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N° 268 - TOMO 316 - 2 DE AGOSTO DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

31ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES ENRIQUE E. TARIGO Presidente

y AMERICO RICALDONI 1er Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 9) Presidente de la República. Solicitud de autorización para ausentarse del país

- Lo solicita de acuerdo con el artículo 170 de la Constitución de la República.
- Concedida.

4) Asuntos entrados

5) Proyecto presentado

- Ejercicio de la patria potestad y de la administración de los bienes de sus hijos por parte de la mujer.
- Se modifica el artículo 267 del Código Civil en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.855.
- Iniciativa del señor senador Traversoni.

6 y 8) Pasividades. Cálculo del adelanto a cuenta

- Manifestaciones del señor senador Olazábal.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Banco de Previsión social y a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Cuerpo.

7) EFCSA. Situación de sus trabajadores accionistas despedidos

- Manifestaciones del señor senador Ferreira.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

10, 13 y 15) Frigorífico Nacional. Su reinstitucionalización

- Planteamiento del señor senador Olazábal formulando moción en el sentido de que un proyecto de ese tenor, venido con aprobación de la Cámara de Representantes, con o sin informe, se incluya en el orden del día de la última sesión ordinaria del mes de agosto.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota negativamente la moción formulada.
- El señor senador Olazábal solicita la rectificación de la votación.
- Aclaración de la Mesa.
- Se resuelve, por moción del señor senador Olazábal, reconsiderar el asunto.
- Se resuelve incluir el proyecto de ley de referencia en el orden del día de la última sesión ordinaria del mes de agosto.

11) Proyecto de resolución por el que se declara el rechazo a la Resolución Nº 3379 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la existencia del Estado de Israel

- El señor senador Mederos en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales, solicita que este proyecto de resolución figure en primer término del orden del día de la sesión de mañana.
- Se resuelve afirmativamente.
- Fundamento de voto del señor senador Rodríguez Camusso.
- Constancia del señor Presidente.

12 y 14) Asamblea Ordinaria anual del Parlamento Latinoamericano a realizarse en Buenos Aires entre los días 23 y 27 de agosto del corriente año. Concurrencia de una delegación de parlamentarios uruguayos

- Se resuelve, por moción del señor senador Singer, tratar este asunto de inmediato.
- En consideración.
- Aprobado.

16) Trabajadores de la actividad pública y privada. Normas referidas a cómputo de horas extras

- Continúa la discusión particular.
- Se resuelve, por moción del señor senador Pozzolo, que este asunto pase nuevamente a Comisión.

17) Contrato de Crédito de Uso. Normas tributarias aditivas

- En discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18 y 20) Ciudad de Mercedes. Bicentenario de su fundación. Se declara feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988

- Se resuelve, por moción del señor senador Pozzolo, tratar este proyecto de inmediato.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Inscripción tardía de nacimientos. Se amplia el plazo establecido por la Ley Nº 15.883

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Obligaciones con el Estado, Entes Autónomos y Servicios, Descentralizados. Modo de probar su cancelación

- En consideración.
- Se resuelve, por moción del señor senador Aguirre, postergar la consideración de este proyecto hasta la sesión de mañana.

22) Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y sus anexos

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y su protocolo

- En consideración.
- Exposición del señor senador Mederos.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre el conflicto de leyes en materia de alimentos para menores

- En consideración.
- Exposición del señor senador Mederos.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Convenio de cooperación jurídica con el Reino de España

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aclaración del señor Presidente.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Instituto Nacional del Menor. Su creación

- Se resuelve, por moción del señor senador Rodríguez Camusso postergar la consideración de este asunto para la sesión del día de mañana.

27) Juana de Ibarbourou. Se designa con su nombre la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

28) UNESCO. Se designa con su nombre la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) Horacio Quiroga. Se designa con su nombre al liceo Nº 4 de Salto

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

30) Convenio de cooperación con la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales

- En consideración.
- Exposición del señor senador Traversoni.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

31) Convenciones sobre la pronta notificación de accidentes nucleares y sobre la asistencia en caso de accidentes nucleares o emergencias radiológicas

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

32) 143ª Sesión del Consejo Interparlamentario de la Unión Parlamentaria Mundial. Proyecto de resolución por el que se dispone la concurrencia a dicho evento

- En consideración.
- Aprobado.

33 y 36) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a varios funcionarios

- Se resuelve, por moción del señor senador Singer, postergar la consideración de estos asuntos para luego de tratados los que figuran en los numerales 18 y 19 del orden del día.
(Sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a tres funcionarios cuyos antecedentes se encuentran contenidos en las Carpetas Nos. 1040/88, 1103/88 y 1126/88

34) Convenio de cooperación económico-comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

35) Delegación de parlamentarios búlgaros. Proyecto de resolución relacionado con una invitación para visitar oficialmente el Uruguay

- En consideración.
- Aprobado.

37) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1° de agosto de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 2, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se crean normas para el cómputo de horas extras o suplementarias en la actividad privada y pública.

(Carp. Nº 1025/87 - Rep. Nº 66/88)

2º) Discusión particular de varias disposiciones sobre normas tributarias aditivas al proyecto de ley que regula el Contrato de Uso.

(Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 71/88)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se amplía el plazo de inscripción tardía de nacimientos, establecido por la Ley Nº 15.883,

(Carp Nº 1133/88 - Rep. Nº 84/88)

4º) Por el que se aprueba el modo de probar la cancelación de obligaciones con el Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Carp. Nº 988/87 - Rep Nº 86/88)

5º) Por el que se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos.

(Carp. Nº 1093/88 - Rep. Nº 69/88)

6º) Por el que se aprueba el Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y su Protocolo.

(Carp. Nº 1034/88 - Rep. Nº 76/88)

7º) Por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre conflicto de leyes en materia de alimentos para menores.

(Carp. Nº 1051/88 - Rep. Nº 75/88)

8º) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica con el Reino de España.

(Carp. Nº 1092/88 - Rep. Nº 77/88)

9º) Por el que se crea el Instituto Nacional del Menor. (Carp. Nº 814/87 - Rep. Nº 83/88)

10) Por el que se designa "Juana de Ibarbourou" a la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera.

(Carp. Nº 1141/88 - Rep. Nº 89/88)

11) Por el que se designa "UNESCO" a la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1038/88 - Rep. Nº 90/88)

12) Por el que se designa "Horacio Quiroga" al Liceo Nº 4 del departamento de Salto.

(Carp. Nº 1082/88 – Rep. Nº 91/88)

13) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales.

(Carp. Nº 1125/88 - Rep. Nº 92/88)

14) Por el que se aprueban las Convenciones sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica.

(Carp. Nº 1033/88 - Rep. Nº 93/88)

15) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se dispone la concurrencia a la 143ª Sesión del Consejo Interparlamentario de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse en Sofía, Bulgaria, desde el 19 al 24 de setiembre de 1988.

(Carp- Nº 1152/88 - Rep. Nº 94/88)

16) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

Un funcionario del Programa 01 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Inciso 02

Presidencia de la República. (Plazo Constitucional vence el 4 de setiembre de 1988- Carp. Nº 1040/88 Rep. Nº 74/88).

Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence el 10 de agosto de 1988 - Carp. Nº 1103/88 - Rep. 87/88).

Un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Plazo Constitucional vence el 4 de setiembre de 1988 - Carp. Nº 1126/88 - Rep. Nº 88/88).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

17) Por el que se declara feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su capital, la ciudad de Mercedes.

(Carp. Nº 989/87 - Rep. Nº 95/88)

18) Por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, suscrito el 27 de febrero de 1987.

(Carp. Nº 936/87 - Rep. Nº 98/88)

19) Discusión particular del proyecto de resolución relacionado con la invitación a una delegación de parlamentarios búlgaros para visitar oficialmente el Uruguay, entre el 19 y 4 de setiembre del presente año, a fin de estrechar relaciones.

(Carp. Nº 1164/88 - Rep. Nº 99/88)

20) Discusión particular del proyecto de resolución relacionado con la concurrencia de una delegación del Parlamento uruguayo a la Asamblea Ordinaria Anual del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en Buenos Aires entre los días 23 y 27 de agosto del corriente año.

(Carp. Nº 1165/88 - Rep. Nº 100/88)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Capeche, Cersósimo, Fá Robaina, Ferreira, Flora Silva, Forteza, García Costa, Gargano; Guntin, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni y Ubillos.

FALTAN: con licencia, el señor senador Cigliuti, y con aviso, los señores senadores Batlle, Jude, Lacalle Herrera y Zumarán.

3) PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Solicitud de autorización para ausentarse del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud del señor Presidente de la República, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de la Constitución.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la República, solicita autorización del Senado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República; para ausentarse del país por un lapso mayor de 48 horas para concurrir a la transmisión del mando presidencial en la República del Ecuador, respondiendo a una invitación oficial. (Carp. Nº 1173/88)".

-Léase.

(Se lee:)

"Carp. Nº 1173/88

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Montevideo, 27 de julio de 1988.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para solicitar del Senado la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución.

En efecto, respondiendo a una invitación oficial, habré de trasladarme a la República del Ecuador a partir del día 9 de agosto venidero y por un lapso mayor de 48 horas, para asistir a la trasmisión del mando presidencial en dicho país hermano.

En este viaje seré también acompañado por distinguidos representantes de las diversas corrientes políticas del país, continuando la práctica inaugurada por el gobierno constitucional.

Aprovecho la ocasión para saludar al señor Presidente y a los demás señores senadores con mi más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Doctor Miguel A. Semino, Secretario de la Presidencia de la República."

-Oportunamente se votará.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 2 de agosto de 1988.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: referentes a la realización de horas extraordinarias por parte de funcionarios dependientes del Sector Obras y Proyectos de Distribución y relacionada con el Convenio con la Universidad de la República para la "Evaluación de la Electrificación Rural".

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionada con el pago de horas extras.

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: relacionada con la contratación de los servicios de consultoría con la Empresa "SANEPAR" (Brasil) para la realización de un programa de capacitación del personal.

De la Administración Nacional de Puertos: relacionada con la adecuación del Presupuesto 1986 para el Ejercicio 1988.

Del Banco de Previsión Social: relacionada con varias Ordenes de pago.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionadas con varias contrataciones en régimen de arrendamiento de obra.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por los señores senadores: Hugo Batalla, Reinaldo Gargano, Enrique Martínez Moreno, Walter Olazábal y A. Francisco Rodríguez Camusso referente al discurso pronunciado por el señor Comandante en Jefe del Ejército, el 18 de mayo en la Plaza del Ejército.

-A disposición de los mencionados señores senadores.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor senador Dardo Ortiz relacionada con la Sanidad Militar.

-A disposición del señor senador Dardo Ortiz.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acusa recibo de los siguientes pedidos de informes:

formulado por los señores Walter Olazábal y A. Francisco Rodríguez Camusso, sobre la contratación de los servicios de una consultora neocelandeza de técnicos para el manejo intensivo de lanares.

-A disposición de los señores senadores Walter Olazábal y A. Francisco Rodríguez Camusso.

y formulado por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, sobre la compra de un buque de investigación pesquera para el Instituto Nacional de Pesca.

-A disposición del señor senador Luis A. Lacalle Herrera.

La Corte Electoral remite la información solicitada por los señores senadores Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Carlos Cassina referente al estado actual de los procedimientos de verificación de las firmas que acompañan el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y estimación de las fechas de finalización de esos procedimientos y de realización de la consulta al Cuerpo Electoral.

-A disposición de los mencionados señores senadores.

El señor senador Alfredo Traversoni presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 267 del Código Civil en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.855, de 25 de marzo de 1987, relativo al ejercicio de la patria potestad y de la administración de los bienes de sus hijos por parte de la mujer.

(Carp. Nº 1177/88)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Asuntos Administrativos comunica que está en condiciones de informar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario de la Dirección General de Registro - Ministerio de Educación y Cultura.

(Carp. Nº 1145/88)

un funcionario de la Dirección General Impositiva -Ministerio de Economía y Finanzas.

(Carp. Nº 1147/88)

y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

(Carp. Nº 1151/88)

-Repártanse.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de resolución por el que se declara el rechazo a la Resolución Nº 3379 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la existencia del Estado de Israel.

-Repártase."

5) PROYECTO PRESENTADO

"Carp. Nº 1177/88

EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES
DE LOS HIJOS POR PARTE DE LA MUJER

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 15.855, de fecha 25 de marzo de 1987, tuvo como finalidad modificar la situación injusta de desigualdad en que se hallaban los hijos naturales en el orden de llamamiento sucesorio de sus padres consagrado en el sistema del Código Civil.

La citada norma realizó modificaciones de artículos del Código Civil para mantener su coherencia.

Al modificar el instituto del orden de llamamiento para paliar tal situación de los hijos naturales en la sucesión de sus padres, toca la redacción del artículo 267, que había sido derogado por la Ley Nº 10.783, de 18 de setiembre de 1946 (Ley de Derechos Civiles de la Mujer).

La Ley Nº 10.783 consagró la igualdad de capacidad civil de la mujer y el hombre; el ejercicio en común de la patria potestad por los cónyuges sin perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten su ejercicio o lo confieran a alguno de ellos o a otra persona; que los cónyuges decidirán cuál será el que ejerza la administración de los bienes de los hijos menores cuando éstos los posean, salvo las excepciones previstas por el Código Civil; inscripción en determinado registro de los convenios de los padres sobre administración de los bienes de los hijos menores, su rescisión y las resoluciones judiciales provisionales y definitivas (artículos 1º, 12 y 16).

El artículo 267 del Código Civil fue modificado por varios artículos de esta ley, que como lo ha destacado la doctora Sofía Alvarez Vignoli de Demicheli consagra tres principios fundamentales: reconocimiento amplio y total de la capacidad civil de la mujer, reconocimiento pleno y sin limitaciones de sus derechos de madre y reconocimiento de sus derechos patrimoniales, facultándola para la libre administración y disposición de sus bienes propios, de sus rentas y del producto de sus actividades.

Hasta la sanción de la Ley Nº 15.855 se aplicaba el referido artículo 267 con las modificaciones introducidas al respecto por la Ley Nº 10.783.

Al sancionarse la Ley Nº 15.855 en el año 1987 e incluir el artículo 267 con la redacción originaria, consagra un régimen que ha quedado derogado y elimina a la mujer del ejercicio de la patria potestad y de la administración de los bienes de sus hijos, volviéndose a la injusta situación en que ésta se hallaba anteriormente al año 1946 y que la Ley Nº 10.783 resolvió acertadamente.

Por lo tanto para subsanar lo ocurrido se propone un proyecto de ley modificativo de tal artículo que acompaña esta exposición de motivos.

Alfredo Traversoni. senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Sustitúyese del artículo 1º de la Ley Nº 15.855, de 25 de marzo de 1987 la redacción del artículo 267 del Código Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 267. - Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, aun en aquellos bienes de que no tengan el usufructo.

Sin embargo el hijo tendrá la administración del peculio profesional o industrial para cuyo efecto se le considera como emancipado o habilitado de edad.

Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o dejados por testamento a los hijos, bajo condición de que aquéllos no los administren.

Todo esto sin perjuicio de aplicar en lo pertinente las demás disposiciones introducidas al respecto por la Ley Nº 10.783".

Art. 2º - Publíquese, comuníquese, etc.

Alfredo Traversoni. Senador."

6) PASIVIDADES. Cálculo del adelanto a cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa para la que están inscriptos los señores senadores Olazábal y Ferreira.

Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: repasando algunas de las declaraciones de prensa que ha realizado en estos días el señor vicepresidente del Banco de Previsión Social, don Norberto Sanguinetti, nos hemos encontrado con que las mismas recogen diferentes versiones de dichas expresiones con respecto a la forma en que tiene que calcularse y liquidarse el adelanto a cuenta, presuntamente con vigencia a partir del 19 de setiembre.

Nos interesa anotar una discrepancia fundamental con ciertas versiones periodísticas. Y leo una de ellas: "De acuerdo a datos generales de la ley, quienes ganen menos de un Salario Mínimo Nacional líquido, tendrán un aumento del 13,6%; entre uno y cuatro salarios mínimos nacionales líquidos, un 8,8% de aumento y más de cuatro salarios mínimos nacionales líquidos, un 8%". Esta versión corresponde al diario El País.

En cambio, en versión del diario El Día del 30 de julio -fecha coincidente con la de la que antes leí- se adjudica al señor Norberto Sanguinetti las declaraciones de que "Los pasivos que cobran menos de un Salario Mínimo Nacional -N$ 29.000- percibirán un aumento del 13,6%" y así sucesivamente, tomando como base de cálculo N$ 29.000, en lugar de lo que correspondería a un Salario Mínimo Nacional líquido.

Desde nuestro punto de vista, no cabe absolutamente ninguna duda de que la ley aprobada en 1987, cuando quiso diferenciar entre salario mínimo y Salario Mínimo Nacional líquido, lo hizo. Es así que en el artículo 2º, que es el que en definitiva rige la forma en que han de liquidarse los adelantos a cuenta, se dice que para los jubilados cuyos ingresos mensuales por pasividad sean inferiores al valor equivalente a un Salario Mínimo Nacional, el porcentaje de cada adelanto no sería inferior al 85% del índice de ajuste por el cual se haya adecuado por última vez el valor de dicho salario.

Es decir, entonces, que la ley habla claramente de Salario Mínimo Nacional, no de Salario Mínimo Nacional líquido. En cambio, las versiones de prensa aparecen, por lo menos, en forma confusa y contradictoria, hablando algunas veces del Salario Mínimo Nacional y otras del Salario Mínimo Nacional neto. Creo que este es un aspecto que tiene una gran importancia porque abarca, justamente, una franja muy importante de las pasividades que se sirven en nuestro país.

No quiero de ninguna manera abrir una polémica al respecto y, además, si fuera esta mi intención no me referiría a este tema en la hora previa. Pero sucede que tengo una opinión muy definida y clara en cuanto a que la ley obliga a hacer el cálculo sobre la base del Salario Mínimo Nacional bruto. Si no fuera así, seria importante que a través de la Comisión respectiva se tuviera oficialmente la palabra del Banco de Previsión Social, a efectos de poder estar seguros respecto a cuál es el criterio que se va a aplicar por parte de dicha institución y, a la vez, abrir la posibilidad de una interpretación nacida de esta misma Cámara.

Señor Presidente, solicito, en primer término, que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Banco de Previsión Social; como testimonio de la opinión de que el cálculo debe hacerse por el Salario Mínimo Nacional bruto; y en segundo lugar, pido que la versión taquigráfica de estas mismas palabras sea remitida a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, a cuyo seno podrían ser llamados los señores representantes del Banco de Previsión Social, a fin de dejar perfectamente aclarada la forma en que serán liquidados los adelantos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se votará.

7) EFCSA. Situación de sus trabajadores accionistas despedidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: muy brevemente quisiera hacer algunas reflexiones sobre un tema respecto del cual hemos golpeado muchísimo. Y cuando digo "hemos golpeado", me refiero no solamente a los legisladores de la bancada de nuestro Partido, sino también a los de todas las bancadas parlamentarias, quienes se han reunido con delegaciones, han expresado públicamente voluntades políticas y han llevado el tema a debate en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, sin haber podido dar una respuesta satisfactoria a los trabajadores despedidos de EFCSA.

Confieso, señor Presidente, que, a esta altura, más allá de toda consideración jurídica, empiezo a sentir -y lo digo como un testimonio personal- la impotencia de ocupar una banca en el Senado y, al mismo tiempo, sentir que no tengo respuesta para un conjunto de ciudadanos que acude a nosotros para exigir el cumplimiento más elemental de sus derechos.

Más allá de toda consideración o análisis jurídico, creo que cuando el Parlamento comenzó su trabajo aprobando leyes de reparación de los daños causados a la sociedad uruguaya por los errores, excesos, abusos y atropellos cometidos durante los años del proceso, fundamentalmente por Ley Nº 15.783, se buscaba ir cicatrizando heridas e integrando a la sociedad a todos aquellos que habían sufrido las consecuencias de este período de gobierno "de facto". La misma ley de restitución de destituidos, en muchos casos, ampara a trabajadores de empresas privadas que habían sido intervenidas durante dicho "gobierno de facto", limitando, sin embargo, estos beneficios a algunos casos muy puntuales en forma que pudo haber sido injusta y discriminatoria.

En el caso de los trabajadores de EFCSA, al tratarse de obreros accionistas esa condición viola casi un doble derecho adquirido por estos trabajadores. Sin embargo, el reclamo de este conjunto de compatriotas se limita exclusivamente a la revisión de las cédulas jubilatorias para unos pocos uruguayos, reivindicación que ha dado lugar a una cerrada y sistemática negativa al considerar este tema, por parte del Poder Ejecutivo. En varias oportunidades hemos discutido este tema en la Comisión, en presencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y, a veces, también del señor Subsecretario de dicha Cartera. Nos ha sorprendido que la negativa no se ve avalada siquiera por cifras o datos estadísticos y se nos han dado respuestas imprecisas, incluso sobre la cantidad de trabajadores que se verían beneficiados por una medida de esta naturaleza.

¿Nosotros teníamos entendido, señor Presidente, que a través del Decreto Nº 622 del año 1973, quedaron unos 50 obreros despedidos, discriminados de la siguiente manera: en el año 1974, 8 trabajadores de la Planta Victoria; en el año 1976, 10 trabajadores de la Planta Artigas; en el año 1977, 13 trabajadores de la Planta Artigas y, en el año 1977, 10 trabajadores más de la Planta Victoria. Por el Decreto Nº 436 del año 1979 también queda en la calle un número de trabajadores de ambas plantas y, a nuestro juicio y por la información de que disponemos la modificación de la cédula jubilatoria llegaría a beneficiar de 450 a 500 trabajadores.

Más allá de toda consideración jurídica, creo que siendo un tema que apela a la más profunda sensibilidad social y que afecta a un puñado tan pequeño de trabajadores, no puede esgrimirse el argumento de que se pone en riesgo el déficit fiscal o la estabilidad de nuestro sistema financiero. Sinceramente -y lo digo sin querer incurrir en ningún tipo de calificativo peyorativo o despectivo- está faltando el dato más importante.

Este no es de cifras, de estadísticas o de números sino que se trata de un mínimo de sensibilidad humana. Pienso que con un poco de buena voluntad y dado el ambiente de cooperación y consenso que se ha generado en el seno de la Comisión -en la que todos los sectores políticos se han pronunciado a favor de encontrar una solución para este medio millar de compatriotas- se puede llegar a resolver esta situación. Sin embargo, en determinado momento no pido menos que sentir una sensación de impotencia total porque, en la medida en que esto implica la modificación de una cédula jubilatoria, este asunto no puede llegar al Cuerpo si no es a través de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros no podemos iniciar el trámite legislativo.

Como ya mencioné, nos encontramos, ante un tema que no ofrecería dificultades para su aprobación, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, a partir del mismo momento en que el Poder Ejecutivo remita la iniciativa correspondiente para la que, repito, tiene constitucionalmente facultades privativas.

Por otro lado, nos encontramos con que se trata de un grupo tan pequeño de ciudadanos que no provocaría ninguna alteración en el orden financiero ni produciría ningún desajuste en la política económica del Gobierno, más allá de que estemos de acuerdo o no con ella; en suma, no introduciría grandes modificaciones.

Y debo decir con toda franqueza -y pido perdón por la falta de protocolo o de formalidad al expresar esto- que a veces me da vergüenza que a los 35 años de edad, ocupando una dignidad tan importante en la organización del Estado, deba mirar cara a cara a estos compatriotas para decirles que no tengo absolutamente nada que hacer al respecto; que el Parlamento de mi país está a favor de una solución, al igual que todos los partidos políticos, pero que yo no puedo hacer nada porque esta sensibilidad que han manifestado todas las bancadas legislativas topa permanentemente con una actitud que si no es de insensibilidad, por lo menos sí lo es de indiferencia y de falta de cooperación por parte de los representantes del Poder Ejecutivo.

Entiendo que esto puede jugar un papel multiplicador sumamente perjudicial para la propia credibilidad del sistema político. Entonces respetuosamente, me voy a permitir hacer un llamamiento muy especial para que retomemos el trabajo sobre este tema con un ánimo constructivo a fin de que, por lo menos -reitero que no se pide el reintegro a lugares de trabajo que ya no existen ni indemnizaciones- se pueda obtener una modificación de la cédula jubilatoria de un número muy reducido de compatriotas -lo que implicaría sumas muy modestas- como única forma de que la sociedad repare una injusticia y una arbitrariedad incalificables. Estos ciudadanos han quedado, en una forma un poco kafkiana, fuera del amparo jurídico y del de la sociedad.

Al solo efecto de no vivir la vergüenza de tener que sentirme absolutamente incompetente en este tema formulo este último llamamiento, aunque más no sea para no tener la sensación de que enfrentamos este problema de brazos caídos, sumándonos a la indiferencia con una resignación que no sería aceptable.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de este Cuerpo -creo que eso es de trámite- y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al mismo tiempo, deseo exhortar a la Comisión -sé que este planteamiento tendrá buena acogida- en el sentido de que vuelva a invitar a las autoridades del Ministerio para iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - La versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Ferreira será cursada a la Comisión, de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Se va a votar la moción formulada en el sentida de remitir la versión taquigráfica de lo manifestado por el señor senador Ferreira al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

8) PASIVIDADES. Calculo del adelanto a cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar ahora la moción formulada por el señor senador Olazábal en la hora previa en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase al Banco de Previsión Social.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

9) PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Solicitud de autorización para ausentarse del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar ahora la solicitud, oportunamente leída, del señor Presidente de la República prescripta por el artículo 170 de la Constitución para ausentarse del país por más de 48 horas a partir del 9 de agosto.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) FRIGORIFICO NACIONAL. Su reinstitucionalización.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: creo que desde el año 1985 hay un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes -es decir, ha sido parcialmente sancionado- sobre la reilnstitucionalización del Frigorífico Nacional.

En la Comisión del Senado ese proyecto fue tratado en una sola sesión y luego se efectuó un cambio de trámite. Actualmente, según tengo entendido, está radicado en la Comisión Especial que atiende problemas relativos a la industria frigorífica que, en lo que va de este año, no se ha reunido.

Hace algún tiempo -creo que en el mes de junio- el señor senador Rodríguez Camusso, en nombre de nuestra bancada, solicitó a través de una intervención en el Senado, que se le prestara atención a ese proyecto y que se procediera a su discusión en la Comisión respectiva. Hasta el momento, esto no ha sucedido. Sin embargo, encontramos que hoy más que nunca, por la situación del "stock" de carnes, por la sequía y por las circunstancias, en general, por las que atraviesan, tanto el sector agropecuario como el industrial, así también como por los precios que ha alcanzado la carne para el consumo en la ciudad de Montevideo y en el resto del país, es absolutamente necesario que se encare en profundidad la discusión de este proyecto y que, en definitiva, se decida si se acepta o se va a rechazar lo que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

Formulo moción para que, en la última sesión ordinaria del mes de agosto, se trate este proyecto de ley con o sin informe de la Comisión respectiva.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para referirme a esta moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - No sé, señor Presidente, si he interpretado claramente lo manifestado por el señor senador Olazábal, pues me pareció que se estaba refiriendo al ex-Frigorífico Nacional. Sí es así, me llama poderosamente la atención su planteamiento porque en este mismo Cuerpo, y en ocasión de haber sido llamado a Sala el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Bonino, el Senado realizó un pronunciamiento mayoritario que decretó la muerte del Frigorífico Nacional, es decir, su desaparición total por cuanto éste, como tal, fue transferido "in totum" -por lo menos en lo que tiene que ver con las actividades que desarrolla un frigorífico en la parte industrial- a una cooperativa. Por lo tanto, desapareció como frigorífico gracias a los votos emitidos en este Senado de la República. Aclaro que no estoy diciendo que haya sido esa votación la que decretó su muerte sino que los votos de quienes apoyaron las decisiones adoptadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -me refiero a los legisladores del Partido Colorado y del Frente Amplio- determinaron que el Frigorífico Nacional pasara a otro destino. Entonces, a partir de ese momento y de esa decisión seguida luego por la firma de los contratos correspondientes, dado el aval parlamentario y la existencia de una voluntad instrumentada por el Poder Ejecutivo en cuanto a llevar esta operación hasta sus últimas consecuencias -no entro a discutir las razones que tuvo para ello- se cerró un ciclo y una expectativa. Reitero que, de alguna manera, esto obedeció a una voluntad parlamentaria.

¿De qué se trata este proyecto? ¿Se trata de resucitar el Frigorífico Nacional, cuya muerte de alguna manera fue decretada en este mismo Senado en ocasión de la interpelación promovida por el señor senador Aguirre?

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ricaldoni)

-¿Se trata de crear un nuevo frigorífico con el nombre de "Frigorífico Nacional", es decir, una iniciativa tendiente a promover la instalación de un nuevo sistema industrial con las características que tuvo aquel, nacido en 1928 y a cuyo final hemos asistido a través del operativo del traspaso de sus bienes a una empresa privada?

El Frigorífico Nacional ya no existe; apenas queda un pequeño patrimonio con el cual se liquidarán algunas cuentas, entre otras, las correspondientes al pago a los trabajadores.

Si lo que se quiere es resucitar un Frigorífico Nacional, habría que pensar si éste es el momento oportuno y conveniente para hacerlo.

Si bien entendemos que es necesario crear fuentes de trabajo, creemos que tenemos que hablar con claridad -sin hacernos trampas al solitario- sobre qué es lo que ha sucedido en este período. Y si lo que ha sucedido es la eliminación del Frigorífico Nacional con una votación prácticamente mayoritaria que, de alguna manera, avaló la decisión tomada a nivel del Poder Ejecutivo, ¿cómo podemos hablar de reintegrar un proyecto que, de hecho, prácticamente, nos encargamos de liquidar? Estas son las reflexiones que quería hacer con respecto a la posibilidad de que se eleve a consideración del Cuerpo un proyecto referido a una situación anterior, que quedó definitivamente terminada en virtud de las negociaciones que se llevaron a cabo.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - La moción del señor senador Olazábal me toma de sorpresa y me suscita la duda de qué es lo que se debe hacer ante ella.

Me resisto a avalar con mi voto situaciones que emanan de una decisión arbitraria e inconsulta del régimen de facto y que han creado todo tipo de perjuicios, que no voy a especificar en este momento. Pero quiero señalar que me llama la atención que se plantee esta situación desde una banca -y lo digo con todo respeto por quien ha formulado la moción- que en su momento -cuando interpelamos al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para denunciar una operación que había impulsado el Gobierno y que significaba, a nuestro juicio, entregar todos los bienes del Frigorífico Nacional por un precio irrisorio, a una persona jurídica, a una cooperativa, que había ganado la licitación para la compra de esos bienes e incumplido las obligaciones que había asumido- desde una banca, reitero, que negó el voto a la posición del senador interpelante, quien habla, y avaló la del Gobierno.

También quiero decir, además, que de acuerdo con mis informaciones, no es exacto lo que ha manifestado el señor senador Tourné en cuanto a que la operación está concluida y los bienes se transfirieron a esa entidad que, como todos sabemos, es CALFORU.

El día 30 de setiembre vencía el plazo para que la citada cooperativa cumpliera con las obligaciones que había asumido y que habían dado origen a un acuerdo presentado ante la Justicia, en el juicio que el Frigorífico Nacional seguía a CALFORU por rescisión del contrato. Si bien se cumplió la primera entrega en efectivo, en dólares -como estaba pactado- no se pudo cumplir el traspaso de los bienes en las condiciones en que éstos habían sido entregados a esa entidad siete años atrás. Y como las autoridades interventoras del Frigorífico Nacional no recibieron los bienes, el acuerdo no tuvo ejecución y éstos no pasaron a propiedad de CALFORU. Por consiguiente, el asunto -en mi concepto y de acuerdo con lo que se me ha informado- no prosperó, quedó detenido. Y para mí, eso basta para que la interpelación se haya justificado. Lo que a mi juicio era una decisión profundamente equivocada, no se pudo llevar a la práctica, no sólo por lo que ha quedado expresado, sino también por alguna otra situación -que no tengo por qué ocultar- referida al hecho de que, de acuerdo al monto de la operación, al hacerse la transferencia definitiva y la escrituración de los bienes, había que pagar una suma muy abultada por concepto de IVA; como no se había previsto, no había quien la pagara. CALFORU no estaba en condiciones de hacerlo.

En consecuencia, el estado de cosas es más o menos el mismo que reinaba cuando el que habla llamó a Sala al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Creo que fue ello lo que detuvo esa operación injustificada y ruinosa para los intereses del Estado, porque, en definitiva, más allá de disquisiciones y sutilezas jurídicas, él es el propietario de lo que queda del patrimonio del Frigorífico Nacional.

No obstante lo expresado, como tengo un particular interés en el tratamiento de todo lo que refiere a esta entidad -y aunque creo que el tema es evidentemente complicado y que sería bastante absurdo tratarlo sin informe de Comisión- no me niego, en principio, a que el asunto se traiga al Senado. Creo, sí, que debería haber un informe de Comisión, porque un problema de esta complejidad, reitero, no debería ser tratado sin él.

SEÑOR SINGER. Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Debo señalar que no tendríamos inconveniente en votar la moción formulada en el sentido de que este tema se trate en la última sesión ordinaria de este mes, siempre y cuando se elabore un informe por parte de la Comisión.

En su momento, este asunto fue abordado por la Comisión de Industria y Energía del Cuerpo, con la participación del señor Ministro del ramo y de delegados y obreros del ex-Frigorífico Nacional.

Luego de comprobar que este tema está inserto en un problema más amplio, como es el de la industria de la carne en nuestro país por la crisis que la afecta, la Comisión entendió que el asunto no ameritaba informe para su tratamiento por parte del Cuerpo. Esa es la razón por la que no ha venido hasta ahora al Senado.

Por lo tanto, acompañaremos la moción formulada sólo en el caso de que el tema se pueda tratar con Informe. En la Comisión correspondiente, están representadas todas las fuerzas políticas que integran este Cuerpo y allí, los delegados de cada partido político tendrán la oportunidad de hacer los planteamientos que crean convenientes.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: todos conocemos cuál es la verdadera situación en que se encuentra la Institución Frigorífico Nacional y lo que queda de lo que fue una gran planta de faena y de industrialización de carne. Pero sabemos también cuantas esperanzas depositó el país en que el Frigorífico Nacional cumpliera el rol de ente testigo en defensa de la producción y del consumo; en defensa de la producción, impidiendo las maniobras con los precios de las haciendas y, en defensa del consumo, garantizando o pretendiendo garantizar a la población un precio justo por un alimento tan importante como la carne.

Asimismo, sabemos de las vicisitudes que muestra la historia del Frigorífico Nacional y de la necesidad que tiene el país de que exista un ente testigo en materia de comercialización e industriailzación de la carne.

El Frigorífico Nacional es uno de los grandes temas nacionales. Por lo tanto, no puedo negar mi voto al planteamiento de que el Senado lo aborde, más allá de la posición que finalmente cada uno asuma, teniendo en cuenta las circunstancias en las que hoy se encuentra.

Naturalmente que preferiría, tal como lo ha expresado el señor senador Aguirre, que viniese con informe de la Comisión. Me niego a admitir, en parte -sin que esto signifique acusación a ninguna Comisión- algunas de las argumentaciones vertidas en Sala, porque creo que no son las Comisiones parlamentarias las que deben decidir el destino de un proyecto. Las Comisiones son órganos asesores del Senado y en favor o en contra, deben informar los proyectos y luego, el Senado resolverá.

SEÑOR AGUIRRE. - Apoyado.

SEÑOR PEREYRA. - En definitiva, el papel de las Comisiones es estudiar los proyectos e informarlos de una u otra manera, pidiendo que se apruebe o no; pero lo que no puede hacer es decidir, repito, por sí misma el destino de un, proyecto.

Considero que si la Comisión reanudara el estudio, nos daría oportunidad de insistir sobre un tema tan importante. Pero entiendo que también es bueno que en el ámbito del Senado volvamos -aunque sea por última vez- sobre un tema tan importante que involucra una institución que ha jugado un papel muy trascendente en la economía nacional.

De manera que voy a dar mi voto a la moción formulada por el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL - Creo -sin pretender contestar las apreciaciones, especialmente las formuladas por el señor senador Tourné- que hay un error en la interpretación que se hace en el sentido de que este proyecto se contrapone con la existencia de CALFORU. Digo más, cuando este proyecto se aprobó, la situación de CALFORU era distinta, porque la parte del Frigorífico Nacional que ocupaba esta cooperativa era mayor que la actual.

Me parece que estamos entrando a la discusión de fondo del proyecto, ya que éste contempla una reinstitucionalización que no tiene un asiento físico determinado, aunque por su nombre se pueda pensar en que tenga que utilizar las instalaciones que antes fueron del Frigorífico Nacional. Pero este proyecto abarca mucho más que esas instalaciones, y ese es el sentido por el cual solicitamos su tratamiento. Esta iniciativa no tiene el sentido estrecho de establecer que se va a construir un nuevo frigorífico sobre lo que actualmente queda del ex-Frigorífico Nacional.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Este tema hace aproximadamente dos años que se encuentra radicado en la Comisión de Industria y Energía, la que ha recibido, en distintas oportunidades, los más diversos asesoramientos. Por ejemplo, han concurrido el señor Ministro y las distintas delegaciones interesadas en este asunto.

Lo cierto es que aún no se ha logrado pronunciamiento y no creo que en el término que ahora se propone la última sesión ordinaria del mes de agosto la Comisión pueda expedirse porque el asunto está prácticamente olvidado.

Por tanto, es imposible que los miembros de la Comisión adopten una posición en tan corto plazo cuando no lo han podido hacer en el término de dos años.

Comparto el criterio del señor senador Pereyra en cuanto a que las Comisiones no pueden detener un proyecto y que deben pronunciarse.

En este caso, lo concreto es que la Comisión no se ha pronunciado y, a mi juicio, deliberadamente no lo ha hecho, porque si hubiera habido interés en el proyecto se habría informado de una forma u otra.

Quizás el Senado podrá resolver tratarlo sin informe, pero entiendo que es un asunto muy complejo e importante como para adoptar este criterio.

Tal vez lo más adecuado sería, por ejemplo, hablar con el señor senador Cersósimo -actual Presidente de la Comisión de Industria y Energía- a efectos de solicitar un pronunciamiento de la Comisión para esa fecha.

Por las razones expuestas, no voy a acompañar con mi voto la moción de tratar este proyecto sin informe.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - No voy a entrar al fondo del asunto, porque entiendo que habrá tiempo de discutir y analizar este proyecto detenidamente. Pero cuando el mismo fue aprobado en la Cámara de Representantes estaba presente, en esa instancia, la existencia, de un juicio que prácticamente, sin ilusiones, sin un planteo meramente hipotético, sin una previsión optimista de sus resultados, llevaba inequívocamente a la reversión de la totalidad de los bienes al patrimonio del Frigorífico Nacional. Existieron decisiones administrativas que dieron un giro radical a esta situación y determinaron, en definitiva, la cancelación del juicio, el pase de la totalidad de los bienes industriales y del patrimonio del Frigorífico Nacional, excepto el potrero y alguna otra parte de menor valor. Pero, prácticamente la instalación industrial del Frigorifíco Nacional pasó a CALFORU, la que luego fue en parte utilizada, otra vendida, otra desmantelada, por lo que hablar en la actualidad de dicho frigorífico resulta estar vendiendo un solar en la Luna o una mera ilusión.

Además, los hechos determinaron que de acuerdo al contrato inicial, existiera una decisión imposible de revisar, inclusive en un juicio de incumplimiento del contrato, como bien quedó señalado en la oportunidad en que fue llamado a Sala el señor Ministro Bonino para examinar este tema.

De manera que si de lo que se trata es de discutir el tema, no me opongo, porque, en definitiva, toda la problemática de la industria frigorífica del país se puede traer al escenario del Senado para ser analizada. Pero si de aquí surge una voz tendiente a dar, de alguna forma, una esperanza, sembrar la expectativa en el Cerro de Montevideo -tan sufrido y que ha estado pendiente de esta iniciativa hasta verla caer a pedazos como fruto de diversas decisiones acumuladas en el transcurso del tiempo- creo que sería acentuar aún más todo ese grave daño que se ocasionó a una fuente de ocupación fundamental. Es decir que no podemos plantear como una posibilidad lo que ya, a esta altura de los hechos, resulta una simple quimera superada por una realidad dolorosa, como es el desmantelamiento de esta fuente de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

-8 en 17. Negativa.

11) PROYECTO DE RESOLUCION POR EL QUE SE DECLARA EL RECHAZO A LA RESOLUCION Nº 3379 (XXX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA EXISTENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Hace aproximadamente un año que se planteó en el Senado una discusión en torno a una Declaración a favor del Estado de Israel, derivada de la resolución del Plenario de las Naciones Unidas del 10 de noviembre de 1975, que condenó al sionismo y a Israel. En la mencionada resolución se declara al sionismo como una forma de racismo o de discriminación racial.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, trabajosamente elaboró una declaración al respecto.

Dado que está próxima la apertura del Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión entiende que este tema se debe considerar en forma urgente, a efectos de que la delegación uruguaya que concurra a la misma esté habilitada para pronunciarse al respecto.

Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Internacionales, por mi intermedio, solicite al Senado que este asunto figure como primer punto del orden del día de la sesión de mañana.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: este asunto fue examinado en el transcurso de algunas Sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales y su discusión terminó en el día de ayer, pasadas las 20 horas. Naturalmente que han sido designados los miembros informantes que expresarán la opinión de la mayoría. Lo que no sé es si ya estará pronto el informe correspondiente y en condiciones de ser repartido para el día de mañana; de ser así, advierto que ha existido una gran celeridad. De todas maneras, me ha parecido que no era justificada una urgencia tan extremada como para ya incluirlo y en primer término del orden del día de la sesión de mañana que, como todos sabemos, tiene numerosos asuntos que esperan su tratamiento desde hace bastante tiempo.

Esa es la razón por la que no he votado esta preferencia, aunque si hubiera apoyado su inclusión en términos distintos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea dejar constancia de que este punto figuraba en último lugar de los asuntos entrados y que, como correspondía, se dispuso que fuese repartido. Entonces, de todas formas iba a figurar en el orden del día de la sesión de mañana.

12) ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ENTRE LOS DIAS 23 y 27 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO. Concurrencia de una delegación de parlamentarios uruguayos.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: en el numeral 20 figura el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales, por el que se autoriza a la Mesa a integrar la delegación que asistirá a las sesiones del Parlamento Latinoamericano que se celebrarán a partir del lunes 22 del corriente mes.

Consideramos conveniente que esa delegación se integre con la debida anticipación, a los efectos de poder prepararse y estudiar algunos de los temas importantes que serán considerados por el Parlamento Latinoamericano. Como este asunto ha sido informado, por unanimidad, solicito que se trate en primer término del orden del día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Singer.

(Se vota:)

20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) FRIGORIFICO NACIONAL. Su reinstitucionalización.

SEÑOR OLAZABAL - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente; solicito que se rectifique la votación con respecto a mi moción, por la cual pedía que en la última sesión ordinaria del mes de agosto se considerara un proyecto venido con sanción de la Cámara de Representantes, referido a la reinstitucionalización del Frigorífico Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - No corresponde la rectificación, señor senador, porque hemos tratado otro asunto; en todo caso, debería haberla solicitado antes.

SEÑOR OLAZABAL. - Entonces, solicito que se reconsidere el asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Olazábal en el sentido de que se reconsidere el asunto planteado por él como moción de orden, relativo al Frigorífico Nacional.

14) ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ENTRE LOS DIAS 23 y 27 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO. Concurrencia de una delegación de parlamentarios uruguayos.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: tengo entendido que corresponde votar en primer término la moción de orden formulada por el señor senador Singer, por la cual se altera el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya fue votada afírmativamente señor senador.

SEÑOR SINGER. - No, fue votada la urgencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador, por lo tanto, corresponde considerarlo.

Se pasa a considerar el asunto que figura en vigésimo término del orden del día; "Proyecto de resolución relacionado con la concurrencia de una delegación del Parlamento Uruguayo a la Asamblea Ordinaria Anual del Parlamento Latinoamericano a realizarse en Buenos Aires entre los días 23 y 27 de agosto del corriente año.

(Carp. Nº 1165/88 - Rep. Nº 100/88".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1165/88
Rep. Nº 100/88

Montevideo, 11 de julio de 1988.

Buenos Aires
Nº: 2572

TO: Sr. Pte. Congreso Nacional de Uruguay
Montevideo - Uruguay

FROM: Senador Luís A. León, Pte. Parlamento
Latinoamericano

Confirmo a Ud. a los efectos de ir integrando la delegación de su digno Parlamento que entre los días 23 y 27 de agosto se realizará en Buenos Aires la Asamblea, Ordinaria Anual del Parlamento Latinoamericano que funcionará en adelante de acuerdo al nuevo Tratado de Institucionalización. Durante las deliberaciones se reunirán las Comisiones Permanentes dando despachos a ponencias presentadas y se elegirán las nuevas autoridades de nuestra institución. Una síntesis del programa, al que posteriormente se le agregarán agasajos, sería:

FECHA

EVENTO

23/08  

10 Hs.

Inauguración con discursos de autoridades y del Presidente de la Nación.

  

16 Hs.

Plenario formal e integración de las Comisiones con los Presidentes de las mismas, cuyo mandato termina.

24/08  

Reunión de Comisiones.

25/08  

Reunión - Plenario

26/08  

Reunión - Plenario.

27/08  

Elección de las nuevas autoridades y clausura.

TEMARIO

Las Comisiones funcionarán en forma abierta pero se ha resuelto privilegiar despachos sobre:

1) Deuda externa.

2) Narcotráfico.

3) Defensa de la paz y de la democracia en América Latina.

4) Defensa del medio ambiente.

Posteriormente pasaremos informes de hoteles cuyos precios se sitúan entre los 110, 80 y 30 dólares.

Temperatura estimada en Buenos Aires en agosto entre 5 y 15 grados.

Para toda reservación dirigirse a Srta. Marisa Glanini (Of. Senador León) o al Dr. Antonio Macris (Senado Nacional H. Irigoyen 1849 - Buenos Aires).

Ruego informarnos cuanto antes integración de delegación.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo Unico. - Resuélvese concurrir a la Asamblea Ordinaria Anual del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 23 y 27 de agosto del corriente año.

Se faculta a la Presidencia de la Cámara de Senadores,: para que de acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, se ajusten y coordinen los detalles correspondientes.

Sala de la Comisión, 25 de julio de 1988.

Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Américo Rícaldoni, A.Francisco Rodríguez Camusso. Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Miembros Informantes Verbales. Senadores"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"Artículo único. - Resuélvase concurrir a la Asamblea Ordinaria Anual del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 23 y 27 de agosto del corriente año.

Se faculta a la Presidencia de la Cámara de Senadores, para que de acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, se ajusten y coordinen los detalles correspondientes".

-En discusión particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado, por ser igual al considerado).

15) FRIGORIFICO NACIONAL. Su reinstitucionalización.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se reconsidera la moción de orden oportunamente formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

13 en 21. Afirmativa.

Se reabre la discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

-11 en 21. Afirmativa.

Por lo tanto, en el orden del dia de la última sesión ordinaria del mes de agosto se incluirá el referido proyecto de ley.

16) TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PUBLICA Y PRIVADA. Normas referidas a cómputo de horas extras.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día:

"Proyecto de ley por el que se crean normas para el cómputo de horas extras o suplementarias en la actividad privada y pública.

(Carp Nº 1025/87 - Rep. Nº 66/88)".

(Antecedentes: ver 27ª S.O.E.)

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en discusión particular.

En consideración el artículo 4º

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: en las sesiones anteriores, para aprobar este proyecto de ley tuvimos dificultades que aún subsisten; han quedado pendientes el artículo 1º, por problemas de redacción y los artículos 4º y 5º que ocasionaron algunas objeciones; inclusive, el Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha hecho llegar a algunos miembros de la Comisión cierta modificación de forma con respecto a cómo debe estimarse este beneficio relativo al salario vacacional. Rápidamente, he realizado consultas con algunos integrantes de la Comisión y deseo proponer el Senado que este asunto vuelva a Comisión, con la condición de que se mantenga como primer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria de la próxima semana. De esa forma sería posible que la Comisión ajustara todos los detalles de redacción en la reunión del jueves próximo, ya que consideramos que ellos pueden dilatar -sin resultado fecundo- nuestra discusión de hoy en Sala. Por lo tanto, propongo que el asunto vuelva a Comisión para que allí se ajusten todos estos detalles, a efectos de traerlos, con el consenso de todos sus miembros, para ser aprobados rápidamente.

Naturalmente que esto no va a subsanar una diferencia sustancial planteada en torno al artículo 7º de este proyecto. Aclaro que me refiero a lo votado por la Cámara de Representantes y no a lo que esta Comisión, por mayoría, aconseja que apruebe el Senado. Creo que este procedimiento será, en definitiva, mucho más ágil y permitirá al Senado pasar a considerar otros temas.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: apoyo la moción formulada por el señor senador Pozzolo, ya que la considero adecuada con respecto a lo que fue el trámite de la sesión anterior, donde se puso de manifiesto una serie de dudas sobre el punto.

Simplemente, solicito a la Comisión -y supongo que así lo hará- que tenga en cuenta algunas objeciones que algunos de los señores senadores habíamos formulado al texto de los artículos. No sólo me refiero a alguna propuesta que no conozco- del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también a las observaciones y dudas que planteamos en el curso de la sesión anterior relativas a la redacción que el texto del proyecto de ley tenía en el momento de su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Pozzolo.

(Se vota:)

20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) CONTRATO DE CREDITO DE USO. Normas tributarias aditivas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día:

"Normas tributarias aditivas al proyecto de ley que regula el Contrato de Uso.

(Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 71/88)".

(Antecedentes: ver 8ª S.0.)

"Carp. Nº 834/87
Rep. Nº 71/88

Montevideo, 14 de junio de 1988.

Ministerio de Economía y Finanzas

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el adjunto proyecto de ley que regula el tratamiento tributario para los contratos de crédito de uso que se celebren en el marco normativo de un proyecto de ley que está a consideración del Senado de la República.

En la elaboración del mismo se han tenido en cuenta los siguientes aspectos.

a) la realidad económica sobre la cual se han estructurado los impuestos vigentes;

b) el fin último de la negociación y

c) que el tratamiento tributario emergente de la celebración de contratos de crédito de uso no esté discriminado respecto al que tienen otras formas de crédito.

En el orden de ideas señalado anteriormente se proyecta dar el tratamiento de compraventa a aquellas operaciones en las cuales el tomador del bien habrá de constituirse presumiblemente en su propietario, bien porque el precio de la opción de compra es tan reducido que en los hechos la adquisición no implica un sacrificio económico o bien porque no existe una real opción o bien porque el fin último de la negociación, de hecho, lo trata como si fuera el propietario (artículo 2º). El artículo tercero precisa cómo ha de procederse para la determinación de los casos en que la adquisición debe presumirse por el escaso valor residual estableciendo objetiva y explícitamente los criterios para realizar los cálculos.

Por el contrario, se les da el tratamiento de arrendamiento a aquellas operaciones en que no existe opción de compra o que existiendo, la alternativa de restituir, o adquirir el bien a la finalización del período contractual no puede presumirse (artículo 5º).

El proyecto señala, en las distintas alternativas cual es el tratamiento a todos los efectos fiscales tanto para las instituciones acreditantes como para los usuarios de bienes objeto de contratos de crédito de uso (artículos 4º, 5º, 6º y 7º).

Las normas proyectadas toman en consideración también la realidad económica al no obligar a las instituciones acreditantes a anticipar impuesto a las rentas ya sea porque se beneficia por el ajuste por inflación (literal b) artículo 4º o porque computa la ganancia bruta en forma acorde con la realidad económica de la operativa (literal c) artículo 4º y literal c) artículo 5º o bien porque se autoriza la amortización del bien en el plazo del contrato (literal b) artículo 5º. En este último caso se proyecta un plazo no inferior a tres años de forma tal de ser congruente con la esencia de los contratos de créditos de uso que es la del financiamiento a mediano plazo.

Desde el momento en que todas las normas proyectadas lo son a todos los efectos fiscales, los usuarios podrán, cuando correspondiere, hacer uso del beneficio de amortización acelerada, o del cómputo del bien como activo exento a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio o de exoneración de rentas por inversiones.

Asimismo se exoneran del Impuesto al Valor Agregado las contraprestaciones resultantes de un crédito de uso (artículo 8º) por el costo financiero del mismo pudiera derivar para el usuario (si nos encontramos frente a una compraventa atendiendo al fin último de la negociación) o para la institución acreditante (si nos encontramos frente a un arrendamiento). Al dársele tratamiento de operación exenta deben arbitrarse medidas para que el "IVA compras" de la Institución acreditante no constituya un costo para la misma y en consecuencia encarezca la operación. A solucionar este aspecto apunta el artículo 9º.

El artículo 10 prevé las situaciones de cancelaciones anticipadas o de las rescisiones judiciales u homologadas judicialmente frente al Impuesto al Valor Agregado cuya exoneración operó anteriormente.

Por último se exonera a los créditos que se generen por la celebración de contratos de crédito de uso del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias. Ello por cuanto este impuesto sólo alcanza a las Instituciones de intermediación financiera y desde el momento en que existe la posibilidad de que otras empresas puedan actuar corno instituciones acreditantes en los contratos de crédito de uso, razones de justicia justifican un igualamiento tributario.

El Poder Ejecutivo entiende que las soluciones contenidas en el proyecto de ley que se acompaña permitirán el desenvolvimiento de la figura contractual denominada "crédito de uso".

Sin otro particular, saluda al señor Presidente, con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Los contratos de crédito de uso estarán sujetos al régimen tributario que se establece en los artículos siguientes y a las demás disposiciones vigentes que no se opongan al mismo.

Art. 2º - Los contratos de crédito de uso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 4º, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor residual cuyo monto sea inferior al 75 % (setenta y cinco por ciento) del valor del bien amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente;

b) cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor residual;

c) cuando finalizado el plazo del contrato o el de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera la opción de compra, el bien sea vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 3º - La comparación a que se refiere el literal a) del artículo 2º de la presente ley se realizará teniendo en cuenta lo que se dispone a continuación:

a) por valor del bien se entenderá el costo de adquisición del bien elegido por el usuario que la Institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado. En el caso de un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, y se pactare simultáneamente su venta a la institución acreditante, por valor del bien se entenderá el precio pactado. En el caso de bienes que a la fecha del contrato, sean propiedad de la institución acreditante, adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. La Dirección General Impositiva podrá impugnar dicha tasación.

b) el valor residual se actualizará, a la fecha del contrato, a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicación de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley número 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) la amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización acelerada.

Art. 4º - En los casos mencionados en el artículo segundo las instituciones acreditantes tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) no computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato;

b) el monto actualizado de las prestaciones a recibir, incluso el de la opción de compra, constituirá activo computable fiscalmente. El monto de las prestaciones previstas en el contrato se actualizará a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15, de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto-Ley número 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) la ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio estará constituida por la diferencia entre las prestaciones totales y la amortización financiera de la colocación al término de cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera, y los reajustes de precio si la operación estuviera pactada en moneda nacional reajustable.

Art. 5º - En los casos en que no se verifiquen ninguna de las condiciones del artículo 2º las instituciones acreditantes de los contratos de crédito de uso tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato.

b) dichos bienes podrán amortizarse en el plazo del contrato siempre que éste no sea inferior a tres años. En los casos en que exista opción de compra, el valor a amortizar será la diferencia entre el valor del bien para la institución acreditante y el valor residual (precio de la opción), actualizado, ajustada la diferencia con el índice de revaluación que corresponda.

c) la ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a las. Rentas de la Industria y Comercio estará constituida por las contraprestaciones devengadas en cada ejercicio sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios si la operación estuviera pactada en moneda reajustable.

Art. 5º - Los usuarios de bienes en que se verifique alguna de las condiciones indicadas en el articulo 2º tendrán todos los electos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) computarán en su activo fijo los bienes objeto del contrato. El costo será determinado en base a los criterios establecidos en el literal a) del artículo 3º de la presente ley.

b) los pagos a realizar, incluso el de la opción de compra, disminuidos en los intereses y reajustes de precios a devengar en los ejercicios siguientes, constituirán pasivo computable.

c) los intereses devengados se incluirán en los gastos financieros, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios en su caso.

Art. 7º - En los casos en que no se verifiquen ninguna de las condiciones del artículo 2º los usuarios computarán como gasto del ejercicio las contraprestaciones devengadas en el mismo. Cuando haya opción de compra y ésta se ejerza, el usuario computará el bien en su activo fijo considerando como costo el precio de la opción.

Art. 8º - Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que el plazo no sea inferior a tres años.

En todos los casos de contratos de crédito de uso con plazos inferiores a tres años se aplicará el Impuesto al Valor Agregado, en cuanto corresponda, a la tasa respectiva.

En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características mencionadas en el artículo 2º se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contraprestación respectiva.

Art. 9º - Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso siempre que tengan un plazo mínimo de tres años. Dicho crédito procederá incluso cuando los bienes hayan sido adquiridos antes de la vigencia de la presente ley salvo que el respectivo Impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido. El crédito se anulará cuando el contrato pierde la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando corresponda.

Art. 10. - En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 8º. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso 2º del artículo 94 del Código Tributario. En caso de rescisiones judiciales u homologadas judicialmente que signfiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los contratos de más de tres años de plazo.

Art. 11. - Los créditos que se generen por la celebración de contratos de créditos de uso estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (Título 15 del Texto Ordenado 1987).

Art. 12. - Estas normas se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 13. - Comuníquese, publíquese en dos diarios de circulación nacional, etc.

Ricardo Zerbino.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO SUSTITUTIVO

Capítulo IV - Normas Tributarias

Artículo 38. - Los contratos de crédito de uso estarán sujetos al régimen tributario que se establece en los artículos siguientes y a las demás disposiciones vigentes que no se opongan al mismo.

Art. 39. -. Los contratos de crédito de uso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 41, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75 % (setenta y cinco por ciento) del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente.

b) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor final.

c) Cuando finalizado el plazo del contrato o el de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera la opción de compra, el bien sea vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 40. - La comparación a que se refiere el literal a) del artículo 39 de la presente ley se realizará teniendo en cuenta lo que se dispone a continuación:

a) Por valor del bien se entenderá el costo de adquisición del bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado. En el caso de un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, y se pactare simultáneamente su venta a la Institución acreditante, por valor del bien se entenderá el precio pactado. En el caso de bienes que a la fecha del contrato, sean propiedad de la Institución acreditante, adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. La Dirección General Impositiva podrá impugnar dicha tasación.

b) El valor final se actualizará, a la fecha del contrato, a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) La amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización acelerada.

Art. 41. - En los casos mencionados en el artículo 39 las instituciones acreditantes tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) No computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato.

b) El monto actualizado de las prestaciones a recibir, incluso el de la opción de compra constituirá activo computable fiscalmente. El monto de las prestaciones previstas en el contrato se actualizará a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto-Ley N° 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) La ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio estará constituida por la diferencia entre las prestaciones totales y la amortización financiera de la colocación al término de cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precio si la operación estuviera pactada en moneda nacional reajustable.

Art. 42. - En los casos en que no se verifiquen ninguna de las condiciones del artículo 39, las instituciones acreditantes de los contratos de crédito de uso tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) Computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato.

b) Dichos bienes podrán amortizarse en el plazo del contrato siempre que éste no sea inferior a tres años. En los casos en que exista opción de compra, el valor a amortizar será la diferencia entre el valor del bien para la institución acreditante y el valor final (precio de la opción), actualizado, ajustada la diferencia con el índice de revaluación que corresponda.

c) La ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, estará constituida por las contraprestaciones devengadas en cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios, si la operación estuviera pactada en moneda reajustable.

Art. 43. - Los usuarios de bienes en que se verifique alguna de las condiciones indicadas en el artículo 39, tendrán a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) Computarán en su activo fijo los bienes objeto del contrato. El costo será determinado en base a los criterios establecidos en el literal a) del artículo 40, de la presente ley.

b) Los pagos a realizar, incluso el de la opción de compra, disminuidos en los intereses a devengar en los ejercicios siguientes, constituirán pasivo computable.

c) Los intereses devengados se incluirán en los gastos financieros, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios en su caso.

Art. 44. - En los casos en que no se verifiquen ninguna de las condiciones del artículo 39, los usuarios computarán como gasto del ejercicio, las contraprestaciones devengadas en el mismo. Cuando haya opción de compra y ésta se ejerza, el usuario computará el bien en su activo fijo, considerando como costo el precio de la opción.

Art. 45. - Las contraprestaciones resultantes de con tratos de crédito de uso estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que el plazo no sea inferior a tres años.

En todos los casos de contratos de crédito de uso con plazos inferiores a tres años, se aplicará el Impuesto al Valor Agregado, en cuanto corresponda, a la tasa respectiva.

En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características mencionadas en el artículo 39, se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contraprestación respectiva.

Art. 46. - Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que tengan un plazo mínimo de tres años. Dicho crédito procederá incluso cuando los bienes hayan sido adquiridos antes de la vigencia de la presente ley, salvo que el respectivo Impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando corresponde.

Art. 47. - En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 45. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto - más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia en Inciso 2º del artículo 94 del Código Tributario. En caso de rescisiones judiciales u homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo.

Art. 48. - Los créditos que se generen por la celebración de contratos de créditos de uso, estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (Título 15 del Texto Ordenado 1987).

Art. 49. - Estas normas se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

Jorge Batlle, Manuel Flores Silva, Luis Alberto Lacalle Herrera, Guillermo García Costa, Miembro Informante; Carlos A. Cassina, Con salvedades; Raumar Jude, Dardo Ortiz. Senadores.

TEXTO DE LOS ARTICULOS APROBADOS POR EL CUERPO EN LAS SESIONES DE FECHA
MAYO 11 Y MAYO 25 DE 1988

Capítulo I - Disposiciones generales

Articulo 1º - El crédito de uso es el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado, y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

Podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien, al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse, en favor del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato, por uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato, o el de la opción de prórroga en su caso, y si el usuario no tuviere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado, y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia sí el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 2º - El contrato podrá recaer:

a) Sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado;

b) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante; o

c) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos.

Art. 3° - Sólo podrán actuar como instituciones acreditantes en los contratos de crédito de uso:

a) Los Intermediarios financieros (Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982); y

b) Las empresas de giro exclusivamente financiero, especialmente autorizadas por el Banco Central del Uruguay para la celebración de este contrato.

Art. 4° - El Banco Central del Uruguay reglamentará el otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las empresas a que se refiere el apartado b) del artículo 3º, siéndoles aplicables los artículos 11 a 15, 16 apartado C), 18, 20 a 24 inclusive del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 5º - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, afectados a la actividad industrial, agraria o comercial. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato, se regirá por las disposiciones de esta ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (artículo 1º inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25 % (veinticinco por ciento) del valor real, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional.

Art. 6º - El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público y en triplicado.

Art. 7º - El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

a) Si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos.

b) Si recae sobre aeronaves en el Registro Nacional de Aeronaves.

c) Si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores.

d) Si recae sobre naves, en el Registro de la Escribanía de Marina; y

e) Si se tratare de otros bienes, concretamente identificables, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial.

Si la institución acreditante omitiera la presentación del contrato al Registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento, incurrirá en una multa en beneficio del usuario, equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato, y responderá además de los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento, sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar su inscripción.

La inscripción caducará cada cinco años y podrá reinscribirse a solicitud verbal de cualquiera de las partes por períodos iguales.

Las partes podrán además pactar otras formas de publicidad de la existencia del contrato.

Art. 8º - La inscripción en el Registro confiere al usuario, derecho real respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior, le acuerda acción para recuperar la utilización del bien y, cuando haya pagado su prestación y cumplido con todas las obligaciones estipuladas, para exigir su transferencia forzada si se hubiere pactado la opción de compra, cuando circunstancias posteriores a la inscripción del contrato inhibieran o impidieran el ejercicio de la opción de compra o sus efectos.

El Juez competente, previa citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará, en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante; en caso de oposición, se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Art. 9º - Durante el plazo del contrato, no es lícito a la institución acreditante retirar la cosa del poder del usuario, ni a éste devolverla antes de concluirse el tiempo convenido, a no ser pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas, con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas.

Art. 10. - Salvo estipulación en contrario, el usuario no tiene la facultad de ceder a ningún titulo la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 11. - Durante la vigencia del contrato el bien sólo podrá ser enajenado a una institución comprendida en el artículo 3º.

La enajenación voluntaria o forzosa realizada en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será inoponible al usuario, siempre que el contrato estuviera registrado.

Si el bien fuera enajenado conforme con el inciso primero, la institución que suceda en el derecho a la contratante, estará obligada personalmente a cumplir el contrato, siempre que estuviera registrado.

Capítulo II - De las obligaciones de la institución financiera

Artículo 12. - La institución acreditante está obligada:

a) A entregar la cosa, si es de su propiedad, o a adquirir la cosa al proveedor acordado y en las condiciones estipuladas en el contrato.

b) A notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrate de compraventa, la existencia del contrato de crédito de uso.

e) A no turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 13. - El contrato en el caso previsto en el apartado a) del artículo 2º, se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes si el proveedor indicado por el usuario no consiente la venta del bien a la institución acreditante, en las condiciones acordadas en el contrato.

Esta, disposición no será aplicable;

a) Si así se pactare expresamente.

b) Si el usuario cede al acreditante. en el momento del contrato, una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor.

Art. 14. - Por la notificación fehaciente de la existencia del contrato de crédito de uso, realizada por la institución acreditante al proveedor, quedarán transferidos de pleno derecho al usuario todos los derechos y acciones correspondientes al comprador contra el proveedor.

La institución acreditante no será responsable frente al usuario de ningún incumplimiento en que pueda incurrir el proveedor, salvo que éste se excepcionara justificadamente en la falta de cumplimiento por el acreditante de sus obligaciones como comprador.

Art. 15. - La institución acreditante no podrá, sin consentimiento del usuario, mudar la forma de la cosa, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Sin embargo, si se tratare de reparaciones indispensables que no puedan diferirse hasta la conclusión del contrato, el usuario que no las realizara por si, será obligado a tolerarlas aunque le priven del goce de la cosa y a reintegrar a la institución acreditante lo que esta hubiera desembolsado por tal concepto, sin poder exigir rebaja de precio o compensación alguna.

Art. 16. - La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho de terceros que no pretendan derecho a la cosa. En este caso, el usuario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño, y aunque éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra la institución acreditante.

Art. 17. - La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa se dirigirá contra la institución acreditante.

El usuario será sólo obligado a notificarle por cualquier medio hábil, la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, será responsable por los daños y perjuicios que de ello se sigan a la institución acreditante.

Si la institución acreditante no compareciere a defender la cosa, podrá sostener el juicio el usuario, quedando aquella responsable de la evicción y sus consecuencias.

Si la institución acreditante comparece, se seguirá contra ella sola la acción; pero el usuario podrá siempre intervenir en el juicio en guarda de sus derechos.

La acción para recuperar la utilización de la cosa contra terceros que pretendan un derecho anterior a la inscripción del contrato de crédito de uso, será ejercida por la institución acreditante, y mientras la utilización no sea recuperada, el usuario quedará liberado del pago de las cuotas periódicas estipuladas.

Art. 18. - Si la institución acreditante fuese vencida en juicio sobre la totalidad o sobre una parte de la cosa, podrá el usuario reclamar la rescisión del contrato si se le priva de la totalidad o de una parte principal de la cosa, o una disminución del precio en cualquier caso; podrá reclamar también los daños y perjuicios que le sobrevinieren, salvo que al otorgar el contrato, hubiese conocido por cualquier medio idóneo para ello, el peligro de evicción.

Art. 19. - La institución acreditante no responderá de los vicios o defectos de la cosa; la acción del usuario deberá dirigirse contra el proveedor, conforme al artículo 14.

Pero si el bien fuera de propiedad de la institución acreditante a la fecha del contrato (artículo 2º, apartado c), responderá de los vicios o defectos graves de la cosa existentes al tiempo de su celebración que impidieren la utilización, y el usuario podrá pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido de la institución acreditante al tiempo del contrato, o era tal que debiera conocerlo, tendrá además derecho el usuario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

Capítulo III - De las obligaciones del usuario

Artículo 20. - El usuario está obligado:

1º) A usar de la cosa según los términos del contrato;

2º) A emplear en su conservación, el cuidado de un buen padre de familia;

3º) A pagar el precio periódico;

4º) A pagar el precio final o, en su caso, devolver el bien.

Art. 21. - No podrá el usuario destinar la cosa a: otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquéllos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el usuario contraviniere esta regla, podrá la institución acreditante reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios, o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el contrato.

Art. 22. - Si el usuario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá de los daños y perjuicios, y aun tendrá derecho la institución acreditante para demandar la rescisión del contrato en caso de un grave y culpable descuido.

Art. 23. - Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar si el usuario ejerce la opción de compra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio final, con el descuento racional compuesto previsto en el inciso 3º del artículo 30.

Art. 24. - El mantenimiento y todas las reparaciones de cualquier naturaleza que deban realizarse en la cosa durante su utilización por el usuario serán de cargo de éste, sin perjuicio de las acciones que en virtud del artículo 14 puedan corresponderle contra el proveedor, y sin perjuicio también de lo dispuesto por el artículo 1º inciso segundo.

Salvo pacto en contrario, todas las mejoras que se realicen en la cosa por el usuario durante el contrato, beneficiarán a la institución acreditante, pero se considerarán comprendidas en las opciones del artículo 1º, sin derecho a compensación para ninguna de las partes.

Art. 25. - El usuario deberá pagar el precio periódico estipulado, aunque durante el contrato la cosa fuese destruida en su totalidad o sólo en parte o se deteriorara, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa.

Lo mismo ocurrirá si por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa el usuario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el destino convenido.

Art. 26. - Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abandonando el bien en beneficio del usuario; o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.

Art. 27. - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de tres cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes, de dos cuotas si fueren bimensuales, y de una cuota en los demás casos.

Art. 28. - La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme al artículo 1324 del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el usuario, cuando el hecho dañoso haya ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien por dicho usuario.

Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

Art. 29. - Finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga en su caso, si no hiciere uso de la opción de compra o ésta no existiera, el usuario debe devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si así no lo hiciera, luego de requerido para ello, será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él corresponda como detentador.

Art. 30.- Si el usuario ejercitare alguna de las opciones contenidas en el contrato, deberá hacerlo saber a la institución acreditante antes del vencimiento del plazo.

Ejercida la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio a la institución acreditante, se otorgará el contrate de compraventa, cancelándose la inscripción del contrato de crédito de uso en el Registro respectivo.

El usuario podrá en cualquier momento durante el transcurso del plazo del contrato, darlo por terminado ejerciendo la opción de compra y pagando la totalidad de las cuotas pactadas con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas, teniendo en cuenta su respectivo vencimiento, a la tasa que se hubiere pactado para dicho descuento, o en su defecto a la tasa a que se refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley Nº 14.095. de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

Si la opción fuera la de prórroga del plazo, la aceptación por el usuario se inscribirá conforme a lo dispuesto en el artículo 7º.

El usuario no podrá ejercitar válidamente ninguna opción, si estuviera en mora en el cumplimiento de alguna obligación a su cargo, La mora a estos efectos se configurará mediante intimación con plazo de tres días hábiles por telegrama colacionado.

Los embargos trabados a la institución acreditante posteriores a la inscripción del contrato de crédito de uso, no obstarán a la compra-venta ni a la transferencia de la propiedad en favor del usuario debiéndose descartar dichos embargos.

Capítulo IV - Normas procesales

Artículo 31. - La institución acreditante tendrá acción ejecutiva para perseguir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, sus intereses y multas; así como el de todo el precio periódico pactado y del precio final si optare por hacer abandono del bien conforme con lo dispuesto en el artículo 26.

La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciará en juicio ordinario.

Art. 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada de la casa, en los casos previstos en los artículos 27 y 29, será el del juicio de entrega de la cosa. A los electos del artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil, serán admisibles, además de las excepciones del artículo 1311 del mismo Código, las de pago o compensación de crédito liquido y exigible que se prueben por escritura pública o documento privado emanado del actor; las de prescripción, caducidad y espera o quita concedida por el demandante que se prueben por escritura pública por documento privado emanado del actor, concordato o concurso homologado.

Con los mismos electos será admisible la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones pactadas, en el caso del artículo 29.

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 1311 a 1313 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33. - La institución acreditante podrá acompañar, con su demanda o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, y deberá decretarse por el Juez, mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa materia del juicio y la cancelación de la inscripción del contrato de crédito de uso, sin admitirse recurso alguno, aunque las excepciones opuestas sean de las previstas en el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32 de esta ley

Hecho efectivo el apremio, se continuarán los procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieron excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas (Código de Procedimiento Civil, artículo los 1313 y 1314) se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso.

Art. 35. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, los embargos trabados en juicio seguido contra la institución acreditante, con posterioridad a la inscripción del contrato de crédito de uso, no impedirán la utilización del bien por el usuario no pudiendo disponerse el secuestro del mismo.

Capítulo V - Normas Penales

Artículo 36. - El usuario que haga abandono de los bienes objeto del contrato ocasionando un perjuicio económico a la institución acreditante, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

El usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato, disponiendo de ellos en su provecho o en el de un tercero, será castigado con doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaria.

Art. 37. - Además de la responsabilidad penal por las conductas descritas en el artículo anterior, el usuario será responsable civilmente, haciéndose exigibles sus obligaciones contractuales.

Capítulo VI - Disposiciones generales

Artículo 38. - A los efectos del contrato de crédito de uso, no regirá la prohibición de adquirir propiedades raíces establecida en el numeral 3º del artículo 27 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939 (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 1977, ni la de tener bienes inmuebles establecida en el artículo 18 apartado e) del Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Finalizado el plazo del contrato, si el usuario no ejercitara la opción de compra, ni se hubiese incluido en el contrato el convenio previsto en el artículo 1º, inciso cuarto, el inmueble será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, dentro de los plazos que establezca la reglamentación que dicte el Banco General del Uruguay, atendiendo a las condiciones del mercado inmobiliario.

Art. 39. - Los bienes muebles que fueron objeto de un contrato de crédito de uso y cuya propiedad, finalizado el contrato, permaneciera en el patrimonio de la institución acreditante, deberán ser enajenados o colocados mediante un nuevo contrato de crédito de uso, dentro de los plazos y en las condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado.

Art. 40. - No se considerará contrato de crédito de uso, ni podrá inscribirse como tal, aquel que contenga estipulaciones que se aparten de lo previsto en esta ley."

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

La Comisión ha propuesto el intercalamiento de un Capítulo IV destinado a las Normas Tributarias que comprendería los artículos 38 a 49.

Léase el artículo 38.

(Se lee:)

"Capítulo IV. Normas Tributarias. Artículo 38. Los contratos de crédito de uso estarán sujetos al régimen tributario que se establece en los artículos siguientes y a las demás disposiciones vigentes que no se opongan al mismo"

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente el tema tributario es siempre muy complejo, pero en este particular lo es de manera extraordinaria.

La Comisión tuvo oportunidad de recibir una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, integrada con el señor Director de la Dirección General Impositiva y Asesores. Si la memoria no me falla, se realizaron dos largas sesiones a las que concurrió esa delegación.

Luego de un largo análisis del tema, lo que la Comisión propone es esencialmente lo que venía en puesta del Poder Ejecutivo. En el Mensaje se explicita con bastante detenimiento las razones que llevan a proponer estas normas que, repito, son de notoria complejidad.

El tratamiento tributario a un contrato nuevo o a uno que por tener tantas peculiaridades, ha llevado al Senado a la creación de una nueva figura contractual, es extramadamente delicado y complejo.

Estamos a disposición del Cuerpo para evacuar alguna consulta, si ella se estima procedente.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: me doy cuenta que reglamentariamente no corresponde lo que voy a decir porque nos hallamos en la discusión particular. Pero la extensión y la complejidad que tiene este aditivo al proyecto de ley que venimos discutiendo hace que sea necesaria una especie de discusión general acerca del mismo

Aun a riesgo de salirme del tema, adelanto tenemos que no tenemos objeciones políticas de importancia con respecto de este articulado; tenemos, sí, infinidad de preguntas que no aparecen claramente contestadas en la redacción, por lo menos desde nuestro punto de vista. Lo más grave es que todo parece depender, en última instancia, de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, de acuerdo el artículo 46, por lo menos en lo que tiene que ver con el Impuesto al Valor Agregado.

Fuera de eso, el proyecto recoge soluciones racionales en la forma de encarar la liquidación del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

Reitero que nuestro punto de vista -sin que esto signifique una oposición de principios, política, al texto- es el que a este texto le haría falta un estudio más exhaustivo, fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que es la exposición de motivos, la fundamentación con que se presenta que, prácticamente, no analiza a fondo ninguno de los apectos que luego están contenidos en las tributarias.

Haciendo esa salvedad, con respecto al artículo 38, no tengo ninguna objeción para que se vote como está. Señalo mis serias dudas de que se pueda seguir en la discusión particular sin un análisis mas detenido por la Comisión de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 38.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD. Léase el artículo 39.

(Se lee:)

"Artículo 39. - Los contratos de crédito de liso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 41, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75% (setenta y cinco por ciento) del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente.

b) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor final.

c) Cuando finalizado el plazo del contrato o el de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera la opción de compra, el bien sea vendido por la institución acreditante en postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor".

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en la Mesa debe obrar un sustitutivo del literal c) del artículo en cuestión.

Solicito que se proceda a leer dicho sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 39 con el sustitutivo del literal c).

(Se lee:)

"Artículo 39. - Los contratos de crédito de uso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 41, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75% (setenta y cinco por ciento) del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente.

b) Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor final.

c) Cuando se pacte que, finalizado el plazo dei contrato o de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera, o no ejerciera la opción de compra, el bien deba ser vendido y el usuario soportara la pérdida o percibiera el beneficio que resulte de comparar el precio de la venta con el valor residual".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTR - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Este artículo me plantea varias interrogantes. En primer lugar, el literal a) señala: "Cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75%", etcétera. Este proyecto parece seguir una idea rectora que es la de incluir en este artículo 39 todas las versiones del crédito de uso que, en definitiva, se parecen mucho más a una compraventa que a un arrendamiento. Acá, se considera que lo que se está haciendo es una promesa de compraventa o una compraventa, y no simplemente un arrendamiento, que podrá o no terminar en compraventa.

En ese sentido, me extraña que se ponga un valor tan alto, de 75%, como opción final. Si por ejemplo, dijera, que la opción irrevocable de compra significa un pago de valor final menor al 25%, en ese caso estaríamos claramente, en una hipótesis en la cual, obviamente, la voluntad fue vender el bien en cuotas y simplemente, la opción final tiene un valor relativo, ya que no determina el hecho de que existiera o no realmente voluntad de compra.

Una opción final baja representa, indudablemente, una voluntad alta de proceder a la compra y no al arredamiento. Inclusive, el literal b) prevé el caso de cuando se pacta una opción irrevocable sin pago de valor final. Desde mi punto de vista esa es la línea de pensamiento que aquí se sigue: a precio final bajo, la opción de compra será alta. En ese sentido se va a actuar como si la voluntad final de las partes fuera la compra-venta.

Desde mi punto de vista eso no resulta compatible con establecer el 75% del total, siendo todo lo que sea menor a esa cifra una compra-venta.

Lo que se establece después del 75% no está claro, pues se habla de un valor final cuyo monto sea menor al 75% del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. ¿Qué fue lo amortizado? ¿Fue el valor? Si así fuera, el valor podría ser menor, lo que explicarla ese porcentaje tan alto. En ese caso, la norma estaría mal redactada; lo que aquí se amortiza no son los valores. Lo que corresponde es que se amortice el bien, en cuyo caso tampoco es muy comprensible que se fije un porcentaje con relación al valor de un bien que, por haberse amortizado en el término del contrato, va a llegar a ser cero. Además, en este mismo articulado se prevé la posibilidad de que se amortice en el mismo plazo del contrato.

Aquí estamos hablando de un valor amortizado, ¿qué estamos comparando? ¿El 75% de un valor que es cero, porque el bien ya estaría totalmente amortizado en el momento de la opción final de compra?

En primer lugar, encuentro alto ese 75%, así como no clara la redacción que se da a continuación. Además, el 1iteral b) forma parte del a), que es más general. Si esta interpretación es correcta, nos encontraríamos con que el literal b) está de más, porque si el valor de compra es cero, ese valor va a estar incluido dentro de lo previsto en el literal a).

Respecto del literal c), que sólo conozco a través de la lectura hecha en Sala, no puedo hacer un comentario profundo; sin embargo, me pareció advertir un defecto de redacción.

Sé que estoy planteando aspectos áridos, complicados; motivo por el cual lo hago en un tono de interrogante. Creo que no podemos seguir considerando este proyecto si todas estas dudas no quedan perfectamente aclaradas.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Ya adelanté, cuando hice uso de la palabra hace un momento, que me siento totalmente desguarnecido para ahondar en la materia. Desde el punto de vista del arte de la contabilidad nos resulta imposible argumentar o contestar muchas de las interrogantes que nos plantea el señor senador Olazábal señalé que el contenido de estos artículos que tenemos a consideración es de mucha especificidad.

El texto fue largamente analizado, en Comisión de Hacienda e inclusive se nos dieron respuestas muy cuidadosas y plausibles a los interrogantes. La Comisión prestó una atención muy especial a las explicaciones que fueron muy claras. Aunque ninguno de los miembros de la misma somos contadores, creo que, dada la claridad de las exposiciones pudimos validar los criterios reflejados en el texto.

Personalmente, no estoy en condiciones -creo que ninguno de los integrantes de la Comisión lo está- de contestar temas absolutamente específicos como los que están contenidos en los cuestionamientos del señor senador, contador Olazábal, que obviamente se mueve con total facilidad en esa temática; en nuestro caso no es así.

En la Comisión escuchamos un informe muy completo del cual se sacó versión taquigráfica qué está al alcance de todos. Allí se fueron expresando las motivaciones, que no son otras que las contenidas en el Mensaje, con mayor desarrollo. Nosotros no poseemos otras.

Respecto de este artículo que se refiere al 75%, se nos señaló que esa cifra se deba a que, por el artículo 41, estas instituciones que deben pagar impuestos, no computan en su activo fijo, lo que determina la necesidad de compaginar con lo dispuesto en el artículo 39. No estoy en condiciones de ahondar en estas razones. Aceptamos las explicaciones que se nos dieron, que fueron amplias, completas y didácticas. Por supuesto, debemos recordar además que se dieron en el ámbito de una Comisión cuyos integrantes, a pesar de no ser especialistas, poseemos conocimientos suficientes como para asimilar y juzgar lo que se nos dijo.

Ciertamente, si el señor sellador Olazábal va a continuar examinando el proyecto desde el punto de vista de su especialidad, lo único que podré decir es que a la Comisión la informaron tres especialistas.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Corroboro lo que manifestó el señor senador García Costa: ademas agrego que los contratos previstos en el artículo 39 se asimilan a un arrendamiento y los previstos en el artículo 42 a una venta. Es decir que este es un contrato al que lo hemos llamado en lugar de "leasing", contrato de crédito de uso, pero que en ciertos aspectos tiene un parecido con un arrendamiento y en otros con una compra-venta. Por ese motivo, su tratamiento impositivo es según a lo que se parezca más.

Esto fue lo que nos explicaron los representantes del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En virtud de lo que expresé, quisiera dar por terminada mi intervención. Por supuesto, estoy a disposición de los señores senadores para contestar todo aquello que haga referencia a temas de conceptos tributarios, de redacción, atenidos al sentido común. En lo que tenga que ver con aspectos estrictamente técnicos-contables no creo estar en condiciones de dar explicaciones que vayan más allá de las contenidas en el Mensaje o en las versiones taquigráficas de la Comisión, así como de las que resulten del propio texto en análisis.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: aprovecho la discusión sobre este artículo para expresar que el desenlace de esta cuestión avala la pertinencia. de la posición que en su momento sostuvimos, acerca de la necesidad de que el tratamiento tributario estuviera incluido en el texto. Su complejidad pone aún más de manifiesto la conveniencia de esta posición, porque si surgen estas dudas teniendo los textos a la vista y luego del tratamiento del tema en la comisión, ¡imaginen cuántas no serían las dudas de los contribuyentes si todo esto hubiera quedado al arbitrio de lo que dispusiera el Poder Ejecutivo o, más concretamente, la Dirección General Impositiva!

Por razones que expuse en su momento y que no voy a reiterar ahora, es absolutamente imprescindible que el tratamiento tributario esté en la ley.

Tampoco estoy en condiciones de satisfacer las dudas que expuso el señor senador Olazábal, no tanto por no ser experto en materia contable, sino por el complicado lenguaje que usan quienes redactan estas normas, que en verdad hacen difícil su inteligencia, aun con mayor razón para cualquiera que no sea un experto en la materia. Es más, vemos que el propio señor senador Olazábal, que tiene esa especialización profesional, tiene una serie de dudas debido a la oscura redacción de los textos.

Sin embargo, quiero señalar que cuando planteamos esas oscuridades en la Comisión de Hacienda, a nosotros nos fueron explicadas satisfactoriamente. No integro dicha Comisión, pero en oportunidad de tratarse el tema, como tenía interés en él, concurrí a ella, hice las preguntas que consideré del caso, planteé mis dudas y me fueron aclaradas. No creo que haya otra manera de aclarar las dudas que planteando las preguntas cuando están presentes quienes redactan las normas.

Ante un cuerpo normativo de tal especialidad y complejidad, creo que aquí hay que proceder como se actúa en las circunstancias excepcionalísimas en que se considera un código. No se analiza si el texto está bien o mal, se considera si la orientación general es políticamente acertada o no, y se vota a favor o en contra.

Con todo el respeto que me merece el señor senador Olazábal, creo que para disipar esas dudas se puede recurrir, como decía el señor senador García Costa, a las versiones taquigráficas de la Comisión. No me parece que sea posible discutir en Sala una a una las disposiciones ni dilucidar las dudas que puedan surgir a cualquier señor senador. Lamentablemente; considero que es la única forma en que se puede proceder.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra para formular una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: entiendo perfectamente que hubiera sido más saludable que la serie de preguntas que tengo para formular -que es larga- la hubiera realizado en la Comisión frente a los técnicos que presentaron este proyecto. Pero lo que sucede es que simultáneamente con la Comisión de Hacienda sesiona otra que yo integro, y en la opción, obviamente concurrí a aquella de la que formo parte. Por supuesto, si hubiera adivinado que vendría un texto con este nivel de confusión, me hubiera preocupado de concurrir a la comisión de Hacienda para hacer las mismas preguntas que estoy formulando en Sala.

Por más autoridad y respeto que me merezcan los redactores de este proyecto, que me consta que son especialistas en temas fiscales, digo que desde mi modesto punto de vista este texto -no tiene claridad. Desde el punto de político, creo que, en última instancia -y lo señalé hoy a raíz del comentario del artículo 46- la línea general que se siguió con respecto al Impuesto al Valor Agregado fue la de dejar todo sujeto a lo que el Poder Ejecutivo o la Dirección General Impositiva, reglamente con posterioridad.

De cualquier manera, por la enorme cantidad de interrogantes que me merece este texto, para ser coherente conmigo mismo quiero formular moción para que éste vuelva a la Comisión de Hacienda y, por supuesto, desde ya asumo el compromiso personal de asistir a ella y formular las preguntas que me surgen al leer este proyecto. Considero que no existe otra alternativa para que yo pueda votar estos artículos, ya que tengo dudas prácticamente sobre la totalidad del texto.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

-4 en 19. Negativa.

Continúa la discusión del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39 con la redacción sustitutiva del litera1 c), que ha sido leída en Sala.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Léase el artículo 40.

(Se lee:)

"ARTICULO 40. - La comparación a que se refiere el literal a) del artículo 39 de la presente ley se realizará teniendo en cuenta lo que se dispone a continuación:

a) Por valor del bien se entenderá el costo de adquisición del bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a proveedor determinado. En el caso de un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, y se pactare simultáneamente su venta a institución acreditante, por valor del bien se entenderá el precio pactado. En el caso de bienes que a la fecha del contrato, sean propiedad de la institución acreditante, adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por el valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. La Dirección Impositiva podrá impugnar dicha tasación.

b) El valor final se actualizará, a la fecha de1 contrato, a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15, de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto-Ley número 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) La amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización acelerada."

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Deseo realizar algunas criticas a este artículo. No voy a votar ninguno de ellos, pero me encuentro en una situación un poco insólita: hago preguntas, no se me contestan, y sin embargo se está dispuesto a votar, simplemente por autoridad, el texto que viene del Poder Ejecutivo. Eso me pone en la opción de irme de Sala y despreocuparme del asunto o, lo que me parece más racional, seguir anotando todo lo que me parece que está oscuro o, por lo menos, que no tiene la claridad suficiente, o que es contradictorio.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA - Quiero dejar de manifiesto algo que el señor senador Aguirre mencionó en términos similares, y es que no se trata, simplemente, de un argumento de autoridad. Entre la autoridad de las tres personas que estuvieron en la Comisión y la del señor senador Olazábal, preferimos la de los primeros, pero no porque el texto venga del Poder Ejecutivo:

Los integrantes de la Comisión de Hacienda somos personas que tenemos práctica en estos temas, e inclusive algunos pasamos por la Facultad de Derecho, en la que se estudian las materias especializadas referidas al tema. Por supuesto que estas disposiciones son más específicas aún que la mera materia tributaria, puesto que se trata de normas tributarias contables.

Cuando tuvimos la oportunidad de conocer las explicaciones -que constan en la versión taquigráfica- que nos dieron los tres técnicos enviados por el Poder Ejecutivo, ellas nos resultaron inteligibles y satisfactorias.

Quien analice la versión taquigráfica de la Comisión apreciará que hay una serle de preguntas, hechas por varios señores senadores, que van aclarando el sentido del texto que teníamos a estudio. Por tanto, la aprobación fue hecha con plena conciencia y razón de lo que hacíamos. No es pues un mero argumento de autoridad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - De cualquier manera dejo constancia de que leí prolijamente la versión taquigráfica y obviamente entiendo que ninguna dé las dudas que voy a plantear fueron expuestas y, por lo tanto, tampoco tienen respuesta.

Con respecto al artículo 40, en el apartado a) se plantean distintos criterios -que no los entiendo- según sea el caso de cómo se llega a establecer el contrato sobre los bienes. Por ejemplo, en el caso de bienes que a la fecha del contrato sean propiedad de la institución acreditante adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. No entiendo por qué se aplican criterios diferentes al de otros bienes. En realidad, acá también hay un valor pactado y podría también manejarse dicho valor en lugar de tenerse que ir a una tasación por persona idónea que además tiene el efecto de complicar las cosas. Es decir, cada vez que se vaya a hacer una operación de éstas, hay que ir a un tasador que será de la institución financiera, pero aún así creo que seria mucho más fácil y sencillo el hecho de que se arreglara el valor sobre el pactado al igual que en el resto de las operaciones de "leasing" y se computara ese valor. Luego, en el Inciso c) se expresa que la amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización acelerada. Sin embargo, parece entrar en contradicción con algunas otras disposiciones de las cuales yo mencionaba el artículo 39. La redacción de este artículo es absolutamente confusa y por eso no sé si realmente hay una contradicción. En el inciso a) del artículo 39, desde mi punto de vista, se prevé la posibilidad de que el bien haya sido amortizado en el plazo del contrato. Más adelante se aclara que se podría amortizar cuando el plazo del contrato sea superior a los 3 años. Si eso se prevé, encuentro una contradicción en el inciso c) donde dice que la amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien. Después vamos a ver, en otros artículos, cómo por la vía de amortizar en los plazos del contrato se puede llegar a hacerlo en tres años, incluso con inmuebles. Eso está absolutamente despegado de lo que se entiende como vida útil probable o como normal amortización que se establece en este tercer inciso.

Con respecto a este artículo, no voy a votar los incisos a) y c). Por lo tanto propongo que se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar el acápite y el inciso a) del artículo 40.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

En segundo lugar, se va a votar el inciso b) del artículo 40.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Se va a votar el inciso c)

(Se vota:)

-15 en 19. Afirmativa.

Léase el artículo 41.

(Se lee:)

"En los casos mencionados en el artículo 39 las instituciones acreditantes tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) no computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato.

b) el monto actualizado de las prestaciones a recibir, incluso el de la opción de compra constituirá activo computable fiscalmente. El monto de las prestaciones previstas en el contrato se actualizará a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

c) la ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio estará constituida por la diferencia entre las prestaciones totales y la amortización financiera de la colocación al término de cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precio si la operación estuviera pactada en moneda nacional reajustable".

-En consideración.

Si no se hace liso de la palabra, se va a votar el artículo 41.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 42.

(Se lee:)

"En los casos en que no se verifiquen ninguna de las condiciones del artículo 39, las instituciones acreditantes de los contratos de crédito de uso tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) Computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto de contrato.

b) Dichos bienes podrán amortizarse en el plazo del contrato siempre que éste no sea inferior a tres años. En los casos en que exista opción de compra, el valor a amortizar será la diferencia entre el valor del bien para la institución acreditante y el valor final (precio de la opición), actualizado, ajustada la diferencia con el índice de revaluación que corresponda.

c) La ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, estará constituida por las contraprestaciones devengadas en cada Ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios, si la operación estuviera pactada en moneda reajustable".

-En consideración.

SEÑOR OLAZABAL - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL - Señor Presidente; en este artículo se analizan las hipótesis por las cuales la intención no es vender, sino que es arrendar. En ese sentido se exige correctamente que el bien se compute dentro del activo fijo de la institución acreditante. Lo que aquí observo -y se vuelve a repetir en otro lado- es que hay una autorización para amortizar en el plazo del contrato, siempre que éste no sea inferior a tres años. Esto significa que en ese plazo puede amortizarse cualquier bien que sea propiedad de una institución bancaria o, en general, de la institución acreditante, y se ceda en arrendamiento. Desde mi punto vista, esto es una verdadera barbaridad y llevaría a que los bancos no pagaran más impuestos porque alcanzaría con ponerse a comprar inmuebles, arrendarlos durante tres años y, por un sistema de amortización absolutamente acelerada y anormal, eliminar sus ganancias de la contabilidad. Esto es un problema estrictamente político, por lo cual no estamos dispuestos a dar nuestro voto a un artículo que ya escapa absolutamente de lo que es la intención de reglamentar el "leasing" o el crédito de uso, como se le llama en esta ley.

Aquí simplemente se permite una amortización acelerada que nuestra legislación fiscal nunca admitió, por ninguna otra vía, hasta el momento.

Por otra parte, también hay un problema de redacción, pues nuevamente se habla de un valor final que no se define en ningún lado para, a continuación hacer mención, entre paréntesis, al precio de la opción. En ese sentido, creo que seria mucho más razonable eliminar la referencia al valor final, que no significa nada desde el punto de vista impositivo, y poner simplemente "precio de la opción".

SEROR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo recordar, con respecto a esta última observación que hace el señor senador Olazábal, que también la hicimos algunos señores senadores en la Comisión. Además, se nos contestó que no había inconveniente en poner "precio de la opción", a los efectos aclaratorios. En realidad, aún estando entre paréntesis, no hay duda de a qué se refiere esa expresión. Por lo tanto, pienso que esa objeción es de carácter menor y, desde ese punto de vista, la disposición es perfectamente comprensible.

En cuanto al problema del plazo de la amortización, también fue objeto de interrogantes en la Comisión.

Comienzo por señalar que no me parece razonable desde el punto de vista de lo que puede suceder en los hechos, lo que expresa el señor senador Olazábal, es decir, que esto sea un mecanismo de evasión impositiva para todos los Bancos. De esta forma, éstos en lugar de hacer sus operaciones habituales, o sea, tomar depósitos y prestar dinero a plazo fijo, podrían captar todos los activos que tengan en su poder y dedicarlos, exclusivamente o casi exclusivamente, a la adquisición de bienes inmuebles, para luego arrendar éstos, amortizarlos en tres años y no pagar impuestos, pero entonces dejarían de ser Bancos. Reitero que si éstos no hacen más préstamos y se dedican exclusivamente a este tipo de operación de "leasing", dejarían de ser Bancos. Además, no creo que haya en nuestro mercado tantos inmuebles para comprar y arrendar. Es cierto que en algunos casos esto podría suceder, pero el porcentaje de las operaciones que realizarán los Bancos o las casas financieras que se dediquen a esta operativa, va a ser de una proporción tal que no resultará relevante en modo alguno.

Como esa preocupación en cierto sentido es razonable si no se generaliza el argumento, es decir, referida concretamente a la operación que se está regulando en el artículo 42, debemos decir que la explicación que se dio por parte de los técnicos de la Dirección General Impositiva, concretamente por el contador Cobelli, fue que se presumía que iba a haber resistencia por parte de las instituciones bancarias a hacer este tipo de operaciones de crédito por un lapso superior a los tres años, porque la práctica tradicional indica que no se conceden créditos a mediano y, mucho menos, a largo plazo. En consecuencia, para estimular o favorecer la figura del "leasing" -por lo menos en ciertos casos se deberían manejar plazos que determinarán un mecanismo de crédito de mediano y largo plazo- se tiene que propiciar la realización de este contrato por plazos de tres años o más, en cuyo caso se permite la amortización acelerada.

Admito que pueda ser discutible y opinable qué efectos va a tener en la práctica, pero reitero que la explicación que dieron los técnicos de la Dirección General Impositiva no pareció disparatada, sino racional, siempre y cuando se parta del supuesto lógico de que esto no va a ocasionar un trastorno generalizado en la mecánica operativa de todos los Bancos, para evadir el pago de los impuestos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 42.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 43.

(Se lee:)

"Artículo 43. - Los usuarios de bienes en que se verifique alguna de las condiciones indicadas en el artículo 39, tendrán a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) computarán en su activo fijo los bienes objeto del contrato. El costo será determinado en base a los criterios establecidos en el literal a) del artículo 40, de la presente ley.

b) los pagos a realizar, incluso el de la opción de compra, disminuidos en los intereses a devengar en los ejercicios siguientes, constituirán pasivo computable.

c) los intereses devengados se incluirán en los gastos financieros, sin perjuicio de computar también la diferencias de cotización, si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios en su caso".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 44.

(Se lee:)

"Artículo 44. - En los casos en que no se verifique ninguna de las condiciones de artículo 39, los usuarios computarán como gasto del Ejercicio, las contraprestaciones devengadas en el mismo. Cuando haya opción de compra y ésta se ejerza, el usuario computara el bien en su activo fijo, considerando como costo el precio de la opción".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18 Afirmativa.

Léase el artículo 45.

(Se lee:)

"Artículo 45. - Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que el plazo no sea inferior a tres años.

En todos los casos de contrato de crédito de uso con plazos inferiores a tres años, se aplicará el Impuesto al Valor Agregado, en cuanto corresponda a la tasa respectiva.

En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características mencionadas en el artículo 39, se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contra prestación respectiva".

-En consideración.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - En primer lugar, podemos decir que este artículo es clave para el establecimiento del régimen impositivo en general y, en segundo término, que esta disposición regula el Impuesto Valor Agregado. En este sentido, bien puede significar un obstáculo o, por el contrario, allanar el camino para que se realicen o no, operaciones de "leasing".

Ahora bien, ¿qué vía se sigue acá? Por ejemplo, se dice que cuando el plazo es superior a tres años, la contraprestación queda exonerada de este impuesto, mientras que si aquel es inferior a tres, en todos los casos se aplica el IVA. Más allá de la evidente intención de crear un mercado a tres años el plazo no sería mayor, porque por este régimen a los bancos no les va a convenir realizar contratos por lapsos mayores al señalado- pueden pasar cosas curiosísimas como, por ejemplo, que se exoneren del Impuesto al Valor Agregado bienes que, obviamente, hoy lo pagan y que se graven aquellos que hoy no lo abonan. Tal es el caso de un "leasing" sobre maquinaria agrícola a menos de tres años que sí pagaría IVA, pero no lo abonaría el bien objeto de ese "leasing". O sea, que la operación sería más cara que una simple venta en cuotas.

De manera que esto está contradiciendo, de alguna forma, lo que creo es la filosofía general del proyecto, que da una especial garantía para posibilitar la financiación. Pero independientemente de eso, este artículo no puede mirarse sin tener en cuenta el artículo 46, porque lo que en él queda claro es que todo el problema del IVA, inclusive estas cuestiones a las que acabo de hacer referencia de contradicción de lo que hoy es la base imponible y lo que será la de "leasing", quedan sujetas a las reglamentaciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Quiere decir que la parte más importante en cuanto a los aspectos fiscales del contrato de crédito de uso quedan como estaban, o sea, sin una definición para la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Ha quedado muy claro lo que es el Impuesto a la Renta de Industria y comercio y el del Patrimonio; sin embargo, a través de estos artículos 45 y 46, el IVA -que permite o no que se lleve a cabo el "leasing"- queda sujeto a la disposición del Poder Ejecutivo. Desde mi punto de vista, esto provocará complicaciones de orden técnico fiscal. Desconozco cuáles serán los controles a instrumentar, luego de aplicarse una medida de este tipo, porque realmente -y sin ser demasiado imaginativo- parecerían surgir diez o quince formas distintas de evasiones impositivas a través de esta norma.

Cabe agregar que personalmente creo que no ha sido bien explicado lo que es el hecho generador y el carácter de la exoneración, ya que el tercer inciso del artículo 45 presenta las mismas características confusas que resaltamos en los artículo 39 y 40.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no quiero quedar en silencio ante las expresiones del señor senador Olazábal, porque quien habla exigió -si es que cabe este término, si es que algo se le puede exigir al Senado- o, por lo menos, reclamó que no se aprobara este proyecto de ley sin que a él se le agregara su tratamiento impositivo, particularmente en lo que hace al Impuesto al Valor Agregado.

El señor senador Olazábal sostiene que con la inclusión de estos artículos 45 y 46, es lo mismo que si en la ley no se dijera nada con respecto al Impuesto al Valor Agregado y que, por consiguiente, todo quedará en manos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, quien habla afirma que esto no es así.

En este artículo 45 se dice con absoluta claridad que las contraprestaciones resultantes de estos contratos estarán exoneradas del IVA, siempre que su plazo no sea inferior a tres años. Quiere decir, que si este plazo es mayor al período establecido, no se paga IVA por concepto de contraprestaciones del usuario del bien objeto del contrato; si el plazo es inferior, si se paga el Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, aquí también se establece cuándo se verifica el hecho generador, que es otro de los problemas que estaban en la nebulosa al no haber tratamiento impositivo en la ley. Con toda claridad, aquí se expresa que cuando en estos contratos la operación sea de las características mencionadas en el artículo 39, o sea, cuando se asimilen a un contrato de compraventa, el hecho generador, como corresponde, se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos, que se asimilan a un contrato de arrendamiento, el hecho generador se verifica en la fecha que se devenga la contraprestación respectiva, es decir, cuando se comienzan a pagar las cantidades o las sumas que correspondan abonar al usuario por hacer uso del bien, en condiciones similares a las de un contrato de arrendamiento.

De manera que quien habla no ve dónde está la oscuridad y qué es lo que se deja en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo, por lo que reitero que en este artículo 45 está todo muy claro.

El artículo 46 establece -si no entendí mal- que cuando la institución acreditante debe pagar el Impuesto al Valor Agregado por la adquisición anterior de los bienes que van a ser objeto de un contrato de "leasing", el IVA generado, no por el contrato de crédito de uso, sino por la compraventa anterior, siempre y cuando dichos contratos tengan un plazo mínimo de tres años -siempre la misma filosofía y el mismo plazo- podrá descontarlo de los impuestos que paga anualmente. Quiere decir, entonces, que hay un mecanismo o un principio, en la ley por el que se permite deducir, a la institución acreditante, el IVA que pagó anteriormente por ese bien que va a ser objeto de un contrato de crédito de uso.

Lo que en realidad se comete al Poder Ejecutivo reglamentar, es cómo va a funcionar este mecanismo y ello no hace al hecho de cuándo se paga o no el IVA por el contrato de crédito de uso, ni tampoco hace a cuándo se genera el hecho imponible respecto del contrato de crédito de uso. Lo que se dice en la parte final del artículo 46, es que el Poder Ejecutivo "establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado o su pérdida cuando corresponda".

Esta reglamentación, por demás compleja, se refiere al mecanismo de deducibilidad del crédito generado por el Impuesto al Valor Agregado pagado por la compra anterior del bien y no por el hecho de si se paga o se deja de hacerlo loor el contrato de crédito de uso en si mismo.

Temo que esta explicación haya resultado confusa, ya que el tema es enormemente complicado y, además, quien habla no es técnico en materia contable; no obstante, lo entendí así claramente cuando los técnicos de la Dirección General Impositiva asistieron a la Comisión. No es exacto que deleguemos en el Poder Ejecutivo el tema del Impuesto al Valor Agregado, en los contratos de crédito de uso.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - A mi juicio, el motivo determinante de que el Poder Ejecutivo haya presentado este proyecto y que él se haya aprobado en Comisión, no es otro que el de estimular una forma de contratación que no la ha inventado el Poder Ejecutivo en este Mensaje, ni tampoco el Senado ahora. Ella ya existía en el país y, podríamos decir, languidecía porque no era una forma de contratación atractiva para las entidades correspondientes. Entonces, el Poder Ejecutivo, entendió conveniente que en el país hubiera una mayor movilidad en el crédito, o sea, que se realizaran más operaciones y que se facilitara -sobre todo en esta época en la que está evolucionando la computación, que cada vez es más costosa- la comercialización y utilización de esos créditos. Pero para que esto pudiera ocurrir, hubo que dar un tratamiento favorable a las entidades porque, de otro modo, seguiríamos como hasta ahora con normas muy lindas, pero no aplicables. De ahí que no podamos asombrarnos de que, en algunos casos, las instituciones puedan pagar menos de lo que lo hacen actualmente, a fin de darles un atractivo; eso, precisamente, es lo que se quiere. De esa manera se verán tentadas a utilizar el crédito de uso. Ese es el motivo que nos impulsa a votar este proyecto. De manera que, apoyar la creación del crédito de uso y, al mismo tiempo, retacear los beneficios de orden impositivo, es continuar con la misma situación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 45.

(Se vota,:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 46.

(Se lee:)

"Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que tengan un plazo mínimo de tres años. Dicho crédito procederá incluso cuando los bienes hayan sido adquiridos antes de la vigencia de la presente ley, salvo que el respectivo Impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando Corresponda".

-En consideración.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: cuando manifesté que no quedaba claro el hecho generador y la exoneración, me estaba refiriendo, precisamente, a la influencia de este artículo 46. ¿Cuál es el mecanismo en aquellos casos en que simultáneamente el usuario vende el bien a la institución acreditante y ésta lo cede, mediante el contrato de "leasing", para usufructo del usuario? Lo que aquí se exonera son las contraprestaciones resultantes del contrato de uso, es decir, los pagos, pero de ninguna manera se exonera la venta que el usuario hace a la institución acreditante; eso no se exonera en ninguna parte de este articulado. ¿Qué sucede entonces?. Que la persona debe pagar ese Impuesto al Valor Agregado, mientras la institución acreditante recibe un crédito por el IVA del bien comprado. Dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo el hecho de que dicha Institución pueda traspasar o no el valor de ese crédito a quien le cede el bien, es decir, el hecho de que en ese tipo de operaciones haya que pagar o no el impuesto al Valor Agregado. Por supuesto, esto no es un problema sencillo y la vida demostrará que son múltiples las posibilidades en lo que tiene qué ver con la aplicación o no del mencionado impuesto en este tipo de operación. La solución podría ser, simplemente, la de dejar en suspenso este crédito, que evidentemente, nace, pero que no se especifica en qué forma se va a utilizar; pero creo que cuando el Poder Ejecutivo reglamente esto deberá tener en cuenta, entre otras cosas, si los bienes objeto de contrato generan, por sí mismos, Impuesto al Valor Agregado, porque, en caso contrario, podríamos llegar a situaciones realmente insólitas.

No digo que el Poder Ejecutivo deba reglamentar absolutamente todo, pero la facultad que tiene de reglamentar la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito que se les acuerde por concepto de Impuesto al Valor Agregado es parte fundamental de lo que será la regulación del contrato de "leasing".

Sin perjuicio de las constancias que hemos dejado, queremos manifestar que no tenemos una oposición política o de principios con respecto a este artículo y entendemos que la redacción del mismo es clara, por lo que lo votaremos favorablemente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente deseo formular una consulta a los señores miembros informantes o a los integrantes de la Comisión.

De la redacción de este artículo surge que se genera un crédito, pero, además, se dice que el mismo "procederá incluso cuando los bienes hayan sido adquiridos antes de la vigencia de la presente ley". Quisiera que se me explicara el sentido de esta disposición y si lo que pretende la misma es impedir que se genere una situación de desigualdad.

También me parece redundante el hecho de que se agregue la expresión "salvo que el respectivo impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido", porque es evidente que si ya fue deducido no podrá generar ningún crédito.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - En primer lugar, trataré de satisfacer la inquietud del señor senador Gargano, aunque ese no era el objeto de mi intervención: no soy miembro informante, y ni siquiera integro la Comisión de Hacienda, pero estuve presente en toda la deliberación que se hizo en Comisión respecto a este articulado.

Estoy de acuerdo con el señor senador en que es redundante expresar que el crédito no procederá cuando el respectivo Impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido, porque, obviamente, no se puede hacer la deducción dos veces, pero pensamos que lo que abunda no daña y la finalidad es que nadie intente deducir lo ya deducido.

En lo que tiene que ver con el hecho de que el crédito proceda incluso respecto de bienes que hayan sido adquiridos antes de la vigencia de esta ley, debo decir que entiendo que corresponde la disposición. Antes de la vigencia de la ley no habla exoneración del Impuesto al Valor Agregado y como lo que se pretende es estimular o promover el contrato de "leasing", si en el futuro las instituciones acrediantes van a poder rescatar lo que han pagado o deben pagar por concepto de dicho impuesto, parece justo que si esos bienes van a ser destinados a contratos de crédito de uso, deben quedar sujetos al mismo régimen impositivo a que, a partir de la vigencia de esta ley, quedarán sujetos los bienes que sean adquiridos para destinarse a contratos de créditos de uso.

No sé si la explicación ha sido clara, porque el tema en si es complicado.

Había solicitado la palabra, señor Presidente, para referirme a las expresiones vertidas por el señor senador Olazábal.

Creo que aquí debernos distinguir dos cosas, que debo reconocer que no veía claras cuando originariamente planteé el tema en Sala, pero las comprendí cuando el mismo se debatió en Comisión frente a los técnicos de la Dirección General Impositiva. Estamos frente a dos figuras jurídicas distintas; por un lado, tenemos la compra-venta que, cuando se realiza, no se sabe si el bien sobre el cual recae será posteriormente objeto de un contrato de crédito de uso o sí será destinada a cualquier otro uso por parte de la institución adquirente. Por otro lado, tenemos un contrato de crédito de uso que, en algunos casos, se asimila a una compraventa y, en otros, a un arrendamiento. De acuerdo con las disposiciones vigentes en el Título X del Texto Ordenado que refiere al IVA, la compraventa original está gravada por este Impuesto. Posteriormente, se realiza un contrato de crédito de uso y lo que a mí me preocupaba era si por ese contrato se debía pagar IVA, aparte del valor de las contraprestaciones que hacen las veces del interés que cobra una institución bancaria en un crédito normal, en un "contrato de mutuo", como dice el Código Civil o en el préstamo, de acuerdo con la terminología corriente- porque si hay que pagar el IVA, en ese caso no habría "leasing", es decir, se desestimularía esta figura. Lo que estaba en discusión, entonces, era si en el crédito de uso se le cargaría el IVA al usuario, o sea, si además de las contraprestaciones debía pagar dicho impuesto.

El señor senador Olazábal dice que lo único que se exonera son las contraprestaciones del usuario; lo que sucede es que eso es lo único que se puede exonerar. Precisamente, de eso se trataba, porque es lo único que se puede gravar en el crédito de uso. La compraventa anterior no forma parte del crédito de uso, porque es un contrato distinto y, por lo tanto, en principio debe estar, gravado.

Aquí, excepcionalmente, para favorecer el crédito de uso se dice que cuando la compraventa está destinada a un posterior contrato de crédito de uso o el bien se adquiere para hacerlo objeto de ese contrato posterior y traspasarlo al usuario, en ese caso se permite a la institución acreditante tener un crédito por el impuesto y deducirlo posteriormente del conjunto de sus obligaciones fiscales, por el ejercicio de que se trate. Esta es una disposición excepcional en beneficio no ya del usuario sino de la institución acreditante.

¿Qué es lo que se dice que el Poder Ejecutivo reglamentará? Exclusivamente las formas y las condiciones en que se hará efectivo ese crédito anteriormente indicado, es decir, el problema contable de cómo la Dirección General Impositiva le va a permitir deducir ese impuesto que pagó o que adeudaba anteriormente. No veo que en esto haya ninguna complejidad ni nada que criticar. Aquí lo que hay es la diferenciación entre el tratamiento impositivo del contrato de crédito de uso y el de la compraventa anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uno de la palabra, se va a votar el artículo 46.

(Se vota:)

-17 en 17 Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el articulo 47.

(Se lee:)

"Artículo 47. - En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 45. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso 2º del artículo 94 del Código Tributario. En caso de rescisiones judiciales u homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 48.

(Se lee:)

"Artículo 48. - Los créditos que se generen por la celebración de contratos de crédito de uso, estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (Título 15 del Texto Ordenado 1987)".

-En consideración.

SEÑOR OLAZABAL - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZARAL. - Señor Presidente: cuando se discutió oportunamente el articulado anterior de este proyecto de ley de Crédito de Uso, dejamos constancia de que no estábamos de acuerdo con que nuevas instituciones entraran en el mercado financiero, como lo autoriza esta ley para empresas que se dediquen a hacer contratos de crédito de uso.

Este artículo se incluyó justificándolo en que de no ponerse se crearla una diferenciación entre las instituciones que hoy son bancos y las que no siéndolos van a operar con contratos de "leasing". Lo cierto es que para igualar, lo que se hace es rebajar un impuesto más de los ya pocos que tiene la actividad bancaria y que poca relación tiene con el crédito de uso. Es decir que, simplemente, se quita un impuesto por un problema de competición entre empresas dedicadas al crédito de uso y, en definitiva, se rebajar los impuestos que hoy tiene la banca.

En ese sentido, no por falta de claridad del artículo ni porque exista ningún tipo de objeción técnica, sino por lo que implica el fondo del mismo, que es crear una exoneración al impuesto que hoy tienen los bancos, nosotros no lo vamos a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no le hace uso de la palabra se va a votar el artículo 48.

(Se vota:)

14 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 49.

(Se lee:)

"Artículo 49. - Estas normas se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley".

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar -

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Este Capítulo, según se ha aclarado, es el VI y no el IV, como dice en el repartido. Si los señores senadores no tienen inconveniente, correspondería facultar a la Mesa para intercalarlo antes del Capítulo VI actual, "Disposiciones Finales", que pasaría a ser VII, corrigiendo el número de los artículos.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º - El crédito de uso es el contrato de crédito por el cual una Institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado; y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

Podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien, al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse, en favor del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato, por uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato, o el de la opción de prórroga en su caso, y si el usuario no tuviere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado, y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 2° - El contrato podrá recaer:

a) sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado;

b) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la Institución acreditante; o

c) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos.

Art. 3º - Sólo podrán actuar como instituciones acreditantes en los contratos de crédito de uso:

a) los intermediarios financieros (Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982); y

b) las empresas de giro exclusivamente financiero, especialmente autorizadas por el Banco Central del Uruguay para la celebración de este contrato.

Art. 4º - El Banco Central del Uruguay reglamentará el otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las empresas a que se refiere cl apartado b) del artículo 3º, siéndoles aplicables los artículos 11 a 15, 16 apartado c), 18, 20 a 24 inclusive del Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 5º - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, afectados a la actividad industrial, agraria o comercial. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato, se regirá por las disposiciones de esta ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (artículo 1º. inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25 % (veinticinco por ciento) del valor real, lijado por la Dirección General del Catastro Nacional.

Art. 6º - El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público y en triplicado.

Art. 7º - El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

a) si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos;

b) si recae sobre aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves;

c) si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores;

d) si recae sobre naves, en el Registro de la Escribanía de Marina; y

e) si se tratare de otros bienes, concretamente identificables, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial.

Si la institución acreditante omitiera la presentación del contrato al Registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento, incurrirá en una multa en beneficio del usuario, equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato, y responderá además de los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento, sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar su inscripción.

La inscripción caducará cada cinco años y podrá reinscribirse -a solicitud verbal de cualquiera de las partes- por períodos iguales.

Las partes podrán además pactar otras formas de publicidad de la existencia del contrato.

Art. 8º - La inscripción en el Registro confiere al usuario, derecho real respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior, le acuerda acción para recuperar la utilización del bien y, cuando haya pagado su prestación y cumplido con todas las obligaciones estipuladas, para exigir su transferencia forzada si se hubiere pactado la opción de compra, cuando circunstancias posteriores a la inscripción del contrato inhibieran o impidieran el ejercicio de la opción de compra o sus efectos.

El Juez competente, previa citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará, en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante; en caso de oposición, se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Art. 9º - Durante el plazo del contrato, no es lícito a la institución acreditante retirar la cosa del poder del usuario, ni a éste devolverla antes de concluirse el tiempo convenido, a no ser pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas, con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas.

Art. 10. - Salvo estipulación en contrario, el usuario no tiene la facultad de ceder a ningún título la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 11. - Durante la vigencia del contrato el bien sólo podrá ser enajenado a una institución comprendida en el artículo 39.

La enajenación voluntaria o forzosa realizada en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será inoponible al usuario, siempre que el contrato estuviera registrado.

Sí el bien fuera enajenado conforme con el inciso primero, la institución que suceda en el derecho a la contratante, estará obligada personalmente a cumplir el con trato, siempre que estuviera registrado.

CAPITULO II
De las obligaciones de la institución financiera

Artículo 12 - La institución acreditante está obligada:

a) a entregar la cosa, si es de su propiedad, o a adquirir la cosa al proveedor acordado y en las condiciones estipuladas en el contrato;

b) a notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia del contrato de crédito de uso;

c) a no turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 13. - El contrato en el caso previsto en el apartado a) del artículo 2º, se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes si el proveedor indicado por el usuario no consiente la venta del bien a la institución acreditante, en las condiciones acordadas en el contrato.

Esta disposición no será aplicable:

a) si así se pactare expresamente;

b) si el usuario cede al acreditante, en el momento del contrato, una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor.

Art. 14. - Por la notificación fehaciente de la existencia del contrato de crédito de uso, realizada por la institución acreditante al proveedor, quedarán transferidos de pleno derecho al usuario todos los derechos y acciones correspondientes al comprador contra el proveedor.

La institución acreditante no será responsable frente al usuario de ningún incumplimiento en que pueda incurrir el proveedor, salvo que éste se excepcionara justificadamente en la falta de cumplimiento por el acreditante de sus obligaciones como comprador.

Art. 15. - La institución acreditante no podrá, sin consentimiento del usuario, mudar la forma de la cosa, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Sin embargo, sí se tratare de reparaciones indispensables que no puedan diferirse basta la conclusión del contrato, el usuario que no las realizara por sí, será obligado a tolerarlas aunque le priven del goce de la cosa y a reintegrar a la institución acreditante lo que ésta hubiera desembolsado por tal concepto, sin poder exigir rebaja de precio o compensación alguna.

Art. 16. - La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho de terceros que no pretendan derecho a la cosa. En este caso, el usuario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño, y aunque éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra la institución acreditante.

Art. 17. - La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa se dirigirá contra la institución acreditante.

El usuario será sólo obligado a notificarle por cualquier medio hábil, la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, será responsable por los daños y perjuicios que de ello se sigan a la institución acreditante.

Si la institución acreditante no compareciere a defender la cosa, podrá sostener el juicio el usuario, quedando aquélla responsable de la evicción y sus consecuencias.

Si la institución acreditante comparece, se seguirá contra ella sola la acción; pero usuario podrá siempre intervenir en el juicio en guarda de sus derechos.

La acción para recuperar la utilización de la cosa contra terceros que pretendan un derecho anterior a la inscripción del contrato de crédito de uso, será ejercida por la institución acreditante, y mientras la utilización no sea recuperada, el usuario quedará liberado del pago de las cuotas periódicas estipuladas.

Art. 18. - Si la institución acreditante fuese vencida en juicio sobre la totalidad o sobre una parte de la cosa, podrá el usuario reclamar la rescisión del contrato si se le priva de la totalidad o de una parte principal de la cosa, o una disminución del precio en cualquier caso; podrá reclamar también los daños y perjuicios que le sobrevinieren, salvo que al otorgar el contrato, hubiese conocido por cualquier medio idóneo para ello, el peligro de evicción.

Art. 19. - La institución acreditante no responderá de los vicios o defectos de la cosa; la acción del usuario deberá dirigirse contra el proveedor, conforme al artículo 14.

Pero si el bien fuera de propiedad de la institución acreditante a la fecha del contrato (artículo 2º , apartado c), responderá de los vicios o defectos graves de la cosa existentes al tiempo de su celebración que impidieren la utilización, y el usuario podrá pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido de la institución acreditante al tiempo del contrato, o era tal que debiera conocerlo, tendrá además derecho el usuario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

CAPITULO III
De las obligaciones del usuario

Artículo 20. - El usuario está obligado:

1º) a usar de la cosa según los términos del contrato;

2º) a emplear en su conservación, el cuidado de un buen padre de familia;

3º) a pagar el precio periódico;

4º) a pagar el precio final o, en su caso, devolver el bien.

Art. 21. - No podrá el usuario destinar la cosa a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el usuario contraviniere esta regla, podrá la institución acreditante reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios, o limitarse. a esta indemnización dejando subsistir el contrato.

Art. 22. - Si el usuario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá de los daños y perjuicios, y aun tendrá derecho la institución acreditante para demandar la rescisión del contrato en caso de un grave y culpable descuido.

Art. 23. - Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar si el usuario ejerce la opción de compra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio final, con el descuento racional compuesto previsto en el inciso 3º del artículo 30.

Art. 24. - El mantenimiento y todas las reparaciones de cualquier naturaleza que deban realizarse en la cosa durante su utilización por el usuario serán de cargo de éste, sin perjuicio de las acciones que en virtud del artículo 14 puedan corresponderle contra el proveedor, y sin perjuicio también de lo dispuesto por el artículo 19 inciso segundo.

Salvo pacto en contrario, todas las mejoras que se realicen en la cosa por el usuario durante el contrato, beneficiarán a la institución acreditante, pero se considerarán comprendidas en las opciones del artículo 1º, sin derecho a compensación para ninguna de las partes.

Art. 25. - El usuario deberá pagar el precio periódico estipulado, aunque durante el contrato la cosa fuese destruida en su totalidad o sólo en parte o se deterioran, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa.

Lo mismo ocurrirá si por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa el usuario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el destino convenido.

Art. 26. - Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abandonando el bien en beneficio del usuario; o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado basta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.

Art. 27. - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de tres cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes, de dos cuotas si fueren bimensuales, y de una cuota en los demás casos.

Art. 28. - La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme al artículo 1324 del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el usuario, cuando el hecho dañoso haya ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien por dicho usuario.

Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

Art. 29.- Finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga en su caso, si no hiciere uso de la opción de compra o ésta no existiera, el usuario debe devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si así no lo hiciera, luego de requerido para ello, será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él corresponda como detentador.

Art. 30. - Si el usuario ejercitare alguna de las opciones contenidas en el contrato, deberá hacerlo saber a la institución acreditante antes del vencimiento del plazo.

Ejercida la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio a la institución acreditante, se otorgará el contrato de compraventa, cancelándose la inscripción del contrato de crédito de uso en el Registro respectivo.

El usuario podrá en cualquier momento durante el transcurso del plazo del contrato, darlo por terminado ejerciendo la opción de compra y pagando la totalidad de las cuotas pactadas con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas, teniendo en cuenta su respectivo vencimiento, a la tasa que se hubiere pactado para dicho descuento, o en su defecto a la tasa a que se refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

Si la opción fuera la de prórroga del plazo, la aceptación por el usuario se inscribirá conforme a lo dispuesto en el artículo 7º.

El usuario no podrá ejercitar válidamente ninguna opción, si estuviera en mora en el cumplimiento de alguna obligación a su cargo. La mora a estos efectos se configurará mediante intimación con plazo de tres días hábiles por telegrama colacionado.

Los embargos trabados a la institución acreditante posteriores a la inscripción del contrato de crédito de uso, no obstarán a la compraventa ni a la transferencia de la propiedad en favor del usuario debiéndose descartar dichos embargos.

CAPITULO IV
Normas Procesales

Artículo 31. - La institución acreditante tendrá acción ejecutiva para perseguir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, sus intereses y multas; así como el de todo el precio periódico pactado y del precio final si optare por hacer abandono del bien conforme con lo dispuesto en el artículo 26.

La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciará en juicio ordinario.

Art. 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada de la cosa, en los casos previstos en los artículos 27 y 29, será el del juicio de entrega de la cosa. A los efectos del artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil, serán admisibles, además de las excepciones del artículo 1311 del mismo Código, las de pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o documento privado emanado del actor; las de prescripción, caducidad y espera o quita concedida por el demandante que se prueben por escritura pública, por documento privado emanado del actor, concordato o concurso homologado.

Con los mismos efectos será admisible la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones pactadas, en el caso del artículo 29.

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 1311 a 1313 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33. - La institución acreditante podrá acompañar, con su demanda o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, y deberá decretarse por el Juez, mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa materia del juicio y la cancelación de la inscripción del contrato de crédito de uso, sin admitirse recurso alguno, aunque las excepciones opuestas sean de las previstas en el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32 de esta ley.

Hecho efectivo el apremio, se continuarán los procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 34- - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieron excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas (Código de Procedimiento Civil, artículos 1313 y 1314) se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso.

Art. 35. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, los embargos trabados en juicio seguido contra la institución acreditante, con posterioridad a la inscripción del contrato de crédito de uso, no impedirán la utilización del bien por el usuario no pudiendo disponerse el secuestro del mismo.

CAPITULO V
Normas Penales

Artículo 36.- El usuario que haga abandono de los bienes objeto del contrato ocasionando un perjuicio económico a la institución acreditante, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

El usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato, disponiendo de ellos en su provecho o en el de un tercero, será castigado con doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaria.

Art. 37. - Además de la responsabilidad penal por las conductas descritas en el articulo anterior, el usuario será responsable civilmente, haciéndose exigibles sus obligaciones contractuales.

CAPITULO VI
Normas Tributarias

Artículo 38. - Los contratos de crédito de uso estarán sujetas al régimen tributario que se establece en los artículos siguientes y a las demás disposiciones vigentes que no se opongan al mismo.

Art. 39. - Los contratos de crédito de uso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 41, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones;

a) cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75 % (setenta y cinco por ciento) del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente;

b) cuando se pacte en favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor final;

c) cuando se pacte que, finalizado el plazo del contrato o de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera, o no ejerciera la opción de compra, el bien deba ser vendido y el usuario soportara la pérdida o percibiera el beneficio que resulte de comparar el precio de la venta con el valor residual.

Art. 40. - La comparación a que se refiere el literal a) del artículo 39 de la presente ley se realizará teniendo en cuenta lo que se dispone a continuación:

a) por valor del bien se entenderá el costo de adquisición del bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado. En el caso de un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, y se pactare simultáneamente su venta a la institución acreditante por valor del bien se entenderá el precio pactado. En el caso de bienes que a la fecha del contrato, sean propiedad de la institución acreditante, adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. La Dirección General Impositiva podrá impugnar dicha tasación;

b) el valor final se actualizará, a la fecha del contrato, a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso

de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979;

c) la amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización acelerada.

Art. 41. - En los casos mencionados en el artículo 39 las instituciones acreditantes tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) no computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato;

b) el monto actualizado de las prestaciones a recibir, incluso el de la opción de compra constituirá activo computable fiscalmente. El monto de las prestaciones previstas en el contrato se actualizará a la tasa de interés que se hubiera pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4º, artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979;

c) la ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio estará constituida por la diferencia entre las prestaciones totales y la amortización financiera de la colocación al término de cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precio si la operación estuviera pactada en moneda nacional reajustable.

Art. 42. - En los casos en que no se verifique ninguna de las condiciones del artículo 39, las instituciones acreditantes de los contratos de crédito de uso tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato;

b) dichos bienes podrán amortizarse en el plazo del contrato siempre que éste no sea inferior a tres años. En los casos en que exista opción de compra, el valor a amortizar será la diferencia entre el valor del bien para la institución acreditante y el valor final (precio de la opción), actualizado, ajustada la diferencia con el índice de revaluación que corresponda;

c) la ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, estará constituida por las contraprestaciones devengadas en cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios, si la operación estuviera pactada en moneda reajustable.

Art. 43. - Los usuarios de bienes en que se verifique alguna de las condiciones indicadas en el artículo 39, tendrán a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento;

a) computarán en su activo fijo los bienes objeto del contrato. El costo será determinado en base a los criterios establecidos en el literal a) del artículo 40, de la presente ley;

b) los pagos a realizar, incluso el de la opción de compra, disminuidos en los intereses a devengar en los ejercicios siguientes, constituirán pasivo computable;

c) los intereses devengados se incluirán en los gastos financieros, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviera pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios en su caso.

Art. 44. - En los casos en que no se verifique ninguna de las condiciones del artículo 39, los usuarios computarán como gasto del ejercicio, las contraprestaciones devengadas en el mismo. Cuando haya opción de compra y ésta se ejerza, el usuario computará el bien en su activo fijo, considerando como costo el precio de la opción.

Art. 45. - Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso estarán exoneradas del impuesto al Valor Agregado, siempre que el plazo no sea inferior a tres años.

En todos los casos de contratos de crédito de uso con plazos inferiores a tres años, se aplicará el Impuesto al Valor Agregado, en cuanto corresponda, a la tasa respectiva.

En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características mencionadas en el artículo 39, se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contraprestación respectiva.

Art. 46. - Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que tengan un plazo mínimo de tres años. Dicho crédito procederá incluso cuando los bienes hayan sido adquiridos antes de la vigencia de la presente ley, salvo que el respectivo Impuesto al Valor Agregado ya haya sido deducido. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado, o su pérdida cuando corresponda.

Art. 47. - En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad a lo establecido en el artículo 45. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso 29 del artículo 94 del Código Tributario. En caso de rescisiones judiciales u homologadas judicialmente qué signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo.

Art. 48. - Los créditos que se generen por la celebración de contratos de créditos de uso, estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (Título 15 del Texto Ordenado 1987).

Art. 49. -. Estas normas se aplicaran a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

CAPITULO VII
Disposiciones finales

Artículo 50. - A los efectos del contrato de crédito de uso, no regirá la prohibición de adquirir propiedades raíces establecida en el numeral 3º del artículo 27 de la Ley- Nº 9.808, de 2 de enero de 1939 (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto Ley número 14.623, de 4 de enero de 1977, ni la de tener bienes inmuebles establecida en el artículo 18 apartado e) del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Finalizado el plazo del contrato, si el usuario no ejercitara la opción de compra, ni se hubiese incluido en el contrato el convenio previsto en el artículo 1º, inciso cuarto, el inmueble será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, dentro de los plazos que establezca la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay, atendiendo a las condiciones del mercado inmobiliario.

Art. 51. - Los bienes muebles que fueron objeto de un contrato de crédito de uso y cuya propiedad, finalizado el. contrato, permaneciera en el patrimonio de la institución acreditante, deberán ser enajenados o colocados mediante un nuevo contrato de crédito de uso dentro de los plazos y en las condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado.

Art. 52 - No se conslderará contrato de crédito de uso, ni podrá inscribirse como tal, aquel que contenga estipulaciones que se aparten de lo previsto en esta ley.

Art. 53. – Comuníquese, etc."

18) CIUDAD DE MERCEDES. Bicentenario de su fundación. Se declara feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de1988.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Pido perdón al Senado por esta interrupción el tratamiento del orden del día, pero, quiero significar el especial interés que tenemos en un proyecto que figura en el punto número 17 del orden del día. La consideración de este proyecto de ley no puede demandar al Senado más que unos pocos minutos, en la medida en que no tiene discusión. Se trata de un proyecto que tiene que ver con el Bicentenario de la ciudad de Mercedes que necesita, también, la sanción de la Cámara de Representantes. Creo que en pocos minutos podríamos resolver este tema; pero si hubiera algún inconveniente por parte de algún señor senador que le interesara seguir considerando el orden del día de hoy, sugiero incluirlo en el orden del día de la sesión de mañana en segundo término.

19) INSCRIPCION TARDIA DE NACIMIENTOS. Se amplía el plazo establecido por la Ley Nº 15.883.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Deseo preguntar al señor senador Pozzolo si tiene algún inconveniente en que se trate el punto tercero del orden del día, que también es muy sencillo y tiene un solo artículo, para extender un plazo relativo a inscripción tardía de nacimientos. Si lo aprobamos sobre tablas, a continuación podríamos pasar a considerar el tema que señala el señor senador Pozzolo,

SEÑOR POZZOLO. - Acepto el temperamento del señor senador Aguirre.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el asunto que figura en tercer término del orden del día; "Proyecto de ley por el que se amplia el plazo de inscripción tardía de nacimientos, establecido por la Ley Nº 15.888. (Carp. Nº 1183/88 - Rep. Nº 84/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1133/88
Rep.Nº 84/88

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Otórgase un nuevo plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente, a los efectos previstos en la Ley Nº 15.888, de 26 de agosto de 1987.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Montevideo, 7 de junio de 1988.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es por todos conocido, nuestra legislación requiere que las inscripciones de nacimientos no verificadas en los plazos legales ante los Oficiales de Estado Civil, deban realizarse luego, mediante el trámite judicial de "inscripción tardía", para el que son competentes los Jueces Letrados de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia, en el interior del País.

El procedimiento judicial asegura que la inscripción tardía cuente con la garantía del contralor jurisdiccional.

Sin embargo la Ley Nº 15.883, de fecha 26 de agosto de 1987 persiguiendo una finalidad de contenido preferentemente social, estableció un régimen excepcional por el plazo de seis meses a partir del momento de su promulgación, durante el cual se pudieron tramitar las inscripciones tardías ante los propios Oficiales de Estado Civil. El mismo ya ha expirado.

Un número importante de ciudadanos ha hecho llegar su inquietud en el sentido de obtener un nuevo plazo para realizar dichas inscripciones en las condiciones previstas por la Ley Nº 15.883 ya citada.

Entendemos que el plazo de seis meses que otorgó la ley, puede considerarse suficiente para regularizar las situaciones a que apunta; se trata además de un régimen excepcional (que no cuenta con la garantía del contralor jurisdiccional) por lo cual no era conveniente lijar plazos mayores, sin embargo, el fundamento para la concesión de un nuevo plazo de seis meses para verificar las inscripciones omitidas en su debido momento, radica en la insuficiente difusión (sobre todo en el interior de la República) de la "franquicia" que la ley concedió, motivo por el cual muchos habitantes no pudieran realizar el trámite respectivo.

De esta forma y con carácter de excepción al régimen legal vigente en la materia, se contempla la aludida aspiración popular.

Montevideo, 7 de junio de 1988.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado.

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, en sesión del día de la fecha, aprovó el proyecto de ley por el que se otorga un nuevo plazo de seis meses a los efectos previstos en la Ley Nº 15.883, de 26 de agosto de 1987, esto es, a fin de posibilitar inscripciones tardías de nacimiento en la forma y condiciones a que se refiere el citado texto legal.

En tal sentido, se comparten los términos que informan la exposición de motivos que acompañara la presentación del proyecto y que la Comisión hace suyos.

Sala de la Comisión, 23 de junio de 1988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante. Pedro W. Cersósimo, Juan C. Fá Robaina,. Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En mi carácter de miembro informante debo decir que este proyecto fue presentado por el señor senador Pereyra y que responde a una inquietud legítima. En su momento, por la Ley Nº 15.883, de 26 de agosto de 1987, se otorgó un plazo de seis meses para regularizar inscripciones tardías de nacimientos y facilitarlas por un procedimiento excepcional en vía administrativa ante los propios oficiales de estado civil, sin tener que seguir el procedimiento tradicional ante los Jueces Letrados, que todos sabemos que tiene una cierta complicación y es bastante más lento. El proyecto original venía del Poder Ejecutivo y, en la practica, rindió los beneficios esperados.

Decía, señor Presidente, que existe inquietud en muchas personas que querían hacer uso de los beneficios de esta ley y que no se enteraron a tiempo de esa posibilidad. Por ello y atento a la exitosa experiencia que tuvo este régimen excepcional dispuesto por la Ley Nº 15.883, el señor senador Pereyra presentó este proyecto de ley que la Comisión de Constitución y Legislación ha informado favorablemente considerando que es sin duda beneficioso darle aprobación. Esto es simplemente lo que deseaba expresar.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se votaJ

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Otórgase un nuevo plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente, a los efectos previstos en la Ley Nº 15.883, de 26 de agosto de 1987".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

(Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

20) CIUDAD DE MERCEDES. Bicentenario de su fundación. Se declara feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Pozzolo en el sentido de alterar el orden del día y considerar de inmediato el asunto que figura en decimoséptimo lugar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoséptimo término del orden del día:

"Proyecto de ley por el que se declara feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su capital, la ciudad de Mercedes. (Carp. Nº 989/87 - Rep. Nº 95/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 989/87
Rep. Nº 95/88

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Declárase feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su capital, la ciudad de Mercedes.

Art. 2º - Autorízase a los funcionarios públicos de, los demás departamentos de la República nacidos en Soriano, que deseen trasladarse a los actos conmemorativos del Bicentenario de Mercedes una licencia por los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988.

Art. 3º - La Dirección de Loterías y Quinielas realizará, entre los meses de abril y julio de 1988, un sorteo Especial de Lotería. El premio mayor de este Sorteo Especial, que se denominará "Bicentenario de Mercedes, ciudad de las flores", será de cien millones de nuevos pesos (N$ 100:000.000). Su producido líquido será destinado a obras de remodelación en el Hospital Regional Sur "Doctor Zoilo A. Chelle", el Hogar de Ancianos "Ricardo J. Braceras"’ y las dependencias del Consejo del Niño con asiento en la ciudad de Mercedes, de la manera que el Poder Ejecutivo reglamentará.

Art. 4º - Créase el Fondo "Plan de Obras Extraordinarias para la ciudad de Mercedes" con motivo de su Bicentenario. Este Fondo será de NS 250:000.000 (doscientos cincuenta millones de nuevos pesos) con cargo a Rentas Generales y se financiará en la Rendición de Cuentas que se sancione en 1988. El Plan será elaborado por una Comisión Especial integrada por un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia Municipal de Soriano y el Comité Ejecutivo del Bicentenario de Mercedes.

Art. 5º- Comuníquese, etc.

Luis Bernardo Pozzolo. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ciudad de Mercedes se apresta. a celebrar en setiembre de 1988 el Bicentenario de su fundación.

El hecho es histórico y socialmente trascendente y desborda los límites de aquella ciudad y su departamento, para constituirse en un episodio de innegable repercusión nacional.

En ese entendido y con la necesaria antelación ea que, respondiendo a la iniciativa que lanzara el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, se ha constituido un gran Comité Ejecutivo y siete comisiones asesoras.

Las celebraciones han de abarcar todo el año 1988, a través de un vasto programa ya estructurado en trazos generales, que tendrá su epicentro en lo que se ha dado en llamar el MES DE MERCEDES, esto es, SETIEMBRE, por ser el que coincide con la Dedicación del Templo Fundacional levantado por el presbítero Manuel Antonio de Castro y Careaga a la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes.

Cuando empiece a alumbrar el año 1988 los mercedarios iniciarán esos festejos. El 19 de enero, a las 21 horas, en el jardín exterior le la Catedral, junto a la histórica piedra de asperón que sirvió de primer cimiento a la CL pilla Nueva del presbítero Manuel Antonio de Castro y Careaga, se procederá a encender la llama votiva que arderá todo el año. Desde las escalinatas del templo un coro de 200 niños irrumpirá en canciones, estallarán sirenas y se echarán a vuelo las campanas de todos los templos. Después, las calles se convertirán en ríos de júbilo popular.

Vendrán después celebraciones, el "Día de los Niños» se iniciará una temporada teatral y de conciertos, el deporte en sus variadas disciplinas se manifestará en competencias nacionales e internacionales, el "Carnaval del Bicentenario" promoverá explosiones jubilosas, se reeditará la "Fiesta del Trabajo y la Alegría" con muestras artesanales, industriales, artísticas, etc.; y el 24 de setiembre, epicentro del fasto lugareño, se procederá a sellar definitivamente una CAPSULA DEL TIEMPO. Será ésta un pequeño monumento de concreto en cuyo interior será depositado un cofre ovoide conteniendo diversos elementos que perduren el Bicentenario de la ciudad. Será abierto por la generación de mercedarios del año 2088, cuando se festeje el tricentenario, y contendrá, expresado de las más variadas formas, la presencia y el mensaje de quienes hoy respiran el orgullo de haber nacido en una tierra tan hermosa y. tan pródiga en hechos trascedentes para la vida nacional.

En 1781 llega a Villa de Soriano un joven e ilustrado sacerdote, que acaba de ordenarse en Buenos Aires, al cabo de diez años de estudios, en el Convento de San Francisco. Se trata de Manuel Antonio de Castro y Careaga; tiene apenas 27 años de edad y dos meses de sacerdocio. El panorama que le recibe es paupérrimo: los vecinos, muy pobres, se alojan en míseras viviendas con paredes de palo a pique y techumbres pajizas. La iglesia, que ostenta la categoría de parroquia, ofrece empero un aspecto desolador: es -dice- "un desvencijado rancho que sirviera de albergue a los antiguos pobladores".

A poco de instalarse dice Castro y Careaga que la ubicación del pueblo es la causa primaria de su pobreza "El paraje donde se halla situada la población –escribirá- es territorio incómodo, cercado de bañados y pantanos, que lo más del año es intransitable, próximo a que alguna invasión del río haga una total ruina, como en efecto se experimenta que muchas crecientes inundan las calles sin tener territorio para que con formalidad se forme el pueblo, sin poder sembrar semilla alguna...". Y respecto a la iglesia: "Que la iglesia de su curato es indecente para mantener por más tiempo colocada en ella el Santísimo Sacramento, por ser un rancho de paja que en otro tiempo sirvió de habitación a los antiguos pobladores de él, tan maltratado con la injuria de los tiempos y tan expuesto a las contingencias de un acaso, que no sirve sino de tenerle consternado, principalmente en los tiempos lluviosos y de tormenta..."

Antes de proseguir, para evitar la ociosa reiteración de citas, importa indicar que la mayor parte de la documentación histórica a que se hace referencia en esta exposición de motivos, está tomada del libro "Antes de 1810", de la educacionista e historiadora mercedaria Elisa A. Menéndez; fallecida en Montevideo el 8 de mayo de 1953. Autora, además del citado "Antes de 1810", del libro "Artigas Defensor de la Democracia Americana", ejerció durante años la dirección de la Escuela "solar de Artigas", en los aledaños de Asunción, Paraguay, y fue allí donde sé despertó su vocación de historiadora, que la llevó incluso a desentrañar datos hasta entonces desconocidos de la fundación de su cuna, Mercedes.

Retomando entonces el hilo de esta exposición, tenemos que a poco de llegar advierte el presbítero Castro y Cáreaga él desamparo del medio a que ha sido destinado, y concibe la idea de su traslado. Para ello se requería la anuencia del virrey y demás autoridades civiles y eclesiásticas residentes en Buenos Aires. Hasta ella viaja, a su costo, el presbitero Careaga, y expone su pedido de licencia. Ya ha recorrido la comarca y describe el sitio que ha elegido, primera pincelada del lugar donde ahora se celebrará el Bicentenario "Excelentísimo Señor: en cumplimiento del Superior Decreto de V.S... y habiendo enterado a los Vocales del Cabildo y a los vecinos más condecorados de su jurisdicción, todos juntos determinaron que se reconociere la costa del Río Negro para ver el paraje más conveniente. Y en efecto todos en consorcio del cura fuimos a reconocer la nominada costa, y reconocida se eligió el paraje que llaman de los "Cerrillos". Y a la verdad, Excelentísimo Señor: la situación es admirable, así por la vista hermosa la campaña y al río, próximas las maderas y paja para las casas, la piedra para los edificios cerca; el agua tan superior cual otra ninguna cuenta la Banda Oriental. Leña para el consumo mucha y buena; el puerto sin impedimento alguno libre de las imbasiones del río; las entradas y salidas sin obstáculos de bañados y pantanos; los terrenos para zementeras cercanos y buenos, y la ynmediación para todo vecindario son méritos para que hunánime eligieren el paraje...".

Se inicia así un largo y azaroso expediente. Los vecinos son antiguos pobladores del lugar, se sienten arraigados a su "tierruca", que con un comprensible sentimiento elemental llaman "querencia".

Y el expediente se va llenando de firmas, escudos y sellos reales, y sobre todo de resistencias de los cabildantes y pobladores. Hasta que el virrey resuelve: "Vino este expediente en que consta el permiso concedido por el Excelentísimo Señor Virrey... para la construcción de la Capilla que intenta hacer a su costa con don M. A. de Castro y Careaga... con el fin de que sirva de ayuda a la Parroquia para la mejor y más pronta asistencia espiritual de la feligresia..."

El presbitero Careaga había pedido licencia para trasladar el pueblo; solo se le autorizaba a enclavar en el sitio elegido una Capilla auxiliar de la que estaba en Villa de Soriano.

Pero no desmayó, porque como él mismo había expuesto en su solicitud, confiaba que "mudándose ésta se mudarán ellos".

Tenemos entonces que tras cuatro años de laboriosas idas y venidas (1784-1788) el 21 de mayo de 1788 se le aprueba la "licencia" en las condiciones comentadas.

Y de inmediato se inicia la construcción, que ha de dar lugar a nuevas oposiciones. El presbítero Careaga asume personalmente la tarea, lo que ha de motivar un oficio del Cabildo y vecinos de Santo Domingo de Soriano al Virrey, en el cual se quejan que "se pasa todo el tiempo en él Paso de la Calera atendiendo la construcción de la Capilla Nueva, en compañía de su Teniente Cura. En consecuencia, desatiende los deberes de su parroquia de V.Soriano, no teniendo quien administre los sacramentos y entierre a los muertos, habiendo pasado algunos dos y tres días sin enterrarlos, rasolviendo al fin los interesados abrir sepultura y enterrarlos en los corredores de la iglesia.

Ya en 1790, aprovechando la presencia del obispo de su curato, el presbítero Careaga resuelve inaugurar la Capilla Nueva. En el Libro número 1 de bautismos, al folio 314, ,que se conserva en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el Carmelo, consta: "NOTA: en veintinueve de mayo de 1790 se celebró la Dedicación de la nueva Iglesia construida en las márgenes del famoso Río Negro, a expensas del Cura Rect. de aquel Curato don Manuel Antonio de Castro y Careaga cuio titular ,es Santo Domingo. En ese día pontificó el Itlmo. Sr. Don Manuel, de Azamor y Ramírez, dignísimo Obispo de este Obispado. Habiendo bendecidola S.II. el día antes, predicó el primer día el señor Careaga, el segundo el Cura, Rector de la Carti. don Vicente Arroyo, el tercero mi ayudante, y el cuarto Fr. Josecito el del célebre Renegado en Tercio...".

En 1891, al proyectarse conmemorar el primer centenario de la fundación de Mercedes, se desató entre dos ilustres personalidades una polémica de inusitada violencia.

Don Clemente L. Fregeiro, historiador mercedario, se respaldó en afirmaciones de Azara para sostener que Mercedes había sido fundada en 1791. Isidoro de María afirmaba la fundación en el año 1788. Ninguno de los dos convenció a nadie, y el centenario fue celebrado solamente por los partidarios de la opinión de Fregeiro, 1791, única posibilidad a esa altura; desde que habían corrido ya tres años del momento en qué se afirmaba la tesis de de María.

Al comentar este episodio, Elisa Menéndez en su libro ya citado, se pregunta:

¿Llegarán a ponerse de acuerdo los historiadores cuando llegue el segundo centenario?

Con motivo de la remoción de los cimientos de la primitiva Capilla Nueva se extrajo, ya en este siglo, la piedra fundamental que había colocado el presbítero Careaga. Es un cubo de cuarenta centímetros de aristas, cortado perfectamente, es de asperón color rojizo y luce en el centro, totalmente legible, tallada esta fecha: 1788.

Y bien, en momentos en que alumbra el: segundo ¿centenario, los investigadores del pasado lugareño se han puesto de acuerdo en establecer que el 24 de setiembre de 1788 debe ser tomado como el día en que se fundó Mercedes.

La colocación de la piedra fundamental marca, indiscutiblemente, el momento en que se gesta una ciudad, porque mas allá de los avatares a que estuvo sometida la tarea tuvo continuidad. Lo dice la queja al virrey, cuando cabildantes y vecinos acusaban al presbítero Careaga de pasarse, "todo el tiempo en el Paso de la Calera atendiendo la construcción de la Capilla Nueva...".

Y lo dice también otro oficio de fines, de 1789, en que se acusa al presbítero Careaga de "hurtar" prácticamente una campaña, para trasladarla de Santo Domingo a la Capilla Nueva.

Y en cuanto al día concreto, obviamente jamás podrá precisarse.

Por lo cual no hay ninguna fecha más indicativa, y más allá de toda consideración filosófica, que la del 24 de setiembre, porque ese es el día que el Santoral ,conmemora como el de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la Capilla Nueva desde su inauguración el 29 de mayo de 1790.

Lo que, antecede expuesto a modo de boceto, justifica con creces la rápida sanción de una ley como la que se propone.

Será ella también un homenaje a toda la tierra de Soriano, sede de las mas resonantes glorias de la patria.

Fue allí donde se fundó la población más antigua de todo el territorio, Santo Domingo de Soriano.

Tuvo la primera escuela pública y gratuita, embrión de la Universidad, fundada por el Cabildo.

En sus praderas se multiplicaron las primeras vacadas cimarronas que introdujo Hernandarias, origen y base de la economía del país.

Fue en Soriano donde Artigas mantuvo el romance más profundo de su vida y tuvo sus primeras descendencias.

Bajo su cielo se alzó el Grito de Libertad, en campos de Asencio.

El Primer Cuartel General de los libres y cuna del ejército oriental estuvo en Mercedes.

Era vecino de Mercedes don Gaspar González, el farmacéutico generoso que volcó su farmacia en una carreta para organizar la primera "Cruz Roja" que aliviaría a los patriotas heridos.

Desde Mercedes partió Artigas, tras su célebre proclama, hacia Las Piedras, el primer mojón triunfal de su epopeya.

Fue en el pueblo de Soriano, que al prenderse la primera chispa revolucionaria, don Tomás Xavier Gomensoro, su abnegado párroco, tuvo la emocionante inspiración de escribir en el Libro de Difuntos la partida de defunción de la Dominación Española.

Y más tarde, serán arenas de Soriano, en la Agraciada, que acogerán la cruzada redentora de los Treinta y Tres.

Patria Chica ,de Pedro Blanes Viale y Federico Sáez, Mercedes, y con ella el departamento de que es capital, serán en 1988 expresión de laboriosidad y júbilo de un pueblo orgulloso de su pasado y seguro de su destino

El apoyo de los Poderes Públicos debe asociarse con todo calor a la celebración.

Montevideo. 26 de noviembre de 1987.

Luis Bernardo Pozzolo. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley del cual es autor el Senador Luis B. Pozzolo y por el cual se programan distintos actos con la finalidad de festejar, el próximo 24 de setiembre el bicentenario de la fundación de la ciudad de Mercedes.

En lo que refiere a la sustancia del proyecto debe señalarse que la Comisión adhiere a los conceptos vertidos en la exposición de motivos que acompañara la iniciativa; por lo demás, el mismo se inscribe dentro de una practica constante del Parlamento frente a situaciones semejantes.

Cabe, si señalar, que el proyecto originario contenía algunas disposiciones -artículos 3º y 4º que la Comisión entendió no podía sancionar sin la previa conformidad del Poder Ejecutivo, puesto que se trataba de materias en la que aquél posee competencia privativa.

En mérito a ello, con fecha 13 del corriente, el Poder Ejecutivo remitió Mensaje proponiendo una solución diferente a la que propiciaba el proyecto original; tal el contenido de los artículos 3º y 4º del texto sustitutivo a consideración del Senado.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 1988.

Juan Carlos Fá Robaina, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY

(sustitutivo)

Artículo 1º - Declárase feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su capital, la ciudad de Mercedes.

Art. 2º - Autorízase a los funcionarios públicos de los demás departamentos de la República, nacidos en Soriano, que deseen trasladarse a los actos conmemorativos del Bicentenario de Mercedes, una licencia por los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988.

Art. 3º - Destínase la cantidad de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) para la realización de obras de remodelación en el Hospital Regional Sur "Dr. Zoilo A. Chelle"; en el Hogar de Ancianos "Ricardo J. Braceras" y en las dependencias del Consejo del Niño, con asiento en la ciudad de Mercedes. Dicha suma se financiará, afectando parcialmente el producto de los Sorteos de la Lotería Nacional que se efectúen en el mes de setiembre del año 1988.

Art. 4º - La citada cantidad de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) se depositará en una cuenta especial, que se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que se denominará "Fondos de Obra de Remodelación Bicentenario de la ciudad de Mercedes", cuenta cuya administración, disposición y distribución, será objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Art. 5º - Comuníquese.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 1988.

Juan Carlos Fá Robaina, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla, Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Declárase feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su Capital, la ciudad de Mercedes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 29.

(Se lee:)

"Autorízase a los funcionarios públicos de los demás departamentos de la República, nacidos en Soriano, que deseen trasladarse a los actos conmemorativos del Bicentenario de Mercedes, una licencia por los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988".

-En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. -No está en nuestro espíritu crear complicaciones en la aprobación de este proyecto. Pero en rigor, parece claro que el Senado no puede autorizar licencias de funcionarios públicos. Estas deberán ser autorizadas por el poder Ejecutivo y en su caso por cada organismo donde ése funcionario desempeñe actividades. Entiendo que habría que buscar una nueva redacción.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: acepto la observación formulada por el señor senador Aguirre. Deseo aclarar que se trata de una fórmula que ha sido utilizada constantemente en similares ocasiones.

Por otro lado deseo dejar constancia que el proyecto viene con Mensaje del Poder Ejecutivo, por lo cual quedaría obviada la observación.

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: creo que este problema se soluciona con un breve agregado, al comienzo de la disposición, que dijera así: Autorízase a que se otorgue a los funcionarios públicos... Se entiende así que cada organismo será el que debe otorgar las licencias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Destinase la cantidad de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) para la realización de obras de remodelación en el Hospital Regional Sur "Dr. Zoilo A; Chelle"; en el Hogar de Ancianos "Ricardo J.Braceras" y en las dependencias del Consejo del Niño, con asiento en la ciudad de Mercedes. Dicha suma se financiará, afectando parcialmente el producto de los Sorteos de la Lotería Nacional que se efectúen en el mes de setiembre del año 1988".

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. -Señor Presidente: voy a votar este artículo tal como viene redactado, pero dejo constancia de que, eventualmente, en otras circunstancias, habría que hacer un análisis más cuidadoso. Entiendo que no puede ser fuente de recursos la de afectar otras fuentes de recursos. El Presupuesto del Estado tiene hoy como ingresos un volumen determinado por concepto; de Loterías. Si afectamos dichos ingresos, dejamos, por tanto, desafectadas, o sin posibilidad de financiación, los destinos que deberían atenderse con los mismos.

Solamente quería dejar esta constancia. Dadas las circunstancias y el particular destino de esta ley, la vamos a votar. Pero que quede de manifiesto nuestra observación porque es muy delicado este sistema de afectar gastos.

SEÑOR PRESIDENTE.-. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

"La citada cantidad de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) se depositará en una cuenta especial, que se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que se denominará "Fondos de Obras de Remodelación Bicentenario de la Ciudad de Mercedes", cuenta cuya administración, disposición y distribución, será .objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo".

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: voy a hacerme nuevamente violencia y acompañar este artículo. Estas disposiciones por las cuales el Poder Ejecutivo reglamenta todo el sistema, en lo que hace a la administración, disposición y distribución, me resulta una exagerada atribución de funciones. Entiendo que debió haberse especificado con mayor claridad.

Hecha la constancia, señor Presidente, procederemos a votar sabiendo que por lo menos la ciudad de Mercedes tendrá una ley cada 100 años. En la próxima discusión legislativa no estaremos; como tampoco el señor senador proponente.

(Hilaridad)

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: para darle el grado de tranquilidad necesario al señor senador García Costa, recojo su observación en, lo que tiene de razón. Este destino no fue dispuesto arbitrariamente, sino que está resuelto por una Comisión, del Bicentenario que tiene una representación amplia en el espectro político y que estableció que éstas eran las obras que, debían ser consideradas prioritarias dentro de una contribución especial del Estado.

En lo que tiene que ver con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, va de suyo que estará de acuerdo con lo que establezca dicha Comisión que está realizando los estudios pertinentes.

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que se podría mejorar la redacción. Se trata, de una cuenta especial "que se abrirá en el Banco de la República, Oriental del Uruguay, que se denominará Fondos de Obra de Remodelación Bicentenario de la Ciudad de Mercedes" y, a continuación, se quitaría el punto y coma al igual que la palabra "cuenta", incluyéndose "y cuya administración", terminándose luego con la redacción original del texto propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa está de acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-16 en 17.Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º - Declárase feriado para el departamento de Soriano el 24 de setiembre de 1988, día del Bicentenario de la fundación de su capital, la ciudad de Mercedes.

Art. 2º - Autorízase a que se otorgue a los funcionarios públicos de los demás departamentos de la República, nacidos en Soriano, que deseen trasladarse a los actos conmemorativos del Bicentenario de Mercedes, una licencia por los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988.

Art. 3º - Destinase la cantidad de N$ 50 000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) para la realización de obras de remodelación en el Hospital Regional Sur "Dr. Zoilo A. Chelle"; en el Hogar de Ancianos "Ricardo J. Braceras" y en las dependencias del Consejo del Niño con asiento en la ciudad de Mercedes. Dicha suma se financiará, afectando parcialmente el producto de los Sorteos de la Lotería Nacional que se efectúen en el mes de setiembre del año 1988.

Art 4º. - La citada cantidad de N$ 50:000 000 (nuevos pesos cincuenta millones) se depositará en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay, que se denominará Fondos de Obra de Remodelación Bicentenario de la Ciudad de Mercedes" y cuya administración, disposición y distribución será objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Art. 5º - Comuníquese."

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de agosto de 1988.

21) OBLIGACIONES CON EL ESTADO, ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS. Modo de probar su cancelación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del Orden del Día:

"Proyecto de ley por el que se aprueba el modo de probar la cancelación de obligaciones con el Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. (Carp. Nº 988/87 -Rep. Nº 86/88)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 958/87
Rep. Nº 86/88

PROYECTO DE LEY

Artículo lº- Será prueba suficiente para acreditar el pago de las obligaciones derivadas de la adquisición de bienes o uso de los servicios que enajene o suministre ANTEL, OSE y UTE, así como del pago de los atributos nacionales o departamentales, la exhibición de los tres últimos recibos, para los que deben abonarse mensualmente y del último año para los que deben satisfacerse anualmente.

Art. 2º - No podrá exigirse por ningún organismo o dependencia de la Administración Central, Ente Autónomo, Servicio Descentralizado o Gobierno Departamental otro elemento probatorio que el establecido en el artículo precedente (Art. 1574 del Código Civil).

Art. 3º - Los Gobiernos Departamentales remitirán trimestralmente al BROU la nómina de los contribuyentes que se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Art. 4º - Comuníquese, -etc.

Montevideo, 26 de octubre de 1987.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las grandes dificultades burocráticas que enfrentan los ciudadanos y las empresas en nuestro país es el constante requerimiento de un "certificado" de que se han satisfecho determinados pagos. Ello no solamente representa una considerable molestia, gasto de dinero y tiempo, sino que obliga a quienes han satisfecho sus obligaciones a probarlo hasta el hartazgo.

Creemos que el artículo 1º es justo por cuanto el recibo emitido por el acreedor del precio o tributo es prueba más que suficiente de estar al día.

El artículo 3º pretende "invertir la carga de la prueba" pues será el que figure como moroso el que tendrá que acudir a la oficina correspondiente ya sea para pagar o para demostrar que ha estado, mal incluido en la nómina de morosos.

Más de un productor, comerciante, industrial o ciudadano se ahorrará -de aprobarse nuestro proyecto- tiempo -que podrá utilizar más eficazmente en otras- tareas.

Montevideo, 26-de octubre de 1987.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Senador.

Cámara de Senadores Comisión de Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación del presente proyecto de ley, que responde a una iniciativa del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, cuyos breves fundamentos se comparten y se dan por reproducidos.

No obstante, se ha considerado que el lógico, propósito de amparar a los "particulares y a las empresas contra las exigencias de una burocracia que requiere a los contribuyentes y a los usuarios de los servicios públicos todo tipo de certificados y de innecesarios desafíos comprobantes de sus pagos, no se llena a entera satisfacción con el texto original del proyecto.

Este requería la presentación de los tres últimos recibos para dar por probados los pagos anteriores. Vuestra Comisión entiende, que basta con presentar el último recibo. Si éste demuestra el pago de la última mensualidad, va de suyo que tienen que estar pagos los meses anteriores. Sólo por desorden e ineficiencia administrativa -puede excepcionalmente ocurrir lo contrario. Y ella no puede ni debe perjudicar a los particulares.

La disposición del artículo primero, por otra parte, no hace sino reiterar lo dispuesto por el artículo 1462 del Código Civil, continua e ilegalmente desconocido por distintas entidades públicas. La prohibición de presentar prueba en contrario es imprescindible para dar efectividad a la norma. De lo contrario, so pretexto le poseer o exhibir dicha prueba -en la vía administrativa- cabe descontar que la burocracia llegará igualmente a ignorar la ley, como ignora hoy dicho artículo del Código Civil.

La nueva redacción del artículo pretende decir -y lograr- más claramente lo que expresaba y perseguía el texto original. O sea, según rezaba la exposición de motivos del proyecto, "invertir la carga de la prueba, pues será el que figure como moroso el que tendrá que acudir a la oficina correspondiente, ya sea para pagar o para demostrar que ha estado mal incluido en la nómina de morosos".

Es cuanto tenemos que informar al Senado.

Sala de la Comisión, 21 de junio de l988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Américo Ricaldoni, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - El pago de los bienes que enajenen los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados y, el de los servicios que éstos suministren, así como el pago de los tributos nacionales y departamentales, se probarán con el último recibo, sea que el pago se efectuare en forma mensual, trimestral, anual o con cualquier otra periodicidad.

Los organismos acreedores no podrán, en ningún caso, exigir pagos correspondientes a períodos anteriores, ni alegar o presentar prueba en contrario de lo dispuesto precedentemente.

Art: 2º - A los efectos dispuestos en el articulo anterior, no podrá exigirse por los organismos y dependencias de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Personas Públicas no Estatales, otro elemento probatorio del pago que el establecido precedentemente, el que hará plena fe con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1574 del Código Civil.

Art. 3º - Los contribuyentes que se encontraren en mora en el pago de los tributos departamentales, sólo podrán recibir préstamos y realizar gestiones ante el Banco de la República Oriental del Uruguay si no figuraren en la nómina de deudores que los Gobiernos Departamentales deberán remitir a éste, trimestralmente, a dichos efectos.

Art. 4º - Comuníquese.

Sala de la Comisión, 28 de junio de 1988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Américo Ricaldoní (Discorde) Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

-En discusión general.

Hay un proyecto sustitutivo de la Comisión y el miembro informante es el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Simplemente quiero decir que este proyecto de ley que viene a consideración del Senado tiene por firmante al señor senador Lacalle Herrera, quien, lamentablemente, creo que hoy no se encuentra en nuestro país. Me gustaría que el señor senador Lacalle Herrera estuviera presente. Se trata de una iniciativa que fue trabajada por la Comisión de Constitución y Legislación, la cual le introdujo algunas modificaciones. De todas maneras el proyecto persigue las mismas finalidades, con esta redacción, que las que buscaba el proyecto original presentado por el señor senador Lacalle Herrera.

El señor senador Ricaldoni firmó discorde ya que tiene algunas discrepancias respecto de este proyecto.

Por consiguiente, supongo que este proyecto, que no refiere a una cuestión demasiado sencilla -puede generar algunas discrepancias- y dará lugar a algún debate. Por ello, tal vez exista alguna dificultad para su aprobación. Como estamos con un quórum muy exiguo- varias veces fue necesario llamar a Sala para poder votar- me parece más razonable que el proyecto se mantenga en el orden del día y se trate en la sesión de mañana, a fin de ver si lo podemos considerar con un quórum más amplio y si el autor del mismo se encuentra en el Senado. Después, tenemos en el orden del día una serie de asuntos mucho más sencillos, que son verdaderamente de trámite y los podríamos aprobar antes de quedarnos sin número para sesionar.

En consecuencia, si los miembros de la Comisión están de acuerdo, me parece que ese podría ser un temperamento razonable. Por lo tanto, formulo moción en tal sentido.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI – Me parece bien esperar hasta la sesión de mañana, porque el quórum no es el más adecuado.

De las expresiones del señor senador Aguirre, simplemente quiero aclarar que no se trata de algunas observaciones; yo tengo objeciones de fondo que formular porque de no ser así, no hubiera firmado con reservas. Cuando se entre al análisis del proyecto, trataré de demostrar el por qué de mis discrepancias con este asunto. De todos modos, me parece bien postergar el tratamiento de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre en el sentido de postergar para la sesión de mañana la consideración de este proyecto.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO Y SUS ANEXOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos. (Carp. Nº 1093/86 - Rep. Nº 69/88)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1093/88
Rep. Nº 69/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 26 de abril de l988.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos, hecho en Viena el 22 de marzo de 1985.

El presente Convenio se inscribe en el marco de las Naciones Unidas, siendo éste el segundo ejemplo en que el Organismo encara la materia ambiental, dándole una proyección universal

La Convención, fue adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios para la Protección de la Capa de Ozono realizada en Viena del l8 al 22 de marzo de 1985 y en la que participaron treinta y seis países en calidad de miembros y siete países en calidad de observadores, entre los que se contó a la República. A diciembre de 1986 la Convención había sido signada por veintiocho Estados de los cuales ocho han ratificado o adherido a la misma, no estando en la actualidad aún en vigor.

En el convenio que nos ocupa se coincide en la necesidad de adoptar medidas basadas en consideraciones científicas y técnicas pertinentes para proteger la capa de ozono atmosférico de las modificaciones causadas por las actividades humanas, al tiempo de requerir la acción y cooperación internacionales con tal finalidad, habida cuenta del impacto nocivo sobre la salud humana y el medio ambiente.

La importancia y actualidad del tema son indudables y el texto del convenio estructura, luego de las definiciones que lo delimitan las obligaciones generales a que se ven obligadas las Partes vinculadas por el mismo (Artículo 2).

Seguidamente se establecen los compromisos de carácter científico (investigación y observaciones sistemáticas) a que se deben las Partes para la prosecución de los objetivos (Artículo 3) seguido de los mecanismos de cooperación jurídica, científica y tecnológica, así como lo relativo a la trasmisión de la información sobre las medidas adoptadas en aplicación del Acuerdo (artículos 4 y 5).

Los siguientes artículos están dedicados a contemplar los procedimientos a seguir para las reuniones de las Partes llamada Conferencia de las Partes, siendo el órgano de más jerarquía que regula y evalúa la aplicación del Convenio (Artículo 6), sobre la Secretaría (Artículo 7) y aspectos formales como la adopción de protocolos, enmiendas, anexos (artículos 8, 9 y l0).

Por último, el Convenio se cierra con los artículos en los que se explicitan las modalidades admitidas para la vinculación o el retiro de las Partes, y donde se arbitran mecanismos comunes a los instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Luis Barrios Tassano, Adela Reta, Jorge Presno, Raúl Ugarte Artola, Pedro Bonino Garmendia. (Firma ilegible).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos, hecho en Viena el 22 de marzo de 1985.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Luis Barrios Tassano, Adela Reta. Jorge Presno, Raúl Ugarte Artola, Pedro Bonino Garmendia, (firma ilegible).

CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO

Preámbulo

Las Partes en el presente Convenio.

Conscientes del impacto potencialmente nocivo, de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente.

Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y en especial el principio 21, que establece que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, "los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se llevan a cabo bajo su jurisdicción o control no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional".

Teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo.

Teniendo presentes la labor y los estudios que desarrollan las organizaciones internacionales y nacionales y, en especial, el Plan Mundial de Acción sobre la Capa de Ozono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Teniendo presentes también las medidas de precaución que ya se han adoptado, en los ámbitos nacional e internacional para la protección de la capa de ozono.

Conscientes de que las medidas para proteger la capa de ozono de las modificaciones causadas por las actividades humanas requieren acción y cooperación internacionales y debieran basarse en las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

Conscientes asimismo de la necesidad de una mayor investigación y observación sistemática con el fin de aumentar el nivel de conocimientos científicos sobre la capa de ozono y los posibles efectos adversos de su modificación.

Decididas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos resultantes de las modificaciones de la capa de ozono,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1º
DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "capa de ozono" se entiende la capa de ozono atmosférico por encima de la capa limítrofe del planeta.

2. Por "efectos adversos" se entiende los cambios en el medio físico o las biotas, incluidos los cambios en el clima, que tienen efectos delatáreos significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los ecosistemas tanto naturales como objeto de ordenación o para los materiales útiles al ser humano.

3. Por "tecnologías o equipo alternativos" se entiende toda ‘tecnología o equipo cuyo uso permita reducir o eliminar efectivamente emisiones de sustancias que tienen o pueden tener efectos adversos sobre la capa de ozono.

4. Por "sustancias alternativas" se entiende las sustancias que reducen, eliminan o evitan los efectos adversos sobre la capa de ozono.

5. Por "Partes" se entiende, a menos que el texto indique otra cosa, las Partes en el presente Convenio.

6. Por "organización de integración económica regional" se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada que tenga competencia respecto de asuntos regidos por el Convenio o por sus protocolos y que haya sido debidamente autorizada, según sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al respectivo instrumento.

7. Por "protocolos" se entienden los protocolos del presente Convenio.

Artículo 2º
OBLIGACIONES GENERALES

1. Las Partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen ó puedan modificar la capa de ozono.

2. Con tal fin, las Partes, de conformidad con los medios de que dispongan y en la medida de sus posibilidades:

a) Cooperarán mediante observaciones sistemáticas, investigación e intercambio de información a fin de comprender y evaluar mejor los efectos de las "actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente;

b) Adoptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que estas actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación o probable modificación dé la capa de ozono;

c) Cooperarán en la formulación de medidas, procedimientos y normas convenidos para la aplicación de este Convenio, con miras a la adopción de protocolos y anexos;

d) Cooperarán con los órganos internacionales competentes para la aplicación efectiva de este Convenio, y de los protocolos en que sean parte.

3. Las disposiciones del presente Convenio no afectarán en modo alguno el derecho de las Partes a adoptar; de conformidad con el derecho internacional, medidas adicionales a las mencionadas en los párrafos 1 y 2 de este artículo, ni afectarán tampoco a las medidas adicionales ya adoptadas por cualquier Parte, siempre que esas medidas no sean incompatibles con las obligaciones que les impone este Convenio.

4. La aplicación; de este artículo se basará en las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

Artículo 3°
INVESTIGACION Y OBSERVACIONES SISTEMATICAS

1 - Las Partes se comprometen, según proceda, a iniciar investigaciones y evaluaciones científicas y a cooperar en su realización, directamente o por conducto de órganos internacionales competentes sobre:

a) Los procesos físicos y químicos que puedan afectar a la capa de ozono;

b) Los efectos sobre la salud humana y otros efectos biológicos de cualquier modificación de la capa de ozono, en particular los ocasionados por modificaciones de las radiaciones solares ultravioletas que tienen una acción biológica (UV-B);

c) La incidencia sobre el clima de cualquier modificación de la capa de ozono;

d) Los efectos de cualquier, modificación de la capa de ozono y de la consiguiente modificación de las radiaciones UV-B sobre materiales naturales o sintéticos, útiles para el ser .humano;

e) Las sustancias prácticas procesos y actividades que puedan afectar a la capa de ozono, y sus efectos acumulativos;

f) Las sustancias y tecnologías alternativas;

g) Los asuntos socioeconómicos conexos:
como se específica en los anexos I y II.

2. Las Partes, teniendo plenamente en cuenta la legislación nacional y las actividades pertinentes en curso, en el ámbito tanto nacional como internacional, se comprometen a fomentar o establecer. según proceda, y directamente o por conducto de órganos internacionales competentes, programas conjuntos o complementarios para las observaciones sistemáticas del estado de la capa de ozono y de otros parámetros pertinentes, como se especifica en el anexo 1.

3. Las Partes se comprometen a cooperar, directamente o por conducto de órganos internacionales competentes, para garantizar la reunión, validación y transmisión de los datos de observación e investigación a través de los centros mundiales de datos adecuados, en forma regular y oportuna.

Artículo 4º
COOPERACION EN LAS ESFERAS JURIDICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

1. Las Partes facilitarán y estimularán el intercambio de la información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica pertinente a los efectos de este Convenio, según se especifica en el anexo II. Esa información se proporcionará a los órganos que las Partes determinen de común acuerdo. Cualquiera de esos órganos que reciba datos considerados confidenciales por la Parte que los facilite velará por que esos datos no sean divulgados y los totalizará para proteger su carácter confidencial antes de ponerlos a disposición de todas las Partes.

2. Las Partes cooperarán, en la medida en que sea compatible con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales y teniendo en cuenta en particular las necesidades de los países en desarrollo, para fomentar, directamente o por conducto de órganos internacionales competentes, el desarrollo y la transferencia de tecnología y de conocimientos. Esa cooperación se llevará a cabo particularmente:

a) Facilitando la adquisición de tecnologías; alternativas por otras Partes;

b) Suministrando información sobre las tecnologías y equipos alternativos y normales o guías especialidades relativos a ellos;

c) Suministrando el equipo y las instalaciones necesarias para la investigación y las observaciones sistemáticas;

d) Formando adecuadamente personal científico y técnico.

Artículo 5º
TRANSMISION DE INFORMACION

Las Partes transmitirán, por conducto de la Secretaría a la Conferencia de las Partes establecida en virtud del artículo 6º, información sobre las medidas que adopten en aplicación del presente Convenio y de los protocolos en que sean parte, en la forma y con la periodicidad que determinan las reuniones de las Partes en los instrumentos pertinentes.

Artículo 6º
CONFERENCIA DE LAS PARTES

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. La Secretaria establecida con carácter interino de conformidad con el artículo 7º convocará la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. Ulteriormente, se celebrarán reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes a los intervalos regulares que determine la Conferencia en su primera reunión.

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la solicitud les sea comunicada por la Secretaría, un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento interno y su reglamentación financiera y los de cualesquiera órganos auxiliares que pueda establecer así como las disposiciones financieras aplicables al funcionamiento de la Secretaría.

4. La Conferencia de las Partes examinará en forma continua la aplicación del presente Convenio y, asimismo:

a) Establecerá la forma e intervalos para transmitir la información que se habrá de presentar con arreglo al artículo 5º y examinará esa información, así como los informes presentados por cualquier órgano subsidiario;

b) Examinará la información científica sobre el estado de la capa de ozono, sobre su posible modificación y sobre los efectos de tal modificación;

c) Promoverá, de conformidad con el artículo 2º, la armonización de políticas, estrategias y medidas adecuadas encaminadas a reducir al mínimo la liberación de sustancias que causen o puedan causar modificaciones de la capa de ozono, y formulará recomendaciones sobre otras medidas relativas al presente Convenio;

d) Adoptará, de conformidad con los artículos 3º y 4º, programas de investigación y observaciones sistemáticas, cooperación científica y tecnológica, intercambio de información y transferencia de tecnología y conocimientos;

e) Considerará y adoptará, según de conformidad con los artículos 9º y 10, las enmiendas al Convenio y a sus anexos,

f) Considerará las enmiendas a cualquier protocolo o a cualquier anexo al mismo y, si así se decide, recomendará su adopción a las partes en los protocolos pertinentes;

g) Considerará y adoptará, según sea necesario de conformidad con el artículo 10, los anexos adicionales al presente Convenio;

h) Considerará y adoptará, según sea innecesario los protocolos de conformidad con el artículo 8º;

i) Establecerá los órganos auxiliares que se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio;

j) Recabará, cuando proceda, los servicios de órganos internacionales competentes y de comités científicos, en particular de la Organización Meteorológica Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono, en la. investigación científica y en las observaciones sistemáticas y otras actividades pertinentes a los objetivos del presente Convenio, y empleará, según proceda, la información proveniente de tales órganos y comités;

k) Considerará y tomará todas las medidas adicionales que se estimen necesarias para la consecución de los fines de este Convenio.

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea parte en el Convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes, Podrá admitirse a todo órgano u organismo con competencia en los campos relativos a la protección de la capa de ozono, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado en la reunión de la Conferencia de las Partes como observador, salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de observadores estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

Artículo 7º
SECRETARIA

1 - Las funciones de la Secretaría serán:

a) Organizar las reuniones previstas en los artículos 6º, 8º, 9º y l0 y prestarles servicios;

b) Preparar y transmitir informes basados en la información recibida de conformidad con los artículos 4º y 5º; así como en la información obtenida en las reuniones de los órganos subsidiarios que se establezcan con arreglo al artículo 6º;

c) Desempeñar las funciones que se les encomienden en los protocolos;

d) Preparar informes acerca de las actividades que realice en el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Convenio y presentarlos a la Conferencia de las Partes;

e) Velar por la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en particular, concertar los acuerdos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones;

f) Realizar las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes,

2. Las funciones de secretaría serán desempeñadas, en forma interina, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hasta que concluya la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes celebrada de conformidad con el artículo 6º. En su primera reunión ordinaria. La Conferencia de las Partes, designará la Secretaría de entre las organizaciones internacionales competentes existentes que se hayan ofrecido, a desempeñar las funciones de Secretaría de conformidad con el presente Convenio.

Artículo 8º
ADOPCION DE PROTOCOLOS

1. La Conferencia de las Partes podrá en una reunión adoptar protocolos de conformidad con el artículo 2°.

2. La Secretaría, comunicará a las Partes, por lo menos con seis meses de antelación a tal reunión, el texto de cualquier protocolo propuesto.

Artículo
ENMIENDAS AL CONVENIO O A LOS PROTOCOLOS

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio o a cualquiera de sus protocolos. En esas enmiendas se tendrán debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

2. Las enmiendas al presente Convenio serán adoptadas en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo serán adoptadas en una reunión de las Partes en el protocolo en cuestión. El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo que en ese protocolo se disponga otra cosa, será comunicado a las Partes por la Secretaria por lo menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios, para su información.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, en último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión y será presentada. a todas las Partes por el Depositario para su ratificación, aprobación o aceptación.

4. El procedimiento mencionado en el párrafo 3 de este artículo se aplicará a las enmiendas de cualquier protocolo, excepto que para su adopción será suficiente una mayoría de dos tercios de las Partes en el protocolo presentes y votantes en la reunión.

5. La ratificación, aprobación o aceptación de las enmiendas será notificada por escrito al Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 ó 4 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día después de la fecha en que el Depositario haya recibido notificación de su ratificación, aprobación o aceptación por tres cuartos, como mínimo de las Partes en el presente Convenio o por un mínimo de dos tercios de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo que en ese protocolo se disponga otra cosa. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor respecto dé cualquier otra Parte noventa días después de la fecha en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación de las enmiendas.

6. A los efectos de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

Artículo 10
ADOPCION Y ENMIENDA DE ANEXOS

1. Los anexos del presente Convenio, o de cualquier protocolo, formarán parte integrante del Convenio o de ése protocolo, según corresponda, y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al Convenio o a sus protocolos se refiere al mismo tiempo a cualquier anexo a los mismos. Esos anexos estarán limitados a cuestiones científicas técnicas y administrativas.

2. Salvo disposición en contrario de cualquier protocolo respecto de sus anexos, para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de anexos adicionales al presente Convenio, o de anexos a un protocolo, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los anexos al Convenio serán propuestos y adoptados según el procedimiento prescrito en los párrafos 2 y 3 del artículo, mientras que los anexos a cualquier protocolo serán propuestos y adoptados según el procedimiento prescripto en los párrafos 2 y 4 del artículo 9º;

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aprobar un anexo adicional al Convenio o un anexo a cualquier protocolo en el que sea parte, lo notificará por escrito al Depositario dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento sustituir una declaración anterior de objeción por una aceptación y, en tal caso, el anexo entrará, en vigor inmediatamente respecto de dicha Parte;

c) Al expirar el plazo de seis meses desde la fecha de la distribución de la comunicación por el Depositario, el anexo surtirá efecto para todas, las partes en el presente Convenio, o en el protocolo de que se, trate, que no hayan cursado una notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo.

3. Para la propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos a este Convenio o a cualquier protocolo se aplicará el mismo procedimiento que para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos al Convenio o de anexos a un protocolo. En los anexos y enmiendas a los mismos se deberán tener debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo entrañe una enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio o al protocolo de que se trate.

Artículo 11
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. En el caso de existir una controversia entre las Partes en cuanto a la interpretación o la aplicación del presente Convenio, las partes interesadas procurarán resolverla mediante negociación.

2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrán recabar conjuntamente los buenos oficios de una tercera Parte a solicitar su mediación.

3. En el momento de ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o de adherirse a él, o en cualquier momento ulterior, cualquier Estado u organización de integración económica regional podrá declarar por escrito al depositario que, para dirimir alguna controversia que no se haya resuelto conforme a los párrafos 1 y 2 de este artículo, acepta como obligatorios uno de los dos siguientes medios de solución de controversias o ambos:

a) Arbitraje de conformidad con los procedimientos que aprueba la Conferencia de las Partes en su primera reunión ordinaria;

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

4. Si las Partes, en virtud de lo establecido en el párrafo 3 de este artículo, no han aceptado el mismo o ningún procedimiento, la controversia se someterá a conciliación de conformidad con el párrafo 5, salvo que las Partes acuerden otra cosa.

5. Se creará una comisión de conciliación a petición de una de las partes en la controversia. Dicha comisión estará compuesta de miembros designados en igual número por cada Parte interesada y un presidente elegido en forma conjunta por los miembros designados por las Partes. La comisión emitirá un fallo definitivo y recomendatorio que las partes deberán tener en cuenta de buena fe.

6. Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de cualquier protocolo, salvo que en él se indique otra cosa.

Artículo 12
FIRMA

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados y las organizaciones de integración económica regional en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, en Viena, del 22 de marzo de 1985, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 22 de setiembre de 1985 al 21 de marzo de 1986.

Artículo 13
RATIFICACION, ACEPTACION O APROBACION

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este artículo que pase a ser Parte en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin que sean parte en ellos sus Estados miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraidas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Parte en el presente Convenio o en el protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para el ejercer concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1, de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias regidas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organización también informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante del ámbito de su competencia.

Artículo 14
ADHESION

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los Estados y de las organizaciones, de integración económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias regidas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también, informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante del Ambito de su competencia.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 se aplicarán a las organizaciones de integración económica regional que se adhieran al presente Convenio o a cualquier protocolo.

Artículo 15
DERECHO DE VOTO

1. Cada una de las Partes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto.

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 16
RELACION ENTRE EL PRESENTE CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS

1. Ningún Estado ni ninguna organización, de integración, económica regional podrán ser parte en un protocolo a menos que, sean o pasen a ser al mismo tiempo. Parte en el presente Convenio.

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adoptadas por las Partes en el protocolo de que se trate.

Artículo 17
ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación; aceptación, aprobación o adhesión.

2. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor el nonagésimo dia después de la fecha en que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicho protocolo o de adhesión a él.

3. Respecto de cada Parte que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la Parte que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa Parte, si esta segunda fecha fuera posterior.

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

Artículo 18
RESERVAS

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo l9
RETIRO

1. En cualquier momento después de que hayan transcurrido cuatro años contados a partir de la fecha en que el presente Convenio haya entrado en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del Convenio notificándolo por escrito al Depositario,

2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo, en cualquier momento después de que hayan transcurrido cuatro años contados a partir de la fecha en que ese protocolo haya entrado en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del protocolo notificándolo por escrito al Depositario.

3. Cualquier retiro surtirá efecto un año después de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación o en una fecha posterior que se indique en la notificación del retiro.

4. Se considerará que cualquier Parte que se retire del presente Convenio se retira también de los protocolos en los que sea parte.

Artículo 20
DEPOSITARIO

1. El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de Depositario del presente Convenio y de cualesquiera protocolos.

El Depositario informará a las Partes, en particular, sobre:

a) La firma del presente Convenio y de cualquier protocolo y el depósito de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con los artículos 13 y 14;

b) La fecha en la que el presente Convenio y cualquier protocolo entrarán en vigor de conformidad con el artículo 17;

c) Las notificaciones de retiro efectuadas de conformidad con el artículo 19;

d) Las enmiendas adoptadas respecto del Convenio y de cualquier protocolo, su aceptación por las Partes y la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 9;

e) Toda comunicación relativa a la adopción, aprobación o enmienda de anexos de conformidad con el artículo 10;

f) Las notificaciones efectuadas por organizaciones de integración económica regional sobre el ámbito de su competencia con respecto a materias regidas por el presente Convenio y por cualesquiera protocolos y sobre las modificaciones de dicho ámbito de competencia;

g) Las declaraciones formuladas con arreglo al párrafo 3 del artículo 11.

Artículo 21
TEXTOS AUTENTICOS

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Viena, el 22 de marzo de 1985.

Anexo I

INVESTIGACION Y OBSERVACIONES SISTEMATICAS

1. Las Partes en el Convenio reconocen que las principales cuestiones científicas son

a) Una modificación de la capa de ozono que causase una variación de la cantidad de radiación solar ultravioleta con efectos biológicos (UV-B) que alcanza la superficie de la Tierra y las posibles consecuencias para la salud humana, los organismos, los ecosistemas y los materiales útiles para el hombre;

b) Una modificación de la distribución vertical del ozono que pudiera alterar la estructura térmica de la atmósfera, y las posibles consecuencias sobre las condiciones meteorológicas y el clima.

2. Las Partes en el Convenio, de conformidad con el artículo 3º, cooperarán en la realización de investigaciones y observaciones sistemáticas y en la formulación de recomendaciones relativas a futuras investigaciones y observaciones en las siguientes esferas:

a) Investigación de los procesos físicos y químicos de la atmósfera

i) Elaboración de modelos teóricos detallados: perfeccionamiento de modelos que tengan en cuenta -la interacción entre los procesos de radiación, químicos y dinámicos; estudios de los efectos simultáneos sobre el ozono de la atmósfera de diversas especies químicas fabricadas por el hombre y que se presentan naturalmente; interpretación de las series de datos de las mediciones sobre el terreno efectuadas por satélite y otros medios; evaluación de las tendencias de los parámetros atmosféricos y geofísicos y elaboración de métodos que; permitan atribuir a causas determinadas las variaciones en estos parámetros;

ii) Estudios de laboratorio sobre; los coeficientes cinéticos, las secciones eficaces de absorción y los mecanismos de los procesos químicos y fotoquímicos de la troposfera y la estratosfera; los datos espectroscopios para corroborar las mediciones sobre el terreno en todas las regiones pertinentes del espectro;

iii) Mediciones sobre el terreno: las concentraciones y flujos de gases primarios importantes de origen tanto natural como antropogénico; estudios sobre la dinámica de la atmósfera; medición simultanea de especies relacionadas fotoquimicamente hasta la capa limítrofe del planeta mediante instrumentos in situ e instrumentos de teleobservación; intercomparación de los diversos detectores, incluso mediciones coordinadas de correlación para los instrumentos instalados en satélites; campos tridimensionales de los oligoelementos importantes; de la atmósfera, del flujo del espectro solar y de los parámetros meteorológicos;

iv) Perfeccionamiento de instrumentos, en particular los detectores instalados en satélites y de otro tipo, para evaluar los oligoelementos importantes, de la atmósfera, del flujo del espectro solar y de los parámetros meteorológicos;

b) Investigación sobre los efectos en la salud, los efectos biológicos y los efectos de la fotodegradación

i) Relación entre la exposición del ser humano a las radiaciones solares visibles y ultravioleta y a) la formación del cáncer cutáneo con melanoma, y sin melanoma y b) los efectos sobre el sistema inmunológico;

ii) Efectos de las radiaciones ultravioleta que tienen una acción biológica (UV-B), incluida la relación con la longitud de onda, sobre a) los cultivos agrícolas, los bosques y otros ecosistemas terrestres y b) la cadena alimentaria acuática y las pesquerías, así como la posible inhibición de la producción de oxígeno del fitoplancton marino;

iii) Mecanismos por los cuales la radiación ultravioleta con efectos biológicos (UV-B) actúa, sobre las sustancias, especies y ecosistemas biológicos, en particular, la relación entre la dosis, la tasa de dosis y la reacción; fotorreconstitución, adaptación y protección;

iv) Estudios de los espectros de acción biológica y de la reacción espectral, utilizando la radiación policromática a fin de determinar las posibles interacciones de las diversas gamas de longitud de onda;

v) Influencia. de la radiación ultravioleta con efectos biológicos (UV-B) sobre: la sensibilidad y la actividad de las especies biológicas importantes para el equilibrio de la biosfera los procesos primarios tales como la fotosíntesis y la biosíntesis;

vi) La influencia de la radiación ultravioleta con efectos biológicos (UV-B) sobre la fotodegradación de los contaminantes, los productos químicos agrícolas y otros materiales.

e) Investigación de los efectos sobre el clima

i) Estudios teóricos y observación de los efectos radiactivos del ozono y de otros oligoelementos y su repercusión en los parámetros climáticos, tales como las temperaturas de la superficie terrestre y de los océanos, los regímenes de precipitaciones y el intercambio entre la troposfera y la estratosfera; 11) investigación de los efectos de tales repercusiones climáticas en los distintos aspectos de las actividades humanas.

d) Observaciones, sistemáticas de:

i) El estado de la capa de ozono (es decir, variabilidad espacial y temporal del contenido total de -la columna de la distribución vertical), haciendo plenamente operacional el Sistema Mundial de Vigilancia del Ozono, que se basa en la integración de los sistemas de observación por satélite y desde estaciones terrestres;

ii) Las concentraciones en la troposfera y la estratosfera de los gases que dan origen a las familias NOx, NOx, ClOx y del carbono;

iii) Las temperaturas desde la superficie terrestre hasta la nesosfera, utilizando sistemas de observación desde estaciones terrestres y por satélite;

iv) El flujo de radiación solar expresado en longitud de onda, que llega a la atmósfera terrestre y de la radiación térmica que sale de ésta utilizando mediciones de satélites;

v) El flujo solar, analizado por longitud de onda, que llega a la superficie de la Tierra en la gama de las radiaciones ultravioleta con efectos biológicos (UV-B);

vi) Las propiedades y la distribución de los aerosoles desde la superficie terrestre hasta la mesosfera, utilizando sistemas de observación instalados en estaciones terrestres aerotransportados y en satélites,

vii) Las variables climáticas importantes, mediante el mantenimiento de programas meteorológicos de alta calidad para su medición desde la superficie;

viii) Las oligosustancias las temperaturas, el flujo solar y los aerosoles utilizando métodos mejorados de análisis de los datos mundiales.

3. Las Partes en el Convenio cooperarán, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo, para promover la capacitación científica y técnica adecuada que sea necesaria para participar en la investigación y observaciones sistemáticas esbozadas en el presente anexo. Se prestará especial atención a la intercalibración de los instrumentos y métodos de observación con miras a obtener conjuntos de datos científicos comparables o normalizados.

4. Se estima que las siguientes sustancias químicas de origen tanto natural como antropogénico, que no se enumeran por orden de prioridad, tienen el potencial de modificar las propiedades químicas y físicas de la capa de ozono.

a) Sustancias compuestas de carbono

i) Monóxido de carbono (CO)

Se considera que el monóxido de carbono, que proviene de significativas fuentes de origen natural y antropogénico, desempeña una importante función directa en la fotoquímica de la troposfera y una función indirecta en la fotoquímica de la estratósfera.

ii) Anhídrido carbónico (CO2)

El anhídrido carbónico también procede de importantes fuentes naturales y antropogénicas y afecta al ozono estratosférico al influir en la estructura térmica de la atmósfera.

iii) Metano (CH4)

El metano es de origen tanto natural como antropogénico y afecta al ozono troposférico y estratosférico.

iv) Especies de hidrocarburos que no contienen metano

Las especies de hidrocarburos que no contienen metano, las cuales comprenden un gran número de sustancias químicas, son de origen natural o antropogénico, y tienen una función directa en la fotoquímica troposférica y una función indirecta en la fotoquímica estratosférica.

b) Sustancias nitrogenadas

i) Oxido nitroso (N20)

Las principales fuentes de N20 son de origen natural, pero las contribuciones antropogénicas son cada vez más importantes. El óxido nitroso es la fuente primaria del NOx estratosférico, que desempeña una función vital en el control del contenido de ozono de la estratosfera.

ii) Oxidos de nitrógeno (NOx)

Las fuentes de origen terrestre de NOx desempeñan una importante función directa solamente en los procesos fotoquímicos de la troposfera y una función indirecta en la fotoquímica estratosférica mientras que la inyección de NOx en capas cercanas a la tropopausa puede causar directamente un cambio en el ozono de la troposfera superior y la estratosfera.

e) Sustancias cloradas

i) Alcanos totalmente halogenados, por ejemplo, CC14, (CFC13;(CVC-11), CF2 CI2 (CFC.12), C2F3C13 (CFC-113), C2F4C12 (CFC-114)

Los alcanos totalmente halogenados son antropogénicos y sirven de fuente de ClOx, que tiene una función vital en la fotoquímica del ozono, especialmente a una altitud comprendida entre 30 y 50 kilómetros.

ii) Alcanos parcialmente halogenados, por ejemplo, CH3C1, CHF2C1 (CFC-22), CH CC13, CHFC12 (CFC-2l)

Las fuentes del CH3Cl son naturales, mientras que los demás alcanos parcialmente halogenados son de origen antropogénico. Estos gases también sirven de fuente del C10x estratosférico.

d) Sustancias bromadas

Alcanos totalmente halogenados, por ejemplo, CF3Br

Estos gases son antropogénicos y sirven de fuente del BrOx que actúa de un modo análogo al C10x.

e) Sustancias hidrogenadas

i) Hidrógeno (H2)

El hidrógeno, que procede de fuentes naturales y antropogénicas, desempeña una función poco importante en la fotoquímica de la estratosfera.

ii) Agua (H20)

El agua es de origen natural y desempeña una, función vital en la fotoquímica de la troposfera y de la estratosfera. Entre las fuentes locales de vapor de agua en la estratosfera figuran la oxidación del metano y en menor grado, del hidrógeno.

Anexo II

INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. Las Partes en el Convenio reconocen que la reunión e intercambio de información es un medio importante de llevar a la práctica los objetivos del Convenio y de velar por que las medidas que se adopten sean apropiadas y equitativas. En consecuencia, las Partes intercambiarán información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica.

2. Las Partes en el Convenio al decidir qué información deberá reunirse e intercambiarse, deberán tener en cuenta la utilidad de la información y el costo de su obtención. Además, las Partes reconocen que la cooperación en virtud de este anexo ha de ser compatible con las leyes, reglamentos y prácticas nacionales en materia de patentes, secretos comerciales y protección de la información confidencial y de dominio privado.

3. Información científica

Esta información incluye datos sobre:

a) Las investigaciones proyectadas y en curso, tanto oficiales como privadas, para facilitar la coordinación de los programas de investigación con objeto de utilizar de la manera más eficaz los recursos disponibles en el plano nacional y en el internacional;

b) Los datos sobre emisiones necesarios para la investigación;

c) Los resultados científicos, publicados en textos de circulación entre especialistas, sobre los procesos físicos y químicos de la atmósfera terrestre y la sensibilidad de la atmósfera al cambio, en particular sobre el estado de la capa de ozono y los efectos sobre la salud humana, el medio ambiente y el clima qué resultarían de las modificaciones, en todas las escalas de tiempo, del contenido total de la columna de ozono o de su distribución vertical;

d) La evaluación de los resultados de las investigaciones y las recomendaciones para futuras actividades de investigación.

4. Información técnica

Esta información comprende datos sobre:

a) La disponibilidad y el costo de los sucedáneos químicos y de las tecnologías alternativas destinadas a reducir las emisiones de sustancias que modifican la capa de ozono, y sobre las investigaciones conexas proyectadas y en curso;

b) Las limitaciones y riesgos que conlleve la utilización de sucedáneos químicos y de otro tipo y de tecnologías alternativas.

5. Información socio económica y comercial sobre las sustancias mencionadas en el Anexo 1

Esta información incluye datos sobre;

a) Producción y capacidad de producción;

b) Uso y modalidades de utilización;

c) Importación y exportación;

d) Costos, riesgos y beneficios de las actividades humanas que puedan modificar indirectamente la capa de ozono y repercusiones de las medidas reguladoras adoptadas o que se están considerando para controlar estas actividades.

6. Información Jurídica

Esta información incluye datos sobre:

a) Leyes nacionales, medidas administrativas e investigación jurídica pertinentes para la protección de la capa de ozono;

b) Acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos bilaterales, que guardan relación con la protección de la capa de ozono;

c) Métodos y condiciones de concesión de licencias y disponibilidad de patentes relacionadas con la protección de la capa de ozono.

Es copia fiel del texto original.

Remitido por la Organización de las Naciones Unidas -como texto certificado del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.

Dr. Ernesto Martínez Gariazo
Director de Tratados y Límites

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Mensaje del Poder Ejecutivo sometido a consideración de esta Comisión de Asuntos Internacionales, solicita la aprobación del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, aprobado en dicha ciudad el 22 de marzo de 1985 por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada en virtud del párrafo 4º de la Sección 1 de la Decisión 12/14 del Consejo de Gobierno del PNUMA, de fecha 28 de abril de 1984.

Dicho Convenio, fruto de extensas negociaciones internacionales, que nos atreveríamos a calificar de difíciles, dentro del marca de la Organización de las Naciones Unidas, tiene una enorme importancia y desde ya el suscrito anticipa su opinión decididamente favorable a la misma. Cómo expresivamente titula en un editorial la revista de la rama inglesa de la conocida organización ambientalista mundial "Amigos de la Tierra", la Capa de Ozono es "Una simple cuestión de vida o muerte" ("Friends of the Earth/ Supporter’s Newspaper", Spring 1988).

I - Planteamiento

Planteado muy sintéticamente el problema es el siguiente: el Ozono -cuya fórmula química es 03 en vez de como el Oxigeno común- forma una capa en la estratósfera y cumple las funciones de un escudo protector de la vida planetaria contra las radiaciones ultravioletas, a las que filtra, al tiempo que hace rebotar hacia el espacio la radiación infrarroja, evitando el recalentamiento de la Tierra. Como la casi totalidad de los fenómenos cósmicos, esta capa gaseosa no es estática, sino cambiante. En ciertas épocas, en Primavera, disminuye por causas naturales y en otras, cuando aquélla termina, vuelve a adquirir su espesor normal. Ahora bien, ocurre que determinadas actividades humanas están provocando una aceleración e intensificación anormales del aspecto destructivo del Ozono, con consecuencias que la comunidad científica es unánime en reconocer como muy graves, tales como el aumento vertiginoso o de ciertos tipos de cáncer y el de la temperatura de la Tierra, al permitir una mayor absorción de rayos infrarrojos. Calor suplementario que luego no es irradiado al espacio en virtud del "efecto invernadero" provocado, entre otros fenómenos, de origen antrópico, por el aumento de monóxido de carbono en la atmósfera, provocado por la quema de combustibles fósiles.

La grave amenaza sobre este escudo protector del Ozono fue inicialmente percibida a mediados de los años 70 por dos científicos de la Universidad de California, Rowland y Molina, quienes descubrieron que los clorofluorcarbonados (CFCs) no se dispersan en la troposfera o capa baja de aquella, sino que suben a la estratosfera y provocan un complejo proceso químico del que resulta la formación de clorinados y la destrucción de las moléculas de Ozono. Como consecuencia de un "boicot" lanzado por los ambientalistas norteamericanos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) prohibió el uso de aerosoles a fines de la década de los 70, decisión que no fue acompañada por los restantes países desarrollados. La CEE decidió apenas reducir en un tercio la producción de aquéllos. Lo cual de nada sirvió, pues al descubrirse nuevos usos para los mismos productos, el consumo volvió a los niveles anteriores a la prohibición.

Justamente, a raíz de una vasta investigación sobre el terreno realizada por la NASA con el apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Fundación Nacional de Ciencias y la Asociación de Fabricantes de productos Químicos, todas de los Estados Unidos, en una misión gigantesca llevada a cabo mediante un extraordinario despliegue aeronáutico, en el sur de Chile, se aclaró la mecánica de los cambios potenciales que muy probablemente se producirían con desastrosos resultados para el clima. Fue en 1983 cuando el peligro que corría la capa de Ozono había sido así anunciado, que fue confirmado, al descubrir científicos del Servicio Británico de Inspección Antártica que las concentraciones de Ozono en la estratosfera estaban disminuyendo a un ritmo dramático sobre la Antártida en cada primavera, recuperándose lentamente hacia finales de noviembre.

Al principio se pensó que el fenómeno se debía a un aumento de la actividad de las manchas solares, combinada con fenómenos climáticos propios de la región, pero pronto se comprobó que estos fenómenos nada tenían que ver y que los "culpables" eran algunas actividades humanas y más especialmente el vertimiento en la atmósfera de inmensas cantidades de CFCs, producto inerte considerado ambientalmente inocuo (y lo es a nivel de la troposfera), de creciente utilización en aerosoles,heladeras y frigoríficos, acondicionadores de aire, espumas de poliuretano y en la limpieza de componentes electrónicos. La misión de la NASA confirmo todo esto, comprobando que la disminución del ozono en el "agújero antártico" era del 50%, contra el 40% del año anterior, haciendo evidente la "Conexión CFC" como se dio en llamar al fenómeno parafraseando una expresión relacionada con el tráfico de drogas.

II - Comentarios Generales

Ciertamente, se sabe desde tiempo que la Tierra experimenta cielos alternados de calentamiento y enfriamiento, pero lo que solamente nuestro tiempo advirtió es que el Hombre puede alterar esos ciclos con sus actividades hasta un punto irreversible. EL científico Stephen Schneider, del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder (EE.UU), expresó que "los hombres están alterando la superficie de la Tierra y cambiando la atmósfera a un ritmo tal, que se han convertido en competidores de las fuerzas naturales que mantienen el clima. Lo que es nuevo es la potencial irreversibilidad de los cambios que están teniendo lugar". Existen evidencias de que la densidad del escudo dé Ozono está disminuyen do en ciertas áreas pobladas, lo- cual tendrá necesariamente como consecuencia un aumento de los casos de cáncer de piel, además de cambios ecológicos potenciales de impredecibles alcances. La citada institución calcula que una disminución de 1% en la capa de Ozono provocara un aumento de 10.000 casos solamente en los Estados Unidos.

Es preciso comprender que el Ozono, que en la práctica solamente se forma en las altas capas de la atmósfera debido al bombardeo de las radiaciones ultravioletas sobre las moléculas de Oxigeno, no solamente filtra dichas radiaciones sino que al hacerlo impide que el Oxigeno de la troposfera sea también transformado en Ozono y, por añadidura, crea una capa más caliente debido a los rayos infrarrojos, que cumple una función reguladora del clima mundial.

Como decíamos antes, moléculas de Ozono se forman constantemente, pero también son destruidas por cierto número de procesos químicos, muchos de ellos naturales. Por ejemplo, las inyecciones de óxidos nitrosos (N20), que suben lentamente a la estratosfera donde son a su vez destruidos por los rayos ultravioletas. Otro destructor de Ozono es el metano, compuesto carbohidrogenado producido por microorganismos en pantanos y humedales, en las arroceras, en los intestinos de muchos animales, tales como las ovejas, el ganado y las termites (un solo gran hormiguero produce alrededor de cinco litros, por minuto). O sea que estos animalitos son responsables más o menos del 50% del metano que se produce en el mundo.

El milenario equilibrio de este proceso de formación y destrucción del Ozono mantuvo su equilibrio hasta que se inventaron los CFCs y empezaron a utilizarse en gran escala. Generosamente derramados en la atmósfera, los CFCs, inertes en ésta, son destruidos como dijimos cuando se elevan a las altas capas, provocando la formación de clorinados a expensas del Ozono a una tasa de 100.000 moléculas por cada átomo de clorinado que se produce.

Desde que RowLand y Molina descubrieron en 1974, la función destructora de este producto, hasta hoy, mucha agua ha corrido bajo los puentes. Ya no se habla de fenómenos a largo plazo, sino de lo que está ocurriendo en este momento en que la declinación alcanzada un 5%. Solemos olvidar que los fenómenos de deterioro ambiental se agravan en forma más que geométrica. La prohibición norteamericana mencionada no resolvió el problema, como vimos, al no ser imitada por los demás países productores.

III - La dimensión jurídica del problema

1.El Tratado de Viena: Después de ingentes esfuerzos de las Naciones Unidas, especialmente a través del PNUMA, se logró acuerdo para la firma del Tratado cuya aprobación solicita, por el Mensaje que informamos, el Poder Ejecutivo. Este Tratado establece las bases para la aprobación de sucesivos protocolos que le darán contenido y substancia.

En su artículo 8º dispone que la Conferencia de las Partes podrá en una reunión adoptar protocolos de conformidad con el artículo 2º". Este, a su vez, dispone que las Partes "tomarán las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos en vigor de que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los erectos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de Ozono". (Párrafo 1). A tal fin, además de cooperar según sus posibilidades en la investigación, etc. (párrafo 2, literal a), "adoptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas", etc., (párrafo 2, literal b).

En resumen, el Convenio debe de ser ejecutado, implementado, mediante la aprobación de sucesivos protocolos.

En virtud de estas disposiciones, se efectuaron tres reuniones del Grupo de Trabajo ad hoc de expertos jurídicos y técnicos encargados de elaborar el protocolo relativo a los clorofluorcarbonados del Convenio de Viena, cuyos informes fueron recogidos en los documentos UNEP/WG. 151/L. 4, WG. 167/2 y WG. 172/2 respectivamente. En dichas reuniones se discutió largamente el proyecto de protocolo preparado por el Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono en sus ocho reuniones preliminares, siendo por último aprobado por dichos grupos el séptimo proyecto de "Protocolo Relativo a Ciertas Substancias Agotadoras del Ozono" (documentos UNEP/IG. 93/3 y Rev. 1).

2. - El Protocolo de Montreal: Los Informes y el proyecto mencionados fueron finalmente considerados por la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Director Ejecutivo del PNUMA, en cumplimiento de la Decisión 13/18 del Consejo de Gobierno del Organismo, de fecha 23 de mayo de 1985. Dicha Conferencia se reunió en Montreal (Canada) del 14 al 16 de setiembre de 1987. Nuestro país no participó, habiéndolo hecho como Observador en la Conferencia de Viena.

Después de cerca, de cinco años, de trabajosas negociaciones, cuyas alternativas no permiten tener una idea muy alta de la responsabilidad de los gobiernos en general, que, ostentaron una reticencia incomprensible para aceptar medidas adecuadas a la urgencia del problema Y a su gravedad, el Protocolo decide en definitiva la reducción del 50% de la producción de CFCs para 1999. Si bien no es del caso decir: "parió la montaña y salió un ratón", los resultados obtenidos están lejos de ser los que debieran. Sobre todo si se tiene en cuenta que la capacidad de daño vital del producto no guarda relación con su real importancia económica, como señala la ya citada revista "Friends of the Earth". Por lo menos en cuanto a los aerosoles se trata. Los países en desarrollo, por otra parte, quedan autorizados a incrementar el uso de estos productos químicos por un plazo de diez años, a fin de que puedan alcanzar el dominio de las tecnologías básicas de refrigeración. Plazo que, sin lugar a dudas, aprovecharán las multinacionales que operan en esos países. Al fin de cuentas, el efecto final de las disposiciones del Protocolo será una reducción de 35% en el consumo total de CFCs para fines del siglo.

Los expertos más prestigiosos en la materia reputan esta solución totalmente insuficiente. El ya citado Rowland declaró que "El acuerdo de Montreal es simplemente insuficiente para proteger el Ozono. Debería de haberse firmado un tratado que redujera la producción en un 95%". Por su parte, la EPA de los Estados Unidos y varios científicos del Servicio Británico de Inspección Antártica, consideran que solamente una reducción de por lo menos 85% podría mantener los niveles actuales de la capa de Ozono.

No obstante, el Protocolo puede considerarse un punto de partida que es mejor que nada. Y si se analizan atentamente las resistencias, observaciones y reservas opuestas por algunos gobiernos -tanto desarrollados como sub desarrollados- a este modesto tratado, el riesgo de que el resultado fuera un fracaso absoluto es evidente que pendió por cierto tiempo sobre la azorada comunidad internacional.

En virtud de lo expuesto, es opinión de la Comisión, que debe aprobarse la firma del Tratado, autorizándose su ratificación.

Sala de la Comisión, 20 de junio de 1988.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante; Hugo Batalla, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: no tengo mucho más que informar, salvo que se me formulen preguntas en Sala.

Este es un convenio esencialmente técnico. Al respecto he tratado de asesorarme con algunos expertos en la materia, algunos de los cuales han trabajado en la órbita del Directorio de nuestro Partido. Contamos también con el asesoramiento técnico de la Cancillería.

Quería señalar, simplemente, que si bien es cierto todos conocemos las consecuencias que especialmente para nuestro país ha tenido el deterioro de la capa de ozono en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, estos instrumentos preven, más que nada, una serie de objetivos. Este proyecto tiene un protocolo complementario que aún no ha llegado a consideración del Senado son los llamados Protocolos Facultativos de Montreal que, según me informan en la Cancillería serán enviados al Senado en el próximo período de sesiones.

Qriginalmente, había sugerido a la Comisión de Asuntos Internacionales -ésta entendió que no era conveniente- que en esta resolución ya se autorizara al Poder Ejecutivo a suscribir el Protocolo Facultativo de Montreal, de tal manera que quedara ratificado automáticamente en el momento de su firma. Como dije, la Comisión entendió en forma mayoritaria que no era conveniente, que para crear los mecanismos y los instrumentos necesarios para llevar adelante este convenio era imprescindible la ratificación legislativa del Protocolo Facultativo de Montreal que, tengo entendido -reitero- será enviado como proyecto de ley, ratificado por, el Poder Ejecutivo, el mes próximo.

No tengo más que informar, salvo que se me formule alguna consulta o haya alguna duda y que, en caso de que así fuera estuviera en condiciones de poderla evacuar.

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - No he solicitado la palabra para formular una consulta. Simplemente quiero decir; al tiempo de manifestar que daré mi voto afirmativo a este proyecto, que tengo mis reservas, como las que se mencionan en el informe de la Comisión, en cuanto a la modestia de los alcances de este convenio, si se tienen en cuenta las características del peligro que está enfrentando la humanidad. Sin embargo, hay, por lo menos por parte de los países altamente industrializados -en este caso en particular la Comunidad Económica Europea- una resistencia suicida a sacar de uso determinados elementos

que está comprobado científicamente son los que provocan un gran deterioro de la capa de ozono.

De modo que era simplemente para dejar una pequeña constancia, sobre todo en este pequeño país que tan poco gravita en este tipo de decisiones, pero que es tan víctima, como los demás, de los trastornos que posiblemente no padeceremos nosotros pero si nuestros descendientes.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Adelanto mi voto afirmativo al proyecto, pero digo que no están muy claras las obligaciones que asume el país, no sólo que surjan del propio texto del Convenio, sino la posibilidad de cumplirlas. Mirando rápidamente advierto por ejemplo, que una de las obligaciones que asumimos es la de adoptar medidas legislativas o administrativas adecuadas. ¿Esto obliga al Parlamento? ¿Hasta qué punto? Por otra parte, dice que nos comprometemos a iniciar investigaciones y evaluaciones científicas, pero, ¿estamos en condiciones, cuando es notorio el déficit que tiene el país en materia de investigaciones en general?

Por eso digo que al apoyar esto es un ejercicio de buena voluntad, pero tengo mis dudas acerca de si el país estará en condiciones de cumplir estrictamente todo lo que aquí se dispone.

Era la constancia que quería dejar formulada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-17en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Anexos, hecho en Viena el 22 de mano de 1985".

(Se vota:)

-16 en 18 Afirmativa

El artículo 29 es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

23) CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO Y SU PROTOCOLO

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y su Protocolo. (Carp. Nº 1034/88 - Rep. número 76/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº- 1034/88
Rep. Nº 76/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 2 de febrero de 1988

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba la "Convención para la protección de los bienes culturales en caso de -conflicto armado y su Protocolo" suscrita en La Haya el 14 de mayo de 1954, en el curso de la Conferencia reunida en la mencionada ciudad del 21 de abril al 14 de mayo de 1954.

El Convenio que nos ocupa tiene sus antecedentes en la IV Reunión de la Conferencia General de la UNESCO realizada en París en ,1949 en la cual la delegación de los Países Bajos obtuvo la aprobación de una Resolución señalando la necesidad de prestar particular atención al problema de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

En la reunión siguiente de la Conferencia General que se realizó en Florencia, la delegación de Italia propasó la redacción y aprobación por la UNESCO de una Convención al respecto, presentando, a su vez, un ante-proyecto detallado.

Esta proposición fue aprobada y en la VI Reunión de la Conferencia, en París, se confió el estudio del problema y la redacción de un nuevo proyecto a un Comité de Expertos Gubernamentales que se reunió en la misma ciudad de París, del 21 de julio al 14 de agosto de 1952.

Los resultados de su labor fueron sometidos a la VII Reunión de la Conferencia General reunida a fines de 1952. Esta reunión decidió someter el proyecto, con algunas enmiendas a la consideración de los Gobiernos y autorizar al Secretario General de la Organización a convocar una Conferencia Internacional para adoptar el texto definitivo de la Convención.

Finalmente la Conferencia Intergubernamental se reunió en la ciudad y fecha ya indicados participando en los trabajos 56 Estados, de los cuales 48 estuvieron representados por delegados plenipotenciarios y 8 por observadores. Además asistieron los representantes de 8 organizaciones internacionales interesadas, entre ellas la Cruz Roja Internacional.

Es necesario, pues, entrar al análisis de los distintos capítulos y artículos que componen la Convención, su Reglamento y Protocolo.

El capítulo I de la Convención versa sobre las disposiciones generales referentes a la protección. Así, el artículo 1º da la definición de los bienes culturales estableciendo en su apartado a) una lista de carácter meramente enunciativo: el b) se refiere a los edificios, el c) dispone que los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b) se denominarán "centros monumentales" y estarán también sujetos a protección.

El artículo 4º dispone el respeto de las Altas Partes contratantes por los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las demás Partes. Las obligaciones que se establecen en el apartado 1 de este artículo sólo podrán dejar de cumplirse en caso de necesidad militar. Los demás apartados obligan a .impedir actos de vandalismo robo, etc. y disponen que no se podrán tomar medidas de represalia contra bienes culturales.

El artículo 5º estipula las obligaciones para con los bienes culturales de aquellas Altas Partes Contratantes que ocupen el territorio de otras. El 6º se refiere a la identificación de los bienes culturales y el artículo 7º los deberes de carácter militar a que se comprometen los países partes en la Convención.

El capítulo II "De la protección especial", se extiende del artículo 8º al 11 inclusive. El 8º se refiere a la concesión de cierta protección especial en determinadas condiciones, el 99 a la inmunidad de bienes culturales bajo protección especial;el 10 al señalamiento y vigilancia y al emblema que deben ostentar los bienes culturales bajo protecci6n especial, y el 11, finalmente, se refiere a los casos en que la inmunidad puede quedar suspendida.

Los artículos 12, 13 y 14 constituyen el capítulo III que se titula "Del Transporte de Bienes Culturales". Este capítulo se refiere en general al transporte bajo protección especial; al transporte en caso de urgencia, y a la inmunidad de embargo, de captura y de presa.

El capítulo IV, "Del Personal" consta de sólo un artículo, el 15 que establece que si el personal encargado de la protección de los bienes culturales cae en manos de la Parte adversaria se le deberá permitir que siga ejerciendo sus funciones si los bienes a su cargo cayeran en poder del adversario.

El emblema que usará la Convención está descripto en el artículo 16 dentro del Capítulo V "Del emblema", que también abarca el artículo 17 que determina detalladamente el uso del mismo.

Los artículos 18 y 19 componen el Capítulo VI, denominado "Campo de aplicación". El primero de ellos, determina la aplicación de la Convención en caso de guerra declarada o cualquier otro conflicto aun cuando alguna de las Partes no reconozca el estado de guerra y la aplicación en los territorios ocupados por una de las Altas Partes cuando no encuentre resistencia militar. El segundo de los artículos en estudio se refiere a la protección de los bienes culturales en caso de conflictos que no tengan el carácter internacional.

La aplicación de la Convención está reglamentada en los artículos 20 y siguientes, que forman el capítulo VIII. Los artículos 21 y 22 detallan el procedimiento de conciliación.

El artículo 23 dispone la colaboración de la UNESCO para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la Convención y su reglamento. La propia UNESCO podrá por propia iniciativa, presentar proposiciones a las diversas Partes, a este respecto. Es menester destacar la colaboración sobre estos puntos de una Organización como la UNESCO que cuenta con funcionarios y técnicos especialistas en el aspecto reglamentado por el artículo en estudio. El artículo 24 se refiere a acuerdos especiales que puedan celebrar las Altas Partes contratantes sobre las materias a que se refiere la Convención pero no pudiendo nunca disminuir la protección que ofrece el texto que analizamos, lo que significa siempre un mínimo de protección evidentemente encomiable.

El artículo 25 compromete a las Partes a difundir en su territorio, tanto en tiempo de paz como de guerra el texto de esta Convención y del Reglamento e inclusive introducir su estudio en los programas de instrucción militar y de ser posible en los de instrucción cívica. El artículo 26 "Traducciones e informes" impone la obligación de dirigir por lo menos una vez cada cuatro años, in formes al Director General de la UNESCO; sobre las medidas tomadas en favor del cumplimiento efectivo de la Convención. El artículo 27 se refiere a las reuniones a celebrarse y a la posibilidad de revisar la Convención o el Reglamento en determinadas circunstancias. Finalmente, el artículo 28, con el que se cierra el Capítulo dispone el compromiso de sancionar penal o disciplinariamente por disposiciones de carácter interno de cada país a los infractores de la Convención.

Los artículos 29 y siguientes constituyen aquellas formulas usuales en todos los instrumentos internacionales relativos a "Lenguas"; "Firmas"; "Ratificación"; "Adhesión"; etc. y que no requieren comentario alguno.

El artículo 33 expresa que la Convención entrará en vigor 3 meses después de depositados 5 instrumentos de ratificación. Cabe señalar que habiéndose superado el número indicado ya se encuentra esta Convención en vigor. El inciso 29 del mismo artículo dice que ulteriormente entrarán en vigor para todos los demás Estados a los 3 meses de haberse depositado el respectivo instrumento de ratificación o adhesión.

Es interesante destacar lo dispuesto por el artículo 34, en el sentido de que cada país parte en la Convención debe adoptar las medidas necesarias para que ésta sea efectivamente aplicada en un plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito. El Plazo concedido se considera suficiente para ajustar la legislación interna a las disposiciones de esta Convención.

El artículo 36 "Relación con las Convenciones anteriores" se refiere a la vinculación de la Convención que nos ocupa con las de La Haya relativas a las leyes -y usos de la guerra terrestre y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra; y al Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artisticas y Científicas y los Monumentos Históricos.

En cuanto a la denuncia, está consagrada en el artículo 37 que la reglamenta y dispone que producirá sus efectos un año después del recibo del instrumento correspondiente por el Director General de la UNESCO a quien deberá dirigírsele.

La revisión de la Convención y del Reglamento para su aplicación está minuciosamente establecida en el artículo 39 y su simple lectura despeja todas las interrogantes que puedan plantearse al respecto.

En cuanto al Reglamento para la aplicación de la Convención se encuentra dividido en cuatro capítulos, cuyas disposiciones tienden a hacer posible la ejecución práctica de los artículos de la Convención.

El primero de ellos se refiere a la vigilancia e inspección que estará a cargo de delegados y del Comisario General que tendrán las atribuciones que les asigna el Reglamento, el que igualmente fija la forma de designación y la creación de una lista internacional de personalidades aptas para desempeñar las funciones de Comisario General.

Asimismo, el artículo 7º fija las calidades, atribuciones, etc., de los inspectores y expertos. Los artículos 8º, 9º y 10 se refieren al ejercicio mismo de la misión de vigilancia de los sustitutos de las potencias protectoras y de los gastos.

El Capítulo II establece la protección especial que se dará a los bienes culturales de una Alta Parte Contratante que los solicite, que se hará extensivo a refugios improvisados siempre que los bienes que en ellos se encuentren justifiquen tal medida.

A los efectos de la protección se crearán Registros Internacionales de Bienes Culturales bajo protección especial cuya estructura se reglamenta en el artículo 12, mientras el 13 indica el mecanismo de las solicitudes de inscripción que, recibidas por el Director General de la UNESCO, deberá comunicarlas a las demás Altas Partes Contratantes las cuales podrán oponerse a tal inscripción. En el caso de deducirse la oposición se seguirá el procedimiento minuciosamente redactado en el artículo 14. Los artículos 15 y 16 "Inscripción" y "Cancelación", respectivamente, cierran el capítulo en estudio.

Cobra una importancia fundamental por las características de estos bienes el transporte de los mismos, punto que se encuentra regulado en el capítulo III de este Reglamento que estadía, en el artículo 18 el caso del traslado de los bienes culturales a un país extranjero y el régimen a que estarán sometidos en el Estado depositario.

"Del Emblema" se titula el capítulo V del Reglamento y su función es la de determinar con claridad los objetos bajo protección y la individualización de las personas indicadas en los apartados b) y c) del párrafo segundo del artículo 17 de la Convención.

En lo que se refiere al Protocolo son de mencionar los apartados I y II que establecen la obligación, por parte del Estado que ha ocupado el territorio de otro, de no exportar colocar bajo secuestro y devolver los bienes culturales al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, si dichos bienes han sido exportados con contravención de lo dispuesto en el párrafo primero.

Asimismo se establece la obligación de devolver los bienes culturales procedentes de territorios de un país parte de esta Convención que, a fin de proteger]os de un conflicto armado, los hubiera depositado en territorio de otra Parte.

Es importante destacar que en los casos de los artículos 18 y 19 de la Convención las ratificaciones y/o adhesiones de las partes en conflicto surtirán efecto inmediatamente de efectuadas, según lo dispone el apartado III, numeral 10 e) del Protocolo. Es fundamental esta disposición ya que pone de manifiesto el espíritu de protección y respeto a aquellos bienes de carácter cultural y la necesidad de su amparo afín en los casos contemplados.

El Poder Ejecutivo destaca ante ese Alto Cuerpo la importancia de la Convención cuya aprobación se solícita ya que la misma propugna una fórmula de protección de aquellos bienes que por su propio carácter tienen un valor superior, valor que supera el puramente pecuniario y que. excede el campo individual y nacional, siendo patrimonio de la Humanidad y que por lo tanto deben estar por encima de los conflictos armados para poder conservar aquel acervo cultural logrado por todos en el transcurso de la Historia.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Enrique V. Iglesias, Tte. Gral. Hugo Medina, Adela Reta, Alberto Rodríguez Nin.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase la "Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado"; el Reglamento para la aplicación de la Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado y su "Protocolo", suscritos en la Conferencia Intergubernamental reunida en la ciudad de La Haya el 14 de mayo de 1954.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Enrique V. Iglesias, Tte. Gral. Hugo Medina, Adela Reta, Alberto Rodríguez Nin.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 2 de febrero de 1988 por el cual se somete a aprobación la "Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado", el "Reglamento para la aplicación de la Convención" y su "Protocolo", suscritos en La Haya el 14 de mayo de 1954 en la Conferencia intergubernamental reunida en dicha ciudad del 21 de abril al 14 de mayo de 1954.

El Convenio se inspira en la necesidad de conservar y proteger el patrimonio cultural de toda la humanidad, en el entendido de que cada pueblo aporta su especificidad a la cultura mundial.

Los antecedentes, que ponen de relieve la constante preocupación que el tema ha despertado en el mundo, se remontan a los principios proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935.

La segunda guerra mundial, posterior a las Convenciones mencionadas, motivó que se buscara nuevos instrumentos jurídicos internacionales tendientes a salvaguardar los bienes culturales en caso de conflicto armado; Así, la IV Reunión de la Conferencia General de la UNESCO realizada en París en 1949 aprobó una Resolución señalando la necesidad de prestar protección a dichos bienes.

El terna fue considerado sucesivamente en varias Conferencias Generales de la UNESCO, convocándose finalmente una Conferencia Intergubernamental a efectos de adoptar el texto definitivo de la Convención, la que tuvo lugar entre el 21 de abril y el 14 de mayo de 1954 con la participación de 56 Estados, además de 8 organizaciones internacionales.

LA CONVENCION

Se divide en siete Capítulos y cuarenta artículos.

El Capítulo 1, acerca de las Disposiciones Generales sobre la Protección, define en su artículo 1º los bienes a proteger, haciéndolo de manera meramente enunciativa.

El artículo 3º establece el compromiso de las Altas Partes Contratantes a preparar en tiempos de paz de salvaguardia de los bienes culturales en su propio territorio.

En el artículo 4º se dispone la prohibición de tomar medidas de represalia contra bienes culturales.

Por el artículo 7º las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempos de paz y en el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado con la misión de velar por el respeto a los bienes culturales.

El Capítulo II "De la Protección Especial" establece en el artículo 8º inciso 6 que la misma se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el "Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial".

El Capitulo III regula lo relativo al transporte de estos bienes.

El Capítulo IV establece en su único artículo (el 15) el respeto al personal encargado de la protección de los bienes culturales.

El artículo 19 (Capítulo VI) se refiere a la protección de los mencionados bienes en caso de conflicto armado no internacional, a cuyos efectos la UNESCO podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

En el Capítulo VII (De la Aplicación de la Convención) se dispone en el artículo 23 la facultad de las Altas Partes Contratantes de recurrir a la ayuda clínica de la Organización de las Naciones Unidas. para la Educación la Ciencia y la Cultura para organizar la protección de sus bienes culturales.

Por el artículo 25 las Partes se comprometen a la más amplia difusión del texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación, incluyendo su estudio en los programas de instrucción militar y en los de instrucción cívica, en la medida de lo posible.

El compromiso de sancionar penal o disciplinariamente a los infractores, según las normas de derecho de cada país, está establecido en el artículo 28.

El artículo 33 expresa que está Conversión entrará en vigor después de haberse depositado cinco instrumentos de ratificación, lo que ha ocurrido ya, estando por lo tanto en vigencia.

La denuncia, según el artículo 3º, podrá efectuarse mediante documento escrito ante el Director General de la UNESCO.

EL REGLAMENTO

El Reglamento se compone de 4 Capítulos y 21 artículos y tiene como objetivo hacer posible la aplicación práctica de las disposiciones de la Convención,

El Capítulo I referido a la vigilancia e inspección, establece que estas funciones estarán a cargo de delegados y del Comisario General.

El artículo 4º fija el mecanismo de elección del Comisario General, cuyas atribuciones están señaladas en el artículo 6º.

Por el artículo 12 (Capitulo II "De la Protección Especial") se establece la creación de un "Registro internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial".

El procedimiento de inscripción de bienes culturales en este Registro está regulado por el artículo 15 y el de la cancelación de esa inscripción, en el artículo 16.

El Capítulo III está consagrado al Transporte de los bienes culturales, aspecto muy importante por las características de los mismos, y al régimen a que deben estar sometidos en territorio ocupado.

El Capítulo IV refiere al Emblema que debe distinguir a estos bienes, así como a la identificación de las personas encargadas en su protección.

EL PROTOCOLO

En su apartado I las Partes se comprometen a no aportar los bienes culturales de un territorio ocupado y a devolverlos al término de las hostilidades a las autoridades del territorio anteriormente ocupado, si dichos bienes habían sido exportados contraviniendo aquel compromiso.

Los instrumentos de ratificación se depositarán, según el numeral 7 b) del apartado III, ante el Director General de la UNESCO.

De acuerdo al numeral 10 d) el presente Protocolo entrara en vigor para cada Parte Contratante tres meses después de haber sido depositado el instrumento de ratificación o de adhesión.

Considerando la singular importancia que la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de cada pueblo y de la humanidad entera encierra, como la más preciada herencia a las actuales generaciones y a las venideras, esta Comisión recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de junio de 1988.

Hugo Batalla, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Américo Ricaldoni, Carminillo Mederos, Juan A. Singer, A Francisco Rodríguez Camusso, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO
("Convención de La Haya")

14 DE MAYO DE 1954

Las Altas Partes Contratantes.

RECONOCIENDO que los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso de los últimos conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de la guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;

CONVENCIDAS de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;

CONSIDERANDO que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional,

INSPIRANDOSE en los principios relativos a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935;

CONSIDERANDO que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice en tiempo de paz. adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la internacional;

RESUELTAS a adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes culturales:

Han convenido en las disposiciones siguientes:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCION

Artículo 1º - Definición de los bienes culturales.

Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:

a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a);

c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán "centros monumentales".

Artículo 2º - Protección de los bienes culturales

La protección de los bienes culturales, a los efectos de la presente Convención, entraña la salvaguardia y el respeto de dichos bienes.

Artículo 3º - salvaguardia de los bienes culturales

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas.

Artículo 4º - Respeto a los bienes culturales

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas. de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.

2. Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no podrán dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento.

3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.

4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia contra los bienes culturales.

5. Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra Alta Parte Contratante, pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3.

Artículo 5º. - Ocupación

1. Las Altas Partes Contratantes que ocupen total o parcialmente el territorio de otra Alta Parte Contratante deben, en la medida de lo posible prestar su apoyo a las autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta.

2. Si para la conservación de los bienes culturales situados en territorio ocupado que hubiesen sido damnificados en el curso de operaciones militares, fuera precisa una intervención urgente y las autoridades nacionales competentes no pudieran encargarse de ella, la Potencia ocupante adoptará, con la mayor amplitud posible y en estrecha colaboración con esas autoridades, las medidas más necesarias de conservación.

3. Cada Alta Parte Contratante cuyo Gobierno sea considerado por los miembros de un movimiento de resistencia como su Gobierno legitimo, señalará a éstos, si ello es hacedero, la obligación de observar las disposiciones de esta Convención relativas al respeto de los bienes culturales.

Artículo 6º - Identificación de los bienes culturales

De acuerdo con lo que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán ostentar un emblema que facilite su identificación.

Artículo 7º - Deberes de carácter militar

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a introducir en tiempo de paz en los reglamentos u ordenanzas para uso de sus tropas, disposiciones encaminadas a asegurar la observancia de la presente Convención y a inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos.

2. Se comprometen asimismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes culturales colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguardia de dichos bienes.

CAPITULO II
DE LA PROTECCION ESPECIAL

Artículo 8º - Concesión de la protección especial

1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a condición de que:

a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militares.

2. Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como consecuencia de bombardeos.

3. Se considerará que un centro monumental esta siendo utilizado para fines militares cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de dicho centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.

4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, especialmente habilitados para dicho un, ni la presencia cerca de ese bien cultural de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del presente artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un pueblo, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.

6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el "Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial". Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposiciones de la presente Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento para su aplicación.

Artículo 9º - Inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción en el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos salvo lo establecido en el párrafo 5 del artículo 8º y de toda utilización de dichos bienes o de sus proximidades inmediatas con fines militares.

Artículo 10 - Señalamiento y vigilancia

En el curso de un conflicto armado, los bienes culturales bajo protección especial deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto de inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

Artículo 11 - Suspensión de la inmunidad

1. Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con relación a un bien cultural bajo protección especial una violación del compromiso adquirido en virtud del artículo 9º, la Parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, sólo podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo protección especial en estos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad. La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la Parte adversaria con una antelación razonable.

3. La Parte que suspenda la inmunidad deberá en el plazo más breve posible, notificarlo por escrito, especificando las razones, al Comisario General de Bienes Culturales previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

CAPITULO III
DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES

Artículo 12 - Transporte de bajo protección especial

1. A petición de la Alta Parte Contratante interesada, podrá efectuarse bajo protección especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes culturales, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las condiciones previstas por el Reglamento para la aplicación de la presente Convención.

2. El transporte que sea objeto de protección especial se efectuará bajo la inspección internacional prevista en el Reglamento para la aplicación de la presente Convención, y los convoyes ostentarán el emblema descrito en el artículo 16.

3. Las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo acto de hostilidad contra un transporte efectuado bajo protección especial.

Artículo 13 - Transporte en casos de urgencia

1. Si una de las Altas Partes Contratantes considerase que la seguridad de determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el artículo 12 y haya sido rechazada. Dentro de lo posible, el tratado; deberá ser notificado a las Partes adversarias.

Sin embargo, en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.

2. Las Altas Partes Contratantes tomarán, en la medida de sus posibilidades las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que se refiere el párrafo primero del presente artículo sean protegidos contra actos hostiles.

Artículo 14 – Inmunidad de embargo, de captura y de presa

1. Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de presa a.

a) los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de la que prevé el artículo 13.

b) los medios de transporte dedicados exclusivamente al traslado de dichos bienes.

2. En el presente artículo no hay limitación alguna al derecho de visita y de vigilancia.

CAPITULO IV
DEL PERSONAL

Artículo 15 - Personal

En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea compatible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquéllos; si ese personal cayere en manos de la Parte adversaria se le permitirá que continúe ejerciendo sus funciones; siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído también en manos de la Parte adversaria.

CAPITULO V
DEL EMBLEMA

Artículo 16 - Emblema de la Convención

1. El emblema de la Convención consiste en un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; de los flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).

2. El emblema se empleará aislado o repetido tres veces en formación de triángulo (un escudo en la parte inferior), de acuerdo con las circunstancias enumeradas en el artículo 17.

Artículo 17 -Uso del emblema

1. El emblema repetido tres veces sólo podrá emplearse para identificar:

a) los bienes culturales inmuebles que gocen de protección especial;

b) los transportes de bienes culturales en las condiciones previstas en los artículos 12 y 13,

c) los refugios improvisados en las condiciones previstas en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

2. El emblema aislado sólo podrá emplearse para definir:

a) los bienes culturales que no gozan de protección especial;

b) las personas encargadas de las funciones de vigilancia, según las disposiciones del Reglamento para la aplicación de la Convención;

e) el personal perteneciente a los servicios de protección de los bienes culturales;

d) las tarjetas de identidad previstas en el Reglamento de aplicación de la Convención.

3. En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo del emblema en otros casos que no sean los mencionados en los párrafos precedentes del presente artículo; queda también prohibido utilizar para cualquier fin un emblema parecido al de la Convención.

4. No podrá utilizar se el emblema para la identificación de un bien cultural inmueble más que cuando vaya acompañado de una autorización, fechada y firmada, de la autoridad competente de la Alta Parte Contratante.

CAPITULO VI
CAMPO DE APLICACION DE LA CONVENCION

Artículo 18 - Aplicación de la Convención

1. Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, la presente Convención se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las Altas Partes Contratantes; aun cuando alguna de Ellas no reconozca el estado de guerra.

2. La Convención se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte Contratante, aun cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia militar.

3. Las Potencias Partes en la presente Convención quedarán obligadas por la misma, aun cuando una de las Potencias que intervengan en el; conflicto no sea Parte en la Convención. Estarán además obligadas por la Convención con respecto a tal Potencia, siempre que está haya declarado que acepta los principios de la Convención y en tanto los aplique.

Artículo 19 - Conflictos de carácter no internacional

1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que haya surgido en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta Convención, relativas al respeto de los bienes culturales.

2. Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos especiales, todas las demás disposiciones de la presente Convención o parte de ella.

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

4. La aplicación de las precedentes diposiciones no producirá efecto alguno sobre el estatuto Jurídico de las partes en conflicto.

CAPITULO VII
DE LA APLICACION DE LA CONVENCION

Artículo 20 - Reglamento para la aplicación

Las modalidades de aplicación de la presente Convención quedan definidas en el Reglamento para su aplicación, que forma parte integrante de la misma.

Artículo 21 - Potencias protectoras

Las disposiciones de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación se llevarán a la práctica con la cooperación de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

Artículo 22- Procedimiento de conciliación

1. Las Potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, siempre que lo juzguen conveniente en Interés de las salvaguardia de los bienes culturales, y, en especial, si hay desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones de la presente Convención o del Reglamento para la aplicación de la misma.

2. A este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá; a petición de una de las Partes o del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la .Cultura, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá celebrarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger al efecto. Las Partes en conflicto estarán obligadas a poner en práctica las propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias protectoras propondrán a las Partes en conflicto, para su aprobación el nombre de una personalidad súbdito de una Potencia neutral o, en su defecto presentada por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dicha personaidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de Presidente.

Artículo 23 - Colaboración de la UNESCO

1. Las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación. La Organización prestará su ayuda dentro de los límites de su programa y de sus posibilidades.

2. La Organización está autorizada para presentar por propia iniciativa a las Altas Partes Contratantes proposiciones a este respecto.

Artículo 24 - Acuerdos especiales

1. Las Altas Partes Contratantes podrán concertar acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que juzguen oportuno solventar por separado.

2. No se podrá concertar ningún acuerdo especial que disminuya la protección ofrecida por lá presente Convención a los bienes culturales y al personal encargado de la salvaguardia de los mismos.

Artículo 25 - Difusión de la Convención

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación. En especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de instrucción militar y, de ser posible, en los de instrucción cívica. de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las tuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.

Artículo 26 - Traducciones e informes

1. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por conducto del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las traducciones oficiales de la presente Convención del Reglamento para la aplicación de la misma.

2. Además, dirigirán al Director General, por lo menos una vez cada cuatro años, informes en los que figuren los datos que estimen oportunos sobre las medidas tomadas, preparadas o estudiadas por sus respectivas administraciones para el cumplimiento de la presente Convención y del Reglamento para la aplicación de la misma.

Artículo 27 - Reuniones

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, convocar reuniones de representantes de las Altas Partes Contratantes. Cuando lo solicite un quinto, por lo menos, de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de convocarlas.

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le confiera la presente Convención o el Reglamento para su aplicación, la reunión estará facultada para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de la Convención y de su Reglamento y formular las recomendaciones pertinentes a ese propósito.

3. Además, si se halla representada en la reunión la mayoría de las Altas Partes Contratantes, se podrá proceder a la revisión de la Convención o del Reglamento para su aplicación. con arreglo a las disposiciones del artículo 39.

Artículo 28 - Sanciones

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de su sistema de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente Convención.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29 - Lenguas

1. La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso; los cuatro textos son igual de fidedignos.

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de realizar las traducciones a los demás idiomas oficiales de su Conferencia General.

Artículo 30 - Firma.

La presente Convención llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y quedará abierta hasta el 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

Artículo 31 - Ratificación

1. La presente Convención será sometida a la ratificación de los Estados signatarios con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante él Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 32 - Adhesión

A partir de la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referencia en el Artículo 29, así como a cualquier otro Estado invitado adherirse a ella por él Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 33 - Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de haberse depositado cinco instrumentos de ratificación.

2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor para cada una de las demás Altas Partes Contratantes tres meses después de la fecha en que hubieran depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

3. Las situaciones previstas en los artículos l8 y 19 determinarán que las ratificaciones y adhesiones, depositadas por las Partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará, por la vía más rápida las notificaciones previstas en el artículo 38.

Artículo 34 - Aplicación

1. Cada Estado Parte en la Convención en la fecha de su entrada en vigor adoptará todas las medidas necesarias para que ésta sea efectivamente aplicada en un plazo de seis meses.

2. Para todos aquellos Estados que depositaran su instrumento de; ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la Convención, el plazo será de seis meses a...contar desde la fecha del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 35 – Extensión de la Convención a otros territorios

Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación dirigida al Director General de la organización de las Naciones Unidas para la Educación) la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se hará extensiva. al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.

Artículo 36 Relación con las Convenciones anteriores.

1. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por las Convenciones de La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (Ix), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, Y que sean Partes de la presente Convención, esta última completara la anterior Convención (IX) y el Reglamento anexo a la Convención (IV) y se remplazará el emblema descrito en el artículo 5 de la Convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente Convención en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho emblema.

2. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también Partes en la presente Convención, esta última completará el Pacto Roericb, y se reemplazará la. bandera distintiva descrita en el artículo III del Pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la presente Convención, en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.

Artículo 37 - Denuncia

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciar la presente Convención en nombre propio o en el de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable.

2. Dicha denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia producirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. Sin embargo si al expirar el año, la Parte denunciante se encuentra implicada en un conflicto armado, el efecto de la denuncia quedará en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, hasta que hayan terminado las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

Artículo 38 - Notificaciones

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39, y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos 35, 37 y 39.

Artículo 39 - Revisión de la Convención y del reglamento para su aplicación

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede proponer modificaciones a la presente Convención y al Reglamento para su aplicación. Cualquier modificación así propuesta será transmitida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien la comunicará a cada una de las Altas Partes Contratantes solicitando, al mismo tiempo, que éstas le hagan saber, dentro de un plazo de cuatro meses:

a) si desean que se convoque una Conferencia para discutir la modificación propuesta;

b) si, por el contrario, favorecen la aceptación de la propuesta sin necesidad de Conferencia;

c) si rechazan la modificación propuesta sin necesidad de Conferencia.

2. El Director General transmitirá las respuestas recibidas en cumplimiento del párrafo primero del presente artículo a todas las Altas Partes Contratantes.

3. Si la totalidad de las Altas Partes Contratantes que hayan respondido en el plazo previsto a la petición del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme al apartado b) del párrafo primero del presente artículo, informan al Director General que están de acuerdo en adoptar la modificación sin que se reúna una Conferencia, el Director General notificará dicha decisión según lo dispuesto en el artículo 38. La modificación tendrá efecto, respecto a todas las Altas Partes Contratantes, después de un plazo de noventa días a contar de la fecha de dicha notificación.

4. El Director General convocará una Conferencia de las Altas Partes Contratantes a fin de estudiar la modificación propuesta, siempre que la convocatoria de dicha Conferencia haya sido solicitada por más de un tercio de las Altas Partes Contratantes.

5. Las propuestas de modificaciones de la Convención y del Reglamento para su aplicación que sean objeto del procedimiento establecido en el párrafo precedente, sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas unánimemente por las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia, y aceptadas por cada uno de los Estados Parte en la Convención.

6. La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones de la Convención o del Reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por la Conferencia prevista en los párrafos 4 y 5, se efectuarán mediante el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

7. Después de la entrada en vigor de las modificaciones de la presente Convención o del Reglamento para su aplicación, únicamente el texto así modificado de dicha Convención o del Reglamento para su aplicación quedará abierto a la ratificación o adhesión.

Artículo 40 - Registro

En cumplimiento del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención será registrada en la Secretaria de las Naciones Unidas a instancia del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente Convención.

Hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, en un solo ejemplar que será depositado en los Archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todos los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas.

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

CAPITULO I
DE LA VIGILANCIA E INSPECCION

Artículo 1º - Lista internacional de personalidades

Desde el momento de la entrada en vigor de la Convención, el Director General de la Organización, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura redactará una lista internacional de personalidades aptas para desempeñar las funciones de Comisario General de Bienes Culturales con los nombres de los candidatos presentados por cada una de las Altas Partes Contratantes. Esta lista será objeto de revisiones periódicas a iniciativa del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tendrá en cuenta las peticiones de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 2° - Organización de la vigilancia y la inspección

Tan pronto como una de las Altas Partes Contratantes participe en un conflicto armado al que se aplique el artículo 18 de la Convención:

a) Designará un representante para las cuestiones relativas a los bienes culturales situados en su territorio; si esa Potencia ocupa el territorio de otro país, deberá nombrar un representante especial para las cuestiones relativas a los bienes culturales que se encuentren en él;

b) La Potencia protectora de cada Potencia adversa-ría de esa Alta Parte Contratante. designará delegado ante esta última, con arreglo a lo previsto en el artículo 3 del Reglamento;

c) Se designará un Comisario General de Bienes Culturales ante esa Alta Parte, con arreglo a la forma prevista en el artículo 4º del Reglamento.

Artículo 3º - Designación de delegados de las Potencias protectoras

La Potencia protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo diplomático o consular o, previo asentimiento de la Parte ante la cual hayan de estar acreditados, entre otras personas.

Artículo 4º - Designación del Comisario General

1. El Comisario General de Bienes Culturales será elegido de común acuerdo por la Parte ante la cual haya de estar acreditado y por las Potencias protectoras de las Partes adversarias, entre las personalidades que figuren en la lista internacional.

2. Si las Partes no llegasen a un acuerdo durante las tres semanas siguientes a la apertura de sus conversaciones sobre dicho punto, solicitarán del Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe el Comisario General, quien no entrará en funciones hasta haber obtenido el placet de la Parte ante la que hubiese de ejercer su misión.

Artículo 5º - Atribuciones de los delegados

Será función de los delegados de las Potencias protectoras comprobar las violaciones de la Convención, investigar, con el consentimiento de la Parte ante la cual ejercen su misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar gestiones en el lugar donde aquéllas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso necesario, notificar tales violaciones al Comisario General los delegados deberán tener informado a éste de sus actividades.

Artículo 6º - Atribuciones del Comisario General

1. El Comisario General de Bienes Culturales tratará con el representante de la Parte ante la cual esté acreditado y con los delegados interesados las cuestiones que se le hayan planteado respecto a la aplicación de la Convención.

2. Podrá tomar decisiones y hacer nombramientos en los casos previstos en el presente Reglamento.

3. Con la aquiescencia de la Parte ante la cual esté acreditado, tendrá derecho a ordenar que se proceda a una investigación o realizarla personalmente.

4. Hará ante las Partes en conflicto o ante sus Potencias protectoras todas las gestiones que considere útiles para la aplicación de la Convención.

5. Preparará los informes necesarios sobre la aplicación de la Convención y los comunicará a las Partes interesadas y a sus Potencias protectoras. Remitirá copias al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrá utilizar los datos técnicos.

6. Cuando no haya Potencia protectora, el Comisario General ejercerá las funciones atribuidas a la Potencia protectora por los artículos 21 y 22 de la Convención.

Artículo 7º Inspectores y expertos

1. Siempre que el Comisario General de Bienes Culturales, a petición de los delegados interesados o después de consultar con ellos, lo juzgue necesario, propondrá a la Parte ante la cual esté acreditada el nombramiento de una persona que, en calidad de inspector de bienes culturales se encargará de una misión determinada. Estos inspectores no serán responsables más que ante el Comisário General.

2. El Comisario General, los delegados y los inspectores podrán recurrir a los servicios de los expertos, que serán igualmente propuestos a la aprobación de la Parte mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 8º - Ejercicio de la misión de vigilancia

Los Comisarios Generales de Bienes Culturales, los delegados de las Potencias protectoras, los inspectores y los expertos no deberán excederse en ningún caso de los límites de su misión. En especial, deberán tener en cuenta las necesidades de seguridad de la Alta Parte Contratante cerca de la cual ejercen sus funciones y, en toda circunstancia, tenér presentes las necesidades de la situación militar tal como les hayan sido comunicadas por dicha Alta Parte Contratante.

Artículo 9º - Substitutos de las potencias protectoras

Si una de la Partes en conflicto no cuenta con los servicios de una Potencia protectora, o deja de contar con. ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma las intenciones de Potencia protectora a los efectos de designar un Comisario General de Bienes Culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4. El Comisario General así designado podrá confiar a los inspectores las funciones de delegados de las Potencias protectoras determinadas por el presente Reglamento.

Artículo- 10 - Gastos

La remuneración y los gastos del Comisario General de Bienes Culturales, de los inspectores y de los expertos correrán a cargo de la Parte ante la cual estén acreditados; los correspondientes a los delegados de las Potencias protectoras serán objeto de un acuerdo entre esas Potencias y los Estados cuyos intereses protejan.

CAPITULO II
DE LA PROTECCION ESPECIAL

Artículo 11 - Refugios improvisados

1. Si en el curso de un conflicto armado una de las Altas Partes Contratantes se viera obligada por circunstancias imprevistas a construir un refugio improvisado y desea que se coloque bajo protección especial, deberá comunicarlo inmediatamente al Comisario General ante ella acreditado.

2. Si el Comisario General opina que las circunstancias y la importancia de los bienes culturales protegidos en ese refugio improvisado justifican tal medida, podrá autorizar a la Alta Parte Contratante a colocar en él., el emblema descrito en el artículo 16 de la Convención. Deberá comunicar su decisión inmediatamente a los delegados interesados de las Potencias protectoras, cada uno de los cuales podrá, dentro de un plazo de 30 días, ordenar la retirada inmediata del emblema.

3. En cuanto dichos delegados hayan manifestado su acuerdo o una vez transcurrido el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados interesados haya manifestado tu oposición, y si el refugio improvisado reúne, en opinión del Comisario General, las condiciones previstas en el artículo 8º de la Convención, el Comisario General solicitará del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la insripción del refugio en el Registro de Bienes Culturales bajo Protección Especial.

Artículo 12 - Registro internacional de bienes culturales bajo protección especial

1. Se establecerá un "Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial".

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de ese registro, y remitirá duplicados del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas así como a las Altas Partes Contratantes.

3. El Registro estará dividido en secciones, cada una de las cuales corresponderá a una de las Altas Partes Contratantes. Cada sección se subdividirá en tres epígrafes titulados respectivamente: Refugios, Centros Monumentales y Otros Bienes Culturales Inmuebles Compete al Director rector General decidir los datos que deban figurar en cada sección.

Artículo 13 - Solicitudes de inscripción

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá pedir al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción en el Registro de determinados refugios, centros monumentales u otros bienes culturales inmuebles sitos en su territorio. Las peticiones contendrán indicaciones sobre el emplazamiento de dichos bienes y certificarán que éstos reúnen las condiciones previstas en. el artículo 8º de la Convención.

2. En caso de ocupación, la Potencia ocupánte podrá formular la petición de inscripción.

3. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará sin pérdida de tiempo copia de las peticiones de inscripción a cada una de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 14 - Oposición

1. Cada una de las Altas Partes contratantes podrá oponerse a la inscripción en el Registro de un bien cultural, por carta dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta carta deberá ser recibida por el Director General, en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que se haya expedido la copia de la petición de inscripción.

2. Tal oposición deberá ser motivada. Los únicos motivos admisibles podrán ser:

a) que el bien de que se trate no sea un bien cultural;

b) que no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8º de la Convención.

3. El Director General enviará sin demora copia de la carta de oposición a las Altas Partes Contratantes. En caso necesario, solicitará el asesoramiento del Comité Internacional de Monumentos, Lugares de Interés Artístico e Histórico y Excavaciones Arqueológicas, y además, si lo juzgase conveniente, de cualquier otro organismo o personalidad calificados para ello.

4. El Director General o la Alta Parte Contratante que haya pedido la inscripción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las Altas Partes Contratantes que hayan formulado su oposición, para que se desistan de ella.

5. Si una de las Partes Contratantes que hubiese solicitado en tiempo de paz la inscripción de un bien cultural en el Registro participase en un conflicto armado antes de haberse efectuado dicha inscripción, el bien cultural de que se trate será inscrito inmediatamente por el Director General en el Registro, a título provisorio, en espera de la confirmación, desistimiento o anulación de cualquier procedimiento de oposición que pudiera o hubiese podido ser iniciado.

6. Si en un plazo de seis meses; contados desde la fecha en que recibió la carta de oposición, el Director General no recibe de la Alta Parte Contratante que formuló la oposición una comunicación notificándole que ha desistido de la misma, la Alta Parte Contratante que haya presentado la petición de inscripción podrá recurrir al procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo siguiente.

7. La petición de arbitraje deberá formularse, a más tardar, un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la carta de oposición. Cada una de las dos Partes en controversia designará un árbitro. En el caso de que una petición de inscripción hubiere sido objeto de más de una oposición, las Altas Partes Contratantes que hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegirán un árbitro-presidente de la lista internacional de personalidades prevista en el artículo primero del presente Reglamento; si los árbitros no pudiesen llegar a ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será necesario que figure en la lista internacional de personalidades. El tribunal arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisiones serán inapelables;

8. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede declarar, en el momento en que se inicie una controversia en la cual sea Ella parte, que no desea aplicar el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la oposición a la petición de inscripción se someterá por el Director General a las Altas Partes Contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las Altas Partes Contratantes lo deciden por una mayoría de dos tércios de votantes. La votación se efectuará por correspondencia, a menos que el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, juzgando indispensable la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que le confiere en artículo 27 de la Convención, procediese a convocarla. Si el Director General decide que se vote por correspondencia, invitará a las Altas Partes Contratantes a que le envíen su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se les haya dirigido la invitación correspondiente.

Artículo 15 - Inscripción

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el Registro, bajo un número de orden cada uno de los bienes con respecto a los cuales se hubiere hecho una petición de inscripción, siempre que esa petición no hubiese sido objeto de oposición en el plazo previsto en el párrafo primero del artículo 14.

2. En el caso de que se hubiera formulado una oposición, y salvo lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 14, el Director General no procederá a la inscripción del bien cultural en el Registro más que si la oposición ha sido retirada o si no hubiese sido confirmada después de loa procedimientos previstos en el párrafo 7 del artículo 14 o en el párrafo 8 del mismo artículo.

Siempre que sea aplicable el párrafo 3 del artículo 11, el Director General procederá a la inscripción a requerimiento del Comisario General de Bienes Culturales.

4. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Altas Partes Contratantes y, a petición de la Parte que hubiese solicitado la inscripción a todos los demás Estados a que se refieren los artículos 30 y 32 de la Convención, copia certificada de cada inscripción en el Registro. La inscripción surtirá efecto treinta días después de dicho envío.

Artículo 16 - Cancelación

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cancelará la inscripción de un bien cultural en el Registro:

a) a petición de la Alta Parte Contratante sobre cuyo territorio se encuentre él bien cultural;

b) cuando la Alta Parte Contratante que hubiera solicitado la inscripción hubiese denunciado la Convención, y a partir del momento en que surta efecto tal denuncia;

c) en el caso especial previsto por el párrafo 5 del artículo 14, cuando se haya confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos previstos en el párrafo 7 del artículo 14 o en el párrafo a del mismo artículo.

2. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hubiesen recibido copia de la inscripción copia certificada de toda cancelación de inscripción. La cancelación surtirá efecto a los treinta días del envío de la notificación.

CAPITULO III
DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES

Artículo 17 - Procedimiento para obtener la inmunidad

1. La petición a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la Convención deberá dirigirse al Comisario General de Bienes culturales. En ella se mencionarán las razones que la motivan, detallándose el número aproximado y la importancia de los bienes culturales que hayan de ser trasladados, el lugar donde se encuentren, el lugar adonde hayan de ser trasladados, los medios de transporte, el itinerario proyectado, la fecha propuesta para su traslado y cualesquiera otros datos pertinentes.

2. Si el Comisario General, después de haber recabado los asesoramientos que considere oportunos, estima que el traslado está justificado, consultará a los delegados interesados de las Potencias protectoras sobre las medidas propuestas para la ejecución del mismo. Después de dichas consultas, notificará el transporte a las Partes interesadas en el conflicto, incluyendo en esa notificación todos los datos que puedan ser útiles.

3. El Comisario General designará uno o varios inspectores, quienes cuidará de que se trasladen sólo los objetos indicados en la petición; de que el transporte se realice en la forma aprobada y de que se utilice el emblema. El inspector o los inspectores acompañarán a los bienes hasta el punto de destino.

Artículo 18 - Traslado al extranjero

Todo traslado que se efectúe bajo protección especial al territorio de otro país, quedará sujeto, no sólo a las disposiciones del artículo 12 de la Convención y del artículo 17 del presente Reglamento, sino también a las normas siguientes:

a) Durante la permanencia de los bienes culturales en el territorio de otro Estado, éste será el depositario de los mismos y prestará a dichos bienes iguales cuidados, por lo menos, que a sus propios bienes culturales de importancia similar,

b) El Estado depositario no devolverá esos bienes más que una vez terminado el conflicto; esa devolución se efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se pida.

c) En los sucesivos traslados y durante su permanencia en el territorio de otro Estado, esos bienes no podrán ser objeto de ninguna medida de embargo y ni el depositante ni el depositario tendrán la facultad de disponer de ellos No obstante, cuando así lo exija la salvaguardia de esos bienes, el depositado, previo asentimiento del depositante, podrá ordenar su traslado al territorio de un tercer país, en las condiciones previstas en el presente artículo.

d) La petición de protección especial deberá indicar que el Estado a cuyo territorio haya de efectuarse el traslado acepta las disposiciones del presente artículo.

Artículo 19 - Territorio ocupado

Cuando una Alta Parte Contratante que ocupe el territorio de otra Alta Parte Contratante trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de ese territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del Reglamento, dicho traslado no se considerará cómo ocultación o apropiación en el sentido del artículo 4 de la Convención, si el Comisario General certifica por escrito, previa consulta con el personal normal de protección, que las circunstancias hacen necesario ese traslado.

CAPITULO IV
EL EMBLEMA

Artículo 20 - Colocación del emblema

1. La colocación del emblema y su grado de visibilidad quedan a la apreciación de las autoridades competentes de cada una de las Altas Partes Contratantes. El emblema podrá figurar en las banderas y en los brazaletes. podrá estar pintado sobre un objeto o estar representado en el mismo en cualquier otra forma apropiada.

2. Sin embargo, en caso de conflicto armado, y sin perjuicio de emplear eventualmente un sistema de señales más completo, el emblema deberá colocarse de manera bien visible durante el día; tanto desde el aire como en tierra, sobre los vehículos de los transportes previstos en los artículos 12 y 13 de la Convención.

El emblema deberá ser visible desde tierra:

a) a intervalos regulares de distancia suficiente para delimitar claramente el perímetro de un centro monumental bajo protección especial;

b) a la entrada de otros bienes culturales inmuebles bajo protección especial.

Artículo 21 - Identificación de personas

1. Las personas a que se refieren los apartados b) y c) párrafo segundo del artículo 17 de la Convención, podrán llevar un brazalete con el emblema, expedido y sellado por las autoridades competentes.

2. Serán portadores de una tarjeta especial de identidad en la que figure el emblema. Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el título o grado, y la función del interesado. La tarjeta llevará una fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales, o ambas cosas. Ostentará además el sello en seco de las autoridades competentes.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes establecerá su modelo de tarjeta de identidad, inspirándose para ello en el modelo anexo, a título de ejemplo, al presente Reglamento. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán el modelo por Ellas adoptado. A ser posible, de cada tarjeta de identidad expedida se hará, por lo menos un duplicado, archivando uno de ellos la Potencia responsable.

4. No podrá privarse sin motivo justificado a las personas mencionadas en este artículo de su tarjeta de identidad ni del derecho a llevar brazalete.

PROTOCOLO

Las Altas Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

-I-

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por Ella durante un conflicto armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo primero de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954.

2. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio en el momento de la importación, o, en otro caso, a petición de las autoridades de dicho territorio.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.

4. La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por Ella deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.

-II-

5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una Alta Parte Contratante depositados por ella, a fin de protegerlos contra los peligros de un conflicto armado, en el territorio de otra Alta Parte Contratante, serán devueltos por ésta, al término de las hostilidades a las autoridades competentes del territorio. de procedencia.

-III-

6. El presente Protocolo llevara la fecha del 14 de mayo de 1954 y permanecerá abierto hasta la fecha del
31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

7. a) El presente Protocolo será sometido a la ratificación de los Estados signatarios conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos;

b) Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6, así como a la de cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

9. Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6 y 8 podrán, en el acto de la firma de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran ligados por las disposiciones de la Sección I o por los de la Sección II del presente Protocolo.

10. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de que hayan sido depositados cinco instrumentos de ratificación;

b) posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión;

c) las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954 darán inmediato efecto a las ratificaciones y a la adhesiones depositadas por las Partes en conflicto antes ó después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura comunicará estas ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.

11. a) Los Estados Partes en el Protocolo en la fecha de su entrada en vigor tomarán, cada uno en aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de seis meses;

b) ese plazo será de seis meses, contados a partir del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, para todos los Estados que depositasen sus instrumentos de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor del Protocolo,

12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que el presente Protocolo se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea Ella responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.

13. a) Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Protocolo en nombre propio o en el de cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable:

b) la denuncia se notificará por un instrumento escrito depositado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

c) la denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento de denuncia. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese año la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

14. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7, 8 y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos 12 y 13.

15. a) El presente Protocolo puede ser revisado si la revisión la solícita más de un tercio de las Altas Partes Contratantes;

b) el Director General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura convocará una Conferencia con dicho objeto;

C) las modificaciones al presente Protocolo no entrarán en vigor más que después de adoptadas por unanimidad por las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia y de haber sido aceptadas por cada una de las Altas Partes Contratantes;

d) la aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones al presente Protocolo que hayan sido adoptadas por la Conferencia a la que se refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

e) después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente Protocolo, sólo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o adhesión.

Conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente Protocolo será registrado en la Secretaria de las Naciones Unidas a petición del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los cuatro textos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas.

Es copia fiel del texto original.

Dr. Ernesto Martínez Gariazo
Director
Dirección de Tratados y Límites."

-Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS.-Señor Presidente: este proyecto fue estudiado por el señor senador Batalla, quien es su miembro informante. Como él no se encuentra presente en Sala, quiero señalar qué este texto fue compartido por todos los integrantes de la Comisión y aprobado por unanimidad en ese ámbito de trabajo.

Este proyecto versa sobre la preservación de los bienes culturales de la humanidad que pueden verse afectados en el futuro en caso de guerra, tal como ya ha sucedido.

Desde ya adelanto que si alguno de los señores senadores requiere una mayor información sobre este tema; estoy dispuesto a brindarla, así como cualquiera de los demás miembros de la Comisión. Sin embargo, corresponde señalar que se trata de un informe bastante suscinto y que toda la documentación respectiva figura en las páginas siguientes de este repartido. De todas maneras, reitero que estoy a la Orden del Cuerpo para aclarar cualquier duda o ampliar la información sobre este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º - Apruébase la ‘Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado’; el Reglamento para la aplicación de la Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado y su ‘Protocolo’, suscritos en la Conferencia Intergubernamental reunida en la ciudad de La Haya el 14 de mayo de 1954."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

24) CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE EL CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE ALIMENTOS PARA MENORES

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo lugar del orden del día "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre conflicto de leyes en materia de alimentos para menores. (Carp. Nº 1051/88 - Rep. Nº 75/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1051/88
Rep. Nº 75/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura.

Montevideo, 8 de marzo de 1988.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre Conflictos de leyes en Materia de Alimentos para Menores y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales Relativas a Alimentos, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

El Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de España coincidiendo en la importancia de las relaciones internacionales de naturaleza privada entre ambas naciones sostienen con este Convenio la necesidad de dotarlas de una adecuada regulación en el marco del Derecho Internacional Privado.

En ese sentido ambas Partes han trabajado en la identificación de temas prioritarios para luego concretarlos en convenios como el que nos ocupa, en la seguridad de que los derechos alimentarios de los menores con residencia ya en Uruguay, ya en España, verán plenamente garantizada su extraterritorialidad en ambos Estados a través de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de sentencias convenidos.

La estructura del Convenio consiste en seis Títulos con un total de catorce artículos, estando destinado el primero a definir el ámbito y la ley aplicable para el mismo. Para esto, se entiende por ámbito, en relación a los interesados, el territorio de ambas Partes donde residen habitualmente o tuviera -caso del obligado a prestar alimentos- bienes o ingresos. En cuanto a la ley aplicable para las distintas situaciones amparadas por el Convenio, es a elección del acreedor, pudiendo ser indistintamente la ley aplicable del lugar de su residencia habitual a la del deudor, en uno de los Estados Partes o donde tuviera bienes o ingresos.

Se establecen ciertas condiciones que encuadran o dan alcance a los términos empleados, caso de lo que se entiende por "menor"; la jurisdicción de las normas de este primer Título sólo regulan los conflictos de leyes en materia de alimentos de menores; no prejuzgamiento -en relación a las decisiones adoptadas en aplicación al convenio- de las relaciones de filiación y de familia entre el menor y el deudor de alimentos; y el alcance de la ley aplicable al derecho alimentario, que regula también el monto del crédito alimentario, plazos y condiciones; determinación de quiénes pueden representar al menor; y quiénes son las personas o entidades obligados a prestar las obligaciones alimentarias.

El Título II atiende sobre la jurisdicción competente, es decir los Tribunales habilitados guardando relación con los de la residencia habitual del menor o del deudor o donde este último posea bienes o ingresos, pudiendo ser también competentes para asignar aumentos provisionales a los menores, los jueces que conozcan en los juicios de divorcio, separación de cuerpos e investigación de paternidad, cuando fuera ello impuesto por la respectiva ley aplicable.

La cooperación jurídica; entre las Partes, será regulada por el Convenio en lo relativo a las cartas rogatorias, en cuanto a su libramiento y tramitación, como el reconocimiento y ejecución de las decisiones y transacciones judiciales de fijación de alimentos, estando previstas en el Título III.

El Título IV establece el derecho de las instituciones de protección de menores, públicas o privadas de Interés público, en un Estado Parte, a obtener el reembolso de las prestaciones satisfechas por cumplimiento del deudor de alimentos, y se regulará acorde con la ley por la que se rige la institución.

Por último el Titulo y, se ocupa de disposiciones diversas que son atendidas por el presente Convenio, como el compromiso de las Partes a facilitar las transferencias de fondos cuando procedieron por aplicación del presente Convenio; o en relación a la gratuidad para el menor en cuanto al procedimiento de reconocimiento y ejecución si hubiere gozado del beneficio de justicia gratuita.

Asimismo el reconocimiento y la ejecución procederán cualquiera fuera la fecha de la decisión. Sólo la ejecución procederá en relación a los pagos no vencidos si la decisión fuera anterior a la entrada en vigor del Convenio.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Adolfo Castells, Adela Reta.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre Conflictos de Leyes en Materia de Alimentos para Menores y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales Relativas a Alimentos, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Adolfo Castells, Adela Reta.

Cámara de Senadores
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 8 de marzo de 1988 por el cual se somete a aprobación el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre Conflictos de Leyes en Materia de Alimentos para Menores y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales Relativas a Alimentos, suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

El Convenio es resultado de la voluntad de los gobiernos de ambos países de estrechar la cooperación en el dominio de los instrumentos jurídicos. En ese sentido, los derechos alimentarios de los menores con residencia en Uruguay o en España constituyen un tema de singular significación que merece el establecimiento de un claro marco jurídico de protección bilateral.

Cinco Títulos componen el Convenio, el primero de los cuales refiere al ámbito en que regirá y a la ley aplicable.

Según su artículo 1º el ámbito, en relación a los interesados, es definido como el territorio de residencia habitual de ambas Partes o donde tuviera bienes o ingresos el obligado a prestar alimentos. Asimismo, y a los efectos del Convenio, se establece qué se entiende por menor.

En los cinco artículos restantes del Título se establece que es el acreedor quien tiene la facultad de elegir sobre la ley aplicable; que las normas de este Título sólo regulan conflictos de leyes en materia de alimentos que las decisiones adoptadas en aplicación de este Convenio no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia; que la ley aplicable regula también el monto de crédito, el plazo y condiciones de efectivización, así como quiénes pueden representar al menor y quiénes las personas y entidades que están obligadas a prestar alimentos.

El artículo 11 (Título V) establece el compromiso de las Partes a facilitar las transferencias de fondos correspondientes a la aplicación de este Convenio.

Por el artículo 12 sé acuerda el beneficio de la gratuidad al menor en el procedimiento de reconocimiento y ejecución, si hubiere gozado del beneficio de la justicia gratuita en el Estado donde hubiere ejercitado la acción

De acuerdo al artículo 14 el presente Convenio tiene una duración indefinida pudiendo cualquiera de las Partes denunciarlo mediante aviso escrito por vía diplomática.

Visto los profundos lazos históricos y culturales, así como el permanente flujo migratorio entre nuestro país y el Reino de España, con la multiplicidad de situaciones que afectan a los menores esta Comisión recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, en la certidumbre de que el mismo contribuirá a resolver muchas de las consecuencias desfavorables que aquellas circunstancias acarrean para el menor.

Sala de la Comisión, 27 de junio de 1988.

Hugo Batalla, Miembro Informante; Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ALIMENTOS PARA MENORES Y RECONOCIMIENTO
Y EJECUCION DE DECISIONES Y TRANSACCIONES JUDICIALES RELATIVAS A ALIMENTOS

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay,

CONSCIENTES, de los profundos vínculos históricos que unen a ambas naciones,

DESEANDO traducirlos en instrumentos de cooperación jurídica

HAN DECIDIDO concluir un Convenio sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales relativas a alimentos y a tal efecto han convenido lo siguiente:

TITULO I
Del ámbito y ley aplicable

Artículo 1º

1. Cuando un menor tuviere su residencia habitual en el territorio de una de las Partes y el obligado a prestar alimentos residiere habitualmente o tuviere bienes o ingresos en el territorio de la otra Parte, la ley aplicable; en caso de conflicto, se determinará de acuerdo con el presente Convenio.

2. A los efectos de este Convenio, por el término menor se entiende aquella persona que sea calificada como tal por la ley de su residencia habitual.

Artículo 2º

La ley aplicable, a elección del acreedor es la de su residencia habitual o la de la residencia habitual del deudor, en uno de los Estados Partes o la ley del Estado Parte donde el deudor tuviera bienes o ingresos.

Artículo 3º

1. Las normas de este Título sólo regulan los conflictos de leyes en materia de alimentos para menores.

2. Las decisiones adoptadas en aplicación de este Convenio no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el menor y el deudor de alimentos, aunque pueden servir como elemento probatorio, en cuanto fuere pertinente.

Artículo 4º

En caso de cambio de la residencia habitual del menor, la ley del Estado de la nueva residencia es aplicable, a partir del momento en que se efectuase el cambio.

Artículo 5º

La ley aplicable al derecho alimentario regula también;

a) el monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo;

b) la determinación de quiénes pueden ejercer la acción alimentaria en nombre y representación del menor;

c) quiénes son las personas y entidades obligadas a prestar las obligaciones alimentarias.

Artículo 6º

No será aplicable la ley designada por este Convenio, cuando su aplicación fuese manifiestamente incompatible con el orden público del Estado en el que se ejercitase la acción de alimentos.

TITULO II
De la jurisdicción competente

Artículo 7º

Serán Tribunales competentes para conocer de la acción de alimentos:

a) los del Estado Parte de la residencia habitual del menor;

b) los del Estado Parte de la residencia habitual del deudor;

c) los del Estado Parte donde el deudor tuviere bienes o ingresos.

Los mismos Tribunales que hubieren conocido de la acción de fijación de alimentos serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción, así como para la adopción de medidas aseguratorias. Lo serán en la acción de aumento de los alimentos, cualquiera de los Tribunales precitados.

Artículo 8º

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, también serán competentes. Para asignar alimentos provisionales a los menores, los jueces que conozcan en los juicios de divorcio, separación de cuerpos e investigación de paternidad, cuando ello fue impuesto por la respectiva ley aplicable.

TITULO III
De la operación Jurídica

Artículo 9º

Todo lo concerniente al libramiento y tramitación de las cartas rogatorias, así como el reconocimiento y ejecución de las decisiones y transacciones judiciales de fijación de alimentos, quedarán sometidos a lo previsto en el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.

TITULO IV
De las Instituciones

Artículo 10

1. El derecho de una institución de protección de menores pública o privada de interés público en un Estado Parte a obtener el reembolso de las prestaciones satisfechas por incumplimiento del deudor de alimentos, se regulará de acuerdo con la ley por la que se rige la institución.

2. Las instituciones referidas en el párrafo anterior podrán instar el reconocimiento y ejecución de la decisión, en representación del menor. A la solicitud se acompañarán los documentos acreditativos de la legitimación y de que se ha efectuado la prestación al menor.

TITULO V
Disposiciones Diversas

Artículo 11

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar las transferencias de fondos que procedieren por aplicación este Convenio.

Artículo 12

Si el menor hubiere gozado del beneficio de justicia gratuita en el Estado donde hubiere ejercitado la acción, gozará también de este beneficio en el procedimiento de reconocimiento y ejecución.

Artículo 13

El reconocimiento y la ejecución procederán cualquiera que sea la fecha de la decisión. Si ésta fuere anterior a la entrada en vigor del convenio, la ejecución sólo procederá en relación a los pagos no vencidos.

Artículo 14

1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos.

2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

HECHO en la ciudad de Montevideo a los cuatro días del mes de noviembre del año de mil novescientos ochenta y siete, en dos ejemplares igualmente auténticos, e igualmente haciendo fe.

Por el Reino de España
(Firma ilegible)


Por la República Oriental del Uruguay
(Firma ilegible)

Es copia fiel del texto original.

Dra Myriam Fraschini de Pastori
Sub Director
Dirección de Tratados y Límites."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: quiero señalar que este convenio fue informado por el señor senador Batalla, quien es su miembro informante.

Tal como expresé con respecto al proyecto anterior, éste también cuenta con toda la documentación pertinente. De todos modos, Si alguno de los integrantes del Cuerpo necesita ampliar la información correspondiente, tanto quien habla como cualquiera de los demás miembros de la Comisión podemos hacer las aclaraciones del caso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota.)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

(Se lee:)

"Artículo 1º-Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre Conflictos de leyes en Materia de Alimentos para Menores y Reconocimiento y Ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales Relativas a Alimentos, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

25) CONVENIO DE COOPERACION JURIDICA CON EL REINO DE ESPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica con el Reino de España. (Carp. Nº- 1092/88 - Rep. Nº 77/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1992/88
Rep. Nº 77/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 26 de abril de 1988.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

El Gobierno de la República y el Gobierno del Reino de España buscan, a través del presente Convenio, traducir los profundos vínculos históricos que unen a ambas naciones, en instrumentos jurídicos de cooperación. En este sentido, ambas Partes han trabajado en la búsqueda de un texto cuyo objeto es asegurar, entre los dos Estados, que la actuación procesal que se cumple en cada uno de ellos surta efectos en el otro.

La estructura del Convenio consiste en siete Títulos, con un total de 29 artículos. El artículo 1º dispone que el Convenio se aplica a las actuaciones procesales, decisiones judiciales y laudos arbitrales, si bien se establecen algunas excepciones por razón de materia que se explican por su naturaleza;

a) Estado y capacidad de las personas y Derecho de familia: Por tradición las Convenciones han excluido esta materia (como la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras de La Paz, 1984) o la han reducido a ciertos aspectos específicos como es el caso de varias Convenciones a nivel europeo por considerarlo como un tema en el que tiene una importante intervención el orden jurídico territorial;

b) Obligaciones alimenticias respecto a menores: En este caso, la excepción se justifica por el hecho de que en forma simultánea los Gobiernos de la República y de España, suscribieron el Convenio sobre Conflictos de Leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos, que contempla este aspecto;

c) Quiebras, concursos y procedimientos análogos: La justificación de esta excepción está dada por tratarse de procedimientos del Derecho Comercial, que poseen autonomía en cuanto a su desarrollo;

d) Seguridad Social: Se entiende que este es un tema donde tiene primordial importancia el orden jurídico interno de cada Estado;

e) Daños de origen nuclear: Este punto se excluye, por tratarse de un tema que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo preliminar el la que aún no existe doctrina pacífica.

En cuanto a la extensión del ámbito material, el artículo 2º establece que el Convenio se aplica a los laudos arbitrales y decisiones dictadas por los tribunales de los Estados Partes, abarcando:

a) sentencias;

b) transacciones judiciales que ponen fin al proceso; éste constituye un texto satisfactorio, en tanto supera a la Convención Interamericana de 1984 en materia de competencia, en el sentido de que las menciona especialmente, a diferencia de esta última;

c) actos de jurisdicción voluntaria; aunque no son enunciados, se pueden citar a vía de ejemplo, el inventario judicial de bienes, relación de bienes sucesorios y la partición;

d) las sentencias penales en cuanto se refieran a indemnizaciones de perjuicios derivados del delito;

e) resoluciones de los tribunales administrativos y contencioso administrativos a los efectos del Título V; es esta una fórmula innovadora, que alcanza exclusivamente al auxilio judicial, es decir no a los efectos de la eficacia de las resoluciones, sino a los efectos de la cooperación.

Con referencia al Título II, cabe destacar que el Convenio perfecciona el texto de la Convención Interamericana de 1984, al distinguir entre reconocimiento y ejecución.

Con respecto al reconocimiento, el artículo 3º establece que las decisiones judiciales se reconocerán de pleno derecho, salvo cuando se trate de producir efecto de cosa juzgada o de ser ejecutadas. En caso de discordia en cuanto al reconocimiento, la parte interesada, que lo invoque a título principal podrá obtener el reconocimiento por el procedimiento previsto para la ejecución. En caso de invocarse a título incidental ante un Tribunal, éste será competente.

En cuanto a los requisitos para el reconocimiento, el artículo 4º exige los de estilo:

a) que la sentencia haya sido dictada por Tribunal competente.

b) que sea firme y ejecutoria; y

c) que la iniciación del proceso haya sido notificada de acuerdo con la ley del Estado de origen de la sentencia.

En materia de competencia el artículo 5º adopta una solución que recibe los principios generales de nuestro orden jurídico, aun cuando avanza y profundiza en algunos de ellos:

1. en cuanto a obligaciones:

a) en primer lugar, reconoce el acuerdo, sumisorio, adoptándose la fórmula pre-litem, aunque con ciertas limitaciones:

-que los tribunales pertenezcan al Estado donde se domicilie una de las partes

que el acuerdo conste por escrito en cuanto a litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente determinada

-que la competencia no haya sido establecida en forma abusiva;

b) como principio residual, se establece el domicilio o residencia habitual del demandado con fijación temporal al momento de iniciarse el litigio, o en caso de personas jurídicas, el lugar donde, ésta tuviere su sede o establecimiento principal. Pero además, en este caso, si al comenzar el proceso el demandado tuviera establecimiento, sucursal o agencia con organización propia. y si el litigio se refiriera a la actividad desarrollada en ese establecimiento, sucursal o agencia, podrá ser demandado en dicho lugar.

2. en cuanto a obligaciones extracontractuales se observa la adopción de una posición moderna, tomando dos jurisdicciones alternativas: donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación o donde se produjeren los efectos dañosos, a opción del actor.

3. para las acciones relativas a bienes; se toma la solución tradicional, es decir el lugar de ubicación de los mismos.

4. en lo referente a obligaciones pecuniarias en materia de Derecho de familia; serán competentes los Tribunales del Estado donde el demandado tenga su domicilio o residencia habitual. Se observa que, si bien se excluye del ámbito de aplicación del Convenio al Derecho de familia en lo que le es connatural, éste resulta abarcado en cuanto a las obligaciones pecuniarias que de él se derivan.

El Convenio avanza en sus previsiones en tanto en su artículo 6º, reconoce la competencia del Tribunal del Estado de origen para la petición reconvencional si, en cuanto a ella, concurre alguno de los motivos mencionados en materia de competencia o si la petición deriva del hecho que fundó la principal.

El artículo 7º prevé los casos en que puede desconocerse la competencia del Tribunal del Estado de origen:

a) si la ley del Estado requerido reserva a sus tribunales competencia exclusiva por razón de materia; y

b) si el Estado requerido se considera obligado a reconocer un acuerdo en el que la competencia haya sido sometida a arbitraje.

Asimismo se prevén como casos de denegación de reconocimiento y ejecución

a) la ilicitud en el Estado requerido de la obligación en cuya virtud se ha procedido;

b) que la decisión sea "manifiestamente contraria al orden público" en el Estado requerido, adoptándose la expresión de las Convenciones emanadas de las Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado;

c) si ante, los Tribunales del Estado requerido estuviese pendiente un litigio entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que, la acción se hubiera ejercitado primero en el Estado de origen;

d) si en el Estado requerido o en un tercero, ya se hubiera dictado decisión sobre el mismo litigio y si la misma fuera susceptible de reconocimiento en dicho Estado.

La sección 2ªdel Título II contiene disposiciones referentes al proceso de reconocimiento y ejecución, destacándose especialmente en este aspecto:

-la prohibición del reexamen de los méritos de la sentencia, sin Perjuicio del control formal de los requisitos indispensables enumerados en el artículo 4º.

-la imposibilidad de denegar el reconocimiento o ejecución de una decisión por el hecho de que el Tribunal que la dictó haya aplicado una ley diferente de la que hubiera aplicado en el mismo caso el Derecho Internacional Privado del Estado requerido, según lo establece el artículo 11 inciso 3º;

-no es necesario legalizar los documentos que deban presentarse para obtener el reconocimiento o la ejecución de la sentencia.

El Título III extiende el ámbito de la Convención a los laudos arbitrales, a los cuales aplica las normas establecidas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias.

El Titulo IV, referente a la igualdad de trato procesal, contiene una fórmula innovadora al combinar los criterios de nacionalidad y domicilio, adoptados por el Derecho Internacional Privado español y el de la República respectivamente, en tanto se asegura la igualdad de trato procesal de las personas, físicas de nacionalidad española y de las domiciliadas en la República.

La igualdad de trato procesal alcanza también a las personas jurídicas constituidas en un Estado Parte. Se considerarán constituidas en un Estado Parte aquellas que hayan cumplido en dicho Estado, con los requisitos de forma y fondo exigidos para su creación.

Asimismo, la igualdad de trato procesal, exime a los litigantes de la prestación de la fianza de arraigo.

El Título V contiene disposiciones referentes al auxilio judicial, incluyendo el artículo 20 una disposición de particular importancia en tanto declara que los Estados Partes regirán el auxilio judicial por la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975. De esta manera, se incorporan a un Convenio bilateral entre un Estado americano y otro europeo, las disposiciones de una Convención elaborada en el ámbito interamericano, cuerpo normativo al que España ha adherido.

Se amplía el ámbito de la Convención de Panamá en cuanto a la materia, ya que no sólo abarca la materia civil y comercial, sino que se extiende a la laboral, contencioso administrativa, e incluye también a los juicios arbitrales y materias en las que sean competentes los Tribunales administrativos.

En cuanto a los actos que comprende, también resulta más amplio que la precitada Convención, en tanto incluye exhortos que tengan por objeto actos procesales de mero trámite, como notificaciones, citaciones o emplazamientos, recepción u obtención de pruebas o informes y actos procesales no contenciosos. Comprende, además, los embargos, materia excluida en la Convención de 1975. Tampoco se incluyen los embargos en los Convenios bilaterales sobre igualdad de trato procesal y exhortos que vinculan a la República con Argentina y con Chile.

El artículo 21 inciso 2 reconoce la actividad de los funcionarios consulares en tanto podrán notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentren en el extranjero y ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales, aunque en ningún caso podrán ejecutar embargos. Esta norma encuentra antecedentes en la propia Convención de Panamá sobre exhortos y en las convenciones de La Haya.

Como causales de denegación de auxilio judicial, el Convenio prevé: el orden público, la falta de acreditación de la autenticidad de documentos y una causal en la cual la Delegación de España puso especial énfasis: que el contenido del acto a practicar, por su naturaleza, no corresponda a las atribuciones de la autoridad requerida.

El Convenio establece los requisitos tradicionales que debe reunir el exhorto en caso de solicitar la recepción u obtención de pruebas (resumen del juicio, texto de los interrogatorios y otros documentos, necesarios, nombre y dirección de testigos, personas o instituciones que deban intervenir, así como de la persona que en su caso, se responsabilizará en el Estado requerido de los gastos que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba).

En materia de embargos, el Convenio sigue otros textos, en tanto establece que la procedencia del embargo se regirá y determinará por las leyes y los jueces del Estado de origen, mientras que la traba del embargo, su forma y la inembargabilidad, lo serán por las leyes y jueces del Estado de situación de los bienes.

El artículo 25 presenta una solución novedosa en cuanto determina que los trámites y diligencias necesarios para cumplir el exhorto no requieren petición expresa ni la intervención de parte interesada, debiendo practicarse de oficio por el órgano jurisdiccional, lo cual no obsta a la intervención de la Parte por sí o por apoderado.

Se establece el principio de gratuidad, con la única excepción del diligenciamiento de medios probatorios que ocasionen gastos en el Estado requerido.

En materia de auxiliatoria de pobreza, también se verifica un avance con respecto a la Convención Interamericana de 1975 sobre Exhortos, ya que según ésta, el beneficio de pobreza se regula por las leyes del Estado requerido, mientras que en el Convenio; puede concederse a la parte requirente por el Estado requerido o por el exhortante.

En el Título VI el Convenio agrega al plano de la cooperación, la información sobre materias jurídicas, recogiendo en principio de la información plasmado en la Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero de 1919, permitiendo la comunicación directa de los órganos judiciales con las Autoridades Centrales.

En las disposiciones finales, se establece que la denuncia por cualquiera de los Estados Partes de la Convención sobre exhortos de Panamá no implicará la denuncia del presente Convenio, respecto de las disposiciones de dicha Convención a las que el Convenio se remite expresamente.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Luis Barrios Tassano, Adela Reta. Firma ilegible.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Luis Barrios Tassano, Adela Reta. Firma ilegible.

Cámara de Senadores
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos internacionales ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 26 de abril de 1988 por el cual se somete a aprobación el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 1987.

Este Convenio es fruto de la búsqueda de traducir en instrumentos jurídicos de cooperación los muchos vínculos que a lo largo de la historia han ido entretejiendo las relaciones entre el Reino de España y nuestro país.

Siete Títulos con un total de 29 artículos estructuran el Convenio.

El Titulo I refiere al ámbito del mismo, estableciendo en su artículo 1º que "se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y laudos arbitrales" exceptuándose, por diversas razones específicas, las siguientes materias:

a) estado y capacidad de las personas y derecho de familia;

b) obligaciones alimenticias respecto a menores;

c) quiebras, concursos y procedimientos análogos;

d) seguridad social;

e) daños de origen nuclear.

La primera excepción se basa en el hecho de que tradicionalmente las Convenciones han excluido esta materia por considerar que tiene una importante intervención el orden jurídico territorial.

La segunda se fundamenta en que simultáneamente a este Convenio los gobiernos de ambos países han firmado otro, referido especialmente a esa materia.

La tercera se justifica en que, por tratarse de procedimientos de derecho comercial, poseen autonomía en cuanto a su desarrollo.

La cuarta, en que es un tema donde tiene primordial importancia el orden jurídico interno de cada Estado.

La exclusión de los daños de origen nuclear se efectúa por tratarse de un tema en el que no existe aún doctrina pacífica.

El Título II concierne al Reconcimiento y Ejecución, dividido en dos Secciones. La primera dedicada a los Requisitos del Reconocimiento y la segunda al Proceso de Reconocimiento y Ejecución.

Por el artículo 3º las decisiones judiciales referentes a las materias convenidas serán reconocidas sin necesidad de procedimiento alguno, "salvo que debieran producir efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas.

El artículo 5º establece qué Tribunales son considerados competentes. Si se trata de obligaciones, serán aquéllos a quienes se hubieran sometido las partes, siempre que pertenezcan al Estado Parte del domicilio de éstas. Si se tratara de obligaciones extracontractuales, serán los del Estado donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación o los del Estado Parte donde se produjeren los efectos dañosos, a opción del actor.

Para las acciones relativas a bienes, los del lugar en que éstos se encuentren.

Para las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia, los del Estado Parte del domicilio o residencia habitual del demandado.

Acerca del Proceso de Reconocimiento y Ejecución (Sección 2ª) en el artículo 9º se establece cuáles son los Tribunales competentes en cada uno de los Estados Partes, mientras que por el artículo l0 dicho proceso se regirá por la ley del Estado requerido.

El Título III, que consta sólo de un artículo, el 15, hace extensivo el ámbito de la Convención a los laudos arbitrales.

En el Título IV, sobre la igualdad de trato procesal. se combinan los criterios de nacionalidad y domicilio adoptados por el Derecho Internacional Privado de España y Uruguay respectivamente, asegurándose igual trato procesal a las personas físicas de nacionalidad española (artículo 16) y las que tienen residencia habitual en la República Oriental del Uruguay (artículo 17).

Por el artículo 18 este derecho se extiende a las personas jurídicas constituidas en uno u otro de los Estados Partes.

En el Título V (Del auxilio judicial) se establece por el artículo 20 que en esa materia los Estados Partes se regirán por la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias del 30 de enero de l975. Esta disposición es muy importante en tanto se incorporan a un Convenio bilateral entre un Estado americano y uno europeo las disposiciones de una Convención elaborada en el ámbito interamericano, a la que ha adherido, España.

Es de hacer notar que por este Convenio se amplía el ámbito de la Convención de Panamá en esta materia a lo laboral, lo contencioso-administrativo, incluyendo también los juicios arbitrales y materias en las que sean competentes los Tribunales administrativos.

Por el artículo 21, inciso 2, se reconoce el derecho de los funcionarios consulares de carrera acreditados en ambos países a notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentran en el extranjero y a ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales.

Según el artículo 24 la medida de embargo se regirá y determinará por las leyes y jueces del Estado de origen.

En el artículo 26 se acuerda la gratuidad recíproca para la tramitación de los exhortos contemplada en este Título, exceptuándose el dilingenciamiento de los medios probatorios que ocasionen gastos en el Estado requerido.

Por el Título VI las Partes convienen cooperar en información y documentación sobre aspectos generales de sus respectivos órdenes jurídicos.

El Título VII, de Disposiciones finales, establece que la denuncia por cualquiera de ambas Partes de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975 no comportará la denuncia del presente Convenio respecto a las disposiciones que remiten expresamente a dicha Convención.

Por último, en el inciso 2 del artículo 29 se establece una duración indefinida para el Convenio, pudiendo cualquiera de las Partes denunciarlo mediante aviso escrito por vía diplomática.

Dada la importancia que la cooperación jurídica encierra para el acercamiento efectivo de nuestra República con el Reino de España, así como lo que la misma significa para la resolución de diversas situaciones conflictivas entre personas físicas y/o jurídicas de ambos Estados, esta Comisión recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de junio de 1988.

Hugo Batalla, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

CONVENIO DE COOPERACION JURIDICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay,

CONSCIENTES de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones,

DESEANDO traducirlos en Instrumentos jurídicos de cooperación,

HAN DECIDIDO concluir un Convenio de cooperación jurídica y a tal efecto han convenido las siguientes disposiciones

TITULO I
Ambito del Convenio

Artículo 1º

El presente Convenio se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y laudos arbitrales, con excepción de las siguientes materias:

a) Estado y capacidad de las personas y derecho de familia, en cuanto se trate de sentencias constitutivas o declarativas de tales estados o derechos, sin comprender las decisiones sobre obligaciones pecuniarias que sean consecuencia de aquella declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º ordinal 4º del presente Convenio.

b) Obligaciones alimenticias .respecto a menores.

c) Quiebras, concursos y procedimientos análogos.

d) En materia de seguridad social.

e) Daños de origen nuclear.

Artículo 2º

1. El presente Convenio se aplica a los laudos arbitrales y a cualquier decisión dictada por los Tribunales de los Estados Partes, ya se trate de sentencias, transacciones judiciales, que pongan fin al proceso, autos, despachos, mandamientos o cualquier otra resolución similar. Se consideran incluidas dentro de este Convenio las medidas, cautelares firmes decretadas por los Tribunales de uno de los Estados Partes que deban cumplirse en el otro Estado Parte.

2. También se aplicará el Convenio a las decisiones pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria.

3. Igualmente será de aplicación a las resoluciones de los Tribunales administrativos, y contencioso-administrativos a los efectos del Título V.

4. Asimismo, se consideran comprendidas dentro del Convenio las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

TITULO II
Reconocimiento y ejecución

Sección 1a.
Requisitos del Reconocimiento

Artículo 3º

1. Las decisiones judiciales enumeradas en el artículo 2º, serán reconocidas sin necesidad de procedimiento alguno, salvo que debieran producir efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas.

2. En caso de disconformidad, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento a título principal, podrá obtener el reconocimiento según el procedimiento previsto, para la ejecución. Si el reconocimiento se invoca a título incidental ante un tribunal, éste será competente.

3. Habrá lugar a un reconocimiento parcial, siempre que fuere posible en vista del contenido de la decisión.

Artículo 4º

Para que la decisión dictada en un Estado, pueda ser reconocida en el otro, serán requisitos indispensables;

a) que haya sido pronunciada por Tribunal competente, en los términos de este Convenio.

b) que sea firme y ejecutoria.

c) que la iniciación del proceso haya sido notificada en 1egal forma de acuerdo con la ley del Estado de origen de la sentencia.

Artículo 5º

Para los efectos del presente Convenio se considerarán Tribunales competentes:

1. En materia de obligaciones:

a) Aquellos a quienes se hubieran sometido las partes, siempre que pertenezcan, al Estado Parte de domicilio de una de éstas, el acuerdo sumisorio conste por escrito en, cuanto a los litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente determinada y tal compentencia no haya sido establecida de manera abusiva.

b) Subsidiariamente, los del Estado Parte donde tuviese el demandado su domicilio o residencia habitual al iniciarse el litigio o en caso de persona jurídica, los del lugar donde tuviese su sede o establecimiento principal.

Si al iniciarse el proceso el demandado tuviese establecimiento, sucursal o agencia con organización propia, podrá ser demandado en este lugar, cuando el litigio se refiera a la actividad desenvuelta en dicho establecimiento, sucursal o agencia.

2. En materia de obligaciones extracontractuales, los del Estado Parte donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación, o los del Estado Parte donde se produjeren los efectos dañosos a opción del actor.

3. Para las acciones relativas a bienes, los del lugar en que se encuentran.

4. Para las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia los del Estado Parte del domicilio o residencia habitual del demandado.

Artículo 6º

La competencia del Tribunal del Estado de origen, será reconocida para la petición reconvencional si, en cuanto a ésta, concurriese alguno de los motivos de competencia expresados en el artículo anterior o si tal petición derivara del mismo hecho en que se fundó la principal.

Artículo 7º

La competencia del Tribunal del Estado de origen, puede no ser reconocida en los siguientes casos:

a) si la ley del Estado requerido reserva a los Tribunales del mismo la competencia exclusiva para conocer de la acción, por razón de la materia.

b) si el Estado requerido se considera obligado a reconocer un acuerdo en el cual la competencia exclusiva haya sido sometida a arbitraje.

Artículo 8º

El reconocimiento y la consiguiente ejecución, en su caso, pueden ser denegados en cualquiera de los casos siguientes:

a) si la obligación en cuya virtud se hubiere procedido fuese ilícita en el Estado requerido.

b) si la decisión fuese manifiestamente incompatible con el orden público del Estado requerido.

c) si estuviese pendiente ante un Tribunal de, dicho Estado un litigio entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que la acción se hubiere ejercitado primero en el Estado de origen.

d) si en el Estado requerido o en un tercer Estado, hubiera sido ya dictada decisión sobre el mismo litigio y la misma fuere susceptible de reconocimiento en el Estado requerido.

Sección 2ª
Proceso de reconocimiento y ejecución

Artículo 9º

Son tribunales competentes para el reconocimiento y ejecución:

a) En España, los Juzgados de Primera Instancia.

b) En Uruguay, los Juzgados Letrados competentes en primera instancia, que correspondieren por razón de materia, jurisdicción y turno.

Artículo 10

El proceso de reconocimiento y ejecución se regirá por la ley del Estado requerido, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Convenio y en especial en los artículos siguientes.

Artículo 11

1. En ningún caso se procederá al reexamen del mérito o fondo de la causa, sin perjuicio del control formal para comprobar la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 4º.

2. Al apreciar la competencia del Tribunal que dictó la decisión, se tendrán como probados los hechos que le sirvieron para fundarla.

3. No podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución por el hecho de que el Tribunal que dictó la decisión haya aplicado una ley diferente de la que correspondería según las reglas del Derecho Internacional Privado del Estado requerido.

Artículo 12

La parte que pretenda el reconocimiento o la ejecución deberá presentar copia literal, auténtica o autenticada de la decisión, así como certificación de ser firme y ejecutoria y de que la citación al demandado se hizo en tiempo y forma. Los documentos están dispensados de legalización.

Artículo 13

La parte vencida en la decisión cuya ejecución se pretenda, deberá ser citada luego de ordenada la misma.

De igual modo, se procederá en el caso de reconocimiento de la sentencia cuando éste se solicitara a fin de producir efecto de cosa juzgada.

Artículo 14

Desde que se inicie el proceso, pueden solicitarse medidas aseguratorias o cautelares, ante el mismo tribunal y con sujeción a la ley del Estado requerido.

TITULO III
Del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales.

Artículo 15

Los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados de acuerdo con lo prevenido en este Convenio, en cuanto sea aplicable.

TITULO IV
De la igualdad de trato procesal

Artículo 16

Las personas físicas de nacionalidad española, gozarán ante los tribunales de la República Oriental del Uruguay, del mismo trato procesal de que disfrutan las personas domiciliadas en el territorio de esta última.

Artículo 17

Las personas físicas con residencia habitual en la República Oriental del Uruguay gozarán ante los tribunales del ‘Reino de España del mismo trato procesal de que disfrutan los nacionales españoles domiciliados en España.

Artículo 18

Las personas jurídicas constituidas en un Estado Parte gozarán ante los tribunales del otro del mismo trato procesal de que disfrutan aquellas constituidas en él.

Se considerarán constituidas en un Estado Parte, aquellas personas jurídicas que hayan cumplido en él los requisitos de forma y fondo exigidos para su creación.

Artículo 19

La igualdad de trato procesal consagrada en los artículos precedentes exime a los litigantes de la prestación de la fianza de arraigo (Cautio judicatum solví).

TITULO V
Del auxilio judicial

Artículo 20

Los Estados Partes regirán el auxilio judicial por la Convención Interamericana sobre Exhortes o Cartas Rogatorias de 30 de enero de 1975 complementada por las disposiciones siguientes.

Artículo 21

El presente Titulo se aplicará a los exhortos o comisiones rogatorias expedidas en actuaciones y procesos en materia civil, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, juicios ,arbitrajes y materias que sean competencia de los tribunales administrativos, que tengan por objeto:

a) la realización de actos de comunicación como notificaciones, citaciones y emplazamientos en el otro Estado Parte;

b) la recepción u obtención de pruebas e informes;

c) actos procesales no contenciosos tales como apertura de testamentos, inventarios, tasaciones y otros semejantes;

d) embargos.

2. Se reconoce el derecho de los funcionarios consulares de carrera acreditados en ambos países a:

a) notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentren en el extranjero;

b) ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales.

En lo que se refiere a los nacionales de la otra Parte o de un tercer país, este derecho sólo podrá ser ejercido en el caso de que los interesados den su consentimiento expreso, y siempre que ello no se, oponga a las leyes del Estado de acreditación del Cónsul.

En ningún caso podrá ejecutar las medidas previstas en el apartado d) del párrafo 1.

Artículo 22

El auxilio judicial previsto en el artículo anterior sólo podrá denegarse cuando el Estado requerido estime que:

a) La actividad que se pretende es contraria al orden público.

b) El contenido del acto a practicar, por su naturaleza, no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad requerida.

c) La autenticidad del documento no está acreditada.

Artículo 23

Si se ruega la recepción u obtención de pruebas, el exhorto deberá también contener:

a) un resumen del juicio que facilite las diligencias probatorias

b) nombre y dirección de los testigos, peritos, personas o instituciones que deban intervenir

c) texto de los interrogatorios y documentos necesarios para su recepción

d) nombre y dirección de la persona que, cuando correspondiera, se hará responsable en el país requerido de los gastos procesales que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba solicitada, o bien un giro por el valor que estimativamente los pueda cubrir.

Artículo 24

La procedencia de la medida de embargo se regirá y determinará por las leyes y jueces del Estado de origen.

La traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de los bienes se regirán por las leyes, y se ordenarán por los jueces, del Estado en donde dichos bienes estuvieren situados.

Artículo 25

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo al equipamiento del exhorto, no requerirán petición expresa ni la intervención de parte interesada, debiendo ser practicados de oficio por el órgano jurisdiccional requerido, lo que no obsta a que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado.

Artículo 26

La tramitación de los exhortos contemplada en el presente Título será recíprocamente gratuita, excepto el diligenciamiento de los medios probatorios que ocasionen gastos en el Estado requerido. Lo precedente, sin perjuicio del beneficio o auxiliatoria de pobreza que pueda haberse concedido a la parte requirente ya por las autoridades del Estado exhortante, ya por las del Estado requerido.

TITULO VI
De la información sobre materias jurídicas

Artículo 27

1. La Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia del Reino de España en calidad de Autoridad Central y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay en la misma calidad, podrán solicitarse información y documentación sobre aspectos generales de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Los Estados Partes se comprometen a comunicarse por vía diplomática cualquier cambio de Autoridad Central.

2. Los órganos jurisdiccionales, de cualquier grado y orden y el Ministerio Fiscal, podrán solicitar a través de las Autoridades Centrales; información sobre aspectos jurídicos precisos, en relación a procesos existentes. La solicitud irá acompañada de una relación de hechos relevantes y de preguntas precisas.

TITULO VII
Disposiciones Finales

Artículo 28

La denuncia por cualquiera de ambas Partes de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, no comportará la denuncia del presente Convenio respecto de las disposiciones del mismo que hacen expresa remisión a la precitada Convención.

Artículo 29

1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos.

2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares igualmente auténticos, e igualmente haciendo fe.

Por el Reino de España
(Firma ilegible)

Por la República Oriental del Uruguay."
(Firma ilegible)

SEÑOR PRESIDENTE, - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. -Tal como en los casos anteriores, este convenio también fue informado por el señor senador Batalla. Como él no se encuentra en Sala en estos momentos, si fuera menester brindar alguna información al respecto, pienso que el señor senador Ricaldoni lo podrá hacer ya que está más habilitado que quien habla para opinar en materia jurídica.

SEÑOR RICALDONI. -¿Me permite, señor Presidente?

Quiero señalar que a este respecto tengo dos posibilidades o bien -si se me permite la expresión- saco la guitarra e improviso, o me retiro elegantemente de Sala. Aclaro que no vine preparado para efectuar comentarios acerca del convenio que está a consideración del Senado.

De manera que agradezco la inmerecida invitación del señor Presidente de la Comisión, pero lamentablemente no puedo cumplir con sus deseos.

SEÑOR SINGER. -El informe es claro, señor Presidente.

SEÑOR MEDEROS. -¿Me permite, señor Presidente?

De todas maneras, el texto contiene toda la información correspondiente. Sin embargo, si algún señor Senador desea hacer una consulta, con mucho gusto se la contestaremos.

SEÑOR PRESIDENTE. -SI no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º- Apruébase el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987".

-En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: advierto que en el artículo 19 del Convenio se dice que éste se aplica a las actuaciones procesales con referencia a las siguientes materias, incluyendo entre otras las obligaciones alimenticias respecto a menores.

Como acabamos de votar otro convenio relativo a los alimentos para menores, quisiera saber si se ha estudiado -pienso que si- que no exista colisión entre las disposiciones de uno y otro texto, sobre todo en cuanto a las autoridades competentes, al ámbito y la jurisdicción respectiva. Confieso que no he leído este proyecto y me surgió la duda al advertir que recién aprobamos un proyecto sobre alimentos para menores.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Aclaro que el señor senador Batalla fue quien estudió e informó en Comisión sobre estos dos convenios. Corresponde sin embargo aclarar que ellos están coordinados entre sí y que el informe brindado en Comisión fue amplio y compartido por todos sus integrantes, inclusive por el señor senador Ricaldoni quien ahora se negó a informar al respecto.

Quiere decir, entonces, que la duda que plantea el señor senador Ortiz fue examinada en la Comisión y no se formularon objeciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclarar, además, que el presente convenio se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones judiciales y laudos arbitrales, exceptuándose entre otros, las obligaciones alimenticias respecto a menores. El informe de la Comisión expresa que la segunda excepción se fundamenta en que, simultáneamente a este convenio, los Gobiernos de ambos países han firmado otro referido especialmente a esta materia. Por lo tanto, no se produce colisión entre uno y otro.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

26) INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR. Su creación.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. -Pido excusas al señor Presidente porque en primer término voy a dejar una brevísima constancia, y aclaro que si hubiera utilizado otra vía para ello, seguramente habría insumido algún minuto más.

Quiero señalar que los asuntos sobre los que informa la Comisión de Asuntos Internacionales vienen acompañados, todos ellos, de informes detallados y explicativos de varias páginas que, por otra parte, fueron distribuidos al Senado hace ya más de un mes. Entonces, solamente en el caso de que un señor senador formule observaciones o preguntas, parece preceptivo el informe oral; de otra manera, estimo que no es necesario.

La moción de orden que deseo formular es la siguiente: en el punto 9º del orden del día tenemos un tema complejo y que considero extremadamente importante resolver. Por él se crea el lnstituto Nacional del Menor; cuenta con más de veinte artículos y tiene un informe en mayoría y otro en minoría. A continuación de este punto figuran una serie de proyectos que, previsiblemente, no darán lugar a discusión. En consecuencia, me permito proponer al Senado la posibilidad de postergar la consideración del proyecto que figura en 9º término a fin de intentar "depurar" el orden del día de hoy. En todo caso, este asunto quedaría tras otra preferencia, ya votada para la sesión de mañana.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para referirme a esta moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra él señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: por las mismas razones que expuse con relación al punto 4º del orden del día, y aún con mayor fundamento porque en este caso existe un informe en mayoría y otro en minoría, y dado que el tema es obviamente complejo y el articulado extenso como acaba de señalar el señor senador Rodríguez Camusso en mi calidad de miembro informante y previa consulta con el señor senador Traversoni iba a proponer que este asunto pasara a la sesión de mañana.

Creo que no es el momento propicio para tratarlo.

En cierto sentido, el señor senador Rodríguez Camusso ha adivinado mi pensamiento y entiendo que corresponde que se proceda de acuerdo con lo que ha solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra; se va a votar la moción formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

-18 en 18 Afirmativa. UNANIMIDAD.

27) JUANA DE IBARBOUROU Se designa con su nombre la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en el punto lo del orden del día; "Proyecto de ley por el que se designa ‘Juana de Ibarbourou’ a la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera. (Carp. Nº 1141/88 - Rep. Nº 89/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1141/88
Rep. Nº 89/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo,16 de junio de .1988.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el cual se designa a la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera con el nombre de "Juana de Ibarbourou".

Esta iniciativa fue promovida por la Dirección, Comisión Fomento y docentes de la referida Escuela y cuenta con la aprobación de las Autoridades de la Educación, destacándose que no existe otra con esa denominación.

Al adoptarse tal decisión se cumplirá con un acto de estricta justicia, habiendo la destacada escritora residido una parte de su vida en la ciudad de Rivera, donde la recuerda una calle, el Colegio Parroquial; el Rincón Infantil y una placa en la casa donde habitara. Como elemento a destacar, corresponde se señale que los alumnos de la referida Escuela la nominan así desde hace muchos años, demostrando el reconocimiento y cariño a la laureada Poetisa. Las razones expuestas justifican tan merecido homenaje.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI. Presidente de la República; Adela Reta.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Desígnase con el nombre de "Juana de Ibarbourou" a la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera.

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, etc.

Adela Reta.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha prestado aprobación al proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo con el Mensaje correspondiente, mediante el cual se propone designar con el nombre de "Juana de Ibarbourou" la Escuela Pública Nº 115 del departamento de Rivera.

Se comparten las razones expuestas en el Mensaje en cuanto se trata de acceder a un fundado requerimiento de la dirección del aludido centro docente y de su comisión de fomento.

Consta que en el departamento de Rivera no existe otra escuela que lleve ese nombre y, además, que las autoridades docentes han prestado su conformidad con la iniciativa.

No se estima del caso entrar en consideraciones referidas a la personalidad de Juana de Ibarbourou por cuanto es harto conocida su brillante trayectoria en las letras nacionales.

En mérito a ello y compartiendo la inquietud de la dirección de la Escuela Nº 115 de Rivera y su comisión de fomento, se aconseja la aprobación del siguiente.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º - Desígnase con el nombre de "JUANA DE IBARBOUROU" la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria).

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 1988.

Juan Carlos Fá Robaina, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Walter Olazábal, Juan Martín Posadas, Alfredo Traversoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. -Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 19.

(Se lee:)

"Artículo 1º - Desígnase con el nombre de ‘Juana de Ibarbourou’ la Escuela Nº 115 del departamento de Rivera, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria)".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

28) UNESCO. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en el punto 11 del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘UNESCO’ a la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo (Carp. Nº 1038/88. Rep. Nº 90/88)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1038/88
Rep. Nº 90/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, lº de marzo de 1988.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el cual se designa a la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo con el nombre de ‘UNESCO’.

Esta iniciativa fue promovida por la dirección de la Escuela Nº 185, y cuenta con la aprobación de las autoridades de la educación, destacándose que no existe otra escuela con esa denominación.

UNESCO es el nombre de un organismo internacional que ha promovido el desarrollo de la educación, la ciencia y la técnica, habiendo cumplido el 4 de noviembre de 1986, 40 años desde su fundación, siendo el Uruguay beneficiario de numerosas actividades llevadas a cabo por este organismo, avalando éstas y otras consideraciones una designación que jerarquiza la escuela pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración,

JULIO MARIA SANGUINETTI. Presidente de la República; Adela Reta.

La Asamblea General ha aprobado el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Desígnase con el nombre de UNESCO a la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo.

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, etcétera.

Adela Reta.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado.

Vuestra Comisión hace suya la iniciativa del Poder Ejecutivo, por la cual se designa con el nombre de ‘UNESCO’ la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo, compartiendo los términos del Mensaje que a continuación se transcriben:

‘UNESCO es el nombre de un Organismo Internacional que ha promovido el desarrollo de la educación, la ciencia y la técnica, habiendo cumplido el 4 de noviembre de 1986, 40 años desde su fundación, siendo el Uruguay beneficiario de numerosas actividades llevadas a cabo por este organismo, avalando éstas y otras consideraciones una designación que jerarquiza la Escuela Pública’.

Por lo tanto aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.-Desígnase con el nombre ‘UNESCO’ la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo dependiente de la Administración Nacional de Educación Física (Consejo de Educación Primaria).

Art. 2º.Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 27 de abril de 1988.

Juan Carlos Fá Robaina, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Walter Olazábal. Juan Martín Posadas, Alfredo Traversoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18 Afirmativa UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º- Desígnase con el nombre ‘UNESCO’ la Escuela Nº 185 del departamento de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria)".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

17 en 18. Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

29) HORACIO QUIROGA. Se designa con su nombre al Liceo Nº 4 de Salto.

SEÑOR PRESIDENTE - Se pasa a considerar el asunto que figura en el punto 12 del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Horacio Quiroga’ al Liceo Nº 4 del departamento de Salto (Carp. Nº 1082/88. Rep. Nº 91/88)".

(Antecedentes:)

"Carp.Nº 1082/88
Rep. Nº 91/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 12. de abril de 1988.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa al Liceo Nº 4 de Salto con el nombre de "Horacio Quiroga".

Esta iniciativa fue promovida por la Dirección del mencionado Liceo y cuenta con la aprobación de las autoridades de la Educación, destacándose que no existe otro liceo con esa denominación.

Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nace en Salto, el 31 de diciembre de 1878, es el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Su niñez transcurre acechada por su desgracia, primeramente la muerte accidental de su padre y más adelante la de su padrastro. Cursó estudios en el Colegio Hiram y estudios secundarios en el Instituto Politécnico Osimani y Llerena de Salto y en el Colegio Nacional de Montevideo; en la Universidad nunca siguió los estudios en forma sistemática. A los 18 años es un espíritu inquieto, incursiona en ciclismo, despertará su entusiasmo la química y la fotografía.

Admira a Lugones, Gutiérrez, Nájera, Bécquer, Darío, Reine y Verlaine.

En 1899 funda la Revista de Salto.

El 30 de marzo de 1900, parte a París.

Durante el viaje anota juicios de algunas obras y sobre sus compañeros de viaje: "París ha sido una sucesión de desastres inesperados", regresando a Montevideo en el mes de julio.

El 26 de noviembre de 1900 obtiene el 2º premio en un concurso que promueve el semanario "La Alborada" dirigido por Constancio Vigil. Su "Cuento sin razón pero cansado" es de tendencia modernista y revela su poderosa imaginación y la fuerza de su talento.

Publica "Los Arrecifes de Coral" dedicado a Leopoldo Lugones.

En setiembre de 1903 viaja como fotógrafo en una expedición de estudio a cargo de Leopoldo Lugones. Van a las ruinas jesuíticas de San Ignacio (Misiones). El clima y el paisaje lo atrapan. Mejora su salud. Regresa a Buenos Aires; se ha operado en él "el descubrimiento del paisaje".

En 1904 publica "el crimen del otro". Cierra el primer período de su labor, el que comprende su iniciación literaria, su aprendizaje del Modernismo, sus estridencias decadentistas, su oscilación expresiva entre verso y prosa. (Rodríguez Monegal).

El 18 de noviembre de 1905 aparece su primera colaboración en Caras y Caretas, el cuento "Europa y América". Este año publica también "Los Perseguidos", novela corta sobre un caso de psiquiatría y 8 cuentos más en Caras y Caretas.

Aprovechando las facilidades que da el Gobierno, compra 185 hás. en los alrededores de San Ignacio (Misiones).

Quiroga comienza a crear su mundo imaginativo, atmósfera cruda, concisa; personajes descarnados, parcos, que apenas pronuncian unas pocas palabras ("La insolación", "Los cazadores de ratas" y "El monte negro").

El 30 de diciembre de 1909 se casa con Ana María Cires (alumna suya). Se radican en San Ignacio, donde viven múltiples dificultades. El 29 de enero de 1911 nace su hija Eglé y el 15 de enero de 1912 su segundo hijo, Darío.

"Quiroga no vio sólo en la naturaleza un objeto de contemplación, sino también una fuerza fraternalmente enemiga -admítase la paradoja- con la cual era necesario luchar para subyugarla. Esa lucha es para el salteño, un puente tendido entre la intimidad del espíritu y la intimidad de la naturaleza".

En 1918 se editan sus "Cuentos de la Selva", uno de los pocos intentos realizados en Latinoamérica de cuentos infantiles y que revelan "un hombre que sabe contar": "sentir con intensidad, atraer la atención y comunicar con energía los sentimientos".

En 1920 "La Nación" publica "El hombre muerto" y "El hogar", "Tacuara-Mansión", y la editorial Cooperativa Buenos Aires su libro "El Salvaje".

El 29 de agosto es designado por Baltasar Brum, secretario de la Embajada, que presidida por Asdrúbal Delgado, envía el Gobierno uruguayo al Brasil con motivo de festejar el primer centenario de su independencia.

El 4 de enero de 1923, aparece su cuento "El desierto" en el número 248 de Atlántida. El 15 de noviembre en el 293 de esta revista se publica "Los destiladores de naranja". En 1924 la Editorial Babel publica su libro "El desierto" ilustrado por Carlos Giambiaggi.

En 1925 en Caras y Caretas pública 27 artículos de la serie "De la vida de nuestros animales". En 1929 publica "Pasado amor" y su último gran cuento "Los precursores".

El 15 de abril de 1934 se le declara cesante en su cargo (la política uruguaya ha sufrido un vuelco a raíz de un golpe de estado del año anterior). "Me hallo en tirantez muy grande; he comenzado a colaborar de nuevo, pero andan muy remisos en mandarme el importe. Es muy duro vivir exclusivamente de la pluma". (En carta a Asdrúbal E. Delgado).

Fue gran admirador de Kipling, Gorky, José Eustasio Rivera, Bret Harte, Tolstoy, Chejov, Conrad, Suderman y Wallace.

Mientras tanto sus molestias físicas se acentúan.

En 1936, se le acuerda jubilación. El giro llega. Poco después su mujer y su hijita se marchan y él queda solo.

Durante esos años, escribe largas cartas a sus amigos en las que expone los problemas que vive.

En la madrugada del día 19 de febrero de 1937 muere. Sus cenizas se guardan en una cabeza tallada en la raíz de un algarrobo que es la imagen del escritor. La misma se encuentra en el museo Histórico Municipal de Salto, su ciudad natal.

Denominando así a un liceo del departamento de Salto, se exaltaría a una de las glorias de la Literatura Nacional.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración,

JULIO MARIA SANGUINETTI. Presidente de la República, Adela Reta.

La Asamblea General ha aprobado el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Desígnase con el nombre "Horacio Quiroga" al Liceo Nº 4 del departamento de Salto.

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, etc.

Adela Reta.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión hace suya la iniciativa del Poder Ejecutivo, por la cual se designa con el nombre de Horacio Quiroga el Liceo Nº 4 del departamento de Salto, compartiendo los términos del Mensaje que a continuación se transcriben:

Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nace en Salto, el 31 de diciembre de 1878, es el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Su niñez transcurre acechada por su desgracia, primeramente la muerte accidental de su padre y mas adelante la de su padrastro. Cursó estudios en el Colegio Hiram y estudios secundarios en el Instituto politécnico Osimani y Llerena de Salto y en el Colegio Nacional de Montevideo; en la Universidad nunca siguió los estudios en forma sitemática. A los 18 años es un espíritu inquieto, incursiona en el ciclismo, despertará su entusiasmo la química y la fotografía.

Admira a Lugones, Gutiérrez Nájera, Bécquer, Darío, Reine y Verlaine.

En 1899 funda la Revista de Salto.

El 30 de marzo de 1900, parte a París.

Durante el viaje anota juicios de algunas obras y sobre sus compañeros de viaje: ‘París ha sido una sucesión de desastres inesperados, regresando a Montevideo en el mes de Julio.

El 26 de noviembre de 1900 obtiene el 2º premio en un concurso que promueve el semanario ‘La Alborada’ dirigido por Constancio Vigil. Su ‘Cuento sin razón pero cansado’ es de tendencia modernista y revela su poderosa imaginación y la fuerza de su talento.

Publica ‘Los Arrecifes de Coral’ dedicado a Leopoldo Lugones.

En setiembre de 1908 viaja como fotógrafo en una expedición de estudio a cargo de Leopoldo Lugones.

Van a las ruinas jesuíticas de San Ignacio (Misiones). El clima y el paisaje lo atrapan. Mejora su salud. Regresa a Buenos Aires; se ha operado en él ‘el descubrimiento del paisaje’.

En 1904 publica ‘El crimen del otro’. Cierra el primer período de su labor, el que comprende su iniciación literaria, su aprendizaje del Modernismo, sus estridencias decadentistas, su oscilación expresiva entre verso y prosa’ (Rodríguez Monegal).

El 18 de noviembre de 1905 aparece su primera colaboración en Caras y Caretas, el cuento ‘Europa y América’. Este año publica también ‘Los Perseguidos’, novela corta sobre un caso de psiquiatría y 8 cuentos más en Caras y Caretas.

Aprovechando las facilidades que da el Gobierno, compra 185 hás. en los alrededores de San Ignacio (Misiones).

Quiroga comienza a crear su mundo imaginativo, atmósfera cruda, concisa; personajes descarnados, parcos, que que apenas pronuncian unas pocas palabras (‘La Insolación’, ‘Los cazadores de ratas’ y ‘El monte negro’).

El 30 de diciembre de 1909 se casa con Ana María Cires (alumna suya). Se radican en San Ignacio, donde viven múltiples dificultades. El 29 de enero de 1911 nace su hija Eglé y el 15 de enero de 1912 su segundo hijo, Darío.

‘Quiroga no vio sólo en la naturaleza un objeto de contemplación, sino también una fuerza fraternalmente enemiga -admítase la paradoja- con la cual era necesario luchar para subyugarla. Esa lucha es, para el salteño, un puente tendido entre la intimidad del espíritu y la intimidad de la naturaleza’.

En 1918 se editan sus ‘Cuentos de la selva’, uno de los pocos intentos realizados en Latinoamérica de cuentos infantiles y que revelan ‘un hombre que sabe contar’: ‘sentir con intensidad, atraer la atención y comunicar con energía los sentimientos’.

Ea 1920 ‘La Nación’ pública ‘El hombre muerto’ y ‘El hogar’, ‘Tacuara – Mansión’ y la editorial Cooperativa Buenos Aires su libro ‘El salvaje’.

El 29 de agosto es designado por Baltasar Brum, Secretario de la Embajada, que presidida por Asdrúbal Delgado, envía el Gobierno uruguayo al Brasil con motivo de festejar el primer centenario de su independencia.

El 4 de enero de 1923, aparece su cuento ‘El desierto’ en el número 248 de Atlántida. El 15 de noviembre en el 293 de esta revista se publica ‘Los destiladores de naranja’. En 1924 la Editorial Babel publica su libro ‘El desierto’ ilustrado por Carlos Giambaggi.

En 1925 en Caras y Caretas publica 27 artículos de la serie ‘De la vida de nuestros animales’. En 1929 publica ‘Pasado amor’ y su último gran cuento ‘Los precursores’.

El 15 de abril de 1934 se le declara cesante en su cargo (la política uruguaya ha sufrido un vuelco a raíz de un golpe de estado del año anterior). ‘Me hallo en tirantez muy grande; he comenzado a colaborar de nuevo, pero andan muy remisos en mandarme el importe. Es muy duro vivir exclusivamente de la pluma (En carta a Asdrúbal E. Delgado).

Fue gran admirador de Kipling, Gorki, José Eustasio Rivera, Bret Harte, Tolstoi, Chejov, Conrad, Suderman y Wallace.

Mientras tanto sus molestias físicas se acentúan.

En 1936, se le acuerda jubilación. El giro llega. Poco después su mujer y su hijita se marchan y él queda solo.

Durante esos años, escribe largas cartas a sus amigos en las que expone los problemas que vive.

En la madrugada del día 19 de febrero de 1937 muere. Sus cenizas se guardan en una cabeza tallada en la raíz de un algarrobe que es la imagen del escritor. La misma se encuentra en el Museo Histórico Municipal de Salto, su ciudad natal’.

Por lo tanto aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º- Desígnase con el nombre ‘Horacio Quiroga’ al Liceo Nº 4 del departamento de Salto, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Secundaria).

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 25 de mayo de 1988.

Juan Carlos Fá Robaina, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Walter Olazábal, Juan Martín Posadas, Alfredo Traversoni. Senadores"

SEÑOR PRESIDENTE -Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º - Desígnase con el nombre ‘Horacio Quiroga’ al Liceo Nº 4 del departamento de Salto, dependiente de la Administración Nacional de Educación pública (Consejo de Educación Secundaria)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

30) CONVENIO DE COOFERACION CON LA REPUBLICA ARGENTINA PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDOS POR HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en el punto 13 del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales (Carp. número 1125/88. Rep. Nº 92/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1125/88
Rep Nº 92/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional

Montevideo, 31 de mayo de 1988.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba el "Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales" suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 16 de setiembre de 1987.

El mencionado Convenio, cuyo ámbito de aplicación es el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el Tratado de Límites del Río Uruguay, tiene en cuenta las más modernas tendencias del Derecho Internacional en la materia, que atienden a la creciente preocupación de la comunidad internacional frente al grave problema de la contaminación del medio acuático.

Asimismo, este Convenio responde a los propósitos expresados en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el Estatuto del Río Uruguay y concuerda con sus disposiciones.

El Convenio consta de cinco capítulos que contienen un total de 26 artículos y a ello se agrega un anexo de Definiciones sobre el alcance de algunos términos usados en el Convenio.

I) En el Capítulo I sobre Generalidades se precisa, además del ámbito de aplicación del Convenio, al que ya se hizo referencia, la materia que regula, que son los incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias perjudiciales provenientes de buques, aeronaves artefactos navales o instalaciones costa afuera (Artículo II).

A su vez, el Artículo III, en armonía con lo establecido por el artículo 48 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay, expresa que las Partes adoptarán en sus respectivas jurisdicciones las medidas apropiadas para el efectivo cumplimiento de sus normas, es decir que, a través del Convenio, se busca coordinar la acción de las Partes para prevenir y luchar contra los incidentes de contaminación, pero corresponde a cada una de ellas tomar, dentro de su respectivo ámbito jurisdiccional, las medidas que hagan efectivas las normas del Convenio.

II) El Capítulo II sobre Prevención de los Incidentes de Contaminación hace referencia a una serie de medidas y acciones que se desarrollan a tres niveles: a) a nivel internacional, b) a nivel interno y c) a nivel de coordinación bilateral.

a) A nivel internacional, el Convenio se remite a dos fuentes: los instrumentos internacionales en vigor y las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

a - 1. - Los instrumentos internacionales en vigor constituyen el marco y la base de las medidas y acciones tendientes a promover la reducción de los riesgos de incidentes de contaminación.

Los dos instrumentos básicos vigentes entre las Partes son el Tratado del Río de la Plata. y su Frente Marítimo y el Estatuto del Río Uruguay.

Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contiene numerosas disposiciones en la materia, especialmente la Parte XII relativa a la Protección y Preservación del Medio Marino. Aunque esta Convención no está aún en vigor, muchas de sus disposiciones están siendo invocadas y tomadas como modelo en instrumentos internacionales y en leyes nacionales.

a .2. - La acción de las Partes debe adecuarse, asimismo, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

Ello está de acuerdo con los artículos 48 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 41 a) del Estatuto del Río Uruguay así como con lo que establece la Convención sobre el Derecho del Mar. De esta manera se busca enfocar la lucha contra la contaminación del medio marino o acuático en forma coherente e integral.

b) A nivel interno, el Convenio se ajusta a las "leyes, decretos y reglamentos" dictados por cada Parte (Artículo V).

El artículo VI reitera la obligación, de cada Parte asumida en el artículo 49 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay, de no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

c) A nivel de coordinación bilateral se prevé la obligación de las Partes de informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la prevención de incidentes de contaminación a los efectos de un enfoque normativo coherente y, por tanto, más efectivo de protección del medio acuático (cf. artículos 50 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 41 c) del Estatuto del Río Uruguay).

III) El Capítulo III que trata sobre Vigilancia de Calidad del Medio Acuático, contempla también una coordinación entre las Partes mediante el intercambio de información y la realización de consultas en relación con diversas medidas dirigidas a una vigilancia permanente y eficaz de la calidad del medio acuático y los organismos vivos, incluyendo el establecimiento de niveles de alerta por concentración de sustancias perjudiciales y la delimitación de áreas criticas.

La coordinación bilateral se busca promover, asimismo, a través de estudios e investigaciones de carácter científico sobre la calidad del medio acuático y los organismos vivos realizados en campañas conjuntas. Con ello se complementa el esfuerzo mancomunado en la lucha contra la contaminación que se inspira también en las disposiciones de los tratados bilaterales sobre el Río de la Plata y su Frente Marítimo y sobre el Río Uruguay así como en la Convención sobre el Derecho del Mar.

Esta última, por otra parte, trata igualmente de promover la cooperación y asistencia de las organizaciones internacionales competentes. A ello se refiere, también, el artículo X del Convenio.

IV) El Capítulo IV sobre Lucha contra Incidentes de Contaminación constituye el núcleo central del sistema de medidas previstas en el Convenio.

Este sistema se estructura sobre las siguientes bases:

1) Establecimiento de planes de contingencia a nivel nacional que deberán ser compartibles entre sí y permitir la utilización de los medios en forma complementaria a fin de facilitar, cuando resulte necesario, la acción conjunta de las Partes.

El Convenio fija, al respecto una serie de criterios y pautas específicas a fin de asegurar la compatibilización de dichos planes y su eficiente ejecución coordinada y conjunta (Artículo XI).

2) Aplicación de los criterios de distribución de jurisdicciones establecidos en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado del Río Uruguay en la realización y control de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación (Artículos XII, XIII y XIV).

El Convenio se ajusta, así, en forma expresa, a lo dispuesto en dichos Tratados.

3) Coordinación de acciones entre las Partes de manera de poder actuar con la mayor urgencia y eficacia posibles, a través de la colaboración en la utilización de medios adecuados, el suministro de la información disponible, la fluidez de las comunicaciones, la facilitación del tránsito fronterizo de personas, equipos y materiales necesarios para combatir incidentes de contaminación, la adopción de las medidas precautorias que se estimen convenientes para la protección de áreas críticas e incluso, la realización de acciones conjuntas en la lucha contra aquellos incidentes que abarquen áreas de jurisdicción de ambas Partes o excedan la capacidad de una de ellas para enfrentarlos (Artículos XIV, XV, XVI y XVII).

4) Identificación, por las Partes, del o los responsables y mutua cooperación a esos efectos (Artículo XIX).

5) Reconocimiento de las acciones administrativas y judiciales pertinentes en favor de las autoridades responsables de operaciones de lucha contra incidentes de contaminación dirigidas a obtener el resarcimiento de los gastos en que hayan incurrido en la ejecución de esas operaciones (Artículo XX).

6) Organización del régimen de sanciones por infracciones a las respectivas legislaciones en materia de contaminación.

El Convenio prevé, asimismo, la colaboración entre las Partes en los casos de infracción cometida en la jurisdicción de una de ellas por un buque de bandera de la otra. En esos casos, en armonía con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (artículo 6), el Convenio prevé dos hipótesis: a) que el buque sea apresado por encontrársele en flagrante violación de las normas sobre contaminación y en ese caso será puesto a disposición de la otra Parte (es decir, la Parte de la bandera del buque) y b) que se verifique la existencia de una infracción y en ese caso la Parte que verificó la infracción dentro de su jurisdicción podrá suministrar a la otra Parte (es decir, la Parte de la bandera del buque) los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción (Artículo XXI).

7) Determinación de las responsabilidades por daños causados por acciones contaminantes del medio acuático.

Cuando esos daños causados a uña Parte sean producidos por las propias actividades de la otra, ésta será responsable frente a la primera concordando con lo que establecen respectivamente los artículos 51 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 42 del Estatuto del Río Uruguay.

Cuando las daños sean causados por personas físicas o jurídicas, la responsabilidad será la que determinen los instrumentos internacionales vigentes. Al respecto los mismos Tratados antes mencionados prevén que cada Parte será responsable frente a la otra por aquellos daños causados por las personas físicas o jurídicas domiciliadas en su territorio.

Estas disposiciones son de especial importancia para nuestro país que, en principio, es el mas expuesto a sufrir este tipo de daños.

8) Asignación a las Comisiones Administradora del Río de la Plata, Técnica Mixta del Frente Marítimo, y Administradora del Río Uruguay de facultades de seguimiento e impulso de la coordinación de las acciones previstas en el Convenio para luchar contra la contaminación y de recomendación a las Partes de las mejoras que se estimen convenientes en los respectivos planes de contingencia sobre la base del análisis de los informes finales de los incidentes de contaminación.

De esta manera el Convenio recurre a organismos ya existentes entre ambas Partes para facilitar la efectividad de sus disposiciones, teniendo en cuenta, que dichos organismos poseen experiencia y medios apropiados y han demostrado ser foros y mecanismos idóneos para la cooperación entre las Partes, entre otras, en las materias que son objeto del Convenio (Artículo XXIV).

V) Por último el Capítulo y sobre Disposiciones Finales contiene dos aspectos a señalar especialmente.

El primero es el de que el Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes conforme al Derecho Internacional ni las funciones de las Comisiones arriba mencionadas establecidas en los respectivos Tratados.

Ello quiere significar que el Convenio tiene un carácter complementario o de precisión pero de ningún modo de sustitución o disminución de los derechos y obligaciones que tienen las Partes según el Derecho Internacional.

En cuanto a las funciones de las Comisiones, los mismos Tratados que las establecen prevén que, además de las expresamente atribuidas, cada una de dichas Comisiones podrá cumplir las demás funciones que las Partes le asignen por medio de otras formas de acuerdo (artículo 66 j y 82 h del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 56 e del Estatuto del Río Uruguay).

El segundo aspecto que cabe señalar es que el Convenio tiene una duración indefinida pero puede ser denunciado por cualquiera de las Partes, en cuyo caso dejará de producir efectos seis meses después de la comunicación por vía diplomática de la intención de denunciarlo.

Como se dijo al inicio de este análisis, el Convenio consta también de un Anexo de Definiciones que es de suma utilidad para su interpretación. En lo pertinente, esas definiciones concuerdan con los Tratados vigentes entre las Partes.

Por todo lo expuesto, el Poder Ejecutivo considera que este Convenio contempla y tutela adecuadamente los intereses nacionales y constituye un instrumento eficaz en la organización de la lucha contra la contaminación del medio acuático y la coordinación de medidas apropiadas con la República Argentina, para mutuo beneficio de ambos países.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JUUO MARIA SANGUINETII, Presidente de la República; Luis Barrios Tassano, Mario Ferrari Silva.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 16 de setiembre de 1987.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Luis Barrios Tassano; Mario Ferrari Silva.

INFORME

Al Senado:

El "Convenio de Cooperación con la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales", firmado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1987 al que se refiere el Mensaje del Poder Ejecutivo de mayo 31 ppdo. por el que solicita la aprobación del mismo a los efectos de su ratificación, es un instrumento redactado y otorgado en cumplimiento y a los efectos de lo establecido en los Tratados del Río de la Plata y de su Frente Marítimo (noviembre 19 de 1973), el Tratado de Límites del Río Uruguay y el Estatuto del mismo río (abril 7 de 1961) y Protocolo Complementario de octubre 16 de 1968; y febrero 26 de 1975, respectivamente.

Los tratados fluviales argentino-uruguayos. reglamentan, además del uso y aprovechamiento de las aguas, otros recursos naturales, tales como los minerales del lecho y subsuelo de los ríos y su fauna y flora. Tanto los tratados como los Estatutos que les siguieron, consideran a esos cursos de agua como recursos compartidos. Del punto de vista ambiental, el régimen establecido por los mencionados instrumentos sancionan algunos principios importantes y establecen sin duda en lo ambiental un régimen jurídico de relevancia internacional y de caracteres originales (dicho sea esto sin entrar a juzgar el fundamento o bondad de los tratados en sus aspectos limítrofes substantivos).

Lamentablemente, como ocurre en las leyes marco o generales, este régimen de protección ambiental debería ser desarrollado y reglamentado adecuadamente mediante leyes internas y convenios complementarios para poder ser efectivamente implementado. Esta tarea no se llevó a cabo. Del mismo modo que sucedió con el "Convenio para la fijación del Estatuto Jurídico de la Frontera entre Uruguay y Brasil" suscrito el 20 de diciembre de 1933 y vigente desde el 21 de julio de 1937 -que en su artículo XX se ocupa también de lo que podría considerarse materia ambiental- y con otros tratados sobre los que no vamos a extendernos ("Tratado de Cooperación. para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón" y "Tratado para el Aprovechamiento de la Cuenca de la Laguna Merín" al que el primero esta Anexo, ambos de Julio 7 de 1977), las potencialidades para estructurar un verdadero régimen protectivo internacional de nuestros ecosistemas y recursos naturales no fueron debidamente aprovechadas, por lo que, en la práctica, esos aspectos novedosos y originales, sin duda valiosos, no fueron actualizados. Lo cual es tanto más de lamentar cuanto que, por su situación geográfica en la desembocadura de la vasta Cuenca del Plata y de la SubCuenca del Río Uruguay, la República se encuentra en una posición comprometida y vulnerable del punto de vista ambiental y de los recursos naturales esenciales. Las consecuencias de esa falta de visión y de política se están haciendo sentir duramente, entre otras formas, en él grave deterioro que está sufriendo el Río Uruguay.

A más de 50 y de 11 años de los tratados con el Brasil y a 27 y 15 de los suscritos con la Argentina, el esbozo más o menos completo según los casos, de Política Ambiental sigue sin aplicación posible por falta de seguimiento legislativo adecuado.

La Convención cuya aprobación se solícita ahora es el primer intento de seguir ese camino de implementación de los instrumentos básicos mencionados. Volvemos a tener que escribir la palabra lamentablemente, lo cual es de sentir. En efecto, la Convención, que debería contener un verdadero preciso y completo "Plan de Contingencia" y otras disposiciones reglamentarias, se limita a establecer generalidades y a enunciar propósitos que, en lo esencial, ya estaban contenidos en los instrumentos originarios cuyo seguimiento supone efectuar.

No obstante, la Comisión aconseja la aprobación de la Convención. Aunque breve y tímido, constituye sin duda un paso adelante, revelador, más que de la convicción técnica de la necesidad de implementación de la Política Ambiental contenida en los tratados fluviales, de la voluntad política de ocuparse del tema. Tema que, como bien sabemos, suscita resistencias y temores que, no por infundados son por ello menos reales.

Esto viene a confirmar una tendencia que se ha manifestado invariablemente desde que la problemática ambiental irrumpió comoo un alud en la escena mundial sacudiendo poderosamente muchos hábitos y conceptos jurídicos y políticos estereotipados. A saber: que nuestro Gobierno (no por cierto el único) se manifiesta sumamente consciente y preocupado por esa problemática ambiental en todos los foros internacionales y en las declaraciones públicas, pero totalmente indeciso, indiferente e inoperante cuando se trata de dinamizar en lo interno e implementar el contenido de aquellos actos y manifestaciones.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 1988.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Hugo Batalla, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodriguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDO POR HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argentina.

Deseosos de mantener y ampliar la cooperación entre ambos países para prevenir los incidentes de contaminación y luchar contra sus consecuencias en el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado del Río Uruguay.

Teniendo en cuenta que en los Acuerdos citados precedentemente y en sus respectivos Estatutos se prevé la obligación de proteger y preservar el medio acuático, dictando normas y adoptando medidas apropiadas,

Considerando que resulta necesario armonizar las respectivas políticas nacionales y establecer planes de contingencia y procedimientos compatibles para desarrollar y fortalecer la capacidad. de acción conjunta, y

Animados del propósito común de intensificar la referida cooperación,

Convienen lo siguiente:

CAPITULO I - GENERALIDADES

ARTICULO I

El ámbito de aplicación del presente Convenio será el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado de Límites del Río Uruguay.

ARTICULO II

El presente Convenio será aplicable a los incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias perjudiciales provenientes de buques, aeronaves, artefactos navales o instalaciones costa afuera.

ARTICULO III

Las Partes adoptarán en sus respectivas jurisdicciones las medidas apropiadas para el efectivo cumplimiento de las normas establecidas en el presente Convenio.

ARTICULO IV

Las partes acuerdan las definiciones que figuran en el Anexo, que es parte integrante del presente Convenio.

CAPITULO II - PREVENCION DE LOS INCIDENTES DE CONTAMINACION

ARTICULO V

Las partes promoverán la reducción en el mayor grado posible de los riesgos de incidentes de contaminación, mediante acciones tendientes a aumentar la seguridad de las operaciones que incidentalmente puedan contaminar el medio acuático, de conformidad con los instrumentos internacionales en vigor y las leyes, decretos y reglamentos dictados por cada una de ellas.

ARTICULO VI

Las Partes actuarán de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes con adecuación en lo pertinente a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

Asimismo, se obligan a no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

ARTICULO VII

Las Partes se obligan a informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la prevención do incidentes de contaminación, con vistas a establecer normas compatibles o equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

CAPITULO III -VIGILANCIA DE CALIDAD DEL MEDIO ACUATICO

ARTICULO VIII

Las Partes relevarán e intercambiarán información, y efectuarán consultas entre sus autoridades competentes en relación con las siguientes medidas:

a) Diseño y operación en forma sistemática de una red de vigilancia de calidad del medio acuático y organismos vivos.

b) Establecimiento de los niveles de alerta por concentración de sustancias perjudiciales en el medio acuático o en organismos vivos.

c) De limitación de áreas criticas.

ARTICULO IX

Las Partes y las Comisiones en su caso procurarán que al efectuarse campañas conjuntas se realicen estudios e investigaciones de carácter científico relacionados con la calidad del medio acuático y organismos vivos.

ARTICULO X

Las Partes promoverán la cooperación y asistencia de organismos nacionales e internacionales para la ejecución de las medidas incluidas en el artículo VIII.

CAPITULO IV -LUCHA CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINACION

ARTICULO XI

Las Partes se obligan a:

a) Establecer planes de contingencia a nivel nacional, que deberán ser compatibles entre sí y permitir la utilización de los medios en forma complementaria a fin de facilitar, cuando resulte necesario, la acción conjunta de las mismas.

b) Establecer en los propósitos de los respectivos planes de contingencia, que ante un incidente de contaminación:

1. Los costos y gastos que se originen en el desarrollo de actividades y empleo de medios, deberán guardar razonabilidad con la significación del respectivo incidente de contaminación.

2. En la medida en que se encuentren involucradas áreas críticas, se incrementarán las tareas preventivas y de lucha para su preservación.

c) Acordar las pautas y recomendaciones que contendrán los respectivos planes de contingencia, y que incluirán, entre otros elementos:

1. El plan de comunicaciones a utilizarse.

2. La forma en que se dará la alarma a la autoridad responsable de la ejecución de cada una de las Partes.

3. Las instrucciones sobre procedimientos a que se ajustará cada Parte.

4. El criterio para el uso de dispersantes, aglutinantes y gelificantes.

5. El análisis de los factores hídrometeorológicos intervinientes a fin de determinar la evolución probable del incidente de contaminación.

d) Presentar a todas las Comisiones un informe final de cada incidente de contaminación ocurrido en el ámbito especificado en el artículo I.

ARTICULO XII

Cada Parte asumirá el control de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación sujetos a su jurisdicción, conforme a lo establecido en los respectivos Tratados enunciados en el artículo I.

ARTICULO XIII

En las aguas de uso común del Río de la Plata cuando un siniestro origine una operación de salvamento de buque y un incidente de contaminación, el control total de las operaciones será asumido por la autoridad de la Parte que tenga jurisdicción sobre el salvamento, otorgando la debida importancia a la preservación del medio acuático.

ARTICULO XIV

La Parte actuante comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte la iniciación de una operación de lucha contra incidentes de contaminación.

Cuando por cualquier causa la autoridad de dicha Parte no pueda iniciar o continuar las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación, lo comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte y requerirá que ésta asuma el control de las operaciones, facilitándole los medios adecuados de que disponga.

La Parte actuante podrá requerir la colaboración de la autoridad de la otra Parte cuando lo estime necesario, conservando el control de las operaciones, a la vez que suministrará la información disponible sobre su desarrollo.

La Parte requerida colaborará con los medios adecuados de que disponga.

Cuando una autoridad tome conocimiento de la existencia de un incidente de contaminación sujeto a la jurisdicción de la otra Parte, lo comunicará inmediatamente a ésta y podrá iniciar las operaciones de lucha hasta tanto la autoridad de la otra Parte asuma el control de las operaciones o lo delegue expresamente.

ARTICULO XV

Cuando un incidente de contaminación amenace o afecte directamente las áreas críticas previstas en sus respectivos planes de contingencia, la Parte no actuante podrá:

a) Adoptar las medidas precautorias que estime conveniente.

b) Ofrecer su colaboración sujeta al control de la Parte actuante.

ARTICULO XVI

Las Partes cooperarán entre si y coordinarán la realización de acciones conjuntas de lucha contra incidentes de contaminación que abarquen áreas de jurisdicción de ambas o excedan la capacidad de una de ellas para enfrentarlo, teniendo especialmente en cuenta los casos en que puedan llegar a estar involucradas áreas críticas.

ARTICULO XVII

En caso de descarga o echazón de sustancias perjudiciales embaladas, las Partes cooperarán en la medida de sus posibilidades en la recuperación de las mismas, con el propósito de reducir el peligro de contaminación del medio acuático.

ARTICULO XVIII

Las Partes realizarán las acciones necesarias para que, en la mayor medida posible, la contaminación causada por incidentes sujetos a su jurisdicción no se extienda más allá de la misma.

ARTICULO XIX

Las Partes procurarán la identificación del o los responsables de incidentes de contaminación y se prestarán a estos efectos mutua cooperación.

ARTICULO XX

Cada Parte podrá peticionar en sede administrativa y accionar judicialmente contra el responsable de un inicidente de contaminación a fin de obtener el reembolso y resarcimiento de los gastos en que hubiera incurrido la autoridad responsable de la ejecución de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación, ya sea que se haya realizado una acción conjunta o que las Partes hayan actuado en forma separada.

Cuando una Parte haya requerido colaboración de la otra y ésta no hubiese peticionado en sede administrativa o judicialmente contra el responsable a fin dé obtener el reembolso y resarcimiento de los gastos en qué hubiera incurrido, dichos gastos serán reembolsados por la Parte requirente, la cual podrá repetir en sede administrativa o judicial contra el responsable del incidente de cantaminación.

ARTICULO XXI

Cada Parte aplicará las sanciones previstas en su legislación en materia de contaminación respecto de toda infracción cometida en su jurisdicción o por buques sujetos a su jurisdicción.

Cuando se trate de una infracción cometida en su jurisdicción por un buque de bandera de la otra Parte, podrá suministrar a dicha Parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción y se pondrá a su disposición el buque si ha sido apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación.

ARTICULO XXII

Cada Parte será responsable frente a la otra por daños producidos como consecuencia de la contaminación del medio acuático causados por sus propias actividades conforme a lo referido en el artículo II. En los casos en que la contaminación sea causada por personas físicas o jurídicas, la responsabilidad será aquella que determinen los instrumentos internacionales vigentes.

ARTICULO XXIII

Las Partes promoverán un rápido y diligente tránsito fronterizo de personas, equipos y materiales necesarios para combatir incidentes de contaminación en el medio acuático.

ARTICULO XXIV

Las Comisiones podrán:

a) Solicitar a las Partes que en todo momento efectivicen la cooperación establecida en el presente Convenio y coordinen sus acciones de lucha contra incidentes de contaminación.

b) Analizar el informe final de cada incidente de contaminación, sugiriendo a las Partes las mejoras que se estimen más convenientes en los respectivos planes de contingencia.

CAPITULO V - DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO XXV

El presente Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes conforme al derecho internacional ni las funciones de las Comisiones establecidas en los respectivos Tratados.

ARTICULO XXVI

El presente Convento entrará en vigor en la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación y dejará de producir efectos seis meses después que una de las Partes declare su intención de denunciarlo por vía diplomática.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año mil novecientos ochenta y siete en dos ejemplares originales, ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay

Por el Gobierno de la
República Argentina

Es copia fiel del texto original.

Myriam Franschini de Pastorini
Subdirector
Encargada de la Dirección de Tratados y Límites

ANEXO

DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio se entiende por:

1. ACCION CONJUNTA

El empleo de medios de ambas Partes bajo un único mando;

2. AREAS CRITICAS

Las zonas costeras; fluviales o marítimas que cada Parte establezca, y que reúnan conjuntamente las siguientes características:

a) Areas de alto valor comercial, industrial o turístico.

b) Areas ecológicamente muy sensibles.

c) Areas de alto riesgo a incidentes de contaminación.

3. COMISIONES

La Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y la Comisión Administradora del Río Uruguay.

4. DERRAME

La introducción involuntaria en el medio acuático de hidrocarburos o sustancias perjudiciales resultantes de la exploración, la explotación y el consiguiente tratamiento, en instalaciones costa afuera, de los recursos minerales del lecho y subsuelo del medio acuático, y de aquellas actividades que se realicen en terminales portuarias y que produzcan los mismos efectos.

5. DESCARGA

La introducción en el medio acuático de hidrocarburos o de sustancias perjudiciales o de fluidos que contengan tales sustancias, procedentes de buques, aeronaves o artefactos navales, por cualquier causa y comprende todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento.

6. ECHAZON

El acto de arrojar voluntariamente al agua bienes materiales, que pueden corresponder tanto al buque, aeronave o artefacto naval como a la carga, con el fin de preservar su seguridad.

7. HIDROCARBUROS

El petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación y, sin que ello limite la generalidad de la enumeración precedente, las sustancias que se establezcan en convenios internacionales vigentes y aceptados por las Partes.

8. INCIDENTE DE CONTAMINACION

El suceso que causa o puede potencialmente causar un derrame, una descarga o una echazón de hidrocarburos o de sustancias perjudiciales, y que requiere la realización de una operación o acción inmediata de lucha a fin de eliminar o reducir sus efectos nocivos en el medio acuático, sobre los bienes, la salud humana o el bienestar público.

9. INSTALACION COSTA AFUERA

Toda estructura flotante o no, fija al lecho o no, destinada a la exploración o explotación de los recursos minerales del lecho y subsuelo del medio acuático y que no posea vinculación estructural con la costa, aunque esté permanentemente conectada a tierra mediante un ducto.

10. MEDIO ACUATICO

Las aguas fluviales y marítimas definidas en el artículo I incluyendo las playas y costas respectivas.

11. PLAN DE CONTINGENCIA

La estructura que posee cada Parte para actuar ante un incidente de contaminación en el medio acuático, en la que define las políticas y responsabilidades institucionales, estableciendo una organización de respuesta, proveyendo información básica necesaria, estableciendo las áreas críticas, asignando todos los medios necesarios y sugiriendo cursos de acción y recomendaciones para que se pueda combatir con éxito los incidentes de contaminación del medio acuático.

12. SUSTANCIA PERJUDICIAL

Cualquier sustancia cuya introducción en el medio acuático pueda ocasionar efectos nocivos y en particular, toda sustancia sometida a control, de conformidad con Convenios Internacionales vigentes y aceptados por las Partes.

Es copia fiel del texto original.

Myriam Fraschini de Pastori
Subdirector
Encargada de la Dirección de Tratados y Límites"

SEÑOR PRESIDENTE. -Léase el proyecto

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR TRAVERSONI.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: este Convenio celebrado con la República Argentina puede considerarse el comienzo de una acción de protección del medio ambiente.

Por consiguiente -y aunque es recién un primer paso corresponde que el Cuerpo le dé su aprobación. Sin embargo, tengo algunas discrepancias con respecto a la parte final del Informe de Comisión, en la que se hace una afirmación terminante que no podemos compartir.

Dice así: "nuestro Gobierno (no por cierto el único) se manifiesta sumamente consciente y preocupado por esa problemática ambiental en todos los foros internacionales y en las declaraciones públicas, pero totalmente indeciso, indiferente e inoperante cuando se trata de dinamizar en lo interno e implementar el contenido de aquellos actos y manifestaciones".

Considero que esta manifestación constituye una especie de enjuiciamiento político.

SEÑOR MEDEROS .-No es así, señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Lo que surge del texto es muy claro.

Las acciones que se intentan llevar a cabo en el Poder Legislativo, así como las que está instrumentando el Poder Ejecutivo a través de un proyecto de ley que próximamente enviará a la consideración del Parlamento- hacen que no pueda decirse que el Gobierno está indeciso, indiferente e inoperante.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TRAVERSONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS.- La afirmación a la que se refiere el señor senador Traversoni no significa una apreciación lesiva hacia el Gobierno, que no ha podido actuar en esta materia por falta de instrumentos jurídicos y de medios adecuados. Nuestro Gobierno -así como el argentino es consciente de ello y precisamente el Convenio va a posibilitar que las partes que lo suscriben puedan resolver esa situación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Traversoni.

SEÑOR TRAVERSONI. - Acepto, con mucho gusto, la aclaración que acaba de hacer el señor senador Mederos. Sin embargo, tendrá que convenir con algo que cuando se habla de indiferencia, no se está aludiendo a las trabas que se oponen a un determinado accionar que responde a los convenios internacionales que se suscriben y a las relaciones con los países vecinos. Más bien, se está haciendo referencia a una actitud negligente. Si se es indiferente, no se está luchando contra determinadas trabas, sino dejando que ellas actúen.

SEÑOR MEDEROS - ¿Me permite, señor senador?

Aún se esta instrumentando la aplicación con la Argentina sobre tratado de límites.

Es evidente que tenemos problemas en la materia y que a través de estos convenios se sigue buscando la solución para ellos.

Es obvia la impotencia que sufren muchas veces los gobiernos en esta materia, por falta de instrumentos jurídicos y de medios adecuados. Es por ello que aconsejamos la aprobación de este proyecto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ - Señor Presidente: en el artículo 6º del Convenio, y con referencia a las partes, se dice lo siguiente: "Asimismo, se obligan a no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción".

¿Qué significa esto? ¿Qué obligación asumimos en este sentido? ¿Se trata de una obligación teórica, que podemos cambiar en cualquier momento? ¿Acaso si modificamos una ley podemos estar contraviniendo los términos del convenio? ¿Estamos limitando las potestades del Parlamento?

Si es así, no estoy de acuerdo con este texto.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Los convenios pueden ser modificados unilateralmente o de común acuerdo entre las partes que los suscriben.

No se trata de normas jurídicas estáticas, que no se pueden revocar. Si en el futuro nos damos cuenta de que alguna de ellas no es conveniente, cualquiera de las partes puede arbitrar amistosamente la modificación de la misma. Pero este es el texto tramitado por la Cancillería.

SEÑOR RICALDONI. -Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTEL - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Lo que pregunta el señor senador Ortiz tiene una respuesta afirmativa. Es decir, a partir del momento en que este Convenio entra en vigencia, hay una obligación del Uruguay en el sentido de que su legislación se adecue a lo que establece este artículo 6º. Desde que el Parlamento existe, hemos votado infinidad de convenios en los cuales, por ejemplo, el país se comprometió a dictar normas -en el caso de que fuesen necesarias- con relación al afianzamiento de la vigencia de los derechos humanos.

El tema no es si esto limita o no al Parlamento. Desde el punto de vista constitucional, del ordenamiento y de las Jerarquías de los Poderes del Estado el Parlamento mañana podría dictar cualquier norma de carácter legislativo que, contrariando este artículo 6º, disminuyera las exigencias ténicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

Eso, naturalmente, colocaría al Uruguay en infracción con lo que estableció al estampar su firma y al obtener la sanción legislativa del Convenio. Frente al orden jurídico internacional, no cabe ninguna duda que estariamos en infracción; no es la primera ni la última vez que esto se podría plantear en Derecho Comparado o en la experiencia de cualquier país.

Admito que durante mucho tiempo se ha discutido el tema, pero es la consecuencia de la primacia, como se suele decir, del Derecho Internacional, frente al interno.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: anticipo mi voto afirmativo, como es natural, al presente convenio que estamos considerando, pero con la salvedad de que suscribo íntegramente las reservas que formulara el señor senador Traversoni en relación al contenido del párrafo final del informe.

Admito que el señor senador Mederos, Presidente de la Comisión, ha intentado dar una explicación señalando que no es ese el sentido que le dio a la interpretación, que creo es la única que admite este párrafo.

De todas maneras, quiero subrayar que ha sido infeliz la redacción del informe en este párrafo final, porque no caben dos interpretaciones. Se afirma que nuestro gobierno en los foros internacionales es "consciente y preocupado por esa problemática ambiental", y que así lo manifiesta en declaraciones públicas. Pero, más adelante se dice que es totalmente indeciso, indiferente e inoperante cuando se trata de dinamizar en lo interno e implementar el contenido de aquellos actos y manifestaciones. Esto no es exacto y diría que es injusto hacer una afirmación de este tipo, por cuanto es notorio que, en la medida de sus magras posibilidades, el Poder Ejecutivo, el gobierno, hace todo lo posible por instrumentar medidas que conduzcan al intento de solución de problemas realmente graves en lo que respecta a esta temática ambiental.

Con estas salvedades, voy a votar afirmativamente el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. -Señor Presidente; deseaba complementar las precisiones que hizo el señor senador Ricaldoni respecto a la observación que formuló el señor senador Ortiz y decir que éste, como cualquiera de los convenios que el país suscribe ratificándolo por ley, cuando en alguna oportunidad la voluntad de los Poderes del Estado -sea del Poder Ejecutivo o del Legislativo- entran en colisión con un convenio de esta naturaleza, lo que procede es hacer la denuncia del mismo; tal como lo establece el artículo 26 de este proyecto de ley, al igual que todos los que suscribimos. O sea que si nos encontráramos en una situación que podríamos denominar límite en que la voluntad de un Poder Legislativo -que es el ejemplo que ponía el señor senador Ortiz- es dictar una ley que entraría en colisión con esta que estamos aprobando, procedería la denuncia del convenio.

Era cuanto quería precisar.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: es para señalar que la inquietud que tiene el señor senador Ortíz -que creo que ha sido satisfecha por las manifestaciones de los señores senadores Ricaldoni y Singer- hace a un problema muy importante que, generalmente, pasamos por alto cuando aprobamos este tipo de proyectos referentes a convenios con otros Estados. Esto sucede porque, habitualmente, los textos en que están contenidos estos convenios son largos, de no muy fácil lectura y entre el fárrago de asuntos que tenemos a estudio -salvo por los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales- normalmente no se los lee. No está de más que, por una vez, se ponga el acento en las limitaciones que este tipo de acuerdos internacionales conlleva y que creo que se solucionan jurídicamente en la forma en que se ha explicado en Sala.

Pienso que estas convenciones, que así se les ha dado en llamar, en definitiva son tratados. Es decir, son acuerdos de voluntades entre dos sujetos de Derecho Internacional, entre dos o más Estados soberanos, que comportan obligaciones para las partes. Por tal motivo, es que se requiere la aprobación por ley, que corresponde de acuerdo al artículo 85 de la Constitución de la República, como una de las competencias del Poder Legislativo.

En cuanto a las obligaciones que se asumen por los tratados -y esta convención no es sino un caso particular de un problema más general- éstas normalmente no alcanzan al Poder Legislativo. Es decir, se trata de obligaciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo. Si éste, en ejercicio de su función administrativa, dictando un acto jurídico o por una vía de hecho, desconoce lo que dispone el tratado, entonces se genera responsabilidad internacional para nuestro Estado, por haberlo violado.

Si la obligación, en forma excepcional como ocurre en esta convención, es para el Poder Legislativo -sea porque le impone el dictado de una ley o porque le prohíbe legislar- naturalmente, que ella no puede modificar la Constitución de la República.

Siempre el Parlamento va a tener competencia para legislar, pero, en el caso, como existe una obligación de carácter internacional, habrá, si se legisla contra el tratado, una derogación tácita de la ley aprobatoria y, al mismo tiempo, se generará la responsabilidad internacional de nuestro Estado, frente a la otra parte del tratado por haber incumplido lo que éste disponía. Lo lógico, lo pertinente, desde el punto de vista jurídico es lo que ha expresado el señor senador Singer: no violar el tratado y generar la responsabilidad consiguiente por su incumplimiento, sino, en caso de no estarse de acuerdo con las limitaciones que el mismo impone, denunciarlo. Este procedimiento está previsto por los principios generales del Derecho Internacional y, además, como bien se ha señalado en Sala, permitido a texto expreso por el artículo 26 de la convención a la que vamos a dar aprobación.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Señor Presidente: deseo hacer un comentario con respecto a lo que trató en primer término el señor senador Traversoni y luego el señor senador Fá Robaina.

Declaro que leí y firmé este informe, y lo hice en el entendido de que estos comentarios estaban inscriptos en una larga historia. Los comentarios que hicimos en la Comisión siempre se refirieron a que en estos países de América Latina, donde la contaminación todavía no ha adquirido caracteres serios, los gobiernos -y el nuestro también a lo largo de decenas de años- han estado presentes en los convenios internacionales pero, en realidad, indecisos en lo que va de este siglo para tomar medidas cocretas.

De otra manera, no podría haber firmado este informe cuando soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, cuando soy absolutamente consciente de que el Poder Ejecutivo está estructurando una ley sobre contaminación y cuando sé perfectamente que en esa Comisión estamos tratando de encontrar los mecanismos legales para preservar al país de los problemas derivados de la contaminación.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a expresarme en términos análogos a los del señor senador Terra. Francamente, debo decir que leí lo que me pareció era prácticamente la totalidad del informe y lamento reconocer públicamente -creo, que en más de una oportunidad todos deben haber salteado el último párrafo porque, generalmente, éste consiste en una serie de frases que no agregan nada a lo anterior- que los párrafos finales escaparon a mi atención. Por lo tanto, no los comparto y tampoco estoy en condiciones de aprobar la parte final de este informe.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. - Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Apruébase el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 16 de setiembre de 1987."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20.Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

31) CONVENCIONES SOBRE LA PRONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES NUCLEARES Y SOBRE LA ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTES NUCLEARES O EMERGENCIAS RADIOLOGICAS

SEÑOR PRESIDENTE. -Se pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las Convenciones sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y sobre Asistencia en Caso de Accidentes Nucleares o Emergencia Radiológica. (Carp. Nº 1033/88 – Rep. número 93/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1033/88
Rep. Nº 93/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Industria y Energía

Montevideo, 22 de diciembre de 1987.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueban las siguientes Convenciones:

I) Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares.

II) Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica.

Ambos textos fueron aprobados por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en reunión extraordinaria llevada a cabo en Viena entre el 21 de julio y el 17 de agosto de 1986 y, asimismo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el día 19 de noviembre de 1986, luego de analizar las mencionadas Convenciones, resolvió solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que, por las vías que correspondan, Uruguay se adhiera a las mismas.

CONVENCION SOBRE LA PRONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES NUCLEARES

Este conjunto normativo está destinado a garantizar al máximo el nivel de seguridad respecto de los accidentes nucleares, con el fin de impedirlos y reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes.

Se aplica a todo accidente relacionado con las instalaciones o actividades de un Estado Parte, o de personas o entidades jurídicas bajo su jurisdicción o control, que ocasione o sea probable que ocasione una liberación de material radioactivo.

Se prevé la inmediata notificación de los accidentes nucleares especificados en la Convención, ya sea directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, a aquellos Estados que se vean o puedan verse físicamente afectados. A su vez, el Organismo informará inmediatamente a los Estados Miembros, a otros Estados que se vean o puedan verse físicamente afectados y a las organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes.

El tipo de información que debe suministrarse es detallada y comprende datos tales como momento, lugar exacto del accidente caracteres de la liberación radioactiva, etc.

Los Estados Parte deben comunicar al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otros Estados Parte cuáles son sus autoridades nacionales y puntos de contacto pertinentes a los efectos de la transmisión y recepción de la información aludida.

Esta Convención quedó abierta a la firma en el Centro de Congresos de la Hofburg de Viena el 26 de setiembre de 1986. Al 7 de octubre de 1986 ya había sido firmada por cincuenta y ocho Estados.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica es el depositario de la presente Convención.

CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA

Esta Convención tiene como finalidad, facilitar la pronta asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las liberaciones radioactivas.

A esos efectos establece un sistema de cooperación entre los Estados Parte y entre ellos y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

En el Capítulo destinado a la Prestación de Asistencia, se prevé que si un Estado Parte necesita asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, podrá pedirla a cualquier otro Estado Parte directamente o por conducto del Organismo, así como asistencia del Organismo o, si procede, de otras organizaciones intergubernamentales internacionales.

Esta asistencia está reglamentada, ya sea en cuanto a las condiciones de su solicitud como de su prestación

Asimismo, todo Estado Parte puede solicitar asistencia relacionada con el tratamiento médico o el reasentamiento temporal en el territorio de otro Estado, de personas afectadas por un accidente nuclear o emergencia radiológica.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, responderá a la solicitud de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica facilitando los recursos apropiados asignados a tales fines; transmitiendo prontamente la petición a otros Estados y organizaciones internacionales o si así lo pide el Estado solicitante, coordinando en el plano internacional la asistencia que pueda resultar disponible.

La dirección, el control, la coordinación y la supervisión generales de la asistencia será responsabilidad dentro de su territorio, del Estado solicitante.

Cada Estado Parte comunicará al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otros Estados Parte, directamente, o por conducto del Organismo, sus autoridades competentes y punto de contacto autorizado para formular y recibir solicitudes de asistencia y para aceptar ofertas de asistencia.

Competen al Organismo, entre otras, las funciones de: acopiar y difundir información entre los Estados Parte acerca de los expertos, equipos y materiales que se podrían facilitar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica y las metodologías y técnicas apropiadas de que se dispone; prestar asistencia a todo Estado Parte o Estado Miembro que la solicite en relación a preparación de planes de emergencia, y desarrollo de programas de capacitación de personal.

Se establece un sistema de reembolso para la asistencia prestada, la cual puede ser también brindada sin gastos para el Estado solicitante si se dan determinadas condiciones, por ejemplo: tratarse de un país en desarrollo.

Está previsto un régimen de privilegios, inmunidades y facilidades a concederse al personal de la parte que preste asistencia y al personal que actúe en nombre de ella.

Esta Convención quedó abierta a la firma el 26 de setiembre de 1986. Al 7 de octubre de ese año, había sido firmada por cincuenta y siete Estados.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica es el depositario de esta Convención.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Alberto Rodríguez Nin, Jorge L. Presno, Luis A. Mosca, Adolfo Castells.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Apruébanse la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, ambas aprobadas por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica el 29 de setiembre de 1986.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Alberto Rodríguez Nin, Jorge L. Presno, Luis A. Mosca, Adolfo Castells.

Cámara de Senadores
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo el día 22 de diciembre de 1987, en relación a la aprobación por parte de este Cuerpo de dos convenciones referentes a los accidentes nucleares o emergencias radiológicas. Las mismas, denominadas "Convención sobre la pronta notificación de accidentas nucleares" y "Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica"; fueron aprobadas por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, celebrada en Viena entre el 21 de julio y el 17 de agosto de 1986.

La finalidad de estas Convenciones, a la luz de recientes accidentes nucleares o radiológicos (por ejemplo, los producidos en la URSS o el Brasil) tornan de suma importancia los documentos que, como los presentes, tiendan a prevenir, reducir las consecuencias y auxiliar a los Estados víctima de desastres nucleares. En efecto, el aumento sensible de las actividades nucleares llevadas a cabo por gran cantidad de Estados hacen necesario el establecimiento de canales de comunicación entre los mismos con el objeto de impedir las consecuencias radiológicas transfronterizas, de nefastos e impredecibles alcances. Y es que los accidentes nucleares mantienen aún esa imposibilidad de someterse a lo humano una vez que escapan a su control. Baste decir, a manera de ilustración las reacciones en cadena de los átomos liberados que desembocan en una interminable sucesión de efectos dañosos.

Pero como decíamos no solo es necesario notificar prontamente los accidentes nucleares. Además; y quizá lo sea en mayor escala, debe actuarse sobre el desastre, sobre la radiación atómica en sí. A estos efectos, precisamente es menester asistir técnica y materialmente a los Estados solicitantes para mitigar los efectos perjudiciales.

Los Acuerdos Internacionales en consideración, proporcionan un impostergable y esencial marco jurídico internacional sobre temas vitales para la humanidad y que hasta el momento habían sido relegados en su tratamiento. Con ellos pues, se llena un vacío en la legislación internacional pública, lo cual merece nuestro firme apoyo.

La "Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares" proporciona elementales medidas de seguridad como es, en primer lugar, la notificación detallada y exacta que el Estado damnificado debe hacer a los otros Estados afectados o que puedan verse afectados así como al Organismo. A un tiempo, dicho ente deberá hacer lo propio para con los Estados Parte, aquellos que se vean o puedan verse físicamente perjudicados y a las organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes.

El Estado Informante debe remitir notificaciones contentivas de una descripción exacta de los hechos, el tipo de liberación radiactiva, lugar donde se produjo y una serie más de datos expresamente previstos en las normas de la Convención. Se considera a estos efectos que deberá notificarse "todo accidente relacionado con las instalaciones o actividades de un Estado Parte, o de personas o entidades jurídicas bajo su jurisdicción o contralor que ocasione o sea probable que ocasione, una liberación. de material radiactivo, y que haya resultado, o pueda resultar, una liberación transfronteriza internacional que pueda tener importancia desde el punto de vista de la seguridad radiológica para otro Estado".

Por su parte, la "Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica" se propone facilitar la cooperación mundial para lograr una "pronta asistencia" en dichos casos a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las liberaciones radiactivas". A estos fines el artículo 2º de la Convención reglamenta el régimen de solicitudes (alcance, materiales requeridos, etc.) así como los deberes de los Estados Parte para con el solicitante y crea un sistema de dirección, contralor, coordinación y supervisión general de la asistencia brindada en manos del Estado solicitante. Es decir, que tanto la solicitud cuanto la prestación están reglamentadas en el Acuerdo lo que coadyuva a una mejor solución de estos desastres.

Los Estados Parte adquieren la obligación de responder inmediatamente a toda solicitud de asistencia formulada, y en el mismo sentido el Organismo debe, entre otras cosas difundir y acopiar información, sobre expertos, equipos y materiales, y también de las metodologías y técnicas apropiadas de que se dispone; prestar asistencia a todo Estado Parte que lo solicite en relación a planes, programas y cursos de capacitación del personal, etc.

Por último, se establece un sistema preferencial de reembolso por la asistencia prestada a los países que reúnan ciertas condiciones (como la de ser un Estado en desarrollo), la cual se brinda sin gastos.

Por lo expuesto, y en consideración a la naturaleza y fines de las Convenciones sometidas a informe, vuestra Comisión recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 4 de Julio de 1988.

Francisco Terra Gallinal, Miembro Informante; Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores.

CONVENCION SOBRE LA PRONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES NUCLEARES

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

CONSCIENTES de que en cierto número de Estados se están llevando a cabo actividades nucleares,

TENIENDO EN CUENTA que para garantizar un elevado nivel de seguridad en las actividades nucleares se han tomado y sé están tomando medidas de gran amplitud, encaminadas a impedir accidentes nucleares y reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes, si se producen,

DESEANDO fortalecer aún más la cooperación internacional para el desarrollo y la utilización seguros de la energía nuclear,

CONVENCIDOS de que es necesario que los Estados suministren lo más pronto posible la información pertinente sobre accidentes nucleares a fin de que se puedan reducir al mínimo las consecuencias radiológicas transfronterizas,

TENIENDO EN CUENTA la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre intercambio de información en esta esfera,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Ambito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará a todo accidente relacionado con las instalaciones o actividades de un Estado Parte, o de personas o entidades jurídicas bajo su jurisdicción o control, a que se hace referencia en el párrafo 2 infra, que ocasione, o sea probable que ocasione, una liberación de material radiactivo, y que haya resultado, o pueda resultar, en una liberación transfronteriza internacional que pueda tener importancia desde el punto de vista de la seguridad radiológica para otro Estado.

2. Las instalaciones y actividades a que se refiere el párrafo 1 abarcan las siguientes:

a) cualquier reactor nuclear, dondequiera que esté ubicado;

b) cualquier instalación del ciclo del combustible nuclear;

c) cualquier instalación de gestión de desechos radiactivos;

d) el transporte y almacenamiento de combustibles nucleares o desechos radiactivos;

e) la fabricación, el uso, el almacenamiento, la evacuación y el transporte de radisótopos para fines agrícolas, industriales, médicos y otros fines científicos Y de investigación conexos; y

f) el empleo de radisótopos con fines de generación de energía en objetos espaciales.

Artículo 2
Notificación e información

En caso de que se produzca un accidente nuclear específicado en el Artículo 1º (en adelante denominado "accidente nuclear"), el Estado parte al que se hace referencia en ese artículo:

a) notificará de inmediato, directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado el "Organismo") a aquellos Estados que se vean o puedan verse físicamente afectados según se especifica en el Artículo 1, y al Organismo, el accidente nuclear, su naturaleza, el momento en que se produjo y el lugar exacto, cuando proceda;

b) suministrará prontamente a los Estados indicados en el apartado a), directamente o por conducto del Organismo, y al Organismo, la información pertinente disponible con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en esos Estados, como se especifica en el Artículo 5.

Artículo 3
Otros accidentes nucleares

Con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas, los Estados Parte podrán efectuar notificaciones en caso de accidentes nucleares distintos de los especificados en el Artículo 1.

Artículo 4
Funciones de Organismo

El Organismo:

a) informará inmediatamente a los Estados Parte, los Estados Miembros, otros Estados que se vean o puedan verse físicamente afectados según se especifica en el Artículo 1, y a las organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes (en adelante denominadas "organizaciones internacionales") de toda notificación recibida en conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del Artículo 2, y

b) suministrará prontamente a todo Estado Parte, Estado Miembro u organización internacional pertinente que lo solicite, la información recibida en conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 2.

Artículo 5
Información que ha de suministrarse

1. La información que ha de suministrarse en virtud del apartado b) del Artículo 2 comprenderá los siguientes datos, tal como disponga de ellos en el momento el Estado que dirija la notificación:

a) el momento, el lugar exacto cuando proceda, y la naturaleza del accidente nuclear;

b) la instalación o actividad involucrada;

c) la causa supuesta o determinada y la evolución previsible del accidente nuclear en cuánto a la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos;

d) las características generales de la liberación radiactiva, incluidas, en la medida en que sea posible y apropiado, la naturaleza, la forma física y química probable y la cantidad, composición y altura efectiva de la liberación radiactiva;

e) información sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas actuales y previstas, necesaria para pronosticar la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos;

f) los resultados de la vigilancia ambiental pertinente en relación con la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos;

g) las medidas de protección adoptadas o planificadas fuera del emplazamiento;

h) el comportamiento previsto, en el tiempo de la liberación radiactiva.

2. Esa información se suplementará a intervalos apropiados con nueva información pertinente sobre la evolución de la situación de emergencia, incluida su terminación previsible o efectiva.

3. La información recibida en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 2 podrá utilizarse sin restricciones, salvo cuándo el Estado Parte que dirija la notificación suministre esa información con carácter confidencial.

Artículo 6
Consultas

Todo Estado Parte que suministre información en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 2 responderá prontamente, en la medida de lo razonable, a cualquier petición de ulteriores informaciones o consultas que formule un Estado Parte afectado con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en este último Estado.

Artículo 7
Autoridades competentes y puntos de contacto

1. Los Estados Parte comunicarán al Organismo y a otros Estados Parte, directamente o por conducto del Organismo, cuáles son sus autoridades nacionales competentes y punto de contacto responsable por la transmisión y recepción de la notificación y la información a que se hace referencia en el Artículo 2. Esos puntos de contacto y un punto de convergencia dentro del Organismo deberán estar disponibles permanentemente.

2. Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de cualquier cambio que se produzca en la información a que se hace referencia en el párrafo 1.

3. El Organismo mantendrá una lista actualizada de tales autoridades nacionales y puntos de contacto, así como de los puntos de contacto de las organizaciones internacionales pertinentes, y la pondrá a disposición de bis Estados Parte y los Estados Miembros, y de las organizaciones internacionales pertinentes.

Artículo 8
Asistencia a Estados Parte

El Organismo, en conformidad con su Estatuto y a petición de todo Estado Parte que no lleve a cabo actividades nucleares y limite con un Estado que tenga un activo programa nuclear pero que no sea Parte, realizará investigaciones sobre la viabilidad y el establecimiento de un sistema apropiado de vigilancia radiológica a fin de facilitar la consecución de los objetivos de la presente Convención.

Artículo 9
Acuerdos bilaterales y multilaterales

Con miras a fomentar sus intereses mutuos, los Estados Parte pueden considerar, cuando se considere apropiado, la concertación de arreglos bilaterales o multilaterales en relación con la materia de que trata la presente Convención.

Artículo 10
Relación con otros acuerdos internacionales

La presente Convención no afectará a las obligaciones ni a los derechos recíprocos que tengan los Estados Parte en virtud de los acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asuntos que abarca la presente Convención, o en virtud de futuros acuerdos internacionales concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la presente Convención.

Artículo 11
Solución de controversias

1. En caso de controversia entre Estados Parte, o entre un Estado Parte y el Organismo, relativa a la interpretación o aplicación de la presente Convención, las partes en la controversia se consultarán a fin de resolver la controversia por negociación o por cualquier otro medio pacífico de solución de controversias que consideren aceptable.

2. En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados Parte no pueda ser resuelta al año de haberse formulado la petición de consulta conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, la controversia deberá, a petición de cualquiera de las partes en la misma, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Cuando se someta una controversia a arbitraje, si dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la petición, las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la controversia, la petición dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.

3. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por uno cualquiera o por ninguno de los dos procedimientos estipulados para la solución de controversias en el párrafo 2. Los demás Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado para la solución de controversias en el párrafo 2, con respecto a un Estado Parte que haya formulado tal declaración

4. Todo Estado Parte que haya formado una declaración con arreglo al párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 12
Entrada en vigor

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y de Namibia, representada por el Consejo da las Naciones Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 26 de septiembre de 1986 y el 6 de octubre de 1986, respectivamente, hasta su entrada en vigor, o durante doce meses, rigiendo de estos dos períodos el que sea más largo.

2. Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, podrá expresar su consentimiento a quedar obligado por la presente Convención, ya sea por firma, o por depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación tras la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, o bien por depósito de un instrumento de adhesión. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.

3. La presente convención entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por la misma.

4. En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar obligado por la presente Convención tras su entrada en vigor, la presente Convención entrará en vigor para ese Estado treinta días después de la fecha de expresión del consentimiento.

5. a)  La presente Convención estará abierta a la adhesión, según se dispone en este artículo, por organizaciones internacionales y organizaciones de integración regional constituidas por Estados soberanos, que tengan competencia respecto de la negociación, concertación y aplicación de acuerdos internacionales en las materias abarcadas por la presente Convención.

b) En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales organizaciones, en su propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Parte.

c) Al depositar su instrumento de adhesión, tales organizaciones comunicarán al depositario una declaración en la que se indique el alcance de su competencia respecto de las materias abarcadas por la presente Convención.

d) Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de sus Estados Miembros.

Artículo 13
Aplicación provisional

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra fecha posterior antes de que la Convención entre en vigor para ese Estado, declarar que aplicará la Convención provisionalmente.

Artículo 14
Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los demás Estados Parte.

2. Si la mayoría de los Estados Parte pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte será objeto de un protocolo que estará abierto a la firma de todos los Estados Parte en Viena y Nueva York.

3. El protocolo entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por el mismo. Para cada Estado que, con posterioridad a la entrada en vigor del protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el mismo, el protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días de la fecha en que haya expresado tal consentimiento.

Artículo 15
Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el depositario reciba la notificación.

Artículo 16
Depositario

1. El Director General del Organismo será el depositario de la presente Convención.

2. El Director General del Organismo notificará prontamente a los Estados Parte y a todos los demás Estados:

a) cada firma de la presente Convención o de un protocolo de enmienda;

b) cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión concerniente a la presente Convención o a un protocolo de enmienda;

c) toda declaración o retirada de la misma que se efectúe en conformidad con el Artículo 11;

d) toda declaración de aplicación provisional de la presente Convención que se efectúe en conformidad con el Artículo 13;

e) la entrada en vigor de la presente Convención y de toda enmienda a la misma; y

f) toda denuncia que se haga con arreglo al Artículo 15.

Artículo 17
Textos auténticos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas del mismo a los Estados y a todos los demás Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados; firman la presente Convención, abierta a la firma según lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12.

APROBADA por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en reunión extraordinaria, en Viena, a los veintiseis días de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.

Es copia fiel del texto original.

Dr. Santos Laureiro
Director de Tratados y Límites

CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION.

CONSCIENTES de que en cierto número de Estados se están llevando a cabo actividades nucleares,

TENIENDO EN CUENTA que, para asegurar un elevado nivel de seguridad en las actividades nucleares, se han tomado y se están tomando medidas de gran amplitud encaminadas a impedir accidentes nucleares y a reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes, en caso de que ocurran,

DESEANDO fortalecer más la cooperación internacional para el desarrollo y el uso seguros de la energía nuclear,

CONVENCIDOS de la necesidad de un marco de referencia internacional que facilite la pronta prestación de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, para mitigar sus consecuencias,

TENIENDO EN CUENTA la utilidad de los arreglos bilaterales y multilaterales de asistencia mutua en esta esfera,

TENIENDO EN CUENTA las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica en el desarrollo de directrices relativas a arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Disposiciones Generales

1. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con el Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado el "Organismo"), en conformidad con las disposiciones de la presente Convención, para facilitar pronta asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las liberaciones radiactivas.

2. Para facilitar tal cooperación, los Estados Parte podrán convenir arreglos bilaterales o multilaterales o, cuando proceda, una combinación de ambos, para impedir o reducir al mínimo las lesiones y daños que pudieran resultar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

3. Los Estados Parte piden al Organismo que, actuando en el marco de su Estatuto, ponga su mejor empeño, en conformidad con las disposiciones de la presente Convención, en promover, facilitar y apoyar la cooperación entre Estados Parte prevista en la presente Convención.

Artículo 2
Prestación de asistencia

1. Si un Estado Parte necesita asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, ya sea que ese accidente o emergencia se origine o no dentro de su territorio, jurisdicción o control, podrá pedir tal asistencia de cualquier otro Estado Parte, directamente o por conducto del Organismo, así como asistencia del Organismo o, si procede, de otras organizaciones intergubernamentales internacionales (en adelante denominadas "organizaciones internacionales").

2. Todo Estado Parte que solicite asistencia deberá especificar el alcance y el tipo de la asistencia solicitada y, de ser posible, suministrar a la parte que preste la asistencia la información que pueda ser necesaria para que esa parte determine la medida en que está en condiciones de atender la solicitud. En caso de que no sea posible para el Estado Parte solicitante especificar el alcance y el tipo de la asistencia requerida, el Estado Parte solicitante y la parte que preste la asistencia decidirán, en consulta, el alcance y el tipo de la asistencia necesaria.

3. Cada Estado Parte al que se dirija una solicitud de tal asistencia decidirá y notificará con prontitud al Estado Parte solicitante, directamente o por conducto del Organismo, si está en condiciones de prestar la, asistencia solicitada, así como el alcance y los térmnos de la asistencia que podría prestarse.

4. Los Estados Parte deberán, dentro de los límites de sus capacidades, identificar y notificar al Organismo los expertos, el equipo y los materiales con que se podría contar para la prestación de asistencia a otros Estados Parte en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, así como los términos, sobre todo los términos financieros, en que podría prestarse dicha asistencia.

5. Todo Estado Parte podrá solicitar asistencia relacionada con el tratamiento médico o el reasentamiento temporal en el territorio de otro Estado Parte de personas afectadas por un accidente nuclear o emergencia radiológica.

6. El Organismo, en conformidad con su Estatuto y con lo dispuesto en la presente Convención, responderá a la solicitud de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica formulada por un Estado Parte o un Estado Miembro;

a) facilitando los recursos apropiados asignados a tales fines;

b) transmitiendo prontamente la petición a otros Estados y organizaciones internacionales que, según la Información en poder del Organismo,. puedan tener los recursos necesarios; y

c) sí así lo pide el Estado solicitante, coordinando, en el plano internacional la asistencia que de esta forma. pueda resultar disponible.

Artículo 3
Dirección y control de la asistencia

A menos que se acuerde otra cosa:

a) la dirección, el control, la coordinación y la supervisión generales de la ,asistencia será responsabilidad, dentro dé su territorio, del. Estado solicitante. La parte que preste asistencia deberá, cuando la asistencia comprenda personal, "designar en consulta con el Estado solicitante la persona que estará a cargo del personal ,y el equipo suministrado por ella; y que ejercerá la supervisión operacional inmediata sobre dicho personal y equipo. La persona designada ejercerá tal supervisión en cooperación con las autoridades apropiadas del Estado solicitante;’

b) el Estado solicitante proporcionará; en la medida de sus posibilidades, instalaciones y servicios locales para la correcta y efectiva administración de la asistencia. También garantizará la protección del personal, equipo y materiales llevados a su territorio por la parte que preste asistencia, o en nombre de ella, para tal fin;

c) la propiedad del equipo y los materiales suministrados por cualquiera de las dos partes durante los períodos de asistencia no se verá afectada, y se asegurará su devolución;

d) el Estado Parte que suministre asistencia en respuesta a una solicitud formulada en conformidad con el párrafo 5 del artículo 2, coordinará esaasistencia dentro de su territorio.

Artículo 4
Autoridades competentes y puntos de contacto

1. Cada Estado Parte comunicará al Organismo y a otros Estados Parte, directamente o por conducto del Organismo, sus autoridades competentes y punto de contacto autorizado para formular y recibir solicitudes de asistencia y para aceptar ofertas de asistencia. Esos puntos de contacto y un punto de convergencia en el Organismo deberán estar disponibles permanentemente.

2. Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de cualquier cambio que se produzca en la información a que se hace referencia en el párrafo 1.

3. El Organismo suministrará regularmente. y en forma expedita a los Estados Parte, a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes la información a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2.

Artículo 5º
Funciones del Organismo

En conformidad con el párrafo 3 del artículo 1 y sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Convención, los Estados Parte piden al Organismo lo siguiente:

a) acopiar y difundir entre los Estados Parte y los Estados Miembros información acerca de:

1) los expertos, el equipo y los materiales que se podrían facilitar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;

ii) las metodologías, las técnicas y los resultados de investigación disponibles en materia de respuesta a accidentes nucleares o emergencias radiológicas;

b) prestar asistencia a todo Estado Parte, o Estado Miembro que la solicite, en relación con cualesquiera de las materias siguientes o cualesquiera otras materias apropiadas;

i) preparación tanto de planes de emergencia en caso de accidentes nucleares y emergencias radiológicas como de la legislación apropiada;

ii) desarrollo de programas apropiados para la capacitación del personal que haya de atender a los accidentes nucleares y emergencias radiológicas;

iii) transmisión de solicitudes de asistencia y de información pertinente en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;

iv) desarrollo de programas, procedimientos y normas apropiadas de vigilancia radiológica;

v) realización de investigaciones sobre la viabilidad de establecer sistemas apropiados de vigilancia radiológica;

c) facilitar a todo Estado Parte o Estado Miembro que solicite asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica recursos apropiados asignados a los fines de efectuar una evaluación inicial del accidente o emergencia;

d) ofrecer sus buenos oficios a los Estados Parte y Estados; Miembros en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;

e) establecer y mantener el enlace con organizaciones internacionales pertinentes con el fin de obtener e intercambiar información y datos pertinentes, y facilitar una lista de tales organizaciones a los Estados Parte, a los Estados Miembros y a las mencionadas organizaciones.

Artículo 6
Confidencialidad y declaraciones públicas

1. El Estado solicitante y la parte que preste asistencia deberán proteger el carácter confidencial de toda información confidencial que llegue a conocimiento de cualquiera de los dos en relación con la asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Esa información se usará exclusivamente con el fin de la asistencia convenida.

2. La parte que preste la asistencia hará todo lo posible por coordinar con el Estado solicitante antes de facilitar al público información sobre la asistencia prestada en relación con un accidente nuclear o emergencia radiológica.

Artículo 7
Reembolso de los gastos

1. Cualquier parte que preste asistencia podrá ofrecer asistencia sin gastos para el Estado solicitante. Al considerar la posibilidad de ofrecer asistencia sobre esa base, la parte que preste asistencia deberá tener en cuenta:

a) la naturaleza del accidente nuclear o emergencia radiológica;

b) el lugar de origen del accidente nuclear o emergencia radiológica;

c) las necesidades de los países en desarrollo;

d) las necesidades particulares de los países sin instalaciones nucleares; y

e) cualesquiera otros factores pertinentes.

2. Cuando la asistencia se preste total o parcialmente sobre la base del reembolso, el Estado solicitante reembolsará a la parte que preste asistencia los gastos contraídos a causa de los servicios prestados por personas u organizaciones que actúen en nombre de la misma, y todos los gastos vinculados con la asistencia en la medida que dichos gastos no sean sufragados directamente por el Estado solicitante. A menos que se acuerde otra cosa, el reembolso se hará efectivo con prontitud después de que la parte que preste asistencia haya presentado su petición de reembolso al Estado solicitante, y, respecto de gastos distintos de los gastos locales, será libremente transferible.

3. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 2, la parte que preste asistencia podrá en cualquier momento renunciar al reembolso o acceder a su aplazamiento, en todo o en parte. Al considerar tales renuncias o aplazamientos, las partes que presten asistencia tendrán debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 8
Privilegios, inmunidades y facilidades

1. El Estado solicitante concederá al personal de la parte que preste asistencia y al personal que actúe en nombre de ella los privilegios, inmunidades y facilidades necesarios para el desempeño de sus funciones de asistencia.

2. El Estado solicitante concederá los siguientes privilegios e inmunidades al personal de la parte que preste asistencia, o al personal que actúe en nombre de ella, cuyos nombres hayan sido debidamente notificados al Estado solicitante y aceptados por éste:

a) inmunidad de prisión, detención y proceso judicial incluida la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado solicitante, por actos u omisiones en el cumplimiento de sus deberes; y

b) exención de impuestos, derechos u otros gravámenes, excepto aquellos que normalmente están incorporados en el precio de las mercancias o que se pagan por servicios prestados, en relación con el desempeño de sus funciones de asistencia.

3. El Estado solicitante;

a) concederá a la parte que preste asistencia la exención de impuestos, derechos u otros gravámenes referentes al equipo y bienes llevados al territorio del Estado solicitante por la parte que preste asistencia con el fin de, la asistencia; y

b) concederá inmunidad de embargo, secuestro o requisa de tales equipos y bienes.

4. El Estado solicitante asegurará la devolución de tales bienes y equipo. Si lo pide la parte que preste asistencia, el Estado solicitante adoptará disposiciones, en la medida que ello le sea posible, para la necesaria descontaminación, antes de su devolución, del equipo recuperable que se haya utilizado en la asistencia.

5. El Estado solicitante facilitará la entrada en su territorio nacional, la permanencia en él y la salida del mismo, del personal cuyos nombres se hayan notificado conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 y del equipo y los bienes que se utilicen en la asistencia.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obligará al Estado solicitante a conceder á sus nacionales o residentes permanentes los privilegios e inmunidades previstos en los párrafos precedentes.

7. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de tales privilegios e inmunidades en virtud del presente artículo tienen el deber de respetar las leyes y los reglamentos del Estado solicitante, También tendrán el deber de no interferir en los asuntos internos del Estado solicitante,

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los derechos y obligaciones correspondientes a privilegios e inmunidades concedidos en virtud de otros acuerdos internacionales o de las reglas del derecho internacional consuetudinario.

9. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado en todo o en parte por los párrafos 2 y 3,

10. Todo Estado Parte que haya formulado una declaración en conformidad con el párrafo o podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 9
Tránsito de personal, equipo y bienes

Cada Estado Parte, a petición del Estado solicitante o de la parte, que preste asistencia, procurará facilitar el tránsito a través de su territorio del personal, equipo y bienes debidamente reseñados en la correspondiente notificación que se utilicen en la asistencia, para que entren y salgan del Estado solicitante.

Artículo 10
Reclamaciones e indemnización

1. Los Estados Parte cooperarán estrechamente a fin de facilitar la solución de demandas judiciales y reclamaciones en virtud de éste artículo.

2. A menos que se acuerde otra cosa, respecto de toda muerte o lesión a personas, o de todo daño o pérdida de bienes, o de daños al medio ambiente causados en el territorio de un Estado solicitante o en cualquier otra zona bajo su jurisdicción o control durante la prestación de la asistencia solicitada, el Estado solicitante:

a) no presentará ninguna demanda judicial contra la parte que suministré asistencia ni contra personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre:

b) asumirá la responsabilidad de atender a las reclamaciones y demandas judiciales presentadas por terceros contra la parte que suministre asistencia o contra personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre;

c) considerará exenta de responsabilidad respecto de las reclamaciones y demandas judiciales a que se refiere el apartado b), a la parte que suministre asistencia o a las personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre; y

d) indemnizará a la parte que suministre asistencia o a las personas u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre, en los siguientes casos.

i) muerte o lesión de personal de la parte que suministre asistencia o de personas que actúen en su nombre;

ii) pérdida o daño de equipo o materiales no fungibles relacionados con la asistencia;

salvo en casos de mala conducta deliberada de los individuos que hubieren causado la muerte, lesión, pérdida o daño.

3. Las disposiciones del presente artículo no impedirán indemnización prevista en virtud de cualquier acuerdo internacional o ley nacional de cualquier Estado, que sea aplicable.

4. Ninguna de las disposiciones de este artículo obligará al Estado solicitante a aplicar el párrafo 2 del artículo en todo o en parte a sus nacionales, o residentes permanentes.

5. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar esta ,Convención, o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar:

a) que no se considera, obligado en todo o en parte por el párrafo 2;

b) que no aplicará el párrafo 2 del presente artículo, en todo o en parte, en casos de negligencia flagrante de los individuos que hubieren causado la muerte, lesión, pérdida o daño.

6. Todo Estado Parte, que haya formulado una declaración en conformidad con ,el párrafo 5 podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 11
Terminación de la asistencia,

El Estado solicitante, o la parte que suministre asistencia, podrá en cualquier momento, después de consultas apropiadas y notificación por escrito, pedir la terminación de la asistencia, recibida o prestada en virtud de la presente Convención. Una vez que se formule tal petición, las partes interesadas se consultarán para disponer la conclusión correcta de la asistencia.

Artículo 12
Relación con otros acuerdos internacionales

La presente Convención no ,afectará a las obligaciones ni a los derechos recíprocos que tengan los Estados Parte en virtud de los acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asuntos que abarca la presente convención o en virtud de futuros acuerdos internacionales concertados en conformidad con el objeto, y la finalidad de la presente Convención.

Artículo 13
Solución de controversias

1. En caso de controversia entre Estados Parte, o entre un Estado Parte y el Organismo, relativa a la interpretación o aplicación de la presente Convención las partes en la controversias consultarán a fin de resolver la controversia por negociación o por cualquier otro medio pacífico de solución de controversias que consideren aceptable.

2. En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados Parte no pueda ser resuelta al año de haberse formulado la petición de consulta conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, la controversia deberá, a petición de cualquiera de las partes en la misma, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Cuando se someta una controversia a arbitraje, si dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la petición, las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo para organisarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la controversia la petición dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.

3. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por uno cualquiera o por ninguno de los dos procedimientos, estipulados para la solución de controversias, en el párrafo 2. Los demás Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado para la solución de controversias en el párrafo 2, con respecto a un Estado Parte para el cual esté vigente tal declaración.

4. Todo Estado Parte que haya formulado una declaración con arreglo al párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 14
Entrada en vigor

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y de Namibia, representada por el Consejo de los Naciones Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 26 de septiembre de 1986 y el 6 de octubre de 1986, respectivamente, hasta su entrada, en vigor o durante doce meses, rigiendo de estos dos, períodos el que sea más largo.

2. Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, podrá expresar su consentimiento a quedar obligado por la presente Convención, ya sea por firma, o por depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación tras la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, o bien por depósito de un instrumento de adhesión. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.

3. La presente Convención entrará en vigor treinta días después de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por la misma.

4. En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar obligado por la presente Convención tras su entrada en vigor, la presente Convención entrará en vigor para ,ese Estado treinta días después de la fecha de expresión, del consentimiento.

5. a) La presente Convención estará abierta a la adhesión, según se dispone en este artículo, por organizaciones internacionales y organizaciones de integración regional constituidas por Estados soberanos, que tengan competencia respecto de la negociación, concertación y aplicación de acuerdos internacionales en las materias abarcadas por la presente Convención.

b) En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales organizaciones, en su propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Parte.

c) Al depositar su instrumento de adhesión, cada una de tales organizaciones comunicará al depositario una declaración en la que se indique el alcance de su competencia respecto de las materias abarcadas por la presente Convención.

d) Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de sus Estados Miembros.

Artículo 15
Aplicación provisional

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra fecha posterior antes de que la Convención entre en vigor para ese Estado, declarar que aplicará la Convención provisionalmente.

Artículo 16
Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los demás Estados Parte.

2. Si, 1a mayoría de los Estados Parte pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositarlo invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte será objeto de un protocolo que estará abierto a la firma de todos los Estados Parte en Viena y Nueva York.

3. El protocolo entrará en vigor, treinta días después de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por el mismo. Para cada Estado que, con posterioridad a la entrada en vigor del protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el mismo el protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días de la fecha en que haya expresado tal consentimiento.

Artículo 17
Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la fecha en que el depositario reciba la notificación.

Artículo 18
Depositario

1. El Director General del Organismo será el depositario de la presente Convención.

2. El Director General del Organismo notificará prontamente a los Estados Parte y a todos los demás Estados:

a) cada firma de la presente Convención o de un protocolo de enmienda;

b) cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión concerniente a la presente Convención o a un protocolo de enmienda;

c) toda declaración o retirada de la misma que se efectúe en conformidad con los artículos 8, 10 y, 13;

d) toda declaración de aplicación provisional de la presente Convención que se efectúe en conformidad con el Artículo 15;

e) la entrada en vigor de la presente Convención y de toda enmienda a la misma; y

f) toda denuncia que se haga con arreglo al artículo 17.

Artículo 19
Textos auténticos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en "árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas ,del mismo a los Estados Parte y a todos los demás Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente convención, abierta a la firma según lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 14.

APROBADA por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en reunión extraordinaria, en Viena, a los veintiseis días de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.

Es copia fiel del texto original.

Dr. Ernesto Martínez Gariazo
Director
Dirección de Tratados y Límites."

Léase el proyecto.

(Se lee)

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo lº.

(Se lee:)

"Apruébanse la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, ambas aprobadas por la conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica el 29 de setiembre de 1986."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21 Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

32) 143ª SESION DEL CONSEJO INTERPARLAMENTARIO DE LA UNION PARLAMENTARIA MUNDIAL. Proyecto de resolución por el que se dispone la concurrencia a dicho evento.

SEÑOR PRESIDENTE -Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoquinto término del orden del día: "Proyecto de Resolución por el que se dispone la concurrencia, a la 143ª Sesión del Consejo Interparlamentario de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse en Sofía, Bulgaria, desde el 19 al 24 de setiembre de 1988.

(Carp. Nº 1152/88 - Rep. Nº 94/88)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1152/88
Rep. Nº 94/88

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único. - Resuélvese concurrir a la 143ª Sesión del Consejo Interparlamentario de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse en Sofía, Bulgaria, desde el 19 al 24 de setiembre de 1988.

Se faculta a la Presidencia de la Cámara de Senadores, para que de acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, se ajusten y coordinen los detalles correspondientes.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 1988.

Hugo Batalla, Miembro Informante; Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante; Carminillo Mederos, Miembro Informante; Américo Ricaldoní, Miembro Informante; A. Francisco Rodríguez Camusso, Miembro Informante; Juan A. Singer, Miembro Informante; Francisco Terra Gallinal, Miembro Informante. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

"Artícu1o único.- Resuélvese concurrir a la 143ª Sesión del Consejo Interparlamentario de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse en Sofía Bulgaria, desde el 19 al 24 de setiembre de 1988. Se faculta a la Presidencia de la Cámara de Senadores, para que de acuerdo con la Presidencia de la Cámara de Representantes, se ajusten y coordinen los detalles correspondientes".

-En discusión particular.

Si no se hace USO de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

19 en 20. Afirmativa.

33) INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS

SEÑOR PRESIDENTE.-Se pasa a considerar el asunto que figura en decimosexto término del orden del día "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a varios funcionarios". (Carp. Nº 1040/88 - Rep. Nº 74/88). (Carp. Nº 1103/88 - Rep. Nº 87/88). (Carp. Nº 1126/88 – Rep. Nº 88/88).

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: solicito al Senado que se altere el orden del día, en el sentido de tratar previamente los asuntos que figuran en decimoctavo y decimonoveno término, y pasar luego a sesión secreta, puesto que me parece un procedimiento más práctico.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Singer.

(Se vota:)

20 en 21. Afirmativa.

34) CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICO-COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoctavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, suscrito, el 27 de febrero de 1987. (Carp. Nº 936/87 - Rep. Nº 98/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 936/87
Rep. Nº 98/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Industria y Energía

Montevideo, 13 de octubre de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Económica y Comercial suscripto entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, el veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete.

Con el propósito de estrechar e incrementar las relaciones económicas y comerciales así como de fomentar y desarrollar sus industrias, las dos Partes han acordado en los doce artículos del Convenio estructurar los futuros, mecanismos de intercambio ajustados a los objetivos de sus respectivos procesos de desarrollo económico y social.

Para dicho fin convienen en otorgarse tratamientos preferenciales sobre los productos originarios de las Partes según se acuerde en futuros protocolos adicionales, así cómo la inclusión de normas de origen, cláusulas de salvaguardia y retiro de preferencias (Artículo II), admitiéndose asimismo la posibilidad de celebrar acuerdos de alcance parcial en concordancia con los respectivos instrumentos que crearon la Asociación Latinoamericana de Integración y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Artículo III).

Por el artículo V, las Partes Contratantes facilitarán el registro, renovación o transferencia de las marcas y patentes, nombres y signos que protejan e identifiquen sus productos originarios; y por el Artículo VI, tratarán de brindar a las importaciones de uno y otro Estado, consignadas en la lista de productos de intercambio, las mayores facilidades aduaneras y portuarias, evitando las prácticas discriminatorias.

Cada Parte Contratante propiciará la participación en las ferias y exposiciones internacionales que se celebren en el territorio de la otra Parte, concediéndose, de conformidad con sus respectivas disposiciones nacionales vigentes, las facilidades necesarias para la introducción al país de muestras y material publicitario referente a mercaderías, de productos mercaderías introducidos en admisión temporaria destinados a esas ferias y exposiciones.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Alberto Rodríguez Nin, Luis A. Mosca, Jorge L. Presno.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, suscrito en Montevideo, el 27 de febrero de 1987.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Alberto Rodríguez Nin, Luis A. Mosca, Jorge L. Presno.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Se somete a la aprobación de este Cuerpo un "Convenio de Cooperación Económica y Comercial", suscrito por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y por el de la República de Guatemala el 27 de febrero de 1987, en Montevideo.

El preámbulo del Convenio prescribe claramente cuáles han sido los propósitos que animaron a los Gobiernos al acordar el documento, y especialmente es destacable "el deseo común de estrechar e incrementar sus relaciones económicas y comerciales, así como el de fomentar y desarrollar sus industrias".

Los objetivos buscados pues, se inscriben junto a otros Convenios de auxilio y cooperación que el Gobierno ha venido signando, en un marco de efectiva integración latinoamericana. Este Convenio presenta indudables ventajas para nuestro país. Más aún si consideramos que la estructura del mismo se ajusta a los objetivos que reclaman los respectivos procesos de desarrollo económico y social del Uruguay y Guatemala.

Formalmente, el Convenio presenta las características comunes a los Acuerdos Internacionales de esta naturaleza. Se divide en doce artículos, precedido como dijimos, de un preámbulo. Las normas en él contenidas son en su mayoría programáticas, sujetas al establecimiento de "protocolos adicionales al presente Convenio, u otros acuerdos que las partes suscriban en el futuro (artículo II). Incluso existe la posibilidad de que las Partes Contratantes celebren "Acuerdos de alcance parcial", haciendo realidad la disposición del artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980 creador de la ALADI y del artículo 25 también del Tratado General de Integración Económica Centroamericana de l960.

En cuanto al articulado, el mismo presenta las siguientes características: el artículo I prescribe los fines del Convenio, en consonancia con las disposiciones del preámbulo; los artículos II y III establecen la necesidad de crear Acuerdos de alcance parcial y complementarios de este Convenio; el artículo IV fija la necesidad de que en lo posible cada Estado Parte utilice insumos y materias primas de la otra Parte; el artículo V se refiere a la protección de la propiedad industrial en el país co-contratante; por el artículo VI se trata de brindar las mayores, facilidades aduaneras y portuarias, evitando las prácticas discriminatorias; el artículo VII sienta el principio de la utilización de moneda de libre convertibilidad, sometiendo en un todo los pagos a las demás normas que regulan el control de cambios; el artículo VIII estimula la participación de la parte contratante en las ferias y exposiciones internacionales, concediendo las facilidades a su alcance; el artículo IX crea facilidades en caso de introducción de material publicitario y mercaderías en régimen de admisión temporaria; el artículo X propicia la creación de una Comisión Mixta Uruguayo-Guatemalteca de Cooperación Económica cuya organización y funcionamiento se determinará en base a los objetivos enumerados en el texto; el artículo XI prevé el fomento de la asistencia técnica, informática, comercial e industrial para promover y expandir la actividad económica de cada Estado; y finalmente el artículo XII establece la forma de ratificación, la denuncia del mismo, así como el plazo de duración- (que es de 4 años, con prórrogas sucesivas de 2 años, salvo comunicación formal en contrario).

En suma, vuestra Comisión entiende aconsejable la aprobación del Senado a este Convenio de Cooperación

Económica y Comercial suscrito por los Gobiernos de Uruguay y de Guatemala el 27 de febrero de 1987.

Sala de la Comisión, 25 de Julio de 1988.

Francisco Terra Gallinal, Miembro Informante, Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores.

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, que en lo sucesivo se denominarán las Partes Contratantes;

Animados por el deseo común de estrechar e incrementar sus relaciones económicas y comerciales, así como el de fomentar y desarrollar sus industrias;

Han acordado suscribir el presente Convenio de Cooperación Económica y Comercial y para tal efecto sus representantes debidamente autorizados, convienen:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes tratarán de estrechar e incrementar sus relaciones económicas y comerciales en consonancia con los objetivos de sus respectivos procesos de desarrollo económico y social, de conformidad con los términos del presente Convenio y sus legislaciones vigentes.

ARTICULO II

Las Partes Contratantes convienen en otorgarse tratamientos preferenciales sobre los productos originarios de las mismas en las condiciones que se estipulen en protocolos adicionales al presente Convenio, u otros acuerdos que las Partes suscriban en el futuro, los cuales contendrán asimismo normas referentes al régimen de origen; cláusulas de salvaguardia, retiro de preferencias y otras que ambas Partes convengan de mutuo acuerdo, sin perjuicio de los Acuerdos ya vigentes en esta materia.

ARTICULO III

Las Partes Contratantes, de común acuerdo, podrán celebrar acuerdos de alcance parcial, en concordancia con el Artículo 25 de1 Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y el Artículo 25 del Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960.

ARTICULO IV

Cada Parte Contratante empeñará su esfuerzo para que en la elaboración de mercancías destinadas a la exportación se empleen materias primas o insumos provenientes de la otra Parte Contratante.

ARTICULO V

Las Partes Contratantes, de acuerdo con sus respectivas leyes vigentes sobre la materia, facilitarán el registro, renovación o transferencia de las marcas y patentes, nombres y signos comerciales que protejan e identifiquen los productos originarios de cualquiera de las Partes Contratantes.

ARTICULO VI

Las Partes Contratantes tratarán de brindar a las importaciones procedentes de uno y otro Estado, consignadas en la lista de productos de intercambio, las mayores facilidades aduaneras y portuarias, evitando cualquier práctica discriminatoria de carácter administrativo.

ARTICULO VII

Todos los pagos entre la República Oriental del Uruguay y la República de Guatemala ,se harán en moneda de libre convertibilidad y de conformidad con las leyes, reglas y disposiciones que rigen y rijan en el futuro en cada uno de los países, respecto del control de cambios.

Las transacciones celebradas de acuerdo con el presente Convenio y los pagos relacionados con las mismas se efectuarán de conformidad con las respectivas reglamentaciones de importación, exportación y control de divisas que rijan en ambos países.

ARTICULO VIII

Cada Parte Contratante propiciará la participación en las ferias y exposiciones internacionales que se celebren en el territorio de la otra Parte y pondrá a disposición todas las facilidades posibles con arreglo a sus normas y regulaciones vigentes.

ARTICULO IX

Las Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas disposiciones nacionales vigentes, se concederán las facilidades necesarias para:

a) la introducción al país de muestras y material publicitario referente, a mercaderías;

b) la introducción al país, en admisión temporaria, de productos y mercaderías destinados a ferias y exposiciones.

En el caso de que sea concedida la autorización pertinente para enajenar los productos amparados por las facilidades mencionadas en el presente artículo, les serán aplicados los derechos aduaneros y demás gravamenes que correspondan a su importación.

ARTICULO X

Las Partes Contratantes acuerdan la creación de una Comisión Mixta Guatemalteco-Uruguaya de Cooperación Económica que se reunirá en lugar y fecha que estas convengan.

Será cometido esencial de la Comisión Mixta velar por el cumplimiento de los objetivos enunciados en el presente Convenio, y proponer a esos efectos a la consideración de las Partes Contratantes, las medidas que considere oportunas para impulsar vigorosamente el proceso de cooperación económica y de expansión del comercio entre las mismas.

Con tal objeto, la Comisión Mixta podrá:

-Estudiar y proponer protocolos adicionales al presente Convenio, con miras al otorgamiento recíproco de tratamientos preferenciales, incluyendo la posible negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ALADI;

-Estudiar y proponer las iniciativas que considere adecuadas tendientes a favorecer la facilitación del Comercio entre las Partes Contratantes;

-Elaborar y proponer las iniciativas conducentes a mejorar las condiciones de los pagas de las importaciones recíprocas;

-Proponer las modificaciones que las Partes Contratantes decidan introducir al presente Convenio.

La Comisión Mixta elaborará su propio reglamento y establecerá su programa de trabajo en oportunidad de realizarse su primera reunión.

ARTICULO XI

Las Partes Contratantes convienen en fomentar el intercambio de información la asistencia técnica, comercial e industrial con el propósito de expandir la actividad económica en cada uno de los países.

ARTICULO XII

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se efectúe el Canje de los Instrumentos de Ratificación.

Tendrá una duración de cuatro (4) años, prorrogándose automáticamente por períodos sucesivos de dos (2) años, salvo que una de las Partes Contratantes comunique por escrito y por la vía diplomática a la otra su intención de no prorrogarlo, lo que se hará por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de expiración de cada período de validez.

El presente Convenio podrá ser denunciado por una de las Partes mediante notificación escrita y por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos seis meses después de la fecha de recibo de la notificación.

A menos que las dos Partes de común acuerdo decidan lo contrario, la terminación o la denuncia del presente Convenio no afectará el cumplimiento de los acuerdos de alcance parcial y de los contratos de ejecución, en la medida en que éstos se hayan celebrado de acuerdo con las presentes disposiciones.

Hecho en Montevideo a los veintisiete días del mes de febrero del año mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares originales igualmente auténticos, ambos en idioma español.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Es copia fiel del texto original.

Dr. Santos Laureiro
Director de Tratados y Límites."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Apruébase el Convenio de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Guatemala, suscrito en Montevideo, el 27 de febrero de 1987".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

35) DELEGACION DE PARLAMENTARIOS BULGAROS. Proyecto de resolución relacionado con una invitación para visitar oficialmente el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en decimonoveno término del orden del día: "Proyecto de resolución relacionado con la invitación a una delegación de parlamentarios búlgaros para visitar oficialmente el Uruguay, entre el 1º y 4 de setiembre del presente año, a fin de estrechar relaciones. (Carp. Nº 1164/88. Rep. Nº99/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1164/88
Rep. Nº 99/88

Embajada de la
R. P. de Bulgaria

Montevideo, 14 de julio de 1988.

La Embajada de la República Popular de Bulgaria presenta sus más atentos saludos al señor Presidente de la Cámara de Senadores doctor Enrique Tango y tiene el honor de informarle que una delegación parlamentaria búlgara integrada por nueve personas encabezada por el Presidente del Parlamento búlgaro señor Stanko Todorov, desearía visitar oficialmente la República Oriental del Uruguay entre el 1° y el 4 de setiembre del presente año, a fin de estrechar relaciones.

La Embajada de la República Popular de Bulgaria ruega al distinguido señor Presidente del Senado, doctor Enrique Tarigo, tenga a bien responder a la brevedad posible y aprovecha la oportunidad para reiterar las seguridades de su más alta consideración.

Al señor Presidente de la Cámara de Senadores
Doctor Enrique Tarigo
Presente.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único. -Resuélvese invitar oficialmente a una delegación de Parlamentarios de la República Popular de Bulgaria, quienes manifestaron su deseo de visitar la República Oriental del Uruguay, entre el lº y el 4 de setiembre del corriente año, a fin de estrechar relaciones. Se faculta a la Presidencia del Senado, a los efectos de ajustar y coordinar los detalles correspondientes.

Sala de la Comisión, 25 de julio de 1988.

Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Américo Ricaldoni. A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal, Miembros Informantes Verbales. Senadores"

SEÑOR PRESIDENTE. -Léase el proyecto.

(Se lee:)

"Artículo único. -Resuélvese invitar oficialmente a una delegación de Parlamentarios de la República Popular de Bulgaria, quienes manifestaron su deseo de visitar la República Oriental del Uruguay, entre el 1 y el 4 de setiembre del corriente año, a fin de estrechar relaciones. Se faculta a la Presidencia del Senado, a los efectos de ajustar y coordinar los detalles correspondientes."

-En discusión particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

36) INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS

SEÑOR PRESIDENTE -El Senado pasa a sesión secreta.

(Es la hora 20 y 33 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 20 y 39 minutos)

Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - El Senado en sesión secreta concedió la venia al Poder Ejecutivo para destituir a tres funcionarios; una relacionada con un funcionario perteneciente al Programa 01 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Inciso 02 - Presidencia de la República cuyos antecedentes se encuentran contenidos en la Carpeta Nº 1040/88 Rep. Nº 74/88; otra relacionada con un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura cuyos antecedentes se encuentran contenidos en la Carpeta Nº 1103/88 Rep. número 87/88 y otra relacionada con un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyos antecedentes se encuentran contenidos en la Carpeta Nº 1126/88 Rep. Nº 88/88.

37) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE -Agotado el orden del día, se levanta la sesión

(Así se hace a la hora 20 y 40 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Capeche, Fá Robaina, Flores Silva, Forteza, García Costa, Gargano, Guntín, Mederos, Olazábal, Ortiz, Posadas, Ricaldoni, Senatore, Terra Gallinal y Traversoni).

Dr. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.