Retorno a página principal

Nº 339 - TOMO 325 - 19 DE SETIEMBRE DE 1989

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

35ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL PROF. MANUEL FLORES SILVA Primer Vicepresidente

y el ESCRIBANO DARDO ORTIZ Presidente Ad Hoc

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Ferreira para ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores referida a las relaciones de Uruguay con los países asiáticos.
- Se resuelve afirmativamente.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Aguirre por el día de la fecha.
- Concedida.

6) Presidente ad-hoc

- Se resuelve, ante sugerencia de la Mesa, y por moción del señor senador Cersósimo, elegir en tal carácter al señor senador Ortiz.

7) Símbolos nacionales. Publicación de un folleto que los contenga

- Se resuelve, por moción del señor senador Acosta y Lara, declarar urgente y considerar de inmediato un proyecto de resolución en ese sentido.
- En consideración.
- Aprobado.

8 y 12) Exposición Filatélica Internacional Uruguay 92. Se crean recursos para su financiamiento

- Se resuelve, por moción de la señora senadora Bomio de Brun, y ante sugerencias de varios señores senadores, alterar el orden del día y colocar en 5º término un proyecto de ley en tal sentido.

9) Equiparación de oportunidades para los discapacitados. Se establecen normas de carácter general

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Enfermedad Celíaca. Se declara de interés nacional su estudio e investigación

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Fiebre Aftosa. Su control y erradicación

-El señor senador Posadas solicita que se trate este proyecto que figura en 4º término del orden del día.

11 y 14) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 15 de setiembre de 1989.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 19, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se establecen normas generales de equiparación de oportunidades para los discapacitados.

(Carp. Nº 179/85 - Rep. Nº 122/89)

2º) Por el que se declaran de interés nacional el estudio y la investigación sobre la enfermedad celíaca y se establecen normas relacionadas con dicha afección.

(Carp. Nº 1363/89 - Rep. Nº 126/89)

3º) Informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social proponiendo al Cuerpo la votación de pensiones graciables propuestas por el Poder Ejecutivo en Mensajes y proyectos de ley de fechas 13 de julio de 1988, 20 de setiembre de 1988, 22 de mayo de 1989, 1º de junio de 1989 y 12 de setiembre de 1989; y se interpreta el alcance de los artículos 229 de la Constitución de la República y 102 del Reglamento de la Cámara de Senadores. Rep. Nº 127/89. (Carp. Nº 1162/88 - Rep. Nº 179/88; Carp. Nº 1264/88 - Rep. Nº 177/88; Carp. Nº 1392/89 - Rep. Nº 120/89; Carp. Nº 1393/89 - Rep. Nº 115/89; Carp. Nº 1494/89 - Rep. Nº 117/89; Carp. Nº 1495/89 - Rep. Nº 118/89; Carp. Nº 1496/89 - Rep. Nº 119/89).

4º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se declaran de interés nacional el control y la erradicación de la fiebre aftosa.

(Carp. Nº 959/87 - Rep. Nº 113/89)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) Por el que se designa "Profesor Alberto Langlade" al Instituto Superior de Educación Física.

(Carp. Nº 1485/89 - Rep. Nº 116/89)

6º) Por el que se establecen diversas modificaciones a la Ley Nº 13.459, de 9 de diciembre de 1965, que creó la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis.

(Carp. Nº 1304/88 - Rep. Nº 96/89)

7º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a la propaganda política referida a las elecciones generales, iniciativa y referéndum.

(Carp. Nº 1377/89 - Rep. Nº 72/89)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

8º) Por el que se exceptúa del requisito de la conciliación ante la Justicia de Paz, previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República, a todo juicio iniciado o a iniciarse sobre cualquiera de las cuestiones referidas en el artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

(Carp. Nº 1131/88 - Rep. Nº 73/89)

9º) Por el que se designa con el nombre "Hilda Pisano de Amen" la Escuela Urbana Nº 17 de Estación Solís, departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 1299/88 - Rep. Nº 68/89)

10) Por el que se designa con el nombre "Químico Farmacéutico Federico Díaz" la Escuela Nº 101, Centro Experimental de Lectura y Escritura del departamento de Rivera.

(Carp. Nº 1306/88 - Rep. Nº 69/89)

11) Por el que se designa con el nombre "Doctor Emilio Frugoni", la Escuela Nº 250 de Parque Posadas, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1307/88 - Rep. Nº 70/89)

12) Por el que se transforman las Fiscalías Letradas de lo Penal de 6º a 8º Turno, creadas por el artículo 241 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en Fiscalías Letradas de lo Civil de 9º a 11º Turno.

(Carp. Nº 1426/89 - Rep. Nº 76/89)

13) Por el que se aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscripto en Bogotá el 31 de enero de 1989.

(Carp. Nº 1411/89 - Rep. Nº 77/89)

14) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

- Un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Dirección Nacional de Arquitectura (Plazo Constitucional vence el 10 de octubre de 1989). (Carp. Nº 1431/89 - Rep. Nº 109/89)

- Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento (Plazo Constitucional vence el 7 de noviembre de 1989). (Carp. Nº 1458/89 - Rep. Nº 108/89)

- Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura - Comisión Nacional de Educación Física (Plazo Constitucional vence el 9 de noviembre de 1989). (Carp. Nº 1459/89 - Rep. Nº 108/89)

- Un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo Constitucional vence el 12 de noviembre de 1989). (Carp. Nº 1462/89 - Rep. Nº 106/89)

15) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Plazo Constitucional vence el 28 de setiembre de 1989)

(Carp. Nº 1420/89 - Rep. Nº 99/89)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

16) Por el que se modifican los artículos 28 y 29 de la Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980 (Código del Proceso Penal)

(Carp. Nº 1390/89 - Rep. Nº 899/89)

17) Por el que se prohíbe la tenencia o guarda de animales feroces o salvajes fuera de parques o jardines zoológicos.

(Carp. Nº 1444/89 - Rep. Nº 90/89)

18) Por el que se designa con el nombre "Doctor Emilio Frugoni" el Liceo Nº 38, ubicado en la calle Ruperto Pérez Martínez Nº 860, Pueblo Victoria, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1387/89 - Rep. Nº 97/89)

19) Por el que se establece el día 13 de octubre de cada año como el Día del Trabajador Vial.

(Carp. Nº 1349/89 - Rep. Nº 101/89)

20) Por el que se amplía el plazo de que dispone la Comisión Nacional de Actualización del Código Civil para el cumplimiento de sus cometidos.

(Carp. Nº 1378/89 - Rep. Nº 95/89)

21) Por el que se designa con el nombre "Emilio Carlos Tacconi" al Liceo Nº 40 de Villa Peñarol, del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1391/89 - Rep. Nº 98/89)

22) Por el que se ratifica el Convenio Nº 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad, adoptado en la septuagésima segunda Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

(Carp. Nº 1219/88 - Rep. Nº 103/89)

23) Por el que se ratifica el Convenio Nº 120 sobre la higiene en el comercio y oficinas, adoptado en la cuadragésima octava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

(Carp. Nº 1218/88 - Rep. Nº 104/89)

24) Discusión particular del proyecto de resolución elevado por la Comisión Especial encargada de estudiar el Endeudamiento de la Industria Hotelera.

(Carp. Nº 1252/88 - Rep. Nº 102/89)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

25) Por el que se suprime el monopolio estatal que en materia de seguros ejerce el Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 585/86 - Rep. Nº 11/89)

26) Por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, sobre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura.

(Carp. Nº 971/87 - Rep. Nº 112/89)

27) Por el que se deja en suspenso, por el término de un año, la aplicación de la Ley Nº 15.859, de 31 de marzo de 1987 y su modificativa Nº 16.058, de 27 de agosto de 1989 (prisión preventiva).

(Carp. Nº 1478/89 - Rep. Nº 10/89)

28) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que reitera el proyecto de ley remitido al Parlamento con fecha 24 de setiembre de 1987, relativo a la suspensión por un año del régimen de procesamiento sin prisión.

(Carp. Nº 1456/89 - Rep. Nº 114/89)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley.

29) Por el que se crean recursos para financiar la Exposición Internacional "Uruguay 92".

(Carp. Nº 1435/89 - Rep. Nº 125/89)

30) Por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA).

(Carp. Nº 1450/89 - Rep. Nº 124/89)

31) Por el que se aprueban los Estatutos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM).

(Carp. Nº 1074/89 - Rep. Nº 123/89)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Acosta y Lara, Batalla, Bomio de Brun, Capeche, Cersósimo, Fá Robaina, García Costa, Gargano, Guntin, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Olazábal, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Terra Gallinal, Tourné, Ubillos y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aguirre, Mederos, Singer y Traversoni; con aviso, el señor presidente del Senado, doctor Tarigo y los señores senadores Cigliuti, Ferreira, Galo, Jude y Zunini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

(Ocupa la Presidencia el señor senador Flores Silva)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 27 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 19 de setiembre de 1989.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la adhesión de la República a la Constitución de la Organización Internacional de Protección Civil.

(Carp. Nº 1498/89)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

por el que se autoriza la salida del país de dos buques de la Armada Nacional, su tripulación y Alumnos de la Escuela Naval a efectos de realizar maniobras de fin de año entre los días 2 al 15 de diciembre.

(Carp. Nº 1499/89)

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con Licitación Pública Nº 499/89, con la contratación de un seguro de vida Agrupamiento.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionadas con varias contrataciones.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionadas con certificación de la deuda que mantiene la Dirección Nacional de Aduanas con OSE, con Ordenes de Entrega y con Licitación Pública Nº 34/87.

Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas: relacionada con pago a la empresa DATAMATIC.

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionada con pago de horas extras.

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionada con pago de horas extras.

De la Universidad de la República (Facultad de Veterinaria): relacionada con contratación de la empresa Terra Hnos. S.A.

De la Administración Nacional de Puertos: relacionada con varios gastos efectuados durante el mes de agosto.

De la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo Directivo Central): relacionada con la adquisición directa de material eléctrico a la firma Berón S.A.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se autoriza al Ministerio de Educación y Cultura la trasposición de fondos dentro de distintos proyectos.

por el que se autoriza una adecuación al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay.

por el que se exonera a la Embajada de España del pago de todo recargo a la importación de diversas mercaderías cuya venta será destinada al Hogar Español de Ancianos.

por el que se sustituyen partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondientes al Ejercicio 1989.

por el que se autoriza la trasposición de rubros a diversos proyectos del Ministerio de Salud Pública.

por el que se efectúan trasposiciones presupuestales en el Programa 001 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

-Ténganse presente.

El Ministerio de Industria y Energía remite la información solicitada por el señor senador Luis B. Pozzolo relacionada con los funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, afectados a la Represa Hidroeléctrica de Palmar.

-A disposición del señor senador Luis B. Pozzolo.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera referente a lo adeuado a la Jefatura de Policía de Montevideo por parte de organismos del Estado, por concepto de servicios prestados bajo el régimen del artículo 222 de la Ley Nº 13.318.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor senador Luis B. Pozzolo relacionada con el estado en que se encuentra el tramo de la Ruta Palmitas-Mercedes.

-A disposición del señor senador Luis B. Pozzolo.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo del pedido de informes formulado por el señor senador Hugo Batalla relacionado con la aplicación del artículo 661 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

-A disposición del señor senador Hugo Batalla.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de las exposiciones escritas presentadas por el señor senador Juan Raúl Ferreira relacionadas con las carencias y necesidades en los barrios Los Olivos y Tres Fronteras de la ciudad de Bella Unión y de la localidad de Colinas de Solymar, departamento de Canelones.

-A disposición del señor senador Juan Raúl Ferreira.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el texto del Convenio sobre una línea de crédito proporcionada por el Gobierno de la República Popular China.

(Carp. Nº 1325/89)

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifica el régimen vigente que regula la política de vivienda en nuestro país.

(Carp. Nº 1072/88)

por el que se introducen modificaciones en el Título 14 Texto Ordenado 1987, referente al Impuesto al Patrimonio.

(Carp. Nº 1474/89)

-Repártanse".

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento el señor senador Juan Raúl Ferreira solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con las relaciones del Uruguay con los países asiáticos".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"RELACIONES DEL URUGUAY CON LOS PAISES ASIATICOS

Sr. Presidente:

El 3 de febrero del año pasado, la República reconoció al gobierno de la República Popular de China.

En virtud de dicha resolución comunicó en la misma fecha al gobierno de Taipei que cerraría nuestra representación oficial en aquel país, solicitándole hiciera lo propio en el nuestro.

En la misma nota a las autoridades de la República de China, la Cancillería solicitó al gobierno de la República de China que mantuviera una oficina comercial en nuestro país e informó que se seguirían reconociendo los pasaportes de dicha República en todos los Consulados uruguayos.

La respuesta de la República de China, Sr. Presidente, no se hizo esperar, el mismo día comunicó que suspendería todo tipo de relación con nuestro país.

¿Cuál fue entonces nuestra posición, Sr. Presidente?. En el seno del Partido Nacional habían sectores favorables a las relaciones con una China y otros con la otra.

Nosotros propusimos en el seno del Directorio de nuestro Partido que esto se solucionara por consenso y que hasta que el país no hubiera logrado ese consenso no convenía tocar el statu quo imperante, para que nuestra política exterior no perdiera su carácter "de Estado".

Era comprensible que después de años de amistad y cooperación, la República de China expresara su protesta y se retirara de nuestro país.

Pero ahora, Sr. Presidente, se avecina un nuevo período de gobierno.

Desde ya tenemos que pensar en qué pasos vamos a dar en este sentido.

Nosotros siempre hemos querido buenas relaciones con la República de China, y las seguimos queriendo, Sr. Presidente. Pero países como Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, por poner sólo algunos ejemplos de la región, tienen relaciones comerciales con la República de China y diplomáticas con la República Popular. Claro está, Sr. Presidente que la forma, la modalidad, hay que hacerla pensando en el contexto tan especial y peculiar de nuestras relaciones históricas con la República China.

Yo me propongo, Sr. Presidente, sugerir y apoyar la iniciativa de lograr la apertura de un Consulado de la República China en nuestro país, sea cual sea el gobierno que resulte electo en noviembre.

Si la misma nota de Cancillería rompiendo las relaciones contempla el "reconocimiento" de los pasaportes expedidos por la República de China, no veo ningún inconveniente formal en mantener relaciones consulares. Yo plantearé esto formalmente en el próximo gobierno, pero quiero que la Cancillería de mi país vaya estudiando con tiempo y sin premuras las formas y modalidades que ese estatus podría tener.

Mociono pues para que mis palabras pasen al Ministerio de Relaciones Exteriores a sus efectos.

Muchas gracias Sr. Presidente.

Juan Raúl Ferreira. Senador".

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Gonzalo Aguirre Ramírez solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, setiembre 19 de 1989.

Señor
Presidente del Senado
Dr. Américo Ricaldoni
Presente.

Me dirijo a Ud. para solicitar del Cuerpo del Senado, licencia por la sesión del día de la fecha.

Saluda a Ud. atte.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PRESIDENTE AD-HOC

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa plantea la necesidad de que se nombre un Presidente ad hoc. El segundo vicepresidente del Cuerpo, el señor senador Mederos, como se sabe, se encuentra enfermo y por tal motivo está con licencia.

SEÑOR CERSOSIMO. - Propongo al señor senador Ortiz.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Se va a votar la propuesta del señor senador Cersósimo en el sentido de que el señor senador Ortiz sea el Presidente ad hoc del Cuerpo.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

7) SIMBOLOS NACIONALES. Publicación de un folleto que los contenga.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - El Senado entra el orden del día.

SEÑOR ACOSTA Y LARA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ACOSTA Y LARA. - Señor Presidente: me permito solicitar al Cuerpo que estudie la reimpresión de algunos folletos, editados en varias oportunidades, conteniendo los textos completos del Himno, y los modelos oficiales de los escudos, banderas y escarapelas. Es decir, un tomo que contiene todos los Símbolos Nacionales incluyendo toda la legislación con sus decretos y modificaciones.

Propongo, pues, que se vuelva a editar un tomo que contenga la misma información pero en el que se agregue una reseña histórica sobre el devenir de los escudos, su historia, las banderas y demás símbolos. Asimismo, dicha edición debe contener los escudos departamentales junto a una breve reseña de su significado. Los escudos departamentales revisten una mística especial que los hombres de aquellos departamentos que representan mantienen con gran orgullo, pero que es desconocida para el resto del país.

Por lo tanto, presento esta moción a efectos de que se divulguen y se pueda disponer de estos símbolos tanto por parte de los uruguayos residentes en el país como por los extranjeros, las oficinas públicas y embajadas.

A efectos de que este tomo tenga la jerarquía que corresponde a los símbolos que contiene, sugiero que se encargue al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay la redacción de los textos históricos relativos a esta publicación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Se va a votar si se declara urgente la consideración del proyecto de resolución solicitado por el señor senador Acosta y Lara.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar: "Proyecto de resolución por el que se autoriza una nueva edición del volumen titulado ‘Símbolos Nacionales’".

(Antecedentes:)

"Artículo 1º. - Refuérzase en la cantidad necesaria el correspondiente rubro de gastos del Programa 1.03 de la Cámara de Senadores, a fin de proceder a una nueva edición del volumen titulado "Símbolos Nacionales" complementado con una reseña histórica de dichos símbolos, documentación y representación de los escudos departamentales.

Art. 2º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo a los efectos dispuestos en el artículo 108 de la Constitución de la República.

Montevideo, 19 de setiembre de 1989.

Raúl Acosta y Lara. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En discusión particular el proyecto de resolución. Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º. Refuérzase en la cantidad necesaria el correspondiente rubro de gastos del programa 1.03 de la Cámara de Senadores, a fin de proceder a una nueva edición del volumen titulado ‘Símbolos Nacionales’ complementado con una reseña histórica de dichos símbolos, documentación y representación de los estudios departamentales."

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado).

8) EXPOSICION FILATELICA INTERNACIONAL URUGUAY 92. Se crean recursos para su financiamiento.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - ¿Me permite, para una cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra la señora senadora Bomio de Brun.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Señor Presidente: solicito, si fuera posible, que se altere el orden del día, a efectos de tratar un Mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se crean recursos para financiar la Exposición Filatélica Internacional "Uruguay 92". Este proyecto ya ha sido aprobado en Comisión y si el Senado lo considera en el día de hoy, podría ser enviado rápidamente a la Cámara de Representantes, porque el tiempo es corto y la financiación muy importante. El proyecto al que me refiero ocupa el número 29 de nuestro orden del día y por las razones expuestas solicito que se lo considere en primer término.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: considero que el proyecto que figura actualmente en primer lugar del orden del día fue objeto de una larga deliberación en Comisión y que, en cierto sentido esta sesión extraordinaria responde al deseo de aprobar ese punto. En realidad, creo que todos podemos comprometernos a que una vez aprobado el primer punto, nos quedemos a efectos de tratar el asunto propuesto por la señora senadora Bomio de Brun, por lo tanto, solicito la alteración de la moción en el sentido de que el proyecto de ley relativo a la financiación de la Exposición Filatélica "Uruguay 92", figure en segundo término del orden del día.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: el tema de los discapacitados ha sido muy estudiado por los miembros de este Senado y se constituye en uno de los más importantes de esta Legislatura, por lo que considero debe mantenerse en el primer lugar de nuestro orden del día.

Estamos terminando las sesiones extraordinarias del mes de setiembre; aún nos quedan las del mes de octubre. Si comenzamos a alterar un orden del día que ha sido construido con un criterio de precedencia, me parece que vamos a deshacer lo poco que puede realizar esta Legislatura de aquí hasta el 15 de octubre. Lamento discrepar nada menos que con mi estimada amiga la señora senadora Bomio de Brun, pero estimo que debemos votar primero el proyecto relativo a la integración social del impedido, que es el punto fundamental y principalísimo que debe ocuparnos.

Pienso que esa serie de temas que podemos analizar, no merecerán mayor discusión y podrán ser sorteadas entre hoy y mañana o quizás en una sesión de la próxima semana para que en el mes de octubre podamos enfocar los temas más difíciles como el del Banco de Seguros, el del patrimonio, que acaba de ingresar a la Mesa.

Por estas razones me opongo, a pesar del afecto que siento por mi estimada amiga trinitaria, a su solicitud.

SEÑOR POZZOLO. - ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: deseo tranquilizar a mi distinguida amiga, la señora senadora Bomio de Brun, con la siguiente información. La semana pasada planteamos que se realizara esta sesión extraordinaria para tratar el tema que figura en el primer punto del orden del día. Luego, por moción conjunta de los señores senadores Rodríguez Camusso y Aguirre, se resolvió incluir todos estos asuntos en dos sesiones extraordinarias: la de hoy y la de mañana. Esto quiere decir que seguramente tendremos tiempo para tratar el asunto por ella propuesto.

Por lo tanto, quiero que la señora senadora Bomio de Brun tenga la tranquilidad de que en caso de que no hubiéramos avanzado mañana demasiado en el orden del día, yo acompañaría una moción de esta naturaleza. Considero, entonces, que lo que corresponde es que entremos directamente a tratar el orden del día de la forma en que ha sido convocado el Senado para esta sesión extraordinaria.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: voy a ser breve porque, en realidad, otros señores senadores se han adelantado a decir lo que yo pensaba. Pero deseo agregar que si revisamos los asuntos que figuran en el orden del día, evidentemente entraríamos en una discusión interminable, para tratar de ordenarlos.

Observamos que en el orden del día hay todo tipo de asuntos. Existen aquellos que no tendrían discusión y podrían ser votados rápidamente y otros, que aunque tengan discusión, son esencialmente importantes, por lo que se justificaría ordenarlos en un lugar de prioridad.

Recuerdo, además, que votamos un orden de prioridad para la discusión referente al proyecto sobre fiebre aftosa que figura en tercer punto del orden del día de hoy y me parece realmente imposible, bajo riesgo de incurrir en una pérdida de tiempo interminable, el tratar de que se altere el orden del día tal como está dispuesto para el día de hoy. Lo más razonable es que sea la Comisión del Orden del Día la que discuta ese problema y que el Senado, simplemente, siga el orden que ya está fijado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa desea saber, luego de expuestas las diferentes posiciones, si la moción del señor senador Batalla en el sentido de que figure en segundo término del orden del día, el proyecto que figura en vigésimo noveno término del orden del día, tiene consenso. El señor senador Olazábal se opone a ella.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Deseo agregar, simplemente, que el proyecto en sí no presenta ninguna dificultad porque fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Mi intención es que pase rápidamente a la Cámara de Representantes. En realidad, no va a insumir mucho tiempo al Cuerpo y es muy importante para el país.

Esto no significa desconocer las razones expuestas por los señores senadores, ya que entiendo que el punto que figura en primer término del orden del día, es fundamental.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa entiende -y solicita la aclaración de la señora senadora en caso de no ser así- que la señora senadora Bomio de Brun, al reconocer que el proyecto que figura en primer lugar del orden del día, es fundamental, está de acuerdo con la posición del señor senador Batalla.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Exactamente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Entonces, si no se retira la moción de los señores senadores Bomio de Brun y Batalla, tendríamos que votar si este proyecto se trata en segundo lugar del orden del día. Mucho me temo que en esta discusión sobre el orden del día, podamos perder mucho tiempo.

Tiene la palabra el señor senador Posadas para ocuparse del tema relativo al orden en que el Senado tratará sus asuntos en el día de hoy, punto sobre el cual se han expuesto diferentes criterios.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: seré muy breve, porque creo que estamos perdiendo demasiado tiempo con este asunto.

Comparto las manifestaciones que se han hecho en Sala en el sentido de respetar el orden del día y de tranquilizar a la señora senadora Bomio de Brun en cuanto a que el asunto a que ella se ha referido se ha de considerar en la sesión de hoy o en la de mañana. Y en el caso de que -como señalaba el señor senador Pozzolo- en el día de mañana veamos que transcurre el tiempo y no se trata el asunto, nos comprometemos a hacerlo.

Creo que estamos perdiendo un tiempo precioso en esta discusión y que lo que deberíamos hacer es comenzar a tratar los asuntos en el orden planteado por la Comisión.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el orden del día fue estructurado expresamente en la sesión pasada tal como figura, por distintas consideraciones que se hicieron. Hay tres proyectos de ley que deben ser aprobados en el día de hoy a los efectos de poder darles trámite en la Cámara de Representantes. Pienso, entonces, que el asunto al que se refiere la señora senadora Bomio de Brun podría colocarse en cuarto o quinto lugar del orden del día. Si se mantiene el quórum, lo votaremos en el día de hoy; de lo contrario, lo haremos en la sesión de mañana.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Señor Presidente: el asunto que figura en primer término del orden del día estuvo durante un tiempo prudencial radicado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Con respecto a este tema, se ha pedido toda la información correspondiente y se ha fijado esta sesión para tratarlo. En ese sentido, apoyamos el criterio sustentado en el sentido de que este proyecto sea considerado en primer término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa desea hacer una consulta a los señores senadores Batalla y Bomio de Brun. El señor senador Gargano ha corregido la moción formulada por ellos, proponiendo que el asunto en cuestión sea considerado en quinto lugar del orden del día. Los señores senadores mocionantes, ¿están de acuerdo con esa sugerencia?

SEÑOR BATALLA. - Por mi parte no tengo inconveniente.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Señor Presidente: ante lo manifestado por los señores senadores en el sentido de que el asunto se trataría en la sesión de hoy o en la de mañana, debo decir -porque fui yo quien propuso el cambio- que si es así, no tengo objeción alguna en cuanto al orden en que sea considerado. Sí deseo -y lo reitero- que se trate en una de las dos sesiones extraordinarias fijadas para esta semana.

Estoy totalmente de acuerdo con que se traten los proyectos relativos a las normas generales de equiparación de oportunidades para los discapacitados, al control y erradicación de la fiebre aftosa y a las modificaciones de la ley que creó la Comisión Honoraria de la Lucha contra la Hidatidosis, que considero de suma importancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de que el asunto que figura en el vigésimonoveno término del orden del día se considere en quinto término.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

9) EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES PARA LOS DISCAPACITADOS. Se establecen normas de carácter general.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas generales de equiparación de oportunidades para los discapacitados. (Carp. Nº 179/85 - Rep. Nº 122/89)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 179/85
Rep. Nº 122/89

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha estudiado el proyecto de ley de integración social del discapacitado elaborando un proyecto sustitutivo que conforma un marco de políticas institucionales, educativas, de salud, de trabajo, etc. que constituyen una lúcida respuesta a un compromiso que el país y la sociedad tienen con tan importante sector social.

El objetivo perseguido es que las personas discapacitadas desempeñen su papel en la sociedad en función de su capacidad y no de sus limitaciones. Es además nuestra responsabilidad remediar las condiciones que conducen a la aparición de diferencias y hacer frente a las consecuencias que ellas traen. Los proyectos para ejecutar este programa abarcan prácticamente todas las áreas sociales ya que las barreras son de diferente índole y por tanto a superar de maneras diferentes.

Hemos incorporado aquellas preceptivas de carácter general que no necesariamente requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, de la que carecemos. Por estas razones estamos limitados financieramente, y en tal aspecto muchas de las normas enunciadas, son compromisos que deberán ser implementados en el futuro.

Capítulo I. Trata de los conceptos fundamentales, integrando el contexto con la idea central de que, al referirnos a la problemática del discapacitado, estamos ante un problema de derechos humanos, que se enfatiza particularmente en la Salud y la prevención.

Capítulo II. En este capítulo se busca la solución institucional que permita coordinar y promover las diferentes políticas, asegurando la eficacia de su acción. La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado que se prevé con participación plural en su composición, se transformará en el centro generador que encauce las iniciativas que versen en la materia, así como promover para los discapacitados y sus familiares, aquellos medios que la sociedad ha dispuesto para su ayuda. Se busca evitar la duplicación de esfuerzos y procurar su complementación.

Capítulo III. Refiere a los compromisos que asume el Estado y fija los lineamientos de acción que deberán cumplirse. Aquí se observan los ámbitos de la problemática del discapacitado, que coincide muchas veces con la de la sociedad en general, pero agravada por su menor potencialidad para superar dificultades.

Capítulo IV. Mediante la constitución del bien de familia y el derecho de habitación se pretende dar amparo a la loable preocupación de aquellos padres que tienen sobre sí la responsabilidad de un discapacitado. Se siguen los lineamientos de una legislación tuitiva, modificativa del Código Civil, que ha abierto ancho cauce en nuestro derecho.

Capítulos V, VI, VII y VIII. Abarcan las políticas a aplicar en los aspectos: social, de salud, de educación y de trabajo. Se sientan las bases de una legislación positiva a proyectar con el aporte solidario de la comunidad y que supere las barreras fundamentalmente educativas y económicas.

Capítulos IX y X. Marcan aspectos puntuales de la temática pero no menos importantes del punto de vista práctico. Implementan una serie de medidas tendientes a facilitar el acceso y desplazamiento de los discapacitados con soluciones inmediatas y de fácil resolución.

Capítulo XI. Finalmente este capítulo propugna en el campo tributario la adopción de medidas ineludibles para facilitar el acceso a medios técnicos, que provean el mejor desarrollo de los centros de rehabilitación en general y las condiciones de vida de los discapacitados en concreto.

Los senadores que suscriben este proyecto sustitutivo, formalizarán en el Senado una información exhaustiva sobre su contenido y alcance.

Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 1989.

Pedro W. Cigliuti, Eugenio Capeche, Luis B. Pozzolo, Walter Olazábal, Alberto Zumarán, Uruguay Tourné, Miembros Informantes y Juan Pablo Croce. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

LEY DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES PARA LOS DISCAPACITADOS

NORMAS GENERALES

CAPITULO I

Artículo 1º. Objeto de la ley. Establécese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente, al que ejercen las demás personas.

Art. 2º. Concepto de discapacidad. Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Art. 3º. Concepto de prevención. Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas o mentales o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Art. 4º. Concepto de rehabilitación. Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible, de capacitación y de integración social de los discapacitados, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional, la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que los discapacitados puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Art. 5º. Derechos. Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de los discapacitados serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamados por las Naciones Unidas con fecha 9 de diciembre de 1975 y 20 de diciembre de 1971, respectivamente.

Los discapacitados gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y si distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

a) al respeto a su dignidad humana, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias;

b) a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible;

c) a la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía;

d) a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social; a la educación, formación y readaptación profesionales y a su colocación laboral;

e) a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso;

f) a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto;

g) a ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante;

h) a contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.

Art. 6º. Amparo del Estado. El Estado prestará a los discapacitados el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente:

1º) a las personas de quienes ellos dependan o están a su cuidado;

2º) a las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas impedidas;

3º) a las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

Art. 7º. El Estado velará permanentemente por prevenir la discapacidad cualquiera sea el tipo de ella y fomentará los programas encaminados a erradicar las deficiencias e incapacidades susceptibles de evitarse.

Art. 8º. Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas discapacitadas.

Art. 9º. La amplitud de las medidas que se adopten en relación a los impedidos, será ajustada en todos los casos, a la naturaleza y al grado del impedimento.

CAPITULO II
CREACION DE LA COMISION NACIONAL HONORARIA DEL DISCAPACITADO SUS COMETIDOS

Artículo 10. Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

Por el Ministerio de Salud Pública, que será su Presidente,

un delegado del mismo, que tendrá igual función;

un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

un delegado de la Facultad de Medicina;

un delegado del CODICEN;

un delegado del Congreso de Intendentes;

un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada 5 años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso, con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Art. 11. Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social del discapacitado, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse a los fines establecidos en esta ley.

Art. 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá específicamente:

a) estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales, todas las medidas necesarias para implementar la finalidad de esta ley,

b) apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas;

c) estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia;

d) elaborar un Proyecto de Reglamentación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de 180 días para su aprobación.

Art. 13. En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá;

un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

un delegado del CODICEN;

un delegado de la Intendencia Municipal;

dos delegados de las Organizaciones de Discapacitados del departamento.

Podrán existir también Comisiones Regionales y Subcomisiones Locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria y las Comisiones Departamentales Honorarias.

Art. 14. Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1º) implementar la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado,

2º) evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto;

3º) ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III
POLITICAS ESPECIALES

Artículo 15. La protección del discapacitado de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

Art. 16. El Estado prestará asistencia coordinada a los discapacitados, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que se refiere en los numerales subsiguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) atención médica, psicológica y social;

B) rehabilitación integral;

C) régimen especial de seguridad social;

D) programa de educación especial;

E) formación laboral o profesional;

F) prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual;

G) transporte público;

H) formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación;

I) estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo;

J) programas educativos de y para la comunidad en favor de los discapacitados;

K) adecuación urbana y edilicia.

Art. 17. - Se creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1- información sobre los derechos de los discapacitados y de los medios de rehabilitación;

2- orientación terapéutica, educacional o laboral;

3- información sobre mercado de trabajo;

4- orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Art. 18. - Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de esta ley, quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

CAPITULO IV
MODIFICACION A NORMAS DE CONSTITUCION  DEL BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

Artículo 19. - Podrá constituirse el bien de familia en favor de un hijo discapacitado, y por todo el tiempo que persista la discapacidad, y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble.

El inmueble debe ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Toda persona capaz de contratar puede constituir en bien de familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente ley. El emancipado o habilitado requerirá autorización judicial.

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 6º inciso C) del Decreto-Ley Nº 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Por el cónyuge sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al apartado b) artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.597.

Art. 22. - El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto, cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Art. 23. - El ex-cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales, que tenga la tenencia de un discapacitado o la curatela en su caso, podrá solicitar para el discapacitado el derecho real de habitación sobre el bien propio del otro cónyuge o padre o madre natural del incapaz en su caso; hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales del incapaz se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al inciso B) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.597.

CAPITULO V
POLITICAS SOCIALES

Artículo 24. - La asistencia social integrará todos los planes de atención de la salud de los discapacitados.

Art. 25. - La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública, auspiciarán la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental.

Se investigarán igualmente los factores sociales que facultan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos y/o eliminarlos.

Art. 26. - Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación del discapacitado, su familia y la comunidad.

Art. 27. - Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban los discapacitados, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Art. 28. - Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de discapacitados en el proceso de rehabilitación integral de los mismos, y la incorporación de voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO VI
SALUD

Artículo 29. - La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Art. 30. - El Estado apoyará y contribuirá a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

A) Promoción y educación para la salud física y mental.

B) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

C) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

D) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

E) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

F) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

G) Lucha contra el uso indebido de las drogas y el alcohol.

H) Asistencia social oportuna a la familia.

I) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

J) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horario de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

K) Control de los productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

L) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de seguridad.

Art. 31. - El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional:

A) desarrollará dentro de su Programa de Rehabilitación Médica un subprograma a través del cual se habiliten en los hospitales de su jurisdicción, considerando su grado de complejidad y área de influencia, servicios especializados de rehabilitación médica, destinados a las personas discapacitadas;

B) creará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión;

C) promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento;

D) coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada, en el Programa Nacional de Rehabilitación Integral.

Las instituciones de asistencia médica colectivizada, nacionales o privadas, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia, a las personas amparadas en esta ley.

E) ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley Nº 13.117, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacitado físico o mental. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de esta ley.

F) certificará la existencia del impedimento, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente el impedimento en todos los casos en que sea necesario invocarlo.

Art. 32. - Todo discapacitado tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida normal en la sociedad.

CAPITULO VII
EDUCACION

Artículo 33. - El Ministerio de Educación y Cultura facilitará y suministrará al discapacitado en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Art. 34. - Los discapacitados deberán integrarse con los no discapacitados en los cursos curriculares, desde la educación preescolar en adelante, siempre que esta integración les sea beneficiosa en todos los aspectos.

Si fuera necesario se les brindará enseñanza especial complementaria en establecimientos de enseñanza común, con los apoyos y complementos adecuados. En aquellos casos en que el tipo o grado de la discapacidad lo requiera, la enseñanza se impartirá en centros educativos especiales, por maestros especializados en la materia.

Los programas se adaptarán a la situación particular de los discapacitados.

Art. 35. - Los discapacitados se beneficiarán del derecho a la educación general, reeducación y formación profesional adecuada.

Art. 36. - A los discapacitados cuya incapacidad de iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria haya quedado debidamente comprobada, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, las Escuelas Especiales contarán con Talleres de Habilitación Ocupacional atendidos por profesores competentes y equipados en forma adecuada.

Art. 37. - Se facilitará a todo discapacitado que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Art. 38. - El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación incluirá en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Art. 39. - Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Art. 40. - Los centros de recreación, deportivos o sociales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por esta ley.

CAPITULO VIII
TRABAJO

Artículo 41. - La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todos los discapacitados, según su vocación, posibilidades y necesidades; y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Art. 42. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición.

Art. 43. - Siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los impedidos que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades.

Art. 44. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten discapacitados en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de talleres protegidos, como asimismo facilitará y disminuirá los gravámenes para la exportación de tal producción.

Esos beneficios no significarán, en ningún caso, un deterioro de los derechos de los trabajadores no discapacitados de la misma empresa.

Art. 45. - Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) instalar, equipar y dirigir Centros de Rehabilitación Ocupacional para la formación profesional de los discapacitados, en los lugares en que sea necesario, coordinando su acción con los servicios similares del Ministerio de Educación y Cultura;

b) instalar, equipar y dirigir Talleres de Producción Protegida en los lugares en que sea necesario, para el empleo de los discapacitados que no puedan desarrollar una actividad laboral competitiva;

c) instalar, equipar y dirigir Hogares Comunitarios en los lugares en que sea necesario, para aquellos discapacitados que los requieran por carecer de apoyo familiar;

d) reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres Protegidos y Hogares Comunitarios que instalen las asociaciones de discapacitados u otros con finalidades similares a las expresadas en este artículo.

Art. 46. - Institúyese en la actividad privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas discapacitadas que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Art. 47. - Las personas cuya discapacitación haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo;

B) señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Art. 48. - En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a los discapacitados en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) medios y atenciones para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen;

B) medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos;

C) créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

CAPITULO IX
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Artículo 49. - Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que pueden prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo del discapacitado.

Art. 50. - La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los discapacitados.

Art. 51. - Las Intendencias Municipales deberán incluir en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Art. 52. - Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en la materia.

Art. 53. - Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptadas gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Art. 54. - Los Entes Públicas habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Art. 55. - En todos los proyectos de viviendas, se programará alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de los discapacitados y su integración al núcleo en que habiten.

CAPITULO X
TRANSPORTE

Artículo 56. - Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, en las condiciones que regulará la Reglamentación.

Se otorgarán facilidades a las empresas privadas, para que adopten las medidas técnicas necesarias, tendientes a la adecuación progresiva de unidades de transporte colectivo, con el objeto de permitir la movilidad de las personas discapacitadas.

Art. 57. - Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de los discapacitados, debidamente identificados.

CAPITULO XI
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 58. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago de la totalidad de los derechos arancelarios a las importaciones de aparatos médicos, de prótesis, de vehículos ortopédicos calificados para uso personal y de ayudas técnicas para ser utilizadas por los discapacitados o las instituciones encargadas de su atención, así como el pago de los derechos arancelarios a las importaciones de artículos, materiales y equipos de formación que requieran los centros de rehabilitación, los talleres protegidos, los empleadores y las personas discapacitadas y los aparatos auxiliares e instrumentos determinados que necesiten los discapacitados para obtener y conservar el empleo.

Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 1989.

Eugenio Capeche, Carlos W. Cigliuti, Walter Olazábal, Luis B. Pozzolo, Uruguay Tourné, Alberto Zumarán, Miembros Informantes; Juan Pablo Croce. Senadores.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
DEFINICION Y DERECHO DEL IMPEDIDO

Artículo 1º. - A los efectos de esta ley, bajo la denominación de impedido, se comprende a toda persona que padeciere una discapacitación física o mental, prolongada o permanente, que signifique considerable y acreditada desventaja para su integración familiar, educacional, laboral o social, en relación a su edad cronológica o a su medio social.

Art. 2º. - El impedido tendrá, en general, los mismos derechos y deberes fundamentales que los demás miembros de la sociedad, y gozará en especial:

a) Del derecho a que se respete su dignidad, considerándose gravemente lesiva de ella, toda reglamentación o trato discriminatorio, degradante o abusivo, basado en su impedimento.

b) Del derecho a recibir educación, asistencia médica, capacitación y ocupación laboral o profesional, así como seguridad social, de conformidad a su condición y circunstancias, en forma permanente y preferentemente integrada dentro de los organismos normales, públicos y privados que correspondan, por razón de la materia.

c) Del derecho a disfrutar de una existencia digna y decorosa en todas las etapas de su vida, desarrollando al máximo sus propias posibilidades, mediante la acción integradora y permanente de la familia.

d) Del derecho a que sean tenidas en cuenta sus particulares necesidades, así como sus aptitudes y facultades mentales y físicas, en todas las etapas de los Planes de Desarrollo Nacional.

c) Del derecho a obtener, ejercer y mantener, de todas las entidades vinculadas de alguna manera con su problemática, las medidas destinadas a permitirle alcanzar su máxima promoción y desarrollo individual y social.

f) Del desarrollo a participar activamente y en la medida de sus propias aptitudes físicas o mentales, en toda manifestación del quehacer nacional.

Art. 3º. - El Estado prestará a los impedidos a que refiere esta ley, el amparo de sus derechos en medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo a sus efectos, se hará extensivo además y en lo pertinente:

1º) A las personas de quienes ellos dependan o estén a su cuidado.

2º) A las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo o integración de las personas impedidas.

3º) A las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que presten a sus afiliados en general.

Art. 4º. - A los fines previstos en la presente ley, el Poder Ejecutivo planificará, adoptará y coordinará todas las medidas que fueren necesarias para alcanzar el efectivo ejercicio por parte de los impedidos (artículo 1º) de los derechos reconocidos y proclamados en la 2.433a. Sesión Plenaria, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1975, los que se reputarán expresamente reproducidos en la presente ley.

Art. 5º. - La amplitud de las medidas que se adopten en relación a los impedidos (artículo 1º) será ajustada, en todos los casos, por el Poder Ejecutivo, a la naturaleza y al grado del impedimento.

Art. 6º. - Para el cumplimiento de los fines precedentemente establecidos, el Poder Ejecutivo, tendrá, entre otros, los cometidos siguientes:

a) Organizar y mantener tantos hogares de promoción y desarrollo de impedidos, por cada departamento de la República, como resulten necesarios, con estructura y equipamiento semejantes a los de orden familiar, para ofrecer como última alternativa psico-socio-terapéutica, a aquellas situaciones donde transitoria o definitivamente el mejor interés social y el derecho del impedido así lo exijan.

b) Estimular y realizar directamente, la renovación y actualización constante del equipamiento o material científico y técnico necesario, de las instituciones públicas y privadas, cuyos servicios sean ofrecidos para la educación, la asistencia terapéutica, la formación u ocupación laboral y la seguridad social de los impedidos.

Art. 7º. - Al Poder Ejecutivo corresponde la elaboración, estudio, evaluación, orientación y ejecución de la Política Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido, en forma que armonice la acción gubernamental y se oriente a la máxima integración social de las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley.

CAPITULO II
EDUCACION Y CULTURA

Artículo 8º. - Al Ministerio de Educación y Cultura corresponde, desde la fecha de vigencia de la presente ley, en materia de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido, sin perjuicio de sus actuales cometidos, los siguientes:

a) Planificar, programar, desarrollar y evaluar, por intermedio de sus servicios y dependencias, la Política Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido en materia de educación general, orientada a lograr su máxima integración social sin menoscabo de su mayor autonomía personal posible.

b) Facilitar y suministrar al impedido en forma permanente y sin límites de edad, en materia estrictamente educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos y pedagógicas necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

c) Propender, estimular y favorecer la integración de impedidos en los centros públicos y privados, de enseñanza, de capacitación profesional o laboral, de recreación, deportivos y sociales, mediante el acceso y la participación de aquéllos en todo tipo de actividad que sus condiciones específicas lo permitan.

d) Suministrar la posibilidad de escolarización en establecimientos comunes, sin perjuicio de los apoyos y complementos necesarios; o en establecimientos u horarios especiales cuando en razón del grado de impedimento no puedan cursar la escuela común.

e) Proporcionar orientación y promoción individual, familiar, laboral y social a los impedidos.

f) Organizar y apoyar la realización de eventos científicos, deportivos y culturales, con la participación integrada de impedidos en actividades cuyas facultades o potencialidades lo permitan.

g) Propiciar en todos los programas y niveles de capacitación, la inserción de temarios o cursillos de formación en que se incluya el estudio de la condición del impedido en relación a la materia de que se trate.

h) Coordinar y apoyar la actividad de las entidades privadas mencionadas en el artículo 3º numeral 2º de la presente ley.

i) Amparar y controlar el derecho de los impedidos a su educación cualquiera fuera su grado, previniendo su discriminación o segregación, salvo por razones estrictamente pedagógicas.

Art. 9º. - En todos los niveles de escolarización y en especial, desde el preescolar, se promoverá la mayor integración de las personas impedidas, así como la realización de programas especiales relativos a su prevención.

Art. 10. - Los centros de recreación, deportivos y sociales, no podrán hacer discriminación en cuanto al acceso a la afiliación, ni limitaciones en los servicios, a las personas impedidas amparadas por esta ley.

CAPITULO III
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 11. - Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social corresponde, desde la fecha de vigencia de la presente ley, en materia de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido, sin perjuicio de sus actuales cometidos, los siguientes:

a) Planificar, programar, desarrollar y evaluar, por intermedio de sus servicios y dependencias, la Política Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido en materia laboral y de seguridad social, orientada a lograr su máxima integración social, sin menoscabo de su mayor autonomía personal posible.

b) Programar y desarrollar la protección y fiscalización del derecho del impedido a su rehabilitación y ocupación laboral permanentes, sin perjuicio de su protección en el marco de la seguridad social.

c) Instalar, equipar y dirigir, en todos los departamentos de la República, talleres de producción protegida, bajo cuya orientación participarán aquellos impedidos que justifiquen carecer de autonomía laboral.

d) Reglamentar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta ley.

e) Autorizar y controlar el desarrollo de toda actividad laboral por parte de los impedidos, sea que tenga lugar en forma independiente, domiciliaria, o en talleres de producción protegidos.

f) Amparar y asegurar el derecho de los impedidos a participar y ser tenidos en consideración, en toda reglamentación o actividad laboral o de seguridad social enmarcada dentro de los Planes de Desarrollo Nacional.

g) Desarrollar la acción social de orientación a la familia del impedido.

Art. 12. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos.

Art. 13. - Siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los impedidos que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades, aun cuando necesiten para ello del auxilio ocasional de terceros.

La resolución que se adopte sin observar la prioridad establecida en el inciso anterior, será absolutamente nula, pudiendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte, requerir la revocación por ilegitimidad. Revocados la concesión, otorgamiento o permiso, el organismo público concederá éstos en forma prioritaria y en las mismas condiciones, a una o más personas impedidas.

Art. 14. - Los patronos o empleadores que concedan empleo a personas impedidas, tendrán derecho a computar una deducción especial, a liquidar el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, equivalente al setenta por ciento de las retribuciones pagadas, correspondientes al personal impedido, en cada período fiscal. Serán consideradas al efecto, no solamente las personas impedidas que desarrollen actividades en los establecimientos naturales de trabajo, sino, además, las que realicen trabajo a domicilio.

Art. 15. - Las empresas que contraten producción derivada de talleres protegidos para impedidos, gozarán de igual derecho de deducción especial del setenta por ciento por la proporción que en el valor total, tenga el valor agregado en concepto de mano de obra en los talleres protegidos para impedidos, públicos o privados, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 16. - Para el cómputo jubilatorio, los años de trabajo reconocidos a las personas amparadas por esta ley, serán bonificados con un año por cada dos años de trabajo efectivo.

Art. 17. - Las personas amparadas por esta ley, que hayan realizado producción en talleres protegidos para impedidos, públicos o privados, como así también los que hayan trabajado a domicilio, adquirirán derecho jubilatorio, en las condiciones establecidas por la presente ley, fijándoseles, por la reglamentación, un régimen de aportación ficta.

CAPITULO IV
SALUD

Artículo 18. - Al Ministerio de Salud Pública corresponde, desde la fecha de vigencia de la presente ley, en materia de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido, sin perjuicio de sus actuales cometidos, los siguientes:

a) Planificar, programar, desarrollar y evaluar, por intermedio de sus servicios y dependencias, la Política Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido en materia de salud, prevención y tratamiento, orientada a lograr su máxima autonomía personal posible.

b) Promover, apoyar y auspiciar la investigación científica acerca de la prevención, diagnóstico y asistencia médica permanente, de las distintas formas de impedimento físico o mental.

c) Suministrar al impedido la asistencia médica que resulte necesaria para su rehabilitación e integración comunitaria.

d) Programar, coordinar y promover el más adecuado y moderno equipamiento y renovación de los implementos y material técnico necesario, en todas aquellas dependencias que proporcionen el servicio directamente al público.

e) Programar, coordinar y ejecutar en los centros de asistencia públicos existentes, las modificaciones o adaptaciones que fueren necesarias para extender la asistencia médica total de los impedidos, procurando que el servicio dirigido a la salud se proporcione en forma integrada.

f) Ampliar y reorganizar el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose obligatoria al efecto, la denuncia de toda persona con diagnóstico de impedido físico o mental. Dicho Registro proveerá a los servicios del Ministerio y de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de cada uno de ellos.

g) Certificar, en cada caso, la existencia del impedimento, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades del afectado en orden a sus aptitudes educacionales, físicas o laborales. La certificación que se expida justificará plenamente el impedimento en todos los casos en que sea necesario invocarlo.

Art. 19. - Las instituciones privadas de asistencia médica no podrán hacer discriminación en cuanto al acceso a la afiliación, ni limitaciones a la asistencia, a las personas impedidas amparadas por esta ley.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20. - Sin perjuicio de la difusión que cada Ministerio debe dar a sus servicios, el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley, establecerá los mecanismos pertinentes para que se efectúe, al menos anualmente, una campaña de divulgación, para llevar, a la comunidad, el conocimiento pleno de la actividad nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración de los Impedidos.

Art. 21. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay, dentro de sus líneas de crédito de promoción social, a conceder y concretar préstamos especiales para la adquisición o renovación de aparatos ortopédicos, material didáctico, de locomoción, de capacitación u ocupación profesional o laboral, de medicamentos, exámenes, análisis y todo otro implemento técnico o científico que resultare necesario para los impedidos. Podrán gestionar la concesión de tales préstamos, además, las asociaciones e instituciones referidas en los numerales 2º y 3º del artículo 3º de esta ley.

Art. 22. - En toda obra pública que se destine a actividades que supongan al acceso de público, que se ejecute en lo sucesivo, desde la fecha que indique la reglamentación, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuados para impedidos y para los que utilicen sillas de ruedas. Idéntica previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos, y en los que se exhiban espectáculos públicos, que en adelante, desde la fecha que indique la reglamentación, se construyan o reformen. La reglamentación establecerá el alcance de la obligación impuesta en este artículo, atendiendo a las características y destino de las construcciones aludidas. Las autoridades a cargo de las obras públicas existentes, preverán su adecuación para dichos fines.

Art. 23. - En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se creará -por cambio de denominación- la "Dirección Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido", que tendrá a su cargo -además de otras competencias que le atribuya la reglamentación- la coordinación y fiscalización del cumplimiento de los distintos fines y servicios previstos en esta ley.

Con la información que le proveerá el Ministerio de Salud Pública, conforme con lo dispuesto en el artículo 18 literal f, la Dirección Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido, organizará un registro y estadística general de los impedidos. Asimismo, será de su competencia organizar un Registro de las entidades a que se refiere el numeral 2º del artículo 3º de la presente ley.

Art. 24. - Las empresas públicas y las privadas concesionarias de servicios públicos para transporte colectivo de pasajeros, están obligadas a otorgar carné de libre tránsito, en toda la República y a adecuar las unidades para ese transporte a efectos de facilitar el ascenso a ellas y el descenso de las mismas, así como su ubicación más cómoda en éstas, en las que siempre, además, habrá uno o más asientos reservados, todo en la forma que determine la reglamentación, a las personas impedidas a que se refiere esta ley y que acrediten estar amparadas por la misma.

Art. 25. - Cada Ministerio, en cuanto le competa, proyectará, en cada presupuesto, la dotación presupuestal necesaria, para dar cumplimiento a los cometidos que le asigne la presente ley.

Art. 26. - Exonérase del IMADUNI, de la Tasa de Movilización de Bultos, de las Tasas Consulares, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Específico Interno y de los recargos a la importación, incluido el mínimo, la introducción al País de sillas de ruedas, prótesis para cadera, prótesis para piernas ortopédicas completas o sus partes, prótesis de manos y brazos completos o sus partes, válvulas de hidrocefalia, audífonos para sordos, muletas, bastones canadienses, bastones para ciegos, andadores para impedidos y de todo otro elemento que propenda a subsanar los impedimentos para la integración social o laboral de los sujetos de esta ley, por parte de los propios usuarios o de las instituciones mencionadas en los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la presente ley, cuando sea para incorporarlos a los servicios de asistencia de impedidos, como así también las herramientas, elementos de trabajo y maquinarias destinadas al uso de impedidos, en régimen de trabajo a domicilio o para talleres protegidos. Sin perjuicio de las exoneraciones establecidas precedentemente, que son a título enunciativo, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de los postulados generales de esta ley, podrá decretar la exoneración de todo otro elemento que propenda a los fines contemplados en la misma, que no estuviere exonerado por ésta o por otras leyes o normas.

Art. 27. - El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias para la adecuación y coordinación de los servicios ya existentes, así como para la instalación de los que resulten necesarios, en todo el territorio nacional, a efectos de posibilitar el cumplimiento de los fines establecidos en esta ley, evitando la superposición de funciones y cometidos.

Art. 28. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 29. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 8 de mayo de 1985.

Pedro W. Cersósimo. Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es necesario despertar en la conciencia de nuestra comunidad, a través de la acción de los órganos de gobierno, el interés por la situación de los impedidos en el Uruguay y ello es -entre otros- el propósito del proyecto de ley que se acompaña, que esperamos se transforme en norma de derecho positivo a la mayor brevedad.

El hilo conductor de la preocupación general debe ser, como se ha proclamado ampliamente, la prevención, el desarrollo y la integración social del impedido, a través de los servicios existentes y de los que se deberán organizar.

La investigación, la prevención, la organización de un sistema de educación habilitante o rehabilitante, según el caso, la formación profesional con responsabilidad, la inserción laboral, las medidas tendientes a lograr la mayor autonomía posible, la orientación a la familia y la aceptación por la comunidad, son los medios que la ley debe instrumentar para lograr los objetivos perseguidos, donde la dignificación del ser humano como tal, ocupa el lugar preponderante.

El proyecto de ley que se acompaña, se ocupa de la situación integral de la persona impedida, acorde con la decisión de las Naciones Unidas y con las más modernas disposiciones de la legislación comparada, en este campo.

El contexto se integra con normas de carácter general declarativas de la intención y alcance de las que se instituyen y otras, más específicas, que, siguiendo la filosofía general, aseguren, desde el punto de vista práctico, su puesta en ejecución.

Se ha buscado que la acción prevista sea ejercida sin discriminación alguna en relación a edad, sexo, credo, raza o cualquier otra condición independiente de la minorización que determina el fundamento de la acción de la ley que se proyecta.

Dentro de la línea general de prevenir, desarrollar e integrar, se reafirman los cometidos naturales de los órganos existentes, dándoles una especial orientación referida a la persona o condición del impedido, con lo que se evitan nuevas estructuras y se dinamizan las existentes.

No podrá inferirse, que con el presente proyecto queden agotadas las posibles normas legales para la prevención, desarrollo e integración de la persona condicionada por un impedimento, pero sí deberá afirmarse, que su puesta en funcionamiento representará un punto de partida para un nuevo orden jurídico en la materia.

Sin embargo, es preciso dejar bien en claro que de nada ha de servir un ordenamiento jurídico, si no se despierta el interés individual y de la conciencia comunitaria para aceptar la condición de cada impedido, en lo que ha de incidir el valor moral y ético de cada gobernante, de cada responsable de servicio, de cada empresario, de cada docente, de cada vecino, de cada familiar y de cada padre, para cuya participación, comprensión y aceptación, deberán intervenir los medios masivos de comunicación y en particular, como lo destaca el proyecto, los medios que el Estado posee para comunicarse con la comunidad.

Aspiramos a que este proyecto sea un aporte positivo para el país y para sus hijos más necesitados, porque en nuestra divisa en esta especie, lo que proclamó Artigas en aquella sensible e imperecedera expresión de su hermoso ideario: "Los más infelices serán los más privilegiados".

Montevideo, 8 de mayo de 1985.

Pedro W. Cersósimo. Senador

LEY DE REHABILITACION INTEGRAL

PROYECTO DE LEY

Capítulo I

-

OBJETO DE LA LEY Artículo 1

Capítulo II

-

DEFINICIONES - DERECHOS - CALIFICACION DE LA DISCAPACIDAD Artículo 2 al 5

Capítulo III

-

PAPEL DEL ESTADO Artículo 6 al 17

Capítulo IV

-

PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD Artículo 18 y 19

Capítulo V

-

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL Artículo 20 al 31

Capítulo VI

-

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Artículo 32 al 42

Capítulo VII

-

ASISTENCIA ECONOMICA Artículo 43 al 51

Capítulo VIII

-

TRABAJO Artículo 52 al 64

Capítulo IX

-

MEDIO AMBIENTE Artículo 65 al 74

Capítulo X

-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIA Artículo 75 al 78

Noviembre de 1984.

OBJETIVO DE LA LEY

Capítulo I

Artículo 1º. - Establécese un sistema de rehabilitación integral de las personas discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas su educación, su atención médica, su rehabilitación física, psíquica, social, económica, profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y los estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca, y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente el que ejercen las demás personas.

DEFINICIONES - DERECHOS - CALIFICACION DE LA DISCAPACIDAD

Capítulo II

Artículo 2º. - A los efectos de la presente ley, se considera discapacidad a cualquier restricción o carencia, resultado de una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que la que se considera normal para un ser humano.

Art. 3º. - A los mismos efectos, se entiende por rehabilitación integral el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible, de capacitación y de integración social de los discapacitados, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven, para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional, la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que los discapacitados puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Art. 4º. - Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, o de los que se establezcan en el futuro, los derechos de los discapacitados serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamadas por las Naciones Unidas con fecha 9.12.74 y 20.12.71 respectivamente.

Art. 5º. - El Servicio Nacional de Rehabilitación Integral (SENARI) o quien él autorice, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado y el tipo de actividades que está en condiciones de realizar, teniendo en cuenta su personalidad y situación socio-económica-cultural.

Todo ello sin perjuicio de las competencias ya atribuidas a otros organismos, las cuales serán progresivamente incorporadas al SENARI, a iniciativa de éste, y en la medida que resulte beneficiosa para el discapacitado.

PAPEL DEL ESTADO

Capítulo III

Artículo 6º. - Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas discapacitadas.

Art. 7º. - El Estado velará permanentemente por prevenir la discapacidad cualquiera sea el tipo de ella, y fomentará los programas encaminados a erradicar las deficiencias e incapacidades susceptibles de evitarse.

Art. 8º. - La protección del discapacitado de cualquier edad se cumplirá mediante organismos de salud, educación, seguridad social y del trabajo.

Art. 9º. - El Estado garantizará el desarrollo del discapacitado, cualquiera sea el campo laboral en el que se desempeñe, o esté en condiciones de desempeñarse.

Art. 10. - El Estado prestará asistencia coordinada a los discapacitados, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que se refiere en los numerales subsiguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral entendida como el desarrollo de las capacidades de las personas discapacitadas.

C) Régimen especial de seguridad social.

D) Programa de educación especial, con escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón de su grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público para que puedan acceder a los servicios de asistencia, educación y al trabajo.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Orientación o promoción individual, familiar y social.

K) Programas educativos de y para la comunidad en favor de los discapacitados.

L) Adecuación urbana y edilicia.

Art. 11. - El Estado actualizará periódicamente la política nacional de rehabilitación integral, la cual será programada, ejecutada y evaluada a través de los órganos y organismos competentes.

Art. 12. - Créase el Servicio Nacional de Rehabilitación Integral (SENARI) como persona pública no estatal, con la responsabilidad de desarrollar la política nacional de rehabilitación integral.

Tendrá patrimonio y recursos propios, que podrán provenir del aporte del Estado, en la forma que la reglamentación lo establezca, y/o cualquier otra forma de financiamiento público o privado.

Su domicilio estará en Montevideo, pudiendo establecer oficinas o dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.

Art.13. - EL SENARI será administrado y dirigido por una Comisión Directiva de cinco miembros, integrada con un representante del Poder Ejecutivo que la presidirá, dos representantes de los técnicos en rehabilitación integral y dos representantes de los discapacitados.

Los representantes de los técnicos serán nombrados directamente por la Institución más representativa de los mismos a nivel nacional, del mismo modo, los representantes de los discapacitados serán nombrados directamente por la Institución más representativa, de los mismos a nivel nacional.

Los miembros de la Comisión Directiva durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser prorrogados por un nuevo período de tres años.

Los mismos no podrán ser designados hasta transcurrido un período de tres años contado a partir de la fecha de cese en el ejercicio de sus funciones.

La reglamentación fijará los requisitos que deberán cumplir las personas que se postulen para ser designadas como representantes, el régimen de suplentes como así mismo el período que permanecerán en sus cargos mientras no se designe el sucesor.

Art. 14. - La Comisión Directiva del SENARI contará para el desempeño de su gestión con el apoyo y el asesoramiento de una Comisión Asesora, honoraria, intersectorial, multidisciplinaria y mutiespecialista integrada con representantes de los distintos Ministerios y otros organismos paraestatales y privados que contribuyan al proceso de la rehabilitación integral de los discapacitados, designados en la forma que la reglamentación lo estipule.

Art. 15. - El Servicio Nacional de Rehabilitación Integral planificará, programará, organizará, coordinará, supervisará y evaluará la rehabilitación integral de los discapacitados físicos y mentales a nivel nacional.

Art. 16. - Son cometidos específicos del Servicio Nacional de Rehabilitación Integral:

A) Estudiar, elaborar y evaluar el Programa Nacional de Rehabilitación Integral, así como periódicamente revisarlo y actualizarlo.

B) Coordinar dicho Programa Nacional con los programas de rehabilitación propios de los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social y Educación y Cultura, así como supervisar y evaluar las metas alcanzadas por ellos.

C) Coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades no gubernamentales y privadas que se realicen a nivel nacional en materia de rehabilitación y los distintos centros actuantes, con el fin de evitar duplicaciones y de que se utilicen eficientemente todos los recursos disponibles.

D) Promover el desarrollo por parte de los Ministerios correspondientes u otras dependencias estatales de aquellos subprogramas necesarios para garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de Rehabilitación Integral.

E) Desarrollar y administrar los subprogramas o servicios, muy especializados o de alta tecnología, que son de interés relativo de los Ministerios respectivos.

F) Implementar un sistema de información centralizado para rehabilitación, que incluya el registro y la clasificación de los discapacitados, el registro de las entidades y de los recursos humanos y materiales utilizados para su atención, el registro de las instituciones factibles de colocación selectiva y de los trabajadores discapacitados demandantes de empleo y de toda otra información necesaria para evaluar la situación actual o futura de la discapacidad y de la rehabilitación.

G) Asesorar a nivel nacional en materia de rehabilitación.

H) Promover, desarrollar y coordinar la prevención específica de la discapacitación para los distintos tipos de riesgos.

I) Desarrollar un centro de información, asesoramiento y certificación, para los discapacitados y la comunidad, al cual pueda concurrir cualquier tipo de discapacitado o quien los represente, con el fin de informarse sobre sus derechos, obtener una evaluación diagnóstica, una certificación de discapacidad, una orientación terapéutica, educacional y/o laboral, así como posibilidades en el mercado de trabajo y cualquier otra información de interés para su rehabilitación integral.

J) Crear y administrar un banco de prótesis y otras ayudas técnicas que cubra las necesidades a nivel nacional.

K) Normatizar las prestaciones a otorgar durante el proceso de la rehabilitación integral.

L) Planificar globalmente la docencia en materia de rehabilitación.

M) Realizar anualmente campañas de divulgación para sensibilizar, informar y educar a la comunidad sobre el problema del discapacitado, la necesidad de su rehabilitación y las medidas necesarias de prevención en la materia.

N) Promover la formación profesional de todo el personal técnico necesario para la rehabilitación integral del discapacitado.

Ñ) Investigar y promover la adopción de tecnologías apropiadas para las distintas etapas de la rehabilitación integral.

O) Investigar y clasificar a nivel nacional la situación de los discapacitados y de los recursos asignados para su recuperación y rehabilitación así como investigar nuevas fuentes de empleo para los discapacitados y promover su desenvolvimiento y adecuación.

P) Desarrollar una unidad de asistencia social, la que tendrá como objetivo prioritario velar por las necesidades más urgentes de los discapacitados, así como investigar los factores sociales que facultan o agravan la discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos y/o eliminarlos.

Q) Designar por concurso al personal técnico profesional y administrativo indispensable para la atención de las necesidades del Servicio y de los subprogramas a su cargo.

Art. 17. - Contra cualquier resolución de la Comisión Directiva del SENARI, los interesados podrán entablar el recurso de reconsideración o conjuntamente los de reconsideración y anulación en subsidio en el caso omiso o denegado, para ante el Juzgado Letrado de 1a. Instancia en lo Civil que estuviera de turno el día que se dictó la resolución.

En ambos casos, los recursos deberán interponerse ante la Comisión Directiva dentro del término perentorio de treinta días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación.

El recurso de reconsideración, deducido aisladamente o en forma conjunta con el de anulación, deberá ser resuelto dentro del término de sesenta días a partir de la fecha en que el asunto se encuentre a consideración de la Comisión Directiva, y, si no lo fuere, el vencimiento de ese plazo comportará el mantenimiento de la decisión impugnada elevándose el Expediente al Juzgado a los efectos de sustanciar el recurso de anulación.

En la instancia judicial se oirá, por su orden, al recurrente y al SENARI con término de diez días hábiles para cada uno. El juez, de oficio o a petición de parte, abrirá un término probatorio de treinta días.

Con los alegatos de bien probado que dentro del plazo de diez días hábiles pueden presentar las partes si hubiese habido prueba, el juez dictará sentencia confirmando o anulando la resolución de la Comisión Directiva del SENARI.

El fallo será apelable dentro del término perentorio de cinco días hábiles. El Tribunal de Apelaciones podrá ordenar las diligencias que juzgue necesarias y su sentencia hará cosa juzgada, no susceptible de recurso alguno.

PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

Capítulo IV

Artículo 18. - La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Art. 19. - El Estado apoyará y contribuirá a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

A) Promoción y educación para la salud física y mental.

B) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

C) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

D) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido,

E) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

F) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

G) Identificación de deficiencias y de sus causas dentro de zonas geográficas definidas.

H) Lucha contra el uso indebido de las drogas y el alcohol.

I) Asistencia social oportuna a la familia.

J) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

K) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horario de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

L) Control de los productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

M) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de seguridad.

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL

Capítulo V

Artículo 20. - Los discapacitados se beneficiarán del derecho a la educación general, reeducación y formación profesional adecuada.

Art. 21. - Los discapacitados deberán integrarse con los no discapacitados en los cursos curriculares, desde la educación preescolar en adelante.

Se les brindará además enseñanza especial complementaria cuando el caso así lo indique.

En aquellos casos en que el problema del discapacitado así lo requiera, la enseñanza se otorgará en clases especiales en los centros educativos comunes, y excepcionalmente en centros educativos especiales.

Los programas se adaptarán a la situación particular de los discapacitados.

Art. 22. - Constituye un derecho y una obligación de los discapacitados, completar el ciclo educativo establecido en la Constitución de la República. Son responsables del cumplimiento de esta obligación los representantes legales del discapacitado, cuando así corresponda.

A los discapacitados adultos analfabetos, se les facilitará la asistencia a los cursos de alfabetización.

Art. 23. - A los discapacitados menores cuya incapacidad de iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria haya quedado debidamente comprobada, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

Art. 24. - Se facilitará a todo discapacitado que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Art. 25. - La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todos los discapacitados, según su vocación, posibilidades, y necesidades; y procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada. La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Art. 26. - El Ministerio de Educación y Cultura realizará a través de la Universidad del Trabajo del Uruguay u otras instituciones adecuadas, la formación profesional en oficios de los discapacitados, y coordinará con el SENARI y demás organismos pertinentes, la integración de aquéllos en tarea competitiva o talleres protegidos.

Art. 27. - El Ministerio de Educación y Cultura facilitará y suministrará al discapacitado en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultura y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Art. 28. - El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación incluirá en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Art. 29. - El Ministerio de Educación y Cultura capacitará personal docente para todos los grados educacionales de los discapacitados y promoverá los recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación.

Art. 30. - Se fomentará una mayor coordinación entre los profesionales del equipo de rehabilitación, en todos los niveles de intervención.

Art. 31. - Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como de la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo VI

Artículo 32. - El Ministerio de Salud Pública garantizará a los discapacitados la atención necesaria para su rehabilitación médica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les garantizará su rehabilitación profesional y seguridad social.

Ambos Ministerios coordinarán entre sí y con el SENARI sus acciones respectivas.

Art. 33. - El Ministerio de Salud Pública desarrollará dentro de su Programa de Rehabilitación Médica un subprograma a través del cual se habiliten en los hospitales de su jurisdicción, considerando su grado de complejidad y área de influencia, servicios especializados de rehabilitación médica, destinados a las personas discapacitadas.

Art. 34. - El Ministerio de Salud Pública creará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión, sin juicio de la supervisión general que pueda realizar el SENARI.

Art. 35. - El Ministerio de Salud Pública promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento.

Art. 36. - El SENARI y el Ministerio de Salud Pública coordinarán las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada, en el Programa Nacional de Rehabilitación Integral.

Art. 37. - Todo discapacitado tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida normal en la sociedad.

Art. 38. - La asistencia social integrará todos los planes de atención de la salud de los discapacitados.

Art. 39. - Los Ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública, auspiciarán y apoyarán la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental.

Se investigarán los factores sociales que facultan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos y/o eliminarlos.

Art. 40. - Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación del discapacitado, su familia y la comunidad.

Art. 41. - En los regímenes jubilatorios se tendrá especialmente en cuenta el caso de los discapacitados que padecen de una deficiencia progresiva, previéndose la posibilidad de facilidades parciales que complementen lo establecido en el artículo 60 de esta ley.

Art. 42. - Se promoverá la supresión de las disposiciones jubilatorias que impiden a la persona que percibe una pasividad por imposibilidad física, realizar actividad laboral remunerada en un área diferente.

ASISTENCIA ECONOMICA

Capítulo VII

Artículo 43. - Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban los discapacitados menores de 16 años, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada el área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Art. 44. - Todo discapacitado mayor de 16 años, carente de recursos económicos propios y que por el grado de su discapacidad se vea imposibilitado de realizar cualquier tarea remunerada, tendrá derecho a percibir un subsidio de mantenimiento que cubra sus necesidades básicas y no sea inferior a dos salarios mínimos nacionales. Esta asignación se abonará sin tener en cuenta los ingresos del grupo familiar.

Art. 45. - El Estado apoyará financieramente a los discapacitados para la adquisición o renovación de prótesis, aparatos ortopédicos, medios de locomoción, de capacitación u ocupación profesional o laboral, u otros implementos técnicos o científicos que resulten necesarios para su rehabilitación integral.

Asimismo les prestará ayuda financiera para la adecuación de sus viviendas, y si fuera estrictamente necesario para su traslado al exterior con el fin de lograr su rehabilitación integral.

Art. 46. - Exonérase del pago de la totalidad de los derechos arancelarios a las importaciones de aparatos médicos, de prótesis, de vehículos ortopédicos calificados para uso personal y de ayudas técnicas para ser utilizadas por los discapacitados o las instituciones encargadas de su atención.

Exonérase asimismo del pago de los derechos arancelarios a las importaciones de artículos, materiales y equipos de formación que requieran los centros de rehabilitación, los talleres protegidos, los empleadores y las personas discapacitadas y los aparatos auxiliares e instrumentos determinados que necesiten los discapacitados para obtener y conservar el empleo.

Art. 47. - Se otorgarán a los vehículos de los discapacitados descuento en el costo del seguro y exoneración del pago de matrícula y patentes de rodados.

Art. 48. - Se exonerará totalmente de impuestos el combustible destinado a ser usado en vehículos de discapacitados, entregando ANCAP vales u otros arbitrios a esos efectos.

Art. 49. - El Banco de la República Oriental del Uruguay otorgará préstamos con plazo de amortización no inferior a tres años y con el interés mínimo posible, para que los discapacitados que estén en condiciones de hacerlo, puedan adquirir para su uso un vehículo adecuado.

La garantía del préstamo estará constituida por el propio vehículo comprado.

Art. 50. - Derógase el artículo 10 de la Ley Nº 13.102, del 18.10.62, estableciendo en su lugar el siguiente:

Los elementos a importar considerados por esta ley, gozarán para su introducción al país de la total exención de impuestos, tasas, recargos, aranceles, honorarios, proventos y cualquier otro gravamen vigente a la fecha de la importación.

Art. 51. - Derógase el plazo establecido en los artículos 4 y 9 de la Ley Nº 13.102 del 18.10.62, y establécese en su lugar el de dos años.

TRABAJO

Capítulo VIII

Artículo 52. - El desempeño de tareas por parte de personas discapacitadas deberá ser fiscalizado por el área competente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la base de lo capitulado por el Servicio Nacional de Rehabilitación Integral.

Art. 53. - Derógase el artículo 661de la Ley Nº 14.106 del 14.3.73.

Se reservará el 10% de las vacantes producidas en la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados e Intendencias Municipales para los discapacitados que cumplan con los requisitos exigidos en el cargo.

Las oficinas en cuestión harán conocer, a través de los medios de comunicación en la forma que la reglamentación lo estipule y con una antelación no menor de treinta días, las características de los cargos vacantes, incluyendo remuneración y horario, así como la fecha del concurso y la del cierre de las inscripciones.

Una vez realizado el concurso, si quedaran vacantes dentro de las reservadas para los discapacitados, que no hubieran podido ser ocupadas por ellos, las mismas se considerarán libres.

Los discapacitados participantes en cada concurso, designarán un delegado para integrar el tribunal respectivo.

Art. 54. - Las personas discapacitadas que se desempeñen en los entes y organismos mencionados en el numeral anterior gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación aplicable prevé para los trabajadores, estando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultado para autorizar la aplicación de normas diferenciadas, cuando ello sea estrictamente necesario en consulta con las instituciones interesadas.

Art. 55. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encargará de la etapa de la rehabilitación profesional de los discapacitados y contará para ello con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura con el cual coordinará la formación profesional y cuando fuera necesario con otras instituciones y organismos pertinentes.

Art. 56. - El Servicio Nacional de Rehabilitación Integral promoverá y apoyará la creación y el desarrollo de empresas y talleres de producción o cooperativas de otro tipo, por personas discapacitadas y para ellas, los que estarán eventualmente abiertos a los demás trabajadores siempre que se ajusten a la reglamentación fijada a tal fin.

Art. 57. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá y apoyará la creación de talleres protegidos de producción para el empleo de los discapacitados que no puedan ingresar a la actividad laboral competitiva, y tendrá a su cargo la habilitación, registro y supervisión sin perjuicio de la supervisión general que pueda realizar el SENARI.

Art. 58. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten discapacitados en calidad de trabajadores, y para las que contrata producción derivada de talleres protegidos, como asimismo facilitará y disminuirá los gravámenes para la exportación de tal producción.

Esos beneficios no significarán, en ningún caso, un deterioro de los derechos de los trabajadores no discapacitados de la misma empresa.

Art. 59. - Las entidades del sector público paraestatal y privado, están obligadas a restituir o reubicar en el trabajo a los discapacitados que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el SENARI, haya certificado su rehabilitación profesional.

Art. 60. - Institúyase el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas discapacitadas que por el momento o tal vez nunca puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Art. 61. - Las personas cuya discapacitación haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a disfrutar de los beneficios del empleo selectivo que se establecen en el artículo siguiente.

Art. 62. - La reglamentación regulará el empleo selectivo, pudiendo a tal fin, entre otras medidas:

A) Establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) Señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Art. 63. - En la reglamentación también se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a los discapacitados que hayan sido beneficiarios del proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) Medios y atenciones para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea.

B) Participación en los gastos derivados del acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen.

C) Medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos.

D) Pago o exoneración de los aportes al sistema de la seguridad social que determina la ley.

E) Créditos para el establecimiento como trabajador independiente y preferencia para el disfrute de otros beneficios de la legislación social.

Art. 64. - Se incluirá en los reglamentos internos, en la actividad pública, paraestatal y privada, normas que contemplen las limitaciones de los discapacitados, regulando los derechos y deberes del empleador y del empleado en tales condiciones.

MEDIO AMBIENTE

Capítulo IX

Artículo 65. - La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los discapacitados.

Art. 66. - Las Intendencias Municipales deberán incluir en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines a las normas aprobadas con carácter general.

Será cometido de las Intendencias Municipales, la formulación de un conjunto de normas acordes con lo estipulado en la reglamentación de esta ley, para incorporarse a la Ordenanza sobre edificación y exigir su cumplimiento.

Art. 67. - Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en la materia.

Art. 68. - Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Art. 69. - Los Entes Públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Los entes correspondientes fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.

Art. 70. - En todos los proyectos de viviendas, se programarán alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de los discapacitados y su integración al núcleo en que habitan.

Art. 71. - Los puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas deberán ser adaptados ergonómicamente a las posibilidades operativas de las mismas, siendo cometido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del SENARI, prestar el asesoramiento necesario y ejercer el control respectivo, a través de las inspecciones para la habilitación de dichos locales.

Art. 72. - Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligados a transportar gratuitamente a las personas discapacitadas.

La reglamentación determinará los beneficiarios, fijará las comodidades que deben otorgarse a los discapacitados transportados las características del carné que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de incumplimiento de esta norma.

Se otorgarán subsidios a las empresas privadas, para que adopten las medidas técnicas necesarias, tendientes a la adecuación progresiva de unidades de transporte colectivo, con el objeto de facilitar la movilidad de las personas discapacitadas.

Art. 73. - Se otorgarán franquicias de libre tránsito y estacionamiento a los vehículos de los discapacitados, debidamente identificados.

Art. 74. - Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, el SENARI y otros organismos que puedan prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo del discapacitados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo X

Artículo 75. - Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de discapacitados en el proceso de rehabilitación integral de los mismos, y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

Art. 76. - El Servicio Nacional de Rehabilitación Integral promoverá, estudiará y reglamentará la rehabilitación integral de los ancianos, la que por su complejidad requiere un encare especial.

A tal fin designará un grupo honorario asesor integrado por técnicos y profesionales especializados en gerontología y geriatría y representantes de la o las asociaciones de ancianos más representativas del país.

Art. 77. - El SENARI redactará un Proyecto de Reglamentación de la presente ley, y lo elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación, el cual dispondrá de un plazo de 180 días para su aprobación.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 78. - La primera Comisión Directiva del SENARI estará integrada de la siguiente forma: un representante del Poder Ejecutivo que la presidirá, dos representantes de los técnicos en rehabilitación nombrados directamente por la Sociedad Uruguaya de Rehabilitación (SUR) y dos representantes de los discapacitados nombrados directamente por el Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos (PLENADI).

Conjuntamente con los titulares, se designará doble número de suplentes.

Pasados 30 días de la promulgación de esta ley, si todavía hubiera representantes por designar la Comisión Directiva podrá actuar válidamente con un mínimo de tres integrantes.

Rentas Generales proveerá los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento del SENARI hasta la aprobación de la reglamentación de esta ley.

ANTEPROYECTO DE LEY DE REHABILITACION INTEGRAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

La problemática del impedido o discapacitado adquiere día a día mayor trascendencia para la sociedad, en la medida en que deja de ser una situación que concierne sólo a un pequeño grupo, para afectar progresivamente a mayor número de seres humanos. Con una masa de discapacitados no inferior a las 290 mil personas -110 mil de ellas en edad de trabajar- el Uruguay no puede esperar un minuto más en encarar seriamente este problema.

Durante milenios los grupos sociales prestaron poca o ninguna atención a los impedidos, salvo para utilizarlos como bufones o adjudicarles un origen y/o características demoníacas. Caló tan profundamente este absurdo, que aún hoy no es raro sorprender a una anciana santiguándose a la vista de un discapacitado.

En las sociedades marcadas por la dureza de sus condiciones de vida, en las que imperaba una austeridad radical, la norma era la eliminación lisa y llana de los impedidos sin recursos.

Estas actitudes drásticas fueron cambiando hacia otras menos agresivas, pero no menos lesivas de la dignidad humana: la lástima y la caridad. El impedimento era consecuencia de una voluntad superior, sólo cabía entonces resignarse y confiar en la bondad y el desprendimiento de los demás. El espíritu de superación de un discapacitado y su familia, la búsqueda infatigable de salidas médicas nuevas, incluso la culturización y proletarización, eran vistas hasta hace pocos años como un gesto de soberbia y vanidad, como una actitud que inspiraba reprensión y rechazo.

Sólo cuando las guerras mundiales -sobre todo la segunda- arrojaron súbitamente sobre las sociedades desarrolladas millones de impedidos, un nuevo criterio comenzó a imponerse definitivamente: el discapacitado tiene el deber y el derecho de superarse, de habilitarse o rehabilitarse en todos los órdenes (médico, educacional, laboral y social) y la sociedad tiene la obligación ineludible e inexcusable de quitar todas las barreras que se oponen para que los impedidos puedan acceder a una realización plena.

Algunos datos ilustrativos

Cuando hablamos de discapacitado nos referimos a una persona que tiene limitaciones para desempeñarse en forma autosuficiente en las actividades cotidianas de cuidado personal, educación, trabajo y relación social, como consecuencia de una deficiencia permanente, física o mental.

Pero discapacitación significa más que la pérdida de una función, puesto que implica un estado de dependencia física, mental, económica y social, que priva al hombre de su bien más preciado: la libertad. En consecuencia, al referirnos a la problemática del impedido, no estamos solamente ante un problema de salud, o ni siquiera solo ante un asunto de gobierno; estamos ante derechos humanos desconocidos, relegados.

En el mundo hay en este momento cerca de 500 millones de discapacitados, y este número crece incesantemente. Paradójicamente, la disminución de la tasa de mortalidad, la extensión de la vida humana y la eficacia de nuevos tratamientos y drogas, han permitido sobrevivir a millones de seres que padecerán secuelas discapacitantes durante muchos años. Si no encontramos rápidamente la fórmula para integrar o reintegrar a los impedidos a la vida social, incorporándolos a los sistemas de producción y consumo, el costo del mantenimiento de su simple supervivencia se hará insoportable para los no discapacitados. ¿Hay quien se atreva a predecir a qué extremos nos conduciría una sociedad con un 40 o un 50% de impedidos, alejados de planes de rehabilitación?

El promedio actual de discapacitados oscila entre un diez a un quince por ciento, según los países. En EE.UU., para una población de alrededor de 200 millones, hay 35 millones de impedidos. Pero los países desarrollados -por lo menos en su mayor parte- han comprendido la importancia de la integración del discapacitado: por cada dólar invertido en rehabilitación integral, la sociedad recibe veinticinco. Porque el impedido rehabilitado es un ciudadano que trabaja, produce y consume. ¿Alguien se siente capaz de calcular cuántos millones de dólares ha perdido el Uruguay por no haber resuelto en forma integral la problemática del discapacitado? Dejar librados a sus propias fuerzas a los impedidos significa inevitablemente acelerar la recesión y el empobrecimiento nacional, multiplicando la mendicidad y la delincuencia.

Se carece de datos completos y precisos en cuanto al número y características de los impedidos en el Uruguay, pero algunas cifras aisladas provenientes de fuentes oficiales permiten deducir que las personas discapacitadas representan en nuestro país un 10% de la población y que los impedimentos -en forma muy aproximada- tienen orígenes específicamente físicos en un 55%, que un 35% tienen origen psíquico, un 5% son impedidos sensoriales y el restante 5% corresponde a impedidos de diverso origen (congénitos, viscerales, neuromusculares, etc.).

La problemática del impedido abarca todos los campos, con un énfasis particular en el área de la salud: prevención, tratamiento, recuperación, rehabilitación médica, psicológica, profesional u ocupacional. Pero no menos trascendente son los obstáculos que se le presentan al impedido en el campo social, de la educación, el trabajo, la vivienda, la comunicación, la integración y la seguridad social. Como puede verse, en muchos casos hay coincidencia entre la problemática del discapacitado y las de otros grupos sociales, pero en el caso del impedido adquiere particular virulencia por sus menores posibilidades potenciales de resistir y superar dificultades.

El proyecto en sí

Este documento -elaborado con el aporte de impedidos y especialistas en todas las ramas- llena una necesidad imperiosa en el campo de la salud y la seguridad social. Procura desarrollar una política de prevención de toda forma de discapacidad, así como de habilitación y rehabilitación de los discapacitados. A estos efectos se busca una integración armónica del impedido en nuestra sociedad, superando las barreras médicas, educativas, ambientales, laborales y sociales. Cada uno de estos rubros es analizado pormenorizadamente en el anteproyecto, encontrándose para cada problema una solución simple y razonable.

El anteproyecto que hoy presentamos es el fruto de un trabajo intenso, de muchos meses. En el planteo de sus bases y redacción participaron -en mayor o menor medida- todos los sectores vinculados al problema: desde profesionales y técnicos de todas las ramas (médicos, psicólogos, arquitectos, asistentes sociales, abogados, economistas, voluntarios especializados, etc.), hasta los propios discapacitados.

Uno de los principios rectores que guió la formulación de este proyecto fue el realismo. Realismo para buscar soluciones adecuadas para el uruguayo medio de nuestros días, adaptadas a su modo de ser y a la especial coyuntura político social en que está inmerso. Realismo para reconocer las limitaciones de las posibilidades financieras del país, lo que ha obligado a aguzar el ingenio a efectos de encontrar salidas económicas, austeras, sin castillos en el aire ni fantásticos proyectos irrealizables.

Otra característica de que se procuró dotar a este anteproyecto es la adaptabilidad. Ello permite asegurarle una larga vida sin cambios, aceptando sin inconvenientes las transformaciones que sobrevengan por obra de la evolución social y la revolución tecnológica. Cabe mencionar que se ha previsto incluso la superación de posibles obstáculos burocráticos que puedan interponerse en la buena marcha de los mecanismos proyectados.

En cuanto a la solución institucional encontrada, no sólo sigue los más modernos cánones de autogestión y descentralización, sino también los ejemplos con mayor eficiencia que pueden encontrarse tanto en el extranjero como en nuestro país. Asimismo se guía por los conceptos democráticos de pluralismo, liberalismo y participación, que nuestro pueblo ha demostrado masivamente preferir en los últimos comicios.

Este anteproyecto no pretende ser la panacea para los discapacitados. Muchas de las soluciones aquí planteadas dependen para su éxito de que haya una decidida voluntad política y social de llevarlas adelante. Pero este trabajo muestra claramente un camino, coordina una serie de conceptos básicos que posibilitan a corto y mediano plazo una solución definitiva del problema de la habilitación y rehabilitación integral, con cuya superación habremos dado un gran paso en pro de una sociedad más justa y democrática".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: no creo que lo que voy a decir me insuma más de cinco minutos, en homenaje a la posibilidad de que el Senado apruebe en la tarde de hoy este cuerpo de disposiciones que tiene que ver con normas de reconocimiento -no diría de amparo- hacia las personas que tienen determinado grado de discapacidad.

Creo que lo que voy a manifestar resume -y lo puedo decir con absoluta tranquilidad- no una posición político partidaria, sino el consenso, el sentimiento y la decisión que todos los partidos políticos representados en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social hemos tenido para llegar finalmente a esta solución. En lo que tiene que ver con su texto, todos hemos puesto la inteligencia que hemos podido, pero los partidos políticos pusieron, sí, la misma cuota de adhesión, de fraternidad y de reconocimiento a este problema.

Lamentablemente, se trata de un tema de vieja data en la Comisión. Se planteó a fines de 1985 o principios de 1986, a través de dos o tres iniciativas parlamentarias surgidas en la Cámara de Representantes y en el Senado. Los proyectos eran muy vastos y complejos, al igual que el trabajo de la Comisión. En algunas ocasiones por un asunto y otras veces por otro, nos fuimos demorando en el tratamiento de este tema, pero alrededor de setiembre u octubre del año pasado, nos comprometimos en la Comisión a colmar no sólo las expectativas creadas en torno al tema, sino también ese vacío legislativo profundo que existía en la materia y traer al Senado, a determinada altura de este año, un cuerpo de disposiciones que estableciera una base legislativa de futuro, que siquiera cubriera parcialmente ese vacío a que he hecho referencia.

No me cuesta reconocer que hubo un trabajo muy importante de mi estimado amigo el señor senador Tourné y de la señora secretaria de la Comisión, que realizaron un compendio de todos aquellos proyectos que teníamos, de toda aquella frondosa propuesta de normas para contemplar una solución. Después de un último análisis realizado en Comisión, elevamos ese compendio a la consideración del Senado.

Lamentablemente, traemos estas disposiciones en un año electoral, en el que hay determinados acontecimientos que nos condicionan y limitan.

Algunos aspectos de los proyectos originales no tienen iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que no los podemos tratar. Otros, que tienen que ver con normas de Previsión Social, no pueden ser votados este año, por expresa disposición constitucional.

Entonces, ante la expectativa de tener que esperar una nueva Legislatura para empezar nuevamente este laborioso proceso de gestar una ley de tanta importancia y extensión, lo menos que podíamos hacer para satisfacer ese anhelo legítimo de casi el diez por ciento de la población del país, era reunir todo aquello que sí podía ser votado y que demostrara una profunda sensibilidad legislativa, y someterlo a consideración del Senado.

Hoy está a consideración del Senado. Tenemos la tranquilidad y la satisfacción -no completa, pero satisfacción al fin- de que este cuerpo de disposiciones, en caso de ser sancionado, establecerá una muy ancha base para que en el futuro inmediato, cuando hayan desaparecido los condicionamientos a que me refería anteriormente, se pueda ampliar y ajustar este texto, de modo que tengamos una legislación completa, profunda y absolutamente en esta materia.

El proyecto que elevamos al Senado comprende normas generales sobre la equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas, la creación de una Comisión Honoraria que se ocupe del tema, así como políticas especiales y políticas sociales. Asimismo, incluye normas sobre el bien de familia y el derecho de habitación, que fueron propuestas por el señor senador Olazábal en un proyecto que incorporamos a último momento a este cuerpo de disposiciones. También incluye normas sobre la salud, la educación, el trabajo, la arquitectura, el transporte y algo de lo poco que pudimos prever en materia de normas tributarias.

No es, insisto -y lo podremos ir viendo a medida que recorramos los capítulos de este cuerpo de disposiciones- una ley completa; ya he dicho por qué. De todas maneras, creo que el Parlamento no sólo hace justicia al dictar estas normas tal cual han sido concebidas en la Comisión, y con las modificaciones que sean justas, sino que también se prestigia a sí mismo al tratar formalmente un tema de tanta importancia.

Como señalé la semana pasada cuando pedí la realización de una sesión extraordinaria con este primer punto en el orden del día, hay muchas personas que hoy están mirando hacia el Senado y hacia la sanción de este proyecto de ley, no diría desde el punto de vista económico o material sino como ese acto de justa solidaridad que el gobierno de un país le debe a los ciudadanos que dentro de él luchan en inferioridad de condiciones físicas o síquicas. Así podrán tener, igual que todos los demás, una suma de posibilidades para justificarse a sí mismos pero, antes que nada, para justificar su condición de nativos de ese país.

En ese plano, señor Presidente, creo que el Senado de la República y el Parlamento en general, va a dar un paso muy importante en esta materia, se va a prestigiar y va a hacer justicia en la medida en que hoy, habiendo dedicado esta sesión a este tema, se concluya votando el proyecto y pasándolo a la Cámara de Representantes a efectos de que pueda ser ley antes del 15 de octubre.

Vuelvo a insistir en que este es un trabajo conjunto realizado por los representantes de todas las organizaciones políticas del país que integran la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Todos pusimos nuestro mayor empeño, todos aportamos algunas ideas -unos más, otros menos- pero esto, en sustancia, no tiene nada que ve con un propósito partidista o preelectoral; se trata de un acto de honda sensibilidad y por eso, señor Presidente, todos somos miembros informantes por unanimidad de este proyecto y aconsejamos al Senado su sanción en la tarde de hoy.

Por ahora, nada más, señor Presidente.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: tal como lo acaba de expresar el señor senador Pozzolo, este proyecto ha contado con la unanimidad de las voluntades políticas del Senado de la República. Además, estoy seguro de que trasciende el ámbito de este recinto pues estamos en presencia, de alguna manera, de un proyecto que va a contar con la expresión unánime del país.


Este proyecto es de enorme trascendencia, y con él el Uruguay da cumplimiento a sus obligaciones internacionales como miembro de las Naciones Unidas y de los demás organismos internacionales especializados. Asimismo, cumple con una profunda necesidad sentida desde hace décadas en la vida del país.

No debemos olvidar que existió un impulso en materia de restituir bases que hicieran entendible la situación de miembros de la comunidad que deben enfrentar la vida en sociedad y la lucha por el mejoramiento moral y material de la misma, en condiciones desventajosas. Estas personas tienen que actuar dentro de una sociedad que ha sido concebida bajo determinados parámetros que los discriminan. Desde ese punto de vista, ello supone un déficit muy importante para quien se encuentra en esas condiciones pues debe redoblar el esfuerzo y ejercitar de manera duplicada su propia capacidad intelectual y física para poder actuar en niveles normales.

El mundo entero ha advertido esta situación -como se ha dicho, y creo que con razón- como consecuencia del fenómeno de las guerras mundiales. Estas determinaron grados de invalidez variable para grupos numerosos de la población. La existencia de una circunstancia que afectó muy severamente la conciencia de los pueblos europeos, en primer término, y luego la del resto del mundo a través de las organizaciones internacionales. Todo esto se traduce en una responsabilidad de todos, en particular de las organizaciones que luchan específicamente por la reivindicación de los derechos de quienes se encuentran en situación disminutoria frente al resto de la sociedad. Actualmente, todas las comunidades han asumido la responsabilidad de arbitrar los medios y mecanismos para colocar a todos sus integrantes en igualdad de condiciones desde el punto de vista de sus actividades.

Como consecuencia de todos estos hechos, surge una legislación internacional. Así, en el año 1971, las Naciones Unidas formalizan una Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Resulta interesante destacar que antes de que las Naciones Unidas dictaran esta norma de carácter internacional incluyendo recomendaciones para los países miembros, estableciendo todo un conjunto de derechos del retrasado mental y de sus familias y, al mismo tiempo, invitando a sus miembros a incorporar en sus legislaciones internas normas adecuadas para el tratamiento de este tema, a impulso de organizaciones vinculadas a la problemática del discapacitado y de personas con sensibilidad por el tema, en 1967 el Uruguay dictó una primera norma de carácter legislativo -la Ley Nº 13.711- que declara la obligatoriedad de la denuncia del diagnóstico de retardo mental. Asimismo, en ella se establece un registro de todas las situaciones de retardo mental en el país y se comienza a brindar apoyo -muy tímido al principio, por cierto- a las familias, a través de la duplicación del monto de la asignación familiar. Evidentemente, este aporte no constituye una solución al problema que, para las familias, representa esta situación concreta del retardo mental. No obstante ello, de alguna manera el país comienza a recibir esa ola que golpea fuertemente sobre las conciencias de las sociedades del mundo entero. Así, se comienzan a crear los espacios políticos y las orientaciones tendientes a dar cabida a esta ola avasallante de reclamos de justicia y de un tratamiento equitativo para quienes viven este tipo de situaciones.

Pongo de relieve, entonces, esta declaración de las Naciones Unidas de 1971, así como también la de 1975. Este último año dicho organismo, en sesión plenaria, emitió las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos, y de los Retrasados Mentales, que posteriormente se ha ido incorporando en las legislaciones positivas de nuestros países. Esta Declaración ha conducido a la formalización de lo que podríamos llamar un conjunto de declaraciones globales sobre la situación del discapacitado y las políticas que cada país debía instrumentar. Es así que en América Latina -como país de referencia incluyo también a España, sin perjuicio de señalar que una legislación de carácter general sobre los derechos de los discapacitados orientando a la sociedad en torno a esta situación ya se había dado en los países nórdicos- en 1979 por ejemplo en Paraguay, surge un Estatuto regulando la situación del discapacitado. Con posterioridad se han ocupado del tema Argentina, Panamá y otros países del área. Mientras tanto, en España, en 1981 se establece todo un Estatuto sobre esta problemática.

Resulta claro, señor Presidente, que el Uruguay estaba debiendo una legislación que lo colocara a los mismos niveles de otros países de América Latina. Con esto no quiero decir que careciera de todo tipo de respuesta a esa situación, sino que le faltaba la creación de una macroestructura institucional o políticas concretas. No corresponde golpearnos el pecho y decir que Uruguay estaba omiso en esta materia, porque no es así. Uruguay ha hecho aportes específicos con respecto a determinados grupos. Por ejemplo, a los no videntes, con la creación del Instituto Nacional de Ciegos, el Instituto Cachón. Ha trazado políticas concretas con respecto a determinadas enfermedades que generan déficits funcionales, muchos de ellos permanentes. Me refiero a la lucha contra la tuberculosis y a la campaña de rehabilitación referida al reuma, creando el Instituto Nacional de Reumatología.

No podemos dejar de mencionar la Escuela Roosevelt, que es un ejemplo en cuanto al tema rehabilitación. En fin, muchas personalidades, pioneras en la lucha por el discapacitado, cumplieron una tarea muy importante colocando a Uruguay en un lugar de destaque en América Latina. Pero el gran movimiento social hacia la rehabilitación del discapacitado reclama soluciones globales. Me refiero a grupos formados por los propios discapacitados, organizaciones sociales representativas de distintos sectores, etcétera, que han aunado esfuerzos por lograr una legislación que contemple sus necesidades.

Si se desea hacer un análisis de todo este movimiento que ha generado una concientización a nivel político y de todo el país, para que este proyecto de ley se convierta en realidad debemos citar al PLENADI, el Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos. En él están representados la Asociación de Apoyo al Niño con Alteraciones Miccionales (AANIAMI), a la Asociación Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay (ACRIDU), a la Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI), etcétera. Cabría recordar a muchísimas otras organizaciones que han actuado en el ámbito nacional y departamental -como la Asociación "Down del Uruguay"- cumpliendo una destacable labor.

Señor Presidente: hay una red de organizaciones de discapacitados e impedidos que se extiende por todos los departamentos de la República, que busca a través de la acción comunitaria y social, que los propios discapacitados tomen conciencia de sus derechos y obligaciones. Esta importantísima red está reflejada en este proyecto de ley y constituye su sustento. El contenido de este proyecto no se puede comprender si no se piensa en la acción de las distintas organizaciones de discapacitados que se mencionan en el texto.

En nuestro país no existe un registro que permita decir con exactitud el número de sus discapacitados. Pero pueden servir estimaciones de carácter internacional. Estos datos los manejan las distintas organizaciones así como las autoridades del Uruguay, a nivel del Ministerio de Salud Pública, en cuya sede funciona una Comisión Nacional de Discapacitados, de integración plural. Entonces, para que se capte la importancia del tema, señalo que se estima que cada país tiene aproximadamente un 10% de su población con grados diversos de discapacitación. En el Uruguay esto representa una cifra de entre 290.000 y 300.000 personas. El Ministerio de Salud Pública estima que de ese 10% global hay un 6% que sufre situaciones de discapacitaciones leves y que por la vía de tratamientos especializados es posible lograr una cabal rehabilitación; un 3% que va a mantener un grado grave de discapacidad, es decir lesiones de carácter permanente que pueden seguir actuando durante toda su vida; y un 1% que comprende los irrecuperables. Todo esto nos demuestra lo necesario que es que en el Uruguay se instrumente una política capaz de impulsar soluciones adecuadas en esta materia.

La Comisión estudió tres proyectos que están inspirados en normas de carácter internacional. Reconociendo el mérito y la capacidad de sus autores, sin desmedro de los mismos, nos encontramos con una legislación comparada muy importante, sobre todo en lo internacional. No puedo dejar de referir, entre los proyectos significativos, el de la Unión Panamericana del Niño, presentado hace más de diez años a los países miembros, tratando de establecer que, en el orden de la legislación interna, se recogieran estos planteos.

Quiero manifestar que en la Comisión tuvimos particular cuidado de analizar los tres proyectos básicos. El del Plenario Nacional de Discapacitados es un proyecto de gran calificación técnica y establece no solamente soluciones institucionales concretas sino que tiene un contenido variable en lo que son las políticas a encararse respecto a los discapacitados, fundamentalmente en lo que llamaríamos el lei motiv de este proyecto, es decir, la rehabilitación, poniendo énfasis en lo que es la orientación de la legislación en esta materia en el país.

Igualmente, por contener una solución de carácter realista inspirada evidentemente en un conocimiento de nuestra realidad institucional y el propósito de una inserción de las soluciones internacionales a la realidad del Uruguay, señalo el proyecto del señor senador Cersósimo, y me complazco en mencionarlo, ya que significó un gran esfuerzo técnico y una aportación de gran importancia para la Comisión en el tratamiento de este tema.

Por último, hay un proyecto presentado por varios señores representantes del Partido Colorado que dentro de los lineamientos de carácter general recoge las orientaciones en esta materia.

La Comisión procedió a realizar nuevos y exhaustivos estudios, como lo señaló el señor senador Pozzolo, los que han dado una información detallada del contenido del proyecto. Ahora, simplemente, estoy citando algunas características generales para colocarnos en la realidad en que tuvo que manejarse la Comisión.

De todos estos proyectos tomamos conocimiento tratando de recibir el contacto directo y fresco, en primer lugar, de las organizaciones de discapacitados, a quienes llamamos para escuchar sus puntos de vista. Pero, sin duda, representaba un objetivo fundamental de la Comisión el conocer la realidad del Uruguay en esta materia. Es así que solicitamos el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública, donde funciona una Comisión del Discapacitado que, de alguna manera, ha comenzado a dar los primeros pasos en la materia y constituye un embrión de lo que podríamos llamar una acción multidisciplinaria.

Reitero que en el país han existido políticas concretas pero aisladas, sin un contacto ni una visión globalizadora que es precisamente la tarea que se quiere encarar en este proyecto de ley. La señora Ministra de Educación y Cultura le ha dado la importancia fundamental que en estos aspectos tiene la temática de la educación y la implantación en el país, a través de este Ministerio, de soluciones específicas y concretas en esa área. Igualmente, el CODICEN aportó sus puntos de vista y experiencias concretas en materia educativa en la Enseñanza Primaria.

Naturalmente, no podíamos dejar de mencionar dos campos de acción estatal con una vinculación muy directa a este tema. En primer término, está la problemática laboral. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio sus enfoques y señaló sus puntos de vista en esta materia. Por último, lo hizo el Banco de Previsión Social.

Quiero señalar que en la proyección de las orientaciones generales de este proyecto de ley hay medidas diversas y variadas en las áreas, digamos, de lo que es la visión global de la sociedad: salud, educación, transporte, vida comunal, urbanismo, arquitectura, políticas laborales, etcétera. También hay un plano general de orientaciones vinculadas a la acción global, pero en los proyectos y en la aspiración de las organizaciones de discapacitados, estaba el tema de querer también respuestas económicas que se centraban, básicamente, en que se acordara una política efectiva por parte del Estado de apoyo al discapacitado, de manera que se diera una pensión o una subvención sirviera para asistir a toda persona discapacitada, sin tener en consideración las circunstancias económicas, personales o familiares de cada discapacitado.

En los hechos, gran parte de lo que nosotros estimamos importante sobre esas políticas variadas y diversas en el orden económico de apoyo al discapacitado no lo hemos podido incorporar al proyecto de ley. Todas esas políticas, así como otras que hemos referido en el campo jubilatorio, como la de establecer causales jubilatorias nuevas, requerían la iniciativa del Poder Ejecutivo, la que no se obtuvo.

En la disyuntiva de tener un proyecto que abarcara la totalidad de lo que debe ser una respuesta lúcida, congruente, adecuada a la realidad de un país, a una problemática que se estima compatible con los propósitos y soluciones manejados, no hemos tenido más remedio que acotar nuestra inquietud y nuestros objetivos sobre el proyecto. En una actitud maximalista, podríamos habernos centrado en que, como no tenemos la totalidad de las respuestas y no las podemos dar, debemos esperar el período de gobierno siguiente y después de 1990 se instrumentarían esos mecanismos. De otra manera, podríamos haber entendido que había cosas importantes que no están centradas exclusivamente en la parte económica, como lo señaló el señor senador Pozzolo, y que son de enorme importancia como respuesta a la política y la problemática de carácter general.

En ese sentido, hemos tenido una clara conciencia sobre el punto. Nos ha parecido transparente la necesidad de que el Senado de la República dicte este cuerpo normativo, lo apoye y lo saque adelante. Esta es una tarea que, como todas aquellas que refieren a la vida, supone esfuerzos y la traducción en orden al tiempo de esfuerzos sostenidos y continuados porque, de otra manera, sabemos perfectamente que el texto legal es un mensaje que no va a tener en la realidad capacidad transformadora.

Era necesario instrumentar mecanismos. Pensamos que se debía crear una Comisión Nacional a nivel del Ministerio de Salud Pública, con una integración plural con representación de diversos Ministerios que tienen que ver con toda la temática, con la integración de las organizaciones más representativas de los discapacitados, aspecto que se regulará en la correspondiente disposición reglamentaria. De esa manera se pensaba establecer el centro generador, dispensador de la política, del cumplimiento y ejecución de la ley en el centro coordinador, que impulsara y coordinara las políticas que deben cumplirse en el Estado por parte de distintos agentes, algunos nacionales, Ministerios diversos, y otros departamentales, los propios gobiernos departamentales que estarán representados en esta Comisión Nacional.

Hemos creído que nosotros no podemos entrar sólo en una integración centralizada montevideana y con eso considerarnos cumplidos. Hemos entendido la necesidad de regionalizar esta temática de manera que se creen comisiones regionales, locales, en los departamentos en que geográficamente sea menester. Si hay necesidad en más de una ciudad, se van a implementar las comisiones imprescindibles y para ello la Comisión Nacional y las departamentales están autorizadas para crear comisiones locales. Los que en principio hablábamos de una importante red de organizaciones sociales, diremos que tendrán su expresión en cada uno de los lugares de nuestro país, para llevar con su esfuerzo y su voluntad el contenido de este proyecto de ley.

Creo que en la discusión particular podemos señalar más concretamente las características de este proyecto de ley.

Estimamos -y esta fue una de las preocupaciones fundamentales del Ministerio de Salud Pública- que como el proyecto prevé políticas especiales para los discapacitados, teníamos que marcar muy claramente el concepto de discapacidad. Esto es porque dos personas que aparentemente padecen la misma circunstancia de inhabilitación, no tienen el mismo grado de discapacidad sino en relación con el trabajo que cumplen y con la tarea que les corresponde. Así hay otra serie de criterios que van determinando cada caso y que solamente en los niveles técnicos correspondientes se puede ir a una evaluación de los grados de discapacidad. La ley tenía que aportar -los distintos proyectos lo hacen, lo hemos recogido igualmente- definiciones de lo que es discapacidad y a quien se le considera así. Se debía establecer el concepto de prevención, de rehabilitación y sus derechos.

Respecto a la Comisión que se crea, quedan establecidos los cometidos, se regulan las facultades con que va a contar y se le aportan los elementos necesarios como para que esta Comisión Nacional -que girará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública- obtenga las posibilidades de adoptar los mecanismos coordinadores y generadores de la política para el discapacitado.

Los capítulos siguientes cubren la parte de las políticas especiales, sociales, modificaciones al Código Civil, al régimen de bien de familia y habitación, como lo ha señalado el señor senador Pozzolo. También cubren los aspectos vinculados a la salud y las obligaciones en materia educativa. Quizás a veces podría señalarse que el proyecto es demasiado reglamentarista, que entra en aspectos que corresponderían a la reglamentación, pero en la alternativa de dictar algunas normas de carácter general o de entrar a fijar disposiciones más cercanas a la realidad y por tanto, más detalladas -y sin que suponga internarnos en la abigarrada expresión de la realidad, con toda la secuela de limitaciones que traeríamos a la evolución y transformación del derecho- nos hemos mantenido en una posición intermedia.

Pienso que los señores senadores, en este caso, tendrán que apreciar ese grado de precisión, por cuanto los proyectos muchas veces establecían regulaciones más concretas. Nosotros creíamos que había que darle la posibilidad a la Comisión Nacional del Discapacitado, de que se encuentre con los medios o con un horizonte no completamente cerrado. Esto sería para que tuvieran la posibilidad de manejo para ir asimilando lo que va surgiendo de una realidad que la integramos con la experiencia propia y ajena de congresos internacionales, de organizaciones que están trabajando y que van variando sus enfoques y puntos de vista.

Nos ha parecido que teníamos que mantener un cierto grado de horizonte en las decisiones, sin internarnos en la casuística reglamentarista.

En materia de trabajo -y lo señalo particularmente- se establece una política de reserva de puestos de trabajo para los discapacitados, rol que tiene que asumir el Estado. En eso recogemos el porcentaje que se señala en el proyecto del señor senador Cersósimo, o sea al 4% de las vacantes que se establezcan en la Administración Pública.

SEÑOR CERSOSIMO. - En todo el personal.

¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Voy a ser breve. Me voy a referir al problema del porcentaje, aunque después voy a tratar de explicarlo al Senado. En el proyecto del que somos coautores se establece que para la provisión de esos cargos por parte de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Estado, Gobiernos Departamentales y personas de derecho público no estatales, existiría la obligación de ocupar a personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de la totalidad de su personal, que es distinto al de 4% de las vacantes que se produzcan, como expresa el proyecto que examinamos. De esta otra manera, es muy escaso el ingreso que se produce y por eso es que ha habido una inaplicabilidad fáctica de la ley que en alguna medida rige en esta materia. Por esta razón las asociaciones de impedidos han reclamado para que se aplique sobre el total del personal. Veo que en alguna de las disposiciones del memorándum que aquellos nos envían, hablan precisamente de lo que nosotros habíamos establecido en nuestro proyecto de ley. Es decir, que el sistema de provisión de cargos se tome sobre la totalidad del personal y no sobre las vacantes que se produzcan, que es la fórmula que está contenida en el proyecto que ahora está a examen del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Sobre este aspecto la Comisión entendía que debía manejarse con la realidad de la legislación vigente, ampliándola, y en ese sentido se estableció el porcentaje que acabamos de mencionar.

Por otra parte, incorporamos como derecho positivo otra serie de cosas importantes. Por ejemplo, la concesión de lugares públicos para la instalación de pequeños comercios, es decir que hay todo un aspecto de la vida económica que está vinculado al uso de bienes del dominio público o privado y se establece la prioridad del derecho para los discapacitados. Esto es importante, pero además no se queda limitado simplemente al caso del Estado y por tanto a las funciones de carácter público. Se autoriza a implementar medidas de estímulo al empresario, ya sea a través de disminuciones de aporte, de contribuciones de carácter social, disminución de impuestos, es decir toda una política para apoyar al empresario que destine un porcentaje de sus puestos de trabajo a incorporar discapacitados a su empresa.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ortiz)

Creo que estas políticas son muy importantes ya que suponen exoneraciones impositivas que no podemos marcar, y recogen lo que en materia de orientación internacional se ha establecido en otros países pero que, en el nuestro, por disposición constitucional, implicaría exoneraciones impositivas y tributarias que no podemos fijar sin iniciativa del Poder Ejecutivo. De todas formas esto queda establecido en forma programática para que en un futuro pueda implementarse como política social para discapacitados.

Además, en este capítulo al que hemos hecho referencia se establece la creación de talleres protegidos de trabajo y otras orientaciones que en muchos casos ya existen en nuestro país, pero a los que es necesario brindarles la fuerza y el desarrollo de que carecen. Este será uno de los objetivos de esta Comisión Nacional. Al mismo tiempo, se prevén orientaciones en materia de arquitectura diferencial y de urbanismo; nos encontramos en un país en el que el discapacitado no puede asistir ni a un teatro ni a un cine porque no existen las estructuras arquitectónicas que permitan superar las barreras.

Tengo en mi poder un reportaje muy lindo publicado en el semanario Brecha, en el año 1986, en el que se entrevista a la señora Serrana Pérez Fourcade, presidenta en ese entonces -creo que aún lo sigue siendo- de ACRIDU, quien expresa algo que podría ser una especie de resumen de este proyecto de ley: "No queremos vivir excluidos del mundo".

Pienso que esta ley es un paso positivo para que en el Uruguay comiencen a removerse los obstáculos que establecen desventajas para los discapacitados y además, debemos generar las políticas adecuadas para que se convierta en realidad el artículo 8º de la Constitución, en el sentido de que todos somos iguales; y la igualdad comienza eliminando las desigualdades y las barreras sociales que impiden la integración de los que sufren las consecuencias de una situación de desventaja desde el punto de vista síquico o físico.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: deseo aclarar que trataré de ser extremadamente breve, entre otras razones porque pienso que este es un buen proyecto de ley que seguramente en el día de hoy contará con los votos del Senado para su aprobación, abriendo, además, la clara posibilidad de que en este período parlamentario sea aprobado por ambas Cámaras. La mayoría alcanzada en el trabajo conjunto llevado a cabo a nivel de la Comisión asegura su aprobación y, en ese sentido, pienso que sería importante proceder a la votación lo antes posible.

Tengo la certeza de que ocurrirá lo mismo con respecto a otros proyectos que debemos considerar después de éste, que tienen también su importancia y serán votados siempre y cuando todos brindemos nuestra colaboración para que puedan, efectivamente, ser puestos a consideración en las pocas sesiones que restan para finalizar el actual período parlamentario.

En primer lugar, deseo dejar constancia de nuestra aprobación con respecto a lo que hasta el momento se ha manifestado en el Senado por parte de los señores senadores Pozzolo y Tourné, y agregar, simplemente, que desde nuestro punto de vista la aprobación de este proyecto nos coloca en una situación que nos origina sensaciones contradictorias. Digo contradictorias porque somos absolutamente conscientes que lo que necesitan los discapacitados en este país de ninguna manera está totalmente cubierto por este proyecto de ley. Cabe destacar que en este proyecto no se destinan fondos, ni aportes del Estado ni de la sociedad que a nuestro juicio son absolutamente necesarios para encarar con seriedad políticas de rehabilitación y de atención social para las personas discapacitadas.

Sin embargo, considero que se está dando un primer paso en materia legislativa, que tiene un profundo sentido. Cabe señalar que en nuestro país, al respecto, existía un enorme retraso, ya que mientras la mayor parte de los países legislaron sobre la situación de los discapacitados en ocasión de conmemorarse el Año Internacional propuesto por las Naciones Unidas, aquí no sucedió lo mismo.

Volviendo a las contradicciones, debo señalar que al igual que el señor senador Cersósimo, pienso que sería mejor que ese 4% surgiera del total del personal y no de las vacantes que vayan a producirse.

Además, nos pesa enormemente el saber que en el pasado estuvo vigente una ley que establecía un determinado porcentaje sobre las vacantes, y ni siquiera esa ley fue cumplida.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Esa ley aún sigue vigente.

SEÑOR OLAZABAL. - Si bien me acotan que esa ley sigue vigente, debo manifestar que tengo mis dudas, ya que algunas de las normas aprobadas en las Rendiciones de Cuentas anteriores, por ejemplo, en lo que respecta a obligación de concursos, pudo haber derogado implícitamente las normas que atendían la necesidad de contratar discapacitados.

De todas formas, señor Presidente, pienso que sería mucho mejor disponer de porcentajes más amplios en este proyecto, y más beneficioso aún sería que hubiera una estricta decisión de todos los sectores políticos en el sentido de cumplir con el mismo cuando se convierta en ley. Muchas veces las leyes no son buenas o malas en sí mismas sino que pasan a ser malas cuando se desconoce su espíritu o, simplemente, no se cumplen, tal como sucedió históricamente en nuestro país con la obligación que estuvo vigente de contratación por parte del Estado y de los Entes Autónomos de personas con incapacidad.

SEÑOR POZZOLO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: simplemente a efectos aclaratorios de lo que viene manifestando el señor senador Olazábal. Efectivamente, es tal como él lo ha señalado; existía una ley que establecía la obligatoriedad para los organismos del Estado de cubrir determinados porcentajes de sus vacantes con personas discapacitadas. Esta ley fue derogada en una de las Rendiciones de Cuentas cuando sobrevino la prohibición de ingreso en general a determinados cargos de la Administración Pública. Repito que, tal como lo ha señalado el señor senador Olazábal, esta ley no fue cumplida estrictamente y por eso en esta disposición hemos agregado un mecanismo de defensa. Para ello hemos puesto como juez, como control, a la Oficina Nacional del Servicio Civil que, por su propia naturaleza, tiene que llevar la estadística o balance de las vacantes que se van produciendo, controla las designaciones y por ello, a través de esta nueva disposición, le hemos otorgado imperativamente la facultad y obligación de controlar que esta norma se cumpla.

Este fue un agregado que hicimos los miembros de la Comisión sin que se nos lo hubiera sugerido de parte de ninguna organización. Eso revela que conocíamos el antecedente y que teníamos la preocupación de que esta fuera una norma concreta.

Coincido con los señores senadores en que se trata de un porcentaje diferente al que proponía el señor senador Cersósimo en su proyecto original, pues él hablaba de un 4% del total del personal de los distintos organismos. También podría pensarse que esa cantidad es un poco exagerada -lo digo con absoluta limpieza- porque frente a 250.000 funcionarios públicos que pueda tener hoy la Administración estaríamos creando de un saque aproximadamente 1.000 cargos. Por ejemplo, en un organismo como UTE, que tiene unos 8.000 ó 9.000 funcionarios ese porcentaje significaría unos 350 ó 450 nuevos funcionarios.

Como experiencia creo que va a ser muy importante un balanceo, por cuanto no podemos inclinar decididamente la balanza hacia el otro costado, de manera que frustremos expectativas de la gente joven en lo que tiene que ver con un asunto como el que estamos considerando.

En sustancia, lo que quiero significar es la preocupación que tuvo la Comisión en cuanto a establecer dentro de sus potestades un mecanismo, de modo que esta sea una norma seria, respetada y controlada.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Es cierto que la Comisión tuvo la preocupación a que alude el señor senador Pozzolo. La opción que hicimos, la que estaba explicando y que me crea de alguna forma una sensación contradictoria, fue la de aspirar a poco en el convencimiento de que en el país exista suficiente voluntad como para que este proyecto se aplique y se controle efectivamente.

Lamentablemente, a veces los controles que se establecen en el texto no son suficientes. Recuerdo que la disposición reiteradamente violada también preveía una forma de control. En aquel momento no se hacía referencia a la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino a la Oficina que la antecedió -en este momento no recuerdo como se llamaba- que tenía una cierta injerencia en el control, pero el mismo nunca existió y el cumplimiento de la norma fue nulo o escaso.

Sin embargo, creo que en este proyecto creamos mecanismos suficientes como para que no se cometan nuevas violaciones. El mecanismo esencial que aquí se incluye es el de la propia participación de las organizaciones que defienden los intereses de los discapacitados. En la medida en que esa participación se de y en la medida en que su voz sea escuchada, estoy seguro que no va a se fácil que vuelven a existir violaciones de lo que es la letra y el espíritu de la ley. En ese sentido nos hemos fijado una meta, quizá mínima, pero fácilmente accesible.

Además, hemos tenido en consideración la altura del año en que estamos, lo que hace que pretender más quizá hubiera significado no obtener absolutamente nada.

Por eso hemos traído un proyecto que sabemos que no cubre las expectativas, las necesidades, pero que representa un camino, un avance.

Aquí se crea un instrumento para que se pueda orientar un verdadero desarrollo de políticas sociales que tienen que ver con la atención médica, con la rehabilitación y también con la salud, así como con la educación.

Quizá en el futuro de nuestro país estas políticas sociales corran la suerte del conjunto de ellas. Si como esperamos los años que vienen traen al país la reafirmación de la voluntad de este pueblo de ser solidario con todos aquellos que necesitan y por tanto traen efectivamente un desarrollo de las políticas sociales, creo que habremos tenido éxito con este proyecto y con las políticas que puedan implementarse a través de la Comisión que se crea. Si por el contrario lo que traen al país los años que vienen es un retroceso en materia de política de salud, de educación o sea, de las políticas sociales en general, tal vez se haya ganado muy poco y estemos sólo ante la presencia de lo que es un programa manuscrito.

Nosotros acompañamos este proyecto con la esperanza de que sea un instrumento hábil en un país en el cual las políticas sociales tengan su importancia, en un país que esté dispuesto a volcar recursos que realmente permitan equiparar las oportunidades de los discapacitados, que esté dispuesto a dedicar recursos a la enseñanza y a la salud.

También votaremos a favor de este proyecto en el entendido de que la sola coordinación de las distintas áreas del Estado que hoy se ocupan del tema provocará de alguna forma que se mejoren las políticas, que sean más coherentes y que esa coherencia permita atender más necesidades con los fondos que actualmente se dedican.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Tiene la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: nos place sobremanera que se trate este tema en cuanto somos autores de la primera, en el tiempo de una de las iniciativas que han sido consideradas por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, que presentamos en mayo de 1985 y en el que ciframos, entonces, grandes esperanzas. Lo presentamos, entre otros motivos, porque como recordarán los señores senadores las Naciones Unidas definieron el decenio 1983-1992 como el "Decenio de los Impedidos". Nos satisface doblemente que este proyecto que hoy trata el Senado y que seguramente habrá de convertirse en norma de derecho positivo antes de la finalización del actual período legislativo coincida precisamente con la incrustación del mismo en el "Decenio de los Impedidos", porque es evidente que se trata de un notorio y lamentable vacío en nuestra legislación, el que no existan normas concretas, claras, definidas como ésta que ahora ha elaborado la Comisión y que antes nosotros habíamos estructurado, referente a lo que hemos dado en llamar y se conoce, generalmente, como "Integración Social del Impedido".

Es claro, sabido, conocido, que en nuestro país existen más de 300.000 discapacitados y que un 10%, o sea, unos 30.000 están en condiciones de ingresar al mercado de trabajo.

Nos duele, pues, una situación de esta naturaleza, nos dolía que la Comisión no trajera a consideración del Cuerpo este proyecto, así como que no hubiera fructificado los esfuerzos que en ese sentido hemos hecho no sólo nosotros, sino también las organizaciones de discapacitados y otros ciudadanos para que se constituyeran en legislación positiva, en el país, los postulados contenidos en aquel proyecto y en este que ahora está examinando el Senado.

La respuesta que damos a través de la consideración de esta iniciativa -lo dijimos en ocasión de la presentación de la misma, el 8 de mayo de 1985- es la respuesta que proclama la 2.433ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1975, la que, en esta especie, han recogido las modernas disposiciones de la legislación comparada.

En tal sentido -y dentro de la brevedad que queremos darle a esta exposición- hemos dicho más de una vez y no nos cansaremos de repetirlo, que es necesario despertar en la conciencia de la comunidad, a través de la acción de los órganos de gobierno, el interés por la situación de los impedidos, fundamentalmente, en nuestro país. El hilo conductor de la preocupación general debe ser, como hemos expuesto ya en forma muy amplia, la prevención, el desarrollo y la integración social del discapacitado, a través de los servicios existentes y de los que necesariamente deberán reglamentarse, no sólo por medio del proyecto en trámite, sino de las disposiciones que, a tal efecto, deberá adoptar el Poder Ejecutivo. La investigación, la prevención y la organización de un sistema de educación habilitante o rehabilitante, según el caso, la formación profesional responsable, la inserción laboral, las medidas que conduzcan a la obtención de la mayor autonomía para el destinatario de los propósitos que el proyecto de ley determina, la orientación, en particular, de la familia y asimismo, como es natural, la aceptación por parte de la comunidad, constituyen, entre otros -los que no vamos a enumerar ahora y que hemos expuesto reiteradamente, algunos de los cuales, inclusive, insertamos en el proyecto de la ley presentado al Senado- los medios que hemos articulado para lograr los objetivos que perseguimos entonces y que seguimos aspirando a que se cumplan y se concreten o que, al menos, tengan principio de discusión y consagración a través de este proyecto, donde la dignificación del ser humano en cuanto tal, ocupa un lugar preponderante.

Con las disposiciones que establecemos en nuestro proyecto de ley -y podemos decir que en muchos aspectos, son sustancialmente similares a estas normas elaboradas por la Comisión- se busca, fundamentalmente, que la acción prevista sea ejercida sin discriminación de naturaleza alguna en relación con sexo, edad, raza, credo o cualquier otra condición independiente de la minorización que determina el fundamento de la acción que ahora, en esta ocasión, se proyecta por medio da la Comisión y antes, a través de la iniciativa de mayo de 1985, a que nos hemos referido. De ninguna manera -lo dijimos en muchas oportunidades y ahora lo reiteramos- deberá inferirse que con esas disposiciones entendamos nosotros que han de quedar agotadas todas las posibles fórmulas para la prevención, el desarrollo y la integración de las personas condicionadas por un impedimento.

Sin embargo, señor Presidente, es indudable que su vigencia representará un punto de partida para la dinamización de un nuevo sistema legal en esta materia. Para que esta empresa tan sensible pueda dar los resultados particularmente beneficiosos que de ella, se esperan, auguramos que este ordenamiento jurídico que ahora estamos considerando de nada habrá de servir -volvemos a insistir en lo que tantas veces hemos expuesto- si no se ponen de manifiesto, en forma activa, el interés individual y la conciencia comunitaria para aceptar la condición de cada impedido.

En esta acción tendrán decisiva influencia el valor moral y también ético de cada uno de los gobernantes, de los responsables de los servicios, de los empresarios, de los docentes, de los vecinos, de los familiares y de los padres, para cuya participación, comprensión y aceptación es esencial la colaboración de los medios masivos de comunicación y, evidentemente, como se consagra en las estructuraciones proyectadas, los elementos de esta naturaleza que el Estado posee para la interacción social.

Este tema ha sido postergado y nos place sobremanera que ahora se traiga para su concreción, que repetimos, esperamos que se consagre en ley antes de la finalización de la actual Legislatura y, naturalmente, en el período que finalizará el 15 de octubre.

Nosotros hemos estudiado someramente el proyecto que está a consideración del Senado y, no difiere en forma sustancial del que hace cuatro años y medio trajimos a consideración del Cuerpo, respecto del que tantas veces quisimos que comenzara a dinamizarse y que no pudimos lograrlo. Solicitamos oportunamente, la iniciativa del Poder Ejecutivo en todo lo que nuestro proyecto lo requiere y que el que consideramos no contiene y no se recibió la misma no sé si ello ocurrió porque no salió de aquí la comunicación o porque el Poder Ejecutivo no la envió; que es privativa en algunas de las especies que trata el proyecto. El hecho concreto y real es que, no obstante los múltiples esfuerzos que llevamos a cabo en esta materia, no pudimos lograr su envío en la forma en que hubiéramos deseado. Por eso para que hubiera tiempo suficiente, el proyecto lo presentamos casi al inicio, a los tres meses escasos de haber comenzado la presente Legislatura.

Desde ese punto de vista, no digo por una razón de paternalismo, que nos parece que nuestro proyecto es más racional en algunos aspectos -puedo compartir otros y los comparto- pero voy a votar el proyecto que está a consideración del Senado. Pero, repito, no es por aferrarme a un paternalismo que no es el que corresponde y que no exhibo, que hubiera deseado que se hubiera aprobado el proyecto que presentamos en 1985, porque es más sobrio y de más fácil y profunda aplicación que éste que hoy estamos examinando en el Senado.

En el fondo deseamos las mismas consecuencias con menos burocracia en nuestra iniciativa y mayor amplitud en algunos resultados que el que este proyecto consagra y que nosotros deliberadamente omitimos en aquélla, por entender que iba a entorpecer la secuencia procedimental del caso cuando comenzara a aplicarse a partir de la instrumentación de la norma reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo.

No se entendió así y se modificaron en forma sustancial algunas de aquellas disposiciones y otras se tomaron prácticamente a la letra del que nosotros como hemos dicho trajimos a consideración del Senado. Por lo tanto, esta iniciativa que, repito, vamos a apoyar, es, en sustancia, una especie de transacción entre el proyecto y anteproyecto que estaban a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Al definir derechos y obligaciones de los impedidos, lo hacemos de una manera muy clara, que fija después la columna vertebral o la estructura de todo el sistema y que es también, repito, análoga a la conformación del proyecto que trae la Comisión, ya que "bajo la denominación de impedido" en aquel como en éste, "se comprende a toda persona" -nosotros lo decimos en el artículo 1º- "que padeciere una discapacitación física o mental, prolongada o permanente, que signifique considerable y acreditada desventaja para su integración familiar, educacional, laboral o social, en relación a su edad cronológica o a su medio social".

Establecemos también de manera muy clara que forman parte de este proyecto de ley los derechos que fueron reconocidos y proclamados en la 2.433ª Sesión Plenaria, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1975 -como ya lo hemos dicho- pues de acuerdo con el artículo 4º, se reputan expresamente reproducidas en su texto.

Algunas de las distintas observaciones que se han hecho al que consideramos fueron recogidas por nosotros claramente en materia de educación y de cultura, por ejemplo, y estaban, por tanto, salvadas esas objeciones que se hacen por Plenadi a la iniciativa que está a consideración del Senado. Al respecto dijimos en el Capítulo II, artículo 8, literal c), de nuestro proyecto, que era necesario "Propender, estimular y favorecer la integración de impedidos en los centros públicos y privados, de enseñanza, de capacitación profesional o laboral, de recreación deportivos y sociales, mediante el acceso y la participación de aquellos en todo tipo de actividad que sus condiciones específicas lo permitan".

La integración social del impedido, no se hace a través de la separación para nivelar su capacidad desde ese ángulo, sino para integrarlo a la sociedad toda, de la que muchas veces se siente y es efectivamente excluido. Esto es lo que este proyecto propugna y constituye, también, la orientación fundamental de su filosofía; me estoy refiriendo al que nosotros hemos estructurado. El tiene como finalidad primigenia y esencial la de que el impedido se integre a la comunidad de la que forma parte y no forme sólo una sociedad de impedidos, aparte de aquella general que le precisa, que le reclama y la que, por otra parte, es preciso que comparta integralmente, como ocurre en otros países del mundo y como ha sido, es, y seguirá siendo nuestra preocupación en esta materia a la que le hemos dedicado muchos años de nuestra vida.

A fin de no emplear demasiado tiempo con estas manifestaciones, debemos decir que expresamos aquella iniciativa que "En todos los niveles de escolarización y en especial, desde el preescolar, se promoverá la mayor integración de las personas impedidas" -integración a la sociedad general de que forman parte- "así como la realización de programas especiales relativos a su prevención". Esto se consagra, sin perjuicio de la regla general que es la de la integración total a la comunidad.

Existe una verdad, una situación realmente angustiosa, por la que atraviesan las personas discapacitadas y, particularmente, sus familias, sobre las que hay que poner el acento, sobre la que hay que enfatizar de manera primordial, y es por ello que se establece no sólo el derecho al acceso, sino también al uso de los servicios o los medios recreativos, según se trate de mutualistas, de centros sociales, deportivos, culturales, etcétera.

Esta discriminación, esta minorización que tanto rechaza nuestro espíritu y el de toda la comunidad, sintiéndola como un verdadero castigo que se impone al minusválido, al excluirlos o radiarlos de esos centros o de aquellos medios que son de prevención, de contralor, o de preservación de la salud, es uno de los elementos primordiales de que debe estar informado un proyecto de esta naturaleza.

En tal sentido, en el artículo 10, expresábamos lo siguiente: "Los centros de recreación, deportivos y sociales, no podrán hacer discriminación en cuanto al acceso"... El proyecto actual, cabe decir, habla solamente del "acceso a la afiliación" pero eso no es lo más; lo más es la discriminación que se provoca después. Tengo cartas que inspiran una profunda tristeza, que trasmiten un hondo dolor de los padres que ven muchas veces, a través de la reglamentación, se discrimina a jóvenes, a niños, a sus hijos, que padecen una discapacidad y luego, por medio de esas disposiciones -porque los estatutos no pueden determinar una exclusión de esa naturaleza ya que, de lo contrario, no pueden ser aprobados- se les lleva a una situación de separación del resto de los asociados, generando hechos dramáticos para el discapacitado y su familia. Retomando el artículo al que hacíamos referencia, además de impedirse que se prohíba el "acceso a la afiliación", se impiden también las "limitaciones en los servicios, a las personas amparadas por esta ley".

Por otra parte, agregábamos en forma muy clara que esas personas no podrán, de ninguna manera, dejar de formar parte de las mutualistas, en función de la discapacidad de que puedan estar afectadas. Así, por ejemplo, en el artículo 19 decíamos lo siguiente: "Las instituciones privadas de asistencia médica no podrán hacer discriminación" -este es otro de los grandes ramas de nuestra sociedad y de esta problemática, tal como lo expresaba el señor senador Tourné- "en cuanto al acceso a la afiliación, ni limitaciones a la asistencia, a las personas impedidas amparadas por esta ley". Reitero que es otro de los grandes problemas por el que atraviesa la familia de la persona que está impedida o que tiene un desnivel de capacidad de esta naturaleza. Todo ello está establecido en forma muy precisa y es, digamos, la columna vertebral de nuestra preocupación en el orden legislativo respecto de lo que, fundamentalmente, debe normatizarse, en la especie aludida, porque se trata de uno de los grandes problemas que sobrellevan los discapacitados y sus familias.

Al tratarse ahora la iniciativa de la Comisión es necesario declinar muchas de las disposiciones que a los efectos de darle verdadera actividad a esa integración, nosotros habíamos estructurado. También en este aspecto, en buena medida, las recoge casi a la letra el proyecto que consideramos. Pero tiene que soslayar algunas normas por ser este un año electoral, en función de que, de acuerdo con el artículo 229 de la Constitución, no pueden crearse cargos ni aumentarse pasividades, ni establecerse otras disposiciones y también las que precisan la iniciativa del Poder Ejecutivo, que, o no se ha obtenido o no se ha requerido. En realidad, a esta altura no sé lo que ha pasado pero, para el caso concreto, en este momento no interesa fundamentalmente. Sí hubiera interesado lograr u obtener la iniciativa privativa cuando ésta era necesaria y oportuna. Por otra parte, incluso en materia de cómputos jubilatorios para las situaciones concretas y específicas que se determinan -y de las que este proyecto no habla- se debieron haber incrustado en él disposiciones de esta naturaleza, que, en nuestra opinión son fundamentales para darle verdadera sustancia a su texto.

"El Estado, los Gobiernos Departamentales" -esto lo repite, también, el actual proyecto- "los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima" -de esto ya habíamos hablado en una interrupción que nos concedió el señor senador Tourné -"no interior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal". Sobre esto han insistido mucho, algunas si no todas las organizaciones de impedidos. Si bien puede tener razón, en alguna medida, el señor senador Pozzolo, que en su interrupción dijo que aparentemente puede ser excesivo el porcentaje que fijábamos, tomado sobre la base de la cantidad de funcionarios, lo otro es prácticamente anodino, porque tomado aquél sobre las vacantes efectivas también es absolutamente desdeñable y tiene poco valor. Es por eso que la ley correspondiente -que yo creo que, en esta materia, sigue vigente- no se ha aplicado. Si no se ha hecho es por lo mismo que tantas otras leyes no se aplican. No es porque haya sido derogada -según creo- por las disposiciones a que se refería el señor senador Olazábal, porque no hay que olvidar que se trata de una ley especial y, por lo tanto, estaría vigente, aún cuando se hubieran enervado las disposiciones que él mencionaba para los casos de carácter general. De todas maneras, no se ha aplicado prácticamente nunca y más bien son discriminadas, en cuanto al acceso a la función pública, las personas impedidas. El propósito de esta disposición es, sustancialmente, que ellas tengan ese derecho incuestionable, que ahora está controlado expresamente por la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero que de acuerdo con las facultades, obligaciones y responsabilidades que tiene esa Oficina aunque no se hubiera establecido en el proyecto, igual tendría la misma obligación de controlar, estuviera o no, determinado con carácter expreso en la norma que ahora se ha estructurado. Naturalmente, esto no está mal, pero nada hace que eso sea indispensable -y veo que el señor senador Tourné apoya estas manifestaciones- para que se cumpla. El problema es el propósito de cumplir, porque la Oficina Nacional del Servicio Civil, entre otros cometidos -nosotros mismos se los creamos- tiene el de controlar efectivamente que se respeten las normas legales.

Agregábamos, además -esto está recogido en el artículo 43- que "Siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, del Estado o de los Gobiernos Departamentales" -quizá se dirá que esta es una norma que, en relación con los Gobiernos Departamentales, puede ser una expresión de voluntad, pero creo que nadie habrá de dejar de cumplirla por la finalidad social que conlleva- "para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los impedidos que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades, aún cuando necesiten para ello del auxilio ocasional de terceros". Esto lo expresamos en el artículo 13 de nuestro proyecto.

Pero también agregábamos algo más, que parece ser particularmente importante. Decíamos: "La resolución que se adopte sin observar la prioridad establecida en el inciso anterior, será absolutamente nula, pudiendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte, requerir la revocación por ilegitimidad. Revocados la concesión, otorgamiento o permiso, el organismo público concederá éstos en forma prioritaria y en las mismas condiciones, a una o más personas impedidas". Esta es la manera de evitar, precisamente, que se efectúe el incumplimiento de la norma correspondiente.

También recogíamos en el artículo 14 de nuestro proyecto que "Los patronos o empleadores que concedan empleo a personas impedidas, tendrán derecho a computar una deducción especial, al liquidar el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio" -esto, naturalmente, precisa iniciativa del Poder Ejecutivo- "equivalente al setenta por ciento de las retribuciones pagadas, correspondientes al personal impedido, en cada período fiscal".

Agregábamos, además que "Las empresas que contraten producción derivada de talleres protegidos para impedidos", -y esto es muy importante- "gozarán de igual derecho de deducción especial de setenta por ciento por la proporción que en el valor total, tenga el valor agregado en concepto de mano de obra en los talleres protegidos para impedidos, públicos o privados, en las condiciones que establezca la reglamentación".

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor senador Cersósimo.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Termino rápidamente, señor Presidente.

En otro artículo decíamos que para "el cómputo jubilatorio, los años de trabajo reconocidos a las personas amparadas por esta ley, serán bonificados con un año por cada dos años de trabajo efectivo" y, en el siguiente artículo, "que las personas amparadas por esta ley, que hayan realizado producción en talleres protegidos para impedidos, públicos o privados, como así también los que hayan trabajado a domicilio, adquirirán derecho jubilatorio, en las condiciones establecidas por la misma, fijándoseles, por la reglamentación, un régimen de aportación ficta".

Todo esto no ha podido plasmarse ahora -la Comisión lo dice en su informe- debido a la actual circunstancia en cuanto al tiempo, ya que está establecido en la carta constitucional, la prohibición de otorgar este tipo de beneficios, aun cuando tuvieren iniciativa durante el lapso de un año previo a las elecciones nacionales.

También establecimos que es necesario darle difusión a estas normas, de acuerdo con lo que decíamos y con lo que han solicitado las asociaciones de impedidos en más de una oportunidad. "Sin perjuicio de la difusión que cada Ministerio debe dar a sus servicios, el Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, establecerá los mecanismos pertinentes para que se efectúe, al menos anualmente, una campaña de divulgación, para llevar a la comunidad el conocimiento pleno de la actividad nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración de los Impedidos".

En nuestro proyecto -no lo veo en el que consideramos- autorizábamos, además, al Banco de la República, para que dentro de sus líneas de crédito de promoción social pudiera conceder y concretar préstamos especiales para la adquisición o renovación de aparatos ortopédicos, material didáctico, de locomoción, de capacitación u ocupación profesional o laboral, de medicamentos, exámenes, análisis y todo otro implemento técnico o científico que resultare necesario para los impedidos".

Por otra parte, agregábamos -y creo que hemos hecho camino en el aspecto de incrustar esta especie en la norma, ya que después comenzaron a adoptarse ordenanzas y otro tipo de disposiciones en este sentido- que "en toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, deberán preverse acceso, medios de circulación e instalaciones adecuados para impedidos y para los que utilicen sillas de ruedas y que la misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos y en los que se exhiban espectáculos públicos. La reglamentación tendrá que establecer -decíamos- el alcance de la obligación. Y, para evitar el exceso de burocracia, que podrá, eventualmente, determinar el proyecto en ese aspecto, nosotros, por cambio de denominación establecíamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la "Dirección Nacional de Promoción Social y Desarrollo e Integración del Impedido", que tendría a su cargo, además de otras competencias que le atribuyera la reglamentación, "la coordinación y fiscalización del cumplimiento de los distintos fines y servicios previstos por esta ley", en todo el país. Nos parecía, entonces, que la entidad que se crea no era necesaria -vamos a votar que se disponga como está en el proyecto en examen, pero queremos dejar establecida nuestra opinión- que va a resultar ineficaz el funcionamiento de esa Comisión y, quizá, coadyuve contra la mejor o más rápida aplicación de la ley.

Creemos que el que elaboramos era el mejor sistema y se lo dijimos repetidas veces a los delegados o representantes de los impedidos. Pero además establecimos algo de lo que aquí se dispone, que no está totalmente precisado en la norma y que lo reclaman, también, aquellas entidades; es decir, que las empresas públicas y privadas concesionarias de servicios públicos para transporte colectivo de pasajeros sean obligadas a otorgarles carné de libre tránsito en toda la República y a adecuar las unidades para ese transporte a efectos de facilitar el ascenso a ellas y el descenso de las mismas. Esto se hace en todo el mundo; aquí es difícil ascender a un medio de transporte colectivo o descender de él, aún para aquellas personas que se consideran normales, y especialmente para las damas que usan, a veces, polleras muy ajustadas. Puedo exhibir decenas de comprobaciones instrumentales en ese aspecto. En todo el mundo civilizado o, por lo menos, en todo el mundo occidental, eso ocurre.

Se dice, también, que para la mejor y más cómoda ubicación de los impedidos, en esos medios de transporte siempre habrá, además, uno o más asientos reservados, todo ello en la forma que se determine expresamente para la mejor disposición y comodidad de aquellos.

Al final, agregábamos que cada Ministerio en cuanto le competa, proyectará en cada presupuesto la dotación necesaria para dar cumplimiento a los cometidos que le asigne la ley de que se trate.

Por otra parte, establecíamos una previsión que, es necesario tener en cuenta, porque, por los motivos expuestos, no puede estar contemplada ahora de manera expresa, aunque se tendría que incorporar, tal vez, en forma casi elíptica. Repito, es necesario -y lo reclaman las entidades de impedidos- que se establezca expresa y claramente en la norma, que se exoneran de los tributos -por ejemplo, del IMADUNI, de la tasa de movilización de bultos o de las tasas consulares, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Específico Interno y de los recargos a la importación, incluido el mínimo- la introducción al país de sillas de ruedas y de otros complementos que indicábamos en el artículo 26.

Todo eso hay que establecerlo o disponerlo, porque, de lo contrario, la normativa no tiene el valor que efectivamente debería tener.

Incluíamos, además, prótesis para caderas, prótesis para piernas ortopédicas completas o sus partes, prótesis de manos y brazos completas o sus partes, válvulas de hidrocefalia, audífonos para sordos, muletas, bastones canadienses, bastones para ciegos, andadores para impedidos y todo otro elemento que propenda a subsanar los impedimentos para la integración social o laboral de los sujetos a los que la ley refiere. Tendrá que poseer esa disposición carácter enunciativo y el Poder Ejecutivo podrá exonerar otros implementos de la misma naturaleza, atendiendo los fines contemplados en la norma de que se trate.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Dardo Ortiz). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Estoy escuchando atentamente la breve intervención del señor senador Cersósimo y en este aspecto deseo llamar la atención sobre lo siguiente.

La voluntad de la Comisión fue, estrictamente, la de exonerar todo impuesto a todos los objetos que el señor senador Cersósimo ha mencionado, inclusive, con una amplitud mayor. Aquí nos referimos a importación de aparatos médicos, prótesis, vehículos ortopédicos calificados para uso personal o ayudas técnicas para ser utilizadas por discapacitados o las instituciones encargadas de su atención. Es decir que, en realidad, está todo comprendido. Pero, ¿cuál es el problema? Que para establecer la exoneración necesitábamos una iniciativa del Poder Ejecutivo, que no existe. De manera que en la ley tenemos que facultar por adelantado al Poder Ejecutivo a que proceda a la exoneración dejando claramente establecido que la voluntad política unánime de la Comisión es que esas exoneraciones existan. Evidentemente, tendrá que ser el Poder Ejecutivo, mediante decretos, el que las ponga en vigencia ya que esta ley lo autoriza.

Muchas gracias, señor senador.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Flores Silva)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Sé que esto es así, señor senador, y creo haberlo dicho más de una vez. Naturalmente, que respecto del proyecto que presenté al Senado -y me estoy refiriendo a él porque forma parte del contexto de las iniciativas que se han traído al seno del Cuerpo, como formando parte, no digo de un todo único en su estructuración definitiva, sino como antecedentes, como elementos conformativos de la misma- tiene casi cinco años y no 15 días. De manera que hubo suficiente tiempo como para que se pidiera la iniciativa -es más, yo la reclamé repetidas veces- y que el Poder Ejecutivo la enviara. Si no se hizo ni una cosa ni la otra, no es culpa de quien habla sino de aquellos que puedan tener la responsabilidad en este caso. Digo que esto debió haber estado establecido en la norma: sin embargo, no lo está. Por lo tanto, hay un perjuicio evidente, para los destinatarios, que nosotros quisimos evitar de todas maneras.

Termino, señor Presidente, agradeciendo la prórroga que se ha dispuesto y presento excusas porque he querido hacer un poco el análisis de esta iniciativa y de la que nos pertenece respecto de cuyo contenido siento una enorme sensibilidad; en relación con esa especie vengo trabajando desde hace muchos años.

Me satisface plenamente que sea, precisamente, el Senado, hoy, el que apruebe este proyecto y que ello ocurra dentro del Decenio de los Impedidos -que como he dicho, abarca desde 1983 hasta 1992- pero me resultaría mucho más satisfactorio aún que hubieran podido acogerse muchas de las disposiciones que ahora no figuran en este proyecto y que formaron parte de nuestra iniciativa, que tanta falta hacen para que las personas destinatarias de ella tengan la debida adecuación en cuanto a los mecanismos legales -los llamo así porque no me gusta emplear en esta materia, y creo que tampoco a los impedidos les resulta grato, el término beneficios- que van a igualar sus responsabilidades, sus derechos y obligaciones con el resto de los integrantes de la sociedad.

Por ello es que termino estas palabras, después del análisis realizado en la iniciativa en trámite y de nuestro proyecto, repitiendo, también, en esta ocasión como epílogo, las palabras finales que empleamos en nuestra exposición de motivos, recordando la imperecedera expresión del ideario Artiguista: "Los más infelices serán los más privilegiados".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: deseo expresar unas breves palabras respecto de este proyecto de ley que es uno de los más importantes de la actual Legislatura.

El tema de los discapacitados puede llegar a nosotros de dos maneras: por tener en el círculo familiar alguna persona con carencias o que está contemplada por el artículo 2º de este proyecto de ley o a través del descubrimiento cuando, con curiosidad, uno procura conocer realmente a su país. En mi caso, he llegado de las dos maneras, por una persona en la familia con una carencia motriz y mediante visitas que he efectuado, en esa búsqueda por conocer el país real, a escuelas especiales, instituciones especializadas y clubes de personas con este tipo de carencias.

Acercarse a esta circunstancia, desde el punto de vista de nuestra filosofía cristiana y solidaria nacional, implica comprometernos a tratar de que estos compatriotas se incorporen a todas las actividades de la manera más natural posible. Empleo el término natural y no normal porque el término implica no sólo la voluntad del legislador de cumplir con los preceptos constitucionales de igualdad, sino que el resto de la población asuma que estas circunstancias que prójimos nuestros deben vivir son, simplemente, situaciones y que la sociedad entera debe pensarse a sí misma como una totalidad. Lo dramática es cuando la sociedad comienza a usar la legislación para separar y no para integrar.

Este proyecto, que considero muy bueno, cumple esa labor en forma integradora, es decir, disminuye al máximo las barreras que puedan separar, desde la consideración en las primeras etapas escolares, al niño con una carencia, hasta su incorporación al mercado laboral dentro de sus posibilidades.

Más allá de la comparación de los proyectos, estamos frente a una de las grandes leyes con contenido social que dejará esta Legislatura. Afecta a una gran cantidad de personas; todas ellas -en los casos con los que me ha tocado vincularme- dotadas de esa virtud, quizá la más grande que puede tener una persona, que es el coraje. Cuando uno observa un muchacho en su silla de ruedas transitando por la vía pública, tratando de subir un cordón que no cuenta con las rampas que tienen las ciudades más civilizadas para facilitarle ese movimiento, cuando uno ve que ese muchacho realiza deportes y que hay personas con todo tipo de carencias y discapacidades que se le animan a la vida, uno recibe, realmente, una lección de coraje y confianza en el ser humano.

Este proyecto ha sido estudiado suficientemente por la Comisión y como ocurre con el resto de las leyes, esperamos que sea cumplido. Me temo que alguno de sus aspectos muy casuísticos, como tantas veces ocurre en nuestro país -un país "legiferante" como alguien ha dicho, que legisla y luego se da vuelta, como si la ley por su sola aprobación tuviera el poder de solucionar los problemas- deberán ser seguidos muy de cerca. Estoy seguro que todas las asociaciones van a estar detrás de los futuros gobernantes para que ésta no sea solamente una ley que hoy aprueba el Senado y que luego la Cámara completará y que orgullosamente podremos exhibir en los congresos diciendo que el Uruguay ya tiene esta disposición. No; el Uruguay ya tiene la ley, pero luego deberá ocuparse de su cumplimiento. Esto no será fácil porque se trata de una norma de contenido ambicioso.

Es importante que una sociedad se fije en metas ambiciosas porque es una manera de estimular su propio sentido de excelencia. Pero no debemos olvidar que, como tantas cosas, nuestro país tiene una tendencia a vivir en el mundo del papel al que el país real muchas veces no se le aproxima demasiado.

Confiamos en que se comprenda el verdadero sentido de las políticas sociales que son preocupación nacional, que no van a depender de un resultado electoral, porque el sentido solidario está demasiado incrustado en el ser nacional. Por lo tanto, no podemos hacer hoy una distinción entre un resultado electora y el efectivo cumplimiento de políticas sociales, porque no es así. La nación, sea cual sea el desenlace de las próximas elecciones, tiene una conciencia colectiva que perdura, supera y subyace a todas las diferencias conceptuales de matiz ideológico que puedan tener las fuerzas en pugna. Hay una conciencia colectiva que se ha ido formando desde siempre y que no pertenece a nadie y, a la vez, pertenece a todos, y que, seguramente tratará de que esta legislación sea cumplida.

Pienso que era necesario decir esto porque, de lo contrario estaríamos ante una sensación de desesperanza sobre el futuro del país. Y como yo creo en un gran futuro de mi país y que después del acto electoral en el que vamos a enfrentarnos apasionadamente, encontraremos los ámbitos de coincidencia mayores que sea posible -que se van a reflejar no sólo en los campos tan empíricos y crudos de la economía, de la institucionalidad y de la reorganización del Estado, sino en hacer crecer al país en su espíritu solidario- no me cabe duda de que esta ley será instrumentada correctamente, en un alto porcentaje, sea quien sea el que ocupe la titularidad del Gobierno.

En todas partes del mundo el movimiento a favor de los discapacitados ha demostrado que la humanidad -a la que si tomáramos un examen encontraríamos cada vez con mayores falencias, cada vez más llena de aspectos negativos y perturbada por el espíritu del mal, que parece señalar la culminación de los tiempos- rescata, entre otros temas, la protección del medio ambiente y la idea de que vivimos embarcados en una sola biósfera. La comprensión de estos fenómenos de carácter humano hace que en lugar de ocultarnos e introducirlos en un concepto de conmiseración, los incorporemos al torrente de la vida para que, allí, prueben que son formas de vida que la Divina Providencia ha calificado de una manera particular, pero que integran la humanidad.

Este ha sido un gran adelanto internacional y quienes hemos tenido oportunidad de conocer las ciudades que facilitan el transporte y el traslado, los eventos deportivos, que facilitan la vida y la educación a través de toda una metodología a estos jóvenes, a estos seres humanos, debemos reconocer que son un ejemplo de que en medio de las cosas que andan mal, hay aspectos que rescatan todavía la luz dentro de las tinieblas.

Creo que todos nosotros, legisladores y gobernantes, debemos dar particular atención a tres segmentos de la sociedad. Por supuesto que debemos atender toda la sociedad, pero si tuviéramos que realizar una descripción acerca de quienes deben sentir más la caricia del cuerpo social, diríamos que son los que están en el amanecer de la vida, es decir, la minoridad; quienes se encuentran en el atardecer de la vida, o la ancianidad; y quienes están en la sombra de la vida, es decir, los que no tienen todas sus facultades físicas y no pueden integrarse plenamente al conjunto social.

Repito, pues, señor Presidente, que esta es una buena ley y que hoy el Senado ha realizado una sesión provechosa -o la realizará si llega a la aprobación de esta norma- y me permito sugerir que cuando se proceda a la votación, se lo haga por capítulo. Creo que más allá de alguna observación, quienes han trabajado en este proyecto de ley -no he sido yo y no pretendo vestirme con títulos ajenos- pueden coincidir en que sea votado por capítulos y de esa manera asegurar que sea enviado prontamente a la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: pensábamos hacer una exposición sobre el tema de cierta extensión, pero evidentemente, a esta altura del debate, de muy poca novedad con respecto a lo ya dicho. Además, el tiempo acucia y estamos con un quórum, no digo vacilante, pero sí peligroso para la aprobación de una ley que todos consideramos importante.

Por tanto el mejor homenaje que puedo hacer y la mejor expresión de nuestra voluntad de aprobar este tipo de normas es dejar sentado simplemente con estos conceptos, nuestro apoyo al proyecto que tenemos en consideración, en procura de que el mismo sea votado de inmediato.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: a manera de fundamento anticipado de voto, quiere decir que con la aprobación de este proyecto de ley el Senado salda una vieja deuda, no con los sectores interesados en su sanción, sino con la sociedad y con su propia conciencia.

Lamentamos realmente que el momento de la aprobación no permita disponer algunas medidas complementarias que creo que hubieran contribuido a crear una ley, en nuestro concepto, mejor. De cualquier manera, se aporta a nuestro Derecho Positivo un progreso importante.

Aspiramos -sin duda alguna es el deseo de todo el Senado- a que ese progreso se haga efectiva realidad en la vida social del país.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: también a manera de fundamento anticipado de voto, quiero señalar que nos congratulamos de que el Senado tenga hoy en consideración este proyecto de ley, que aprobará con el acuerdo de todas las bancadas.

Teniendo en cuenta la necesidad de que esta legislación entre en vigencia lo más rápidamente posible, no vamos a aportar -como hubiéramos querido hacerlo- las sugerencias y opiniones que hemos recogido del Plenario Nacional de Organizaciones del Impedido y de la Comisión de Padres Pro-Ley del Impedido. Esas sugerencias o modificaciones quizá hubieran mejorado el texto.

Hemos consultado con los señores senadores que han trabajado en este tema, y sabemos que ha habido acuerdo en cuanto al texto tal como ha sido presentado, salvo alguna modificación de detalle, siguiendo el criterio de que dicho acuerdo facilitará su rápida aprobación en la Cámara de Representantes. Tendremos, al menos, una ley marco a partir de la cual pueda profundizarse el trabajo legislativo en beneficio de este importante sector de nuestra sociedad que recién ahora, después de muchos años, va a recoger los aportes de una legislación que no sólo los proteja sino que también contribuya a su rehabilitación.

De esta manera, el país se pondrá por lo menos en camino hacia el tratamiento de los problemas del impedido, tal como lo hacen los países desarrollados. Habrá que disponer de importante recursos para que esta ley efectivamente materialice lo que son, en muchas de sus disposiciones, estructuras marco o iniciativas que la reglamentación necesariamente tendrá que contribuir a perfeccionar.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: quiero hacer una aclaración, que considero pertinente, antes de entrar a la discusión particular del proyecto.

Cuando la Comisión realizó el trabajo de compendiar lo que podía votarse de las diversas iniciativas que tuvo a consideración, remitió ese trabajo a las distintas organizaciones que asocian a los discapacitados del país. Ellas nos hicieron llegar una serie de sugerencias; por ejemplo, en la tarde de ayer recibimos, en nuestros despachos, un texto de cuatro carillas que pertenece al Plenario Nacional de Organizaciones del Impedido, que consideramos en Comisión en la mañana de hoy. Al analizar, nos dimos cuenta de que en esas observaciones se incurre en el mismo error en que se había caído con la redacción del proyecto original; es decir, lo hacían demasiado extenso y detallista, incluyendo aspectos que corresponden específicamente a la reglamentación.

Todas esas observaciones tienen que ver con la reglamentación de la ley. Hago esta aclaración, para que los señores senadores la tengan en cuenta en el momento de considerarse artículo por artículo o capítulo por capítulo. Como muy bien señaló el señor senador Gargano -nosotros lo habíamos dicho anteriormente- esta es una ley marco, que traza las líneas generales de una acción que habrá de complementar legislativamente en el futuro inmediato, pero que no puede entrar en los detalles de este tipo de observaciones que se nos han formulado, que son todas -o casi todas- atinadas, pero que desde nuestro punto de vista -así lo consideramos en la Comisión en la mañana de hoy- son más bien materia de la reglamentación y no de inclusión en el texto que nos ocupa.

La Comisión aceptaría, en cambio, una pequeña modificación en el título de la ley. En lugar de "Ley de equiparación de oportunidades para los discapacitados", diríamos: "Ley de equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas", que es además la expresión que se usa en el artículo 1º cuando se define el objetivo de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A modo de fundamento de voto, quiero destacar la sensibilidad demostrada por el Senado de la República ante un proyecto de esta naturaleza y la importancia de la modernización de las ideas, que contribuyen a colocar a las personas discapacitadas en una situación de integración con la sociedad y no de segregación.

En discusión particular.

De acuerdo con lo que se ha propuesto, se considerará capítulo por capítulo, salvo que algún señor senador desee referirse a algún artículo en particular.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor Presidente?

Quería precisamente señalar que si bien se considerará capítulo por capítulo, entiendo que queda abierta la posibilidad de observar cualquier artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Así es.

Léase el Capítulo I "Normas generales", que comprende los artículos 1º a 9º, inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO I

Artículo 1º. Objeto de la ley. Establécese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente, al que ejercen las demás personas.

Art. 2º. Concepto de discapacidad. Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Art. 3º. Concepto de prevención. Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas o mentales o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Art. 4º. Concepto de rehabilitación. Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible, de capacitación y de integración social de los discapacitados, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional, la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que los discapacitados puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Art. 5º. Derechos. Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de los discapacitados serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamados por las Naciones Unidas con fecha 9 de diciembre de 1975 y 20 de diciembre de 1971, respectivamente.

Los discapacitados gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

a) al respeto a su dignidad humana, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias;

b) a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible;

c) a la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía;

d) a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social; a la educación, formación y readaptación profesionales y a su colocación laboral;

e) a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso;

f) a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto;

g) a ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante;

h) a contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.

Art. 6º. Amparo del Estado. El Estado prestará a los discapacitados el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente.

1º) a las personas de quienes ellos dependan o están a su cuidado;

2º) a las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas impedidas;

3º) a las instituciones privadas con personería jurídica que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

Art. 7º. - El Estado velará permanentemente por prevenir la discapacidad cualquiera sea el tipo de ella y fomentará los programas encaminados a erradicar las deficiencias e incapacidades susceptibles de evitarse.

Art. 8º. Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas discapacitadas.

Art. 9º. La amplitud de las medidas que se adopten en relación a los impedidos, será ajustada en todos los casos, a la naturaleza y al grado del impedimento".

-En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En primer lugar, quiero hacer una observación de carácter general.

Las palabras "discapacitado" y "discapacidad" no existen en el diccionario de la Real Academia. Han sido adaptadas de la expresión inglesa "disability". Es decir, como una forma más de ese colonialismo que tenemos en el lenguaje respecto del idioma sajón.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Apoyado.

SEÑOR ORTIZ. - De manera que dichos términos no quieren decir nada en español. Los españoles emplean la palabra "minusválido" en lugar de "discapacitado".

Por otra parte, en el inciso h) del artículo 5º se dice: "a contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica" etcétera. Me parece que con decir "asistencia letrada" ya es suficiente. Además, es la expresión que empleamos en todas las leyes que se refieren al tema. Asimismo, en dicho inciso h) se dice: "si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo", etcétera. Entiendo que poner en duda que los procedimientos judiciales de nuestro país sean justos no cabe en un texto legal. De manera que considero que debería suprimirse el término "justo"; en todo caso, podría ponerse en su lugar la palabra "adecuado", diciéndose: "procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales".

En el numeral 1º del artículo 6º se dice que dicho amparo se hará extensivo además a las personas de quienes ellos dependan o están a su cuidado. Esta redacción me resulta anfibiológica porque ¿quién está al cuidado de quién? A mi juicio debería establecerse lo siguiente: "a las personas de quienes ellos dependan" -es decir, los incapacitados- "o a cuyo cuidado estén". Insisto en que la expresión utilizada en este artículo no resulta muy clara.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - El PLENADI propone que se agregue al artículo 3º la palabra "sensoriales". En esta disposición se establece que prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas o mentales. Este organismo sugiere el agregado del vocablo "sensoriales" para adaptarse a la definición del Programa de Acción Mundial para los Impedidos.

Considero que nada obsta a que se proceda a realizar ese agregado porque, además, de esa forma se amplía el concepto. En consecuencia, podría hablarse de discapacidades físicas, sensoriales o mentales.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Quiero señalar que en Comisión hemos tenido extremo cuidado en no convertir este proyecto en un tratado médico propio de otro ambiente. En este texto simplemente se establecen definiciones de carácter global, útiles a los fines que se persiguen con la aplicación de este proyecto.

Tal como se ha sugerido la inclusión de la palabra "sensorial", podríamos proponer que se agregara el vocablo "emocional". También podríamos referirnos a algún otro aspecto a fin de lograr expresar mejor el hecho utilizando la precisión terminológica científico-médica.

De todas maneras, consideramos que al referirnos a discapacidades físicas o mentales, estamos abarcando la integridad de discapacidades que puede tener el ser humano en los planos intelectual, físico, emotivo, etcétera. Por consiguiente, si agregamos términos a fin de lograr una mayor precisión, incurriremos en el hecho que hemos querido eliminar: éste no es un tratado médico respecto a la problemática que estamos considerando. Se trata, reitero, de un proyecto que aporta algunas definiciones del ser humano y que comprende todos sus aspectos: emotivos, sensoriales, etcétera. ¿Qué diferencia existe entre la emoción y la percepción? Lo sensorial es una percepción de carácter intelectual.

Pienso que al realizar estos agregados nos estamos adentrando en un campo que nos puede llevar a una infructuosa disquisición analítica. Considero que es posible que al entrar a calificar lo sensorial -que es lo que se percibe a través de los sentidos- abandonemos otros aspectos del ser humano, como las emociones, que no se integran directamente dentro de lo sensorial.

En síntesis, ésta es una explicación de por qué -a pesar de oponerme- no nos parece conveniente realizar el agregado propuesto. La Comisión entendió que se trataba de aspectos que podían perfeccionar el texto pero que dejaban de lado otros hechos porque al caer en los detalles se podía perder la visión total del concepto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Considero que la explicación que ha brindado el miembro informante, señor senador Tourné, en cierto sentido hace innecesaria la incorporación de la palabra "sensoriales" en la medida en que, en los términos "físicas o mentales", están comprendidas las distintas variantes de esas incapacidades.

En consecuencia, reitero mi solicitud pues creo que ha quedado igualmente muy clarificado el problema por medio del planteo formulado por el señor senador Tourné. Asimismo, adelanto que en lo que tiene que ver con los capítulos siguientes, me voy a limitar a dar mi voto al texto tal como viene porque, de lo contrario, corremos el riesgo de que por hacerlo demasiado perfecto, el Senado pueda quedar sin número, lo que sería la peor de las soluciones.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - El señor senador Ortiz se referirá al empleo de la palabra "discapacidad", pero no hace cuestión al respecto. Luego, realizó dos observaciones concretas. Por un lado, propuso la eliminación del vocablo "justo", en el entendido de que esa es una característica que integra lo que podríamos llamar la base de principios de carácter general relativos a los procedimientos judiciales. Creo que los demás integrantes de la Comisión no tienen inconveniente en proceder a la eliminación de dicho término.

Por otra parte, se refirió al alcance del numeral 1º) del artículo 6º. Me parece que la redacción propuesta por el señor senador, es decir, la que establece "a las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén", precisa de mejor manera la intención de la disposición, por lo que la Comisión la acepta.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Voy a incursionar en la propuesta que había formulado anteriormente y que acaba de reiterar el señor senador Batalla.

Considero que la incorporación de la palabra "sensoriales" tiene por objeto encuadrar este texto dentro de lo que es el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En todos los países del mundo se utiliza la descripción de impedidos o minusválidos físicos, mentales o sensoriales. Nos parece que se trata de algo elemental y simplemente consiste en agregar una palabra para encuadrar toda esta norma dentro de la terminología general y del marco mundial.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El literal g) del artículo 5º expresa "a ser protegido" -está hablando de los derechos de los minusválidos- "contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio". Considero que la palabra "discriminatorio" debe abarcar no solamente al trato sino a la reglamentación, porque si ésta no es discriminatoria, la norma carece de sentido. Entonces, debe emplearse el término "discriminatorios", a fin de cubrir las dos palabras.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa señala que hay dos aspectos relativos a este Capítulo que aún no han sido dilucidados: por un lado, el agregado de la palabra "sensoriales", que ha dejado sin efecto el señor senador Batalla, pero que ha replanteado el señor senador Gargano y, por otro, el empleo del término "minusválidos" en lugar de "discapacitados" que ha formulado el señor senador Ortiz pero sobre el que no ha hecho cuestión.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que en la medida en que existen algunas observaciones del señor senador Ortiz que han sido aceptadas por los integrantes de la Comisión y otras que no lo han sido, corresponde en primer término, de acuerdo con el Reglamento, votar el texto tal como ha sido aprobado en la Comisión y con las modificaciones aceptadas en Sala, para luego someter a votación las modificaciones que no fueron aceptadas en caso de que resultara negativa la votación previa.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa entiende que salvo la moción para que se agregue el término "sensoriales", todas las demás modificaciones han sido aceptadas.

Las modificaciones propuestas son las siguientes: poner la palabra "discriminatorio" en plural en el literal g) del artículo 5º; en el mismo artículo, pero en el literal h) eliminar, en el primer renglón, la palabra "jurídica" y sustituir la frase final por la siguiente: "Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales".

Además, el numeral 1º del artículo 6º quedaría redactado de la siguiente forma: "a las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén".

Se va a votar el Capítulo 1º, con las correcciones que han sido aceptadas.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habría que dilucidar si se mantiene la palabra "discapacitados" en el título de la ley o si se sustituye por "minusválidos".

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - La Comisión sostiene que en la legislación comparada normalmente se han manejado tres conceptos: "discapacitado", "minusválido" e "impedido". Se optó por el término "discapacitados" porque la palabra ha sido aceptada en la legislación comparada de origen latino y porque tiene un alcance prácticamente general. Pero si el Senado considera que es mejor utilizar las palabras "minusválidos" o "impedidos", la Comisión no tiene inconveniente en aceptarlas. Señalamos sin embargo, que consideramos correcto el significado del término utilizado, a pesar de la circunstancia -y la objeción- de que no figure en el diccionario de la Real Academia.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Al no haberse presentado ninguna moción solicitando el cambio del término, el título queda como está.

El señor senador Gargano formuló una moción en el sentido de incluir la palabra "sensoriales" en el artículo 3º. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Concepto de prevención. - Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas, sensoriales o mentales o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 19. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Léase el Capítulo II "Creación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado", "Sus cometidos" que comprende los artículos 10 a 14 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO II
CREACION DE LA COMISION NACIONAL HONORARIA DEL DISCAPACITADO
SUS COMETIDOS

Artículo 10. Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

Por el Ministro de Salud Pública, que será su Presidente, o

un delegado del mismo, que tendrá igual función;

un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

un delegado de la Facultad de Medicina;

un delegado del CODICEN;

un delegado del Congreso de Intendentes;

un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada 5 años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso, con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Art. 11. Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social del discapacitado, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse a los fines establecidos en esta ley.

Art. 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá específicamente:

a) estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales, todas las medidas necesarias para implementar la finalidad de esta ley;

b) apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas;

c) estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia;

d) elaborar un Proyecto de Reglamentación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de 180 días para su aprobación.

Art. 13. En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá;

un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

un delegado del CODICEN;

un delegado de la Intendencia Municipal;

dos delegados de las Organizaciones de Discapacitados del departamento.

Podrán existir también Comisiones Regionales y Subcomisiones locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria y las Comisiones Departamentales Honorarias.

Art. 14. Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1º) implementar la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado;

2º) evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto;

3º) ejecutar las demás actividades que por reglamentación se les confiere".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: en el artículo 10, que habla de la integración de la Comisión Honoraria del Discapacitado, dice: "Por el Ministro de Salud Pública, que será su Presidente, o un delegado del mismo". La palabra "mismo" no corresponde porque no es pronombre. Habría que decir: "un delegado de él, que tendrá igual función". Más abajo dice que la Comisión tendrá personería jurídica, y éste es un punto muy discutible, porque no es un organismo desconcentrado. No creo que tenga personería jurídica porque, además, sus funciones son las de proyectar, asesorar, estimular, todas ellas características de la ausencia de personería. No sé si es desconcentrado o, simplemente, centralizado, o qué carácter jurídico tiene este organismo.

En el literal a) del artículo 12 dice "implementar", que es otra palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia, y que se repite en el artículo 14. Este verbo no existe. Figura la palabra "implemento", que significa "accesorio", etcétera, y que no tiene nada que ver con lo que se quiere decir con ese verbo.

En fin; estas observaciones que acabo de formular, la más importante es la que se refiere a la personería jurídica.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: a raíz de la necesidad de crear un centro administrativo con los cometidos y facultades que se establecen en el proyecto de ley, se tuvieron en cuenta dos o tres opciones. En primer lugar, la creación de una mera Comisión Asesora, con integración y participación plural, dependiente de algún Ministerio. En segundo término, la creación de una persona pública no estatal, solución recogida en algunos de los proyectos. Por último, se dejaba a cargo de un Ministerio en concreto o de los Ministerios, la estructuración de las actividades. Esta solución figuraba en uno de los proyectos que establecía, simplemente, las políticas de carácter general a aplicar; no preveía el funcionamiento de oficina alguna y la instrumentación quedaba a cargo de las autoridades públicas competentes.

En el país tenemos un ejemplo que ha cumplido con una larga trayectoria: la Liga Antituberculosa. Se creó dentro de la estructura del Ministerio de Salud Púbilca, con integración plural y múltiple de otros Ministerios y de distintos centros y organizaciones privadas y fue calificada de persona jurídica sin que se presentaran problemas en el curso de su ya larga vida. Esta calificación ahora se hace necesaria para una mejor precisión jurídica. Ahora se cuestiona si es concentrada, si tiene un grado de descentralización que la coloque en el plano de una organización con esas características o si se trata de una persona pública no estatal, etcétera.

La Comisión entendió que se satisfacían las necesidades, desde el punto de vista de la estructura, basándose en la experiencia recogida en el país. La Liga Antituberculosa se insertó sin problemas en la estructura estatal y con respecto a su naturaleza no surgieron polémicas. Por eso nos pareció útil reproducir y recoger esta legislación que es de los años 40 ó 50.

Indudablemente se trata de una persona jurídica desconcentrada. Está en su naturaleza. Tiene un grado de desconcentración; no es una persona pública descentralizada; es una persona pública desconcentrada, es decir que tiene un grado de autonomía en su funcionamiento sin perjuicio de estar dentro de la órbita de un Ministerio.

No quisimos que la ley definiera, pero el hecho real, el análisis jurídico revela que estamos ante un grado de desconcentración del servicio que no llega, digamos, ni a la amplitud de un servicio descentralizado, ni se pasa a transformar una persona jurídica, sino que está dentro de los mecanismos, de la estructura, de la pirámide que puede representar en la Administración el Ministerio de Salud Pública.

Esas son razones que inspiraron a la Comisión para dar una respuesta.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Como el señor senador Aguirre no está presente, y él hubiera dicho una vez más que los Ministerios no tienen órbita, cumplo con el deber de decir que habría que cambiar ese término. Creo que tendríamos que poner "como Organismo del Ministerio de Salud Pública", suprimiendo "que funcionará en la órbita".

SEÑOR ORTIZ. - Que funcionará en la jurisdicción del Ministerio.

SEÑOR TOURNE. - Acepto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - De modo que se propone sustituir la palabra "órbita" por "jurisdicción".

SEÑOR ORTIZ. - Me parece que la palabra "implementar" no corresponde.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Voy a hablar casi telegráficamente para no interferir en el rápido trámite de aprobación de este proyecto.

Deseo poner énfasis en la observación que hizo el señor senador Ortiz con respecto a la personería jurídica. La propia Comisión, a través de las expresiones del señor senador Tourné, está admitiendo que va a actuar en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública. Entonces, es de toda evidencia que no puede tener personería jurídica; ésta la tiene el Estado y en este caso el Ministerio de Salud Pública, pero no la Comisión. Habría que modificar el inciso final diciendo que la Comisión tendrá su domicilio legal en Montevideo, aunque no es absolutamente indispensable por cuanto el Ministerio ya lo tiene en esta ciudad. De modo que es evidente que la Comisión no puede tener personería jurídica.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - No sé si la Comisión está atenta a la sugerencia que hizo el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Voy a emitir un juicio personal. No he consultado detenidamente el planteo que hizo el señor senador Fá Robaina con mis compañeros de Comisión, pero quiero manifestar que no encuentro que exista razón alguna que impida que tenga personería jurídica. Actuando dentro de la jurisdicción del Ministerio, se crea un Organismo que tiene determinadas facultades, que le generan una vida propia, con cometidos específicos. Simplemente se la vincula a la estructura administrativa del país. Dijimos que creíamos que no debía ser una persona pública no estatal por cuanto eso lo desvincularía de la pirámide administrativa y sabemos que es el Estado el que implementa las políticas en esta materia y que se trata, fundamentalmente, de establecer un órgano coordinador a través del Ministerio de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, del de Salud Pública, de los Entes y Organismos de Enseñanza, etcétera, donde está básicamente toda la estructura del Estado y nos parecería que no debíamos convertirla en una persona pública no estatal desvinculada totalmente del Estado. Tiene que insertarse dentro de él. Son políticas que el Estado lleva.

Lo hicimos en la estructura del Ministerio de Salud Pública y pregunto: ¿qué inconveniente hay de que sea una persona jurídica lo que simplemente implica un grado de desconcentración administrativa. Actúa en jurisdicción del Ministerio de Salud Pública en cumplimiento de cometidos propios. No vemos que sea incompatible ni que signifique un rompimiento del esquema administrativo del país, el de darle la condición de persona jurídica a esta Comisión, en la misma forma que la tuvo la Comisión de Lucha Antituberculosa. Esta lo sigue siendo hasta ahora sin que ello generase planteos polémicos de ninguna especie. Entonces, ¿qué razón nos lleva a que ahora no apliquemos el sistema que tiene cuarenta años de pacífico funcionamiento en el país?

Por eso sostengo que, de alguna manera, no es incompatible actuar dentro de la jurisdicción de un Ministerio. Hay un grado de desconcentración que fija la ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En principio, para cumplir con la modificación a este Capítulo, estaría planteada la sustitución, en el inciso primero del artículo 10, de la palabra "órbita" por "jurisdicción". Luego habría que poner "un delegado de él que tendrá igual función", dos renglones más abajo.

También está la expresión "implementar" que cuestiona el señor senador Ortiz que figura en los artículos 12 y 14. La Secretaría sugería sustituirla por...

SEÑOR TOURNE. - Por promover.

SEÑOR ORTIZ. - Yo sugiero poner "hacer efectiva la aplicación de esa ley".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Pondríamos, entonces, "hacer efectiva la aplicación de esta ley" al final del inciso a) del artículo 12.

El artículo 14, luego de "los siguientes cometidos" diría: 1) hacer efectiva la aplicación de los programas formulados".

En mi opinión, el Diccionario de la Real Academia no dice lo que se puede expresar y lo que no, sino que recoge a posteriori la evolución de la lengua y no siempre lo que no está allí está mál. Naturalmente, no vamos a hacer cuestión sobre este punto. Las palabras que surgen de modo concreto luego toman cierto cariz más abstracto, como la palabra "órbita".

SEÑOR ORTIZ. - Las nuevas palabras las van formando los grandes poetas o los escritores y no los modestos senadores. De manera que nosotros tenemos que guiarnos por las que están vigentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La discusión es algo larga, señor senador, pero tampoco los poetas la desarrollan, sino que las van formando la gente común y corriente, que es la que le da vigor y vigencia a la lengua, en la medida que se entiende. Esta discusión seguramente será apasionante para todo el mundo, salvo para la gente que está esperando que la ley se promueva.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones propuestas el Capítulo II.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo III, "Políticas Especiales" que comprende los artículos 15 a 18 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO III
POLITICAS ESPECIALES

Artículo 15. La protección del discapacitado de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a la salud, educación, seguridad social y trabajo.

Art. 16. El Estado prestará asistencia coordinada a los discapacitados, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que se refiere en los numerales subsiguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) atención médica, psicológica y social;

B) rehabilitación integral;

C) régimen especial de seguridad social;

D) programa de educación especial;

E) formación laboral o profesional;

F) prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual;

G) transporte público;

H) formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación;

I) estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo;

J) programas educativos de y para la comunidad en favor de los discapacitados;

K) adecuación urbana y edilicia.

Art. 17. - Se creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1- información sobre los derechos de los discapacitados y de los medios de rehabilitación;

2- orientación terapéutica, educacional o laboral;

3- información sobre mercado de trabajo;

4- orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Art. 18. - Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de esta ley, quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El artículo 16 dice: "... o todos los beneficios a que se refiere en los numerales subsiguientes..." y no se trata de numerales sino de literales. Además dice: "los numerales subsiguientes" y debe decir "los numerales siguientes", porque subsiguiente es el siguiente al siguiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo IV, "Modificación a normas de constitución del bien de familia y derecho de habitación", que comprende los artículos 19 a 23 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO IV
MODIFICACION A NORMAS DE CONSTITUCION DEL BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

Artículo 19. - Podrá constituirse el bien de familia en favor de un hijo discapacitado, y por todo el tiempo que persista la discapacidad, y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble.

El inmueble debe ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Toda persona capaz de contratar puede constituir en bien de familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente ley. El emancipado o habilitado requerirá autorización judicial".

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 6º inciso C) del Decreto-Ley Nº 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Por el cónyuge sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al apartado b) artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.597".

Art. 22. - El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto, cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Art. 23. - El ex cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales, que tenga la tenencia de un discapacitado o la curatela en su caso, podrá solicitar para el discapacitado el derecho real de habitación sobre el bien propio del otro cónyuge o padre o madre natural del incapaz en su caso; hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales del incapaz se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al inciso B) del artículo 6º del Decreto-Ley número 15.597".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En el artículo 19, inciso 2º, la expresión resulta equívoca porque dice: "El inmueble debe ser la casa-habitación habitual del beneficiario". ¿Qué quiere decir debe ser?; ¿qué es para el futuro? En ese caso tendría que decir: "Deberá ser". Si es para el pasado, tendría que decir: "Deberá haber sido la casa-habitación". No sé cuál es el sentido exacto.

Además, cuando dice: "casa-habitación habitual del beneficiario", me da la impresión de que la palabra "habitual" es superflua porque la habitación es siempre habitual, sobre todo en el sentido que aquí se le da en la ley. Lo fundamental es lo otro, es decir que la expresión "debe ser", me parece un poco equívoca.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - El alcance preciso de esto está dado en el sentido de que debe ser el lugar donde habita o donde vive el discapacitado. Es decir, que debe ser la casa habitual, el lugar donde mora, donde reside, donde está él con su familia. No digo de que lo haya sido siempre, pero que sea en el momento de constituirse el bien de familia, debe expresar la realidad de que en ese lugar reside, vive, se domicilia, cumple su residencia el discapacitado junto a su familia, a sus padres.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flors Silva). - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Tendría que decir "deberá ser"; es decir, que a partir del momento ese, y en lo sucesivo, tendrá que ser la casa-habitación, a partir del momento en que se constituya en bien de familia.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo V, "Políticas Sociales", que comprende los artículos 24 a 28 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO V
POLITICAS SOCIALES

Artículo 24. - La asistencia social integrará todos los planes de atención de la salud de los discapacitados.

Art. 25. - La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública, auspiciarán la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental.

Se investigarán igualmente los factores sociales que facultan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos y/o eliminarlos.

Art. 26. - Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación del discapacitado, su familia y la comunidad.

Art. 27. - Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban los discapacitados, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Art. 28. - Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de discapacitados en el proceso de rehabilitación integral de los mismos, y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El artículo 25 está hablando de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Tendría que decir: "Auspiciará", porque es singular, porque la que auspicia es la Comisión Nacional, con el asesoramiento o el apoyo de los Ministerios.

En ese mismo artículo, en su inciso final, dice "y/o", que no corresponde porque no es castellano. Habría que decir: "y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos".

En el artículo 28, en el penúltimo renglón dice: "rehabilitación integral de los mismos". También está mal porque no es pronombre, debería decir "de éstos", porque está hablando de los discapacitados.

SEÑOR TOURNE. - La Comisión acepta las modificaciones propuestas.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Deseo proponer que se agregue en el artículo 25, donde dice "La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura y Salud Pública", a la Universidad de la República, que tiene todas las áreas de investigación científica en torno a las afecciones que padecen los minusválidos, y tiene que prestar colaboración a los efectos de llevar adelante la investigación científica, sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico.

SEÑOR TOURNE. - La Comisión acepta el agregado propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo V con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo VI, "Salud", que comprende los artículos 29 a 32 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO VI
SALUD

Artículo 29. - La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Art. 30. El Estado apoyará y contribuirá a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

A) Promoción y educación para la salud física y mental.

B) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

C) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

D) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

E) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

F) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

G) Lucha contra el uso indebido de las drogas y el alcohol.

H) Asistencia social oportuna a la familia.

I) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

J) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horario de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

K) Control de los productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

L) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de seguridad.

Art. 31. - El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional:

A) desarrollará dentro de su Programa de Rehabilitación Médica un subprograma a través del cual se habiliten en los hospitales de su jurisdicción, considerando su grado de complejidad y área de influencia, servicios especializados de rehabilitación médica, destinados a las personas discapacitadas;

B) creará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión;

C) promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento;

D) coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada, en el Programa Nacional de Rehabilitación Integral.

Las instituciones de asistencia médica colectivizada, nacionales o privadas, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia, a las personas amparadas en esta ley;

E) ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacitado físico o mental. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de esta ley;

F) certificará la existencia del impedimento, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente el impedimento en todos los casos en que sea necesario invocarlo.

Art. 32. - Todo discapacitado tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida normal en la sociedad".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo VII "Educación" que comprende los artículos 33 a 40 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO VII
EDUCACION

Artículo 33. - El Ministerio de Educación y Cultura facilitará y suministrará al discapacitado en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Art. 34. - Los discapacitados deberán integrarse con los no discapacitados en los cursos curriculares, desde la educación preescolar en adelante, siempre que esta integración les sea beneficiosa en todos los aspectos.

Si fuera necesario se les brindará enseñanza especial complementaria en establecimientos de enseñanza común, con los apoyos y complementos adecuados. En aquellos casos en que el tipo o grado de la discapacidad lo requiera, la enseñanza se impartirá en centros educativos especiales, por maestros especializados en la materia.

Los programas se adaptarán a la situación particular de los discapacitados.

Art. 35. - Los discapacitados se beneficiarán del derecho a la educación general, reeducación y formación profesional adecuada.

Art. 36. - A los discapacitados cuya incapacidad de iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria haya quedado debidamente comprobada, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, las Escuelas Especiales contarán con Talleres de Habilitación Ocupacional atendidos por profesores competentes y equipados en forma adecuada.

Art. 37. - Se facilitará a todo discapacitado que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Art. 38. - El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación incluirá en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Art. 39. - Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Art. 40. - Los centros de recreación, deportivos o sociales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por esta ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Advierto en este capítulo que tanto en el artículo 34, inciso 2º, donde dice: "se le brindará enseñanza especial" como en el artículo 38 que expresa: "El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación incluirá en los temarios...", no se tiene en cuenta que los programas los establece el CODICEN, no el Ministerio de Educación y Cultura. La Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, dice que compete al Consejo Directivo Central, establecer la orientación general a que deberán ajustarse los planes y programas de estudios primarios, secundarios y de la educación técnico profesional y también aprobar los planes de estudio proyectados por los Consejos Desconcentrados. Me da la impresión de que se prescinde de la intervención, nada menos, que del organismo especializado en materia de enseñanza y con competencia en el tema. En cambio, el Ministerio de Educación y Cultura, en materia de planes de enseñanza, no tiene mayor intervención.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Reconocemos que la observación del señor senador Ortiz atiende a la realidad de nuestro sistema institucional y a la autonomía técnica del CODICEN y de los entes de enseñanza, al punto de que en oportunidad en que comparecen las autoridades del CODICEN en la Comisión, señalan expresamente que dentro de su campo de autonomía queda librada esta materia.

Para nosotros no resulta indiferente que el Estado auspicie políticas de este carácter. El objetivo es atribuir al Ministerio de Educación y Cultura la tarea de rector de la cultura en el país. El fin es que por esa vía se haga la promoción o la implementación. Pero, tratándose de que la observación es real y ante la eventualidad de que se lesione el campo de autonomía del ente, personalmente, propondría que se diga: "El Ministerio promoverá la aplicación de estos programas. De esta forma trazamos una directiva de carácter político que será promovida y puede o no ser aceptada de acuerdo con las facultades que tengan los Entes Autónomos en virtud de lo que establece la Constitución.

De todas formas, si lo que se desea es atender una observación de carácter constitucional, simplemente, bastaría con agregar al artículo mencionado por el señor senador Ortiz que "promoverá al Ministerio de Educación y Cultura tales orientaciones". Es posible hacer esto porque estamos ante una política de carácter general.

SEÑOR ORTIZ. - En consecuencia, la redacción sería: "El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación promoverá la inclusión en los temarios.."

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Mesa desea saber si esto no está en cierta forma incluido en el artículo 34 en el cual sin invocar directamente al Ministerio de Educación y Cultura se disponen algunas normas referentes a la especificidad de la enseñanza que podrían afectar la autonomía del CODICEN.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Indudablemente, señor Presidente, nos estamos manejando en un campo marginal en el que se establecen cometidos atribuidos a determinados centros de decisión sobre la cultura y la enseñanza, como es el caso concreto de los entes de educación que tienen su ámbito propio.

Por otra parte, la ley está autorizada por la propia Constitución a fijar normas con carácter general. Personalmente no intervenimos sobre la modalidad de los planes ni la forma en que éstos se instrumentarán ya que esto es competencia de los entes. Consideramos que la orientación debe estar dirigida a trazar medidas de carácter general que respeten las decisiones de los Entes Autónomos pero, al mismo tiempo, se debe ejercitar el derecho que tenemos como legisladores para fijar los parámetros que a nuestro juicio deben guiar la educación del país en esta materia. Indudablemente, esto es perfectamente constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Evidentemente la única modificación que se ha realizado en este Capítulo es la que se introduce en el segundo renglón del artículo 38 donde en lugar de "incluirá" deberá decir "promoverá la inclusión".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VII, "Educación".

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo VIII "Trabajo" que comprende los artículos 41 a 48 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO VIII
TRABAJO

Artículo 41. - La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todos los discapacitados, según su vocación, posibilidades y necesidades; y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Art. 42. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición.

Art. 43. - Siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los impedidos que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades.

Art. 44. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten discapacitados en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de talleres protegidos, como asimismo facilitará y disminuirá los gravámenes para la exportación de tal producción.

Esos beneficios no significarán, en ningún caso, un deterioro de los derechos de los trabajadores no discapacitados de la misma empresa.

Art. 45. - Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) instalar, equipar y dirigir Centros de Rehabilitación Ocupacional para la formación profesional de los discapacitados, en los lugares en que sea neesario, coordinando su acción con los servicios similares del Ministerio de Educación y Cultura;

b) instalar, equipar y dirigir Talleres de Producción Protegida en los lugares en que sea necesario, para el empleo de los discapacitados que no puedan desarrollar una actividad laboral competitiva;

c) instalar, equipar y dirigir Hogares Comunitarios en los lugares en que sea necesario, para aquellos discapacitados que los requieran por carecer de apoyo familiar;

d) reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres Protegidos y Hogares Comunitarios que instalen las asociaciones de discapacitados u otros con finalidades similares a las expresadas en este artículo.

Art. 46. - Institúyese en la actividad privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas discapacitadas que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Art. 47. - Las personas cuya discapacitación haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo;

B) señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Art. 48. - En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a los discapacitados en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) medios y atenciones para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen;

B) medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos;

C) créditos para el establecimiento como trabajador independiente".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Deseo remitirme al artículo 46 en el cual se expresa lo siguiente: "Institúyese en la actividad privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo..."

Quisiera saber qué se entiende por tiempo parcial, ya que actualmente existe la posibilidad de contratar por jornadas menores de 8 horas diarias o de 44 semanales. Inclusive, las Leyes Nos. 5.350 y 14.320 sobre horarios para la industria y comercio no prohíben la contratación en tiempo parcial por lo que si es éste el contenido esto estaría de más. En consecuencia, ¿qué es tiempo parcial para esta ley?

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Se han señalado distintas modalidades de trabajo y en lo que respecta a los discapacitados de alguna manera se otorga la facultad para que a través de los organismos competentes del Estado, como es el caso concreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se estructure por la vía de la reglamentación este precepto en los términos y forma en que pueda implementarse. Quizá existan empresas interesadas en aceptar el trabajo a tiempo parcial para personas discapacitadas, para lo que se establecerían determinadas condiciones acordes con la reglamentación.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Entiendo lo que dice el señor senador pero pienso que se podría extender al área pública, porque como señalaba el señor senador Ortiz, esto ya está reglamentado en la actividad privada dentro de la conformación del contrato normal. En consecuencia, habría que legislar para la actividad pública con respecto a los minusválidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Estaría de acuerdo. Simplemente hemos fijado una graduación ya que el área pública puede ser implementada por el propio Estado por lo que nos pareció que debía regularse el aspecto referido a la actividad privada.

SEÑOR GARGANO. - Lo podría establecer la ley.

SEÑOR TOURNE. - No hay inconveniente. Pienso que lo correcto sería eliminar "en la actividad privada". De esta forma se comprenderían las dos áreas de trabajo: pública y privada.

Otra redacción viable sería poner "en la actividad pública o privada".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consecuencia, la sugerencia sería que el artículo dijera: "Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial..."

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el Capítulo VIII.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo IX "Arquitectura y Urbanismo" que comprende los artículos 49 a 55 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO IX
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Artículo 49. - Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que pueden prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo del discapacitado.


Art. 50. - La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los discapacitados.

Art. 51. - Las Intendencias Municipales deberán incluir en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Art. 52. - Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en la materia.

Art. 53. - Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptadas gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Art. 54. - Los Entes Públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Art. 55. - En todos los proyectos de viviendas, se programará alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de los discapacitados y su integración al núcleo en que habiten.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo X, "Transporte", que comprende los artículos 56 y 57.

(Se lee:)

"CAPITULO X
TRANSPORTE

Artículo 56. - Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, en las condiciones que regulará la Reglamentación.

Se otorgarán facilidades a las empresas privadas, para que adopten las medidas técnicas necesarias, tendientes a la adecuación progresiva de unidades de transporte colectivo, con el objeto de permitir la movilidad de las personas discapacitadas.

Art. 57. - Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de los discapacitados, debidamente identificados".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo X.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo XI "Normas Tributarias", que comprende el artículo 58.

(Se lee:)

"CAPITULO XI
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 58. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago de la totalidad de los derechos arancelarios a las importaciones de aparatos médicos, de prótesis, de vehículos ortopédicos calificados para uso personal y de ayudas técnicas para ser utilizadas por los discapacitados o las instituciones encargadas de su atención, así como el pago de los derechos arancelarios a las importaciones de artículos, materiales y equipos de formación que requieran los centros de rehabilitación, los talleres protegidos, los empleadores y las personas discapacitadas y los aparatos auxiliares e instrumentos determinados que necesiten los discapacitados para obtener y conservar el empleo".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo XI.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 59 es de orden.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite?

El criterio del Senado ha sido el de suprimir el artículo de orden, y esto ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - La Secretaría me informa que lamentablemente aún no ha llegado esa comunicación a la Mesa. Seguramente se ha extraviado en Pasos Perdidos.

(Hilaridad)

-Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto aprobado:)

"LEY DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
NORMAS GENERALES - CAPITULO I

Artículo 1º. Objeto de la ley. - Establécese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Art. 2º. Concepto de discapacidad. - Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Art. 3º. Concepto de prevención. - Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas, sensoriales o mentales o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Art. 4º. Concepto de rehabilitación. - Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible, de capacitación y de integración social de los discapacitados, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional, la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que los discapacitados puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Art. 5º. Derechos. - Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de los discapacitados serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamados por las Naciones Unidas con fecha 9 de diciembre de 1975 y 20 de diciembre de 1971, respectivamente.

Los discapacitados gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

a) al respeto a su dignidad humana, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias;

b) a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible;

c) a la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía;

d) a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social; a la educación, formación y readaptación profesionales y a su colocación laboral;

e) a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso;

f) a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto;

g) a ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorios, abusivo o degradante;

h) a contar con el beneficio de una asistencia letrada competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

Art. 6º. Amparo del Estado. - El Estado prestará a los discapacitados el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente:

1º) a las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén;

2º) a las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas impedidas;

3º) a las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.


Art. 7º. - El Estado velará permanentemente por prevenir la discapacidad cualquiera sea el tipo de ella y fomentará los programas encaminados a erradicar las deficiencias e incapacidades susceptibles de evitarse.

Art. 8º. - Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas discapacitadas.

Art. 9º. - La amplitud de las medidas que se adopten en relación a los impedidos, será ajustada en todos los casos, a la naturaleza y al grado del impedimento.

CAPITULO II
CREACION DE LA COMISION NACIONAL HONORARIA DEL DISCAPACITADO SUS COMETIDOS

Artículo 10. - Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

por el Ministro de Salud Pública, que será su Presidente, o

un delegado de él, que tendrá igual función;

un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

un delegado de la Facultad de Medicina;

un delegado del CODICEN;

un delegado del Congreso de Intendentes;

un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso, con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Art. 11. - Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social del discapacitado, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse a los fines establecidos en esta ley.

Art. 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá específicamente:

a) estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales, todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de esta ley;

b) apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas;

c) estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia;

d) elaborar un Proyecto de Reglamentación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para su aprobación.

Art. 13. - En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

- un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá;

- un delegado del Ministerio de Educación y Cultura;

- un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

- un delegado del CODICEN;

- un delegado de la Intendencia Municipal;

- dos delegados de las Organizaciones de Discapacitados del departamento.

Podrán existir también Comisiones Regionales y Subcomisiones Locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria y las Comisiones Departamentales Honorarias.

Art. 14. - Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1º) hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado;

2º) evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto;

3º) ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III
POLITICAS ESPECIALES

Artículo 15. - La protección del discapacitado de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

Art. 16. - El Estado prestará asistencia coordinada a los discapacitados, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que se refiere en los literales siguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral.

C) Régimen especial de seguridad social.

D) Programa de educación especial.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Programas educativos de y para la comunidad en favor de los discapacitados.

K) Adecuación urbana y edilicia.

Art. 17. - Se creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1- información sobre los derechos de los discapacitados y de los medios de rehabilitación;

2- orientación terapéutica, educacional o laboral;

3- información sobre mercado de trabajo;

4- orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Art. 18. - Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de esta ley, quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

CAPITULO IV
MODIFICACION A NORMAS DE CONSTITUCION DEL BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

Artículo 19. - Podrá constituirse el bien de familia en favor de un hijo discapacitado, y por todo el tiempo que persista la discapacidad, y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble.

El inmueble deberá ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Art. 20. - Sustitúyese el artículo 1º del decreto-ley número 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Toda persona capaz de contratar puede constituir en bien de familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente ley. El emancipado o habilitado requerirá autorización judicial".

Art. 21. - Sustitúyese el artículo 6º inciso C) del decreto ley Nº 15.597, de 24 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma: "Por el cónyuge sobreviviente y por el cónyuge los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al apartado b) del artículo 6º del decreto-ley Nº 15.597".

Art. 22. - El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto, cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Art. 23. - El ex cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales, que tenga la tenencia de un discapacitado o la curatela en su caso, podrá solicitar para el discapacitado el derecho real de habitación sobre el bien propio del otro cónyuge o padre o madre natural del incapaz en su caso hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales del incapaz se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al inciso B) del artículo 6º del decreto-ley Nº 15.597.

CAPITULO V
POLITICAS SOCIALES

Artículo 24. - La asistencia social integrará todos los planes de atención de la salud de los discapacitados.

Art. 25. - La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de la República, auspiciará la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental.

Se investigará igualmente los factores sociales que facultan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos.

Art. 26. - Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación del discapacitado, su familia y la comunidad.

Art. 27. - Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban los discapacitados, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Art. 28. - Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de discapacitados en el proceso de rehabilitación integral de éstos y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO VI
SALUD

Artículo 29. - La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Art. 30. - El Estado apoyará y contribuirá a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

A) Promoción y educación para la salud física y mental.

B) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

C) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

D) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

E) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

F) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

G) Lucha contra el uso indebido de las drogas y el alcohol.

H) Asistencia social oportuna a la familia.

I) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

J) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horario de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

K) Control de los productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

L) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de seguridad.

Art. 31. - El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional:

A) desarrollará dentro de su Programa de Rehabilitación Médica un subprograma a través del cual se habiliten en los hospitales de su jurisdicción, considerando su grado de complejidad y área de influencia, servicios especializados de rehabilitación médica, destinados a las personas discapacitadas;

B) creará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión;

C) promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento;

D) coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada, en el Programa Nacional de Rehabilitación Integral.

Las instituciones de asistencia médica colectivizada, nacionales o privadas, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia, a las personas amparadas en esta ley;

E) ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacitado físico o mental. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de esta ley;

F) certificará la existencia del impedimento, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente el impedimento en todos los casos en que sea necesario invocarlo.

Art. 32. - Todo discapacitado tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida normal en la sociedad.

CAPITULO VII
EDUCACION

Artículo 33. - El Ministerio de Educación y Cultura facilitará y suministrará al discapacitado en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Art. 34. - Los discapacitados deberán integrarse con los no discapacitados en los cursos curriculares, desde la educación preescolar en adelante, siempre que esta integración le sea beneficiosa en todos los aspectos.

Si fuera necesario se les brindará enseñanza especial complementaria en establecimientos de enseñanza común, con los apoyos y complementos adecuados. En aquellos casos en que el tipo o grado de la discapacidad lo requiera, la enseñanza se impartirá en centros educativos especiales, por maestros especializados en la materia.

Los programas se adaptarán a la situación particular de los discapacitados.

Art. 35. - Los discapacitados se beneficiarán del derecho a la educación general, reeducación y formación profesional adecuada.

Art. 36. - A los discapacitados cuya incapacidad de iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria haya quedado debidamente comprobada, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, las Escuelas Especiales contarán con Talleres de Habilitación Ocupacional atendidos por profesores competentes y equipados en forma adecuada.

Art. 37. - Se facilitará a todo discapacitado que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Art. 38. - El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Art. 39. - Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Art. 40. - Los centros de recreación, deportivos o sociales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por esta ley.

CAPITULO VIII
TRABAJO

Artículo 41. - La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todos los discapacitados según su vocación, posibilidades y necesidades; y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Art. 42. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición.

Art. 43. - Siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, el Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los impedidos que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades.

Art. 44. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten discapacitados en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de talleres protegidos, como asimismo facilitará y disminuirá los gravámenes para la exportación de tal producción.

Esos beneficios no significarán, en ningún caso, un deterioro de los derechos de los trabajadores no discapacitados de la misma empresa.

Art. 45. - Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) instalar, equipar y dirigir Centros de Rehabilitación Ocupacional para la formación profesional de los discapacitados, en los lugares en que sea necesario, coordinando su acción con los servicios similares del Ministerio de Educación y Cultura;

b) instalar, equipar y dirigir Talleres de Producción Protegida en los lugares en que sea necesario, para el empleo de los discapacitados que no puedan desarrollar una actividad laboral competitiva;

c) instalar, equipar y dirigir Hogares Comunitarios en los lugares en que sea necesario, para aquellos discapacitados que los requieran por carecer de apoyo familiar;

d) reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres Protegidos y Hogares Comunitarios que instalen las asociaciones de discapacitados u otros con finalidades similares a las expresadas en este artículo.

Art. 46. - Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas discapacitadas que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Art. 47. - Las personas cuya discapacitación haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Art. 48. - En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a los discapacitados en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) medios y atenciones para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen.

B) medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos.

C) créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

CAPITULO IX
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Artículo 49. - Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que pueden prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo del discapacitado.

Art. 50. - La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los discapacitados.

Art. 51. - Las Intendencias Municipales deberán incluir en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Art. 52. - Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en la materia.

Art. 53. - Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Art. 54. - Los Entes Públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Art. 55. - En todos los proyectos de viviendas, se programarán alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de los discapacitados y su integración al núcleo en que habiten.

CAPITULO X
TRANSPORTE

Artículo 56. - Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, en las condiciones que regulará la Reglamentación.

Se otorgarán facilidades a las empresas privadas, para que adopten las medidas técnicas necesarias, tendientes a la adecuación progresiva de unidades de transporte colectivo, con el objeto de permitir la movilidad de las personas discapacitadas.

Art. 57. - Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de los discapacitados, debidamente identificados.

CAPITULO XI
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 58. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago de la totalidad de los derechos arancelarios a las importaciones de aparatos médicos, de prótesis, de vehículos ortopédicos calificados para uso personal y de ayudas técnicas para ser utilizadas por los discapacitados o las instituciones encargadas de su atención, así como el pago de los derechos arancelarios a las importaciones de artículos, materiales y equipos de formación que requieran los centros de rehabilitación, los talleres protegidos, los empleadores y las personas discapacitadas y los aparatos auxiliares e instrumentos determinados que necesiten los discapacitados para obtener y conservar el empleo.

Art. 59. - Comuníquese, etc."

10) ENFERMEDAD CELIACA. Se declara de interés nacional su estudio e investigación.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se declaran de interés nacional el estudio y la investigación sobre la enfermedad celíaca y se establecen normas relacionadas con dicha afección. (Carp. Nº 1363/89 - Rep. Nº 126/89)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1363/89
Rep. Nº 126/89

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Decláranse de interés nacional el estudio y la investigación relacionados con la enfermedad celíaca.

Art. 2º. - El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos.

Todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a comunicar a la repartición competente de dicho Ministerio, la nómina de los pacientes afectados por la enfermedad celíaca detectados en cada período semestral.

Art. 3º. - A partir de los ciento veinte días de entrada en vigencia de la presente ley será obligatorio para los fabricantes y expendedores de alimentos, así como para aquellos que los fraccionen, envasen y distribuyan, establecer en forma clara en todos los envases, recipientes y etiquetas si el producto de que se trata no contiene gluten. Bastará al efecto la impresión del símbolo internacional del celíaco, claramente visible, previo análisis y autorización expresa para el uso de este símbolo, a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Los alimentos que exhiban el antedicho símbolo quedarán sujetos a análisis de control obligatorios de carácter semestral, sin perjuicio de las inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el Ministerio pueda disponer. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma, condiciones y procedimientos de los análisis, inspecciones y autorizaciones a que refiere este artículo.

Queda prohibida la utilización del símbolo internacional del celíaco en todo envase, recipiente, envoltorio o etiqueta de productos alimenticios con relación a los cuales no se hubiere expedido en forma previa la autorización a que hace referencia el inciso anterior.

Art. 4º. - La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior será penada en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. La pena será graduada en función de la gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales la reiteración en la omisión y el hecho de que el producto revista características de alta difusión y consumo.

La sanción se fijará en unidades reajustables y no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100 UR (cien unidades reajustables) ni superior a 1.000 UR (mil unidades reajustables). Su aplicación no excluirá las restantes responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir el infractor.

Art. 5º. - La falsificación, adulteración o desnaturalización de los alimentos específicos para el celíaco serán penadas conforme al artículo 218 y siguientes del Código Penal.

Art. 6º. - En todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter colectivo (hospitales, sanatorios, casas de salud, internados, cuarteles, establecimientos penitenciarios, colonias de vacaciones y similares) deberá existir una provisión permanente de alimentos adecuados para el consumo por parte de enfermos celíacos.

Art. 7º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de abril de 1989.

Luis A. Hierro López Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha estudiado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés nacional el estudio y la investigación de la enfermedad celíaca.

Dicha enfermedad es de tipo crónico e incurable y consiste en la intolerancia al componente gluten de los alimentos. Este provoca trastornos gastrointestinales en quienes la padecen, al punto que el enfermo es prácticamente incapaz de realizar la digestión y absorción de los alimentos, lo que provoca desnutrición y aún muerte. No se trata de una enfermedad contagiosa, sino de tipo inmunológico y del punto de vista de la investigación interesa observar dónde se centra, en qué edad es más frecuente y cuáles son los hábitos de quienes la padecen, a fin de hacer una profilaxis y las recomendaciones dietéticas que correspondan.

Se reglamenta el expendio de productos dietéticos especiales (que son alimentos sin gluten) y se regulan los envases para proteger al enfermo celíaco a fin de que el médico pueda hacer indicaciones precisas teniendo identificados los productos.

Finalmente cabe agregar que hay antecedentes con respecto a otro tipo de alimentos (como los diabéticos) que se registran y controlan en el Ministerio de Salud Pública, aportando tranquilidad y protección a los enfermos, por lo que aconsejamos al Cuerpo la aprobación del siguiente

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Decláranse de interés nacional el estudio y la investigación relacionados con la enfermedad celíaca.

Art. 2º. - El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos.

Todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a comunicar a la repartición competente de dicho Ministerio, la nómina de los pacientes afectados por la enfermedad celíaca detectados en cada período semestral.

Art. 3º. - Los fabricantes y expendedores de alimentos, así como aquellos que los fraccionen, envasen y distribuyan, podrán solicitar al Ministerio de Salud Pública que verifique que el alimento que comercializan no contienen gluten y que por ende no está contraindicado para los enfermos celíacos.

Una vez realizada la verificación por parte del Ministerio de Salud Pública estarán autorizados para utilizar en los envases, recipientes, envoltorios y etiquetas de sus productos, el símbolo internacional del celíaco y para anunciar en la publicidad comercial la carencia de gluten y el carácter inocuo para el enfermo celíaco.

Los alimentos que exhiban el símbolo referido o que en su publicidad comercial se asevere la carencia de gluten, quedarán sujetos a los análisis de control obligatorios semestrales, sin perjuicio de las inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el Ministerio pueda disponer. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma, condiciones y procedimientos de los análisis, inspecciones y autorizaciones a que refiere este artículo.

Queda prohibida la utilización del símbolo internacional del celíaco, así como la publicidad referida en los incisos precedentes, para productos con relación a los cuales no se hubiese otorgado la autorización correspondiente o que luego de otorgada modificaran la composición, incorporándole gluten a su contenido.

Art. 4º. - La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior será penada en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. La pena será graduada en función de la gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales, la reiteración en la omisión y el hecho de que el producto revista características de alta difusión y consumo.

La sanción se fijará en unidades reajustables y no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100 UR (cien unidades reajustables) ni superior a 1.000 UR (mil unidades reajustables). Su aplicación no excluirá las restantes responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir el infractor.

Art. 5º. - La falsificación, adulteración o desnaturalización de los alimentos específicos para el celíaco serán penadas conforme al artículo 218 y siguientes del Código Penal.

Art. 6º. - En todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter colectivo (hospitales, sanatorios, casas de salud, internados, cuarteles, establecimientos penitenciarios, colonias de vacaciones y similares) se controlará la posibilidad de que la persona internada sea un enfermo celíaco y deberá existir una provisión permanente de alimentos adecuados para su consumo.

Art. 7º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 13 de setiembre de 1989.

Luis B. Pozzolo, Miembro Informante; Walter Olazábal, Uruguay Tourné. Senadores.

Comisión de
Higiene y Asistencia

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión de Higiene y Asistencia recomienda la aprobación del presente proyecto de ley que atiende a la problemática del enfermo celíaco.

La exposición de motivos que acompaña a la propuesta es por demás elocuente en cuanto a la necesidad de resolver, por la vía legislativa, los siguientes puntos que resultan fundamentales para un eficaz control de dicha enfermedad:

A) Declarar de interés nacional el estudio y la investigación de la enfermedad celíaca.

B) Crear un registro nacional de enfermos celíacos.

C) Obligar a fabricantes y expendedores de alimentos a señalar si sus productos no contienen gluten con el símbolo internacional del celíaco.

D) Determinar el control obligatorio de tales alimentos por el Ministerio de Salud Pública a través de los exámenes y análisis pertinentes.

E) Establecer controles y sanciones para el caso de omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones.

Finalmente es dable consignar que este órgano asesor requirió la opinión de la Clínica Pediátrica "C" y la Policlínica Gastroenterológica de la Facultad de Medicina, quienes compartieron plenamente el articulado del proyecto de ley, al igual que el Ministerio de Salud Pública.

Es cuanto tiene que informarse al respecto, sin perjuicio de una eventual ampliación de fundamentos si el Cuerpo así lo entendiere necesario.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 1988.

Marcos Carámbula, Oscar Lenzi, Gustavo Varela. Miembros Informantes.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase de interés nacional el estudio y la investigación relacionados con la enfermedad celíaca.

Art. 2º. - El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos.

Todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a comunicar a la repartición competente de dicho Ministerio la nómina de los pacientes afectados por la enfermedad celíaca detectados en cada período semestral.

Art. 3º. - A partir de los ciento veinte días de entrada en vigencia de esta ley será obligatorio para los fabricantes y expendedores de alimentos, así como para aquellos que los fraccionen, envasen y distribuyan, establecer en forma clara en todos los envases, recipientes y etiquetas si el producto de que se trata no contiene gluten. Bastará al efecto la impresión del símbolo internacional del celíaco, claramente visible, previo análisis y autorización expresa para el uso de este símbolo, a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Los alimentos que exhiban el antedicho símbolo quedarán sujetos a análisis de control obligatorios de carácter semestral, sin perjuicio de las inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el Ministerio pueda disponer. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma, condiciones y procedimientos de los análisis, inspecciones y autorizaciones a que se refiere este artículo.

Queda prohibida la utilización del símbolo internacional del celíaco en todo envase, recipiente, envoltorio o etiqueta de productos alimenticios con relación a los cuales no se hubiere expedido en forma previa la autorización a que hace referencia el inciso anterior.

Art. 4º. - La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, será penada en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. La pena será graduada en función de la gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales la reiteración en la omisión y el hecho de que el producto revista características de alta difusión y consumo.

La sanción se fijará en unidades reajustables y no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100 UR (cien unidades reajustables). Su aplicación no excluirá las restantes responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir el infractor.

Art. 5º. - La falsificación, adulteración o desnaturalización de los alimentos específicos para el celíaco serán penadas conforme al artículo 218 y siguientes del Código Penal.

Art. 6º. - En todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter colectivo (hospitales, sanatorios, casas de salud, internados, cuarteles, establecimientos penitenciarios, colonias de vacaciones y similares) deberá existir una provisión permanente de alimentos adecuados para el consumo por parte de enfermos celíacos.

Art. 7º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 27 de setiembre de 1988.

Tabaré Caputi, Antonio Nion Hernández, Gustavo Varela; Representantes por Canelones; Julio E. Daverede, Representante por Montevideo".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Léase el proyecto sustitutivo del aprobado por la Cámara de Representantes, que fuera elaborado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Se trata de un proyecto propiciado por la entidad que agrupa a los enfermos celíacos y que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. La Comisión del Senado sólo recogió una sugerencia modificativa hecha por el Ministerio de Industria y Energía. En ese sentido lo trae a Sala esperando su rápida aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Decláranse de interés nacional el estudio y la investigación relacionadas con la enfermedad celíaca".

-En consideración.


Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos.

Todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a comunicar a la repartición competente de dicho Ministerio la nómina de los pacientes afectados por la enfermedad celíaca detectados en cada período semestral".

-En consideración.


Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"ARTICULO 3º. - Los fabricantes y expendedores de alimentos, así como aquellos que los fraccionen, envasen y distribuyan, podrán solicitar al Ministerio de Salud Pública que verifique que el alimento que comercializan no contiene gluten y que por ende no está contraindicado para los enfermos celíacos.

Una vez realizada la verificación por parte del Ministerio de Salud Pública estarán autorizados para utilizar en los envases, recipientes, envoltorios y etiquetas de sus productos, el símbolo internacional del celíaco y para anunciar en la publicidad comercial la carencia de gluten y el carácter inocuo para el enfermo celíaco.

Los alimentos que exhiban el símbolo referido o que en su publicidad comercial se asevere la carencia de gluten, quedarán sujetos a los análisis de control obligatorios semestrales, sin perjuicio de las inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el Ministerio pueda disponer. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma, condiciones y procedimientos de los análisis, inspecciones y autorizaciones a que se refiere este artículo.

Queda prohibida la utilización del símbolo internacional del celíaco así como la publicidad referida en los incisos precedentes, para productos con relación a los cuales no se hubiese otorgado la autorización correspondiente o que luego de otorgada modificaran la composición, incorporándole gluten a su contenido".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

"ARTICULO 4º. - La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior será penada en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. La pena será graduada en función de la gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales la reiteración en la omisión y el hecho de que el producto revista características de alta difusión y consumo.

La sanción se fijará en unidades reajustables y no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100 UR (cien unidades reajustables) ni superior a 1.000 UR (mil unidades reajustables). Su aplicación no excluirá las restantes responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir el infractor".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

"ARTICULO 5º. - La falsificación, adulteración o desnaturalización de los alimentos específicos para el celíaco serán penadas conforme al artículo 218 y siguientes del Código Penal".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

"ARTICULO 6º. - En todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter colectivo (hospitales, sanatorios, casas de salud, internados, cuarteles, establecimientos penitenciarios, colonias de vacaciones y similares) se controlará la posibilidad de que la persona internada sea un enfermo celíaco y deberá existir una provisión permanente de alimentos adecuados para su consumo".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

"ARTICULO 7º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 8º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - El punto que sigue en el orden del día va a insumir un determinado tiempo en su discusión y si se comenzaran a votar las pensiones graciables seguramente no podrían culminarse dado que el Senado no tiene quórum.

Por lo tanto, propongo que se levante ordenadamente la sesión y prosigamos mañana, sin esperar a que el exiguo quórum que hay obligue a levantarla en forma intempestiva. Mociono en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Señor senador: no hay número para votar su moción.

12) EXPOSICION FILATELICA INTERNACIONAL URUGUAY 92. Se crean recursos para su financiamiento.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Disculpe mi insistencia, señor Presidente, pero el proyecto de ley que pedí fuera considerado, nos llevará sólo unos minutos porque la única discrepancia que existía tenía relación con el artículo 7º. Al suprimirse lo que permite la ley, el artículo 232 de la Ley Nº 15.903, del 10 de noviembre de 1987, que perjudicaría a los empleados del Correo, ya que se elimina ese beneficio, queda subsanado el inconveniente.

Consultado al respecto el Ministerio, éste admite la supresión de dicho artículo. Si los señores senadores están de acuerdo y dado que este proyecto se aprobó por unanimidad en la Comisión y que la supresión del artículo 7º dejaría de lado la discrepancia planteada por el señor senador Olazábal, podríamos tratarlo de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Señora senadora: no hay número para votar.

13) FIEBRE AFTOSA. Su control y erradicación.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Si no hay quórum, estamos hablando inútilmente; pero en la remota esperanza de que se recupere el número, solicito que se considere el asunto que figura en 4º lugar del orden del día y que refiere a la erradicación de la fiebre aftosa, que ya fue objeto de discusión. Si ningún señor senador tiene interés en hablar acerca de este proyecto que ya fue discutido ampliamente, podríamos votarlo.

SEÑOR BATALLA. - Si hubiera número; pero faltan tres señores senadores.

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Manuel Flores Silva). - No habiendo número para votar ningún proyecto pese a los reiterados llamados a Sala se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 50 minutos presidiendo el señor senador Flores Silva y estando presentes los señores senadores: Acosta y Lara, Batalla, Bomio de Brun, Fá Robaina, García Costa, Gargano, Guntin, Martínez Moreno, Olazábal, Ortiz, Posadas, Pozzolo y Senatore).

Prof. Manuel Flores Silva. Primer Vicepresidente.

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario.

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.