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Nº 5 - TOMO 327 - 6 DE MARZO DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

4ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el ESCRIBANO DARDO ORTIZ 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3, 18 y 20) Asuntos entrados

4 y 12) Constitución de Sectores Parlamentarios

- El señor senador Arana comunica que se ha constituido en sector parlamentario.
- El señor senador Zumarán comunica que se ha constituido en sector parlamentario.

5) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Bruera para ser enviada al Ministerio del Interior, relacionada con la situación generada entre un periodista y un funcionario de dicho Ministerio.
- Se resuelve afirmativamente.

6) Inasistencia de los señores senadores a las sesiones del Senado y de las distintas Comisiones del Cuerpo (Artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.
- Constancia del señor senador Korzeniak.
- Aclaración de la Mesa.

7 y 11) Proyectos presentados

- Declaración jurada de estado patrimonial y de actividades remuneradas. (Proyecto de Resolución).
- Iniciativa de los señores senadores Pereyra, Singlet y Posadas.
- Derogación de la Ley Nº 7.253 que homologó la Ley de Duelos en nuestro Derecho Positivo en los artículos 38 y 200 al 205 inclusive del Código Penal de 1934.
- Iniciativa de los señores senadores Batalla y Cassina.

8) Mensajes y proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo anterior

- Manifestaciones del señor Presidente sobre la constitucionalidad del trámite de esta iniciativa.
- Aclaración del señor senador Batalla.
- Se resuelve enviar el tema a la Comisión de Constitución y Legislación.

9) Señor Presidente de la República. Solicitud de autorización para ausentarse del país

- La solicita de acuerdo con el artículo 170 de la Constitución.
- Se resuelve conceder la autorización.

10) Presidente del Senado y de la Asamblea General, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez

- Consideraciones sobre la forma en que ha de ejercer el alto cargo que la ciudadanía le ha confiado.

12) Empresa Astra. Problemas que afectan a sus obreros

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energía, a la Intendencia Municipal de Rocha y a la Comisión pertinente del Cuerpo.

14) Elección de miembros de las Comisiones Permanentes (Artículo 127 de la Constitución de la República)

- Se resuelve por moción del señor senador Cigliuti, que se posponga la consideración del asunto y pase a integrar el primer punto del orden del día de las sesiones de la semana próxima.

15) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Se resuelve designar a los señores senadores Ortiz y Ricaldoni como representantes del Senado en dicha Comisión.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve, a solicitud del señor senador Batalla, se remita a la Comisión de Constitución y Legislación el tema relativo a la modificación de la ley que rige la integración de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

16) Fijación del número de miembros de las Comisiones Permanentes (Artículo 135 del Reglamento)

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve, por moción del señor senador Batalla, el aplazamiento de la resolución sobre este punto hasta la sesión del día de mañana.

17) Legitimación adoptiva. Se autoriza en favor de menores abandonados por uno de sus padres

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Leyes declaradas inconstitucionales. Derogación

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Alberto Candeau. Homenaje del Senado

- Manifestaciones de los señores senadores Pereyra, Gargano, Cassina, Cigliuti, Bruera y del señor Presidente.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los familiares del extinto, a la Sociedad Uruguaya de Actores y a la Comedia Nacional y que el Senado guarde de pie un minuto de silencio en homenaje a su memoria.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 2 de marzo de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 6, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Fijación del número de miembros de las Comisiones Permanentes (artículo 135 del Reglamento).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) Por el que se autoriza la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres.

(Carp. Nº 69/90 - Rep. Nº 1/90)

5º) Por el que se establece la derogación de leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

(Carp. Nº 66/90 - Rep. Nº 2/90)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Posadas, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Siendo la hora reglamentaria y habiendo número queda abierta la sesión.

(Es la hora 16)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 6 de marzo de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar trasposiciones de rubros del mismo Renglón a distintos Programas.

por el que se modifica el decreto que aprobó la racionalización presupuestal de varios Programas del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas".

dando cuenta de las indemnizaciones abandonadas por el Ministerio del Interior, relativas a reclamaciones efectuadas por incautaciones de bienes durante el régimen de facto.

por el que se autoriza la trasposición de asignaciones y cambio de financiamiento en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

por el que se incrementan los créditos presupuestales de Funcionamiento de Inversiones de los Incisos 02 al 28 del Presupuesto Nacional.

por el que se aprueba el Programa Piloto de Reconversión del Viñedo formulado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

por el que se autoriza la contratación de un Padrón de Barco para prestar cometidos en el Instituto Nacional de Pesca "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

por el que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre Orden de Pago a favor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a fin de contribuir al Seminario Internacional sobre modelos de desarrollo de los países de pequeña escala y el cotejo entre Europa, América Latina y el Uruguay.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Universidad de la República, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia Nº 4º, dictada por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de lo Contencioso Administrativo.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencias Nos. 16 dictada por el Juez Letrado de 1era. Instancia en lo Contencioso Administrativo y 116 dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Universidad de la República a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia Nº 31 y confirmada en segunda instancia por Sentencia Nº 313 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar orden de entrega a favor del Ministerio del Interior a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia Nº 404, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

por el que se introducen diversas modificaciones a la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación.

por el que se fija en un 20% la Tasa Global Arancelaria para la Dolomita Calcinada.

por el que se sustituyen las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de casinos correspondientes al Ejercicio 1989.

por el que se dispuso el pago de las contribuciones adeudadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), correspondiente a los Ejercicios 1988 y 1989.

por el que se dispone el pago de la contribución adeudada a la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), correspondiente al Ejercicio 1987.

por el que se dispone el pago de las contribuciones adeudadas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en El Líbano (FPNUL), la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (CDIP), el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional para las Migraciones correspondientes a ejercicios anteriores.

por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial/B para productos del Sector de la Industria de Aparatos Electrodomésticos, celebrado con el Gobierno de la República Argentina.

por el que se aprueba el Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo Comercial Nº 16 en el Sector de la Industria Química derivada del Petróleo celebrado en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración.

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Universidad de la República: (Hospital de Clínicas) relacionadas con Licitaciones Públicas Nos. 3331 y 3348.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con Licitaciones Restringidas Nos. 204/89; 58/89; 150/89 y 147/89, Licitaciones Públicas Nos.: 134/89; 66/89, 264/88, 158/89 y 118/89; con Concurso de Precios Nº 127/89 y reiteración de varias Ordenes de Entrega.

Del Banco de Previsión Social: relacionadas con liquidaciones de sueldos.

Del Ministerio de Defensa Nacional: relacionadas con gastos efectuados en Sanidad Militar, adquisiciones efectuadas por el Servicio Geográfico Militar, compra de repuestos para el Servicio de Material y Armamento.

De Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea: relacionadas con reiteración de gastos efectuados en los meses de octubre y noviembre de 1989.

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: relacionada con Licitación Pública Nº 1920.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones: relacionadas con fraccionamiento de gastos.

De la Corte Electoral: relacionadas con arrendamiento de finca en la ciudad de Maldonado y adquisición de camineros.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionadas con renovación de contrato de la firma Quantum Consultores Asociados y reiteración de gasto con la firma PRO/MEDIOS (Públicos SRL).

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para conferir los ascensos al grado de Coronel de Ejército, con fecha 1ro. de febrero de 1990, a los siguientes señores Tenientes coroneles: Por el Sistema de Antigüedad: Carlos Calcagno, Rubely Pereyra, Mario Clavarino, Héctor Quintana y Omar Porciúncula. Por el Sistema de Selección: Carlos Mazullo, Walter Pérez, Darío León, Carlos Almandos y Kleber Ferreira. Por el sistema de Concurso: Armando Lerma, Oscar Chiossi, Julio Méndez, Jorge Spinelli y Dardo Grossi. En el Arma de Caballería: Por el Sistema de Antigüedad: Ademar Porciúncula y Nelson Martínez. Por el Sistema de Selección: Washington Morales y Francisco Rodríguez. Por el Sistema de Concurso: Walter Pereyra, Walter Díaz y Luis P. Aranco. En el Arma de Artillería: Aníbal Salaberry, Eduardo Caussi y Eduardo Silvera. Por el Sistema de Selección: Francisco Vera y Arturo Aguirre. Por el Sistema de Concurso: Tabaré Acuña y Sergio Sasfi. En el Arma de Ingenieros: Por el Sistema de Antigüedad: Raúl Paez. Por el Sistema de Selección: Dany García y por el sistema de Concurso a Eduardo Ramos.

(Carp. Nº 91/90)

-A la Comisión de Defensa Nacional.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1ro. de febrero de 1990, a los siguientes señores Tenientes Coroneles: Escalafón "A" -Aviadores- Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia: Henry Solano, Erling Olsen, Ariel Míguez, Athos Pallas, Carlos Franchi y Antonio Ruik, -Escalafón "B" - Navegantes - Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia: Ruben Silva - Escalafón "F" - Comunicación y Electrónica - Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia: Ariel Cardozo.

(Carp. Nº 90/90)

-A la Comisión de Defensa Nacional.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada y de Comandante Mayor en el Escalafón "A" del Cuerpo de Prefectura, con fecha 1ro. de febrero de 1990, a los siguientes señores Capitanes de Fragata y Comandante: En el Cuerpo General. Por el Sistema de Antigüedad: Jorge Bercianos, Miguel de Ocampo, Raúl Lecumberry, Ubaldo Villalva y Oscar González. Por el Sistema de Selección: Juan Trabal, Jorge Tróccoli, Jorge Ureta, César Graceras, Tabaré Daners y Carlos Magliocca, José Martínez, Eduardo Mendoza y Gustavo Vanzini. En el Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad: Por el Sistema de Selección: Miguel Martínez y Alberto Martínez. En el Cuerpo de Aprovisionamiento y Administración. Por el Sistema de Selección a Walter Muñiz y en el Cuerpo de Prefectura -Escalafón "A"- Por el Sistema de Selección al Comandante Agustín Pravia.

(Carp. Nº 89/90)

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje comunicando los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo, y a los departamentos del interior de la República, referentes al cuarto trimestre del año 1989, en relación a Desalojos, Acciones de Rebaja de Alquiler y Lanzamientos, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley Nº 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje comunicando los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo, y a los departamentos del interior de la República, referentes al cuarto trimestre del año 1989, en relación a Desalojos, Acciones de Rebaja de Alquiler y Lanzamientos, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley Nº 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

-Repártase.

La Corte Electoral remite nota comunicando que tomó posesión del cargo como Presiente de esa Corporación el Dr. Walter A. Etchandy.

-Téngase presente.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo remite nota comunicando que el señor Ministro Dr. Luis Alberto Torello, asumió la Presidencia del Organismo.

-Téngase presente.

La Junta Departamental de Florida remite nota comunicando la integración de la Mesa del Cuerpo con los señores Eduardo Bentancor Dodera -Presidente- Hugo Balles Dinapoli como 1er. Vicepresidente y Néstor Pereira como 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Carlos Arenzo -Presidente- Wilson Ezquerra 1er. Vicepresidente y Efraín Lucas 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Soriano remite nota comunicando la integración de la Mesa del Cuerpo con los señores Carlos Rusch -Presidente- Walter Vener 1er. Vicepresidente y Miguel Millan 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Rocha remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores: Roberto González -Presidente- Julio Cadimar Acuña 1er. Vicepresidente y Leonidas Larrosa 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Alejandro Enteza -Presidente- José Luis García 1er. Vicepresidente y Winston Paggiola 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Luis Chalela -Presidente- María Cristina Diez 1er. Vicepresidente y Juan Carlos Báez 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Salto remite nota comunicando la integración de la Mesa con los señores Luis Leglise -Presidente- José Guerra 1er. Vicepresidente y Jorge Moller 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Salto remite nota comunicando la integración de la Mesa del Cuerpo con los señores Luis Eduardo Tejera -Presidente- Daniel Fagalde 1er. Vicepresidente y Ricardo Rodríguez 2do. Vicepresidente.

La Junta Departamental de Río Negro remite nota comunicando la integración de la Mesa con: Sra. María Balarini de Requiterena -Presidente- y señores Jorge Locatelli 1er. Vicepresidente y Cándido Doyenart 2do. Vicepresidente.

-Ténganse presente.

Los señores senadores Carlos Julio Pereyra, Manuel Singlet y Juan Martín Posadas presentan, con Exposición de Motivos, un proyecto de resolución por el que se establece la obligación de entregar a la Secretaría, dentro de los 30 días de iniciación de cada Período o de su ingreso al Senado, una relación jurada de su estado patrimonial y actividades remuneradas, bajo sobre cerrado y lacrado, el que sólo podrá abrirse a pedido fundado del senador que lo presente o por resolución del Senado.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos".

4) CONSTITUCION DE SECTORES PARLAMENTARIOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota relacionada con la constitución de un sector parlamentario.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Mariano Arana comunica que se ha constituido en sector parlamentario".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de marzo de 1990.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

Comunico a usted que he decidido constituirme en sector parlamentario del Frente Amplio con el nombre "Vertiente Artiguista".

Sin otro particular, lo saludo con mi mayor consideración,

Mariano Arana. Senador".

-Téngase presente.

5) EXPOSICION DE MOTIVOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Leopoldo Bruera de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento del Cuerpo, solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior relacionada con la situación generada entre un periodista y un funcionario de dicho Ministerio".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 2 de marzo de 1990.

Sr. Presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre
Presente

Solicito tenga a bien cursar al Sr. Ministro del Interior Dr. Juan Andrés Ramírez, la siguiente Exposición Escrita:

Sr. Ministro del Interior
Dr. Juan Andrés Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Es de conocimiento público la situación generada entre un periodista y un funcionario de vuestro Ministerio, los señores Federico Fasano y Saúl Clavería.

Sabido es también que la misma se encuentra dentro del marco legal y vigente, amparada en la Ley Nº 7253 y el Código Penal.

No obstante, entendemos que el momento histórico que vivimos, nacional e internacionalmente considerado, debe llevarnos a concluir que dicha normativa corresponde a otro período de nuestra sensibilidad.

Hoy nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a evitar hechos de violencia que afecten el bien más preciado: la vida.

Como legisladores asumiremos las responsabilidades correspondientes para derogar dichas normas. Pero ante la situación planteada, solicitamos a usted tome las medidas necesarias para evitar este enfrentamiento que ya está planteado.

Leopoldo Bruera, Senador".

6) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y DE LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento)

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de los inasistentes a la convocatoria anterior.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Cuerpo, se da cuenta que en la última Sesión faltaron con aviso los señores senadores Alberto Brause y José Korzeniak y sin aviso el señor senador Alberto Zumarán".

-Téngase presente.

Tengo la impresión -que ahora ratifico por las señas que puedo observar desde algunas bancas- de que en la última sesión estuvo presente el señor senador Korzeniak.

A fin de que pueda aclarar esta situación, tiene la palabra el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Simplemente deseo ratificar esa constatación de hecho; efectivamente, estuvo presente en la última sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, se dejará constancia en la versión taquigráfica de la sesión, de que se incluyó el nombre del señor senador Korzeniak en esta información acorde con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Cuerpo por error ya que dicho señor senador estuvo presente en la última sesión.

7) PROYECTO PRESENTADO

"DECLARACION JURADA DE ESTADO PATRIMONIAL Y ACTIVIDADES REMUNERADAS

PROYECTO DE RESOLUCION

EXPOSICION DE MOTIVOS

Consideramos conveniente que los hombres públicos ofrezcan a la ciudadanía una imagen transparente de sus actos incluyendo su situación patrimonial de forma de desvirtuar cualquier suposición que pueda afectar su buen nombre, ante la sospecha de enriquecimiento ilícito.

En el Reglamento de la Cámara de Representantes se incluye en el artículo 102 literal Q, la obligación a los señores diputados de presentar declaración jurada de sus bienes.

Hasta tanto no se apruebe una Ley Cristal, sorbe la cual como es notorio existe iniciativa del Poder Ejecutivo, que extienda este requisito a todos los titulares de cargos políticos estimamos importante que la exigencia se incluya en el Reglamento del Senado; agregándole el destino que se dará a dichos documentos transcurrido un plazo de dos años a partir del cese en el cargo del senador declarante.

Manuel M. Singlet, Carlos Julio Pereyra, Juan A. Posadas. Senadores.

OBLIGACION DE LOS SENADORES

Artículo 1º. Entregar a la Secretaría, dentro de los treinta días de la iniciación de cada período o de su ingreso al Senado, una relación jurada de su estado patrimonial y actividades remuneradas, bajo sobre cerrado y lacrado, el que sólo podrá abrirse a pedido fundado del senador que lo presente o por resolución del Senado.

Art. 2º. Una vez finalizada la Legislatura el sobre con la correspondiente declaración jurada será reservado por el plazo de dos años, transcurrido el mismo se le devolverá al interesado y si éste no lo retirare se procederá a su destrucción labrándose acta notarial de dicho acto.

Artículo Transitorio. Dentro del plazo de treinta días de aprobada la presente Resolución se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1º.

Manuel M. Singlet, Carlos Julio Pereyra, Juan A. Posadas. Senadores".

8) MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY. Remitidos por el Poder Ejecutivo anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varios Mensajes y proyectos de ley recibidos en su momento por la Asamblea General, provenientes del Poder Ejecutivo anterior.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General ha recibido Mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo anterior, relacionados con los siguientes temas: por el que se introducen modificaciones al impuesto que grava la constitución de las Sociedades Anónimas y los aumentos de capital; por el que se modifica el artículo 400 de la Ley Nº 15.981, de 18 de octubre de 1989, Código General del Proceso, y por el que se desafecta de su actual destino en el patrimonio del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, afectándolo a la Administración Nacional de Telecomunicaciones un inmueble ubicado en la ciudad de Piriápolis, 3ª Sección Judicial del departamento de Maldonado".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia tiene dudas de carácter constitucional acerca de si procede dar trámite a proyectos de ley que cuentan con la iniciativa del Poder Ejecutivo anterior, si es que cabe calificarlo así, cuyos titulares ya no están en funciones como Poder legislador.

A tenor del artículo 136, inciso 2º de la Constitución, la media sanción de la Legislatura anterior no es válida, y surge entonces la duda de si todas las etapas anteriores del proceso de elaboración de la ley, incluida la iniciativa, es o no válida.

En mérito de ello, y para no resolver por sí esta cuestión sobre la cual se pueden plantear diversos criterios la Mesa pone a consideración del Cuerpo el pase de la cuestión -no de los proyectos de ley- antes de darle trámite o de disponer su archivo, a la Comisión de Constitución y Legislación para que eleve un informe al Cuerpo sobre este asunto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pienso que no es necesario votarlo, sino que está dentro de las facultades del Presidente. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en votar afirmativamente el criterio que ha expuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el sentir del Senado es conteste con lo que ha expresado el señor senador Batalla, así se procederá y el asunto pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

9) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Solicitud de autorización para ausentarse del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud del señor Presidente de la República.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la República remite nota de conformidad con el artículo 170 de la Constitución de la República, solicitando autorización para ausentarse del país".

-Léase.

(Se lee:)

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Montevideo, 2 de marzo de 1990.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Presente

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para solicitar del Senado la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República.

Respondiendo a la invitación formulada por el Gobierno de la República de Chile para asistir a los actos de Trasmisión del Mando del Señor Presidente Electo, habré de trasladarme a ese país del 10 al 13 de marzo de 1990.

Aprovecho la ocasión para saludar al señor Presidente y a los demás señores Senadores con mi más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle
Presidente de la República
Pablo García Pintos
Secretario de la Presidencia
de la República"

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la solicitud formulada por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Constitución.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD".

10) PRESIDENTE DEL SENADO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL, DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de entrar a la hora previa, para la cual únicamente está anotado el señor senador Pérez, el Senado le ha de permitir al Presidente que se tome la libertad, por la circunstancia especialísima de ser ésta la primera sesión ordinaria de la presente Legislatura en que el dicente preside las sesiones del Cuerpo, formular algunas consideraciones sobre la forma en que ha de ejercer el alto cargo que la ciudadanía le ha confiado.

En primer lugar, quiero expresar que, para mí, tiene una significación personalísima y muy particular el ocupar el sillón de la Presidencia del Senado y también el de la Asamblea General.

Desde los muy lejanos tiempos de la Presidencia de don Manuel Oribe, en que don Juan Pedro Ramírez ocupó una banca en el Senado de la República e integró la famosa Comisión de Cuentas que revisó la gestión financiera de la administración del Presidente Fructuoso Rivera, durante cinco generaciones, integrantes de mi familia, mis mayores, han ocupado escaños en el Senado de la República. El honor que naturalmente representa investir la representación popular en la Cámara alta, tiene, pues, para mí, ese significado, que le da un contenido emotivo muy hondo. Con mayor razón, aún, cuando recuerdo que en la sesión del 14 de febrero de 1932 y de acuerdo con el régimen vigente en la Constitución de 1918, el entonces senador por Florida, Juan Andrés Ramírez -mi abuelo- por el voto de sus pares, fue electo Presidente del Senado, en una sesión cuya acta tengo en mi poder en este momento. En esa sesión, en la cual ocupaba, a su derecha, el cargo de Secretario del Senado el doctor Martín R. Echegoyen, el doctor Ramírez expresó, entre otros conceptos, los siguientes: "Ocupo este alto sitial, desde el cual prometo que cumpliré los cometidos fundamentales de la Presidencia, es decir, mantener incólumes los fueros de este Cuerpo y los de la Asamblea General, dirigir los debates con la más absoluta imparcialidad y velar por el cumplimiento de las normas de derecho parlamentario que la Constitución, las leyes y los reglamentos han establecido".

Y agregó, finalmente: "Tengo la convicción de que el Senado estará, como ha estado siempre, a la altura de las circunstancias, lo que hace más grande el honor de presidirlo, y mayor también mi gratitud para todos aquellos que me han creído capaz de merecerlo".

Suscribo naturalmente estos conceptos, pero agrego, en las particulares circunstancias políticas que vive en este momento el país que, por supuesto, me comprometo, porque es mi deber, a defender los fueros del Senado en todos los planos institucionales en que corresponda hacerlo. Al mismo tiempo, me reitero integrante de un Gobierno del cual la ciudadanía y el país entero esperan una gestión que llene las esperanzas y los anhelos en él depositados; un Gobierno que, naturalmente, debe funcionar con eficacia y, para que ello sea posible, entre los dos Poderes políticos del Gobierno -el Ejecutivo y el Legislativo- debe reinar un clima de colaboración y no de enfrentamiento.

Sus funciones deben encararse con un criterio de complementación y no de divorcio, máxime cuando para felicidad del país, se ha dado la circunstancia novedosa en las costumbres políticas nacionales de que se haya formado un gobierno que se ha denominado de "coincidencia nacional", en virtud del cual está representado en el Poder Ejecutivo no sólo nuestro Partido Nacional, sino también el Partido Colorado; esto asegura un amplio respaldo parlamentario a sus iniciativas y, por lo menos, a las orientaciones básicas y a los proyectos fundamentales que remita el Poder Ejecutivo y que yo tendré el deber, como Presidente de la Asamblea General y del Senado, de impulsar ágil y decididamente, sin perjuicio, naturalmente, del estudio concienzudo y responsable que las Comisiones permanentes de ambas Cámaras deberán realizar de tales iniciativas.

Declaro solemne y sinceramente que más allá de las conocidas discrepancias que en algunas cuestiones de gobierno y en algunos temas ideológicos tenemos con otros partidos políticos y con algunos integrantes del Cuerpo, adjudico a todos -partidos y senadores, colectividades políticas y colegas- como no puede ser de otra manera, las mejores intenciones y el más puro y elevado patriotismo.

Tengo para mí -y lo he manifestado en el curso de la campaña electoral- que la diversidad y la confrontación de propuestas que sobre los más diversos temas de la actividad nacional fueron ofrecidas a consideración de la ciudadanía no reflejan otra cosa que el criterio personal, a veces contrapuesto, que los hombres tenemos en todos los planos de las actividades humanas con arreglo a nuestro respectivo criterio. Pero, por supuesto que todos, reitero -partidos y legisladores- quieren lo mejor para el país y persiguen el bienestar de la comunidad en su conjunto y de cada uno de los uruguayos en particular.

En función de lo expresado, como no puede ser de otra manera en un régimen democrático y en un Parlamento democrático, donde toman asiento representantes de todas las tendencias de la opinión pública, señalo que procederé en el ejercicio de este cargo con la más amplia tolerancia y con el respeto necesario a la oposición, cuya presencia constituye una de las leyes de juego en la democracia; oposición leal y responsable, pero oposición al fin, que se ejercerá quizá con arreglo a aquel criterio que hizo célebre el doctor Martín C. Martínez, cuando integrando la Cámara de Representantes dijo en cierta oportunidad a los representantes del Gobierno: "Yo estoy aquí para desconfiar".

La regla básica de la democracia es el acuerdo para el disenso. Por lo tanto, en nuestro país, ejemplo de democracia desde los albores de su historia, no se concibe -ni yo lo quiero- un Parlamento de unanimidades, un Parlamento sin oposición. Aquí discreparemos civilizada y respetuosamente; y del enfrentamiento de las ideas, del chocar sereno de las posiciones políticas, abrigo la firme esperanza de que saldrá lo mejor para el futuro del país y para el funcionamiento del Gobierno.

Lo importante no somos los senadores y mucho menos lo es el Presidente del Senado; lo importante es el Senado, que tenemos entre todos el deber de prestigiar. Nosotros pasaremos y el Senado quedará, según enseña la manida y consagrada frase, "Los hombres pasan y las instituciones quedan". Y lo que yo aspiro que quede de la gestión de este Senado es que, durante el quinquenio 1990-1995, por la acción mancomunada de todos sus integrantes, al final de la Legislatura este Cuerpo y las instituciones democráticas del país se hayan prestigiado.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales, el Vice-Presidente de la República es al mismo tiempo Presidente del Senado y de la Asamblea General. Sin entrar en disquisiciones de carácter constitucional, debo señalar que, en realidad, no existe el órgano Vice-Presidencia de la República; ésta es un rótulo en un papel membretado. El Vice-Presidente de la República, como tal, no tiene funciones propias; simplemente sustituye al Presidente y asume las atribuciones del Presidente cuando éste está impedido temporalmente de ejercerlas.

Las atribuciones del Vice-Presidente de la República son las del Presidente del Senado y Presidente de la Asamblea General. En ambas calidades, el cargo que ocupo obliga al desempeño de funciones de diverso carácter y, ante todo, determina que el titular del mismo es el jerarca administrativo de uno de los Poderes del Gobierno, ese Poder que tanto queremos que es el Poder Legislativo.

Como jerarcas administrativos del Senado y de la Asamblea General, afirmamos clara y enfáticamente que nos preocuparemos siempre de titular los derechos de todos los funcionarios. Pero, al mismo tiempo, declaramos con la misma serenidad e igual convicción que haremos cumplir los deberes de todos los funcionarios. Hoy pensamos, como siempre, y quizá con mayor rigor para quienes tienen, en mi concepto, la satisfacción y el honor de ser funcionarios del Parlamento de nuestro país, que rige para ellos la regla del artículo 59 de la Constitución, según la cual, "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario". No obstante ello, en nuestro afán de garantizar los derechos de todos los funcionarios y reducir al mínimo el margen de discrecionalidad que como jerarcas de esta administración tenemos y han tenido todos los Presidentes del Senado en el pasado, abrigamos el firme propósito de salvar una omisión que los senadores de las anteriores Legislaturas han tenido desde siempre, de modo que los funcionarios de este Cuerpo cuenten con la garantía indispensable de un Estatuto del Funcionario. Ese Estatuto -y debemos declararlo en homenaje a nuestro antecesor- constituyó una de las preocupaciones del doctor Tarigo, quien dejó en su despacho de trabajo, en el despacho de la Presidencia del Senado, un proyecto de Estatuto elaborado en consulta con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Como tantas obras humanas, es un documento perfectible, y durante el receso, antes de asumir el cargo, estuvimos trabajando en él con el señor Secretario -entonces aún no electo- el doctor Harán Urioste. Hemos cursado ese documento a los principales jerarcas administrativos de las distintas direcciones del Senado para que formulen sus sugerencias al respecto y, cuando ellas lleguen a nuestro conocimiento, rápidamente elevaremos al Senado el Estatuto como proyecto de resolución para que éste le dé trámite a la Comisión de Asuntos Administrativos, que será -entiendo- la que deberá proceder a su estudio.

Además de estas preocupaciones de orden inmediato, queremos también dejar estampados en esta ocasión algunos conceptos de orden general. Aunque no somos afectos a las distinciones, debemos decir que, en nuestros cinco años de actuación en este Senado, en este hemiciclo, desde la banca a la que tanto quise y que hoy ocupa el señor senador Abreu, pudimos apreciar en la gran mayoría de los antiguos funcionarios del Senado -aunque ello no constituya una regla sin excepciones, porque en los cuadros administrativos del Cuerpo hay de todo como en la viña del Señor- un gran amor a su función, el orgullo por ser funcionarios del Senado y el celo en el cumplimiento de sus deberes administrativos.

Debemos decir, no sin cierta desazón, que no hemos podido apreciar en todos los funcionarios del Cuerpo y particularmente en los ingresados más recientemente, el mismo concepto, la misma satisfacción y el mismo orgullo por ser funcionarios del Senado. Asimismo, hemos apreciado cierta tendencia al quebrantamiento de esa disciplina que es indispensable para que el funcionamiento administrativo de un órgano tan importante como lo es el Senado de la República se realice con la dignidad, el decoro y la eficiencia necesarios.

El Senado y el Parlamento todos tienen un edificio majestuoso. La importancia de los ambientes, la de este recinto en que funciona el Senado y más aún el de la Cámara de Representantes, resulta sobrecogedora para todos aquellos que ingresan por primera vez al Palacio Legislativo. En este sentido, no puedo dejar de recordar en este momento la anécdota que me relató, durante la Legislatura pasada, un parlamentario con larga actuación en ambas Cámaras.

Un día que ingresábamos al hemiciclo de la Cámara de Representantes y nos situábamos cerca de la mesa de trabajo de los taquígrafos, ese colega me dijo: "Yo estaba aquí el día que ingresó a este Parlamento en calidad de huésped del Gobierno Nacional la entonces Primer Ministro del Gobierno de Israel la señora Golda Meier". Y, deteniéndose en la mitad del hemiciclo y mirando hacia las barras y hacia el frontispicio que está detrás de la mesa de la Cámara de Representantes, apreciando la belleza y la majestuosidad del recinto en que sesionan dicha Cámara y la Asamblea General, expresó, palabras más o palabras menos, lo siguiente: "Un país que tiene este edificio por sede del Parlamento tiene que ser una gran democracia".

En los tiempos en que el Uruguay era una gran democracia -que, a no dudar, por suerte ha vuelto a serlo- se construyó este Palacio Legislativo, que fue un orgullo para las generaciones anteriores y, en ese sentido, debe seguir siéndolo para las generaciones presentes; debe constituir para los funcionarios de ambas Cámaras del Parlamento un motivo de satisfacción y de toma de conciencia acerca del honor y, en cierto sentido, del privilegio que significa poder trabajar en el Palacio de las Leyes y junto a los representantes más auténticos y genuinos de la soberanía popular.

Por todos estos conceptos es que voy a tratar de constituirme en celoso guardián y custodio del derecho de todos los funcionarios, pero también seré el primero en exigir celo, puntualidad, sentido de responsabilidad y dignidad en el ejercicio de la función por parte de todos ellos.

Quiero añadir en este momento que considero uno de mis deberes primordiales, porque así lo exige, además, la Ley Nº 9.427, poner en funcionamiento inmediato a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Dicha Comisión no es un órgano superfluo, ni un ornato inscripto en una norma legal que no se cumple. Durante la legislatura anterior -no corresponde ahora determinar por responsabilidad de quién o de quiénes- la Comisión Administrativa funcionó poco y nada, recayendo en el Presidente de la Asamblea General y en el Secretario del Senado la responsabilidad de manejar y de decidir infinidad de problemas de carácter administrativo, inherentes al funcionamiento de los servicios comunes a ambas Cámaras del Parlamento, que, en puridad, son de competencia de esa Comisión que preside el Presidente de la Asamblea General, pero que integran dos senadores y dos representantes.

En virtud de mi decisión de que la Comisión Administrativa se integre de inmediato es que figura, como uno de los primeros puntos a considerar en el orden del día de la sesión de la fecha, la designación de los miembros que corresponden al Senado en dicha Comisión. Pero ya sea que ésta se integre o no de inmediato, comprometo mi firme voluntad de que la Comisión Administrativa funcione regularmente, que se aboque lo antes posible al cumplimiento de las importantes funciones que tiene y que el Presidente del Senado y de la Asamblea General sea quien dirija sus deliberaciones sin ser el que todo lo decide, sino un miembro más, con un voto entre cinco.

Por otro lado, declaro que tengo la mayor preocupación porque esa obra fundamental para el mejor funcionamiento del Parlamento que es el llamado Edificio de las Comisiones que a ritmo lento se viene construyendo en los predios que están enfrente del Palacio -más precisamente por el lado que funciona la Cámara de Representantes- adquiera el ritmo que en un principio se supuso debía tener. Si no ha habido celeridad en la construcción de este edificio ha sido por problemas de carácter financiero y por la provisión insuficiente de recursos o inferior a la que estaba proyectada, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos de las dificultades que tiene actualmente el erario público y de las razones que llevaron a la anterior Administración a enlentecer la provisión mensual de fondos destinados a estas obras. Nos explicamos y comprendemos estas razones, pero, desde la Comisión Administrativa y en nuestra condición de Presidente de la Asamblea General, bregaremos permanente e incansablemente porque antes de terminar los cinco años de esta Legislatura podamos tener la satisfacción, no para el Presidente de la Asamblea General sino para los 130 integrantes de ésta y para todos los funcionarios de ambas Cámaras, de poder asistir a la inauguración, tanto tiempo postergada, del Edificio de las Comisiones.

He hablado con cierta extensión de los cometidos que me corresponden en mi condición de jerarca administrativo del Senado y de la Asamblea General. Asimismo, no olvido las atribuciones de carácter administrativo que tiene el Senado de la República, las que, además de ser importantes, en este aspecto lo distinguen de la Cámara de Representantes. En este sentido, no olvidamos que el Senado tiene, entre otros cometidos importantes, el de resolver sobre las distintas solicitudes de venia que cursa el Poder Ejecutivo para destituir a determinados funcionarios públicos, para designar a algunos funcionarios administrativos, para ascender a funcionarios militares y, así como para la Suprema Corte de Justicia pueda designar a los miembros del Tribunal de Apelaciones. Tampoco olvidamos los importantísimos cometidos de control político que sobre el Poder Ejecutivo tienen ambas Cámaras del Poder Legislativo; no olvidamos a aquellos institutos que por obra de la prédica y de la insistencia del Partido Nacional se incorporaron a la Constitución en la Carta de 1918: el llamado a Sala, comúnmente conocido como el instituto de la interpelación, el pedido de informes y las famosas Comisiones Investigadoras, que desde hace 70 años están esperando que sus facultades sean reglamentadas por ley. Al decir esto, señalo mi intención, mi aspiración, de que el proyecto de ley que se sancionó primero en la Cámara de Representantes en la Legislatura anterior y que, modificado y ampliado con detalles en este Senado tras un trabajo exhaustivo de la anterior Comisión de Constitución y Legislación, quedó sin sanción porque la Cámara de Representantes no lo volvió a considerar, nuevamente sea objeto de estudio en esta Legislatura para que las Comisiones Investigadoras que se designen -que, sin duda, habrán de designarse- puedan ejercer sus importantísimos cometidos en el marco de un estatuto legal que elimine las viejas y repetidas polémicas acerca de cuál es el alcance de sus atribuciones, lo que traerá tranquilidad a ambas Cámaras y al Poder Ejecutivo, como a todos los organismos eventualmente investigados.

Por último, no quiero dejar de remarcar el hecho de que por algo este Poder del Gobierno se llama Poder Legislativo. Los cometidos fundamentales que tienen ambas Cámaras son de carácter legislativo. A este edificio se le conoce como el Palacio de las Leyes y, por consiguiente, lo primordial de nuestra tarea es darle fuerza, vigor jurídico y vigencia a aquellos instrumentos normativos que, dentro del sistema constitucional, del país, ocupan, en el edificio del orden jurídico y luego de la Constitución, el grado inmediatamente inferior.

Nuestro predecesor en el cargo, doctor Tarigo, dijo alguna vez, con razón, que el Parlamento no es una máquina de hacer leyes. En esta materia, la cantidad no es sinónimo de calidad. No es mejor Parlamento aquel que sanciona muchas leyes, sino aquel que sanciona buenas y estudiadas normas. Quizás no haya mejor ejemplo de lo que no constituye una buena manera de legislar, que esas leyes de Presupuesto, donde por la certidumbre de que los proyectos tienen que aprobarse de cualquier forma, porque hay plazos constitucionales cuya expiración determina la imposibilidad de sancionar dichas leyes presupuestales, donde se incluyen centenares de disposiciones ajenas a la materia presupuestal, a las cuales, casi siempre, no hay tiempo y oportunidad de estudiar con detención.

No existen leyes con mayor cantidad de errores, de técnica legislativa y que hayan sido estudiadas con mayor apresuramiento que las leyes de Presupuesto, que se terminan votando, generalmente, en sesiones maratónicas y por capítulos, ocasiones en las cuales los legisladores levantan las manos sin saber, en verdad, lo que están votando.

Mi concepto de la función legislativa es otro: las leyes deben ser claras, cortas, concisas y contener disposiciones cuya aplicación no genere, en principio, dudas interpretativas ni problemas que lleven luego a los ciudadanos a la necesidad de litigar ante los Tribunales.

Por eso es que enfatizo aquí en el papel de las Comisiones. Las Comisiones permanentes, en mi concepto, no son ámbitos de enfrentamientos políticos, sino que son organismos de trabajo, de estudio, de análisis concienzudo de los proyectos de ley. Allí, y no en las sesiones plenarias, es que se hacen las leyes. Si éstas vienen mal redactadas de las Comisiones, luego surge la necesidad de corregirlas en el Plenario, lo que la experiencia reiterada indica que no es práctica conveniente.

Nosotros exhortamos a los miembros de todas las Comisiones a trabajar con celo y con cuidado en esta tarea de estudiar e informar los proyectos de ley; aspiramos a que las normas vengan redactadas con corrección idiomática, sin errores de sintaxis y con claridad en el manejo de la terminología y de los institutos jurídicos.

No decimos esto por puntillosidad idiomática ni por deformación profesional, en la condición de juristas, que algunos, con exageración y generosidad, nos han atribuido.

Reiteramos que las leyes mal redactadas, las disposiciones confusas, hacen luego perder el tiempo, generan las famosas dos bibliotecas en la interpretación de los textos legales, dan pie a interpretaciones antojadizas y son semilleros de problemas para la Administración y de pleitos sin fin para los particulares.

Legislemos, pues, con sentido de responsabilidad, pero legislemos con cuidado y con corrección.

En esta materia, recuerdo en este momento una frase de uno de los famosos discursos de aquel príncipe de la inteligencia que se llamó Irureta Goyena, el Codificador, quien dijo en cierta oportunidad que "el Jurisconsulto es un hombre que pone su talento al servicio de la ley en vez de poner la ley al servicio de su talento; que se amolda a los intereses de la justicia en vez de amoldar la justicia a sus intereses; que sufre la ley y obliga a los demás a sufrirla derechamente y sin engaño, por la fuerza de la razón, que es la más incontrastable, la más franca y la más subyugante de todas las energías".

Declaro, en esta ocasión, para mí solemne, que tengo presente el juramento que presté el 1º de marzo ante la Asamblea General, en virtud del cual me comprometí por mi honor a guardar y defender la Constitución de la República.

También tengo presente el juramento que en idéntico sentido y de acuerdo con lo que dispone el artículo 13 del Reglamento, prestaron en la sesión solemne del 15 de febrero todos los señores senadores.

Aspiro, por ello, a que tengamos preocupación por la regularidad constitucional de las leyes que aprobemos. Creo que tenemos el deber de extremar el celo en el cuidado con que debemos comparar el contenido de las disposiciones legales, en cuanto a su arreglo con lo que dispone la Constitución de la República.

Cuando sancionamos leyes inconstitucionales, desconocemos y transgredimos nuestro deber de respetar la Constitución de la República y traemos, luego, infinidad de problemas para la Administración y para la Suprema Corte de Justicia, que después debe ejercer su competencia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Precisamente, en la sesión de hoy, tenemos en el orden del día un proyecto por el que se derogan disposiciones incluidas en leyes que han sido declaradas inconstitucionales, en los últimos cinco años, por la Suprema Corte de Justicia.

Este proyecto de ley había sido aprobado por el Senado en la Legislatura anterior. Yo lo había redactado porque tenía ya entonces la preocupación que hoy expreso. En un Estado de Derecho basado, entre otros axiomas, en el principio de la gradación jerárquica de las normas jurídicas, en virtud del cual la ley está por debajo de la Constitución y debe siempre ajustarse a la misma en su letra y espíritu, no se concibe la sanción de leyes inconstitucionales y, mucho menos, su vigencia.

Para alivianar la aridez de estas palabras, voy a recordar una frase ingeniosa de aquel gran espíritu, aquel atleta del pensamiento, que fue uno de nuestros grandes especialistas en Derecho Público, el doctor Juan José Carbajal Victorica.

Sus alumnos de las clases de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas recordaban que, desde su Cátedra, solía decir: "El principio de la jerarquía de las normas jurídicas está mal enunciado habitualmente. Se dice que en la cúspide de la pirámide de las normas jurídicas está, primero, la Constitución, luego la ley, después el Reglamento y por último, el acto administrativo y la resolución particular de la Administración, y no es así. Primero, las circulares del Departamento de Emisión del Banco de la República, -en los tiempos en que no existía el Banco Central- luego, la Constitución, la Ley, el Reglamento y el acto administrativo..."

Pero, bromas aparte, creo que el Parlamento y particularmente el Senado de la República, es un ámbito en el cual, además de la lucha estrictamente política, todos los días se vive aquella lucha por el Derecho de la cual nos habló Ihering en una obra célebre.

Nuestro compromiso, en esa lucha por el Derecho, es defender la vigencia integral de todas las normas jurídicas, comenzando por la Constitución de la República.

Aspiro, con estas palabras, y con una prédica que sostendré incansablemente, a crear conciencia sobre la necesidad que tenemos de comprender que no debemos sancionar leyes de dudosa constitucionalidad, por más que respondan a conveniencias y obligaciones políticas indiscutibles del momento que se viva.

Mis colegas recordarán que, en muchas oportunidades, durante la Legislatura anterior, prediqué en el desierto acerca de la necesidad de no aprobar disposiciones que yo consideraba inconstitucionales y, particularmente, me alcé contra la costumbre violatoria del artículo 216 de la Constitución, de incluir permanentemente en las leyes presupuestales y de Rendición de Cuentas disposiciones ajenas a la materia presupuestal, en función de una práctica por la cual llegamos hasta el absurdo de votar una modificación del Código Penal en una ley presupuestal y de resolver pleitos entre el Estado y los particulares en las leyes presupuestales, con desconocimiento del principio de la separación de Poderes.

Quiero terminar estas palabras remitiéndome a la autoridad de un ilustre jurista alemán y gran filósofo del Derecho: Gustav Radbruch, cuyas enseñanzas me llevaron en cierta oportunidad a decir, o mejor dicho a escribir en un trabajo jurídico que, en definitiva, "está en los supuestos jurídicos y filosóficos de un Estado de Derecho que la primera necesidad de éste es eliminar toda posible arbitrariedad mediante el acatamiento integral del orden jurídico y que ninguna conveniencia circunstancial está por encima de esta conveniencia decisiva y permanente". Como enseña Radbruch -lo escribí en aquella oportunidad- "de ninguna manera es Derecho todo lo que al pueblo aprovecha sino que al pueblo aprovecha en último análisis sólo lo que es Derecho, lo que crea seguridad jurídica y lo que aspira a hacer justicia".

A estas sabias enseñanzas del filósofo alemán ceñiré mi conducta como Presidente del Senado y Presidente de la Asamblea General, en la certidumbre de que si logro inculcar esta convicción al Poder Legislativo en su conjunto, al término de la Legislatura habremos prestigiado al Senado, a la Asamblea General y al Poder Legislativo.

Muchas gracias.

11) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Batalla y Cassina presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se deroga la Ley Nº 7.253, de 6 de agosto de 1920 que homologó la práctica del duelo en nuestro Derecho positivo y los artículos 38 y 200 al 205 inclusive del Código Penal de 1934".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto:)

"DEROGACION DE LA LEY Nº 7.253 Y LOS ARTICULOS 38 Y 200 A 205 INCLUSIVE
DEL CODIGO PENAL DE 1934

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientes hechos de notoriedad han suscitado una corriente de opinión pública, francamente adversa al instituto del duelo, expresándose un generalizado rechazo colectivo hacia los lances caballerescos, como vía adecuada para dirimir las ofensas al honor.

Y, en rigor de verdad, el derecho comparado demuestra que la gran mayoría de las legislaciones penales han abolido este arcaico instituto, incriminando la práctica del duelo, que aparece tipificado en los respectivos ordenamientos positivos como un delito contra las personas o, en otros casos, como un hecho punible lesivo de la administración de justicia.

A esa solución se afiliaba, en el antiguo derecho patrio, el derogado Código Penal de 1889, cuyos Arts. 348 al 359 reprimían al duelo como un delito contra las personas, incluso a partir de la mera formulación de un reto no aceptado.

Posteriormente, la Ley Nº 7.253, de 6 de agosto de 1920, vino a homologar la práctica del duelo en nuestro derecho positivo, disciplinando el procedimiento preliminar y los requisitos formales del lance y consagrando, asimismo, una causa de impunidad para los contendores y demás protagonistas.

El Código Penal de 1934 vino a convalidar la solución legislativa. Así, el artículo 38 instituye una excusa absolutoria, para aquellas hipótesis de duelos que se verifiquen con observancia de los requisitos establecidos por la Ley Nº 7.253. Consecuentemente, en los Arts. 200 al 205 se castigan conductas inherentes al llamado "duelo irregular", que aunque no se beneficia con la causa de impunidad mencionada, recibe un tratamiento punitivo de notoria benignidad.

Ahora bien, la más encumbrada doctrina jurídica ha reclamado enérgicamente el castigo penal del duelo, invariablemente calificado como un instituto anacrónico y clasista, que sustrae del ámbito judicial la dilucidación de los conflictos de honor, permitiendo una suerte de "vindicta" privada de los interesados.

La práctica de los lances caballerescos es susceptible de ser reprobada también desde el punto de vista ético, puesto que -como lo aducía el Dr. Emilio Frugoni- "contribuye enormemente a inferiorizar la mentalidad de nuestro pueblo arraigando en él un falso concepto de los valores morales". (Obras de Emilio Frugoni, Selección de Discursos, tomo VII, Cámara de Representantes, Montevideo 1989, pág. 243).

Sin embargo, más allá de cuestiones éticas, filosóficas o hasta religiosas, este proyecto se apoya -pura y simplemente- en un dato sociológico, constituido por el profundo rechazo comunitario expresado hacia la práctica del duelo, sentimiento que el legislador está obligado a recoger.

Y se respalda también en una consideración jurídica, puesto que, estrictamente, resulta inadmisible en el Estado democrático de Derecho, la subsistencia de formas de autocomposición privada de conflictos -con las graves consecuencias que eventualmente pueden traer aparejadas- sustraídas a la vía natural de resolución, a través del sistema jurisdiccional.

Existiendo en el ordenamiento positivo normas específicas de tutela penal del honor (Arts. 333 al 339 del Código Penal), es al Poder Judicial a quien le compete intervenir en la dilucidación de conflictos de honra, correspondiendo proscribir la vía privada. A ello conduce el propio mandato constitucional, recogido por el Art. 7 de la Carta, que garantiza a todos los habitantes de la República la protección en el goce de su vida, honor y seguridad, entre otros derechos.

Inspirado en tales criterios, el proyecto adjunto sigue la vía de suprimir las normas convalidantes del duelo, derogando íntegramente la Ley Nº 7.253, así como los Arts. 38 y 202 al 205 del Código Penal.

De tal forma, el duelo pasará a regularse por el Derecho Penal común, perdiendo su estatuto de impunidad, o de pena privilegiada en el caso del duelo irregular, y sin poderse beneficiar tampoco con la justificante de la defensa legítima (Art. 26 del Código Penal), conforme a la pacífica interpretación jurisprudencial y doctrinaria, que excluye de ese supuesto a todas las hipótesis de desafío aceptado.

En síntesis, el proyecto se inscribe en la línea de adecuar la legislación penal vigente, a las coordenadas de un Estado democrático de derecho, donde no puede tener cabida el instituto cuya derogación se propicia.

Montevideo, 2 de febrero de 1990.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase la Ley Nº 7.253, de 6 de agosto de 1920 y los artículos 38 y 200 al 205 inclusive del Código Penal de 1934.

Montevideo, 2 de marzo de 1990.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores".

12) CONSTITUCION DE SECTORES PARLAMENTARIOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota relacionada con la constitución de un sector parlamentario.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Alberto Zumarán comunica que se ha constituido un sector parlamentario con el nombre de ‘Por la Patria’".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, Marzo 6 de 1990.

Señor
Presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que me he constituido en "sector parlamentario", con el nombre de "Por la Patria".

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi consideración más distinguida;

Dr. Alberto Zumarán".

-Téngase presente.

13) EMPRESA ASTRA. Problemas que afectan a sus obreros.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa. Tiene la palabra el señor senador Jaime Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: es la primera vez que hablo en este Senado. Naturalmente, en esta oportunidad no quiero hacer referencia a acontecimientos de mi vida, como ser el inicio de mi actuación política o sindical o los años que estuve preso.

Voy a referirme a un problema concreto que tiene relación con una visita que hice a Rocha, en particular a La Paloma. Allí conversé con un grupo importante de trabajadoras y trabajadores de la empresa ASTRA. Si no me equivoco esta empresa es la más importante de la República en su ramo. Existen otras dos empresas en el balneario Costa Azul próximo a La Paloma, pero ellas son más pequeñas y tienen un rubro menor de trabajadores.

En ASTRA cumplen funciones aproximadamente 1.600 trabajadores, de los cuales un 90% son obreras, principalmente las llamadas filateras que realizan el trabajo más calificado y deben hacerlo en condiciones bastante insalubres, permanentemente mojadas. Ellas tienen una capacidad muy grande en el manejo del cuchillo para ese tipo de tareas con el inconveniente de que al cabo de pocos meses se genera cierto tipo de deformación en las manos y enfermedades que reclaman una atención especial.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ortiz)

-En esta visita las trabajadoras y los trabajadores me plantearon principalmente dos problemas.

Uno de ellos tiene que ver con la continuidad del trabajo. Las empresas de este tipo son zafrales, es decir que los trabajadores están ocupados tres o cuatro meses y en los períodos en que se retiran la corvina, la merluza o la pescadilla automáticamente se produce una paralización de las plantas que afecta no sólo a quienes están en el procesamiento del pescado para la exportación sino también, naturalmente, a los pescadores que abastecen a las plantas.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre)

-De acuerdo con lo planteado, esto podría resolverse si la fábrica en lugar de trabajar únicamente con las tres especies mencionadas lo hiciera con las 24 especies que se pescan en nuestras aguas territoriales pero que no son aprovechadas para la industria. Hay especies como los calamares que son muy cotizadas en el mercado internacional; sin embargo no son aprovechadas por considerarse -según me decían los trabajadores- que requieren una mejor tecnificación de la planta y la instalación de algún tipo de maquinaria que facilite el aprovechamiento pleno de todas las especies. Esto debería ir unido a medidas de comercialización que faciliten la colocación de estos productos en el Mercado Común Europeo que es esencialmente hacia donde se exportan, sobre todo hacia Italia.

El problema es el siguiente. Cuando viene la red se vuelca sobre la cubierta del barco y ahí se hace la separación de las tres especies que son las únicas que la empresa admite. En consecuencia, todo el resto de las especies, que son la mayoría de lo que viene en la red, son arrojadas nuevamente al mar. Pero al hacer esto ya no tienen vida y, por lo tanto, se va produciendo un desperdicio totalmente sensible de nuestra riqueza marítima. De todo esto surge que no hay un aprovechamiento cabal para la industria ni para el trabajo ni para la exportación y, simultáneamente una depredación importante va lesionando una riqueza que probablemente puede transformarse en una de las principales fuentes de producción del país. Todo esto redunda en una limitación del trabajo.

El segundo problema es que el 90% de los trabajadores son mujeres, generalmente bastante jóvenes. Por las condiciones del trabajo al cabo de algunos años deben retirarse de la producción por razones de salud. Muchas de esas trabajadoras son casadas, tienen hijos y allí surge un problema que realmente es angustiante para las familias que viven en La Paloma. Por ejemplo, en La Paloma carecen de una casa cuna y de un jardín de infantes, elementos que les darían tranquilidad mientras trabajan ocho horas, en tres turnos. Pensemos en las que hacen el turno completo de la noche. Al no contar con un lugar donde se garantice un mínimo de atención, de alimentación, de personal especializado que atienda a sus hijos, se generan factores de tensión en ese personal femenino y todo, repito, a causa de la incertidumbre que experimentan en relación con sus hijos.

Me decían que en Rocha -más específicamente en la capital- hay algunos establecimientos en estas condiciones. Pero ellos se encuentran aproximadamente a treinta quilómetros del lugar donde se levanta la fábrica y la mayoría del personal vive en La Paloma, en La Aguada y en Costa Azul, es decir, en los alrededores de la fábrica. Por lo tanto, pienso que sería conveniente y totalmente humano que existieran establecimientos dedicados al cuidado de esos niños, con personal especializado, lo que permitiría que las madres no tuvieran que depender de amigas o de compañeras de trabajo. Vemos que entre todas se van turnando; así, las que no trabajan en un turno, cuidan a los niños de las que sí lo hacen. Sin embargo, de una u otra manera, todo esto va generando dificultades y pensamos que sería conveniente que el Ministerio correspondiente prestara atención a estos problemas. Consideramos que una empresa tan importante como ésta tendría que trabajar, en lo posible, los doce meses del año, cosa que redundaría en beneficio de la economía del país, como consecuencia de sus exportaciones, generando una masa multiplicada de jornales para los trabajadores y trabajadoras, lo que aparejaría una vida mejor para quienes allí cumplen sus tareas.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE. - A pesar de que ha expirado el tiempo de que dispone el señor senador, la Mesa le concede un minuto más a fin de que redondee su pensamiento.

SEÑOR PEREZ. - Desearía que la versión taquigráfica de mis palabras pasara al Ministerio correspondiente a fin de que se propicien las obras necesarias para levantar en La Paloma una casa cuna y un jardín de infantes, y simultáneamente, por intermedio del Ministerio de Industria y Energía se estudie -aún no se ha reunido la Comisión respectiva del Senado- si es posible encontrar caminos para un aprovechamiento más cabal del total de las especies que se encuentran en nuestras aguas territoriales.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia consulta al señor senador a qué Ministerio se refirió cuando dijo "el Ministerio correspondiente".

SEÑOR PEREZ. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el que tiene que ver con las casas cuna y los jardines de infantes. Pienso que a la Intendencia de Rocha también le compete este problema y al Ministerio de Industria y Energía todo aquello que se refiere al funcionamiento de la empresa.

Pido disculpas al señor Presidente por mi inexperiencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo expresado por el señor senador Jaime Pérez la versión taquigráfica de sus palabras se pasará, en primer lugar, a la Comisión Permanente del Cuerpo -Comisión de Industria y Energía- no bien ésta se instale. A continuación se va a votar su moción a fin de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Intendencia de Rocha y al Ministerio de Industria y Energía.

Se va a votar la moción propuesta por el señor senador Jaime Pérez.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

14) ELECCION DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES PERMANENTES (Artículo 127 de la Constitución de la República)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República)".

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la bancada de legisladores del Partido Colorado aún no ha aunado criterios a fin de proponer candidatos para integrar esta Comisión. En consecuencia, pido a mis compañeros del Senado la postergación de la consideración de este asunto para la semana próxima.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Cigliuti en el sentido de que este primer punto pase a integrar el orden del día de una de las sesiones de la semana próxima.

(Se vota:)

-27 en 31. Afirmativa.

15) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo lugar del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: entiendo que hay acuerdo para proponer como integrantes de esta Comisión a los señores senadores Ortiz y Ricaldoni.

Hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de poner a votación la moción presentada por el señor senador Cigliuti, la Mesa quiere recordar al Cuerpo que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley Nº 9.427, de 28 de agosto de 1934, "La Comisión Administrativa del Poder Legislativo se compondrá de dos senadores y dos representantes, uno por la mayoría y otro por la minoría mayor, respectivamente, elegidos por cada una de las Cámaras y del Presidente de la Asamblea General, que ejercerá su Presidencia". Esta disposición agrega que se renovará anualmente, al comenzar cada Período Legislativo. Es decir que el mandato de los miembros que hoy elija el Senado es anual, por lo que, en el próximo Período de la Legislatura, tendremos que proceder a elegir a otros dos integrantes.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como se sabe, la bancada del Frente Amplio presentó, en la Legislatura pasada, un proyecto tendiente a modificar la ley que rige la integración de la Comisión Administrativa. Tal como ha leído el señor Presidente, la disposición establece que en esta Comisión sólo estarán representados los dos lemas más votados. A consecuencia de ello, actualmente, hay un 30% de representación ciudadana que tiene presencia en las Cámaras y no lo tendrá en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Sin perjuicio de que en el día de hoy se integre dicha Comisión a través de los votos de los lemas mayoritarios, nosotros vamos a insistir en este proyecto que modifica una situación que nos parece inconveniente además de injusta.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: compartimos los conceptos emitidos por el señor senador Gargano y aclaramos que el proyecto presentado oportunamente en la pasada Legislatura tiene también nuestra firma. Debo decir, también, que ya en aquél momento señalamos nuestras dudas con respecto al procedimiento que debe regular la designación de dicha Comisión Administrativa. Nosotros dudamos de que el procedimiento a seguir sea la ley, por cuanto se trata de mecanismos que regulan la vida interna del Poder Legislativo. En la medida en que dicha regulación sería por ley formal, se abriría la posibilidad de un veto de parte del Poder Ejecutivo, cosa que lesionaría el principio de separación de Poderes. En ese sentido, pediría el pronunciamiento de la Comisión de Constitución y Legislación porque, a medida que he profundizado en el análisis de este punto, llegué al convencimiento de que el procedimiento de designación de los miembros de la Comisión Administrativa debe realizarse a través de mecanismos de resolución interna de cada una de las Cámaras y no a través del de la ley que, repito, en la medida en que se aplique el procedimiento formal abre la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa se permite señalar, respecto a lo expresado por el señor senador Gargano, que naturalmente todos los señores legisladores tienen la facultad de presentar un proyecto de ley con relación a este tema o a cualquier otro. Es conocida ya, de la Legislatura anterior, la posición del Frente Amplio y la del señor senador Batalla. Cuando el proyecto sea presentado será derivado a la Comisión correspondiente que lo estudiará.

La Presidencia interpreta que, además, el señor senador Batalla ha presentado una moción de orden acerca de la regulación del funcionamiento de la Comisión Administrativa, en el sentido de si corresponde hacerlo por ley o por actos administrativos de las Cámaras o de la Asamblea General, y el asunto será estudiado por la Comisión de Constitución y Legislación.

En tanto la ley está vigente, la Presidencia tiene el deber de aplicarla y por lo tanto va a poner a votación primero, la moción del señor senador Cigliuti y luego la moción de orden del señor senador Batalla, en los términos en que éste la formuló.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Cigliuti para que los representantes del Senado en la Comisión Administrativa sean los señores senadores Ortiz y Ricaldoni.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

Quedan designados por este período de Legislatura los señores senadores Ortiz y Ricaldoni como integrantes de la Comisión Administrativa.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: en la Legislatura pasada, sin perjuicio de haberse presentado por la bancada del Frente Amplio, que entonces integrábamos, un proyecto modificativo de la ley que regula la integración y el funcionamiento de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, se había alcanzado una suerte de acuerdo político por el cual el lema en aquél caso no representado en dicha Comisión tenía la posibilidad de designar una especie de delegado de sector, tal como está previsto. En tal sentido, recuerdo que la bancada del Frente Amplio designó, en algunas oportunidades, al entonces representante Jaurena y al entonces senador Rodríguez Camusso para cumplir con ese cometido.

Pienso que mientras se da curso al proyecto de ley a que ha hecho mención el señor senador Gargano y se examina el procedimiento de modificación de la ley vigente, a la que hizo referencia el señor senador Batalla, sería bueno que se admitiera la participación de delegados de los dos lemas no representados en la Comisión Administrativa, a los efectos de tomar parte de una tarea que, como señaló el señor Presidente en su exposición inicial, es de suma importancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de comprender las razones políticas que fundamentan lo expresado por el señor senador Cassina, la Presidencia tiene el deber de señalar que una resolución de ese carácter no puede ser adoptada por el Cuerpo, porque no figura en el orden del día y porque, además, no lo autoriza la ley vigente. En todo caso un acuerdo político de ese carácter se puede tramitar al margen de una sesión formal del Senado y, por otra parte, la Comisión Administrativa, que es absolutamente autónoma en su funcionamiento, una vez que esté instalada, podrá considerar una solicitud de ese carácter.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: le solicitaría al señor senador Batalla que aclarara, por lo menos para mí, el sentido de su moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra, a esos efectos, el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: el funcionamiento de la Comisión Administrativa, a través de una vieja ley, está regulado por medio de un procedimiento de ley formal que abre, naturalmente, la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo.

Entendemos que el funcionamiento de la Comisión Administrativa es de resorte absolutamente doméstico del Poder Legislativo. Por consiguiente, entiendo que los mecanismos adoptados a través de resoluciones del Cuerpo y no del procedimiento formal de ley. Puedo tener ese convencimiento al igual que entiendo que eso choca naturalmente con lo que ha sido, hasta ahora, el funcionamiento de la Comisión Administrativa. Por tal motivo pido la opinión de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación. No sé si eventualmente tendrá que ser planteada la misma consulta a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes o, en su caso, a la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, antes de darle la palabra al señor senador Santoro y luego al señor senador Korzeniak, quiere poner de manifiesto que en su concepto se está considerando una cuestión de orden sui generis, porque no encuadra en ninguno de los términos del extenso artículo 66 y claramente no es una cuestión de orden de las que admite discusión. No obstante ello, para no hacer una objeción de carácter reglamentario, la Mesa va a otorgar la palabra a los señores senadores que la han solicitado, aclarando esta circunstancia ante el Cuerpo.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en la primera parte de nuestra exposición íbamos a hacer referencia, precisamente, a la particularidad del trámite que se le estaba dando a esta cuestión de orden. El señor Presiente se ha adelantado a indicar la situación especial con que estamos considerando este planteamiento.

Queremos significar que lo que está expresando el señor senador Batalla viene a ser una modificación del Reglamento del Cuerpo, porque está reclamando que la Comisión Administrativa se regule por un orden interno. Es decir, que se necesitaría la modificación del Reglamento del Cuerpo, a los efectos de habilitar la integración de la Comisión Administrativa. Si se hace referencia al hecho de que es interno del Poder Legislativo, de qué otra forma puede actuar este Poder si no es por medio de una modificación del Reglamento o por una resolución. Así se dejaría el camino de la ley que es lo que se practicó hasta ahora y que es lo que estamos cumpliendo cuando procedemos a la designación de los miembros de la Comisión Administrativa. Ahora se plantea la conveniencia de que para evitar un posible veto del Poder Ejecutivo en una ley que pueda al efecto aprobarse por el Parlamento, sería conveniente -según lo que entendimos de las expresiones del señor senador Batalla- que se realizara por trámite interno. Este, a nivel de un Cuerpo, como el que integramos, o en el caso de la Cámara de Representantes, es por vía de modificación reglamentaria, porque no hay otra forma de constituir Comisiones a nivel del Senado.

Es lo que nosotros queríamos señalar y, naturalmente, estimábamos de interés hacerlo en esta oportunidad.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Vamos a acompañar la preocupación del señor senador Batalla, en el sentido de que la forma o procedimiento de integración de una Comisión del Parlamento es un tema de gobierno interior y, de acuerdo con la Constitución, las Cámaras y la Asamblea General se gobiernan interiormente por sus Reglamentos.

La ley, excepcionalmente, cuando la Constitución así lo establece puede regular algunos aspectos, como es el tema que se refiere a la licencia de los legisladores en donde la Constitución autoriza que sea por ley. No siendo este un caso excepcionado por la Constitución, las fuentes del derecho parlamentario son la propia Constitución y luego los Reglamentos internos de ambas Cámaras o de la Asamblea General.

En definitiva, estoy expresando mi convicción de que el procedimiento de integración de la Comisión Administrativa debe ser por medio del Reglamento o por una resolución interna y no por ley formal. Chocamos con la dificultad de que existe una ley, como lo señalaba el señor Presidente, y con que esa ley no ha sido derogada. También nos encontramos con el problema de que en la práctica, la Suprema Corte de Justicia dice que aunque las leyes anteriores a la Constitución sean contrarias a ésta, mientras no sean declaradas inconstitucionales, hay que seguirlas aplicando.

De todas maneras, sin llegar al concepto, que es equivocado, de la soberanía parlamentaria, también podríamos llegar a la convicción del Cuerpo de que es un tema de resorte del gobierno interior del Parlamento y no materia de ley formal.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Compartimos el planteo expuesto por el señor senador Korzeniak justamente porque entendemos que las leyes mientras no se deroguen, se deben cumplir. Además, por esta razón es que hemos votado afirmativamente la solución propuesta por el señor senador Cigliuti. Existe una integración planteada a través de la ley; por lo tanto, la respetamos y votamos afirmativamente.

En lo personal, digo que se trata de una vieja preocupación en el sentido de defender la independencia del Poder Legislativo como tal. Los argumentos planteados por el señor senador Santoro -sobre los cuales no me pronuncio ni a favor ni en contra porque creo que puede haber necesidad de modificar el Reglamento- habría que examinarlos.

Lo que solicitamos en una primera etapa es el pronunciamiento de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en el sentido de si entiende correcto el procedimiento de ley formal o si considera que en la medida en que está en juego la independencia, del Poder Legislativo -basado en el principio constitucional de separación de Poderes- es de resorte interno del Parlamento.

Reitero que por tratarse de una vieja preocupación mía, pensaba que debía pronunciarse la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia ha sido bastante liberal y tolerante, permitiendo la consideración de un asunto que no figura en el orden del día como si se tratara de una cuestión de orden, siendo que el artículo 66 del Reglamento no la prevé como tal. Aun para el caso de aquellas cuestiones de orden que admiten discusión, esta disposición dice que ningún orador podrá intervenir más de una vez ni por más de cinco minutos, ni realizar alusiones personales o políticas. Esta regla ya se ha transgredido; por lo tanto, solicito a los señores senadores que terminemos con la discusión de este tema que no es reglamentario y que pongamos a votación la moción presentada por el señor senador Batalla. Quien esté de acuerdo con que este tema se estudie en la Comisión de Constitución y Legislación la votará afirmativamente y quien no, lo hará negativamente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador me obliga a violar el artículo 66 porque quiere hablar por segunda vez sobre el mismo tema. De todas maneras tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que el señor Presidente ha interpretado mal mi intervención anterior. Ella contenía un criterio eminentemente constructivo y, quizás, apuntaba a suprimir un debate que se suscitó por mi transitoria cortedad de entendederas en el sentido de comprender la propuesta del señor senador Batalla que, adelanto, voy a acompañar.

Si la benevolencia del señor Presidente ha permitido que se manifestara un señor senador del Partido Nacional, otro del Nuevo Espacio y otro del Frente Amplio, parecería que la equidad de que hablaba en sus palabras iniciales el señor Presidente, da mérito para que realice un par de consideraciones.

En primer lugar, éste no es un problema de reforma del Reglamento, porque este tema está contemplado en una ley. En segundo lugar hasta ahora el nombramiento de los integrantes de esta Comisión se ha venido cumpliendo de esta forma. A mi juicio, lo que tenemos que discutir es si se acomoda o no con la Carta vigente. Si esto no ocurre así -hemos oído argumentos que habrá que considerar- tendremos que derogar la ley y buscar otra solución. Mientras tanto me parece bien que pase a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación.

Reitero que esta es una posición personal que entendí tenía derecho a pronunciar, pidiéndole excusas al señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Presidente acepta las amistosas excusas del señor senador Ricaldoni pero pide a todos los señores senadores que no lo coloquen en la violencia de transitar por la orilla del Reglamento.

Se va a votar la moción del señor senador Batalla.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

16) FIJACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES PERMANENTES (ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Fijación del número de miembros de las Comisiones Permanentes (artículo 135 del Reglamento)".

De acuerdo con el artículo 135 del Reglamento, la Presidencia tiene la facultad de proponer el número de miembros de las Comisiones Permanentes que fija el Senado. Si la Mesa no recuerda mal, ya se ha fijado el número de miembros de todas las Comisiones Permanentes con excepción de la Comisión de Asuntos Internacionales. No se ha procedido aún a la designación de los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos que ya se ha determinado que tenga cinco miembros. Existe la circunstancia de que no se ha determinado el número de miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales.

Luego de las consultas políticas realizadas sobre este tema con los coordinadores de las distintas bancadas, y siendo ya sabido que existen criterios encontrados sobre la integración de la Comisión de Asuntos Internacionales, la Presidencia pretendió resolver el problema planteando la posibilidad de que esta Comisión llegara a tener ocho miembros. Esta sugerencia no ha tenido ambiente ni en la bancada del Partido Nacional ni en la del Partido Colorado, por lo cual no cuenta con posibilidades de ser aprobada por el Senado. En función de ello y dejando la salvedad que la Presidencia hubiera preferido llegar a una solución que armonizara todos los puntos de vista, se ve en la obligación -para definir el tema- de proponer al Senado que la Comisión de Asuntos Internacionales siga teniendo, como en la pasada Legislatura, siete integrantes.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Efectivamente, en las reuniones que sostuvimos con los coordinadores, se planteó la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales para que en ella estuvieran representados todos los lemas que tienen asiento en el Senado. Entendimos que era factible llegar a esta solución. Con ella no se violentaba ninguna disposición ya que está dentro de las facultades del Cuerpo ampliar el número de integrantes de las Comisiones. Se objetó que el número fuera par; nosotros argüimos que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes se ha llegado a soluciones de integración con números pares a los efectos de que allí estuvieran presentes legisladores de todos los lemas.

Creíamos que esa era la solución que correspondía puesto que no traía ninguna consecuencia negativa, permitiendo el funcionamiento normal de una Comisión que tiene mucha importancia desde el punto de vista político. No obstante, si el problema fuera la paridad del número, podría ampliarse a nueve miembros, cosa que está también en manos del Cuerpo, modificando el Reglamento tal como allí está establecido.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se explica las razones expuestas por el señor senador Gargano, pero en virtud del tiempo transcurrido y las gestiones realizadas sin éxito para modificar el número de integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, como es de su responsabilidad que las Comisiones se integren y funcionen, se ve en la obligación de hacer la propuesta al Cuerpo, que en estos momentos reitera de que la Comisión de Asuntos Internacionales tenga siete miembros.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que este tema ya ha sido discutido oportunamente y deliberado en la reunión de coordinadores. En general, hemos sido partidarios de Comisiones con integración impar. En este caso habíamos aprobado y aceptamos la integración de la Comisión de Asuntos Internacionales en un número par en la medida de que entendíamos era la mejor forma de resolver las divergencias que existían entre los sectores con respecto a su interés.

Creemos que el hecho de que existan siete u ocho miembros en la Comisión no altera, de ninguna manera, su funcionamiento. En tal sentido hay experiencias; más de una vez nos ha tocado participar en Comisiones en las cuales prácticamente aún cuando su integración fue teóricamente impar, en la realidad de los hechos funcionó con número par durante todo el año sin que ello significara un menoscabo en sus tareas.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: no entiendo bien cómo está planteado el problema. Si la Comisión queda integrada por siete miembros, ello significaría dos cosas: o que el Frente Amplio que en la Legislatura pasada tenía dos miembros en función de sus legisladores electos, en ésta tendría sólo uno o, en su defecto, que un sector que en el Período pasado no existía quedara sin integrar dicha Comisión de Asuntos Internacionales. Por lo tanto, considero que hay que examinar muy bien el problema en el seno del Cuerpo.

Obviamente, nosotros no tenemos razón para ser más realistas que el rey. Es decir, que si para alguien resulta relativamente indiferente el problema, allá él. Pero en el caso del Frente Amplio, insisto, en que en la Legislatura anterior con seis senadores tuvo dos representantes en la Comisión de Asuntos Internacionales; en esta oportunidad, en que en lugar de seis senadores tiene siete, no resulta por lo menos, normal -para expresarlo delicadamente- que posea una representación menor que la del Período pasado.

Por lo tanto, si el Senado mantiene su posición en cuanto a que los integrantes de la Comisión deben ser siete, se supone que parte de la base de que la representación del Frente Amplio continúa siendo la misma que la del Período anterior; por lo tanto, resultaría un poco difícil en su aplicación que sean dos y una séptima parte los senadores que la integren.

Entonces, solicito que el Senado tenga plena conciencia del problema, máxime cuando la integración con ocho o nueve miembros, no pondría en riesgo el funcionamiento ni la importancia de la Comisión.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Según entendí, el señor Presidente del Senado dio cuenta al Cuerpo de que habiendo fracasado todas las negociaciones realizadas por los coordinadores de las distintas bancadas en torno a esta Comisión, y en uso de sus facultades proponía la integración de dicha Comisión de determinada forma. De manera que seguir discutiendo el tema luego de que fracasaron las gestiones que con buena voluntad se llevaron a cabo es, en mi opinión, perder el tiempo. En consecuencia, lo único que corresponde en este caso es que se vote la propuesta de la Presidencia realizada en uso de sus facultades reglamentarias, a fin de solucionar este problema que, en mi modesta opinión, está haciendo perder tiempo al Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La proposición hecha por la Presidencia en uso de sus facultades reglamentarias, como dice el señor senador Silveira Zavala, es, por ahora, la única que se ha presentado y, por lo tanto, no se puede votar otra cosa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: sin perjuicio de constatar la voluntad política que se había expresado por parte de los coordinadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, creo que no es perder el tiempo recordar que el Senado tiene la facultad, como Cuerpo, de examinar el tema. De acuerdo con el artículo 135 del Reglamento, las Comisiones Permanentes se compondrán de cinco o nueve miembros. Por lo tanto, está dentro de las facultades del Cuerpo establecer que la Comisión de Asuntos Internacionales tenga ocho o nueve miembros en lugar de siete. Más allá de la voluntad política expresada en la reunión de los coordinadores, es posible que el intercambio de ideas en el Cuerpo pueda facilitar otra solución.

Somos partidarios de ampliar el número de integrantes para facilitar la solución del problema político de la representación en la Comisión de Asuntos Internacionales, tal como lo expresó recientemente el señor senador Pérez.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: las afirmaciones que realicé fueron sin ánimo de molestar a nadie.

Es obvio que el Cuerpo es soberano y que puede modificar y resolver lo que se le ocurra, pese a todas las tratativas realizadas por los coordinadores de las distintas bancadas y que se llevan a cabo fuera del recinto con la mayor voluntad de encontrar soluciones a los temas políticos para los que fueron designados expresamente.

Si el señor senador Gargano se ha molestado porque dije que estábamos perdiendo el tiempo, lo lamento mucho ya que no fue mi intención molestarlo a él o al Cuerpo.

El señor Presidente manifestó que fracasaron todas las tratativas en cuanto a establecer el número de integrantes de la Comisión y, en consecuencia, la Presidencia proponía, en uso de sus facultades reglamentarias, que estuviera compuesta de determinada manera. Quiere decir que eso era lo que correspondía votar, ya que, reitero, las gestiones llevadas a cabo por los representantes de todos los partidos fracasaron y, por lo tanto, seguir discutiendo el tema es llover sobre mojado.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: voy a hacer una proposición que es posible no sea compartida.

Todos hemos estado tratando de buscar soluciones, y creo que quien lo ha hecho más por la vía conciliatoria ha sido el señor Presidente. Pienso que nada se pierde con postergar este asunto hasta mañana y realizar una última tentativa para ver si podemos llegar a un acuerdo.

La Comisión de Asuntos Internacionales no está funcionando, pero se ha designado una Comisión Especial que ha avanzado en el estudio de dos proyectos de Tratados que son de interés para el país y que fueron considerados en sesiones pasadas. Uno de ellos ya ha sido firmado y la consideración del otro va a culminar en la sesión del día jueves.

En consecuencia, nada obsta a que hagamos una última tentativa hasta el día de mañana, a efectos de ver si podemos llegar a una fórmula de solución, ya sea con siete, ocho o nueve miembros.

Formulo moción en el sentido de postergar el asunto hasta mañana a fin de que, reitero, se pueda llegar a un acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Batalla ha formulado una moción de orden prevista por el literal d) del ordinal a) del artículo 66, relativo a la suspensión o aplazamiento del debate, sobre el asunto que se está considerando.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pregunto al señor senador Araújo si es para hablar sobre la moción de orden o acerca del fondo del asunto.

SEÑOR ARAUJO. - Es sobre el fondo del asunto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En tal caso, nuestro deber es poner en consideración la moción de orden. Si el debate no se aplaza, el señor senador Araújo podrá, entonces, referirse al fondo del asunto.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Puesto que han solicitado la palabra los señores senadores Araújo y Raffo, no tengo inconveniente en aplazar la moción hasta que ellos expresen sus puntos de vista, ya que podrían aportar nuevos elementos al debate.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, con el consentimiento del señor senador mocionante, tiene la palabra el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: el señor senador Batalla se adelantó a un criterio que pensaba impulsar.

En el tratamiento de este tema, no todo se reduce a la integración de la Comisión de Asuntos Internacionales, sino que se ha buscado un delicado equilibrio en la integración de todas las Comisiones del Senado. Y, quizás, sería muy lamentable que en la integración de las últimas Comisiones por un pequeño detalle, no pudieran ser finalmente contemplados, de forma adecuada, todos los partidos políticos o los lemas aquí representados.

Por lo tanto, el señor senador Batalla se adelantó a lo que yo pensaba decir, dado que quería plantear una moción con el mismo criterio de derivar este asunto para el día de mañana a los efectos de que una última instancia de negociación permitiera lograr una solución que contara con la aprobación de todas las partes. De lo contrario, se impondrá el criterio que el señor Presidente indique. Simplemente me inspiraba el mismo sentido y espíritu que al señor senador Batalla.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: con el mismo sentido con que han formulado su moción los señores senadores Batalla y Raffo quería intervenir sobre el tema, pero no para plantear una moción, sino para solicitarle al señor Presidente -porque es potestad suya dado que en él recae la responsabilidad de designar a los integrantes de la Comisión en caso de que no se llegara a un acuerdo- que postergue esta decisión por 24 horas más.

Vivimos un buen clima a nivel nacional; un clima de esperanza que, por otra parte, se refleja en este Senado de la República y, por lo tanto, pensamos que no sería conveniente que, por algo tan pequeño, pudiéramos consagrar en definitiva lo que algunos consideraríamos como una injusticia. Aunque esto no esté en el ánimo del Cuerpo, el Frente Amplio que en el Período anterior tenía dos representantes pasaría a tener sólo uno, o bien el Partido por el Gobierno del Pueblo, que naturalmente quiere integrar dicha Comisión y tiene derecho a hacerlo, podría quedar al margen. Por esto es que creemos que no podemos darnos por vencidos con respecto a encontrar un acuerdo y en tal sentido -y porque es potestad de la Mesa- me permito solicitar al señor Presidente que postergue el tratamiento del tema por 24 horas- sin que se llegue a la votación de la moción, en caso de que así lo acepten sus proponentes- instancia en la que buscaríamos a través del diálogo la solución deseada.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclarar que el señor Presidente puede aplazar la designación de los miembros de la Comisión una vez que el Senado determine el número de integrantes de la misma, porque allí sí es facultad discrecional de la Presidencia una vez recibidas las propuestas con los nombres respectivos por parte de cada bancada integrante del Senado. Pero el señor Presidente no puede, por sí, aplazar la resolución del tema cuanto éste está incluido en el orden del día de la sesión del Senado y cuando su resolución es competencia de éste y no de la Presidencia.

En concepto de la Presidencia, el camino reglamentario para evitar que quede fija en el día de hoy la decisión sobre el número de integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales es el que ha señalado el señor senador Batalla mediante su moción de orden tendiente a aplazar del debate la resolución del punto hasta el día de mañana.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: deseo hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, quiero decir que con total probabilidad la Comisión "ad hoc" -o especial- que se nombró para esta materia va a terminar su trabajo en el correr de esta semana. No sería deseable que los asuntos internacionales quedaran sin atención en virtud de este problema.

En segundo término -y esta es una opinión personal- no creo que estemos ante un problema de principios; de lo contrario, esto se habría planteado también en las demás Comisiones y las matemáticas se aplicarían a todas ellas.

Por último, creo que si el Senado adopta una decisión con respecto a este punto va a sentar un precedente hacia un lado o hacia otro, lo que sería muy importante para el futuro. Puede suceder que la composición de los partidos genere este tipo de problemas, o aún mayores, en el futuro y la decisión que adopte ahora el Senado va a sentar un precedente importante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Batalla en el sentido de que se aplace la resolución sobre este punto del orden del día hasta la sesión del día de mañana.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Se aplaza la decisión sobre el punto, que pasa a integrar el orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entiendo que el aplazamiento se refiere exclusivamente a esta Comisión y no en general al punto relativo a la integración de las Comisiones se refiere exclusivamente a la integración de la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador ha interpretado correctamente; la Comisión de Asuntos Internacionales es la única cuya integración queda pendiente.

SEÑOR PEREYRA. - La integración de las otras Comisiones ya ha sido aprobada.

17) LEGITIMACION ADOPTIVA. Se autoriza en favor de menores abandonados por uno solo de sus padres.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres. (Carp. Nº 69/90. Rep. Nº 1/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 69/90
Rep. Nº 1/90

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Agrégase como inciso 5º del artículo 1º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945 el siguiente texto:

"Autorízase la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres legítimos, cuando fuere solicitada por el nuevo matrimonio celebrado por el cónyuge que hubiere conservado la patria potestad. A estos efectos, se considera menor abandonado aquel cuyo padre o madre perdieron la patria potestad en la hipótesis prevista en el artículo 285, numeral 7º del Código Civil. En este caso, el padre o la madre que hubiera perdido la patria potestad no podrá demandar su rehabilitación".

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elso Goñi, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Omar Urioste. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

(Del proyecto de ley original presentado por el señor senador Dardo Ortiz)

La legitimación adoptiva es uno de los institutos de mayor contenido humanitario de cuantos apuntan a la protección de la niñez desvalida. Aquí no están en juego derechos o beneficios de carácter particular referidos al menor, como podrían ser una pensión alimenticia o la tenencia, por ejemplo, sino que se trata de una hermosa ficción legal por la cual un menor se inserta en el seno de una familia legítima, en un mismo pie de igualdad que el hijo nacido del matrimonio.

Para cumplir esta altísima finalidad, veía la luz el 20 de noviembre de 1945 la Ley Nº 10.674, inspirada en un proyecto de aquel brillante jurista que fue el Dr. Martín R. Echegoyen. En un principio, permitía la legitimación adoptiva "en favor de menores abandonados, de huérfanos de padre y madre o de hijos de padres desconocidos".

Circunscripta a esa enumeración, la ley proyectó, en su dilatada aplicación, abundantes bienes en el orden espiritual y material de la niñez desvalida o abandonada. Fueron miles los menores que encontraron su felicidad al amparo de esta ley, en estrecha conjunción de amor con sus padres adoptantes. Ampliado su radio de acción a "los hijos reconocidos por uno de los legitimantes" por el Decreto-Ley Nº 14.759, de 5 de enero de 1978, sus bienhechores efectos se expandieron aún más.

II

Pero quedaba aún un punto por resolver, intensa y extensamente considerado en nuestros tribunales: el relativo al menor abandonado por uno de sus padres legítimos, cuando aquel de éstos que ejercía la patria potestad, contraía nuevo matrimonio y pretendía incorporarlo como hijo legítimo de esa nueva unión. En otras palabras, el padre (o la madre, excepcionalmente) se iba del país o desaparecía del hogar, abandonándolo, sin saberse de su paradero. Dejaba de prestar todo tipo de asistencia a su hijo legítimo. Transcurridos los términos legales, la madre obtenía por sentencia judicial la pérdida de la patria potestad que ejercía el padre. Luego se divorciaba y contraía segundas nupcias. A ese nuevo hogar la madre llevaba su hijo, quien pasaba a ser, en cuidados y afectos, un hijo querido y tratado como "legitimo" por ambos cónyuges, siéndolo jurídicamente de uno sólo.

La jurisprudencia, desde hace largo tiempo, aceptó una veces la posibilidad de esa legitimación y otras la rechazó. La cita de fallos al respecto podría ser copiosa por su vastedad y variedad. Pero lo que realmente importa es que el problema sigue sin una expresa solución legal, ambientando la controversia.

El proyecto que antecede permite la legitimación adoptiva del menor abandonado por uno de sus padres legítimos, condicionando esa posibilidad a la celebración de un nuevo matrimonio por el padre que ejerce la patria potestad. Con ello se colma una carencia de la ley respecto de aquellos menores que, estando en parecida situación que otros a quienes alcanzaban los beneficios de ella, no podían, sin embargo, obtener el estado pleno de hijo legítimo respecto de quienes en amor y cuidados, los tenían por tales.

"Si aquel nexo natural -decía el Dr. Echegoyen refiriéndose al vínculo de sangre que es fruto de la procreación- lejos de servir para tutelar al descendiente, dificulta su suerte y puede aún convertirse en perjuicio principal para su destino, la ley debe, racionalmente, ofrecer fórmulas que permitan que el altruismo y el afecto, compensen tales deficiencias". Sabias palabras, enteramente aplicables al proyecto que antecede.

Dardo Ortiz. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se presenta mereció oportunamente la aprobación de una de las ramas del Parlamento, sin recibir sanción definitiva, por lo que se considera pertinente reiterar la iniciativa correspondiente.

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elso Goñi, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Omar Urioste. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Este proyecto había sido aprobado por el Senado en el Período anterior y respondía a una necesidad que no se advirtió en el momento de votarse la Ley de Legitimación Adoptiva.

Esta ley sobre Legitimación Adoptiva, del año 1945, estableció que quedaba permitida la legitimación adoptiva de menores abandonados y que la condición de tal se acreditaría con la sentencia ejecutoriada que declara la pérdida de la patria potestad. El Código Civil establece que los padres -en plural- podrán perder la patria potestad en diversas circunstancias. Por ejemplo, el numeral 7º expresa que: "Si se comprobare en forma irrefragable que durante tres años los padres han hecho abandono", etcétera. Entonces, frecuentemente ocurría que el padre -aunque también podría ser la madre- abandonaba el hogar por un lapso tan prolongado que la madre gestionaba la pérdida de la patria potestad. Una vez obtenida la misma y el divorcio, contrae nuevo matrimonio y pretende que su hijo pequeño se incorpore como miembro de esa nueva familia, es decir, pretende hacerlo objeto de una legitimación adoptiva. Aunque la jurisprudencia está un poco dividida, en general los Jueces entienden que ello no corresponde porque ése menor no ha sido abandonado por ambos padres, sino por uno solo. Esto ha generado una cantidad de dificultades y de situaciones violentas, que son las que se pretende corregir con este proyecto de ley. Por eso es que acá se establece expresamente que basta con el abandono de uno de los padres.

El texto que figura en el Repartido que está en poder de los señores senadores había merecido la conformidad del anterior Senado, pero ahora le hemos dado una nueva redacción, que haré llegar a la Mesa a los efectos de que sea leída. La nueva redacción es la siguiente: "Autorízase la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad conjuntamente con el cónyuge con que contrajo nuevo matrimonio". El artículo continúa diciendo: "A estos efectos, se considera menor abandonado aquel cuyo padre o madre perdieron la patria potestad en la hipótesis prevista en el artículo 285 numeral 7º del Código Civil". Esta es la pequeña modificación de redacción que hago llegar a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley que está a consideración.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. - Además, señor Presidente, quiero agregar que la sugestión que hemos recogido proviene del señor senador Zumarán, quien es muy criterioso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar lectura por Secretaría al artículo único del proyecto tal como queda redactado.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Agrégase como inciso 5º del artículo 1º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, el siguiente texto:

‘Autorízase la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio. A estos efectos, se considera menor abandonado a aquel cuyo padre o madre perdieron la patria potestad en la hipótesis prevista en el artículo 285, numeral 7º del Código Civil. En este caso, el padre o la madre que hubiera perdido la patria potestad no podrá demandar su rehabilitación’".

-En consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Advierto, señor Presidente, que el último párrafo de este artículo debería tener algún pequeño ajuste, porque en una interpretación un poco letrista -quizá forzada- podría dar lugar a confusión.

Al decir "En este caso" podría entenderse que está vinculado con el párrafo anterior, donde se habla que se pierde la patria potestad en la hipótesis prevista en el artículo 285, numeral 7º del Código Civil. En realidad, creo que lo que se quiere decir aquí -creo, no estoy seguro- es otra cosa: que producida en estas condiciones la legitimación adoptiva luego el padre o la madre que hubiera perdido la patria potestad, no podrá demandar su rehabilitación. Es decir que una vez que se opera la legitimación adoptiva, ese padre o madre, que no tenían la patria potestad y por lo tanto ya habían configurado el requisito habilitante para que funcionara esta norma, no podrían pretender readquirir la patria potestad, porque habría tres personas con ella sobre un menor. Entonces no es "En este caso"; es: en el caso del párrafo 1º, es decir en el caso de que se hubiere producido, de acuerdo a lo establecido precedentemente la legitimación adoptiva. Esta es la duda que tengo y se la planteo al señor miembro informante.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Lo que ocurre es que el numeral 7º del artículo 285 del Código Civil -que es uno de los varios numerales que establecen los casos de pérdida de la patria potestad- dice: "Si se comprobare en forma irrefragable que durante tres años los padres han hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de tales". Entonces, establece expresamente que en ese caso, no podrán rehabilitarse, porque el mismo artículo más adelante expresa: "El Juez, sólo por causas excepcionales, acreditadas en forma, podrá conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran sido privados".

En consecuencia, señor Presidente, para evitar la preocupación que señala el señor senador Ricaldoni, es decir que hubiera tres padres de una misma criatura, se dice expresamente -a riesgo de ser una insistencia- que el padre que hubiera perdido la patria potestad por circunstancias culpables no podrá ser rehabilitado. Tal vez sobre algo, pero en estos casos de filiación y de patria potestad, que son tan delicados más vale que sobre la explicación y no que falte.

Creo, también, señor Presidente, que el señor senador Ricaldoni establecía una duda en cuanto a la remisión, es decir a qué alude el inciso final. Creo que cuando dice: "en este caso", se refiere al caso el artículo 285, numeral 7º del Código Civil.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Entiendo muy bien la explicación que nos ha brindado el señor senador Ortiz. Al decir "En este caso", se está refiriendo a lo que en el párrafo anterior se menciona como la hipótesis prevista en el artículo 285. ¿Es así señor senador Ortiz?

SEÑOR ORTIZ. - Sí, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Entonces, para terminar con alguna duda este último párrafo podría empezar diciendo: "En esta hipótesis, el padre o la madre".

SEÑOR ORTIZ. - No hay inconveniente en sustituir la palabra "caso" por "hipótesis".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si bien hay acuerdo entre el señor senador que observa la disposición -el señor senador Ricaldoni- y el miembro informante, la Presidencia se permite por su parte señalar, que en realidad esta última oración es superabundante y lo único que hace es dificultar la inteligencia del precepto. No se puede referir al caso de legitimación adoptiva, porque, obviamente, si la hay, no puede haber patria potestad por parte del padre o madre verdadero que la han perdido, porque la patria potestad ahí recae sobre quien ha realizado la legitimación adoptiva. Y si se refiere al artículo 285, numeral 7º del Código Civil, reitera lo que éste ya dice y nos ha leído el señor senador Ortiz. Por consiguiente, este agregado no tiene sentido y por lo tanto sugiero que se suprima, porque dificulta la inteligencia del proyecto.

SEÑOR RICALDONI. - Totalmente de acuerdo.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Observo que el Código Civil al establecer los casos de pérdida de patria potestad en el numeral 7º, que ya he leído, se refiere a los que han hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de padres y han dejado de prestar a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben; pero más adelante dice que el Juez por causas excepcionales podrá conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran sido privados por la causal expresada en el presente inciso 7º. Es decir, que aún en el caso de pérdida culpable de la patria potestad y abandono de los deberes del cargo, el Juez podría rehabilitarlos. Entonces, aunque se daría una situación absurda, se ha pretendido taponear todas las posibilidades.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo, señor Presidente, que la mejor redacción sería: "En dicha hipótesis, el padre o la madre" etcétera, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si hay acuerdo entre el señor miembro informante y los miembros de la Comisión, se va a votar este artículo 1º y único del proyecto de ley, con la redacción que se ha indicado para su última oración.

SEÑOR ORTIZ. - No es cuestión de que la semántica arruine la sustancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º, llamado de orden, que figura en el repartido que tienen los señores senadores sobre sus bancas no forma parte del proyecto de ley y no se pondrá a votación porque constituye una obligación constitucional la comunicación a la segunda Cámara.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Agrégase como inciso 5º del artículo 1º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, el siguiente texto:

‘Autorízase la legitimación adoptiva en favor de menores abandonados por uno de sus padres legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio. A estos efectos, se considera menor abandonado aquel cuyo padre o madre perdieron la patria potestad en la hipótesis prevista en el artículo 285, numeral 7º del Código Penal. En dicha hipótesis, el padre o la madre que hubiera perdido la patria potestad no podrá demandar su rehabilitación’".

18) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar cuenta de un asunto entrado remitido por el Poder Ejecutivo.

(Se da del siguiente:)

"La Asamblea General destina un Mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se establecen distintas disposiciones de carácter tributario y se modifica el régimen de aportes al Banco de Previsión Social y otras disposiciones concordantes".

-A la Comisión de Hacienda.

SEÑOR CIGLIUTI. - Me permite, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Según creí entender, este proyecto de ley está referido a un Mensaje del Poder Ejecutivo en relación con modificaciones a las leyes jubilatorias. De ser así, ¿no debería ser destinado a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social?

SEÑOR PRESIDENTE. - Ello no es así, señor senador. El proyecto de ley tiene que ver con modificaciones tributarias en materia impositiva y de seguridad social, conocidas vulgarmente como aportes, es decir, que está relacionado con materia financiera y no a causales o cómputos jubilatorios. Por lo tanto, corresponde que sea estudiado por la Comisión de Hacienda, a la que será enviado.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Es un solo proyecto que trata exclusivamente sobre materia impositiva?

SEÑOR PRESIDENTE. - Se refiere a materia tributaria en carácter general; modifica disposiciones de corte impositivo y también aquéllas relativas a los aportes a la seguridad social.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: simplemente, deseo solicitar -dada la importancia obvia que tiene este tema o esta temática, tal como lo expresaba un ex compañero del Cuerpo- si puede ser posible que el texto de este proyecto de ley fuera remitido a todos los señores senadores, inclusive a aquellos que no formamos parte de la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se procederá tal como lo ha solicitado el señor senador Ricaldoni.

19) LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES. Derogación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establece la derogación de leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. (Carp. Nº 66/90. Rep. Nº 2/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 66/90
Rep. Nº 2/90

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, que quedarán redactados de la siguiente forma:

"Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán salvo a lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica".

"Quedan igualmente exonerados de todo tributo nacional los bienes, de cualquier naturaleza, de las actuales y futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales o educativas y a actividades deportivas".

Art. 2º. - Derógase el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983.

Art. 3º. - Modifícase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 13. - Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso".

Art. 4º. - Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982.

Art. 5º. - Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional".

Art. 6º. - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, conforme a la Constitución (artículo 61 literal H), no existe para los militares en situación de retiro.

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elso Goñi, Bari González, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan C. Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley deja sin efecto lo dispuesto por diversas disposiciones legales que, en fecha reciente, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, lo que así se comunicó a la Asamblea General en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Nº 13.747.

Cabe suponer que el fundamento de esta última norma es excitar el celo de la Asamblea General en favor de la derogación de las leyes inconstitucionales. Habitualmente, sin embargo, estas comunicaciones no aparejan ulterioridades en el quehacer legislativo y las leyes declaradas inconstitucionales permanecen vigentes, desde que, en nuestro Derecho, la declaración judicial de inconstitucionalidad no tiene más efecto que la no aplicación de la norma así declarada, en el caso concreto en que el problema se haya planteado.

Es menester reaccionar contra esta práctica y a ello obedece este proyecto de ley. La no derogación de las leyes, inconstitucionales trae diversos problemas jurídicos y no sólo de orden teórico. El Poder Ejecutivo, que tiene la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿debe mantener esa conducta respecto de una ley declarada inconstitucional? Lo mismo cabe inquirir respecto de las Intendencias, que tienen idéntica obligación (artículo 275 - 1º de la Carpeta). ¿Están en igual situación los Entes Autónomos y las demás personas jurídicas estatales? ¿Qué hacen los particulares frente a una ley declarada inconstitucional por la Corte?

Lo que es claro, entre tanto, es que toda vez que se exige judicialmente el cumplimiento o la aplicación de una ley inconstitucional, resulta imprescindible volver a obtener la declaración de su inconstitucionalidad por la Corte.

Todo ello ocurre porque, como enseña Justino Jiménez de Aréchaga, "La declaración de inconstitucionalidad, en nuestro Derecho, no afecta la general vigencia de una ley, desde que ella se aplicará en todo caso en que no sea declarada inconstitucional" ("La Constitución Nacional", T.X, p. 149).

Resulta fácil comprender, pues, que todos estos problemas sólo se solucionan, para el futuro al menos, con la derogación de las leyes inconstitucionales. Estas, por otra parte, son actos jurídicos ilegítimos, especie patológica en el mundo del Derecho, que no deben pervivir en un Estado de Derecho auténtico, como inspiramos a que lo sea el nuestro.

Puntualizamos, para finalizar, que no proponemos la derogación lisa y llana del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, ni la de los artículos 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, 1º del Decreto-Ley Nº 14.264 y 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, porque todas estas disposiciones son sólo parcialmente inconstitucionales y deben seguir vigentes en todo lo que no coliden con la Lex Magna.

Asimismo, debe quedar claro que las derogaciones propuestas por este proyecto de ley no prejuzgan sobre el mérito o demérito intrínseco de las normas inconstitucionales en cuestión. Es por su sola calidad de tales, que propiciamos su erradicación del orden jurídico vigente.

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elso Goñi, Bari González, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan C. Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación de este proyecto de ley que deroga disposiciones legales que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, en virtud de compartir los fundamentos expresados en la Exposición de Motivos de esta iniciativa legislativa. "Brevitatis Causa", por tanto, se omite su reiteración.

Corresponde precisar, en primer término, que las disposiciones a que refiere el proyecto son sólo aquellas que la actual Suprema Corte de Justicia, con la integración que le dio la Asamblea General en mil novecientos ochenta y cinco, ha declarado inconstitucionales. Ello, sin perjuicio de que algunas de esas disposiciones ya habían sido declaradas inconstitucionales con anterioridad por la Corte, en tiempos en que su integración era distinta.

Debemos señalar, además, que la mayoría de las referidas normas legales no son derogadas sino modificadas en su texto. Ello, en razón de que su declaración de inconstitucionalidad no alcanza a la totalidad de su texto sino a un aspecto parcial del mismo.

En cuanto al articulado del proyecto, vuestra Comisión señala:

1º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta, por sentencia número 217/86, de veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y seis, reiterando diversos pronunciamientos anteriores en idéntico sentido, el último de ellos emanado de la unanimidad de sus actuales titulares (sentencia Nº 301/85, de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco).

La parte dispositiva de la sentencia de la Corte no aclara si se declara la inconstitucionalidad respecto de todo el artículo 134 de la Ley Nº 12.802 -que contiene siete incisos- pero surge de su contexto que la inaplicabilidad de esta disposición alcanza sólo a la exoneración de impuestos departamentales más allá de los casos en que la dispone el artículo 69 de la Constitución para las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza. Se considera que, con arreglo a la Carta, "surge con total claridad que los órganos colegisladores actuantes carecían en absoluto de competencia tanto por lo que respecta a la iniciativa como a la sanción de exoneraciones de tributos municipales".

En consecuencia, sólo se han modificado los incisos segundo y tercero de la disposición en cuestión, de modo de suprimir la exoneración de impuestos departamentales respecto de las Federaciones o Asociaciones Deportivas, de las instituciones que las integren, de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de las demás instituciones religiosas, las que no gozan de tal exoneración por mandato del constituyente y, por consiguiente, sólo pueden ser exoneradas de dichos impuestos por acto legislativo de los respectivos Gobiernos Departamentales.

En el inciso segundo se ha agregado el calificativo de "nacional" a los tributos, aportes y contribuciones de que se exonera a las instituciones culturales y de enseñanza, en virtud de que, en lo departamental, su exoneración sólo alcanza a los impuestos y no a los tributos en general ni a otras especies de éstos.

En el inciso tercero se ha precisado que la exoneración comprende a "todo tributo nacional", porque el legislador es competente para ampliar la exoneración del artículo 5º de la Constitución respecto de los impuestos que gravan "los templos consagrados al culto de las diversas religiones", siempre que no pretenda extenderla al ámbito departamental. Se suprime, además, la referencia a los bienes "de las instituciones mencionadas en el inciso anterior", según rezaba el artículo 134 de la Ley Nº 12.802 en este inciso, puesto que el sujeto pasivo de esos tributos, en cuanto titular de tales bienes, es el mismo ya exonerado en el inciso segundo.

2º) Que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de tres de junio de mil novecientos ochenta y tres, se dispuso por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia Nº 409/86, de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis. Entendió esta corporación que esa disposición, cuya derogación se propone, viola el principio constitucional del debido proceso legal, por cuanto veda "toda posibilidad de defensa al intimado por desalojo" dentro de los procedimientos y en las hipótesis a que refiere el decreto-ley en cuestión.

La derogación sólo opera respecto del segundo inciso de la norma referida, por cuanto es éste el que determina la absoluta indefensión del demandado. No así el inciso primero, que refiere a una faz previa del juicio de desalojo.

3º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y uno, por sentencia Nº 352/87, de diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que consideró contraria a la Carta la exoneración de tributos departamentales, además de los nacionales y con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social, dispuesta por dicha norma en favor de las instituciones de asistencia médica colectiva.

La disposición sólo se modifica para suprimir dicha exoneración inconstitucional. El resto del artículo es conforme a Derecho y, por tanto, se mantiene.

4º) Que se deroga el artículo 2º del Decreto-Ley número 15.343, de tres de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia Nº 449/87, de dos de octubre de mil novecientos ochenta y siete, en virtud de que esa norma crea una mal llamada "contribución especial" -en rigor es un impuesto- "a cargo de las personas públicas no estatales de seguridad social" y, al hacerlo, delega en el Poder Ejecutivo la determinación de los elementos constitutivos de ese tributo, lo que viola el principio de legalidad y el artículo 85 inciso 4º de la Constitución.

5º) Que se modifica el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de nueve de setiembre de mil novecientos setenta y cuatro, declarado inconstitucional por sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 402/87, de diecisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, por cuanto éste exoneraba a los bienes del dominio privado o fiscal del Estado "de toda imposición nacional o departamental", siendo que, según ya fue visto, las exoneraciones de tributos departamentales deben disponerse por los propios Gobiernos Departamentales y no por ley.

Se suprime, pues, la indebida referencia a la imposición departamental y se le quita, asimismo, el pretendido carácter interpretativo de la Constitución que tenía la norma declarada inconstitucional.

6º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de ventiuno de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, por sentencia Nº 395/87, de diecisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y siete. Esa norma, por remisión al artículo 61 de dicho decreto-ley, determinaba que la abstención de toda actividad política -impuesta para los militares en actividad por el artículo 77 inciso 4º de la Constitución- se extendía durante cuatro años a los militares en situación de retiro, lo que es inconstitucional.

El inciso agregado al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, suprime la inconstitucionalidad, por cuanto aclara que la extensión por cuatro años, a los militares en retiro, de las obligaciones que impone el estado militar según el artículo 61, no alcanza a la prohibición constitucional de hacer política.

Sala de la Comisión, 2 de marzo de 1990.

Dardo Ortiz. Miembro Informante. Senador

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, que quedarán redactados de la siguiente forma:

"Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional y departamental, así como de todo tributo, aporte y contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquellas gocen de personería jurídica".

"Quedan igualmente exonerados de todo tributo nacional los bienes, de cualquier naturaleza, de las actuales y futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales o educativas y a actividades deportivas".

Art. 2º. - Derógase el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983.

Art. 3º. - Modifícase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción de Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso".

Art. 4º. - Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982.

Art. 5º. - Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional".

Art. 6º. - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

"La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, conforme al artículo 77 numeral 4º de la Constitución (artículo 61 literal H de la presente ley), no existe para los militares en situación de retiro".

Sala de la Comisión, 2 de marzo de 1990.

Dardo Ortiz, Miembro Informante. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: la Comisión consideró este proyecto, que fuera presentado también en el período pasado y cuya autoría es de nuestro actual señor Presidente.

En diversas oportunidades la Suprema Corte de Justicia ha resuelto la inconstitucionalidad de algunas leyes. Sin embargo, en virtud de que, de acuerdo con la Constitución, la resolución de la Suprema Corte de Justicia tiene efecto solamente para el caso particular de que se trate y no es de carácter general, el autor de este proyecto pensó en que si la ley es inconstitucional, convendría dejarla sin efecto para todos los casos, a fin de evitar, inclusive, la sucesión de nuevas instancias o planteamientos del recurso inconstitucional ante dicha Corte, resolviendo de esa manera un tema importante.

En el seno de la Comisión se analizaron los diversos artículos y aspectos de este proyecto de ley. En tal sentido, deseo expresar que sin perjuicio de apoyar estas modificaciones o estas derogaciones, en las sesiones de dicha Comisión -creo que junto con el doctor Korzeniak- meditamos sobre la posibilidad de que este sistema pudiera generalizarse en forma excesiva. Es decir; una ley es declarada inconstitucional en la actualidad por estos miembros de la Suprema Corte de Justicia, pero puede ocurrir que dentro de dos o tres años, cuando varíe su integración y existan otros Ministros, se dé el caso de que, sometida a su consideración la misma ley, no sea declarada inconstitucional.

Por lo tanto, nos pareció, como criterio general, inclusive para legislar posteriormente, la conveniencia de dejar pasar un tiempo prudencial que puede ser de 10 ó 15 años -no quiero improvisar- luego de haber sido declarada inconstitucional antes de que la deroguemos expresamente.

Por otra parte, también se dio la circunstancia de que si frecuentamos mucho esta solución, tal vez estemos torciendo un poco el espíritu y aún la letra de la Constitución, ya que por algo ella estableció que la Suprema Corte de Justicia debe fallar para cada caso. Si a través de la Constitución se hubiera pensado que un pronuncimiento de la Suprema Corte de Justicia debe ser absoluto, se hubiera fijado que una ley que fuera declarada como inconstitucional por dicha Corte, quedara para siempre en esas condiciones.

De manera que, entonces, por una vía indirecta podríamos estar generalizando algo que la Constitución quiere que sea particular.

Esas son observaciones de carácter general que seguramente, si disponemos de tiempo, en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, podremos estudiar más adelante. Pero ello no impide que hoy tratemos y aprobemos este proyecto de ley al que estamos haciendo referencia.

En cuanto al proyecto de ley en sí, debo decir que él recoge las observaciones y objeciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia en varias sentencias, en relación con distintos artículos de diversas leyes.

Por lo expuesto, pienso que podríamos votar el proyecto en general, siempre que el Senado considere apropiado dejar sin efecto diversas leyes que han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte, y luego pasar al estudio de cada una de ellas. Creo que esto sería lo más oportuno.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de concederle el uso de la palabra al señor senador Cassina, tal como corresponde, la Mesa debe expresar que observa que no existe otra manera de proceder desde el punto de vista reglamentario, tal como lo ha expresado el señor senador Ortiz. En ello no hay ningún margen de discrecionalidad; el proyecto se considera y se vota primero en general y si resulta aprobado en esa instancia, se pasa luego al tratamiento de cada uno de sus artículos.

Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con el criterio reglamentario expresado por la Mesa. Sin perjuicio de ello, ocurre que quien habla, que participó parcialmente del tratamiento de este proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación, en una sesión en que sustituyó al señor senador Batalla, y que además lo comparte íntegramente, inclusive con los alcances que sobre el tema resultan de la exposición que acaba de hacer el miembro informante, señor senador Ortiz, a partir de la mañana de hoy, tiene dudas que desea plantear, creyendo que la oportunidad para hacerlo es en la instancia de la discusión general, ya que tienen que ver con dos artículos de este proyecto. Me refiero, concretamente, a la conveniencia de sancionar los artículos 1º y 3º de este proyecto de ley.

He expresado que las dudas me surgieron en la mañana de hoy en tanto leí en la prensa, el texto -que supongo es correcto- del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y al que se acaba de dar entrada, llamado corrientemente de ajuste fiscal y encontré que una de sus disposiciones incide en materia de exoneración de lo que ha dado en llamarse los aportes jubilatorios, que son, como señaló el señor Presidente, técnicamente contribuciones dentro del género de los tributos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa se permite interrumpir al señor senador para expresarle que si no interpreta mal, el señor senador manifiesta tener dudas sobre la conveniencia de sancionar los artículos 1º y 3º del proyecto.

La Presidencia piensa que desde el punto de vista reglamentario, el señor senador debe expresar sus dudas cuando en la discusión particular sean considerados los artículos 1º y 3º del proyecto de ley; por tal razón, la Mesa le invita a hacerlo así, ya que de otro modo se entrará a la discusión de artículo por artículo, siendo que lo que estamos considerando es la conveniencia o no de tratar el proyecto en su conjunto, que no otra cosa significa la aprobación en general.

SEÑOR CASSINA. - Estoy de acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia agradece al señor senador Cassina su colaboración.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Voy a votar afirmativamente el proyecto y daré mi apoyo al mismo en la discusión general. Considero que es sumamente loable la preocupación manifestada por el señor Presidente en su infatigable investigación de los antecedentes legislativos y jurisdiccionales a los efectos de determinar las leyes declaradas inconstitucionales que hoy están incluidas en el proyecto a consideración del Senado.

Sin perjuicio de compartir el contenido específico del proyecto, deseo formular algunas consideraciones de carácter general complementarias de las que realicé en la sesión efectuada por la Comisión de Constitución y Legislación.

En efecto, la exposición de motivos del proyecto y la discusión en la Legislatura anterior, podría llevar a la conclusión de que toda vez que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional una ley, la Asamblea General debería, de una manera prácticamente automática, derogarla o enmendarla de modo de adecuarla a la decisión jurisdiccional.

En la Comisión -y ahora a través de los comentarios del señor miembro informante señor senador Ortiz- se aclaró que ese no era el sentido del proyecto. Sin embargo, me parece oportuno, de alguna manera, subrayar este aspecto porque tienen que ver con la relación y con el equilibrio entre los Poderes.

Como lo recordaba el señor senador Ortiz, la Asamblea General, de acuerdo al numeral 20, artículo 85, es competente para interpretar la Constitución y esa interpretación es obligatoria y general. A su vez, la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de la ley. En ese caso, su decisión tiene efecto sólo en la situación que se ha presentado ante ese Cuerpo. Pero, ambas facultades, la de la Asamblea General y la de la Suprema Corte de Justicia son de igual rango y ambas emanan de la propia Constitución. Nada en la Constitución indica la preminencia de una u otra interpretación sobre la restante y declara de antemano el acierto o error de una u otra. Solamente se reglamenta el efecto, general o particular de los respectivos actos jurídicos.

Considero que el Contribuyente en ese sentido ha tratado de establecer un equilibrio entre los Poderes del Gobierno de manera de no fijar una dependencia interpretativa de la Asamblea General frente a la Suprema Corte de Justicia. Concede, por supuesto, a las personas, la capacidad, el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional para remediar los excesos que pudieran haber en la interpretación legislativa de la norma constitucional. Simplemente, quería hacer referencia a este punto y subrayar este aspecto porque tiene que ver con las competencias de la Asamblea General.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Nosotros también vamos a votar este proyecto en general. Brevemente queremos hacer la aclaración de que el proyecto no supone -como de algún modo ya lo señaló el señor miembro informante senador Ortiz- un acto de tergiversación del sistema constitucional, de que las declaraciones de inconstitucionalidad tienen efecto sólo en el caso concreto.

El efecto general que tiene este proyecto de ley -si se aprueba- deriva de que es una ley; simplemente de esa razón, no de que haya habido sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declare la inconstitucionalidad.

Queríamos dejar esta constancia porque puede ocurrir que en una próxima oportunidad el Parlamento, o una de sus Cámaras lea sentencias de inconstitucionalidad y, aún cuando entienda que efectivamente son inconstitucionales no apruebe leyes similares a esta. Además, de que aquí hay una consideración jurídica hay una de conveniencia o de oportunidad.

Con estas aclaraciones que pueden servir para que en la historia fidedigna de la sanción de esta ley, queden más aclaradas las interpretaciones, es que vamos a votar en general este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Presidente del Senado no debería intervenir en la discusión general, pero como autor del proyecto quiere dejar constancia que suscribe las afirmaciones formuladas por el señor senador Korzeniak y puntualiza también que, por supuesto, la aprobación de este proyecto no significa sentar precedente alguno que obligue en el futuro a derogar una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ello se hará o no según lo considere oportuno y conveniente o no el Parlamento en el futuro.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En discusión particular.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, que quedarán redactados de la siguiente forma: ‘Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica".

Quedan igualmente exoneradas de todo tributo nacional, los bienes, de cualquier naturaleza, de las actuales y futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales o educativas y a actividades deportivas’".

-En consideración.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Quería plantear, más que una objeción a los artículos 1º y 3º, a los que necesariamente voy a tener que referirme en conjunto por las razones que expondré, una duda que me asaltó a partir del día de hoy cuando leí en la prensa el texto del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remite al Parlamento, que ha dado en denominarse de Ajuste Fiscal.

Por el artículo 21 de este proyecto de ley se establecería, de ser aprobado, que se derogan todas las disposiciones que establecen exoneraciones totales o parciales del aporte patronal al Banco de Previsión Social, agregándose en el inciso 2º que se exceptúan las instituciones de enseñanza privada habilitadas o autorizadas y las de asistencia médica colectiva.

Ocurre que en el artículo 1º, por el que se modifican los incisos 2º y 3º del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, se ratifica la exoneración de todo tributo nacional -incluidos los llamados aportes a la seguridad social- a las instituciones culturales y de enseñanza. Si se aprobare el artículo 21 del proyecto de ley hoy remitido por el Poder Ejecutivo, se eliminaría la exoneración que hoy tienen las instituciones culturales.

A su vez, en el artículo 3º se establece -confirmando en parte lo ya vigente- que quedan exceptuados de la exoneración de aportes patronales, las instituciones de asistencia médica que, si bien están exoneradas de todo otro tributo deben realizar el aporte patronal.

Sin embargo, el artículo a que he hecho referencia del proyecto de ley que hoy hemos recibido, en el inciso 2º, de aprobarse, establecería la exoneración del aporte patronal para las instituciones de asistencia médica colectiva. Digo que por razones de seguridad jurídica puede entenderse que no es razonable que hoy, modificando el texto legal -que reconocemos tenía aspectos inconstitucionales- ratifiquemos exoneraciones o exclusiones que de aprobarse el proyecto que remite el Poder Ejecutivo, volverían a ser modificadas en un sentido o en otro. En un caso, excluyendo de la exoneración que hoy existe y en otro concediendo una exoneración que hoy no existe.

En tal sentido, se me planteaba la duda de si es conveniente, por razones de seguridad jurídica, más allá de que estoy de acuerdo con el texto de los artículos 1º y 3º, sancionarlos en el día de hoy, lo que no refiere, naturalmente, a la pertinencia de aprobar los otros artículos de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - En virtud de que el Mensaje sobre el proyecto de ajuste fiscal en este momento está siendo preparado y fotocopiado para ser distribuido a todos los integrantes del Cuerpo -de acuerdo con la moción de orden que se presentó- la Presidencia solicita al señor senador Cassina que dé lectura nuevamente a las disposiciones que, en su concepto resultan total o parcialmente inconciliables con los artículos 1º y 3º, a fin de ver si los señores senadores y la Presidencia tienen más claro el problema que se plantea.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: según el texto publicado hoy por la prensa -no estoy afirmando que sea el correcto, pero pienso que los órganos de prensa lo han obtenido del propio Poder Ejecutivo- el artículo 21 del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remite en el día de hoy al Parlamento dice: "Deróganse todas las disposiciones que establecen exoneraciones totales o parciales del aporte patronal al Banco de Previsión Social". El inciso segundo agrega: "Exceptúanse las referidas a instituciones de enseñanza privadas, habilitadas o autorizadas y a las de asistencia médica colectiva".

Si este artículo 21 fuere aprobado, las instituciones culturales, que actualmente están exoneradas del aporte al Banco de Previsión Social -exoneración que por el artículo 1º se mantiene- perderían dicho beneficio. A su vez, las instituciones de asistencia médica colectiva, que hoy en día no están exoneradas del aporte patronal y deben pagarlo -lo que se confirma por el artículo 3º de este proyecto de ley- de aprobarse este artículo 21, pasarían a quedar exoneradas. Me planteo, entonces, si desde el punto de vista de la seguridad jurídica tiene sentido que hoy consagremos exoneraciones o exclusiones de exoneraciones que están vigentes, para modificarlas dentro de algunas semanas.

Si el Senado participa de este criterio, creo que la conclusión de este problema es el retorno del proyecto a Comisión o, por lo menos, el desglose de los artículos 1º y 3º, sin perjuicio de la aprobación de los restantes, que no plantean esa dificultad.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Hay algo que no entiendo y quizá el señor senador Cassina pueda ilustrarme.

El argumento que él esgrime me parece de mucha enjundia si analizamos el tema desde el punto de vista de qué tributos son exonerados y cuáles no. Pero lo que sostiene este proyecto de ley es que se van a derogar leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Parece que eso no admite variación y que, en el caso que este Parlamento incurriera en el error de volver a dictar alguna ley inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia la declararía nuevamente inconstitucional.

No veo de qué modo un proyecto de ley que entra hoy puede variar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de disposiciones dictadas en los años 60. Estas siguen siendo inconstitucionales y, por lo tanto, de lo que aquí se trata es de ajustar la legislación al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad.

Si mi razonamiento es correcto, eso es lo que no logro entender de la exposición del señor senador Cassina. De lo contrario, en mi razonamiento hay un error.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Deseo responder a la inquietud planteada por el señor senador Zumarán.

Comparto el criterio del señor senador en el sentido de que lo que hace este proyecto de ley es eliminar normas que no sólo la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales, sino que nosotros reconocemos como tales. El asunto es que al volver a legislar sobre este tema -que es lo que hacemos- estamos consagrando exoneraciones tributarias o excluyendo de ellas a determinadas instituciones que mañana o dentro de algunas semanas o meses pueden variar. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, parece que tal criterio, aplicado como procedimiento legislativo, puede no ser el más conveniente. No afirmo esto totalmente y por eso he estado planteando dudas, con el fin de oír la opinión de los colegas.

Si el criterio del Senado es que en tanto hoy tenemos estas normas -parte de las cuales son inconstitucionales- debemos ajustar la ley a la Constitución, aprobamos ya este proyecto de ley. No veo problema en hacerlo, pero me planteaba a mí mismo la duda de si desde el punto de vista de la seguridad jurídica era conveniente que hoy consagráramos nuevamente la exoneración de aportes patronales a las instituciones culturales, lo que dentro de algunos días o semanas puede quedar eliminado.

SEÑOR ZUMARAN. - No por inconstitucional.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ruega que los señores senadores no hagan interrupciones a menos que les sean concedidas.

SEÑOR CASSINA. - No por inconstitucional, sino porque lo dispone una ley.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - ¿Me concede una interrupción, senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto concedo las interrupciones solicitadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que la Mesa conceda las interrupciones, como corresponde, dado que la discusión se está centrando en el contenido supuesto del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, al que se acaba de dar entrada y el cual tengo ahora en mis manos, creo necesario efectuar una aclaración.

El mencionado proyecto tiene 24 artículos, de los cuales los primeros 12 refieren a los temas estrictamente impositivos; los siguientes, hasta el artículo 21, al tema de los aportes al sistema de seguridad social y los tres últimos, también a la materia tributaria. Leyendo y releyendo el texto, no encuentro ninguna disposición cuyo contenido sea el que establece el señor senador Cassina, por lo cual me parece muy obvio que estamos enfrascados en una discusión que parte de un supuesto de hecho que no es tal.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: si ello es así, retiro todo lo dicho y me disculpo. Lo real es que he tomado el proyecto de ley de acuerdo con el texto publicado por la prensa, que también tiene 24 artículos y cuyo artículo 21 tendría el texto a que di lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa leerá el artículo 21 con el fin de aclarar el problema.

El mismo dice así: "Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, (T.O. de 1987-artículo 23) por el siguiente: ‘Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar sorteos periódicos entre las personas físicas no contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio tenedores de facturas y boletas que documenten operaciones de compraventa» para ahorrar el tiempo al Cuerpo no continúo con la lectura de este extenso artículo, que nada tiene que ver con el tema al que se refería el señor senador Cassina. Digo, además, que el señor senador no tiene que pedir disculpas al Cuerpo, porque ha planteado el tema en virtud de la información que difundió hoy la prensa y lo ha hecho con sentido de responsabilidad y con el fin de evitar al Senado la eventualidad de cometer un error, aunque creo que en el caso no hubiera sido tal. De todas formas, en concepto de la Presidencia, de ninguna manera corresponde que el señor senador Cassina pida disculpas.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Obviamente, en virtud de la información que acaba de dar la Mesa, retiro mi planteamiento, puesto que el mismo se basaba en un supuesto de hecho que en la realidad no existe.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continuando con la discusión del artículo 1º del proyecto, estaba anotado para hacer uso de la palabra, en primer término, el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: había solicitado la palabra exclusivamente para referirme a la exposición del señor senador Cassina y ya no tiene sentido hacerlo dado que la información no era correcta.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: antes de hacer algunas breves consideraciones en torno a lo planteado por el señor senador Cassina, quisiera saber -si es posible- si en el proyecto de ley que acaba de entrar al Parlamento existe una disposición como la leída por el señor senador, aunque la numeración sea otra.

Me refiero a la disposición que, según se establece en la prensa, expresa que se derogan todas las disposiciones que establecen exoneraciones totales o parciales del aporte patronal al Banco de Previsión Social y que se exceptúan de las referidas a las instituciones de enseñanza privada habilitadas o autorizadas y a las de asistencia médica colectiva.

En consecuencia, deseo saber si esa norma no está contenida en otra disposición del proyecto, ya que como lo acaba de mencionar el señor Presidente, ella no figura en el texto del artículo 21. Adelanto desde ya que si ella no apareciese en el proyecto de ley, me ahorraré buena parte de lo que tengo intención de señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quien habla cree emplear un castellano más o menos correcto y piensa que después de haber leído y releído el proyecto de ley, desde la primera hasta la última disposición, es notorio que el mismo no contiene esa norma a la que en forma equivocada se refirió la prensa.

Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Entonces, me parece que siendo la realidad tal como la acaba de mencionar el señor Presidente, pierde entidad la observación -estoy seguro de que en otras circunstancias sí hubiera tenido importancia- planteada por el señor senador Cassina.

Por lo tanto, voy a ahorrar tiempo y señalar, simplemente, que a mi juicio el Cuerpo debe votar los artículos 1º y 3º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º. - Derógase el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983".

-En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Por este artículo 2º se deroga el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410.

Este inciso que se pretende derogar establece que en los casos de desalojo, contra la intimación, no cabrá excepcionamiento, oposición o recurso alguno, devolviendo el Juzgado cualquier escrito que presentare el intimado en tal sentido. La Suprema Corte de Justicia consideró que este inciso era inconstitucional porque no contemplaba la igualdad de las partes en el juicio ni el derecho de respuesta.

Ahora bien; si derogamos el inciso segundo, queda vigente el inciso primero. ¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, lo que deroga es la prohibición de efectuar excepcionamientos, oposiciones o recursos, con lo que se restablece la posibilidad de presentarlos. Pero, ¿cómo funcionarán esos excepcionamientos?

SEÑOR PRESIDENTE. - Considero que la pregunta del señor senador Ortiz es pertinente, y por lo tanto la Presidencia va a manifestar su criterio sin perjuicio del que puedan expresar los distintos letrados que afortunadamente están presentes en Sala, quienes en el ejercicio de su profesión seguramente habrán tratado muchas veces este tema.

En mi concepto, lo que significa el inciso que queda vigente es que el desalojo se ordena sin más trámite -como en todo proceso de desalojo, que es un proceso monitorio- con plazo de 30 días bajo apercibimiento de lanzamiento. Esto es innecesario porque siempre que el desalojo no se realiza voluntariamente dentro del plazo de la intimación, posteriormente procede el lanzamiento. Entonces, la derogación del inciso segundo implica que recobran vigencia las disposiciones de fondo de la legislación en materia de arrendamientos y desalojos. En este momento no recuerdo de memoria, pero estimo que ella habilita a presentar, contra la intimación de desalojo, determinados tipos de excepcionamientos.

Advierto que los señores senadores Cassina y Korzeniak asienten con la cabeza, por lo que pienso que no estoy en el error.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Artículo 3º. - Modifícase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado de la siguiente forma:

‘ARTICULO 13. - Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso’".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

"Artículo 4º. - Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

"Artículo 5º. - Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional’".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

"Artículo 6º. - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

‘La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, conforme a la Constitución (artículo 61 literal H), no existe para los militares en situación de retiro’".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"La Comisión Especial que atiende Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital y el Convenio para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscriptos con la República Federal de Alemania los días 4 y 5 de mayo de 1987, respectivamente".

-Pase al orden del día de la próxima sesión.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para referirme a este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Cuando se dio cuenta de este asunto informado por la Comisión Especial que atiende Asuntos Internacionales, el señor Presidente dispuso su inclusión en el orden del día de la próxima sesión.

Sin embargo, deseo señalar que en la Comisión se había llegado a un acuerdo -dado que algunos señores senadores deseaban actualizar los antecedentes- en el sentido de que el tema fuera incluido en la primera sesión ordinaria de la próxima semana. Creo que a ese respecto hubo unanimidad de pareceres en la Comisión.

En consecuencia, como el señor Presidente dispuso la inclusión de este tema en el orden del día de la sesión de mañana, entendí necesario realizar estas manifestaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia señaló que este tema se incluiría en el orden del día de la sesión de mañana porque era lo que correspondía desde el punto de vista reglamentario; si no lo hubiera expresado así, este asunto igualmente habría figurado en el orden del día de la sesión de mañana.

De todas maneras, la Presidencia lamenta haber estado en desconocimiento de esta resolución de la Comisión, y ahora interpreta las palabras del señor senador Batalla como una moción de orden.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Simplemente deseo ratificar las expresiones del señor senador Batalla. Efectivamente, se produjo ese acuerdo entre los integrantes de la Comisión que atiende Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Batalla en nombre de la Comisión Especial que atiende Asuntos Internacionales.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, este tema se incluirá en el orden del día de la sesión a realizarse el martes 13 de marzo.

21) ALBERTO CANDEAU. Homenaje del Senado.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: no sé si una vez agotado el orden del día es reglamentario, o no, que formule este planteo. De todas maneras, voy a recurrir a la benevolencia de la Mesa y de los señores senadores, porque no quiero dejar pasar más tiempo sin rendir homenaje en este Cuerpo a una gran figura desaparecida pocos días antes de que se inaugurase esta Legislatura.

Esta personalidad significó orgullo y brillo singular para la cultura nacional. Me refiero al actor Alberto Candeau.

Alberto Candeau ha sido, indudablemente, la figura más importante del teatro nacional en toda la vida de nuestra cultura. Su larga actuación en ambas márgenes del Río de la Plata reveló un valor de gran sensibilidad, de dones para la interpretación teatral, que lo hicieron destacar por toda la prensa especializada y por el público en general.

Los grandes éxitos que logró en Montevideo, en la Argentina y en otros países, su descollante actuación en la época más gloriosa de la Comedia Nacional, así como los inolvidables personajes que emanaban de sus singulares dotes de artista, hicieron de Alberto Candeau un señor de la escena nacional, como pudimos apreciar todos aquellos que lo veíamos y sentíamos la vibración que surgía de su exquisita sensibilidad y de su singular valor artístico.

No sólo fue un señor en la escena teatral: también lo fue en su vida, por su rectitud de carácter, por su simpatía, por el culto singular de la amistad que supo practicar, por su generosidad y por su maravilloso don de gentes.

Señor de la cultura nacional y señor de la vida cívica, fue el intérprete de todo el pueblo uruguayo cuando, un año antes de las elecciones de 1984, leyó la proclama por la cual los partidos y los ciudadanos demócratas del Uruguay nos comprometíamos a llevar adelante la empresa de liberar definitivamente a nuestro país de las trabas al pronunciamiento popular que permitían el resurgimiento de la democracia uruguaya.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ortiz)

-Entre un mar de gente, ante el pueblo uruguayo allí reunido, la voz de Alberto Candeau resonó con los ecos singulares que la caracterizaban, haciéndose intérprete del pueblo y protagonista de la historia nacional. Parecía que su voz portadora de roces de la historia se proyectaba a través del tiempo para expandirse en el espacio, golpear a los tiranos e iluminar el camino de la liberación de la República que se abriría ante nosotros.

Con estas pocas palabras quiero rendir homenaje a este ciudadano, a este gran valor del arte nacional, ya que en el momento de su fallecimiento el Parlamento estaba en receso.

Ante la desaparición de una figura de tanta jerarquía en la vida artística y cívica de la República, en este ámbito donde nos sentamos los representantes del pueblo, no podía faltar el recuerdo y el homenaje de esos representantes a tan esclarecida figura de la vida nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Esc. Dardo Ortiz). Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Muy brevemente, deseo adherir al homenaje que el señor senador Pereyra ha hecho a la insigne figura de don Alberto Candeau.

Como expresó el señor senador Pereyra, Candeau no sólo será recordado por haber estado en la cima de la cultura nacional, sino además porque logró simbolizar la voz de la Nación en la oportunidad histórica de noviembre de 1983, cuando todos los sectores políticos y sociales del país confirmaron su voluntad de abrir el camino a la libertad y a la democracia.

Todos los que no estuvimos presentes en esa circunstancia -aunque sí pudimos escuchar su voz a través de grabaciones y conocer los detalles de esa formidable manifestación cívica- nos sentimos representados por Alberto Candeau.

Asistí al sepelio de esta figura de tanta magnitud e importancia para la cultura nacional y para el sistema democrático pero, por la oportunidad malograda de su fallecimiento, no estuvo rodeado del inmenso calor popular que siempre tuvo.

Al hacerme eco del homenaje que le está tributando el Cuerpo, deseo proponer que la versión taquigráfica de lo manifestado en Sala en memoria de don Alberto Candeau se remita a sus deudos y que el Senado se ponga de pie para homenajear a este ciudadano desaparecido.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Esc. Dardo Ortiz). Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: ha estado muy acertado el señor senador Pereyra al recordar a Alberto Candeau, fallecido recientemente.

Tuve el privilegio de conocerlo y de tratarlo hace ya unos cuantos años, cuando integré la Comisión de Teatros Municipales, organismo que entonces dirigía la Comedia Nacional, y después lo seguí tratando durante todo el proceso vivido por nuestro país a partir del golpe de Estado de 1973.

En ocasión de su fallecimiento, algunos medios de comunicación volvieron a difundir su admirable -sobrecogedora diría yo- participación en aquella grandiosa manifestación cívica, en donde Alberto Candeau no fue seleccionado sólo por ser un actor de excepcionales recursos para expresarse, sino también por ser uno de los representantes más eminentes de la cultura uruguaya.

(Ocupa la Presidencia el doctor Gonzalo Aguirre)

-Siento que a veces no tenemos, en los ámbitos políticos, una comprensión apropiada de todo lo que representa para el país el esfuerzo que instituciones y personalidades de la cultura realizan por la jerarquización espiritual de la vida del país. Alberto Candeau, como tanta gente vinculada al teatro uruguayo, fue de los que creó este fenómeno cultural que es nuestro teatro, que es uno de los elementos más prestigiosos de la cultura nacional, al que debemos apoyar como lo hizo él, ya que luchó hasta sus últimos momentos como miembro de la Sociedad Uruguaya de Actores, para que el teatro fuera apoyado.

En el recuerdo de la gente que tiene alguna afición por el teatro, quedará seguramente marcada para siempre la presencia en escena de Candeau, no sólo en Montevideo sino también en otros países, como por ejemplo en la República Argentina donde recibió un premio de carácter internacional por su representación de personajes tan formidables como el "Zoilo", de "Barranca Abajo", de Florencio Sánchez y "Galileo Galilei" de Bertolt Brecht.

Y también está el Candeau ciudadano, el que nunca fue ajeno, como bien señalaba el señor senador Pereyra, a los requerimientos de la vida democrática del país, y que cuando fue necesario su concurso estuvo en el primer plano de la lucha por la recuperación de la Democracia.

Creo que en Candeau homenajeamos, además, a la cultura del país y, particularmente, a ese fenómeno cultural uruguayo creado, más que por el apoyo oficial, por el esfuerzo, la vocación y el sacrificio, diría yo, de tanta gente y de infinidad de instituciones que han trabajado y lo siguen haciendo para mantener algo que prestigia al país, tanto dentro como fuera de él.

Adhiero a las manifestaciones formuladas, así como a la moción presentada por el señor senador Gargano, y si él está de acuerdo, la ampliaría en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras que se pronuncien en Sala en esta circunstancia sea remitida también a la Sociedad Uruguaya de Actores, de la que fue miembro Alberto Candeau y a la Comedia Nacional, que integró prestigiándola de manera extraordinaria.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: también nosotros adherimos con emoción sincera a los homenajes que se proponen a la memoria de ese extraordinario actor uruguayo que fue Alberto Candeau.

Me siento vinculado a esa existencia ejemplar, porque lo vi actuar en Canelones hace ya muchos años. En 1932, el recorría, junto a Carlos Brussa, José Fernández, Celina Sánchez, Vicente Rivero, Héctor Cuore y tantos otros, los teatros del interior del país, llevando la inquietud cultural y la prodigación de su talento, de su vocación, de su esfuerzo y de su extraordinaria consecuencia con una forma de manifestar la cultura, que fue adquiriendo mayor resonancia en este país y que en sus momentos culminantes estuvo identificada con algunos nombres, entre los cuales estaba -en primer término- el suyo.

Cuando se fundó la Comedia Nacional, pasó a ser su paladín, siendo allí profesor y representándola en múltiples eventos.

Como actor, fue uno de los más competentes que tuvo la República en toda su historia. Su nombre, como el de tantos otros -pero el suyo de manera preferencial ha quedado indeleblemente unido a la historia del teatro nacional, que es una de las manifestaciones más prestigiantes de la cultura uruguaya. Dentro y fuera de nuestro país, Candeau y su teatro han sido una representación auténtica, genuina y muy distinguida de nuestra cultura nacional.

Posteriormente tuve oportunidad de tratarlo, y no tengo inconveniente en adherir a las expresiones que se han formulado en el sentido de que aquella personalidad de actor tan distinguida estaba doblada por la de un caballero de la política y de la democracia. También yo lo oí con la misma emoción sentida por los señores senadores en la ocasión recordada, cuando empezaba a vislumbrarse la nueva aurora de la democracia nacional. Por eso no podemos dejar de estar presentes, a través, de estas modestas palabras que pronuncio en nombre de mis compañeros, en el homenaje que el Senado con toda razón tributa a la memoria de Alberto Candeau.

Parecería que Candeau tendría que estar permanentemente actuando en nuestros escenarios, y es verdad que cuando se anunciaba una representación suya, la gente se preparaba para gustar y gozar del espectáculo.

Es para nosotros -y para mí personalmente- un motivo de íntima emoción recordar a este querido y distinguido ciudadano, amigo y actor sobresaliente de la escena uruguaya y americana. Por eso, señor Presidente, nuestra adhesión y nuestro recuerdo a aquella figura que ya se va haciendo legendaria, del prestigioso creador de tantos personajes. Lo recuerdo, por ejemplo, como símbolo de la libertad y evoco aquella magistral representación que hizo de Galileo, que significó en su momento una aproximación verdaderamente efectiva y fecunda del sentimiento nacional en ocasión en que era necesario representar al máximo la libertad humana, el derecho del individuo a ser él mismo. Alberto Candeau tuvo la suerte de poder ser el que quiso ser: una auténtica personalidad de la cultura uruguaya, ante cuyo recuerdo nos inclinamos con respecto y con emoción.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Señor Presidente: quiero adherir emocionado a este homenaje que se tributa a la memoria de Alberto Candeau, iniciado con las palabras del señor senador Pereyra.

Y deseo rendirle homenaje por varias razones. Como se ha dicho, Candeau ha sido grande entre los grandes del teatro uruguayo, que es muy fértil en figuras, en proyección, tanto desde el punto de vista humano como desde la arista artística más pura.

Hay grandes autores, grandes figuras, pero creo que en "el puñado" de los grandes entre los grandes ha estado Candeau.

Se ha recordado la actuación de Candeau como intérprete de obras de Florencio Sánchez y de esa obra maravillosa de Brecht que habla de la libertad, del hombre, del héroe y del contrahéroe; me refiero a "Galileo Galilei", que contó con la maravillosa presencia de Alberto Candeau.

Vaya entonces mi homenaje al gran actor, al hombre de la cultura y de la democracia uruguayas.

Escuché sus palabras en el exilio y conozco también la conmoción que sintieron múltiples prisioneros en el instante en que reconocieron y recordaron su voz.

Asimismo quiero rendir homenaje a Candeau como el hombre que me escuchó y como el hombre con el que pude labrar cierta amistad, como ese gran personaje de la cultura con quien pude dialogar y discutir sobre temas vinculados al teatro uruguayo, en tiempos lejanos pero que recordaré permanentemente.

Rindo entonces mi homenaje a Alberto Candeau con la convicción de que este Senado tendrá que buscar alguna forma de expresión aún mayor para que todas las generaciones venideras también lo recuerden.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de poner a votación la moción presentada, la Presidencia quiere dejar constancia de que adhiere a todas las manifestaciones formuladas por los señores senadores en homenaje a la figura de ese gran señor de la cultura nacional, que fue Alberto Candeau. Asimismo, no puede dejar de recordar la emoción con que vivió la jornada del 27 de noviembre de 1983, en la que por azar del destino fue co-redactor de la proclama que leyó, de manera insuperable Alberto Candeau, interpretando magistralmente los sentimientos de todo el pueblo uruguayo.

La Presidencia entiende que además de votarse la moción, el Senado debe ponerse de pie en homenaje a la figura desaparecida.

La Mesa invita a los señores senadores y a la Barra a ponerse de pie.

(Así se hace)

-Se va a votar la moción presentada en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas sea enviada a los familiares del extinto, a la Sociedad Uruguaya de Actores y a la Comedia Nacional.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 59 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Pereyra, Pérez, Posadas, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.