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Nº 298 - TOMO 320 - 14 DE DICIEMBRE DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

61ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DRES. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Y AMERICO RICALDONI 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 13) Asuntos entrados

4 y 7) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Traversoni por el término de 31 días.
- Concedida.

5) Stock de vacunos y lanares. Problemas derivados de la falta de lluvias

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

6) PROINCO. Cierre de este establecimiento dedicado a la faena de liebres y conejos

- Manifestaciones del señor senador Olazábal.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios de Industria y Energía y Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Banco de la República Oriental del Uruguay.

8) Integración del Cuerpo

- El señor senador Jorge L. Franzini, suplente convocado del señor senador Traversoni, comunica que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Se convoca al suplente siguiente, señor senador Guntin.

9) Asistencia Pública. Sus deficiencias

- Manifestaciones del señor senador Carrere Sapriza.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Salud Pública.

10) Servicio ferroviario de pasajeros. Su reinstauración en el país

- Manifestaciones del señor senador Baliñas.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

11) Yasser Arafat. Discurso pronunciado ante la Organización de las Naciones Unidas reunida extraordinariamente en Ginebra

- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.

12) Banco Hipotecario del Uruguay. Resolución sobre funcionarios destituidos

- Manifestaciones del señor senador Bergara.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay y a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

14) Exposición escrita

- La formula el señor senador Ferreira para ser enviada al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la situación del Centro de Salud del Barrio Bella Vista.
- Se vota afirmativamente.

15) Dirección General de Casinos del Estado. Se crea un fondo especial que se distribuirá entre sus funcionarios

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16, 18 y 20) Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se estructura un régimen obligatorio y se modifica el régimen pensionario

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Comisión investigadora sobre uso de coches oficiales

- El señor senador Gargano solicita su designación.
- El señor Presidente del Senado comunica que ha designado la Comisión Pre-investigadora integrada con los señores senadores Forteza, Pereyra y Senatore.

19) Alteraciones del orden del día

- Se resuelve, por moción del señor senador Batalla, prorrogar el término de la sesión a los efectos de terminar la consideración del proyecto que figura en segundo término del orden del día, tratar los que figuran en tercer y decimonoveno términos de la misma y realizar una exposición en homenaje al doctor Simón Waksman.

21) Conferencia interparlamentaria Europea - América Latina. Proyecto de resolución por el que se aconseja el nombramiento de una delegación para concurrir a sus sesiones

- Se resuelve, por moción del señor senador Mederos, tratarlo de inmediato.
- En consideración.
- Aprobado.

22) Productores afectados por fenómenos climáticos ocurridos entre el 1º de abril y el 30 de setiembre de 1988. Se dispone pago de indemnización

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 13 de diciembre de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 14, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se crea un Fondo Especial con el 1,5% de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, con el objeto de distribuir su producido entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos.

(Carp. Nº 1286/88 - Rep. Nº 188/88)

2º) Por el que se estructura un régimen obligatorio de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se modifica el régimen pensionario, amparado por el Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 477/86 - Rep. Nº 176/88)

3º) Por el que se dispone el pago de una indemnización a productores afectados por fenómenos climáticos ocurridos entre el 1º de abril y el 30 de setiembre de 1988.

(Carp. Nº 1298/88 - Rep. Nº 196/88)

4º) Por el que se crea el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

(Carp. Nº 887/87 - Rep. Nº 189/88)

5º) Por el que se reglamenta el recurso de referéndum contra las leyes.

(Carp. Nº 1261/88 - Rep. Nº 183/88)

6º) Por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de consignatario de ganado.

(Carp. Nº 744/87 - Rep. Nº 161/88)

7º) Por el que se reglamentan los efectos civiles y penales de la competencia desleal en el ejercicio de la actividad industrial y comercial.

(Carp. Nº 740/87 - Rep. Nº 157/88)

8º) Por el que se permite disponer adecuadamente del armamento que se halla en el Servicio de Material y Armamento, una vez transcurridos plazos razonables desde su depósito en el mismo.

(Carp. Nº 1217/88 - Rep. Nº 173/88)

9º) Por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana.

(Carp. Nº 1236/88 - Rep. Nº 178/88)

10) Discusión particular del proyecto de Resolución por el que se accede a la solicitud formulada por el Poder Ejecutivo para proceder a la devolución de los Mensajes de 3 de febrero y 2 de junio de 1987, referidos al proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular de Polonia, suscrito en Montevideo, el 22 de setiembre de 1986.

(Carp. Nº 734/87 - Rep. Nº 180/88)

11) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

- Una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura - Dirección Nacional de Correos. (Plazo Constitucional vence el 24 de enero de 1989 - Carpeta Nº 1249/88 - Repartido Nº 181/88).

- Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo Constitucional vence el 22 de febrero de 1989 - Carpeta Nº 1285/88 - Repartido Nº 185/88).

- Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General Impositiva. (Plazo Constitucional vence el 5 de febrero de 1989 - Carpeta Nº 1255/88 - Repartido Nº 194/88).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

12) Por el que se designa con el nombre "Martín O. Machiñena" al Centro Educativo pertenecientes al Banco de Previsión Social, ubicado en el paraje Raigón, departamento de San José.

(Carp. Nº 1281/88 - Rep. Nº 186/88)

13) Por el que se centraliza el Registro de Poderes.

(Carp. Nº 1254/88 - Rep. Nº 187/88)

14) Por el que se delimita el área del Puerto de Maldonado.

(Carp. Nº 1112/88 - Rep. Nº 190/88)

15) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China, suscrito el 3 de febrero de 1988.

(Carp. Nº 1229/88 - Rep. Nº 195/88)

16) Por el que se designa con el nombre "Ricardo Detomasi" a la Escuela Nº 102 de 1er. grado del departamento de San José.

(Carp. Nº 1192/88 - Rep. Nº 193/88)

17) Por el que se designa con el nombre "Martín J. Elizaincín" a la Escuela Nº 92 del barrio Constitución de la ciudad de Salto.

(Carp. Nº 1268/88 - Rep. Nº 192/88)

18) Por el que se designa con el nombre "Fundación Bianchi Ardoino-Danero" a la Escuela Nº 114 de 1era. categoría del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1269/88 - Rep. Nº 191/88)

19) Discusión particular del proyecto de Resolución por el que se designa una delegación para concurrir a la Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina, a celebrarse en San José de Costa Rica, entre los días 30 de enero y 6 de febrero de 1989.

(Carp. Nº 1302/88 - Rep. Nº 197/88)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Baliñas, Batalla, Batlle, Bergara, Capeche, Carrere Sapriza, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, Forteza, García Costa, Gargano, Guntin, Lacalle Herrera, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Terra Gallinal, Tourné, Ubillos y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Jude, Martínez Moreno, Singer y Traversoni.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 18 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 1988.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

Por el que se designa con el nombre "Doctor Elbio Rivero Moreno", al Centro Departamental de Salud Pública de Maldonado.

(Carp. Nº 1223/88)

y por el que se designa con el nombre "Antonio J. Caorsi" la Escuela Nº 27, de 1er. grado, Barrio Hipódromo, del departamento de Flores.

(Carp. Nº 1189/88)

-Ténganse presente.

-La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje comunicando que ha dictado sentencia en autos caratulados "Noguerol, María Elsa c/Estado. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General Impositiva. Acción de Nulidad. Inconstitucionalidad".

-Téngase presente.

-El Ministerio de Educación y Cultura acusa recibo de las palabras pronunciadas en Sala por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, referentes a la posibilidad de otorgar pensiones graciables a los Campeones Mundiales de Pelota.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

-El Banco de Previsión Social remite notas comunicando las resoluciones adoptadas por las que se efectúan refuerzos de rubros y trasposiciones de créditos presupuestales.

-Ténganse presente.

-El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública remite nota comunicando la Resolución adoptada por la que se concreta la suscripción de un Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

-Téngase presente.

-La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley referente a las Sociedades Comerciales, Grupos de Interés Económico y Consorcios.

(Carp. Nº 885/87)

-La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se dispone que las obras comprendiendo casetes, libros hablados, grabaciones sonoras similares producidas para uso de personas ciegas, sean beneficiados con el régimen de circulación gratuita a través del Correo, dentro del territorio nacional.

(Carp. Nº 1250/88)

-Repártanse.

-La Junta Departamental de Canelones remite notas relacionadas con la exposición del señor edil Luis Blanco referente a la situación de los empleados de Aragro S.A. y sobre las seriales que se exhiben en la Red Televisora Color.

-La Junta Departamental de Soriano remite notas relacionadas con la exoneración de aportes al Instituto Nacional de Colonización y con la explotación de las canteras minerales en los predios considerados aptos por la Dirección Nacional de Minas y Geología.

-La Junta Departamental de Paysandú remite notas relacionadas con la problemática que afecta a los Aspirantes a Colonos y con la fluoración del agua potable.

-Ténganse presente".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

El señor senador Alfredo Traversoni solicita licencia por el término de 31 días.

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 1988

Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

El que suscribe, Senador Alfredo Traversoni, solicita al Señor Presidente licencia por enfermedad a partir de la fecha, por 31 días.

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente con la más alta consideración.

Alfredo Traversoni, Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se votará.

5) STOCK DE VACUNOS Y LANARES. Problemas derivados de la falta de lluvias.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - En la hora previa de este último día de sesión del año deseamos hacer referencia a una circunstancia que está viviendo la producción agropecuaria derivada de un invierno muy riguroso y una escasez muy grande de lluvias significativas, desde el mes de abril.

El sábado y domingo próximo pasados tuvimos oportunidad de venir en avión desde Artigas, a baja altura, y pudimos apreciar hasta qué punto los campos se encuentran totalmente talados; hay muy poco forraje y la primavera, por haber sido seca, ha impedido que se formara la cantidad necesaria de forraje en pie con lo que, de producirse un invierno medianamente riguroso, provocaría una catástrofe.

Estos días ha llovido en campaña en forma no uniforme ni en cantidad considerable, pero aunque ahora lloviera en forma copiosa, no se podría recuperar el tiempo perdido, ya que el ciclo de las pasturas está entrando en la etapa estival.

Esto puede ser constatado y avalado por los señores senadores que de alguna manera están vinculados con el interior del país.

Creemos que es importante, desde ya, ir pensando en medidas de carácter gubernativo que tengan que ver con los stock vacuno y lanar, fundamentalmente, con este último.

Pensamos que es necesario que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca haga un relevamiento de las condiciones en que se encuentran los campos, con un stock muy alto de lanares y también de vacunos, a efectos de que con la debida antelación y consultas a la industria frigorífica, tome las medidas del caso que, a nuestro juicio, una de ellas tiene que ser la libertad de exportación de ganado en pie, de todas las categorías, para que se logre una válvula de escape en los campos que están superpoblados.

Por otro lado, es preciso lograr la concertación con las plantas apropiadas para las faenas de ganado de industria, es decir, de manufactura al igual que de conserva.

Creemos que nunca es demasiado temprano para adoptar las medidas gubernativas. Pero estas palabras se pronuncian seis o siete meses antes de la entrada del invierno y pueden dar pie a que se tomen medidas precautorias para evitar lo que puede llegar a ser uno de los peores inviernos que recuerde la agropecuaria uruguaya. Repito que aunque hoy mismo está amenazando llover y ello ha ocurrido en algunas partes del interior, no se ha producido el forraje cuando era necesario y vamos a entrar en el invierno con muy poco forraje, con muy poco pasto, lo que puede derivar -donde fuera medianamente duro el invierno- en una verdadera catástrofe para la pecuaria.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los efectos que pueda corresponder, reiterando la liberalización del ganado en pie y la concertación de planes para el ingreso del ganado de industria a las plantas de faena.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PROINCO. Cierre de este establecimiento dedicado a la faena de liebres y conejos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en los meses pasados PROINCO, una empresa dedicada, inicialmente, a la faena de liebres y conejos y también de ganado ovino, cerró sus puertas. En este acto se repite lo que ha sido una constante por demás conocida en muchas empresas del país.

PROINCO cierra sus puertas altamente endeudado con el Banco de la República Oriental del Uruguay; los bienes de la empresa no alcanzan a cubrir la deuda porque están absolutamente todos hipotecados o prendados a favor de esta institución y ésta, hasta ahora, no ha tomado ninguna medida al respecto en la que pueda visualizarse una intención de reactivar la planta de alguna forma. La empresa cierra adeudando salarios y, por supuesto, lo que sería el pago de los despidos al personal. Aquí empieza, señor Presidente, una historia por demás conocida. Son los obreros los que inician un largo peregrinaje por todas las dependencias del Estado y centros de poder gubernativo, proponiendo una solución. Es así que han tenido entrevistas con la Corporación Nacional para el Desarrollo, con el Banco de la República Oriental del Uruguay, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con la División Cooperativas de dicho Ministerio y sé que estoy omitiendo varias gestiones que también se han hecho.

En este caso en particular hay un elemento que creo que tiene que llamarnos a la reflexión y es que esta empresa aparece, por lo menos a primera vista, absolutamente viable desde dos puntos de vista diferentes. Primero, porque hay quienes están dispuestos a reactivar la empresa e, incluso, tienen contratos para comenzar faenas de ovinos prácticamente en forma inmediata. Esas personas integran una Comisión que se formó con los obreros y empleados con el objetivo de hacer marchar nuevamente la empresa.

Segundo, en la Corporación Nacional para el Desarrollo se están estructurando planes con intervención, incluso de asesores del exterior que han estado aquí, como una empresa SOVIAN, para hacer un fomento de la actividad de la cunicultura en el país. Entonces, tenemos, por un lado, un plan de cunicultura en marcha, donde incluso se está anunciando a los productores el establecimiento de determinadas líneas de crédito por parte del Banco de la República y, por otro, a quienes quieren hacer andar la fábrica. Esto es absolutamente imprescindible, si es que se piensa que la cunicultura puede llegar a tener un desarrollo tal que permita las exportaciones.

La Corporación Nacional para el Desarrollo se encuentra interesada en intervenir en el salvataje de lo que sería esta planta, pero, por supuesto, todo depende del Banco de la República y, éste, a su vez, de los antiguos propietarios de la empresa, para llamarlos de alguna manera.

Todos conocemos, señor Presidente, la lentitud de la justicia en el país y que la ejecución, aun en el caso de que el Banco tenga prendas e hipotecas, demora un tiempo indeterminado que hace, prácticamente, imposible la concertación de negocio y planes concretos para la reapertura de la empresa. Ya ha habido un antecedente que creo que es el único exitoso hasta el momento, que es la reapertura del Frigorífico Cruz del sur en el cual, de alguna manera, lograron armonizarse todos los intereses contrapuestos y, en definitiva, un frigorífico que estaba cerrado -y antes de que su deterioro se hiciera irreversible- logró por medio de la voluntad política que pasara a ser administrado por la Central de Carnes.

En este caso, señor Presidente, y visto como están planteadas las alternativas, consideramos por demás difícil que el Banco de la República, merced al valor de esta planta industrial, pueda resarcirse en algo de lo que, sin lugar a dudas, es una segunda pérdida de los préstamos efectuados.

En este caso en particular la espera, a lo único que puede llevarnos, es a que se complique cada vez más la reapertura de la empresa y que el tiempo proceda a causar sus estragos en la instalación industrial. Además, hay muchas partes que intervienen para que este asunto pueda arreglarse, las que están, en este momento, distanciadas entre sí, unas con otras, y no hay un ámbito para que los interesados se puedan sentar alrededor de una mesa a discutir una solución.

Desde el punto de vista de los trabajadores que quieren formar una cooperativa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los estaría apoyando en esta idea. Si tenemos buena disposición de la Corporación Nacional para el Desarrollo, a quien le interesa el fomento de cunicultura y, por lo tanto, salvar al Frigorífico PROINCO; si tenemos la voluntad -hasta ahora reconocida- del Banco de la República para tratar efectivamente de dar solución a este tipo de casos, entonces, creo que es el momento de que, por medio de estas palabras, invitemos públicamente a las partes a sentarse a negociar una solución que, en definitiva, le va a hacer bien al trabajo del país, no sólo por lo que representa directamente la fábrica, sino por lo que significa como posibilidad de desarrollo de una importante actividad, como lo es la cunicultura.

Si esta fábrica, por el proceso natural de desgaste, de óxido, de deterioro, llegara a convertirse en algo imposible de rehabilitar, seguramente estarían fracasando todos los planes que está llevando adelante la Corporación Nacional para el Desarrollo con el apoyo del Banco de la República en fomento de la cría de conejos en nuestro país.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Industria y Energía, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Banco de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SOLICITUD DE LICENCIA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Había quedado pendiente de votación la solicitud de licencia por enfermedad presentada por el señor senador Traversoni, por el término de 31 días.

Se va a votar si se concede.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Convóquese al suplente correspondiente.

8) INTEGRACION DEL CUERPO.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un desistimiento llegado a la Mesa, ante una convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 1988

Sr. Presidente
de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese honorable Cuerpo, para desempeñar la suplencia del Sr. Senador Prof. Alfredo Traversoni, y ante la imposibilidad de aceptar la misma, presento por esta única vez renuncia a tan distinguido honor.

Sin otro particular saludo al Sr. Presidente con mi invariable estima.

Jorge L. Franzini"

SEÑOR PRESIDENTE. - Convóquese al siguiente suplente que es el señor senador Guntin.

9) ASISTENCIA PUBLICA. Sus deficiencias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continuando con la hora previa tiene la palabra el señor senador Carrere Sapriza.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Señor Presidente: vamos a abordar un tema que tiene que ver con la salud pública.

Hace muy poco tiempo, un domingo, fui llamado para asistir a un enfermo que sufrió un cuadro vascular de inusitada gravedad. Luego de hacerle el diagnóstico, como no era socio de ninguna mutualista, aconsejé su internación en el Hospital Maciel. Cuál no sería mi sorpresa cuando, al llegar a la "Sala Canabal" donde fue internado este enfermo extremadamente grave, pregunté dónde estaba el colega que tenía que asistir a los pacientes de dicha Sala y me informaron que para todo el Hospital había solamente una médica, que estaba en la Sala de Emergencia en ese nosocomio. Como es natural, me apersoné a esa estimada colega y le planteé el caso, manifestándole mi asombro de que hubiera un solo médico para atender a cientos y cientos de pacientes con variadas enfermedades y distintos estados de gravedad. Naturalmente, le expuse el caso y la llevé a la cama donde estaba el enfermo, no sin antes sentir un cargo de conciencia por los cuarenta y tantos enfermos que estaban atiborrando la Sala de Emergencia del Hospital sin poder ser humanamente atendidos, a pesar de la buena voluntad de esa colega. Por supuesto que manejamos el caso y pudimos darle las medicinas de urgencia al enfermo. Pero me dejó una sensación y un cargo de conciencia tremendo. También sentí la necesidad de que, en la primera oportunidad en que pudiera exponer a los señores senadores -que conocen estos temas seguramente más que yo- lo haría. Somos conscientes de ser un pueblo educado, que tiene un profundo respeto por la salud pública. Sabemos que el Uruguay comenzó el siglo con una expectativa de vida de 45 años y que hoy está ya en los 72 años de promedio como media vital. Tengo la seguridad de que estaremos incorporados, como integrantes de la Organización Mundial de la Salud, en el pronóstico que establece que los hombres viviremos 80 años y las mujeres 86 a fines de siglo, todo ello debido a la maravillosa tecnología que invade todos los campos de la medicina, como ustedes conocen.

El Uruguay ha logrado conformar una organización para la salud que virtualmente toma a todo el espectro humano de nuestro país. Un millón cuatrocientos mil personas son asistidas a través del mutualismo; un millón, aproximadamente, son atendidas por el Ministerio de Salud Pública y el resto, por la Sanidad de las Fuerzas Armadas. Se estima que hay una pequeña franja -a pesar de que la estadística que ha manejado es un poco antigua y establecía un 19%- que sería un 10% de los uruguayos, que no tienen cobertura médica o la tiene a través de la actividad privada.

En consecuencia, teóricamente, los uruguayos tenemos la posibilidad de acceder a la salud, que es el bien mayor que tiene el ser humano y que debemos proteger. No puede haber protagonismo en ninguna otra actividad si la salud no acompaña el esfuerzo del hombre.

Por lo tanto, cuando hacemos el balance de esto y averiguamos que en el Ministerio de Salud Pública hay 2.000 cargos que no se han llenado y que 700 cargos pertenecen al sector técnico, se hace evidente un vacío muy grande. Por supuesto que es muy difícil repararlo ahora, pero desde el punto de vista jurídico es posible hacer que Salud Pública busque apoyo en el sector mutual, que está muy bien organizado y que tiene muchos médicos capaces en todas las especialidades.

Para cualquier integrante de la disciplina universitaria que yo integro, es difícil tener que plantear situaciones como la de que un ser humano se encuentre en un Hospital que paga el Estado, que pretende dar un servicio público perfecto, y esté tan mal atendido. Esto puede atentar contra algo tan valioso como es la vida de las personas.

Es por estas circunstancias que me he atrevido a manejar un tema tan profundo a grandes rasgos. Naturalmente que llevaría horas desarrollarlo. Además, quiero expresar que con esto no le hago ningún cargo al señor Ministro de Salud Pública, por quien tengo un gran respeto técnico y sé de su esfuerzo por hacer que las gestiones se cumplan con los elementos materiales de que dispone.

Pero los legisladores estamos para eso. Creo que la herramienta legal está en manos del Poder Ejecutivo y, de ser necesario, del propio Parlamento. Hay que tratar de acudir a las fuentes en que sobran los profesionales. Es notorio que existe un médico por cada 390 habitantes en Montevideo, y uno de cada 900 en el interior. Todo esto pone en evidencia que sobran profesionales y muy capaces que podrían evitar que estos problemas tan penosos que presenciamos se repitan.

Formulo moción para que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Carrere Sapriza.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SERVICIO FERROVIARIO DE PASAJEROS. Su reinstauración en el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Baliñas Barbagelata.

SEÑOR BALIÑAS BARBAGELATA. - Señor Presidente: es la primera vez que voy a hacer uso de la palabra en este recinto. Ellas llegan desde el interior del país, porque voy a realizar un alegato sencillo y rápido, en el tiempo que me acuerda el Reglamento, sobre el servicio ferroviario de nuestro país.

Pido disculpas por plantear una situación que ha sido suficientemente estudiada y analizada en anteriores sesiones en el Parlamento y que fue decidida por el Poder Ejecutivo; pero deseo que mis palabras sirvan como un elemento de renovación del espíritu, no sólo a los pares de este Cuerpo, sino que también lleguen al Poder Ejecutivo para que vuelva a analizar el tema y se instaure nuevamente el servicio ferroviario de pasajeros en el interior del país.

Mis expresiones no tienen un dejo nostálgico o romántico: es la comprobación fiel de una serie de problemas internos que lesionan la vida del interior Es el problema que se plantea a la sociedad de nuestro país, en nuestra campaña, es la soledad en que están quedando pueblos, villas y estaciones al no correr a lo largo de las paralelas el ruido solemne de las máquinas.

Es imposible creer que en el interior del país exista un alejamiento tan grande entre pueblo y pueblo. Los que viven en las grandes ciudades no comprenden que el ferrocarril es un elemento unitivo, constante y permanente, que vinculaba una estación con otra y un pueblo con otro. Es como si en las calles de Montevideo se eliminase el transporte colectivo y todos tuvieran que ir a pie o en bicicleta o utilizando otro medio de transporte para trasladarse.

Pienso que con la eliminación del servicio ferroviario se ha lesionado a la sociedad que vive en el interior del país. Se ha dicho que ese servicio, en lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, es caro; pero hay muchas otras cosas caras en el país que sin embargo las mantenemos porque son vitales para los habitantes de la República. Si se empleara el mismo criterio tendríamos que cerrar el Hospital de Clínicas, o las comisarías, o no le daríamos más dinero a la enseñanza. ¿Pero acaso, señor Presidente, todo eso es caro? No; no lo es porque es la base de la cultura, del mantenimiento puro e importante de un pueblo grande y hermoso como es el oriental.

Este pueblo oriental está sufriendo por la falta del servicio ferroviario de pasajeros. Dirán que lo que estoy diciendo viene de un más allá; pero no, señor Presidente: es una realidad.

Voy a contar una anécdota para que los señores senadores observen qué ocurre cuando se recorre el país. Salí de Paso de los Toros para ir a Tacuarembó: pasamos por Chamberlain y llegamos a Totoral en un auto. Para ello tuvimos que atravesar una estancia con seis porteras. También por allí va el ómnibus. Cuando pasamos por el casco de la estancia, las familias que allí vivían se sentían satisfechas por esa novedad. Era un correr de gallinas, un griterío de niños y un saludo constante a todos los que iban dentro del ómnibus y a nosotros, que íbamos atrás. Reitero que tuvimos que atravesar seis porteras y demoramos seis horas cuando el vieja en ferrocarril duraba tres.

También me pueden afirmar que el servicio de pasajeros estaba obsoleto. Lo estaba por la sencilla razón de que cada día se eliminaban servicios, y que los que persistían no cumplían con lo que debía ser la base fundamental del ferrocarril. El ferrocarril debe tener sus horarios, sus servicios permanentes y debe ser el nexo de unión constante entre estaciones y pueblos.

En el interior del país se sufre. Sé que todo lo que estamos diciendo ya lo han oído, que es casi un lamento; pero es el lamento del pueblo oriental que en este momento se está planteando en el seno de este máximo órgano legislativo.

En el poco tiempo que me resta debo señalar lo siguiente. En el año 1958, cuando era Presidente de AFE el General Gestido, se llamó a una consultora francesa, Sofrerail, que elevó un informe y formuló un planteo claro y preciso estableciendo la nueva organización que se le debía dar al Ente, tanto en la parte administrativa, contable como de explotación. El diagnóstico y las soluciones propuestas se basaron en la necesidad del transporte, las que surgieron de un estudio de la producción nacional que también realizó la Misión. Esa Misión estimó que se debían volcar U$S 18:500.000 al ferrocarril y otros U$S 83:000.000 para inversiones durante 10 años. Eso fue en 1958. Sin embargo, nada de eso se hizo y el ferrocarril fue cayendo en una pendiente doliente.

Al mismo tiempo, y en total armonía con las inversiones, recomendaron la realización de una serie de reformas en la órbita interna y nacional para que AFE pudiera tener el porvenir que esa Misión se fijó como meta. Ese informe se divulgó, se vieron las insuficiencias del organismo y las incapacidades que tenía. Con las recomendaciones de Sofrerail se elaboró un plan de realizaciones para 1959, 1960 y 1966, es decir, el final de la presidencia del General Gestido y el comienzo de la presidencia del ingeniero Penadés. Ese informe se elevó a consideración del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para que se pronunciara acerca de la posibilidad de otorgar un crédito que era necesario para solucionar el problema de AFE. El Banco contestó en forma negativa, a pesar de que sus técnicos, en aquel momento, determinaron que el costo carretero era superior al ferroviario. Eran técnicos internacionales. Sin embargo, se realizó una parte del plan.

Como veo que mi tiempo se termina, deseo agregar, simplemente, que en el año 1986 la consultora Ferroplan presentó cinco alternativas, pero ninguna de ellas estableció la supresión del servicio de pasajeros. Ferroplan calculó que una empresa con un activo como el que tenía AFE debería recibir U$S 25:000.000 para inversiones, pero en promedio sólo ha recibido U$S 3:000.000 en 30 años.

Señor Presidente: el país sufre; sufre, ama y espera que el ferrocarril vuelva a ser lo más pronto posible, un medio de comunicación.

Solicito que la versión taquigráfica de estas sencillas palabras pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

11) YASSER ARAFAT. Discurso pronunciado ante la Organización de las Naciones Unidas reunida extraordinariamente en Ginebra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en esta última oportunidad del año en que podemos hacer uso de la palabra en el transcurso de la hora previa, quiero hacer una referencia, necesariamente sucinta, a una circunstancia que se ha dado y que debe llenarnos de satisfacción a cuantos sentimos la necesidad de alentar y apoyar una política de paz y, al mismo tiempo, una política de liberación.

Quiero hoy, en el Senado de la República, recoger un hecho político que, más allá de las posiciones concretas que con respecto a los temas que han motivado tan duros enfrentamientos se tenga, todo el mundo reconoce posee una trascendencia que no es excesivo calificar de histórica.

Me refiero al hecho de que por primera vez en su historia el máximo organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas, se haya trasladado a Ginebra para escuchar a un líder popular que en representación de uno de los pueblos más oprimidos de la historia, levantó una voz de paz, de esperanza y de liberación.

Yasser Arafat habló ayer ante la Organización de las Naciones Unidas, reunida extraordinariamente en la ciudad de Ginebra, y lo hizo para la mejor historia de la paz y la liberación, habiendo recibido en esa oportunidad una ovación sólo comparable -según los trascendidos- a la que se produjo cuando se incorporó a la ONU, tras muchos años de negociaciones, la República Popular China.

Este es un hecho que evidentemente no puede pasar en silencio en ningún Parlamento libre del mundo, como he dicho, más allá de las posiciones que se tengan con respecto a los elementos que han sido objeto de litigio. Pero en torno a él han habido, naturalmente, otras consideraciones que formular que deben motivar la preocupación de todos.

Saludamos el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas haya actuado como correspondía, así como la actuación correcta de la delegación de nuestro país en esta materia y, también, un hecho altamente aleccionante que demuestra que a veces -como decían seriales del cine norteamericano- "el crimen no paga".

Nunca ha habido un caso de aislamiento político similar al que ha recogido esta vez la alianza de ciertos sectores de la política de los Estados Unidos de América -que no necesariamente reflejan el sentir mayoritario de su pueblo- con el Estado sionista. Sólo Sudáfrica ha quedado alguna vez tan aislado del entorno internacional como en esta oportunidad le ocurrió a la alianza de algunos círculos del gobierno de los Estados Unidos con el Estado sionista, que por lo demás llevó a la violación no disimulada del acuerdo que en 1947 celebrara el gobierno de los Estados Unidos de América con la Organización de las Naciones Unidas y al que hicieran reiteradas referencias diplomáticos de muy alto nivel y con máximas responsabilidades, cuya ubicación política es perfectamente conocida.

El Presidente de la ONU, el Canciller argentino Dante Caputo, denunció la violación del Acuerdo de Sede de 1947, en su Sección XI párrafo 5, reiterando que el gobierno de los Estados Unidos ha estado en la obligación -y aún lo está- de conceder la visa de entrada al país al líder de la Organización de Liberación Palestina.

Por otra parte, han habido reiteradas manifestaciones de Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU; y han habido, asimismo, expresiones que van desde el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el propio Mitterand, pasando por estadistas de tan alto nivel como Bettino Craxi -ilustre visitante en este momento de nuestro país- llegando a gobernantes de Bélgica y Suecia, que de modo muy claro y terminante han señalado la falta de fundamento jurídico y razón que ha determinado la acción cumplida en esta oportunidad por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Hay que hacer notar, también, que la Asamblea General de la ONU, por amplísima mayoría, acaba de resolver considerar a Israel como un Estado no amante de la paz e inclusive ha invitado a numerosos países a cesar vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con el Estado sionista.

Por otra parte hay que hacer notar que en más de una oportunidad y ya en el transcurso del año 1988, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, través de sus 15 miembros, los permanentes y los no permanentes han condenado la política violatoria de los derechos humanos que practica el Estado de Israel en Cisjordania y Gaza, zonas ocupadas arbitrariamente y contra derecho. Incluso, por lo menos en dos oportunidades la representación de los Estados Unidos de América, se vio obligada a acompañar estas resoluciones, lo que determinó que pudieran ser adoptadas por unanimidad de los quince miembros del Consejo de Seguridad.

Por otro lado, deseo expresar que el pretexto invocado para éste caso concreto es absurdo, y mucho más tratándose de quienes se trata. No es posible olvidar, en circunstancias como ésta, el asesinato cometido en Túnez contra un dirigente político de la OLP, Abu Jihad; no es posible olvidar que se violó la soberanía territorial de Túnez para bombardear el centro dirigente de la Organización de Liberación Palestina; no es posible olvidar la invasión militar armada que se operó en el intento de asesinar al Presidente de la República de Libia y que determinó grandes daños materiales, muertos y heridos, entre ellos una niña, la hija de Khaddafi.

En consecuencia, la invocación que en esta oportunidad ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos, tiene un señalado perfume a hipocresía y a mentira, desconociendo las obligaciones que emanan de su condición de país sede de una organización internacional.

En definitiva, esto mueve a algunas reflexiones, y a las consecuencias muy graves que tiene el que se vaya desarrollando una especie de Estado dentro del Estado y, a las repercusiones que tiene la actividad de eso que allá en el norte le llaman "lobbies" y que aquí preferiríamos denominar "grupos de presión", que en definitiva, tienden a que determinados gobiernos asuman actitudes tan reñidas con la razón y los fundamentos jurídicos y políticos, como esta que acaba de aprobar Estados Unidos de América. La misma ha sido censurada desde el "New York Times", hasta los más prestigiosos y difundidos periódicos de la prensa norteamericana de los más diversos estados y ciudades.

Simplemente, señor Presidente, en el día de hoy he querido recoger lo que estimo es uno de los hechos más trascendentes de nuestro tiempo, favorables a la paz y a la liberación de los pueblos. También deseo saludar desde esta banca la causa de la liberación del heroico y martirizado pueblo palestino, cuyos combatientes ven -aunque sean niños- destrozados sus brazos a garrotazos y, algunos de cuyos combatientes han sido enterrados vivos, mientras que los responsables de esos actos de ferocidad han sido apenas condenados a penas de tres o cuatro meses de prisión, por parte del Estado que secuestró fuera de su territorio nacional -el que le concedió Naciones Unidas en 1947- al sabio atómico Vanunu, en términos aún no suficientemente explicados.

Todo esto genera, en consecuencia, una circunstancia internacional de trascendencia y significación que quiero destacar, ya que mal que les pese a determinados círculos financieros que operan clandestinamente en el mundo y en la oscuridad, el pueblo palestino, con la comprensión y el apoyo de gran parte de la humanidad, ha dado un paso gigantesco hacia su liberación, que está próxima y será inevitable.

12) BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Resolución sobre funcionarios destituidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA. - Señor Presidente: estamos a muy pocos días de haberse cumplido tres años de sanción de la ley que dispuso el derecho de ser reincorporados a sus cargos todos aquellos que hubieran sido destituidos por razones que en la propia ley se expresan, durante el período que va del 9 de febrero de 1973 al 28 de marzo de 1985.

Esta ley en su artículo 1º reconoce, también, el derecho a la recomposición de la carrera de esos mismos funcionarios que tuvieran la posibilidad de reingresar a los institutos a que pertenecían.

Esta ley tiene un Capítulo III que habla de las reparaciones funcionales y que contiene, en los artículos 9º a 15 el derecho de los funcionarios reincorporados a ser reparados, por los perjuicios funcionales resultantes de su cesantía en la forma en que en ellos se establece.

Distintos literales del artículo 9º, por ejemplo, el a), establecen su promoción dentro de 60 días a los cargos del escalafón que resulte de la aplicación de las normas estatutarias vigentes al 9 de febrero de 1973. El literal b) que, a mi juicio, es el que resulta fundamental en este caso, previene que cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en el literal anterior, tendrán derecho a uno similar, tanto en jerarquía como en remuneración, agregando que en caso de duda, se atenderá a la situación actual de los funcionarios que a la fecha del cese se hallaban, a su respecto, en condiciones iguales o similares, de manera que el funcionario restituido quedare en situación semejante a la que promedialmente están ocupando aquéllos.

Cito un par de artículos más para señalar después el hecho concreto al que quiero hacer referencia.

El artículo 14 otorga los mismos derechos a los funcionarios que, sin haber cesado en sus funciones, hubieran sido postergados en su carrera funcional, por los mismos motivos a que alude el artículo 1º de la ley, pudiendo realizar reclamaciones dentro de las disposiciones que establece esta misma ley.

En el Capítulo V artículo 28, se crea una Comisión Especial integrada con miembros de la Comisión Nacional de Servicio Civil con el cometido, entre otros, de asesorar a los organismos respectivos, a requerimiento de éstos, sobre la aplicación de la ley a la que nos estamos refiriendo.

Como decía al iniciar mi exposición, hace tres años que esta ley ha sido sancionada. En el Banco Hipotecario del Uruguay, hace muy pocas semanas se dictó resolución sobre este tema con la particularidad, a mi juicio, de que se aparta totalmente de lo dispuesto no sólo por la ley, sino por el dictamen que la Comisión Nacional del Servicio Civil estableció respecto de una consulta que ese mismo Banco le formulara.

Entre los antecedentes tengo una revista de la Administración Pública Uruguaya editada por la Oficina Nacional del Servicio Civil correspondiente a setiembre de este año, en la que está el caso de la consulta del Banco Hipotecario. Cita, entre sus antecedentes, que un Grupo de Trabajo, encargado por el Directorio de asesorarlo en ese sentido, había llegado -integrado por representantes de la administración y del personal- a una forma de transacción en la que se otorgaba una bonificación hasta la categoría de Subjefe inclusive, de tres grados y de Jefe en adelante, en dos grados, sobre la escala aprobada por el Directorio para la equiparación.

Más adelante señala que la Gerencia General no coincide con dicho criterio por entender que hay una situación particular en lo que se refiere a las promociones que el Banco efectúa, yo diría casi pacíficamente, desde hace una cantidad de años.

No obstante esto, es bueno establecer que las conclusiones de la Oficina Nacional del Servicio Civil, es decir, de un asesor encargado de ello, pero compartida, finalmente, por dicha Oficina -ahorro la lectura de algunos párrafos de este análisis- disponen que en cuanto a las dificultades de que se da cuenta, estimamos que, no obstante ello, hasta que no exista un pronunciamiento legislativo, deberá aplicarse el Capítulo III de la Ley Nº 15.783, el que establece como principio básico la situación promedio de los funcionarios que a la fecha del cese de la persona a reincorporar se hallaban a su respecto en condiciones iguales o similares, de modo que el funcionario restituido venga a quedar en una situación semejante a la que promedialmente están ocupando aquéllos. (Artículo 9º, literal b).

Y las conclusiones dicen que de no mediar una modificación legislativa -lo que no ha pasado- el mecanismo preestablecido resulta aplicable a todos los cargos de carrera del Banco Hipotecario del Uruguay.

A pesar de estas consideraciones tenemos conocimiento que el Directorio del Banco Hipotecario ha efectuado una discriminación en el sentido de establecer un techo para la corrección de la recomposición de la carrera que llega solamente hasta la categoría de Jefe. Es decir, en algunos casos de Oficiales II y I, han llegado hasta la categoría de Jefe o Jefe de Primera, pero los que revistaban con eso cargos, Jefes o Jefes de Primera, han ascendido un grado o no le han recompuesto la carrera a los niveles que correspondía.

A mi juicio, el Banco Hipotecario ha procedido en forma arbitraria no dando cumplimiento a la ley que es muy clara al respecto y tampoco, haciendo caso del dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la cual recurrió en su momento.

En consecuencia, en virtud de la demora en realizar esta recomposición de carrera a que estaba obligado por ley y haber sido hecha ésta en forma totalmente irregular a tal punto que en este momento existen alrededor de 300 reclamaciones en ese sentido y que en los otros Bancos oficiales, es decir, Central, de la República y de Seguros, procedieron en forma completamente distinta regularizando la carrera de los funcionarios retomados, el Banco Hipotecario se ha aislado completamente de esta situación, procediendo, como he dicho anteriormente, en forma absolutamente irregular.

Por esa razón, señor Presidente, solicito que mis palabras pasen al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, por la vía pertinente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ASUNTOS ENTRADOS.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

-La Oficina Nacional del Servicio Civil remite la información solicitada por el señor senador Luis A. Lacalle Herrera relacionada con viajes efectuados en Misión Oficial en el período 1985-1988 inclusive.

-A disposición del señor senador Luis A. Lacalle Herrera.

-La Oficina Nacional del Servicio Civil acusa recibo de la exposición escrita formulada por el señor senador Juan Raúl Ferreira relacionada con la situación del Centro Auxiliar de Dolores, departamento de Soriano.

-A disposición del señor senador Juan Raúl Ferreira.

14) EXPOSICION ESCRITA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Juan Raúl Ferreira de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública relacionada con la situación del Centro de Salud del Barrio Bella Italia".

Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Sr. Presidente:

No quisiera dejar pasar esta última sesión sin hacer referencia, aunque sea brevemente, a un planteamiento que me hicieron llegar días atrás vecinos del Barrio Bella Italia. Los mismos, que se encuentran agrupados en torno a la Comisión Unión Vecinal Pro Fomento del mismo y a la Comisión Barrial de Salud, han volcado todos sus esfuerzos en el intento de poder dotar al barrio de un servicio de emergencia que funcione en su Centro de Salud.

Creo, Sr. Presidente, que no es necesario destacar la importancia de una iniciativa de este tipo, pero sí lo es el hecho de que la misma contó con el respaldo de más de 3.000 firmas. Es la mejor pauta de que las cosas se están haciendo en serio y por lo tanto nuestro apoyo no puede quedar en el mero aliento a ese esfuerzo. El propio Ministro de Salud Pública manifestó su interés por el problema. También el Dr. Jorge Parodi, Director de Administración de Servicios de Salud del Estado, convocó a la Comisión para conocer y profundizar el tema, prometiendo, incluso, estudiar la posibilidad de adjudicar una ambulancia para el servicio. Todo ello nos dice a las claras de que existe voluntad para concretar la iniciativa. Pero el tiempo transcurre y la solución, Sr. Presidente, no se vislumbra. Seamos conscientes de lo grave que puede resultar una omisión de este tipo para un barrio habitado mayoritariamente por gente de muy escasos recursos.

Se muy bien, Sr. Presidente, que muchas veces los problemas barriales pueden parecer nimios ante la problemática tan vasta a cuya solución debe abocarse este Cuerpo. Pero tampoco podemos olvidar, Sr. Presidente, que en la solución misma de estos problemas tan concretos descansa la credibilidad del sistema ante los ojos del ciudadano común. Asumamos todos juntos nuestra cuota de responsabilidad y demos una respuesta real a quienes, como estos vecinos de un postergado barrio de Montevideo, pretenden encontrar en sus gobernantes los artífices del bien común.

Por todo ello, Sr. Presidente, mociono para que mis palabras sean enviadas a las Direcciones de Recursos Humanos y Recursos Materiales del Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Juan Raúl Ferreira, Senador".

15) DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO. Se crea un fondo especial que se distribuirá entre sus funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se crea un Fondo Especial con el 1.5% de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, con el objeto de distribuir su producido entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos. (Carp. Nº 1286/88 - Rep. número 188/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1286/88
Rep. Nº 188/88

Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 24 de noviembre de 1988

Señor Presidente de la
Asamblea General,
Dr. Enrique E. Tarigo

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley por el que se crea un Fondo Especial con el uno con cinco por ciento (1,5%) de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, con el objeto de distribuir su producido entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos.

Conforme a lo convenido por el Sr. Sub-Secretario del Ministerio de Economía y Finanzas con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, en la sesión de 24 de noviembre de 1988, se requiere la iniciativa de este Poder a los efectos de contemplar, para el presente año, la situación que se planteara entre el personal de dicha Dirección y que motivara la inclusión en el Proyecto de Ley Orgánica de Casinos del Estado, remitido oportunamente a ese Cuerpo, de un articulado que pretende solucionar en forma definitiva el referido diferendo.

Atento a que no ha culminado el trámite de sanción de dicho Proyecto de Ley, se ha estimado conveniente promover la presente iniciativa antes del cierre del Ejercicio 1988.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Créase en la Dirección General de Casinos del Estado, un Fondo Especial para el año 1988, que se formará con el 1,5% (uno con cinco por ciento) de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, que se distribuirá entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos del Estado con excepción de los pertenecientes al Escalafón Especializado de Casinos.

Artículo 2º - A los efectos de la distribución, se calculará el aporte neto de cada Casino al Fondo Común creado al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970.

Se consideran aportaciones netas las que realizan aquellos establecimientos cuyos aportes efectivos en beneficio del resto de la organización, sin considerar a la Oficina Central, sean superiores al monto de los retiros que hayan efectuado del citado Fondo Común durante el año 1988.

La aportación neta se calculará al finalizar el Ejercicio 1988 y, el monto correspondiente a la misma, se extraerá del Fondo Especial creado por el artículo 1º de la presente ley.

Dicho monto se distribuirá entre los funcionarios asignados a los establecimientos que realizaron aportaciones netas, de acuerdo al procedimiento vigente en la Dirección General de Casinos.

Artículo 3º - En caso que en el Fondo Especial quedare un remanente, luego de compensadas las aportaciones netas, el mismo se verterá al Fondo Común referido en el artículo anterior y se distribuirá entre todos los funcionarios beneficiarios de la Dirección General de Casinos, de acuerdo al procedimiento vigente en dicho Organismo.

Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, etc.

Ricardo Zerbino.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º - Créase en la Dirección General de Casinos del Estado, un Fondo Especial para los años 1988 y 1989, que se formará con el 1,5% (uno con cinco por ciento) de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, que se distribuirá entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos del Estado, con excepción de los pertenecientes al Escalafón Especializado de Casinos.

Art. 2º - A los efectos de la distribución, se calculará el aporte neto de cada Casino al Fondo Común creado al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970.

Se consideran aportaciones netas las que realizan aquellos establecimientos, cuyos aportes efectivos en beneficio del resto de la organización, sin considerar a la Oficina Central, sean superiores al monto de los retiros que hayan efectuado del citado Fondo Común, durante los años 1988 y 1989.

La aportación neta se calculará al finalizar el año 1988 y mensualmente para el año 1989 y, el monto correspondiente a la misma, se extraerá del Fondo Especial creado por el artículo 1º de la presente ley.

Dicho monto para los años 1988 y 1989 se distribuirá entre los funcionarios asignados a los establecimientos que realizaron aportaciones netas, de acuerdo y en lo pertinente, a las disposiciones del Decreto 360/78, de 28 de junio de 1978.

Art. 3º - En caso de que en el año 1988 en el Fondo Especial quedare un remanente, luego de compensadas las aportaciones netas, el mismo se verterá al Fondo Común referido en el artículo anterior y se distribuirá entre todos los funcionarios beneficiarios de la Dirección General de Casinos, de acuerdo al procedimiento vigente en dicho Organismo.

Art. 4º - Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de Sesiones de la Comisión a 1º de diciembre de 1988.

Jorge Batlle, Miembro Informante (verbal), Luis A. Senatore, Miembro Informante (verbal), Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Dardo Ortiz, Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

En discusión general.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: en ausencia del señor senador Batlle voy a hacer el informe verbal sobre este proyecto sustitutivo como lo había dispuesto la Comisión. Es necesario hacer una pequeña historia para que el Senado se informe de la razón de este proyecto sustitutivo.

En el año 1987 entró a la consideración de la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto que regula el régimen orgánico de la Dirección General de Casinos. Esta es una materia muy difícil en la que, por lo general -y en particular al senador que habla- se tiene poco contacto con todo lo relacionado a esta organización tan especial. Cada uno de nosotros hemos podido entrar a ella, asesorándonos y conociendo esta materia, a través de distintas sesiones que se realizaron en los años 1987 y 1988 antes de la Rendición de Cuentas. Realizamos, junto con el señor Subsecretario de Economía y Finanzas -que concurría puntualmente a las reuniones- con los miembros de la Dirección General de Casinos y asesores, la redacción de un proyecto sustitutivo en base a lo que se iba acordando a medida que se realizaban las sesiones. Por supuesto que tuvimos el asesoramiento de los propios integrantes de la Dirección General de Casinos a los efectos de que ese articulado final fuera una realidad. Ese estudio se interrumpió cuando vino la Rendición de Cuentas y luego fue retomado, nuevamente, junto con dos o tres proyectos.

Esta es la historia, señor Presidente, de la Ley Orgánica de la Dirección General de Casinos. Doy al Senado estas explicaciones a fin de que conozca el porqué no nos hemos pronunciado todavía sobre todo el proyecto de ley orgánica que contiene cuarenta y un artículos. En dicho proyecto de ley también está contemplado -en el artículo 36- y se denomina Fondo Anual Compensatorio, el tema a que refiere el proyecto de tres artículos que estamos examinando.

En la temporada 1997-1988 hubo un atisbo de conflicto en la Dirección General de Casinos, sobre todo en los Casinos de Punta del Este, Nogaró y San Rafael, por la distribución de porcentajes.

Ese conflicto fue solucionado de acuerdo con las partes, es decir, los funcionarios y el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión Nacional que actualmente está al frente de la Dirección General de Casinos, haciendo una sugerencia y formulando un compromiso en el sentido de la formación de un Fondo Común para distribuir entre los funcionarios a partir del 1º de enero de 1988. Todo eso, señor Presidente, viene incorporado a la Ley General de Casinos, pero como ella se fue demorando, al llegar casi al final del año 1988, resolvimos desglosar estos tres artículos. La solución que había sido prometida para resolver un conflicto que no se desató en la temporada anterior, motivó el envío de un mensaje complementario, repito desglosando tres artículos. En ese desglose el Poder Ejecutivo establecía la solución del caso para el año 1988. En la Comisión se planteó el problema de que era conveniente extenderlo hasta 1989, en la seguridad de que en marzo del año próximo sería aprobada por el Senado la Ley de Casinos. Con este proyecto se cubre la posibilidad de que no se vaya a plantear un conflicto, porque está solucionado con esta disposición legal que traemos hoy a consideración del Cuerpo.

Quedamos a disposición de los señores senadores para cualquier información que podamos brindar. También lo puede hacer el señor senador Ortiz que muchas veces ha presidido la Comisión y conoce todo el trámite de este proyecto de ley.

Repito, señor Presidente, que el proyecto tiene por finalidad exclusiva cumplir con un compromiso hecho el año pasado a los funcionarios, los que trabajaron normalmente en la temporada pasada. Hay un agregado que surgió en la Comisión amparando los primeros meses del año 1989, es decir, hasta que no esté aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Casinos.

Reitero que el proyecto contiene tres artículos que venían en el Mensaje del Poder Ejecutivo. La Comisión tiene la seguridad de que en el correr del año que viene -seguramente en el mes de marzo o abril- tendremos una Ley Orgánica de Casinos en la cual no sólo está interesada la Dirección General de Casinos, el Ministerio de Economía y Finanzas y los funcionarios, sino también, los senadores que entendemos que debe existir una ley que regule la función de esta Dirección.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - He escuchado, señor Presidente, con mucha atención la explicación brindada por el señor senador Senatore, pero, sin perjuicio de que ella es aclaratoria de cual ha sido el trámite de este proyecto de ley y por qué no se aprobó una normativa de carácter general sobre esta materia, si uno lee el proyecto de ley no es entendido en los aspectos que refieren a las normas que aquí se citan, indudablemente queda en ayunas, porque resulta incomprensible lo que se dice acerca de un "Fondo Común creado al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970". Esta redacción a que nos tienen acostumbrados los funcionarios administrativos que redactan estas normas, hace que uno deba levantar la mano sin entender, en realidad, lo que se está votando, cuál es el beneficio que se va a otorgar a los funcionarios y cuál es la finalidad de justicia que se está persiguiendo. Nosotros podemos tener confianza en los miembros de la Comisión y sabemos que hay urgencia en aprobar el proyecto; pero creemos que, para la historia fidedigna de la sanción de la ley, por lo menos se debe explicar de qué se trata, es decir, cuál es el sentido de las disposiciones y cuál el problema que se va a resolver.

En lo que a mi respecta, señor Presidente, estoy dispuesto a votar, pero realmente no entiendo lo que debo votar.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970 modifica el artículo 2º de la Ley Nº 13.797. Como lo expresa la propia disposición, lo modifica dándole una nueva redacción.

Entonces, la redacción vigente del Art. 2º de la Ley Nº 13.797 es la contenida en el artículo 5º de la Ley Nº 13.921 que paso a leer a los señores senadores. "Art. 5º: Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, que quedaría redactado de la siguiente manera:

"Artículo 2º - El porcentaje que de las utilidades brutas del juego de los Casinos del Estado corresponderá distribuir entre el personal de Administración, Fiscalización y/o Vigilancia, Obrero y de servicio de los mismos, funcionarios presupuestados de la Oficina Central de la Comisión Honoraria Asesora y Fiscalizadora de Juegos de Azar, y el personal presupuestado, contratado o jornalero de los Programas 901 "Administración General" y 909 "Asesoramiento en la formulación de la política, coordinación y supervisión del Turismo", cuyas remuneraciones se atiendan con cargo a los créditos previstos en las leyes de Sueldos, Gastos e Inversiones, lo será en la forma siguiente:

a) El 10% (diez por ciento) para el personal de Casinos y de la Oficina Central de la Comisión Honoraria, Asesora y Fiscalizadora de Juegos de Azar, se distribuirá de acuerdo a las normas vigentes".

Luego vienen cinco o seis incisos a los que, si los señores senadores quisieran, podría dar lectura.

El inciso b) dice: "Además se distribuirá, para el personal incluido en el apartado a), el 4% (cuatro por ciento) del incremento de las utilidades brutas, producido entre un Ejercicio y el siguiente, diferencia que se calculará al cierre de cada Ejercicio. Con ese 4% (cuatro por ciento) se formará un fondo único que se distribuirá entre los funcionarios que tienen derecho a él como si pertenecieran todos a una sola repartición".

El inciso c) expresa: "Tanto el 10% (diez por ciento) como el 4% (cuatro por ciento) precedentemente indicados, se distribuirán en base a un sistema de calificación estructurado por el Poder Ejecutivo, teniendo como criterio la actuación funcional, la asiduidad, la asistencia, la capacidad, la conducta y la antigüedad de los funcionarios beneficiarios;

d) El 4% (cuatro por ciento) para el personal que se indica en el acápite perteneciente a los Programas 901 y 909 -con excepción de los funcionarios de la Oficina Central de la Comisión Honoraria Asesora y Fiscalizadora de Juegos de Azar- así como para aquellos funcionarios en comisión en dichos Programas que presten efectivamente funciones en éstos con anterioridad a la fecha de promulgación de esta ley, y mientras pertenezcan desempeñándose en las mismas y para los que integran las planillas de disponibilidad de personal incorporado en los Programas mencionados y hasta dicha fecha. La liquidación y distribución de este porcentaje se efectuará en la forma y condiciones que establezca la reglamentación que dice el Poder Ejecutivo".

SEÑOR POZZOLO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: creo que estamos equivocando el procedimiento porque aún no hemos votado el proyecto en general y ya estamos considerando en detalle el artículo 2º. Pienso que primero tenemos que votar el proyecto en general y, posteriormente, serán examinados los artículos.

Aprovecho la interrupción que me concedió el señor senador para decir que hubiéramos preferido votar la ley de fondo, es decir, la Ley Orgánica de los Casinos del Estado, tal como lo anticipó el señor senador Senatore. Pero frente a las circunstancias creadas y los compromisos contraídos por la Comisión y por el Poder Ejecutivo, vamos a votar el proyecto tal como lo propone la Comisión.

En consecuencia, solicitaría que se ordene un poco el debate, porque si entramos a establecer lo que dispone el artículo 2º antes de haberse votado el proyecto en general, me parece que estaríamos alterando el orden de la discusión.

Agradezco al señor senador la interrupción que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El tema, como lo señalaba el señor miembro informante, es bastante complejo y motivó la preocupación de la Comisión durante varios meses, con algunas interrupciones, como lo ha mencionado el señor senador Senatore.

Pero el asunto, en forma global, es el siguiente: los funcionarios de los Casinos son de dos clases: los que comúnmente llamamos profesionales y los administrativos. Todos ellos tienen diferentes remuneraciones. Los profesionales, además de su sueldo, tienen la propina que es su ingreso principal; los administrativos, además de su sueldo, tienen un porcentaje sobre las utilidades de los Casinos. Con respecto a estos últimos, se plantearon varios conflictos sobre la forma de distribuir ese porcentaje. Estos conflictos fueron solucionados o evitados -como lo recordaba el señor senador Senatore- con un acuerdo con el Poder Ejecutivo, del que surgió, también, una especie de compromiso moral, diríamos, de que el problema se solucionaría este año. Pero este año el problema venía solucionado en la Ley Orgánica de Casinos que, como dije antes, es muy compleja y no tuvimos tiempo de tratarla en su integridad. De ahí que desglosamos de ese proyecto estos tres artículos que contemplan las aspiraciones de los funcionarios administrativos, con los que están de acuerdo el Poder Ejecutivo y la totalidad de los miembros de la Comisión en la que están representados todos los sectores políticos.

Por eso creo, sin perjuicio de la inquietud o la curiosidad que algunos señores senadores legítimamente tengan, que este es un proyecto en el que si nos internamos en las minucias y los porcentajes, nunca saldremos de ellos. Como el tiempo apremia, si no hay mayores objeciones pediría que el proyecto se votara cuanto antes. Reitero que es un proyecto que va a regir durante los años 1988 y 1989. Luego, aprobaremos la Ley Orgánica en su integridad. Esta es la forma de solucionar un conflicto y con ella estamos todos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º - Créase en la Dirección General de Casinos del Estado, un Fondo Especial para los años 1988 y 1989 que se formará con el 1,5% (uno con cinco por ciento) de las utilidades brutas de los juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento, que se distribuirá entre los funcionarios de la Dirección General de Casinos del Estado, con excepción de los pertenecientes al Escalafón Especializado de Casinos".

-En consideración.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Este artículo está incluido en el texto general que se está estudiando de la Ley Orgánica. De modo que cuando esta ley se apruebe este artículo perderá su razón de ser. El Fondo Especial que se crea por esta ley refiere exclusivamente a los funcionarios de toda la Dirección General de Casinos, con exclusión de los profesionales, es decir, los que tienen una retribución especial por concepto de propinas en las mesas de juego.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º - A los efectos de la distribución, se calculará el aporte neto de cada Casino al Fondo Común creado al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 13.797, de 28 de noviembre de 1969, con la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 13.921, de 30 de noviembre de 1970.

Se consideran aportaciones netas las que realizan aquellos establecimientos, cuyos aportes efectivos en beneficio del resto de la organización, sin considerar a la Oficina Central, sean superiores al monto de los retiros que hayan efectuado del citado Fondo Común, durante los años 1988 y 1989.

La aportación neta se calculará al finalizar el año 1988 y mensualmente para el año 1989 y, el monto correspondiente a la misma, se extraerá del Fondo Especial creado por el artículo 1º de la presente ley.

Dicho monto para los años 1988 y 1989 se distribuirá entre los funcionarios asignados a los establecimientos que realizaron aportaciones netas, de acuerdo y en lo pertinente, a las disposiciones del Decreto 360/78, de 28 de junio de 1978".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Artículo 3º - En caso de que en el año 1988 en el Fondo Especial quedare un remanente, luego de compensadas las aportaciones netas, el mismo se verterá al Fondo Común referido en el artículo anterior y se distribuirá entre todos los funcionarios beneficiarios de la Dirección General de Casinos, de acuerdo al procedimiento vigente en dicho Organismo.

-En consideración.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - ¿Qué sentido tiene la expresión de que "en caso de que en el año 1988 en el Fondo Especial quedare un remanente"? Tiene el sentido que le dio el señor Ministro Interino cuando asistió a la Comisión. De acuerdo con la versión taquigráfica, expresó que en el artículo 3º del proyecto se hace referencia a un remanente que de hecho responde a un compromiso contraído durante el conflicto anterior, ya que se esperaba que la Ley Orgánica fuera aprobada en 1988.

Esta es simplemente una compensación, en el caso que hubiere un remanente, por el retraso en percibir los funcionarios este beneficio del fondo especial..

Tal la explicación del artículo 3º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 4º es de orden.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Señor Presidente: por la economía del manejo del proyecto sustitutivo, no hemos hecho uso de la palabra, con el ánimo de que se sancionara. Conocemos el tema y creemos que fue muy bien manejado por los señores senadores Ortiz y Senatore, integrantes de la Comisión. Al igual que el señor senador Aguirre, pienso que el artículo 2º merece una redacción con otra clarificación. De cualquier manera, nos queda la esperanza de que en el proyecto de ley de Casinos que el país necesita irreversiblemente tener sancionado cuanto antes, todos estos temas encuentren una solución adecuada.

La aprobación de este proyecto va a repercutir favorablemente en una actividad que hoy tiene una enorme trascendencia en diferentes aspectos y que no es del caso señalar en este momento.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Solicito que se comunique de inmediato a la Cámara de Representantes la aprobación de este proyecto, ya que en este momento está celebrando sesión y es posible que lo puedan ingresar hoy mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará en el día a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

16) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. Se estructura un régimen obligatorio y se modifica el régimen pensionario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura como segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se estructura un régimen obligatorio de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se modifica el régimen pensionario amparado por el Banco de Seguros del Estado. (Carp. Nº 477/86 - Rep. Nº 176/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 477/86
Rep. Nº 176/88

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha estudiado y aprobado el adjunto proyecto de ley por el que se estructura un régimen obligatorio de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se modifica el régimen pensionario amparado por el Banco de Seguros del Estado.

Se reforman las Leyes Nos. 10.004 y 12.949, ya superadas. Se les otorga una mayor proyección social y se extiende el amparo a la totalidad del sector laboral. Se maneja las condiciones en que se desarrolla la actividad y se busca una adaptación a mayores exigencias sociales y económicas.

CAPITULO I
Principios Generales

Se establecen los presupuestos generales del proyecto: el principio de la obligatoriedad del seguro; la responsabilidad patronal y la regulación de los derechos del trabajador.

Se define quiénes se entienden por patronos y se establecen los elementos para configurar al trabajador, según los caracteres de su prestación: trabajo habitual u ocasional, remunerado y subordinado. Sólo se excluye a quienes realicen actividad deportiva y sean actores en espectáculos artísticos, dejando a salvo la posibilidad de seguros especiales. Respecto al personal de los hipódromos y studs que, en función de esta disposición tendrían que quedar excluidos, se entiende que son situaciones muy particulares y por tanto se propicia hacer efectiva la responsabilidad de la institución que organiza y respalda todo el sistema ya que de la misma extraen sus beneficios. Todo esto en caso que el accidente ocurra dentro del área de su actividad específica. Esta solución resulta más ajustada a la realidad, sobre todo en el interior del país donde son frecuentes las situaciones de insolvencia del patrón.

En lo que respecta a la administración pública, a la fecha, la cobertura del seguro comprende únicamente a aquellos que realicen tareas manuales. El proyecto lo extiende además, a los empleados administrativos. Se reitera el principio ya consagrado, de que el sistema debe funcionar a través del cumplimiento de la ley; es decir el daño derivado de la incapacidad laboral, debe indemnizarse de la manera que establecen estas disposiciones.

La indemnización es automática pero limitada y mantiene correspondencia con la responsabilidad objetiva. A su vez, a la responsabilidad normal, derivada del riesgo, se adiciona, eventualmente la derivada del dolo o culpa grave en caso de incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, ampliándose así la responsabilidad general, sin perjuicio de las sanciones del caso.

También el proyecto extiende la indemnización a los dependientes de patronos no asegurados, pero en este caso se limita al salario mínimo nacional, sin perjuicio de posteriores ajustes. Los funcionarios públicos que se encuentren en las mismas condiciones (Organismos sin asegurar al personal) resultan excluidos, salvo en lo que respecta a la asistencia médica. El fundamento de ello debe buscarse en la dificultad para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones por parte de los organismos públicos.

Los trabajadores siniestrados deben someterse obligatoriamente a la asistencia del banco salvo autorización expresa en contrario y bajo apercibimiento de sanciones por incumplimiento o conducta dolosa. En contrapartida se amplían los gastos de asistencia tendientes a la recuperación del obrero.

En los casos de responsabilidad de terceros, la reparación obtenida exonera al patrono hasta la suma concurrente. La reparación, de acuerdo con la ley, se atiende mediante una renta y el banco se subroga en los derechos de la víctima.

Para salvaguarda del derecho del trabajador se declara la nulidad de todo acuerdo privado; se incorpora el concepto del accidente "in itinere"; se regula la situación de los trabajadores dependientes de varios patronos; se establece que las rentas de indemnización son incedibles, inembargables e irrenunciables, con la salvedad de que pueden servir de garantía para préstamos en entidades bancarias oficiales en igual carácter que los sueldos o jubilaciones.

Finalmente se determinan los montos de las indemnizaciones; se fijan los mínimos y se establecen los límites máximos.

Los demás Capítulos señalan el funcionamiento del sistema.

CAPITULO II
Indemnizaciones temporarias

Se estipula su regulación, fijación y cese.

CAPITULO III
Rentas por incapacidad permanente

Se calcula y determina la renta en función del quántum de la incapacidad, se actualizan y se ajustan. En este último caso se exonera al patrono no asegurado de los complementos de capital posteriores a la constitución efectiva.

En este Capítulo merecen especial atención los numerales II y V del artículo 25. En el primer caso, las rentas entre el 10% y el 20%, a solicitud de la víctima, podrán indemnizarse con un pago único equivalente a 36 veces la reducción mensual de su sueldo o salario. La razón de esta disposición es que si bien el daño es indemnizable no hay una fundamental disminución en la capacidad laboral de la víctima. En el numeral V la ley incorpora el principio consagrado en el Convenio Internacional 121, artículo 15, permitiendo el rescate de la renta cuando se trata de salvaguardar la integridad física del trabajador.

CAPITULO IV
De las enfermedades profesionales

Las tipifica y delimita; declara la obligatoriedad de los exámenes preventivos y dispone la forma de liquidarlas. En este último punto merece señalarse una diferencia con la forma de liquidar las indemnizaciones por accidente. Estas se perciben a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente, en tanto que en el caso de las enfermedades profesionales, se perciben a partir del día siguiente del abandono de las tareas. El motivo es evitar el accidente provocado y de menor entidad.

CAPITULO V
De los derecho-habientes

Se dan normas para liquidar las rentas en caso de muerte. Se extienden los derechos al cónyuge supérstite, aun cuando el matrimonio se hubiera celebrado con posterioridad al siniestro, pero tenga una duración de más de un año; a los concubinos con más de un año de vida en común y, en caso de muerte de la esposa, al marido, por entender que actualmente la relación de trabajo es similar a ambos cónyuges y la muerte de cualquiera de ellos supone un daño económico al núcleo familiar. También se eleva a 18 años el tope de los menores con derecho a renta y se elimina la disposición que hacía caducar la renta por mala conducta del beneficiario.

CAPITULO VI
Procedimiento

El proyecto establece un procedimiento de naturaleza exclusivamente administrativo, ante el Banco de Seguros del Estado a fin de denunciar el siniestro y hacer efectiva la indemnización correspondiente. En caso de controversias suscitadas entre las partes, previamente a la decisión jurisdiccional, se crea una segunda instancia administrativa, mediante un Tribunal Médico que funciona en la órbita del Banco y tiene plazo para expedirse, sin perjuicio de la prestación de la renta ya fijada.

CAPITULO VII
Disposiciones tendientes a garantir el pago de las indemnizaciones

Refiere a las garantías para el pago de las indemnizaciones. Agrupa en ellas las sanciones al patrono incumplidor de las obligaciones, la forma de exigir el cumplimiento de las mismas, así como las medidas judiciales cautelares para preservar los derechos del asegurado.

CAPITULO VIII
Disposiciones generales

Se refieren a asesoramiento, inspecciones, se crea la competencia de los Juzgados Laborales, se establecen prescripciones para la exigibilidad de las rentas, se dispone la fijación de primas por parte del Banco y los métodos de financiación de las rentas. En este último caso se opta por un régimen mixto, de capitalización por un lado y de actualización de rentas por el otro. Es un resguardo del Banco frente a una realidad de depreciación de la moneda que en determinadas circunstancias puede traducirse en insolvencia financiera. Se precisan los beneficios de explotación del seguro y se prevén los distintos fondos a considerar; se crean fondos tendientes a mejorar la situación de los incapacitados, así como cursos, becas y premios; y finalmente, se otorgan garantías laborales a los siniestrados.

Estos son los lineamientos generales contenidos en el siguiente proyecto, que entendemos configura una notoria superación de la normativa vigente, motivo por el cual lo sometemos a consideración del Cuerpo:

PROYECTO SUSTITUTIVO

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto en esta ley.

Art. 2º. - Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes.

Art. 3º. - A los efectos de esta ley, entiéndese por patrono toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta, que utilice el trabajo de otra, sea cual fuere su número; y por obrero o empleado, a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación.

No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Art. 4º. - La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración.

b) A quienes trabajen en su propio domicilio, por cuenta de terceros.

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs.

Las instituciones que explotan los hipódromos cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos, serán consideradas patronos.

Art. 5º. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aún y cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo.

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Art. 6º. - Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de otra, no está comprendida en la presente ley.

Art. 7º. - Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que los que esta ley les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo por parte del patrono o culpa grave en el cumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además, el Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (pérdida del seguro, recuperaciones de gastos y multas).

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecida por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables por tanto las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

Art. 8º. - El Banco de Seguros del Estado, prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por esta ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar.

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional.

A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica.

El Banco de Seguros del Estado deberá exigir en todos los casos del patrono no asegurado, la constitución del capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 36.

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono, o convenida con el Banco de Seguros del Estado una fórmula de pago, se efectuarán las reliquidaciones que correspondan.

Art. 9º. - Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a la indemnización aun cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en el caso de haberlo provocado dolosamente.

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación.

Art. 10. - El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución.

El Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados o víctimas de enfermedades profesionales a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda derivarse de tal internación.

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuera otorgada, el trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida en el artículo 19 por todo el tiempo que realice tareas remuneradas.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador, dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiere.

Art. 11. - La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones.

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de seis sueldos mínimos nacionales.

Art. 12. - En cuanto exceda de la indemnización que esta ley pone a cargo del Banco de Seguros del Estado o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, el trabajador siniestrado, o sus causahabientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros del Estado.

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos daños.

Esta indemnización será servida por el Banco de Seguros del Estado en la forma prevista en los artículos 25 y siguientes, mediante la constitución del capital correspondiente para servirla.

El Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causahabientes con referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos.

Art. 13. - Esta ley es de orden público. Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto liberar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que ella impone o que sea derogatorio de sus disposiciones, es absolutamente nulo.

Art. 14. - No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) que estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono;

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

Art. 15. - Cuando el obrero o empleado trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.

Este régimen se aplicará también, en el caso de que realice más de una actividad, para un mismo patrono.

Art. 16. - Las rentas de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija esta ley, serán incedibles, inembargables e irrenunciables.

No obstante ello, la renta por incapacidad permanente que el accidentado reciba del Banco de Seguros del Estado, podrá servir de garantía para préstamos de entidades bancarias oficiales, en el mismo carácter que los sueldos o jubilaciones de funcionarios públicos.

El Banco de Seguros del Estado, podrá retener, expresamente autorizado por el afiliado, de cada renta que sirve, el importe de la cuota social de la asociación con personería jurídica, que represente a los rentistas y pensionistas vitalicios del Banco.

Art. 17. - Las indemnizaciones que establece esta ley, se determinarán de acuerdo a la remuneración real que perciba el trabajador, la que nunca será considerada menor al salario mínimo nacional.

Art. 18. - Los salarios que sirven de base para las indemnizaciones, no tendrán límite máximo, salvo el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutivo por razones de interés general, previo informe del Banco de Seguros del Estado. En este último caso, ese límite no podrá ser nunca inferior a quince salarios mínimos nacionales.

CAPITULO II - DE LAS INDEMNIZACIONES TEMPORARIAS

Art. 19. - Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a esta ley, se regularán por las siguientes disposiciones:

I- El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre las 2/3 partes del jornal o sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos.

II- Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a las 2/3 partes del salario diario que resulte de dividir por 150 el salario semestral.

III- Para los trabajadores que realicen tareas de "zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 29 del Capítulo III.

IV- En el caso de los trabajadores rurales, se tendrá en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes.

V- El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente.

Art. 20. - Si el salario de un trabajador está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por 150 el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los 6 meses anteriores.

Art. 21. - Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido todavía 6 meses desde que el obrero o empleado empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso por los trabajadores similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún establecimiento o actividad afines.

Art. 22. - Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero (inclusive propinas) o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia.

Art. 23. - El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal fijada en el artículo 19 de esta ley, se actualizará como mínimo cada cuatro meses, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente, y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización.

Art. 24. - La indemnización por incapacidad temporal, cesa en el momento de la cura completa o consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable se establecerá de inmediato el monto de la renta.

CAPITULO III - DE LAS RENTAS POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Artículo 25. I. - La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna, si la reducción de la capacidad profesional no alcanza al 10% (diez por ciento). No obstante el trabajador que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aun por aquellos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, siempre que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo y a partir de ese momento. La indemnización correspondiente a cada accidente o enfermedad profesional, será liquidada por separado sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo.

II- En caso de accidentes o enfermedades profesionales que originen una incapacidad permanente igual o superior al 10% (diez por ciento) y no mayor del 20% (veinte por ciento), a solicitud de la víctima, y previa conformidad del Banco de Seguros del Estado, el siniestrado recibirá como indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la incapacidad haya originado en el sueldo o salario. El Banco de Seguros del Estado tendrá en cuenta para dar su conformidad, el tipo de lesión y la posibilidad existente sobre la evolución de la incapacidad que llegue a ésta a superar en el futuro el citado porcentaje del 20% (veinte por ciento). De no darse los presupuestos citados de solicitud del obrero y conformidad del Banco, se procederá en la misma forma establecida en el inciso III de este artículo.

III- En caso de incapacidades permanentes superiores al 20% (veinte por ciento), se abonará una renta igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el incapacitado por la entidad de sus lesiones, no pudiere subsistir sin la ayuda permanente de otras personas, la renta se elevará al 115% (ciento quince por ciento) del sueldo o salario.

IV- En caso de que un siniestrado haya percibido la suma establecida en el numeral II, y que sufriera una nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superara el 20% (veinte por ciento), se procederá en la siguiente forma:

a) si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la indemnización, liquidara de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral III, desde la fecha del alta del accidente del trabajo o enfermedad profesional que originó la última incapacidad;

b) si no hubiera pasado dicho período de tres años, se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento de incapacidad), en la forma establecida en el numeral III.

Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial.

V- En circunstancias excepcionales, cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera particularmente ventajosa para la integridad física del trabajador, de acuerdo a informes técnicos terminantes en establecer una salvaguarda de la vida o mejoramiento de la incapacidad, a solicitud del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado, podrá cancelar hasta el 50% de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos.

Tal resolución requerirá 5 votos conformes del Directorio.

Art. 26. - La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del accidente hubiere recibido a título de sueldo o salario, lo que se hará multiplicando por 24 el promedio del salario medio quinquenal ganado en el último semestre anterior al accidente, siempre que haya trabajado por lo menos 150 días durante ese semestre.

En caso de no haber llegado a trabajar 150 días en el semestre anterior, se aplicará el criterio establecido en el artículo siguiente.

Art. 27. - Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante 6 meses con anterioridad al accidente de trabajo o a la fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, en las condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual será determinado multiplicando por 24 el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas en los últimos 6 meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, durante ese período.

Si la víctima ha ingresado al establecimiento en la quincena en que se produjo el accidente de trabajo o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, se tomará como base para calcular la indemnización, el salario medio de los trabajadores similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Art. 28. - Si el siniestrado trabajara a destajo, el cálculo del salario anual, se hará multiplicando por 300 el salario diario medio en el último trimestre anterior al accidente o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional.

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los operarios válidos similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Art. 29. - Para quienes realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual se efectuará multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a 24 por el salario quincenal medio ganado por los trabajadores válidos de su categoría fuera de la época de zafra. Esta regla se aplicará tanto si el accidente o abandono en caso de enfermedad profesional, ocurriera durante el período de la zafra, como si tuviere lugar durante el resto del año.

La cantidad resultante, se actualizará de acuerdo a los índices de salarios de la Dirección General de Estadística y Censos correspondientes al mes de la fecha del accidente o abandono en caso de enfermedad profesional y a seis meses antes.

Art. 30. - Los aprendices y trabajadores menores de 21 años que no gocen de remuneración o cuando ésta sea inferior a la de los demás trabajadores ordinarios, tendrán derecho, en caso de incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la multiplicación por 300 del salario diario más bajo de los trabajadores ordinarios válidos, empleados en el mismo establecimiento o análogos, y en la misma localidad.

Por trabajador ordinario válido se entiende el que, sin constituir una especialidad en su género, goza de la plenitud de sus aptitudes profesionales.

Art. 31. - A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo, rige lo dispuesto en los artículos 19 al 23 inclusive.

Art. 32. - El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente, deberá suministrar por escrito al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a que se dedicara, género de la misma, salarios que percibe y nombre de su patrón, pudiendo el Banco suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información.

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera mediado dolo de parte del trabajador en la adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá éste la misma facultad.

Art. 33. - Si las personas amparadas por la presente ley se radicaran en otro país, sin designar apoderado en forma, se les suspenderá el pago de la renta. Dicho pago se reiniciará, conjuntamente con los atrasos, cuando aquéllas propongan otra forma de cobro de las mencionadas obligaciones, aceptada por el Banco de Seguros del Estado.

De existir convenios de previsión social con algún país, se estará a lo que establezca en los mismos.

Sin embargo, los derecho-habientes de trabajadores fallecidos que viviesen en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que luego vinieran a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de esta ley, sólo a partir de la fecha de su radicación en el país y mientras dure su permanencia en el mismo.

Art. 34. - El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en el artículo 25, se actualizará una sola vez, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente o se diagnosticó la enfermedad profesional, y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta.

Art. 35. - El Banco de Seguros del Estado ajustará como mínimo una vez al año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva del índice medio de salarios establecido por la Dirección General de Estadística y Censos.

En el caso de ajuste anual, el mismo se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de 12 meses que finaliza en el mes de setiembre anterior al del ajuste.

Para las rentas que comenzaren a servirse en el transcurso del año, se considerarán a los efectos de su ajuste, los índices correspondientes al mes de setiembre anterior al del ajuste y a cuatro meses antes del mes en que se inició la renta.

En caso de ajuste en un plazo inferior al año, se procederá en una forma similar. A los efectos del cálculo en este caso se considerarán los índices correspondientes a cuatro meses antes de la fecha del ajuste anterior, y a cuatro meses antes de la fecha del nuevo ajuste.

Las rentas que sirva el Banco de Previsión Social por incapacidad permanente o muerte a los trabajadores rurales, las ajustará en la misma forma, de acuerdo a los índices aplicados por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 36. - En el caso de rentas correspondientes a trabajadores cuyos patronos no estuvieran asegurados a la fecha de los accidentes o enfermedades profesionales, dichos patronos deberán constituir en el Banco de Seguros del Estado el capital de la renta que se origine, el que se establecerá en la forma que se indica a continuación.

Se tomará como base la suma necesaria para servir la renta, evaluada a la fecha de inicio de la misma, calculada según las tablas del Banco de Seguros del Estado, la que se reajustará por el artículo 57 de esta ley.

Art. 37. - La renta anual por incapacidad permanente o muerte, es íntegramente compatible con las jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social.

CAPITULO IV - DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Art. 38. - Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral, o que estén presentes en el lugar de trabajo.

Art. 39. - Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquéllos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Art. 40. - Las enfermedades profesionales indemnizables son aquéllas aprobadas por Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981 del Poder Ejecutivo.

Art. 41. - El trabajador, o en su caso, el patrono podrán acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo.

Art. 42. - La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Art. 43. - Serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, y los periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualesquiera otros que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre prevención de enfermedades profesionales.

El patrono que no exija al trabajador el cumplimiento de los exámenes a que se hace referencia en este artículo, asumirá la responsabilidad del riesgo.

Si el trabajador se niega a someterse a los mencionados exámenes, será suspendido en el trabajo hasta que desista de esa actitud.

Art. 44. - Las indemnizaciones temporales por enfermedades profesionales se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de esta ley, salvo en lo que respecta a la indemnización diaria que se calculará sobre la base de la totalidad del jornal o sueldo mensual que percibía el siniestrado en el momento en que se diagnostique su enfermedad, y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas.

Art. 45. - Las rentas por incapacidades permanentes originadas por enfermedades profesionales se liquidarán en la forma establecida en el Capítulo III de esta ley. Mientras el Estado no funde escuelas de reeducación profesional y se reglamenten los derechos y obligaciones de los egresados, el concepto de incapacidad total y permanente se establecerá en función directa del oficio o labor desempeñado por el beneficiario sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer otro trabajo.

CAPITULO V - DE LOS DERECHO-HABIENTES

Art. 46. - En caso de accidentes o enfermedad profesional que haya producido la muerte del siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Una renta vitalicia igual al 50% del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho, a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el siniestro, o que el celebrado posteriormente tenga una duración de más de 1 año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino del siniestro que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de 1 año, a la fecha del fallecimiento.

En el caso de que el único con derecho a percibir rentas de manera permanente, sea el cónyuge o concubino sobreviviente, el porcentaje se elevará a las dos terceras partes del salario o remuneración anual.

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen para los menores de 18 años y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años incapaces que vivían a expensas del trabajador, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique sumariamente este hecho.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces sean hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como descendientes o colaterales que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad del derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente.

c) La renta, si los menores o incapaces concurren con el cónyuge o concubino sobreviviente, será del 20% del salario anual, si no hay más que uno; del 35% si hay dos; del 45% si hay tres y del 55% si hay cuatro o más.

d) Si no hay cónyuge o concubino sobreviviente, la renta de los menores o incapaces se elevará al 50% del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

De no concurrir los beneficiarios mencionados en el inciso a), tendrán derecho a renta los ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La misma será equivalente al 20% del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

Art. 47. - La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo anterior, a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje, cada una de ellas será reducida proporcionalmente.

CAPITULO VI - PROCEDIMIENTOS

Art. 48. - En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados asegurados en el Banco de Seguros del Estado, o al tener conocimiento de enfermedades profesionales, los patronos deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las 72 horas de que el hecho se produjera en Montevideo y en un plazo de 5 días hábiles, por un medio fehaciente, cuando se trata de los demás departamentos.

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, incurrirán en una multa equivalente a 50 Unidades Reajustables y a 100 en caso de reincidencia.

Art. 49. - El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del término de 15 días.

Art. 50. - La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla situado el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los testigos.

Art. 51. - Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigase dudas sobre el carácter del accidente, deberá presentar dentro del plazo de 20 días, exposición escrita ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición deberá darse noticia al patrono, al trabajador o a sus derecho-habientes.

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del Departamento de Montevideo, el plazo será de 30 días.

El Banco de Seguros del Estado se pronunciará dentro del término de 90 días. La resolución del Banco, deberá comunicarse al patrono, al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de los 10 días subsiguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al Juzgado que corresponda.

Art. 52. - Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización labrándose las actas que correspondieren.

Art. 53. - En todos los casos el Asesor Letrado de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, o los Fiscales Letrados Departamentales, según corresponda, podrán solicitar del Banco los antecedentes que juzguen necesarios y controlar la determinación y cumplimiento de las indemnizaciones.

Art. 54. - El siniestro o el Banco podrán solicitar la revisión de la renta permanente que se sirve, siempre que haya transcurrido un año de su fijación o revisión anterior.

Art. 55. - Toda controversia originada por la fijación del salario, o de la renta, aumento o disminución de la capacidad o cualquiera otra suscitada por la aplicación de esta ley, será resuelta judicialmente siguiéndose el procedimiento vigente en materia laboral.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente.

Sin perjuicio del trámite judicial establecido, cuando la controversia radique en el grado de incapacidad permanente a adjudicar al damnificado, con carácter previo a la decisión jurisdiccional, el Banco de Seguros del Estado abonará una renta al siniestrado según el grado de incapacidad que determine por mayoría simple, un Tribunal Médico integrado por tres médicos: dos designados por el Banco de Seguros del Estado y el otro por el siniestrado.

Este Tribunal, que funcionará en el Banco de Seguros del Estado, recibirá los antecedentes sobre los que se expedirá en un plazo máximo de treinta días.

En el ínterin el Banco servirá la renta correspondiente al grado de incapacidad adjudicado por sus servicios técnicos.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES TENDIENTES A GARANTIR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Art. 56. - El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal, establecida en el artículo 1º de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del Estado, podrá ser sancionado con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que haya omitido la primera vez, y el cuádruple de dicha cantidad, por las omisiones siguientes. Esta multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 Unidades Reajustables la primera vez, y de 200 Unidades Reajustables en cada reincidencia.

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimiento industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes el Banco decrete la caducidad de la póliza por no haber abonado su premio en tiempo y forma.

Art. 57. - Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de esta ley, constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II, del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo a la Ley Nº 14.500.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes, contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del inciso 4º del artículo 2369 del Código Civil y artículo 1732, inciso 4º del Código de Comercio.

Art. 58. - Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos de determinar los jornales pagados y cualquier otro aspecto conexo con esta ley. De no hacerlo así, el Banco podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las liquidaciones de oficio que practique.

El patrono que formule falsa declaración en perjuicio del Banco o del trabajador siniestrado, incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular", tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 59. - No obstante el derecho del siniestro o sus causahabientes a procurar por medios propios su defensa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social les asesorará y proporcionará la defensa que requieran para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio.

En el interior del país y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo asesoramiento, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados.

Art. 60. - Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con la obligación de asegurar podrán adoptarse medidas cautelares a solicitud fundada del Banco, del siniestrado o sus causahabientes. El juez podrá decretar las medidas cautelares sin más trámite, prescindiendo de la contra cautela prescripta en el artículo 313, apartado 5º del Código General del Proceso y la constancia del monto de la deuda será sustituida por una estimación de la misma realizada por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 61. - Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de esta ley para importar, exportar, intervenir en licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución de utilidades o dividendos.

Art. 62. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado deberá remitir a las instituciones de crédito, públicas y privadas, nómina de las personas y empresas omisas en el cumplimiento de esta ley, a los efectos de que se supedite la concesión de préstamos a la regularización de la situación de incumplimiento. La Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social pondrán a disposición del Banco de Seguros del Estado, la información de sus registros de contribuyentes para un completo relevamiento de las actividades comerciales e industriales.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 63. - Los médicos, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades de asistencia médica, están obligados a informar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del Estado, sobre todas las cuestiones vinculadas con esta ley, en que hayan tenido participación.

Art. 64. - Los Inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con excepción del hogar, a todos los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública a estos fines.

Art. 65. - Serán competentes para entender en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 57 y en las demás controversias que se susciten por aplicación de esta ley, los Jueces Letrados de 1ra. Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de 1ra. Instancia en los departamentos donde no los hubiere, quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios.

Art. 66. - Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a esta ley, por constitución de capitales necesarios para el servicio de rentas, y demás obligaciones a cargo de los patronos o del Banco, prescribirán a los 10 años contados desde el día en que las obligaciones se hicieren exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el trabajador según el caso.

La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada.

Art. 67. - El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años. Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención, adoptadas en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas, previsto en esta ley, no determinarán en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.

Las reservas técnicas originadas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán invertirse de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, de manera de asegurar una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores.

El beneficio neto de explotación del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales no podrá ser mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas en esta Cartera por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en consideración:

- las indemnizaciones por incapacidad temporaria;

- las reservas matemáticas;

- las rentas por incapacidad permanente o muerte;

- las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas;

- las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica;

- la provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos;

- las reservas por morosos;

- las reservas de emergencia y catástrofe;

- los gastos administrativos e impuestos; y

- una partida de hasta un 1% (uno por ciento) de los premios del año anterior, destinada a prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se incluirá en el Presupuesto Operativo del Banco.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% (diez por ciento) de las primas percibidas, la pérdida actualizada sufrida en la misma Cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que tuvo lugar la pérdida.

Art. 68. - Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% (diez por ciento) de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Rehabilitación de Trabajadores Discapacitados por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". Este Fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la rehabilitación de trabajadores discapacitados por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

b) Instituir becas para el estudio de la rehabilitación de discapacitados.

c) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre rehabilitación.

Art. 69. - El trabajador víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada.

Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos 180 días, a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa grave superveniente.

La no reincorporación del trabajador en el plazo de 30 días de haber sido dado de alta, y ponerse a las órdenes de la empresa, le da derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes.

Art. 70. - No podrá imputarse al goce de licencia el tiempo no trabajado por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Art. 71. - Las rentas que sirve el Banco actualmente por muerte o por incapacidades permanentes iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento), se reajustarán a la fecha de vigencia de la presente ley, tomando como salario base el mínimo nacional en todos aquellos casos en que la renta percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo.

El mencionado reajuste se efectuará en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan.

Art. 72. - Derógase las Leyes Nos. 10.004, de 28 de febrero de 1941 y 12.949, de 23 de noviembre de 1961, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 73. - Esta ley comenzará a regir a los 90 días de publicada en el "Diario Oficial".

Art. 74. - Comuníquese, etcétera.

Sala de la Comisión, 27 de octubre de 1988.

Eugenio Capeche, Miembro Informante, Carlos W. Cigliuti, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Walter Olazábal, Miembro Informante, Luis Bernardo Pozzolo, Miembro Informante, Uruguay Tourné, Miembro Informante, Alberto Zumarán, Miembro Informante, Senadores".

PROYECTO DE LEY CON EXPOSICION DE MOTIVOS DE LOS SEÑORES SENADORES
JUAN RAUL FERREIRA Y URUGUAY TOURNE

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en las leyes.

Art. 2º. - Como garantía del cumplimiento de la referida obligación y de hallarse al día en el pago de las primas, así como de otra obligación derivada de la aplicación de esta ley, los patronos deberán exhibir el correspondiente certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado en toda gestión ante organismos públicos.

Art. 3º. - Todo patrono es responsable civilmente de las incapacidades que sufran sus obreros y empleados a causa de accidentes y/o enfermedades profesionales, que ocurran como consecuencia de su trabajo o en ocasión del mismo, en la forma que determinen los artículos siguientes.

Art. 4º. - A los efectos de la presente ley entiéndese por patrono toda persona, empresa o compañía que utilice el trabajo de empleados u obreros, sea cual fuere el número de éstos, y por empleado y obrero a todo el que bajo la dirección de otra persona y por cuenta de ella ejecute habitualmente trabajos mediante el pago de un salario calculado en razón del tiempo o de la cantidad de trabajo producido.

Cuando se realicen trabajos con la intervención de subcontratistas, éstos responderán solidariamente con los contratistas.

Las personas que no ejerzan el comercio o la industria o que ejerciéndolo utilicen accidentalmente fuera de su comercio o industria, los servicios de otra persona, no están comprendidos en la presente ley.

Art. 5º. - La presente ley será aplicada además:

A) A los empleados del comercio y de la industria.

B) A los aprendices, reciban o no remuneración.

C) A los obreros y empleados mayores o menores de edad que hayan sido tomados a prueba.

D) A toda persona que con o sin remuneración realice trabajos en los establecimientos industriales por orden del dueño.

E) Al personal del servicio doméstico.

F) A los trabajadores rurales ocupados en la ganadería, agricultura e industrias derivadas.

G) A los vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs. Todas estas personas asimiladas a los obreros gozarán de los mismos derechos y beneficios que éstos, salvo que la presente ley disponga otra cosa.

Art. 6º. - La responsabilidad se extiende a los servicios domésticos y a otros servicios que los patronos hagan prestar a los obreros o empleados en establecimientos de su propiedad.

Art. 7º. - Cuando el obrero trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.

Este régimen se aplicará, también, en el caso de que un obrero realice más de una actividad, para un mismo patrono.

Art. 8º. - Las personas amparadas en la presente ley, y, en su caso, sus derecho-habientes, herederos, sucesores o parientes, no tendrán más derechos contra el patrono, por causa de accidentes del trabajo, que la misma ley les acuerda, a no ser que en el accidente haya mediado dolo por parte del patrono.

En este caso podrán hacer valer ante la autoridades judiciales los accidentes civiles que correspondan.

Art. 9º. - A todos los efectos en la presente ley, el tope máximo de salario anual del obrero o empleado impedido temporal o permanente por causa de accidente y/o enfermedad profesional será el equivalente a 50 sueldos mínimo nacional.

Esto sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan en el caso previsto en el artículo anterior, parte final, y de lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Art. 10. - Los siniestrados y en su caso sus derecho-habientes, no pierden el derecho de exigir una indemnización de acuerdo con la presente ley por el hecho de que el accidente se haya producido mediando culpa leve o grave de parte de aquéllos o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en caso de haberlo provocado aquéllos dolosamente.

Cuando el accidente fuera debido a fuerza mayor, extraña al trabajo, el patrono no estará obligado a indemnizarlo; pro si el siniestrado o sus causahabientes lo reclaman, deberá probar que el accidente se produjo por la causa mencionada.

A falta de esa prueba, el reclamante tendrá derecho a la indemnización correspondiente.

También pierde el siniestro todo derecho a ser indemnizado cuando intencionalmente agrave las lesiones o prolongue la curación de las mismas por procedimientos dolosos.

En caso de que el siniestrado niegue la existencia de estos procedimientos dolosos de su parte, si está asegurado, el Banco podrá exigir su hospitalización en un establecimiento de asistencia que indicará, tomando a su cargo los gastos. Idéntico derecho tendrá el patrono no asegurado.

Sin embargo, si el siniestrado se opusiera a dicha hospitalización, hará conocer sus motivos ante el Asesor Letrado del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados y deberá estarse a lo que aconseje el Ministerio de Salud Pública.

Art. 11. - Además de la acción que acuerde contra el patrono la presente ley, la víctima del accidente o sus derecho-habientes conservan contra los terceros causantes del mismo el derecho de reclamar la reparación del daño causado, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil.

Se entiende por terceros todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización que se obtuviese de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente al importe de los daños reconocidos.

En caso de que el accidente haya producido una incapacidad permanente o la muerte del siniestrado, dicha indemnización será servida bajo forma de renta que se constituirá en el Banco de Seguros del Estado mediante el pago del capital correspondiente para servirla de acuerdo con las tablas de aquella Institución.

La acción contra los terceros responsables podrá ser iniciada y seguida por el patrono, a su costa, y en nombre y lugar de la víctima o de sus derecho-habientes. En caso de ser iniciada conjuntamente por la víctima o sus derecho-habientes y el patrono, litigarán por una sola cuerda, representados por un mandatario común. Iguales derechos tendrá el Banco de Seguros del Estado y en caso de que intervenga, tendrá relación el mandatario que dicha Institución designe.

Art. 12. - Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto descargar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que le impone esta ley, o que sea derogatorio de las disposiciones de la misma, es absolutamente nulo.

Art. 13. - El Estado, los Municipios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y demás personas morales que tengan a su cargo establecimientos públicos, tienen las mismas obligaciones que esta ley señala al patrono, para con las personas a su servicio, y deberán asegurar obligatoriamente en el Banco de Seguros del Estado. La obligación de asegurar no desaparece porque los obreros del Estado, Municipios, Entes Autónomos y demás personas morales supra referidas, se encuentren amparados por leyes jubilatorias o puedan tener derecho a licencias con goce de sueldo durante los períodos de incapacidad derivados de los accidentes.

Tales obreros dependientes de la Administración Central, Municipios, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, etc., asegurados obligatoriamente en el Banco, recibirán de éste durante los períodos de asistencia por incapacidad temporaria, y mientras dure ella, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente del Estado o de los organismos públicos de que dependan, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Art. 14. - Las indemnizaciones que originen los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales previstas por esta ley, estarán regidas por las disposiciones siguientes:

I - En caso de incapacidad temporal, el incapacitado tendrá derecho a una remuneración diaria igual a la que se encuentre percibiendo por concepto de salario en el momento de verificarse aquélla y a partir del día siguiente de ocurrida. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos.

II - Si la víctima está a sueldo mensual o trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual al salario diario que resulta de dividir entre 300 el salario anual calculado en la forma que lo establecen los artículos 22 al 26 de este Proyecto.

III - Cuando el salario diario resultante en cualquiera de los casos especificados en los apartados I y II sea inferior al salario mínimo nacional, la indemnización será igual al importe de aquél.

Art. 15. - En caso de accidente que haya producido la muerte del siniestrado, o al fallecer como consecuencia del mismo, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1º) Una renta vitalicia igual al cincuenta por ciento (50%) del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de cuerpo a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el accidente, o que el realizado posteriormente responda a la regulación de un concubino "more uxorio" de duración de más de un año.

Cuando la renta corresponda al marido, éste sólo tendrá derecho a ella si justifica que es incapaz para el trabajo.

2º) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que rigen para los menores de 18 años, y hasta esa edad y a los mayores de 18 años incapaces que vivían a expensas del empleado u obrero sea cual fuere el plazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique debidamente ese hecho.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces sean hijos legítimos o naturales del obrero fallecido.

Se presume que los menores o incapaces se hallan en el caso del primer párrafo de este inciso, cuando son descendientes o colaterales hasta el tercer grado, del obrero muerto y vivían en la misma morada de éste.

A) La renta, si los menores o incapaces tienen padre o madre sobreviviente, será del veinte por ciento del salario anual, si no hay más que uno; del treinta y cinco por ciento si hay dos; del cuarenta y cinco por ciento si hay tres, y del cincuenta y cinco por ciento si hay cuatro o más.

B) La renta, si los menores o incapaces no tienen padre ni madre sobreviviente, podrá elevarse al cincuenta por ciento del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo 16.

Art. 16. - La renta anual que se acuerda con arreglo al artículo 15 a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del cien por ciento del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje cada una de ellas será reducida proporcionalmente, a fin de que en conjunto no excedan de dicho salario.

Art. 17. - El cónyuge sobreviviente perderá todo derecho a la renta si contrajere nuevo matrimonio. En este caso recibirá por toda y definitiva indemnización el importe de dos anualidades, salvo lo establecido en los artículos 15 y 16.

Art. 18. - En caso de que el siniestrado víctima del accidente no tuviera beneficiario alguno de los comprendidos en el artículo 15 los ascendientes que vivían a sus expensas tendrán derecho a una renta vitalicia inmediata equivalente al veinte por ciento del salario anual para cada uno de ellos, no pudiendo exceder la suma total de rentas del cincuenta por ciento del salario anual. Si el exceso se produjera, la reducción se hará de acuerdo con lo que dispone el artículo 16.

Art. 19. - Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija esta ley serán incedibles, ineliminables, inembargables e irrenunciables. Salvo la excepción que se establece a título expreso: Que el Banco de Seguros del Estado retenga de cada renta que sirve el importe de cada cuota-social, debidamente autorizada por el afiliado, a la Asociación con Personería Jurídica importe que mensualmente el Banco acreditará a nombre de dicha Asociación.

Art. 20. - El patrono tendrá también a su cargo los gastos de asistencia y entierro de la víctima del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Los gastos de entierro se fijarán de acuerdo a sus costos normales. Los gastos de asistencia comprenden la gratuidad de los cuidados médicos, quirúrgicos y farmacéuticos así como también el suministro y renovación normal de los accesorios para garantizar el éxito del tratamiento o aliviar las consecuencias de las lesiones y los gastos de transporte desde el lugar del siniestro al de cura.

Art. 21. - Si en la industria o trabajo a que pertenece el obrero se tuviesen habitualmente en cuenta para su remuneración las propinas o regalos, se tomarán en consideración para establecer el salario base.

Art. 22. - Si el salario de un empleado u obrero está fijado por día, o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de una determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originada por accidentes del trabajo o enfermedad profesional, se liquidarán sobre la base del salario medio que resulta de dividir por trescientos el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los doce meses anteriores.

Art. 23. - Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido, todavía, doce meses desde que el obrero empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso, por los obreros similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún establecimiento o actividad similares.

Art. 24. - Por salario se entiende a los efectos de esta ley, la remuneración que el empleado u obrero reciba del patrono por su trabajo. Para fijar el salario que el obrero, en todo o en parte, no perciba en dinero sino en alimentos, en uso de habitaciones o en otra forma cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo al promedio de su valor en la localidad.

Art. 25. - Toda controversia originada por la fijación del salario de base será resuelta por el Juez dentro del término de diez días, previo informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Art. 28 de la Ley 10.004).

Se resolverá por cuerda separada y sin esperar la resolución de las demás cuestiones que puedan discutirse.

Art. 26. - Cuando el salario anual que perciba el trabajador no alcance al salario mínimo nacional, las indemnizaciones que establece esta ley para los casos de incapacidad permanente o muerte se fijarán tomando como base dicha cantidad. La misma regla seguirá, reciban o no remuneración, cuando se trate de aprendices o trabajadores menores de veintiún años, sin perjuicio de aplicar en estos casos la norma establecida en los artículos 22, 23, 24 y 25.

Art. 27. - El patrono que de acuerdo con la presente ley hubiere asegurado a sus empleados y/o obreros contra accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado estará exento de las formalidades de procedimientos establecidas en los artículos precedentes.

Art. 28. - En los casos de accidente de trabajo ocurridos a empleados y/o obreros asegurados en el Banco de Seguros del Estado, los patronos deberán dar cuenta de esos accidentes a las oficinas del Banco o Agencias de campaña, dentro de cuarenta y ocho horas en Montevideo, o directamente por medio de cara recomendada, expedida dentro de los cinco días cuando se trate de los demás Departamentos.

En el caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieran la denuncia en los términos indicados, incurrirán en la multa que se establece en el artículo 29.

Art. 29. - Pagará 100 Unidades Reajustables de multa el patrono que, teniendo conocimiento de haberse producido un accidente siendo la víctima uno de sus trabajadores amparados por esta ley, no hiciese la denuncia correspondiente.

En caso de reincidencia la multa podrá ser elevada hasta 500 Unidades Reajustables.

Art. 30. - Las personas, víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales y como consecuencia de ello amparadas por ley, no perderán el derecho a sus rentas por el hecho de radicarse en el extranjero, toda vez que aporten constancia consular de su eventual situación de residencia.

Sus causahabientes en caso de fallecimiento, tendrán derecho a la renta sólo si vivieran en el territorio de la República en el momento de producirse aquél y mientras permanezcan en él. si se ausentaran perderán el derecho a la renta, recibiendo por toda indemnización el monto correspondiente a tres anualidades de la misma.

Como excepción a lo estatuido en este artículo se establece que los derecho-habientes de trabajadores fallecidos, que vivían en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que luego vinieren a domiciliarse al Uruguay tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes de esta ley.

En caso de que luego se ausentaren del país perderán el derecho a la renta, sin recibir indemnización alguna.

Art. 31. - El empleado u obrero lesionado, asegurado en el Banco de Seguros del Estado deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que esa Institución suministre o disponga en cada caso, salvo que se la procure a su costa, por sí mismo o por intermedio de los socorros mutuos, quedando subsistentes en este caso, el derecho del Banco de controlar la marcha de las lesiones.

Durante el período de asistencia el empleado y/o obrero no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del empleado y/o obrero dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión del pago de la indemnización temporaria.

Art. 32. - El empleado y/o obrero que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, tendrá derecho a renta aun por aquellos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior al diez por ciento, siempre y desde que la reducción de su capacidad de trabajo, originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo.

La renta correspondiente a cada accidente del trabajo y/o enfermedad profesional, será liquidada por separado, sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo, y estará a cargo del patrono para quien trabajaba entonces. El Banco de Seguros del Estado, se hará cargo de las rentas así resultantes por incapacidades permanentes, inferiores al 10%, anteriores a la vigencia de esta ley.

Art. 33. - El Banco de Seguros del Estado prestará asistencia médica a los empleados y/o obreros no asegurados que la soliciten, y exigirá del patrono el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en los artículos 10 y siguientes. Serán jueces competentes los indicados en el artículo 3º de la misma Ley Nº 12.949.

Art. 34. - Las multas dispuestas por esta ley o las demás sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, serán abonadas en el Banco de Seguros del Estado, que destinará el producido a sus servicios asistenciales.

Art. 35. - El Banco de Seguros del Estado podrá exigir la internación hospitalaria de los empleados y/o obreros accidentados a efectos de avaluar su incapacidad permanente, o la agravación o atenuación de la misma debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda irrogárseles por tal internación. Si el empleado y/o obrero se negare a internarse se suspenderá el pago de la indemnización diaria o renta que le correspondiese, pago que sólo volverá a hacerse efectivo desde que desistiere de esa actitud.

Art. 36. - La responsabilidad del patrono por los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales de sus empleados y/o obreros asimilados se rigen exclusivamente por las disposiciones de las leyes especiales de la materia, con exclusión de las del derecho común, salvo el caso de dolo previsto en aquellas mismas leyes.

Art. 37. - El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada año. Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de dos y media veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en los años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales adoptadas, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas previstos en esta ley, no determinarán, en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.

El beneficio neto de explotación del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no será mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tendrán en consideración, las indemnizaciones por incapacidad temporaria, las reservas matemáticas, las rentas por incapacidad permanente o muerte y las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas, las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica, la provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos, las reservas para deudores morosos, las reservas de emergencia y catástrofe y los gastos administrativos e impuestos.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir el beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% de las primas percibidas, la pérdida sufrida en la misma cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que tuvo lugar la pérdida.

Art. 38. - Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y de la Rehabilitación de Obreros Incapacitados". Este fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación, como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales o la rehabilitación de obreros incapacitados.

b) Instituir premios a las mejores organizaciones de seguridad de los establecimientos asegurados.

c) Instituir becas para el estudio de la seguridad o de la rehabilitación de incapacitados.

d) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitaria sobre seguridad o rehabilitación.

e) Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 44 debe tenerse en cuenta la Asociación con Personería Jurídica para la cooperación en la protección del individuo y demás efectos.

Art. 39. - El Banco de Seguros del Estado, teniendo en cuenta la cuantía de las primas individuales del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, podrá acordar a los patronos asegurados facilidades para el pago de las mismas, de acuerdo a las reglamentaciones que dictará el Directorio de la propia Institución.

Art. 40. - El patrono que haga ocultación o falsa declaración del salario de sus empleados y/o obreros y/o asimilados incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular" tipificado por el artículo 239 del Código Penal.

Art. 41. - El Banco de Seguros del Estado revaluará todas las rentas que por incapacidad permanente o muerte, comenzó a servir con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Para el bienio 1984/85 incluirá además del aumento que corresponda, un 10% de recuperación del valor de la misma. En próximos reajustes aplicará el mismo criterio hasta alcanzar la recuperación total.

Una vez efectuado el próximo reajuste las rentas mínimas, servidas o a servir, no podrán ser inferiores al 25% del sueldo mínimo nacional. Cuando el rentista perciba varias rentas, todas ellas menores al sueldo mínimo nacional el criterio antedicho se aplicará únicamente a la mayor de ellas.

Art. 42. - Cumplida la actualización de valores dispuesta en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado, de oficio ajustará semestralmente o por lo menos una vez por año las rentas que sirva por incapacidad permanente o muerte en los casos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

En el caso que el ajuste fuere anual el Banco de Seguros del Estado automáticamente efectuará un adelanto, a las rentas descriptas, cada vez que el costo de vida alcance el 8% de encarecimiento. Dicho adelanto relacionado al aumento del costo de vida será a cuenta del siguiente reajuste, el que se liquidará de enero a enero. Este reajuste se realizará en función directa de la variación del índice de precios de consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el caso de haber más de un Instituto se utilizará el más beneficioso para los rentistas.

Art. 43. - Cuando proceda al reajuste de rentas liquidadas a empleados y/o obreros o asimilados no asegurados, que se accidentaren o contrajeren enfermedades profesionales con posterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco exigirá al patrono el complemento del capital necesario para servir ese aumento de renta, constituyendo la liquidación que practique el Banco, título ejecutivo (artículo 874 del Código de Procedimiento Civil).

Art. 44. - Los empleados y obreros de cada empresa podrán contribuir con hasta un 2% en el financiamiento de las primas de los seguros que los protegen. El importe que les corresponda podrá ser deducido, según la opción del trabajador, de su salario, o de recepciones especiales tales como aguinaldo, licencia o salario vacacional.

Art. 45. - A todos los efectos previstos en esta ley así como en las leyes Nos. 10.004 y 12.949, los trabajadores comprendidos podrán hacerse representar por la Asociación de beneficiarios, siempre que posea Personería Jurídica.

Art. 46. - Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia inmediatamente de ser promulgada.

Art. 47. - Comuníquese, etc.

Uruguay Tourné. Juan Raúl Ferreira. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Asociación de Pensionistas Vitalicios del Banco de Seguros del Estado, viene formalizando gestiones, a nivel de los integrantes del Cuerpo, a los fines de propiciar un cambio en la estructura de servicio del régimen Pensionario, que los afecta, promoviendo el dictado de un Proyecto de Ley.

Creemos que en el mismo, hay mucho elemento útil y necesario, que deberá recogerse, para conformar los cambios en el sistema que la realidad actual exige.

De cualquier modo, el propósito que nos anima al impulsar la iniciativa y darle estado Parlamentario es abrir la posibilidad de su estudio y el marco para su análisis y evaluación en los niveles técnicos de la Administración y Legislativos.

A esos efectos pasamos a transcribir los fundamentos con que ha sido planteada.

"Desde hace más de medio siglo, lo que constituye larga tradición, la Oficina Internacional del Trabajo he venido sentando jurisprudencia sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Una tradición a la que el Uruguay está vinculado desde los primeros tiempos, que cultiva con particular celo y a la que ha contribuido con sustanciales aportes. Con ser mucha la tarea cumplida, los logros obtenidos no son bastantes, habida cuenta de los constantes desafíos que provocan nuevas formas de actividad, y los problemas económicos de las últimas décadas. En este marco, las leyes 10.004 y 12.949, motivo de este proyecto de reforma, aparecen envejecidas y superadas, como lo saben por experiencia los trabajadores, y especialmente los que por infortunadas circunstancias se encuentran involucrados en sus disposiciones. En el impulso y desarrollo de la legislación protectora, si bien han sido importantes la sensibilidad de los empleadores y la voluntad de tutela de los gobiernos, no puede disimularse la mayor importancia de las organizaciones de trabajadores en la defensa de sus derechos. Es en este entendido, que la Asociación de pensionistas vitalicios del Banco de Seguros del Estado, ha considerado necesario asumir la responsabilidad de colaborar en el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos que protegen a los trabajadores en general, sin perjuicio de atender en particular a los intereses de sus asociados. Apuntando a ello en los párrafos que siguen se exponen las principales cuestiones que a su juicio necesitan revisión y actualización. Ellas son: límites máximos y mínimos de las prestaciones por accidentes de trabajo, periodicidad de las actualizaciones de las mismas, recuperación del valor de la renta, contribución de los trabajadores al financiamiento del seguro, mayor eficacia en la percepción de las primas a cargo de los empleadores, readaptación de los trabajadores con discapacitaciones parciales, participación de los trabajadores en el control y operación del sistema de protecciones, y algunos ajustes complementarios de detalle. La fijación de topes máximos fijos en una economía endémicamente inflacionaria, tiende a mantener al sistema de pensiones constante y crecientemente rezagado con relación al costo de vida. Debe observarse que la legislación internacional ha sido propiciada especialmente por países industrializados, tradicionalmente estables y equilibrados, en su economía. Sin encontrarse en el mismo punto en cuanto a su desarrollo industrial, no es menos cierto que por la época en que las leyes que nos ocupan se promulgaron -especialmente la primera- nuestro país vivía menos inquietudes en el plano económico. No es extraño entonces que se fijasen topes absolutos, habida cuenta de la finalidad de proteger ciertas contingencias y no de estimular actitudes pasivas como consecuencia de los beneficios otorgados, sobre todo cuando el trabajador está en condiciones de reasumir alguna forma de actividad pese a la disminución que hubiese sufrido. Desde hace mucho tiempo, sin embargo, la economía nacional y como consecuencia la familiar degrada sin solución de continuidad. Esto lleva a proponer que de fijarse un tope superior, el mismo debiera ser relativo y no inferior al valor de sueldos mínimo nacional. Concomitamentemente, las rentas debieran ser actualizadas semestralmente o anualmente por lo menos y no en forma bienal como establece la legislación actual. Complementariamente y en el otro extremo, las rentas que se abonaren debieran en todos los casos ser relacionadas con el salario mínimo nacional. Este principio debiera aplicarse a las rentas actuales ya sean únicas o varias. El grado de invalidez debiera ser fijado con relación a las capacitaciones profesionales del trabajador afectado, a su actividad habitual y a la posibilidad o imposibilidad real de readaptación por razones de edad y de formación previa. En particular, la ceguera y la fractura de columna que provoque invalidez total o permanente, debieran conceptuarse sin otras especificaciones incapacidades totales. Estas incapacidades debieran dar lugar a una renta inicial igual al total de los ingresos que perciba el trabajador como consecuencia de su actividad laboral, en el momento de verificarse la incapacidad. Finalmente y en el mismo orden de cuestiones, es preciso prestar atención al reconocimiento de nuevas enfermedades declaradas profesionales. De acuerdo a la enmienda de la lista de enfermedades profesionales anexas al Convenio 121 (Informe VII (b) de la 66ª reunión de la Conferencia de la OIT, 1980) el Uruguay sólo reconocía nueve de las veintinueve enfermedades profesionales. La propuesta de extensión y perfeccionamiento de los beneficios por razón de accidente o enfermedad profesional, lleva de la mano al mejoramiento de las fuentes de financiamiento. En ese sentido, debiera incluirse en la ley disposiciones que mejoren la recaudación de las primas a cargo de los empleadores, cuestión que hoy ofrece serias deficiencias tanto en el sector privado como en el público. En segundo grado, debiera proponerse programas plausibles de seguro voluntario a cargo de los trabajadores. Si bien el salario se encuentra sensiblemente desmejorado y no sería razonable gravarlo con nuevas quitas, hay algunas percepciones complementarias que podrían absorber las primas que se fijaren, por ej.: aguinaldo y los salarios vacacionales o licencias. Aun cuando la proporción de la prima adjudicada a los trabajadores fuese pequeña, multiplicada por su número, constituiría un notable aporte. Un aspecto importante complementario de todo lo antedicho es la readaptación profesional de los discapacitados. La segregación del campo laboral de trabajadores con discapacitaciones parciales, es causa de múltiples problemas de índole personal, social y económica. La legislación nacional prevé soluciones en este sentido. No obstante debieran incrementarse los estímulos a la readaptación de trabajadores con una acción simultánea a dos puntas. Por un lado ofreciendo beneficios especiales a los patronos que cooperen en esta acción, sin perjuicio de estudiar la posibilidad de cupos obligatorios de contratación para todos los casos que fuesen pertinentes. Por otro, ofreciendo a los trabajadores lisiados oportunidades de ocupación que tanto desde el punto de vista económico como de las condiciones de trabajo, los incentiven a abandonar la actitud pasiva derivada de la condición de invalidez. Como complemento de lo expuesto, que en su aplicación efectiva requiere acciones que exceden las posibilidades de las estructuras administrativas corrientes, parece interesante propiciar la participación de los trabajadores y de los propios pensionistas a través de su asociación civil, en la forma que la ley prevea. Cerrando esta exposición, un par de proposiciones complementarias de detalle, aunque no carecen de importancia. Debiera modificarse lo preceptuado por los Arts. 16 y 20 de la Ley 10.004. En el caso del primero, suprimiendo el último párrafo -relativo a la pérdida de la pensión por razones de mala conducta- por constituir un anacronismo. En lo relativo al segundo, sustituyendo el tope de gastos de sepelio por el concepto de "precio normal" de acuerdo a las especificaciones del Art. 18 del Convenio 121.

Uruguay Tourné. Juan Raúl Ferreira. Senadores.

ANTEPROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL DIRECTORIO DEL
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. - REFORMAS EN LA ESTRUCTURA DE LA LEY.

Ha sido elaborado de acuerdo al siguiente esquema:

1) Principios.
2) De las Indemnizaciones temporarias.
3) De las Rentas por incapacidades permanentes.
4) De los derecho-habientes.
5) Procedimientos.
6) Disposiciones tendientes a garantir el pago de las indemnizaciones.
7) Disposiciones Generales.
8) De las Enfermedades Profesionales.

Este ordenamiento, a nuestro entender mejora el establecimiento en el sistema actual: cada disposición se ha incorporado al capítulo correspondiente, partiendo de un ordenamiento lógico: primero los principios generales: el accidente del trabajo, la responsabilidad que de él deriva, la obligatoriedad del segundo que la cubre, la definición de las personas amparadas por el mismo; luego las rentas temporarias a que da lugar la convalescencia, con su forma específica de cálculo; más tarde, terminado que fue el período de tratamiento y si restara una incapacidad permanente, las normas pertinentes; la determinación de los beneficiarios en caso de muerte; procedimiento del trámite de la denuncia, garantías, etc.

2. - MODIFICACIONES EN EL SISTEMA

CAPITULO I
PRINCIPIOS

Artículo 1º. - Establece el principio de la obligatoriedad del seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Art. 2º. - Al igual que la ley anterior, consagra la responsabilidad del patrono, por accidentes que ocurran a causa del trabajo o en ocasión del mismo.

Art. 3º. - Define al patrono, estableciendo que el mismo puede ser de naturaleza pública o privada, siempre que utilice el trabajo de otra persona y establece los elementos para la configuración del obrero o empleado.

El proyecto incorpora al empleado, definiendo, a los efectos del mismo, los caracteres de su prestación: trabajo habitual u ocasional, remunerado y subordinado.

Sólo se excluye a quienes realicen actividad deportiva, o sean actores en espectáculos artísticos, dejando a salvo la posibilidad de seguros especiales.

Tomando en cuenta que en estas áreas de actividad muchas veces es difícil determinar la existencia de una relación típicamente laboral, no entendimos pertinente extender a las mismas la obligatoriedad del seguro, sin perjuicio de la responsabilidad patronal que pueda existir según los casos.

Art. 4º. - Hemos eliminado del artículo 3º de la ley en vigencia algunos casos que nos parecen claramente incluidos en las disposiciones que venimos de comentar, manteniendo únicamente a los aprendices o a prueba; a quienes trabajen en su domicilio por cuenta de terceros, y al personal de los hipódromos y studs.

Respecto a estos últimos -que naturalmente tendrían que estar excluidos (en función de la excepción del artículo anterior)- hemos entendido que su consideración es extremadamente difícil y particular. Y en función de la experiencia recogida, entendemos que sin perjuicio de la responsabilidad patronal que pueda surgir por la aplicación de los principios generales (del propio Jockey Club, de los propietarios de los caballos, de los dueños de los studs, etc.), y de la especialidad de la tarea que se realiza (de jockey, peón, vareador, etc.), debe establecerse la responsabilidad de la Institución que organiza y respalda todo el sistema, y de la que extrae sus beneficios, por lo menos cuando el accidente ocurra dentro del área de su incumbencia.

Desde ya reconocemos lo opinable de la solución que aconsejamos, pero entendemos que es la más ajustada a la realidad que hoy vivimos, sobre todo en el interior de la República, donde la insolvencia del patrón natural, tornan materialmente imposible el planteamiento de pretensiones indemnizatorias.

Art. 5º. - El régimen legal vigente, establece la obligatoriedad del seguro, dentro de la Administración Pública, únicamente a quienes realicen trabajos manuales.

Por nuestra parte, entendemos que la obligación de asegurar debe extenderse para amparar también a todo el funcionamiento público, puesto que, aunque menor, también el personal administrativo, está sometido a riesgo por el cual tiene que responder el patrón (en este caso el Estado).

Por otra parte, no aparece el motivo lógico de diferenciación con relación a la actividad privada, a quien se le impone la obligación de asegurar a tal punto de dependientes.

En lo demás, se mantiene el sistema actual, abreviando la expresión del concepto.

Art. 6º. - Excluye del sistema legal, a quien utilice ocasionalmente los servicios de otra persona, en actividad que excede a la habitual.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda surgir por tal uso, entendemos que no cabe la extensión de la obligatoriedad del seguro, ya que sería prácticamente imposible hacerlo efectivo.

Art. 7º y 8º. -

A. - Reitera el principio consagrado en la ley anterior (art. 6º, 49 y 25 de la Ley Nº 12.949), de que la responsabilidad del patrono se regula únicamente por el mecanismo indemnizatorio establecido en la ley, en aplicación del principio doctrinario de la "responsabilidad forfataire". El principio es pues que el obrero, víctima de un infortunio laboral, no puede obtener del patronato otra indemnización que la que la propia ley establece.

B. - Entendemos pues que el daño derivado por la incapacidad laboral, debe indemnizarse en la forma que establecen estas disposiciones: el sistema debe funcionar a través del cumplimiento de la ley. O sea: el patrono está obligado a asegurarse, al Banco le corresponde exigir ese cumplimiento, y el obrero debe dirigirse directamente contra éste en caso de siniestro; percibiendo como indemnización de su incapacidad laboral, la renta dispuesta por la ley.

C. - Naturalmente, pueden derivarse otros daños al siniestrado. Hablemos del principal: el daño moral, la indemnización del sufrimiento, o de la imposibilidad de uso de un miembro, etc. En referencia exclusivamente al patrono, repetimos, y no habiendo dolo o incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención configurado a través de una culpa grave, reiteramos, el siniestrado sólo puede recibir la indemnización dispuesta por la ley. Tal forma de indemnización automática, pero limitada, mantiene correspondencia con la responsabilidad objetiva de aquél.

De otra forma, se desnaturaliza el sistema.

D. - No podemos dejar de señalar que hemos incorporado un muy importante principio: mediando no sólo dolo sino culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención el patrono ve ampliado el campo de su responsabilidad, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Este principio se definía en el art. 50 de la ley vigente.

E. - Tratándose de dependientes no asegurados, hemos limitado la indemnización tomando como base para el cálculo el salario mínimo nacional, sin perjuicio de los ajustes que correspondan, una vez que se logre del patrono la constitución del capital correspondiente. Asimismo, y en amparo del sistema, en estos casos se inicia el servicio de la renta temporaria al 4º día del abandono de las tareas.

De esta manera, entendemos se armoniza en forma ponderada el derecho del obrero -hoy ausente de protección hasta que se efectiviza el cumplimiento de una sentencia de condena después de un largo juicio- otorgándole el derecho a una renta mínima, como primera etapa hacia una salida que recién podrá completarse, cuando cambien las condiciones económicas actuales.

Se excluye de esta forma de indemnización a los funcionarios públicos dadas las dificultades vividas durante décadas para obtener de muchos organismos públicos el efectivo cumplimiento de la ley.

Art. 9º. - Mantiene la responsabilidad patronal aún en los casos de culpa grave o leve del siniestrado, eliminándola sólo en caso de dolo.

En lo demás, se mantienen, más resumidos, los principios del artículo 8º de la Ley Nº 10.004; al patrono sólo lo exonera la fuerza mayor extraña al trabajo por él probada; el obrero pierde el derecho cuando actúa dolosamente, agrava las lesiones, o se niega a ser asistido, o prolonga el período de su tratamiento.

Art. 10. - Refunde los conceptos contenidos en los artículos 64 de la Ley Nº 10.004 y 16 de la Ley Nº 12.949: el trabajador lesionado debe someterse obligatoriamente a la asistencia que le brinda el Banco, salvo que se le autorice expresamente a atenderse particularmente.

Establece las sanciones por incumplimiento, enfocando algunos casos particulares (realización de tareas en ese período, posibilidad de internación hospitalaria para definir la incapacidad art. 24 Ley del 61).

Art. 11. - Incluye como forma de indemnización a los gastos de asistencia que puedan brindarse en el país, de prótesis, de traslado del siniestrado al lugar de su asistencia, al de su domicilio y vice-versa y los de sepelio, limitando estos últimos a 6 sueldos mínimos nacionales. El concepto está declarado parcialmente en el artículo 20 de la ley anterior.

Art. 12. - Refiere a la responsabilidad del tercero, extraño a la relación de trabajo, pero que ha dado motivo al infortunio laboral.

Este tema ha sido y sigue siendo debatido en doctrina y jurisprudencia.

Hemos tratado de aclarar puntos oscuros de la ley vigente; y establecido claramente que en principio, habiendo sido indemnizado el obrero, no puede obtener del tercero otra reparación que no sea aquella referida a otro tipo de daños; dado que la incapacidad laboral es la que se traduce en el pago de la renta.

No obstante, si el obrero no estuviera asegurado y reclamara del tercero reparación por ella, la indemnización que obtenga por tal vía, al patrono no asegurado hasta el monto de los daños reconocidos.

Pero siempre esa incapacidad se indemniza de acuerdo a la ley: por medio de una renta. Por tanto el monto de la condena se traduce en el pago del capital necesario para servirla.

Finalmente, se dispone la subrogación del Banco en los derechos del siniestrado, toda vez que haya comenzado el servicio correspondiente.

Art. 13. - Como resguardo de los derechos del obrero, se declara la nulidad de todo acuerdo entre éste y el patrono que establezca una forma privada o la renuncia a la indemnización (art. 10 ley vigente).

Art. 14. - Refiere a otro tema arduamente discutido: el del accidente "in itinere", en el trayecto hacia o desde el trabajo, estableciendo las exigencias como para que surja la responsabilidad patronal. La disposición es nueva.

Art. 15. - Regula la situación del trabajador a domicilio, pero en régimen de dependencia con uno o varios patronos: artículo 20 Ley de 1961.

Art. 16. - Reitera la norma del artículo 19 de la Ley Nº 10.004: la indemnización se concreta en una renta mensual, estableciendo los principios que la amparan: irrenunciables, inembargables, etc.

CAPITULO II
INDEMNIZACIONES TEMPORARIAS

Artículo 17. - Señalemos las principales modificaciones sobre el artículo 12 de la ley:

a) Se dispone que la indemnización diaria se devenga a partir del momento del abandono de las tareas, y no desde el accidente. en el apartado I se regula la remuneración del que trabaja a jornal o a sueldo mensual.

b) En el II se define la situación del que trabaja en forma irregular o a destajo. Para el cálculo de la indemnización, se toma en cuenta lo ganado en el semestre y no lo percibido en un año como anteriormente, lo que mejora, en favor del obrero, el cálculo de la renta temporaria.

c) En el apartado III se fija la indemnización de quien trabaje en zafra (art. 23 apartado 3º de la ley), con la variante de que ese promedio se actualizará. Nos remitimos a lo pre-expuesto.

d) El apartado IV refiere a los trabajadores rurales, remitiéndose a las normas pertinentes sólo para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, pues se ha comprobado en los hechos, remuneraciones superiores.

De esta forma, en un solo artículo, se consolida todo un régimen de indemnización, diseminado en la ley vigente en varias disposiciones.

Art. 18. - Determina la elevación a 2/3 de la indemnización cuando la incapacidad temporal dure más de 30 días (art. 12 apartado III).

Art. 19. - Establece la fórmula de cálculo de la indemnización cuando existen factores que hacen variar el salario (art. 18 Ley Nº 12.949), pero en vez de ordenar el cálculo sobre el salario medio anual, lo realiza sobre el semestral, adecuándose al mecanismo general; lo que sin duda mejora el monto de las indemnizaciones.

Art. 20. - Se remite a lo ganado por obreros similares, cuando por cualquier motivo no pueda calcularse la indemnización, en aplicación de las normas contenidas en el apartado anterior.

Art. 21. - Refunde los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 10.004 ordenando incluir en el salario, al efecto del cálculo, todo otro ingreso; inclusive en especie, que recibe el trabajador como remuneración por su trabajo.

Art. 22. - Disposición nueva: los cálculos se realizarán sobre el salario real del siniestrado, el que nunca podrá ser menor a esos efectos, que el fijado como mínimo nacional a la fecha del accidente. Es innecesario destacar las ventajas que para el siniestrado aporta el establecimiento de este mínimo.

Art. 23. - Al disponer que los salarios sobre los que se calculan las rentas no tienen límite máximo alguno, se modifica la disposición contenida en el Art. 7º de la ley. Ello no obstante, y como seguridad para el mejor funcionamiento del sistema, se faculta al Poder Ejecutivo a establecerlo por razones de interés general. También se beneficia al siniestrado por esta disposición.

Art. 24. - Impone la actualización de los salarios que sirven de base para el cálculo de la indemnización cada 4 meses, lo que sin duda mejora sensiblemente el valor de las mismas.

Art. 25. - Dispone el cese, de la renta temporal al momento del alta, o de la fijación de la invalidez, y en este último caso, el inicio de la renta.

CAPITULO III
RENTAS POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Artículo 26. - Varía en algunos casos la forma de indemnización.

Inc. I. Mantiene el principio de que la incapacidad menor al 10% no es indemnizable. En esta disposición se incluye el caso del art. 21 de la Ley Nº 12.949, es decir, cuando luego de diversos infortunios, el siniestrado alcance globalmente ese porcentaje.

Inc. II. Para aquellas incapacidades superiores al 10% pero inferiores al 25%, se establece una indemnización única equivalente a 3 anualidades. Esto porque, si bien el daño es indemnizable, no parece lógico que en casos como estos en que no hay una real disminución de la capacidad laboral, ni tampoco del salario, el obrero perciba una renta como si en realidad aquélla existiera.

Inc. III. Se otorga renta a quienes hayan experimentado incapacidades superiores al 25%; y se agrega, en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio Nº 121, que si el siniestrado no cumple subsistir sin la ayuda de otras personas, ella se eleve al 115% del sueldo o salario.

Inc. IV. Aclara la situación del siniestrado que ya fue indemnizado según el Inc. II y vuelve a sufrir un nuevo accidente determinando una variante en la forma de cálculo según hayan transcurrido o más de 3 años desde la fecha del evento.

Inc. V. Incorpora el principio del Art. 7º del Convenio Nº 121, permitiendo en casos excepcionales la liquidación de la renta, a solicitud del rentista, cuando se trate de salvaguardar su integridad física.

Art. 27. - Mejora el Art. 22 de la ley anterior, por cuanto eleva la remuneración que sirve de base para el cálculo de la renta, tomando el salario medio quincenal del último semestre.

Art. 28. - Regula la forma de cálculo, no dándose la antigüedad pre-establecida (Art. 23 de la ley.)

Art. 29, 30 y 31. - Refieren a la indemnización de los trabajadores a destajo, de quienes realicen tareas de zafra, y de los aprendices y obreros menores de 21 años respectivamente, mejorando la base para el cálculo de las rentas, en conjunción con el Art. 35.

Art. 32. - Remite a las disposiciones ya analizadas de los artículos 19 a 23 del proyecto para la determinación de los montos sobre los que se efectúan los cálculos.

Art. 33. - Obliga al siniestrado a suministrar al Banco los datos que éste le solicite referidos a su actividad, remuneración, nombre del patrón, etc., estableciendo las sanciones en caso de reticencia, dolo, etc. (Art. 60). El último inciso aclara que las mismas normas se aplican cuando las rentas sean servidas por organismos estatales no asegurados.

Art. 34. - Reitera el principio contenido en el Art. 63 de la ley: las personas que reciban renta de acuerdo a esta ley, tienen derecho a ella, si se mantiene en el territorio de la República, liquidándose la misma con 3 anualidades, en esto de ausentarse de él.

Pero se incorpora una forma: en caso de existir convenios de Previsión Social con algún país, se estará a lo que se establezca en los mismos.

Art. 35. - Obliga a actualizar los salarios que sirven de base para el cálculo de las rentas, a su inicio. La disposición es nueva, al actualizarse los salarios que sirven para el cálculo de la renta.

Art. 36. - Impone el reajuste anual de las rentas que sirve el Banco por incapacidad permanente o muerte, mejorando también en este aspecto el nivel de las indemnizaciones, reajuste que de acuerdo a la ley se efectúa cada 2 años (Art. 32 Ley Nº 12.949). El último inciso consagra un principio similar al del Art. 33.

Art. 37. - Exonera al patrono no asegurado del pago de los complementos de capital posteriores, a la fecha de su constitución efectiva. El régimen actual impone el reajuste cada 2 años (Art. 33).

Art. 38. - Se supera el régimen del inc. 3º del Art. 11 de la Ley Nº 10.004, por entender que si el rentista percibía en forma independiente salario y renta en el momento de su jubilación, debe mantenerse ese criterio.

CAPITULO IV
SITUACION DE LOS DERECHO-HABIENTES

Artículo 39. - Dispone las normas de liquidación de rentas en casos de muerte (Art. 15 Ley Nº 10.004):

El inc. a) otorga derecho al cónyuge no divorciado o separado de hecho (la ley de separación de cuerpos, lo que plantea dudas en la interpretación).

Se extiende el derecho a los concubinos con más de 1 año de vida en común.

Se elimina el último inciso del apartado 1º del artículo 15, que, en caso de muerte de a esposa, otorga renta al marido, sólo si aquél es incapaz para el trabajo. Y ello porque se considera de que hoy la mujer trabaja tanto como el hombre, y similar daño sufre uno como otro en caso de muerte por accidente del trabajo de su cónyuge.

b) Se eleva a 18 años la edad de los menores con derecho a renta, lo que constituye una sensible mejora, y evitará muchas solicitudes de rentas graciables. (En la actualidad el límite es de 16 años: Art. 15). Se facilita a estos efectos, la representación de los menores.

El inc. c) fija el límite máximo de las rentas en función del número de hijos.

Y el inc. d) mantiene el porcentaje de renta para los menores o incapaces, y el derecho a ella a los ascendientes del siniestrado, si vivían a sus expensas: Art. 18 de la ley, renta a la que tienen derecho en concurrencia con los menores o incapaces.

Art. 40. - Reitera la limitación del Art. 16 de la Ley Nº 10.004, incluyendo al concubino, y eliminando la pérdida del derecho a la renta en caso de que el beneficiario dejase de observar buena conducta.

Art. 41. - Repite la limitación del Art. 39: la renta anual que se paga globalmente a los distintos beneficiarios, no puede exceder del 100% del salario anual.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO

Artículo 42. - Reitera la obligación del Art. 43 de la Ley Nº 10.004 impuesta a los patronos asegurados, en el sentido de presentar la denuncia del accidente dentro de determinado plazo, lo que habilita la actuación del Instituto en sus diversos aspectos. Ello, so pena de incurrir en multa.

Art. 43. - Otorga al siniestrado el derecho a presentar la denuncia.

Art. 44. - Dispone los datos que deben constar en la denuncia: fecha del accidente, características, patrono, remuneración, etc.

Art. 45. - Establece el procedimiento ante la Inspección General del Trabajo, en caso de que el Banco tuviese dudas respecto a las características del infortunio.

El rechazo del accidente por parte del Banco, y la insistencia del obrero o del patrono, abren la posibilidad de la instancia judicial: la oposición de intereses, debe dirimirse en juicio.

Art. 46. - La aceptación de la denuncia, da lugar a la liquidación de la indemnización, otorgándose a la Inspección General del Trabajo en Capital, o Fiscales Letrados en el Interior de la República, el derecho a efectuar los contralores correspondientes, en el cometido asignado de asistencia al siniestrado.

El último inciso, otorga el derecho a la revisión de la renta en los casos en que ello se entienda pertinente.

Art. 47. - Cuando en virtud de controversia creada por diferencias en la determinación de la renta, de la capacidad, etc., sea necesaria la actuación judicial, se dispone un procedimiento breve y sumario para dilucidarlo, así como los jueces correspondientes. Se otorga a la Inspección General del Trabajo el cometido de asesorar al Juez, a quien, asimismo, se lo faculta para requerir las probanzas que estime pertinente.

Para no desamparar al obrero, se obliga al Banco a servir la renta que resulte de acuerdo a sus cálculos, hasta tanto se defina judicialmente la cuestión. Se destaca la importancia de esta regla, hoy inexistente.

CAPITULO VI
GARANTIAS DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo 48. - Tratándose de patronos omisos en el cumplimiento de la ley, esta disposición les impone -además de la obligación de constituir los capitales que hagan posible el servicio de la renta- la del pago de multas que se han estimado en Unidades Reajustables.

Todo ello sin perjuicio de que el Banco pueda solicitar y obtener ante el Ministerio de Trabajo, la clausura del establecimiento (Art. 1º Ley Nº 12.949).

Art. 49. - Crea el título ejecutivo para todas las liquidaciones que practique el Banco en referencia a sumas adeudadas por el patrono por cualquiera de los conceptos generados por aplicación de la ley.

Por esta vía, se otorga a las liquidaciones del Banco la fuerza de que hoy carecen, con las connotaciones que de ello se deducen: eliminando todo el pesado procedimiento de la ley anterior: artículos 2 y siguientes, Ley Nº 12.949.

La posibilidad de defensa del patrono, como en toda acción ejecutiva, se le otorga recién luego de que fue embargado, a través de la interposición de excepciones.

Este es uno de los principales mecanismos con que cuenta el Banco para actuar con celeridad en la protección de sus intereses y en los del siniestrado. No debe olvidarse que aparece como lógica contra-partida, frente a la obligatoriedad que tiene el Banco de comenzar el servicio de una renta -limitada pero real- con prescindencia de que el patrono no tenga seguro.

Se dispone además que los créditos se reajusten por Ley Nº 14.500, así como se mantiene el derecho de privilegio de los créditos del accidentado contra el patrono no asegurado.

Art. 50. - Establece distintos tipos de sanciones en función de los incumplimientos en que incurra el patrono.

Art. 51. - Impone a la Inspección General del Trabajo y a los Fiscales Departamentales, el deber de asesoramiento del siniestrado, tal como lo establecía la ley anterior.

Art. 52. - Faculta al siniestrado y al Banco a solicitar secuestro y embargo preventivo sobre bienes del patrono, sin prestar garantías, en los casos en que ello se considere necesario: Art. 56 Ley Nº 10.004.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 53. - Impone el deber de asesoramiento al Banco por parte de los médicos que pertenezcan al Ministerio de Salud Pública, a Entidades Mutuales, o trabajen particularmente. El principio está consagrado parcialmente en el Art. 61 de la Ley Nº 10.004.

Art. 54. - Es otra importante disposición, soporte del sistema: establece la facultad de Inspección por parte de los funcionarios del Banco, de la Inspección del Trabajo, etc., sobre los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

De no hacerlo así, incurrirán en las sanciones previstas.

Art. 55. - Crea la competencia de los Juzgados Laborales o Letrados, en las acciones contra los patronos.

Art. 56. - Junto con el Art. 49 que crea el título ejecutivo, esta es otra de las disposiciones-garantías de la efectividad del sistema: las Empresas deben acreditar el cumplimiento efectivo de esta ley ante cualquier gestión que realicen en referencia a Organismos Oficiales: licitaciones, importaciones, reformas de estatutos, reparto de dividendos, etc.

Art. 57. - Establece el plazo de prescripción de las distintas acciones que pueden interponerse ya sean contra el patrono o contra el propio Banco: de 10 años contra aquéllos; de 2 contra éste.

Art. 58. - Dispone la revisación periódica de las primas, por lo menos una vez cada 2 años y la individualización de las mismas en función del riesgo que presenta cada lugar de trabajo.

Se reiteran conceptos ya existentes en la legislación actual.

Art. 59. - Al igual que actualmente, se prevé la creación de distintos Fondos tendientes a mejorar la situación de los incapacitados, cursos sobre prevención, becas, premios, etc.

CAPITULO VIII
ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 60. - La actual ley, en este aspecto, trae una serie de disposiciones, los Arts. 68 en adelante, que han perdido total vigencia.

En cambio, es la Ley Nº 11.577 en referencia a las actividades consideradas insalubres la que predomina en su aplicación.

Y es en función de ello que este artículo mantiene su vigencia, en todo lo que no se oponga a las disposiciones de la que proyectamos, aclarando que para la incapacidad temporaria, se pagará el jornal íntegro que ganaba el trabajador, y no el 505% a los 2/3, de los artículos 17 y 18.

Art. 61. - Dispone un plazo de 90 días, a partir de la Publicación en "El Diario Oficial", para que la ley aprobada entre en vigencia.

Art. 62. - Deroga expresamente las Leyes Nº 10.004 y Nº 12.949, que son las que regían en la materia.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
PRINCIPIOS

Artículo 1º. - Declárase obligatorio el seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto en esta Ley.

Art. 2º. - Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes.

Art. 3º. - A los efectos de esta ley, entiéndese por patrono a toda persona, de naturaleza pública, mixta o privada, que utilice el trabajo de otra, sea cual fuera su número; y por obrero o empleado, a todo aquél que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación.

A los mismos efectos, no se consideran obreros o empleados quienes practiquen cualquier actividad deportiva, o sean actores en cualquier espectáculo artístico, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Art. 4º. - La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración.

b) A quienes trabajen por cuenta de terceros en su propio domicilio.

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs.

A los efectos de esta ley, serán considerados asimismo patronos, las instituciones que explotan los hipódromos, cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos.

Art. 5º. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aún y cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorgue el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo.

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Art. 6º. - Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de otra, no está comprendida en la presente ley.

Art. 7º. - Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos contra el patrono por accidentes de trabajo, que los que la misma ley les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo por parte del patrono o culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además, el Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (pérdida del seguro, recuperaciones de gastos, multas, etc.).

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecida por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad, siendo inaplicables por tanto, las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

Art. 8º. - El Banco de Seguros del Estado, prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por esta ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurados. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperaciones a que hubiera lugar.

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional. En este caso, las indemnizaciones temporarias establecidas en el Art. 17 de la ley se pagarán a partir del 4º día del abandono de las tareas.

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono se efectuarán las reliquidaciones que correspondan.

El Banco de Seguros del Estado exigirá del patrono no asegurado la constitución del capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 49.

A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no hayan cumplido con la obligación de asegurar, sólo se les brindará asistencia médica.

Art. 9º. - Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a al indemnización aún cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en caso de haberlo provocado dolosamente.

Cuando el accidente fuera debido a fuerza mayor, extraña al trabajo, el patrono quedará relevado de responsabilidad, pero correrá de su cuenta la prueba respectiva.

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación.

Art. 10. - El trabajador lesionado, deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución.

En Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que puedan derivarse de tal internación.

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuera otorgada, el trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida en el artículo 17 por todo el tiempo que realice dichas tareas remuneradas.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiere.

Art. 11. - La asistencia del siniestrado que se prestará en nuestro país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos; así como también el suministro y renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones (aparatos ortopédicos, etc.).

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de 6 sueldos mínimos nacionales.

Art. 12. - En cuanto exceda de la indemnización que esta ley pone a cargo del Banco o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, la víctima del accidente, o sus causa-habientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros.

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos años.

Dicha indemnización será servida por el Banco de Seguros en la forma prevista en los artículos 26 y siguientes, mediante la constitución del capital correspondiente para servirla.

Frente al tercero, el Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causa-habientes con referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos.

Art. 13. - Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto descargar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que le impone esta ley, o que sea derogatorio de las disposiciones de la misma, es absolutamente nulo.

Art. 14. - No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias.

a) que estuviera cumpliendo una orden dada por el patrono;

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos específicos.

Art. 15. - Cuando el obrero trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.

Este régimen se aplicará también, en el caso de que un obrero realice más de una actividad, para un mismo patrono.

Art. 16. - Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija esta ley, serán incedibles, inembargables e irrenunciables.

CAPITULO II
DE LAS INDEMNIZACIONES TEMPORARIAS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO

Artículo 17. - Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a esta ley, se regularán por las disposiciones siguientes:

I. - El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre la mitad del jornal o sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos.

II. - Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a la mitad del salario diario que resulte de dividir por 150 el salario semestral.

III. - Para los obreros que realicen trabajos de "Zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 30 del Capítulo III.

IV. - En los casos de los trabajadores rurales, se tendrá en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes.

Art. 18. - Cuando la incapacidad temporal dure más de 30 días, la indemnización se elevará a 2/3 del salario, desde el trigésimo primer día a contar del día del abandono de las tareas.

Art. 19. - Si el salario de un obrero está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por 150 el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los 6 meses anteriores.

Art. 20. - Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido, todavía, 6 meses desde que el obrero empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso, por los obreros similares en el mismo establecimiento, o, en su defecto, en algún establecimiento o actividad similares.

Art. 21. - Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero (inclusive propinas), o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia.

Art. 22. - Las indemnizaciones que establece esta ley, se determinarán de acuerdo a la remuneración real que perciba el trabajador, la que nunca será considerada menor al salario mínimo nacional.

Art. 23. - Los salarios que sirvan de base para las indemnizaciones, no tendrán límite máximo alguno, salvo el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutivo por razones de interés general.

Art. 24. - El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal fijada en el artículo 17 de esta ley, se actualizará cada cuatro meses, de acuerdo a los índices de salarios del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondientes al mes anterior al que ocurrió el accidente, y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización.

Art. 25. - La indemnización por incapacidad temporal, cesa en el momento de la cura completa o consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable, se establecerá de inmediato el monto de la renta.

CAPITULO III
DE LAS RENTAS POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Artículo 26 -

I- La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna, si la reducción de la capacidad profesional no alcanza al 10%. No obstante el obrero que haya sido víctima en sucesivos accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aún por aquéllos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, siempre y desde que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo. La indemnización correspondiente a cada accidente y/o enfermedad profesional, será liquidada por separado, sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo, y estará a cargo del patrono para quien trabajaba entonces.

II- En caso de accidentes que originen una incapacidad permanente superior o igual al diez por ciento, y no mayor del veinticinco por ciento, el siniestrado recibirá como indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la incapacidad haya originado en el sueldo o salario.

III- En caso de incapacidades permanentes superiores al veinticinco por ciento, se abonará una renta igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el incapacitado no pudiere subsistir sin la ayuda permanente de otras personas, la renta se elevará al 115% del sueldo o salario.

IV- En caso de que un siniestrado haya percibido la suma establecida en el numeral II, que sufriera una nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superara el veinticinco por ciento, se procederá en la siguiente forma:

a) si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la indemnización liquidada de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral III, desde la fecha del alta del accidente que originó la última incapacidad.

b) si no hubiera pasado dicho período de tres años, se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento de incapacidad) en la forma establecida en el numeral III. Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial.

V- En circunstancias excepcionales, y cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera particularmente ventajosa para el trabajador, atendiendo a la solicitud del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado, podrá cancelar parte o la totalidad de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos. Se entiende por utilización "particularmente ventajosa para el trabajador", a aquella referida con exclusividad, a salvaguardar su integridad física.

Art. 27. - La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del accidente hubiere recibido a título de sueldo o salario, lo que se hará multiplicando por 24 el promedio del salario medio quincenal ganado por el obrero en el último semestre anterior al accidente, siempre que haya trabajador por lo menos 150 días durante ese semestre.

Art. 28. - Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante 6 meses con anterioridad al accidente en las condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual, será determinado multiplicando por 24 el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas en los últimos 6 meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, durante ese período.

Si la víctima ha ingresado al establecimiento en la quincena en que se produjo el accidente, se tomará como base para calcular la indemnización, el salario medio de los obreros similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos similares.

Art. 29. - Si el obrero trabajara a destajo, el cálculo del salario anual, se hará multiplicando por 300 el salario diario medio del obrero en el último trimestre anterior al accidente.

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los obreros válidos similares de este establecimiento y si no los hubiera, de establecimientos similares.

Art. 30. - Para los obreros que realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual, se efectuará multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a 24 por el salario quincenal medio ganado por los obreros válidos de su categoría fuera de la época de zafra. Esta regla se aplicará tanto si el accidente ocurrió durante el período de la zafra, como si tiene lugar durante el resto del año.

La cantidad resultante, se actualizará de acuerdo a los índices de salarios del Ministerio de Economía y Finanzas correspondientes al mes de la fecha del accidente y a seis meses antes.

Art. 31. - Los aprendices y obreros menores de 21 años que no gocen de remuneración o cuando ésta sea inferior a la de los demás obreros ordinarios, tendrán derecho en caso de incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la multiplicación por 300 del salario diario más bajo de los obreros ordinarios válidos empleados en el mismo establecimiento o análogos, y en la misma localidad.

Por obrero ordinario válido se entiende el que goza de la plenitud de sus actividades profesionales, sin constituir una especialidad en su género.

Art. 32. - A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo, rige lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Capítulo II.

Art. 33. - El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente, deberá suministrar por escrito al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a que se dedica, género de la misma, salarios que percibe, nombre de su patrón, pudiendo el Banco suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información.

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera mediado dolo de parte del trabajador en la adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá éste la misma facultad.

Art. 34. - Las personas amparadas por la presente ley, sólo tendrán derecho a la renta, si vivieran en el territorio de la República al producirse el accidente, y mientras permanezcan en él. Si se radicaran en otro país, perderán el derecho a la renta, recibiendo por toda indemnización el monto correspondiente a tres anualidades de la misma.

Como excepción de lo estatuido en este artículo, se establece que los derecho-habientes de obreros fallecidos, que vivían en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del obrero, pero que luego vinieren a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 39 a 41 de esta ley. En caso de que luego se radicaran en el extranjero, perderán el derecho a la renta, sin recibir indemnización alguna.

No obstante, de existir convenios de Previsión Social con algún país, se estará a lo que se establezca en los mismos.

Art. 35. - El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en los artículos 27 a 31, se actualizará una sola vez, de acuerdo a los índices de salarios del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondientes al mes anterior al que ocurrió el accidente y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta.

Art. 36. - El Banco de Seguros del Estado ajustará cada año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva de los índices de salarios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las rentas que comenzaron a servirse en el transcurso de 1 año, tendrán un factor de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del año.

Dicho ajuste se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de 12 meses que finaliza en el mes de octubre anterior al del ajuste.

Los demás organismos que deban servir rentas por incapacidad permanente o muerte, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, las ajustarán en la misma forma, de acuerdo a los índices proporcionados por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 37. - Cuando proceda al reajuste de rentas liquidadas a trabajadores cuyos patronos no estuvieren asegurados a la fecha de los accidentes, dichos patronos se harán cargo de los complementos necesarios para servir los aumentos de las rentas originados en la aplicación del artículo anterior hasta tanto constituyan el capital necesario para cumplir con su obligación.

Art. 38. - La renta anual por incapacidad permanente o muerte, es acumulable a las jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social, cualquiera fuese su naturaleza jurídica.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHO-HABIENTES

Artículo 39. - En caso de accidente que haya producido la muerte del siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Una renta vitalicia igual al 50% del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el accidente, o que el celebrado posteriormente responda a la regularización de un concubinato "more uxorio" de duración de más de 1 año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino del siniestro que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de 1 año.

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen para los menores de 18 años y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años incapaces que vivían a expensas del obrero, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique sumariamente este hecho.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces sean hijos legítimos o naturales del obrero fallecido, descendientes o colaterales y vivían en la misma morada que el siniestrado. A los efectos de acreditar la calidad de derecho-habientes, bastará la presentación de las partidas de estado civil e información testimonial administrativa correspondiente.

c) La renta, si los menores o incapaces tienen padre o madre sobreviviente, será del 20% del salario anual, si no hay más que uno; del 35% si hay 2; del 45% si hay tres y del 55% si hay 4 o más.

d) Si los menores o incapaces no tienen padre o madre sobreviviente, podrán elevarse al 50% del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo 41.

En caso de que no tuvieran derecho a renta alguno de los beneficiarios mencionados en el inc. a), tendrán derecho a ella los ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La renta será equivalente al 20% del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el Artículo 41.

Art. 40. - El cónyuge o concubino sobreviviente perderá todo derecho si contrajere nuevo matrimonio o ingresara en una nueva situación de concubinato. En este caso, recibirá por única indemnización, el importe de dos anualidades.

Art. 41. - La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo 39, a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje, cada una de ellas será reducida proporcionalmente, a fin de que en conjunto, no excedan de dicho salario.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTOS

Artículo 42. - En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados, asegurados en el Banco de Seguros del Estado, los patronos deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las 72 horas de que el hecho se produjera en Montevideo y directamente o por medio de carta recomendada expedida dentro de los 5 días cuando se trata de los demás departamentos.

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, incurrirán en una multa equivalente a 50 Unidades Reajustables; y a 100 en caso de reincidencia.

Art. 43. - El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del término perentorio de 15 días.

Art. 44. - La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los testigos.

Art. 45. - Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigarse dudas sobre el carácter del accidente, deberá presentar antes del vigésimo día, exposición escrita ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición deberá darse noticia al patrono, al obrero o a sus derecho-habientes.

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del Departamento de Montevideo, el plazo será de 30 días.

El rechazo de la denuncia realizada por el Banco, deberá comunicarse al patrono, al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de los 10 días subsiguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al Juzgado que corresponda.

Art. 46. - Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización labrándose las actas que correspondieren.

El Asesor Letrado de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, o los Fiscales Letrados Departamentales, en sus casos, podrán solicitar del Banco todos los antecedentes que juzguen del caso, y controlar los pagos de las indemnizaciones.

Podrá en todo caso solicitarse la revisión de la renta que se sirve al siniestrado.

Esta acción podrá intentarse todas las veces que se considere pertinente, pero siempre para intentarla deberá haber transcurrido por lo menos 1 año a contar de la fecha de la sentencia o del acuerdo de partes.

Art. 47. - Con excepción a la mencionada en el Art. 49, toda controversia originada por la fijación del salario, o de la renta, aumento o disminución de la capacidad o cualquier otra suscitada por la aplicación de esta ley, será resuelta judicialmente siguiéndose el procedimiento previsto por la Ley Nº 14.188 del 14 de mayo de 1974.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente.

Serán competentes los Jueces Letrados de 1ª Instancia del Trabajo en Montevideo, o el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en los demás Departamentos, quienes dispondrán la obtención de los informes que estimen necesarios. Hasta tanto no sea resuelta la cuestión, el Banco de Seguros del Estado abonará la renta que resulte de acuerdo con sus cálculos.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES TENDIENTES A GARANTIR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo 48. - El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal establecido en el artículo 1º de esta ley o en las obligaciones emergentes del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del Estado por los servicios que éste preste a sus siniestrados, será sancionado con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que haya omitido reajustadas de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 14.500. Dicha multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 unidades reajustables la primera vez; y del cuádruple de dicha cantidad, con un mínimo de 100 unidades reajustables, las siguientes omisiones.

Sin perjuicio de la acción de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y éste podrá decretarla, la clausura del establecimiento de que se trate, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes se les decrete la caducidad de la póliza por no haber abonado su premio en tiempo y forma.

Art. 49. - Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de esta ley, con los reajustes que correspondan de acuerdo a la Ley Nº 14.500, constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes, contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del inciso 4º del artículo 2369 del Código Civil, y de Comercio, artículo 1732 inciso 4º.

Art. 50. - Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos de determinar los jornales pagados y cualquier otro aspecto conexo con esta ley. De no hacerlo así, incurrirán en una multa equivalente a 250 Unidades Reajustables.

Sin perjuicio de lo expuesto, el patrono que haga ocultación o falsa declaración de persona y/o salarios, incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular", tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 51. - La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al obrero o empleado o sus causa-habientes y le proporcionará la defensa que éste requiera para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio.

En el interior y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo asesoramiento, la defensa del obrero estará a cargo de los Fiscales Letrados.

Art. 52. - Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con esta ley, podrá trabarse en cualquier momento embargo preventivo, a solicitud del obrero o empleado, o sus causahabientes y/o del Banco de Seguros del Estado. El Juez deberá decretar las medidas de seguridad sin más trámite, y prescindiendo de lo que disponen los artículos 829 a 836 del Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 53. - Los Médicos del Ministerio de Salud Pública, particulares, o pertenecientes a Entidades Mutuales, están obligados a asesorar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del Estado, en todas las cuestiones médico-legales que están vinculadas con esta ley.

Art. 54. - Los Inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con excepción de las casas de familia, a todos los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir la intervención de la autoridad policial. La oposición del patrono al ejercicio de estas facultades será pasible de las sanciones previstas en el artículo 50 de esta ley, siendo las multas aplicables de un mínimo de 250 Unidades Reajustables.

Art. 55. - Los Jueces Letrados de 1ª Instancia del Trabajo en la capital y los Juzgados Letrados Departamentales en los demás departamentos serán competentes para entender en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 49 y en las demás controversias que por aplicación de esta ley se susciten entre el Banco de Seguros y los patronos asegurados o no.

Art. 56. - Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de esta ley, para toda gestión por parte de la Empresa ante Organismos Oficiales, incluso presentación en licitaciones, realización de importaciones y exportaciones. Sin la presentación del certificado no se podrán reformar estatutos, suscribir contratos de enajenación, liquidación o disolución total o parcial de los establecimientos comerciales o industriales, distribuir utilidades o dividendos y obtener créditos en Instituciones financieras públicas o privadas.

Art. 57. - Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a esta ley, de la constitución de capitales necesarios para el servicio de rentas y demás obligaciones a cargo de los patronos, prescribirán a los 10 años contados desde el día en que las obligaciones se hicieren exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el obrero según el caso.

La acción del obrero contra el Banco prescribe a los 2 años.

Art. 58. - El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años. Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aún para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales adoptadas, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas previsto en esta ley, no determinarán, en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.

Las reservas técnicas originadas por el Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se convertirán en deuda pública, en valores de fácil y segura realización, en colocaciones bancarias, en bienes raíces productores de renta o en hipotecas, de manera de asegurar una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores, de forma de compensar, en lo posible, los aumentos de las primas por los mayores costos devengados por el régimen de actualización de rentas.

El beneficio neto de explotación del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no será mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en consideración, las indemnizaciones por incapacidad temporaria, las reservas matemáticas, las rentas por incapacidad permanente o muerte y las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas, las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica, la provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos, las reservas para morosos, las reservas de emergencia y catástrofe y los gastos administrativos e impuestos.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% de las primas percibidas, la pérdida sufrida en la misma Cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquél en que tuvo lugar la pérdida.

Art. 59. - Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y de la Rehabilitación de Obreros Incapacitados. Este fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación, como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales o la rehabilitación de obreros incapacitados.

b) Instituir premios a las mejores organizaciones de seguridad de los establecimientos asegurados.

c) Instituir becas para el estudio de divulgación y campañas publicitarias sobre seguridad o rehabilitación.

CAPITULO VIII
DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 60. - Respecto a las Enfermedades Profesionales se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 11.577 del 14 de octubre de 1960, en todo lo que no se oponga a la presente ley.

No obstante ello, las indemnizaciones contempladas en los artículos 17 y 18 del Capítulo II de esta ley, serán equivalentes al 100% del salario a partir del día siguiente al abandono de las tareas.

Art. 61. - Deróganse las Leyes Nº 10.004, de 28 de febrero de 1941 y Nº 12.949, de 23 de noviembre de 1961, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Art. 62. - Esta ley comenzará a regir a los 90 días de publicada en el "Diario Oficial".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: es muy probable que en el ánimo del Senado esté considerar este proyecto que, en virtud de los antecedentes aportados por la Comisión y del informe que hizo el propio Banco de Seguros del Estado, presumimos que va a tener un trámite breve debido a la urgencia que existe hoy en el Senado.

No obstante ello, en primer lugar queremos especificar que este proyecto de ley supone una modificación que no altera en su esencia el régimen existente en nuestro país desde 1941, año en que se dictó la Ley Nº 10.004, que luego fue modificado por la Ley Nº 12.949 en el año 1962. Allí se estableció el régimen relativo a la responsabilidad ocurrida en casos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

Por este proyecto de ley se busca unificar un conjunto de disposiciones que figuran en diferentes normas legislativas y, desde ese punto de vista constituye una especie de código -podríamos decir así- o de normas de carácter general vinculadas a la temática de los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

En segundo término, el proyecto reviste la característica esencial de establecer la obligatoriedad del seguro para toda la actividad pública o privada. Es decir, absolutamente todos los patrones tienen la obligación de asegurar a sus trabajadores por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto se hace extensivo al Estado, que hasta este momento tenía exclusivamente esta obligación para el caso de determinadas administraciones, Entes Autónomos y Servicios Industriales y Comerciales del Estado, pero en particular para los trabajadores manuales, estando desvinculados los trabajadores que cumplen funciones en otras esferas, o sea, los empleados que cumplen actividades administrativas y que igualmente están propensos a los riesgos generados por su actividad.

En tercer lugar, se ha establecido una nueva mecánica ajustada a la realidad actual en lo que se refiere a la fijación de los mínimos que se deben estipular, al amparo en caso de incapacidades temporales o permanentes por accidentes de trabajo e inclusive un nuevo sistema que tiende a configurar normas aplicables comunes para el caso de enfermedades profesionales. Estas normas tienen una mayor amplitud, de conformidad con las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, extendiéndose el número de enfermedades profesionales, regulándolas de acuerdo con los decretos vigentes y dándole potestades al Banco de Seguros para que, junto con el Poder Ejecutivo, amplíe la nómina de enfermedades profesionales teniendo en cuenta los requerimientos que se generan en la vida industrial y en el uso de nuevos artículos y productos. Ello es así porque hay ocasiones en que recién con el correr del tiempo se puede establecer el efecto nocivo que tiene sobre el organismo el uso constante de determinado producto y las incapacidades o discapacidades que pueda acarrear.

Queremos dejar establecido que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha realizado un trabajo intenso analizando este tema durante decenas de sesiones. Asimismo, queremos destacar -puesto que la Comisión tiene un particular interés en que se señale- la importante colaboración que hemos recibido del Banco de Seguros, tanto cuando aportó su visión de cómo debía ser estructurado el proyecto como cuando envió a la Comisión, para que trabajara junto a ella, a un grupo de asesores de altísima capacidad técnica. Como los señores senadores habrán advertido, este proyecto contiene especificaciones de carácter técnico, así como pautas de carácter actuarial y de técnica contable, debido a que en este caso se está legislando sobre Carteras de seguro cuya regulación específica no la hubiéramos podido hacer, o la hubiéramos estructurado sin mayor base, si no hubiéramos contado con la valiosísima colaboración de los calificados técnicos del Banco de Seguros, quienes dieron las explicaciones adecuadas y fijaron los alcances de cada una de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley.

Sin duda alguna, podríamos referirnos de manera más extensa a las distintas particularidades de este proyecto de ley. Sin embargo, debido a que el quórum que en este momento hay en el Senado no asegura que continúe por demasiado tiempo esta sesión, voy a terminar aquí mi informe quedando a las órdenes de los señores senadores para esclarecer aquellos aspectos que generen dudas.

De todas maneras, antes de terminar, deseo señalar que este tema también ha preocupado a la Asociación de Pensionistas Vitalicios del Banco de Seguros del Estado, que ha colaborado con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Ella tuvo la preocupación inicial de presentar un proyecto de ley que fue considerado por la Comisión y de alguna manera puso en marcha el funcionamiento del mecanismo legislativo para que se estructurara este proyecto con la colaboración inestimable, repito, del Banco de Seguros, de sus técnicos y también de la mencionada Asociación. Esta Asociación expresó su conformidad con las pautas y las soluciones adoptadas, que se han basado en rigurosos criterios técnicos, sin hacer concesiones pero teniendo "in mente" el objetivo fundamental de que este proyecto tiende a regular un aspecto social. Asimismo, también se tuvo en cuenta que el sistema diera garantías futuras desde el punto de vista financiero y que le permitiera al Banco de Seguros cumplir cabalmente con las responsabilidades que le corresponden en materia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Comparto lo expresado por el señor senador Tourné en cuanto a la seriedad del trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, con la asistencia y el asesoramiento de distinguidos técnicos del Banco de Seguros del Estado. Me consta que ello ha sido así. En alguna oportunidad he estado en el seno de esa Comisión, interesado por algún otro proyecto de ley, y pude advertir que reiteradamente esta Comisión estaba dedicando la mayor parte de su tiempo -y así lo hizo durante muchos meses- a sacar adelante este complejo y muy importante proyecto de ley. No vacilo en calificarlo así atento a la materia que regula y considero que es un importante puesta al día de la legislación en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que el país estaba requiriendo.

Por consiguiente, la pregunta que voy a realizar a renglón seguido no se debe interpretar como oposición de ningún género al proyecto, sino como preocupación por ver hasta dónde podemos hacer que el régimen que se declara obligatorio realmente lo sea.

El principio cardinal y básico del proyecto es el del artículo 1º, que dice: "Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previsto en esta ley". De acuerdo con los artículos 2º y 3º del proyecto, todo patrón, sin excluir al Estado y a las demás personas públicas, está comprendido en el régimen obligatorio que se instituye. Digo esto al margen de que el artículo 3º establece que se entiende "por patrono toda persona, de naturaleza pública privada o mixta". Considero que no existen personas de naturaleza mixta. Estas son de naturaleza pública o privada; pero esto no hace al fondo del asunto.

Quiero expresar que, en definitiva, la obligación que se establece para los organismos del Estado es sin sanción. Más aún se parte de la base de que los organismos estatales van a poder incumplir el pago de las obligaciones que el proyecto establece, porque el inciso tercero del artículo 8º dice: "A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica". Es decir, que el propio proyecto parte de la premisa de que los organismos públicos van a pagar cuando deseen o, mejor dicho, no van a pagar, porque el proyecto se adelanta a establecer qué ocurre cuando el organismo público no paga. Entonces, la protección que se quiere brindar a los funcionarios públicos me parece que es un poco ilusoria, porque, salvo el hecho de brindarles asistencia médica, las demás prestaciones establecidas en el proyecto no corren para ellos toda vez que los organismos públicos no paguen.

El artículo 5º dice que las obligaciones de la ley alcanzan a los Gobiernos Departamentales, a los Entes Autónomos y demás organismos públicos, expresión que en el proyecto está con mayúsculas, cuando en realidad no corresponde.

Yo pregunto si alguien cree que los Gobiernos Departamentales, con las tremendas penurias financieras que padecen, van a poder cumplir con las obligaciones que establece la ley, cuando, en realidad, ella misma nos adelanta lo que sucede cuando los organismos públicos y estatales -dicho esto en sentido amplio- no cumplen con sus obligaciones.

Evidentemente, todos quienes poseemos algunos conocimientos jurídicos sabemos que nota esencial de la norma jurídica es que a una obligación le corresponda su correlativa sanción. ¿Cuál es la sanción que tiene el organismo estatal incumplidor de las obligaciones que fija la ley? Ninguna. Absolutamente ninguna. En consecuencia, me pregunto si vale la pena establecer en estos términos tan categórico el régimen de seguro obligatorio y general, diría casi en un tono apocalíptico y tronituante cuando, en definitiva, en otros artículos estamos estableciendo que los organismos estatales pueden no pagar y no ocurrir, por ello, absolutamente nada.

Pongo el acento en este aspecto, porque a mi entender -sin perjuicio de que hoy aprobemos esta ley que contiene avances considerables sobre el régimen actual, lo sistematiza, lo unifica en un solo texto legal- debemos tener conciencia de que en cierto aspecto estamos haciendo un progreso manuscrito, porque los organismos estatales cumplirán la ley cuando les venga en gana y no la cumplirán cuando no les venga en gana. O, mejor dicho, cuando sus dificultades financieras, que son para ellos el pan nuestro de cada día, no les permitan cumplir con las obligaciones o erogaciones que determina esta ley, decidiendo postergar las mismas en beneficio del pago de otras obligaciones

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor miembro informante, señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: deseo señalar que coincido y estoy de acuerdo con las manifestaciones vertidas por el señor senador Aguirre.

Por mi parte debo manifestar que fue motivo de ardua discusión a nivel de Comisión, el hecho de que nosotros de alguna manera estableciéramos un desfase en el carácter obligatorio de los seguros respecto al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, al tiempo de que por otra vía, fijáramos que en los casos de organismos públicos no asegurados, el régimen establecido por esta ley se limitara a dar asistencia médica al funcionamiento público accidentado.

Frente a esto, ¿qué es lo que sucede? El Banco de Seguros del Estado, también en esta materia y basándose en su larga experiencia hizo cuestión fundamental en primer término en la necesidad de establecer las bases y mecanismos firmes para llevar el amparo del régimen de seguros absolutamente a todos los funcionarios públicos. Al mismo tiempo ha comprendido que es necesario que esta ley se instrumente por otros mecanismos, como ser Rendiciones de Cuentas, Disposiciones Presupuestales u otras normas diversas y distintas que pueden surgir de propias normas presupuestales tendientes a hacer realidad la obligación de asegurar, y de pagar fundamentalmente, porque sucede que en la mayoría de los casos el Estado asegura y luego no paga, no contribuye.

En consecuencia la solución la solución que teníamos a nuestro alcance, se basaba en que era muy diferente la situación de un trabajador privado que padece la desventura de un accidente de trabajo que lo coloca al margen de las posibilidades de un ingreso normal, de una retribución porque el patrono no tiene porque tomar a su cargo esa responsabilidad, más allá de las razones humanitarias, pero no existen razones que obliguen por ley, salvo que nosotros establezcamos esta otra vía. Lo que sucedería es que el trabajador privado quedaría desamparado, si no establecemos estos mecanismos de toda ayuda.

En cambio, al funcionario público que es víctima de un accidente de trabajo, el Estado lo mantendrá en sus planillas; podrá pasar el tiempo y, si se ha comprobado en los extremos médicos correspondientes la situación real, podrá recibir la totalidad de las asignaciones mensualmente. Entonces, se trata de una situación distinta.

Tomando en cuenta que, en definitiva, por distintas vías o mecanismos tenemos que implementar este proyecto cuya implementación escapa, quizá, a lo contrario de esta ley, que tendrá que hacerse por las vías presupuestales o establecer normas o pautas de carácter general en los presupuestos que se dicten a fines de contemplar la afiliación al seguro por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales es que hemos establecido -en este caso y para no descompensar y desfinanciar al Banco de Seguros, al tener que pagar, por omisión del Estado, las primas que correspondan- el sistema a que hemos hecho referencia.

Distinto es el caso del trabajador privado. Independientemente de que su patrono no esté afiliado al seguro o no pague, al trabajador privado se lo ampara a través del sistema, se le pagan las prestaciones que corresponde y el Banco de Seguros le continuará pagando como si su patrón hubiera cumplido con lo que le correspondía.

Reitero que se trata de dos situaciones diferentes. Debemos entender las realidades y que ellas han sido conformadas en base a un objetivo: tratar que el accidentado se vea amparado de alguna manera -por diversos mecanismos- y no generar un factor que pueda desfinanciar totalmente al Banco de Seguros. Si no estableciéramos esta norma especial para los funcionarios públicos, el que se accidentara pasa a ser amparado por el Banco de Seguros, deja de cobrar lo que le corresponde en su oficina de origen y eso, naturalmente, puede representarle al Banco de Seguros, en una extensión y con un régimen de omisión tan grave como tiene el Estado en el cumplimiento puntual de sus aportaciones, una difícil situación.

Estas razones de orden práctico fueron las que determinaron que estableciéramos esas pautas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - La explicación que ha dado el miembro informante, señor senador Tourné, es fácilmente comprensible. Sin embargo, de todos modos nos parece que la solución que se ha adoptado en la ley es cómoda para el Estado. Se parte de la premisa, simplemente, de que el Estado no va a pagar y por consiguiente se limitan los derechos de los funcionarios públicos en su perjuicio. Entiendo, además que ello se hace violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que no hay ninguna razón para que en esta materia quien es funcionario público tenga menos derechos que los que posee el trabajador privado.

El propio informe de la Comisión reconoce esta situación, cuando dice que los funcionarios públicos que se encuentren en las mismas condiciones -organismos sin asegurar al personal- resultan excluidos, salvo en el que respecta a la asistencia médica. Y a renglón seguido se expresa: "El fundamento de ello debe buscarse en la dificultad de hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones por parte de los organismos públicos".

Lo que digo es que a veces también hay dificultades para lograr el cumplimiento de las obligaciones por las empresas privadas. Lo que ocurre entonces, es que la ley prevé las disposiciones sancionatorias y aún penales -y no me refiero sólo a esta ley- y las acciones judiciales, por medio de las que se puede hacer cumplir a los empresarios y patronos privados incumplidores.

Esta misma ley establece en el Capítulo VII "Disposiciones Tendientes a Garantir el Pago de las Indemnizaciones", una serie de normas que van a resultar, en la práctica, eficaces medios coercitivos para que los patrones cumplan con sus obligaciones.

Así, el artículo 56 prevé para el patrono incumplidor una multa, que impondrá directamente el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que se haya omitido pagar la primera vez y el cuádruple de dicha cantidad por las omisiones siguientes. También el artículo 57 prevé los procedimientos judiciales correspondientes, asimismo, prevé que las liquidaciones que practique el Banco en esta materia, contra los patronos que adeuden sus obligaciones, constituirán título ejecutivo y se remite a las normas del Código General del Proceso, por lo cual estos patronos podrán ser embargados y se verán compelidos a pagar estas obligaciones. ¿Por qué no se puede proceder de la misma manera contra el Estado? En materia de obligaciones de la seguridad social, el Banco de Previsión Social puede embargar a cualquier organismo público. Y aunque muchos organismos se atrasan en el pago de sus obligaciones con el Banco de Previsión Social, debo recordar que cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social de la época era ejercido por el profesor Juan Pivel Devoto, en cierta oportunidad éste embargó prácticamente a todos los organismos públicos, incluidos los Gobiernos Departamentales. ¿Qué ocurrió? Que a las 48 horas todos los organismos públicos pagaron y se pusieron al día con las entonces Cajas de Jubilaciones, pues no existía el Banco de Previsión Social.

Si partimos de la premisa que el Estado no puede ser compelido a pagar, esta situación no ha de corregirse nunca.

Comprendo las dificultades con que se encontró la Comisión ante las dudas del Banco sobre la posibilidad de que el Estado hiciera efectivas las prestaciones que le corresponderían, de cumplir con su obligación de asegurar a todos los funcionarios públicos.

Creo que en el futuro vamos a tener que legislar en esta materia y no tener el temor de buscar medios coercitivos para que el Estado cumpla, al igual que los empresarios privados. Los funcionarios públicos tienen los mismos derechos, en esta materia, que los trabajadores privados. No es posible que ser funcionario público signifique una especie de "capitis deminutio" por la cual si uno tiene la desgracia de tener un accidente trabajando, en lugar de estar protegido por la ley esté sin amparo.

Es lo que quería expresar, señor Presidente, y reitero que creo que esta ley responde a un trabajo muy serio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que representa un adelanto en la legislación vigente en ambas materias y que debe ser aprobada por el Senado en el día de hoy, de forma de que cuente con la media sanción parlamentaria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - Señalo que al trabajador accidentado que pasa al seguro, éste le paga dos tercios de la asignación mensual que le corresponda; si es un trabajador zafral existe un cálculo determinado, de conformidad a la forma en que es pagado, pero siempre está fijado sobre las dos terceras partes de su asignación. En cambio, el funcionario público que sufre un accidente sigue percibiendo la totalidad de la asignación.

Este es el hecho que nos hace pensar que no estamos estableciendo un régimen en desmedro del funcionario público sino salvaguardando, fundamentalmente, que no podemos descargar sobre el Banco de Seguros un andamiaje que puede generar una desfinanciación muy grande de una Cartera como la de Accidentes de Trabajo que tiene una honda repercusión de carácter social.

En definitiva, como los elementos de juicio están prácticamente todos incorporados al informe de la Comisión al igual que el del Banco de Seguros, parecería que los señores senadores están debidamente ilustrados. Por lo tanto, solicito que una vez agotada la discusión general y después de procederse a la votación, en la discusión particular este proyecto se vote por capítulos.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: tengo que ratificar cada una de las expresiones del señor senador Tourné y, a la vez, resaltar el trabajo realmente importante que ha hecho la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En este sentido, si comparamos la labor efectuada este año con la que realizó el año pasado, evidentemente esta Comisión trabajó muy bien y presenta ante el Cuerpo lo que prácticamente tiene características de un Código de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales.

Al entrar en la consideración de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Banco de Seguros, que abarca seguros y también, un sistema de previsión social, en general, la impresión que obtuvimos es la de que ofrece una buena atención médica y altamente especializada. Los tratamientos que allí se hacen significan un orgullo para el país, al igual que la forma en que se atiende a los accidentados. Pero al mismo tiempo, se constatan diversas carencias de importancia, que tienen que ver con la mala retribución de que las rentas hasta hace muy poco se actualizaran cada dos años.

Este proyecto mejora sustancialmente la situación y tiende a que comiencen a ajustarse en períodos menores al año, siguiendo lo que puede ser la política general en materia de ajustes de ingresos.

El señor senador Aguirre tocó uno de los temas efectivamente importantes relativos a los defectos que tiene este proyecto y es que esta ley no corrige todas las injusticias. Ello no quiere decir que le quitemos nuestro apoyo. Entendemos que todo lo que está establecido son cuestiones justas, incluso largamente meditadas y que, en general, representan un avance el que, de ninguna forma, tiene que satisfacernos totalmente porque, evidentemente, hay situaciones de arbitrariedad que por la aprobación de este proyecto de ley no van a ser modificadas.

Quizás, en el transcurso de la discusión particular podamos hacer referencia a alguno de estos aspectos. Pero, probablemente, uno de los más importantes es lo que ocurre con los funcionarios públicos.

En este sentido, preferimos legislar para el país que tenemos y atender lo que es la realidad del Banco de Seguros.

Por ejemplo, desde que se aprobó la ley de unificación de aportes en el medio agropecuario y se pasó a efectuar un aporte por hectárea con escalonamiento, incluyendo prestaciones para accidentes de trabajo, dentro de una recaudación que hace el Banco de Previsión Social, el resultado práctico que se ha obtenido es que éste último organismo no le ha abonado al Banco de Seguros un sólo peso. Así podemos seguir con otros organismos del Estado que en determinado momento han asegurado su personal, fundamentalmente el jornalero, se han atrasado, y luego la situación a derivado en que el mismo Estado pasa a hacerse una especie de autoseguro. En este sentido, cuando las lesiones son parciales, quizá este régimen resulte más favorable que el del Banco de Seguros; pero cuando hay lesiones de importancia, se genera una situación absolutamente injusta y discriminatoria ya que el Estado, lo máximo que hace es proceder a la jubilación del obrero accidentado.

Quiero resaltar, señor Presidente, que aquí no estamos introduciendo una diferenciación o una injusticia con los funcionarios públicos, sino que ella ya existe. En el proyecto de ley que se trae a consideración se quiso plantear qué hacer con el conjunto de los funcionarios públicos y las opciones eran dos o tres. Una, la de declarar la obligatoriedad del seguro; otra, simplemente, excluir de este proyecto de ley a los funcionarios públicos, lo cual realmente pareció un disparate y una discriminación absolutamente indefendible y, la tercera, es la que tomó la Comisión, es decir, reconociendo la obligatoriedad del Estado de asegurar, tiene que tomar medidas precautorias para el caso de que el Estado no pague. De lo contrario estaríamos poniendo en riesgo todo el funcionamiento del Banco de Seguros del Estado y en lugar de beneficiar a los empleados y obreros del sector público, simplemente estaríamos arriesgando a que el Banco de Seguros del Estado no pudiera pagar al sector con el cual cumple, que es el privado.

Sin embargo, señor Presidente, esto de ninguna manera libera de responsabilidad, por la redacción que tiene el proyecto de ley, a aquellas instituciones del Estado que no la tienen. Digo que no libera de responsabilidad porque no podemos admitir en silencio -y en eso le doy la razón a lo que exponía el señor senador Aguirre- que el Estado tenga determinadas obligaciones y que decida si las cumple o no. Pero en el camino de intentar de que el Estado haga efectiva sus obligaciones, hoy tenemos lo que es una prueba muy sencilla; tenemos un atraso consumado, de volumen muy importante, del Banco de Previsión Social con el Banco de Seguros del Estado. Si se quiere iniciar una línea de conducta donde realmente el Banco de Seguros haga efectivo sus derechos, si se quiere iniciar a nivel de toda la actividad pública -y así se debería hacer- una conducta que se refleje en un cumplimiento regular de las obligaciones que la ley establece, entonces, habremos tenido el camino expedito para que la justicia sea absolutamente igualitaria tanto en el sector público como en el privado. Manifesté que hay muchos problemas que este proyecto de ley no arregla. Por ejemplo, sabemos de épocas en que había mínimos establecidos, fundamentalmente durante el gobierno de facto, que hicieron que de alguna forma las liquidaciones de los accidentes efectuados en esa época, se trasuntaran en una diferenciación muy notoria de retribuciones para trabajadores que tenían iguales niveles de retribución, y con similares accidentes de trabajo, percibiendo hoy distintas cantidades por haberse generado esos accidentes en años distintos y bajo diferentes políticas para atenderlos. Esto, el proyecto de ley lo regula para el futuro y lo hace en menor escala para el pasado.

Establece una cierta liberalidad del Poder Ejecutivo por encima de determinados mínimos. Es decir, que quita de alguna forma la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda manipular, de alguna forma, de lo que corresponde pagar por prestaciones.

Además, quiero resaltar, señor Presidente, una solución que se le dio a un problema que, desde nuestro punto de vista, tenía características dramáticas humanamente hablando.

Venía en vías de generalizarse en el Banco de Seguros del Estado una política por la cual aquél accidentado que se presentaba aduciendo determinado tipo de necesidad inmediata, solicitaba la cancelación de su derecho a percibir la renta por enfermedad o el seguro por accidente de Trabajo, a cambio de que le pagara al contado el valor actualizado de la prestación por concepto de renta. En ese sentido, señor Presidente, tomamos contacto con situaciones realmente dramáticas. Por ejemplo, la de un incapacitado, prácticamente total, que había ofrecido al Banco no percibir más la renta para que éste le diera una cantidad suficiente para comprarle un marcapasos a su padre. Es decir que aquí se estaba haciendo un planteo que significaba cambiar la vida del padre por la del propio asegurado. Esto obviamente trae aparejado enormes conflictos morales que la Comisión ha decidido por unanimidad, tratando de limitar de todas formas que en aquellos casos de lesiones graves pueda facilitarse el hecho de que el accidentado o el enfermo pueda negociar su renta con el Banco de Seguros del Estado. Se permite que exista algún tipo de compensación única que no obligue al Banco para el futuro en aquellos casos en que las lesiones o incapacidades son menores y el accidentado solicita o inicia de alguna forma, el trámite para cobrar la renta por una sola vez.

Nuestra intención, señor Presidente, es demorar lo menos posible a los efectos de que este proyecto de ley se apruebe esta misma noche, pero agrego que hay un manejo técnico-estadístico, técnico-matemático de real trascendencia y quizás poco usual en materia de proyectos que pasan por la vía legislativa. Generalmente este tipo de manejo técnico se ha dejado permanente librado a la Administración y, en este caso, creo que con mucho éxito se refleja perfectamente en la ley y crea lo que desde nuestro punto de vista es un sistema realmente equilibrado y da seguridades tanto a los que van a ser beneficiarios del sistema como al propio Banco de Seguros del Estado.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ricaldoni)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: voy a votar este proyecto de ley. El significa un trabajo muy fecundo que hizo la Comisión con el asesoramiento del Banco de Seguros del Estado, prestado durante veinte o veinticinco reuniones de trabajo por técnicos muy calificados en una tarea realmente constructiva.

Además, cuenta con la colaboración de la Asociación que aglutina a los accidentados, a los siniestrados, que también contribuyeron decisivamente a este proyecto de ley que considero tiene una muy beneficiosa repercusión en el orden social, desde el momento que, además de afectar directamente a los accidentados cuyo número es superior a los 30.000 trabajadores, indirectamente afecta a todo aquel que está en una relación de trabajo, es decir a más de un millón de trabajadores en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Había hecho moción en el sentido de que se votara por capítulos. En consecuencia, voy a solicitar que sigamos el régimen general que se aplica en estos casos, es decir que los artículos que se estimen desglosados del capítulo se voten aparte.

De lo contrario, que se vote y se discuta por capítulos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Se va a votar la moción del señor senador Tourné.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Léase el Capítulo I que comprende los artículos 1 a 18.

(Se lee:)

"PROYECTO SUSTITUTIVO

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto en esta ley.

Art. 2º. - Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes.

Art. 3º. - A los efectos de esta ley, entiéndese por patrono toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta, que utilice el trabajo de otra, sea cual fuere su número; y por obrero o empleado, a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación.

No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Art. 4º. - La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración.

b) A quienes trabajen en su propio domicilio, por cuenta de terceros.

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs.

Las instituciones que explotan los hipódromos cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos, serán consideradas patronos.

Art. 5º. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aún y cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo.

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Art. 6º. - Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de otra, no está comprendida en la presente ley.

Art. 7º. - Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que los que esta ley les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo por parte del patrono o culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además, el Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (pérdida del seguro, recuperaciones de gastos y multas).

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecida por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables por tanto las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

Art. 8º. - El Banco de Seguros del Estado, prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por esta ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar.

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional.

A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica.

El Banco de Seguros del Estado deberá exigir en todos los casos del patrono no asegurado, la constitución del capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 36.

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono, o convenida con el Banco de Seguros del Estado una fórmula de pago, se efectuarán las reliquidaciones que correspondan.

Art. 9º. - Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a la indemnización aun cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en el caso de haberlo provocado dolosamente.

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación.

Art. 10. - El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución.

El Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados o víctimas de enfermedades profesionales a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda derivarse de tal internación.

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuera otorgada, el trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida en el artículo 19 por todo el tiempo que realice dichas tareas remuneradas.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador, dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiere.

Art. 11. - La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones.

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de seis sueldos mínimos nacionales.

Art. 12. - En cuanto exceda de la indemnización que esta ley pone a cargo del Banco de Seguros del Estado o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, el trabajador siniestrado, o sus causahabientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros del Estado.

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos daños.

Esta indemnización será servida por el Banco de Seguros del Estado en la forma prevista en los artículos 25 y siguientes, mediante la constitución del capital correspondiente para servirla.

El Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causahabientes con referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos.

Art. 13. - Esta ley es de orden público. Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto liberar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que ella impone o que sea derogatorio de sus disposiciones, es absolutamente nulo.

Art. 14. - No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) que estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono;

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

Art. 15. - Cuando el obrero o empleado trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.

Este régimen se aplicará también, en el caso de que realice más de una actividad, para un mismo patrono.

Art. 16. - Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija esta ley, serán incedibles, inembargables e irrenunciables.

No obstante ello, la renta por incapacidad permanente que el accidentado reciba del Banco de Seguros del Estado, podrá servir de garantía para préstamos de entidades bancarias oficiales, en el mismo carácter que los sueldos o jubilaciones de funcionarios públicos.

El Banco de Seguros del Estado, podrá retener, expresamente autorizado por el afiliado, de cada renta que sirve, el importe de la cuota social de la asociación con personería jurídica, que represente a los rentistas y pensionistas vitalicios del Banco.

Art. 17. - Las indemnizaciones que establece esta ley, se determinarán de acuerdo a la remuneración real que perciba el trabajador la que nunca será considerada menor al salario mínimo nacional.

Art. 18. - Los salarios que sirven de base para las indemnizaciones, no tendrán límite máximo, salvo el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutivo por razones de interés general, previo informe del Banco de Seguros del Estado. En este último caso, ese límite no podrá ser nunca inferior a quince salarios mínimos nacionales".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo II que comprende los artículos 19 a 24.

(Se lee:)

"CAPITULO II
DE LAS INDEMNIZACIONES TEMPORARIAS

Artículo 19. - Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a esta ley, se regularán por las siguientes disposiciones:

I - El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre los 2/3 partes del jornal o sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos.

II - Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a las 2/3 partes del salario diario que resulte de dividir por 150 el salario semestral.

III - Para los trabajadores que realicen de "zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 29 del Capítulo III.

IV - En el caso de los trabajadores rurales, se tendrá en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes.

V - El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente.

Art. 20. - Si el salario de un trabajador está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por 150 el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los 6 meses anteriores.

Art. 21. - Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido todavía 6 meses desde que el obrero o empleado empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso, por los trabajadores similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún establecimiento o actividades afines.

Art. 22. - Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero (inclusive propinas) o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia.

Art. 23. - El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal fijada en el artículo 19 de esta ley, se actualizará como mínimo cada cuatro meses, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadísticas y Censos, correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente, y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización.

Art. 24. - La indemnización por incapacidad temporal, cesa en el momento de la cura completa o consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable se establecerá de inmediato el monto de la renta".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - En consideración.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que el proyecto es un excelente trabajo y mejora sustancialmente el sistema de seguros de accidentes laborales. Todos aquellos que hemos tenido, desde largo tiempo atrás, una experiencia con el tema -entre mis muchas actividades fui abogado del Banco de Seguros del Estado- pensamos que ha existido, no sé si un olvido o una omisión por parte del Parlamento al resolver el tema de los accidentes de trabajo estableciendo indemnizaciones, tanto temporarias como definitivas, que sean decorosas o dignas para el trabajador.

En relación con lo que establece el artículo 19 quería formular una consulta a los miembros informantes del proyecto.

El informe del proyecto comprende las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese sentido, se establece en la indemnización temporaria un régimen distinto para el caso de accidentes de trabajo "strictu sensu" y las enfermedades profesionales. Es posible que algunas de estas normas que tienen un sentido discriminatorio vengan de una larga tradición en materia de accidentes de trabajo, pero considero que es el momento para repensar y saber si realmente ese criterio distinto que se aplica responde a un razonamiento, a una decisión que la Comisión ha adoptado respecto al caso, o si simplemente se ha recogido en eso lo que ha sido la tradición en la materia. Voy a expresar cuál es el problema.

El artículo 19 en su numeral V señala: "El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente".

Más adelante, el artículo 44, referido concretamente a las indemnizaciones temporales que se sirven por enfermedad profesional, establece lo siguiente: "...se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de esta ley..., y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas".

Es decir que en el caso de accidentes de trabajo, el trabajador percibirá su indemnización solamente a partir del cuarto día siguiente al abandono de sus tareas. Pienso que esto puede responder a lo que era tradicional en el país y en las distintas estructuras jurídicas en materia de accidentes de trabajo. Pero a esta altura del desarrollo de la ciencia no creo que haya ninguna razón para mantener un régimen discriminatorio que prive al trabajador de la indemnización en los días en que realmente hubo privación y pérdida del salario cuando se trata de un pequeño accidente de trabajo. Creo que ahí no deben jugar los mecanismos de pequeños o grandes, sino simplemente cubrir a través de la indemnización lo que son los accidentes de trabajo.

Eso es lo que quería formular como interrogante a los señores miembros informantes.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - La observación que formula el señor senador Batalla es pertinente y toca un punto central que fue objeto de discusión reiterada en la Comisión. La solución está un poco en relación con lo que, por su experiencia, han afirmado los técnicos del Banco de Seguros, diciendo qué es lo que debe estipularse para evitar, fundamentalmente, que pueda generarse lo que podríamos llamar una cadena de accidentes ficticios, como una manera de obtener un amparo determinado sin una correspondencia con la realidad, si se establece desde el primer momento, desde el primer día.

Por otra parte, en el proyecto se ha elevado el monto de la indemnización que estaba fijado en la mitad y se ha llevado a los dos tercios. No obstante ello, fue razón de reflexiones e incluso de planteos por parte de varios señores senadores que entendieron que si no se configuraba realmente y estaba acreditada la existencia de un accidente, el trabajador debía percibir la indemnización desde el día siguiente de verificado el accidente.

En definitiva, aquí tenemos dos tipos de razones: evitar lo que se podría llamar "secuela de accidentes artificiales", que podrían generar algunos problemas al propio Banco y, en segundo lugar, lo que ya es una tradición en esta materia de las leyes anteriores, que ha sido modificado en cuanto al monto en el caso de las enfermedades profesionales. De modo que es perfectamente posible y no constituiría una razón de oposición radical por parte del Organismo encargado de la administración del seguro, el que se fijara un cambio estableciéndose que la indemnización debe percibirse como en los casos de accidentes por enfermedad.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pido que se me disculpe que uno a veces refiera a alguna experiencia personal, pero deseo realizar alguna reflexión sobre este tema.

Recuerdo que el tema de la indemnización a partir del cuarto día se daba -como muy bien lo señala el señor senador Tourné- respecto a la existencia de accidentes ficticios. Eso es verdad. Recuerdo que en aquel momento se señalaba como algo de no muy rara periodicidad la existencia de pequeños accidentes de trabajo en el Puerto, que se producían en momentos en que se trabajaba con carga sucia o cuando existían recargos en el salario por concepto de trabajo nocturno u horas extraordinarias. Pienso que en aquel momento existía una razón, o por lo menos la dificultad de la ciencia para detectar el carácter real o ficticio del accidente.

Comprendo que un accidente, que tiene siempre una razón traumática, en algún aspecto hasta puede provocarse. Sin embargo, es imposible fingir una enfermedad profesional. De cualquier manera, el hecho real y efectivo de la pérdida de salario se produce y pienso que, en definitiva, en la medida en que nosotros podamos encontrar algunas dificultades para sancionar a aquellos que fingen un accidente de trabajo, privamos al trabajador realmente perjudicado de percibir su salario.

Pienso que no se debe perder de vista que éste es un instituto de Seguridad Social, que creo es absolutamente imprescindible y obligatorio en una sociedad que pretenda tener mínimos fundamentos de justicia social.

Por supuesto, no deseo oponerme a lo que puede ser la decisión de la Comisión en esta materia, ya que pienso que ha estudiado el tema. Sin embargo, simplemente le pido a la Comisión que reflexione en ese sentido y la consultoría con respecto a si admitiría un mismo sistema en materia de indemnizaciones temporales, ya se trate de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo.

Es posible que haya -y pienso que en ese sentido muchas veces lo han planteado de esa manera los técnicos del Banco- algún problema actuarial en cuanto al cálculo de las primas que implican la contratación del seguro; pero, en definitiva, me inclino por defender el salario pleno de quien resulta accidentado, más que en función de la dificultad de determinar accidentes fingidos y que nosotros lo resolvamos estableciendo que todos tengan el más bajo nivel y empiezan a percibir su indemnización en el cuarto día.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Simplemente deseo señalar cuáles son las normas que determinaron esta opción.

En el proyecto que tuvimos oportunidad de presentar inicialmente recogiendo el enfoque de la Asociación de Pensionistas Vitalicios del Banco de Seguros del Estado, establecimos el pago a partir del día siguiente. Pero, a su vez, el Banco de Seguros estableció que el derecho del accidentado -e hizo cuestión en el mantenimiento de la ley- sólo podía ascender a la mitad de lo que percibía de jornal hasta el trigésimo día. En ese momento, si era un accidente de larga duración, pasaba a percibir las dos terceras partes de lo que le correspondía de asignación mensual o de los cálculos correspondientes al trabajador a destajo, zafral, etcétera. Sin embargo, el Banco basándose en sus cálculos actuariales y en a financiación, entendió que era posible elevar el pago a las dos terceras partes pero mantener el tope del cuarto día en el caso de los accidentes de trabajo, precisamente para evitar la secuela de accidentes ficticios. En cambio, el Banco de Seguros accedió a cambiar el criterio en los casos de enfermedad profesional y fijar desde el día siguiente.

De alguna manera la Comisión tuvo que manejar una realidad porque en la elaboración de todas estas normas hemos tenido particular cuidado de que esta legislación significara una adaptación a las coordenadas de la vida actual, que representara un adelanto para los trabajadores accidentados realmente, pero también teniendo en cuenta las pautas de carácter actuarial y comercial así como los criterios de previsión y de seguridad social. El Banco de Seguros en cierta manera tiene naturaleza comercial, y aquí estamos introduciendo previsiones o elementos correctivos para que toda esta materia representara un amparo dentro de las pautas de la seguridad social. Es decir, tuvimos en cuenta que no se generara un desfinanciamiento del Banco de Seguros, porque el sistema se basa y se sostiene íntegramente sobre determinadas pautas de cálculo. Por ello, en algunas soluciones de carácter económico no pudimos avanzar más, ya que encontramos la oposición del propio Banco -por las razones que he expresado- en acceder a establecer, por ejemplo, desde el día siguiente.

Estas son las razones que explican por qué hay un criterio distinto en el caso del accidente de trabajo y en el de enfermedad profesional.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Naturalmente, respeto el análisis que ha hecho la Comisión y no voy a votar contra su opinión. Simplemente, entendí que era imprescindible formular estas precisiones. Creo que tal vez en el tema de accidentes de trabajo hay, en el fondo, diría, una inadaptación del Banco de Seguros en cuanto a atender con un sentido de instituto de seguridad social, un seguro que yo digo no es única y exclusivamente comercial.

Evidentemente, los principios actuariales y aquellos otros que juegan naturalmente dentro del sistema normal de contratación comercial en materia de seguros, no pueden ser aplicados al seguro de accidentes de trabajo. Muchas veces eso ha dado lugar a determinados problemas vinculados, sobre todo, a lo que se ha denominado el accidente "in itinere", en que casi siempre había enormes discrepancias y dificultades para cubrirlo, aunque muchas veces la Sección Jurídica opinaba favorablemente. Pero esos son temas que, naturalmente, atienden al aspecto menor del problema. Considero que el proyecto es enormemente positivo y, naturalmente, admito los argumentos del miembro informante y voy a votar a favor.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Me resulta un poco sorprendente la redacción dada al artículo 19 en el numeral 5) y la evidente contradicción que existe con la del artículo 44, que se refiere a las enfermedades profesionales.

Desde luego, señor Presidente, deseo señalar que me merece un gran respeto la opinión del señor senador Tourné que ha realizado una brillante exposición, además, el trabajo de la Comisión debe ser resaltado. Asimismo coincido con los señores senadores que expresaron su opinión favorable a este trabajo que, repito, es realmente valioso y representa un paso adelante en todos los aspectos que esta ley contempla. Pero, evidentemente, en este caso no necesito apelar a mi condición de médico para expresar que este artículo tiene elementos carenciales de base. Por otro lado, en otro artículo se maneja el tema de diagnóstico para que al día siguiente el beneficiario pueda tener participación activa en los beneficios, mientras que esto no se contempla en el otro, parecería que estamos en el país de los curanderos. Esto no puede ser.

Personalmente me merece mucho respeto el departamento médico del Banco de Seguros, sé de qué forma trabaja, quiénes son los que allí desempeñan tareas, qué han hecho, quiénes lo fundaron y quiénes son los que actualmente allí actúan. Por lo tanto, no puedo creer que ninguno de los técnicos consultados, haya dicho previo diagnóstico -que es muy fácil de hacer- frente a una simulación -tema elemental- que se debía dar redacción de que esto tiene validez a partir del cuarto día de ausencia del trabajo por parte del operario. Realmente, a mi entender, aquí existe un defecto de información o de carencia que indudablemente da razón a las expresiones vertidas por el señor senador Batalla, con quien coincido en un todo. De todas formas, señor Presidente, no me opondré a esto porque la valía de la ley es de tal magnitud que este hecho no contradice los valores que ella contiene. Simplemente deseaba señalarlo porque, sin duda, existe un defecto o carencia técnica que es indiscutible.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Deseo manifestar que en ocasión de tratarse este punto en el seno de la Comisión, el mismo fue muy debatido. Además debo aclarar que la iniciativa de los señores senadores Tourné y Ferreira no era, precisamente la que han señalado los señores senadores Batalla y Carrere Sapriza en el sentido de que la indemnización tenía que regir desde el día en que el operario sufría el accidente.

Asimismo, el Banco de Seguros del Estado, en base a su larguísima experiencia de décadas, hizo cuestión fundamental en el sentido de que estableciéramos lo de los cuatro días, tal como lo ha expresado el señor senador Tourné.

De todas formas solicité esta interrupción al señor senador Carrere Sapriza por lo siguiente. El argumento esgrimido por el Banco de Seguros del Estado no era el que de que se hubieran encontrado antecedentes de simulación de accidentes de trabajo, o de que el cuerpo médico no haya podido verificar si existió o no accidente de trabajo, sino que aludía al accidente provocado ante un factor tremendo de desocupación en el país, en el cual el operario se autoaccidentaba, se autoflagelaba. Este es el testimonio que invariablemente nos brindaron los técnicos del Banco de Seguros. Quería hacer esta aclaración al señor senador Carrere Sapriza porque, repito, no se trata de duda o de eficiencia técnica para constatar si hay o no accidente de trabajo, sino que el operario se presenta lesionado, no en razón de un accidente sufrido en el trabajo sino autoprovocado por el propio operario. Naturalmente que son accidentes pequeños y, por esa razón, se desea evitar esa práctica estableciendo este sistema de los cuatro días.

Con respecto a este punto, los técnicos del Banco de Seguros emitieron una opinión tan categórica que la Comisión revió el criterio original que era el de los señores senadores, y precisamente, en base a esa práctica y experiencia del Banco, nos avenimos a establecer este criterio de que la indemnización temporaria regirá a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente.

Era cuanto deseaba manifestar, por lo que agradezco al señor senador la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor senador Carrere Sapriza.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Agradezco a mi estimado amigo, el señor senador Zumarán la explicación que nos brinda.

Deseo señalar que me alegro de que en el repaso del tema los señores senadores Tourné y Ferreira estuvieran tan correctamente ubicados en él y lamento que no sea así en relación con los técnicos a que repasaran un pequeño librito que hay en la Facultad de Medicina; se trata de una asignatura, naturalmente, que debe ser aprobada para poder graduarse, para ser un técnico. Esta materia se llama "Medicina Legal" y estudia y prevé, precisamente, este tipo de casos y ningún médico -que obviamente es técnico, por razones de definición- que integre esta disciplina puede decir la barbaridad de que no puede identificar un accidente de trabajo que ha sido autoprovocado.

Termino, señor Presidente, manifestando que voy a aprobar este proyecto de ley, porque me parece que es un paso muy positivo que lleva adelante conceptos básicos en el tema y luego de haber escuchado con atención la brillante exposición del señor senador Tourné, seguida de las intervenciones de otros señores senadores incluyendo la de mi estimado amigo, señor senador Zumarán.

Muchas gracias.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: quiero referirme también a la observación hecha originariamente por el señor senador Batalla, que ha sido ratificada y sobre la que se ha abundado en argumentos.

Deseo recordar que este tema fue largamente reclamado. Inclusive, durante la discusión, quien habla puso un ejemplo a través del que quedaba muy clara la injusticia que representaba no pagar esos primeros tres días.

Hay accidentes temporales que provocan internaciones en el propio sanatorio del Banco de Seguros del Estado. Entonces, me pregunto qué más podía pedir el Banco que tener al accidentado bajo tratamiento de sus propios médicos, en aquellos casos precisamente que son gravísimos y sobre los que no se puede pensar que ha habido una autoprovocación.

En este sentido, quien habla reclamó que, por lo menos, en los casos en los que el accidente requiriera internación quedando absolutamente descartada la posibilidad de la fabricación del accidente, se pagara el tiempo completo.

Paralelamente a esta, se estaba desarrollando otra discusión, que también era importante: por qué el Banco de Seguros estaba pagando menos de lo que paga por ejemplo DISSE, que también adopta el sistema de no pagar los tres primeros días seguidos al accidente, pero que sí otorga un porcentaje mayor al que da la institución estatal.

Dije en la discusión general de este proyecto -y lo ratifico ahora- que nuestra calidad de miembro informante, así como nuestra firma y apoyo a este proyecto, es porque nada de lo que se introdujo en él es peor de lo que había, sino que por el contrario, se mejoró en todos los aspectos. Sin perjuicio de ello, también advertí que muchas de las injusticias que hay en el sistema de accidentes de trabajo -que desde mi punto de vista se relacionan con el nivel de la retribución- no han sido solucionadas por este proyecto.

Es claro que nuestra actitud en este caso es la de defender antes que nada, el derecho del trabajador que se accidenta. No discuto que pueda haber algún caso de desesperación -como los hay- que conduzca a que un ser humano se autoprovoque un accidente. Inclusive, un médico del Banco de Seguros nos describía alguna autoprovocación muy clara como lo es la fractura de un dedo -que no recuerdo cuál- para lo que hay una técnica prácticamente infalible para poder hacerlo y percibir el seguro.

Pienso que estas son situaciones que realmente deben conmovernos, es decir, que haya gente que en tal estado de desesperación, por percibir unos miserables jornales a través del seguro, esté dispuesta a hacer sacrificios con su propia integridad física.

Este tipo de cosas influye, negativamente en el derecho que tiene la amplísima mayoría de los accidentado que son el 99,9% de los casos, que por supuesto son reales.

En este sentido, señor Presidente, dejo sentada mi buena disposición en cuanto a que si este artículo se desea modificar -y hay mayoría en el Cuerpo para hacerlo- me parecería correcto que así se hiciera. Pero eso sí, quiero decir que de dos discusiones simultáneas que se dieron, en definitiva, lo que primó fue esta redacción aprobada por el Banco de Seguros, que es una especie de transacción entre la posición que sosteníamos y lo que actualmente rige.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En el esquema de razonamiento que formula el Banco, admitimos como base hipotética la posibilidad de un pequeño accidente fraguado o voluntario, llamémosle así, porque, en realidad, no es fraguado sino voluntario. Eso indica el estado de desesperación de alguien que se flagela para seguir cobrando un salario.

SEÑOR ZUMARAN. - Es un accidente autoprovocado.

SEÑOR BATALLA. - Exactamente. Supongamos que eso puede, en cierto sentido, no admitirse pero sí tenerse en cuenta para una hipótesis.

Cuando se determina el período de incapacidad temporal durante el cual ha de servirse la indemnización y se fija en más de cuatro días, parece que no hay razón para que el trabajador siga sufriendo ese período de carencia.

No sé si soy claro en el razonamiento. El Banco dice que hay accidentes autoprovocados. Yo razono con sentido inverso y digo que es profundamente negativo que el trabajador por no perder un salario no haga la denuncia de un accidente de trabajo, porque creo que él no está capacitado -casi nunca- para saber las consecuencias del accidente que tuvo. Estoy manejándome, desde luego, en la medida de que el accidente se real.

Tanto sea el accidente real o no, el Banco tiene mecanismos para saberlo y el médico -estoy de acuerdo con el señor senador Carrere Sapriza- tiene conocimiento para determinar si aquel es simulado, voluntario o, efectivamente, se ha producido por razones vinculadas al trabajo.

Cuando la indemnización es temporal -aún cuando no haya secuelas que provoquen una renta definitiva- y se deja servir durante 30 días, ¿hay razones para privarle al trabajador, ya que se le paga menos, incluso, de lo que es su jornal normal, de los tres o cuatro primeros días?

Pienso que por ahí podríamos encontrar una solución transaccional, es decir, que e argumento del Banco se acepte pero cuando exista una imposibilidad de trabajo durante más de cuatro días, la indemnización se sirva desde el primer día. Me parece que esa es una solución transaccional.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Recojo el concepto vertido por el señor senador Batalla y propongo, concretamente, la modificación del artículo 5º, estableciendo que el accidentado no percibirá indemnizaciones temporarias que provoquen la ausencia por menos de tres días a su trabajo; es decir, invertir esto y, simplemente, establecer que aquellas lesiones que puedan provocar ausencias menores de tres días, no lleven indemnización temporaria, pero sí la perciban las que los superan.

Mociono, entonces, para introducir esa modificación en este artículo 5º.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Naturalmente, estoy a lo que disponga el Senado.

Reitero que esto fue un tema que discutimos hasta el cansancio con el Banco de Seguros y que fue objeto de una transacción. Aceptamos al Banco de Seguros lo del cuarto día por una práctica que viene de décadas y que no ha sido impugnada y, como contrapartida, obtuvimos que en los 30 días en los que se estaba pagando el 50% del jornal, se pasara a abonar las dos terceras partes del mismo.

Es justo reconocer que el Banco hubo de realizar muchas consultas porque ello supone una erogación mayor. Todo esto se hizo con el espíritu de preservar el equilibrio financiero que esta institución tiene sobre estos seguros. Luego de una serie de ajustes y consultas, surgió esta solución, manteniendo lo del cuarto día que se estaba aplicando, porque no empeora la situación actual. Los proponentes señores senadores Ferreira y Tourné resignaron su posición en el sentido de que en el proyecto se estableciera desde el primer día y, como contrapartida, obtuvimos elevar el salario indemnizatorio del actual 50% a las dos terceras partes; de manera que hay aquí una mejora importante para los siniestrados en accidentes que arrojan indemnizaciones temporarias.

Además, señor Presidente, queremos que el Senado medite sobre lo siguiente. No es verdad que los dos tercios supongan un salario menor, porque el Banco lo hace sobre el bruto y ello, con el descuento jubilatorio, ya está bastante próximo.

Por último, esto se complementa con el seguro de enfermedad que administra el Banco de Previsión Social, es decir, DISSE. Frente a ella, todo siniestrado por accidente de trabajo, puede exigir que le abone la diferencia entre el seguro de DISSE y lo que percibe por accidente de trabajo, si lo que recibe del Banco de Seguros es una cantidad menor a la que correspondería aplicando el seguro de enfermedad que administra el Banco de Previsión Social.

De modo que pedimos que el Senado medite estas consideraciones. Es mi deber de lealtad con los técnicos y con el Directorio del Banco de Previsión Social, que analizaron este tema, decir que partimos del mismo planteo que realizan los señores senadores Batalla y Carrere Sapriza en el sentido de que fuera desde el primer día. Tuvimos una larga negociación y esta solución cuenta con el consentimiento del Directorio del Banco de Previsión Social; en cambio, lo que hoy proponen los señores senadores Batalla y Carrere Sapriza, no. Es mi deber elemental de lealtad con el Senado decir esto.

Naturalmente, señor Presidente, que no es obligatorio aquí seguir el criterio del Banco de Previsión Social y podemos tener un criterio legislativo diferente. El señor senador Olazábal, que también integró la Subcomisión y trabajó mucho en el asunto, coincidirá en que este fue el criterio al que llegamos después de varias sesiones dedicadas al tema.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: tengo que reconocer que la redacción que vino aquí, por lo menos implícitamente, representa determinadas transacciones con la posición del Banco de Seguros. Eso no dejo de reconocerlo; pero, al mismo tiempo, debo manifestar que debido a la complejidad de toda esta discusión -que como bien se ha dicho llevó 20 ó 25 sesiones- hubo determinadas posiciones que se habían expuesto que después no se concretaron ni se llegaron a votar porque no se agotó la consideración del tema, porque en varias de estas discusiones -y esta fue una de ellas- los senadores que integramos la Comisión dábamos nuestra opinión, el Banco realizaba sus consultas y luego se seguía el procedimiento de que trajera redacciones alternativas, que luego mirábamos nosotros.

En ese sentido, recuerdo que mi proposición de que por lo menos se les pagara a los que estaban internados en el Sanatorio del Banco de Seguros -sobre los cuales no había ningún tipo de dudas- no tuvo una negativa por parte de esta institución. Creo que este es uno de los aspecto sobre los cuales no se llegó a plantear una votación afirmativa o negativa.

Está claro que esta redacción no llegó a contemplar esos casos. Lo que quisimos -en lo cual habíamos hecho cuestión fundamental más de un integrante de la Comisión- fue que el Banco no tuviera un régimen peor del de DISSE, que contempla un pago de los tres primeros días.

Siento -reitero- que no estaremos traicionando un acuerdo si contemplamos la posibilidad de que en casos de accidentes de entidad se pague íntegramente la indemnización temporaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II, tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo III, que comprende los artículos 25 a 37 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO III - DE LAS RENTAS POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Artículo 25. -

I. - La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna, si la reducción de la capacidad profesional no alcanza al 10% (diez por ciento). No obstante el trabajador que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aun por aquello que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, siempre que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo y a partir de ese momento. La indemnización correspondiente a cada accidente o enfermedad profesional, será liquidada por separado, sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo.

II. - En caso de accidentes o enfermedades profesionales que originen una incapacidad permanente igual o superior al 10% (diez por ciento) y no mayor del 20% (veinte por ciento), a solicitud de la víctima, y previa conformidad del Banco de Seguros del Estado, el siniestrado recibirá como indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la incapacidad haya originado en el sueldo o salario. El Banco de Seguros del Estado tendrá en cuenta para dar su conformidad, el tipo de lesión y la posibilidad existente sobre la evolución de la incapacidad que lleve a ésta a superar en el futuro el citado porcentaje del 20% (veinte por ciento). De no darse los presupuestos citados de solicitud del obrero y conformidad del Banco, se procederá en la misma forma establecida en el inciso III de este artículo.

III. - En caso de incapacidades permanentes superiores al 20% (veinte por ciento), se abonará una renta igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el incapacitado por la entidad de sus lesiones, no pudiere subsistir sin la ayuda permanente de otras personas, la renta se elevará al 115% (ciento quince por ciento) del sueldo o salario.

IV. - En caso de que un siniestrado haya percibido la suma establecida en el numeral II, y que sufriera una nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superara el 20% (veinte por ciento), se procederá en la siguiente forma:

a) Si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la indemnización, liquidada de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral III, desde la fecha del alta del accidente del trabajo o enfermedad profesional que originó la última incapacidad;

b) si no hubiera pasado dicho período de tres años, se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento de incapacidad), en la forma establecida en el numeral III.

Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial.

V. - En circunstancias excepcionales, cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera particularmente ventajosa para la integridad física del trabajador, de acuerdo a informes técnicos terminantes en establecer una salvaguarda de la vida o mejoramiento de la incapacidad, a solicitud del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado, podrá cancelar hasta el 50% de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos.

Tal resolución requerirá 5 votos conformes del Directorio.

Art. 26. - La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del accidente hubiere recibido a título de sueldo o salario, lo que se hará multiplicando por 24 el promedio del salario medio quincenal ganado en el último semestre anterior al accidente, siempre que haya trabajado por lo menos 150 días durante ese semestre.

En caso de no haber llegado a trabajar 150 días en el semestre anterior, se aplicará el criterio establecido en el artículo siguiente.

Art. 27. - Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante 6 meses con anterioridad al accidente de trabajo o a la fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, en las condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual será determinado multiplicando por 24 el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas en los últimos 6 meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, durante ese período.

Si la víctima ha ingresado al establecimiento en la quincena en que se produjo el accidente de trabajo o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, se tomará como base para calcular la indemnización, el salario medio de los trabajadores similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Art. 28. - Si el siniestrado trabajara a destajo, el cálculo del salario anual, se hará multiplicando por 300 el salario diario medio en el último trimestre anterior al accidente o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional.

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los operarios válidos similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Art. 29. - Para quienes realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual se efectuará multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a 24 por el salario quincenal medio ganado por los trabajadores válidos de su categoría fuera de la época de zafra. Esta regla se aplicará tanto si el accidente o abandono en caso de enfermedad profesional, ocurriera durante el período de la zafra, como si tuviere lugar durante el resto del año.

La cantidad resultante, se actualizará de acuerdo a los índices de salarios de la Dirección General de Estadística y Censos correspondientes al mes de la fecha del accidente o abandono en caso de enfermedad profesional y a seis meses antes.

Art. 30. - Los aprendices y trabajadores menores de 21 años que no gocen de remuneración o cuando ésta sea inferior a la de los demás trabajadores ordinarios, tendrán derecho, en caso de incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la multiplicación por 300 del salario diario más bajo de los trabajadores ordinarios válidos, empleados en el mismo establecimiento o análogos, y en la misma localidad.

Por trabajador ordinario válido se entiende el que, sin constituir una especialidad en su género, goza de la plenitud de sus aptitudes profesionales.

Art. 31. - A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo, rige lo dispuesto en los artículos 19 al 23 inclusive.

Art. 32. - El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente, deberá suministrar por escrito al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a que se dedica, género de la misma, salarios que percibe y nombre de su patrón, pudiendo el Banco suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información.

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera mediado dolo de parte del trabajador en la adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá ésta la misma facultad.

Art. 33. - Si las personas amparadas por la presente ley se radicaran en otro país, sin designar apoderado en forma, se les suspenderá el pago de la renta. Dicho pago se reiniciará, conjuntamente con los atrasos, cuando aquélla propongan otra forma de cobro de las mencionadas obligaciones , aceptada por el Banco de Seguros del Estado.

De existir convenios de previsión social con algún país, se estará a lo que se establezca en los mismos.

Sin embargo, los derecho-habientes de trabajadores fallecidos que viviesen en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que luego viniera a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de esta ley, sólo a partir de la fecha de su radicación en el país y mientras dure su permanencia en el mismo.

Art. 34. - El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en el artículo 25, se actualizará una sola vez, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente o se diagnosticó la enfermedad profesional, y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta.

Art. 35. - El Banco de Seguros del Estado ajustará como mínimo una vez al año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva del índice medio de salarios establecido por la Dirección General de Estadística y Censos.

En el caso de ajuste anual, el mismo se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de 12 meses que finaliza en el mes de setiembre anterior al del ajuste.

Para las rentas que comenzaren a servirse en el transcurso del año, se considerarán a los efectos de su ajuste, los índices correspondientes al mes de setiembre anterior al del ajuste y a cuatro meses antes del mes en que se inicio la renta.

En caso de ajuste en un plazo inferior al año, se procederá en una forma similar. A los efectos del cálculo en este caso se considerarán los índices correspondientes a cuatro meses antes de la fecha del ajuste anterior y a cuatro meses antes de la fecha del nuevo ajuste.

Las rentas que sirva el Banco de Previsión Social por incapacidad permanente o muerte a los trabajadores rurales, las ajustará en la misma forma, de acuerdo a los índices aplicados por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 36. - En el caso de rentas correspondientes a trabajadores cuyos patronos no estuvieran asegurados a la fecha de los accidentes o enfermedades profesionales, dichos patronos deberá constituir en el Banco de Seguros del Estado el capital de la renta que se origine, el que se establecerá en la forma que se indica a continuación.

Se tomará como base la suma necesaria para servir la renta, avaluada a la fecha de inicio de la misma, calculada según las tablas del Banco de Seguros del Estado, la que se reajustará por el artículo 57 de esta ley.

Art. 37. - La renta anual por incapacidad permanente o muerte, es íntegramente compatible con las jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Léase el Capítulo IV, que comprende los artículos 38 a 45 inclusive.

(Se lee:)

"CAPITULO IV - DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 38. - Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral, o que estén presentes en el lugar de trabajo.

Art. 39. - Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquéllos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Art. 40. - Las enfermedades profesionales indemnizables son aquéllas aprobadas por el Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981 del Poder Ejecutivo.

Art. 41. - El trabajador o en su caso el patrono podrán acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo.

Art. 42. - La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Art. 43. - Serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, y los periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualesquiera otros que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre prevención de enfermedades profesionales.

El patrono que no exija al trabajador el cumplimiento de los exámenes a que se hace referencia en este artículo, asumirá la responsabilidad del riesgo.

Si el trabajador se niega a someterse a los mencionados exámenes, será suspendido en el trabajo hasta que desista de esa actitud.

Art. 44. - Las indemnizaciones temporales por enfermedades profesionales se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de esta ley, salvo en lo que respecta a la indemnización diaria que se calculará sobre la base de la totalidad del jornal o sueldo mensual que percibía el siniestrado en el momento en que se diagnostique su enfermedad, y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas.

Art. 45. - Las rentas por incapacidades permanentes originadas por enfermedades profesionales se liquidarán en la forma establecida en el Capítulo III de esta ley. Mientras el Estado no funde escuelas de reeducación profesional y se reglamenten los derechos y obligaciones de los egresados, el concepto de incapacidad total o permanente se establecerá en función directa del oficio o labor desempeñado por el beneficiario, sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer otro trabajo".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Simplemente, deseo hacer una observación de carácter gramatical.

El artículo 40 dice que las enfermedades profesionales indemnizables son aquellas aprobadas por el Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981, del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la expresión "del Poder Ejecutivo" está de más, porque, si se trata de un decreto, no puede ser de otro órgano.

En segundo término, las enfermedades profesionales no se aprueban. Creo que podría decirse, por ejemplo, "las enfermedades profesionales indemnizables son aquellas determinadas por el Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981".

Me acota el señor senador García Costa que en lugar de "determinadas", podría decirse "enumeradas" y coincido con su opinión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Solicito al señor senador Aguirre que reitere cómo quedaría redactado el artículo.

SEÑOR AGUIRRE. - Diría lo siguiente: "Las enfermedades profesionales indemnizables son aquellas enumeradas por el Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981".

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite, señor Presidente?

Quiero recordar que en este caso el término "aquellas" no lleva tilde.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: compartimos la observación del señor senador Aguirre.

Para esclarecer esta materia, nos remitimos a un decreto en el que la enumeración de las enfermedades profesionales abarca varias páginas, y no podríamos incluir en este proyecto esa mención interminable. Sabemos que lo ideal es regular en la ley las distintas situaciones, sin remisiones a otras normas, pero dadas las circunstancias optamos por remitirnos al decreto.

Asimismo, adoptamos la terminología empleada oportunamente, porque el Poder Ejecutivo aprobaba determinadas enfermedades profesionales de acuerdo con dictámenes técnicos, convenciones internacionales, etcétera.

Por otra parte, en el curso del tiempo se va ampliando el número de enfermedades profesionales. Y el propio proyecto de ley faculta al Banco de Seguros del Estado, con la conformidad del Poder Ejecutivo, a ampliar el número de éstas, ya sea por lo que surja de la constatación hecha por sus técnicos, o porque las organizaciones empresariales o sindicales o los propios trabajadores presenten denuncias concretas que determinen esa ampliación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV con las modificaciones propuestas por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pido disculpas al Senado, porque voy a hacer ahora una reflexión que debí haber hecho antes de que se votara el Capítulo IV.

A través de la ley, el sistema cambia. Hasta ahora, la facultad legal de determinar la profesionalización de las enfermedades estaba a cargo del Poder Ejecutivo. A partir de la aprobación de este proyecto de ley, esa facultad se otorgará al Banco de Seguros del Estado, el que simplemente deberá dar cuenta al Poder Ejecutivo. Se trata, entonces, de una facultad que se perfecciona por decisión del citado Banco, sin que el Poder Ejecutivo tenga otra competencia más que la de recibir la comunicación.

Pregunto -porque tengo dudas al respecto- cuáles son las consecuencias de la declaración de enfermedad profesional. Si estableciera obligaciones para terceros, no sé hasta dónde el Banco de Seguros del Estado podría tener institucionalmente el poder de imponer obligaciones a terceros con los que no ha realizado contratación. No tengo claro ese aspecto y por eso formulo la pregunta. No sé si esa obligación otorgada a dicha Institución no podría crear obligaciones a terceros, para lo que aquella no tendría competencia.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - La preocupación fundamental que recogió la Comisión fue la de que se creara un mecanismo abierto para contemplar las nuevas enfermedades profesionales, es decir, las que van surgiendo. Se ha constatado que en el campo laboral hay enfermedades que están desapareciendo y otras que están surgiendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - ¿Me permite, señor senador?

Se ha retornado al Capítulo IV. Correspondería, entonces, que se votara la reconsideración de dicho Capítulo.

Se va a votar si se reabre la discusión del Capítulo IV.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo IV del proyecto.

Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Muchas gracias, señor Presidente.

Si leyéramos la enumeración que se hace en el decreto de 1981 de las enfermedades profesionales, observaríamos que hay algunas que actualmente están prácticamente extinguidas. En el corto período de siete años, han desaparecido algunas y aparecido otras, cuyo reconocimiento se ha reclamado y se encuentra en trámite.

En este sentido, la Comisión dejó la decisión al servicio que consideramos más idóneo dentro del Estado para determinar qué es realmente una enfermedad profesional. Quizás no sea la mejor técnica, pero la posibilidad de realizar un análisis correcto y científico al respecto, la tiene el Banco de Seguros del Estado, inclusive por la información que dicha institución recoge a nivel internacional. Asimismo, la formación y especialización de sus métodos determina que sea el organismo que está en mejores condiciones de llevar a cabo esa tarea.

El señor senador Batalla preguntaba si como consecuencia de esta facultad que se le da al Banco de Seguros del Estado podría haber algún damnificado o generarse alguna obligación frente a terceros. No imagino que pueda haber ninguna, más que la posible relación que puede haber entre DISSE y el Banco de Seguros. Obviamente, una enfermedad que no sea considerada profesional, tendrá que ser atendida por la vía de DISSE, mientras que si se entiende que sí lo es, tendrá que ser atendida por el Banco de Seguros del Estado.

Pero a este respecto hay que agregar una actitud histórica que ha tenido el Banco de Seguros, y que pesó en mi consideración personal, por lo menos para la aprobación del proyecto tal como está. Me refiero a que el citado Banco no ha tenido una política de ahorro a costa de no tratar enfermos. Lo que surge en forma más notoria, de acuerdo con lo que hemos conversado con los técnicos y por la visita que efectuamos al sanatorio y por lo que nos han dicho los beneficiarios, es que la disposición del Banco de Seguros en lo que hace al tratamiento es muy buena. En ese sentido existe opinión unánime.

En cambio, hay problemas en otros aspectos ya mencionados.

Sin embargo, la actitud del Poder Ejecutivo, cuando listó las enfermedades profesionales, fue más restrictiva que la del Banco. Este decreto se originó en época de dictadura, pero en ese momento estaba claro que tendía a ser limitativo frente al Banco, que era más generoso en el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Claro que esta historia pasada no asegura nada para el futuro, y tampoco nos aseguramos que con este texto no se vaya a crear un posible conflicto de intereses entre el Banco de Seguros y DISSE, cuando aparezcan enfermedades profesionales de características discutibles.

Por los antecedentes que he mencionado, mantengo la idea de que lo mejor es que los servicios técnicos del Banco de Seguros sean los que vayan determinando la inclusión de nuevas enfermedades profesionales, con el agregado muy especial que se hizo a través del artículo 41, de que este tipo de tramitación puede ser iniciada tanto por los trabajadores como por los patrones. Es decir que se da un marco amplio de participación en la discusión de las características de la enfermedad, que constituye de por sí una garantía para que las enfermedades sean reconocidas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Yo creo que es positiva la solución desde el punto de vista sustancial; creo que no pueden congelarse las enfermedades profesionales. Lo que no tenía claro era si el hecho de que las nuevas enfermedades profesionales fueran declaradas por el Banco de Seguros del Estado sin decreto del Poder Ejecutivo, podría o no crear algún problema de carácter institucional, en la medida en que el Banco carece de poder de imperio para imponer a terceros no contratantes con él, determinadas soluciones. No sé si a través de la declaración de enfermedades profesionales, se crean obligaciones para terceros.

Naturalmente, acepto las explicaciones y me parece que prever el concepto dinámico de las enfermedades profesionales es correcto y plausible. Simplemente, objetaba el hecho de que el Poder Ejecutivo no tuviera más que una participación tangencial, en la medida en que solamente se le daba cuenta.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATALLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Creo que es razonable que se plantee la preocupación, a los fines de esclarecer el punto.

La obligatoriedad para terceros surge de esta ley, que es la que otorga al Banco de Seguros del Estado la potestad de establecer con carácter general y obligatorio, a todos los fines de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la declaración de cuáles son dichas enfermedades.

De manera que, desde ese punto de vista, respecto a las obligaciones de terceros, es la ley que estatuye cuál es el órgano que dictamina en esta materia concreta.

Pero lo que sucede es que esa declaración del Banco de Seguros no tiene por qué ser obligatoria para el Poder Ejecutivo, fuera de otros campos que los de esta ley. Este debe tener en primer lugar, el asesoramiento de su Ministerio de Salud Pública, que puede tener otro criterio, y, además, el Poder Ejecutivo, poniendo en funcionamiento estos mecanismos dictará un decreto en el que admitirá o no la posición del Banco de Seguros, con carácter obligatorio, para otros sectores de la Administración. Caso concreto: Banco de Previsión Social, que desde el punto de vista de su competencia puede determinar causales jubilatorias o enfermedades que puedan generar causal de incapacidad física, etc. Indudablemente, la declaración del Poder Ejecutivo va a tener carácter obligante respecto a esos institutos.

Ahora, a los fines de todo el sistema de seguros de enfermedades profesionales, es el Banco de Seguros el que va a determinarlo.

Por otra parte, aunque no hubiera ley, hay un contrato en el que el Banco estipula cuáles son las enfermedades que va a amparar y cuáles no, estableciendo en su póliza toda la relación de ese contrato de adhesión que, en definitiva, es el contrato de seguros.

Creo que la preocupación planteada -plausible- quedaría de alguna manera determinada por el hecho de que nosotros, ahora, estamos dando por ley al Banco de Seguros, la facultad de dictaminar en esta materia con carácter obligatorio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: creo que las aclaraciones realizadas han resultado esclarecedoras y doy por terminado el problema.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: simplemente deseo reiterar lo que se ha dicho, es decir, que el concepto de enfermedad profesional está establecido por ley.

En la práctica ocurre que si una determinada enfermedad no está incluida dentro de lo que se conceptúa como enfermedad profesional, da lugar a que patronos y trabajadores se lo planteen al Banco de Seguros del Estado y es éste quien normalmente resuelve. Así ha ocurrido -se me informa- con el quiste hidático, que tampoco era incluido en los convenios internacionales y que ha sido aceptado por el Banco de Seguros como una enfermedad profesional. A menos que se establezca lo contrario a través de Convenios Internacionales, el artículo 42 permite la inclusión de nuevas enfermedades profesionales, el reconocimiento de tales o la ampliación del listado. Por ejemplo, la industria química está dando lugar a una permanente evolución en la materia y ella queda a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Por último, me parece que, como es el contrato el que regula las obligaciones entre las partes, el Banco de Seguros no se podría sustraer a lo que en él se estipule. Lo que debemos preguntarnos es si además requeriría decreto del Poder Ejecutivo. Aunque este parece una exigencia necesaria, más que el criterio constitucional o jurídico primó el conocimiento y la práctica que posee el Banco a través de su oficina médica.

(Ocupa la presidencia el doctor Enrique E. Tarigo).

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: advierto que en torno al tema de las enfermedades profesionales no se hace referencia -ni en el informe, ni en la discusión- a algo que planteo tímidamente, dada mi ignorancia con relación a este proyecto al que recién accedo en el día de hoy. Me refiero a las mal llamadas actividades insalubres. Digo mal llamadas, porque modernamente se ha llegado a considerar que sólo existen ambientes insalubres que, de mantenerse en esas condiciones, originan enfermedades.

Entonces, pienso si en todo esto no ha tenido alguna intervención el Ministerio de Salud Pública, a cuyo cargo está el control de las mal llamadas actividades insalubres. Las enfermedades profesionales deben provenir, en su mayor parte, de trabajar en ambientes insalubres.

Parecería que aquí se da por sentada -como algo inevitable- la existencia de enfermedades profesionales, algunas de las cuales van desapareciendo para dejar paso a otras nuevas. ¿A qué se debe que algunas desaparezcan? Los medios de previsión y el mejoramiento de los ambientes en donde se desarrolla el trabajo hacen que las enfermedades se extingan.

Entonces, da la impresión de que habría que agotar las posibilidades de prevenir antes de ir a la aceptación, como algo inevitable, de la enfermedad profesional y como consecuencia, indemnizar a la persona que la sufra.

Por consiguiente, tendría que haber alguna norma que estableciera que deben agotarse los medios de prevención y no dar por sentado por el que trabaja en un campo determinado va a contraer una enfermedad específica. Se tendría que decir que el Ministerio de Salud Pública, que es el capacitado, debe agotar los medios para que se corrija el ambiente en que trabaja el operario a fin de que deje de ser insalubre. Pero de todo esto no se dice nada y por eso en la consideración de este Capítulo planteo si no se ha consultado a dicho Ministerio que tiene a su cargo, repito, ese rubro tan importante como son las mal llamadas actividades insalubres.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - La razón por la cual solicité la palabra era otra y tiene que ver con el tema que planteó el señor senador Batalla, sobre el que, de inmediato, voy a hacer alguna consideración. Pero, con respecto a lo que acaba de señalar el señor senador Ortiz debo expresar que si bien comparto su preocupación y la entiendo bien orientada, es evidente que hay enfermedades que se producen, no por el ambiente en que se desarrolla la actividad laboral, sino porque el trabajo en sí, implica la manipulación o el estar en contacto con determinados agentes químicos nocivos para la salud.

Recuerdo, por ejemplo, por haber estado vinculado a esa actividad, que los tipógrafos de los diarios -en el antiguo sistema superado por la tecnología actual- manejaban el plomo lo que, con el transcurso de los años, acarreaba, inevitablemente y contra cualquier previsión, la posibilidad de contraer una enfermedad pulmonar que tiene un nombre especial...

SEÑOR PRESIDENTE. - El saturnismo.

SEÑOR AGUIRRE. - Exactamente, me había olvidado. De modo que el problema no es que el ambiente sea insalubre, sino que trabajar con plomo provoca esa enfermedad. Pero no quiero entablar una discusión técnica para la cual no estoy capacitado sino, simplemente, señalar esta discrepancia parcial con el punto de vista del señor senador Ortiz.

Lo que iba a manifestar, en principio, es que la preocupación del señor senador Batalla responde a un enfoque muy fino desde el punto de vista jurídico. Es decir, que los organismos administrativos -y, en el caso, un Ente Autónomo como el Banco de Seguros- no pueden establecer obligaciones para los particulares. Ese enfoque está de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución de la República que dice que "ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Es uno de los principios clásicos de rango constitucional, que recordábamos cuando leíamos una página, también clásica, del doctor Justino Jiménez de Aréchaga, a quien tributamos homenaje en la sesión extraordinaria del día de ayer. Pero digo que ese problema no se corrige por el hecho -en caso de que tal fuere el vicio del que adolece el artículo- de decir que la enumeración o inclusión de nuevas enfermedades profesionales deberá hacerse por decreto del Poder Ejecutivo, porque dicho decreto es tan acto administrativo como una resolución del Banco de Seguros del Estado. La facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes no incluye la de crear nuevas obligaciones a los particulares. Por lo tanto, si hubiera una inconstitucionalidad en esa delegación al Banco de Seguros, también la habría en el caso del Poder Ejecutivo.

Al respecto, creo que la interpretación correcta es la del señor senador Zumarán. En realidad, es la ley la que establece la obligación y la definición de la enfermedad profesional está en el artículo 38. Lo otro es una determinación del alcance de la obligación que aquí se establece por vía administrativa, ya que no hay otro medio de hacerlo. De la misma manera que cuando se fija un impuesto, cuyo cuántum depende del aforo de una propiedad inmueble, como ocurre, por ejemplo, con la contribución inmobiliaria, se comete determinar el aforo a la autoridad administrativa, porque es imposible establecerlo en la ley. Por consiguiente, creo que no hay violación de principios jurídicos de rango constitucional. Pongo de manifiesto, además, que desde mi punto de vista no es acertado indicar que la obligación se establece en el contrato y que éste se celebre por el tercero obligado. No es así, porque la obligación se establece por ley, con carácter general, en el artículo 1º, que declara obligatorio el seguro contra las enfermedades profesionales, de modo tal que el particular no tiene otra alternativa que contratar, porque está obligado por la ley.

Al margen de estas consideraciones, señor Presidente entiendo que no hay una violación de la Constitución en principio recogido en el artículo 42 de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Con referencia a los aspectos que planteaba el señor senador Ortiz, deseo llamar la atención con respecto a que en otros capítulos de este proyecto de ley y en varios lugares, hay disposiciones tendientes, justamente, a contemplar campañas de prevención. Además, se le dan facultades a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública y al propio Banco para hacer inspecciones y obligar a tomar determinadas medidas de prevención, que creo figuran en los artículos 63 y 64.

El Banco de Seguros del Estado tiene un sistema, que está comprendido en esta ley, por el que puede establecer primas diferenciales, según la "siniestralidad" de las diferentes empresas. De manera que hay, también, un principio de castigo económico para con aquéllas empresas que no tomen los debidos resguardos en materia de prevención de accidentes.

Asimismo, en el artículo 43 se establece un sistema de exámenes preventivos de riesgo laboral, absolutamente obligatorio. A cargo del patrono queda la responsabilidad de exigir al trabajador el cumplimiento de los exámenes y se le da, también, la posibilidad de suspender al trabajador que se niegue a someterse a un examen preventivo.

En este momento no ubico el artículo, pero recuerdo que cuando dispone cuáles pueden ser las utilizaciones del fondo por parte del Banco de Seguros para atender la "siniestralidad", se dice, expresamente, que se puede gastar dinero en campañas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. O sea, que la cobertura, en general, que hace este proyecto de ley sobre el tema de la prevención, figura en distintos artículos. Por supuesto que a ellos deben sumarse otras disposiciones vigentes, a cargo del Ministerio de Salud Pública, así como determinados convenios internacionales que se han aprobado en este año y que tienen que ver con el ambiente de trabajo, etcétera.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me concede una interrupción?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Tal como lo señalaba el señor senador Olazábal en otras disposiciones y capítulos de este proyecto de ley se hace referencia a una orientación tendiente a una mayor prevención, tanto individual como ambiental.

Además, en lo que respecta a la necesidad de que el trabajador se someta a exámenes previos, obligatorios, éstos deberán reiterarse periódicamente a fin de que haya un control sobre lo que podíamos llamar indicativos de un deterioro de su salud. Estos aspectos figuran en el mencionado artículo 43 y en el artículo 67 se prevé, como lo señalaba el señor senador, la existencia de primas diferentes, que pueden variar en función de la peligrosidad del riesgo dentro de las diversas actividades laborales y establecimientos. El Banco de Seguros, entonces, puede establecer tasas diferenciales para las empresas que no cumplan con las exigencias higiénicas de eliminación, dentro de lo posible, de los efectos negativos con que se trabaja en la industria.

Además, en este primer inciso se señala expresamente que se apreciarán en las medidas de prevención adoptadas en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros catastróficos, así como toda otra información que técnicamente, corresponda.

Por otra parte, cuando se establece la distribución de los beneficios de la explotación de seguros de accidentes de trabajo, se prevé una partida de hasta el 1% de los premios del año anterior, destinada a prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que se incluirá en el Presupuesto operativo del Banco de Seguros.

Quiere decir que hay diversas normas que apuntan de manera directa a la necesidad de la prevención para eliminar los riesgos que generan determinadas industrias. Pero nosotros tenemos que comprender que además existen campañas específicamente hechas por el Banco de Seguros del Estado -que todos conocemos- en forma permanente, impactando a la opinión pública, actuando directamente en ciclos especiales dentro de las propias industrias a las que envían los técnicos a efectos de aplicar los controles adecuados, no sólo sobre las enfermedades profesionales y saneamiento del ambiente, sino fundamentalmente en la prevención de accidentes. Ha desarrollado campañas, que todos hemos conocido a través de la prensa, para evitar este tipo de riesgos.

Hoy en el Uruguay, el índice más elevado de pérdida de vidas ha pasado a ser el generado por accidentes de tránsito. En este sentido también el Banco de Seguros ha realizado grandes esfuerzos para la prevención de los mismos.

Pero no olvidemos que en lo que tiene que ver con este aspecto hay organismos que actúan paralelamente. En lo que concierne a esta problemática, los Gobiernos Departamentales poseen facultades para proceder directamente en un establecimiento que presente condiciones inadecuadas de higiene que afecten la vida de los trabajadores así como la del vecindario. Es decir, hay organismos que tienen intervención en esta materia pero la realidad es que el Banco de Seguros, desde que se fundó, cumple una acción muy eficaz importante en todos estos aspectos.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Vamos a hacer una interrupción muy breve porque prácticamente se ha dicho casi todo.

Entiendo que en este artículo 42 hay algo que es exagerado. En primer lugar, las enfermedades no desaparecen. Ha habido campañas que han hecho disminuir, al influjo de la tecnología que se ha aplicado, los casos que se presentan al Banco de Seguros. Es evidente que la misma tecnología, en materia industrial y en otras manifestaciones de trabajo humano, ha precipitado condiciones de vigencia patológicas y circunstancias etiopatogénicas de afecciones que son fruto del uso de nuevos elementos que la tecnología ha impuesto en materia industrial, básicamente.

Es indudable que al Ministerio de Salud Pública, que tiene la capacidad para poder manejar al mayor y mejor nivel técnico este tema, no podemos dejarlo de lado, utilizando la expresión "dando cuenta al Poder Ejecutivo", con lo que le damos al Banco de Seguros del Estado una potestad tan amplia y tan fuerte como la de interpretar y aplicar. Aunque me consta que allí las cosas se hacen muy bien, pienso que sería de resguardo y sensato que se hubiera incorporado, en lugar de "dando cuenta", "en consulta con el Poder Ejecutivo". Es obvio que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública quien tiene que dar la respuesta y con ello confirmaríamos, sí el plano serio, seguro y no tan amplio, que estamos dando a través de la redacción del artículo 42.

Expresamos que no vamos a sentar una oposición para que esto deje de funcionar, por el contrario, al igual que cuando con el señor senador Batalla planteamos algunas dudas, votamos afirmativamente. Pero pienso que este tema debió merecer una redacción distinta en cuanto a la última frase del artículo 42.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - En esta materia no hemos querido cambiar el actual régimen de funcionamiento.

El Banco de Seguros, en virtud de sus potestades y de la competencia que su Ley Orgánica le da es quien determina sobre los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por la vía de las pólizas, todas las características de actuación.

Por otra parte, no podemos establecer en la ley que el Banco de Seguros, en lo que corresponde al funcionamiento de los mecanismos que están en el campo y en la órbita de su autonomía, actúe subordinado a lo que el Poder Ejecutivo establezca en esta materia, porque también tuvimos la duda sobre si no estamos estableciendo una limitación a la autonomía que constitucionalmente se le reconoce como Ente Autónomo.

De manera que preferimos mantener el sistema vigente. En materia de enfermedades profesionales, el Banco está en condiciones de ampliar el seguro sobre enfermedades profesionales, sin perjuicio de las competencias del Poder Ejecutivo y por todo lo que pueda significar el aporte.

En lo que respecta al Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la regulación emerge de a vía de esta ley y del Banco de Seguros. Pero como la declaración de enfermedad profesional puede tener efectos en otros campos, en otras actividades y esferas, eso lo determina el Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades que le otorga la Constitución.

Por lo tanto, el seguro lo determina el Banco; pero esa declaración de enfermedad profesional nueva debe comunicarse al Poder Ejecutivo, para lo cual que él considere conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Carrere Sapriza.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - He oído con toda atención al señor senador. Sé que expresa sus conocimientos en la materia con total convicción. Pienso que ese tema se puede discutir extensamente y durante mucho tiempo y puede haber dos bandos que sostengan posiciones diferentes.

Creo que se puede concebir perfectamente que la redacción que se pudo haber manejado tiene el mismo valor constitucional y no altera en modo alguno la autonomía cuando se hace referencia a consultas con el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

17) COMISION INVESTIGADORA SOBRE USO DE COCHES OFICIALES.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de Comisión Investigadora.

(Se da de la siguiente:)

"Montevideo, 13 de diciembre de 1988.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo.
Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo 120 de la Constitución de la República, y de acuerdo con el procedimiento establecido por el Art. 130 del Reglamento de la Cámara de Senadores, me dirijo a Ud. a fin de solicitarle se sirva someter a la consideración del Cuerpo la integración de una "Comisión investigadora", con el cometido de indagar acerca del "uso de coches oficiales camuflados con chapa particular, por parte de dependencias de la Presidencia de la República".

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Reinaldo Gargano. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de la resolución de la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El Presidente del Senado ha designado, a solicitud del señor senador Reinaldo Gargano, una Comisión Preinvestigadora integrada por los señores senadores Francisco A. Forteza, Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Senatore con el cometido de indagar acerca del uso de coches oficiales camuflados con chapa particular, por parte de dependencias de la Presidencia de la República".

18) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. Se estructura un régimen obligatorio y se modifica el régimen pensionario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en discusión particular el asunto que figura en segundo término del orden del día. Léase el Capítulo V, que comprende los artículos 46 y 47.

(Se lee:)

"CAPITULO V - DE LOS DERECHO-HABIENTES

Artículo 46. - En caso de accidentes o enfermedad profesional que haya producido la muerte del siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Una renta vitalicia igual al 50% del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho, con condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el siniestro, o que el celebrado posteriormente tenga una duración de más de 1 año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino del siniestrado que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de 1 año, a la fecha del fallecimiento.

En el caso de que el único con derecho a percibir rentas de manera permanente, sea el cónyuge o concubino sobreviviente, el porcentaje se elevará a las dos terceras partes del salario o remuneración anual.

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen para los menores de 18 años y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años incapaces que vivían a expensas del trabajador, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique sumariamente este hecho.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces sean hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como descendientes o colaterales que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad del derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil y se practicará la información testimonial administrativa o correspondiente.

c) La renta, si los menores o incapaces concurren con el cónyuge o concubino sobreviviente, será del 20% del salario anual, si no hay más que uno; del 35% si hay dos; del 45% si hay tres y del 55% si hay cuatro o más.

d) Si no hay cónyuge o concubino sobreviviente, la renta de los menores o incapaces se elevará al 50% del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

De no concurrir los beneficiarios mencionados en el inciso a), tendrán derecho a renta los ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La misma será equivalente al 20% del salario anual por cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

Art. 47. - La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo anterior, a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje, cada una de ellas será reducida proporcionalmente".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo preguntar a los miembros de la Comisión si esta norma del artículo 46, que consagra derechos en esta materia no sólo para los cónyuges y naturalmente para los hijos, sino también para los concubinos y concubinas, ¿es una adecuación de un régimen existente actualmente o es una innovación de este proyecto de ley?

SEÑOR CERSOSIMO. ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Deseo formular una pregunta sobre el artículo 46.

El literal b) de dicho artículo establece: "Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen para los menores de 18 años". Creo que luego de "siguen" tendría que haber una coma, porque si no se referiría a las disposiciones aplicables a menores de 18 años y no las hay. El literal continúa: "y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años incapaces que vivían a expensas del trabajador, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique sumariamente este hecho". Lo que pregunto es si al referirse a los mayores de 18 años incapaces, alude a quienes tengan más de 18 años; y, además, sean incapaces mentales, porque por el solo hecho de tener 18 años, se es incapaz. ¿O se refiere a los que deben estar sujetos, después de la mayoría de edad, a curatela?

Posteriormente, el literal dice: "No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces sean hijos legítimos o naturales". Parece que aquí no se refiere a los "menores incapaces", sino que distingue entre unos y otros. Y continúa: "del trabajador fallecido, así como descendientes o colaterales que hubiesen vivido en su misma morada". Es decir que además de los menores incapaces, hijos legítimos o naturales, también se está refiriendo a otros descendientes o colaterales. ¿Hasta qué grado? No lo dice. El literal sigue: "A los efectos de acreditar la calidad de derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil" -agregaría "pertinentes"- "y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente".

En el inciso primero del literal b) se dice: "Sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique sumariamente este hecho". Creo que sería mejor establecer: "siempre que se justifique este hecho aun sumariamente", porque no es obligatorio que la justificación se haga sumariamente y a veces no es posible hacerlo así.

No sé si ha quedado claro el sentido de las preguntas que he formulado a mi distinguido amigo el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - La pregunta del señor senador Aguirre se refiere a si el sistema vigente a la fecha anterior a este proyecto de ley reconocía entre los causahabientes al concubino o a la concubina. La contestación es negativa; nosotros los incorporamos dentro de los que tienen derecho como causahabientes en este tipo de prestación o como sucesores del trabajador cuando se han determinado requisitos. En ese sentido, nosotros nos incorporamos a lo que es la tendencia de la legislación social, cada vez con mayor amplitud. Incluso la de previsión social se amplía reconociendo los derechos de la familia natural del trabajador. Es decir que a la familia establecida de acuerdo a las normas del Código Civil se le reconocen situaciones de hecho y derechos firmes, como lo reconoce nuestra propia jurisprudencia en el caso del concubino o la concubina. Pero de cualquier manera nosotros le damos entrada con este proyecto de ley; seguimos lo que dispone la legislación laboral en la materia. Otros proyectos a consideración de la propia Comisión, como lo es el proyecto respecto a un fondo de garantía para créditos laborales, también reconocen con carácter similar el derecho del concubino o de la concubina.

Por otra parte, con relación a lo que planteó el señor senador Cersósimo en cuanto a las modificaciones en la redacción, creo que mejorarían el texto, porque no lo cambian ni alteran el contenido del planteo.

Deseo señalar, señor Presidente, que en este proyecto de ley establecemos algunas modificaciones. En primer término, únicamente estaban reconocidos como causahabientes los menores de 16 años. Por este proyecto de ley, nosotros elevamos el límite de edad a los 18 años. En segundo lugar, reconocemos el derecho a quienes integren la familia natural del trabajador o de la trabajadora -en este caso fallecido- en cuanto a otras personas menores de 18 años o incapaces, mayores de esa edad que no tengan ningún género de parentesco con el trabajador, que justifiquen vivir a expensas del mismo, es decir, que forman parte de su familia natural, se los incorpora, naturalmente, dentro de los beneficiarios como causahabientes del trabajador.

En definitiva, señalo que en esta materia el criterio adoptado por la Comisión estuvo en absoluta conformidad con el que manifestó el Banco de Seguros del Estado. De alguna manera se ha ampliado el número de titulares de beneficios.

En consecuencia, no tengo inconveniente en aceptar las correcciones que ha enunciado el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - No percibí si el señor senador, al referirse a los mayores de 18 años incapaces, lo hacía en referencia a quienes tendrían que ser discapaces además de ser legalmente incapaces, por tener menos de 21 años o si tendrían que tener una incapacidad mental determinada.

SEÑOR TOURNE. - Efectivamente el criterio es muy claro.

Hay un límite de edad que son los 18 años, salvo que fuera alguno de los beneficiarios; pero los menores de 18 años, naturalmente, viviendo a expensas del causa-habiente reciben en todos los casos la prima correspondiente. Los mayores de 18 años deben ser incapaces y esa incapacidad tendrá que ser declarada sumariamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Podría solucionarse el tema, poniendo: "discapacitados", en lugar de "incapaces", porque se hace referencia a eso y no a la incapacidad civil, sino psíquica o física.

SEÑOR CERSOSIMO. - Ya son incapaces por ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Desde luego; pero no es esa incapacidad legal. Si ponemos: "mayores de 18 años discapacitados", creo que queda claro, tanto en el primer inciso del apartado b), como en el segundo que vuelve a nombrar a los menores o incapaces.

SEÑOR CERSOSIMO. - Me parece bien la aclaración, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tanto en el primero como en el segundo inciso del apartado b) se nombra a los menores incapaces.

SEÑOR CERSOSIMO. - Además, digo que en el literal se debe expresar: "siempre que se justifique, este hecho aún sumariamente". Digo esto porque no necesariamente hay que hacerlo en forma sumaria. No debe ser obligatorio el procedimiento sumario. Lo que se quiere es dar facilidad para que, rápidamente, se pueda llevar a cabo esa justificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo.

SEÑOR TOURNE. - En principio, no tenemos inconveniente en efectuar esas modificaciones, relativas a calificar a los discapacitados y la corrección que señala el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - En el inciso segundo parecería haber una repetición del concepto, porque dice que no será necesaria esa justificación del lazo jurídico -como se llama en el proyecto- cuando los menores (o discapacitados) sean hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como descendientes o colaterales. ¿Los descendientes ya están comprendidos o se refiere a otros, es decir a nietos o bisnietos? ¿Colaterales hasta qué grado? Actualmente, los colaterales, en el orden de llanamiento están limitados al cuarto grado, sin perjuicio del derecho de representación. No sé si aquí se desea aplicar las reglas del derecho Civil o si el concepto es otro. Quisiera que esto quedara claro para que no pueda dar lugar la redacción después, a diversas interpretaciones. El texto debería decir "a los efectos de acreditar la calidad de derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil pertinentes...", etcétera. O sea que se agrega la palabra "pertinentes".

SEÑOR TOURNE. - De acuerdo.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Respecto a las últimas observaciones del señor senador Cersósimo, creo que en el inciso segundo del literal b) deberíamos precisar la redacción. Esta norma debiera decir: "No será necesaria esa justificación cuando los menores o discapacitados fueren hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como otros descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad de derecho-habiente, se presentarán las partidas pertinentes de estado civil y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente".

SEÑOR TOURNE. - De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se van a leer las modificaciones acordadas.

El inciso b) dirá lo siguiente. "Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen, para los menores de 18 años y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años discapacitados que vivían a expensas del trabajador, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique este hecho aún sumariamente.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o discapacitados fueren hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como otros descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad de derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil pertinentes y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Léase el capítulo VI, que comprende los artículos 48 a 55.

(Se lee:)

"CAPITULO VI - PROCEDIMIENTOS

Artículo 48. - En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados asegurados en el Banco de Seguros del Estado, al tener conocimiento de enfermedades profesionales, los patronos deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las 72 horas de que el hecho se produjera en Montevideo y en un plazo de 5 días hábiles, por un medio fehaciente, cuando se trata de los demás departamentos.

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, incurrirán en una multa equivalente a 50 Unidades Reajustables y a 100 en caso de reincidencia.

Art. 49. - El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del término de 15 días.

Art. 50. - La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla situado el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los testigos.

Art. 51. - Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigarse dudas sobre el carácter del accidente, deberá presentar dentro del plazo de 20 días, exposición escrita ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición deberá darse noticia al patrono, al trabajador o a sus derecho-habientes.

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del Departamento de Montevideo, el plazo será de 30 días.

El Banco de Seguros del Estado se pronunciará dentro del término de 90 días. La resolución del Banco, deberá comunicarse al patrono, al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 10 días subsiguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al Juzgado que corresponda.

Art. 52. - Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización labrándose las actas que correspondieren.

Art. 53. - En todos los casos el Asesor Letrado de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, o los Fiscales Letrados Departamentales, según corresponda, podrán solicitar del Banco los antecedentes que juzguen necesarios y controlar la determinación y cumplimiento de las indemnizaciones.

Art. 54. - El siniestrado o el Banco podrán solicitar la revisión de la renta permanente que se sirve, siempre que haya transcurrido un año de su fijación o revisión anterior.

Art. 55. - Toda controversia originada por la fijación del salario, o de la renta, aumento o disminución de la capacidad o cualquiera otra suscitada por la aplicación de esta ley, será resuelta judicialmente siguiéndose el procedimiento vigente en materia laboral.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente.

Sin perjuicio del trámite judicial establecido, cuando la controversia radique en el grado de incapacidad permanente a adjudicar al damnificado, con carácter previo a la decisión jurisdiccional, el Banco de Seguros del Estado abonará una renta al siniestrado según el grado de incapacidad que determine por mayoría simple, un Tribunal Médico integrado por tres médicos: dos designados por el Banco de Seguros del Estado y el otro por el siniestrado.

Este Tribunal, que funcionará en el Banco de Seguros del Estado, recibirá los antecedentes sobre los que se expedirá en un plazo máximo de treinta días.

En el ínterin el Banco servirá la renta correspondiente al grado de incapacidad adjudicado por sus servicios técnicos".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Quisiera hacerle algunas preguntas a los señores miembros informantes.

El artículo 49 establece un plazo de quince días para que el obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes puedan hacer la denuncia del mismo. Luego sigue una serie de procedimientos para el caso en que el Banco objete la denuncia presentada, tenga dudas o decida no aceptarla. Este plazo triplica el que le corresponde por el artículo 48 al patrono para hacer la denuncia correspondiente.

¿La Comisión no estima que es un plazo demasiado extenso? Dada la naturaleza de las comunicaciones en el país, me parece que posibilitar un retraso de quince días ante la eventualidad de que pueda surgir un procedimiento como el de los artículos 51 y siguientes es demorar la resolución del tema de una forma excesiva e innecesaria.

¿La Comisión estima que es conveniente la fijación de todos estos detalles que establece el artículo 507? ¿No será más juicioso librar al propio Banco de Seguros que establezca las condiciones o requisitos necesarios para hacer la denuncia en cada caso? ¿No será que ellas podrán cambiar con las circunstancias o la naturaleza de los hechos? En la medida en que estén fijadas únicamente por ley, cada vez que haya que modificar las exigencias a juicio del Banco de Seguros, habrá que cambiar la ley. Estimo que el Banco dará la publicidad suficiente a las exigencias para no tener que estar entrando en las mismas con tanta precisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - En el mismo entendido, como en el plazo de cinco días se dice que son días hábiles, creo que en este plazo de quince días habría que especificar si son días hábiles o corridos. Además, debe decir plazo y no término, ya que esta última palabra significa el final del plazo.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - En cuanto a los términos para formalizar las denuncias, en forma general se ha mantenido lo que el Banco de Seguros ha seguido en la práctica en esa materia. No obstante eso, quiero señalar dos cosas fundamentales que debemos tener en cuenta.

El primer obligado a formalizar la denuncia de un accidente de trabajo es el patrono, porque es quien se libera; en definitiva es el asegurado. Esa liberación representa, hasta por la responsabilidad social que le corresponde como empresario, el hecho de que debe hacerlo en el menor tiempo posible. La ley le fija 72 horas, plazo que puede parecer extenso. Pero es lo que el Banco de Seguros estima que está dentro de las pautas normales de manejo de esta temática. De modo que son 72 horas, salvo que se trate de un patrono que está en el Interior. Fundamentalmente se atiende al personal rural, que puede estar aislado. En este caso, el plazo se extiende a cinco días. Lo que en definitiva importa es el amparo del sistema, sobre todo si el patrono cumple con su obligación de haber asegurado a los trabajadores y paga regularmente la prima en las fechas establecidas. Es por eso que se da cierta latitud a la denuncia de la situación que genera el funcionamiento del seguro.

Por su parte, la denuncia del trabajador es un derecho que el proyecto confiere para el caso del patrono omiso, a los efectos de que de alguna manera se pongan en funcionamiento todos los mecanismos que aquí se amparan y se prevén.

¿En qué caso se puede plantear esta situación? Nos situamos en algunos casos límite que debían ser previstos. Es el caso, por ejemplo, del trabajador rural que está en el medio del campo, que no conoce sus derechos y que ha sufrido una lesión seria a la que en principio no le dio importancia. Sin embargo, debido a esa lesión se va generando un proceso de marginación y de falta de defensas de ese trabajador, porque el patrono no hizo la denuncia, ni él estaba en conocimiento de que podía formularla y recibir, por lo tanto, no sólo la atención del Banco de Seguros sino el amparo económico de una prestación en dinero.

Por ello hemos establecido estos plazos que son absolutamente arbitrarios excepto los dos primeros, o sea, el de 72 horas y el de cinco días, que el Banco estimó que eran útiles. Fue el propio Banco el que de alguna manera condicionó estos plazos.

Reconocemos que existen otros seguros en que el Banco establece que la denuncia se debe realizar dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho o se fijan otros plazos muy breves. Sin embargo, en el caso de los accidentes de trabajo el Banco sigue otro criterio y, como dije, establece 72 horas o cinco días si está en el interior.

En cuanto al derecho que tiene el trabajador, no se establece ninguna latitud. Por otra parte, no es un plazo de caducidad para la presentación del trabajador. Puede ocurrir que el trabajador ignore sus derechos y las posibilidades que le otorga el Estado. Si sufre un accidente que lo mantiene imposibilitado y no ha recibido ningún tipo de ayuda ni tampoco hizo uso de los mecanismos que lo amparan, aunque hayan transcurrido más de 30 días, si se presenta al Banco de Seguros -y esto, concretamente, se lo preguntamos a los técnicos de ese organismo, y nos respondieron con precisión- igual va a estar amparado. El que incurre en responsabilidad es el patrón.

De todas maneras, fue necesario establecer algún plazo para que la norma tenga algún sentido pedagógico, ya que también es indudable que a medida que transcurre el tiempo se van borrando los efectos. Es decir, puede ocurrir un accidente de trabajo que sea comprobable dentro de las 24 horas de transcurrido y no diez días después. No ha dejado rastros, secuelas o huellas en la persona. Pudieron haber desaparecido los efectos provocados por ese accidente de trabajo.

Se fijan estos plazos para que el Banco se pueda cubrir. Si se encuentra con un hecho real, amparará al damnificado, pero si no tiene posibilidades de comprobar el accidente, el proyecto le fija algunos límites máximos en el tiempo. Estos límites, como decía el señor senador Batlle pueden ser arbitrarios, pero indudablemente cumplen una función. Lo importante es que el patrono tiene 72 horas y cinco días. No son plazos excesivos ni tampoco muy limitados.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - El señor Presidente tiene razón cuando hace notar que en el artículo 49, que establece el plazo de 15 días y no se dice si son hábiles o corridos. Considero que dada la extensión del plazo, sería mejor que fueran 15 días corridos, y formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Además, en lugar de "término" debe decir "plazo".

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor Presidente?

La expresión "corridos" no corresponde en ninguna de sus acepciones. Tiene que decir "seguidos" o "continuos".

SEÑOR PRESIDENTE. - O sea que la parte final del artículo 49 va a decir: "dentro del plazo de 15 días continuos".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VI con las modificaciones introducidas en el artículo 49.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo VII "Disposiciones tendientes a garantir el pago de las indemnizaciones", que comprende los artículos 56 al 62.

(Se lee:)

"CAPITULO VII DISPOSICIONES TENDIENTES A GARANTIR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo 56. - El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal, establecida en el artículo 1º de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del Estado, podrá ser sancionado con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que haya omitido la primera vez, y del cuádruple de dicha cantidad, por las omisiones siguientes. Esta multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 Unidades Reajustables la primera vez, y de 200 Unidades Reajustables en cada reincidencia.

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes el Banco decrete la caducidad de la póliza por no haber abonado su premio en tiempo y forma.

Art. 57. - Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de esta ley, constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II, del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo a la Ley Nº 14.500.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes, contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del inciso 4º del artículo 2369 del Código Civil y artículo 1732, inciso 4º del Código de Comercio.

Artículo 58. - Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos de determinar los jornales pagados y cualquier otro aspecto conexo con esta ley. De no hacerlo así, el Banco podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las liquidaciones de oficio que practique.

El patrono que formule falsa declaración en perjuicio del Banco o del trabajador siniestrado, incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular", tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 59. - No obstante el derecho del siniestrado o sus causahabientes a procurar por medios propios su defensa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social les asesorará y proporcionará la defensa que requieran para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio.

En el interior del país y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo asesoramiento, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados.

Art. 60. - Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con la obligación de asegurar podrán adoptarse medidas cautelares a solicitud fundada del Banco, del siniestrado o sus causahabientes. El juez podrá decretar las medidas cautelares sin más trámite, prescindiendo de la contra cautela prescripta en el artículo 313, apartado 5º del Código General del Proceso y la constancia del monto de la deuda será sustituida por una estimación de la misma realizada por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 61. - Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de esta ley para importar, exportar, intervenir en licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución de utilidades o dividendos.

Art. 62. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado deberá remitir a las instituciones de crédito, públicas y privadas, nómina de las personas o empresas omisas en el cumplimiento de esta ley, a los efectos de que se supedite la concesión de préstamos a la regularización de la situación de incumplimiento. La Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social pondrán a disposición del Banco de Seguros del Estado, la información de sus registros de contribuyentes para un completo relevamiento de las actividades comerciales e industriales".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el Capítulo VIII, "Disposiciones Generales" que comprende los artículos 63 al final.

(Se lee:)

"CAPITULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 63. - Los médicos, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades de asistencia médica, están obligados a informar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del Estado, sobre todas las cuestiones vinculadas con esta ley, en que hayan tenido participación.

Art. 64. - Los Inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con excepción del hogar, a todos los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública a estos fines.

Art. 65. - Serán competentes para entender en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 57 y en las demás controversias que se susciten por aplicación de esta ley, los Jueces Letrados de 1ra. Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de 1ra. Instancia en los departamentos donde no los hubiere, quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios.

Art. 66. - Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a esta ley, por consideración de capitales necesarios para el servicio de rentas, y demás obligaciones a cargo de los patronos o del Banco, prescribirán a los 10 años contados desde el día en que las obligaciones se hicieren exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el trabajador según el caso.

La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada.

Art. 67. - El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años. Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención, adoptadas en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas, previsto en esta ley, no determinarán, en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.

Las reservas técnicas originadas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán invertirse de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, de manera de asegurar una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores.

El beneficio neto de explotación del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales no podrá ser mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas en esta Cartera por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en consideración:

- las indemnizaciones por incapacidad temporaria;

las reservas matemáticas;

- las rentas por incapacidad permanente o muerte;

- las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas;

- las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica;

- la provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos;

- las reservas para morosos;

- las reservas de emergencia y catástrofe;

- los gastos administrativos e impuestos; y

- una partida de hasta un 1% (uno por ciento) de los premios del año anterior, destinada a prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se incluirá en el Presupuesto Operativo del Banco.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% (diez por ciento) de las primas percibidas, la pérdida actualizada sufrida en la misma Cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que tuvo lugar la pérdida.

Art. 68. - Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% (diez por ciento) de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Rehabilitación de Trabajadores Discapacitados por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". Este Fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la rehabilitación de trabajadores discapacitados por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

b) Instituir becas para el estudio de la rehabilitación de discapacitados.

c) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre rehabilitación.

Art. 69. - El trabajador víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada.

Readmitiendo el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos 180 días, a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa grave superveniente.

La no reincorporación del trabajador en el plazo de 30 días de haber sido dado de alta y ponerse a las órdenes de la empresa, le da derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes.

Art. 70. - No podrá imputarse al goce de licencia el tiempo no trabajado por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Art. 71. - Las rentas que sirve el Banco actualmente por muerte o por incapacidades permanentes iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento), se reajustarán a la fecha de vigencia de la presente ley, tomando como salario base el mínimo nacional en todos aquellos casos en que la renta percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo.

El mencionado reajuste se efectuará en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan.

Art. 72. - Deróganse las Leyes Nos. 10.004, de 28 de febrero de 1941 y 12.949, de 23 de noviembre de 1961, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 73. - Esta ley comenzará a regir a los 90 días de publicada en el "Diario Oficial".

Art. 74. - Comuníquese, etcétera".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Integro la Comisión de Asuntos Laborales y estuve en varias de las sesiones -no en todas- en que se estudió este asunto con los asesores del Banco de Seguros. Por consiguiente, me solidarizo con lo que la Comisión informó al Senado.

No obstante, deseo referirme al artículo 71, que tengo entendido que fue una propuesta formulada en Sala, que se redactó sin que estuvieran presentes todos los asesores del Banco.

El mencionado artículo ajusta las rentas que sirve el Banco por muerte o por incapacidades permanentes que sean iguales o mayores al 60%, acordándoles el monto del salario mínimo nacional, en todos los casos en que la renta percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo.

La Asociación de Pensionistas Vitalicios del Banco de Seguros del Estado ha hecho saber -y creo que algunos otros integrantes de la Comisión también están informados- que este beneficio sólo alcanzaría a 20 ó 30 personas. Pensaban que en lugar de tener en cuenta la incapacidad se debería tomar como base el monto de la renta que se percibe por parte de todos aquellos que la están cobrando antes de la sanción de esta ley y que, por consecuencia, ajustaron sus rentas a las leyes anteriores. Entendían que lo más justo, para que tuviera un carácter más amplio y general, era que todas las rentas que fueran otorgadas y servidas con anterioridad a la aprobación de este proyecto, no tuvieran un monto inferior al 15% del salario mínimo nacional. Hay muchos -y es la inmensa mayoría- que están por debajo de los N$ 4.500, que sería el 15% del salario mínimo nacional.

Entonces, sugirieron que se sustituyera el artículo que aprobamos en la Comisión -no recuerdo si estaba presente en ese momento, pero desde el momento en que firmé el informe lo aprobé- por otro que estableciera que en lugar de tomarse en cuenta el grado de imposibilidad permanente que tuviera el pensionista, se tuviera presente lo que percibiera y se le diera a todos, con carácter general, un porcentaje del salario mínimo nacional, que ellos mismos pensaban que podría ser del 15%.

Por supuesto, este artículo que propone la citada Asociación no tiene el inciso segundo que figura en este proyecto que viene de la Comisión, que condiciona el reajuste a las disponibilidades financieras del Banco. Pero esta última disposición fue puesta en la Comisión porque no se pudo justipreciar en ese momento cuál era el número de pensionistas que estarían comprendidos en la nueva disposición ni cuánto el monto total de las nuevas obligaciones que tendría que asumir el Banco.

Formulo moción en ese sentido, señor Presidente. No sé qué pensarán los compañeros de la Comisión, señores senadores Tourné y Zumarán, con respecto a esto que estoy planteando.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Sin perjuicio de la observación de fondo que ha formulado el señor senador Cigliuti, quiero señalar que, tal como está redactado, el artículo resulta incomprensible.

Se comienza diciendo: "Las rentas que sirve el Banco actualmente por muerte o por incapacidades permanentes...", cuando debe expresarse: "Las rentas que actualmente sirve el Banco por muerte o por incapacidades permanentes iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento)...". Pregunto: ¿iguales o mayores al 60% de qué? Eso no está dicho.

En segundo lugar, cuando se habla de incapacidades permanentes iguales o mayores, en realidad no se trata de que sean mayores o iguales a algo. Esa igualdad o mayoría -si es que cabe este término- se refiere al monto de las rentas y no a las incapacidades permanentes.

De modo que, tal como está redactado esto, resulta prácticamente ininteligible, salvo que para aquellos que lo redactaron y saben cuál es el sentido de la disposición.

Por último, señor Presidente, en la parte final del artículo dice: "El mencionado reajuste se efectuará en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan". Con esto volvemos a lo dicho al principio, es decir, aquello de que el Estado pagaba si quería. Entonces, en este caso, el Banco hará el reajuste cuando le parezca que lo puede hacer. Es una obligación sin sanción y el reajuste se hará o no, ya que le bastará al Banco de Seguros decir que sus posibilidades financieras no permiten que lo haga, para que dicho reajuste sea una letra muerta. De manera que esto es -como lo decía hoy temprano- una especie de progreso manuscrito, ya que se deja totalmente en manos del Banco aplicar o no la disposición.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - La historia de este artículo 71 es la siguiente.

En el seno de la Comisión hicimos un planteo al que hemos hecho referencia hoy en la discusión general, en relación con el carácter de algunas rentas que sirve el Banco de Seguros en la actualidad y que, por sus características, demostraban ser de montos ridículos o no lograban compensar los problemas que debían atender. En tal sentido, fueron planteadas diversas alternativas que quedaron a estudio del Banco de Seguros del Estado.

En un principio se planteó que esto fuera para todos los que tuvieran incapacidades mayores al 60%. En ese sentido, los propios técnicos del Banco tenían dudas en cuanto al monto que podía significar ese 40%, por lo que sugirieron que se diera la posibilidad de hacer este ajuste gradualmente.

En tal oportunidad no hubo acuerdo. Los representantes del Banco de Seguros del Estado debían recurrir a su fuente de información para evaluar los posibles costos de actualización de determinadas rentas y el último contacto se produjo cuando este artículo fue redactado nuevamente y enviado por las autoridades pertinentes del organismo, incluyéndose en la ley sin haber sido objeto de especial tratamiento por parte de la Comisión.

En relación a esta nueva redacción elaborada por ellos, debemos decir que el 60% que se toma por la incapacidad nos parece demasiado elevado, es decir, que se comprenden muy pocos casos y se mantiene la disposición por la que la aplicabilidad se da siempre que la disponibilidad financiera del Banco así lo permita.

En cuanto a esto último, quien habla dice que es una cosa o la otra, pero ambas no pueden coexistir. Si se atendió solamente el criterio de llevar al salario mínimo nacional las incapacidades permanentes iguales o mayores al 60%...

SEÑOR AGUIRRE. - ¿60% de qué?

SEÑOR OLAZABAL. - 60% de incapacidad; el Banco determina la incapacidad por porcentajes en relación con lo que se considera una capacidad normal de trabajo; y, entonces, se habla o de muerte o de incapacidad permanente igual o mayor al 60%. Creo que en este sentido la redacción es correcta. Lo que obviamente no estimo así -ya que desde el punto de vista económico al Banco no le significa ninguna erogación importante- es, en relación a que se mantenga este segundo inciso que establece siempre que las disponibilidades financieras del organismo lo permitan porque, en definitiva, deja a su voluntad cumplir o no con la adecuación de estas rentas.

De cualquier manera, personalmente me adhiero a la propuesta formulada por el señor senador Cigliuti, en el sentido de contemplar un mínimo de servicio por renta, en vez de considerar estos casos que realmente nos consta que son pocos. En consecuencia, esta ley no actuaría sobre el grueso de lo que significa la existencia de rentas que están fijadas en niveles por demás llamativos e insuficientes.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: he escuchado atentamente la proposición del señor senador Cigliuti y me parece importante llamar la atención sobre dos circunstancias.

En primer término, este artículo 71 comprende a los que tienen una incapacidad muy alta, que se sitúa en un porcentaje de más de un 60%. En consecuencia, el propio Banco de Seguros del Estado estimó necesario elevar las asignaciones que les corresponden a esos altamente incapacitados, al monto de un salario mínimo nacional. Creo que este es un aspecto que, de cualquier forma, representa -incluso hasta con la opinión favorable del Banco de Seguros- un hecho incorporado a la ley, que no debemos variar, ni modificar.

Por su parte, el señor senador Cigliuti propone -y creo que esto no es incompatible con aquella posición- que se mantenga esta solución para aquellos que tienen más de un 60% de incapacidad, o sea, otorgarles un salario mínimo nacional, tal como el Banco de Seguros lo estableció, pero concretamente, plantea que no pueda haber ninguna pensión por incapacidad inferior a un 15% del salario mínimo nacional. Repito que, a mi entender, esto no es incompatible y podríamos incluir esta proposición del señor senador Cigliuti en el artículo 71, como inciso 2º. Sería un beneficio importante para los incapacitados en alto grado, o sea, que a los de más de un 60% de incapacidad se les elevan las asignaciones hasta un salario mínimo nacional.

En segundo lugar, no puede haber ninguna pensión por incapacidad que sea inferior a un 15% del salario mínimo nacional, es decir, que se reajustan las pensiones.

Finalmente, el inciso 3º quedaría tal como se ha establecido porque opera como válvula de seguridad del Banco, porque esos reajustes se efectuarán siempre y cuando las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan. Creo que esto estamos todos de acuerdo, ya que, naturalmente, el Banco deberá hacer las evaluaciones correspondientes, estableciendo bases y mecanismos para implantar a corto plazo, si sus disponibilidades financieras lo permiten, lo que establece la ley. De lo contrario, y con el curso del tiempo, establecerá el ajuste de estas normas a sus posibilidades.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Personalmente, señor Presidente, estaría de acuerdo con lo expresado por el señor senador Tourné y, en consecuencia, incorporaríamos al artículo 71, como inciso 2º lo siguiente: "Ninguna renta por incapacidad permanente que se haya otorgado y servicio con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrá tener un monto inferior al 15% del salario mínimo nacional".

Por otro lado, deseaba ilustrar al Senado con algunas copias auténticas de comunicados que han hecho conocer los interesados con respecto al monto de algunas de las pensiones que se sirven actualmente.

Un accidentado del Banco de Seguros que es rentista desde 1973 y que quedó incapacitado en un 75%, fue compensado con una renta de N$ 11.25 que, desde el 1º de enero de 1984, se elevó a N$ 1.089.20. Hay otro que quedó con una incapacidad permanente del 80%, que fue compensado con N$ 0.03 como renta vitalicia mensual a partir del 5 de mayo de 1943, y que desde el 1º de enero de 1974 cobra N$ 12.90. Estoy de acuerdo, pues, con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que también es de recibo la primera de las observaciones formuladas por el señor senador Aguirre. Por lo tanto, el primer inciso diría: "Las rentas que actualmente sirve el Banco...".

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - He sugerido, en un texto que pasé a la Mesa, que después del paréntesis de "sesenta por ciento" se diga "artículo 25", porque el tema de los porcentajes por incapacidad está definido en esa disposición. Entonces, la disposición cobra sentido cuando uno se remita al artículo 25.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso es en el inciso primero. Luego se incorporaría un inciso segundo propuesto por el señor senador Cigliuti, que dice: "Ninguna renta por incapacidad permanente que se haya otorgado y servido con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrá tener un monto inferior al 15% del salario mínimo nacional".

A su vez, el inciso tercero debería decir: "Los mencionados reajustes se efectuarán en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan", puesto que se trata de dos.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Sin perjuicio de reconocer que el ajuste de redacción de lo que pasaría a ser el inciso tercero es correcto, voy a solicitar que se vote por separado, porque, por lo menos en lo personal, no estoy dispuesto a votarlo.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Si interpreto correctamente, el señor senador Aguirre con su solicitud de que el último inciso se vote por separado, está manifestando la intención de no dejar librado indefinidamente el cumplimiento o incumplimiento de esta disposición a la voluntad del Banco de Seguros del Estado.

En ese sentido propondría una fórmula de transacción que consistiría en dejarlo librado a las disponibilidades financieras con un máximo de 360 días, es decir, que el Banco pudiera adecuar sus primas y su equilibrio financiero para cumplir, inexorablemente, con esta disposición en un término que entendemos por demás generoso, que podría ser de un año entero, dado que hay pólizas que pueden ser anuales.

Esta podría ser una fórmula que, quizás, permitiera llegar a un acuerdo; no sé si esta proposición puede solucionar el tema con el fin de que haya una votación unánime.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Si la intervención del señor senador es una forma de pregunta a quien ha hecho la observación, diré que no tengo inconveniente en acceder al criterio del señor senador Olazábal, siempre que se encuentre una redacción ajustada al espíritu de lo que él ha propuesto.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Creo que el propósito de esta disposición es realizar un reajuste de rentas que en los momentos actuales no significan nada, rentas que están en sumas irrisorias. Muchas de ellas, como el caso citado por el señor senador Cigliuti, de un rentista que percibe N$ 12.81 por mes, es algo que realmente merecería figurar, por lo negativo, en los "récords" de Guiness.

Creo que eso lo que se ha querido. Así lo interpretó el Banco de Seguros y manifestó que estaba dispuesto a hacerlo inmediatamente, pero que quería tener una válvula de seguridad, digamos, por si al realizar el reajuste, esto pudiera superar alguna previsión; sin embargo, existe el propósito de irlo operando en el más breve tiempo posible.

Pienso que si damos un plazo de un año, en primer lugar, no estamos en lo que el Banco de Seguros quiso y, en segundo término, no nos ajustamos a la interpretación estricta del proyecto de ley que quiere que se haga de inmediato. De esa manera, estaríamos con una previsión que no le sirve a la gente, porque si el Banco de Seguros manifiesta que esto le puede imponer determinadas obligaciones y que por razones comerciales prefiere dilatarlas en el curso del tiempo -aunque no ha sido así- y en el texto del proyecto de ley hablamos de 360 días, ya estamos dando un plazo.

En Comisión quedó convenida, a través de las manifestaciones de los representantes del Banco, la voluntad de operar los reajustes correspondientes del 60% en forma inmediata, aunque pedían un margen de seguridad. En este sentido, creo que deberíamos dárselo, confiando en que el Banco cumpla en los términos más breves posibles, sin establecer el término de un año.

Si surge un problema vinculado con este aspecto, entonces, sí, señor Presidente, que se desglose y se vote por incisos, resolviéndose el tema de esa manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - De aceptarse la propuesta del señor senador Olazábal, el inciso 3º quedaría redactado de la siguiente manera: "Los mencionados reajustes se efectuarán en cuanto a las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan, pero en todo caso no más allá del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley".

Se va a votar el artículo 71 por incisos.

El primero tiene una corrección que expresa: "Las rentas que actualmente sirve el Banco..." y después de "(sesenta por ciento)", se pondría: "(artículo 25)".

El inciso segundo sería el propuesto por el señor senador Cigliuti, que ya se ha leído.

El inciso tercero quedaría de acuerdo a lo ya leído.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para referirme al artículo 69.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Uno puede interpretar cuál es el alcance que se le pretende dar a las disposiciones contenidas en este artículo, sin perjuicio de lo cual a mí me parece que no son suficientemente claras y que pueden dar lugar -si no se mejora la redacción- a conflictos de distinta índole que creo es necesario evitar si uno los advierte.

Me voy a referir al primer párrafo del artículo 69 que, en primer lugar, contempla la hipótesis del trabajador que se recupera completamente luego de sufrido el accidente. En ese aspecto el proyecto de ley dice que ese trabajador deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba.

En segundo término, otra hipótesis de este primer párrafo es cuando la incapacidad es permanente pero de carácter parcial. En ese sentido determina que tiene derecho a solicitar su reincorporación.

En el párrafo siguiente expresa, con carácter general, que readmitido el trabajador, no podrá ser despedido.

En cuanto a la primera hipótesis, es decir, la recuperación total del trabajador, creo que lo correcto no es decir que deberá ser readmitido, sino que debería expresarse que si así lo solicita, deberá ser readmitido.

Luego, podría haber interpretaciones que llevaran a conclusiones que no son las de los autores del proyecto.

En el mismo párrafo, en la segunda hipótesis -la de la incapacidad permanente parcial- se establece que tiene derecho a solicitar la reincorporación, pero no se dice que esa solicitud deba ser acompañada por la obligación de reincorporarla. También en este caso creo que debe mejorarse la redacción.

En el último párrafo -en el tercero- se dice que la no reincorporación del trabajador en el plazo de 30 días de haber sido dado de alta y ponerse a las órdenes de la empresa, le da derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes.

Si a continuación de aludir al plazo de 30 días de haber sido dado de alta, se habla de la situación de ponerse a las órdenes de la empresa, puede crearse una confusión en cuanto al momento en que debe operar este último aspecto; por otra parte, no debe decirse "ponerse a las órdenes de la empresa", sino "ponerse a la orden de la empresa". Evidentemente, la idea de la Comisión fue la de que en ese plazo de 30 días de haber sido dado de alta el trabajador se ponga a la orden de la empresa y, además, ésta lo readmita. Me parece, entonces, que la redacción tendría que ser más clara.

Por todo ello, propondría para este artículo 69, la redacción que paso a leer: "El trabajador víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, si así lo solicita, deberá ser readmitido al cargo que ocupaba si está en condiciones de desempeñarlo o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada".

De esa manera, tendría un sentido más claro el segundo párrafo, que dice: "Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido 180 días", etcétera.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Estoy de acuerdo con la nueva redacción que sugiere el señor senador Ricaldoni, pero este inciso -con la redacción original o con la que se propone- me ofrece una duda.

Se alude a un trabajador que tiene una incapacidad permanente, parcial. ¿Qué quiere decir incapacidad permanente? Que está disminuido en su capacidad de trabajo. Entonces, ¿cómo puede volver al mismo cargo que ocupaba "si está en condiciones de desempeñarlo"? No puede estar en condiciones de desempeñar la función correspondiente si tiene una incapacidad permanente. Eso por un lado.

Por otra parte, se dice que si no está en condiciones de desempeñarlo, hay que darle otra tarea compatible con su capacidad limitada, pero no se habla del sueldo. Quizás tenga que desarrollar una labor de menos categoría que la anterior, y de acuerdo con esta redacción, parecería que hay que mantenerle el mismo sueldo. Pienso que esa no ha sido la intención, en cuyo caso convendría aclarar este aspecto. Pero lo que más me choca es que la persona en cuestión tenga una incapacidad permanente parcial y que, sin embargo, pueda desempeñar las mismas tareas que desempeñaba antes. En ese caso, no tiene sentido la incapacidad.

No sé si me asiste razón o no, pero así es como veo este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor senador: si una persona pierde un dedo de la mano, puede seguir realizando la misma tarea si no es, por ejemplo, la de dactilografía. Entiendo que puede tenerse una incapacidad permanente y continuar desempeñando la misma función; depende de la tarea y de la incapacidad.

Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Precisamente, iba a hacer una observación muy similar.

Piénsese, por ejemplo, en un jefe de sección, que desarrolla una tarea que no es manual; puede inclusive perder una mano y seguir ocupando el cargo con la misma eficiencia con que lo hacía antes de sufrir esa pérdida. Hay casos y casos.

Con respecto a establecer en el proyecto la remuneración, no creo que sea necesario aclarar que el sueldo sería menor, acorde con la nueva tarea; pero quizás sea bueno que quede constancia de este tema en la discusión.

Quiero referirme también -y como ya lo había adelantado- al último párrafo, a aquel que dice que el trabajador que no es reincorporado en 30 días tiene derecho a una indemnización especial, por despido; y se agrega que debe ponerse a las órdenes de la empresa.

Reitero: si se pone el plazo de 30 días de haber sido dado de alta para la reincorporación y luego la expresión "y ponerse a las órdenes de la empresa", se puede crear la duda de qué pasa cuando transcurrieron los 30 días y todavía no se puso a las órdenes de la empresa. Por esa razón, propongo una nueva redacción para el tercer párrafo.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Dado de alta el trabajador, se presenta a la empresa, solicita su reincorporación, y comienza a correr el plazo de 30 días. Operado el alta médico -que lo declara con un grado de incapacidad determinado o con una recuperación total- ese trabajador retorna a la empresa y solicita su reintegración. Comienza, entonces, un plazo de 30 días para que la empresa se expida sobre lo que va a hacer: si lo va a reincorporar en el mismo cargo, si le va a asignar otra función o si simplemente considera que no presenta las condiciones mínimas, desde el punto de vista funcional, para volver al cargo que tenía, y no tiene posibilidad de asignarle otro, sustitutivamente, en cuyo caso así se lo comunica.

Quiero aclarar que el plazo de 30 días tiene ese sentido; no el de que se le da el alta, transcurren 30 días y recién en ese momento el trabajador se dirige a la empresa. El plazo de 30 días es para que la empresa resuelva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - La explicación que ha dado el señor senador Tourné agrava más mis dudas.

En el tercer párrafo se dice -así lo leo- que dentro del plazo de 30 días de haber sido dado de alta debe ponerse a las órdenes de la empresa para reintegrarse al trabajo y, si no se reintegra dentro de ese lapso porque no quiso hacerlo, no ocurre la hipótesis de la indemnización especial. Pero el señor senador Tourné sostiene algo que me parece que no dice el artículo y que considero una solución peor que la que éste contiene. Afirma que el plazo de 30 días le corre a la empresa para decidir si reintegra o no al trabajador a partir de su presentación ante ella. Entonces, pregunto al señor miembro informante qué sucede si al trabajador en cuestión, en vez de reintegrarse dentro de los 30 días, se le ocurre presentarse a los 97, con todas las distorsiones que en el trabajo de una empresa puede crear una situación de incertidumbre respecto a si la ley lo obliga a tomarlo o no; el plazo es absolutamente incierto.

Tal como está redactado -y que me perdone el señor senador Tourné- eso no es lo que dice el párrafo. Pero si ese fuera el sentido, considero que la solución es muy inconveniente.

Reitero: el trabajador tiene todo el derecho de reclamar que se le reintegre, pero la empresa también tiene el derecho de saber a qué atenerse y cuándo termina la posibilidad de que se le aplique -por vía de sanción- esa indemnización triple a la que se refiere ese párrafo.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - La interpretación que hay que dar a esta redacción creo que es diferente de la que se viene manejando. Dentro de los 30 días tienen que haber pasado más cosas, es decir: 30 días contados a partir del alta, el trabajador tiene que haberse puesto a disposición de la empresa y ésta, a su vez, haberlo tomado.

Creo que esta es la interpretación correcta del artículo, y efectivamente ella está confusa.

No sé cuál es la proposición del señor senador Ricaldoni en cuanto a la modificación de la redacción. Pero está claro que en el mismo plazo de los 30 días desde el alta, tienen que producirse las dos condiciones: que el trabajador se ponga a la orden y que la empresa lo tome.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: me quedo tranquilo porque la interpretación del señor senador Olazábal de lo que se quiso decir y no se dice, es la misma que hago yo.

Voy a leer la redacción que propongo al Senado de este tercer párrafo: "La no reincorporación del trabajador en el plazo de 30 días de haber sido dado de alta, le da derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes, salvo que durante ese lapso no se hubiera puesto a la orden de la empresa".

Esa es la redacción que contempla mi punto de vista, y ahora veo que también es la del señor senador Olazábal.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Yo creo tener una interpretación ligeramente diferente de la de los señores senadores Ricaldoni y Olazábal. Veremos si nos podemos poner de acuerdo.

La situación es la siguiente. Un trabajador está bajo el sistema de accidentes de trabajo y percibe una indemnización. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Banco de Seguros lo dé de alta y deje de percibir la indemnización que sirve el Banco de Seguros. Entonces, lo natural es que dado de alta el trabajador vaya a la empresa y se ponga a las órdenes de ésta.

La empresa tiene, en principio, la obligación de reincorporarlo. ¿Tiene la obligación de reincorporarlo el mismo día que el trabajador se presenta a la empresa? ¿Al día siguiente? No; le damos a la empresa un plazo de treinta días, al cabo del cual tiene que reincorporarlo. Si no lo hace, surge el derecho del trabajador a obtener la indemnización especial por despido.

¿Por qué damos a la empresa un plazo de 30 días? Porque normalmente ese trabajador ha sido sustituido y habrá que hacer alguna transformación en el personal. Incluso en la Comisión hablamos mucho de cuál era el derecho del trabajador sustituto; pero ese no es el tema que plantea el señor senador Ricaldoni.

Entonces, aún admitiendo como posible que esté mal redactado este inciso 3º, me parece que hay que mantener claro, por un lado, la exigencia de que haya sido dado de alta; y por otro, que el trabajador se ponga a las órdenes de la empresa. Y ahí nace el plazo de 30 días para que la empresa lo reincorpore. Al cabo del mismo, si no lo ha reincorporado, el trabajador tiene derecho al despido especial.

Me parece que esa es la interpretación de lo que la Comisión y el Banco de Seguros quisieron expresar en este artículo.

19) ALTERACIONES DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pido excusas al Senado y al señor senador Ricaldoni porque voy a plantear una cuestión de orden.

Yo estoy inscripto para hacer uso de la palabra en la media hora final. No quise interrumpir -ni voy a hacerlo- este debate. Pensaba que podría terminar antes de las 21 horas, pero ahora veo que es posible que se extienda más allá de la hora en que debe terminar la sesión, de acuerdo a su Reglamento.

En la medida en que pueda existir acuerdo, voy a formular moción para que se prorrogue el término de la sesión, a fin de tratar este asunto que estamos considerando, el punto 3º del orden del día sobre Indemnización a los Productores por Accidentes Climáticos, y un proyecto de resolución que la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, ha sometido al Cuerpo, y que tiene que ser objeto de rápido pronunciamiento. Se trata de nuestra comparecencia a la Conferencia que realizarán en el mes de enero, en San José de Costa Rica, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo.

En ese sentido, señor Presidente, y si hubiera acuerdo, pediría que se prorrogara el término de la sesión a los efectos de considerar estos asuntos, y que al final se me permitiera hacer una muy breve exposición de homenaje al doctor Simón Waksman.

Formulo moción en ese sentido, señor Presidente. Si pudiera votarse ahora -y pido excusas- yo estaría más tranquilo en cuanto a lo que vamos a resolver en la noche de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. Se estructura un régimen obligatorio y se modifica el régimen pensionario

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión del Capítulo VIII del proyecto que figura en segundo término del orden del día.

Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Advierto algo que creo le asiste razón al señor senador Zumarán y que tampoco queda claro con la redacción que yo propongo.

Si entendí bien, el señor senador sostiene algo totalmente razonable en cuanto a que la empresa tiene que tener un plazo para reincorporarlo, que es distinto al plazo dentro del cual el trabajador está obligado a presentarse ante la empresa luego de haber sido dado de alta, so pena de quedarse sin indemnización triple. Creo que el señor senador Zumarán tiene razón y que hay que hacer otra redacción que contemple este otro aspecto que él señala.

Pido disculpas al señor Presidente, pero veo la luz amarilla y no me atrevo a improvisar velozmente.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: sucede que aquí también pueden surgir problemas que impidan al trabajador presentarse inmediatamente a la empresa.

De la misma forma que habíamos previsto un plazo más o menos generoso para la denuncia del accidente -previendo situaciones tales como accidentes en zonas absolutamente apartadas del país- también tenemos que contemplar -y muy especialmente en lo que tiene que ver con los peones de campo- la posibilidad de que los trabajadores accidentados sean dados de alta en la ciudad de Montevideo y deban trasladarse luego al lugar donde desempeñen su tarea, que quizá sea apartado o se halle incomunicado por fenómenos climáticos o algo similar.

A pesar de encontrar cierta razonabilidad a lo que expresaba el señor senador Zumarán, creo que la redacción propuesta por el señor senador Ricaldoni contempla de alguna forma estos casos. El texto que sugiere el señor senador no define estrictamente una sucesión de plazos, que haría prácticamente infinito el término de reintegro del trabajador y, a la vez, toma en cuenta que el primer interesado en reintegrarse al trabajo es él, para no perderlo. No debe esperarse que después de dado de alta, el trabajador demore innecesariamente en presentarse a la empresa.

Considero que un término de 30 días, aunque quizás no sea la solución perfecta, contempla de alguna forma todos los intereses que están en juego. De lo contrario, habría que establecer plazos por separado: uno, para que el trabajador pueda reintegrarse y otro para que la empresa decida si lo reintegra o no, lo que no me parece práctico.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa concede un plazo de gracia al señor senador Ricaldoni.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No me agradan los plazos de gracia, señor Presidente.

Quizá esto se pueda contemplar, porque advierto que la hipótesis del señor senador Zumarán obliga a considerar dos plazos distintos: uno, dentro del cual debe presentarse el trabajador y otro que debe empezar a correr dentro de ese plazo, a partir del momento de presentación del trabajador, para que la empresa lo reincorpore.

Creo que esa es la idea del señor senador, y me parece correcta. Por lo tanto, agregaría al texto que he propuesto una nueva frase que expresara lo siguiente: "La reincorporación deberá hacerse efectiva en un plazo de equis días -no sé cuántos- que correrán a partir del momento en que el trabajador se haya puesto a la orden de la empresa".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si al señor senador Ricaldoni no le molesta, creo que la redacción podría ser la siguiente: "El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro de los treinta días de haber sido dado de alta. Si la empresa no lo readmitiera dentro de los treinta días siguientes a su presentación, tendrá derecho a una indemnización por despido, equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes".

SEÑOR RICALDONI. - Estoy de acuerdo con la tesitura de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Y los plazos siguen iguales para los dos.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - La redacción sugerida por la Mesa es buena, no así los plazos porque prolongan la situación a 60 días. En consecuencia, en lugar de esos plazos, propondría 15 días y 15 días. Así se estaría dentro de los 30 días, cosa que parece más razonable. Por otra parte, no hay imposibilidad de presentación en el lugar que exceda el plazo de 15 días. De modo que, repito, son absolutamente razonables dos plazos de 15 días.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pero en la fórmula que di a conocer, el primer plazo lo maneja el trabajador. De manera que si comparece el primer día, ya empieza a correr el segundo plazo. Sin embargo, si todos están de acuerdo, se hará como sugiere el señor senador Olazábal.

(Apoyados)

El artículo 69, quedaría redactado de la siguiente manera: "El trabajador, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, deberá ser reincorporado, si así lo solicita, al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada".

El inciso segundo permanecería igual y el tercero tendría que decir lo siguiente: "Si la empresa no lo readmitiera dentro de los treinta días siguientes a su presentación, tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 69 con las correcciones indicadas.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Me quiero referir al artículo 73 de este proyecto que dice que esta ley comenzará a regir a los 90 días de publicada en el "Diario Oficial".

Como este proyecto tiene un trámite pendiente, la otra media sanción, se puede llegar hasta la situación de que transcurra este período parlamentario, que venga el receso, que luego se genera una discusión en la Cámara de Representantes y que, si todavía a todo esto se le agrega el hecho de que recién va a regir 90 días después de publicada y que un número importante de beneficiarios pueda quedar sin contemplar.

Por consiguiente, sin perjuicio de que los señores senadores que han trabajado arduamente en el estudio de este proyecto tengan otra opinión, entiendo que sería conveniente que comenzara a regir inmediatamente después de su publicación. Además, el Banco de Seguros ha seguido paso a paso el trámite de este proyecto, por lo que ya debe estar tomando las previsiones del caso, a los efectos de adecuar su estructura administrativa a la nueva norma.

Nada más.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: este plazo fue materia de negociación con el Banco de Seguros del Estado. Por otra parte, este proyecto crea un aumento de las obligaciones financieras del Banco. No solamente por lo que dice el artículo 71 sino, en general, el proyecto crea obligaciones financieras más importantes de las que ha soportado en el pasado hasta ahora. En primera instancia se había hablado del plazo de un año cosa que nos pareció excesiva. El proyecto del Banco lo redujo a 180 días y, en una negociación posterior, en el caso de la Comisión se transó en 90 días. Es decir, que fue producto de un acuerdo entre los miembros de la Comisión y el Banco, por lo cual no me encuentro en condiciones de votar un plazo inferior al establecido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, a continuación, el resto de los artículos que componen el Capítulo VIII, salvo el 73.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 73, tal como viene en el proyecto de la Comisión.

(Se vota:)

"CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previsto en esta ley.

Art. 2º. - Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes.

Art. 3º. - A los efectos de esta ley, entiéndese por patrono toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta, que utilice el trabajo de otra, sea cual fuere su número; y por obrero o empleado, a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación.

No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Art. 4º. - La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración.

b) A quienes trabajen en su propio domicilio, por cuenta de terceros.

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs.

Las instituciones que explotan los hipódromos cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos, serán consideradas patronos.

Art. 5º. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aún y cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo.

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Art. 6º. - Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de otra, no está comprendida en la presente ley.

Art. 7º. - Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que los que esta ley les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo por parte del patrono o culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además, el Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (pérdida del seguro, recuperaciones de gastos y multas).

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecida por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables por tanto las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

Art. 8º. - El Banco de Seguros del Estado, prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por esta ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar.

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional.

A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica.

El Banco de Seguros del Estado deberá exigir en todos los casos del patrono no asegurado, la constitución del capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 36.

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono, o convenida con el Banco de Seguros del Estado una fórmula de pago, se efectuarán las reliquidaciones que correspondan.

Art. 9º. - Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a la indemnización aun cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en el caso de haberlo provocado dolosamente.

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación.

Art. 10. - El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución.

El Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados o víctimas de enfermedades profesionales a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda derivarse de tal internación.

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuera otorgada, el trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida en el artículo 19 por todo el tiempo que realice dichas tareas remuneradas.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador, dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiere.

Art. 11. - La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones.

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de seis sueldos mínimos nacionales.

Art. 12. - En cuanto exceda de la indemnización que esta ley pone a cargo del Banco de Seguros del Estado o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, el trabajador siniestrado, o sus causahabientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros del Estado.

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos daños.

Esta indemnización será servida por el Banco de Seguros del Estado en la forma prevista en los artículos 25 y siguientes, mediante la constitución del capital correspondiente para servirla.

El Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causahabientes con referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos.

Art. 13. - Esta ley es de orden público. Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto liberar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que ella impone o que sea derogatorio de sus disposiciones, es absolutamente nulo.

Art. 14. - No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) que estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono;

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

Art. 15. - Cuando el obrero o empleado trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.

Este régimen se aplicará también, en el caso de que realice más de una actividad, para un mismo patrono.

Art. 16. - Las rentas de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija esta ley, serán incedibles, inembargables e irrenunciables.

No obstante ello, la renta por incapacidad permanente que el accidentado reciba del Banco de Seguros del Estado, podrá servir de garantía para préstamos de entidades bancarias oficiales, en el mismo carácter que los sueldos o jubilaciones de funcionarios públicos.

El Banco de Seguros del Estado, podrá retener, expresamente autorizado por el afiliado, de cada renta que sirve, el importe de la cuota social de la asociación con personería jurídica, que represente a los rentistas y pensionistas vitalicios del Banco.

Art. 17. - Las indemnizaciones que establece esta ley, se determinarán de acuerdo a la remuneración real que perciba el trabajador, la que nunca será considerada menor al salario mínimo nacional.

Art. 18. - Los salarios que sirven de base para las indemnizaciones, no tendrán límite máximo, salvo el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutivo por razones de interés general, previo informe del Banco de Seguros del Estado. En este último caso, ese límite no podrá ser nunca inferior a quince salarios mínimos nacionales.

CAPITULO II - DE LAS INDEMNIZACIONES TEMPORARIAS

Art. 19. - Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a esta ley, se regularán por las siguientes disposiciones:

I- El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre los 2/3 partes del jornal o sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos.

II- Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a las 2/3 partes del salario diario que resulte de dividir por 150 el salario semestral.

III- Para los trabajadores que realicen tareas de "zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 29 del Capítulo III.

IV- En el caso de los trabajadores rurales, se tendrá en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes.

V- El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente.

Art. 20. - Si el salario de un trabajador está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por 150 el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los 6 meses anteriores.

Art. 21. - Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido todavía 6 meses desde que el obrero o empleado empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso, por los trabajadores similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún establecimiento o actividad afines.

Art. 22. - Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero (inclusive propinas) o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia.

Art. 23. - El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal fijada en el artículo 19 de esta ley, se actualizará como mínimo cada cuatro meses, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente, y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización.

Art. 24. - La indemnización por incapacidad temporal, cesa en el momento de la cura completa o consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable se establecerá de inmediato el monto de la renta.

CAPITULO III - DE LAS RENTAS POR INCAPACIDADES PERMANENTES

Art. 25.I. - La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna, si la reducción de la capacidad profesional no alcanza al 10% (diez por ciento). No obstante el trabajador que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aun por aquellos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, siempre que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo y a partir de ese momento. La indemnización correspondiente a cada accidente o enfermedad profesional, será liquidada por separado, sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo.

II- En caso de accidentes o enfermedades profesionales que originen una incapacidad permanente igual o superior al 10% (diez por ciento) y no mayor del 20% (veinte por ciento), a solicitud de la víctima, y previa conformidad del Banco de Seguros del Estado, el siniestrado recibirá como indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la incapacidad haya originado en el sueldo o salario. El Banco de Seguros del Estado tendrá en cuenta para dar su conformidad, el tipo de lesión y la posibilidad existente sobre la evolución de la incapacidad que lleve a ésta a superar en el futuro el citado porcentaje del 20% (veinte por ciento). De no darse los presupuestos citados de solicitud del obrero y conformidad del Banco, se procederá en la misma forma establecida en el inciso III de este artículo.

III- En caso de incapacidades permanentes superiores al 20% (veinte por ciento), se abonará una renta igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el incapacitado por la entidad de sus lesiones, no pudiere subsistir sin la ayuda permanente de otras personas, la renta se elevará al 115% (ciento quince por ciento) del sueldo o salario.

IV- En caso de que un siniestrado haya percibido la suma establecida en el numeral II, y que sufriera una nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superara el 20% (veinte por ciento), se procederá en la siguiente forma:

a) si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la indemnización, liquidada de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral III, desde la fecha del alta del accidente del trabajo o enfermedad profesional que originó la última incapacidad;

b) si no hubiera pasado dicho período de tres años, se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento de incapacidad), en la forma establecida en el numeral III.

Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial.

V- En circunstancias excepcionales, cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera particularmente ventajosa para la integridad física del trabajador, de acuerdo a informes técnicos terminantes en establecer una salvaguarda de la vida o mejoramiento de la incapacidad, a solicitud del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado, podrá cancelar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos.

Tal resolución requerirá 5 votos conformes del Directorio.

Art. 26. - La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del accidente hubiere recibido a título de sueldo o salario, lo que se hará multiplicando por 24 el promedio del salario medio quincenal ganado en el último semestre anterior al accidente, siempre que haya trabajado por lo menos 150 días durante ese semestre.

En caso de no haber llegado a trabajar 150 días en el semestre anterior, se aplicará el criterio establecido en el artículo siguiente.

Art. 27. - Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante 6 meses con anterioridad al accidente de trabajo o a la fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, en las condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual será determinado multiplicando por 24 el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas en los últimos 6 meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, durante ese período.

Si la víctima ha ingresado al establecimiento en la quincena en que se produjo el accidente de trabajo o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, se tomará como base para calcular la indemnización, el salario medio de los trabajadores similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimiento afines.

Art. 28. - Si el siniestrado trabajara a destajo, el cálculo del salario anual, se hará multiplicando por 300 el salario diario medio en el último trimestre anterior al accidente o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional.

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los operarios válidos similares de este establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Art. 29. - Para quienes realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual se efectuará multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a 24 por el salario quincenal medio ganado por los trabajadores válidos de su categoría fuera de la época de zafra. Esta regla se aplicará tanto si el accidente o abandono en caso de enfermedad profesional, ocurriera durante el período de la zafra, como si tuviere lugar durante el resto del año.

La cantidad resultante, se actualizará de acuerdo a los índices de salarios de la Dirección General de Estadística y Censos correspondientes al mes de la fecha del accidente o abandono en caso de enfermedad profesional y a seis meses antes.

Art. 30. - Los aprendices y trabajadores menores de 21 años que no gocen de remuneración o cuando ésta sea inferior a la de los demás trabajadores ordinarios, tendrán derecho, en caso de incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la multiplicación por 300 del salario diario más bajo de los trabajadores ordinarios válidos, empleados en el mismo establecimiento o análogos y en la misma localidad.

Por trabajador ordinario válido se entiende el que, sin constituir una especialidad en su género, goza de la plenitud de sus aptitudes profesionales.

Art. 31. - A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo, rige lo dispuesto en los artículos 19 al 23 inclusive.

Art. 32. - El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente, deberá suministrar por escrito al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a que se dedica, género de la misma, salarios que percibe y nombre de su patrón, pudiendo el Banco suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información.

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera mediado dolo de parte del trabajador en la adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá éste la misma facultad.

Art. 33. - Si las personas amparadas por la presente ley se radicaran en otro país, sin designar apoderado en forma, se les suspenderá el pago de la renta. Dicho pago se reiniciará, conjuntamente con los atrasos, cuando aquéllas propongan otra forma de cobro de las mencionadas obligaciones, aceptada por el Banco de Seguros del Estado.

De existir convenios de previsión social con algún país, se estará a lo que se establezca en los mismos.

Sin embargo, los derecho-habientes de trabajadores fallecidos que viviesen en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que luego vinieran a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de esta ley, sólo a partir de la fecha de su radicación en el país y mientras dure su permanencia en el mismo.

Art. 34. - El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones, establecidas en el artículo 25, se actualizará una sola vez, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente o se diagnosticó la enfermedad profesional, y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta.

Art. 35. - El Banco de Seguros del Estado ajustará como mínimo una vez al año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva del índice medio de salarios establecido por la Dirección General de Estadísticas y Censos.

En el caso de ajuste anual, el mismo se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de 12 meses que finaliza en el mes de setiembre anterior al del ajuste.

Para las rentas que comenzaren a servirse en el transcurso del año, se considerarán a los efectos de su ajuste, los índices correspondientes al mes de setiembre anterior al del ajuste y a cuatro meses antes del mes en que se inició la renta.

En caso de ajuste en un plazo inferior al año, se procederá en una forma similar. A los efectos del cálculo en este caso se considerarán los índices correspondientes a cuatro meses antes de la fecha del ajuste anterior, y a cuatro meses antes de la fecha del nuevo ajuste.

Las rentas que sirva el Banco de Previsión Social por incapacidad permanente o muerte a los trabajadores rurales, las ajustará en la misma forma, de acuerdo a los índices aplicados por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 36. - En el caso de rentas correspondientes a trabajadores cuyos patronos no estuvieran asegurados a la fecha de los accidentes o enfermedades profesionales, dichos patronos deberán constituir en el Banco de Seguros del Estado el capital de la renta que se origine, el que se establecerá en la forma que se indica a continuación.

Se tomará como base la suma necesaria para servir la renta, evaluada a la fecha de inicio de la misma, calculada según las tablas del Banco de Seguros del Estado, la que se reajustará por el artículo 57 de esta ley.

Art. 37. - La renta anual por incapacidad permanente o muerte, es íntegramente compatible con las jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social.

CAPITULO IV - DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 38. - Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral, o que estén presentes en el lugar de trabajo.

Art. 39. - Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquéllos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Art. 40. - Las enfermedades profesionales indemnizables son aquellas enumeradas por el Decreto Nº 167/981, de 8 de abril de 1981.

Art. 41. - El trabajador o en su caso el patrono podrán acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo.

Art. 42. - La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Art. 43. - Serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, y los periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualesquiera otros que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre prevención de enfermedades profesionales.

El patrono que no exija al trabajador el cumplimiento de los exámenes a que se hace referencia en este artículo, asumirá la responsabilidad del riesgo.

Si el trabajador se niega a someterse a los mencionados exámenes, será suspendido en el trabajo hasta que desista de esa actitud.

Art. 44. - Las indemnizaciones temporales por enfermedades profesionales se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de esta ley, salvo en lo que respecta a la indemnización diaria que se calculará sobre la base de la totalidad del jornal o sueldo mensual que percibía el siniestrado en el momento en que se diagnostique su enfermedad, y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas.

Art. 45. - Las rentas por incapacidades permanentes originadas por enfermedades profesionales se liquidarán en la forma establecida en el Capítulo III de esta ley. Mientras el Estado no funde escuelas de reeducación profesional y se reglamenten los derechos y obligaciones de los egresados, el concepto de incapacidad total y permanente se establecerá en función directa del oficio o labor desempeñado por el beneficiario, sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer otro trabajo.

CAPITULO V - DE LOS DERECHO-HABIENTES

Artículo 46. - En caso de accidente o enfermedad profesional que haya producido la muerte del siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Una renta vitalicia igual al 50% del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho, a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el siniestro, o que el celebrado posteriormente tenga una duración de más de 1 año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino del siniestrado que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de 1 año, a la fecha del fallecimiento.

En el caso de que el único con derecho a percibir rentas de manera permanente, sea el cónyuge o concubino sobreviviente, el porcentaje se elevará a las dos terceras partes del salario o remuneración anual.

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen para los menores de 18 años y hasta esa edad; y a los mayores de 18 años discapacitados que vivían a expensas del trabajador, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los uniere, siempre que se justifique este hecho aún sumariamente.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o discapacitados fueren hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como otros descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad del derecho-habiente, se presentarán las partidas de estado civil pertinentes y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente.

c) La renta, si los menores o incapaces concurren con el cónyuge o concubino sobreviviente, será del 20% (veinte por ciento) del salario anual, si no hay más que uno; del 35% (treinta y cinco por ciento) si hay dos; del 45% (cuarenta y cinco por ciento) si hay tres y del 55% (cincuenta y cinco por ciento) si hay cuatro o más.

d) Si no hay cónyuge o concubino sobreviviente, la renta de los menores o incapaces se elevará al 50% (cincuenta por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

De no concurrir los beneficiarios mencionados en el inciso a), tendrán derecho a renta los ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La misma será equivalente al 20% (veinte por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

Art. 47. - La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo anterior, a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% (cien por ciento) del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje, cada una de ellas será reducida proporcionalmente.

CAPITULO VI - PROCEDIMIENTOS

Artículo 48. - En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados asegurados en el Banco de Seguros del Estado, o al tener conocimiento de enfermedades profesionales, los patronos deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las 72 horas de que el hecho se produjera en Montevideo y en un plazo de 5 días hábiles, por un medio fehaciente, cuando se trata de los demás departamentos.

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, incurrirán en una multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades Reajustables y a 100 (cien) en caso de reincidencia.

Art. 49. - El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del plazo de 15 días continuos.

Art. 50. - La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla situado el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los testigos.

Art. 51. - Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigarse dudas sobre el carácter del accidente, deberá presentar dentro del plazo de 20 días, exposición escrita ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición deberá darse noticia al patrono, al trabajador o a sus derecho-habientes.

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del Departamento de Montevideo, el plazo será de 30 días.

El Banco de Seguros del Estado se pronunciará dentro del término de 90 días. La resolución del Banco, deberá comunicarse al patrono, al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de los 10 días subsiguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al Juzgado que corresponda.

Art. 52. - Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización labrándose las actas que correspondieren.

Art. 53. - En todos los casos el Asesor Letrado de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, o los Fiscales Letrados Departamentales, según corresponda, podrán solicitar del Banco los antecedentes que juzguen necesarios y controlar la determinación y cumplimiento de las indemnizaciones.

Art. 54. - El siniestrado o el Banco podrán solicitar la revisión de la renta permanente que se sirve, siempre que haya transcurrido un año de su fijación o revisión anterior.

Art. 55. - Toda controversia originada por la fijación del salario, o de la renta, aumento o disminución de la capacidad o cualquiera otra suscitada por la aplicación de esta ley, será resuelta judicialmente siguiéndose el procedimiento vigente en materia laboral.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente.

Sin perjuicio del trámite judicial establecido, cuando la controversia radique en el grado de incapacidad permanente a adjudicar al damnificado, con carácter previo a la decisión jurisdiccional, el Banco de Seguros del Estado abonará una renta al siniestrado según el grado de incapacidad que determine por mayoría simple, un Tribunal Médico integrado por tres médicos: dos designados por el Banco de Seguros del Estado y el otro por el siniestrado.

Este Tribunal, que funcionará en el Banco de Seguros del Estado, recibirá los antecedentes sobre los que se expedirá en un plazo máximo de treinta días.

En el ínterin el Banco servirá la renta correspondiente al grado de incapacidad adjudicado por sus servicios técnicos.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES TENDIENTES A GARANTIR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo 56. - El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal, establecida en el artículo 1º de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del Estado, podrá ser sancionado con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que haya omitido la primera vez, y del cuádruplo de dicha cantidad, por las omisiones siguientes. Esta multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 (cincuenta) Unidades Reajustables la primera vez, y de 200 (doscientas) Unidades Reajustables en cada reincidencia.

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes el Banco decrete la caducidad de la póliza por no haber abonado su premio en tiempo y forma.

Art. 57. - Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de esta ley, constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II, del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo al decreto ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes, contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del inciso 4º del artículo 2369 del Código Civil y artículo 1732, inciso 4º del Código de Comercio.

Art. 58. - Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos de determinar los jornales pagados y cualquier otro aspecto conexo con esta ley. De no hacerlo así, el Banco podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las liquidaciones de oficio que practique.

El patrono que formule falsa declaración en perjuicio del Banco o del trabajador siniestrado, incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular", tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 59. - No obstante el derecho del siniestrado o sus causahabientes a procurar por medios propios su defensa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social les asesorará y proporcionará la defensa que requieran para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio.

En el interior del país y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo asesoramiento, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados.

Art. 60. - Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con la obligación de asegurar podrán adoptarse medidas cautelares a solicitud fundada del Banco del siniestrado o sus causahabientes. El juez podrá decretar las medidas cautelares sin más trámite, prescindiendo de la contra cautela prescripta en el artículo 313, apartado 5º del Código General del Proceso y la constancia del monto de la deuda será sustituida por una estimación de la misma realizada por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 61. - Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de esta ley para importar, exportar, intervenir en licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución de utilidades o dividendos.

Art. 62. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado deberá remitir a las instituciones de crédito, públicas y privadas, nómina de las personas y empresas omisas en el cumplimiento de esta ley, a los efectos de que se supedite la concesión de préstamos a la regularización de la situación de incumplimiento. La Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social pondrán a disposición del Banco de Seguros del Estado, la información de sus registros de contribuyentes para un completo relevamiento de las actividades comerciales e industriales.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63. - Los médicos, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades de asistencia médica, están obligados a informar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del Estado, sobre todas las cuestiones vinculadas con esta ley, en que hayan tenido participación.

Art. 64. - Los Inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con excepción del hogar, a todos los lugares del trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública a estos fines.

Art. 65. - Serán competentes para entender en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 57 y en las demás controversias que se susciten por aplicación de esta ley, los Jueces Letrados de 1ra. Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de 1ra. Instancia en los departamentos donde no los hubiere, quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios.

Art. 66. - Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a esta ley, por constitución de capitales necesarios para el servicio de rentas, y demás obligaciones a cargo de los patronos o del Banco, prescribirán a los 10 años contados desde el día en que las obligaciones se hicieren exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el trabajador según el caso.

La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada.

Art. 67. - El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años. Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención, adoptadas en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas, previsto en esta ley, no determinarán en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.

Las reservas técnicas originadas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán invertirse de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, de manera de asegurar una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores.

El beneficio neto de explotación del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales no podrá ser mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas en esta Cartera por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en consideración.

- las indemnizaciones por incapacidad temporaria;

- las reservas matemáticas;

- las rentas por incapacidad permanente o muerte;

- las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas;

- las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica;

- la provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos;

- las reservas para morosos;

- las reservas de emergencia y catástrofe;

- los gastos administrativos e impuestos; y

- una partida de hasta un 1% (uno por ciento) de los premios del año anterior, destinada a prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se incluirá en el Presupuesto Operativo del Banco.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% (diez por ciento) de las primas percibidas, la pérdida actualizada sufrida en la misma Cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que tuvo lugar la pérdida.

Art. 68. - Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% (diez por ciento) de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Rehabilitación de Trabajadores Discapacitados por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". Este Fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la rehabilitación de trabajadores discapacitados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

b) Instituir becas para el estudio de la rehabilitación de discapacitados.

c) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre rehabilitación.

Art. 69. - El trabajador víctima de una accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada.

Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos 180 días, a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa grave superveniente.

El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro de los quince días de haber sido dado de alta. Si la empresa no lo readmitiera dentro de los quince días siguientes a su presentación, tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes.

Art. 70. - No podrá imputarse al goce de licencia el tiempo no trabajado por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Art. 71. - Las rentas que actualmente sirve el Banco por muerte o por incapacidades permanentes iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento) (artículo 25), se reajustarán a la fecha de vigencia de la presente ley, tomando como salario base el mínimo nacional en todos aquellos casos en que la renta percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo.

Ninguna renta por incapacidad permanente que se haya otorgado y servido con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrá tener un monto inferior a un 15% (quince por ciento) del salario mínimo nacional.

Los mencionados reajustes se efectuarán en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan, pero en todo caso no más allá del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.

Art. 72. - Deróganse las Leyes Nos. 10.004, de 28 de febrero de 1941 y 12.949, de 23 de noviembre de 1961, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 73. - Esta ley comenzará a regir a los 90 días de publicada en el "Diario Oficial".

Art. 74. - Comuníquese, etcétera".

21) CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA EUROPA - AMERICA LATINA. Proyecto de resolución por el que aconseja el nombramiento de una delegación para concurrir a sus sesiones.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que el asunto que figura en el numeral 19 del orden del día sea puesto a consideración de inmediato porque me temo que el Senado quede sin número y, en ese caso, el Uruguay no podrá estar presente en la Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina, a celebrarse en Costa Rica a principios del año que viene.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en el numeral 19, que pasa a ser tercero: "Proyecto de Resolución por el que se designa una delegación para concurrir a la Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina, a celebrarse en San José de Costa Rica, entre los días 30 de enero y 6 de febrero de 1989". (Carp. Nº 1302/88 - Rep. Nº 197/88).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1302/88
Rep. Nº 197/88

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Resuélvese concurrir a la Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina, a celebrarse en San José de Costa Rica, entre los días 30 de enero y 6 de febrero de 1989.

La Presidencia del Senado, en acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, designará la Delegación que representará al Cuerpo en dicha reunión.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 1988.

Hugo Batalla, Justino Carrere Sapriza, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Francisco Terra Gallinal. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo.

(Se lee:)

"Artículo Unico. - Resuélvese concurrir a la Conferencia Interparlamentaria Europa - América Latina, a celebrarse en San José de Costa Rica, entre los días 30 de enero y 6 de febrero de 1989.

La Presidencia del Senado, en acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, designará la Delegación que representará al Cuerpo en dicha reunión".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) PRODUCTORES AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS ENTRE EL 1º DE ABRIL Y EL 30 DE SETIEMBRE DE 1988. Se dispone pago de indemnización.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el 3er. punto del orden del día que pasa a ser 4º: "Proyecto de ley por el que se dispone el pago de una indemnización a productores afectados por fenómenos climáticos ocurridos entre el 1º de abril y el 30 de setiembre de 1988". (Carp. Nº 1298/88 Rep. - Nº 196/88).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1298/88
Rep. Nº 196/88

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente Proyecto de Ley

Artículo 1º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer de Rentas Generales la suma necesaria a efectos de indemnizar a los productores dedicados a la floricultura, horticultura, fruticultura y viticultura, afectados en sus cultivos en más de un 30% (treinta por ciento) de la cosecha probable estimada por la zafra 1988/89. En el caso de las plantaciones frutícolas y vitícolas, siempre que no se hubiere llegado al período de producción, los daños se considerarán "sobre madera".

Deberán considerarse, para el otorgamiento de la indemnización propuesta, los daños producidos por fenómenos climáticos (granizadas, vendavales y heladas), ocurridos entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 1988.

Art. 2º. - Cométese al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección del Plan de Promoción Granjera, la determinación de los daños causados a los establecimientos granjeros por fenómenos climáticos (granizadas, vendavales y heladas) ocurridos en el período cumplido entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 1988. A efectos de facilitar su tramitación, se tomarán en cuenta, además, las evaluaciones de los daños realizados por el Banco de la República Oriental del Uruguay y las Intendencias Municipales de los departamentos donde ocurrieron los accidentes climáticos.

Art. 3º. - En un plazo no mayor de quince días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección del Plan de Promoción Granjera, procederá a comunicar a los productores asistidos el monto primario de la indemnización correspondiente a su establecimiento, siempre que hubieren cumplido con lo dispuesto en el artículo 4º de esta ley, respecto a la presentación de su declaración de daños.

Art. 4º. - La Dirección del Plan de Promoción Granjera, al efectuar la recepción de daños, entregará al declarante una tarjeta identificatoria de su expediente, la que deberá ser exhibida, conjuntamente con la documentación probatoria de identidad y la notificación de la indemnización acordada, a efectos de su cobro.

Art. 5º. - La indemnización otorgada de conformidad con la presente ley, será abonada a los productores en dos cuotas iguales, debiéndose abonar la primera de ellas a los quince días de la notificación de la indemnización que le correspondiere y la segunda cuota treinta días después.

La Dirección del Plan de Promoción Granjera dispondrá una nueva inspección ocular evaluatoria de los daños sufridos por todo beneficiario de una indemnización mayor de N$ 300.000 (trescientos mil nuevos pesos), previa al pago de la segunda cuota, procediendo a su reajuste en caso de constatarse daños menores a los pronosticados en la primera inspección realizada.

Art. 6º. - En casos de medianería o aparcería, la indemnización que correspondiere se distribuirá entre las partes, conforme al contrato o acuerdo que éstas realizaren o hubieren convenido con anterioridad.

Art. 7º. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de diciembre de 1988.

Hugo Granucci 1er. Vicepresidente
Héctor S. Clavijo Secretario"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: de acuerdo con la resolución aprobada en el día de ayer por el Senado, la Comisión incluyó, en su agenda de trabajo de hoy, el estudio del proyecto de ley de referencia, a fin de traer un informe, aún cuando fuera verbal.

La sesión de la Comisión, como señalamos, estaba destinada a una tarea para la que se había invitado a los industriales de la carne, al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los representantes de INAC, a los efectos de tratar el tema relativo al precio de las haciendas, lo que insumió dos horas de su trabajo.

Luego entramos a este tema y el señor Ministro formuló una exposición absolutamente contraria a la aprobación del proyecto, sosteniendo que era partidario de soluciones permanentes y de fondo y no de aquellas que atienden cuestiones circunstanciales.

Oída la opinión del señor Ministro, la Comisión deliberó sobre el tema un rato, sin lograr ponerse de acuerdo sobre el mismo.

Debo decirle al Senado que si se hubiera sometido a votación ella hubiera sido negativa, lo que habría contrariado el propósito del Cuerpo de tratar el proyecto en el día de hoy. Por consiguiente, soslayamos esa votación y resolvimos traer el asunto al Senado en los términos en que está, simplemente discutido entre los miembros de la Comisión, no habiendo logrado no sólo consenso sino la mayoría necesaria para traerlo informado favorablemente.

Por lo tanto, el Senado es ahora el dueño del tema.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Efectivamente, el trabajo de la Comisión se desarrolló en la forma descripta por el señor senador Pereyra.

Nosotros tenemos opinión favorable en el sentido de que el Cuerpo vote afirmativamente el proyecto de ley venido con sanción de la Cámara de Representantes. Sabemos que la situación en que debe abordar el tratamiento no es la mejor ni disponemos de demasiado tiempo: pero el proyecto en sí mismo contiene límites muy precisos en cuanto a las facultades que se le conceden al Poder Ejecutivo.

En principio, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a disponer de Rentas Generales la suma necesaria a los efectos de indemnizar a los productores dedicados a la floricultura, horticultura, fruticultura y viticultura, afectados en sus cultivos en más de un 30% de la cosecha probable y estimada para la zafra 88-89.

Plantea dos elementos iniciales. En el primero se trata de una facultad que se le concede al Poder Ejecutivo; no le impone una obligación, sino que lo faculta. En el segundo, sólo obliga a indemnizar en la medida en que el daño sea de una cuantía superior a un 30% de la cosecha probable.

No somos partidarios de este tipo de soluciones. Desde hace tres años y medio hemos propugnado en la Comisión de Agricultura y Pesca la sanción de un proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar, desde el momento que se votara, las indemnizaciones para los productores afectados por la granizada del 8 de noviembre de 1984. Recuerdo que en aquel proyecto de ley había una disposición específica que preveía que, a los efectos de no tener que actuar en cada circunstancia sobre el hecho consumado de los daños que provocaron los fenómenos climáticos, debía recurrirse a una legislación que estableciera un seguro que se entendía imprescindible y que comenzaría por algunos rubros para extenderse, luego, a otros como los que aquí se mencionan.

Han transcurrido tres años y medio, lo que ya fue señalado por el señor senador Pozzolo. En la Comisión de Agricultura y Pesca existe un proyecto presentado por legisladores de la bancada del Frente Amplio, entre los cuales me cuento, que prevé sobre las mismas bases en que el Poder Ejecutivo podía elaborar un proyecto de seguro sobre estos rubros, los mecanismos para que estos se establecieran. Sin embargo, han pasado tres años y los productores siguen a la intemperie y absolutamente desprotegidos frente a cualquier accidente que se plantee. Recurrentemente, cada seis meses -preveo que si esto no se aprueba volverá a plantearse el año próximo- el Poder Legislativo se ve enfrentado a situaciones como esta, de índole real, porque la gente que sufre pérdidas de esta naturaleza o desaparece como productores o vive empeñada por 5 ó 6 años, hasta que logra recuperarse.

Si el Estado ha sido incompetente para poder atender mediante una legislación estable la sanción de un proyecto de ley que atienda permanentemente los intereses de estos sectores, que frecuentemente se ven afectados por la variabilidad de nuestro clima y por los accidentes que aparezcan, corresponde en el caso concreto que adoptemos medidas que tiendan a protegerlos.

Tenemos una legislación planteada con media sanción de la Cámara de Representantes que, en atención a que no hay una ley general, voy a votar favorablemente porque considero que esta gente no puede continuar desprotegida.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Como ya lo han adelantado los demás colegas que han hecho uso de la palabra, en la Comisión de Agricultura y Pesca no hallamos consenso a los efectos de pronunciarnos sobre este proyecto, ya que había gran disparidad de opiniones.

En esa instancia también tuvimos la opinión contraria del Poder Ejecutivo. Pero consideramos que alguna solución tenemos que buscarle a la situación de estos productores granjeros. Ya son muchas las oportunidades en que sufren pérdidas, sobre todo las que debieron soportar en 1988.

Como sabemos que hay un proyecto a estudio del Poder Ejecutivo sobre seguro integral, pensamos que con él no obligamos sino que facultamos al Poder Ejecutivo a hacer efectivo el pago de estas indemnizaciones. Por eso, vamos a apoyar este proyecto de ley con la esperanza de que sirva de base y agilice los trámites del que atenderá los problemas de fondo, dando tranquilidad tanto a los legisladores como a los productores.

Consideramos que el Parlamento no puede estar tratando, cada poco tiempo, la misma situación.

Nosotros, que hemos conocido a los granjeros personalmente, no podemos permanecer en silencio cuando se viene a tratar un proyecto de esta naturaleza.

En ese sentido, señor Presidente, con la esperanza de que a la brevedad el Poder Ejecutivo eleve su proyecto de seguro integral, vamos a acompañar este proyecto de ley en nombre de la Unión Colorada y Batllista.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que es serio, que contempla objetivamente la situación y que marca pautas muy claras para la determinación de los daños a través de evaluaciones diversas, del plan granjero, de la intervención de institutos oficiales que puedan haber tomado conocimiento de estas circunstancias y porque es la única solución que podemos manejar en estos momentos.

De mis recuerdos de hace 30 años en este Parlamento, los problemas permanentemente suscitados por fenómenos de orden climático no han tenido soluciones concretas. El ideal es enfocar una situación global, un gran seguro contra accidentes climáticos que dé tranquilidad y amparo a los productores rurales, en general, y particularmente a los granjeros, porque las dificultades, la complejidad que entraña una solución de esta naturaleza, la importancia de un financiamiento que, prácticamente, se revierte en la necesidad del apoyo de fondos públicos, en definitiva, hace que no tengamos otro camino. Ello no obsta a que se señalan esas orientaciones de carácter general.

Es verdad, y se ha dicho como un axioma en esta materia, que si para el productor del campo es importante el suelo, la fertilidad de la tierra, no menos cierto resulta la importancia del cielo.

Tenemos que agregar al suelo, el cielo, porque sobre todo en un país con contingencias climáticas tan variables y adversas, de distinto signo y naturaleza, es verdad que no solamente sirve la preocupación que el hombre ponga sobre la tierra, aportándole su trabajo y los insumos necesarios para que una producción se obtenga regularmente, sino que, además está librado al azar, en el sentido de que el tiempo lo favorezca, lo ayude y no aparezcan adversidades climáticas de esta naturaleza.

Es verdad y resulta muy claro en nuestro país, que para lograr su reactivación económica y su desarrollo, tenemos que apostar a la producción rural y al apoyo de los sectores productivos. En nuestra República se viene operando un proceso de vaciamiento, ya que son miles y miles de productores rurales que desaparecen del trabajo en nuestros campos.

Las estadísticas revelan que entre 1961 y 1985, prácticamente unos mil productores por año van desapareciendo como consecuencia de distintas situaciones de orden económico o, simplemente, por lo que se refiere a los resultados del cultivo. Desde 1985 hasta esta fecha se ha duplicado el número de productores que tienen que dejar su trabajo y emigrar con su familia, pasando a integrar las columnas de aquellos que buscan, de alguna manera, sobrevivir en el ambiente urbano, generando los cordones de miseria.

Reitero que tenemos que dar un firme apoyo para que no se genere este proceso de vaciamiento del campo, que es hipotecar el futuro de nuestro país. Considero que debemos aportar soluciones de esta naturaleza que, vuelvo a repetir, conforman un marco de seriedad en un proyecto de ley que hace que -en lo que me corresponde como senador de la República- lo vote con absoluta conciencia, porque aquí no estamos haciendo ningún regalo, ni estamos estableciendo ninguna dádiva en favor de los productores rurales afectados por los factores climáticos, sino que se van a operar mecanismos, desde el punto de la comprobación de los daños, que importan procedimientos de absoluta regularidad y que son formalmente inobjetables.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en la Comisión de Agricultura y Pesca hemos tenido varios proyectos de este tipo que finalmente no han sido aprobados a la espera de esa solución de carácter definitivo a que hacía referencia, en su exposición de hoy, el señor Ministro. Pero debo señalar que esta solución que viene anunciándose no sólo no se ha concretado, sino que, tal como se manifestó en la Comisión correspondiente de la Cámara de Representantes, se informa que los productores están asistidos por otras vías, como ser los créditos, la asistencia técnica y los proyectos de reconversión a los que hoy también hizo mención el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La verdad es que en los hechos esa protección del Estado a los productores rurales no se ha materializado. Naturalmente nosotros somos partidarios de una fórmula general y permanente y no de estas soluciones accidentales, pero debemos señalar que hasta ahora el Poder Ejecutivo en esta materia se ha ido en anuncios, de los cuales sólo se materializa el crédito del Banco de la República en condiciones no siempre lo suficientemente ventajosa como para que el productor pueda cumplir el ciclo correspondiente de los trabajos que finalice con la cosecha.

Deseaba señalar eso, porque si bien soy partidario de una solución definitiva, no puedo desconocer la razón que le asiste al señor senador Tourné cuando señala el desamparo que tiene el productor por parte del Estado, frente a contingencias que son ajenas a su voluntad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Termino señalando, señor Presidente, que entre una solución óptima, ideal, como serían normas de carácter general dictadas para regir frente a cualquier caso y circunstancia contemplando este tipo de situaciones, y otra posible que tiene las limitaciones naturales comprendidas en este tipo de proyectos, yo, señor Presidente, en defensa de los trabajadores y productores rurales, me inclino por el proyecto en consideración y señalo que voy a acompañar íntegramente su sanción.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: el problema que trae a consideración del Senado este proyecto, ha sido recurrente cada vez que hay un accidente climático en el país. En ese sentido, es bueno que el Senado sepa cuál ha sido el tratamiento legislativo que este tema ha tenido.

Hubo una primera ley que estableció indemnizaciones a los productores por una helada ocurrida en noviembre del año 1984, es decir, bajo el período de facto. El Poder Ejecutivo, por vía de decreto, los exoneraba, por ejemplo, del pago de la contribución inmobiliaria departamental y del montepío que se sirve a la Caja Rural. Aquel Ejecutivo no tenía especial cuidado en criterios de legalidad y constitucionalidad al fijar estas disposiciones.

El Parlamento recientemente instalado legalizó aquellas indemnizaciones que se habían dado en otra época. Ese antecedente benefició a un número importante de productores. Pero la ley tuvo un gran inconveniente: el financiamiento. Se recurrió para financiar a estas indemnizaciones al pago a cuenta que los productores rurales realizan a través de un impuesto sobre las ventas sobre ciertos artículos como lanas, carnes y cueros. En aquella época creo que era el 3% y ahora es del 4%. Pero ese pago es a cuenta, para reliquidar luego el Impuesto a la Renta Agropecuaria. Lo que interesa destacar es que los productores de otros sectores debieron financiar la indemnización que se les dio a los productores granjeros. En la Comisión de Agricultura y Pesca recibimos reiteradamente a la Federación Rural que hizo este cuestionamiento, pero vista la excepcionalidad que vivíamos en aquel momento, finalmente hasta la propia agremiación de productores aceptó este criterio.

Asimismo se le daba un plazo al Poder Ejecutivo de ciento veinte días para que enviara al Parlamento un proyecto de seguro agrícola, como solución de fondo que el tema merecía.

Hoy en la Comisión se le señaló esto al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y él dijo -creo que con razón- que por parte del Ministerio se le dio cumplimiento a esta obligación legal porque éste confeccionó un proyecto de seguridad agrícola pero antes de enviarlo al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo resolvió remitirlo al Ministerio de Economía y Finanzas y allí está detenido desde el año 1985 hasta ahora.

Pero más allá de Carteras, lo cierto es que el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a la obligación de remitir al Poder Legislativo, un proyecto de seguro agrícola.

La Comisión de Agricultura y Pesca del Senado se ha ocupado del tema reiteradas veces. La conclusión a la que yo arribé es la siguiente. En realidad, ni se precisaría una ley para establecer seguros agrícolas, porque el Banco de Seguros ya los hace. El problema está en que este Banco asegura los cultivos cerealeros, especialmente el de trigo, de estas contingencias, cobrándole al productor una prima del 3% -el señor senador Terra Gallinal me señala que actualmente es del 5%- que es sumamente cara para esos productores. Pero además, en los hechos, pasa a ser obligatorio en virtud de que el Banco de la República, para otorgar el crédito de cultivo, exige al productor la previa concertación del seguro con el Banco y la transferencia de la póliza del productor a favor del Banco de la República.

También existen, en la línea del Banco, seguros que cubren los riesgos que este proyecto prevé. Por ejemplo, para el caso de la viticultura el Banco de Seguros tiene una vieja línea de seguro agrícola cuya prima actualmente está en el 12%, ya no en el 5%. Eso la vuelve prohibitiva para los viticultores, ya que prácticamente supone que de siete u ocho cosechas hay que entregar una al Banco para cubrir este seguro.

Este es el tema que el país, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Banco de Seguros tienen por delante. ¿Qué podemos hacer para abaratar este régimen de seguros? La verdad es que se han estado debatiendo distintas soluciones sin haber logrado un acuerdo. Algunos sostienen que para abaratar los seguros hay que hacerlos obligatorios; otros piensan que hay que evitar el monopolio del Banco de Seguros. Además, hay antecedentes de los productores agrícolas, especialmente de los de arroz y soja. Desde hace varios años, están funcionando seguros voluntarios y privados en virtud de los cuales los productores de arroz se juntan -el señor senador Lacalle Herrera me lanza una mirada suspicaz respecto del monopolio del Banco de Seguros- y celebran un seguro, en el que ellos mismos fijan la prima estableciéndola como un descuento de tantas bolsas de arroz de las que entregan al molino. He hablado tanto con las gremiales de arroz y soja como con los propietarios de los molinos y todos están contestes en afirmar que el seguro funciona y muy bien. Afirman que les cuesta notablemente menos que cualquiera de las primas que el Banco de Seguros fija para otros cultivos. La base de esto es que no hay costos administrativos. Por ejemplo, en el caso del arroz, anualmente el gremio de los arroceros nombra una comisión de productores que son los que están encargados, cuando se produce un accidente climático, de salir a inspeccionar los cultivos de los productores que han sido objeto del accidente o el siniestro y evalúan allí mismo los daños. Con ello ya queda establecido, digamos, el contrapeso porque, si los productores son muy generosos con el damnificado tienen que poner ellos más bolsas de arroz, pero si son excesivamente avaros, no es de descartar que al año siguiente a alguno de ellos le toque uno de estos accidentes climáticos. De modo que con estos contrapesos, allí el sistema funciona bien.

He hablado con técnicos del Banco de Seguros, interesándome por este tema. Ellos me expresaron que en los casos que dicho Banco conoce -ha investigado sobre este tema en la legislación comparada- especialmente en los europeos, el Estado subsidia una parte del seguro, porque por sí misma, manejada con criterio mercantil, la prima del seguro siempre es antieconómica. El Banco de Seguros opina que o las primas son muy altas, o el Estado da un subsidio, o el Banco tiene pérdidas.

¿Por qué sostiene el Banco que este seguro es muy caro? Porque en el Uruguay las zonas agrícolas están distribuidas prácticamente en todo el país. Lugares en que puede haber una granizada o una helada se dan en todo el territorio nacional. Por lo tanto, un seguro de este tipo exige que el Banco de Seguros tenga que crear una infraestructura a nivel nacional, capaz de verificar o inspeccionar rápidamente en cualquier punto del país, en los diecinueve departamentos, a 50.000 productores rurales. Todo ello exige montar decenas de oficinas en todo el país, con ingenieros agrónomos, técnicos, camionetas y personal administrativo. Eso supone una infraestructura administrativa de un tamaño colosal. Quizá agudizando la imaginación podríamos encontrar alguna otra solución, por ejemplo, el Banco de la República tiene ingenieros agrónomos y camionetas en todo el país; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también los tiene. También los poseen el Plan Granjero, el Plan Citrícola y una serie de Organismos.

Tal vez no sea necesario que el Banco de Seguros cree otra red de este tamaño y equivalencia, de carácter administrativo, para poder hacer funcionar este seguro. Cuando el Banco de Seguros estima cuánto le costaría, según esa concepción, un seguro de ese tipo para la horticultura, de un cálculo preliminar los técnicos dedujeron una prima del 18%. Quiere decir que un agricultor tendría que pagar un 18% de sus cosechas para estar asegurado, lo que vuelve absolutamente impracticable esta solución.

Mientras se desarrollaba toda esta discusión, en los años 1985, 1986 y 1987, han sucedido fenómenos climáticos adversos para la agricultura en el Uruguay. Los informes de algunos de ellos llegaron al Parlamento. No sé cuántos, pero seguramente más que los que voy a leer. Los que sí puedo mencionar son los que llegaron a la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado.

El 3 de diciembre de 1985, con sanción de la Cámara de Representantes, se estructura un proyecto de ley cuya Carpeta es la Nº 521/85. En él se establecen una serie de indemnizaciones a un conjunto de productores por fenómenos climáticos ocurridos en el año 1985. Esto se analizó; se llamó al Ministro y por una serie de consideraciones se resolvió no aprobarlo ni siquiera en Comisión. De modo que aquí quedaron un sinnúmero de productores, de distintas zonas del país, sin recibir indemnización.

SEÑOR BATALLA. - El Ministro dijo que el proyecto sigue en trámite.

SEÑOR ZUMARAN. - Se le siguió reclamando el proyecto que establecía el seguro.

Luego, el 14 de julio de 1987, entró a la Comisión del Senado, un proyecto de ley venido con sanción de la Cámara de Representantes, por el que se facultaba al Poder Ejecutivo a disponer de las sumas necesarias para indemnizar a productores de los departamentos de Canelones y Salto afectados por fenómenos climáticos ocurridos en los días 6 de febrero y 1º de noviembre de 1986.

En esa oportunidad, llamamos nuevamente al Poder Ejecutivo y armamos todos los expedientes, pero tampoco este proyecto prosperó en Comisión. De modo que a los productores afectados por fenómenos climáticos en 1985 hay que sumarles estos de febrero y noviembre de 1986, de los departamentos de Canelones y Salto, que no recibieron indemnización alguna.

Este mismo año, el 22 de junio, entró a la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado un proyecto de ley, con exposición de motivos del señor senador Gargano, por el que se declaraba zona de emergencia nacional a varias seccionales judiciales de Canelones y Lavalleja -recuerdo que era en el sur de ese departamento- que habían sufrido daños por una serie de fenómenos climáticos. De modo que han quedado, en lo que va de esta Legislatura, una serie de productores de Salto, Canelones, productores de trigo de Dolores -recuerdo haber ido a esa ciudad a reunirme con ellos- que afectados por fenómenos climáticos, no recibieron indemnización alguna.

Mientras tanto, le seguimos exigiendo al Poder Ejecutivo alguna definición o solución respecto del seguro integral agrícola.

Ahora viene este proyecto de ley. Deseo comentar brevemente algunas observaciones que él me merece.

En primer lugar, el artículo dice "Facúltase". Lo que para el señor senador Gargano es una virtud del proyecto, para mí es un grave defecto. Por este proyecto, el legislador faculta al Poder Ejecutivo a dar indemnizaciones. Me parece que es algo que no corresponde. El legislador le puede ordenar indemnizar o si no, no dice nada; pero no corresponde facultar y dejar eso a discreción del Poder Ejecutivo. Justamente, se lo dije hoy al señor Ministro, y por eso lo puedo destacar ahora en Sala. Le señalé al señor Ministro que si aprobábamos este proyecto de ley, él podía instalarse en zonas rurales y decidir indemnizar a Juan Pérez y no indemnizar a José Rodríguez. Indemnizara a quien se le da en gana.

SEÑOR GARGANO. - No es así.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Qué rigor puede haber en el Parlamento cuando faculta el Poder Ejecutivo a repartir indemnizaciones?

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente, quería señalarle al señor senador Zumarán que todo su razonamiento queda invalidado por el carácter del proyecto. Por él se le da una facultad indemnizatoria, pero también se le marcan reglas y pautas por las cuales se tiene que conducir.

El razonamiento del señor senador Zumarán hubiera tenido fuerza si se hubiera declarado a favor del proyecto y hubiera dicho que en lugar de establecer esta facultad íbamos a obligar al Poder Ejecutivo a que hiciera esto. Si hay votos para eso, yo también voto para que lo obliguemos y no que lo facultemos. Pero el proyecto tiene esa latitud y se mueve en el terreno de las facultades porque lo que ocurre es que no hay votos suficientes para obligarlo a actuar.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Entonces, ¿a qué faculta el proyecto? Voy, ahora, a lo que decía el señor senador Gargano. Faculta a indemnizar por "los daños producidos por fenómenos climáticos (granizadas, vendavales y heladas). Ocurridos entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 1988". Por consiguiente, el Poder Ejecutivo queda facultado a indemnizar por determinados factores climáticos, algunos tan difíciles de determinar como los vendavales. El viento siempre hace perder cosechas. Pero, además, esos fenómenos pudieron haber ocurrido en un plazo de 10 meses en cualquier punto del territorio nacional. A todo eso está facultado el Poder Ejecutivo.

Si alguien logra demostrar al Poder Ejecutivo que en el mes de marzo un vendaval perjudicó sus cosechas, ese Poder está facultado a darle una indemnización.

Creo que esto es de una imprecisión absoluta, quizá porque no haya otra manera de hacerlo ya que no existe un régimen de seguros, y tampoco porque no nos podemos referir a una helada de setiembre y dejar a todo el resto de la gente afectada afuera. Pero tampoco podemos referirnos a las heladas, vendavales y granizadas de estos diez meses y dejar afuera a todas las ocurridas en 1985, 1986 y 1987, porque durante ese lapso en el país también hubo heladas, vendavales y granizadas que perjudicaron las cosechas, y varias de ellas con fechas precisas y con proyectos con media sanción.

El proyecto dice luego que el Plan de Promoción Granjera debe determinar los daños causados. El propio señor Ministro reconoció hoy en la Comisión que es absolutamente imposible que el Plan de Promoción Granjera pueda evaluar los daños producidos en todo el país por granizadas, vendavales y heladas ocurridas durante diez meses perjudicando productos hortícolas, vitícolas y frutícolas. Es decir, si hoy en diciembre de 1988, va a un predio, le va a ser imposible evaluar los daños que allí se pudieron haber ocasionado en la producción hortícola o frutícola durante los meses de mayo y junio, ya que no queda nada de esa producción. Es imposible estimar los daños porque ya desapareció todo: la naturaleza siguió su camino.

Podría agregar más cosas. Pienso que es un proyecto que adolece de innumerables defectos y que va a ser fuente de toda clase de injusticias. Esto es así porque seguimos haciendo proyectos puntuales cada vez que hay un accidente climático y no nos disponemos ni queremos arreglar el problema de fondo, para lo cual hay una única manera: crear un seguro que pueda comprender a cada predio por cualquiera de los mecanismos que he señalado o por otros que se puedan agregar. Pero, reitero, este proyecto adolece de una total imprecisión que me parece que lo hace realmente inconveniente.

Además, como expresé, está el problema de la facultad discrecional que se da al Poder Ejecutivo para indemnizar y evaluar daños sufridos por fenómenos climáticos que pasaron hace 10, 11 ó 12 meses, en tipos de cultivos que son absolutamente imposibles de determinar. Nadie puede evaluar en este momento el daño que causó una helada en un cultivo de tomates, cebollas o frutales hace unos meses, porque si no se aprecia antes de cosecharse el fruto, es imposible saber qué daños produjo ese accidente climático.

De manera que aunque se tenga la mejor intención, considero que cae en errores que se han reiterado durante estos cuatro años. Hubiera sido mejor que todo este tiempo se hubiera insumido en buscar una solución de fondo y definitiva al problema, con lo que nos estaríamos ahorrando todos estos debates y dificultades.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Muy brevemente voy a fijar mi posición respecto a este proyecto. Y digo muy brevemente, señor Presidente, porque debo señalar que comparto todos y cada uno de los conceptos expresados por el señor senador Zumarán.

En este momento estoy elaborando un proyecto de ley que ahora está en consulta en algunas instituciones rurales -por ejemplo, Cooperativas, Agrarias Federadas (CAF)- inspirado en los mismos propósitos que el señor senador Zumarán mencionaba del sistema que tienen los productores de arroz.

Agrego, simplemente, que aparte de todas las condiciones favorables que tiene un sistema como el que mencionaba el señor senador Zumarán, hay otra gran conveniencia y es que los daños se saben previo a la cosecha, y entonces, con un esquema muy liviano y muy ágil, rápidamente se puede establecer, entre los días que van del accidente a la cosecha, cuál es el nivel de quita que hay que hacer a cada productor para resarcir a aquellos que hayan sufrido daños.

Además, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo hace tres o cuatro años que tiene en estudio este proyecto y aún no lo ha enviado al Parlamento, también es cierto que el Poder Legislativo no ha dado con la solución del tema y no ha elaborado un proyecto que resultara viable. Y no ha culminado el proyecto del Poder Ejecutivo y el Parlamento no ha elaborado ninguno viable porque las dos soluciones pasan por el sistema del Banco de Seguros del Estado, que es tremendamente caro. Eso ha quedado demostrado y queda en evidencia en todas estas emergencias en las cuales uno se da cuenta de la cantidad de gente que no asegura. Entonces, me pregunto qué pasaría si el sistema del Banco fuera conveniente, si tuviéramos asegurados prácticamente a la totalidad de los productores de una zona en la que ocurre un fenómeno de este tipo.

De manera tal que la solución no pasa por el Banco de Seguros, sino por un sistema de quitas que se fijan a posteriori de conocidos los daños; esto es así sin ninguna duda.

Desde otro punto de vista, debo decir que el Poder Ejecutivo, el Ministerio concretamente, concurrió puntualmente a todas las zonas donde ocurrieron daños y que, además, coordinó con el Banco de la República una modificación en la línea de crédito que el organismo tiene para cubrir estos accidentes, incluyendo dicha línea en lo que se llama "canasta de productor" con sistema de pago a largo plazo, en valores constantes y con una tasa de interés sumamente baja.

Todos estamos seguros que esa acción no fue suficiente para resarcir las pérdidas sufridas por los productores, pero fue la posible y práctica que encontraron el Ministerio y el Banco de la República para solucionar este tema.

Consecuentemente, señor Presidente, creo -al igual que el señor senador Zumarán- que el problema es de fondo y que debemos solucionarlo. En ese sentido, prometo terminar la redacción del proyecto de ley para el mes de marzo, a fin de discutirlo primero con la Comisión respectiva y luego -espero- que también lo hagamos en el Senado.

Considero que por padecer defectos muy grandes y por no ser en lo absoluto aplicable, no debemos votar este proyecto de ley.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Comprendo que pueden existir imposibilidades de hecho para determinar concretamente, en relación con cierto productor, cuál es el monto del daño causado. Pero no menos cierto resulta que la ley no puede establecer la reglamentación específica, que deberá ser dictada por el Poder Ejecutivo a los fines de señalar el conjunto de circunstancias que habiliten a declarar que un productor tendrá el amparo de la ley.

Nos encontramos, pues, con un problema de imposibilidad de hecho, que no es absoluto y que no puede establecer un límite infranqueable que declare la inviabilidad de la ley. No menos cierto es que, en principio, la vigencia de esta ley se extiende a todo el territorio nacional y no a un área determinada lo que puede ser un factor contrario a su fácil aplicación y a los procedimientos correctos para la determinación de lo que procura la norma; así como no es menos cierto que los servicios agronómicos tienen un conocimiento cabal del daño que en cada caso se ha operado como consecuencia de un factor climático. Y no sólo los servicios agronómicos, sino también las propias organizaciones representativas de los productores -sean granjeras, frutícolas u hortícolas- que en el curso del tiempo han ido determinando los porcentajes de la incidencia de determinados factores climáticos en la producción.

Fuera de esto, que son elementos objetivos que pueden ser perfectamente evaluados, nos encontramos con otro tipo de determinaciones que surgen de la acción diversa de las distintas instituciones que se mencionan en el propio proyecto de ley, como elementos de aporte para esa determinación.

El proyecto se refiere, concretamente, a las evaluaciones realizadas por el Banco de la República, por ejemplo, o por las Intendencias Municipales en los departamentos, que constituyen índices muy claros en cuanto a que la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo será la que valorará las diversas situaciones.

Sin perjuicio de ello, esto no quiere decir que todo productor que se presente reclamando y formalizando una declaración de daños podrá justificarlos. Pueden existir circunstancias de hecho que hagan imposible el amparo legal. Pero esa no es una pauta que desautorice o invalide el proyecto, por cuanto en infinitas situaciones se podrá aportar por parte del productor o de sus organizaciones gremiales representativas todo el conjunto de elementos que haga que este no sea un discernimiento meramente administrativo, sometido al azar o a la voluntad del jerarca que tenga que aplicarlo. Habrá elementos objetivos que establezcan la certeza del daño y, por tanto, el amaro que por esta ley corresponda.

En definitiva, lo que quiero señalar es que si existe una serie de circunstancias, como los sucesivos hechos o el transcurso del tiempo, que en muchos casos será difícil de probar por parte del productor que fue afectado en tal o cual porcentaje, ellas deberán ser evaluadas por los servicios correspondientes del Estado, en aplicación de la ley, pero que no la invalidan en relación a un daño causado por un factor climático.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Coincidiendo con lo que ha señalado el señor senador Tourné, deseo manifestar que no existe un solo accidente climático que haya ocurrido desde que entramos en el período democrático que no haya sido perfectamente evaluado por el Banco de la República. Cada productor que sufre un daño de magnitud como el establecido aquí, nada más que por el nivel de endeudamiento que tiene y a los efectos de poder negociar sus deudas, inmediatamente recurre al Banco de la República.

Precisamente, puedo citar como ejemplo el último accidente ocurrido que fue el de Salto, en ocasión en que las heladas terminaron con las cosechas de Primor. En esa oportunidad y prácticamente -justamente hoy se lo señalé al señor Ministro y pienso que los recordará el señor senador Terra Gallinal- en 15 días no sólo estuvieron los productores en ambas Comisiones -la del Senado y la de la Cámara de Representantes- con una evaluación pormenorizada en cuanto al porcentaje en que habían sido afectados el volumen de las cosechas y los predios, sino que además el Banco de la República, así como las Intendencias Municipales de Salto y Artigas tenían perfectamente evaluado el monto de los daños.

Además deseo hacer hincapié -y con ello reafirmo la apreciación que hacía al inicio de la sesión- que aquí lo que se va a indemnizar es el gran daño, aquel que ha afectado en más de un 30% a los productores. Naturalmente, nadie puede desconocer que cuando este tipo de daños se producen se hace notorio porque no sólo lo conocen los afectados, los vecinos y los gremios, sino que además toman conocimiento de ello la Intendencia correspondiente y el Banco de la República. Incluso, muchas veces este último tiene a la propia cosecha como seguro de cobro de los créditos que otorga.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Simplemente quería hacer referencia al ejemplo de Salto que ha sido citado por el señor senador Gargano, y que anteriormente no quise traer a colación para no complicar el debate. Este es uno de los casos que más conozco por haber estado en Salto a raíz de las varias heladas -no fue solamente una- que se produjeron en el transcurso de este invierno. Dichas heladas afectaron a Salto, Bella Unión, Paysandú y, especialmente, a Río Negro, o sea que las mismas se produjeron en cuatro departamentos.

Al respecto, cabe señalar que uno de los cultivos más afectados fue el de citrus. Existen establecimientos que perdieron más del 50% de la cosecha de citrus. Personalmente he constatado esto porque he visitado establecimientos en los departamentos de Salto y Paysandú que perdieron más del 50% de sus cosechas de citrus. Frente a esto digo ¿están incluidos aquí o no? Como el señor senador Gargano ha puesto de ejemplo el caso de los cítricos de Salto, a mi me asaltan algunas dudas porque, por un lado, habla de la fruticultura y si no me equivoco -quizás al respecto pueda aclarar algo el señor senador Terra Gallinal que es ingeniero agrónomo- el cítrico es una especie dentro de la fruticultura. En consecuencia, la citricultura estaría incluida aquí. Sin embargo, quien realizó la evaluación de estos daños en materia cítrica, es el Plan Citrícola, que no está mencionado en la ley y sí el Plan Granjero. Debemos tener en cuenta que el Plan Granjero es independiente del Plan Citrícola. La mención al Plan Granjero parecería excluir de esta indemnización a los cítricos; de no ser así, me parece que se comentaría una grave injusticia, pues no veo por qué vamos a indemnizar al productor de PRIMOR en Salto y no lo hacemos con el citricultor.

De incluir los cítricos, el monto al que nos estamos refiriendo, cambia sustancialmente, porque no tengo la menor duda de que las heladas de este invierno -así como las del pasado, que no estarían aquí incluidas- quemaron varios millones de cajones de frutas cítricas que representan millones de dólares en esta materia.

Cuando aplicamos estas disposiciones, ¿quién puede evaluar los daños que hubo en los cítricos que ya se cosecharon en forma íntegra y cuando ya no hay un solo cítrico en la planta? Absolutamente nadie.

Cuando pretendamos aplicar esta ley, veremos las enormes dificultades que surgirán. Me refiero a una sola. El artículo 3º del proyecto dice: "En un plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, procederá a comunicar a los productores asistidos el monto primario de la indemnización correspondiente a su establecimiento...". Se parte de la base que fijar la indemnización en miles de predios, por accidentes climáticos ocurridos en el país durante diez meses, desde Bella Unión a Montevideo, se puede hacer en quince días.

En ese sentido el señor Ministro dijo que era absolutamente imposible; pero también cualquier persona con un poco de sentido común, se da cuenta que esa tarea no se puede realizar en quince días. Esto demuestra que este proyecto se redactó con la mejor intención del mundo, pero siempre girando sobre lo mismo, que por ley pueden establecerse estas indemnizaciones, cuando ese es el principio que hay que combatir, es decir, que debe convencerse a la gente de que esto no se arregla por ley.

Además, digo otra cosa. La ley se refiere a un período que va del 1º de enero al 31 de octubre. Es decir, que si mañana u hoy de noche hay un accidente climático, o sea después de esa fecha, ¿qué hacemos? ¿Elaboramos otra ley? Se trata de un sistema absurdo que conduce nada más que a sembrar injusticias, irregularidades jurídicas, desórdenes administrativos. Entiendo que de una vez por todas debemos encarar el tema a fondo si le queremos encontrar una verdadera solución.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Terra Gallinal.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Reitero que, en su momento, el Ministerio conjuntamente con el Banco de la República, trató de solucionar el problema por la vía del crédito que mencioné a todos los asistidos por dicha institución y aun a muchos productores más.

Me quedan dos argumentos para hacer. Uno se refiere al enorme volumen de la cosecha de citrus perdida, que se eleva a millones de dólares. El otro es el relacionado con la caña de azúcar donde, con toda seguridad, se han perdido alrededor de 20.000 toneladas de azúcar cuyo valor oscila en el orden de U$S 12:000.000.

Entendemos que esto sería absolutamente inviable e impagable y que, además, estaríamos gastando prácticamente todo el dinero que eso insumiera, no en los pequeños productores que ya han solucionado su problema por intermedio del Banco de la República, sino en los grandes productores de citrus y en la caña de azúcar del norte.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Veo que en estos momentos está "flaqueando" el quórum de la sesión; en aras de que el proyecto de ley pueda votarse antes de que el Cuerpo quede sin número, renuncio a hacer uso de la palabra.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Deseo referirme a la imposibilidad del seguro comercial. Entiendo que este tipo de contratación es absolutamente inviable en la medida en que refiere a muy pocas regiones del país y a que no hay solidaridad en el riesgo, la prima es alta porque el riesgo es grande. Para el Banco que hace la contratación sobre bases actuariales, es imposible determinar primas que puedan estar al alcance de los agricultores.

Desgraciadamente, todo esto siempre recae sobre la misma gente. Eso tiene consecuencias negativas sobre las posibles soluciones y sobre lo que es el espíritu con el que la gente puede producir.

En general, hemos visto un proceso de reconversión enormemente efectivo a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pienso que el Gobierno y, en particular, el Ministerio, ha reconvertido a gran parte de productores en desocupados. Esa es una de las cosas que, lamentablemente, se advierte en el país, en el que la gente no ha recuperado la confianza ni tampoco la capacidad de producir en mínimas condiciones de tranquilidad.

Es posible que todos entendamos que este proyecto de ley tiene defectos; pero si en este momento no encontramos una solución para este tipo de problemas que tienen los productores, nos encontraremos con que la salida llegará para los sobrevivientes y no para los que hoy habitan la República.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Señor Presidente: voy a apoyar a mi compañero de sector, el señor senador Capeche, que ya expuso con claridad y elocuencia la posición de nuestro grupo político.

Varias veces nos hemos ocupado de este tema. Muchas personas pierden la perspectiva al no pensar que gran parte de la felicidad del pueblo uruguayo está centrada en una débil capa vegetal que, a veces, no tiene una cuarta de tamaño, y que el hombre, con esfuerzo, extrae de esa tierra el producto que el país precisa para todas sus manifestaciones del consumo interno y de la exportación que nos prestigia.

Es un fenómeno altamente preocupante el de la despoblación del campo. Aproximadamente 1.100 productores cada año -ahí está radicado el fenómeno y lo que mencionaba el señor senador Tourné es veraz, está basado en los hechos, en las estadísticas y en la realidad- se van del campo a engrosar las barriadas periféricas de las ciudades del país, particularmente de Montevideo. Junto con los pequeños y medianos productores se van también los trabajadores de la tierra.

A esta altura, ese fenómeno es ya profundamente alarmante y tiene, lógicamente, una explicación. Eso se deba a que el trabajo de la tierra es de una dureza tremenda y el rendimiento es mínimo o no existe.

Cuando el productor está endeudado, normalmente no tiene posibilidad de salir adelante. Además, existe una presión fiscal tremenda que, en algún momento, deberemos analizar porque este no es el momento de hacerlo. A este respecto digo que tengo varios trabajos de contadores, uno de ellos excelente, el del doctor Graña, que demuestra que estamos llegando al límite de la resistencia del sector que trabaja la tierra, debido a la acción de los gravámenes nacionales y locales.

Sabemos que este proyecto no contempla a miles de pequeños productores que soportaron noventa y dos heladas este año. Decía muy bien el señor senador Lacalle- con la capacidad que lo caracteriza y el conocimiento que tiene de estos temas- que es muy complejo el porvenir del sector pecuario, por cuanto las noventa y dos heladas hicieron que desapareciera la capa vegetal y que se perdiera el 70% de las pariciones ovinas, cosa que no se ha dicho hasta ahora, pero que puedo afirmar, categóricamente, de acuerdo con muestreos realizados en distintas zonas del país.

El hecho concreto es que continúan arreciando las dificultades climáticas; estamos viviendo una primavera desastrosa, y ello anuncia un invierno con muchos problemas para todas las manifestaciones del agro.

Sería reiterativo si me refiriera ahora a aspectos que conocemos desde hace muchos años y que con mucha elocuencia y sabiduría expresaron al Senado los señores senadores Zumarán y Tourné. Lo que ellos han señalado son verdades indiscutibles.

A pesar de que este proyecto tiene muchos defectos de redacción y que no contempla a muchos miles de productores, constituye un intento de hacer justicia con un grupo que ha sufrido situaciones que todos conocemos.

En consecuencia, adelantamos nuestro voto favorable al proyecto. Tenemos la esperanza de que el Poder Ejecutivo, en un plazo relativamente breve, se ocupe del tema de fondo de los seguros nacionales, que cobran todos los sectores de la producción. De otra manera, tendremos la reiteración de este tipo de problemas y, desde luego, idénticas dificultades cuando se planteen.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay más oradores inscriptos.

Correspondería pasar a votar, pero no hay número para ello.

Llámese a Sala.

(Así se hace)

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo número, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 21 y 59 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Baliñas, Batalla, Capeche, Carrere Sapriza, Cersósimo, Gargano, Lacalle Herrera, Olazábal, Posadas, Rodríguez Camusso, Senatore, Tourné y Zumarán).

DR. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Félix B. El Helou Secretario - Don Alejandro Zorrilla de San Martín Prosecretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.