellos que más tienen son los que deben cargar con la mayor parte de las aportaciones al Estado.

Asimismo, también hemos manifestado nuestra predilección por el Impuesto a la Renta y, en esto, no inventamos nada que sea ajeno al Partido Nacional.

En el Programa Unico de Gobierno de nuestro Partido, se establece en el Capítulo VIII, lo siguiente: "Las rentas deberán ser la base de la tributación que otorgue a todo el sistema el componente de finalismo que permita una justa aplicación de la presión fiscal". Es asumiendo este concepto que el Movimiento de Rocha en su propuesta entiende que "una más equitativa distribución del ajuste fiscal se lograría mediante la incorporación al mismo de las rentas derivadas del capital financiero, dada la estructura actual del sistema que no reconoce la imposición a las rentas personales. Solamente contribuyen al esfuerzo del aluste las rentas derivadas del trabajo y de la combinación de capital y trabajo, empresas agropecuarias, industriales y comerciales, no registrándose aportación de las rentas provenientes exclusivamente del capital, dividendos, arrendamientos urbanos e intereses de colocación".

En nuestra propuesta también dijimos: "Se establecerá un Impuesto a la Renta Personal que gravará los estratos más altos de la sociedad, por lo cual no alcanzará el nivel de ingresos de los trabajadores y pequeños productores industriales y comerciantes como medio de defender la capacidad de compra y consumo de la familia".

Si todo esto lo hemos dicho anteriormente, ¡cómo no lo vamos a señalar esta noche cuando tenemos por delante un proyecto de esta naturaleza!

Dentro de esta justicia impositiva y de esta característica de imposición finalista que perseguimos, se inscribe la transformación de las estructuras agropecuarias mediante, precisamente, una imposición de carácter finalista de ese tipo, fundamentalmente, haciendo hincapié en lo que figura en nuestro plan de gobierno presentado a consideración de la ciudadanía en las elecciones pasadas, mediante el impuesto a las grandes concentraciones de tierra con el objetivo de lograr así una explotación intensiva de nuestra principal fuente de recursos. Asimismo, también se podrá lograr la necesidad de proporcionar trabajo en el medio rural, procurando detener el éxodo constante de esa población hacia la ciudad que, actualmente, llega a cifras que realmente producen una enorme alarma en todos los que podemos palpar este problema que constituye -o debe constituir- el estímulo a la inversión y a la creación de riquezas auténticas mediante el descuento de las reinversiones, a fin de provocar el avance tecnológico y así, el crecimiento económico del país.

Lamentablemente éstas, que son las orientaciones que nosotros divulgamos y en las que seguimos creyendo, no están contempladas en este proyecto. Frente a esta realidad, reafirmamos nuestro pensamiento pero también decimos que comprendemos la gravedad de la emergencia que enfrenta el Poder Ejecutivo, determinada por los hechos que enumeramos al comienzo de nuestra exposición.

Reiteramos que comprendemos la posición del Poder Ejecutivo así como el valor de la impugnación que hace a nuestras propuestas, en el sentido de que requiere para brindar resultados, de un plazo prolongado que dicho Poder, en este momento, no puede afrontar por cuanto las obligaciones son inmediatas.

Si no fuera así, seguiríamos pensando que las únicas soluciones viables son las que hemos mencionado. Sin embargo, ante este verdadero estado de necesidad que afronta el Gobierno uruguayo, admitimos que se haya pensado en esta solución de emergencia que, como tal, puede no resultar la mejor. Además, por ser de emergencia, obliga a que se recurra a aquellos impuestos que implican una respuesta inmediata, porque las obligaciones no admiten ningún tipo de dilación.

Entonces, nuestro enfoque sobre el fondo de la cuestión es el mismo que hemos pregonado y reseñado en esta breve introducción. No olvidamos que nuestro plan ha de ser gradual para poder aplicarlo exitosamente, mientras que las necesidades del Gobierno son urgentes. Y frente a esa situación, que hemos denominado de verdadero estado de necesidad, que no admite respuestas dilatadas, compartimos la preocupación y la actitud adoptada por el Poder Ejecutivo, no obstante, comprender no nos inhibe de intentar mejorar el proyecto según nuestros puntos de vista. Todo proyecto de ley, provenga de quien provenga, obliga al legislador a un estudio minucioso y a efectuar su aporte, en el acierto o en el error, con el propósito -también en el acierto o en el error- de mejorarlo. Es un derecho y, a la vez, un deber del legislador contribuir con su esfuerzo, con la información y con el asesoramiento que pueda recoger, al perfeccionamiento de todos los proyectos que llegan a este Parlamento. Eso está en la ética misma de la función legislativa; forma parte de una ética elemental que deben practicar los legisladores, quienes deben sentir esa preocupación por mejorar y perfeccionar los proyectos de ley. Y es en ese sentido que, frente a la realidad que vive el Gobierno, y sin abdicar de nuestras ideas, hemos presentado ante el Poder Ejecutivo distintas modificaciones que atenúan aquellos efectos más duros o más ríspidos del proyecto que tenemos a consideración.

Esta actitud ha sido comprendida por todos; lo digo con absoluta honestidad, por un deber elemental de sinceridad. El Gobierno -es decir, el señor Presidente de la República, su equipo económico y el Poder Ejecutivo- ha sido el primero en comprender nuestras preocupaciones y el derecho que nos asiste a presentar las sugerencias que, a nuestro juicio, tienden a mejorar el proyecto. Como es natural, se aceptaron algunas y se rechazaron otras, pero se trató de un esfuerzo serio realizado en el sentido que hemos indicado. Sin embargo, hay quienes no lo han entendido así. Al respecto, el diario "El Día" nos ha dedicado un editorial en el que se critica esta actitud, que acabamos de señalar como propia de la ética con que deben actuar los legisladores. Este editorial ha sido no ya discrepante sino agraviante, insultante para con nuestro sector. Y realizo estas manifestaciones aquí porque no tengo diarios subsidiados para contestar.

Entonces, tengo que hacerlo a través de esta tribuna que es el Senado. Y afirmo que no le reconozco autoridad al diario "El Día" para enjuiciar a este sector político cuando fue tan complaciente con la dictadura que llegó al extremo de propiciar el voto por el Sí de la reforma constitucional que institucionalizaba la dictadura militar. Considero que quien así procede carece de autoridad para enjuiciar a quienes hemos luchado por la restauración de las instituciones democráticas en el país. De todas maneras, no vale la pena continuar con este tema.

Esta actitud coincide con una arremetida frecuente, de representantes del Partido Colorado contra nuestro sector. Nos conminan a definiciones sobre un proyecto que no es de ellos, como si nosotros nos inmiscuyéramos en sus definiciones. Aclaro que nos hemos definido porque esa es nuestra obligación ante nuestros compañeros autores del proyecto, y ante la opinión pública, pero reitero que no admitimos conminaciones de otros Partidos políticos para definir nuestras actitudes.

El ya mencionado editorial arremete contra nuestras proposiciones, encontrándolas equivocadas y procurando eliminarlas. Señalo esto casi sin molestias, por lo menos en lo que respecta a este tipo de arremetidas, porque esto nos honra. Es señal de que algo significamos en la vida del país; por ello merecemos este tipo de conminaciones y de descalificaciones.

Vayamos ahora a la propuesta del Poder Ejecutivo y a nuestra opinión sobre ella. Nuestras modificaciones para mejorar el proyecto del Poder Ejecutivo son las siguientes. En primer lugar, sustituir el impuesto a los sueldos y pasividades por el impuesto a la renta de las personas físicas. Esta propuesta fue formulada ante el equipo económico por nuestro asesor, el contador Pagés, y luego reiterada por quien habla ante el señor Presidente de la República. Entendemos que el impuesto a las retribuciones de los asalariados y jubilados resulta injusto si no se aplica el resto de los ingresos personales de los habitantes del país.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el señor senador Posadas.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - He señalado así la justicia que implica sustituir lo que resulta una carga a la renta de los asalariados, por una equitativa imposición a todos los ingresos personales. Sin embargo, no tuvimos éxito con esta propuesta. Las argumentaciones que se nos brindaron para rechazarla, son de recibo. Se expresó que, ante la emergencia, la aplicación de un impuesto a las rentas personales implica un trabajo previo que haría que la percepción de su monto llegara tardíamente para hacer frente a las obligaciones que tiene el Estado. Ante esta posición del Poder Ejecutivo, optamos por proponer modificaciones a las tasas o índices del impuesto por proponer modificaciones a las tasas o índices del impuesto a las retribuciones personales. Con el aporte de nuestros técnicos, preparamos un cuadro en el que se rebajan las contribuciones de los salarios más bajos -hasta los cinco salarios mínimos nacionales- y se incrementan los demás por encima del 3.5% previsto por el Poder Ejecutivo.

En lo que refiere a aportaciones rurales, también se introdujo otra modificación. Se entendió que debía haber un trato preferencial también para los menos pudientes; aquellas explotaciones de menos de 200 hectáreas debían ser contempladas con una contribución menor. Efectuando los cálculos se llegó a la comprobación de que el equivalente del 3.5% del aporte patronal no era el 1.7% sino el 1.5%, modificación que aceptó el Gobierno.

En cuanto a la tabla para el monto de los asalariados y jubilados, ella ha sufrido algunas modificaciones por parte de integrantes de este Cuerpo, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, quienes han mantenido conversaciones en las últimas horas. En este sentido, queremos señalar la responsabilidad de nuestra propuesta, donde los cálculos están hechos para que el Poder Ejecutivo obtenga igualmente los recursos, pero con alivio o con mayor suavidad en el aumento para los de menores ingresos y con una superior carga para los de mayores ingresos.

Poco antes de iniciar la sesión, y viendo que algunas de estas escalas no estaban contempladas, he tenido una conversación con el señor Presidente, quien me ha dicho que se ha padecido un error, quizás en la apreciación, y que eso iba a ser corregido en el momento de la discusión particular, lo que esperamos así suceda, por lo menos para evitar que la carga sea muy dura sobre los salarios más bajos de quienes trabajan y de los jubilados de este país.

En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo existía el pago extraordinario de la contribución inmobiliaria. Ante la imposibilidad de eliminar este gravamen, propusimos una aplicación gradual según los aforos, es decir, según el valor de los inmuebles, posición que en general fue rechazada, haciendo hincapié sobre las necesidades que tiene el gobierno. En dicho proyecto estaba previsto que no hubiera exoneraciones, pero a este respecto nosotros sabemos que los Municipios, que son quienes manejan la contribución inmobiliaria, efectúan exoneraciones para quienes habitan en modestas viviendas, para jubilados, para pensionistas a la vejez, para gente muy poco pudiente. Hemos logrado que esas exoneraciones fueran restablecidas y que se pagara sin tener en cuenta los aumentos, en algunos casos desmesurados, que algunos Municipios han impuesto a la contribución inmobiliaria para 1990, sugiriendo en ese sentido que se abonara sobre el monto del año 1989, más la inflación.

Todo esto fue aceptado por el Poder Ejecutivo y enviado así al Parlamento. Finalmente, el Partido Colorado al no acompañar esta propuesta hizo que se desestimara este impuesto, lo que naturalmente no nos produce tristeza pero sí señalamos que lo que nosotros bregamos por atenuar el Partido Colorado logró eliminarlo, con una pérdida para el Gobierno de U$S 48:000.000.

Se ha dicho reiteradamente por la prensa -no puedo afirmar la veracidad de esta información, pero esto es algo que inclusive el señor Ministro lo ha insinuado- que el Poder Ejecutivo, para sustituir lo que le falte luego de efectuar los cálculos acerca de estos recursos, echará mano al aumento de las tarifas de los servicios públicos que presta el Estado. Quiero señalar que por esta causa en la Legislatura anterior se interpeló aquí en el Senado al señor Ministro de Economía y Finanzas por mantener y acrecentar de alguna manera la suba de los combustibles cuando el valor de éstos descendía vertiginosamente, a fin de obtener para el Erario las ganancias que este aumento provocaba.

Deseo significar, una vez más, que las empresas públicas no han sido creadas para generar ingresos al Tesoro Nacional, sino para otros fines. Han sido creadas para combatir monopolios, como es el caso de ANCAP, en relación a los monopolios petroleros, que constituían un atentado a la soberanía del país; pero también han sido creadas para brindar servicios públicos esenciales, es decir, aquéllos de los que la población no puede prescindir, requiriendo así la garantía del Estado para evitar un enriquecimiento indebido a costa de la prestación de un servicio indispensable.

De modo que, si se han creado para eso, mal pueden utilizarse para obtener recursos para el Erario. Seguramente no faltará que alguien diga: "¡¿Vieron qué caros son los servicios del Estado?! Es por su ineficiencia". De modo que encarecemos las tarifas de las empresas públicas y después decimos que, como son caras, va a llegar el momento de suprimirlas.

En consecuencia, señor Presidente, quiero desde ya advertir que este aumento de las tarifas para obtener recursos para el Tesoro Nacional bien puede convertirse en la práctica, aunque esa no sea la intención de los gobernantes, en un aumento más para la tan mentada privatización de aquellas empresas so pretexto de que pierden plata o de que son demasiado onerosas para el Estado, cuando en realidad ha sido el propio Gobierno, tal como se prevé, quien propicia aumentos en el costo de los servicios que prestan esas empresas.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Simplemente quisiera efectuar una precisión.

El señor senador Pereyra ha desarrollado el argumento de que frente al reclamo del Partido Colorado para que no fuera incluido en este paquete fiscal el adicional a la contribución inmobiliaria -hecho que es cierto y que el Poder Ejecutivo y la mayoría del Partido Nacional aceptaron- se estaría pensando en sustituir lo que se creyó iba a ingresar a las arcas del Estado por la vía de esa propuesta impositiva por la de aumentos tarifarios o ganancias obtenidas por las empresas del Estado con tarifas superiores a lo que son sus costos. Con respecto a esto, quiero decir dos cosas.

En primer lugar, que en las conversaciones que los senadores del Partido Colorado tuvimos con los del Partido Nacional esta hipótesis nunca se manejó y a nosotros nunca se nos dijo que se pudiera utilizar ese recurso como sustitutivo de lo que se pensaba recaudar como adicional a la contribución inmobiliaria.

En segundo término, es conocido por toda la opinión pública -y esto ya fue expresado por el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Hacienda- que el aumento tarifario anterior tuvo un margen de ganancia, es decir, que esto ha sido un recurso que ha entendido el Poder Ejecutivo podía manejar como otros tantos, para abatir el déficit fiscal.

En consecuencia, señor Presidente, quiero dejar aclarado que si hay aumento tarifario excesivo con respecto a los costos ello no obedece a la responsabilidad que puede surgir de un faltante por el reclamo del Partido Colorado para que no haya adicional a la contribución inmobiliaria, sino porque esto está dentro de una política que el Poder Ejecutivo ha asumido y que, según expresó su Ministro de Economía y Finanzas, piensa desarrollar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo hacer una aclaración al señor senador Bouza.

En ningún momento dije que eso hubiera sido negociado con el Partido Colorado ni impuesto por dicha colectividad. Expresé sí, que al carecerse de los N$ 48:000.000 que representaba el adicional de la contribución inmobiliaria, oí por la prensa y recogí algunas versiones del señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que, precisamente se pensaba que una de las vía para obtener mayores recursos podía ser el aumento de las tarifas de las empresas públicas.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Simplemente, deseo aclarar que por lo menos, en nuestro conocimiento, nunca ha habido ningún delineamiento de ese tipo de política en el sentido de la utilización, en el futuro, de las tarifas públicas como instrumento, a los efectos de enjugar una diferencia que creemos que sí existe a partir de la no inclusión del adicional de la contribución inmobiliaria en el proyecto.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Como creo que me queda poco tiempo, voy a tratar de sintetizar mi exposición.

Frente a lo que he venido diciendo, ¿cuál es nuestra opción?

Cuando nosotros no estamos de acuerdo, en general, con las fuentes impositivas a que ha recurrido el Poder Ejecutivo, cuando hemos propuesto algunas soluciones de fondo sobre el Impuesto a la Renta Personal y el Poder Ejecutivo la ha rechazado pero, en cambio, ha aceptado otras sugerencias que, dentro de la filosofía de un proyecto que no compartimos, tienden a mejorarlo, ¿cuál es nuestra opción, pensando como hemos dicho que pensamos, integrando, como integramos el Partido Nacional y teniendo por delante este proyecto que se nos presenta?

Vamos a sintetizar diciendo, en primer término, que votaremos este proyecto de ley en general, porque todos estamos de acuerdo con que el ajuste es necesario. En la discusión particular, dejaremos constancia sobre las propuestas alternativas presentadas, aceptadas o no, y lo haremos también como forma de justificar nuestra actuación en este episodio parlamentario.

Considero que no podemos olvidar, al tomar esta decisión, la promesa que el equipo económico de gobierno ha hecho formalmente, que consiste en que de aprobarse este ajuste ello derivaría en situaciones de beneficio para el país. No podemos afirmar que efectivamente esto vaya a suceder, pues no somos técnicos en la materia. Sin embargo, respetamos la solvencia y la jerarquía intelectual y moral de este equipo técnico que ha venido a decir, que si se vota este ajuste, se compromete a bajar notoriamente el déficit fiscal hasta ubicarlo en un 2.5% del Producto Bruto Interno. Ha expresado también que se compromete a disminuir la inflación en guarismos de suma importancia, hasta llevarla, en menos de un año, a aproximadamente un 30%, cuando hoy se sitúa en alrededor de un 90%. Asimismo, ha manifestado que en el caso del IVA, que es uno de los impuestos impugnados por gravar el consumo, tiene la seguridad de poder disminuirlo el año próximo hasta un índice cercano al 18%.

No tenemos por qué no creer en estas afirmaciones ni tampoco elementos para no hacerlo. Por el contrario, estamos seguros y confiamos en que el Poder Ejecutivo, su equipo económico y sus técnicos cumplirán con las promesas que han formulado y ello, naturalmente aliviará nuestra responsabilidad por haber dado nuestro voto afirmativo a este proyecto.

No podemos olvidar tampoco lo que los técnicos, no sólo los del gobierno sino también otros, han manifestado sobre la posibilidad de que, en el caso de no aprobarse el ajuste, el país entre rápidamente en una espiral de hiperinflación similar a la que está sufriendo actualmente la República Argentina.

La inflación en los últimos años ha aumentado en un índice peligroso, que si bien no permite presagiar una catástrofe de la dimensión indicada, de cualquier manera, crece y crece a un ritmo vertiginoso.

No somos técnicos, pero no queremos adoptar una posición cómoda. Realizamos concesiones como medidas de precaución frente a lo peor y tenemos una actitud solidaria con la mayoría del pueblo que votó confiando en las propuestas de este Gobierno.

Otra consideración que nos lleva a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto es la siguiente. Votamos dentro del lema del Partido Nacional admitiendo que en el mismo existían distintos puntos de vista para dar solución a la crisis nacional. Ello implicaba, naturalmente, aceptar las reglas de juego o sea, la opción que eligiera la ciudadanía, por un lado y, por otro, producido el pronunciamiento popular, el compromiso de respaldarnos los uno a los otros, reconociendo de esa manera el resultado electoral. No ocultamos nuestras diferentes propuestas sino que las dilucidamos ante la ciudadanía.

Estoy seguro que los tres que fuimos candidatos a la Presidencia dentro del Partido Nacional y quienes nos acompañaron, en lo íntimo de nuestras conciencias seguimos sosteniendo las propuestas a las que nos comprometimos ante la ciudadanía, pero no olvidamos nuestras responsabilidades y compromisos con el Partido, así como tampoco que el electorado tuvo la oportunidad de decidir y lo hizo a favor de una de esas tres propuestas. No ocultamos nuestras diferencias de enfoque. Los tres candidatos presidenciales hablamos con sinceridad; fue la ciudadanía la que decidió que, dentro del Partido, una de las corrientes propuestas era la aceptada. Entonces, esa ciudadanía será, en última instancia, la responsable de lo que le espera al país. Los candidatos de nuestro Partido a que he hecho referencia no engañamos a nadie en lo que tiene que ver con nuestra manera de pensar. Teníamos, sí un programa común; pero presentábamos, asimismo, propuestas o enfoques sectoriales que nos diferenciaban. Existían características y valores que nos unían -cómo no iban a existir si pertenecemos a un mismo partido- cómo por ejemplo, la solidaridad en el enfoque político en lo que tiene que ver con la defensa de las instituciones democráticas, de los valores fundamentales, sobre los que se ha forjado la Nación a lo largo de toda su historia.

Naturalmente, también estamos de acuerdo con la relación que existe entre la libertad política y el bienestar social, como garantía y sostén de la vigencia de esas instituciones.

Dentro de nuestro Partido, ha habido matices en los enfoques económicos, se han presentado discrepancias en cuanto a la forma de encarar la situación económica. Sin embargo, reitero que la mayoría popular respaldó la propuesta económica del doctor Lacalle Herrera. Entre la nuestra y la suya, optó por esta última y nosotros respetamos ese pronunciamiento tan reciente, de hace apenas cinco meses. Es evidente que dicha propuesta convenció a la gente y lo que suceda en el país será consecuencia de esa decisión ciudadana.

En lo íntimo de nuestra conciencia, pensamos -con las discrepancias que hemos señalado con respecto a las fuentes impositivas- que votamos este proyecto de ley como quien toma una aspirina, es decir, con el propósito de calmar un dolor pasajero.

La solución de fondo no está dada en este proyecto sino en los planes de dinamización de las fuerzas económicas en el campo real de la economía, en el de la producción y en el del trabajo, donde se genera la riqueza auténtica capaz de provocar el crecimiento real del producto bruto del país.

Lo que hemos dicho y reiteramos sobre las soluciones de fondo que merece el país, lo mantenemos en esta instancia y en las venideras, pero queremos señalar, una vez más, que en los dos campos que ofrece la economía en el mundo financiero y en sus campos reales se sigue, al parecer -por lo menos hasta ahora- pensando en el sueño de la plaza financiera internacional. Sin embargo, no atendemos de la misma forma las exigencias en los campos reales en donde puede generarse el crecimiento verdadero de la economía nacional. A nuestro juicio, debe desestimularse la especulación financiera porque es el freno que detiene la inversión en los campos señalados de la producción de riqueza genuina.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Bouza)

-En nuestras conversaciones iniciales con el Presidente de la República acerca de este ajuste, nos ha asegurado -y lo ha reiterado en estos días- que luego de este proyecto enviará otro que contemple esta posición imprescindible de tomar medidas que impulsen y posibiliten el desarrollo económico del país. Entonces, cumplimos con nuestra responsabilidad como ciudadanos, sosteniendo nuestros argumentos de fondo; cumplimos como integrantes del Partido Nacional, acompañando esta solución de emergencia y lo hacemos sin olvidar que también hemos asumido responsabilidades con la ciudadanía toda del país y que ellas responden a convicciones muy profundas.

Basándonos en el resultado electoral no ignoramos la necesidad del Poder Ejecutivo de obtener, por todos los medios posibles, las mayorías necesarias en el Parlamento que le permitan impulsar proyectos que logren el objetivo que nos hemos impuesto. Pensamos que será necesario intensificar las transacciones y las comprensiones entre unos y otros pero siempre bajo el freno -por lo menos mirando al futuro- de una legislación electoral que a nuestro juicio va perdiendo efectividad en el país. En el futuro tendremos que abrir las puertas mirando a lo lejos, más allá de este período, hacia la reforma constitucional que dé al elector mayor libertad que la que le otorgan las listas únicas. De esta manera, posibilitaremos que los gobernantes lleguen con un mayor respaldo popular y parlamentario que asegure el cumplimiento de una labor efectiva en beneficio del país.

Este tema, señor Presidente, que parece "traído de los pelos", en el final de mi exposición, no lo es, por cuanto está inscrito en lo que pensamos para el futuro de la República.

Reitero, que es necesario abrir las puertas para la modificación de una legislación electoral que, de continuar así, irá perdiendo actualidad y que va encarcelando al ciudadano y poniéndolo en un corsé de hierro del que, naturalmente, no puede salir y del que hay que facilitarle su liberación, propiciando una reforma constitucional. Esta tendrá que darle mayor libertad al elector y buscamos que le brinde posibilidades de fuerte respaldo parlamentario a los próximos gobernantes que tenga la República.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - A título personal, debo decir que no cumpliría con mi conciencia -esto lo digo en función del cargo que estoy desempeñando- si no manifestara que respeto profundamente los distintos conceptos que ha manejado el señor senador Pereyra en lo que tiene que ver con el proyecto en consideración.

Naturalmente, este proyecto admite amplia, profunda y extensa discusión. Por supuesto que habrá un sin número de posiciones, todas muy respetuosas, en relación a este tema. El señor senador Pereyra ha expresado conceptos de carácter político en cuanto a diferenciar al Partido de Gobierno, al Poder Ejecutivo, del Partido Nacional y, fundamentalmente ha hecho referencias muy precisas a modificaciones sobre la legislación electoral.

Reitero que respetamos todos los conceptos vertidos por el señor senador Pereyra, pero en lo que tiene que ver con estos a los que hemos hecho referencia, y con otros que por razones de tiempo omitimos, discrepamos abiertamente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no quise interrumpir la interesante exposición del señor senador Pereyra cuando expresó -no recuerdo las palabras textuales- que no le resultaba simpática o agradable una postura del Partido Colorado consistente en que éste, en su conjunto, habría exigido del sector político que lidera el señor senador, una definición sobre el tema que estamos considerando.

Seguramente no ha entendido el espíritu constructivo que animó al Partido Colorado en tal sentido. En estos últimos meses nos hemos encontrado con una dificultad. Quizás no hayamos tenido la sagacidad de resolverla de otra manera, y sólo encontramos esta. Deseábamos pedir algo que creíamos muy importante, o sea, que la propuesta no fuera sólo del sector que directamente acompaña al señor Presidente de la República, sino de todo el Partido Nacional. Esto nos parece muy importante, más allá de que en estos problemas muchas veces cualquier partido político puede tener -ejerciendo el Gobierno Nacional o departamental- sus dificultades. Es deseable que no haya una disociación, ni siquiera formal, entre lo que es la postura del Gobierno -en este caso del Poder Ejecutivo- y del resto de la bancada del Partido de Gobierno.

Nuestra dificultad no es antojadiza ni tiene el espíritu de hacer travesuras, sino que queremos saber a qué debemos atenernos en esta materia. En este trámite, que esperamos finalice felizmente en el día de hoy, hemos advertido que nuestro análisis de este tema transitó, si no recuerdo mal, por cuatro propuestas diferentes, sin que conozcamos totalmente la razón de las diferencias.

Cuando el señor senador Pereyra señalaba nuestra actitud, en una actitud que tiene derecho a adoptar, la crítica nos pareció injusta. Hemos tenido en más de una oportunidad, durante esta semana serias dificultades para atender cuál era realmente la propuesta global del Partido Nacional.

Sin ir más lejos, hace pocos días, el 16 de marzo, el principal economista del Movimiento Nacional de Rocha, el contador Pagés, a quien todos respetamos profundamente por su condición de persona de bien, y por su capacidad, señalaba en "La Democracia", cuando le preguntaron que posición tenía el Movimiento Nacional de Rocha con relación a las medidas que se proponen en el Proyecto de Ley de Ajuste Tributario, lo siguiente: "Nuestra posición no va a ser explicitada públicamente. El senador Carlos Julio Pereyra y la bancada del Movimiento Nacional de Rocha ya tienen en sus manos las propuestas alternativas que a juicio de una comisión especial integrada por técnicos y legisladores pueden ser llevadas a la negociación".

Nosotros hace diez días, señor Presidente, sentimos una vez más una legítima preocupación por no saber, realmente, si la propuesta era exclusivamente del Poder Ejecutivo o de todo el Partido Nacional. Hoy, luego de la exposición tan elocuente del señor senador Pereyra tenemos opinión formada a ese respecto.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: por una razón elemental, que comprenderán el señor senador Ricaldoni y demás señores senadores del Partido Colorado, yo debía antes que nada elevar la sugerencia o la propuesta de modificaciones que teníamos sobre este proyecto, para hacerlo menos rígido y duro, fundamentalmente para los menos pudientes, ante el Presidente de la República que es nuestro correligionario. Primero nos dirigimos a él y después, si nos viene bien, informamos a nuestros adversarios; pero ya que se nos pide y se señala como saludable que haya unanimidad en la propuesta, lo sería también si existiera en la respuesta y eso, no lo estamos observando.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). - Tiene la palabra el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: con el ánimo de desarrollar mi exposición de la manera más rápida y ordenada posible, me permito decir -y al mismo tiempo solicitar excusas a los señores senadores- que tengo la expectativa de no conceder interrupciones y, como contrapartida, procuraré no hacer alusiones que las justifiquen con una excepción que, lamentablemente, es al comienzo de mis palabras, motivada por algunas expresiones del señor senador Carlos Julio Pereyra pero esta no es en realidad una alusión sino un comentario.

En ese sentido, señor Presidente, hago mías las expresiones que los señores senadores del Partido Colorado que intervinieron precedentemente formularon respecto a este tema. Además expreso mi firme solidaridad con la administración anterior de dicho partido, y me siento muy honrado, como simple ciudadano, de haber seguido los esfuerzos patrióticos y exitosos de un gobierno digno y eficaz.

A partir de esas mismas expresiones del señor senador Pereyra, quiero decir que el tono de mi intervención hoy aquí es constructivo. Pienso no tanto en aquellas cosas que puedan separarnos sino en lo que nos convoca a trabajar juntos en el futuro. El punto de partida de ese enfoque, señor Presidente, es mirar la realidad de nuestro país y confieso que es probable que tengamos -como hemos visto a lo largo de la tarde- distintas lecturas de esa realidad; pero es insoslayable que el examen del proyecto de ley con modificaciones formuladas por la Comisión de Hacienda, hoy a estudio del Senado, sea examinado a la luz y en el contexto de la realidad actual y concreta del Uruguay.

La inflación -que no arranca, por cierto, en la administración del doctor Julio María Sanguinetti -instalada durante décadas en nuestra economía, alcanza hoy un crecimiento alarmante. Un 9.6% son las indicaciones para marzo que, anualizado, es algo así como el 200% y el déficit fiscal y parafiscal, ya en el 6.5% del Producto Bruto Interno, se proyecta hacia el 8%. Hablamos, pues de entre U$S 650:000.000 y U$S 700:000.000 anuales de déficit. Basta pensar, para apreciar su magnitud, que los ingresos del Estado se sitúan en alrededor de U$S 1.800:000.000.

La situación pues, es grave y urgente y los hechos no admiten dilaciones.

No pienso que haya escuela económica alguna que ante esto postule la inacción o que proponga medidas de tal naturaleza que, por su propio carácter, impliquen una aplicación de las mismas muy prolongada en el tiempo, cuyos frutos no sean suficientemente aptos para solucionar aquí y ahora esta situación que enfrentamos.

Pero no es necesario acudir a opiniones doctrinarias. No cabe duda de que la mayor preocupación de la inmensa mayoría de la población es el aumento incesante de los precios que torna insuficientes salarios y pasividades. Las remuneraciones son rápidamente erosionadas por los precios. De cada N$ 100 recibidos a principios de marzo, todos habremos perdido al final del mes alrededor de N$ 10, un impuesto que todos pagamos sin que ninguna ley lo establezca.

Este escenario tampoco es propicio para los empresarios. Desalienta la inversión productiva, frustra los programas de actividades, encarece enormemente el precio del dinero y estimula la especulación. El horizonte de tiempo del empresario se achica y salvarse, en definitiva, de la inflación se vuelve más importante que producir.

Hoy, señor Presidente, estaba comprobando estos números y se trata de tasas activas de 150%, pese a los préstamos bancarios.

El estancamiento que registramos se correlaciona con la inflación. ¿Quién puede o quiere invertir en ese escenario? Por consecuencia, las oportunidades de empleo caen y la vida económica del país gira en torno al vértigo de los precios. La inflación induce, privilegia y, diría, es el sustento de lo que se ha dado en llamar "La Patria Financiera" frente a la patria real del trabajo y de la producción.

Ni trabajadores ni jubilados ni empresarios pueden vivir satisfactoriamente con un 90% de incremento anual de los precios que, además -y no me limito al mes de marzo- en el primer trimestre de este año ya indica un incremento que, anualizado, se sitúa en el 137% anual. Todo esto es la inflación, y ella debe ser enfrentada resueltamente.

En el estado actual de los estudios económicos -discreparemos, una vez más, con algunas expresiones anteriores formuladas en Sala- es valor entendido que el déficit fiscal está en la raíz de la inflación, más allá de factores circunstanciales que, en el corto plazo, permitan pensar engañosamente que sin consecuencias se puede gastar más de lo que se recibe.

Como dijo el Presidente Collor de Mello en su discurso inaugural: "No hay forma de derrotar la inflación si el gobierno gasta más de lo que recauda".

Y es lógico que ello sea así. La brecha entre ingresos y egresos siempre habrá que cubrirla de algún modo: si el camino elegido es emitir más billetes, el resultado será la inflación. Y, a su vez, ésta será mayor cuanto mayor sea el desnivel.

La enorme magnitud del déficit entre nosotros y la aceleración que se percibe en el ritmo inflacionario, exigen imperativamente una acción urgente y de intensidad adecuada a la situación que permita revertir ésta prontamente.

Comparto, en este sentido, la meta propuesta de reducir en esta etapa el déficit al 2.5% del Producto Bruto Interno y de financiar con recursos genuinos el costo integral de la reforma constitucional sobre jubilaciones.

De no proceder a abatir el déficit con la mayor urgencia y eficacia, la situación actual se deteriorará gravemente y nos precipitaremos sin remedio hacia el tipo de hiperinflación que azota hoy a nuestros vecinos. Como lo ilustra esa dramática experiencia, tan cercana a nosotros en el afecto y en la geografía, el déficit fiscal y la inflación están indisolublemente ligados y ambos, lejos de ser abstracción teórica, se proyectan en terribles realidades humanas y sociales.

No se trata, pues, de satisfacer un prurito académico o -como suele decirse- tecnocrático. Se trata de erradicar de nuestra economía, no un mero síntoma, sino un mal. Un mal que castiga a los más débiles, desquicia a la sociedad y desalienta a la inversión productiva.

Sería ingenuo pensar que cuando existe un desequilibrio de la magnitud que experimentamos, es posible corregirlo con medidas de papel que a nadie duelan. Precisamente esa suele ser la razón por la cual los gobiernos postergan indefinidamente los ajustes necesarios o los diluyen en el tiempo al punto de hacerlos ineficaces. Y así, antes que adoptar medidas explícitas -aumentar los impuestos, reducir los gastos- que tienen un costo político en lo inmediato -al individualizarse a los autores se les puede castigar electoralmente- prefieren que sea la inflación quien, anónimamente, nivele las cuentas sustrayendo todo lo necesario para ello de los salarios y de las jubilaciones. No son, por cierto, los ricos ni los poderosos quienes pagan el impuesto inflacionario de la manera más dolorosa. Ellos tienen muchas maneras de sortearlo.

Es preciso, pues, decir claramente que el ajuste fiscal, para tener posibilidades de éxito, implica un salario inicial que se asume con la expectativa de abatir la inflación en beneficio de toda la comunidad, pero, específicamente, en beneficio de los más necesitados. Esa es la experiencia invariable de todos los programas anti-inflacionarios exitosos. Es en esta perspectiva que cabe evaluar la incidencia del ajuste propuesto y reconocer sinceramente que sin gravar el agro, el comercio, la industria, la banca, las transacciones inmobiliarias y las retribuciones personales, sería imposible financiar un déficit como el que enfrentamos.

Se han mencionado, señor Presidente, algunos instrumentos alternativos. Pero estos, además de las objeciones de carácter conceptual o doctrinario que puedan merecer deben ser examinados, como decía, en el contexto de nuestra realidad, para apreciar y evaluar su idoneidad en las presentes circunstancias.

Uno de los enfoques planteados sugiere priorizar los estímulos a la inversión productiva y fiar la obtención de recursos a la mayor recaudación por mayor actividad económica. Sin embargo, hubo y hay exoneraciones y estímulos bajo la ley de promoción industrial y la inversión sigue baja; con el déficit existente no hay recursos para dar tales estímulos y, finalmente, la urgencia de la situación no permite aguardar soluciones de esa naturaleza.

El establecimiento de un sistema personalizado de impuestos: Renta Personal, Patrimonio y Herencia, aparte de ser un camino ya recorrido en el pasado en nuestro país sin éxito, y del cual hoy la mayoría de los países se aleja por la misma razón, requeriría un tiempo prolongado para ser aplicado. Lo mismo cabe decir de un cambio en la tributación al sector agropecuario.

Otro aspecto sugerido es el manejo diferente de la deuda externa que permitiría eventualmente, en forma unilateral, bajar el pago de los intereses. Cuando se habla de decisiones unilaterales de no pagar o reducir el pago, se abre el camino al derrumbe total del crédito. ¿Quién le presta al que no paga? ¿A cuánto puede colocar sus títulos un gobierno que no paga? Las negociaciones iniciadas y desarrolladas por el gobierno del Partido Colorado y continuadas en el presente conducen, precisamente, a una reducción negociada del servicio de la deuda. La experiencia de los países que han actuado unilateralmente en esta materia no ha sido positiva. Aun sin pagar intereses en absoluto, Argentina, Brasil y Perú se encuentran en gravísimo desequilibrio, con inflaciones de cuatro dígitos, con los valores públicos en baja y, de todos modos, enfrentan complejas negociaciones con los Bancos acreedores. Cuba tampoco está mejor.

Se ha mencionado también algunos medios sustitutivos para el ajuste, como reducciones más enérgicas y más drásticas en los gastos. Pero teniendo en cuenta la estructura de nuestros egresos, sabemos que esto tomará tiempo y no será fácil, pero hay que hacerlo.

También otras soluciones están planteadas sobre la base de una situación de crecimiento, de desarrollo y de prosperidad, de actividad económica, de dinamismo, que lamentablemente hoy no prevalece en nuestro escenario.

Al hacer mención a la deuda externa es oportuno hacer referencia también a los organismos financieros multilaterales relacionados con la economía internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

No puede desconocerse la enorme carga política e ideológica y, aún, emocional, que existe alrededor de esas instituciones ya desde su implantación a fines de la Segunda Guerra Mundial.

Cabe recordar que las mismas -junto con el Gatt- fueron planeadas para cooperar en la restructuración del orden económico internacional destruido o en desorden como consecuencia de la guerra. Desde el inicio, se planteó una tajante división. Mientras las Naciones occidentales las apoyaron e integraron, las Naciones de Europa Oriental las rechazaron, repudiando también -dicho sea de paso- el Plan Marshall. Desde entonces estas organizaciones fueron objeto destacado de controversias ideológicas.

Hoy día, sin embargo, la mayor parte de las Naciones se han integrado al Fondo Monetario y al Banco Mundial, así como al GATT. Y de las que no lo han hecho todavía, casi todas aguardan ser aceptadas o cumplen trámites y negociaciones al efecto, incluyendo a la Unión Soviética y a la República Popular China.

Se anticipa asimismo un gran flujo de capitales occidentales -públicos y privados, pero principalmente privados- hacia Europa Oriental, una especie de "Plan Marshall" cuarenta años después.

Es en ese contexto que la relación del Uruguay con tales organizaciones internacionales -relación que no nació ni por ni para la deuda externa- no parece poder llamar a escándalo ni a sorpresa.

Pero aun así, conviene aclarar conceptos. La reducción del déficit fiscal y la lucha contra la inflación son una necesidad nacional, que existe con el Fondo o sin el Fondo, con el Banco Mundial o sin el Banco Mundial, y una necesidad, además, urgente -preguntemos a cualquier compatriota qué piensa del alza de los precios- antes de que el control de la inflación ya no sea más posible y nos precipitemos a la hiperinflación. No se trata del Fondo Monetario o del Banco Mundial. No quiero ver en mi país asaltos desesperados a supermercados ni fuerzas del orden convocadas a reprimirlos.

Es preciso abatir la inflación. Y si, en ello, el Fondo o el Banco pueden jugar un papel franqueando en los hechos la renegociación de la deuda u otorgando los créditos que habitualmente manejan, ello será una herramienta más para alcanzar el objetivo anti-inflacionario que deseamos.

Pero siempre lo principal dependerá de nosotros.

Con respecto al endeudamiento externo, es útil destacar, además, que del total de obligaciones del Estado uruguayo en moneda extranjera, las que corresponden a la deuda con la Banca comercial internacional, que son éstas objeto de renegociación y debate, representan el 38% del total. Esto es, el resto corresponde a Letras y Bonos del Tesoro, a depósitos de no residentes y a préstamos a largo plazo de Organismos Internacionales. No he oído -ni imagino- que nadie piense en dejar de pagar estos intereses o en reducir unilateralmente su servicio.

El peso de las obligaciones en moneda extranjera está representado, pues, en buena medida, por la necesidad del Estado de financiar su déficit contrayendo más deuda, la que, a su vez, genera más intereses. También desde este punto de vista es preciso cerrar la brecha del déficit. Dicho de otra manera, con un déficit que ronda los U$S 700:000.000 aunque no hubiera que pagar los intereses de la deuda externa -discrepábamos hace unos días con el señor senador Astori si esto era del orden de los ciento sesenta o ciento ochenta millones de dólares, pero aunque fueran U$S 180:000.000 estamos cotejando esa cifra contra los U$S 700:000.000, que es sobre la que ronda el déficit- el ajuste sería igualmente necesario.

Señor Presidente: no improviso hoy aquí una posición en esta materia en función de condicionantes políticas ocasionales. Se trata de una línea coherente frente a la inflación mantenida fielmente por más de 20 años. En 1968, durante el gobierno el señor Pacheco Areco, se aplicó exitosamente un programa que redujo la inflación del 140% anual -algo así como el 1% mensual- o sea el 14%, utilizando los instrumentos entonces adecuados. Y durante la campaña electoral de 1989, la Unión Colorada y Batllista priorizó una vez más este objetivo. El hecho de no haber ganado nosotros las elecciones, no cambia el objetivo ni nos libera del compromiso con nuestros conciudadanos de lograrlo.

Siendo esto una cuestión de gravedad externa, que afecta seriamente a toda la sociedad, pensamos que no hay cabida para cálculos electorales ni para evaluación de ventajas o desventajas partidarias. Menos aún para revanchismos o resentimientos pequeños. No me inquieta que el éxito del ajuste fiscal pueda dar dividendos políticos al Partido Nacional o que su eventual fracaso pueda alcanzarnos también a quienes lo hicimos posible.

Lo que sí me inquietaría sería retacear al gobierno los medios para ejercer su responsabilidad constitucional en esta materia vital, dejando que el Uruguay se precipite a la hiperinflación y a la desintegración social. Y no lo haré. Los pachequistas no lo haremos.

Un contraste electoral no cambia la naturaleza del Partido Colorado. Consustanciado con la República, colectividad responsable y habituada a llevar el timón del Estado, también ahora se guía por el bien común. Francamente no imagino al Partido Colorado apostado en la vereda de enfrente, como un francotirador sobre el gobierno, compitiendo con otras fuerzas políticas por un espacio opositor. Sí, competimos y competiremos con el gobierno, en el arte de gobernar, porque creemos saber hacerlo mejor.

Señor Presidente: las modificaciones introducidas en Comisión, a instancias del Partido Colorado, mejoran indudablemente el proyecto: no se establece el adicional a la Contribución Inmobiliaria proyectado; el aumento del IVA se limita a un año; los cargos electivos y de confianza tributan la tasa máxima del Impuesto a las Retribuciones; se encomienda al Poder Ejecutivo adoptar acciones para reducir gastos y se prioriza la reducción de los impuestos al trabajo. Asimismo, se crea un mecanismo de seguimiento de este proceso; se determina la colaboración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la fijación y reducción de esos impuestos.

Es particularmente satisfactorio señalar, además, que el proyecto otorga nítidamente financiación al Banco de Previsión Social para cumplir íntegramente con el servicio de las pasividades. La afectación expresa de recursos a ese fin, determinada en los artículos 17 y 21, es congruente con la incesante acción de la Unión Colorada y Batllista en esta materia y atiende a un vasto sector de nuestra sociedad, con frecuencia olvidado. Se asegura así también la aplicación plena de la reforma constitucional aprobada.

El ajuste, señor Presiente, no puede ser un simple paquete de medidas de fondo para lograr una transformación estructural y duradera de la situación.

No es admisible, en efecto, que la presión tributaria que se genera para atender la emergencia, quede incorporada al sistema, convalidando un nivel de egresos extremadamente alto.

El Partido Colorado hace de este aspecto una cuestión fundamental.

Todos conocemos las dificultades para reducir los egresos, incluso, para resistir la formalidades presiones que todo gobierno sufre para que los incremente, desde los más diversos ámbitos. Es preciso, por consiguiente, integrar y ligar este ajuste fiscal a una reestructuración que garantice la efectiva disminución del gasto y el alivio consiguiente de la carga tributaria. En particular, los gravámenes al trabajo sólo son aceptados –y con fuerte renuencia- en una situación de emergencia y como resultado de la necesidad combinada de asegurar el financiamiento de las pasividades y de abatir la inflación que castiga, precisamente, a los sectores con menos ingresos.

La experiencia comparada de lucha antiinflacionaria demuestra que muchas veces se logra éxito efímero con diversas medidas de choque pero que luego, al no haber medidas de fondo que corrijan radicalmente la situación, la inflación reaparece con renovado vigor, en tanto los instrumentos usados quedan desgastados y la credibilidad política del gobierno se desvanece.

Con la misma firmeza que señalo la necesidad del ajuste, señalo también la necesidad de que ese ajuste no sea un acto aislado y sin correspondencia con genuinos cambios estructurales que reduzcan el gasto público. No es necesario mirar muy lejos para ver los ejemplos.

Al concurrir a establecer medidas que implican sacrificios, reclamo muy seriamente que ello no sea en vano. El artículo 27, incorporado en la Comisión de Hacienda, a propuesta del Partido Colorado, apunta en esa dirección: prioriza la reducción de los tributos que gravan el trabajo y compromete la reducción del gasto estatal. El Poder Ejecutivo recibe, en este sentido, un mandato claro. A la vez, se crea un mecanismo de información a la Asamblea General que facilita el seguimiento del proceso de ajuste.

Señor Presidente: al votar afirmativamente este proyecto le facilitamos al Gobierno un amplio campo de acción. Por un lado, los instrumentos legislativos que solicitó al Parlamento –con las modificaciones incorporadas en Comisión- a los que se suman la ancha zona de medidas no legislativas de que dispone, incluso lo relacionado con las negociaciones en el ámbito externo. Es bueno que los agentes económicos, internos y externos, que los centros financieros internacionales, reciban con ello, un claro mensaje de la determinación con la que los Poderes Públicos enfrentan unidos el déficit y la inflación.

Esto, aparte de su significado económico, tiene un sentido político indudable que quiero subrayar. La ciudadanía confirió al Partido Nacional la responsabilidad de gobierno, aunque sin las mayorías necesaria para hacerla efectiva por sí sola. El Partido Colorado, consecuente con su tradición, contribuye al funcionamiento de los medios institucionales para que el mandato popular pueda cumplirse. Se trasmite también así, un mensaje nítido de estabilidad política y de racionalidad, del que me siento orgulloso.

Pero también es fundamental que todos sepan –y es especial nuestros conciudadanos- que el gobierno no recibe un cheque en blanco, no recibe recursos para mantener o incrementar gastos ni para conservar, indefinidamente, el mismo peso de los impuestos, mantendremos, al efecto, una comunicación permanente con el Partido Nacional y ejerceremos una activa vigilancia, usando los medios políticos e institucionales de que disponemos.

Señor Presidente: las medidas tributarias que se consideran, no son un fin en sí mismas, sino el pre-requisito de la estabilidad. También será necesario que el Gobierno determine y confirme las demás políticas en el ámbito económico, a fin de crear condiciones adecuadas para el crecimiento, objetivo final que buscamos.

Debemos avanzar hacia un marco estable de políticas y normas, reglas de juego definidas y previsibles, en cuyo contexto los agentes económicos se sientan alentados a invertir y a arriesgar. No es posible conformarse con la mediocridad del estancamiento, que cierra el horizonte de nuestros jóvenes y nos sume en el pesimismo.

Hay que liberar las energías creadoras de nuestra sociedad.

Sólo en una economía en crecimiento, movida por la iniciativa libre de todos, tendrá sentido real –no en el papel- la reasignación de recursos hacia nuestros compatriotas más necesitados.

La economía social de mercado que auspicia nuestro movimiento político, no se satisface con un ajuste fiscal, aunque éste sea –como lo es en el caso- indispensable.

Las bases de la coincidencia nacional, igualmente, junto al ajuste fiscal, plantean reformas estructurales así como medidas de emergencia para mitigar el impacto de la situación en los más carenciados. Todo ello debe instrumentarse lo más rápidamente posible a fin de encaminarnos firmemente a la modernización del Uruguay sobre la base de una economía sana y de una sociedad solidaria.

Señor Presidente: al comienzo de mis palabras expresé que este proyecto debía ser considerado a la luz de la actual realidad nacional, aunque parezca una afirmación obvia y hasta superabundante, la creo necesaria. La magnitud y urgencia de la situación que los números muestran con crudeza indican que hay que actuar ahora, ya, con los medios disponibles o al alcance más cercano.

Ante la realidad alarmante, pero realidad, no cabe contraponer la visión idílica de una sociedad en crecimiento –que querríamos, pero que no está- cuya actividad generaría, sin dolor, mayores recursos. Queremos –pienso que todos queremos- un Uruguay próspero y en crecimiento. Para eso trabajamos. Pero no podemos cobrarle al Uruguay que aún no llegó las cuentas del Uruguay que está.

Señor Presidente: en resumen, diré lo siguiente. en primer lugar, el ajuste fiscal es necesario en virtud de la situación actual que requiere medidas intensas y urgentes.

En segundo término, de acuerdo con el primer punto, en términos realistas y en esta situación, los instrumentos para lograr el ajuste no podrían ser muy diferentes de los contenidos en el proyecto, cualquiera que fuere la concepción o preferencia política o económica.

En tercer lugar, el ajuste fiscal no es un fin en sí mismo. Debe procederse con urgencia a reducir el gasto público y a realizar transformaciones estructurales en el Estado, la seguridad social y las empresas públicas, a fin de reducir la presión tributaria, liberar a la sociedad de las trabas para trabajar y producir, crear un clima de estabilidad, alentar la inversión y confirmar la confianza de los agentes económicos.

Finalmente, los tributos al trabajo deben ser rebajados prioritariamente y el financiamiento de las jubilaciones y pensiones al nivel fijado en la reforma constitucional- debe quedar asegurado en todo momento.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, voy a votar afirmativamente el proyecto en consideración del Senado.

SEÑOR CASSINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. – Señor Presidente: voy a comenzar compartiendo alguna de las manifestaciones iniciales del miembro informante, señor senador Abreu, cuando decía que en su concepto el debate que estamos sosteniendo, el debate que se está realizando en el país en torno a este proyecto de ley, llamado de ajuste fiscal, parte esencialmente de una discusión política y no técnica, porque aquí de lo que se está hablando es de políticas económicas más que de conceptos de economía concebidos en abstracto.

(Ocupa la Presidencia el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez)

-Me importa señalar que comparto este criterio, porque nosotros inscribimos este proyecto dentro de una concepción de política económica que, como bien lo manifestó el señor senador Abreu, responde a una orientación económica liberal con la que nosotros discrepamos sustancialmente. Y me importa señalar esto con la misma precisión y franqueza con el señor miembro informante lo hizo al iniciar su informe.

Para nosotros, los representantes del Partido por el Gobierno del Pueblo –que en esta Cámara somos los únicos representantes del Nuevo Espacio- no hay políticas económicas neutrales, del mismo modo que no hay Estados neutrales. Suele afirmarse que hay políticas económicas que tienen un efecto neutro, que no influyen sobre la situación económica de la gente y, concomitantemente con ello, se atribuye a algunos sistemas tributarios o fiscales un carácter neutral. No compartimos en absoluto este criterio, porque creemos que no existe Estado neutral y que cuando el Estado se propone ser neutral, a través de una economía liberal, no hace otra cosa –lo quiera o no- que apoyar el mantenimiento del "statu quo". Y apoyar el mantenimiento del "statu quo" en el Uruguay de hoy supone mantener –por lo menos mantener, si no acrecentar- los gravísimos términos de injusticia que anidan en el seno de la sociedad uruguaya y que determinan que muy pocos detenten gran parte de la riqueza y del ingreso y que muchos no tengan nada y sólo reciban una porción reducida del ingreso nacional.

Por lo expuesto, nosotros que nos definimos como socialistas democráticos, apuntamos a un Estado que no sea neutral ni pretenda serlo y que, respetando escrupulosamente la libertad individual, el pluralismo político y los grandes valores del liberalismo político, desarrolle acciones concretas en el seno de la sociedad para modificar las situaciones de injusticia, transforme sustancialmente esa sociedad en la que unos tienen mucho y otros nada o casi nada y procure alterar gradualmente esos términos con el fin de caminar hacia lo que a nuestro juicio constituye pilar y principio de una democracia profundamente desarrollada: la igualdad en el punto de partida, que no es sólo política sino también económica y social.

No pensaba comenzar mi exposición con estas ideas, que más bien quería expresar al final de la misma, pero la intervención del señor senador Abreu me dio pie para hacer esta breve incursión en el tema fundamental de la política económica, que está involucrado en el proyecto que hoy estamos considerando.

Tenía el propósito de comenzar mi exposición por un tema que personalmente me preocupa desarrollar y en cierta medida, hasta donde pueda hacerlo en lo modesto de mis esfuerzos, esclarecer ante la opinión pública. Todo el debate que se ha venido suscitando en el país a partir de la elección del 26 de noviembre y de la aprobación por parte de la ciudadanía de la reforma constitucional propuesta por varias organizaciones de jubilados y pensionistas, parece estar considerando que los jubilados y pensionistas tienen algo así como la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país en materia de inflación y de déficit fiscal y que, por añadidura, con la reforma constitucional le han agregado un ingrediente de características tales que agrava enormemente la situación deficitaria en que se encuentran las arcas del Estado.

Voy a manejarme con algunas cifras para que se tenga idea de la situación dramática en que se encuentran los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social y para levantar una voz defendiendo la reforma constitucional que el pueblo votó por abrumadora mayoría el 26 de noviembre. Esa reforma no significa otra cosa, a partir del momento que se aplique, que los jubilados y pensionistas que cobran cifras tan insuficientes como las que dentro de un momento voy a revelar, dejen de perder poder adquisitivo. No se les va a aumentar la jubilación poder o pensión en términos reales; lo único que ha hecho la reforma constitucional es modificar levemente un régimen de revaluación anual de pasividades, con algunos adelantos a cuenta, en el año previo al ajuste, por el cual, como consecuencia de que la revaluación se produce cinco meses después de vencido el Ejercicio –cuyos valores en materia de índice medio salarial se toman en cuenta para ajustar las pasividades- acumula anualmente rezagos en el poder adquisitivo de las pasividades. Esto es lo que inexorablemente ha determinado que si bien cuando se liquidan las jubilaciones y pensiones –o sea cuando empiezan a servirse- guardan una cierta relación con el ingreso del trabajador al momento de su retiro, inmediatamente comiencen a perder toda vinculación con ese ingreso que terminará siendo absolutamente insuficiente. Incluso, no vacilo en calificar estos ingresos como realmente miserables.

En todo el tema del déficit y de la inflación, los jubilados y pensionistas han estado presentes como si tuvieran responsabilidad. Me parece importante señalar que lo que han obtenido por esta reforma de la Constitución no es otra cosa que lo que tienen los trabajadores en actividad: un mecanismo por el cual no pierdan constantemente poder adquisitivo, más allá de que lo pierdan los trabajadores en actividad cuando se aplican políticas de rebaja salarial.

Para corroborar estas ideas hemos solicitado en la Comisión un informe al Directorio del Banco de Previsión Social que, justo es decirlo, fue respondiendo con celeridad. Al respecto le pedimos que nos informara sobre el número total de jubilaciones, pensiones, pensiones a la vejez y por la invalidez en curso de pago al 1° de marzo de 1990. También que nos hiciera una estimación del número de jubilaciones, pensiones, pensiones a la vejez y por invalidez que se estaría sirviendo al 1° de enero de 1991, para tener alguna idea de lo que puede costar la aplicación de la reforma en ese año porque, confieso, las cifras que se han manejado me ofrecen alguna duda en la medida en que creo que todos hemos trabajado con un informe de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social, en el que se nos dice en distintos supuestos de inflación, cuándo cuesta la aplicación de la reforma de la Constitución, pero no nos explica para nada las bases de ese cálculo, por lo cual no estamos en condiciones de saber si el mismo es o no correcto.

No hay ningún tipo de cifra básica en función de la cual se pueda estimar el costo de la reforma constitucional. Por esta razón hemos pedido algunos datos que estaban referidos a la estimación del número de jubilaciones, pensiones, y pensiones a la vejez que se estarían sirviendo al 1° de enero de 1991.

Además, le preguntamos al Banco de Previsión Social acerca del número de jubilaciones y pensiones discriminadas por montos mensuales al 1° de marzo de 1990. Le requerimos nos informara cuántas son las jubilaciones y pensiones que están en curso de pago, actualmente, de hasta N$ 50.000 mensuales; cuántas de más de N$ 50.000 hasta N$ 100.000 mensuales; cuántas de más de N$ 100.000 y hasta N$ 150.000; cuántas de más de N$ 150.000 y hasta N$ 200.000 y, cuántas de más de N$ 200.000. pudimos haber hecho más escalonamientos a partir de N$ 200.000 pero nosotros ya teníamos información de que a partir de esa cifra mensual el número de pasividades en el total es casi insignificante.

Por otro lado, solicitamos que el Banco de Previsión Social nos informara respecto al monto total de sus egresados al 1° de abril de 1990 incluyendo, por lo tanto, la revaluación de abril de 1990, que se pagará en el mes de mayo, así como el presupuesto de las demás prestaciones de dicho Banco como ser asignaciones familiares, seguro de enfermedad, seguro de paro y, también, remuneraciones y demás gastos de gestión.

Asimismo, interrogamos sobre los ingresos del Banco por concepto de contribuciones de sus afiliados discriminados por sector. Y, por último, le preguntamos sobre los créditos del Banco con el sector público y con el sector privado.

En lo que tiene que ver con las pasividades discriminadas por montos, el Banco nos ha informado oficialmente –y aquí tengo el informe del Banco de Previsión Social firmado por su Presidente en ejercicio, señor Norberto Sanguinetti y por el Secretario General, doctor José Joaquín Tolosa- que, exceptuando las pensiones a la vejez, que, como se sabe, todas poseen el mismo monto, muy reducido, en un total de 621.325 jubilaciones y pensiones, existen 284.810 de hasta N$ 50.000; a las que se agregan 241.967 de hasta N$ 100.000. quiere decir que existen 526.777 pasividades de hasta N$ 100.000, lo que representa el 84.78% del total de las jubilaciones y pensiones. Por otro lado, existen 571.940 jubilaciones y pensiones de N$ 100.000 hasta N$ 150.000, lo que significa el 92.05%. Y, finalmente de más de N$ 200.000 –que por cierto no es una cifra suficientemente para vivir en este país hoy día- sólo hay 26.230 pasividades, es decir, el 4.22% de las jubilaciones y pensiones.

Tan injusto es este sistema nuestro de seguridad social que éstos son, hoy día, sus resultados concretos. Y a lo que la reforma constitucional apunta no es a otra cosa que a mantener el poder adquisitivo de estos valores, no a determinar aumentos reales. Del mismo modo que la política salarial vigente no apunta a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores sino, como máximo, a mantenerlo, si bien se está siguiendo últimamente una política que tiende a disminuir el poder real de compra de los ingresos de los trabajadores en actividad.

Entonces, cuando uno trabaja con estas cifras, no puede menos que extrañarse de toda la polémica que en el país se desatara oportunamente sobre la reforma constitucional y sus consecuencias; reforma constitucional cuya necesidad me parece impostergable en tanto sólo mantiene el actual poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones que, en casi totalidad, están por debajo de los niveles mínimos de sobrevivencia decorosa en este país al día de hoy.

Yo quisiera también señalar –porque se ha hablado de la necesidad de financiar los déficit del Banco de Previsión Social, poniendo el acento naturalmente en los mayores egreso que esta Institución tendrá desde el momento en que se aplique la modificación del artículo 67 de la Constitución- que la oposición –y cuando digo la oposición expreso que nosotros, el Frente Amplio y creo que también todo el Partido Nacional en la Legislatura anterior- manifestó con convicción y con informaciones algo que no podía ser controvertido. En términos generales, pueden afirmarse que el Banco de Previsión Social no tiene déficit.

(Apoyados)

-Y no tiene déficit porque durante el gobierno de facto por un decreto ley se introdujeron sustanciales modificaciones al régimen financiero del Banco de Previsión Social, luego Dirección General de la Seguridad Social, y por fin de nuevo, como dije, Banco de Previsión Social. Por ese decreto ley se otorgó una facultad al Poder Ejecutivo de la época para reducir los aportes patronales y obreros que por entonces se percibían por jubilaciones, asignaciones familiares, y seguro de enfermedad. Y, simultáneamente, a medida que se reducían los aportes vigentes, se debía aumentar la tasa básica del Impuesto al Valor Agregado.

El decreto ley en cuestión, es el 14.948 de 7 de noviembre de 1979, cuyo artículo 28 fijó la tasa básica del IVA en el 14% y la mínima en el 8% y cuyo artículo 45 facultó al Poder Ejecutivo a reducir los llamados recursos genuinos del Banco de Previsión Social, es decir, los aportes personales y patronales, incrementando simultáneamente la tasa básica del Impuesto al Valor Agregado. Dice textualmente el artículo 45 del Decreto-Ley N° 14.948: "El producto de los tributos y prestaciones cuya derogación se autoriza por el inciso primero,... –entre los cuales están los aportes a que he hecho referencia- "...será absorbido total o parcialmente por el Impuesto al Valor Agregado, facultándose al Poder Ejecutivo a incrementar la tasa básica de dicho impuesto hasta un máximo del 20%, a medida que disponga la vigencia de las referidas derogaciones.

La nueva tasa básica del Impuesto a Valor Agregado prevista en el numeral 1° del artículo 28 de esta ley..." –es decir, el 14%- "...se hará efectiva cuando se disponga la derogación parcial de los aportes de previsión social". Esto quiere decir que ya al terminar la tasa básica del 14%, por este decreto ley de noviembre de 1979, se estaba admitiendo que en ella había una parte para financiar la seguridad social. Y todo lo que vino después estaba destinado a financiar la seguridad social.

En el informe de la asesoría del Banco de Previsión Social a que hice referencia, se mencionan las obligaciones del Banco de Previsión Social para indicar la asistencia financiera que el Banco habrá de requerir este año. Como dije, se mencionan las obligaciones a financiar, entre las que se destaca el pago a jubilados y pensionistas arbitrariamente perjudicados en 1985 por la aplicación de un índice de revaluación inferior al legal del ajuste que sin retroactividad el Parlamento votó a fines de la pasada Legislatura, a través de una norma legal, creo que la Ley N° 16.061.

Además, se señala que debe atenderse a la revaluación de abril de 1990 como una obligación que hay que financiar. Yo digo que estas obligaciones están financiadas porque con toda responsabilidad, cuando el Parlamento votó la Ley N° 15.900 –que determinó que en adelante la revaluación anual se haría para todos los casos aplicándose el índice medio de salarios del año anterior, que por otra parte, es lo que decía la ley vigente, como lo reconoció en su momento el Tribunal de lo Contencioso Administrativo- nosotros votamos los recursos auxiliares que nos reclamó el Poder Ejecutivo para no vetar esa ley. Y esos recursos fueron un aumento del 1% de la tasa básica del Impuesto al Valor Agregado, así como un aumento del IMESI –Impuesto Específico Interno- a los automóviles cero kilómetro y algún otro tributo.

Cuando el año pasado votamos la reparación sin retroactividad –a la que tenían derecho- a los jubilados perjudicados arbitrariamente en la revaluación de 1985, también aprobamos recursos adicionales para que el Banco de Previsión Social pudiera atender esa nueva obligación. Y esos recursos adicionales fueron un aumento del 1% en el aporte patronal, amén de algún otro impuesto. Entonces, no puede sostenerse que la seguridad social está desfinanciada, que habrá que atender ahora con recursos suplementarios el pago de la reparación a los 13.000 jubilados y pensionistas arbitrariamente perjudicados en 1985, que habrá que atender también con recursos adicionales a todos los jubilados y pensionistas al aplicar la revaluación de abril de 1990.

Todo esto está financiado, entre recursos que va a Rentas Generales, con un porcentaje de la tasa básica del Impuesto al Valor Agregado, que no es menor a ocho puntos.

No puede menos que decir, señor Presidente, cuando estamos hablando de este tema tan importante de la previsión social del país, que a mí me ha llamado la atención que cuando tantas voces se elevan manifestando, por lo menos, preocupación por lo que le cuestan al país las prestaciones del Banco de Previsión Social, nadie repare en lo que le cuesta al país otras prestaciones del régimen estatal de Previsión Social. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las contribuciones que el Estado hace para financiar los Servicios de Retiros y Pensiones Militares y Policiales que tiene un régimen de retiro que yo no voy a llamar privilegiado, pero que es sustancialmente mejor al de los restantes trabajadores del país. Como es sabido, el resto de los trabajadores del país está sometido a un régimen previsional, por el cual al jubilarse sufren un recorte muy importante en sus ingresos de actividad, recorte que además va con el tiempo, aumentando. En el caso de los trabajadores del sector policial y militar esto no ocurre. Tienen el mejor sistema posible de Previsión Social conocido como escala móvil integral, por el cual, en la situación de retiro, se percibe lo mismo que se estaría percibiendo en actividad.

Me ha llamado la atención que cuando tanta preocupación se ha volcado públicamente para hablar de lo que el país le cuesta la Seguridad Social del Banco de Previsión Social, nada se haya dicho de lo que le cuesta otra parte de la previsión social estatal, como la que involucra a los retiros y pensiones militares y policiales, cuyo régimen, repito, no estoy censurando.

En la información que pedimos al Banco de Previsión Social, solicitamos saber el presupuesto de egresos del Banco al mes de abril de 1990, es decir, incluida la revaluación de abril de este año, la que se va a pagar en mayo, para ver si podíamos tener alguna idea que nos permitiera realizar alguna estimación –nada técnica, por supuesto- sobre el costo estricto de la reforma constitucional.

El Banco de Previsión Social nos informa detalladamente de su presupuesto al mes de abril de este año, y nos dice que las prestaciones de pasividades habrán de insumirle N$ 59.871.765:000.000, que a valores actuales significan U$S 60:000.000.

El resto de la prestaciones, incluidos los gastos de gestión, oscilará en N$ 19.266:00.000, redondeando, U$S 20:000.000. con esto se puede apreciar la magnitud que en nuestra seguridad social tienen estas miserables jubilaciones y pensiones y, también, en qué medida el país no tiene, realmente, un sistema de seguridad social que merezca denominarse tal. El país gasta mensualmente unos U$S 16:000.000 en prestaciones de seguridad social a activos, entre los que se encuentra el seguro de desempleo, el seguro de salud, asignaciones familiares, prestaciones de maternidad, todo lo cual es claramente indicativo de lo extraordinariamente reducido de estas cifras y de cómo la seguridad social no está cumpliendo uno de sus roles esenciales, es decir, el de actuar como un mecanismo de redistribución de la riqueza y del ingreso.

Quiero ahora detenerme en otro aspecto del informe del Banco de Previsión Social, que hace el tema que estamos examinando, que es el de la evasión de aportes a este organismo. Durante toda la Legislatura pasada hemos trabajado sobre el mismo y denunciado permanentemente para el Banco de Previsión Social ejercitara instrumentos legales de extraordinaria severidad, de que, por otra parte, dispone, por lo que no se requiere de ningún nuevo instrumento legal. Basta para ello decir, que continúa vigente una vieja ley de la década del 30 que establece que la evasión del aporte obrero, es decir de aquel que el empresario retiene al trabajador y no vierte al Banco, constituye delito de apropiación indebida. ¡Si tendrá instrumentos legales el Banco de Previsión Social como para reducir, por lo menos –no pretendo eliminarla ya que entiendo que en este problema también juega la situación económica- la evasión fiscal.

El año pasado se hizo en la Cámara de Representantes un esfuerzo realmente importante, en el sentido de reducir la evasión a través de un proyecto de ley que presentó el señor representante Machiñena, en el cual proponía instaurar una serie de instrumentos por los cuales la recaudación del Banco de Previsión Social, sin variar el régimen de aportación actual, podría incrementarse en forma sustancial. Yo diría que, quizás, se alcanzaría a pagar la manida reforma constitucional.

Como integraba la Comisión de Previsión social de la Cámara de Representantes, tuve la oportunidad de escuchar los comentarios del señor representante Machiñena, señalando que dos son las causas de la enorme evasión que tolera, no voy a decir soporta, el Banco de Previsión Social.

Voy a leer la expresiones de la exposición de motivos del señor representante Machiñena en un trabajo que contó con la colaboración de especialistas en la materia. refiriéndose a la evasión, dice: "Pensamos que esto acontece, pues las dos principales causas de la crisis del sistema de pasividades en nuestro país, responden a serios defectos de la estructura social y de organización del régimen que se han tornado crónicos. El primero es el referido a la mala relación activo-pasivo, aportante-beneficiario que se da en nuestro país, como consecuencia del problema social del envejecimiento de la población, que distorsiona la correcta pirámide de edades y trastoca todo el funcionamiento del seguro social.

Este es un problema que atañe a la estructura de la sociedad, que no se resuelve mediante una ley, sino a través de una política global de población que sólo a partir de un modelo diferente de país al que hoy tenemos, puede lograrse".

"El segundo" –dice el señor legislador Machiñena- "al que apunta el presente proyecto es el derivado de evasión de aportes patronales y de trabajadores, cuya dimensión y cronicidad agravan de modo sustancial el primero de los problemas planteados. Podemos estimar generosamente en un 30% a la evasión global, sin contar lo concerniente a falsas declaraciones de actividad, que generan beneficiarios que nunca aportaron al Banco de Previsión Social.

En la información de esta asesoría actuarial del Banco de Previsión Social, se nos dice que en 1988 se recaudaron, por aporte patronal, U$S 243:000.000 y por parte obrero, U$S 214:000.000, lo que hace un total de U$S 457:000.000. estoy hablando –reitero- del año 1988 y, por lo tanto, no tomo en cuenta el incremento de la tasa del aporte patronal que votamos en el Parlamento a fines de la pasada Legislatura –es decir, en 1989- que seguramente supone una mayor recaudación.

Sobre esta cifra de alrededor de U$S 500:000.000 el señor legislador Machiñena dice, con razón, que hay una evasión no inferior al 30%.

Entiendo –y hace al tema que estamos tratando- que un esfuerzo inmediato, radical, sin necesidad de nuevos instrumentos legales, por disminuir –no digo eliminar- la evasión al Banco de Previsión Social, nos da recursos como para pagar, si no todo, por lo menos la mitad del importe de la reforma constitucional que tanto nos aqueja. Y esos hace, por lo tanto, a los recursos que se necesitan para el Banco de Previsión Social, y que en la medida que no vienen de Rentas Generales, no están gravitando sobre el déficit fiscal.

SEÑOR BRUERA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRUERA. – Es sumamente interesante el planteo del señor senador Cassina; y lo es desde diversos ángulos que ahora no voy a desarrollar.

Asimismo, considero que amerita formular algunas preguntas a los señores miembros informantes.

Por ejemplo, ¿no se ha hecho ningún cálculo de posible aumento en el cobro de deudas o en el ajuste de cuentas –en el buen sentido de la expresión- con grandes empresas que deben sumas a la Previsión Social?

Este tema que está desarrollando muy bien el señor senador Cassina, fue abordado también por el doctor Saldain.

Tengo aquí la edición del diario "El País" del día 20 de setiembre de 1987 en la que –en una famosa discusión- se expresa claramente que si tomamos en cuenta los años 1983, 1984 y 1986, la contribución del Estado disminuyó, entre otras cosas, porque cuando se vivía bajo el régimen dictatorial se realizó una política por la cual se facilitó a las grandes empresas y al capital foráneo grandes ganancias; también se permitió que una cantidad de empresas no pagaran el aporte jubilatorio.

Esto lo desarrollaba muy bien este profesional entendido en los temas de la Previsión Social.

Me surge, entonces, una pregunta. ¿Por qué no puede aumentarse seriamente, en forma sustancial y progresiva el aporte mediante el cobro de las deudas que tienen una cantidad de empresas? Asimismo, podemos preguntarnos por qué tanto secreto con empresas que deben cantidades abultadas. En cierta forma, uno se cuestiona si no ha llegado el momento de investigar esta situación anómala por la vía parlamentaria.

Agradezco al señor senador Cassina la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. – Por mi parte, también agradezco al señor senador Bruera su intervención, que coadyuva con la argumentación que vengo desarrollando. Quiero finalizar rápidamente mi exposición sobre este tema, al que pude pensarse le he dado mayor importancia de la que tiene. Personalmente, considero que no es así, porque el tema de la Seguridad Social es uno de los grandes temas del país, y desde hace mucho tiempo los voceros de política económicas liberales o neoliberales lo plantean como uno de los problemas más importantes que padece nuestro país, sobre los que hay que actuar rápidamente y con medidas muy severas.

De alguna manera, el proyecto remitido al Parlamento en los últimos días –y que tenemos a consideración en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social- apunta a esta orientación que tiende a transformar -a mi juicio- nuestra Seguridad Social estatal, particularmente la Previsión Social, en algo que ya señalé varias veces durante la Legislatura pasada, referido a las políticas aplicadas por el Poder Ejecutivo y el Directorio del Banco de Previsión Social: en régimen de prestaciones de pensiones a la vejez generalizado.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Apoyado. ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Señor Presidente: con el entonces representante Cassina tuve el gusto de trabajar durante la Legislatura pasada en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes. No quise interrumpir su exposición, en virtud de coincidir en muchos de los temas que él ha planteado esta noche, pero creo que ese gran debate sobre la Previsión Social se va a producir cuando se trate el proyecto que está en Comisión.

Entiendo que la Seguridad Social abarca muchos más campos que el del simple servicio de jubilaciones, pensiones, seguros de paro, seguros por enfermedad y otras prestaciones del Banco de Previsión Social. Abarca también áreas que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda, el empleo. etcétera.

El señor senador Cassina sabe muy bien que cuando el Banco de Previsión Social informa oficialmente que hay 500.000 pensiones, no señala –nunca pude conseguir que dicha institución me diera ese dato- cuál es la cantidad de cédulas pensionarias. Una cosa es que se sirvan cédulas pensionarias, y otra que se sirvan pensiones. Puede haber una cédula pensionaria que tenga a una sola persona como beneficiaria y otra que tenga a once como tales.

El déficit en Caja Rural, por ejemplo, siempre se ha atribuido a que los patronos rurales no aportan. No es tan así; en la Caja Rural, los que no aportan son los patrones de servicio doméstico. Estoy seguro que éstos no aportan ni el 1% o 2% de lo que debieran aportar y además carga con las pensiones a la vejez, que la administración anterior multiplicó por seis porque tenía la filosofía de que todos los trabajadores de este país –lo dijo hasta el propio señor Director de la Seguridad Social en aquel entonces- desde el Presidente de la República hasta el portero del Edificio Libertad debían tener la misma retribución y que el que quisiera tener una jubilación mejor tenía que recurrir a los fondos complementarios de Previsión Social, como si el obrero y el asalariado en este país tuvieran capacidad de ahorro.

Entonces, si bien comparto muchos de los conceptos expresados por el señor senador Cassina, no nos pondremos de acuerdo con respecto a algunos de ellos hasta que no se produzca ese gran debate que tiene que producirse.

De cualquier manera, le recuerdo al señor senador Cassina que cuando en la Cámara de Representantes se discutió la Ley N° 15.900, nosotros propusimos que cuando se produjeran las mejoras de las retribuciones de los funcionarios públicos, a los treinta días el Banco de Previsión Social tenía que aumentar en la misma proporción las pasividades y que las mismas no podían ser menores –en una escala que establecimos hace tres años y que culmina este año- de un salario mínimo nacional.

Entonces, transamos en los 60 días porque el Poder Ejecutivo no aceptaba los 30 días pero, posteriormente, y desvirtuando esto, aquél lo pagó a los 90 días. Lo que se hace en la actualidad es pagar cada cuatro meses pero, en mi modesta opinión, se produce un mayor incremento del monto de los egresos que va a tener el Banco de Previsión Social, porque no es lo mismo revaluar una vez por año las pasividades que hacerlo cuatrimestralmente. Además, hay que financiar la revaluación que se paga en abril, las tres cuotas del aporte de 1985 –que estamos de acuerdo en que están financiadas; hemos sostenido una posición al respecto y no la vamos a cambiar ahora, aunque me cuesta colocarme en una mentalidad gubernista- y en junio hay que pagar la revaluación, según el artículo 67, es decir, el promedio del índice medio salarial que va desde enero a mayo. Evidentemente, esto aumenta los egresos del Banco de Previsión Social.

En consecuencia, debo señalar que estoy de acuerdo con casi todo lo expresado por el señor senador Cassina. Y él lo sabe, puesto que trabajamos juntos en la interpretación de cómo se debían revaluar las pasividades y en lo concerniente a la Ley N° 15.900. creo que el gran debate que merece el país sobre el sistema de las prestaciones del Banco de Previsión Social se va a producir evidentemente este año, y ojalá que lleguemos, todos los que tenemos la mejor buena voluntad a ver que los asalariados de este país tengan una jubilación suficiente, como establece la Constitución de la República, que les permita una vida decorosa y digna en este país que todos queremos, que además de ser libre sea justo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Concluida la tercería coadyuvante del señor senador Silveira Zavala, continúa en uso de la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA.- Finalizo con este tema de la evasión al Banco de Previsión Social para informar al Senado de la respuesta que dicho organismo acaba de darnos a la última de las interrogantes que le planteamos; los créditos del Banco de Previsión Social en el sector público y en el privado.

En este documento el Banco de Previsión Social nos informa puntillosamente, detalladamente, los créditos que tiene con el sector público, pero en relación al privado nos dice textualmente lo siguiente: "En cuanto a los créditos a favor del Banco por concepto de contribuciones patronales y obreras" –numeral 6° de mi interrogatorio- "corresponde informar que no ha sido posible mantener un sistema de cuenta corriente de empresas, continuando con el régimen de declaración jurada mensual y fiscalización posterior, hasta tanto culminen los trámites de adquisición de nuevos equipos de computación y la reorganización administrativa y reformulación del sistema general de recaudación".

Digo, señor Presidente, moderando las expresiones, que esta respuesta es escandalosa porque, lisa y llanamente, el Banco de Previsión Social nos está diciendo que no tiene la menor idea de lo que le debe el sector privado. Por ese motivo es que nosotros hemos puesto tanto el acento en este punto desde hace mucho tiempo y junto con el señor senador Batalla, el 15 de febrero, presentamos un proyecto de ley para integrar inmediatamente el Directorio del Banco de Previsión Social con representantes de los tres sectores directamente interesados en su gestión: los jubilados y pensionistas, los trabajadores en actividad y los empresarios contribuyentes. Esto no sólo lo hicimos para cumplir con un mandato del Constituyente, vigente desde 1967, sino para posibilitar que el Banco de Previsión Social sea bien administrado como ocurre, por ejemplo, con los organismos paraestatales de la seguridad social. También, como sucedió con aquel magnífico instituto que fue el Consejo Central y las Cajas de Asignaciones Familiares, en donde la administración tripartita –Estado, patrono y obrero- aseguraron que las prestaciones se otorgaran en términos breves y que se recaudara todo lo que se debía.

Reiteramos que ponemos el acento en este tema que puede parecer un tanto formal, pero que creemos fundamental, entre otras cosas, para mejorar de inmediato la recaudación del Banco de Previsión Social por la vía de la administración directa de los sectores interesados en el Directorio del organismo. En este aspecto, desde 1967 hasta la fecha, la Constitución de la República no ha sido cumplida en lo que nos parece una clara manifestación de falta de voluntad política para hacerlo.

Ahora pasamos, señor Presidente, a un enfoque un poco más global sobre el tema del ajuste fiscal.

Sin embargo, he querido detenerme en lo relativo a la seguridad social por las razones que expuse y porque me parecía que era necesario que en este Senado se levantara, por lo menos, una voz para hablar claramente de la situación de los jubilados y pensionistas del país y defender la mínima justicia que entraña la reforma constitucional abrumadoramente aprobada por la ciudadanía el 26 de noviembre pasado.

Hemos dicho, señor Presidente -lo han expresado nuestros dirigentes al más alto nivel- que nuestro Partido, el Nuevo Espacio, considera necesario realizar un ajuste fiscal. Sobre esto no tenemos ninguna duda y hemos sido tan claros al respecto que expresamos que cualquiera fuera el partido que hubiera ganado la elección pasada -en el supuesto, en la hipótesis, de que no hubiera sido el Partido Nacional- habría tenido que atender este tema sin demora, porque el país no puede permitirse, naturalmente, que se mantenga una situación que viene degenerándose progresivamente.

Deseo señalar que para nosotros es excesivo este ajuste fiscal, que puede resultar contraproducente –no afirmamos que lo vaya a ser- y en su globalidad, más allá de algunos de los tributos a que se recurre, se inscribe en una política económica que mantiene, por lo menos, la injusta distribución del ingreso que, desde hace mucho tiempo, se da en la sociedad uruguaya.

En la brevedad de nuestra exposición hemos manifestado en la Comisión de Hacienda que el tema del ajuste fiscal se ha planteado de tal modo que el país ha sido llevado a entender que el gran problema que tiene hoy es el déficit fiscal y la inflación que resultaría del mismo. Y, para nosotros, el gran problema que Uruguay tiene actualmente –y desde hace mucho tiempo- es la falta de crecimiento económico que es donde, desde nuestro punto de vista, radica la causa de este déficit fiscal. Por eso dijimos en Comisión que, sin perjuicio de adoptar medidas urgentes, también creíamos que había que atacar de inmediato las causas, porque el déficit, la inflación no era otra cosa que una manifestación de esas causas y que, en la medida en que se dejaran en pie, seguirían generando los mismos efectos.

Por esta razón hemos entendido que un proyecto de ajuste fiscal debía ser simultáneamente complementado con medidas para el aumento de la producción, que a la vez obraran sobre el empleo y sobre el salario, estimulando la inversión. De ahí que para nosotros, en la medida en que este proyecto de ley integra un paquete de normas legislativas y administrativas, entre las que se incluye un recorte a la inversión pública, que ya de por sí es insuficiente, agrava una situación intolerable de falta de inversión productiva en el país. A nuestro juicio, ello origina la situación de crisis económica a que hoy nos estamos enfrentando. Para nosotros que no participamos, sino que discrepamos sustancialmente con la concepción económica liberal, el Estado, en lo que hace a la inversión y al crecimiento del producto, debe jugar un rol fundamental, un rol motorizado insoslayable, particularmente en un país pequeño, subdesarrollado y económicamente dependiente como el nuestro.

Creemos que el proyecto, señor Presidente, acentúa el carácter regresivo e injusto de nuestro sistema tributario, que no hay una pareja y equitativa distribución de los costos del ajuste, porque recaen fundamentalmente sobre el ingreso y la producción, inscribiéndose en una fiscalidad basada en impuestos indirectos, al consumo que castiga más a quienes tiene, incrementando los precios de bienes alimenticios, de demanda rígida. Esto no es –reitero.- una neutralidad fiscal. Cuando el Estado actúa de una manera, toma partido y lo hace por lo menos –como dije antes- por el mantenimiento del "statu quo", es decir, por el mantenimiento de una situación de muy injusta distribución del ingreso y de la riqueza nacional.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Señor Presidente: solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

-Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. – Señor Presidente: agradezco al Senado su benovolencia.

He tomado en consideración, señor Presidente, un interesante trabajo de dos economistas, Marcelo Bisogno y Carlos Grau, publicado en abril de 1989. Ellos parten de datos de la Dirección General de Estadística y Censos, de la Encuesta de Hogares realizada desde mediados de 1982 a mediados de 1983. Recordemos que en el año 1982 se modificó la composición de la llamada canasta familiar, con base en los datos de esta encuesta, en un trabajo titulado "La Tributación Indirecta y la Distribución del Ingreso", estos economistas dividen el ingreso total del país en cuatro partes iguales, es decir, que a cada una le adjudican un 25% del ingreso. Naturalmente que en cada una de esas partes hay una cantidad diferente de habitantes del país. Tanto es así que la encuesta trabajó con una muestra de hogares que fueron distribuidos por los economistas citados de la siguiente manera; en la primera cuarta parte –cuartila, como le llaman ellos- 290 hogares; en la segunda 141 hogares; en la tercera, 87 y en la cuarta 42. La primera corresponde a los hogares de menores ingresos; la última, a los de mayores ingresos y las dos intermedias, a los de ingresos medios.

¿Qué resulta de los datos examinados por estos investigadores, concretamente, en función de los resultados de la Encuesta de Hogares de la Dirección General de Estadística y Censo? Veamos, por ejemplo, la incidencia que tiene en el total de gastos de cada sector, de cada cuarta parte de la población dividida en cuartilas, algunos productos alimenticios. He tomado ocho variedades: productos lácteos, huevos, aceites y grasas, productos de panadería, harinas, arroz, fideos y otras pastas alimenticias, carne vacuna y ovina. Pues bien, en el total de ingresos promediales de cada familia de cada cuartila de ingresos, estos productos representan el 20.82% en la primera cuartila, es decir, en la de más bajos ingresos; en la segunda, el 16.37%; en la tercera, el 11.86% y en la cuarta, sólo el 8.23%. Estas cifras muestran por sí solas, el carácter regresivo de nuestra fiscalidad, que grava igualmente alimentos esenciales cuyo consumo gravita tan diversamente, según los diferentes ingresos.

Veamos ahora un análisis de la presión fiscal por sector de ingresos –tomado del mismo estudio- referido a los impuestos al consumo: IVA e IMESI. Los porcentajes corresponderán al ingreso promedio de cada sector.

En el sector de menores ingresos, donde no debiera haber prácticamente gravamen alguno, porque son ingresos absolutamente insuficientes para una decorosa subsistencia, esta fiscalidad indirecta representa un 13.53% del ingreso y, en el sector de más altos ingresos –donde obviamente, la carga fiscal debiera ser mucho mayor, porque reciben lo suficiente y más que lo suficiente para la decorosa subsistencia de la familia- esta carga fiscal de tributación indirecta representa sólo el 11.76%. Esto demuestra, de por sí, el carácter profundamente regresivo de nuestra fiscalidad y, por ciento, la veracidad de mi afirmación en cuanto a que esta fiscalidad, que a veces pretende ser neutral, de neutral no tiene absolutamente nada. De ahí que para nosotros constituye un punto de arranque fundamental, en una política de ajuste tributario en la que podemos admitir transitoriamente medidas que no nos gustan, destinadas a lograr una recaudación inmediata en base al sistema tributario, a la infraestructura fiscal que el país tiene hoy en día, que obviamente no está preparada para la tributación directa, empezar ya, junto con este ajuste fiscal, una modificación sustancial de nuestra fiscalidad. Por esa razón hemos mencionado en Comisión, a título de ejemplo, la necesidad de establecer desde ya –aunque no comience a dar frutos este año- un impuesto a los ingresos elevados –preferimos llamarlo así y no a la Renta- una reestructura del Impuesto al Patrimonio y el restablecimiento del Impuesta a las Herencias y a los actos asimilados que, en su tiempo se llamó Sustitutivo de Herencias. No creemos que si se efectúa una buena aplicación de éste, con tasas racionales, particularmente en el sector de herederos menos vinculados por parentesco al causante, dé un rendimiento muy reducido como para justificar su no aplicación. Por el contrario, pensamos que estos tres tributos, con una infraestructura fiscal que los sostenga, en poco tiempo permiten al Estado obtener recursos cuantiosos de aquellos sectores de la sociedad que tienen capitales e ingresos suficientes como para tributarlos y, a su vez, desgravar, en cierta medida por lo menos, a los sectores mayoritarios de la población que hoy día viven en niveles de pobreza crítica que ciertamente no serán superados con algunas medidas plausibles que el Gobierno se propone tomar como, por ejemplo, un aumento moderado de la Asignación Familiar y una contribución, por algunos meses, a las familias de menores recursos.

Es increíble, señor Presidente, la forma en que se ha ido volviendo regresiva e injusta nuestra fiscalidad. Tan es ello así, que yo corroboraba esta situación con un Informe del Banco Mundial que contiene datos correspondientes al año 1987, y que fue publicado por la Revista "Ambito Financiero", de Buenos Aires, de agosto – setiembre del año próximo pasado. Allí se registra una serie de indicadores fiscales que corresponden a una cantidad enorme de países desarrollados, subdesarrollados y en proceso de desarrollo de los distintos continentes. Ente sus columnas figura una en donde se establece el porcentaje que sobre el total de los ingresos corrientes tienen en cada país los impuestos sobre las rentas y las ganancias del capital.

En este informe –reitero, que es, nada menos, del Banco Mundial- Uruguay se ubica entre los países que menos gravan las rentas y las ganancias del capital. Nuestro país figura, junto con Bangladesh y Kuwait, pode debajo del 10% de ingresos corrientes totales, mientras que hay países desarrollados –como por ejemplo Estados Unidos- donde la tributación sobre las rentas y las ganancias del capital en el total de ingresos corrientes alcanza al 52.4%. En tanto esto es así, Uruguay está por debajo del 10%, al nivel de países con economías tan particulares como Kuwait y Bangladesh.

Nuestra posición sobre el posible efecto fiscal, y el carácter regresivo de las medidas que se proponen adoptar, es compartida por opiniones tan autorizadas como las del contador Faroppa, quien en su habitual columna semanal, expresa: "Este incremento de la muy elevada carga impositiva vigente repercute negativamente en el hallazgo de la mejor solución nacional, ya que el bienestar de la población se acompasa con el crecimiento de su economía, es decir, con la expansión de su actividad productiva, de su empleo y de su nivel de ingreso; y la solución propuesta la contraría: no promociona la recuperación productiva ni reduce suficientemente la desproporcionada presión fiscal, actualmente, de aproximadamente el 24% del producto. El proyecto del Poder Ejecutivo propone, justamente, lo inverso. En momentos de recesión, con riesgos de transformarse en depresión, acentúa la excesiva carga pública que recae sobre la producción y el ingreso nacional".

Como se ve, no estamos solos en nuestra opinión ya que también refleja la de uno de los economistas más destacados del país, perteneciente al Partido Colorado Batllista.

Nosotros nos tememos, señor Presidente, que este ajuste tenga efectos contraproducentes. No afirmamos que lo vaya a tener porque no nos sentimos autorizados a realizar ese tipo de apreciación. Sin embargo, nos tememos que ello ocurra. Por de pronto, se va a producir una rebaja del salario real que puede ser mayor a la que resulta de la aplicación del llamado Impuesto a los Sueldos. Ello sucederá en la medida en que los sectores productivos, para mantener su nivel, tiendan a la rebaja del salario real de los trabajadores, la que será mayor en el sector público. Además, nos tememos que este proyecto de ajuste fiscal tenga un impacto negativo sobre el empleo. Se nos ha informado por parte de economistas que pasado el corto plazo, en el sector manufacturero, el incremento de cada uno por ciento en los costos tenderá a reducir en 0.4% los puestos de trabajo. Y esto sólo se podrá evitar con una caída del salario real.

En cualesquiera de los casos, las conclusiones son profundamente negativas.

Reitero nuestro temor acerca de que este ajuste fiscal tenga un efecto contraproducente sobre la producción. Es muy claro –ha sido dicho y no desmentido- que afectará seriamente al sector exportador con una suba de precios que según el Presidente de la Unión de Exportadores oscilará entre un 7% y un 10%. De esta manera se reduce su producción al 70% de su capacidad, salvo que se establezca –en mi opinión- un tipo de cambio más alto que, naturalmente, repercutirá gravemente sobre otros sectores de la economía, con un mayor proceso inflacionario. Resulta claro que afecta también a aquellas empresas que no pueden absorber o trasladar el aumento de la carga fiscal, así como también a los pequeños y medianos productores tan gravemente endeudados y cuya situación no puede equipararse a la de un reducido sector de deudores de nuestro sistema financiero que concentra, pese a ser tan pequeño en número, la parte fundamental de la deuda interna uruguaya.

Nos parece evidente que esas medidas, al afectar los costos de producción, pueden conducir a una situación insostenible a pequeños y medianos productores que constituyen la columna vertebral del aparato productivo del país; así como a comerciantes –que son miles y miles en todo el país- y a algunas empresas familiares, llevándolas a un grado de inestabilidad tal que pueda provocar su quiebra, con consecuencias profundamente negativas desde todo punto de vista.

Nos tememos, señor Presidente, como ha dicho públicamente nuestro ex candidato a la Vicepresidencia de la República, el economista José Manuel Quijano, que a pesar de las posibles consecuencias recesivas de este ajuste fiscal, él tenga también repercusiones inflacionarias por el impacto sobre los precios internos, que no se rigen sólo por la cantidad de dinero en circulación, por el traslado a los precios de varios de los tributos que aquí se establecen o modifican e incluso por el ajuste excesivo de las tarifas públicas efectuado recientemente.

La experiencia latinoamericana, de la que no podemos apartarnos, revela que cuando más se detrae la sociedad y menos se gasta, ello influye en el nivel de actividad. De ahí que en el crecimiento del nivel de actividad, nosotros atribuyamos un rol motorizador fundamental al Estado. Esto puede tener un impacto sobre la recaudación porque, como dicen los economistas, el nuestro es un sistema fiscal procíclico, es decir, se recauda más en la medida en que hay mayor actividad, porque está basado en impuestos indirectos al consumo. Si este último es afectado como consecuencia de estas medidas, la recaudación puede verse también afectada.

Nos preocupa mucho, señor Presidente, que como consecuencia de todos estos factores, el clima de tranquilidad social del país pueda verse seriamente comprometido. No nos gusta hacer pronósticos calamitosos, pero a nadie se le oculta que los trabajadores –que en su abrumadora mayoría no reciben lo suficiente para una decorosa subsistencia- no pueden permanecer impasibles ante un paquete de medidas que mete la mano en su bolsillo y les resta parte de sus menguados ingresos.

En resumen, el ajuste fiscal es necesario, pero a nuestro juicio no puede realizarse sin incorporar desde ya una sustancial modificación en nuestra fiscalidad, sin volver gradualmente –porque, naturalmente, el Estado no puede quedarse sin recurso- de una fiscalidad indirecta a una directa, para lo cual –y hablo, especialmente, del Impuesto al Patrimonio, pero también del impuesto a los ingresos elevados- el Estado cuenta con instrumentos que hasta ahora se han negado a utilizar. A comienzos de la Legislatura pasada, al sancionar una ley que dio en llamarse "de emergencia de arrendamientos urbanos", establecimos una norma por la cual se creaba, imperativamente y de una buena vez en el país, el Registro de la Propiedad Inmueble. Pues bien; el Gobierno anterior nunca cumplió esta disposición con el pretexto de que había enviado un proyecto de ley para derogarla, sustituyendo los datos que pretendíamos obtener de ese Registro para una legislación de arrendamientos con muestras realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos. Obviamente, el Registro no fue creado solamente para obtener información que nos permitiera legislar con mayor conocimiento de la realidad en materia de alquileres; también tenía por objeto dotar al país de un instrumento propio de cualquier nación civilizada, que le permitiera, entre otras cosas, actuar racionalmente, con justicia, en materia tributaria a partir del conocimiento de cómo está distribuida la riqueza en el sector inmobiliario.

Toda vez que el tema fue puesto a discusión en la Legislatura pasada, particularmente cuando examinamos el Presupuesto y las Rendiciones de Cuenta, reclamamos el cumplimiento de esta norma, para la cual, además la Dirección del Catastro preparó la reglamentación, que llegó a ser aprobada por el Poder Ejecutivo; sin embargo cuando se advirtieron las consecuencias que de ella podían derivar, no se publicó el decreto y se remitió un proyecto de ley derogatorio que, felizmente, el Parlamento no se dignó tomar en cuenta en ningún momento. Me estoy refiriendo a lo que los especialistas suelen llamar el Catastro subjetivo, instrumento indispensable para una fiscalidad basada en la tributación sobre los ingresos elevados y sobre el capital.

En la última reunión de la Comisión hicimos referencia al tema y señalamos que en un trabajo de los economistas Marcelo Bisogno y Carlos Grau resulta muy bien explicada la forma cómo aun manteniendo la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, es posible introducir en él principios de justicia. Se trabajó sobre 200 productos aquí mencionados, algunos de los cuales están desgravados y deberían ser gravados, mientras que otros que tributan la tasa mínima o básica deberían estar exonerados. Por el juego de estas modificaciones estupendamente examinadas por estos investigadores, es posible, aun manteniendo un impuesto tan injusto y regresivo como el IVA –por lo menos en los niveles en que se encuentra- recaudar lo mismo haciendo que la tributación sea más justa y que el peso de esta carga fiscal no recaiga –como sucede actualmente- fundamentalmente sobre los sectores de población de menores ingresos.

Esta es una de las modificaciones que pueden intentarse, y para lo cual existen avanzados estudios en el país.

También hemos reclamado una negociación de la deuda externa, llevada a tales términos que permita reducir sustancialmente el servicio que para el país tiene hoy en día el pago de los intereses a la banca extranjera. Como se me está terminando el tiempo de que dispongo, debo abordar en forma muy sucinta este tema fundamental. Pero, repito, el ajuste fiscal no puede ser desvinculado del tema de la negociación de la deuda externa a fin de reducir sustancialmente la carga insoportable que hoy en día representa para el país.

En Comisión señalamos –y al tema se refirió anteriormente, con un tono de benevolencia, el señor senador de Posadas Montero- que éramos partidarios de encarar toda una política de crecimiento económico –porque esa es la raíz de todos los problemas del país- a través de un acuerdo o pacto social. El señor senador de Posadas Montero creyó ver en esto reminiscencias rousseaunianas. No nos molesta porque creemos que lo que al país le hace falta es el establecimiento de objetivos nacionales que vayan más allá de un período de gobierno, que le permitan al país tener en esta materia una política de Estado de largo plazo y en una sociedad democrática no concebimos otra manera de realizar esta política que a través de un pacto social, que le otorgue no sólo beneficios –como señalaba comentando mi exposición el señor senador de Posadas Montero- sino responsabilidades a todos, que establezca reglas de juego claras, de las que resulten beneficios y responsabilidades. Por ahí es que el país puede empezar, en nuestra opinión, a caminar hacia el crecimiento económico, con la participación de todos los sectores, en la medida en que también estarán asumiendo responsabilidades.

Más allá de que podamos compartir algunas de las medidas concretas de ajuste tributario que se incluyen en el proyecto de ley que estamos considerando en su globalidad, pensamos que este ajuste es negativo. Tal como señalara el señor Batalla, luego de la última entrevista con el señor Presidente de la República, se le está pidiendo a todo el país, pero particularmente a los sectores mayoritarios que son los más desposeídos, un sacrificio desproporcionado, enorme, sin ninguna nota de esperanza.

Muchas gracias.

SEÑOR BOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA.- Diría que circunstancias como ésta en las que el país se aboca a financiar un déficit público importante y una modificación del régimen jubilatorio, sancionada por una reforma constitucional en la última elección nacional, es una de ésas en las cuales cae el velo sobre algunos preconceptos que en este país, rigieron durante mucho tiempo. Hay gastos que son del Estado, como se éste fuera una cosa distinta a la sociedad, como si cada vez que el Estado gasta, ninguno de los integrantes de la sociedad se viera directamente afectado. Y eso, sin duda, esa equivocada creencia, fue causa de muchos males.

Digo que en esta circunstancia, al tener que financiar estos dos desniveles importantes de la economía uruguaya, cada ciudadano tiene ante sí, con claridad, un panorama por el cual cuando el Estado tiene gastos que están más allá de lo que son sus recursos, tiene que aumentarse la contribución de cada uno de aquéllos para solventar un funcionamiento equilibrado de las finanzas y un financiamiento de nuevas obligaciones a asumir.

Creo que además de lo duro y difícil que eso significa, es también importante que todos tengamos conciencia de que somos, la sociedad, cada uno de los uruguayos, los que sostenemos con nuestra contribución el funcionamiento del Estado y que éste no tiene recursos distintos a aquellos que le aporta cada uno de los integrantes de la sociedad por intermedio de su contribución: por la vía impositiva, por el pago de tarifas, por las distintas contribuciones que va haciendo, reitero, cada uno de los integrantes de la sociedad para financiar el funcionamiento del Estado.

Los dos objetivos que tiene este proyecto de ley a consideración del Cuerpo son, por un lado, financiar el déficit público y, por otro, el proyecto de reforma constitucional que ajuste el sistema jubilatorio. Ello significa que ahora se llama a la sociedad para que con su esfuerzo contribuya a solventar estas obligaciones asumidas.

Quiero iniciar el análisis de estos temas por el segundo punto.

A lo largo de la última campaña electoral, el país vivió una pronunciada vocación reformista en el tema jubilatorio. Muy pocos fueron los que en esa campaña advirtieron los riesgos y los costos que suponía esta reforma; y aquellos pocos que señalaron esos riesgos sin duda también pagaron su costo político. Ahora ha llegado la hora de la verdad. Por consecuencia, aquellos anuncios que hizo, por ejemplo, el doctor Batlle, como candidato a la Presidencia de la República, oponiéndose a este proyecto de reforma constitucional, al poco tiempo se vieron confirmados por la realidad de los hechos y es así como se reclama a los uruguayos el hacer el esfuerzo de este sacrificio para poder financiar el costo excedentario que supuso esta reforma.

Digo también, señor Presidente –recuerdo haberlo afirmado en la campaña preelectoral- que así como nos oponíamos a esta reforma, habíamos advertido a la opinión pública que de ser ella sancionada –como luego lo fue- seríamos celosos custodios de su fiel cumplimiento. En algún momento, hubo versiones sobre la posibilidad de sancionarse leyes interpretativas que quitaron o atenuaran los efectos de la reforma constitucional y, en este sentido, dijimos que una vez iniciado el camino para que el pueblo se pronunciara, su voluntad debía ser obedecida y respetada por todos, fundamentalmente por aquellos que como nosotros, habíamos advertido a esa opinión pública acerca de los riesgos que se corría impulsando o apoyando esa iniciativa. Con esa actitud, fuimos absolutamente coherentes. Valgan como ejemplo de ello lo que fueron los primeros tramos de las conversaciones y negociaciones que el Partido Colorado celebró con el Partido Nacional y con el señor Presidente de la República.

La opinión pública sabe que existió una idea, que fue manejada por el equipo económico del Presidente electo, por la que se buscó un mecanismo por el cual a través de un aumento de las jubilaciones y pensiones no equivalentes al que correspondería aplicar como consecuencia de la revaluación de abril, pudiera conducir a un costo menor del ajuste posterior que en agosto debía hacerse en virtud de la reforma constitucional.

El país sabe también cómo el Partido Colorado le respondió al Gobierno electo. Nosotros entendimos que ese sacrificio de buscar nuevos recursos debíamos asumirlo todos, en función de una obligación, a esta altura más ética que constitucional, a fin de respetar y defender lo que había sido un claro pronunciamiento popular.

No se hubiera prestigiado el sistema político, el Gobierno, ni las instituciones que todos tenemos que defender si hubiera quedado algún elemento que pudiera permitirle a la opinión pública o a los propios jubilados y pensionistas, pensar que luego de haber obtenido no sólo el respaldo de una amplia mayoría en el plebiscito constitucional, sino también el de la mayoría del sistema político en la campaña previa a dicho evento, los resultado pudieran no ser aquellos que se ajustaran a lo que se había reclamado.

Aquí estamos nosotros, señor Presidente, habiendo sido de los pocos que asumimos los riesgos políticos de oponernos a esta iniciativa, sumando nuestro voto y asumiendo nuestra responsabilidad política, no sólo ante el Gobierno, sino también ante el país. Se trata, repito, de una iniciativa que no fue nuestra, pero que tuvo el respaldo mayoritario del sistema político y de la opinión pública nacional.

De la misma manera que decimos esto, también queremos que la opinión pública tenga claro que una parte importante del financiamiento del aumento que supone esta reforma constitucional del sistema jubilatorio, proviene de la propia contribución de los jubilados, así como también de la que los trabajadores en actividad tendrían que realizar por disposición de este proyecto de ley que vamos a sancionar.

Ha sido nuestra intención, la del Partido Colorado, comunicar a los integrantes del Partido Nacional, concordando con ellos, que el proyecto a estudio finalice con un artículo que establezca, como programa pero también como voluntad política, que cuando el estado de las finanzas públicas a través del ajuste fiscal que este proyecto procura, suponga un alivio para la situación económica del país –y por lo tanto para la situación económica de cada uruguayo y de la sociedad toda- el primer paso que se dé por parte del Poder Ejecutivo y del Parlamento a través de la ley, sea la disminución del aumento que ahora se establece a través del impuesto al trabajo.

Creemos que el impuesto establecido para financiar esta reforma constitucional tiene –es un argumento valedero, cierto, que ha manejado el Poder Ejecutivo- la facilidad de una ágil recaudación que, como consecuencia, permitirá obtener rápidamente los recursos para poner en marcha este nuevo sistema.

En función de esto, pensamos que este sacrificio es válido; sin embargo, también es importante que todos asumamos el compromiso –tanto nosotros desde el Parlamento, como el Poder Ejecutivo- de que, en un plazo que todos deseamos sea lo más breve posible y aspiramos a que pueda realizarse en el correr del año 1991, nos volvamos a reunir aquí para habilitar un alivio en la presión tributaria que este proyecto de ley impondrá sobre los trabajadores y jubilados, a fin de financiar la modificación del sistema jubilatorio.

Creo que algún señor senador ha dicho –y paso a referirme al tema global del déficit fiscal- que cualquiera que hubiese sido el partido triunfador en las elecciones y tuviese –como tiene ahora el Partido Nacional- la responsabilidad de conducir el Gobierno de la República, el primer paso a dar hubiese sido un ajuste fiscal que llevar las cuentas del Estado a la nivelación necesaria como para aventar los riesgos de una hiperinflación y, como consecuencia, una acentuación del castigo, del sacrificio, del costo social que toda situación inflacionaria implica, fundamentalmente, para las clases más débiles.

Personalmente, considero que esta afirmación es cierta y creo que todos sabemos –más allá de que propongamos unos instrumentos u otros- que en esta hora del país había que hacer este ajuste fiscal. Digo más; a lo largo de la campaña electoral, el tema de la inflación, las posibilidades de su crecimiento y el déficit fiscal como una de sus causas primordiales, fue uno de los temas más recurrentemente analizados, discutidos y expuestos s la opinión pública.

Inclusive, en algún caso se señaló que el candidato a Presidente por el Batllismo, insistía machaconadamente sobre el mismo tema.

Creo que todos teníamos en el horizonte inmediato, la necesidad de hacer esta reforma, de hacer esta modificación de la situación de las finanzas públicas, cada uno eligiendo sus estrategias y sus instrumentos. Nosotros le planteamos al país las nuestras. Por lo tanto, digo hoy que si se hubiera recorrido el camino que nosotros planteamos, sin duda, en este momento, a los uruguayos le hubiéramos tenido que reclamar una cuota menor de sacrificio.

Si el país tiene reservas que son ahorros que hicieron generaciones anteriores, podemos pensar que son para que la sociedad las utilice en el momento en el cual una crisis como ésta haga necesario recurrir a ellas. Si ese hubiera sido el camino elegido, los uruguayos hoy serían ayudados por los ahorros que hicieron nuestros antepasados con una economía estabilizada y, en consecuencia, en condiciones que les permitían tener un alto nivel de vida y, además, poder ahorrar.

Considero, señor Presidente, que todos tenemos que asumir responsabilidades políticas. Nosotros propusimos estas medidas a la opinión pública, las discutimos, y las urnas dijeron que no representaban la mayoría de los uruguayos. Pensamos que es el Partido Nacional, al ganar la elección y el señor Presidente de la República, por tener tan alta responsabilidad en la conducción de los destinos del país, quien tiene el derecho y la obligación de elegir los caminos que estime más convenientes, frente a esta circunstancia, con los instrumentos que considere más apropiados en beneficio de dicha estrategia. Es con esa conducta que el Partido Colorado discutió con el señor Presidente de la República y con los señores representantes de su Partido las ideas que primero fueron creando el camino para luego concretarse en este proyecto de ley.

Es el Presidente de la República, su equipo económico y su Partido, quien le propone al Parlamento y al país estas soluciones y, sobre ellas –respetando la voluntad mayoritaria- es que vamos a transitar. Es apoyando esas ideas, que provienen de ese mandato nacional, que el Partido Colorado viene a coincidir, creo que fue el propio Primer Mandatario el que quiso poner la denominación de "coincidencia" al acuerdo político. Es en ese punto donde estamos de acuerdo, es decir, en la necesidad de hacer un ajuste fiscal. Coincidimos, también, en que sean las ideas y la responsabilidad política del Presidente de la República y de su Partido, las que marquen el estilo y las tendencias predominantes frente a esta circunstancia económica en la vida del Uruguay.

¿Cuáles son los objetivos que se han marcado? Hace mucho tiempo en el país se han suscitado discusiones sobre el camino gradualista o de shock para atacar los males inflacionarios que vive la sociedad uruguaya.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Astori)

-Creo que todos hemos percibido que los intentos de ir por el camino gradual, en alguna media, han ido debilitando las posibilidades de llegar a la estabilidad económica y abatir definitivamente los niveles inflacionarios. El Gobierno ha elegido el choque violento para enfrentar la inflación. Ha manifestado a través de su Ministerio de Economía y Finanzas, e inclusive por intermedio del Mensaje que acompaña este proyecto de ley, que es su propósito –utilizando estas medidas, así como también a través de aquellas otras que puede ejecutar por sí, sin necesidad de la ley- de llegar a un déficit público no superior al 2,5% del Producto Bruto Interno a fines de este año.

Sin duda, el hecho de enunciar este objetivo y de fijar esos términos, indica que la política económica que se ha elegido es la de shock. En consecuencia, diría que ésta tiene dos características. La primera es la de desechar el camino del gradualismo que puede llevarnos a tener iguales frustraciones a las que han vivido otros pueblos de América del Sur, que han iniciado –en mi opinión, a medias tintas- el proceso de ajuste y, al no aplicarlo en rigor, han tenido que hacer nuevos ajustes y reiteradamente ir multiplicándolos sin alcanzar ni el equilibrio, ni la estabilidad ni el crecimiento. Por otro lado, al elegir el camino del shock, también es permisible alentar la esperanza de que en corto tiempo este sacrificio que hoy se le pide a los uruguayos pueda ser rápidamente atenuado y, en consecuencia, la intensidad de estas medidas no tenga una duración muy prolongada en el tiempo. Frente a esta política –que es del Presidente de la República, de su Partido- el Partido Colorado, reconociendo esa iniciativa, viene al Parlamento a darle los instrumentos que nos piden, a habilitarle el camino que solicita para que, también, en corto tiempo pueda mostrar resultados que le aseguren a los uruguayos que no haya una prolongada, reiterada o repartida solicitud de nuevos ajustes e intentos de buscar instrumentos para abatir el déficit y terminar con la inflación.

SEÑOR BRAUSE. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. – Formulo moción, señor Presidente, para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZA. – Gracias, señor Presidente.

Una vez habilitados estos instrumentos lo que corresponde, lo que tiene que ser la contrapartida, es el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, en lo que es su órbita exclusiva de una fuerte reducción del gasto público, así como también de un control de la evasión. Recuerdo que a lo largo del período anterior fue señalado reiteradamente por los legisladores del Partido Nacional como un mal que no era bien perseguido por el Partido Colorado. Ahora el Partido Nacional tiene en sus manos todas las posibilidades para mostrarle al país que puede y debe controlar la evasión y, por consecuencia, aumentar la recaudación.

Digo más, señor Presidente. cuando desde el Partido Colorado y desde el Batllismo hablamos de una fuerte reducción del gasto público, nos estamos refiriendo a la reforma del Estado, estamos hablando de la modernización de las estructuras del país; estamos haciendo mención a aquellas cosas que, también, en forma insistente planteamos en la campaña electoral, o sea, introducir definitivamente al Uruguay en los tiempos que vive el mundo y lograr de esa manera, un país con un Estado eficiente y, por lo tanto, abrir las puertas de una sociedad mejor, de una calidad de vida superior para cada uno de los uruguayos.

Quizá cuando hablamos de estas cosas en la campaña electoral, pocos uruguayos habían recibido la información que hoy tienen sobre lo que viene sucediendo en el mundo. ¿Qué implica el cambio en el mundo socialista sino la búsqueda de la eficiencia y de la mejor calidad de vida de esas sociedades? ¿Y qué significa el reconocimiento de que sociedades que se pensaron armadas de estructuras burocráticas no han conseguido superar, sin embargo, la escasez ni la falta de calidad de vida de sus pueblos? ¡Y qué nos viene desde allá sino el reclamo de economías más eficientes en la búsqueda del mercado como regulador de todas las actividades económicas y, en consecuencia, el hacerlas más competitivas y que puedan participar a través de ellas en un mejor destino económico?

Hay pueblos que hoy cambian su rumbo. Algunos, después de más de cuarenta años: otros, después de más de setenta años. El Uruguay, que no llegó a esos extremos, tiene que darse cuenta que hoy es el tiempo en el que tiene que tomar ese camino y que si no hace estas reformas de sustancias en lo que es su organización económica y social, sin duda, por más sacrificios que hagamos hoy, tendremos que hacer otros mañana.

Por eso, señor Presidente, coincido con lo que han dicho otros señores senadores: que este proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado no es la sustancia, es cierto; pero, también creo que es el primer paso necesario e impostergable que el país tiene que dar y que tiene que ser seguido por todos aquellos cambios y transformaciones que no hagan que este esfuerzo que ahora se le solicita a la sociedad uruguaya sea en vano.

Quiero que sepa el Presidente de la República, el Partido Nacional y toda la opinión pública del país, que cuando el Gobierno le reclame al Partido Colorado su colaboración y su apoyo para hacer esta transformación y modernización, aquí estará para ayudarlo y para trabajar en favor de ellas. Mezquinos seríamos si actuáramos de otra forma. Nuestros objetivos tienen que ser aquellos que le planteamos a la opinión pública. Si no los pudimos hacer nosotros, lo que importa es que el país los haga y nosotros le vamos a dar al actual Gobierno nuestro apoyo, nuestras ideas y nuestra vocación para trabajar por el país, para que todo eso se pueda hacer, porque cambiar el país, modernizarlo y transformarlo no es sólo obligación del Poder Ejecutivo y del Partido Nacional sino de todos los uruguayos.

En consecuencia, señor Presidente, si de alguna manera en esto que estoy diciendo hay un compromiso que va más allá de este proyecto de ley, que se entienda así, creo que estaríamos a la altura de los tiempos, si todos, por encima de diferencias, de partidos o de sectores, estuviéramos pensando con esos objetivos, intenciones y conductas.

Creo que los uruguayos –más allá de a quién hayan votado el pasado 26 de noviembre- a todos nos van a reclamar estas cosas y tendrán derecho a exigirlas. Todos nosotros tendremos que someternos a ese reclamo que terminará siendo un juicio sobre el sistema político nacional.

Además, señor Presidente, me parece que el tono con que hemos discutido este proyecto de ley, de parte de todos los sectores políticos que integran el Senado de la República, demuestra que estamos en ese espíritu. Y yo diría que ésta que es como la primera avanzada de lo que tiene que ser este período de gobierno debe tener ese significado y ese estilo para todos los uruguayos, vengamos de donde vengamos, todos tenemos una obligación con el país y con nuestro tiempo. Y es al servicio de ello que tendremos que estar en estas bancas, de aquí en adelante, marcando lo que tendrá que ser o la transformación del Uruguay o la frustración de los uruguayos.

¿Cuáles son las modificaciones que nosotros le hemos hecho, que el Partido Colorado le ha reclamado al proyecto de ajuste del Partido Nacional? En primer lugar, la eliminación del adicional de la Contribución Inmobiliaria. El proyecto previó un adicional del 100% de la Contribución Inmobiliaria. Todos sabemos que éste es uno de los recursos impositivos básicos de los Gobiernos Departamentales y que, de alguna manera, al asociar, como planteaba, la iniciativa del Poder Ejecutivo al Gobierno nacional a la fuente principal de recursos de los Gobiernos Departamentales, corríamos el serio riesgo de debilitarlas en beneficio de dichos gobiernos.

Creo que todos sabemos –y lo decimos nosotros desde el Partido Colorado, que tenemos apenas la responsabilidad de dos Municipios en todo el país- que las finanzas de los Gobiernos Departamentales tienen desequilibrios muy grandes, y en algunos casos peores que los del Gobierno nacional.

De modo que si hubiera habido una participación de la magnitud de la que se planteó por parte del Gobierno nacional, en esa fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales, sin duda, los municipios les hubieran reclamado al Gobierno nacional una asistencia, una ayuda, para compensar lo que, por esa vía estaban perdiendo.

Creo que al eliminar este adicional podemos dejar mucho más claras las situaciones futuras de las finanzas del Estado central y las de los Gobiernos Departamentales y darles una señal, también, a los Gobiernos Municipales, ya sea a los que tienen Intendentes nacionalistas, a los que cuentan con Intendentes colorados, como al que tiene Intendente del Frente Amplio.

Al respetarles nosotros la integridad de esa fuente impositiva, les decimos también que deberán manejar sus finanzas ajustados a sus recursos y que un Estado central que tiene necesidad de ajustarse a sí mismo, no podrá ser el que esté solventando por la vía de asistencia financiera el funcionamiento de los Gobiernos Municipales.

De la misma manera, el partido Colorado le reclamó al Partido Nacional que el aumento de la tasa báica del IVA del 21% al 22% tuviera una duración no superior al año.

Es sabido que el proyecto prevé un término a la mayoría de los aumentos impositivos proyectados, uno de los que no tenía ese término era este incremento de la tasa básica del IVA. Pero todos nosotros, señor Presidente –y no sólo nosotros, sino toda la opinión pública nacional- escuchó al señor Ministro de Economía y Finanzas decir a través de una cadena de televisión que el Gobierno se proponía, para el año próximo, hacer una modificación de este impuesto, que supusiera, además, una rebaja de su tasa básica.

Por lo tanto, nos pareció coherente con lo que era intención del Gobierno que, dado que va a disminuir el año que viene la tasa del IVA, no se estuviera planteando aquí un incremento sin final.

De modo, señor Presidente, que las modificaciones que el Partido Colorado le planteó al Partido Nacional y que éste aceptó, no estuviera orientadas a crearle dificultades sino que, por el contrario, se proponían ser coherentes con las políticas anunciadas. Es nuestra intención que pueda realizar sus objetivos. Digo más; nosotros queremos que el Gobierno del Partido Nacional y el señor Presidente Lacalle Herrera tenga éxito con esta política y que podamos, tal como la propuesta del Partido Colorado lo establece en el artículo 27 de este proyecto, recibir el 30 de marzo de 1991 el informe del Poder Ejecutivo en la Asamblea General en el que conste que ha alcanzado las metas que se había propuesto y que, en consencuencia, el país, con una economía estabilizada, con una reducción sustancial del incremento de precios y con unas finanzas públicas ordenadas pueda ya tener las condiciones de estabilidad necesarias para el crecimiento.

No quiero entrar, señor Presidente, en la discusión teórica de si la inflación es producto del estancamiento o el estancamiento es razón de la inflación. Digo que todos los pueblos que han crecido, que han desarrollado y que gozan de bienestar por efecto de mejores ingresos, no han podido iniciar ese despegue con niveles inflacionarios como los que sufre el Uruguay.

Hemos hablado sobre que queríamos una inflación que no superara el 15% anual. El Gobierno del doctor Lacalle ha dicho que para el año que viene su deseo es que el índice no supere el 30%.

Nuestro deseo es el de que esos objetivos puedan ser alcanzados, porque si ello es así, estaremos frente a una situación histórica parecida a la que se me representan mirando hacia atrás, las cosas que discutíamos en 1984 y 1985.

Quiero que este Gobierno pueda hacer lo que hizo el Partido Colorado. En 1984 todos creíamos que el objetivo era alcanzar la estabilidad institucional, como una necesidad a lograr, existiendo numerosas dificultades para poder hacerlo; quisimos lograr también el más acendrado respeto a los derechos de todos y el funcionamiento abiertamente democrático de la sociedad uruguaya. Hoy podemos decir que hemos alcanzado estos objetivos.

Hoy, se nos plantea este otro desafío que es tan importante como aquél: estabilizar la economía e iniciar el crecimiento, a fin de darle un horizonte de vida a los uruguayos, para que los jóvenes no piensen que para poder progresar se tienen que ir del país; debemos hacer este esfuerzo.

El Partido Colorado, desde aquí, desea que podamos decir, como lo hacemos ahora, con respeto a las libertades y al ordenamiento institucional, que todo eso ha quedado atrás y que siempre habrá otros objetivos a alcanzar. Queremos que nos pongamos a discutir no ya sobre el problema de nuestra organización democrática, ni tampoco sobre el atraso de nuestra estructura económica ni del envejecimiento de nuestro aparato productivo, sino de las dificultades que se nos plantearán en el futuro, luego de haber hecho una profunda reforma del Estado primero y, seguidamente, de toda la organización económica del país. Para esto, señor Presidente y señores senadores, el Partido Colorado no necesita estas a la cabeza del Poder Ejecutivo, ya que estará, está y ha estado siempre al servicio de sus ideas desde la trinchera que tengamos que ocupar.

Muchas gracias

(Ocupa la Presidencia el señor senador Bouza)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: comienzo manifestando que este proyecto de ley llamado de "Ajuste fiscal" que estamos considerando, es sólo un capítulo, a mi juicio, de una estrategia de este Gobierno de coalición del Partido Nacional, que tiene la titularidad del Poder Ejecutivo, con el Partido Colorado, estrategia mucho más vasta que comprende no sólo este proyecto de ley sino también otras iniciativas –algunas de ellas ya han llegado al Parlamento- como la Ley de Reforma Jubilatoria, como las relativas a la relación obrero-patronal, así como también las propuestas incluidas en el paquete inicial discutido por los dos partidos que comparten el Poder Ejecutivo, es decir, las de reforma de la Carta constitucional, con el fin de reestructurar las normas que orientan la empresa pública o, también, una ley electoral. Al final de nuestra exposición, trataremos de ver todos estos temas.

Este proyecto que estamos tratando intenta, desde la peculiar visión del Gobierno, resolver el desajuste fiscal que, según el señor Ministro de Economía y Finanzas, llega al 6.5% del Producto Bruto Interno y,a la vez, obtener recursos para cubrir la mayor erogación que tendrá el sistema de seguridad social, debido a la aprobación de la reforma constitucional en las elecciones pasadas.

Con relación a esto último, hemos escuchado, en oportunidades de asistir a la Comisión de Hacienda del Senado, las distintas valoraciones sobre el monto efectivo que correspondería, para 1990, al pago de la reforma y, además, las discrepancias que existen acerca de las previsiones que se hacen en cuanto a lo que costaría aplicarla en 1991. Este tema parece muy claro y depende de variables tales como la evolución del salario real y de la inflación, dando cuentas diferentes para el Gobierno del Partido Nacional y el Partido Colorado, por un lado, y para la representación frentista, por otro.

En dichas reuniones he oído manejar cifras que oscilan –en lo que se refiere, repito, al costo de la reforma jubilatoria para el año 1990- entre 70 y 80 millones de dólares por parte del Poder Ejecutivo y para el señor Astori de acuerdo con los parámetros del Banco de Previsión Social, la evaluación de dicho costo, estaría en el orden de los 50 y algo millones de dólares. He leído, además, otras evaluaciones de lo proyectado para el año próximo que ubican el costo de esta reforma para 1991, en el entorno de 105 a 110 millones de dólares, diferencias no poco importantes en la previsión de los montos que tendrá que erogar el Estado para hacer frente a esta reforma de la Constitución, que permitirá, por primera vez, que el mecanismo de ajuste de las jubilaciones sea parejo en relación con el ingreso de los trabajadores en actividad, en el tiempo y a través de la variable que se tiene en cuenta para ajustarlos.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- En el mismo sentido de las manifestaciones del señor senador Gargano, deseo solicitarle a todos, que tengan en cuenta que el costo de la reforma jubilatoria –como así se le llama- depende de dos aspectos fundamentales: de la inflación y de la evaluación del salario real, por dos razones simples. O sea, cuanto más alta es la inflación, mayor es el costo de la reforma y a la inversa, en caso contrario; cuanto mayor es la evolución del salario real, más alto será el costo de la reforma, ya que las pasividades se reajustan en función del índice medio de salarios y, a la inversa, en caso contrario.

Señalo esto para demostrar que todas las cifras estimativas son discutibles, ya que ellas dependen, repito, de lo que ocurra con la inflación y con el salario real. Hasta ahora, los costos se han manejado en función de estimaciones sobre estas dos variables, pero hasta que el Uruguay no sepa realmente cuál es su inflación y cuál es la evolución de su salario real, no sabrá cuánto le cuesta su reforma jubilatoria. El Banco de Previsión Social, como lo señalaba el señor senador Gargano, ha hecho un estudio riguroso sobre este tema –que se puede consultar- que demuestra que el costo de la reforma depende simultáneamente de estas dos variables.

Muchas gracias, señor Presidente y señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En la otra parte de la propuesta el gobierno de coalición tiene como objetivo bajar drásticamente el déficit global del Estado del 6.5% del Producto Bruto Interno –que de acuerdo con la estimación de ese producto representa un total de U$S 550:000.000- al 2.5% llevando el déficit –según las cuentas del señor Ministro de Economía y Finanzas- a U$S 210:000.000. Estas cifras son las que el señor Ministro manejó en la Comisión en la primera oportunidad en que compareció ante ella. Para lograr este objetivo, el Gobierno ha de conseguir –siempre refiriéndome a las manifestaciones del señor Ministro- recursos por U$S 340:000.000. Para ello ensaya una doble vía: en primer lugar, aumentar o recrear impuestos y, en segundo término, aumentar tarifas, por un lado, y comprimir gastos del Estado, por el otro, reduciendo los gastos corrientes y las retribuciones personales, claramente por la opción de no llenar vacantes, pero también –como creo que quedó demostrado en el curso de la discusión en Comisión- disminuyendo retribuciones personales de los funcionarios públicos y, finalmente, combatiendo la evasión fiscal.

No quiero extenderme excesivamente por lo que voy a tratar de ser sumamente preciso en los términos que emplee –en la medida en que pueda hacerlo- pero no puedo dejar de señalar algunos de los números que el señor Ministro de Economía y Finanzas vertió en la Comisión acerca de las cantidades que se espera obtener por cada uno de los aumentos. De acuerdo con la versión del señor Ministro, el esquema sería el siguiente: a partir del aumento del 1% el Impuesto al Valor Agregado se obtendrían U$S 19:000.000; la duplicación de la contribución inmobiliaria por una sola vez, como lo autoriza la Constitución de la República importaría U$S 48:000.000, pero esto ya no está involucrado dentro de la propuesta en virtud de lo que se discutió en la Comisión acerca del proyecto; el impuesto a las trasmisiones inmobiliarias representaría U$S 10:000.000 y por el conjunto de los incrementos del IRIC, el IRA y el IMAGRO se recaudarían U$S 20:000.000. Este es el primer paquete, que hubiera implicado U$S 97:000.000 y que ahora se ve reducido en una parte importante, que quizás pueda compensarse en algo, porque una pequeña parte del no ingreso por concepto de la duplicación de la contribución inmobiliaria se puede obtener a través de la vigencia de la ley, especialmente por el impuesto a las retribuciones personales a partir del 1° de marzo de este año, si el proyecto de ley se sanciona antes del 31 del mes en curso, porque en ese caso la mensualidad del mes de marzo se vería afectada por la aplicación de la disposición que aquí se prevé.

Hay otro paquete de U$S 95:000.000 que tendrían su origen en las reformas del impuesto al patrimonio, en el incremento de las tarifas –en la Comisión se señaló que esto importaría, globalmente, un total de U$S 60:000.000 más de incrementos y la cifra no fue sustancialmente objetada; el señor senador Astori me dice, en forma más terminante, que no fue objetada- en las nuevas tasas y en el incremento de las tasas del IMESI.

Pero existe un tercer elemento: la implantación de un nuevo impuesto a las importaciones llamado en la República Argentina "tasa estadística" que a un porcentaje del 3% y de acuerdo a la estimación de un volumen de importaciones de U$S 1.100:000.000, daría a las arcas del Estado un ingreso de U$S 33:000.000 más.

Según decía el señor Ministro de Economía y Finanzas, aún así estaríamos en un nivel en que nos faltarían U$S100:000.000 para cubrir ese monto de U$S340:000.000 necesarios para atacar con eficacia el déficit global del Estado, reduciéndolo a un nivel de 2.5% del Producto Bruto Interno.

El último apartado de este paquete está integrado por la reducción de los gastos públicos en la siguiente forma: un 15% de los gastos corrientes, una disminución del 22% -cifra que tampoco fue contestada en la Comisión- de la inversión pública, especialmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también ahorros por el lado de los sueldos y las retribuciones personales. Estoy mencionando las cifras que no fueron objetadas, sobre las cuales prácticamente hubo un acuerdo tácito. Por la reducción de la inversión –volviendo, según el señor Ministro y sus asesores, a los niveles de 1988- y por una caída del 6% de la masa salarial de los trabajadores del sector público, se manejó en la Comisión un ingreso total de U$S 82:000.000. personalmente, saco la conclusión de que el faltante –por decirlo de alguna manera- podría surgir del ángulo de un mayor control de la evasión y de una recaudación más eficiente que permitiera cubrir esas diferencias.

SEÑOR RAFFO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Quiero dejar bien claro que lo único que fue aceptado por el señor Ministro de Economía y Finanzas con respecto a la reducción de la masa salarial es lo relativo al aumento del impuesto a las retribuciones personales, es decir en el momento en que se estaba discutiendo el primer proyecto del Poder Ejecutivo, un 3.5% y no un 6%. Esta última cifra fue una estimación realizada en Comisión por el señor senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Tomo en cuanta la observación, pero de mi lectura, de mi entendimiento con respecto a las distintas apreciaciones –y aclaro que me encontraba presente en la sesión de la Comisión- y de los silencios o admisiones tácitas de lo que se discutía –a mi juicio, cuando hay diferencias de este volumen y las afirmaciones quedan prácticamente aceptadas por la vía de la no contestación-...

SEÑOR RAFFO.- El silencio no significa nada, señor senador.

SEÑOR GARGANO.- ... estimo que es más probable –con todo respeto por la apreciación del señor senador Raffo- que se llegue a una reducción del 6% de la masa salarial. Por otra parte, de otra forma las cuentas no cuadran y no se llega al volumen de U$S 82:000.000, que es la estimación que deberían dar las dos cosas. Pero no nos vamos a pelar por este extremo.

Si el señor Presidente me lo permite, debo observar que hasta aquí las previsiones del gobierno de coalición, realizadas en forma gruesa –debo admitirlo de esta forma porque así lo manifestó el señor Ministro- es decir, en números no precisos, apuntan únicamente a que el déficit baje en la parte que depende de más impuestos, de menos gastos, de menos inversión del Estado y no en lo que depende de otras políticas.

Si bien aquí ya se ha explicado la composición muy especial que tiene el déficit, voy a insistir en ello. el déficit fiscal propiamente dicho, o déficit de Gobierno Central, de acuerdo a las cifras proporcionadas está situado en el 3.20% del Producto Bruto Interno y el déficit parafiscal, es decir, el del Banco Central, está en el entorno del 3.30% del Producto Bruto Interno, o sea, que es superior. Personalmente acoto que es ahora escasamente superior al déficit del Gobierno Central y era muchísimo más alto en los años anteriores. Es decir, que lo que se ha incrementado es el déficit del Gobierno Central en forma apreciable. Ambas cifras sumarían un 6.5% del Producto Bruto Interno que representan esos U$S 550:000.000 a que hacía referencia el señor Ministro con cifras también muy precisas.

En consecuencia, la mitad de todo el déficit del Estado es el déficit parafiscal que se origina por los pagos que debe afrontar el Banco Central, ya que dicho Banco paga los intereses de la deuda, el encaje remunerado de Bonos y Letras, las Letras de regulación monetaria y, también, paga los intereses de Bonos emtidos para hacerse cargo de la compra de Carteras.

En este punto deseo hacer un capítulo especial porque cuando hablamos del déficit creo que es muy importante hacer hincapié en el origen del mismo y qué es lo que estamos pagando con él, para qué le pedimos a la gente que haga el esfuerzo de contribuir al abatimiento de ese déficit. Es bueno decirle al país que gran parte del déficit que tiene el Banco Central es producto del pago de los intereses de la deuda la cual, por ejemplo, está integrada por aquellos U$S 800:000.000 que como lo denunciara al comienzo de la Legislatura pasada el señor senador Pereyra, fueron un verdadero saqueo al país. No tengo cifras precisas, pero me gustaría saber cuánto hemos pagado de intereses por ese motivo durante estos ocho años, o sea, intereses de las "promissory notes", las que se emitieron para hacer frente a esa formidable desembolso. Personalmente estimo que la cifra sería de alrededor de U$S 600:000.000.

SEÑOR ASTORI.- ¿ Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Lo que ha planteado el señor senador Gargano es relativamente sencillo de calcular si sabemos en cuánto ha estado situada la tasa media de interés internacional y los años que han transcurrido. Uruguay compró esas Carteras durante los años 1982 y 1983, y su costo total llegó prácticamente a la cifra que señaló el señor senador Gargano, y no nos equivocamos por mucho si para ello tenemos en cuenta el promedio anual de intereses de U$S 80:000.000 durante seis años, lo cual arrojaría un total de U$S 480:000.000 hasta el presente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Agradezco al señor senador Astori su declaración.

Este dinero, señor Presidente, ha sido succionado al país, a su desarrollo económico, a la salud de sus habitantes, a la resolución de los angustiosos problemas de vivienda que vive la gente, a la educación, en fin, a todo ese futuro que hemos perdido durante estos ocho años de permanente angustia económica y social en el país.

Obsérvese que el mandoble que descarga este ajuste fiscal, no afecta ninguna variable del déficit parafiscal; esas variables son intocables aunque ese déficit sea la mitad de ese monto de U$S 550:000.000, es decir, U$S 275:000.000. Es decir que para liquidar el déficit del Gobierno Central que es la mitad de los U$S 550:000.000, se busca aplicar medidas recaudatorias para conseguir la cifra de U$S 340:000.000. A estas medidas recaudatorias que he mencionado debo agregar reducción de gastos, de inversiones y de sueldos para lograr esos U$S 340:000.000 lo cual de hecho –materialmente las cuentas son así- lleva a que se vaya más allá del monto que se necesita para hacer desaparecer el déficit del Gobierno Central que asciende a U$S 275:000.000. Esto es producto de una cuenta elemental que creo es irrebatible ya que a través de la reducción del gasto y la mayor recaudación, todos los contribuyentes vamos a aliviar el déficit del Banco Central o sea, el parafiscal.

Todo esto sin adoptar ninguna medida extraordinaria que permita ver si de alguna manera es posible que ese déficit parafiscal sea abatido manejando las variables internas de ese déficit, como ser, por ejemplo, el abatimiento de las transferencia de intereses, el pago de los intereses o el logro de cambios en la composición de la deuda.

De todas formas, hoy por hoy y de acuerdo con esas cuentas, vamos a hacer un esfuerzo formidable, como nunca el país ha conocido, destinado, también, a estar en condiciones de que el conjunto de la sociedad –como lo ha venido haciendo- ponga ahora énfasis no sólo en abatir el déficit del Gobierno Central sino a ayudar el pago de los intereses de la deuda en un calibre mucho mayor de lo que lo viene haciendo. Se puede afirmar que son todas cuentas del Estado, y ello es cierto, pero debemos pensar que hay cuentas que tienen que ver con obras, con carreteras, con puentes, con calles, con salarios, con jubilaciones y otras, tienen relación con los intereses de una deuda que hoy alcanza a los U$S 6.500:000.000. Este dinero se le va a sacar mayoritariamente a la gente de ingresos fijos, a los obreros, a los empleados, a los técnicos, a los profesionales y, una parte, a la producción. Al mismo tiempo no existe ninguna propuesta destinada a abatir el pago de los intereses de la deuda.

Personalmente me he preguntado cuánto hemos pagado entre 1982 y 1990. Cuánto entre 1985 y 1990. En este último período la deuda creció de U$S 4.800:000.000 cifra en la que estaba situada cuando asumió la Administración Sanguinetti a U$S 6.500:000.000 en la actualidad cuando se inicia el Gobierno encabezado por el doctor Lacalle Herrera. Además, debemos acotar que nos hemos endeudado formidablemente a corto plazo.

Hace unos días, en un reportaje, escuché a un señor senador estimar que sólo en este año, en relación a Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro –respectivamente U$S 680:000.000 y U$S 120:000.000- hay que renovar U$S 780:000.000 de este endeudamiento a corto plazo.

Se ha dicho –yo creo que con razón- por parte de los especialistas, que ya no hay espacio para seguir enjugando déficit con emisión de Bonos y Letras, que lo perentorio es renovar lo ya emitido, pero no aumentar su volumen.

Digo esto porque también en la discusión en la Comisión y en las publicaciones que tengo sobre mi pupitre, se ha estimado que si el Gobierno del doctor Sanguinetti en el último año, no hubiera recurrido a un pesado endeudamiento en la colocación de Letras y Bonos del Tesoro la inflación hubiera llegado al 20%. Esto lo dicen los asesores del actual Ministro de Economía y Finanzas. Todos estamos de acuerdo, señor Presidente, en equilibrar las cuentas del Estado; todos somos enemigos de la inflación, pero el tema está en qué medida y a qué costos y quiénes pagan más y quiénes menos.

La propuesta del gobierno de coalición del Partido Nacional y del Partido Colorado pone énfasis en obtener recursos por el incremento de tarifas, el aumento de aportes patronales y del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio. Yo incluyo también, naturalmente, lo del IRA y el IMAGRO, pero es muy poco dentro del monto total; las nuevas tasas del IMESI incrementadas, que nadie sabe a cuánto pueden llegar porque esto está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, y de la latitud que tiene para incrementarlo. También está la Tasa Estadística de la que nos habla el señor Ministro de Economía y Finanzas, a las importaciones y el Impuesto al Valor Agregado. Tal vez sean U$S 200:000.000, U$S 225:000.000 o U$S 250:000.000, pero yo creo que no hay una cifra exacta. Pero tienen la peculiaridad, como se ha señalado en Sala –y yo quiero poner el énfasis en esto- de que son todos trasladables al costo, todos integran costos que se trasladan a precios y que, en definitiva, pagan mayoritariamente las más amplias capas de la población, que son las más débiles económicamente y a las que afectan mucho más y a lo que los economistas llaman el Decil, o sea, la décima parte de la población de mayores ingresos del país, es decir, esas 300.000 personas integrantes del 78.000 grupos familiares que son las que tienen los mayores ingresos del Uruguay.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Muchas gracias, señor Presidente.

Por otra parte, la restricción de los gastos del Estado va a afectar los empleos y los salarios de los sectores más débiles de la población. Y yo diría aquí también a una parte de las empresas productivas que trabajan para el Estado.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

Manifiesto que no he llegado a concretar por el lado de la comprensión y el traslado de los gastos del Estado, una idea que creo tiene el señor Ministro de Economía y Finanzas de ir a una nueva política de compras del Estado. No sé si la nueva política incluye, por ejemplo, abrir la posibilidad de que compitan por abastecer al Estado empresas no nacionales. Si esto fuera así, creo que el abatimiento de costos de pronto llegaría, pero vendría también la caída segura de un montón de empresas que sólo pueden trabajar en la medida en que estén protegidas y no queden libradas a la competencia con el sector externo.

Es por ello, señor Presidente, que yo creo que la propuesta de ajuste fiscal remitida por el Partido Nacional y por el Partido Colorado es profundamente injusta desde el punto de vista social y contribuirá, bajo la consigna de abatir la inflación, disminuyendo el déficit, a profundizar las desigualdades sociales.

De esta descarga sólo se salvan los que pueden transferir a otros sus costos y éstos no son precisamente los asalariados, los jubilados, los pensionistas, los pequeños y medianos comerciantes y productores y habrá en consecuencia más degradación social por menores ingresos.

Pero además golpeará, seguramente, y en forma muy dura a aquellos sectores productivos que trabajan para el mercado interno. Y lo hará, también, como se dijo aquí por los exportadores, con aquellos que trabajan para el mercado externo, al incrementar los costos y volverles no competitivas sus producciones.

Considero que todo esto ocurrirá. En el equipo encabezado por el contador Braga ya se ha admitido que habrá una caída del ingreso real del 3.5% solamente por el Impuesto a los Sueldos y Jubilaciones. Numerosos especialistas estiman que por incremento de precios y traslado de los mismos a importaciones más caras, aportes patronales, tarifas, IVA, etcétera, la caída del ingreso real puede rondar en el 8% o 10%. Esto naturalmente empobrece a la gente consumidora, a la gente de ingresos fijos. Seguramente va a afectar a aquellos que producen para ellos, que van a ver reducida en forma drástica la demanda y pueden llegar al cierre o a la quiebra. A nuestro juicio, el círculo se cierra.

Yo creo que no es sólo a nuestro juicio. Por el lado del proyecto que tiene un neto perfil o cuño monetarista, que todo lo centra en abatir el déficit bajando la inflación y apretando las tuercas del consumo y los gastos hacia abajo, va a terminar, paradojalmente, en obtener resultados fiscales contrarios a los que se buscan. Va a reducir la actividad económica, provocando recesión con lo cual la recaudación que depende de la producción de bienes y su circulación, va a caer en picada.

Vaya aquí una observación –o anotación, porque no se trata de una observación- de que la llamada brecha fiscal, en gran medida, ha sido provocada por la caída del IVA en 1989, en un 6.4%; del IMESI un 3.1% menos; del IRIC, un 18.2% menos de recaudación.

Estos tres factores determinaron el año pasado una caída del 6% en los ingresos fiscales de 1989, todo recaudado por la Dirección General Impositiva. Esto lo informa el Poder Ejecutivo en un repartido que ha hecho a todos los señores senadores. Se trata de la estadística coyuntural en torno a 1989 y editado en febrero de este año por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ante esta realidad recesiva, ¿cómo va a influir este conjunto de medidas sobre la economía? Fue una pregunta que le hicimos al señor Ministro en la Comisión.

El señor Ministro estuvo de acuerdo en que su equipo estima que habrá un crecimiento cero del producto en 1990. Otros especialistas dicen que el impacto será mayor y que puede llevar a una caída del 2% del Producto Bruto Interno. La economía uruguaya desde 1988, está en retroceso. Creció sólo un 0.5% en 1988. No me equivoco si hago memoria y digo que el crecimiento del Producto Bruto Interno en 1989 fue del 0.6%. En cifras parecidas, en todo caso con relación al incremento de la población, el producto per cápita está totalmente estancado o ha caído. La realidad es que este proyecto va a acentuar el agravamiento de esta situación como consecuencia de los menores ingresos del Estado.

Esta no es una opinión de los economistas, de los especialistas de la oposición. Tengo en mi poder un texto, un extenso artículo del contador Faroppa, publicado en el diario "El Día" del 18 de febrero, donde después de analizar e indicar que las circunstancias expuestas determinaron que los últimos nueve años el producto medio nacional por habitante decreciera un 7.2% desmejorando el nivel de vida de la comunidad y hablando de la producción, se dice que "Las propuestas para la nivelación de los desequilibrios de la seguridad social y del sector público contradicen los objetivos expuestos anteriormente: tienden a deprimir el producto, el empleo, la demanda local y la exportación, justamente cuando la política económica del primer mundo declina su interés por nuestra región. Por otra parte, una solución nacional que pretende reducir el impacto depresivo de un ajuste fiscal debe promover un crecimiento de la inversión y de la exportación superior a la declinación que el ‘ajuste’ provocará en el consumo para que el producto continúe creciendo".

Y agrega: "Desde la óptica del productor, los tributos concretos encarecerán la mano de obra –por aumento de los aportes patronales- y reducirán su demanda impulsando al desempleo; simultáneamente, aumentarán los requerimientos del crédito empresarial y quitarán incentivo –porque el aumento de los impuestos a la Renta y el Patrimonio y la suba de las tasas de interés reducirán la rentabilidad- por lo tanto, tenderá a deprimirse nuestra exportación –por aumento de costo y reducción de competitividad- y a contenerse la producción y la inversión".

Agrega: "En un enfoque desde el trabajador, el aumento de su aporte social reducirá directamente su salario real; el simultáneo incremento del aporte patronal lo reducirá indirectamente –a través de la suba de los precios- y el aumento de la tasa del IVA lo recortará aún más. Todo lo cual incidirá en la caída de la demanda local y en el incremento de la informalidad laboral y al expansión de la economía subterránea".

Lo cito, porque es un integrante del Partido Colorado, especialista de vasta trayectoria, enormemente respetado en el país y para demostrar que las objeciones no surgen sólo desde determinado ámbito, sino que también comprende a personalidades políticas que abarcan todo el espectro del país.

Diría, señor Presidente, que la política de este ajuste es, al contrario de lo que se propone, altamente inflacionario, como lo señalaba el señor Astori en su intervención, lo es por los incrementos de costos derivados del alza de las tarifas y de las tasas de interés, el incremento de los aportes patronales, del IRIC y del IMESI, el recargo a las importaciones por el aumento del IVA, por la mayor devaluación que se originará, por la aceleración de los precios internos, que a su vez provocarán nuevos de los mismos y por la generación de expectativas y conductas inflacionarias con sus inercias correspondientes.

Diría, además, señor Presidente, que esta propuesta de ajuste fiscal tributario, es injusta desde el punto de vista social, recesiva, inflacionaria y duramente discriminatoria.

En el país hay U$S 3.783:000.000 en depósitos –he leído la cifra en el día de hoy- que no han contribuido en nada al desarrollo del país, a la inversión, que no pagan absolutamente nada y que son libres de entrar y salir del país, gozando de la seguridad que el Uruguay les ha dado puesto que aunque quiebren los bancos, los banqueros y los grandes depositantes siempre se salvan.

No hablemos de los casi U$S 2.000:000.000 en Letras y bonos emitidos, que por contrato –está al dorso de los Bonos- no pagan absolutamente ningún tributo.

La especulación financiera está absolutamente protegida; el trabajo, el salario, la producción, no.

No voy a hablar de estas alternativas, porque ya las ha planteado el señor senador Astori. Pero subrayo que en total hay U$S 5.800:000.000 que no pagan un solo peso en tributos al Estado.

Quiero comparar estas medidas y esta visión con los compromisos que el país asumió con el Banco Mundial.

El señor senador Astori ya se refirió a esto, pero quiero insistir en este segundo programa de ajuste estructural.

Hoy se mencionaba que quizá haya que firmar una nueva Carta Intención al Fondo Monetario Internacional. Pero este documento opera como una Carta Intención, porque aquí se describen las políticas, se establecen de hecho los compromisos y se cita al Fondo Monetario Internacional, por lo demás, el Banco Mundial es el Banco del Fondo Monetario Internacional.

Lo citamos para ver hasta qué extremo se cumple con esos compromisos a raja tabla. Creo –por lo que ha ocurrido en la Legislatura pasada- que es notorio y claro que el Partido Colorado los apoya al igual que la mayoría del Partido Nacional.

Voy a leer sucintamente algunas partes, porque me parece, reiterando lo que anteriormente ha manifestado el señor senador Astori y ampliándolo, que es conveniente que el país se entere de algunas cosas. Por ejemplo, en el párrafo 23, se dice "El crecimiento del Uruguay depende de la expansión de las exportaciones como motor del crecimiento y para pagar las importaciones y el servicio de la deuda externa". Me encanta la transparencia del documento, porque es de una brutalidad altamente educativa en algunos términos.

Dice el Banco Mundial: "Ya que se espera un deterioro de los términos de intercambio en los próximos años, esta expansión dependerá mucho del volumen, en aumento, de las exportaciones". Y esto, naturalmente, como lo señalaba hoy, al no incrementarse el producto sólo pueden incrementarse los volúmenes de exportación si se comprime la demanda interna.

Continúa diciendo el Banco Mundial: "El papel de Montevideo como centro financiero requiere –que Uruguay tenga reservas líquidas en moneda extranjera- mayores que las que necesita para pagar sus exportaciones. Las necesidades de Uruguay –vuelvo a una cita que se hizo hoy- son las de un banquero, no las de un comerciante".

Agrega en un apartado D) de este párrafo 23:

"O la inversión y la productividad se elevan significativamente para compensar las tendencias demográficas adversas" –se está refiriendo a la Seguridad Social- "o las transferencias sociales tienen que ser modificadas".

En el párrafo 29 habla de la reducción de la tasa de inflación a un 50% en 1990, coincide en parte con los objetivos del Gobierno y al estimar que en el segundo semestre caerá en un 30%, piensa que para el año 1990 estaremos en 50% de inflación.

Y dice en el párrafo 33: "Las finanzas públicas mejorarán con reducción de gastos y algunas acciones impositivas limitadas".

En el párrafo 34, señala: ¿Aun con cierto apoyo de fuentes externas este esfuerzo requerirá que el consumo crezca menos que el Producto Bruto Interno, las políticas asociadas a este esfuerzo son: contener los ajustes de los salarios privados hasta marzo de 1990 a un 90% de la tasa de inflación pasada decreciente y el ajuste de los salarios públicos a un 90% de la inflación pasada".

El párrafo 38, señala: "Sin embargo, algunos grupos serán perjudicados. Los trabajadores tendrán que trabajar más años y recibirán jubilaciones reales menores que las que esperaban; algunos de sus parientes perderán derechos a recibir pensiones cuando fallezcan".

Esto es brutal, porque después vamos comparando este proyecto de ajuste fiscal con otras medidas que ya tiene a su consideración el Parlamento.

Dice en el párrafo 49 del Banco Mundial: "Esfuerzos para aumentar los ingresos continuarán bajo SAL II. Primero las tarifas de las empresas públicas seguirán aumentando periódicamente, pero los gastos se harán más eficientes. Las economías de costos anticipados, tales como la indexación de ajustes salariales por debajo de la inflación pasada, aumentarán las ganancias".

Refiriéndose al sector financiero, el Banco Mundial en el párrafo 93 dice: "El éxito del Banco República se ha vuelto un problema para el desarrollo de un sector financiero balanceado, por la gran proporción del mercado que controla.

Esta proporción aumenta significativamente –cerca del 70%- con inclusión de los bancos rescatados, que esta operación ayudará a reprivatizar".

Admiro el lenguaje transparente del Banco Mundial, porque prueba, sin lugar a dudas, todo lo que es una estrategia con relación a la economía y al sistema financiero.

Termino este capítulo del Banco Mundial, con dos citas.

La mencionada institución estima que sus préstamos a Uruguay totalizan casi U$S 706:000.000 al 1 de marzo y subraya, como un elemento a tener en cuenta –beneficiosos para la operación- que "El Parlamento uruguayo eximió a los préstamos de organizaciones internacionales de la aprobación parlamentaria caso a caso, en 1986, y facilitó los requisitos para negociar tales préstamos en 1987".

Digo, señor Presidente, que el proyecto, además de tener las características que hemos descrito, supone una dureza tal que traerá, inexorablemente, una realidad social extremadamente conflictiva. Y la conflictividad social puede crear, seguramente desestabilización en los mercados, pero también en los planos de la vida social y política del país. Naturalmente, estimo –como el que más- que haya estabilidad social y normal funcionamiento de las instituciones democráticas, pero lo que tanto se procura, también en el plano económico, como dar seguridad, estabilidad y reglas de juego claras, no se va a conseguir si se descarga sobre el país este golpe que afectará fundamentalmente a los sectores más débiles y que, naturalmente –como lo señalaba hoy el señor senador Cassina- es de esperar que no acepten, y diría "a la chita callando", este despojo que de hecho van a ver en sus ingresos.

El proyecto va a golpear a agentes sociales muy numerosos, que ya viven enormes dificultades y angustias sociales, como son los asalariados. Debe recordarse en qué forma los afecta el sistema de ajuste de los salarios, tanto privados como públicos, aplicando el 90% de la inflación pasada, mecanismo que ha hecho bajar el ingreso real, de los trabajadores. Ahí están las cifras, cuatrimestre a cuatrimestre, en especial para el sector público, pero de hecho también para el sector privado. Y si ahora, declaradamente, se va a una rebaja del ingreso real, que al descender, también repercutirá sobre los pasivos, las consecuencias van a ser muchísimo más duras. Pero otros agentes sociales también se verán en la tesitura de reaccionar. Habrá, en relación a la Seguridad Social, por ejemplo, mayor evasión; patronos que van a salirse por fuerza de la economía formal y pasarán a la economía informal, y obreros y empleados que seguirán igual camino, con consecuencias tremendas para las empresas que se mantengan cotizando dentro del sistema, y al final, para el sistema de la Seguridad Social misma.

Ya sabemos, por otro proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento, que es un objetivo central del gobierno de coalición del Partido Nacional y del Partido Colorado, modificar sustancialmente las reglas del sistema de la Seguridad Social, elevando la edad para jubilarse a 65 años en el hombre y 62 en la mujer, bajando a un 60% la jubilación básica buscando también un ahorro sustancial a fin de reducir los ajustes por revaluación al 50% de lo que correspondería.

Hay un proyecto de ley que establece en uno de sus artículos que se va a producir una rebaja del 50% en la revaluación para aquellos beneficios que tengan menos de 60 años, en el caso de los hombres y menos de 55 en el de las mujeres.

Se señalaba, por parte de especialistas, que lo restrictivo de este proyecto de ley sobre jubilaciones supera los Actos Institucionales Nos. 9 y 13. Y me pregunto de qué manera operaría –porque si se aprueba tiene fecha de vigencia al 1° de abril- en cuanto a reducir los gastos de la aplicación de la reforma constitucional.

El señor senador Bouza decía hoy que el Partido Colorado no había aceptado que en lugar de la revaluación de abril se diera una partida de una cantidad fija, pero por este mecanismo –he hecho el cálculo de edades y tengo los números aquí- si esa disposición del proyecto de ley de reforma jubilatoria se aplica, se va a afectar a 175.000 beneficiarios de la Seguridad Social y a muchos más que cobran algo más de dos salarios mínimos.

Por una vía indirecta, se golpea decisivamente al sistema y a los beneficiarios y se les quita lo que habían ganado con el proyecto de la reforma constitucional.

Ya el Poder Ejecutivo le saca U$S 18:000.000 de lo que votó la ciudadanía, para que financien con el Impuesto a las Retribuciones Personales el propio pago de la reforma constitucional. No me voy a extender sobre este punto, porque considero que el señor senador Cassina fue exhaustivo en la valoración del sistema de la Seguridad Social, al señalar, por ejemplo, lo superavitario que es el sistema de industria y comercio, aun con la tremenda evasión existente, así como la responsabilidad que le cabe el Estado en el déficit que tiene el sistema de la Seguridad Social. De hecho, si se pagara normalmente por parte del Estado y no hubiera evasión, seguramente las cuentas de la Seguridad Social estarían casi equilibradas y prácticamente no habría transferencias del Tesoro Central a la Seguridad Social.

Creo que este planteo –y vinculo los dos proyectos- es el inicio del camino para la desarticulación de la Seguridad Social; es, a largo plazo, el triunfo del señor Piñera, de aquel ex Ministro de Pinochet que vino a recomendar, durante la campaña preelectoral, cómo hacer para desarticular la Seguridad Social.

Pero hay otro aspecto vinculado a este proyecto de ajuste fiscal y al ingreso de la gente. entonces, se me ocurre preguntar qué va a suceder, dentro de tres meses, con la política salarial, tendremos la perspectiva –atento a la ciega fe que tiene la coalición de gobierno, del Partido Nacional y del Partido Colorado- de que se plantee que los salarios se ajusten por la inflación futura prevista. Esa es una de las tesis posibles, y a lo mejor congruente, porque si va a bajar la inflación a un 30%, seguramente se va a manejar la tesis de que hay que ajustar los salarios por la inflación previstas, con lo cual ya no se ajustan al 90% de la inflación pasada. Creo que es previsible que esto ocurra, aunque no conocemos con exactitud lo que hará en esta materia el gobierno de coalición. Si así fuere, ello acarrearía más daños y una reducción más drástica todavía en los ingresos de los sectores más débiles.

Al comienzo de mi intervención decía que es preciso relacionar este proyecto con otros de los anunciados: con el que hemos mencionado vinculado a la reforma de la Seguridad Social y también con el destinado a reglamentar el derecho de huelga. Y lo vinculo porque pienso que la hipótesis de que esta situación generada por la aplicación de estas medidas va a provocar una mayor conflictividad, se relaciona con algún mecanismo que trabe, de alguna manera, la posibilidad de que los agentes sociales asalariados defiendan con eficacia su derecho.

Asimismo, creo que también está vinculado con el anunciado proyecto de reforma constitucional destinado a reformar el estatuto de la empresa pública; reforma del Estado –se mencionaba aquí y lo reitero porque fueron palabras del señor senador Bouza al realizar su exposición- con la que el Partido Colorado también está comprometido; reforma del Estado que parece tener hoy, para determinadas concepciones un carácter casi perverso y que tiende –a mi juicio- no a volver más eficiente al Estado, sino a quitarle áreas de acción que hasta ahora detentaba en forma monopólica.

El señor senador Pereyra hablaba de que las empresas públicas no fueron creadas para dar ganancias. Se trata de algo que sostenía también don José Batlle y Ordóñez. Creo haber leído, al alguna oportunidad, afirmaciones suyas al respecto, en el mismo sentido en que lo mencionaba el señor senador Pereyra. Pero –vaya casualidad- las empresas públicas de este país, a nuestro juicio tan mal manejadas, tan pésimamente administradas durante tantas décadas, tan vituperadas, son, en medio del déficit fiscal del Estado, las únicas que dan ganancia.

Hay déficit fiscal del Gobierno Central y hay déficit parafiscal, pero a pesar de todo las empresas públicas dan ganancias, a este sistema, se lo quiere privatizar, no para mejorarlo, sino para despojarlo de la incidencia en la generación del producto y también de la riqueza nacional y de su trasferencia al Tesoro Nacional.

Supongo también, señor Presidente, que habrá una política presupuestal que vendrá informada con los mismos fundamentos que este ajuste fiscal, y que necesariamente tendrá que ser congruente con esta política.

En síntesis, señor Presidente, el proyecto de ajuste fiscal que estamos considerando es una parte no desdeñable de un modelo de país que, a mi juicio, apunta a desarticular. Y a desestructurar el Uruguay actual, no para mejorarlo sino para tornar peor la situación. Se trata, pues, de una propuesta que liquidará definitivamente los pocos vestigios que están quedando del antiguo estado de bienestar, de un modelo que desprotege a los débiles y que ayudará a concentrar el ingreso en los más poderosos; que además, no resolverá ninguno de los problemas económicos y sociales que dependen de un desarrollo sostenido; que no eliminará la pobreza a esos 700.000 uruguayos que viven por debajo del nivel internacional establecido sino que la hará más profunda y que no solucionará los problemas de la educación, de la sanidad ni de la vivienda. En suma, este es un proyecto que, más allá de las teorías económicas, contribuye a multiplicar los problemas del país en el plano económico, social y creo también que en el político.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. – Señor Presidente: a lo largo de esta noche, hemos prestado la mayor atención a las diversas exposiciones vertidas en Sala, unas a favor y otras en contra del proyecto. Aquí se han hecho fundamentaciones de diverso tipo y motivación; algunas que hablaban tan sólo del proyecto aquí presentando y otras que referían a que esta iniciativa es parte de un sistema macroeconómico del país en el que necesariamente debieran inscribirse. Voy a hacer algunas reflexiones sobre unas y otras opiniones.

No repetiré algunos conceptos que fueron expresados aquí y que han ayudado a esclarecer a este Parlamento acerca del apoyo que después se dará en la votación en general o en particular del proyecto; pero quiero referirme a los méritos de esta iniciativa que, por supuesto, nuestra bancada entiende que es buena para el país y, además, acerca de algunas insinuaciones de otros proyectos alternativos que aquí se han presentado.

Antes que nada, señor Presidente, quiero poner en relieve que el objetivo de nuestro Gobierno es el crecimiento y el desarrollo económico del Uruguay. Si no partiéramos de ese supuesto, si no se aceptara esa premisa, creo que todos estaríamos muy equivocados. Es en el contexto de ese objetivo muy claramente explicitado durante nuestra campaña electoral, e inclusive en nuestro Documento llamado "la respuesta Nacional", que el crecimiento sostenido y estable de la economía como modo de alcanzar una mayor riqueza para todos los orientales era el que iba a guiar la acción política de nuestro Gobierno.

Y es en ese marco, por supuesto, que debemos inscribir este proyecto que hoy está a estudio del Parlamento.

Me voy a permitir hacer una distinción y desglosar el proyecto, porque creo que su filosofía lleva a eso. Por una parte, desglosar lo que tiene que ver con los problemas, o no –después lo veremos- que la reforma constitucional votada el 26 de noviembre por abrumadora mayoría, ha traído a las finanzas públicas y, por otra parte, en lo que hace referencia a los ingresos que el Estado piensa obtener mediante los recursos aquí previstos, algunos elevando tasas de impuestos ya vigentes y otros creando nuevos impuestos.

Asimismo, sugeriría a los señores senadores que reflexionen momentáneamente, como modo de ejercicio, desde un punto de vista muy especial, suponiendo que la reforma del 26 de noviembre hubiera sido negativa, que hubieran tenido éxito aquellos que preconizaban que esto le iba a traer dolores de cabeza al país. De todas maneras, cuando el Gobierno del doctor Lacalle asumiera, aunque no existiera este proyecto de reforma, se hubiera encontrado con un 6,5% del Producto Bruto Interno como déficit que golpeaba las puertas de la nueva Administración desde el primer día. Si el actual Presidente quería iniciar con buen pie su Gobierno tenía que saber que ese problema iba a ser el nudo gordiano que debía resolver de alguna manera.

Me olvido, entonces, momentáneamente en este primer tramo de mi exposición de la existencia de la reforma constitucional; exorcicemos por un instante ese tema y podremos ver en toda su dimensión que hay U$S 550:000.000 de déficit que tienen que ser combatidos de algún modo.

Por supuesto, se me podrá decir: llevemos el 6,5% al 4%, y otros al 3%; bien, nuestro equipo económico dijo: llevemos esa cifra al 2,5%. Y eso supone –aquí comenzamos a inscribirnos en una serie de números que necesariamente debemos citar para comenzar a ver los datos de una realidad- que para conseguir los recursos imprescindibles para llevar ese déficit a un 2,5%, objetivo del Gobierno –que será compartible o no- se necesitan U$S 340:000.000 que provendrán de los más diversos renglones. Quizás, como es lógico, provendrán del esfuerzo primario que tiene que hacer el Gobierno Central, de una renegociación de la deuda externa, de un abatimiento de los gastos del Estado, del combate a la evasión y al contrabando y después, cuando el Estado haya hecho su esfuerzo o cuando haya demostrado –como ya lo ha hecho- la intención de hacerlo, recién ahí éticamente estará habilitado para todos los integrantes de la sociedad se sumen a ese esfuerzo. Si nos atenemos a lo que este proyecto prevé en este momento, sin inscribirlo a la vez en el contexto del resto de la economía, estaremos asistiendo –dejando de lado el tema de la seguridad social y del resto de la economía- al otorgamiento al Poder Ejecutivo, a través de la creación de algún impuesto y del Ejecutivo, a través de la creación de algún impuesto y del aumento de las tasas de algún otro, de U$S 50:000.000 de los U$S 340:000.000 de que tiene necesidad para llegar a su objetivo del 2,5% del déficit fiscal.

Estos números, señor Presidente, provienen de las siguientes cifras que fueron vertidas en la Comisión de Hacienda y es lo que hoy vamos a aprobar cuando levantemos nuestras manos –supongo que mayoritariamente- para dar por finalizada la discusión sobre el proyecto U$S 19:000.000 surgen de haber sido elevada al 22% la tasa del IVA; los U$S 10:000.000 provienen –en teoría de la creación del impuesto a las transmisiones inmobiliarias y los U$S 20:000.000, por concepto de recaudación al haberse aumentado las tasas del 30% al 40%, del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, y del IMAGRO. Sumados, nos da la cifra de U$S 49:000.000.

Si nosotros desglosamos el proyecto –tal como es la filosofía del Poder Ejecutivo- tenemos que votar hoy U$S 49:000.000 como ingreso para el Estado. Podría limitarme, a decir que el esfuerzo que se le requiere al Parlamento en este aspecto no es tan grande; pero voy a aceptar las reglas de juego aquí planteadas por otros señores senadores y a inscribir estos U$S 49:000.000 primarios en la búsqueda de esos U$S 340:000.000 que el Estado necesita, sin contar lo que se requiere para la reforma jubilatoria. No tengo otra forma de hacerlo que remitirme a las palabras empleadas en su momento por el equipo económico. Se trata de cifras algunas de las cuales ya han sido mencionadas por el señor senador Gargano y otras que manejamos aquí, se habló de un bloque de U$S 95:000.000 –no lo vamos a votar acá; son decisiones que habrá de tomar el Poder Ejecutivo. Que está compuesto por algunos ítems, como la reforma que se votara a fines del año pasado al Impuesto al Patrimonio y que se va a cobrar en este año; como lo que tiene que verterse por concepto de IRA e IMAGRO, que fue diferido para este año puesto que el año pasado se suspendió debido a la sequía; por un ajuste a tasas mayores en algunos rubros del IMESI y por alguna afirmación realizada aquí anteriormente acerca de ganancias de empresas públicas. Como al respecto se manejaron algunas cifras al arbitrio, me voy a remitir a las exactas palabras vertidas por el señor Ministro en el seno de la Comisión con respecto a estos impuestos, señor Presidente.

Cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas fue recibido por la Comisión de Hacienda dijo, respecto a estos U$S 95:000.000 que conseguirá el Poder Ejecutivo: "Hay otras fuentes de recursos que no figuran en el proyecto porque son de resorte del Poder ejecutivo, algunas de las cuales ya han sido tomadas con anterioridad. Me refiero, por ejemplo, a ciertas reformas al Impuesto al Patrimonio, ya han sido establecidas en diciembre del año pasado.

Por otra parte, tendremos un crecimiento en la recaudación del IRA y del IMAGRO, en virtud de las facilidades otorgadas el año pasado por razones de sequía, que lleva a que la recaudación del año pasado se realice en éste. También incluimos aquí el resultado a obtener de las empresas públicas" –vamos a seguir atentamente lo que el señor Ministro dice- "Algunas de ellas estaban dando déficit y otras estaban niveladas. Con el ajuste realizado por la anterior Administración a principios del año y el que se acaba de aplicar –que en algunos casos no contempla todo ya que el impacto hubiera sido muy grande, como por ejemplo en el caso de UTE, que ha desfinanciado mucho, debido a la utilización del combustible en lugar del uso de las represas- creemos que las empresas públicas tendrán una muy buena nivelación y esperamos que eventualmente exista algún superávit. Agregamos, además, el ajuste del IMESI. Esto tampoco está planteado en el proyecto, ya que las disposiciones legales autorizan tasas superiores a las fijadas. Todo esto, sumado, daría un resultado de U$S 95:000.000.

Creo que no puede deducirse de las palabras del señor Ministro cuáles rubros dan qué cifras; pero marco nítidamente los rubros por algo a lo que después haré referencia.

A los U$S 95:000.000 –lo ha dicho el señor senador Gargano; lo reafirmamos nosotros- se sumaría una posible tasa estadística –así se la llama en Argentina- que, calculada en un 3% sobre U$S 1.100:000.00 de exportaciones, nos daría U$S 33:000.000.

Si sumamos U$S 95:000.000 más U$S 33:000.000 más U$S 49:000.000, nos da un total de U$S 177:000.000, y estamos a mitad de camino en ingresos netos y reales que el Estado tendría, unos, si los votamos esta noche aquí y otros porque se aprovecharían algunas ventajas que quedaron pendientes del año pasado y otras medidas cuya adopción tiene la facultad de decidir el Poder Ejecutivo.

¿Cuál es la propuesta para el segundo tramo hasta U$S 340:000.000? Que el Estado haga su esfuerzo. Entonces, el señor Ministro nos habla de eliminar el 40% de protección que tienen las compras del Estado, lo que nos daría U$S 20:000.000; de reducir los subsidios a la exportación, con lo que obtendríamos U$S 10:000.000 de reducir el gasto público y de la lucha contra la evasión de impuestos, con lo que obtendríamos U$S 80:000.000. Solicite al Ministerio de Economía y Finanzas el desglose de lo que sería reducción del gasto por un lado y lucha contra la evasión, por otro, lo que representa, aproximadamente, U$S 50:000.000 por lo primero y U$S 30:000.000 por lo segundo.

Además, para que las cifras puedan aproximarse, tenemos que sumarle el famoso "efecto tanzy", que sería el aumento de la recaudación por el descenso de la inflación.

Eso nos daría U$S 30:000.000, con lo cual llegaríamos –en el esfuerzo realizado por el Estado- a U$S 317:000.000.

Si le hubiéramos sumado los U$S 48:000.000 que, por concepto de contribución inmobiliaria, figuraban en el proyecto original hubiéramos llegado a esa nivelación y cerrarían las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas; pero hoy –después hablaremos de ello- hemos dejado de lado el tema de la contribución inmobiliaria.

Señor Presidente: sigo dejando de lado por el momento el tema de la reforma constitucional. Hay una Administración que llega al poder y se encuentra con un 6,5 % del PBI, que se fija el objetivo de bajarlo al 2,5%, que necesita U$S 340:000.000 y que arbitra los recursos que he mencionado y desglosado.

Observo los impuestos, señor Presidente, las tarifas y el esfuerzo que realiza el Estado y me pregunto cuál es el esfuerzo que se le demanda a la población aquí ¿Dónde está el régimen liberal que trata de descargar un mazazo imposible sobre la población? 2Cuáles son los impuestos fiscalistas y no finalistas que están extrayendo dinero del bolsillo de los uruguayos?

Voy a conceder los U$S 19:000.000 por concepto de IVA, pero no voy a conceder el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales ni el aumento del IRIC ni del IRA. Digo esto porque hasta los que se oponen a nuestro proyecto, han aceptado en el seno de la Comisión que en otro contexto, en otro proyecto, ellos votarían tanto el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales como el IRIC y el IRA, porque entienden que están gravando la riqueza. Pensamos que está bien que se grave a quienes más tienen, o sea, a los que venden un inmueble y a los que lo compran, así como también a quienes están tributando renta ya sea de industria y comercio como agropecuaria.

Tampoco voy a conceder ni las reformas al patrimonio, ni al IRA ni al IMAGRO porque son los mismos conceptos.

El ajuste al IMESI se ha manejado por la oposición en algunos aspectos e incluso extendiéndolo al tema de los automotores como una de las fuentes de recursos del Estado. La tasa estadística –se llame como se llame pero que grava las importaciones- sí puede cambiar sustancialmente alguna ecuación, pero no es una exacción para el bolsillo de los contribuyentes.

En relación con el esfuerzo que el Estado hace de las compras que realiza, debo señalar que no he visto alzarse ninguna voz en contra de que la rebaja en U$S 20:000.000, desprotegiendo ese 40% adicional que le está permitido.

En cuanto a la reducción de subsidios a la exportación, también me remito a las palabras vertidas en el seno de la Comisión de Hacienda por parte de algunos opositores al proyecto, quienes manifestaron que dicha medida les parecía adecuada. Con respecto a la reducción del gasto público, creo que es objetivo de todo gobierno tomar el toro por las guampas, es decir, comenzar por donde se debe empezar, lo cual significa reconocer que gran parte del déficit corresponde al gasto público. En lo que tiene que ver con la puesta en práctica de la lucha contra la evasión fiscal, me parece que es de una lógica que no acepta argumentos en contra.

Asimismo, en cuanto al famoso efecto "tanzy" me remito a las probabilidades de que ojalá así pueda ser.

En cuanto a considerar de una primera manera el proyecto que hoy votamos, que en este caso significa U$S 49:000.000, expreso que hay un 1% de la tasa del IVA que quizás se descargue en cascada sobre la población –tal como lo sostienen algunos ilustres economistas compañeros del Senado- pero, al mismo tiempo, admito que los U$S 30:000.000 restantes gravan genuinamente a quienes más tienen y más pueden.

En el resto del contexto de lo que plantea el Poder Ejecutivo, no encuentro ningún motivo para decir que esto, precisamente, trata de ir en contra de los más humildes, que trata de ir a contramano o a contraflecha de lo que la gente quiere y espera de un gobierno.

Creo que cualquier gobierno que aspire a equilibrar sus finanzas, su gastos, tomaría –en el corto plazo o mientras instrumente otras medidas que claramente se ha dicho van a instrumentarse- este tipo de medidas, porque no creo que puedan utilizarse otras. Sé positivamente que en el mediano plazo hay otros instrumentos que se van a utilizar. Los mismos deberán pasar por la renegociación de la deuda externa; por un control más férreo o más sólido de la evasión; por la acentuación, dentro de lo que se pueda, del redimensionamiento del aparato estatal; por el control del gasto del Estado, pero señor Presidente, mientras esas medidas a mediano plazo no parezcan visibles en el horizonte, éstas son las que consideramos adecuadas y pertinentes.

Además de esto, el proyecto, al que me he tomado el atrevimiento de desglosar, porque creo que es filosofía del Poder Ejecutivo hacerlo así –incluso está indicado en algunos de sus artículos- contienen otros aspectos como, por ejemplo, la reforma al artículo 67 de nuestra Constitución, votada el 26 de noviembre. De dicha reforma, más allá de la discusión que pueda hacerse acerca de cómo debe medirse y de si costará U$S 160:000.000 o U$S 110:000.000 o U$S 130:000.000, debemos pensar en su financiamiento.

Si no leí mal, el propio texto de la reforma dice lo siguiente: "Las prestaciones previstas en el inciso anterior, se financiarán sobre la base de: A) contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados".

Por lo tanto, creo que cuando el Poder Ejecutivo, no tiene superávit y se enfrenta a un déficit fiscal del 6,5%, hace los números, y a pesar de que le dé U$S 110:000.000, U$S 140:000.000 o U$S 160:000.000, sabe que esta reforma puede llegar a elevar casi dos puntos más el déficit del Producto Bruto Interno, cuando remite este proyecto hoy a consideración del Parlamento, no está haciendo más que cumplir doblemente con la obligación constitucional de dar, por una parte, seguridad a quienes votaron la reforma –que fue prácticamente el 80% de la población- de que ésta se va a cumplir íntegramente y, que por otro lado, cumpliendo con lo que también fue votado el 26 de noviembre en el sentido de que los recursos debían provenir de los aportes obreros y patronales o de aquellos que dictara la ley.

El proyecto del Poder ejecutivo ha elegido el camino de los aportes obreros y patronales, incrementándolos en el caso de estos últimos en un 3,5% y en el caso de los aportes obreros cambiándolo por el Impuesto a las Retribuciones Personales y haciendo ciertas franjas que serán explicadas en la discusión particular de este proyecto. Pero, además de cumplir con este aspecto de la reforma, sabiendo que no existe otra fuente de financiamiento que no sea conseguir fondos genuinos, somos conscientes de que todo lleva o ha llevado a que en torno al tema y a la incidencia que esto va a producir en el bolsillo de los trabajadores, de los pasivos y de la gente en general, se ha hecho poco menos que cuestión de algo muy extraño y que consistiría en ocasionar efectos recesivos e inflacionarios, aspecto sobre el que nuestro compañero el señor senador de Posadas Montero se preguntaba con varios signos de interrogación, al igual que nosotros.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RAFFO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. – Tenía anotada esta duda que había planteado originalmente el señor senador de Posadas Montero, y aprovecho esta instancia en que la reitera el señor senador Raffo, para contestarla.

Originalmente, el señor senador de Posadas Montero señaló, como crítica a nuestra posición, que sosteníamos que el proyecto oficial –llamémosle así- era a la vez inflacionario y deflacionario o recesivo.

La primera aclaración que quiero hacer es que es un grave error conceptual considerar sinónimos lo deflacionario y lo recesivo. Son dos cosas absolutamente diferentes. Lo deflacionario es lo contrario a lo inflacionario, esto es, una disminución generalizada en los precios. En todo caso, se puede emplear como sinónimo el término "depresión", pero jamás "recesión".

Jamás hemos dicho –y aprovecho para reiterarlo- que este proyecto sea inflacionario y deflacionario a la vez, porque ello sería una contradicción grave en la que no hemos incurrido ni habremos de incurrir.

Decimos sí que es inflacionario y recesivo, lo que no es lo mismo que deflacionario.

Creemos haber fundamentado fehacientemente que en ciertos sectores de la economía, fundamentales para la inflación, este proyecto habrá de provocar impacto inflacionario mientras que en ciertos sectores de la economía fundamentales para la recesión, habrá de provocar caída en la producción. Esto es algo más que la recesión productiva en que se encuentra el país, por otra parte, desde hace más de veinte meses.

Quería realizar esta aclaración que, al mismo tiempo, permite precisar nuestra posición al respecto, no expuesta correctamente por el señor senador de Posadas Montero en su intervención anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR PEREYRA. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. – Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. – Adelanto que continúo teniendo dudas, pero las aclararemos en algún otro momento, señor Presidente.

Voy a finalizar con las breves reflexiones que deseaba formular acerca del proyecto.

En cuanto a la reforma de la Seguridad Social que nos impone el cumplimiento del mandato constitucional, quiero poner de manifiesto que hay un elemento que no se ha tenido en cuenta y que, sin embargo, fue puesto en juego tanto por la Cámara de Comercio como por la Cámara de Industria a través de una sagaz observación que no fue contestada en el seno de la Comisión y que hoy, lateralmente, el señor senador Bruera incorporó al debate. Se ha dicho por estas gremiales que, "no nos preocupa el hecho de la detracción que se producirá sobre el salario", porque los U$S 142:000.000 que a través del proyecto del Poder Ejecutivo se piensa detraer –como se dice- del bolsillo de la población –ya mediante los aportes patronales, como a través del impuesto a las retribuciones personales- iban a tener como reflejo inmediato una transferencia directa del sector de los pasivos de U$S 160:000.000.

O sea que lo que por un lado se quita por otro lado se entrega a un sector de la sociedad que va a ver necesariamente incrementados sus ingresos de esta manera.

Por lo tanto, creo que los caminos y las alternativas que le quedaban al Poder Ejecutivo eran muy pocas, en la encrucijada de tener que cumplir con el precepto constitucional, no tenía otro camino –en nuestra concepción- que la obtención de recursos genuinos, y para ello se requerirá un esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Nosotros valoramos este esfuerzo porque el Poder Ejecutivo ha sido el primero en asegurarnos que lo va a acompañar haciendo, a su vez, el esfuerzo que le corresponda. Y en la búsqueda de esa solución se dieron, en mi concepto muestras de gran flexibilidad entre nuestros compañeros integrantes del Gobiernos, quienes nos pidieron distribuir el impuesto a las retribuciones personales de una mejor manera que la propuesta en un principio; se dieron muestras de flexibilidad también cuando se incluyó una disposición que significa gravar mediante un impuesto las trasmisiones inmobiliarias por causa de fallecimiento; se dieron muestras de flexibilidad por quienes, desde un partido tradicionalmente adversario, hoy integran el Gobierno, luego de calcular una y mil veces el tema de la contribución inmobiliaria, al eliminar el adicional propuesto y el fijar el plazo de vigencia de un año para el aumento de un punto en la tasa del IVA.

Queremos manifestar que uno de los factores que llevó al equipo económico a admitir esa rebaja sustancial en los aportes que se podrían haber obtenido por medio de la contribución inmobiliaria, fue el hecho de que va a haber una disposición de la administración a fin de que los aportes patronales que hoy se realizan fictamente por un salario mínimo, pasen a ser vertidos por el sueldo real que se percibe.

Es posible que eso arroje un ingreso de U$S 20:000.000.

Señor Presidente: estas consideraciones son un tanto breves pero creemos que ponen las cosas en su debido punto porque el espíritu de proyecto es ser desglosado, y en él se apartan nítidamente unos aspectos de los otros. Y creemos que todas estas observaciones debían ser hechas esta noche en esta Sala.

Por otra parte, me voy a referir a algunos argumentos que se han esgrimido aquí en contra del proyecto, se ha dicho, en forma un poco genérica, que la actividad financiera es la que se salva y que este proyecto crea una brecha cada vez más importante entre el sector financiero y el productivo. Además, se habla sin discriminar muy claramente a qué nos referimos cuando mencionamos la utilidad financiera, por lo tanto, me gustaría aclarar algunos conceptos que no han quedado suficientemente dilucidados en la noche de hoy. Me remito también a lo que el señor senador de Posadas Montero expresó en cuanto a la actividad bancaria a fin de no crear confusión. Los bancos hoy en día pagan –y reitero lo expuesto por el señor senador de Posadas Montero- el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, el Impuesto a la Actividad Bancaria, el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera, quien diga que no están gravados, está totalmente equivocado.

Además, pienso que no es objetivo de este Gobierno estimular la actividad financiera en detrimento del sector productivo. estimo que es exactamente lo contrario: el objetivo del Gobierno que es exactamente lo contrario: el objetivo del Gobierno es estimular al sector productivo y desalentar, en la medida de lo posible –tratando de ir desactivando un sistema que alentó durante años a tener dinero depositado- la actividad financiera. Reiteramos que ese es el verdadero objetivo del Gobierno.

Actualmente nos encontramos con que el objetivo que parece salvarse de las garras –pero que no tendría que ser salvado- en los depositantes y los tenedores de Bonos y Letras de Tesorería, por un valor, estos últimos de U$S 1.790:000.000 y que en sus diversas modalidades han sido emitidos por el Estado uruguayo para algo, con algún fin, para financiar algo; quizás los Bonos del Tesoro sean para proyectos de desarrollo a más largo plazo. Todos sabemos que es como una parte de la deuda externa. Las Letras en moneda extranjera o de regulación monetaria en nuevos pesos son la otra parte de este conjunto de papeles del Estado.

En cuanto a los Bonos y a las Letras de Tesorería, me remito a lo dicho por el señor senador Astori en las sesiones de la Comisión de Hacienda cuando nos dijera cuál era el proyecto alternativo que el Frente Amplio tenía. Justamente, nos decía que él, que su sector, había comprendido que estos papeles del Estado eran contratos que había otorgado y que no podía aparecer ahora violentando o violando esos contratos gravándolos de alguna manera.

En lo que refiere a los depósitos –y nos manejamos con las cifras del Banco Central del Uruguay al 30 de setiembre del año pasado, que lamentablemente son las últimas de las que se dispone- tenemos en moneda extranjera de gente que no es residente U$S 1.572:000.000 y de residentes, U$S 1.867:000.000; y, en N$ 513.123:000.000, que al tipo de cambio de N$ 680 por dólar, son U$S 755:000.000 más. Si me permiten, desglosaría los no residentes de los que lo son, porque no veo cómo vamos a gravar al no residente por el hecho de que haya venido aquí. En cambio, puedo tomar en consideración los U$S 2.262:000.000 que corresponden a los residentes que constituyen un objetivo dentro del plan alternativo presentado por el Frente Amplio, esto es, mediante un gravamen que se enmarcaría dentro del Impuesto al Patrimonio ya que hoy se computa nada más que el 20% como cálculo de ajuar y no su totalidad.

Quiero decir que la mitad de esos depósitos –por supuesto que es una cifra estimada- pertenece a pequeños ahorristas que no tributan Impuesto al Patrimonio. Si tomáramos la otra mitad, que serían N$ 1.300:000.000 –de los cuales tributan nada más que el 20%- concepto de "ajuar", y la lleváramos al 100% de la tributación, ello representaría actualmente U$S 10:000.000. de más está decir que, a nuestro juicio, ello sería una mala señal, porque estos depósitos así como hoy están, mañana no estarían, es decir, en cuanto se percibiera que las condiciones del juego han cambiado.

Por otra parte, señor Presidente, quisiéramos hacer otra breve consideración y ella tiene relación con el hecho de que se ha obviado puntualmente decir que el poder Ejecutivo ha anunciado con mucha claridad que, mientras no se alcance un abatimiento sustancial de la inflación, mientras este impuesto invisible que hoy nos castiga con un 8 ó 9% todos los meses –algo que los uruguayos estamos tolerando sin darnos cuenta que se está introduciendo en nuestra propia cultura- no sea abatido al margen razonable que es el objetivo del Gobierno en este año, esto es, de lograr que en el último trimestre la inflación sea de un 30%, valor anualizado, se van a implementar políticas sociales para los hogares más carenciados. Son unos cuantos los que van a ser atendidos –entre ciento veinte mil y ciento cincuenta mil familias- a través de un 50% más en el monto de la Asignación Familiar y casi medio salario mínimo más por intermedio de fondos especiales de ayuda que el Gobierno ha conseguido de diversos países amigos, que no nos van a costar nada porque son lo que aquí llamaríamos en buen romance, prestamos no reintegrables, de esta forma, haríamos llegar a los hogares más castigados alrededor de N$ 30.000 o N$ 35.000 adicionales, que sumados al monto extra que correspondería a la Asignación Familiar, calculamos que serían no menos de N$ 40.000 o N$ 45.000. comparado esto con lo que hoy es un salario mínimo nacional vemos claramente que se está por encima de la mitad de dicho salario mínimo; en algunos casos, va a significar un aumento del 50% sobre la retribución que algunas personas están recibiendo.

SEÑOR BRUERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO.- Pido disculpas al señor senador, pero no puede hacerlo ahora ya que el tiempo de que dispongo está por agotarse. No obstante, con mucho gusto se la concederé al final de mi exposición.

Por tanto, señor Presidente, creemos que aquí hay medidas de corto plazo. En este sentido, pensamos que este proyecto de ley que hoy se presenta a la consideración del Parlamento es una de esas medidas que necesariamente debemos tomar. En el corto plazo tenemos esta política de ajuste fiscal con un objetivo que va más allá, que se inscribe es este primer trago amargo que debemos sorber, pero mirando un horizonte que es totalmente diferente.

Sabemos que hay objetivos a mediano plazo que nos van a permitir desmontar este sistema que hoy estamos implementado. El Gobierno, nuestra bancada, hace una apuesta a la esperanza en el sentido de que las fuerzas productivas del país se desarrollen. Tal vez esto no sea posible hoy ni mañana, pero al tiempo de tomar estas severas medidas de ajuste decimos que no tenemos dudas de que a través de la acción de las diversas Secretarías de Estado, que llevan veinte días de gestión, de la de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y también a través de los esfuerzos de los legisladores aquí comprometidos con el Gobierno, se están creando las condiciones para que en el mediano plazo, para que a mediados de 1991, podamos ver que el Uruguay se inscribe en una línea que es la que todo el país espera, esto es, una línea de crecimiento, de producción de estímulo a un país que sabemos es agrario, agro – industrial, exportador y quizás, por qué no, de servicios.

Sabemos, positivamente, que no debemos fijar la mirada nada más que en esto, que ha sido calificado por algunos como de nefastas consecuencias para el país. Aquí se han hecho augurios, presagios, de que malos acontecimientos van a acaecer en el país dentro de poco tiempo y que va a haber conflictividad social. Se ha dicho que la sola discusión de este ajuste ya ha traído inquietud e inflación. Lo que sí ha traído inquietud e inflación, es la posibilidad de que en este ajuste hubiera medidas distintas de las que hoy vamos a votar, que alejaran rápidamente a quienes hoy tienen confianza en el país. Este sentimiento es algo que debemos mantener, porque si bien hoy sólo tienen confianza para hacer un depósito en moneda nacional o extranjera, mañana va a ser el capital que vamos a necesitar para dar el paso necesario hacia la inversión, ya que sin ella no habrá crecimiento. Si hoy persiguiéramos a aquellos que han elegido la vía del ahorro y que mañana pudieran dar un paso hacia la inversión productiva, alentados por políticas estables y por horizontes ciertos en diversas áreas que el país piensa promover, estaríamos perdiendo un tiempo y un capital preciosos que, en buena ley, hemos ganado.

Por lo tanto, en virtud de todos estos conceptos vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo este proyecto, sin vacilar, sin hesitar, sabiendo que no van a faltar las críticas, pero sabiendo también que al fin del camino se abre para el país un rumbo seguro, cierto. Además, estamos plenamente confiados en que los negros nubarrones que aquí se han cernido, provenientes de otras tiendas, van a ser disipados por la administración eficiente, segura y seguida, que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo van a hacer de estos problemas.

Por eso, señor Presidente, vamos a acompañar, en general, la votación del proyecto, así como la posterior votación en particular, con las salvedades que se le introduzcan.

SEÑOR BRUERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRUERA.- Desearía hacer al señor senador Raffo, sin ninguna malicia, una observación.

Toda persona que va a comprar alimentos sabe que este mes los precios han subido tremendamente. Me animo a decir que hay una inflación extraeconómica, que parte de la usura que realizan determinados comerciantes que están a la espera del aumento del IVA. Sin embargo, este no es el asunto.

El señor senador Raffo anuncia una entrega de N$ 35.000, N$ 40.000 o N$ 45.000 a familias humildes. Esto se va a realizar durante cinco meses. Ahora bien, ¿qué va a suceder luego? ¿Cómo piensa solventar esto? ¿Cómo piensan encarar este problema que, por ahora, es una donación?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Nosotros creemos en este proyecto, señor Presidente. Esta es mi contestación al señor senador Bruera.

No quiero discutir si lo de la Seguridad Social son U$S 110:000.000 o U$S 150:000.000. Si son U$S 110:000.000 y las cifras del Poder Ejecutivo exceden lo que se había pensado recaudar, entonces vendrá un proyecto al Parlamento que bajará automáticamente las tasas. Con respecto a la duda de qué pasará después de estos cuatros, cinco o seis meses de asistencia, si creemos que la inflación va a abatirse sustancialmente para fines de año, el reintegro de cuatro, cinco o seis puntos en el bolsillo de todos y cada uno de los pasivos y asalariados del país, va a responder largamente a lo que es la pregunta del señor senador Bruera.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Quiero agradecer al señor senador que me ha permitido esta interrupción. Deseo expresar que la pedí recién ahora, porque el señor senador Raffo había anunciado que sólo las concedería al final de su exposición, cosa que me parece bien, ya que ello le permitió mantener el hilo de su pensamiento.

Deseo referirme al mismo tema. He partido de los anuncios realizados no sólo por el señor senador Raffo –a quien se los oí más de una vez- sino del equipo económico, que también se refirió a este tema. En consecuencia, pido al señor senador Raffo que me corrija si los supuestos que voy a enunciar son erróneos. El habla de una cifra de entre 120.000 y 150.000 familias; yo tomé el promedio de 135.000. El hizo referencia a N$ 30.000 o N$ 35.000 por mes; yo tomé un promedio de N$ 32.500. Hice la multiplicación por cinco meses, período que también le oí no al aludido señor senador, sino al equipo económico que lo expresó, no en la Comisión de Hacienda, sino en un reportaje. Llego a una cifra de aproximadamente N$ 21.938:000.000 lo cual, a la tasa de cotización actual del dólar, representa una suma de U$S 22:000.000. Quiero señalar que esto significa menos del 1% de la masa salarial del país. Reitero: menos del 1% de la masa salarial del país.

Menciono este aspecto, para ubicar el tema en su real dimensión, para que el Cuerpo lo evalúe a la luz de todos los argumentos que se vienen manejando en torno a este proyecto de ajuste fiscal que, en este caso, se refiere a una medida que no es de dicho proyecto pero que, coherentes con nuestra posición, consideramos que debe ser analizada porque forma parte de la política económica que estamos evaluando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Los números son los números; representa menos del 1% de la masa salarial. Me gustaría saber cuánto significa esto para la gente de menos ingresos que gana uno o dos salarios mínimos, ya que el índice es bastante superior a ese 1%. Acá no poseo los números para sacar los cálculos. Si el señor senador Astori pudiera hacerlo, vería que ascienden a un 10%, un 15% o un 20%.

SEÑOR ASTORI.- De ninguna manera.

SEÑOR RAFFO.- El señor senador, ¿ya lo ha calculado?

No tengo dudas de que si vemos cuánto significa esto entre la gente que gana hasta una franja de dos salarios mínimos, veremos que va a significar un incremento muy notorio.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: no voy a ocultar que esta es una instancia tremendamente difícil para nosotros porque frente al primer proyecto de ley importante que se somete a la consideración de este Cuerpo, aparece nuestra bancada, la de la lista 94, en una posición distinta a la del resto del Partido Colorado.

Nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Después de haber atendido las sugerencias del Presidente de la República sobre una rápida recaudación y habiéndonos abocado a lo que es el estudio de todo este paquete tributario que va bastante más allá de este proyecto de ley sobre el que tenemos que decidir hoy, llegamos a la conclusión de que todo este paquete implica un sacrificio desmedido para la población. Digo esto con franqueza y creo que ya lo hemos demostrado en instancias anteriores. Nunca le temimos al hecho de tener que imponerle sacrificios a la población; por el contrario, consideramos que es un imperativo del hombre público hacerlo, aun granjeándose la impopularidad transitoria, cuando tiene la convicción absoluta de que ese sacrificio que se impone es la llave que va a violentar la posibilidad de días venturosos para la República.

Por razones que quizá tengamos tiempo de desarrollar, hemos llegado a la conclusión de que este sacrificio que hoy se nos pide que impongamos a la población uruguaya es estéril y no logrará conseguir ese propósito que, no tengo la más mínima duda anima las mejores intenciones del actual Gobierno. Si nosotros llegamos a esta conclusión, incluso hasta pasando por contradicciones del propio sacrificio que se pide, sólo nos queda éste como fin en sí mismo y eso no pude, jamás, alentar nuestra toma de posición, aun pasando por esta amargura de que, en el primer proyecto de ley que tenemos que votar, nos toque a nosotros ser la nota discordante de nuestro Partido y, además –ojalá tengamos tiempo de explicitarlo- pagar un costo político altísimo por ello.

Quiero, señor Presidente, hacer alguna precisión, pero como tal vez alguna de ellas me lleve mucho tiempo, deseo aclarar, definitivamente, cuál va a ser nuestra votación. No vamos a votar este proyecto en general, pero ello no significa que no aprobemos la totalidad de sus disposiciones. En la discusión particular votaremos algunos impuestos, en mi caso personal, muy a pesar nuestro. No vamos a votar, eso sí, el adicional a la Contribución Inmobiliaria y, por razones filosóficas, tampoco el Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias por el modo sucesión, ni todos aquellos que graven directa o indirectamente el trabajo, los aportes patronales y los impuestos a las retribuciones personales de activos y de pasivos.

Votaremos –en el caso personal muy a nuestro pesar- atendiendo a una resolución de la banca de la Lista 94, el incremento de la tasa del IVA, porque creemos en la palabra del actual Gobierno y de su Ministro en el sentido de que este impuesto tiene un carácter de transitoriedad y porque anunció públicamente que iba a ser derogado o rebajado en el plazo de un año.

Quisiera abundar, señor Presidente, sobre esta instancia, porque realmente no comprendemos la trascendencia que ha tenido, en el sentido de no aparecer nosotros acompañando lo que se ha denominado unidad del Partido Colorado. No creo, de ninguna manera –y hemos dado pruebas en el pasado- de que esta posición discordante de nuestra bancada afecte o atente contra la unidad del Partido Colorado. Creo que, por el contrario, la fortalece. Nuestro Partido nunca basó la unidad en el monocordismo ni mucho menos en la homogeneidad. No puede basarse la unidad de un partido, que tienen como órgano máximo de conducción –aunque no la utilice- una Convención integrada por quinientos afiliados, en posiciones homogéneas y monocordes sino en el disenso que se expresa respetuosamente, no caprichosamente, y que surge de un estudio concienzudo y de asumir públicamente las responsabilidades de dicho disenso. Bastaría recurrir a cualquier libro de historia de mi país para demostrar que cuando han imperado las posiciones homogéneas y monocordes en mi Partido Colorado, él se ha estancado, al igual que el país. Por el contrario, cuando en mi Partido se ha dado lugar a una especie de ambiente fermental, de intercambio con altura, de posiciones no antagónicas pero sí distintas, es cuando el país ha avanzado hacia el porvenir venturoso junto con mi Partido.

En consecuencia, señor Presidente, no entiendo este reclamo a la unidad y esta idea subyacente de que nosotros, con nuestra posición, atentamos contra esa unidad del Partido. Reitero que creo que ella pasa por el respeto y por los argumentos que se manejen en posiciones diferentes y considero que todo el país es testigo de la madurez y de la seriedad con que el Partido Colorado –al menos su bancada de senadores- ha trabajado en torno a este tema, buscando soluciones comunes, caminos ingeniosos y elastizando posiciones en el caso concreto nuestro –y también de nuestro Partido, lo reconocemos- para llegar a una común, no por una devoción por el consenso sino para no pasar por esta instancia de que en el primer proyecto de ley importante apareciésemos votando separados. Pero hay una cuestión de tremenda originalidad en todo este debate previo en torno a este proyecto de ley y es el reclamo a esa unidad de mi Partido que no proviene, precisamente, de la bancada de senadores con la cual hemos trabajado durante todo este mes, con asesores calificados que, con generosidad, han venido a acompañar el quehacer del Partido. Esta invocación a la unidad de mi Partido surge fuera del Partido Colorado. Y yo, que quizá necesite la hora entera para explicitar mi posición, no quiero introducir ningún debate, ni tener ninguna expresión que pueda tomarse como una alusión que trate de ser motivo de debate en nuestra intervención. Simplemente queremos manifestar lo siguiente. hay un reclamo o una invocación externa a la unidad del Partido Colorado. Esta invocación nunca la vi desde dentro de mi Partido en el pasado quinquenio cuando le tocó gobernar al Partido Colorado. En instancias muy graves para nuestra República ese disenso favorable en el Partido, fue permitido e incluso alentado; pero hay un reclamo que viene de afuera del Partido Colorado.

Entonces, señor Presidente, deseo aclarar, ante manifestaciones concretas –con mucho respeto por el el señor senador Pereyra que se refirió a un editorial del diario "El Día", al cual no le atribuyo aviesas intenciones pese a que nada tenemos que ver con ese editorial- que este reclamo que desde el Partido Colorado ha surgido hacia el Partido Nacional, no es tal sino una pregunta en torno a la unidad o no de dicho Partido en el respaldo de este proyecto de ley. Esto habrá sido manifestado en ese editorial del diario "El Día", pero en mayor o menor medida, la pregunta se la hicieron todos los integrantes de la bancada del Partido Colorado. Yo, personalmente, la hice y si en ella algunos integrantes del Partido Nacional intuyeron una suerte de conminación por nuestra parte, no trepido en pedir públicamente excusas, porque no me ha pasado por la mente jamás, conminar ni poner plazos, no sólo al Partido Nacional sino a ninguna fuerza política de mi país, tampoco me gusta que le pongan plazos a mi Partido Colorado.

Tengo en mi poder declaraciones y manifestaciones de una persona que respetamos mucho como es el actual Presidente de la República, invocando y urgiendo esa unidad del Partido Colorado. No debe tener precedentes en la historia del país, que de tal suerte se invoque la unidad de un partido que no gobierna, por parte del partido que sí lo hace. Tenía, lícitamente, el derecho a formular la pregunta que creo que motivó otras similares que formularon compañeros de mi Partido, en el sentido de si era tan urgente y prioritaria la unidad de mi Partido y esa unidad existía dentro del suyo, tal como se reclamaba del nuestro, me parece que esta era una pregunta, si se quiere lógica.

Pero era una pregunta no conminatoria. Era respetuosa de algo que yo he valorado en muchos integrantes después de cinco años de trabajo en la Cámara de Representantes, en muchos miembros del Partido Nacional, que es su coherencia y también el tener conciencia de lo difícil que es para un Partido la ímproba tarea de gobernar un país, ya que por ella también pasamos nosotros.

Se pondrán en un lado de la balanza la coherencia y el respeto a la palabra empeñada y en el otro las responsabilidades que conlleva la tarea de gobernar un país. Nosotros teníamos derecho a hacer la pregunta porque respetábamos la coherencia y nos poníamos en el lugar de quienes, priorizándola, no teníamos la más mínima duda de que también iban a tratar de priorizar esa responsabilidad para con el país. Pero nos encontrábamos con mensajes equívocos –pemítaseme la palabra que no pretende ser agraviante- que provenían del Partido de Gobierno. Concretamente, más allá del apoyo o no a toda una política económica que llegó a calificarse de "invendible" por parte de algún integrante del Partido Nacional estaba el tema de si se había participado o no en la redacción de este proyecto de ley tributaria que se somete a consideración. Asimismo, en la misma página, hallábamos declaraciones de un calificado asesor –que todos respetamos- del Movimiento Nacional de Rocha, que decía que su sector sólo había hablado en líneas generales con el actual Gobierno sobre los proyectos que iba a mandar al Poder Legislativo y que no había participado en su redacción.

También oímos las declaraciones del hoy Presidente de la República, veinticuatro horas antes de asumir el poder, en el programa "En Perspectiva" en Emisora del Palacio, señalando que el Movimiento Nacional de Rocha había intervenido no sólo en la redacción del proyecto de ley de ajuste tributario, sino también en la redacción de uno sobre la reforma de las pasividades.

Nosotros manifestábamos que ambos tenían razón porque a veces puede tenerse razón por datos erróneos provenientes del entorno de quien hace declaraciones, pero que no nos "cerraban" ambas posiciones, porque entre el blanco y el negro admitimos catorce mil matices. Pero entre participar o no en la redacción de un proyecto de ley no admitimos matiz alguno: se participó o no. Digo esto con sumo respeto y reitero que si algunas de nuestra manifestaciones motivaron ofensas, pido excusas, porque nuestra curiosidad surgía de esa urgencia del Gobierno por constituir una unidad con mi partido político.

Este imperativo existe. Se exige la unidad del Partido y acá queda aleteando el tema, y no digo que haya sido a propósito que no se tocó esta noche. La unidad que se le exige a mi Partido pasa por algo que no se ha mencionado y ésta no es una alusión. El señor senador Gargano –tal vez para despabilarnos- insistió no menos de catorce veces en su intervención en el gobierno de coalición entre el Partido Blanco y el Partido Colorado.

Señalo que a esta forma de gobierno se le han puesto varios apellidos: coalición, entonación, coincidencia, gobernabilidad y el otro día –cosa que era grave- sentimos hablar de cogobierno. Pero admítame el señor senador Gargano que exprese que a partir de este momento y en los próximos cinco años la coalición no será con todo el Partido Colorado, sea cual sea el apellido que tenga esta forma de gobierno que surge de algo que no se ha mencionado, que es el acuerdo.

Esta invocación a la unidad de mi Partido surge de un acuerdo tan misterioso e insoslayable que hoy, a fines de marzo, la inmensa mayoría de la población no sabe todavía por qué parámetros transita. Cuando digo la inmensa mayoría de la población incluyo –por lo que he podido indagar- a la casi totalidad de legisladores del Partido Colorado y a la totalidad del periodismo nacional que por lo general está más informado de lo que ocurre en mi Partido que sus propios legisladores. Por lo tanto, está lo que se ve del acuerdo y lo que se dice de él. Lo que veo lo admito. El acuerdo, evidentemente, pasó por el hecho de que en este Gabinete del Partido Nacional hay Ministros colorados y salvo una excepción, que definiría como una persona eminentemente técnica, a los demás –a quienes respetamos mucho- no les niego su tecnicismo, pero pienso que frente a su protagonismo político, el tecnicismo se ve obnubilado por su representatividad política. Ese es un hecho objetivo y no tengo por qué desconocerlo.

También está lo que se dice del acuerdo. De él se expresa que, además de los Ministros, hay un compromiso de los legisladores del Partido Colorado de vota un paquete de leyes. De ser esto cierto señalo –ya lo he dicho, pero vale la pena repetirlo más de una vez- que no nos sentimos involucrados. Una vez dijimos que no podemos estar involucrados en un acuerdo que nos lleva a votar leyes que no conocemos y, a la luz de los acontecimientos, hoy puedo agregar que además de ser leyes que no conocemos, ellas no estaban redactadas en el momento del acuerdo.

Por lo tanto, pido que no se invoquen –como he sentido por ahí- determinados conceptos éticos sobre el comportamiento de los legisladores del Partido Colorado en torno a este acuerdo que todavía no terminamos de comprender, porque creo que la ética del legislador transita por otros parámetros, como son el estudiar los proyectos de ley, el buscar con humildad asesoramientos cuando no se domina enteramente el tema –reconozco que éste es tremendamente árido para quien habla porque no es economista sino abogado- y el hacer una evaluación de las consecuencias que tenga el votar o no determinadas leyes.

Quiero que estas cosas queden aclaradas de una vez y para siempre, porque respetamos todas las impresiones provenientes del Nuevo Espacio y del Frente Amplio, y queda claro que nosotros no integramos esta forma de gobierno, cualquiera sea su denominación y sus consecuencias y pagando el costo que sé que vamos a pagar por esta actitud.

Entonces, vamos al ajuste tributario y a este proyecto que se integra en un contexto que va mucho más allá de la ley. Pienso que algunos de los conceptos que se han expresado acá me obvian el expediente de retirarlos, porque una cosa es que apunten a modelos de sociedad diametralmente opuestos y otra que los diagnósticos sean más o menos similares.

En el caso concreto del señor senador Cassina, su intervención nos ahorra el expediente de explayarnos sobre el tema de la reforma jubilatoria.

Creo que ha quedado suficientemente claro en este país que no debe emparentarse con los pasivos, que no es justo para ellos ni para quienes votaron la reforma que ahora hay que aplicar, el emparentar, el hermanar este ajuste tributario con esa reforma. En este país –que yo sepa- no ha afectación de impuestos. Lo que sí existe –que me perdonen los economistas, aunque en esta Sala hay muy pocos y yo no soy uno de ellos- es un Estado que recauda por diferentes medios lo que luego va a parar a un contexto general de Rentas Generales y un Estado que después cumple con sus fines, pero sin afectación de impuestos.

Sostengo que, de acuerdo con los números, la reforma a los pasivos se paga por una vía que no pasa necesariamente por este ajuste tributario. No voy a recordar –porque no quiero introducir una polémica dentro de otra- que en los pasados cinco años hubo gente que sostuvo, y lo hizo en el Palacio Legislativo, que en el Banco de Previsión Social sobraba dinero, inclusive como para pagar un aguinaldo. Si ello era así, no entiendo porqué ahora hay que votar este proyecto, pura y exclusivamente para cumplir con el veredicto del soberano expresado en las urnas. Hay otra forma en que puede y debe pagarse la reforma a los pasivos.

Queda entonces, como leit motiv del apuro por votar este proyecto de ley, el abatir el déficit. En los discursos se nos dice que el déficit se abate recaudando más y disminuyendo los gastos. Por las dudas agrego que no se incluye el concepto de disminución de gasto en un tratamiento adecuado del endeudamiento interno.

Debo decir con franqueza que si el tema pasa por dos senderos, es decir, el de aumentar la recaudación y el de disminuir los gastos. Vemos que en el paquete tributario hay un detalle excesivo en lo que concierne a la recaudación, pero no existe el mismo "detallismo" en lo que tiene que ver con el abatimiento de los gastos, que hasta el día de hoy no pasa por una mera enunciación de buenos propósitos, que nosotros creemos se realiza con honestidad pero que, evidentemente, no se pormenoriza o no se compadece con ese detallismo con que trata de aplicarse todo este paquete.

El proyecto de ley lo definimos –y con ello no somos originales- como un gran sacrificio que a la población se le impone. Se ha señalado ya que no tememos imponer sacrificios a los ciudadanos cuando ellos son en aras de apuntalar días venturosos para la República. Sin embargo, decimos que esos sacrificios son hasta recomendables cuando existen cuatro premisas: cuando es para apoyar una propuesta económica que exista, cuando lo es, además, en pro de un planteamiento económico viable, cuando dicha propuesta o el equipo que la lanza inspiran confianza y, además, cuando existe una contrapartida de dicho sacrificio, o sea, cuando quien pide el sacrificio se sacrifica a la par de aquél al que se lo ha solicitado.

No voy a abundar sobre esta definición de sacrificio a la población porque, sin entrar en aguas más profundas, más o menos está admitido, inclusive por quienes proponen este proyecto de ley o todo el paquete tributario, que este sacrificio es grande, porque él significa rebaja de sueldos, aumento de precios, recesión económica y, esto es lo extraño, porque comprime la demanda, atentando también contra las exportaciones de nuestro país, provocando, por ende, el desempleo y, lo que es peor, tengo el temor de que ello hasta sea contradictorio, porque no me queda claro –y tengo mis serias dudas- que este paquete tributario no es además inflacionario, con lo que se incurriría en una clara contradicción de los propósitos más caros y más buscados.

Personalmente digo que no hay paquete económico, con lo que no se da una de las primeras premisas que tornaría viable e imponible este sacrificio; pero no es quien habla quien dice que no existe proyecto económico, sino que lo expresa el propio Ministro de Economía y Finanzas. El día 12 de marzo en oportunidad de concurrir al seno de la Comisión de Hacienda, en la página 28 de la versión taquigráfica de esa sesión, ante una pregunta concreta es el titular de esta Cartera quien dice que no existe un plan económico y que, además, éste dependerá de los caminos que elija la banca acreedora.

Por el delito de haber leído textualmente las palabras manifestadas por el señor Ministro de Economía y Finanzas, se nos trató de emparentar con posiciones políticas que están en otras antípodas. Sé muy bien donde estoy parado políticamente y no tengo la más mínima duda de que aquellas personas que fueron involucradas en lo que parecía ser la coincidencia de un discurso, también saben perfectamente bien dónde están ubicados políticamente. Lo que veo gratuito es la falta de respeto para quienes votaron por una o por otra propuesta, que presumo entendieron estaban votando por posiciones que quien habla definiría como encontrándose en las antípodas.

El tema de la banca acreedora no es patrimonio de un grupo político; no es de nuestro movimiento y de nuestro partido, el salir a pintar paredes con leyendas lícitas para quienes creen en ellas, como por ejemplo, "Abajo el Fondo Monetario Internacional!; ¡Fuera la Banca acreedora!". Lo que digo concretamente, es que la banca acreedora existe y que cada uno en la vida cumple un rol y que lo debe hacer bien, por lo que cuando se va a negociar con dicha banca, hay que llevar planes, hay que ir con las municiones de las que hablaba el señor Presidente de la República, que le eran necesarias, por lo que pedía que se le votase de apuro este paquete fiscal.

No es lícito esperar benevolencia de nuestros acreedores, ya que si son buenos banqueros van a defender sus intereses.

¿El señor Presidente de la República quiere ir con municiones? Ante la confesión del señor Ministro de Economía y Finanzas, demostrando ser una persona con una sinceridad y franqueza que lo honra, debo decir que desde mi punto de vista, nuestro primer mandatario no sólo va sin municiones, sino que además ni siquiera lleva cargadores. Esa negociación será harto difícil porque él no lleva planes y porque, además, dichos planes dependerán pura y exclusivamente de buenos banqueros, en un contexto y en un modelo que compartimos, en el que cada uno debe cumplir bien su papel, es decir, el que va a pedir debe defender sus intereses y el que va a prestar, debe defender los suyos; si cada uno cumple bien su rol y si nosotros no llevamos planes, evidentemente, lo que nos propongan no será precisamente favorable a nuestros intereses, sino forzosamente beneficioso para los de ellos. Por decir esto, hemos logrado el milagro de ser fascistas e izquierdistas al mismo tiempo.

Francamente, no voy a pasar por todas estas expresiones, pero –y no es una alusión- para que no se emparente nuestra posición política con algo que pudo haber dicho con mayor tecnicismo el señor senador Astori, voy a volver sobre este cable de la Agencia ANSA, que dicho señor senador mencionó al pasar. Lo que en él se dice es de una gravedad tremenda y no crea que el señor Vicepresidente de los Estados Unidos se le pueda acercar a ciertas posiciones políticas vernáculas. Pienso que se trata de un hombre que también debe saber dónde está parado políticamente. "El Vicepresidente de Estados Unidos regresó de su último viaje por América Latina con la advertencia de que las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional constituyen una píldora del suicidio para la democracia del hemisferio occidental, según dos columnistas norteamericanos. Quayle reportó a Bush que en todas las escalas de su gira escuchó la opinión de que la políticas del Fondo Monetario Internacional están arruinando a América Latina. Señaló que las formas de austeridad con las cuales se maneja el Fondo Monetario Internacional, condicionan su apoyo a las economías latinoamericanas, casi garantizan saqueadores en la calle y a menudo hacen caer gobiernos. Exhortar a nuestros impuestos no es ciertamente nuestra política económica, que ha sido tan exitosa".

(Ocupa la Presidencia el señor senador Bouza)

-"El Vicepresidente agregó que el hemisferio está ganando el debate político contra el comunismo y el militarismo, pero advirtió que estamos al borde de perder el debate económico".

Existen referencias y afirmaciones hechas por el señor Presidente de la República Argentina, Carlos Menem, en cuanto a que deseando bajar el Impuesto al Valor Agregado, el Fondo Monetario Internacional le exija que lo suba en dos puntos. "Se tilda la política del Fondo" –y es el señor Vicepresidente de Estados Unidos quien habla- "como miserable". Se expresa que el Secretario de Estados, James Baker y el Director de la Oficina de Presupuesto, señor Richard Berman, quienes en sus días en el Departamento del Tesoro, no han demostrado ningún aprecio especial por el Fondo, avalan las expresiones del señor Vicepresidente norteamericano.

"De manera que, entonces, esto de esperanzas, aunque más no sea para decirle "no" al Fondo, o siquiera limitar el aporte estadounidense, al menos para hacerlo condicional a nuevos lineamientos en los préstamos para quitar el veneno de la píldora. De otra manera, la democracia y no los burócratas internacionales, será culpada de su propio suicidio".

Tengo muy claro, en el caso de un conflicto que por suerte se aleja –porque uno de los bandos se desintegra- de qué lado iba a estar alineado, pero una cosa era la hipótesis de ese conflicto y otra es no ser consciente de que el capital no conoce ideologías y que el tratamiento de los poderosos no siempre se compadece con el discurso de democracia y libertad que desde el norte nos manda. Esto también siempre lo tuvo claro y un día, tomándome la licencia poética de un autor en serio que hablaba de Méjico en tiempo que las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora y las distancias eran más grandes, esa frase la distorsionaba un poco –está en las versiones taquigráficas parlamentarias- y la aplicaba a toda América Latina: "¡Probrecitos de nosotros, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica!".

Si esta es la nueva filosofía de Estados Unidos de Norteamérica, entonces ahora me place estar cerca de ellos, porque evidentemente algo está cambiando en el contexto mental de quienes gobiernan la gran nación del norte. De repente se han dado cuenta que el apuntalar la democracia, al menos en su retaguardia compuesta por estos países de América Latina, no pasa por discursos ni por blanquear de vez en cuando la Estatua de La Libertad, sino por acordarse que aquí existen seres humanos que padecen necesidades que no pueden satisfacer porque nuestros medios son escasos.

De pronto en Norteamérica se han dado cuenta de lo que una vez se dijo aquí, en la calle 18 de Julio, un 24 de junio: que la democracia no se lleva bien con la pobreza; a lo que nosotros dijimos durante toda la campaña electoral, de una manera menos académica, pero con idéntica franqueza: que con todo el andamiaje fenomenal que implica la democracia, entre la democracia y el totalitarismo sólo media un chiflido, que es el del estómago cuando no puede más de hambre.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR IRUTIA. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. – Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR. – Agradezco al Senado.

No fuimos nosotros los inventores de esta frase, porque cinco siglos antes de Cristo, Aristóteles había manifestado que el hombre es un animal político que con el hambre se vuelve lobo. Si esta es la nueva mentalidad que impera en Norteamérica, vamos bien, y esa cercanía ya no nos preocupa tanto. Pero plan económico no hay y no somos nosotros sino el Ministro quien lo dice.

En las páginas 38 y 39 de la misma acta también se señala que no hay política cambiaria ni monetaria. El 28 de febrero, 24 horas antes de la asunción de nuevo Presidente de la República, y al día siguiente de que el señor Ministro de Economía y Finanzas hiciese uso de la palabra en la Cadena de Televisoras, el Presidente de la Asociación de Bancos Uruguayos salió con un reclamo inédito en estos países de América Latina; horas antes de que asumiese el nuevo Gobierno pidió señales claras de cuál iba a ser la política cambiaria y monetaria del país. Si ante ese reclamo del Presidente de la Asociación de Bancos Uruguayos no hubo un cataclismo en este país es pura y exclusivamente porque se trata de la República Oriental del Uruguay, porque esto ocurrió en verano y porque se venía de la certidumbre de una Administración colorada, que yo no compartí en varios aspectos, pero que evidentemente, a la luz de estos primeros días, había demostrado tener una solidez que permitía amortiguar este tipo de afirmaciones. Reitero que fue el Presidente de la Asociación de Bancos quien salió a decir que el Gobierno que se estaba por instalar no había dado un síntoma, una señal de cuál sería su política cambiaria y monetaria.

Si no existe plan económico, si no hay una política cambiaria y monetaria, yo digo, además, que no inspira confianza. En una reunión de la bancada de senadores de mi Partido, el señor senador Alberto Brause recordaba expresiones de Martín C. Martínez: "La oposición tiene el derecho y la obligación de ser desconfiada". Creo que a veces la desconfianza también se alimenta desde las esferas del Gobierno. Y digo que se alimenta porque, si por un lado se piden sacrificios y, por otro, se prometen mejoras que implican gastos, existe una contradicción.

Entonces, hay fragilidad en el equipo económico que se estrena; fragilidad cuando se dice que no hay modelo económico, cuando se dice que no hay política cambiaria ni monetaria, pero también fragilidad en otras expresiones. No es por incordial que leemos las actas de la Comisión de Hacienda, pero en la página 32 se afirma que los impuestos no son inflacionarios y en la número 33 se afirma exactamente lo contrario, es decir, que son inflacionarios. Esto no se hace a lo largo de toda una vida, sino en la estrechez de dos pequeñas páginas. Allí están las afirmaciones del equipo económico. Nosotros tampoco lo entendemos. ¿Son o no inflacionarios los impuestos que se proponen?

No quiero que esto se tome como una irreverencia, pero en la página 15 se dice que en virtud de que las negociaciones de la deuda extrema son muy delicadas, no conviene manejar el tema de las reservas para que desde el extranjero no lo sepan. No entiendo lo que quisieron decir con esto. ¿Acaso están insinuando que en esta comarca tan reducida como lo es el planeta Tierra, los únicos que sabemos que los uruguayos tenemos oro somos nosotros, los uruguayos? ¿El equipo económico parte de la base de que en Estados Unidos no saben que tenemos oro?

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MILLOR. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Si el señor senador Millor no tiene inconveniente, me gustaría que leyera las afirmaciones de las páginas 32 y 33, en las que por un lado se dice que el impuesto es inflacionario y, por otro, que no lo es.

SEÑOR MILLOR. – En la página 32, el señor de Haedo sostiene que los impuestos nunca son inflacionarios. El señor senador Astori, al pie de la página, pregunta lo siguiente: "¿Debo deducir que el equipo económico, encabezado por el señor Ministro, entiende que ni el IVA, ni los aportes patronales, ni el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, ni el IMESI, ni el aumento de los recargos a la exportación son inflacionarios? ¿No van a producir impacto inflacionario en el Uruguay? ¿Puedo deducir eso?" El señor Ministro le responde: "No, señor senador; esa deducción no es correcta". Luego viene todo el desarrollo de esa respuesta.

En mi condición de abogado y no de economista, me limito a leer lo que dice el equipo económico de Gobierno. Pido disculpas al Senado, porque ahora volvemos al mismo discurso descalificador, pero si cito al señor senador Astori como quien formula esa pregunta es porque así figura en las actas. Esto no significa compartir posturas políticas, sino el mismo asombro ante afirmaciones de tal suerte contradictorias.

Quisiera continuar y conceder las interrupciones, si surgen, al final de mi intervención, porque ya me quedan muy pocos minutos para desarrollar mi pensamiento.

Como ya lo hemos manifestado, todo esto nos deja la sensación de que la política no cuenta con el apoyo irrestricto, unánime del Partido de Gobierno. Eso lo veo bien, porque creo que el disenso en las colectividades de tradición democrática, como lo es el Partido Nacional, es una herramienta saludable para el país y para el propio partido. Sin embargo, es alarmante, habida cuenta de la composición parlamentaria, que sea tan claro que esta propuesta económica no tiene el apoyo de la totalidad de los legisladores del Partido Nacional.

A todas estas cosas debo agregar la desprolijidad del trámite. Comprenda el Senado de la República que a mi Partido se le entregaron, en diez días, cuatro proyectos distintos. El 5 de marzo se nos entregó un proyecto y, cuando ya se desencadena todo el mecanismo de asesoramiento, el día 6 aparece un ujier manifestando que el proyecto que tenemos no es el que vale porque el que se acaba de presentar es otro, que luego también sufre otras dos modificaciones. Este es un tratamiento desprolijo. Es evidente que surge de lícitas y legítimas posiciones contrapuestas en el Partido de Gobierno, que es el que tiene que apuntalar en primer término esta propuesta y no la oposición.

Pese a todas estas dudas, nosotros –me estoy refiriendo a la Lista 94- entendimos o atendimos el reclamo del Gobierno con respecto a una rápida recaudación y, con la ayuda invalorable de nuestros compañeros de partido buscamos –y buscaron ellos- flexibilizar al máximo nuestra posición para poder dar una suerte de desahogo a ese requerimiento del Gobierno, partiendo de la base de que si algo votábamos eran las herramientas que el Gobierno solicitaba pero que no nos responsabilizábamos por el resultado del empleo de esas herramientas. Pero en ese caso imponíamos algunas condiciones. Una de ellas se relacionaba con los sacrificios. Entendiendo que no hay mejor manera de pedirle sacrificios a la población que predicándolo; si el Estado pide un sacrificio, que se sacrifique él junto con la población y, si es posible, antes que ella.

Jamás busqué culpables en la derrota de mi Partido Colorado; pero algo me dice que más allá de personas y posturas, quizá una de las razones por las que perdimos fue por pedir austeridad cuando quien miraba hacia arriba veía frivolidad, no atribuible a mi Partido, porque en el tema de la frivolidad participaron todos. La reducción de los gastos espurios e innecesarios del Estado pasa por andariveles de verdadera e importante reducción en cuanto a los números, tratando de terminar con esa impresionante burocracia y con un montón de gastos absolutamente innecesarios e hipertrofiados que tiene el país; pero también pasa por pequeñas reducción en los números menores porque en el efecto sicológico de la población son tremendos.

Comparto lo que hace poco manifestó el ex candidato a Intendente por el Movimiento Nacional de Rocha en el sentido de que es muy difícil pedirle sacrificio a la gente, cuando lo único que tiene es, por ejemplo, el aparato de televisión para conectarse con el mundo, porque ya ni diarios compra y ve un día sí y otro también, recepciones en las cuales quienes les piden sacrificios pasan con un vaso de whisky en la mano o cuando miran hacia las esferas políticas observan que el leiv motiv de la asistencia al poder político tal vez sean los viajes faraónicos, muchas veces innecesarios. Estoy de acuerdo en que no se ahorra mucho dinero con esto, pero se logra algo –sin lo cual fracasan absolutamente todos los modelos económicos- que es la credibilidad y la confianza. No fui yo el autor del slogan –que por otra parte comparto- de "Creer para crecer"; si la gente cree, el modelo funciona. Creo que fue Samuelson quien dijo que un modelo mediocre que tuviese detrás la creencia y la fe de todos los habitantes de un país podía obrar maravillas, pero un modelo excelente que no tuviese credibilidad en la gente, irremediablemente iba a fracasar.

Por lo tanto, nosotros pedimos correlación en el sacrificio que pasa por los números chicos, pero también, por los efectos sicológicos grandes. Además, solicitamos una correlación en cuanto a cómo se iba a especificar, a detallar ese sacrificio y al respecto presentamos al Partido una propuesta, en la cual, tal vez, se pormenorizaba excesivamente en qué debía consistir la disminución del gasto público. Reconozco que no era una propuesta simpática pero menos simpático era pedirle sacrificios a la gente. También sé que desde el Servicio Exterior esto no iba a ser bien mirando pero, sin embargo, pregunto con total franqueza: ¿no es acaso hipertrofiado el Servicio Exterior que tiene este país que tanto sacrificio le pide a la gente y que, sin embargo, tiene Embajadas como si fuera una superpotencia? Considero que por ese lado puede haber una reducción seria del gasto público. Pero, también, podría haber reducción explicando algunas cosas que son difíciles de entender en el contexto de la administración pública uruguaya.

En nuestra propuesta sugeríamos que a las empresas públicas se les impusiesen balances trimestrales de acuerdo a las normas del Colegio de Contadores, firmadas por el Tribunal de Cuentas y, en las áreas de educación y salud pública, hacíamos la salvedad que los gastos espurios debían ser reinvertidos.

Pero, lo importante –y no quiero entrar en una propuesta que fue redactada por técnicos en forma muy detallista- era que el Estado le mostrase a la población, mensualmente, cómo, cuándo y dónde reducía el gasto público y en qué consistían las cifras. Entonces, con un sacrificio compartido iba a ser más asimilable lo que se le pedía a la población.

También solicitábamos un tratamiento adecuado de la deuda interna. Hoy he escuchado hablar de contradicción cuando por un lado –y esto lo hemos dicho en el Parlamento en el pasado quinquenio y consta en actas, cuando se trató la Ley de Refinanciación- se pide un tratamiento benévolo para los pequeños deudores y, por otra parte, un tratamiento severo para los grandes deudores. Esto lo dijimos nosotros cuando gobernaba el Partido Colorado.

Repito que en ocasión de estudiarse la Ley de Refinanciación presentamos un proyecto que quedó archivado en una de las Comisiones y que ahora ofrecemos como herramienta de trabajo. A través de este proyecto, al pequeño deudor se le ofrecía la posibilidad de pagar en moneda sectorial y, al otro, a ese 15% que concentra el 70% del endeudamiento interno, que no paga el capital y tampoco los intereses, que deben ser subsidiados por toda la población de Uruguay –esta deuda oscila en U$S 200.000.000 anuales que el pueblo uruguayo debe pagar para mantener la ineficiencia- ¿vamos a seguir subsidiándolo? ¿Vamos a seguir con la benevolencia? ¿Vamos a continuar con el país del prohibido quebrar? No. Soy partidario de una sociedad con clases, que esto quede claro: de ninguna manera soy partidario de una sociedad sin clases. A esta altura en que están las cosas en el mundo –y no es ninguna alusión- me parece que hablar de esto sería entrar en una discusión bizantina, porque la sociedad sin clases ha fracasado en todos los lugares que se quería aplicar. Repito que creo en la sociedad con clases. Me parece que el hecho de que hayan clases sociales en el país es un desafío a la creatividad de cada uno de sus habitantes. Pero no creo en una sociedad con estamentos, que es algo totalmente distinto. Una cosa son las clases sociales y otra los estamentos; una cosa es que exista en un país una base de oportunidad que, según mi concepción, en mi modelo de esquema de sociedad consiste en que quien llega a la cúspide del bienestar económico tiene que salir a defender todos los días su posición: si fracasa y es ineficiente que vuelva al llano. Y, a la inversa, que el que está en el llano, en base a su esfuerzo pueda llegar a la cúspide del bienestar económico.

Por el contrario, en este país el que llegó se esclerotizó, se estratificó y a partir de ahí no tenemos clases sociales, tenemos estamentos, porque aquí está prohibido quebrar y los que están abajo –y por destino siempre lo estarán- permanentemente tienen que subsidiar a los que un día llegaron arriba y luego no supieron mantenerse.

Por lo tanto, no hay contradicción. Hemos presentado ese proyecto y podemos ofrecer alguna otra herramienta, por ejemplo, de pago en moneda sectorial para los pequeños deudores, pero no estamos dispuestos a pedirle sacrificios a la gente de abajo cuando son los que, en definitiva, siguen subsidiando la ineficiencia de algunos que están arriba.

El abatimiento de los gastos espurios, el tratamiento adecuado al sacrificio que se pide por la deuda interna tenían que ser apuntalados por algo. Eso surgió de la generosidad de nuestros compañeros de Partido que consistía en el criterio de la temporalidad. ¿Cuál era la garantía que teníamos nosotros de que se tratase adecuadamente el endeudamiento interno y que, además, hubiese un compromiso serio y no una enunciación de que el Estado iba a sacrificarse junto con la población e iba a reducir sus gastos innecesarios, si a los impuestos que estábamos dispuestos a votar no se les ponía un plazo de vigencia en el tiempo? De allí surgió el criterio de temporalidad que fue manejando con bastante éxito en la bancada del Partido Colorado. Al desaparecer este criterio de la temporalidad a nosotros se nos desploma el andamiaje, porque el abatimiento del gasto público y el trato correcto del endeudamiento interno era un techo apuntalado por las columnas de esa temporalidad que era la única garantía que teníamos. Si nos sacan las columnas que apuntalaban el techo, se nos cae el edificio; al no atenderse el reclamo de temporalidad, nosotros nos quedamos sin ninguna garantía para poder decirle a la gente: les imponemos este sacrificio pero aquí está la garantía de que el Estado lo hace junto con ustedes y también de que en este país no se subsidiará nunca más la ineficiencia. No quiero oír que esto lo decimos después del 26 de noviembre porque en oportunidad de una interpelación al señor Ministro de Industria y Energía, respecto a un tema de ciclomotores, dijimos exactamente lo mismo que hoy expresamos: que había grupos económicos –frente a los cuales nada tenemos en lo personal- que no le pagan, ni le van a pagar al Estado uruguayo lo que le deben. No es lo mismo un grupo económico que deba U$S 48:000.000 que un chacarero propietario de pocas cuadras que deba un puñado de monedas; por lo tanto, el tratamiento no puede ser idéntico.

No tenemos la garantía de la temporalidad; nos quedamos con las buenas intenciones del Gobierno –de las que no dudamos- en el sentido de abatir el gasto público. Pero, siguiendo aquellas recomendaciones de Martín C. Martínez, tenemos derecho a la desconfianza. Además, como no tenemos garantías en la letra de la ley, ni tampoco en la solidez del equipo económico que tiene que instrumentar todas estas políticas, en esta instancia no podemos acompañar a nuestro Partido. Esto lo decimos sin ningún cargo de conciencia por lo que al principio señalamos.

Yo no creo que la unidad de mi partido pase por posiciones monocordes y homogéneas. Tal vez le haga mucho bien a nuestro Partido que este grupo del Partido Colorado afronte el costo político que va a pagar por no votar estas leyes. Esto también tiene que entenderse.

Nadie tenga dudas de que en el futuro no vamos a trepidar en asumir posiciones que puedan parecer antipáticas en un contexto demagógico y publicitario de cara a la población. Lo hemos hecho en el pasado. A esta altura de nuestra vida en la cual ya hemos vivido más de lo que nos queda por vivir, no vamos a trepidar en hacerlo en el futuro. Esto no es una posición que procure la simpatía de determinados estratos de la población, esto surge de un convencimiento, pero además está avalado por el costo que pagamos y éste es carísimo. El costo pasa, por ejemplo, por que se nos tilde de guerrilleros; el costo pasa, por ejemplo, porque se nos identifique con posiciones políticas que nosotros respetamos, pero con las cuales no tenemos nada que ver y nos resulta doblemente ofensivo, no por las personas involucradas, sino por quienes votaron propuestas totalmente distintas.

Yo nunca le he faltado el respeto a una colectividad política entera. Podrá discrepar con las ideas políticas de quienes representan esa colectividad, pero faltarle el respeto como quien planta pinos al voleo a vastos sectores de la población que se saben enfrentados en lo que son los modelos finalistas que procuran, me parece que es un agravio gratuito. Y ese es uno de los costos que pagamos. Pagamos también el costo de que se nos invoque en contra nuestra el patriotismo. Aparentemente, en los últimos tiempos, con un andamiaje muy bien montado, el patriotismo pasa por votar los impuestos que el Gobierno pide. Bueno; ese es un costo que también pagamos porque no tenemos el mismo andamiaje publicitario para contrarrestar y para decir que también se es patriota cuando no se participa en el reparto y cuando se asume una posición como la nuestra, quedando completamente a la intemperie. Hace unos cuantos meses, cuando no sabíamos que íbamos a discrepar con esta ley, ya se nos anunció que quienes no integrásemos la "coalición", la "entonación", la "coincidencia" o como le llamase, quedábamos fuera de los Entes Autónomos. ¡Si éste no es un costo y si no es un costo anunciado, ¿qué nos hubiese costado a nosotros que en definitiva no inventamos la expresión "economía social de mercado" en la cual creemos?; nuestra dialéctica era distinta, era economía de mercado con un sentido humanista, y nos gustó lo de social por lo que lo asumimos! Esto es economía de mercado a secas. ¿Qué nos hubiese costado a nosotros, hoy, invocar el patriotismo para votar estas leyes y dentro de seis o siete meses mencionar la obediencia debida o el verticalismo para justificar el desastre económico que se le viene a la población con estas leyes? No nos hubiese costado nada. Nos hubiese bastado con sacar la máquina de calcular y asumir posiciones pura y exclusivamente convenientes, con lo cual no quedábamos excluidos de un nomenclator que ya anunciaba que nos excluía si discrepábamos con alguna de las leyes. Sabíamos el costo que pagaríamos porque estaba previamente anunciado. Y lo pagamos a conciencia porque no estamos dispuestos a especular hoy para obtener determinadas posiciones que creo ganamos en las urnas. Pero que se nos quiera negar todo eso, porque éste es el precio que tenemos que pagar por proceder con franqueza desde el inicio de nuestra gestión en el Senado, lo pagamos y lo asumimos con mucho gusto.

Que todo esto quede claro; aquí el costo lo pagamos nosotros. El costo material de quedar excluidos sería lo de menos, pese a que nuestro derecho lo ganamos en las urnas. Pagamos esta violencia de no poder acompañar en la primera ley importante un concepto equivocado de unidad de mi Partido porque esto no surge de los senadores que han trabajado con nosotros, que han respetado nuestro disenso, como no podía ser de otra manera, en una colectividad como la nuestra, que ha basado su historia, ha basado sus pasos gigantes hacia el provenir en aquellos momentos en los cuales en el seno de nuestro Partido han tenido lugar grandes debates, los que se han realizado con altura.

Yo quisiera saber qué hubiese pasado si sobre este paquete de ajuste tributario y más allá de ello, sobre si este misterioso acuerdo que todavía no comprendemos, se hubiese consultado a la Convención Nacional de mi Partido, que la integran 500 ciudadanos que creen en él.

De repente nuestra posición no sería tan minoritaria. No nos sentimos minoría porque estamos predicando lo que ha sido desde siempre costumbre, ley y motivo de nuestro Partido: respetar las opiniones de disenso cuando las mismas son expresadas sin agravio y cuando no surgen de posturas caprichosas.

Sabemos lo que arriesgamos: quedamos a la intemperie.

Ese es el precio, pero también es la recompensa porque nos quedaremos a la intemperie en lo que se refiere a cargos que ganamos en las urnas, pero nos quedamos a la intemperie, reitero, con todas nuestras razones.

SEÑOR RAFFO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Le solicité una interrupción por segunda vez al señor senador porque insistía que había una contradicción entre lo que el señor Ministro de Economía y Finanzas decía en una página y en otra. Yo he leído atentamente y no he visto ninguna contradicción entre lo que el señor Ministro dice en una y otra página. No veo que sostenga cosas distintas acerca de ser inflacionario o algo parecido. Creo que hay una confusión de parte del señor senador Millor, en cuanto a que el señor Ministro acepta que algunos impuestos pueden ser trasladables a precios, con que los mismos sean inflacionarios. El señor Ministro dice: "Sin perjuicio de discrepar con el señor senador Astori con respecto a que varios de los impuestos que señaló son trasladables a precios..." –que no es lo mismo que ser inflacionario- "...-creo que no hacen al fondo del asunto-...", etcétera, etcétera. Luego, pide la palabra el señor de Haedo y dice: "en ese contexto los impuestos nunca son inflacionarios, porque tienden a reducir el déficit fiscal y, por consiguiente, disminuye la necesidad de emitir dinero". Posteriormente, vuelve a preguntar el señor senador Astori y le vuelve a contestar el señor Ministro. Según el señor senador Millor, aquí estaría la contradicción. Dice el señor Ministro: "No, señor senador; esa deducción no es correcta". La pregunta es si van a producir un impacto inflacionario en el Uruguay. Luego, continúa el señor Ministro: "Nosotros manifestamos que algunos de esos impuestos podrían no ser trasladables a precios, aunque otros, sin duda lo serán". Creo que hay una confusión en el tema entre traslado a precios e inflacionarios.

Y aclarando el asunto en la misma página 34 el economista de Haedo dice: "El hecho de que sea trasladable a precios no quiere decir que sea inflacionario. Ello implica un cambio en precios relativos de aquellos sectores empresariales que pueden trasladar el precio al mercado, al consumir". Luego se reitera en otras expresiones.

Eso es lo que quería aclararle al señor senador Millor. Muchas gracias señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en uso de la palabra el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Discrepo con el señor senador Raffo. Creo que la confusión proviene de la lectura que realiza. No soy yo sino el Ministro el que equipara el concepto de "trasladable a precios" con el concepto "inflacionario".

Voy a leer textualmente; solicito que me corrijan los involucrados. El señor senador Astori pregunta lo siguiente: "¿Debo deducir que el equipo económico, encabezado por el señor Ministro entiende que ni el IVA..." –y menciona una serie de impuestos- "...no van a producir impacto inflacionario en el Uruguay?" Esa es la pregunta concreta que se formula en la página 33. Y al comienzo de la página 34 el señor Ministro contesta: "No, señor senador; esa deducción no es correcta". De modo que es correcta la deducción de que no son inflacionarios. Nosotros, manifestamos que algunos de esos impuestos podrían no ser trasladables. Hay una contradicción. Existe una pregunta concreta de que si son o no inflacionarios. Y hay una contestación concreta que dice que son inflacionarios.

SEÑOR RAFFO.- No son, señor senador.

SEÑOR MILLOR.- Le pediría al señor senador que lea bien la página 33 y también la 34. Ante una pregunta concreta de si el equipo económico sostiene que no son inflacionarios determinados impuestos, el señor Ministro, en el primer renglón de la página 34, contesta: "No, señor senador; esa deducción no es correcta".

SEÑOR RAFFO.- ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR MILLOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Federico Bouza).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- El señor senador Astori pregunta si puede deducir eso. "No, esa deducción no es correcta", contesta el señor Ministro. Pregunta si puede deducir y se le contesta que no es correcta. Por lo tanto, creo que se está mezclando el concepto de traslado a precio, que no es lo mismo que el impuesto sea inflacionario.

(Ocupa la Presidencia el doctor Gonzalo Aguirre)

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MILLOR.- Entiendo que no es de práctica parlamentaria pedir una interrupción cuando al orador le queda sólo un minuto.

Evidentemente, señor Presidente, tenemos una interpretación distinta de algo que para mí está muy claro en las páginas 33 y 34. Entonces, lanzamos un compromiso sobre la Mesa. Creo que este paquete es inflacionario. Bastará esperar unos meses para que quede demostrado el acierto de quienes afirman que no o el de quienes decimos que sí. Declaro, en lo personal, que si tiene razón el equipo económico y realmente hay un abatimiento de la inflación, no voy a trepidar en pedir la palabra y reconocer que el diagnóstico que realizamos estaba equivocado. Lo que no vamos a necesitar justificar es sí el señalar que, de cualquier forma, el sacrificio que se le pide a la población es estéril por otras afirmaciones no desmentidas, como la carencia de planes económicos, la carencia de política monetaria, la carencia de política cambiaria y la falta de solidez del contexto del equipo económico que avala esta propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha expirado el tiempo de que disponía el señor senador.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador, que dispone de cinco minutos para contestar una alusión.

SEÑOR SINGLET.- Señor Presidente: en realidad voy a tomar menos tiempo, porque no queremos provocar una polémica estéril.

El señor senador Millor ha hecho varias alusiones al Movimiento Nacional de Rocha, de las que puede deducirse actitudes contradictorias. Si el señor senador Millor quiere discutir las ideas, los principios, la coherencia o la estrategia del Movimiento Nacional de Rocha ahora, antes en el período pasado o, aún durante el régimen de facto, lo podemos hacer. A lo mejor tenemos que reconocer errores porque nosotros no nos creemos dueños de la verdad.

De cualquier manera, entendemos que el señor senador Pereyra ha sido claro en determinar las razones del apoyo que prestamos a un proyecto que no es nuestro, que no nos gusta, que no responde a nuestra propuesta electoral, pero que nos parece lícito ofrecer al Gobierno del Partido Nacional que integramos. Todo esto en función a una serie de consideraciones, a las que hizo referencia el señor senador Pereyra, como la transitoriedad de alguna de estas medidas, de las cuales nosotros entendemos que resulta un compromiso de políticos y técnicos, que deberán rendir cuenta en tiempo y forma.

No me interesa, en cambio, la situación interna del Partido Colorado, pero sí digo e insisto que el señor senador Pereyra ha hablado de la actitud que adoptarán en el Senado todos los integrantes de la bancada del Movimiento Nacional de Rocha en apoyo a este proyecto. Debo deducir que no es la misma situación que se plantearía en la bancada que integra el señor senador Millor y que permitía prever la afirmación del señor senador Blanco en cuanto a que los senadores pachequistas darían su apoyo a este proyecto. Siendo tan notoria la vinculación del señor senador Millor con el señor Jorge Pacheco Areco, como que fue su compañero de fórmula en la candidatura a la Presidencia de la República, me parece que utilizando términos parlamentarios, habría que hacer un desglose de las dos afirmaciones.

Reitero que se trata de un aspecto que a mí no me interesa, porque reconozco que se trata de un problema interno del Partido Colorado. Aclaro cuál es la posición del Movimiento Nacional de Rocha e insisto ahora, en el período democrático, durante la dictadura y en cualquier época en que se la quiera discutir. Al igual que la actitud que adoptará en la noche de hoy en apoyo de este proyecto como lo anunció el señor senador Pereyra.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra nuevamente el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Creo que es para poner punto final, porque hasta hay una coincidencia en lo que señala el señor senador Singlet con el comienzo de nuestras manifestaciones.

Más allá del tema que se menciona de lo que podría haber sido nuestra fórmula presidencial y que, admito –lo he reconocido públicamente- acá estamos en una clara diferencia conceptual, señalé al comienzo de mis palabras que si algo reconocía por mi trabajo durante cinco años en la Cámara Baja era la coherencia de varios legisladores del Partido Nacional que integraron distintas bancadas. En aras de esa coherencia, creo haber manifestado, más o menos textualmente, que comprendía las dificultades de quienes tienen que poner en un platillo de la balanza esa coherencia y en el otro, lo que son los sacrificios que debe realizar quien tiene la ímproba tarea de gobernar el país.

Hoy me ha quedado clara, lo digo con toda franqueza, por primera vez desde que se instaló el Gobierno, a raíz de las manifestaciones del señor senador Pereyra y las del señor senador Singlet, una gran duda que tenía. Admito y reconozco que tenía razón el asesor del Movimiento Nacional de Rocha, cuando enfatizaba que dicho sector político no había participado en la redacción de esta ley de ajuste tributario. Yo agrego que tampoco en la ley de pasividades. Reitero que hoy, por primera vez, me ha quedado claro y no creo haberle faltado, en ningún momento, el respeto al Movimiento Nacional de Rocha ni a la coherencia ni a sus integrantes.

Tenía una duda, legítima, que no era sola mía y hoy, con una gran sinceridad, por parte de dos señores senadores del Movimiento Nacional de Rocha, esa duda se ha disipado.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien el Reglamento no establece ninguna limitación en materia de contestar alusiones, razonablemente esto debe tener un límite.

En consecuencia, ruego a ambos señores senadores que traten de dar por terminado el episodio.

Tiene la palabra nuevamente el señor senador Singlet.

SEÑOR SINGLET.- Señor Presidente: cuente con nuestra voluntad de darlo por terminado. Como muy bien lo dice el señor Presidente, el Reglamento no establece ninguna limitación por lo cual estaríamos liberados del compromiso.

Me alegro de que le haya quedado claro al señor senador Millor, pero insisto en que seguimos discrepando en cuanto a que sea una contraposición entre los principios y la coherencia y la decisión política del Movimiento Nacional de Rocha. En un contexto que determina un resultado electoral que nos inhabilita de impulsar nuestras propias soluciones, hemos llegado a la decisión de ofrecerle al Gobierno del Partido Nacional el instrumento que reclama y con el cual nosotros no estamos totalmente consustanciados.

SEÑOR PEREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ.- Señor Presidente: a esta hora estamos como la famosa aceituna del General Muniz, agarrándola un poco cansada.

Quiero manifestar que se trata de un debate muy importante y no voy a incursionar específicamente en los temas económicos, porque me considero absolutamente consustanciado con las intervenciones de los señores senadores Astori, Gargano e inclusive con las de otros integrantes del Senado que se oponen a este ajuste fiscal.

Comprendemos las dificultades que tienen algunos sectores –y se trata de algo en lo que no quiero incursionar en absoluto- por el hecho de que algunos de sus integrantes apoyan con mucho calor, mientras otros lo hacen sin el menor apasionamiento, cuestiones que determinan el futuro del país durante el próximo período. Sin duda, hay señores senadores que equiparan el problema a un acto de fe, partiendo del "slogan", durante la campaña electoral del partido que ganó las elecciones: "creer para crecer". Señalo que yo también quisiera creer. Y digo más: ojalá las cosas fueran como dicen los señores senadores que sin duda tienen mayoría para aprobar este ajuste fiscal. Aún con el detrimento político que supondría para el Frente Amplio y otros sectores que se han manifestado en oposición, de todos modos nos sentiríamos felices de que asistiera razón a quienes patrocinan este proyecto, porque si así fuera, la población viviría mejor en un futuro próximo. En definitiva, será la vida en los próximos meses la que determinará quién tiene razón. Y estoy seguro que el propio señor senador Astori, que trabajó tanto en la Comisión, estaría contento de no tener razón si eso redundara en una mejora de la situación del pueblo uruguayo.

Pero tenemos nuestras dudas; más que eso, personalmente estoy convencido de que este proyecto no va a resolver los problemas planteados, sobre todo cuando por un lado se dice que el reajuste es muy equitativo y uno percibe por otro, que el deterioro principal lo van a sufrir los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos productores rurales, los comerciantes e inclusive los industriales. Quisiéramos equivocarnos, pero creemos que probablemente también lo sufrirán las exportaciones del país, por lo menos en algunas de las industrias, como la de la vestimenta, la textil, o también quizás la de curtiduría.

Pero existe también un problema al que quisiera referirme ahora, que va aún más allá de esto y que apunta a una perspectiva más lejana.

No sé si los señores senadores conocen un material editado el año pasado por DESUR, cuyo título es "Proyecciones de Población Uruguaya" de César Aguiar y Licandro. Allí se señala que si en el país todo permaneciera igual, en treinta años Uruguay tendría menos población que la que tiene hoy. Y no sólo ello, sino que –y esto es más dramático todavía- porcentualmente habría decrecido la cantidad de niños, de adolescentes y de jóvenes y, en cambio, habría aumentado la población de la llamada tercera edad. Naturalmente, a esta población, a la cual cronológicamente estoy casi incorporado, no le deseo ningún mal. Pero no creo que un país debe avejentarse, decrecer en su juventud, porque si lo hace está, en los hechos, condenado a la desaparición como tal.

Tengo aquí algunas cifras que me parecen muy elocuentes. En treinta años, el país crecería anualmente en un promedio de 5.000 personas. Y si estudiamos el país por grupos de edades, veremos que la población infantil, en treinta años, crecería únicamente en 30.000 niños por año. En cambio, el promedio de la gente de más avanzada edad se situaría en 40.000 al año. Es decir que a medida que va pasando el tiempo, el país va envejeciendo cada vez más. Esos datos los tengo en porcentuales y clasificados por sexo, edad, etcétera, pero en este momento no dispongo del tiempo necesario para leer toda esta información.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿podemos seguir desarrollando la política como se ha venido haciendo en los hechos durante muchos años, sin tener en cuenta qué le va a pasar al país a partir del año 2000? ¿Podemos –y me lo pregunto a mí mismo, por lo tanto no podría resultar ofensivo para nadie- plantearnos el problema como si el año 2000 estuviera muy lejos y como si la República en el próximo siglo no debiera pensar en el futuro? Pero, ¿cómo resolveremos el problema del no incremento de la población? ¿Es que acaso en nuestro campo tenemos exceso de habitantes?

En 187.000 kilómetros cuadrados tenemos, en cifras redondas, 3:000.000 de habitantes, mientras que en espacios similares en Europa –no comparo situaciones, simplemente me refiero a la densidad de población- la cantidad de habitantes es diez veces superior.

¿Cuál es la condición para que comience a aumentar efectivamente el número de habitantes de la República? Creo que la condición principal es la de que haya trabajo y llegamos aquí a la relación con este proyecto.

Considero que este proyecto no presagia que vaya a haber más trabajo, ni que vaya a cesar la emigración de jóvenes, de obreros calificados, de profesionales recién recibidos; por el contrario, corremos el riesgo de que continúe la inflación y simultáneamente vayamos a una reducción industrial y de las exportaciones.

Por eso creemos que las soluciones que aportó el Frente Amplio para resolver la emergencia actual son las que generarían las mejores condiciones para una reactivación de la República, para hacer que la gente vuelva a tener confianza y que haya, como aquí se ha dicho, una credibilidad mayor en el Gobierno y, diría, en todos los políticos.

Pienso que si este proyecto se aprueba, sería un castigo realmente cruel para la población.

El señor Ministro de Economía y Finanzas –y creo que también el de Trabajo y Seguridad Social- ha reconocido que con este proyecto el salario real comenzaría a bajar sensiblemente tanto en la industria privada como en el sector estatal. El impuesto que se aplica a los trabajadores y jubilados supondría un monto de U$S 75:000.000. Si a ello le sumamos los U$S 19:000.000 del 1% del IVA –que luego lo veremos reflejado en la inflación que va a generar el conjunto de todo el reajuste- advertiremos cómo realmente se justifican las declaraciones del PIT – CNT y el descontento que tienen planteado todas las organizaciones de jubilados, por esta quita realmente cruel que se realiza de sus ingresos.

Tenemos que señalar que luego del período de la dictadura en el que se rebajó un 50% el salario real, comenzó, entre 1985 y 1986 –debido a la política de gobierno y, principalmente, porque los trabajadores en sus organizaciones lograron fortalecer su capacidad de movilización y negociación- a elevarse en algo, sin que nunca se pudiera volver a la situación existente en 1968. Luego, en el año 1987, se estancó; en 1988, comenzó a bajar; en 1989, bajó aún más y, en los primeros meses de este año –inclusive antes de que se produjera el cambio de gobierno- se operó un descenso superior del salario real de los trabajadores que es más sensible en la esfera estatal.

Por lo tanto, velar por la suerte de los trabajadores, que con toda responsabilidad jugaron un papel tan importante en la recuperación de la democracia, que han demostrado su capacidad de entrega para defender las libertades y los derechos –no sólo los propios, sino los de los más amplios sectores del pueblo uruguayo- no condice, desde mi punto de vista, con estos impuestos que se les aplicarían en caso de ser votada afirmativamente esta política que está siendo debatida en el Senado de la República.

Los señores senadores Cassina y Gargano han hablado con mucha elocuencia acerca del resultado que todo esto tiene para los jubilados de nuestro país. Resulta mucho más sublevante cuando hablamos de los daños que se producen a los sectores populares, ver que los mismos están directamente vinculados al Banco Mundial.

Veremos cuando comencemos a discutir en Comisión el tema de la reforma del régimen jubilatorio que el mismo, ya sea por indicación o por obra de la casualidad, se corresponde exactamente con el informe del Banco Mundial en cuanto a qué medidas habría que tomar con las jubilaciones en el país. Como consecuencia de ello, en lugar de los tres años que actualmente se toman para el cómputo jubilatorio, se quiere extender el plazo a 10 años, lo que supondría una rebaja radical de lo que percibirían aquellos que se fueran jubilando. Por otra parte, se modifican los topes y como consecuencia de ello las mujeres deberían tener 60 años para jubilarse y los hombres 65 años. Como si esto fuera poco –tal como lo leyó el señor senador Astori, si mal no recuerdo- el Banco Mundial decía que la elevación de la expectativa de vida por parte de la población del Uruguay era un elemento negativo. Creo que el hecho de que la expectativa de vida se vaya elevando, tendría que ser un motivo de alegría para toda la población y también para el Gobierno que no debería seguir las recetas del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional que nos quieren indicar qué tratamiento hay que darle a los jubilados de la República cuando, en definitiva, se trata de gente que junto a los trabajadores activos de hoy han estado generando la riqueza del país, ya sea en la industria privada, en el sector estatal o en la producción rural y que, en definitiva, merecen que se les atienda como corresponde. Sin duda, para que esto se cumpla, la mejor garantía sería que se aplicara la Constitución de la República, que establece la obligatoriedad de que haya un Directorio con representación de los activos, de los pasivos y también del Poder Ejecutivo. Es decir, que exista allí un contralor efectivo en las Cajas de Jubilaciones especialmente en la Industria y Comercio, donde se calcula que hay un 30% de evasión. Sin embargo, a pesar de ese porcentaje de evasión que se registra en esa Caja, prácticamente los ingresos y egresos están a la par. Pero, ¿dónde es que produce el gran déficit? Se produce en el Estado, o sea, en lo que tiene que ver con los Ministerios, con los Entes, con muchos de los Municipios, a pesar de que en todos los casos se aplica el descuento correspondiente a sus funcionarios. Sin embargo, en su gran mayoría estos descuentos no son vertidos a la Caja respectiva y, como consecuencia, ésta entra en un déficit riguroso.

Parece increíble que se trate del propio Estado, que sean los propios Ministerios, los propios Entes, los propios Municipios los que "trampeen" la ley –para decirlo en un lenguaje que no me gusta, pero que creo es el que corresponde- al no volcar efectivamente a las Cajas respectivas todo el descuento que realizan. También en la Caja Rural hay un gran porcentaje que no se vierte y quizá en algunos lugares del campo ni siquiera es descontado.

A esto se agregan otros beneficios que todavía no han sido reimplantados. Antes de la dictadura existían –en virtud de leyes aprobadas por el Parlamento- las famosas Cajas de Asignaciones Familiares; los Seguros de Enfermedad; las Cajas de Compensación, como la de la Industria Frigorífica, la de la Lana y otras. Estos seguros desempeñaban un gran rol. En todos los casos, las Cajas de Compensación tenían una representación tripartita, es decir, del Gobierno, de los trabajadores y de las patronales. La administración de esas Cajas resultó ser realmente ejemplar. Mediante ellas, se financiaban asignaciones y compensaciones familiares de volumen importante; se financiaba la atención, a lo largo y ancho de la República, de todas las mujeres que trabajaban e inclusive de toda la familia de los obreros afiliados a las referidas cajas. Además, servían como elemento de ayuda para las familias más carenciadas, de los que se hallaban en seguro de paro que –dicho sea de paso- era un seguro por más días y con un porcentaje mayor de salarios que el que rige actualmente. Asimismo, mensualmente se les entregaba un pedido de almacén, se les resolvían problemas jurídicos –por ejemplo, con respecto al reconocimiento de los hijos o al casamiento- es decir, se hacía una obra social de excepcional importancia. Posteriormente vino la dictadura y barrió con las delegaciones, con las Cajas, que fueron incorporadas al Banco de Previsión Social y la mayoría de las mejoras que realmente gozaban los trabajadores se dejaron de usufructuar.

Sin duda, hay que realizar una gran labor de reparación, aprobando leyes de seguro de paro, sobre consejos de salarios y de asignaciones familiares, como las que existían antes garantizando simultáneamente, la atención de las jubilaciones, en lugar de quitarles el 3.5%, como se quiere hacer ahora. Esto es verdaderamente increíble; debe ser el único lugar del mundo donde se le saca a los jubilados para pagarles lo que a ellos les corresponde. Verdaderamente se ha hecho un derroche de imaginación, digno de otro planeta que, sin duda, ha alarmado a los jubilados, a los trabajadores, a los comerciantes y también a los pequeños y medianos productores del país.

Por todas estas razones, señor Presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Reitero que quisiéramos estar equivocados, pero en definitiva la vida va a determinar a quién le asiste razón. Llegamos –junto con nuestros asesores que han estudiado el proyecto- a la conclusión que no tenemos más remedio que votar negativamente "in totum" el proyecto que ha sido presentado al Senado.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: deseo aportar algunos breves datos concretos sobre un aspecto muy importante que mencionaba el señor senador Pérez acerca del tema de la seguridad social.

Se trata de lo siguiente: en el ámbito de la industria y el comercio –manejando este en términos de puestos de trabajo- hay en la actualidad 493.898 cotizantes y la evasión está calculada en 263.264. Llamo la atención acerca de que la evasión equivale prácticamente a la mitad del número de cotizantes. Sin embargo, esta Caja de Industria y Comercio no está en déficit porque el principal deudor de la seguridad social es el propio Estado.

En el sector público hay 207.997 puestos cotizantes y, por supuesto, la evasión es cero. En el sector rural hay 114.900 cotizantes y una evasión de 59.117; y, en el servicio doméstico hay 20.100 cotizantes y una evasión calculada en 55.900. sumando las cifras –siempre en términos de puestos de trabajo y no de personas- nos da un total de 836.896 cotizantes y una evasión de 368.280. Dichas cifras son altamente preocupantes pero, en el seno y en el marco de esta discusión que venimos procesando aquí, mucho más, porque entendemos que –por diversas razones ya expuestas y acerca de las cuales se podrá volver- si este proyecto en definitiva se aprueba lo que va a aumentar es la evasión y no el número de cotizantes.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador.

SEÑOR PEREZ. – He concluido, señor Presidente.

SEÑOR BRUERA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. – Señor Presidente: le había dicho a un señor senador del Partido Nacional que pensaba hablar media hora, pero he resuelto ser más breve.

Los dados está echados; todos sabemos cómo es la votación; solamente, quiero hacer algunas reflexiones, casi telegráficas para no cansar a los señores senadores.

Se habló y se dijo una verdad: que la discusión de hoy –sobretodo, la producida en el seno de la Comisión de Hacienda- pues puso de manifiesto un elevado contenido democrático, de intercambio de impresiones, de ideas, de formulaciones y de fundamentos. Creo que ese es un buen camino, aunque pienso que todavía no nos escuchamos suficientemente. No estoy de acuerdo con los estoicos, que decían: "Soporta y abstente".

El 26 de noviembre la gente votó con una gran esperanza. Creo que puede ser muy duro que las personas de este país pierdan la esperanza, no por pensar que aquí se va a producir situaciones de violencia sino porque se perciba que el cambio que se deseaba puede llegar a escapárseles de las manos.

No es mi deseo el fracaso del Partido Nacional, no sólo porque parte de mi familia era blanca, de los blancos que pelearon en la cuchilla, sino porque aspiro a que se concrete un real entendimiento, a que discutamos y busquemos soluciones entre los sectores políticos.

Entiendo, señor Presidente, que la situación es delicada ya que la deuda externa se ubica en U$S 6.000:000.000 en tanto que la deuda interna –la que se genera para el pago de Bonos y Letras y con la que se ha amortizado buena parte de presupuestos anteriores- ha aumentado notoriamente.

En la discusión parlamentaria ya no se habla del peso uruguayo; todo lo definimos con el dólar; es pérdida de la soberanía el hecho de que no hablemos del peso uruguayo porque todo se ha dolarizado.

Considero que la crisis es dura, pero no concuerdo con quienes manifiestan que ella afecta por igual a todos, hay uruguayos que tienen una buena cantidad de dólares colocados en el extranjero; hay gente que vive bien en las verdes y en las maduras. En general, las personas que trabajan tienen muy pocos días para hablar de maduras. Se dice que ahora es necesario hacer un ordenamiento fiscal y que después vendrán las medidas positivas. Pienso que debemos ver los hechos objetivos. El tarifazo de ANCAP provocó el aumento de todos los productos derivados del petróleo, lo que ocasionó un alza en cascada del costo de vida.

Esto representó una variación en el aporte al Fisco, a mi juicio ilegal que pasó de U$S 220:000.000 a U$S 265:000.000.

Para realizar tal afirmación me baso en la opinión que manifestaron en la Legislatura pasada hombres muy capaces del Partido Nacional en oportunidad de medidas fiscalistas del Gobierno anterior.

Ya conocemos una parte de la política económica del Gobierno a nuestro juicio, por este camino no vamos bien.

Nos estamos refiriendo a la República, a su gente. se dice que ahora debe haber un aporte patriótico, un ajuste del cinturón de la gente hasta los primeros seis meses del próximo año, pues en este momento tenemos un crecimiento cero. No sé de dónde sale el cálculo del crecimiento cero ya que, a mi juicio, puede ser de menos de tres. Me parece que deberíamos hablar más claro.

Tengo en mi poder las declaraciones realizadas por el señor Presidente de Brasil respecto a las medidas que adoptó su Gobierno.

¿Qué plantea el señor Presidente de Brasil? Dice que las grandes empresas de este país no tienen nada que ver con el patriotismo. ¿Por qué? Porque están despidiendo gente en masa. Hago referencia a ello porque determinados ajustes que aquí se proponen van a ocasionar desocupación en nuestro país y por más que proclamemos que hay que hacer un aporte a la patria, hay gente que piensa primero en el bolsillo y luego en el corazón y en la patria. Se me podrá decir que soy malpensado, pero no es así. hay ajustes que tienen que ver con una pauperización muy grande de los trabajadores, pues el salario se fija teniendo en cuenta el 90% del aumento de la inflación y, a mi juicio, es una quita.

Pienso que debemos discutir en serio lo que le va a suceder a la gente. se le va a descontar el 3,5 % a los que ganan menos de tres salarios mínimos nacionales. Hagamos cálculos. Me estoy refiriendo al trabajador que percibe alrededor de N$ 200.000, al que se le descontará N$ 7.000 por concepto de éste 3,5%.

Esto significa acrecentar la pauperización de la clase obrera, del trabajador.

No todos pagan la crisis de igual forma, crisis que no fue creada por los trabajadores, lo primero a atender es el tema de la producción nacional.

La gran cuenta que crea el déficit presupuestal –como bien lo manifestó el señor senador Asotri- radica en la deuda externa que va a creciendo cada vez más.

En tal sentido, el Secretario Permanente del SELA, señor Pérez del castillo, planteó en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado su preocupación acerca de que se va a tornar más difícil la situación de los países latinoamericanos si no tomamos medias sobre la deuda externa. Asimismo, también expresó que ésta es la responsable de paralizar el desarrollo de nuestros países. Si no abordamos este punto la situación no va a mejorar; por el contrario, va a empeorar.

Estimo que habrá que adoptar medidas económicas, sociales y políticas en el futuro. En mi opinión, es lamentable la decisión que va a tomar el Senado de la República, pero ya la mayoría se ha pronunciado al respecto, formulo estas reflexiones, señor Presidente, porque creo que no podemos defraudar a la población.

En una intervención anterior pregunté al señor senador Raffo acerca de los cinco meses en que e van a apartar N$ 40.000 o N$ 45.000. A mi juicio, esta situación es similar a la que se vive en la Argentina, donde el Gobierno de Menem colabora con ollas para los más pobres. La operación es, pues, la siguiente: primero, se empobrece al pueblo y luego se le da un subsidio de N$ 40.000 o N$ 45.000. esto no es un aporte, sino la demostración de que no se puede vivir con salarios tan escuálidos.

Entiendo que de esa forma estaremos restringiendo el mercado interno y pienso que los integrantes de todos los partidos políticos tendremos que esforzamos por discutir y solucionar los problemas que afligen a nuestro pueblo, a la gente en general.

Anteriormente señalé que aquí se trata de un reparto de la pobreza. Esta opinión se ve reforzada por las manifestaciones del delegado de la Cámara de Industrias, quien expresó claramente que se quita este dinero a los asalariados para pasarlo a los jubilados. Es decir que se le resta dinero a un pobre para transferírselo a otro posible, con lo que a mi juicio se produce un pasaje horizontal en esta distribución del dinero uruguayo.

Por su parte, los delegados de la Federación Rural y de la Asociación Rural manifestaron en la comisión de Hacienda que eran dos los sectores golpeados por este proyecto: el agro y los asalariados. Sospecho que nadie puede imaginar que dichos representantes son de izquierda; se trata de gente honesta que discute acerca de la forma cómo defender la producción nacional.

Me preocupa enormemente la actitud que pueda adoptar la población para con las fuerzas políticas aquí representadas en virtud de una falta de elaboración –obligatoriamente colectiva- tendiente a mejorar la situación de la producción uruguaya, del trabajo y del estándar de vida de nuestros hermanos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. – Señor Presidente: en primer lugar, voy a señalar que me complace haber escuchado, en sectores políticos que no pertenecen al Frente Amplio, críticas fundadas –tal como las nuestras- a este proyecto sometido a la consideración del Senado.

También me complace observar que aquí se ha planteado, desde fuera del Frente Amplio, críticas a los consejos, las políticas o las recomendaciones que desde 1959 a la fecha viene haciendo el Fondo Monetario Internacional a nuestro país.

Con respecto a este último tema, quiero señalar que algunos de nuestros compañeros ya habían expuesto cómo uno de los medios de financiación más cercano a nuestras posibilidades, menos hiriente para la vida económica de uno de los sectores carenciados del país –es decir, para los pasivos- estaba, precisamente, en la reducción de los intereses que el Uruguay paga por su deuda externa. Me consta, porque lo he escuchado reiteradamente –y no dudo que a veces ello responde a una convicción honesta- que hay quienes opinan que si nuestro país debe, tiene que pagar. Eso aparece como una actitud más o menos ética.

Sin embargo, si alguna cosa ha quedado absolutamente demostrada en esta sesión del Senado, es que la incidencia de los organismos internacionales que están relacionados con las recomendaciones a los acreedores del Uruguay no ha estado dotada de una ética tal que merezca correspondencia por parte de los deudores.

En lo que se refiere específicamente al Fondo Monetario Internacional, podemos recordar –y ello no deja de ser una paradoja- que sus objetivos principales, según el apartado 2° del artículo 1° del acuerdo firmado en 1945, incluyen –cito textualmente- facilitar la expansión y el desarrollo equilibrado del comercio internacional y contribuir de ese modo al fomento y mantenimiento de los niveles de empleo y de ingresos reales, y al desarrollo de fuentes productivas de todos los países particulares. Como señalé, este es uno de los objetivos que el Fondo Monetario Internacional debería aplicar en sus recomendaciones, en sus avales, en sus relaciones con los países deudores que firman cartas de intención o otros documentos con denominaciones similares. Pero no lo aplica.

En el apartado 5° de ese mismo artículo 1° que rige al Fondo Monetario Internacional desde 1945, se establece que otro objetivos es inspirar confianza a los países participantes poniendo a su disposición los recursos del Fondo bajo garantía adecuadas, y de ese modo darles oportunidad de corregir desajustes en sus balanzas de pago, y agrega. "Sin recurrir a medias que destruyan la prosperidad nacional o internacional". Este debería ser, y no es, otro objetivo del Fondo Monetario Internacional. Frente a esto, algunos compatriotas, de total fe, manifiestan que no sería ético que nuestro país dejara de pagar los interese; no mencionan el monto de la deuda en sí, porque ya se sabe que no se puede pagar ese capital, de ello están en conocimiento seguro tanto los deudores como los acreedores.

Me parece oportuno hacer referencia también a un inciso que fue agregado a ese artículo que determina textualmente que "en todas su decisiones" el Fondo se inspirará en los fines expuestos en este artículo.

De manera que la serie de resoluciones que ha ido adoptando el Fondo Monetario Internacional, cambiando la filosofía de los objetivos, está contrariando a éstos.

Se me ocurre que no debemos insistir demasiado en la correspondencia ética de estar a lo que indique el Fondo Monetario Internacional en sus orientaciones y recomendaciones. En este sentido, me parece que hoy se ha dado lectura a algunos cables que corroboran de manera insospechada, esta contradicción que resulta de comparar la conducta real, verdadera, del mencionado Fondo con lo que la normas que lo rigen establecen.

En segundo lugar, señor Presidente, siendo el deber íntimo de señalar que he apreciado una desprolijidad legislativa, en el trámite demasiado urgido de un proyecto de ley, que afecta la vida económica del país de una manera tan intensa.

Aunque sea anecdótico, debemos mencionar que no debe haber demasiados precedentes de que la otra Cámara –no es responsabilidad del Senado- haya citado a su Comisión de Hacienda para tratar el proyecto de ley "que aprobará al Senado". Si no me equivoco, ha sido distribuido un texto con un tenor similar a éste que acabo de decir. Desde luego, no existe "el prejuzgamiento" en materia parlamentaria; no estoy haciendo ese tipo de reflexiones, lo que estoy diciendo es que debió tenerse una mayor prolijidad en todo este trámite. Tan es así que al final de mi exposición voy a proponer, no como un correctivo porque esta desprolijidad legislativa no se corrige así, pero si acaso este debate del Senado quede más completo, si logramos que se apruebe la versión taquigráfica de lo deliberado en la Comisión de Hacienda se incorpore al Diario de Sesiones.

Si me lo permiten, voy a insistir un poco más con esto de la desprolijidad legislativa.

Por ejemplo, según se aclaró en la Comisión de Hacienda por parte del Equipo Económico que envió el proyecto hay una cantidad de aspectos apenas insinuados que no figuran allí, pero, sin embargo, integran el paquete de medias que eventualmente se tomarían simultáneamente con dicho Proyecto. A este respecto, me formulo esta pregunta: ¿por qué aquellas medidas que corresponderían a beneficios correctivos del sacrificio que se pide en este proyecto de ley son aquellas que no están establecidas aquí? Si el Estado se propone auxiliar de alguna manera a ciento diez mil o ciento cincuenta mil familias, las más humildes, las más desposeídas, con una suma de dinero, ¿por qué ese compromiso legislativo no está prolijamente establecido en este proyecto de ley? ¿Por qué depende de fondos que tal vez se consigan? Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué si no se consiguen esos fondos, parecidos a préstamos no reintegrables, según explicaciones dadas por el Equipo Económico, no va a existir ese beneficio? ¿Dónde está la prolijidad legislativa para poder juzgar un artículo que grava a esas clase, sin saber si exactamente el Gobierno se lo propone o no o si realmente lo va a hacer? Y si lo va a hacer, ¿por qué no lo tenemos en este proyecto de ley? Reitero, señor Presidente, que me parece que esto tiene una real desprolijidad legislativa.

SEÑOR POSADAS. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR KORZANIAK. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POSADAS. – Advierto en las manifestaciones del señor senador Korzeniak un celo tal vez profesional, porque se incluya o aparezca en el texto del proyecto de ley, las medidas que el Gobierno ha anunciado en forma más o menos clara –no hay una formulación estrictamente pormenorizada del asunto- de todo lo que es esa asistencia que integraría el propósito político de esto que se propicia. No obstante, y aunque no soy especialista en la materia, digo que para ese tipo de medidas no se requiere un trámite legislativo, aspecto éste que estoy seguro el señor senador Korzeniak también advierte.

De modo que la única explicación que tienen su preocupaciones es –no quiero usar palabras desmedidas- una cierta desconfianza de que esto que se anuncia pero que no se incluye en el texto del proyecto de ley, sea verdad. Creo que aquí tenemos que partir, como dijo inicialmente el señor senador Astori y así lo han repetido otros senadores del Frente Amplio de la buena voluntad, de la sinceridad de las expresiones y que si algo no está escrito –y no es obligatorio que lo esté pero que anuncia como tal, hay que tomarlo como que efectivamente va a ser así, y no con una presunción de que se trata de un anuncio que no se va a cumplir. De ser así, desvirtuamos el espíritu general con que se ha venido manejando este debate, que es arduo y difícil. Dado que no es absolutamente indispensable que sea una medida legislativa, sino de política general que el Gobierno está pensando instrumentar, desde otro punto de vista o con otros instrumentos que no son precisamente legislativos, tenemos que recibir esta afirmación como que va a ser así. De lo contrario, introducimos una sospecha de mala fe o de que se está produciendo engaño, sobre una situación que yo creo que no hay motivo para suponer y que rebaja el nivel del debate.

De modo que mi interrupción, que agradezco al señor senador, es simplemente para restituir, digamos, el entendido de buena voluntad que existe en el debate desde el comienzo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. – En realidad, debo agradecer la interrupción, porque me va a permitir aclarar que yo no introduje ningún elemento de desconfianza.

Yo estaba hablando de lo que sigo afirmando que existe: desprolijidad legislativa.

El señor senador Posadas da por supuesto que el pago de N$ 30.000 o N$ 35.000 a un grupo de familias no requiere medidas legislativas. Precisamente por esa desprolijidad legislativa de que hablaba, no sé cómo eso se instrumentará, aunque sí está insinuado el origen de los fondos. Pero, por ejemplo, si se va a hacer a título de donación, me interesa poner de manifiesto que dado que la mayoría de los órganos públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo, no tienen facultades expresas para hacerlo y existiendo un principio por el cual los órganos públicos tienen aquellas materias de la competencia que expresamente están atribuidas, seguramente se necesitaría una ley par poderlo hacer. Si no es a título de donación y lo es, por ejemplo, a título de incidir en las negociaciones entre trabajadores y patronos, esa incidencia debería tener sus límites, estar determinada. El Poder Ejecutivo no podría escoger según lo expuesto en Comisión, sino a familias o personas que tuvieran un límite menor de tales o cuales ingresos. Y ese tipo de decisiones difícilmente podrían determinarse por vía administrativa.

De manera que, a menos que se tenga una explicación bastante más explícita de la que surge de estos profusos antecedentes que tuvieron lugar en la Comisión de Hacienda, en líneas generales, creo que, efectivamente, se necesita una medida legislativa.

Mi exposición, que fue titulada específica y cuidadosamente como de desprolijidad legislativa, no incluía desconfianza ni atribución de propósitos de engaño; lo que sí existe, reitero, es una desprolijidad en materia legislativa, porque de idearse algún mecanismo que no requiriese ley, él debería estar mucho más prolijamente explicitado de lo que surge de las explicaciones dadas por el equipo económico.

Los que me conocen saben que soy partidario de las decisiones y de las deliberaciones no demasiado extensas. Siempre intento –aunque a veces no lo logro- orientar las discusiones hacia el fondo de las cosas y no perderme en detalles. Por lo tanto, no me preocupa la rapidez en la aprobación de una ley. Para decirlo con una metáfora, no me gusta "manejear" los temas una vez que están suficientemente discutidos. Sin embargo, un tema como éste, indudablemente, causa un podo sorpresa cuando se tramita intempestivamente. De alguna manera, el Senado se siente sobrepasado por un acuerdo político. Absolutamente válido y hasta útil dentro de la vida democrática de los países modernos, muy propio de los sistemas parlamentarios en general (aunque el nuestro tiene una dosis teórica de parlamentarismo, no ha funcionado como tal, por lo menos en estilo típico). Esto lo sentí desde el momento en que, al comienzo, se discutió como iba a ser el debate. Repito que lo sentí desde ese momento. Sucede que cuando uno teme dejarse llevar por preconceptos siempre trata de recurrir a criterios objetivos. Personalmente, por una cuestión de especialización, busco, en temas jurídicos, los criterios objetivos que surgen de la Constitución. No estoy diciendo que este trámite haya violado la Constitución, sino que creo que hay desprolijidad en él. La Carta prevé las leyes de urgencia, las declaradas de urgente consideración como un espécimen legal, rápido, por oposición a las leyes que se tramitan de modo común. En la práctica uruguaya, esto ya se ha dado más de una vez. Así ocurrió con la Ley N° 13.608 calificada en su momento como "de emergencia". Ahora se vuelve a hablar de ley urgente o de leyes de emergencia. En rigor hay una categoría prevista en la Constitución; pero tiene otro tipo de trámite, necesitando la declaración de urgencia del Poder Ejecutivo. Además, la primera Cámara tiene 45 días para considerarlas (lo que no quiere decir que no pueda hacerlo en lapso menor).

Dentro de eso que catalogo de desprolijidad legislativa –y no voy más allá en la afirmación, ni directa ni indirectamente- se encuentra el artículo 13 de esta ley que aumenta el gravamen a los trabajadores y a los jubilados para financiar, según dice después el artículo 17, el aumento que van a recibir los jubilados con motivo de la reforma constitucional.

Voy a permitirme leer nuevamente –un señor senador ya lo ha hecho- lo que dice el texto constitucional según la redacción que resulta de la reforma aprobada popularmente en noviembre último. Dice que las previsiones a que se hace referencia en el inciso anterior –habla de los ajustes en materia de jubilaciones y pensiones- se financiarán sobre ciertas bases.

En primer lugar, voy a dar lectura al inciso b), que se refiere a la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

No pretendo que en un proyecto de ley que trata de un ajuste fiscal se incluya la financiación por parte del Tesoro Nacional del aumento que debe darse a las jubilaciones. A continuación me voy a referir al inciso a) que refiere a las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. El proyecto de ley, en cambio habla de una contribución obrera y de la de los propios jubilados.

Admito que como la Constitución dice "y demás tributos establecidos por ley" y como la fórmula que se utilizó en el proyecto fue aumentar, para el caso de los jubilados, el tributo establecido por ley, esto no significa imputar una contradicción, por lo menos muy clara, entre el proyecto y lo que ya dice el artículo 67 de la Constitución.

También me parece bastante claro que cuando se concibió este apartado, cuando se habla de contribuciones obrera y patronal y demás tributos establecidos por ley, a los redactores de este texto, no les pasó nunca por la imaginación, que de las contribuciones que iba a establecer sería, precisamente la de los propios jubilados.

A fin de despejar un tema que tiene vocablos técnicos, debemos decir que la palabra "contribuciones" no se refiere a tributos, por oposición a aportes, ni mucho menos. En la Constitución, la palabra contribución se refiere a tributos y gravámenes en general, tal como surgen muy claramente de las competencias del Poder Legislativo, previstas en el artículo 85, cuando dice que le corresponde establecer las contribuciones para cubrir los presupuestos. No se refiere específicamente a lo que, técnicamente, se llama contribución, sino a todo tipo de ingresos que el Estado puede lograr por la vía de los gravámenes, tomando esto en sentido amplio. Considero que este es otro de los puntos que pudo ser más prolijo.

En tercer lugar, quiero hacer una consideración de índole más general, añadiéndola a las argumentaciones que otros señores senadores han hecho, para justificar su voto negativo a este proyecto.

Este proyecto establece un ajuste de "shock", drástico.

Ahora bien; una de las vetas que tiene nuestro pueblo, verdadera veta nacional, es el gradualismo. El pueblo uruguayo es gradualista. Los "shock", tanto políticos, sociales como fiscales, no son bien recibidos por la población. Esto genera reacciones de tipo psicológico que no son ajenas a la economía. La economía es una ciencia a la que me refiero con singular cuidado, ya que mis incursiones en ella, son muy esporádicas. Esa tan apasionante como desgarrada ciencia, no puede omitir tener en cuenta que los comportamientos que se desenvuelven dentro de ella son de seres humanos. No se trata de una ciencia natural; es obvio que es una ciencia social, con muchos problemas.

En esta sesión, con verdadero regocijo intelectual –porque todas las exposiciones han sido de alto nivel- he presenciado como, por un lado, se dice que los impuestos nunca generan inflación y, por otro, se afirma que sí pueden generarla. Detrás de esto hay un problema de lógica ya que se están manejando conceptos distintos de inflación. Hay muchos conceptos de inflación entre los cuales, a veces se incluyen listas de definiciones que se refieren a las causas de la inflación y no a ella en sí misma, lo que nos puede llevar a confusión.

Considero que al Uruguay no le va a hacer nada bien una propuesta de ajuste fiscal de "shock".

En cuarto lugar, pienso que, aunque buscásemos una mayor prolijidad y calma para la discusión –lo que podría traer, incluso, un mayor consenso- este Senado no puede dirimir cuál de las dos teorías que están insinuándose en la discusión de este proyecto es la certera; la teoría que va a votar en contra del proyecto a la que creo que lo sustenta. En el conjunto de medias económicas que están haciendo su marco, pienso –aunque el señor senador Raffo alentó la posibilidad de que así no fuera que, también, figura la del libre mercado, que es la que está predominando debajo, en el contexto y en el marco de este proyecto. Al libre mercado, para facilitar la exposición, suelo llamarlo el monetarismo de Chicago que, con leves variantes, es el que está predominando, por lo menos –lo voy a expresar con claridad- en las exposiciones del señor economista de Haedo que pude leer con todo cuidado; no es tan así en las de señor Ministro de Economía. Desde luego no estamos en condiciones, ni el Senado puede dirimir ese pleito que se da en la actualidad. Cada uno tiene su posición formada en esa materia.

Como no me gusta introducirme en ese tema y demorar mi exposición, pienso que debe recurrir a criterios objetivos y voy a decir algo –que puede generar alguna controversia teórica, desde luego intelectual- de la que estoy absolutamente convencido.

Nuestra Constitución tiene un modelo de Estado que no es el que preconiza la escuela de Chicago o sus variantes más o menos similares. Para no ir más lejos el artículo 54 de la Constitución simplemente le ordena al legislador reconocer una remuneración justa para todos los trabajadores. Este tipo de disposición –así como muchos otras, sobre todo las que están en la segunda parte de la Sección II de la Constitución- marca un tipo de Estado que es el social de derecho. Esto es así, para mí, muy claro. No voy a entablar una discusión sobre cuál es el modelo económico mejor para un país. Se pone de moda ese modelo de la escuela de Chicago que no comparto, que creo que tiene falacias muy importantes; pero afirmo que desde 1934 sin que se haya establecido un plan económico...

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. – En el mismo sentido en que está exponiendo en el ámbito constitucional el señor senador Korzeniak, quiero leer el artículo 52 de la Constitución que dice textualmente: "Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores". Es público y notorio que en el Uruguay no existe limitación alguna al interés de los préstamos y que, por lo tanto, hay usura; esa que está prohibida a texto expreso por la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción, señor Presidente, para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:9

-27 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Muchas gracias, señor Presidente.

Trataré de no ocupar el tiempo que reglamentariamente me corresponde.

Estaba diciendo que nuestra Constitución si bien no tiene –como en general no tienen las Constituciones- un plan económico, posee un modelo de Estado y, naturalmente, con todo respeto, admitimos la absoluta honestidad de quienes creen en el modelo del mercado libre, incluso de quienes lo están sosteniendo a ultranza. Nosotros no creemos en él; nos parece lleno de errores, particularmente de sofismas. Pero lo que sí entendemos, es que ese modelo de Estado no puede implantarse en el Uruguay, a menos que se cambie el modelo de Estado social de derecho que está en la Constitución uruguaya. En el contexto de este proyecto vemos ese modelo funcionando.

Pensamos, señor Presidente, que una mayor prolijidad legislativa, una mejor calma en el estudio de las disposiciones de este proyecto de ley hubieran sido favorables. En este momento me parece –como lo demuestran muchos estudios de psicología de asambleas- que la circunstancia de que hayamos iniciado la sesión conociendo un acuerdo, casi con la convicción de que existía mayoría de votos, nos pone a todos poco receptivos a los argumentos de los demás. No estoy haciendo una adjudicación de malas intenciones. Estoy mencionando un fenómeno de comportamiento real que ocurre normalmente.

Quizá alguna de las palabras que pronunció el señor senador Bruera apuntaban a que la búsqueda de consensos mayores, el debate en términos más calmos, más apaciguados –no estoy criticando el tono con que se ha debatido hoy, porque me parece que ha sido de un nivel muy civilizado- hubiera permitido la búsqueda de soluciones que atenuara e hiciera menor ese déficit fiscal que es considerado por el proyecto de ley como el problema principal.

Es posible que un grupo de personas de este país entienda que ese es el problema más grave o más urgente; pero otro podrá opinar que hay otros temas principales tanto o más urgentes que ése.

Finalmente, como ese tipo de incógnita no la podemos dirimir por adelantado –ni la economía ni las ciencias sociales en general admiten que se hagan demostraciones en probeta sino que es el tiempo, la historia los que después demuestran quién tenía razón- me parece que es una de las cosas que en el proyecto de ley, o en las exposiciones de motivos y en las aclaraciones del equipo económico, que pudieron ser bastante más prolijas, se refieren al tema de los salarios y los sueldos, para no usar expresiones que se consideren demasiado restringidas.

¿Qué va a pasar en este país con la gente de ingresos fijos? Esta es una expresión bastante usada en el ámbito de la economía. Aquí, siempre se abren dos alternativas. Por un lado, los que decimos que queremos que este país crezca y se desarrolle, pero mientras no se logra eso algunos sostienen –nos contamos entre ellos- que el sacrificio hay que distribuirlo de tal manera que sea mayor para aquellos que por tener más lo sufren menos.

Se trata de ese principio tan conocido, manido y exacto de que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las cosas desiguales. En términos tributarios, significa que los impuestos tienen que ser distintos según la capacidad contributiva de las personas.

Por otro lado, hay quienes dicen, y en general provienen –no se yuxtaponen exactamente- tendencialmente de la escuela monetarista de Chicago, que primero hay que crecer con sacrificio, con mucho costo social y una vez que ello haya sucedido –para usar el lenguaje "de confitería" diría cuando la torta se haya agrandado- entonces, sí, la población puede estar segura de que van a mejorar sus condiciones. Algún señor senador decía hoy que eso puede ocurrir a mediados del año 1991.

Y entonces formulo la siguiente pregunta: ¿cómo se van a ajustar en este país las retribuciones de la gente de salarios fijos en los próximos ajustes o en los de mediados de 1991? ¿Cómo se va a hacer eso? Si estas medidas se proponen sobre la base de una teoría que estima que la inflación va a bajar y que luego de ello el país va a estar en mejores condiciones y que, por lo tanto, los salarios van a empezar a mejorar, digo que a la gente hay que darle esperanzas cuando se tienen convicciones y con un proyecto de ley de esta naturaleza, su exposición de motivos o las aclaraciones hechas por el equipo técnico del Gobierno pudieron haber aclarado con alguna prolijidad este tema.

Hago preguntas y las dejo planteadas. ¿En los próximos ajustes salariales, o una vez que se haya logrado lo que proponían quienes hicieron este proyecto, cuando la inflación baje o en el momento en que empiece el crecimiento, se van a ajustar los salarios por la inflación pasada dando algún surplus para recuperación o se van a ajustar por la inflación futura, con lo cual todo el período de sacrificio –de estilo cimbronazo, como suele decirse- no se va a recuperar más?

Esas son preguntas que a toda la gente que trabaja –debe ser el 80% de este país- le interesa mucho. Es muy importante que la psicología de los pueblos no se venga abajo. Confieso que no tengo encuestas de tipo científico pero me da la impresión de que la gente de ingresos fijos está muy preocupada e inquieta y que, por lo tanto, es necesaria una mayor prolijidad en este sentido.

Creo que habría que agregar un artículo que dijera –no me refiero a su redacción que sería, naturalmente, otra técnicamente hecha- que todo este sacrificio que se menciona en los artículos anteriores, a partir de tal época o de tal circunstancia se va a corregir, porque el legislador –y puede hacerlo- determina que los salarios se van a fijar con arreglo a estos criterios.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR POSADAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PRESIDENTE.- Parece que los hermanos Posadas van a interrumpir en "yunta".

(Hilaridad)

Tiene la palabra el señor senador de Posadas Montero en uso de una interrupción.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO.- Supongo que el señor Presidente, como buen "burrero", no despreciará las "yuntas".

(Hilaridad)

He seguido con mucha atención a pesar de lo tarde que es –o de lo temprano según como se mire- la exposición del señor senador Korzeniak, y por momentos hasta me he fascinado. Siempre he sentido envidia por las personas que tienen una vocación muy marcada –como la tienen el señor senador- por el Derecho Constitucional. Este lo ha llevado a una tesis, por lo menos para mí, muy novedosa, que es la inconstitucionalidad de la teoría económica.

Pero dejando eso de lado, también reparé en su preocupación por la prolijidad legislativa y creo que en el marco de esa preocupación, él, sin duda, como constitucionalista, va a convenir conmigo en que por lo menos, sería muy desprolijo el fijar los salarios por ley.

En tercer lugar, considero que el proyecto a estudio tiene en su último artículo una manifestación que va al encuentro, por lo menos parcialmente, de las preocupaciones que manifestaba el señor senador.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADAS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador en uso de una interrupción.

SEÑOR POSADAS.- Señor Presidente: muy brevemente quiero insitir en el criterio de mi anterior interrupción. Advierto que el señor senador Korzeniak bajo el rótulo de falta de prolijidad –que es una observación atendible, o discutible por lo menos, que puede tener el tema que estamos tratando- introduce otros elementos que –vuelvo a repetirlo- sacan al debate del presupuesto de sinceridad y buena intención que ha tenido desde el principio.

En mi primer intervención hice notar cómo, bajo el rótulo de prolijidad, se deslizaba la sospecha de si estaban o no los fondos para el subsidio a las 125.000 familias de bajos ingresos y de que existía una posibilidad de engaño, cosa que va mucho más allá de la falta de prolijidad legislativa.

En esa segunda instancia, el señor senador Korzeniak habla de que las personas que tienen convicciones firmes pueden dar un pronóstico del asunto, con lo cual también hay implícita una acusación de que hay otras a quienes falta convicción. Siempre escondiendo todo bajo el rótulo de poca prolijidad. Admito que –y esto está dentro de lo que estamos haciendo y del estilo en que estamos llevando adelante la discusión- se cuestione la prolijidad de este proyecto, pero la falta de convicciones o la sospecha de que lo que se dice respecto a unos fondos adicionales no es cierta, disminuye el nivel, por más que luego se refugie bajo el rótulo de desprolijidad de la ley. Las convicciones las tenemos todos y creo que eso queda fuera del asunto. Esas convicciones pueden ser distintas, pero no me parece adecuado sospechar su firmeza ocultándolo bajo una preocupación de prolijidad legislativa.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: entiendo que uniendo las interrupciones de los dos señores senadores, interrupción muy fraterna puesto que ambos senadores son hermanos, aquí se ha formulado tres observaciones a mi exposición.

En la primera se señalaba que mi tesis de la inconstitucionalidad de una teoría económica es, por lo menos, novedosa, aunque se le reconocía o se le concebía cierto carácter fascinante. Aclaro que no dije en ningún momento que una teoría económica pueda ser inconstitucional. No me imagino yendo a la Suprema Corte de Justicia con un escrito en el que impugne como inconstitucional una teoría económica. Lo que sí digo es que las leyes que expresen una teoría económica pueden ser inconstitucionales sobretodo si –no me refiero a esta en particular- están en el contexto de ésta y expresan lo que yo llamo, para facilitar la exposición, la escuela de Chicago. Eso es lo que afirmé.

En segundo lugar, se objetaba, por lo menos como desprolijo, que la ley pudiera fijar salarios. Específicamente utilicé la terminología de la Constitución que dice en su artículo 54 que la ley ha de reconocer la justa remuneración. Se refiere a los trabajadores. Lo que expreso textualmente es que ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral o cívica, la justa remuneración, etcétera. Quiere decir que es materia legislativa reconocer la justa remuneración. Por otro lado esto, que alguna doctrina lo ha interpretado como vinculado a los salarios privados, se complementa con otro artículo en materia pública, inclusive, en materia de empresas públicas, o sea, de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, donde sabemos que las normas generales constitucionales en lo que hace a salarios para los empleados públicos, deben ser incluidas en los Presupuestos. Pero existe una disposición constitucional, el artículo 64, por el que la ley puede establecer ciertas normas que, por su generalidad o naturaleza, sean aplicables a todos los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

De manera que, entonces, el legislador, puede fijar salarios, y puede establecer perfectamente criterios para determinarlos; tan es así, finalmente que en los artículos que le dan al Poder Ejecutivo iniciativa privativa en materia legislativa, se menciona precisamente esa fijación el aspecto salarial (Art. 133).

Es obvio que el constituyente no podía ser tan desprolijo como para prever esto, si pensara que la ley no puede fijar salarios o criterios para ello.

El señor senador Posadas ha hecho una observación a través de la que insiste en que quien habla ha insinuado, directa o indirectamente, algo que le ha hecho perder el nivel civilizado a esta discusión. Pienso que se repite el atribuirme una intención que no he manifestado, de manera expresa o implícita, a través de mis palabras. Es más; si me hubiera tomado como verdad lo de la fascinación más la sospecha de el engaño, que me imputa me sentiría como una especie de prestidigitador, pero la verdad es que no me siento así, ni en lo que hace a las palabras ni tampoco en lo que tiene que ver con las intenciones. Lo que he querido manifestar cuando hablé de desprolijidad, es que me parece que hubiera sido mejor que una ley que apunta tanto el tema de nuestra economía, se hubiera procesado en términos, en trámites, en textos y en explicaciones más apaciguadas y, por ende, menos apuradas; esto es lo que quise decir.

Por lo tanto, en tal sentido, no puedo aceptar que se me atribuya que he dicho que hay algo de engaño. Cuando sostuve que no estaba claro cuál sería la financiación y qué criterios se emplearían para auxiliar a esas 150.000 familias que se consideraba podían quedar muy afectadas, me referí simplemente a que la explicación que se dio fue muy lacónica, no porque se estuviera ocultando nada, sino porque se dice que se obtendrán préstamos generosos e inclusive, sin necesidad de reintegro. No se manifiesta –lo reitero- si aún en el caso de no obtenerse dichos préstamos, este auxilio a ese tipo de familias igualmente se otorgaría; esta fue mi afirmación.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU.- La preocupación que me invade en este momento es sobre las afirmaciones formuladas por el señor senador Korzeniak, en relación con la ausencia de apaciguamiento o de excesivo ritmo que se le pudo haber impuesto al tratamiento de este tema. Parecería insinuarse, a la vez, la posibilidad de que no todos los representantes de este Senado, interesados a favor o en contra de este proyecto de ley, hubieran tenido la oportunidad de pronunciarse.

Quienes estuvimos en la Comisión de Hacienda podemos decir –y aquí apelo a la palabra de los compañeros del Frente Amplio en este Cuerpo- con total tranquilidad que aquí no hubo nadie que haya quedado por el camino, en el sentido de que haya sido frustrada su intención de expresar su opinión.

Una cosa es darle celeridad y urgencia a un proyecto de ley por razones económicas –como lo explicó muy bien el señor Ministro de Economía y Finanzas e, inclusive, el propio señor Presidente de la República, ya que había que reconocer en última instancia, que ellos tienen una determinada concepción de las dificultades que el país tiene y, por lo tanto, tienen derecho a solicitar que el tratamiento del tema tenga la premura suficiente- y otra, es dejar que quede la duda en el Cuerpo –no digo insinuar- de que no existieron las instancias necesarias como para que se expresaran todos los señores senadores.

Todos saben, además, que el señor senador Astori, inclusive, tuvo la ocasión –para nuestro gusto- de hacer uso de la palabra durante seis o siete horas en el seno de la Comisión de Hacienda y nadie, más allá de algunas recomendaciones de carácter metodológico para acelerar el debate, podrá interpretar que lo coartamos la libertad a él o a algún otro miembro de este Cuerpo.

Quería dejar constancia de esto porque tampoco podemos pasarlo por alto –no creo que haya sido la intención del señor senador- y hasta es conveniente a esta altura del debate, teniendo en cuenta además la inminencia de la votación de este proyecto dentro de algunos instantes, ya que no debe quedar en el aire que esta ley tan importante para el país, para el Gobierno y para el acuerdo que, como bien dijo el señor senador Korzeniak, es una expresión civilizada de un sistema parlamentario, no haya tenido la posibilidad de ser discutida con la profundidad, la delicadeza y el detalle que su gravedad exije.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero dejar en claro que en ningún momento dije que no hubiera existido oportunidad de expresarse.

Lo que voy a manifestar ahora es algo con lo que no quiero comprometer a nadie. No he podido conocer todos los elementos –porque no ha habido tiempo- que me hubieran permitido arribar a un juicio más profundo de este proyecto. Esto es lo que quise decir y mi intención no va más allá de ello. asimismo, tampoco he afirmado que se haya violado algún aspecto reglamentario ni que nadie haya sido coartado en el uso de la palabra. Sin perjuicio de ello, siempre ocurre con este tipo de leyes, no porque haya mala intención de parte de nadie, pero en materia económica siempre se producen urgencias. Si mal no recuerdo, existió un problema similar con la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, en 1959, en cuanto a si existía o no debate libre; a veces pueden darse condiciones fundadas –no lo niego- para que este tipo de debates se prolonguen por dos, tres o cinco días, pudiendo generar determinado tipo de expectativas; admito que este tipo de razonamiento puede ser correcto, pero en este caso en particular, desde mi punto de vista, no se hubiera producido dicho problema.

Mociono en el sentido de que –repitiendo el contenido de la propuesta que insinué al comenzar mi exposición- se incorporen a la versión taquigráfica de esta sesión, las correspondientes a las reuniones celebradas por la Comisión de Hacienda. Esta es mi propuesta concreta, que tiene un alcance puramente documental y de utilidad práctica.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la moción formulada por el señor Korzeniak.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Estimamos que la propuesta del señor senador Korzeniak si bien podría, en las actuales circunstancias, en razón del tema y de la forma en que la discusión se ha llevado a cabo –motivo de presentación de la moción- tenerse en cuenta, no es apropiada. Estimamos que no corresponde que se incorporen al Diario de Sesiones del Senado las versiones taquigráficas de las sesiones de las distintas Comisiones.

Todos sabemos lo que son las reuniones de Comisiones del Senado, que se realizan a efectos de asesorar. En ellas se recibe la información técnica y se brindan o dan opiniones, estudiando y procesando los distintos proyectos.

Si la moción del señor senador Korzeniak es aceptada por el Senado, evidentemente vamos a generar circunstancias muy especiales, porque en adelante no podremos evitar, ante un pedido similar, que se vayan incorporando al Diario de Sesiones las versiones taquigráficas de las sesiones de las Comisiones ordinarias del Cuerpo.

Por tal razón, señor Presidente, manifestamos nuestra opinión contraria a la moción del señor senador Korzeniak.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Es para apoyar la moción del señor senador Korzeniak y hacer memoria ya que este Senado, en el caso de alguna ley votada en el período anterior –creo que fue con motivo de la de creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias- por la importancia que tenía el tema –como la tiene éste- entendió que era conveniente, a efectos de ilustrar a la opinión pública y de acumular los antecedentes, incorporar las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión al Diario de Sesiones del Senado.

En ese sentido, no es ninguna novedad esa manera de incorporar las versiones taquigráficas. También en esta oportunidad consideramos que el tema lo merece.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR.- Los argumentos que brinda el señor senador Santoro me resultan tremendamente importantes porque, a los efectos de lo que puede ser la historia parlamentaria, aún no estando incorporadas al Diario de Sesiones del Senado de cualquier manera las versiones taquigráficas quedan archivadas.

Por lo tanto, parecería que si votamos afirmativamente la moción sentaríamos un precedente no conveniente, porque a partir de este momento, cada vez que se realizara una Comisión con versión taquigráfica se podría solicitar que fuese incorporada al Diario de Sesiones del Senado.

En esta sesión, para que la consideración del tema discurriese de la mejor manera posible, el Cuerpo le concedió a dos señores senadores que informaron en minoría, la posibilidad de expresarse por más tiempo del que establece el Reglamento que creo que está equivocado y que debería ser modificado. Del mismo modo, con el mismo espíritu con que hoy votamos esa prórroga de tiempo para dos senadores informantes en minoría, sin sentar precedente, en esta oportunidad acompañaríamos la moción, fundamentalmente porque, más allá de una exposición de siete horas que tanto se ha mencionado, nos resultaría interesante que queden incorporadas al Diario de Sesiones del Senado, todas las expresiones del equipo económico que concurrió a esas sesiones.

Por esta razón, y sin sentar precedente, vamos a votar la moción que se acaba de formular.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Cada vez que se presentan mociones de este tipo y que se expresan temores por el precedente, los que ya tenemos una extensa vida parlamentaria solemos pensar en ocasiones en que se aplicaron trámites similares. Tiene razón el señor senador Gargano cuando recuerda que en la Legislatura pasada, en virtud de la voluminosa información que recibió la Comisión de Agricultura y Pesca con motivo del estudio de la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, a solicitud del ex señor senador Fá Robaina se resolvió incorporar al Diario de Sesiones del Senado las versiones taquigráficas de todas las sesiones de asesoramiento que había llevado a cabo la Comisión a lo largo de varios meses.

Esa es la única oportunidad que recuerdo en que se adoptó esa resolución, pero creo que como aquí se ha señalado, la importancia de la situación económica y financiera que vive el país en este momento y la forma en que quedó radiografiada a través de la exposición del señor Ministro y de todo el equipo económico, así como de las distintas concepciones expresadas por los señores senadores –fundamentalmente el señor senador Astori- que son un reflejo fiel para quienes quieran estudiar esta etapa de la vida nacional, amerita incorporar las versiones taquigráficas de todas esas sesiones, porque van a ayudar a conocer profundamente un momento tan particular y especial de la vida del país.

De manera que me inclino por votar afirmativamente la moción presentada.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Vamos a votar negativamente esta moción, porque los precedentes son precedentes, se quiera o no. A esta altura de la noche, después de trece horas de debate en el Senado, creo que se han podido expresar –y todavía tienen tiempo para seguir haciéndolo- todos los integrantes del Cuerpo, en la forma exhaustiva que el Reglamento indica.

Distorsionar el concepto de lo que es una sesión del Senado y lo que significan las expresiones de los señores senadores, agregando a la versión de hoy lo que ha sido el trámite en la Comisión de Hacienda en algunas de cuyas sesiones se tomó versión taquigráfica y en otras no, sentaría, se quiera o no, un precedente. De aquí en adelante, los señores senadores podrán hacer gala, en las respectivas Comisiones, de su brillo, su agudeza o su ingenio para la oratoria, porque sabrán que pueden tener la oportunidad de que después el Senado recoja dichas expresiones mediante la incorporación de las versiones taquigráficas a la publicación de esa sesión.

Creo que no es sentar un buen precedente. Entraríamos en una situación farragosa, ya que son muchos los temas importantes que próximamente se deberán debatir en el país. En la Comisión de Agricultura y Pesca, que integro, en este momento el proyecto de ley sobre lechería –por citar uno- es un tema de real importancia para el país. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social el próximo tema que debatirá será el de la reforma de la Seguridad Social, sin duda también muy importante para el país.

Entiendo que si entramos por este camino, los legisladores vamos a adoptar el criterio de hacer todos nuestros alegatos en las Comisiones del Senado, sesiones para las que no hay reglamento que indique tiempo, utilizando lapsos de la extensión que creamos pertinente, sabiendo que después con la concesión un tanto graciosa del Cuerpo, podremos incorporar las versiones a la sesión del Senado, aunque realmente ése no haya sido el tratamiento del tema. Por lo tanto, señor Presidente, nos oponemos a la moción. El que desee conocer la historia del trámite parlamentario puede hacerlo viniendo al Palacio Legislativo y pidiendo los antecedentes de la discusión en Comisión, forma en la que podrá consultar las versiones taquigráficas. Así puede conocer la historia.

El trámite de la sesión del Senado del día de hoy no incluye lo manifestado en Comisión. el reflejo de la sesión incluye lo que los señores senadores han dicho hasta ahora y lo que digan de aquí en adelante.

Por esas razones, señor Presidente, vamos a votar negativamente lo que sería una segunda concesión en el día de hoy, ya que horas atrás, revirtiendo una situación, también por una concesión un tanto graciosa, esquivando un poco el Reglamento –contra la opinión del señor Presidente- votamos una moción para que los informantes en minoría pudieran hacer uso de la palabra durante una hora y media.

Recuerdo –y lo digo con todo respeto- que en ese momento los señores senadores Cassina y Batalla manifestaron que no necesitaban de la prórroga de una hora para realizar su exposición como miembros informantes en minoría ni la media hora adicional. Sin embargo, llegado el momento se utilizó todo el tiempo de que se disponía. Personalmente, no me importa que haya ocurrido de esa forma, estábamos dispuestos a ello cuando votamos dicha prórroga y escuchamos con mucha atención y respeto la exposición del señor senador Cassina. De todas formas, se trata de un precedente que esperemos no tengamos que volver a repetir. Por todas estas razones, vamos a votar negativamente.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Simplemente para manifestar que en todas y en cada una de las Comisiones de hacienda del Senado sobre este tema, hubo versión taquigráfica.

SEÑOR PEREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ.- Si bien vamos a apoyar esta moción, no quedaría tranquilo si no expresara que me llama la atención que se susciten problema en torno a algo tan natural y normal. Si bien se toma versión taquigráfica en las Comisiones, el hecho de que luego los miembros del Senado junto con esta versión tengan la ventaja de contar con toda la documentación, creo que es algo muy positivo que no veo por qué razón merece comentarios tan rigurosos.

Por otro lado, quiero manifestar que personalmente no me agrada –naturalmente todos los señores senadores tienen derecho a expresar lo que piensan- que se hable de concesión graciosa haciendo referencia a la intervención de un señor senador que en la documentación que se proporcionó al Senado, figura como miembro informante en minoría y no tuviese las posibilidades de hacer uso del mismo espacio que dos miembros informantes. Sin duda, este aspecto debería ser tratado en la Comisión de Asuntos Administrativos a fin de evitar que se hable de concesión graciosa, regularizándose a través de una modificación del Reglamento del Senado como corresponde. De esta forma lograríamos que en el futuro cuando haya un informe en mayoría y otro en minoría, las intervenciones sean más justas.

Si mal no recuerdo en la época en que integré la Cámara de Representantes había informes en mayoría y minoría. Me acotan que no. Sin embargo, en 1972 el miembro informante en minoría tenía la posibilidad de utilizar el tiempo con más generosidad.

Lamento el tiempo que está insumiendo mi intervención pero quiero decir que sería partidario de que esto se aprobara sin que se radicalicen las posiciones como si se tratara de un tema relativo a principios que hipotecan la personalidad de cada una de las banderías políticas que defienden una u otra posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra el señor senador Araújo, la Mesa va a realizar dos precisiones. En primer lugar, que la concesión que se votó hace muchas horas no fue graciosa –por lo menos para la Mesa- sino antirreglamentaria. En segundo término, deseo aclarar que quienes ya han hablado sobre las mociones del orden no pueden volver a hacerlo, porque lo prohibe el Reglamento.

SEÑOR RAFFO.- ¿Me permite para una aclaración, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- No se puede volver a hablar ni siquiera para realizar una aclaración.

Tiene la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO.- Mi intención era no referirme a lo que se ha aludido en los últimos minutos es decir, a eso que se ha dado en llamar concesión graciosa.

Deseo señalar que de alguna manera me cabe una cuota parte de responsabilidad en la resolución que adoptó el Cuerpo ya que fui yo quien en nombre del Frente Amplio le solicitó a los señores legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, que en virtud –y creo que esto no es un misterio para nadie- de que en nuestra bancada tenemos el orgullo de contar con un hombre que desde el punto de vista técnico puede desarrollar nuestro pensamiento mejor de lo que, por ejemplo, en lo particular pudiera hacerlo quien habla, permitieran que el señor senador Astori pudiera extender su informe. Incluso –nadie lo exigió- ofrecimos a cambio de esto y para demostrar que el Frente Amplio no quería postergar o alargar este debate, renunciar personalmente a hacer uso de la palabra y, a su vez, solicitamos a otros señores legisladores que en la medida de lo posible otorgaran parte de su tiempo para de esta manera demostrar al resto de los compañeros legisladores del Cuerpo que nuestra intención no era, repito, la de prolongar el debate sino la de expresar con claridad el pensamiento del Frente Amplio.

De todas formas puedo admitir lo que ha dicho la Mesa en el sentido de que de alguna forma se faltó al Reglamento pero, ello fue por decisión de la inmensa mayoría del Cuerpo. Tan es así que estuvimos de acuerdo en que este punto ingresara a la Comisión respectiva para que se analizara una posible modificación del Reglamento. Sin embargo, no creo correcto llamar a esto concesión graciosa cuando algunos señores legisladores para alcanzar ese puro y sano objetivo, renunciamos al uso de la palabra en una sesión para la cual habíamos estudiado y creo que le consta a los miembros de la Comisión de Hacienda, ya que no formando parte de la misma acudimos a sus sesiones por entender que el tema exige de nuestra responsabilidad de legisladores el mejor tratamiento.

Por otra parte, señor Presidente, pienso que en definitiva la propuesta que ha formulado nuestro compañero el señor senador Korzeniak le hace bien al Cuerpo y a la democracia. Creo que todos reconocemos en esto su clara intención cuando exponía la necesidad de legislar de la mejor manera posible y sin apremios. Podemos admitir una necesidad por parte del Gobierno y hemos prestado nuestro voto tanto en la Comisión como en el Plenario, para que se agilitara al máximo este trámite e incluso, convinimos en lo que terminamos de expresar. De todas formas pienso que no estamos legislando de la mejor manera, no ha habido un solo cuarto intermedio para descansar algunos minutos, a tal extreno que muchas veces el sueño pudo abatirnos en Sala. Repito, que no creo que esta sea la mejor forma de legislar y nadie puede sentirse enjuiciado por lo que estamos diciendo. Simplemente, deseamos que se acepte nuestra voluntad de intentar legislar lo mejor posible.

Esta era la precisión que quería realizar.

SEÑOR BATALLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA.- Deseo realizar algunas precisiones en cuanto a esta cuestión de orden que se ha estado debatiendo y que tiene diversos alcances. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la decisión del Senado por la que se estableció un régimen especial para los Miembros Informantes en minoría, no es una violación reglamentaria sino una decisión de este Cuerpo que en la aplicación del inciso final del artículo 68 del Reglamento determinó un régimen especial que puede entenderse como un debate libre, parcial. La Cámara que puede lo más, puede lo menos, es decir, que en lugar de establecer un régimen de debate libre, se estableció una decisión especial que simplemente contemplaba con mayor justicia las distintas posiciones que habían sido expresadas en Comisión y que pretendían expresarse en el Plenario del Cuerpo. No existe aquí una violación reglamentaria ni tampoco una concesión graciosa, hubo sí una decisión del Cuerpo que nosotros compartimos porque entendimos que tenía un fondo de justicia.

En segundo término, se ha dicho que el Reglamento regulaba en la misma forma que en la Cámara de Representantes, los informes o el tiempo de los miembros informantes en minoría. No es así. El Reglamento de la Cámara de Representantes establece un tiempo similar para los miembros informantes en mayoría o en minoría. No distingue. Si el Reglamento no distingue, el intérprete no puede distinguir. Por consiguiente, el Reglamento de la Cámara de Representantes que nosotros hemos tenido aquí en el tapete, establece una norma que entiendo es mucho más justa en la medida que fija un mismo tiempo para el miembro informante en mayoría o en minoría.

En tercer lugar, en cuanto refiere al agregado de las versiones taquigráficas de las Comisiones al Diario de Sesiones del Senado, entiendo que no es deseable sino excepcionalmente ya que hay una serie de factores incluso por los propios gastos que demandaría que en cada uno de los Diarios de Sesiones se incorporaran todas las versiones taquigráficas de las Comisiones. Pero en este caso nosotros entendemos que la importancia del tema admite, naturalmente, que se proceda a afectuar ese agregado.

Además, queremos manifestar que no es exacto que exista cualquier tipo de Reglamento o de aplicación en límite de tiempo para las exposiciones en Comisión. sin perjuicio de que se han admitido exposición por mayor tiempo del que está previsto para el Plenario, el artículo 1° del Reglamento de la Cámara de Senadores dice: "La Cámara de Senadores se gobernará interiormente por el presente Reglamento". La Cámara de Senadores no es solamente el Plenario, es el Plenario y sus Comisiones.

Por consiguiente, creo que resulta claro de este artículo primero que el Reglamento del Senado se aplica tanto en el Plenario del Cuerpo como en las Comisiones.

Esto es lo que quería expresar, simplemente como opinión personal, naturalmente no como dueño de la verdad. Pero entiendo que es importante esclarecer las cuestiones de procedimiento, que muchas veces quedan en la nebulosa de las decisiones que no implican precedentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún senador hace uso de la palabra la Presidencia también va a hacer alguna precisión.

En primer lugar, cuando se está discutiendo una moción de orden se debe hablar sobre el tema que es objeto de la moción y no sobre otros.

En segundo término, hay un error en cuanto, a que la moción que habilitó al señor senador Astori a expresarse de acuerdo con el régimen de los miembros informantes era pasible de hacerse extensiva al señor senador Cassina, porque de acuerdo con el repartido que todos los legisladores tienen en sus bancas, al terminar la transcripción del proyecto de ley se dice: "Ignacio de Posadas Montero, miembro informante; Sergio Abreu, miembro informante; Juan Carlos Blanco y Danilo Astori miembro informante discorde; Carlos Cassina discorde, Federico Bouza, Juan Carlos Raffo". Es decir que el señor senador Cassina no era miembro informante ni en mayoría ni en minoría.

SEÑOR RAFFO.- Habló una hora y media.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa está diciendo que no fue reglamentario lo actuado.

En tercer lugar, la Mesa manifiesta que el régimen que se aplicó, en el sentido de que después de hablar una hora el miembro informante podía seguir hablando media hora más, cosa que se le permitió a los señores senadores Posadas, Astori y Cassina, es violatorio del Reglamento. El Reglamento dice "El o los miembros informantes, o uno de los firmantes del proyecto en consideración –si no hay informes- dispondrán de 60 minutos y podrán, además, usar de la palabra hasta por cinco minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o explicación sobre el asunto". Así que todo lo actuado fue absolutamente antirreglamentario, aunque el señor senador Batalla diga lo contrario.

SEÑOR BATALLA.- Esa es su verdad, y yo tengo la mía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Korzeniak.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

(Las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión de Hacienda cuya inclusión se resolvió, son las siguientes:)

"Carp. N° 97/90
Re. N° 8 Anexo I

Comisión de Hacienda
Sesión del día 12 de marzo de 1990
ASISTENTES

Preside

:

Señor senador Alberto Zumarán –ad hoc-

Miembros

:

Señores senadores Sergio Abreu, Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Federico Bouza y Carlos Cassina.

Asisten

:

Señores senadores Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra y Juan Carlos Raffo; señores representantes nacionales Alejandro Atchugarry, Mario Cantón, Armando Da Silva Tavares, Arturo Heber Füllgraff, Héctor Martín Sturla y Jaime Trobo.

Invitados especiales

:

Ministro y Subsecretario de Economía y Finanzas Enrique Braga y Nicolás Herrera, Director de Pleneamiento y Presupuesto Conrado Hughes Alvarez y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Javier de Haedo

Secretario

:

Señor Alfredo M. Alberti

SEÑOR SECRETARIO.- No pudiendo estar presente el señor senador Ortiz, correspondería elegir un

Presidente "ad hoc".

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Proponemos al señor senador Zumarán.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias. habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 7 minutos)

-Recibimos en el día de hoy al señor Ministro de Economía y Finanzas y a sus asesores, a fin de tratar el proyecto de ley relativo a ajustes tributarios.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO.- Señor Presidente: en esta primera exposición voy a ser breve explicando, en primer término, los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y luego daré a conocer sus distintos aspectos, quedando más tarde a disposición de los señores miembros de la Comisión, para evacuar las consultas pertinentes.

Básicamente, el tenor y la urgencia del proyecto de ley están basados en la situación inflacionaria provocada por el desajuste fiscal, que viene arrastrándose desde hace un tiempo atrás y que además tiende a agravarse fuertemente.

La inflación del año 1989 alcanzó un 89%; asimismo, si hacemos los cálculos de enero a enero, observaremos que aumentó al 91% y de febrero a febrero, al 92%. Además, los déficit producidos, fundamentalmente por la baja en la recaudación, son realmente muy importantes y mucho más graves que los que estábamos mencionado.

Todo esto nos ha llevado a plantear esta ley de ajuste con mucha fuerza sobre la importancia en cuanto a las decisiones que sobre ella se tomen, pero además, con mucha urgencia, dada la tendencia fuertemente creciente que mes a mes se viene desarrollando.

Amén de esta situación de déficit, tenemos un problema adicional creado por la aprobación de la reforma constitucional, que hace que el Estado tanga la necesidad de financiar U$S 160:000.000 con destino al pago de servicios jubilatorios.

Refiriéndome a esta segunda parte, debo decir que el costo anual de esta reforma constitucional es del orden, repito, de U$S 160:000.000, sobre la base de una inflación constante que, en la medida que tengamos éxito en su corrección, el costo sería mayor. Desde ese punto de vista, estamos planteando un aumento en los aportes jubilatorios a cargo del sector trabajador del orden del 3.5% y cuando hacemos referencia a este sector, lo hacemos extensivo también a los jubilados, con lo que apuntamos al impuesto a las retribuciones personales más que a los aportes en sí. Por otro lado, planteamos igual partida del 3.5% para el sector patronal y hacemos el ajuste correspondiente proporcional, a efectos de que dichos aportes también sean extensivos al sector patronal rural, en la misma forma.

Todo esto prevé una recaudación de U$S 142:000.000 sin tomar en cuenta la posibilidad de que este crecimiento pueda reducir en algo la recaudación. Estos U$S 142:000.000 se pueden desglosar en U$S 67:000.000 de aporte patronal, U$S 57:000.000, por el sector obrero y U$S 18:000.000, proveniente de los jubilados.

Quiere decir, entonces, que con estos U$S 142:000.000, teniendo en cuenta el costo de esta reforma previsto para este año, no alcanzarían a cubrir el costo total de dicha operación, ya que él es de U$S 160:000.000. De cualquier modo, pensamos que haciendo otros ajustes, que explicaremos más adelante , se cubrirá esta diferencia así como la que se producirá en la Tesorería Central.

SEÑOR BLANCO.- El costo estimado de la reforma que alcanza a los U$S 160:000.000 es anual y con inflación constante; pero ¿esto sería para años sucesivos o sólo para el año en curso?

SEÑOR MINISTRO.- Esto sería para un año; durante 1990 el costo estaría entre U$S 70:000.000 u U$S 80:000.000. Estamos tomando como base el año, a fin de hacer más clara nuestra exposición.

En otro orden de cosas, el déficit actual que incluye el de la seguridad social, no previsto por la reforma constitucional, es del 6.5%, del Producto Bruto Interno, lo que significa aproximadamente U$S 550:000.000.

Hemos considerado como objetivo inicial reducir dicho déficit, al 2.5% que, de acuerdo con el Producto Bruto Interno, equivaldría a U$S 210:000.000, con lo que necesitaríamos entre recursos y reducción de gastos, U$S 340:000.000. Al respecto, no tenemos duda de que el camino es el de reducir gastos, pero asimismo es claro también que el mecanismo de reducción de gastos, que implica que ello se extienda a los gastos personales, es lento, lleva cierto tiempo y las necesidades que tenemos debido al fuerte crecimiento sobre la ya muy importante inflación actual, nos obliga a tomar rápidamente que den un resultado inmediato.

Si bien reconocemos que es precisa la reducción de gastos –y es nuestro objetivo trabajar fundamentalmente en ello- en este primer año necesitamos obtener recursos, además de adoptar otras actitudes que nos permitan disminuir esos U$S 340:000.000 de déficit. Por ello, hemos planteando en primer término, el aumento del IVA en un 1%, un adicional a la Contribución Inmobiliaria del 10% por una sola vez, un aumento del Impuesto a la Renta de los distintos sectores gravados –también por única vez- y hemos reflotado con algún ajuste, es decir con alguna tasa diferente al viejo Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias. La recaudación prevista por estos conceptos sería de U$S 97:000.000 y podemos desglosarla de la siguiente manera: el 1% del IVA representaría U$S 19:000.000; el adicional a la Contribución Inmobiliaria U$S 48:000.000; el Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias U$S 10:000.000 y el aumento del Impuesto a la Renta, U$S 20:000.000.

Con respecto al Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias, que no existen parámetros muy claros para estimarlo, nos hemos basado fundamentalmente, en los resultados obtenidos cuando el mismo estuvo vigente, años atrás, actualizando las cifras.

Hay otras fuentes de recursos que no figuran en el proyecto porque son de resorte del Poder Ejecutivo, algunas de las cuales ya han sido tomadas con anterioridad. Me refiero, por ejemplo, a ciertas reformas al Impuesto al Patrimonio, que ya han sido establecidas en diciembre del año pasado.

Por otra parte, tendremos un crecimiento en la recaudación del IRA y del IMAGRO, en virtud de las facilidades otorgadas el año pasado por razones de sequía, que lleva a que la recaudación del año pasado se realice en éste.

También incluimos aquí el resultado a obtener de las empresas públicas- algunas de ellas estaban dando déficit en ciertos casos de importancia y otras estaban niveladas. Con el ajuste realizado por la anterior Administración a principios del año y el que se acaba de aplicar –que en algunos casos no contempla todo ya que el impacto hubiera sido muy grande, contempla todo ya que el impacto hubiera sido muy grande, como por ejemplo en el caso de UTE, que se ha desfinanciado mucho, debido a la utilización del combustible en lugar del uso de la represa- creemos que las empresas públicas tendrán una muy buena nivelación y esperamos que eventualmente exista algún superávit.

Agregamos, además, el ajuste del IMESI. Esto tampoco está planteado en el proyecto, ya que las disposiciones legales autorizan tasas superiores a las fijadas.

Todo esto, sumado, daría un resultado de U$S 95:000.000.

Por otra parte, estamos planteando la posibilidad de incorporar una comisión como a la que en la República Argentina le han dado el nombre de Tasa Estadística –nosotros le daríamos un nombre adecuado a las circunstancias- que permitiera obtener una fuente de recaudación derivada del comercio exterior. Con respecto a este tema aún no tenemos claramente determinado cuál sería el mecanismo exacto, pero esta tasa gravaría todas las importaciones. En el vecino país, la misma está fijada en un 3%.

Estimamos que el resultado total de lo expuesto sería de U$S 238:000.000.

SEÑOR PEREYRA.- ¿A qué cifra se refiere?

SEÑOR MINISTRO.- Me refiero a los U$S 97:000.000 más los U$S 95:000.000 sumados a esta "Tasa Estadística" sobre la que no tenemos demasiada precisión, pero que si fuera del 3% representaría U$S 33:000.000.

SEÑOR ASTORI.- ¿Solamente la tasa representaría esa cifra?

SEÑOR MINISTRO.- Exactamente, señor senador. Si se fijara la tasa sobre importaciones –descontando las que se realizan en admisión temporaria- que son del orden de U$S 1.100:000.000, el 3% equivaldría a U$S 33:000.000.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Sería una tasa uniforme?

SEÑOR MINISTRO.- Si, señor senador; se aplicaría a todas las importaciones.

De cualquier manera, reitero que esta tasa aún no está claramente determinada.

SEÑOR ASTORI. – No he escuchado correctamente; ¿se gravarían las importaciones o las exportaciones?

SEÑOR MINISTRO. – Lo que se gravarán serían las importaciones.

A pessar de todo lo expuesto, continuamos con un déficit del orden de los U$S 100:000.000, pero pensamos que podemos absorberlo. Por un lado, planteamos la modificación de las disposiciones que afectan el régimen de compras del Estado, que a través de una proyección del orden del 40% incrementa fuertemente los gastos que el Estado realiza por esa razón. Allí podían obtenerse alrededor de U$S 20:000.000 de ahorro.

También seguimos avanzando en la reducción de algunos subsidios a la exportación, caso de la "Ley Pineda". Ello podrían significar alrededor de U$S 10:000.000.

El resto estaría financiado por el efecto Tanzy, que nos daría una cifra adicional de cierta importancia y por los primeros resultados que pudieran obtenerse por la reducción del gasto y la evasión. Cuando hablamos de evasión nos referimos, fundamentalmente, al Banco de Previsión Social, a las leyes impositivas y a los efectos producidos por el contrabando.

A los resultados que podremos obtener este año –a pesar de que sabemos que no será por todo el año- pueden sumarse los recursos establecidos a efectos de obtener esa cifra final del 2,5% a que aspiramos en materia de déficit.

En términos generales, esto es lo que tiene que ver con la financiación de déficit, aunque quizá tengamos que agregar algunas medidas adicionales para evitar que aquellos sectores de menores ingresos y recursos...

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite, señor Ministro?

El señor Ministro estima que la necesidad del Banco de Previsión Social para atender los mayores egresos que tendrá debido a la aplicación de la reforma constitucional serán, aproximadamente, de U$S 160:000.000 anuales.

En el régimen vigente –establecido por la Ley N° 15.900- existe una forma de ajuste periódico de las jubilaciones y pensiones que brinda el Banco de Previsión Social, sin perjuicio de la revaluación anual, que para todas las pasividades se realiza por aplicación del índice medio salarial del año anterior. Siguiendo el procedimiento aplicado por la anterior Administración en el sentido de realizar ajustes cuatrimestrales –el último de los cuales se ha efectuado en el mes de febrero- el Banco de Previsión Social ha venido realizando ajustes a cuenta de la revaluación, por porcentajes inferiores a la variación del índice medio de salarios producido en ese período.

En la estimación de los U$S 160:000.000 para la aplicación de las modificaciones que introdujo la reforma constitucional, ¿están comprendidas las obligaciones que se suponen ya cubiertas por la Ley N° 15.900 por estos ajustes periódicos que se realizan en razón de las disposiciones de dicha ley o estos U$S 160:000.000 van más allá del Banco de Previsión Social por estos ajustes vigentes?

SEÑOR MINISTRO. – El capítulo de U$S 160:000.000 es el mayor costo producido por la disposición de la reforma; es el costo adicional sobre lo que ya teníamos vigente.

Creo que es importante señalar otras disposiciones que serán enviadas lo más rápido posible al Poder Legislativo, las que van a contemplar la situación de los sectores de menores ingresos como consecuencia de algunas medias previstas en este ajuste. En ese sentido, en el proyecto está previsto aumentar las asignaciones familiares en un 50%. Ese 50% no se refiere a los valores vigentes, sino a sus respectivas adecuaciones. De modo que se contemplaría la situación de esos asalariados cuyos ingresos estén por debajo de dos salarios mínimos. Pero en lo que dice relación con aquellos que tengan más de cuatro salarios mínimos, ese beneficio se les suprimiría.

La otra medida refiere a la implementación de un salario complementario para las familias de menores niveles económicos –en este momento, su número oscila entre 120.000 y 150.000- con recursos que se están gestionando y que esperamos tenerlos rápidamente a nuestra disposición, salario complementario de suma fija que establecemos en el orden de los N$ 30.000 o N$ 35.000 por familia.

Estos son, en sustancia, los fundamentos del proyecto y la evaluación de las cifras. Esta corrección final que señalamos obedece a las dificultades que sabemos pueden traer estas disposiciones a los sectores de menores recursos.

Quedo a las órdenes de la Comisión a efectos de ampliar o complementar algo más de lo ya expuesto.

SEÑOR BLANCO. - ¿Me permite señor Presidente?

Desearía consultar al señor Ministro acerca de dos aspectos que van un poco más allá del proyecto de ajuste fiscal o tributario, como se le denomina. En particular, nuestra preocupación se orienta hacia lo siguiente.

Creo que es claro –por lo menos para mí- la existencia de una situación muy difícil en virtud de la magnitud del déficit existente, generador de la inflación, la que a su vez es el principal elemento de tipo económico con una incidencia social muy negativa sobre el panorama nacional. De modo que combatir en la forma más radical posible este mal no sólo es una medida que consideramos económicamente necesaria, sino socialmente adecuada e indispensable.

El proyecto de ajuste final nos propone una serie de medidas –no he hecho los números; no soy bueno es esa materia que descuento que cierran. O sea que el déficit de U$S 550:000.000 registrado el año anterior, más el costo adicional de la reforma, que es otro elemento previsible de déficit están más o menos balanceados con respecto a los números previstos de ingresos, de recursos, tanto de aquellos que se tramitan por la vía de la ley como de aquellos que se tramitan por decisiones administrativas.

Creo que no sería satisfactorio que este ajuste, que sabemos es muy doloroso y penoso, permitiera mantener un nivel de egresos con el consiguiente peso sobre la comunidad en su conjunto sumamente grave.

El señor Ministro hizo referencia en un momento de su disertación inicial al tema de la reducción de gastos. En este sentido, le pediría que hiciese sobre este tema un comentario un poco más profundo, porque tal como yo lo veo la reducción de gastos no es simplemente poder abatir algún gasto de nafta de locomoción oficial o algún otro rubro periférico, sino que va más allá de esto, apunta de algo más profundo, cual es la reestructuración, es decir, medidas estructurales para la reforma del Estado, que nos asegure que esta situación no se vuelva a repetir y que además nos coloque, digamos, un cierto horizonte en el tiempo en cuanto a la vigencia de los tributos que se proyectan. Digo esto porque algunos de ellos tienen una vigencia proyectada en forma anual y otros no. Los que tienen una vigencia permanente –por lo menos en teoría de la ley, aunque en alguna parte se autoriza al Poder Ejecutivo a reducir los valores de esos impuestos- son aquellos que a la Unión Colorada y Batllista particularmente le preocupan, o sea, aquellos impuestos que gravan el trabajo. Naturalmente que reconocemos, por el desarrollo que ha hecho el señor Ministro, que esto constituye un ítem muy importante en el financiamiento.

Desearíamos, obviamente, que este sacrificio, a nuestro juicio muy incisivo en los sectores sociales más necesitados, tuviera una vigencia de duración lo más limitada posible y que, a su vez, estuviera acompañado de medias tales que nos dieran la garantía, en primer lugar, el éxito de todo el programa y, en segundo término, que no se vuelva a reiterar la presente situación.

SEÑOR MINISTRO. – Obviamente la presentación inicial tenía un sentido muy general, pero vamos a tratar de que todos los puntos queden lo más explicitados posible.

Al principio dijimos que nuestro objetivo era trabajar fundamentalmente por la reducción del gasto más que por la implementación de recursos, si bien planteamos la obtención de mayores recursos el factor tiempo reviste suma importancia sobre todo lo que refiere a la reducción de gastos y también de la evasión.

A los efectos de lograr nuestro objetivo, estamos manejando la cifra de U$S 80:000.000, los que deben ser obtenidos para alcanzar la meta de 2.5% de déficit. La reducción de la evasión y de los gastos pensamos que puede lograrse en el correr de este año. Pero como nuestro criterio conlleva más profundidad, buena parte de la financiación que se propone está planteada sobre la base de un año de duración.

En cuanto a la pregunta de si es suficientemente lo que se plantea para lograr las metas establecidas, decimos que no lo es en lo que hace a la obtención de recursos, pero sí vemos como meta posible a la de lograr la reducción de la evasión y de los gastos en el correr del año. En el futuro habremos de tener fuentes, ya sea de uno u otro lado, adiciones que permitan que aun cuando dejen de tener vigencia algunos de los recursos planteados, la situación no se revierta.

En ese sentido vamos a actuar sobre tres aspectos diferentes. Uno es la deuda externa para la que esperamos que en lo que queda de este año entre en vigencia una fuerte reducción. Desde el momento en que se llega a un acuerdo con la Banca Internacional pasan varios meses antes de que se haga efectiva la reducción, por lo que no tenemos duda de que por lo menos en este año el efecto de la deuda externa no va a tener incidencia.

En segundo término en materia de reducción de gastos, el poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, ha solicitud a todas sus reparticiones un trabajo que tienda a reducir en un 15% los gastos de las diferentes reparticiones. Cuando hablamos del 15% no nos referimos sólo a la reducción de los gastos de locomoción oficial o a lo que son exclusivamente gastos. Si sólo trabajamos sobre los gastos y no sobre las retribuciones personales, dada la fuerte incidencia de éstas en el gasto público, no tendríamos un resultado importante. Obviamente, por las condiciones normales de la afiliación a la Administración Pública, esto es de mucha lentitud. Tenemos la esperanza de hacer primero el proyecto de reducción de gastos a nivel del 15% y buscar por distintos mecanismos diminuir también lo que tiene que ver con el número de plazas en la Administración Pública.

Eso se haría por dos mecanismo. Por un lado, la no implementación de vacantes que no sean de absoluta necesidad. Esas normas vendrán previstas en la próxima Ley de Presupuesto. Por otro lado, para darle mayor velocidad a los resultados que se obtengan por esto, se busca un mecanismo de incentivos –que está a estudio del Poder Ejecutivo en este momento- para lograr que por propia voluntad muchos funcionarios públicos se puedan retirar anticipadamente o busquen una solución en la actividad privada, en las micro empresas o a través de incentivos a las propias empresas privadas para el caso en que absorban funcionarios públicos.

En tercer término, otro mecanismo a aplicar será el de un fuerte trabajo en lo que tiene que ver con la evasión, tanto en la administración de la Seguridad Social como en la Dirección General Impositiva, así como también el efecto que puede tener una mayor acción a través de la Dirección General de Aduanas. Todo ello va a permitir que crezcan los recursos del Estado.

A estos tres mecanismos estamos jugados para el año próximo y por eso es que hemos señalado alguno de los recursos previstos con una duración de un año y pensamos que algunos de ellos, que tienen fuerte incidencia social y que además están en tasas demasiado altas, se puedan ir reduciendo a partir del año próximo.

SEÑOR ASTORI. – Desearía hacer algunas consultas en el ámbito de las referencias fiscales en el conjunto de la política que está proponiendo el Poder Ejecutivo. De la misma manera que señaló el señor senador Blanco creo que el primer paso para analizar este proyecto es considerarlo en un contexto fiscal más amplio.

Creo que este proyecto está llamado ajuste tributario, que, como todos los señores miembros del la Comisión lo saben, es una parte integrante de los fiscal. Lo fiscal es una realidad un poco más amplia y me parece que es necesario ante todo situar el proyecto en el contexto fiscal general del país.

Aprovecharía esta primera intervención para pedirle al señor Ministro algunas aclaraciones complementarias, siempre tendientes a este objetivo. Traje algunas estimaciones acerca de la recaudación teórica de los tributos propuestos en este proyecto, que adelanto desde ya que tienen muy leves diferencias con las que ofreció el señor Ministro, adelanto también que trabajé con los supuestos con que se manejaba el señor Ministro. Esos supuestos me permitiría discutirlos en otra instancia porque el objetivo de esta pregunta no es discutir eso.

Sobre este punto quiero adelantar que con alguno de esos impuestos me permito discrepar. Eso es en cuanto a la posible recaudación de ciertos tributos. Pero como decía recién el objetivo es otro. creo que en alguna medida –y el señor Ministro me corregirá si estoy equivocado y por favor le pido que me interrumpa si es así- estamos trabajando con un ajuste fiscal que por uno u otro motivo, por la vía de los ingresos o de los gastos, está suponiendo una suma aproximada de unos U$S 500:000.000. esa es una suma extraordinariamente importante para un año porque esto comenzaría a realizarse en 1990. Dejo de lado en esta pregunta el tema de la participación de la inflación en este razonamiento. Sobre este tema me gustaría volver en otra intervención.

En este planteo que suma unos U$S 500:000.000 por diversas vías –reitero que creo que tenemos diferencias muy leves en algunas estimaciones- me gustaría confirmar la parte de gastos. Desearía que el señor Ministro lo confirmara o rectificara algunas estimaciones que también he hecho sobre este particular. También sabía que el señor Ministro estaba trabajando con un porcentaje de caída del gasto corriente del 15%. Eso es algo que acaba de confirmar. Me gustaría saber si también están trabajando con una cifra de caída de la inversión pública de aproximadamente el 22% y con una caída de la masa salarial de funcionarios públicos, sea por la reducción del número de plazas, o por la disminución del salario real de esos funcionarios, ya que ambas operan en el mismo sentido, de aproximadamente el 6% en términos reales.

Con esto se completaría un cuadro general de 6% por este motivo, 22% por concepto de caída en términos reales de la inversión pública en 1990 y 15% de reducción en el gasto corriente. Esto permitiría llegar a U$S 82:000.000. El señor Ministro dijo U$S 80:000.000 o sea que la diferencia es insignificante. Creo que es necesario confirmar o rectificar estos componentes del porcentaje. Lo que me preocupa es el tema de la caída en la inversión pública y eso es porque desde hace unos veinte meses aproximadamente la inversión privada en el Uruguay está en un estado particularmente de postración, esto es de no reproducción, de mantenimiento a un nivel de reposición y aun por debajo del mismo, y la inversión pública especialmente en este momento es importante.

SEÑOR MINISTRO. – Justamente, varias de las inquietudes del señor senador Astori son la base del ajuste que estamos planteando. Es cierto que la inversión privada está muy cerca de la parálisis; pero esta situación se da desde hace seis o siete años. Con esto quiero significar que es necesario buscar –es uno de los objetivos- el renacimiento de la inversión privada, aspecto al cual me voy a referir más adelante.

Con relación a la inversión pública deseo señalar que en el primer año, el del ajuste, seguramente se va a producir un importante enlentecimiento; pero no tenemos otro camino porque de otro modo estaríamos creando, por otra vía, las dificultades que pretendemos corregir con ésta.

En lo que tiene que ver con los ochenta millones mencionados de gastos y evasión, deseo manifestar que cualquiera de estos dos temas han sido manejados con una estimación un tanto grosera. Para estimar en cuánto se va a reducir la evasión en forma precisa, habría que tener un panorama claro no solo de cuánto es la evasión sino de los canales a través de los cuales se produce. Además, saber cuáles son superables a corto plazo y cuáles no.

En síntesis, concordamos, básicamente, con las cifras que presenta el señor senador Astori. Llamo la atención en que este tema no es exclusivo de 1990, sino que se ha venido dando en los últimos años. Esto nos ha obligado a pensar en una fuerte reversión de la situación.

Señor Presidente: cuando al inicio de esta exposición hablamos de las tasas de inflación, ha sido para señalar que la misma tiene una incidencia excesivamente alta sobre el salario público, si tomamos el último cuatrimestre –si la memoria no me traiciona- la reducción promedial de los salarios fue del orden del 15%. No importa un 1% o 2% más o menos, si la cifra anda alrededor del 15%, pero esta es la realidad, que por otra parte se viene produciendo como consecuencia de distintos factores. Esta es una de las razones básicas para justificar la realización de un alto esfuerzo. Reconocemos que la extracción adicional que significan U$S 500:000.000 es excesiva, pero es el mecanismo adecuado para poner límites a la situación. Es decir, solucionar para el futuro la progresión que se está dando y que llevaría al país a situaciones económicas muy difíciles.

SEÑOR ASTORI. – En definitiva, ¿hay o no una decisión de disminuir la inversión pública aproximadamente en un 22%?

SEÑOR MINISTRO. – Es cierto que existe la decisión de disminuirla no exactamente en un 22%, pero si en una cifra cercana.

Quiero agregar que en este período nos proponemos provocar estímulos a la inversión privada, por ejemplo, a través de los mecanismo de capitalización de deuda. Para ello ya hay previstos un buen número de proyectos, con el ánimo de hacer un esfuerzo especial durante el período de ajuste, en el que se va a retraer la inversión pública.

SEÑOR ABREU. – Deseo hacer una aclaración porque podríamos estar mezclando algunos rubros.

La cifra de ochenta millones manejada por el señor Ministro, si no me equivoco, se refiere a dos rubros: disminución de la evasión y reducción de los gastos.

Me parece que el señor senador Astori, si no interpreto mal, llegaba a los U$S 80:000.000 y al 43% sin tener en cuenta el rubro evasión, refiriéndose exclusivamente a la disminución de los gastos. Por lo tanto, computaba el 22% de reducción en inversión pública, para llegar a dicha cifra en dólares. ¿Puede ser así?

SEÑOR HAEDO. - ¿Me permite?

Quería complementar la respuesta del señor Ministro y confirmar lo que dice el señor senador Abreu en cuanto a que la cifra de U$S 80:000.000 incluye disminuciones de gastos y resultados del combate a la evasión.

SEÑOR ASTORI. - ¿A qué gastos se refiere?

SEÑOR HAEDO. – Inversión, salario, gasto corriente; en fin, lo que significa gastos en su totalidad.

Con referencia a la inversión pública, deseo señalar que la reducción con respecto al año 1989 no va a ser tan alta como un 22%, sino que la idea es llevarla a los niveles de 1988. Creo que es importante aclarar que en 1989 hubo un aumento en esa inversión, del orden del 15%, en términos constantes, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De modo que, repito, la idea es volver a los niveles de 1988.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para poder dar la palabra al señor legislador, la Comisión debe dar su consentimiento.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede el uso de la palabra al señor representante, y a todos aquellos otros que deseen hacerlo.

(Se vota:)

-6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor representante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Deseo, simplemente, formular unas preguntas aclaratorias, porque no deseo distraer el tiempo de esta Comisión.

En primer lugar, quiero saber si en el déficit estimado ha sido tomado en consideración –entiendo que sí- el costo de las letras de regulación monetaria, y cuál es la reducción –desde que se toman como meta, según creo, el 50% de inflación para este ejercicio, y algo así como el 30% para el de 1991- de costos que habría por ese concepto.

En segundo término, quisiera saber si ha sido evaluada la posibilidad de activar reservas, tal como en algún momento anunció el señor Presidente de la República. Me refiero a la llamada canasta de moneda o alguna fórmula similar, y cuáles serían los ingresos –en caso de activarse toda o parte de esas reservas- que se podrían obtener por concepto de intereses. Digo esto porque esos ingresos podrían disminuir el costo social del ajuste, el que consideramos es importante para disminuir el déficit público.

En tercer lugar –ya pensando en medidas más estructurales- quisiera conocer si el Poder Ejecutivo piensa realizar algún planteamiento estructural en materia de seguridad social –algo de eso ya ha trascendido en la prensa- y si se podría poner un plazo a este sacrificio que es el impuesto al trabajo, que tiene efectos no deseables no sólo en los ingresos de la familia sino también en el nivel de ocupación.

Por último, deseo referirme al otro instrumento que se ha manejado, que es el aumento de la tasa del IVA. Todos sabemos que tiene un efecto perverso en la recaudación, porque aumenta la tendencia a la evasión. Entonces, sería interesante conocer si el Poder Ejecutivo ha considerado realizar el movimiento inverso: bajar la tasa del IVA, acercándola al extremo menor, eliminar algunas exoneraciones y cuál sería el resultado que se podría esperar de esta reformulación en la recaudación.

Nada más.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a contestar en el sentido inverso. Con respecto a la influencia del IVA en su eventual generalización y reducción de tasa futura, ratifico lo que había dicho al principio en el sentido de que es así, inclusive esperamos para el año próximo reducir la tasa, no al punto que estamos refiriéndonos ahora, sino a algunos más.

En cuanto a la reforma de la seguridad social diremos que se trata de un tema que ya hemos abordado en forma inmediata. Todas las reformas en materia de seguridad social por sus propias condiciones son de largo alcance en cuanto a los resultados. Existen derechos adquiridos, mecanismos implementados que impiden que rápidamente puedan tener efecto, pero sí, de inmediato, vamos a presentar un proyecto en esa materia sin perjuicio de algunos ajustes menores que también serán elevados al Poder Legislativo dentro de pocos días.

En lo que dice relación a la canasta de moneda y su eventual resultado, afirmamos que está previsto un plan de trabajo, pero no para este año. Los mecanismos de negociación de la deuda externa en este momento hacen extremadamente débil el manejo de las reservas que tiene el país. Por lo tanto, cualquier anuncio en ese sentido o adelanto en cuanto a la posibilidad de que el país disponga de efectivo conspira contra los resultados que se pretenden obtener en las tratativas con los bancos acreedores. Para fines del tercer trimestre de este año, recién podremos comenzar a trabajar en este tema.

En este asunto pretendemos tener una posición fundamental reservada y en segundo término no dar cabida a ninguna aspiración de cobro sobre la base de nuestras reservas, que hemos conseguido en base al tema de apoyo de organismos internacionales en cuanto a la necesidad que el país tiene de mantener dichas reservas, fundamentalmente por la alta circulación de papeles públicos con vencimiento a muy corto plazo.

En ese sentido cualquier señal distorsionadora puede crearnos problemas.

Con respecto a la incidencia que puede tener el manejo de las letras de regulación monetaria, le solicitamos al economista De Haedo que no dé su opinión.

SEÑOR DE HAEDO.- Como los señores senadores saben, las letras de regulación monetaria son un instrumento con que cuenta el Banco Central para efectuar operaciones en el mercado abierto y de ese modo esterilizar dinero que se emite por la vía de base monetaria.

En 1989, dentro de ese 6.5% del déficit fiscal, más del 1% corresponde a intereses de estas letras, siempre en moneda nacional. En los últimos dos meses, el Banco Central debió emitir muchísimos de esos títulos para financiar el creciente déficit. A la fecha una estimación aproximada del monto circulante de las letras de regulación monetaria en moneda nacional alcanza a N$ 130:000.000. La tasa de interés que se está pagando por estas letras es de 109% y 114% a tres y seis meses respectivamente. Como se trata de títulos en moneda nacional, dentro de la tasa de interés o dentro del pago de los intereses está incluida la amortización de capital real. Por lo tanto la cifra a la que se traduce un incremento del déficit originado por este tipo de instrumento no solamente implica el valor del interés real, como lo sería una deuda en dólares, sino que incluye también la amortización de capital real. Reitero que el año pasado más del 1% del producto fue originado por este mecanismo.

Estamos programando para el año en curso, mantener el nivel nominal de estas letras en circulación para ir disminuyendo el valor real de las mismas y su incidencia en el déficit. Seguramente, por la vía de este mecanismo, por la inflación y, por consiguiente, de la tasa de interés que se paga por estos títulos, estaremos en el 0.4% o 0.5% del producto de la incidencia en el déficit.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En cuanto a la contestación proporcionada por el señor Ministro diré que no me quedó clara. La pregunta tendía a si era posible ponerle un plazo a estos impuestos al trabajo y otras medidas, habida cuenta de que según sus propias manifestaciones es factible esperar, en un mediano plazo, el retorno de estas medidas importantes, lo cual permitiría poner en aviso a la gente afectada, de que el sacrificio no será eterno. En definitiva, si todos estamos preocupados por el tamaño del Estado, el consolidar ingresos que establecen una mayor exacción del Estado en las sociedades civiles es la forma más segura de aumentarlo.

Sobre algunas medidas manifestadas en cuanto a la asignación familiar, no percibí cuál es el costo que se estima que dé las mismas se va a obtener, teniendo en cuanta las medidas de ampliación, de beneficio y aquellas que suponen su eliminación.

SEÑOR MINISTRO.- Seré más amplio. Había señalado que en una reforma de la seguridad social, es muy difícil establecer plazos, ya que sus propias características hacen que los efectos demoren años.

Para tranquilidad de quienes sean alcanzados por este 3.5%, voy a hacer una aclaración.

El mecanismo de la inflación actual les está quitando mucho más que eso. Cuando señalaba que en el último cuatrimestre la baja promedial del período había sido del 15%, decía que en la medida que sólo reduzcamos la inflación a la mitad, aún así, el resultado posterior de este período va a ser más favorable para el sector trabajador, que el mantenimiento actual de la inflación, absolutamente más gravoso.

Con respecto al costo de las asignaciones familiares, diré que en su mayor parte es sostenido por la eliminación de este beneficio para aquellos que superen los cuatro salarios mínimos; allí va el 75% del costo y el resto se verá compensado por la eliminación del gasto. El resultado neto es variable porque es mucho más importante para quienes reciban el salario mínimo, y decrece hacia arriba. Como el mecanismo de compensación previsto es en parte a través de las asignaciones familiares, pero además por una suma fija, para aquellos que estén muy cerca del salario mínimo es porcentualmente más importante y va decreciendo hacia arriba en la medida que se acerque a los salarios más altos.

SEÑOR DA SILVA TAVARES.- Estamos asistiendo a lo que se refiere un plan económico que básicamente es un programa de ajuste de la economía tendiente a rebajar el déficit fiscal. La propuesta tendiente a corregir los efectos del déficit parece ser la reducción del gasto del Estado en un 15%. Me gustaría saber cuál sería el mecanismo que el equipo económico instrumentaría para solucionar el problema de la deuda interna, que hoy es uno de los factores generadores más importante del déficit.

En segundo lugar, no me queda claro cuál es el concepto del equipo económico en relación al sistema arancelario uruguayo. Todos sabemos que nuestro país tiene un sistema arancelario múltiple. Nuestra pregunta es si se tiende a un sistema arancelario único y cuál sería la política a llevar a cabo en cuanto a los precios de referencia de los insumos importados.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a la deuda interna, el objetivo del Gobierno es terminar lo más rápidamente posible con esta situación de hoy. Para ello está previsto la implementación de algunos mecanismos que ofrezcan posibilidades de solución de la deuda, como podría ser la base de forestación de pago en productos sectoriales; de acogimiento a planes a largo plazo, para lo cual se dará el suficiente para que los deudores que no han solucionado su situación escojan el mecanismo que les sea posible para terminar con su problema de identificación. Una vez ofrecida esta gama de soluciones se deberá proceder rápidamente, a la cancelación o a la liquidación de las deudas.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y con respecto a los aranceles?

SEÑOR MINISTRO.- En materia arancelaria debemos unir todos los aspectos que tienen que ver con la política comercial. Incluimos allí aranceles, precio mínimo de exportación y precio de referencia.

La política, en una primera etapa, es avanzar en la reducción de la dispersión actual en materia arancelaria. Habrá que tener en cuenta estos instrumentos –aranceles, precio mínimo de exportación y precio de referencia- dándoles la utilización real para lo cual fueron creados.

También, señor Presidente, habrá que trabajar sobre otro tipo de protecciones no explícitas, que hace que hoy tengamos muchas mercaderías por encima de las tasas máximas, que no figuran en los listados.

O sea, que la primera etapa es de ordenamiento, en la cual iremos llegando paulatinamente –no puede hacerse de golpe porque tendría un efecto grave- a una situación de realidad, donde los instrumentos actuales y las tasas arancelarias vigentes, se convierten en algo positivo. Lo que se pretende es reducir esa dispersión, de acuerdo a planes de avance progresivo.

SEÑOR DA SILVA TAVARES.- ¿Me permite señor Presidente?

La deuda interna del país ya tiene un proceso de refinanciación a cinco años, que se efectuó durante el pasado período de gobierno. ¿Cuál sería el plazo en el que el equipo económico estima que se debería definir por parte de los deudores, a los efectos de acatar la liquidación de los artículos correspondientes o la posibilidad de refinanciar –si esto es posible- su paquete?

En relación al sistema arancelario y precios de referencia, este ajuste implica una pesada carga para la industria nacional –desde el punto de vista del incremento de sus costos- sobre todo por la rebaja de la demanda global agregada. Sería importante establecer cuál va a ser el plazo que se va a otorgar para la implementación de estas medidas, debido al incipiente problema que tiene en estos momentos el Uruguay, por la subfacturación de las mercaderías de importación.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a la primera pregunta que formula el señor legislador, debo decirle que el plazo sería muy corto: 60 ó 90 días. Este sería necesario, simplemente, para que las instituciones financieras administrativamente estuvieran en condiciones de absorber el trabajo que presentaría esta situación.

Con relación a la otra pregunta, le aclaro que esta primera etapa es, exclusivamente, de ordenamiento; no habría una concreción de baja, salvo en aquellos casos en que aparezca algún otro tipo de protección y en la medida en que esto sea posible, sin buscar crear problemas insolubles al sector industrial.

El mensaje claro es que debemos avanzar lo más rápidamente posible en ese sentido, siempre y cuando ello no origine problemas más graves.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite señor Presidente?

Si no entendí mal, cuando se trató el tema del endeudamiento interno el señor Ministro dijo que se agilitarían los procedimientos para que ello se realizara a breve término y se liquidara ese problema.

Entiendo que en este tema –sobre todo en lo que se refiere a pequeños y medianos deudores- va a haber un tratamiento absolutamente distinto al de la liquidación por la vía ejecutiva. Esto es lo que se me expresó en determinado momento y por esa razón quiero dejar esta constancia.

SEÑOR MINISTRO.- Cuando hablamos de un término breve de liquidación, nos referimos a la liquidación del problema y no de los deudores.

Hay una primera etapa en la cual se pretende que quienes tengan alguna posibilidad de salir, se incorporen a algún mecanismo que se ofrecerá a los efectos de encontrar una salida.

SEÑOR PEREYRA.- De las palabras del señor Ministro interpreté que habría algún procedimiento ágil y drástico; pero, ahora comprendo la explicación del señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Para que quede claro, manifiesto al señor senador que el mecanismo va a ser lo más ágil posible. Si por drástico se interpreta llegar a soluciones en el corto plazo, eventualmente si ellas no son posibles, se va a proceder por otros mecanismos.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite señor Presidente?

Intento, ahora, concentrarme en el tema de la estimación del costo de la reforma jubilatoria y ante todo confirmar algunas cifras a los efectos de ver si son correctas.

Según manifestó el señor Ministro, el costo adicional para el año 1990, es un costo financiero que comienza a correr a partir del 1° de agosto de 1990 y se sitúa entre U$S 70:000.000 y U$S 80:000.000. Quisiera confirmar estas cifras.

Según las palabras iniciales del señor Ministro, también tendríamos un costo anual –en términos adicionales a la situación actual- de unos U$S 160:000.000, con lo cual la diferencia entre 1990 y 1991 –a estos efectos 1990 es un año de cinco meses- sería aproximadamente, de U$S 70:000.000 u U$S 80:000.000 más con respecto a 1990.

Recapitulo: entre U$S 70:000.000 y 80:000.000 para 1990 y U$S 160:000.000, aproximadamente –siempre en términos adicionales- para 1991.

El señor Ministro señaló que estos cálculos se habían realizado con el supuesto de inflación constante, si no me equivoco.

Ahora bien; es imposible estimar el costo de la reforma jubilatoria sin hacer cálculos de dos tipos: uno, en materia de inflación, y otro, en materia de salario real, porque las pasividades se reactualizan en función del índice medio de salarios.

Por lo tanto, si el índice medio de salarios cambia, el costo de la reforma también lo hace, inevitablemente. Naturalmente, a tasas de inflación diferentes, también cambia el costo de la reforma jubilatoria. Daré un ejemplo simple: si el salario real se mantuviera constante y la inflación fuera cero, el costo de la reforma será cero.

Dicho lo cual, a todos nos resulta fácil comprender que si esas variables varían, cambia el costo de la reforma.

Quisiera profundizar algo en los supuestos tomados en cuenta para decir cuánto va a costar la reforma jubilatoria, tanto en materia de salario real como en la de inflación. Una cosa es decir que la inflación será constante y otra, a cuánto va a ascender ella. El otro aspecto que debemos tener en cuanta es con qué metas de evolución de salario real estamos trabajando.

A los efectos ilustrativos, tengo un documento oficial del Banco de Previsión Social producido por su Asesoría Económica y Actuarial, que ha realizado una estimación del costo de la reforma para los años 1990 y 1991. Lo ha hecho, suponiendo, primero, que el salario real se mantiene, que no cae y que tampoco aumenta; segundo, a tasas diferentes de inflación.

Por ejemplo, si se cumpliera la tesis del señor Ministro respecto a que el costo de la reforma va a ser entre U$S 70:000.000 y 80:000.000 en 1990, según el Banco de Previsión Social habría en el país una tasa de inflación de aproximadamente 70% y 80% suponiendo que el salario real no cayera.

Si el salario real cae, el costo de la reforma baja.

Con respecto a 1991, el señor Ministro ha estimado el costo adicional en unos U$S 140:000.000 si se mantuviera el salario real de los trabajadores uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una observación del señor Ministro sobre su última afirmación, que es importante que la realice en este momento.

SEÑOR MINISTRO.- Los recursos previstos eran U$S 140:000.000; el costo es de U$S 160:000.000.

SEÑOR ASTORI.- Si el costo de la reforma es de U$S 160:000.000, tomando esta nueva cifra que aporta el señor Ministro, quiere decir que para 1991 se requerirán U$S 80:000.000 más aproximadamente, que para 1990. De acuerdo a la asesoría del Banco de Previsión Social requerir esos U$S 80:000.000 adicionales significaría trabajar con una tasa de 20% o 30% de inflación, en 1991, suponiendo que el salario real no cayera.

Pues estas cifras como ejemplo a los efectos de que se observe cómo estas dos variables inciden sobre el costo de la reforma. Por lo tanto, le solicito al señor Ministro que profundice un poco más en los supuestos que en materia de inflación y de salario real se han tomado en cuenta para estimar el costo de la reforma.

SEÑOR RAFFO.- Creo que no queda claro en el planteo del señor senador Astori, si cuando se habla del 91, significa el complemento de la anualización, porque el punto es que cuesta U$S 160:000.000 la anualización de estos recursos.

Pienso que con respecto a lo que cuesta en los años 1990 y 1991, podemos llegar a un error. Estimo que no hay un cálculo de lo que importa en 1991, sino con respecto a un año, a partir de ahora.

Por lo tanto, U$S 80:000.000 más U$S 80:000.000 en 19991, no es U$S 80:000.000 de ahora, más U$S 80:000.000 en el 1991, sino U$S 80:000.000 de ahora y U$S 80:000.000 anualizado.

Me gustaría que el señor senador Astori me confirmara esto.

SEÑOR ASTORI.- Personalmente, creo que no hay diferencias desde el punto de vista, pero no tengo ningún obstáculo en trabajar con una cifra anualizada.

Pienso que no hay diferencias porque todos sabemos lo que va a significar la reforma en 1990. Financieramente, son cinco meses de reforma. El costo financiero para el Estado empieza el 1° de agosto de 1990. En 1991, son doce meses de costo financiero.

Si el señor Ministro nos dice que los cinco meses de 1990 cuestan entre U$S 70:000.000 y 80:000.000 y el costo financiero de los doce meses de 1991 asciende a U$S 160:000.000, creo que es indiferente trabajar con diferencias o con cifras absolutas.

Pero en todo caso, vale la aclaración. Podemos trabajar con cifras anuales, pero lo que también sigue valiendo son los presupuestos de inflación y de salario real a los efectos de estimar este costo.

SEÑOR MINISTRO.- Creo que a esta altura es conveniente que presentemos todas las bases del estudio realizado para determinar estos valores y las perspectivas futuras.

Le voy a pedir al señor economista de Haedo, haga una exposición sobre el punto, a los efectos de que quede claro en qué elementos nos hemos basado.

SEÑOR DE HAEDO.- Cuando se hizo el estudio del mayor costo del Banco de Previsión Social originado por el referéndum, se estimó en U$S 155:000.000 a U$S 160:000.000 en un año completo de la norma, es decir, un año completo caja, por decirlo de alguna forma.

Obviamente en un año como el actual en que hay menos meses de vigencia, el costo se reduce.

Es correcta la estimación del señor senador Astori, de U$S 70:000.000 o U$S 80:000.000, 90 sobre 89 y U$S 160:000.000, 91 sobre 89.

SEÑOR ASTORI.- Son cifras del señor Ministro.

SEÑOR DE HAEDO.- ¿Cuáles son los supuestos con los que se llega a esta cifra?

En materia de inflación estamos trabajando para 1990 con una tasa del 50%, diciendo sobre diciembre, para llegar a la cual es notorio que habrá que hacer un gran esfuerzo en el segundo semestre.

Si en la actualidad hablamos de tasas del 5%, 6% o 7% mensual, la tasa del mes de febrero del 6.86% da 121.7% anual. Si queremos llegar al 50% diciembre sobre diciembre, quiere decir que en el último trimestre del año vamos a tener que estar en torno al 30%. Precisamente, esta última es la tasa que estamos proyectando, en principios, para 1991.

En cuanto al salario real, la estimación de 1990 es coherente con la aplicación del impuesto a las retribuciones personales. Es decir, que estamos hablando de una caída del 3.5%. para 1991, suponemos un salario real con crecimiento cero.

En ese contexto, y apelando al informe a que aludió el señor senador Astori, efectivamente, en 1991, una cifra de U$S 160:000.000 es compatible con un crecimiento nulo del salario real y con una tasa de inflación del 30%. En 1990, una caída del salario real del 3.5% y una tasa de inflación del 50%, es compatible con un mayor costo de U$S 70:000.000 o U$S 80:000.000. Pero aquí viene la aclaración de la diferencia con respecto a su informe, que es el supuesto de inflación constante. Al bajar la inflación abruptamente en el segundo semestre se da un mayor costo real de las pasividades y, por consiguiente, del gasto real de Banco de Previsión Social. Entonces, ¿por qué da U$S 160:000.000 en un año y U$S 80:000.000 en cinco meses? Precisamente porque en esos meses también baja la inflación y aumenta el costo real del Banco de Previsión Social. Antes de finalizar deseo señalar que en el proyecto de ley enviado la semana pasada al Senado hay dos partes claramente diferenciadas, que son, el ajuste fiscal en el sentido estricto y lo que viene a ser el financiamiento del referéndum. Si el referéndum implica mayores jubilación y pensiones para todos los uruguayos, es razonable que, desde este momento, todos aportemos una porción mayor de nuestros salarios para mantener y justificar ese mayor ingreso posterior.

Es decir que hay una correlación directa entre el ingreso público –3.5% de aportes- y el gasto público –mayor pasividad real originada por el referéndum. No hay una correlación absoluta y más allá de dólar más, dólar menos, el financiamiento propuesto por este proyecto de ley es exclusivamente para financiar el referéndum.

SEÑOR ASTORI.- Creo que algunas incógnitas se van despejando. En este sentido y con respecto al año 1991 no tendría ninguna objeción en lo que se refiere a las cifras. No a los supuestos que se han hecho, con los que políticamente discrepo, aunque no es este el momento de fundamentarlo.

De todas formas, se me agrandan algunas preocupaciones con respecto al año 1990. No comparto con el señor economista de Haedo, que la menor inflación aumente el costo de la reforma; la menor inflación disminuye el costo de la reforma. Este es un problema conceptual. Si tenemos menor inflación, quiere decir que el reajuste de las pasividades, a salario real constante, va a disminuir pero, además el salario va a caer un 3.5%, según estimaciones del Gobierno, tal como se acaba de señalar hace un momento. Entonces, a salario real constante –suponiendo que no hubiera una caída del 3.5%- creo que se puede calcular fácilmente que con una inflación, aún en decrecimiento hacia el último trimestre del año, estaría llegando a un 30% según estimaciones del Gobierno, y no diciembre contra diciembre sino promedio contra promedio, lo que seguramente arrojará una cifra mayor. Me cuesta ver cómo el costo de la reforma se sitúa en U$S 70:000.000 o U$S 80:000.000. Pienso que estaría llegando más cerca de los U$S 50:000.000 que de los U$S 70:000.000 o U$S 80:000.000. Si a esto le agrego una caída del salario real del 3.5%, que sin ninguna duda va a tener efecto en el costo de la reforma, entonces, creo que para 1990 el costo de la reforma para esos cinco meses está, de acuerdo a estos argumentos, sobredimensionado.

SEÑOR DE HAEDO.- En primer lugar, quiero manifestar, en cuanto a lo que ha expresado el señor senador Astori que nadie aspira a que el salario real crezca 0% el año próximo. Lo que deseo recordarle al señor senador es que un puesto no es un objetivo. Estamos trabajando sobre supuestos y siempre tratamos de ser conservadores en cuanto a ellos, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. Debemos ser prudentes y moderados. Si llegan beneficios será mejor para los números pero, de todas formas, vamos a hacer supuestos conservadores.

En cuanto a que la menor tasa de inflación disminuye el costo de la reforma, quiero expresarle al señor senador que en los cuadros que tiene delante suyo del informe producido por la Asesoría Económica Actuarial del Banco de Previsión Social, vemos que en todos aumenta el costo cuando se incrementa la tasa de inflación. Seguidamente voy a explicar por qué razón esto es así.

Esto sucede, precisamente, por la memoria del sistema. Los señores senadores saben que el régimen vigente de la Ley N° 15.900 tiene una memoria de 12 meses, es decir, que en el mes de abril del año T mas uno da un aumento nominal de las pasividades igual al aumento de los salarios en el año T. De modo que si la inflación va subiendo habrá una caída sistemática de las jubilaciones en términos reales y, contrario sensu, si la inflación va bajando, habrá un aumento sistemático de las jubilaciones reales. Eso no es otra cosa que lo que pasó en el período 1985-1989, durante el cual en los tres primeros años bajó la inflación del nivel del 83% en 1985 al 54% en los doce meses terminados en marzo de 1987, y aumentaron las jubilaciones en términos reales. Posteriormente bajaron cuando la inflación pasó de este último nivel al 89% en diciembre de 1989.

De modo que ahora en lugar de una memoria de doce meses vamos a tener una de cuatro, manteniéndose el criterio de que la menor tasa de inflación aumenta el costo de la reforma.

SEÑOR GARGANO.- Deseaba formular dos preguntas al señor Ministro, aunque una de ellas ya ha sido contestada en parte por el economista de Haedo, que se refiere al salario real y a las repercusiones que las medidas proyectadas van a tener sobre el mismo. La otra interrogante es más global, es decir, la estimación que tiene el equipo económico sobre el impacto de las medidas en su conjunto, es decir en el desarrollo, en el crecimiento, o en la recesión.

Como he escuchado distintas versiones me gustaría conocer la opinión oficial del señor Ministro sobre el impacto de estas medidas en el año 1990 y su proyección en los años inmediatos.

SEÑOR MINISTRO.- Es difícil realizar la medición del impacto porque depende, entre otras cosas, de aspectos de credibilidad, y de confianza que son difíciles de calcular. Sí podemos decir que en una primera etapa las medidas van a tener algún efecto recesivo. Si estamos extrayendo recursos más o menos fuertes de la economía real, si al mismo tiempo estamos admitiendo una baja en el salario real, es claro que vamos a tener algún efecto recesivo.

Por eso adjudicamos importancia a las otras dos medidas que tienden a solucionar, a reducir en algunos casos los efectos de los ingresos sobre los sectores de menores recursos. Estos ingresos, al caer en este sector de la población, van a ser rápidamente volcados al gasto lo que, en parte pensamos puede tener algún efecto de ayuda, dinamizando la economía para tratar de reducir el efecto que eventualmente puede tener la recesión.

Es muy importante que se conozcan los objetivos y que se sepa cuáles son los plazos. Generalmente, se evita contraer compromisos en plazos perentorios para tener resultados en materia económica. Nosotros creemos que hay que hacerlo porque la población debe saber cuál es el objetivo y cuándo se llega, sobre todo, cuando existen estas dificultades.

SEÑOR GARGANO.- Deseo hacer una pregunta complementaria que se refiere el paquete de compensaciones destinado a solventar a aquellos sectores de menores ingresos. Se ha hablado del aumento de las asignaciones familiares, manifestándose que su financiamiento era una redistribución del gasto total entre los sectores que cobran hasta determinado nivel, y dejarían de percibirla aquellos que cobran más de un salario más elevado. También se nos ha hablado de un salario complementario de N$ 35.000, y que esto cubriría a unas 150.000 familias. Como no ha escuchado cuál sería el financiamiento de este gasto, me gustaría saberlo.

SEÑOR MINISTRO.- Esto se realizaría con un plazo de cinco o seis meses, en el período que serían más intensos los resultados de este ajuste, su financiamiento sería obtenido en el exterior, y estamos buscando que ello sea sin retorno. Todavía no hay nada concreto pero esta posibilidad y su concreción .están muy avanzadas

SEÑOR DA SILVA TAVARES.- A efectos de aclarar el programa económico en general, me gustaría preguntar cuál es el supuesto de crecimiento del Producto Bruto Interno con el que se trabajó para los años 1990 y 1991, como así también cuál es el incremento de inversión pública y privada, para el mismo período. Hemos visto, de acuerdo con lo expresado por el señor Ministro, que desde el punto de vista de inversión del sector público, en 1990 habría una reducción de aproximadamente un 20%. Sin embargo, no se han dado los datos de crecimiento del PBI, durante el período 1990 y 1991, si es que lo hay y asimismo, cuál es el supuesto en el plan de inversión pública para igual período, así como en lo que hace a la inversión privada para estos años y, además, faltaría saber cuál sería la tasa de inversión total.

SEÑOR MINISTRO.- Respecto al crecimiento de 1990, debo decir que estamos estimando, en forma conservadora, un crecimiento cero, admitiendo que pudiera haber un pequeño crecimiento por debajo de 1. Sin embargo, creo que la estimación correcta sería la de prever un crecimiento cero. En relación con la inversión pública, ya hemos hecho algún comentario; la inversión privada no depende del Gobierno, por lo menos en lo que hace a su estimación concreta. Si anuncié que habría algunos elementos que ayudarían a fomentar dicho tipo de inversión y en tal sentido estamos señalando la posibilidad de extender el mecanismo de capitalización de deudas y, a la vez, creemos que la inversión privada podría tener un gran impulso, en la medida en que sean exitosas las propuestas de solución del endeudamiento interno, ya que algunos de esos caminos estarían sobre la base de dicha inversión.

SEÑOR DA SILVA TAVARES.- Sin duda, el señor Ministro ha manifestado todo lo que tiene que ver con la inversión privada. Sin embargo, todos sabemos que cuando se va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y con la banca extranjera acreedora, hay que presentar un plan completo en el que, si bien el equipo económico no lo domine al detalle, existan proyecciones de lo que será el incremento de la inversión. Pregunto, entonces, si existe ese plan de Gobierno en el que nuestro país tiene una proyección hacia 1990 y 1991, para ser presentado por la misión negociadora y en el que se den las pautas totales de la economía uruguaya o si dicho plan no fue elaborado.

SEÑOR MINISTRO.- Dicho plan depende, fundamentalmente, de la próxima ronda de negociaciones con la banca acreedora. Tenemos una idea al respecto, pero reitero que ello depende fundamentalmente de los caminos que elija la banca acreedora, para lo que ya se han presentado distintas opciones y en las próximas conversaciones, seguramente habremos despejado bastante este tema.

SEÑOR CASSINA.- Si me permite el señor senador Astori, antes de que él haga uso de la palabra, deseo pasar a otro tema que completaría la inquietud planteada por el señor senador Gargano, en cuanto a que esa partida de N$ 30.000 o N$ 35.000 mensuales, que por un período de cinco o seis meses sería entregada a las familias de menos recursos. En una intervención anterior –que creo que fue del señor Ministro- creímos entender que la partida a que hacemos referencia se daría a aquellas familias cuyos ingresos estuvieran en alrededor de dos salarios mínimos nacionales. Consulto al señor Ministro si no entendí mal.

SEÑOR MINISTRO.- Cuando hablamos de que es por debajo de dos salarios mínimos nacionales, nos referimos al sistema de Asignaciones Familiares. Pero, cuando hicimos mención a la partida de N$ 30.000 o N$ 35.000, estábamos pensando en 120 ó 150.000 familias, número en el que no necesariamente entran aquellas que estén por debajo de dos salarios mínimos nacionales. Sin embargo, en último término, el límite dependerá del monto de los recursos que se obtengan; quiere decir que no necesariamente deben ser dos salarios mínimos nacionales ya que volcaríamos todos los recursos hasta donde alcance.

SEÑOR ASTORI.- deseo pasar a otro tema que es el siguiente. en esta propuesta se ha partido del objetivo de reducir la inflación, cuya única causa –aparentemente- es la del déficit fiscal.

Declaro desde ya que no voy a intervenir discutiendo sobre esta interpretación, porque creo que no corresponde hacerlo ahora; no estoy de acuerdo con ella, pero intento situarme en la propia lógica del proyecto, es decir, trato de suponer que el objetivo es la disminución sustantiva de la inflación existente en el Uruguay, y que su causa fundamental, reitero, es el déficit fiscal, por lo que me gustaría hacer una reflexión de este orden, pidiendo naturalmente la opinión del señor Ministro, ya que de eso se trata, o sea, de esclarecer un poco los factores que tuvo en cuenta el Gobierno desde este punto de vista.

Aquí se ha presentado un verdadero conjunto de medidas fiscales que tienen un componente tributario y uno que no lo es, en el sentido de que cuenta con disposiciones legislativas, en el ámbito tributario –que son los que están en el proyecto enviado- así como también disposiciones administrativas que no pasarán por el Parlamento, las que el señor Ministro tuvo la deferencia de anunciarnos, en algún caso estimando su recaudación y en otros no y, por otra parte, existe otro conjunto de medidas administrativas referidas a la reducción del gasto.

En términos muy gruesos, dijimos –contando con el asentimiento del señor Ministro- que este conjunto de medidas alcanza una cifra aproximada de U$S 500:000.000. Si suponemos que de esos U$S 500:000.000, U$S 80:000.000 corresponden a la reducción de gastos, unos U$S 420:000.000 están respondiendo a medidas legislativas o no de incremento de ingreso, entre las que se encuentra, por ejemplo, suba de tarifas de las empresas públicas. No sé con qué cifras se ha trabajado en materia de incremento de tarifas; tal vez el señor Ministro pueda ofrecer algunas cifras. Pero si esto estuviera en el entorno de los U$S 50:000.000 o U$S 60:000.000 –y le solicito al señor Ministro que me interrumpa y me corrija si ello no es así- por incremento de tarifas, de los U$S 420:000.000 restantes tendríamos algo así como U$S 360:000.000 por vía impositiva, llámese materia legislativa o administrativa.

Decíamos, entonces, que esos U$S 360:000.000 –reitero que en cifras muy groseras- que corresponden a impuestos modificados o creados a partir de este proyecto, y a medidas que el Poder Ejecutivo puede tomar administrativamente, como por ejemplo, la tasa estadística a las importaciones –si es que se tomara- o la baja en la devolución de impuestos a las exportaciones –si es que se tomara; no estoy afirmando que ello se haga sino que consulto al respecto- lo que hay que tener en cuenta de alguna forma, son los impuestos clasificados según sus efectos.

Quien habla los ha dividido en tres grandes categorías con las que se puede estar de acuerdo o no: algunos gravan a los asalariados y a los pasivos, otros al capital y unos terceros se trasladan directamente a precios.

Al respecto, debo decir que me preocupan mucho las cifras tremendamente importantes de la parte impositiva que se traslada a precios.

Voy a exponer aquí los cinco integrantes que tengo en la columna de trasladables a precios. Quisiera preguntar al señor Ministro si comparte esta categorización y qué efectos ve él con respecto al impacto inflacionario que puede causar este mismo paquete que dice combatir la inflación.

En primer lugar, tenemos el IVA, que como es obvio es trasladable al precio, con una estimación de dólares 19:000.000, según lo indica el propio señor Ministro.

En segundo término, están las aportaciones jubilatorias patronales, estimadas por el señor Ministro con dólares 67:000.000. En tercer lugar, el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, que si bien es un impuesto directo, todos sabemos que también es trasladable a precio, porque en virtud de la gran elasticidad que actualmente existe en términos generales, quienes deben pagarlo lo incluyen entre sus costos y trasladan su efecto. El señor Ministro ha estimado el aumento en U$S 20:000.000.

No me quedó claro con qué cifra de incremento de IMESI trabaja el señor Ministro; ya ha calculado unos U$S 21:000.000 pero se me puede corregir.

SEÑOR MINISTRO.- Nosotros hemos estimado U$S 10:000.000.

SEÑOR ASTORI.- Entonces, transformamos esos U$S 21:000.000 en U$S 10:000.000.

A esto agregamos el probable aumento de los recargos a las importaciones por la vía de la "Tasa Estadística", que si no escuché mal, el señor Ministro ha estimado en dólares 33:000.000.

Todo ello me da una cifra –luego de corregir lo relativo al IMESI- de U$S 150:000.000. Creo que esto se va a trasladar inmediatamente a los precios, si es que el proyecto se aprueba tal como viene, y me parece que tendrá un enorme impacto inflacionario en el país.

Debo agregar, además, el incremento de tarifas y elijo, en particular, la de los combustibles, que tiene un gran efecto difusor en la economía uruguaya.

Quisiera saber –y pido disculpas por lo extenso- cómo concibe el señor Ministro este impacto inflacionario que, a mi juicio tendrá el proyecto, cómo se encuadra dentro del objetivo de combatir la inflación. Pregunto, concretamente, si no existe una contradicción básica, fundamental y esencial entre los objetivos perseguidos y las medidas que se implementan en este proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Sin perjuicio de discrepar con el señor senador Astori con respecto a que varios de los impuestos que señaló son trasladables a precios –creo que no hacen al fondo del asunto- y dejando de lado el volumen de las cifras, creo que es importante que el señor Subsecretario dé la explicación correspondiente a la posible incidencia de estas medidas en el aspecto inflacionario.

SEÑOR DE HAEDO.- La estimación del señor senador Astori en el sentido de que en términos generales, más allá de redondeos de cifras, este ajuste implica mayores impuestos por U$S 350:000.000 o U$S 360:000.000 es correcta. Lo que olvida el señor senador es que existe un impuesto que es ilegal, que el el más injusto, el que ataca a los sectores más carenciados del país y que es el que vamos a empezar a recaudar cada vez menos; me refiero al impuesto inflacionario. El año pasado, con una tasa de inflación del 90% y una base monetaria del 3.3% del producto, se recaudaron dólares 252:000.000 por concepto de este impuesto. Este año, suponiendo que la base monetaria será la misma, con una tasa de inflación del 50%, sólo recaudaremos dólares 140:000.000. ES decir que estamos reduciendo en dólares 112:000.000 el impuesto inflacionario, que, como todos sabemos, está fundamentalmente dirigido a los sectores más necesitados de la sociedad. Este impuesto sí trae costos sociales.

Es importante decir –como ya lo sabemos, porque por definición es así y es una igualdad contable- que la brecha fiscal se cierra siempre "ex post"; el déficit fiscal, a posterior del período, se cierra, pero si no elegimos con qué impuesto hacerlo, siempre entra en juego el impuesto inflacionario.

Por otra parte, recordando que al principio de su exposición el señor senador Astori señaló que si bien no compartía algunos supuestos implícitos en todo esto, trabajaría sobre la base de esos impuestos, quiero decir que uno de ellos es la relación de causalidad entre el déficit fiscal y la inflación.

Podemos discutir más tarde la propiedad de esa relación de causalidad pero debo expresar que en ese contexto los impuestos nunca son inflacionarios, porque tienden a reducir el déficit fiscal y, por consiguiente, disminuye la necesidad de emitir dinero que, en última instancia, es lo que causa la inflación. Reitero, entonces, que por definición los impuestos nunca son inflacionarios.

Con respecto a que lagunos de los impuestos sean trasladables a precio, creo que es un hecho discutible. Un empresario puede trasladarlos a precios si el mercado se lo permite. En lo que tiene que ver con los productos exportables, el mercado interno recibe el precio internacional y no puede trasladar a precios el impuestos; tampoco se puede hacer eso con la exportación. De igual manera, no se puede hacer esto con los importables, excepto en aquellos casos en que se aumenten las tarifas a la importación.

En el caso de los bienes no transables –que es la mayor parte de los bienes y servicios- sólo podrán trasladarse a precio estos impuestos si existe una cantidad de dinero dispuesta a conseguir esos bienes, es decir, a comprarlos. Si esa cantidad de dinero no existe –y aquí tenemos el tema de la política monetaria, que en este momento no ha sido puesto sobre la mesa- el impuesto no podrá ser trasladado a precios.

SEÑOR ASTORI.- Simplemente deseo formular una pregunta adicional a fin de confirmar o no el tema planteado.

¿Debo deducir que el equipo económico, encabezado por el señor Ministro, entiende que ni el IVA, ni los aportes patronales, ni el Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio, ni el IMESI, ni el aumento de los recargos a la exportación son inflacionarios? ¿NO van a producir impacto inflacionario en el Uruguay? ¿Puedo deducir eso?

SEÑOR MINISTRO.- No, señor senador; esa deducción no es correcta. Nosotros manifestamos que alguno de esos impuestos podrían no ser trasladables a precio, aunque otros, sin duda lo serán. Discrepamos con la cantidad de U$S 150:000.000 que señalaba el señor senador Astori.

El señor senador se ha referido al Impuesto a la Renta de las distintas empresas; pienso que éste podría ser trasladado en la medida en que se admitieran mayores precios y, si así fuera, esos precios ya estarían fijados en el día de hoy.

SEÑOR ASTORI.- ¿Puedo preguntar, entonces, cuáles son los impuestos que el equipo económico entiende que van a ser trasladados a precios y cuáles no?

SEÑOR MINISTRO.- Creo que no es posible decirlo con claridad. Seguramente el IVA será trasladado a precios, pero es posible que empresarios de determinadas áreas cuyos precios se encuentren en el límite, decidan absorber, y pueden hacerlo. Doy el IVA como ejemplo, pero creo que ocurre lo mismo con varios de los impuestos. En el caso del IMESI, esto también es claro. Puedo decir, incluso, que algún importante sector empresarial nos ha comunicado su decisión de absorberlo, porque lo puede hacer. Por ello es difícil estimar, dentro de cada impuesto planteado, qué parte será trasladada a precio y qué parte no, aunque admito que impuestos como el IVA y el IMESI serán fundamentalmente trasladados a precios. Sin embargo, supongo que el Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias, en términos generales, no será trasladado a precios.

SEÑOR DE HAEDO.- El hecho de que sea trasladable a precios no quiere decir que sea inflacionario. Ello implica un cambio en precios relativos de aquellos sectores empresariales que puedan trasladar el precio al mercado, al consumidor.

Reitero que eso no es inflacionario. Podrá ser o no trasladable. Eso no podemos saberlo porque no tenemos un conocimiento pleno de cada mercado de los miles que hay en el Uruguay. Lo que sí tenemos que confirmar una vez más que por definición, en los supuestos que estamos trabajando –obviamente, creemos que son los correctos- un impuesto nunca es inflacionario.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite señor Presidente?

Comparto lo expresado acerca de la estructura de costos de una empresa –es decir, que tiene varios factores de ajustes, entre ellos, sus utilidades. Asimismo, estoy de acuerdo que esto significa una concreción, por la vía monetaria, lo que hará que probablemente cada empresa trace su estrategia para acomodarse a las circunstancias.

Ya que estamos formulando preguntas acerca de metas, cuando se le pide al Parlamento un incremento de los tributos, cuando no se tiene conocimiento aún de cuál es el plan quinquenal de gastos del Gobierno –aspecto que el Parlamento conocerá algunos meses en adelante- personalmente refuerzo mi preocupación acerca de la forma como podremos acotar este ajuste para que no se consolide un mayor tamaño del Estado por la vía más efectiva, que es incrementar o consolidar sus ingresos. Naturalmente que es aspiración de todos el reestructurar el Estado, pero la tendencia al crecimiento de éste no es autóctona ni es de ahora.

En concreto, me gustaría conocer –acaso esta no sea la oportunidad- una estimación del Gobierno acerca de cuál es su plan de gastos en estos cinco años, como así también en cuanto él estima que el proceso de transformación del Estado, en especial de la Seguridad Social que tal vez sea el primero que vamos a atender- le va a reportar de ahorro en el quinquenio, como forma de discutir con el Gobierno un acotamiento de estos recursos en el tiempo. Por supuesto que está en el espíritu de todos detener la inflación. Estoy de acuerdo en que ese es el impuesto más gravoso y, en ese sentido, los que menos tienen son los que peor se defienden.

Por otro lado, hay que asumir el hecho de que luego vienen las naturales presiones, esto es, en ocasión de tratar el Presupuesto. Quienes hemos vivido del otro lado del mostrador conocemos esto muy bien.

Por lo tanto, desearíamos poder discutir una fórmula que nos asegurara que estas presiones van a tener un coto por el lado de los ingresos, porque si los dejamos consolidados esas presiones tarde o temprano vencerán, tal como ha acontecido en el país a lo largo de toda su historia.

SEÑOR MINISTRO.- Si me permiten, quisiera afirmar que ya el proyecto envía algunos impuestos a aplicar por una sola vez. Por otro lado –y creo que es lo más importante- la primera manifestación pública, a nuestro juicio muy clara que ha hecho el Gobierno al asumir, ha sido la de comprometerse para obtener una reducción de los gastos y, en ese sentido, ha demandado a todas las oficinas públicas a que de inmediato inicien un estudio en esa materia.

Por el momento puedo dar la más altas seguridades en cuanto a los objetivos del Gobierno y, fundamentalmente del Ministerio de Economía y Finanzas, en atacar frontalmente la reducción de gastos. Estamos absolutamente convencidos que ese es el camino. Si los gastos se pudieran derogar como se crea un impuesto, no estaríamos planteando la creación de tributos, sino que estaríamos derogando gastos.

Reitero que quiero dar esa tranquilidad, sin perjuicio de que en su momento enviemos los proyectos de ley necesarios o pertinentes.

SEÑOR HUGHES.- Quisiera plantear o recapitular, respondiendo a la inquietud del señor representante Atchugarry, lo que es el marco con el que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que asesora al Presidente de la República en materia presupuestal, se va a mover.

Del debate que se está llevando a cabo en Comisión está implícito que el objetivo es combatir la inflación –tema al que se ha referido con mucha elocuencia el economista de Haedo- elemento aquél que castiga muy seriamente a los sectores de menores ingresos y es obvio que frente a ese impuesto no se pueden defender. No obstante, el Gobierno está proponiendo el instrumento del ajuste fiscal. La baja de la inflación no es un objetivo "per se", sino que es una aspiración de la comunidad en su conjunto, expresada a través de lo que los ciudadanos comentan o dicen cada vez que se les pregunta qué es lo que quieren. La gente quiere tener mejores ingresos y que las cosas no cambien de precio todos los días. Lamentablemente eso no lo podemos decretar. Si eso fuera factible ya se hubiera firmado el decreto en el sentido de que los ingresos aumentarían y los precios no cambiarán de valor. Como es sabido, la economía es más complicada que todo esto; se trata de un complejo manejo de la política fiscal y monetaria, para lo que el Gobierno está decidido a llevar adelante esta medida de bajar la inflación para dar, en primer lugar, estabilidad a los ingresos de las familias.

Pero, por otro lado, el combate de la inflación tiene como segundo objetivo el dar estabilidad al sistema económico en su conjunto y, fundamentalmente, a las expectativas de los agentes económicos, desde el punto de vista de la inversión. No es necesario que yo diga ahora que el Gobierno y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto saben que nuestros dos vecinos son un ejemplo muy elocuente de cómo la inflación opera como un factor de desajuste en el sistema económico, haciendo que todas las categorías de a relación social se alteren. Por tanto, en ese marco no es factible que un país reciba inversiones por parte de sus nacionales o extranjeros con vistas al desarrollo de actividades comerciales, industriales, o de cualquier otra naturaleza, inversiones que constituyen el motor de ese desarrollo.

Reitero, pues, que el objetivo de hacer bajar la inflación no es un objetivo "per se", sino qu es un objetivo de la política económica a los efectos de brindar estabilidad al sistema.

Naturalmente que aquello que tiene que ver con gastos se conecta asimismo con otros instrumentos que hacen a la lucha contra el déficit, como es el de la renegociación de la deuda, para lo que el Ministro ya ha participado en las misiones que tuvieron lugar en los meses de diciembre y enero. El fin es que el país encuentre una solución de largo plazo y lo más razonable posible, con abatimiento del costo del peso de la deuda externa sobre la economía nacional en su conjunto.

El otro gran tema lo constituye la Seguridad Social. En ese sentido, en el día de la fecha se va a remitir un proyecto de ley, que es complementario de los instrumentos de coyuntura y que conjuga normas de modificación de las bases del sistema con algunos de los lineamientos que han trascendido por estos días en la prensa, es decir, edad mínima jubilatoria, base de cálculos del haber jubilatorio y otras medidas conexas.

Este componente del gasto de la transferencia del Estado tiene incidencia importante en el no cierre de las cuentas públicas.

Ahora, en lo que tiene que ver con el gasto público, en los próximos dos meses trabajaremos con los contadores principales de todas las dependencias de la Administración Central.

También trabaremos contacto con las empresas del Estado y las Intendencias a los efectos de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias con el objetivo del abatimiento del gasto. En ese caso este no es un objetivo en sí, sino que también pretendemos –y para ello vamos a realizar reuniones colectivas e individuales y se tendrá que concurrir al Parlamento a exponer los lineamientos generales- dotar de racionalidad a todo el conjunto de medidas, ya que muchas veces el ciudadano tiene la sensación de que hay gasto estatal inútil e insuficiente.

En algunas circunstancias faltan servicios que el Estado razonablemente debiera prestar y no lo hace porque no tiene la asignación de la partida de recursos correspondiente y, en consecuencia, el ciudadano no recibe eso porque otro no se lo puede brindar. En otros casos, el ciudadano que es el que paga la cuenta tiene la sensación de que están montadas oficinas, servicios y que hay dependencias estatales que no cumplen un servicio importante o lo hacen de una manera dispendiosa.

En el tema de la inversión pública tenemos la intención de instruir a todas las dependencias para imbuirlas de la conciencia de costos. La inversión no es plantearse cuánto se puede gastar y poner un número, sino que se debe tener en cuenta la asignación de recursos escasos en una economía con vistas a producir un bien o servicio tal que lo que retorne en términos económicos, estimado desde el punto de vista social, o en el caso de las empresas en lo que tiene que ver con un aspecto económico muy estricto, lo que se ha gastado.

Eso no es fácil en algunas de las inversiones del Estado, pero vamos a poner un énfasis muy intenso en crear la conciencia de que en todas las dependencias del Estado se haga una planificación a fondo de todos los recursos con que se cuenta. Eso será a los efectos de que la economía uruguaya, por encima de lo que ha sido en los últimos veinte o veinticinco años. El bajo desempeño de la economía uruguaya de los últimos treinta años no puede estar desligado de algunos criterios erróneos en la asignación de las inversiones.

En ese marco encararemos nuestra actividad.

SEÑOR DA SILVA TAVARES.- A los efectos de encuadrar lo que será el plan de gobierno, me gustaría tener información relacionada con la política cambiaria, es decir el establecimiento relativo de la tasa de cambio, actual, y cuál sería la política monetaria en relación con los índices de inflación proyectada o sea la retracción o expansión de la base monetaria. Finalmente, quisiera saber cuál sería para el año 1990 la tasa de interés real de la economía proyectada, si ella es positiva o neutra.

SEÑOR MINISTRO.- Para contestar esas interrogantes desearía que primero asumieran las autoridades del Banco Central y luego tener en su presencia la información correcta.

Para no dejar la pregunta totalmente desierta informo que en materia de política cambiaria pretendemos seguir con una política de flotación donde se tienda a mejorar la limpieza de la misma. Pero para entrar en le terreno de la política monetaria considero que deberíamos aguardar un poco.

SEÑOR ASTORI.- Intentaré incursionar en un ámbito que se refiere al efecto de este conjunto de propuestas que, reitero, tenemos que analizar en su conjunto y no específicamente a partir del proyecto de ajuste tributario. El tema es el crecimiento de la economía uruguaya o, mejor dicho, la evolución de la producción, en términos más generales. Con esto involucro el tema de la inversión pública y privada y el de la producción de bienes y servicios. Voy a intentar colocarme en la lógica del proyecto y me pregunta –sobre todo teniendo en cuenta las respuestas que se me dieron- se refiere al tema inflacionario. En ese aspecto creo que deduje bien porque se discrepó bastante con mi criterio de traslación a precios de una parte importante de los impuestos. Me baso en algunas afirmaciones tales como que los impuestos nunca son inflacionarios y que va a haber una nueva política monetaria en el país que originará una concreción importante en la circulación de medios de pago, con lo cual –si no entendí mal algunas respuestas que se dieron- no va a haber un campo propicio desde el punto de vista monetario para que estas medidas que se proponen sean inflacionarias.

La pregunta que deseo hacer es la siguiente. si se cumpliera todo esto, si el proyecto no fuera inflacionario, si no hubiera una traslación importante a precios o si habiéndola no provocara inflación, porque también se diferenció entre la traslación a precios y el concepto inflacionario, lo que depende de cómo funcionen las demandas de cada sector y del exterior, lo que a mi entender existe es un gran componente de demanda externa muy inelástica como la de los alimentos, bienes básicos y la canasta de vida que van a sufrir un impacto importante.

Si esto fuera así, creo que no se puede negar –quisiera saber el criterio del señor Ministro- que va a haber un importante incremento de costos de producción de las empresas sin que esto, en la óptico del equipo económico, sea trasladable a los precios, por lo menos en la medida en que creo que va a suceder. El equipo económico ha discrepado con mi punto de vista.

Pregunto: si hay incremento de costos de producción y eso no se va a reflejar en los precios, ¿no cree el señor Ministro que se va a originar una importantísima caída de la producción por esta vía? No quiero hablar de recesión porque existe desde hace veinte meses, es decir desde el segundo trimestre de 1988.

El señor Ministro me corregía hoy –creo que lo hizo bien- con respecto a la evolución de la inversión productiva y ahora estoy hablando de los resultados en materia de producción. La inversión productiva hace mucho más tiempo que está en una situación de no reproducción en le país o de mantenimiento de una situación de reposición e incluso por debajo. Pero en términos de resultados productivos, creo que estamos en recesión hace unos veinte meses aproximadamente. Mi inquietud es si más allá de la recesión, o sobre la misma, no va a quedar como un impacto muy importante a criterio del equipo económico, en materia de caída de la producción. Esto es, una disminución importante de la producción uruguaya, lo que en caso de verificarse afectaría enormemente las recaudaciones esperadas en materia de lagunos tributos que dependen de un nivel de actividad.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a contestar algunas de las preguntas y en lo que dice relación con los comentarios realizados por el economista de Haedo, oportunamente le cederé la palabra.

Nosotros no dijimos que no habría una traslación a los precios, pero discrepamos en cuanto al volumen, aunque no podremos decir en forma explícita cuál será ese volumen, porque dependerá, como expresamos muchas veces de la decisión empresarial, privada e individual, y en cada sector, de las posibilidades que ofrezca el mercado y de las que tenga la empresa de absorber o no las consecuencias de la medida.

Tiendo a creer que de acuerdo con el mecanismo actual, las empresas utilizan el máximo precio posible. De modo que este agregado a los costos, salvo aquellos que no tengan otra disyuntiva que trasladarlo, será absorbido por una parte importante de las empresas.

Creo que hay que distinguir entre dos etapas. En una de ellas va a pesar fuertemente este proyecto y otras medidas que se adopten en el futuro. En realidad, se va a atender a la preocupación del señor senador Astori, que es el crecimiento. Consideramos que quizás el elemento que más lo obstaculiza es la altísima tasa de inflación a la que ha llegado el país y a la que podría llegar si no se toman medidas de inmediato.

La inflación obstaculiza la inversión, y ésta es el elemento fundamental del crecimiento. Quiere decir que atrás de este proyecto y del resto de las ideas está el de mejorar las condiciones para obtener una inversión mayor.

SEÑOR ASTORI.- ¿Se ha estimado cuánto duraría la primera etapa?

SEÑOR MINISTRO.- No hay un límite exacto; estamos diciendo que a partir del mes de agosto la inflación entraría a decrecer, y estamos poniendo como meta el hecho de que en el último trimestre de este año la inflación pueda estar entre un 30% o 35%.

SEÑOR ASTORI.- Yo preguntaba en materia de crecimiento.

SEÑOR MINISTRO.- La etapa previa y no única condición sería esta reducción de la inflación. Paralelamente ya señalé algunos caminos a través de los cuales buscaremos atraer la inversión. Estas medidas podrán ser retiradas si se reduce la inflación y si la diminución del gasto ha dado sus primeros resultados. La consecuencia de su aplicación sería colocar al país en mejores condiciones para atraer inversión extranjera. Es obvio que, salvo la pública que tiene sus propias limitaciones, no se atrae a través de medidas directas, sino que hay que crear condiciones atractivas. De modo que a fin de año el país estaría en mejores condiciones en materia inflacionaria, y el año que viene se estaría reduciendo la presión fiscal, como consecuencia de haber obtenido los primeros éxitos en la aplicación de las medidas para reducir el gasto público, dentro del cual incluimos los requerimientos de la deuda pública. O sea que a mediados de 1991, la situación del país estaría mejor. Necesitamos también que se produzca un aporte en materia de confianza y credibilidad, para lo cual tendremos que dar –y daremos- los pasos necesarios.

SEÑOR ASTORI.- Teniendo en cuenta esto último que acaba de manifestar el señor Ministro, y ligándolo con una pregunta anterior que había formulado el señor representante Da Silva Tavares en materia de endeudamiento interno, acerca del cual el señor Ministro dio algunos plazos, información que luego profundizó cuando el señor senador Pereyra preguntó, si no me equivoco, por los pequeños y medianos deudores, me quiero referir al tema siguiente: si este primer gran impacto –que el señor Ministro reconoce que se va a producir- opera sobre un sector productivo que está muy endeudado, ¿que ocurrirá?

Nosotros hemos estimado en unos U$S 2.600:000.000, aproximadamente, el monto de la deuda interna. Es una cifra que se puede discutir, pero en los aspectos sustanciales no modifica la situación. La cifra que corresponde a la pequeña y mediana deuda, es muy pequeña pero vital para cada uno de los que la componen. La deuda está muy concentrada, el 50% de la misma está radicado en aproximadamente cien grupos económicos del país. Entonces, mi pregunta es si este primer gran impacto sobre un sector endeudado –cuya solución, por más rápida que sea, va a demorar algunos meses, porque si no se solucionó en cinco años no va a ser posible hacerlo en poco tiempo en términos deseables para el país- no va a originar una cadena de cierres definitivos, de quiebras no recomendables, en algunos casos, desde el punto de vista productivo, para el país, traumatizando a fondo el sistema productivo del Uruguay. Me permitiría comparar esta situación con los traumas de 1982, no porque ahora se esté haciendo lo mismo, sino desde el punto de vista de los efectos. Me pregunto si el daño a la economía uruguaya no sería irreversible, en el sentido de no poder esperar nada para el año que viene debido a un profundo resquebrajamiento del sistema productivo. es decir, si se suma la situación acumulada de endeudamiento al impacto de este conjunto de medias que ahora se proponen.

SEÑOR MINISTRO.- Obtendríamos ese panorama si dejáramos a la inflación seguir las tendencias actuales. Si fuera así, en un plazo relativamente corto se producirán quiebras, cierres y se desembocaría en un proceso de difícil salida.

Nosotros pensamos que el esfuerzo a realizar tendrá lugar durante un período corto. En lo que tiene que ver con el endeudamiento, cuando hablamos de plazos de sesenta o de noventa días, o el plazo necesario que administrativamente se requiera, es a los efectos de ubicarse en alguna de las soluciones que se ofrezcan. No es que quede todo solucionado al expirar dichos plazos. Luego habrá que ver quiénes han quedado afuera, y en este momento no incluyo, necesariamente, la preocupación del señor senador Pereyra en cuanto a los pequeños productores, porque el volumen de deuda no es un problema...

SEÑOR PEREYRA.- El problema es social.

SEÑOR ASTORI.- E individual.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero aclarar que cuando nos referimos a este tipo de endeudamiento, hablamos de uno mucho menor en volumen. Estamos tomando en cuenta el sobreendeudamiento que viene de años atrás, no del total de las empresas de hoy. En fin; creo que las empresas están sufriendo no sólo por el endeudamiento, sino que comparto con el señor senador Astori la tesis de que la recesión ya comenzó a insinuarse alrededor de veinte meses atrás. O sea que dichas empresas están sufriendo no sólo un sobreendeudamiento, sino un período de recesión que ya no es corto. Pro eso no se puede demorar la cura de esta situación. Puede existir el riesgo de que un número de empresas quiebra o se vea afectado seriamente en sus posibilidades de continuar en el futuro, pero no creemos que el volumen sea de importancia y, en el caso de que esta situación se plantee, se buscarán soluciones complementarias.

SEÑOR DE HAEDO.- Voy a complementar la respuesta del señor Ministro.

El señor senador Astori se preocupaba acerca de la eventual gran caída del Producto Bruto Interno, que podría registrarse en el año en curso. En general, los economistas decimos que los precios son vehículos de información. Entonces, cuando menores distorsiones se ocasionen en el sistema de precios, más sano es el funcionamiento del mercado.

Les propongo comparar la situación de dos países que tengan una inflación del 5% y del 90% respectivamente, un empresario en cada uno de esos dos escenarios, un consumidor, un asalariado y un jubilado. ¿Cuál es el verdadero precio relevante de cada uno de esos agentes económicos? Los precios trasmiten información y es por eso que tenemos que darle un marco estable y permanente a la economía, llegando a tasas de inflación acordes con las que tienen los países exitosos del mundo. Precisamente es ese marco estable y permanente el que va a alentar la inversión del sector privado. No tenemos que hacerlo en forma dirigista, otorgando privilegios que ya han pasado de moda en la historia uruguaya; tenemos que proporcionar reglas claras y permanentes para que el sector privado invierta. Es éste el que realmente sabe del negocio y no nosotros que trabajamos en el sector público. Esa mayor inversión privada va a ser la que generara un mayor crecimiento del producto interno.

Una de las variables que influye en el nivel de actividad, es la inflación.

El señor senador Aston recordaba que la recesión -a su juicio- ya lleva veinte meses. Comparto esa estimación y lo recuerdo también que ya lleva veinte meses el crecimiento de la tasa de inflación. No es casual que ambas variables se den simultáneamente: recesión e inflación.

Por último quisiera decir que no puedo dejar pasar una comparación que el señor senador Astori hizo entre los escenarios de 1982 y 1990. No puedo admitir que se comparen estos dos años, porque precisamente l982 fue un año de gran déficit fiscal, quizás el mayor de la historia uruguaya: el l8% del producto. Esto fue consecuencia de una política absurda y de una sobrevaluación cambiaria sin precedentes en la historia uruguaya. El escenario en que nos encontramos ahora es absolutamente diferente, con una política cambiaria que ha sido razonable en los últimos años y que más o menos vamos a mantener y con un ajuste fiscal por delante que quizás tampoco tenga precedentes en el pasado inmediato.

SEÑOR ASTORI. - No puedo dejar pasar esto comentario del señor de Haedo sin decirle que mi intención no era comparar las medidas -como lo aclaré anteriormente- sino los efectos que, a mi juicio van a tener en el ámbito productivo. Ya que mencionó que 1982 fue un año de gran déficit fiscal -cosa que comparto- me permito agregar que fue el mayor de la historia del Uruguay contemporánea desde que se llevan estadísticas. Ya que estamos discutiendo torlo esto quiero recordar que la inflación en el año 1982 fue del l9%. Esta reflexión es a los efectos de tenerla en cuenta para el posible debate entre la relación de déficit fiscal e inflación.

SEÑOR DE HAEDO. - Creía que había temas que entre economistas estaban superados, como es el de la relación entre el déficit fiscal y la inflación. Hay un tercer elemento que es el funcionamiento de déficit que no hay que olvidarlo. En 1982 el déficit fue del 18% del producto pero el endeudamiento neto del sector público con el exterior fue de U$S 1.700:000.000. Obviamente, si no se hubiera financiado con endeudamiento ese déficit, hubiéramos tenido una inflación del 2.000% o 3.000%. De la misma forma, si el año pasado no se hubieran emitido Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería por encima de lo establecido en el programa financiero a corto plazo, y si no hubieran aumentado los depósitos voluntarios la banca privada y el Banco República en el Banco Central, la inflación hubiera sido del 200% y no del 89% como fue.

lndudablemente -esto realmente está superado entre economistas- la relación entre déficit fiscal e inflación es directa siempre y cuando sea considerada la forma de financiar el déficit.

Puede haber años sin déficit y con inflación si esta última fue consecuencia de la compra de reservas.

Es decir que el país amortizó deudas en términos netos. Contrariamente, puede haber un déficit fiscal muy abultado, como lo fue en 1982 -que los contadores Curiel y Astori ponen como ejemplo- y una inflación del 20%, que también es récord hacia abajo en los últimos treinta y cinco años; pero, repito, esto fue consecuencia del endeudamiento neto del sector público y en especial la pérdida de roservas fue del orden de U$S 1.700:000.000.

SEÑOR ASTORI. - No me olvidaba que el financiamiento del déficit es importante y me place que lo haya recordado el economista de Haedo porque una de las cosas que vamos a sostener en esta Comisión, es que la propuesta del Gobierno no es la única manera de financiar el déficit fiscal del país, sino que hay otra.

Tal como dice el señor de Haedo es muy importante tener esto en cuenta; por esta misma razón, creemos que esta país debe recorrer otros caminos distintos a éstos que, a nuestro juicio no van a alcanzar los objetivos propuestos, por algunos argumentos que oportunamente expondremos.

Sin duda alguna, el camino que se elija para financiar el déficit es tan relevante como el déficit mismo.

En cuanto a la afirmación de que la relación entre el déficit fiscal y la inflación es una discusión superada entre economistas, diré que respeto mucho la opinión del señor de Haedo, pero yo opino que es absolutamente lo contrario: no es una discusión superada, no es general para el universo, sino que depende de cada país y que aquí, en uruguay, está por verse qué relación hay entre déficit fiscal e inflación.

A la inversa, nosotros nos proponemos discutir esa relación que no creemos superada, sino que pensamos que ésta abierta y lejos de decretar su terminación, debemos argumentar y debatir con estadísticas acerca de la relación realmente existente entre ambas variables.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Todas las fuerzas políticas acá representadas tienen por objetivo final el crecimiento del producto y el mayor desarrollo del país.

Supongo que lo que estamos discutiendo son los instrumentos. La meta de reducir el déficit de este año a 2,5% es acompañable en la medida y en la forma que los instrumentos que se planteen sean los más razonables.

De las palabras del señor Ministro se puede concluir que el grueso de los instrumentos que se van a utilizar a esos efectos, es el aumento de la presión tributaria.

Tengo la impresión, por lo menos en la cuenta inicial, de que no se ha tomado en cuenta todo el peso que supone la reducción del costo de las Letras de regulación monetaria que el señor de Haedo estimó en U$S 40:000.000 o dólares 50:000.000. También observo que el señor Ministro no estima pertinente utilizar algo que, a mi juicio, es aplicable; me refiero a las reservas, que disminuyen no sólo el costo social sino, también, los peligros de recesión en la cual el país se encuentra hace ya algunos meses, por razones internas o externas. En definitiva, estamos disminuyendo consumos que anteriormente financiábamos; ahora, al recurrir a recursos genuinos, de alguna manera achicamos el consumo, por lo menos en un corto plazo.

Se trata de un camino a recorrer si queremos una reordenación de la economía uruguaya hacia orientaciones de la inversión pública o privada que tienda a un desarrollo más sano. Parecería que en un corto plazo el riesgo es cierto y es por eso que nos permitimos asistir en la evaluación de este recurso de la disminución de las Letras de regulación monetaria. Sólo resta una medida de naturaleza política, que es la utilización, al menos parcial, de reservas.

En este enorme esfuerzo que le requerimos a la población, noto que el Estado acompaña muy poco. La cifra manejada para la reducción de gastos en este año, por más que se ha mencionado con reducción de evasión, es de dólares 80:000.000, frente a un aumento total de recursos de dólares 500:000.000. A nuestro juicio esos instrumentos manejados y la reducción del gasto estatal son exiguas frente al sacrificio que se está planteando a la población en su conjunto.

Aun dentro de ese esquema de reducción de gastos, vemos con cierta preocupación que, tal vez porque son los más fácilmente obtenibles, se pone el énfasis en la reducción de la inversión, con lo cual, tal vez, el proceso recesivo sea más alentado. Conocido es el efecto multiplicador y desmultiplicador que tiene la inversión. El grueso del gasto estatal está centrado no en la inversión sino en el gasto corriente, donde, por ejemplo, metas de reducción de personal no friccionales, no compulsivas, aceptando que hay un 3% anual de reducción natural, asumiendo que 33 años de vida promedio de un funcionario en la Administración, es un cálculo conservador que a veces llega a un 4% y considerando que al Estado le cuesta U$S 1.100:000.000 su personal, van a ser muy significativas. La experiencia indica que esto es muy difícil de lograr sin hacer reestructuras. Los organismos que las han sufrido, han tenido serias dificultades en reducir su personal. Siempre hay algún jefe que manifiesta que le falta personal. Es notorio que en aquellas áreas donde la Administración ha emprendido reformas, por discutibles que éstas sean, la reducción ha sido significativa, sin que se haya recurrido al despido ni a la jubilación preceptiva.

En definitiva, señor Presidente, no estoy reclamando la respuesta del señor Ministro ahora, porque todos asumimos el corto tiempo que ustedes han podido disponer; pero en el transcurso de la aprobación de este paquete, nos permitimos sugerir que se nos informe a propósito de medidas concretas de reducción del gasto estatal, más importantes que las planteadas con menor énfasis en la inversión.

A su vez, queremos traducir una preocupación. Se ha hablado del aumento a la protección industrial o, mejor dicho, se ha reclamado ésta por algún medio. Si nosotros a los consumidores les estamos cargando un peso importante y, además, agregamos la protección industrial, los efectos del consumo privado van a ser importantes. El aumento a la protección industrial supone un costo invisible; por lo tanto hay que tratar de defender el consumo privado a través de medios que traten de superar protecciones excesivas que van a gravar al consumo.

A nuestro juicio, señor Presidente, ponemos nuestro énfasis en utilizar otros mecanismos inteligentes que permitan llegar a las metas, reduciendo el peligro de recesión y, en especial, plantear al Estado que a corto plazo se prosiga con algo que fue muy caro en algún momento para nosotros, que es la transformación del Estado. Ahora se cuenta con las mayorías requeribles y, por lo tanto, es nuestra aspiración que el peso del ajuste sea reducido, por ser acompañado de mayor sacrificio en especial en el gasto corriente, por parte del Estado.

SEÑOR MINISTRO. - Tenemos una posición coincidente con el señor legislador Atchugarry en cuanto a la necesidad urgente de reducir el gasto público. Cuando hablamos de este teína incluimos las plazas para funcionarios públicos sin afectar los derechos de los mismos. Vamos a hacer esto lo más rápido posible.

En lo que a la materia presupuestal se refiere, vamos a tomar decisiones rápidas, pero aún así las necesidades más urgentes no podrán ser llevadas a cabo dentro de este período corto en que estamos planteando el ajuste.

Por otra parte, señor Presidente, compartimos la necesidad de obtener recursos a partir de nuestras reservas; pero consideramos que bastarán unos pocos meses para llegar a un acuerdo de reducción de la deuda externa y, por consiguiente, no debemos avanzar en este tema.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite señor Presidente?

En el curso de su exposición el señor Ministro ha manejado más de una vez dos instrumentos: la negociación de la deuda y como consecuencia de ella -si ésta da resultados beneficiosos para el país- una reducción de las obligaciones del

Estado y, por otro lado, la utilización de las reservas. Esto se llevaría a cabo, tal vez, a partir de 1991 y no sería tomado en cuenta en 1990.

Se ha señalado, también, que las medidas que están a consideración del Parlamento más las otras que está manejando el Poder Ejecutivo -que no necesitan una ley para establecerse- van a procurar en el Ejercicio de 1990 una rebaja del 2,5% del producto. Se ha indicado, a su vez, que esas medidas son, a juicio del Poder Ejecutivo, estacionales, no permanentes. ¿La estacionalidad va a estar determinada por el uso de aquellos otros dos instrumentos, esto es, las reservas y la posible baja de las obligaciones financieras del Estado por la renegociación de la deuda y, por consecuencia, el programa para 1991 es el de mantener un déficit en el entorno del 2,5% o, tal vez, se está pensando en una cosa diferente?

SEÑOR MINISTRO. - Para el Ejercicio del año 1990 -suponemos que el acuerdo se va a producir algunos meses antes de finalizar este año y por consiguiente va a haber una decisión de las dos partes- tendremos otros elementos adicionales que nos permitirán avanzar en la reducción del déficit. Si además de la reducción de la deuda tenemos una rebaja en el gasto, iremos equilibrando la inflación a una tasa más baja y podremos ir reduciendo la presión impositiva. El primer año no podemos contar con esos recursos, porque previamente se requiere el acuerdo en torno a la deuda externa.

(Se retira de Sala el señor Ministro)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aprovecha esta interrupción para plantearle a la Comisión el procedimiento a seguir.

Ahora estamos en la etapa -como se solicitó en la última sesión- de recibir informes del señor Ministro respecto a las inquietudes de los señores legisladores.

Me parece -por el tipo de preguntas que se le formulan al señor Ministro y a sus asesores- que esa etapa de recabar información ya estaría cumplida o por cumplirse.

Posteriormente podríamos empezar con el debate en general del proyecto y su aprobación o rechazo. En caso de que éste fuera aprobado, entraríamos en una tercera etapa de análisis particular.

De modo que tenemos que saber cómo orientaremos los pasos próximos; o sea, si hoy damos por terminada la recepción de información que brinde el señor Ministro, y en qué momento la Comisión podrá encarar el análisis del proyecto en general.

Según sea el resultado de este debate y la votación, pasaríamos al examen del proyecto en particular.

SEÑOR ASTORI. - Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Presidente, pero me permitiría agregar un ingrediente

adicional. Pienso que, probablemente, estamos completando uma primera etapa de recopilación de información oficial.

Deseo dejar abierta la posibilidad de poder hacer en otro momento algunas interrogantes adicionales que podrían surgir, ya no a causa de nuestros propios puntos de vista, sino por el hecho de escuchar las reflexiones que efectúen en torno a este proyecto, algunas importantes organizaciones sociales del país.

Hoy debemos decidir sobre el pedido de audiencia de las Cajas paraestatales.

En este sentido, siento la necesidad de saber qué piensan sobre este proyecto la Cámara de Industrias, Federación Rural, Asociación Rural, Unión de Exportadores, PIT-CNT y algunos delegados de las asociaciones de pasivos.

Sé que esto último es un poco difícil de instrumentar pero, le solicitaría a los pasivos que designen alguna representación.

Creo que esta Comisión, lo digo con todo respeto, debe oír todas esas opiniones, porque en cada caso pueden estar viendo aspectos que nosotros no captamos y enriqueciendo, de esa manera, un debate sobre un tema que no en vano se ha calificado por el señor Vicepresidente de la República, como proyecto de ley más importante que, a juicio del Gobierno, se ha enviado al Parlamento.

Pienso que es responsabilidad de este Cuerpo escuchar esas opiniones, ir formando las suyas en base a las mismas. No sé si ubicar este aspecto antes del debate general o después. Me parece que correspondería hacerlo antes.

SEÑOR CASSINA. - Coincido con lo manifestado por el señor senador Astori.

Parece evidente que antes de ingresar al debate general para adoptar decisión sobre este proyecto de ley, la Comisión debe recibir otras opiniones que pueden determinar la neceisdad de formular consultas al señor Ministro y a sus asesores.

Por lo tanto, creo que la etapa de información a la Comisión no puede darse por cerrada de inmediato. Para nosostros es imprescindible conocer la opinión de las entidades empresariales –concuerdo con las mencionadas por el señor senador Astori- así como la de la organización obrera. Además, sería deseable oír la opinión de alguna organización representantiva de jubilados y pensionaistas así como las Cajas paraestatales de jubilaciones y pensiones, en tanto la aplicación de la reforma constitucional las afecta en igual sentido que al Banco de Previsión Social, planteándose la necesidad de contar con recursos para atender esas mayores obligaciones.

Declaro, para que se tenga conocimiento por el resto de los colegas, que estamos dispuestos a participar del régimen de trabajo a que nos instaba el señor Presidente de la Asamblea General en la sesión anterior de la Comisión.

En tal sentido, solicito que la Comisión no sesione mañana por la mañana porque creo que todas las bancadas parlamentarias tienen reuniones ordinarias. Nosotros necesitamos de esa reunión, además, a los efectos de informar a nuestros compañeros de bancada y, a su vez, recibir asesoramiento en función de los informes que hoy día se nos han brindado, de los integrantes de nuestro partido que nos asesoran en el área económica.

Por tal razón, y dejando constancia de que, salvo en la mañana del día de mañana, estamos dispuestos a trabajar el resto de la semana con las limitaciones que resulten del funcionamiento de la Cámara y de otras comisiones, creo que sesionar durante las mañanas, sería lo más prudente.

Por lo tanto, pienso que deberíamos ingresar de inmediato a la etapa de recibir las opiniones de las instituciones mencionadas por el señor senador Astori, comenzando, en todo caso, por quienes ya nos han pedido audiencia, que son las Cajas paraestatales de jubilaciones y pensiones, desde cuyos puntos de vista puede resultar la necesidad de volver a dialogar con el señor Ministro y sus asesores a los efectos de informaciones ampliatorias.

SEÑOR ABREU. - Precisamente tengo una inquietud de carácter metodológico por seguir escuchando las explicacionos que el señor Ministro viene dando respecto no sólo del proyecto de ajuste tributario que integra su política tributaria y fiscal y que, en todo caso, es parte de la política económica del Poder Ejecutivo sino, además, en los aspectos detallados de lo que es el articulado del proyecto de ley que estamos considerando.

Pienso que es tiempo de que nos aboquemos lo más pronto posible al tratamiento del proyecto, a recabar las opiniones que se están mocionando, en el sentido de que distintas gremiales y sectores de la economía del país tengan su voz en este pmyecto de ley.

A tal efecto, solicito que nos declaremos en sesión permanente.

Pienso que, sin perjuicio de los compromisos de bancada que se puedan tener para el día de mañana, tenemos la obligación de tratar este tema en forma rápida, profunda, a los efectos de que, como es solicitud e inquietud del Poder Ejecutivo, este proyecto de ley, más allá de las modificaciones que se lo puedan introducir, sea aprobado en el más breve plazo posible.

De más está decir que mientras nosotros trabajamos, la inflación sigue.

Como el Poder Ejecutivo está preocupado, precisamente, en que esta inflación descienda -más allá de la posición del señor senador Astori en el sentido de que estas medidas no sólo son beneficiosas sino que no son inflacionarias- urgiría a los compañeros, cortésmente, para que, sin perjuicio de que sean escuchados todos los sectores, podamos funcionar en régimen de sesión permanente, a los efectos de elevar el proyecto de ley para su discusión al Senado.

SEÑOR ASTORI. - Deseo sabor qué significa régimen de sesión permanente.

¿,Es todos los días?

SEÑOR PRESIDENTE. - La Comisión tiene libertad para fijar los días de sesión.

Se ha solicitado por parte de algunos sectores no efectuar reunión en el día de mañana; por lo tanto, quedaría para los días miércoles y jueves a la hora 9.

Pienso que hay dos elementos a tener en cuenta.

Primero, si se va a requerir el concurso del señor Ministro y sus asesores, porque va a llegar el momento en que tengamos que abocarnos a recabar la opinión de la propia Comisión.

Eso, sin perjuicio de volver a solicitar más adelante la colaboración del señor Ministro.

En segundo término, respecto de las audiencias que la Comisión pueda dar, me permito recordar que el Presidente que hoy subrogo, señor senador Ortiz, había manifestado, y creo que fue aprobado por la Comisión, con criterio general, que se hiciera un memorándum. Me acotan que no fue aprobado.

SEÑOR CASSINA. - En la sesión anterior el Presidente ad hoc, señor senador Ortiz sugirió que trabajáramos sobre la base de recibir momorándum de parte de los sectores interesados, evitando, en lo posible, tener que atenderlos en el seno de la Comisión.

Creo que ambos procedimientos son convenientes.

Sin perjuicio de que nos entreguen un memorándum quiero señalar que este es un Parlamento democrático y que, por lo tanto hace a la forma de cumplir cabalmente con sus funciones el recibir a todos los sectores interesados en determinado proyecto de ley y que deseen ser oídos.

Estoy seguro que el señor Presidente concuerda conmigo en esto.

Además, no es exactamente igual la información u opinión de los sectores interesados que se obtiene a través de planteamientos escritos que la que ofrece la posibilidad de cierto diálogo, no para discutir o deliberar con las delegaciones -no es ese el propósito- sino para preguntar a efectos de ampliar el conocimiento y los elementos de juicio que ellos tienen respecto a este tema.

El señor Presidente hizo referencia a la posible concurrencia del señor Ministro y sus asesores.

Creo que en las etapas en que la Comisión reciba a las delegaciones o sectores interesados en los temas que trata esta ley, la concurrencia del señor Ministro queda librada a su voluntad. Ahora sí, creo que sería importante contar con la presencia del señor Ministro y sus asesores en la etapa de deliberación de este proyecto en Comisión. Esta es una opinión personal.

SEÑOR ABREU. - Tengo una duda. Parecería que estaríamos discutiendo sobre la posibilidad de contar aquí en Comisión con la asistencia de determinados sectores representativos de la actividad económica del país, donde emitirían su opinión, que no es lo mismo que la solicitud de algunos sectores que tienen interés en ser recibidos.

A los efectos del procedimiento, considero que deberíamos saber ante quién se va a asesorar la Comisión, de quién va a recibir las distintas opiniones y de qué forma vamos a tratar las distintas solicitudes. Declaro que he recibido inquietudes, por ejemplo, de grupos de escribanos que tienen distintas dudas sobre la fecha cierta de la compraventa, así como también de las Cajas Bancarias o interbancarias. Asimismo recibí inquietudes de grupos más reducidos que, en ese ejercicio democrático al que hizo referencia el señor senador Cassina, también tendrían derecho a ser escuchados por la Comisión. La circunstancia de que sean pocos no quiere decir que no deban ser oídos. Quisiera saber cuál es el procedimiento que utilizará la Comisión, si se va a asesorar y quién va a decidir el que se reciba determinado pedido de audiencia.

En consecuencia propongo que sesionemos en régimen de Comisión Permanente, sin perjuicio de contemplar situaciones de fuerza mayor. Considero que la Comisión debería reunirse todos los días de mañana y de tarde. Si vamos a ser asesorados deberíamos cursar ya las invitaciones a quienes serán recibidos, comunicarles qué día nos vamos a reunir y por ende, tengamos consideración con el señor Ministro de Economía y Finanzas, ya que no escapa a nuestro conocimiento el de que seguramente tiene otras actividades.

Por lo tanto, entiendo que la Comisión debería trabajar en régimen de Comisión Permanente, de mañana y de tarde, decidir cuáles son los organismos o sectores que van a asesorar a la Comisión y que hayan solicitado ser oídos.

SEÑOR PRESIDENTE. - El problema de sesionar de mañana y de tarde radica en que el Senado tiene sesión el martes y miércoles. Al mismo tiempo están trabajando otras Comisiones.

El señor Secretario ha elaborado un borrador en el que se prevé la posibilidad de reunirnos el miércoles de mañana recibiendo a la Comisión de Inter Cajas que lo ha solicitado, a la Cámara de Industrias y a la Unión de Exportadores. El jueves de mañana recibiríamos al PIT-CNT, a la Asociación de Jubilados, a la Asociación Rural y a la Federación Rural.

También podemos invitar a la Cámara de Comercio para que concurra el día miércoles junto a la Cámara de Industrias.

Creo que el espíritu del señor senador Ortiz -si me permiten interpretarlo conociendo su larga trayectoria parlamentaria, no fue cercenar el derecho de las Asociaciones en el sentido de hacer oír su voz aquí, sino que es de buen orden que previamente presenten un memorándum, a efectos de saber qué es lo que vamos a discutir. Incluso en este tema de las Cajas Paraestatales por comentarios que hemos hecho algunos señores senadores tenemos duda sobre qué es lo que desean plantear y qué vinculación tiene su planteo con el tema que tenemos a estudio. Creo que es algo bueno teniendo en cuenta el poco tiempo de que disponemos- que nos hagan llegar un memorándum, donde expresen sucintamente sus puntos de vista.

De modo que ese sería el plan de trabajo de la Comisión para los días miércoles y jueves de mañana. En esa oportunidad veríamos cuáles son las etapas siguientes. Lo deseable sería entrar al análisis general del proyecto para tener la opinión de todos los sectores políticos y en caso de que la votación sea favorable pasar a la discusión particular. Para estas dos etapas ya queda invitado de pleno derecho el señor Ministro, para concurrir a la Comisión cuando lo estime conveniente y acompañado de los asesores.

(Ingresa a Sala el señor Ministro de Economía y Finanzas)

SEÑOR ASTORI. - ¿A qué etapas se refiere, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - A las subsiguientes: no a la de recibir delegaciones, sino a la etapa de discusión general y particular del proyecto, para la cual queda invitado el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO. - Quería recordar algo que dije al principio. Sin perjuicio de las etapas que se tienen que cumplir senalé el avance del deterioro de las finanzas públicas, que mientras hablamos sigue acrecentándose.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Comisión va a urgir el trámite de esto proyecto para que se estudie con la mayor brevedad posible, conscientes de la importancia que éste tiene para el país y la estrategia económica del Gobierno.

No habiendo más asuntos a considerar se levanta la sesión.

(Así lo hace a la hora 11 y 59 minutos)

Carp. N° 97/90
Rep. N° 8 Anexo II

Comisión de Hacienda

  

Sesión del día 14 de marzo de 1990  

  

ASISTENTES

Preside  

:

Señor senador Sergio Abreu -ad hoc-  

Miembros

:

señores senadores Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Federico Bouza, Carlos Cassina, Ignacio de Posadas Montero y Alberto Zumarán  

Asisten

:

Señor Presidente del Senado Gonzalo Aguirre Ramírez y señores senadores José Germán Araújo, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo y Jorge Silveira Zavala y señores representantes nacionales Armando Da Silva Tavares y Jaime Trobo  

Invitados especiales

:

Comisión Cajas Paraestatales del Uruguay, señores Yamandú D'Elía Correa, Hugo Fontaiña, Carlos E. Lacurcia, Luis Cáceres, Ramón Muiño y Mauro Russo, Cámara de Industrias del Uruguay, señores Nelson Cosontino, Elbio Jiménez Rimoldi y Andrés Jung; Cámara Nacional de Comercio, señores Ernesto Carrau, Julio Dalia Rosa y señora María Dolores Benavente de Lorenzo; Unión de Exportadores del Uruguay, señores Julio Franco, Conrado Olaso, Milton Reyes y Michelin Salomón  

Secretario

:

Señor Alfredo M. Alberti

SEÑOR PRESIDENTE (Doctor Abreu). - Está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 5 minutos)

Damos la bienvenida a la Comisión Intercajas Paraestatales del Uruguay que nos visitan con el objetivo de darnos su opinión respecto de algunas medidas relacionadas con el proyecto de ajuste tributario enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

SEÑOR D'ELIA. - Señor Presidente: queremos agradecer en nombre de la Comisión Intercajas integrada por las Cajas Profesional, Notarial y Bancaria la receptividad con que este Cuerpo nos ha recibido para oír nuestras inquietudes respecto de un tema que nos toca directamente y que tiene dos vertientes, pero una de ellas referida, totalmente, al aspecto económico. La misma hace a la obligación que tienen los Institutos de aplicar la reforma constitucional y la necesidad de contar con los recursos necesarios que la propia norma establece que deben ser genuinos y que se fijan en el 3,5% sobre los aportes, entre otros, del personal en actividad y de nuestros pensionistas y jubilados.

La Comisión Intercajas, obviamente, no se agravia ni se molesta por esta actitud sino que pura y simplemente pone el acento en que de acuerdo a la norma general, parecería que los fondos que vamos a recaudar, de no tomarse una medida específica sobre el particular, irían a Rentas Generales y no a los respectivos Institutos que se verían obligados a cumplir con la norma constitucional y carecerían de los recursos necesarios para hacer frente a ella.

Entonces, nuestro planteamiento, en cuanto a su formulación, es simple, ya que pedimos que, al igual que los recursos de esa naturaleza que se crean para el Banco de Previsión Social, sean destinados, específicamente, a cada una de las tres Cajas para cumplir concretamente con el fin para el cual fueron previstas.

Tratando de ser claros en nuestro planteamiento, nos hemos tomado la libertad de hacer una pequeña modificación en el formulario que se encuentra en poder de los señores senadores, en la parte que se refiere al artículo 16 y que contendría la norma modificada que haría viable que esos fondos vinieran a nuestros Institutos.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: quería consultar a nuestros distinguidos visitantes sobre la posibilidad de que ellos hubieran examinado algún otro tipo de recursos para cubrir las obligaciones mayores que las tres Cajas Paraestatales van a tener, como consecuencia de esta modificación constitucional aprobada en la última elección nacional.

Según entiendo, en el planteamiento que ahora formulan y del que tenemos un memorándum, solicitan que el proyectado aumento del 3,5% del aporte patronal y también el proyectado aumento del 3,5% del llamado impuesto a los sueldos, en lo que refiere a los afiliados de las tres Cajas sea vertido a ellas o permanezca en sus arcas, a efectos de cubrir esas mayores obligaciones.

Pregunto, además, si las mayores obligaciones o los mayores egresos que las tres Cajas tendrán como resultado de la aplicación de la modificación constitucional del artículo 67 de la Carta, se cubriría con estos recursos y, en caso de ser así, si tienen una estimación de los mayores ingresos que necesitan cada una de las tres Cajas para 1990 y 1991, a efectos de que la Comisión pueda manejarse con un mayor conocimiento de las reales necesidades de los tres organismos.

SEÑOR D'ELIA. - Señor Presidente: en el día de ayer estuvimos trabajando sobre el tema pero no tuvimos tiempo de completarlo a los efectos de presentarlo en la mañana de hoy para conocimiento de los señores senadores.

Hemos tenido en cuenta las cifras en lo que tiene relación con el producido del impuesto y la incidencia del mismo en este ejercicio y en el próximo.

La realidad de las tres Cajas, desde el punto de vista económico, difiere por sus propias características.

Por ejemplo, en la Caja Bancaria la tributación que ya se produce es extremadamente alta, estando fijada en un 16% de los aportes del personal y un 24,75% en la parte patronal. Vale decir que es muy difícil realizar aumentos por esa vía. Entonces, se entendió que era lógico mantener el monto de las contribuciones actuales y derivar éstas que se crean con un fin específico, a la finalidad que está prevista.

En la tarde de hoy seguramente vamos a tener los informes numéricos, que vamos a hacer llegar, con mucho gusto, a cada uno de los señores senadores.

SEÑOR CASARES. - Señor Presidente: el Banco de Previsión Social, de acuerdo con el proyecto, tiene tres recursos adicionales: el aporte patronal del 3,5%, el impuesto a las retribuciones y los cinco puntos de tasa básica. Lo que se solicita es nada más que el producido del impuesto a las retribuciones personales.

SEÑOR RUSSO. - Señor Presidente: queremos hacer hincapié de que se inicia, si no tenemos los recursos que la propia enmienda constitucional prevé, o sea, recursos genuinos que deben ser afectados específicamente a este destino, en el caso particular de nuestra Caja, un proceso de utilización de reservas que a muy corto plazo llevará a la total descapitalización de nuestros Institutos.

Deseo hacer este llamado de alerta para todo un grupo de la Previsión Social nacional, ya que se ahondaría mucho más el problema que actualmente se vive a nivel general en los otros institutos jubilatorios.

Esta no es una solución querida para nadie, pero en la realidad de los hechos, sin tener los recursos específicos para solventar este aumento de las pasividades, se acarreará dificultades a nuestro Instituto y a los que nos acompañan.

SEÑOR D'ELIA. - Quisiera abundar en un detalle que es importante. La economía de la Caja ha sido muy cuidada, ya que hemos tratado de mantener un equilibrio que actualmente se ha tornado en algo inestable, ya que la Caja Bancaria está sufriendo una situación muy particular.

Cuando con un espíritu muy sano de justicia se aprobó la Ley de Destituidos Nº 15.783, la Caja Bancaria fue el único instituto que no tuvo cesión de recursos para hacer frente a esa norma; pudo haberlos solicitado, pero no quiso hacerlo, porque entendió cuál era el espíritu que animaba a los legisladores y no quería agregar un motivo de fricción.

A través del tiempo, se han hecho diversas gestiones y sin embargo continuamos atendiendo con nuestros recursos, una erogación que nos fue impuesta, pero que no se nos financió.

Por otra parte, creo que a los señores legisladores no se les escapa cuál es la situación del sistema financiero en el momento actual. La relación de activos y pasivos se está haciendo cada vez más estrecha y si las normas que están en proceso de reestructura siguen adelante, cabe presumir que se produzcan jubilaciones en los Bancos Comercial, Caja Obrera y Pan de Azúcar, como consecuencia natural de dichas reestructuras.

De manera que, entonces, se producirían jubilaciones en las capas superiores, que son las que tendrán mayores retribuciones y las que cesarán de hacer mayores aportes.

Consecuentemente con esto, la Caja sufriría un importante perjuicio por las dos puntas.

SEÑOR ASTORI. - Ante todo deseo adelantar que nos parece pertinente el planteo realizado y acompañamos completamente la inquietud de estas Cajas Paraestatales.

En función de lo que se ha venido aclarando, deseo hacer la siguiente consulta. En el artículo 7º del documento presentado, se propone una solución que consiste en elaborar una nueva redacción del artículo 16 del proyecto de ajuste tributario. En tal sentido, me parece que en dicha nueva redacción hay un pequeño problema que quizás sea bueno detectar desde ahora, ya que en la solución propuesta por las Cajas se dice: "El producido de los incrementos establecidos por los artículos 13 y 14..."; debo decir que el artículo 13 es el que corresponde a los aportes patronales y el 14, a los aumentos de las retribuciones a los Sueldos. Teniendo en cuenta que lo único que se solicita -si no entendí mal- es lo segundo, creo que habría que cambiar esta redacción. Consulto al respecto, tocando el mismo tema al que hacía referencia el señor senador Cassina.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 13.

(Se lee:)

"ARTICULO 13. - Increméntase en un 3.5 el aporte patronal al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las contribuciones sujetas a Montepío.

Sustitúyense las tasas de aportaciones de la escala establecida en el artículo 3º de la ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 por la siguiente:

A) Por las primeras 200 hás., el 1,70/00.

B) Por las siguientes de más de 200 hás. a 500 hás. el 1,8 0/00.

C) Por las siguientes de más de 500 hás. a 1.000 hás el 1,9 0/00.

D) Por las siguientes de más de 1.000 hás. a 2.500 hás. el 2.1 0/00.

E) Por las siguientes de más de 2.500 hás. a 5.000 hás. el 2,3 0/00.

F) Por las siguientes de más de 5.000 hás. a 10.000 hás. el 2,6 0/00.

G) Por más de 10.000 hás. el 2,9 0/00.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reducir estas tasas hasta los porcentajes vigentes a la fecha de promulgación de esta ley".

SEÑOR CASARES. - La redacción del artículo se hizo de tal forma que lo que se destina es lo recaudado.

En consecuencia, como se establece específicamente en el artículo 13 que el aporte patronal se incrementa en un 3,5%, en lo que hace al Banco de Previsión Social, ello no estaría contemplado en la redacción sustitutiva del artículo 16, ya que allí se habla de lo recaudado.

Lo recaudado por el Banco de Previsión Social, en ese caso, es lo establecido a través de los artículos 13 y 14, pero en cuanto a las Cajas Paraestatales, sólo está el incremento del impuesto a las retribuciones establecido en el artículo 14, que sí grava a todos.

SEÑOR ASTORI. - Me queda clarísimo.

La inquietud que planteo es que sería bueno que el texto le quedara claro a todo el mundo, por lo que, probablemente, con la misma sustancia e igual concepto, elaborar otra redacción podría ser más positivo.

Se me ocurre -pero esto es anticiparme mucho a los hechos- que en el caso de prosperar esta propuesta -que esperamos que así sea- podría establecerse la misma redacción actual del proyecto en ese artículo en particular y, por otro lado, elaborar un segundo párrafo que contemple exclusivamente el caso de las Cajas Paraestatales con esta misma propuesta, ya que creo que así quedaría más claro.

Me hago cargo de que la palabra "recaudado" de alguna manera despejaría más las dudas.

SEÑOR LACURCIA. - No hay duda de que en ningún momento se ha pretendido que el texto sea el más apropiado.

Creo que a esta altura de las cosas los señores senadores conocen cuál es la inquietud de las Cajas.

Es decir, que ese impuesto o aumento de tasa que se recauda a través de sus afiliados, sirviera como base, o sea, que no se trataría de una asistencia de otro tipo.

El espíritu que tuvo la Comisión de estas Cajas fue que ese incremento quedara como forma de colaboración del financiamiento.

SEÑOR ZUMARAN. - Quisiera saber si además de lo conceptual, que me parece de una claridad meridiana tal como lo han expuesto, podrían proporcionarnos algunas cifras al respecto.

Deseo saber concretamente, qué monto supone el cumplimiento de la reforma constitucional para las Cajas, es decir, esas nuevas obligaciones que deben enfrentar.

Por otra parte, deseo conocer qué monto representarían respectivamente estos dos recursos llevados a los activos afiliados a estas Cajas, de modo de poder visualizar si las cuentas cierran, si sobra o si falta. Ojalá que sobre, ya que todos estamos buscando dinero por todos lados.

SEÑOR FONTAIÑA. - Lamentablemente nuestra delegación no ha traído cifras porque se ha obrado con urgencia y dichas cifras y ajustes se dieron a conocer a último momento; inclusive desde ese punto de vista, sería importante saber en qué momento podrían tener vigencia a fin de cerrar el ejercio.

En otro orden de cosas, deseo precisar algunos detalles en lo que tiene que ver con la Caja Profesional.

Esta Caja, como se sabe, cuenta con dos vertientes: la de los activos y la de los impuestos indirectos, lo que nosotros denominamos el artículo 23, que está a cargo del usuario.

El problema que tiene esta Caja, además de la difícil situación por la que atraviesa el país, es que contamos con 10.000 profesionales en declaración de no ejercicio, o sea, sin aportar, lo que representa casi un 30% de los profesionales activos del país.

Entonces, este tipo de decisiones nos ha obligado a encarar un sistema de retribuciones a nuestros afiliados, pensionistas y jubilados, que en un año y algo más, hará que nuestras reservas cesen totalmente, teniendo en cuenta que el método de este instituto ha sido siempre distributivo, haciendo que sus reservas realmente sean escasas.

Esto es urgente y nos encontramos ante un problema tremendo.

Además, debemos considerar los aportes indirectos, que vienen decreciendo como consecuencia de la erosión en la recaudación, porque es un hecho real que los profesionales, para facilitar los trabajos, eluden cierto tipo de aportes, por lo que pienso que hay que centrarse en los aportes genuinos. En este caso se van a gravar los sueldos fictos del profesional, que en las categorías altas ya están bastante gravados y también se va a producir una erosión en la retribución a los jubilados. Es decir, en las dos puntas de nuestras relaciones se nos crea un problema, que ahora se transforma en cifras en base al conocimiento que tenemos. Las Cajas paraestatales lo iban a plantear con tiempo, pero lamentablemente no hubo oportunidad de exponerlo antes. Quizá llame la atención que lo hagamos en este momento, pero eso ocurre porque tomamos conocimiento de las cifras. Más adelante vamos a adoptar ese tipo de datos que estamos elaborando.

SEÑOR D'ELIA. - Deseo informar al señor senador Zumarán que estamos terminando la elaboración del memorándum y que posiblemente lo hagamos llegar esta tarde, con todos los datos posibles. Existe consenso de que la Caja Bancaria es un instituto sólido. Podemos decir que desde 1985, año en que se asumió la dirección del Consejo, se realizó una administración muy cuidadosa, manejándose con sus ingresos y egresos y dejando el producido de las inversiones para que se fueran acumulando a fin de mantener el capital.

Si tuviéramos que enfrentar una situación crítica, esa posición cómoda que ahora tenemos permitiría que la Caja pudiera atender, ante la cesación de pagos, solamente un año de servicios jubilatorios. Este planteamiento tiende a defender esa situación patrimonial, y no es una posición de heroísmo sino una especie de reserva que hemos tratado de ir creando en beneficio de nuestros afiliados pasivos frente a cualquier emergencia, como la que evidentemente se presenta y estamos soportando en el día de hoy. A eso se debe nuestro petitorio.

SEÑOR CASARES. - Respecto a los planteos de los señores senadores Zumarán y Astori, puedo decir que tenemos los números aproximados. Lo que quiso la Comisión Intercajas -y así ha procedido siempre desde que se creó- fue tratar de llegar a un consenso para encontrar una solución que fácilmente fuera tratada a nivel del Parlamento. Es por eso que se están unificando los datos. La incidencia no es exactamente igual en las tres Cajas. Por ejemplo, en la Caja Notarial la incidencia es mínima, porque si bien la institución es pequeña, el 3,5% de impuesto a las retribuciones -que pasaría a cobrarse si prosperara este proyecto- no alcanzaría para financiar en su totalidad el incremento de las pasividades como consecuencia del artículo 67.

En el conjunto de las tres Cajas se vio que -aunque los números no están afinados totalmente- hay un equilibrio. Más o menos en el largo plazo se produce un equilibrio entre la recaudación y lo que se gasta. Por estas razones no se pide el aporte patronal ni ninguna otra solución, sino que simplemente con trasladar la recaudación del incremento del 3,5% de los impuestos a las retribuciones personales como recurso de las propias Cajas, se lograría a largo plazo un equilibrio.

En la Caja Notarial es donde quizá quede cierto desequilibrio. No alcanzaría este incremento, pero la Caja está obligada a hacer ajustes permanentemente en sus inversiones. De manera que por medio de la rentabilidad se conseguiría que la Caja financie el resto de la reforma. En las tres Cajas habría un consenso en que esta solución sería suficiente. Por otro lado, el gravar a todos los afiliados con el 3,5% más, elimina cualquier otra posibilidad de pedir un nuevo aporte. Sobre todo en la Caja Profesional no hay otro recurso que el aporte directo del afiliado. Esta Caja únicamente se financia con el aporte del afiliado.

Si hubiera que buscar una solución vía aportes, ya no habría más capacidad contributiva del afiliado, porque el aumentar un 3,5% sobre un 18%, la cifra se incrementa bastante. La Caja Notarial planteaba la necesidad de obtener más recursos, pero se convino en buscar una solución que fuera igualitaria y que de alguna manera fuera un paliativo importante para la incidencia de la reforma constitucional. De esta manera las tres Cajas verían financieramente solucionado el problema.

SEÑOR MUIÑO. - A riesgo de insistir sobre un tema que ya se mencionó, diría que la Caja Bancaria está sufriendo en forma bastante penosa, con cifras que se aproximan a los U$S 5:000.000 con respecto a los pagos que se han tenido que hacer por la Ley Nº 15.783, que en determinado momento se pusieron a cargo de nuestra Caja aunque de ninguna manera debió haber sido así. Eso provoca una salida muy importante que cada vez se acumula más.

En segundo término, quería expresar que la situación de crisis de hacer uso de las reservas de la Caja Bancaria que nuestro Presidente anunciaba, constituiría una frustración. Primero hay que hacer notar la labor importante que está desarrollando la Caja Bancaria en el aspecto de la forestación. En Piedras Coloradas hay cerca de 6.000 hectáreas plantadas. Eso se ha constituido en una fuente de trabajo. Se dice que ese lugar se ha convertido en una zona de gran crecimiento, que se ha constituido en una base ecológica muy importante y que es un ahorro de divisas para el país de gran significación. Esas reservas están colocadas en valores públicos y en depósitos en los Bancos oficiales. Eso se convertiría en un gran problema si no se lograra la financiación correspondiente debido al grado de descapitalización a que podríamos llegar.

SEÑOR RUSSO. - La urgencia que hay en aprobar este paquete de medidas lleva -como lo señalaba el contador Casares- a que hayamos tratado de unificar en un solo criterio la base de tributación para la recaudación de cada uno de los organismos. Si bien aquí se ha señalado que la realidad de cada uno de los institutos es diferente, tenemos algunas cifras que estarían indicando que, para el año 1991 la Caja Bancaria, aún con esta recaudación, tendría un déficit de N$. 4.000:000.000. De cualquier manera, la premura de todo esto no daba para buscar otro tipo de soluciones. De ahí que ese sea el planteamiento genérico de la Comisión Intercajas hoy en día.

SEÑOR CASSINA. - Estoy seguro de que la información que la Comisión Intercajas va a remitirnos a la mayor brevedad -creo que se habló de que posiblemente pudiera ser en la tarde de hoy- contendrá los elementos de juicio necesarios para poder apreciar el problema que ellos plantean en toda su magnitud.

Abusando un poco de su deferencia, debo decir que considero imprescindible tener, a través de los elementos de juicio de esa información, una idea clara del total de afiliados activos de cada una de las Cajas y la estimación de la recaudación a obtener en 1990 y 1991 -por lo menos de 1990- por aplicación a los afiliados de cada una de las tres Cajas del incremento del llamado impuesto a los sueldos.

Me permito insistir, aunque conozco las dificultades de hecho con que se tropieza dados los términos muy breves con que tenemos que manejarnos, sobre la posibilidad de que los directivos de las tres Cajas paraestatales examinen algunas otras fuentes tributarias alternativas a esta del aumento del impuesto a los sueldos, porque más allá de que pueda suponer que en la Cámara de Senadores y en la de Representantes habrá mayorías políticas suficientes para sancionarlo, de todos modos es un proyecto y por lo tanto sería bueno tener en cuenta algunas alternativas, si ello es posible. Sé que no es fácil hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo de que se dispone.

Estoy en conocimiento, por haber integrado la Legislatura anterior, de que las tres Cajas han planteado al Parlamento y al Poder Ejecutivo otro tipo de soluciones mucho más amplias a través de la modificación de sus leyes orgánicas, asunto largamente examinado en el período anterior y que lamentablemente el Parlamento no pudo analizar porque el Poder Ejecutivo nunca remitió los anteproyectos que las tres Cajas le hicieran llegar oportunamente y con tiempo suficiente para su estudio.

Insisto en que me quedaría más tranquilo, a efectos de cumplir cabalmente con la tarea que tengo en esta Comisión y en la Cámara de Senadores, si fuera posible -aunque parto de la base de que no es fácil que lo hagan, sobre todo teniendo en cuenta la brevedad del tiempo- examinar algunas fuentes de tributación alternativas a ésta que viene propuesta en el Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR ASTORI. - En primer lugar, quiero manifestar que concuerdo totalmente con lo propuesto por el señor Senador Cassina. Para ser completamente leal y sincero con las posiciones que estoy tratando de defender aquí, tengo que aclarar que mi acuerdo con la propuesta de las Cajas paraestatales es en el entendido del contexto del proyecto que se ha presentado. Naturalmente se trata de un proyecto, tal como señalaba el señor senador Cassina. Veremos cuál es el desarrollo de su discusión y su dilucidación.

No estamos de acuerdo con esta propuesta y en particular con el artículo 14 del proyecto del Poder Ejecutivo. En todo caso, si prosperara el texto tal como ha sido remitido, como hemos adelantado, acompañaremos la inquietud de las Cajas. Eso sí; primero trataremos de que no prospere este artículo. De todos modos, quería hacer la aclaración previamente.

SEÑOR D'ELIA. - Quisiera trasmitir a los señores senadores que no es fácil imaginar las fuentes de recursos porque en nuestro caso ya se ha establecido un 16% para los empleados y un 24,75% patronal, que hacen en conjunto una tributación muy alta.

En el caso de la Caja de Jubilaciones Bancarias también va a incidir mucho la otra vertiente a que hacía referencia, o sea, la que tiene que ver con las normas de Seguridad Social, como ser el cambio de los límites de edad, la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, el contenido del proyecto y su aprobación, cuyos alcances desconocemos.

No quisiera que la carencia de una información muy profunda fuera tomada por el Cuerpo como un desinterés de las Cajas paraestatales en brindarla; ello sólo respondería a la falta de tiempo de que dispondremos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agradecemos a los señores representantes de las Cajas paraestatales su presencia.

La Comisión pasa a cuarto intermedio hasta las 10 horas, en que recibirá a los representantes de las Cámaras de Industrias y de Comercio y de la Unión de Exportadores.

(Así se hace a la hora 9 y 41 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la sesión.

(Es la hora 10)

Terminado el cuarto intermedio, la Comisión da la bienvenida a los representantes de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores.

Como es conocido por los señores que nos visitan, es interés de la Comisión recabar la opinión de cada una de las gremiales sobre el proyecto de ley de ajuste tributario enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. De manera que la Mesa ofrece la palabra en el orden en que los representantes de dichas gremiales lo estimen conveniente.

SEÑOR FRANCO. - ¿Me permite?

En nombre de la Unión de Exportadores y de nuestro Presidente, Samuel Dymenstein, que no se encuentra presente por razones de salud, quiero agradecer a la Comisión de Hacienda por la oportunidad que nos brinda de dar nuestra opinión sobre los distintos temas que nos van a plantear.

Por mi parte, no tengo otra cosa que agregar, salvo que quedo a la orden para responder a las preguntas que se me quieran formular. Cedo el uso de la palabra al señor Cosentino, Presidente de la Cámara de Industrias.

SEÑOR COSENTINO. - Señor Presidente: reiteramos los conceptos expresados por el contador Franco, y agregamos que se continúa con una práctica que consideramos muy conveniente. Es decir, la de que los legisladores, cuando se trata de un proyecto de ley tan importante, que afecta la actividad industrial o comercial -en este caso, también las exportaciones- nos permitan, por lo menos, dar nuestra opinión y hacer las sugerencias que creamos pertinentes.

La Cámara de Industrias ha preparado un breve y escueto memorándum, que si no hay inconveniente me permitiría leer, sin perjuicio de que vamos a dejarlo a disposición de la Mesa, porque no insumirá mucho tiempo.

Esta Cámara ha planteado en forma reiterada la necesidad de que el sector público logre una situación financiera equilibrada". Esto lo hemos hecho en diferentes oportunidades y a través de los años. "En este sentido, se comparte el planteo de que la situación actual hace necesario un severo ajuste fiscal, que disminuya el déficit a niveles compatibles con una inflación reducida. Sin embargo, debe destacarse que para lograrlo es primordial reducir significativamente el gasto público".

"El proyecto de referencia implica", obviamente, "un aumento en los costos de las empresas, que se suma al reciente incremento en los precios de los combustibles, y que afectará negativamente su competitividad tanto en las actividades orientadas al mercado interno como en las exportaciones. Los principales efectos en este sentido se derivan del aumento en los aportes patronales al BPS" (Banco de Previsión Social). Es decir, el 3,5% de aumento a cargo de las empresas. "Estos efectos pueden ser incluso mayores en el caso de aprobarse incrementos en el recargo mínimo que alecta a las materias primas u otro gravamen que afecte a estas importaciones".

"Este mismo hecho hace más urgente la necesidad de mejorar por otras vías el nivel de competitividad de la economía, eliminar reglamentaciones innecesarias y abrir a la competencia actividades que hoy desarrolla en forma monopólica el sector público. De esta forma se podrían compensar en parte los mayores costos tributarios para las empresas. La importancia de estos factores debe ser enfatizada en el caso de las actividades exportadoras".

"Resulta fundamental" -no sólo tener en cuenta los temas que hemos mencionado, sino entablaría- "una lucha eficaz y frontal contra la evasión" -fiscal- "(incluido el contrabando)", nó sólo para aumentar la recaudación sino también para introducir una mayor lealtad en las relaciones de competencias entre las propias empresas. De otra manera, si el ajuste sólo se basa en aumentar los tributos que ya se cobran, el esfuerzo termina recayendo, como siempre, en aquellos agentes económicos cumplidores de sus obligaciones fiscales".

Sin perjuicio de que a través de las preguntas de los señores legisladores podamos abundar en más detalles, queremos insistir en que tendríamos que aprovechar esta oportunidad en preocuparnos más que por el ajuste fiscal, que en cierta medida, como es obvio, afectará los costos -señalamos, con total franqueza que no creemos que dicha medida tenga una incidencia fundamental y que por su aplicación se van a fundir empresas- por el tamaño del Estado y su tremenda ineficiencia. Además, la enorme evasión fiscal que siempre ha perjudicado al país y hace que justamente las empresas que defraudan al Estado estén en mejores condiciones de competitividad y obtengan más beneficios que aquellas que cumplen con todas sus obligaciones.

Nada más.

SEÑOR CARRAU. - Señor Presidente: en nuestra Cámara también se ha preparado un pequeño trabajo que, como verán los señores senadores, tiene apreciaciones coincidentes, en gran parte, con lo que previamente manifestó el señor Presidente de la Cámara de Industrias.

El déficit global de 1989 se ubicó aproximadamente en un 6% del producto; para este año, de no mediar reforma alguna parecería que la proyección se situará en algo más del 8%. Mientras tanto existen estudios que demuestran que toda vez que el déficit es mayor de un 2% del producto, sus efectos desestabilizantes ya comienzan a sentirse en la economía. Es indudable que un deterioro mayor de las cuentas del Estado puede llevar a nuestro país a una situación parecida, similar, a la que sufren en este momento Argentina, Brasil y Perú.

El creciente déficit estatal genera porcentajes inflacionarios cada vez mayores, que desgraciadamente se retroalimentan configurando un círculo vicioso de expectativas confirmadas. Esto crea incertidumbre entre el empresariado.

Es notorio que la empresa es el motor del desarrollo. Al crearse la incertidumbre se frena la inversión de riesgo, se frena el empleo y el propio crecimiento, agravándose aún más la situación. No existe, diría yo, mayor mal, para la economía en general y para el empresario en particular, que una desestabilidad permanente, tal como la que estamos viviendo. En este sentido, hemos manifestado a la prensa y lo reiteramos ante esta Comisión, que todo intento para revertir esta situación debe ser bienvenido.

En lo que me es personal, como comerciante, puedo manifestarles que el crédito, como instrumento para la comercialización de mercadería, se ha eliminado prácticamente debido a la inflación actual. En este momento está de moda hablar de pequeñas y medianas empresas, y que es a través de ellas que vendrá el crecimiento del país. Todas las instituciones internacionales están abocadas a ayudarlas a través de créditos en dólares. Si miramos hacia el pasado, señor Presidente, veremos que todas las empresas nacionales durante años dieron crédito a los pequeños comerciantes, contribuyendo a su crecimiento. Ese crédito fue en pesos. Recuerdo haber hablado con el señor senador Zumarán sobre créditos a seis u ocho meses, vitales para nuestros abuelos. Ahora, con intereses de 7% y 8% que no reflejan otra cosa que el precio del dinero resultante de una inflación agobiante, es imposible hacer uso de créditos. Por otra parte, cuando las empresas internacionales, quieren hacer crecer a la pequeña y mediana empresa a través de créditos en dólares, la operación es prácticamente imposible.

En este momento los agentes económicos advierten que hay una autoridad económica embarcada seriamente en la reducción del déficit fiscal, y una autoridad monetaria que se orienta hacia una política restrictiva. Sin embargo, las medidas concretas que se anuncian todavía no muestran un plan orgánico y en muchos casos conspiran, a veces, con las finalidades buscadas. Por ejemplo, la referencia que en este sentido hacía el señor Cosentino, a impuestos a la contratación de mano de obra, que penaliza a las actividades más incentivas en el sector, tales como las exportaciones tradicionales -si bien puede no ser demasiado importante, de alguna manera puede eliminar competitividad- y el aumento de las tarifas públicas -que es un reflejo de ineficiencia del Estado- que puede crear un superávit de las empresas estatales, pero puede disminuir la competitividad de las empresas nacionales.

En virtud de que todos conocemos desde hace tiempo estos problemas económicos, a nivel nacional, quizás hubiera resultado más auspicioso que se librara a conocimiento público -como ya lo mencionamos- un plan global de acción que pusiera énfasis en las grandes reformas que el país requiere. Estas afectarían al Estado y a la seguridad social; habría una apertura de la economía y reducción de la inflación. El ajuste fiscal debería ser uno de los puntos a estudiar, de este plan, ya que si no median soluciones de fondo, los planes de emergencia, tal como ocurrió en el pasado, se sucederán unos a otros y continuarán castigando siempre a los mismos sectores.

Por otra parte, es sabido que las cuantificaciones de las reformas fiscales expresadas, alcanzarían a los U$S 190:000.000 en su recaudación. El déficit es de tal magnitud, que asciende a los U$S 700:000.000. Entonces, es razonable prever que hay otras medidas sobre las cuales aún no se ha tomado conocimiento.

La Cámara Nacional de Comercio reconoce que las medidas urgentes requieren soluciones de esa índole y que no es la primera vez que el sector empresarial es llamado a hacer frente a sacrificios y tomar medidas heroicas. Sin embargo, pensamos que toda medida que tienda a solucionar el problema actual debería estar ligada a la concreción de otro tipo de mecanismo que reduzca el tamaño del Estado y la evasión, tal como se ha mencionado por quienes me han precedido en el uso de la palabra.

No puede olvidarse que la actual coyuntura está caracterizada por el factor "estancamiento" -esa sería la palabra más indicada, y no recesión- en todas las actividades, por lo cual una mayor imposición podría agravar la situación económica de los sectores productivos. Además, el aumento de las tasas y el de los impuestos no necesariamente da como respuesta un incremento proporcional de la recaudación.

Para reducir severamente el gasto estatal, no sólo el fiscal, será necesaria una reestructura del sector público en su conjunto, de las condiciones de funcionamiento en el mercado, sean éstas competitivas o no, de las características del sistema de compras y de la contratación de su funcionariado. Además, para reducir la evasión será, tal vez, necesario modificar el funcionamiento de la Dirección General Impositiva y de UREFI, asignando un porcentaje mayor de funcionarios al sector inspectivo.

Al problema de la evasión se suma el de la creciente informalidad, mientras no se lleva a cabo un plan dirigido a la incorporación del sector formal de la economía, será necesario tener una mayor seguridad por parte de las autoridades para combatir el problema. Pero la solución a largo plazo se obtendrá, quizás, al proporcionar un incentivo para la formalización del comercio informal. En este sentido, será necesaria una drástica reforma del sector público a fin de reducir rápidamente la burocracia, mejorar y agilitar el sistema judicial. Del mismo modo, será necesaria una mayor fiscalización para combatir el contrabando. Sin perjuicio de ello, deberá desarrollarse una homogenización y reducción de las tasas arancelarias. Esto permitirá aumentar la recaudación debido a mayores importaciones y eliminaría uno de los alicientes del contrabando.

SEÑOR FRANCO. - Parecería que luego de lo expuesto por los representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industrias, no tendría nada más que agregar, pero me voy a permitir trasmitirles, no sólo la inquietud del sector exportador, sino una opinión mucho más concreta sobre el tema referido a las normas que están a consideración del Poder Legislativo.

Las generalidades sobre este tema ya han sido manifestadas, por lo tanto haré algunas precisiones.

En primer lugar, me referiré a la preocupación de nuestro sector que ha sido el tractor del desarrollo económico del país en los últimos años que en términos muy especiales, en este momento, se ve afectado por las medidas, no sólo legislativas, sino por las ya tomadas por la vía administrativa.

El sector exportador funciona de cara al futuro, asume compromisos con anticipación y está enfrentado a un momento muy particular de probable recesión a pesar de que las cifras del pasado muestren que ha sido uno de los pocos sectores de la economía que se ha desarrollado.

Si observamos que las cifras de exportaciones de 1989 -récord histórico- se explican, exclusivamente, por las compras de un solo país, que casualmente hoy entra en un feriado bancario de tres días, no sabemos cuáles van a ser las reglas de juego para el futuro.

Entramos en un período en el que las materias primas agropecuarias comienzan a escasear y algunas han bajado su precio a nivel internacional. A esto sumamos una serie de costos internos que amenazan la competitividad del sector interno; el aumento de tarifas ha dejado a las de los servicios públicos y a los insumos de los combustibles absolutamente fuera de toda competitividad internacional. No hay ningún precio que tenga comparación a ese nivel y en ese sentido.

Las medidas concretas a consideración de esta Comisión incluyen factores que afectan directamente la capacidad de competencia del sector exportador. Este sector está integrado por empresas que venden, muchas de ellas, en plaza y al exterior, pero normalmente las empresas líderes son las que trabajan exclusivamente con la exportación y están imposibilitadas de trasladar al precio internacional el aumento de costo que se origina con estas medidas.

Hemos calculado que en un sector líder el peso de las dos o tres medidas legislativas que la Comisión tiene a estudio, les significa un incremento de costos, en términos reales, en moneda extranjera, del 7%. Si tenemos en cuenta la capacidad operativa de hoy, como es previsible una recesión, esta influencia de costos podría llegar a un incremento del 10%. Este aumento de precio dejaría, prácticamente, a todas las empresas del sector fuera de la competencia internacional.

SEÑOR ASTORI. - Ese incremento del 10%, si no entendí mal, ¿se debe exclusivamente a un aumento de tarifas?

SEÑOR FRANCO. - Seré más claro. El cálculo que hicimos tiene en cuenta el incremento de aportes de la seguridad social, e indirectamente, porque ya es un hecho, se consideró el aumento de tarifas que ya está incorporado al costo y el incremento impositivo derivado del impuesto a la renta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, el cálculo que ha hecho la Unión de Exportadores, se refiere, en valores reales, en moneda extranjera, al 7% y el 10% es una estimación que se hace en función de las posibilidades de una recesión económica.

SEÑOR FRANCO. - Reitero que el 10% es el cálculo que se hace pensando hasta dónde se podría llegar, tomando en cuenta que la empresa, derivado de su falta de competitividad, comience a perder mercado y en lugar de trabajar al 100% de su capacidad, aproximadamente lo haga en un 70%.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Cómo calcula la Unión de Exportadores ese aumento promedio del 7%, considerando que debe tener entre sus integrantes variaciones bastante importantes en cuanto a la composición de costos en materia de mano de obra y utilización de energía, por ejemplo?

SEÑOR FRANCO. - Ya dije en el correr de mi exposición que este cálculo había sido hecho para un sector líder en términos de exportaciones; no ha sido confeccionado para la Unión de Exportadores y, por lo tanto, no es un cálculo global.

Para que quede más claro, señor Presidente, debo decir que mi actividad es bastante conocida ya que soy asesor de la industria textil lanera.

El cálculo fue hecho en una empresa vertical exportadora de tejidos de lana.

Con relación al tema de la competitividad es fundamental en el desarrollo exportador del país. Todos sabemos que el comercio internacional es altamente competitivo, que las reglas de juego son muy cambiantes y que este año 1990 es crucial.

Todos los países que participan de la Ronda Uruguay se están jugando las reglas de juego del comercio internacional por lo menos de los próximos diez años.

En este ámbito absolutamente cambiante, asumir el riesgo de que el sector exportador vaya desapareciendo del mercado internacional, puede ser muy doloroso.

La falta de competitividad derivada de los incrementos de precios no se opone a la toma de medidas. Nosotros, simplemente, estamos evaluando el costo que tiene; no estamos juzgando la necesidad de efectuar un ajuste fiscal.

Las empresas, en la medida en que están volcadas al mercado internacional, se encuentran imposibilitadas de trasladar el peso de este costo, que pensamos que tiene un injusticia porque, derivado de que el mayor costo proviene del incremento de los aportes a la seguridad social, está discriminando contra el mayor valor agregado en las exportaciones.

Aquí no hay incentivo a emplear mano de obra; se va la exportación de lana sucia, ganado en pie, etcétera, y si se pudiera -pero no hay autorización para hacerlo- exportar el cuero crudo.

El incremento en las tasas del Impuesto a la Renta opera como un desincentivo a la inversión productiva. Tener competitividad internacional es un problema de costo y de tecnología que proviene de la inversión.

Cualquier empresa de punta en el sector exportador no puede hoy destinar a la reinversión menos del 30%, 40% o 50% de sus utilidades.

Si el 40% se lo va a llevar el costo del Impuesto a la Renta, para el inversor que invierte en actividades productivas, le queda un margen de productividad muy pequeño.

Pensamos que con respecto al sector exportador esto es algo muy costoso.

No negamos, como dije, ta necesidad de un ajuste, pero el sector exportador hubiera visto con buenos ojos que este ajuste fiscal, cargado sobre las espaldas de lo que llamaríamos "la gallina de los huevos de oro" que es la actividad productiva hubiera sido anticipado por otro en sentido contrario al agresivo, como el que se ha hecho en las tasas impositivas efectuándolo en los gastos públicos.

En definitiva, en términos muy camperos, aquí tratando de ordeñar la vaca sin darle de comer y si sigue ordeñando y si no se la alimenta, probablemente se muera.

La vaca es el sector privado y considero que no podemos achicar dicho sector sin tocar el público.

La gran preocupación que tiene la actividad que aquí no se han dado reglas de juego para el futuro simplemente se ha atacado un solo problema, que es el de la falta de ingresos, por el lado más sencillo, o sea, recaudar en forma rápida. Inevitablemente una política de choque es necesaria cuando el problema es grave; pero lo inmediato no puede hacernos dejar de ver el futuro, que en el comercio internacional es de gran preocupación.

Consideramos, señor Presidente, que junto con las medidas a consideración debiera por lo menos darse un horizonte de perspectiva al sector privado productivo. Hacen falta normas legislativas que aclaren y posibiliten un equilibrio en las finanzas del sector público. Ha quedado sin vigencia, por ejemplo, un elemento menor que puede llegar a paliar los resultados de este ajuste, que es la existencia de una amortización acelerada para los equipos que el sector privado debe incorporar para un adelanto tecnológico necesario.

Desconocemos las normas de algunos decretos que han posibilitado una reinversión rápida, sin cargas impositivas, y me refiero al decreto 317 del año 1986, cuyo destino se desconoce.

Con un panorama más adecuado en materia de conocimiento de programas generales de futuro el sector podría evaluar en forma más concreta el costo que le significa estas medidas, que por sí mismas, tienen una carga que significa para nosotros una gran preocupación.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite señor Presidente?

Creo, señor Presidente, que hay una puntualización importante a efectuar porque de alguna manera fue mencionada en la exposición del doctor Carrau y en forma más intensa en la del contador Franco.

Nadie supone que el paquete de medidas fiscales es la solución a los problemas del país. Hay que distinguir lo que es la problemática de fondo y sus consecuencias. Este paquete intenta ir al cruce de las consecuencias que nos han traído los problemas de fondo del país. Si se interpreta de otra manera, como que el Poder Ejecutivo, o el Gobierno en general, cree solucionar los problemas a través del paquete fiscal evidentemente las conclusiones tienen que ser totalmente negativas.

Esto, simplemente, trata de ir al encuentro de una situación dramática causada por problemas de fondo. Existe conciencia -y creo que se está empezando a manifestar en otros proyectos y medidas que se han ido implémentando en los últimos días- de que la problemática del país es algo mucho más profundo y requiere, también, soluciones de fondo.

No existe -como creo que ha indicado el señor contador Franco- la postura de tratar de conseguir una solución rápida y fácil a costilla de los productores, ignorando el efecto que tiene sobre el país el tamaño del Estado y los gastos consecuentes. Pero ocurre que, aun habiendo conciencia de su reducción, ello es inevitablemente un proceso mucho más lento y a situación actual no admite espera.

Resumiendo, señor Presidente, hay conciencia de que un grupo de esos problemas está constituido por el tamaño del Estado y, el gasto y el peso que eso significa sobre la actividad productiva; se piensa atacar este problema pero es un tema, si bien vinculado con el del ajuste fiscal, conceptualmente diferente.

SEÑOR DA SILVA TAVARES. - ¿Me permite señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que sería conveniente efectuar ahora el mismo procedimiento anterior y poner a consideración de la Comisión de Hacienda del Senado, la posibilidad de que se pueda expresar en ella un legislador de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR DA SILVA TAVARES. - Señor Presidente: me gustaría efectuar algunas preguntas ya que están presentes en este momento en la Comisión de Hacienda importantes autoridades de toda la producción nacional.

En relación con el mencionado ajuste resulta obvio el interés de la comunidad en el sentido de bajar el déficit fiscal pero esto a su vez conlleva a una obligación del Estado de eliminar todos sus gastos espurios.

Hasta la fecha solamente ha sido presentado un proyecto de ajuste fiscal y existe un anuncio de propósito del Poder Ejecutivo de actuar sobre los gastos, sin que se precise cuál va a ser el plan y el sistema sobre el que se afectarán los mismos. Pero hoy -si esto continúa y se aprueba comenzaría a regir de inmediato- me gustaría, agregando algunas cifras a las ya aportadas, saber cuál es la opinión de todos aquellos que representan básicamente la actividad del sector privado, en relación a lo siguiente.

El plan económico presentado por el señor Ministro, estima que el crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 1990 va a ser de cero. Por otro lado se determina que la inversión del sector público caerá un 20% en relación con los niveles del año 1989 y se indica la restricción de las compras del Estado en un 40%. También está en estudio una tasa estadística de las importaciones que las gravaría en un 3%. De hecho, este es un incremento de la tasa arancelaria.

Por otro lado, en base a las proyecciones monetarias correspondientes habría una fuerte contracción de la base monetaria, lo que conllevaría a un incremento de la tasa de interés real de la economía.

Es decir, el consabido problema argentino por el cual se premian los activos financieros en detrimento de los activos productivos.

Frente a esto me gustaría preguntarles si consideran que el sector privado podría compensar la caída de inversión del sector público. De no ser así habría una caída importantísima del producto bruto y, por lo tanto, se achicaría el país.

También el señor Ministro ha mencionado que algunas de las Cámaras le ha señalado la posibilidad de que parte de los alimentos puedan ser absorbidos por las empresas sin que los mismos sean transferidos a precios, dado que en las empresas existía una situación económica la cual podría absorber parte de todos estos impuestos.

Deseo que la Unión de Exportadores me conteste si estima que con este incremento de los costos de producción, de los productos a ser exportados por Uruguay, se podría mantener el nivel de exportaciones actualmente en ejercicio, que es importante. En caso de no ser así, habría, de acuerdo con las proyecciones que por lo menos nuestro sector está haciendo, no un crecimiento cero del producto, sino un fuerte decrecimiento del Producto Bruto Interno.

SEÑOR FRANCO. - Quisiera precisar algunos puntos referidos a la inquietud del señor representante Da Silva Tavares, muchos de los cuales comparto plenamente.

Los que solemos hablar en público decimos: "esta es una buena pregunta", y también decimos lo mismo cuando no tenemos una buena respuesta.

Lamentablemente, las inquietudes formuladas no tienen hoy una buena respuesta y voy a precisar la razón.

La movilización hacia la baja de las cifras de exportaciones, podría no darse en los próximos meses, por una cuestión muy lógica: los exportadores asumimos compromisos hacia el futuro.

Muchas de las ramas industriales han comprometido entregas para dentro de 3, 4 ó 5 meses, los que muchas veces no son cambiables. Ese es un punto muy claro.

De futuro, las previsiones tienen un signo de interrogación. Sin embargo, hay factores que indican la tendencia probable a la baja.

Al mencionado h