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SESION 249 - TOMO 314 - 24 DE MAYO DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

12ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES ENRIQUE E. TARIGO Presidente

y AMERICO RICALDONI 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Padre Carlos Favre. Homenaje del Senado ante su fallecimiento

- Se resuelve por moción del señor senador Rodríguez Camusso declarar este asunto urgente y considerarlo de inmediato.
- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.

5) Contrato de crédito de uso. Se establecen normas que lo regulan

- Continúa la discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve por moción del señor senador Ricaldoni que los artículos 3º, 4º y 38 del proyecto y el aditivo propuesto por el señor senador Aguirre se posterguen para la sesión que realizará el Cuerpo en el día de mañana y se consideren en primer término del orden del día.

6) Leyes Inconstitucionales. Derogación de disposiciones legislativas así declaradas por la Suprema Corte de Justicia

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

7) Inmuebles Padrones Nº 5.312 de Montevideo y Nº 454 de Río Negro. Se modifican sus actuales afectaciones

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Inmuebles Padrones Nos. 71.473, 125.515 y 183.142, sitos en la 5a. Sección Judicial de Montevideo. Se modifican sus actuales afectaciones

- En consideración.
- Constancia del señor senador Cersósimo.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Se levanta la sesión

-Se resuelve por moción del señor senador Aguirre proceder al levantamiento de la sesión y que los asuntos que figuran en el orden del día y no han sido tratados se incluyan en el de la sesión de mañana a continuación del proyecto de ley sobre el contrato de crédito de uso.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 23 de mayo de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana martes 24, a la hora 17 a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan el contrato de uso.

(Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 7/88)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) Por el que se derogan disposiciones legales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

(Carp. Nº 1036/88- Rep. Nº 28/88)

3º) Por el que se afecta a la Intendencia Municipal de Río Negro el inmueble empadronado con el Nº 5312 del departamento de Montevideo, desafectándolo de su destino en el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la afectación a éste de parte del inmueble empadronado con el Nº 454 del departamento de Río Negro.

(Carp. Nº 787/87 - Rep. Nº 26/88)

4º) Por el que se desafectan inmuebles entre el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la Intendencia Municipal de Montevideo (Padrones números 71.473, 125.515 y 183.142).

(Carp. Nº 820/87- Rep. Nº 27/88)

5º) Por el que se extiende a los propietarios de empresas unipersonales que no tengan más de un trabajador subordinado, las prestaciones por enfermedad servidas por el Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 1030/87- Rep. Nº 38/88)

6º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Coronel del Ejército, con fecha 1º de febrero de 1988, a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 1046/88 - Rep. Nº 37/88)

Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para exonerar de sus cargos a:

7º) Un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo Constitucional vence el 13 de junio de 1988).

(Carp. Nº 1043/88 - Rep. Nº 42/88)

8º) Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Plazo Constitucional vence el 15 de junio de 1988).

(Carp. Nº 889/87 - Rep. Nº 43/88)

9º) Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence el 20 de junio de 1988).

(Carp. Nº 1062/88 - Rep. Nº 46/88)

10) Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo Constitucional vence el 21 de junio de 1988).

(Carp. Nº 1067/88 - Rep. Nº 45/88)

11) Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence el 22 de junio de 1988).

(Carp. Nº 1068/88 Rep. Nº 44/88)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, García Costa, Gargano, Guntin, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos; Olazábal, Ortiz; Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Traversoni y Ubillos.

FALTAN: con licencia, el señor senador Forteza, y con aviso los señores senadores Flores Silva, Tourné y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 11 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 24 de mayo de 1988.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se aprueba el presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones del Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el 1º de enero de 1988.

por el que se modifica el Decreto 658/87, por el que se aprobó la racionalización presupuestal del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública".

por el que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) del pago de todo recargo, excepto el mínimo, del Impuesto Aduanero Unico a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos y de Tasas Consulares para la importación de motor y diez pares de carbones para centrífuga de laboratorio.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Comisión Nacional de Educación Física a efectos de atender las guarderías médicas.

por el que se exonera a la Embajada de la República Federativa de Brasil, del pago de todo recargo, incluido el mínimo, del Impuesto Aduanero Unico a la Importación de la Tasa de Movilización de Bultos y de Tasas Consulares, para la importación de diversa mercadería para la comercialización en el evento denominado "Semana del Nordeste Brasileño".

por el que da cuenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Nº 15.851, del 24 de diciembre de 1986, del Convenio de Préstamo Número 2921 UR suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (I.B.R.D.) con el objetivo del desarrollo institucional y el mejoramiento, rehabilitación y expansión de los servicios a cargo de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado.

Ténganse presentes.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Universidad de la República: relacionado con Licitación Pública Nº 1/87 y a la Relación de Gastos Nº 678.

Del Banco de Previsión Social: relacionado con gastos facturados por ANTEL.

De la Facultad de Veterinaria: relacionado con Orden de Entrega Nº 110.118.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones: relacionado con el Proyecto de Presupuesto para el año 1988.

De la Administración de Obras Sanitarias del Estado: relativo a reiteración de gastos efectuados en el mes de octubre de 1987.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionado con la adquisición del inmueble padrón 8492 propiedad del Municipio de Montevideo.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionado con Ordenes Nos. 401179 y 402111.

Del Banco de Seguros del Estado: relacionado con falta de disponibilidad en los Renglones Nos. 061 y 064.

Del Ministerio de Educación y Cultura: relacionado con la Certificación de Deudas que mantiene la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, con Ordenes de Entrega Nº 324.387, Nº 123.839 y con la Licitación Restringida Nº 2/985.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionado con Ordenes de Entrega Nº 100.161 y Nº 100.199.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionados con la contratación del Sr. Vicente Russo; del Arq. Eduardo Hoffman y la reiteración de varias contrataciones que fueron observadas.

-A las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor senador Luis A. Lacalle Herrera, referente al número de pasajeros transportados por el Transporte Aéreo Militar Uruguayo en los Ejercicios 1985, 1986 y 1987.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por el señor senador Luis A. Lacalle Herrera; referente a la adquisición por parte de PLUNA de un inmueble para su uso en la ciudad de Buenos Aires.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por el señor senador Carlos Julio Pereyra, relacionada con la situación general de la Colonia Tomás Berreta del departamento de Río Negro.

-A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera relacionada con la situación de la industria textil.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera relacionada con la situación de los trabajadores de la Planta Casablanca del ex-Frigorifico Nacional.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social remite para regularizar su trámite diversos documentos que recibiera del Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Anexos, planteando sus aspiraciones sobre régimen jubilatorio especial, normas sobre seguridad e higiene, régimen de horario, indemnización por despido, salario vacacional, beneficio de Hogar Constituido y sueldo anual complementario, para los trabajadores de la industria de la Construcción.

(Carp. Nº 1109/88)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se prorroga por un año el plazo para que la Inspección General de Hacienda prosiga la liquidación del grupo patrimonial constituido por las empresas CEVI S.A., INHOSA, Fondo de Participación S.A. y Alfredo Vidal.

(Carp. Nº 1012/87)

-Repártase.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley referente a la afectación definitiva de los inmuebles Nos. 87.295 y 51.439.

(Carp. Nº 800/87)

-Repártase."

4) PADRE CARLOS FAVRE. Homenaje del Senado ante su fallecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de mayo de 1988.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores.
Dr. Enrique E. Tarigo.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias en vigor, solicito la palabra para que sea declarado urgente y considerado de inmediato, un homenaje a la memoria del Padre Carlos Favre.

Saluda a Ud. atentamente.

A. Francisco Rodríguez Camusso. Senador."

-Se va a votar la moción formulada por el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de pasar a realizar de inmediato un homenaje al Padre Favre.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: no es mi deseo, naturalmente, demorar en exceso una sesión que hemos dispuesto a los efectos de resolver los asuntos que en ella figuran, pero he sentido la necesidad de proponer al Senado la realización de este homenaje.

Sabemos perfectamente, que el crimen tiene la misma significación, recaiga sobre quien recaiga y que, en definitiva, matar a un sacerdote merece la misma calificación que asesinar a quien no lo sea. Pero hemos sentido la necesidad ante el plano al que han llegado los acontecimientos en nuestro medio, de dejar una estremecida constancia en el Cuerpo de que formamos parte.

Como es notorio, nosotros no compartimos la filosofía, la interpretación de la vida y de la presencia del hombre sobre la Tierra de la víctima para quien proponemos este homenaje; sin embargo, a estos efectos, ello no cuenta. Era un joven idealista y generoso, un joven que consagró su vida a un ideal por el que todos sentimos un íntimo e irrenunciable respeto lo compartamos o no; un joven que renunció a la constitución de una familia en aras de ese ideal, que renunció al amor de una esposa y a la sonrisa de los hijos, que renunció a la lucha por toda posible conquista de bienes materiales y que destinó una existencia de estudio, de dedicación y esfuerzo, a favorecer a los más humildes, a los más desamparados.

El auge de la delincuencia y la circunstancia en que este hecho es protagonizado, constituye un elemento que ya, en nuestra opinión, alcanza una relevancia de tal magnitud que debe ser considerado en términos distintos a los que lo ha sido hasta el presente. Claro es que asaltar a mano armada puede determinar una reacción similar en algunos casos; pero todos saben perfectamente que esa reacción, también armada, no va a operar en un sacerdote. Esto se sabía cuando fue asaltada Santa María de la Iglesia San Juan Bosco; esto se conocía cuando se lanzó un tiro a la cabeza del sacerdote que se interpuso entre los asaltantes y sus feligreses a los que quiso cuidar.

Además impresionan otros hechos que no podemos dejar de mencionar: el asesino, de dieciocho años de edad, registraba veintitrés entradas, es decir, que también tenia veintitrés salidas. Junto a él actuaron niños de catorce y hasta de doce años de edad. Impresiona ver en los diarios las fotografías y comparar su tamaño con el de los funcionarios policiales que los conducen.

En esta situación estamos. Hoy rendimos nuestro homenaje a una víctima indefensa que no pudo defenderse, que no hubiera querido hacerlo pero, al mismo tiempo, también se lo tributamos a todas las víctimas anteriores.

Lamentablemente en las circunstancias actuales, otras la seguirán, porque la población vive en la inseguridad y en el temor; tiene que encerrarse apenas oscurece; la gente sale a trabajar en la madrugada o vuelve a la noche en tensión, en condiciones de absoluta indefensión; los comerciantes miran permanentemente hacia la puerta tratando de adivinar qué es lo que puede surgir detrás de ella en cualquier instante.

Este es, señor Presidente, el sentido de nuestro reconocimiento y de nuestro homenaje. En su momento, el Senado considerará formas legislativas -que podrán compartirse o no- que serán, en cierta medida, una solución o no; pero hoy, simplemente, queremos elevar nuestra voz de protesta porque no admitimos la resignación no solamente ante los espíritus desviados que cometen estas atrocidades sino también, ante los factores que los empujan, a través de una distorsión de valores morales y de elementos insustituibles para toda sociedad que se respete, que está siendo estimulada en los más diversos órdenes y en las más variadas direcciones, desde festivales inverosímiles que desfiguran el nombre de figuras con las que se honra nuestra patria, en los cuales el insigne Rodó no es Rodó sino un incomprensible "Rock-Do", hasta estos estímulos que se desarrollan hacia las mentes juveniles con la proclamación desde los medios de comunicación, de héroes cuyo éxito material depende del uso indiscriminado de la violencia e, inclusive del espíritu criminal.

Muchos medios se complacen en sumar sus posibilidades para influir en las mentalidades juveniles inmaduras, consagrando formas de admiración hacia "héroes" que cultivan las maneras más atroces de violencia y de desprecio hacia los derechos ajenos.

Estos son los resultados, estas son las consecuencias que estamos viviendo desde el auge del desenfreno y de la inmoralidad de las expresiones públicas a la palabrota lisa y llana titulando hasta editoriales, la pornografía desatada, la incitación a la violencia, la burla y el intento de ridiculización de la familia y de valores sociales que nada ni nadie, en ninguna forma, podrá sustituir jamás.

Todo esto se suma para producir esta clase de efecto. Claro es que la miseria influye; pero no es sólo eso; la inmensa mayoría de la gente humilde no incurre en cosas de esta naturaleza.

Yo, señor Presidente, sin intentar darle otra trascendencia ni otra proyección, he sentido mi deber, no como integrante de una organización política ni como expresión de ninguna filosofía o concepción determinadas, sino, solamente, como ser humano, de expresar mi dolor y mi protesta por la pérdida acelerada -y no sabemos hasta qué nivel- de valores que estimábamos intocables, que se está registrando en momentos atroces como los que ahora estamos viviendo.

Nada más señor Presidente.

5) CONTRATO DE CREDITO DE USO. Se establecen normas que lo regulan.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del orden del día: Proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan el contrato de uso. (Carp. Nº 834/87. Rep. Nº 7/88)

(Antecedentes: ver 8ª. SO.)

-Continúa la discusión particular.

Se había considerado hasta el artículo 7º al que se le había propuesto una modificación- quedando pendiente, además, la votación de los artículos 3º y 4º.

En consideración el artículo 7º.

Se había sugerido una corrección al último inciso que diría: "Las partes podrán además pactar otras formas de publicidad en la existencia del contrato".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-14 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.   - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: aunque sea insólito, porque soy miembro informante e integrante de la Comisión, he reparado, en algunas de las lecturas posteriores que se han realizado de la parte inicial del artículo que hace referencia a que la inscripción en el Registro confiere, al usuario, derecho real de garantía.

Entiendo que debería decir "derecho real respecto de cualquier enajenación o gravamen". La redacción de este artículo no me parece una formulación jurídicamente correcta, salvo que exista algún motivo que no alcanzo a discernir.

En consecuencia, mocionaría para que se omitiera el término "de garantía".

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE, -. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. -Señor Presidente: comparto lo que ha expresado el señor senador García Costa.

Entiendo que no tiene mayor sentido hablar de derecho real de garantía. Con el afán de mejorar la redacción y darle más claridad, indico que a renglón seguido se expresa que en ese caso la inscripción en el Registro "le acuerda al usuario acción para recuperar la utilización del bien y -y esta es la segunda condición o hipótesis- cuando haya pagado o pague su prestación y haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas para exigir su transferencia forzada" si se hubiere pactado la opción de compra.

En el segundo parágrafo dice: "El juez competente, previa citación o citación con emplazamiento en forma..." Quisiera saber cuál es la diferencia entre "citación" y "citación con emplazamiento en forma". Si procede esto último, creo que hay que establecerlo con carácter general. No se entiende cuál es el sentido de la opción que se le otorga al Juez.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con la primera modificación que propone el señor senador Aguirre y entiendo que mejora evidentemente el texto. Lo mismo sucede con la segunda, ya que compartimos la circunstancia a que el señor senador alude. Pudiera ser que procesalmente no hubiere un emplazamiento, como a veces se hace, bajo apercibimiento de que el Juez otorgará el contrato en su nombre. Si así fuera, nos da la impresión de que la diferencia entre "previa citación" o "citación con emplazamiento en forma", no daría mérito a incluirla en la ley, porque siempre debería hacerse así.

Salvo que el señor senador Aguirre no lo comparta, propondría que la redacción fuera la siguiente: El Juez competente, previa citación con emplazamiento en forma..." Se omitiría "citación o" y quedaría "previa citación con emplazamiento en forma".

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del señor senador García Costa. Entiendo que esa es una redacción más correcta y ya que él estuvo de acuerdo con mi anterior observación, dejo constancia que la cuarta línea del parágrafo primero debería quedar redactada de la siguiente manera: "y, cuando haya pagado su prestación y haya cumplido con todas". Luego seguiría la redacción original.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. -Señor Presidente: en el inciso final se indica que el Juez competente previa citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará, en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante. Entiendo que el consentimiento de la venta ya está dado originalmente, cuando el Juez otorga la escritura; por ejemplo, en función de una promesa de compraventa. Esto ya está establecido en el compromiso y de él resulta, una vez cumplidas todas las obligaciones por parte del promitente comprador que se debe otorgar la escritura. Entonces, el Juez, en subrogación del promitente vendedor, otorga la escritura.

Entiendo que se trata de una eliminación que no le quita contenido a la frase.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: entiendo que la redacción debería ser la original. Si tal como se ha expresado por algunos señores senadores el consentimiento ya está dado en la primera etapa, al hacer el contrato de "leasing", y al cumplirse el plazo y hacer uso de la opción de compra, sólo tiene que comparecer el adquirente, porque el consentimiento del vendedor ya está dado desde tiempo atrás.

Si esa fuera la interpretación, no habría necesidad del procedimiento judicial. La venta forzada ocurre cuando el vendedor se niega a cumplir. En este caso, el Juez lo sustituye. Pero si el consentimiento ya estuviera dado bastaría que compareciera a la escritura complementaria de la venta sólo el usuario, el comprador.

Eso no es así, por lo cual es necesario que concurra el Juez a dar el consentimiento en la escritura de compraventa. Por lo tanto, preferiría dejar la redacción tal como está.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con las modificaciones que fueron citadas por los miembros de la Comisión.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: con respecto a la redacción del artículo 9º tenemos objeciones de forma y fondo. La objeción de fondo tiene que ver con la imposibilidad de devolver la cosa antes de concluir el tiempo convenido, sin establecer ninguna fórmula sustitutiva.

Entendemos que esto es demasiado rígido, sobre todo considerando que estos contratos son justamente de mediano plazo y, si vemos la experiencia que hay en materia de empresas cerradas y de bienes abandonados por imposibilidad económica de atenderlos, creo que estamos creando una situación por demás especial. No prevemos ningún organismo sustitutivo, con sanciones económicas, para poder rescindir el contrato y devolver la cosa y, al mismo tiempo; la parte de disposiciones penales establece que el abandono de los bienes tiene consecuencias penales para los usuarios.

En consecuencia, entendemos que en este artículo se ha ido demasiado lejos. Imaginemos lo que podría suceder a un pequeño tallerista que por este método compra un torno o una máquina cualquiera y le va mal. Igualmente podríamos pensar en lo que le sucedería a una fábrica más grande. De modo que con estas cláusulas estaríamos atando a las personas con imposibilidad económica de atender la conservación del bien, a esa actividad, e impidiéndole, de alguna forma, la libertad de movimiento que entendemos no es incompatible con su responsabilidad civil, comercial, y con la sanción pecuniaria que pudiera corresponderle por una rescisión anticipada del contrato. Esa es la objeción de fondo.

En cuanto a la redacción en sí de la norma y aun respetando el criterio de la misma, entiendo que este artículo 9º se contradice o no da solución clara con respecto a lo dispuesto por el tercer inciso del artículo 30. Aquí se dice que si se quiere devolverla antes de concluir el tiempo convenido, debe pagarse la totalidad de las cuotas estipuladas.

No se dice nada con respecto a la posibilidad de opción de compra; si en ese pago anticipado entra o no el importe de la opción de compra y, por otro lado, tampoco se dice nada sobre qué descuento se aplicará en el caso de que fuera pagado por adelantado, cosa que si está provista en el artículo 30.

En todo caso, parecería una redacción más adecuada decir que no puede devolverla, excepto por lo dispuesto en el artículo 30, es decir compatibilizar de alguna manera el funcionamiento de estos dos artículos.

Una segunda objeción de forma, que no va al fondo del asunto, tiene que ver con la expresión "término", al inicio del artículo 9º. Pensamos que lo más acertado sería hablar de la vigencia del contrato y no del término del mismo, ya que esto es algo que queda establecido. Por ejemplo, puede ser un contrato a tres años; es decir, que durante tres años no se podría ni retirar la cosa del poder del usuario ni devolverla antes de tiempo. Sin embargo está claro que, sea por los mecanismos de rescisión o por el resto de los mecanismos previstos, lo que quiere estipular este artículo para resolución de alguna forma de contrato, es la vigencia del mismo, o sea, el tiempo en el cual el contrato está vigente por falta de violación del mismo por las dos partes.

En consecuencia dejo constancia de que votaré negativamente este artículo por el fondo del mismo, por cuanto no se prevé un régimen de resolución que sea más racional o más atinado para los intereses del usuario. Pero a la vez dejo planteados dos problemas de forma que son la compatibilización de esta disposición con el artículo 30 y la sugerida necesidad de sustitución de la palabra "término" por la expresión "la vigencia", al inciso de la disposición.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: atendiendo a las sugerencias formuladas por el señor senador Olazábal, en cuanto al primer punto relativo a que entendería más práctico que no se obligara al pago de la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas, creemos que ahí habría una diferencia que hace a la esencia del contrato de crédito de uso. Este es un contrato por el cual el usuario solicita concretamente la adquisición de determinados bienes, para luego pactar sobre el mismo con la institución acreditante, el crédito de uso. Buscando otro ejemplo como el que señala el señor senador Olazábal -él señalaba el del pequeño mecánico con el torno- yo también puedo sugerir el de una empresa naviera con un barco de diez mil toneladas, que solícita un crédito de uso de una institución acreditante -involucrando, naturalmente, una enorme cantidad de dinero para destinarlo a su propia línea naviera. En un momento determinado, por circunstancias de su negocio, decide dar por terminado el crédito de uso y devuelve el barco a la institución acreditante. Naturalmente, ésta no sabe qué hacer con un barco que está afectado a determinado tráfico o a determinada línea para determinado concepto comercial y económico.

Para eso es la disposición, porque este contrato está preparado, establecido y se procura legislarlo sobre la base de que es el usuario quien elige. La institución acreditante se limita al financiamiento de ese uso, por eso se llama "contrato de crédito de uso". Por lo tanto, la aparente penalidad obedece al esquema esencial comercial de este contrato.

En consecuencia, no nos parece válida la objeción y creemos que la disposición debe quedar como está. Aun ese mecánico modesto que concurrió por el torno, pidiendo uno de determinadas medidas, y que compró una institución acreditante, si un día se lo devuelve ésta no sabe qué hacer con él, porque su negocio no es, naturalmente, el trabajo con torno, sino conceder créditos de uso a pedido de los usuarios.

Ese es el motivo que determina nuestra postura y sobre todo en los grandes negocios de crédito de uso, no queremos dar ventajas a las grandes empresas que van a solicitar dicho crédito para recibir estos beneficios de la institución acreditante.

En cuanto a los aspectos que el señor senador Olazábal denominaba "de redacción", al hablar de que el pago de la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas sea con el descuento racional, sin querer incurrir en una redundancia, nos parece "racional". Eso puede ser válida porque, naturalmente, no es lo mismo la expectativa económica o financiera de cobrar cuotas durante un año, dos ó tres, que cobrarlas en el acto. Todos sabemos que financieramente sería un premio que llevaría graciosa e inútilmente la institución acreditante.

En tal caso, propondríamos que a renglón seguido, después de la frase final que dice: "pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas", coma mediante, utilizáramos la misma expresión que en el inciso tercero del artículo 30, o sea: "con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas".

Es decir, emplear el mismo criterio financiero que nos pareció oportuno aplicar en el caso del artículo 30, aunque no en una situación exactamente igual, pero que tiene ciertos aspectos similares con la del presente artículo.

En cuanto a la referencia a la vigencia o término del contrato, tal vez sea mejor lo que propone el señor senador Olazábal, vale decir, el término "vigencia" que la expresión "término del contrato", porque aquél es más exacto. Por lo tanto, personalmente nos allanaríamos a esa modificación en el artículo 9º, de modo que en lugar de "durante el término del contrato" pasaría a decir "durante la vigencia del contrato".

Por su expresión, advierto que al señor Presidente no le parece acertada la modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Me parece más conveniente la palabra "plazo", porque término es el punto final del plazo. En realidad, el transcurso es el plazo.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Lo que nosotros intentamos es que este proyecto de ley refleje lo que es un hecho económico innegable y sobre cuyo análisis el señor senador García Costa tiene razón, aunque él lo hace exclusivamente desde el punto de vista de la institución financiera.

Ya se trate de un barco de 10.000, 15.000 ó 100.000 toneladas, la institución financiera puede no saber qué hacer con él; es decir que se trataría de un proyecto que fracasó por culpa del bien, de la evolución tecnológica o por lo que sea, pero siempre estaremos en los términos, repito, de un proyecto fracasado, donde queda un bien y una situación de indefinición desde el punto de vista del futuro desarrollado de ese contrato.

Cuando digo que vale la pena prever una fórmula de rescisión no pretendo que no se contemple como parte de ella el hecho de que es el usuario el que le pidió a la entidad financiera que compre tal bien. Es decir que hay una responsabilidad inicial del usuario en el posterior fracaso de lo que puede ser el proyecto.

Quiero llamar la atención sobre otros dos aspectos.

En primer lugar, ¿a qué nos lleva este camino? A que cuando las razones económicas hacen que el objeto motivo del contrato resulte inútil a la actividad financiera, también lo sea para el usuario, con la diferencia de que éste va a quedar atado por las cláusulas que prohíben el abandono del bien y por las penales que lo pueden llevar a la cárcel en el caso de que lo abandone.

En virtud de que las razones económicas, indudablemente, van a ser más poderosas que las intenciones que se tuvieron en el momento de realizar el contrato, no digo que tendremos una prisión por deuda, pero si una figura jurídica que no nos convence y que ata demasiado al usuario desde el punto de vista de la tenencia concreta del objeto.

Además, este artículo no se compadece demasiado con lo que será la aplicación real de este proyecto si es aprobado en los términos actuales, porque lo qué va a suceder es que en un caso como el que se ha planteado, se va a litigar por la vía del incumplimiento del deudor que no va a pagar las cuotas. Entonces, se va a entrar en las hipótesis previstas en cuanto al no pago de cuotas.

Creo que en el mejor de los casos este artículo será inoperante. No se prevé una forma de rescisión obligatoria. Esta se va a dar por otra vía, por la del no pago, y entonces entraremos en un mecanismo de rescisión absolutamente perjudicial para el usuario sin crear otras instancias más racionales que de alguna manera pudieran facilitar las cosas evitando juicios y caer en obligaciones previstas en otros artículos del proyecto, ya que siempre -inclusive en los términos de la conveniencia del usuario- le va a convenir más dejar de pagar y, quizá, abonar la multa estipulada por lo que falta del contrato y no cumplir con él en los términos de este artículo 9º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quisiera replicar, en la medida de lo posible, algunos de los argumentos esgrimidos por el señor senador Olazábal.

En primer término, si aceptáramos la posibilidad de que una devolución anticipada permitiera disminuir la totalidad de las cuotas convenidas, eso tendría en todos los casos un costo financiero. Si una institución acreditante tiene la posibilidad legal de celebrar un contrato en el que está previsto que -siguiendo con el mismo ejemplo- ese barco de 10.000 toneladas que ha comprado porque así lo solicitó el usuario se le devuelve pero no se le paga la totalidad del precio, eso, financieramente -esto lo sabe el contador Olazábal- tiene un riesgo y por eso se cobra un precio. La institución acreditante tendrá que conocer el monto de las cuotas, de modo tal de cubrir -no en la totalidad de los contratos, pero sí en su generalidad- una fisura del contrato. En cambio, con este sistema ambas partes sabrán exactamente su referencia: una sabrá, con la certeza jurídica que se puede tener, que va a cobrar tantas cuotas durante determinado tiempo y la otra, de su obligación.

En el caso de introducir esta eventualidad, la primera de las partes, la institución acreditante, no tendría ninguna certeza de si poseerá la evaluación financiera suficiente y, por lo tanto, tendrá que recargar el precio, porque esa será la única manera de poder descontar.

En una palabra, quien utilice un crédito de uso se verá ante la eventualidad –diría- rechazable de tener que pagar un precio o una cuota mayor, porque en el mismo deberá estar previsto su incumplimiento o el incumplimiento general de la masa de negocios que realice la institución acreditante.

Eso no nos parece aceptable. Pensamos que el sistema previsto es el adecuado tratándose de un contrato que se realiza a solicitud del usuario. Ese es el esquema esencial de la práctica de este tipo de contrato. Aquí no se trata de una vidriera delante de la cual pasan los clientes buscando tornos o barcos para usufructuar ciertos beneficios a través de un crédito de uso. El sistema es otro: el usuario que acude a este sistema y no recurre a su propio capital o al crédito financiero, propondrá el contrato concreto a la institución acreditante, la que sabrá si puede o no otorgárselo.

En segundo lugar se mencionaba que se incluye en este proyecto de ley la figura delictual del abandono. Es cierto, pero nada tiene que ver con esto. Quien no paga las cuotas, no incurre por ello en delito. Puede haber quien esté al día pero, como sabe que al mes siguiente va a cerrar su empresa incurra en abandono. Está al día simplemente porque las cuotas son semestrales y el quebranto que sufrió su empresa tuvo lugar después del pago de la ultima cuota.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Quizás quiere mantener el crédito.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Las razones pueden ser muy diversas, pero el delito de abandono no está vinculado con la circunstancia aludida.

Quien no puede pagar no incurre en delito de abandono y no va a ir preso por ello. Ya en la época de Tiberio y Cayo Graco -sí mal no recuerdo- se quitó de la legislación romana la pena de la cárcel por deudas, con lo cual se logró un gran asentimiento, sobre todo de los deudores.

SEÑOR BATLLE. - Fue la ley Papiria Petelia.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El señor senador Batlle nos ha completado la información; nosotros sólo llegábamos al sector Bizantino.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Recuerdo al señor senador que con referencia a cada artículo se puede hacer uso de la palabra solamente una vez y ya lo ha hecho en dos oportunidades.

SEÑOR OLAZABAL.- Pero he sido aludido.

SEÑOR PRESIDENTE. - La alusión no fue personal ni política; simplemente existió más de una interpretación del texto del artículo.

No tengo inconveniente en conceder al señor senador el uso de la palabra, pero advierto que de continuar con este sistema, la discusión puede durar toda la noche.

SEÑOR OLAZABAL. - Gracias, señor Presidente.

Entiendo que sí fui aludido y que se interpretó mi pensamiento de manera incorrecta. Por consiguiente creo que vale la pena hacer la aclaración respectiva.

Debo dejar constancia de que no me estaba refiriendo a una posible rebaja del precio y creo que de ahí surge la discrepancia con el señor senador García Costa.

Me refería, por ejemplo, a la posibilidad de que se hiciera una entrega por medio de remate público, se imputara el precio al valor del contrato y lo que no alcanzare a cubrirlo se mantuviera como obligación del usuario. Me parece que eso es más racional que obligar a que una actividad productiva fracase y a que el bien -más allá de su abandono o no- permanezca durante un lapso absolutamente indefinido, deteriorándose, sin poder ser aprovechado para beneficio de ambas partes.

Creo que es obvio que para este tipo de contratos la institución financiera requerirá garantías o se cubrirá de alguna manera y creo que funcionaria perfectamente esta solución, sin necesidad de que se aumentaran los precios de venta. Creo que ésa no es la única consecuencia.

Reconozco, sí, que ante negocios muy riesgosos habrá formas indirectas, no previstas en la ley -como exigencia de garantías u otro tipo de medidas- a las que van a recurrir las instituciones financieras. Pero en ningún momento hablé de que se le provocara un daño a la institución ni de que se rebajara el importe del precio, sino de permitir un mecanismo más ágil para que algo que se vuelve improductivo pueda retomar rápidamente su valor de producción. Creo que eso iría en beneficio de ambas partes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º, con las modificaciones propuestas, es decir, sustituyendo la palabra "término" por "plazo" y agregando al final una coma y "con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas".

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que la palabra "escrita" está de más, porque de acuerdo con el artículo 6° de este proyecto de ley el contrato necesariamente debe otorgarse por escrito, ya sea en instrumento público o en instrumento privado. Es decir que no puede haber estipulación verbal; sería nula.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aceptada la observación por la Comisión, se va a votar el artículo 10 con la supresión de la palabra "escrita".

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En el inciso tercero, prácticamente al final, se dice "estará obligada personalmente a cumplir el contrato", etcétera.

Si bien esta observación es producto de las últimas lecturas, creo que es prudente formularla: no entendemos el porqué de la inclusión del término "personalmente". Por consiguiente, propondríamos su eliminación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11, con la supresión de la palabra "personalmente".

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a tratar el Capítulo II, "De las obligaciones de la institución financiera", que comprende los artículos 12 a 19, inclusive.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El artículo 12 comienza diciendo "La institución acreditante es obligada", etcétera. Creo que lo que corresponde es decir "la institución acreditante está obligada".

SEÑOR CERSOSIMO. - Estamos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Quiero hacer una observación de orden gramatical a la primera parte del artículo y formular una pregunta con respecto al literal b).

El artículo comienza diciendo "El contrato de crédito de uso, previsto en el apartado a) del artículo 2º. Es obvio que si estamos legislando sobre el contrato de crédito de uso, no se va a hablar de otra figura contractual. Entiendo que debería decir: "El contrato en el caso previsto en el apartado a) del artículo 29" etcétera.

Más adelante se señala: "si el proveedor indicado por el usuario no presta consentimiento". Considero que debería decir: "si el proveedor indicado por el usuario no consiente la venta", etcétera.

Luego dice. "En las condiciones consignadas en el contrato". Creo que debería decir "en las condiciones acordadas en el contrato"; sin embargo, éste es un problema menor.

Más adelante se señala: "Esta disposición no será aplicable:" y se distinguen dos literales. El literal b) dice: "si el usuario cede al acreditante, en el momento del contrato, una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor".

Confieso que no entiendo la hipótesis jurídica a que refiere dicho literal; tal vez sea por mi ignorancia jurídica o por un defecto de redacción, pero no resulta claramente comprensible. Consulto al respecto al señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: puede haber varias posibilidades de ejemplificar y pienso que la más notoria es decir: "el usuario titular de un compromiso de compraventa de un inmueble..."debidamente inscripto dentro de nuestra legislación- "...solicita el crédito de uso", y utiliza este literal b) cediendo al acreditante su compromiso, o sea, la propuesta firme de venta que le fuera otorgada por un tercer proveedor.

De acuerdo con la Ley de 1931 -en mérito a la cual está inscripto el contrato- el vendedor no puede resistirse a la cesión operada en ese caso; sin perjuicio de ello, podríamos considerar también algún otro ejemplo referido a bienes muebles, aunque considero que éste puede resultar suficiente.

SEÑOR SENATORE. - Por ejemplo, en el caso de la importación.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El señor senador Senatore señala el caso de la importación, es decir, aquel en el cual alguien ha obtenido una proforma, y toda una sistematización, y presenta una documentación que la institución acreditante procede a hacer propia y a pagarla con todas las consecuencias. En virtud de ello, ingresa en el crédito de uso, tal como lo hemos referido. Obviamente, este segundo ejemplo se refiere a bienes muebles.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. -Señor Presidente: estoy completamente satisfecho con la explicación brindada por el señor senador García Costa.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: no entiendo el sentido por el cual se incluye este artículo en el proyecto de ley.

La primera parte del artículo es muy clara. Es lógico que si el proveedor se niega a vender el bien, el resto del contrato caduca automáticamente, ya que no habrá un bien objeto del contrato.

En cuanto a las excepciones, sólo puedo entenderlas si me baso en que la institución financiera, por ejemplo, por el estudio de un proyecto complejo o por alguna otra razón, tuviera que incurrir en gastos anteriores a la firma del contrato. En dicho caso, se entendería aceptable que se pactara expresamente un determinado precio, por ejemplo, por los estudios, o que se determinara de alguna forma que la institución pudiera resarcirse de sus gastos. Pero no puedo entender el hecho de que el contrato no pueda rescindirse simplemente porque el proveedor no vende el bien objeto del contrato, el cual ya no va a existir entre las partes. No comprendo qué camino se sigue de aquí en adelante.

Por otra parte, estas excepciones aquí se plantean en cuanto a que se pacta expresamente algo para el caso en que el contrato no llegue a feliz término o en que un proveedor, que firma a pesar de su oferta, luego no la cumpla. Creo que estas cosas perfectamente se pueden pactar hoy, sin necesidad de este proyecto de ley, inclusive estas excepciones. Parecería que todo el contrato de "leasing" va a estar vigente, pero sin la existencia real del objeto del contrato. Eso parece desproporcionado, ya que al desaparecer el objeto, el contrato ni siquiera llega a nacer. Entiendo que pueda haber daños y perjuicios, o determinado pacto entre la institución financiera y el usuario, en la medida en que aquélla incurre en gastos, pero no comprendo que se diga que en virtud de estas excepciones el contrato no se extingue. La primera parte expresa que el contrato de crédito o de uso previsto en el apartado a) se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes. Estas excepciones hacen renacer la responsabilidad, o hacen que el contrato no se extinga y siga siendo válido, aunque el objeto no exista. Creo que lo único que se puede hacer renacer mediante estas excepciones es la eventual responsabilidad por daños y perjuicios, así como por los gastos en que haya incurrido la entidad financiera. Reitero que este tipo de pactos o contrataciones hoy se pueden realizar perfectamente sin necesidad de establecerlos en un artículo del proyecto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. -Señor Presidente: entiendo que la hipótesis del literal a) de este artículo 13, cuando establece: "si así se pactare expresamente", se refiere al caso en que el bien no es absolutamente insustituible. Es decir, se pacta que la institución acreditante comprará determinado inmueble para el usuario, pero si el dueño del mismo se niega, el contrato de "leasing" no se rescinde, sino que habrá que elegir otra propiedad. Si se ha pactado expresamente, el "leasing" se mantiene, pero hay que variar su objeto.

El caso del literal b) es más claro. Puede ocurrir que el dueño de una propiedad -sobre todo, si se trata de una compañía- se niegue a vendérsela a determinada empresa, pero no al usuario. Entonces, éste realiza un compromiso de compraventa, lo firma y luego lo cede a la empresa acreditante. Estas son las dos hipótesis que prevé este articulo, tal como yo lo entiendo.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con las tres modificaciones indicadas.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo formular una objeción al parágrafo segundo del artículo 15, aunque se trata de una cuestión menor. Allí se expresa: "Con todo, si se tratare de reparaciones indispensables...". Creo que la expresión "con todo" no es de estilo: debe decirse "sin embargo".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15, con la sustitución de la expresión "con todo", por "sin embargo".

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el senor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El artículo 16 dice: "La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho...". Creo que se garante contra.

Más adelante expresa: "En este caso el usuario,...". Debe ir coma después de "En este caso".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No sé si entendí bien. Se sugiere "garantir al usuario contra". Me parece que no es "contra" sino "por las vías de hecho de terceros", porque las garantías no son contra.

SEÑOR AGUIRRE. -No hago cuestión, señor Presidente, pues no vamos a perder el tiempo en esta cuestión menor. Si hay objeción, retiro mi observación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sé va a votar el artículo 16 del texto venido de la Comisión con el agregado de una coma después de "En este caso".

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Se pasa a tratar el Capítulo III, "De las Obligaciones del Usuario", que comprende los artículos 20 a 30 inclusive.

En consideración el artículo 20.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En el literal 1º) de este artículo que establece las obligaciones del usuario se dice que éste se halla obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato. Esto parece que le da una opción inadmisible. El usuario está obligado según los términos del contrato. En todo caso, habría que poner, en lugar de "o", "y", aunque creo que la referencia al espíritu es innecesaria. Lo que no puede caber es una opción.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA - Señor Presidente: seamos realistas y saquemos los espíritus para dejar "los términos del contrato".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 20 con la supresión indicada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 21.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL.- En ese artículo parecería existir el mismo problema del descuento de intereses. Señala: "Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar si el usuario ejerce la opción de copra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio final". Aquí tampoco está previsto que haya un descuento del interés racional previsto en el artículo 30.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Estamos de acuerdo con la objeción que realiza el señor senador Olazábal. Sin necesidad de una mención específica podría aplicársele el inciso tercero del artículo 30.

Pensamos que es prudente que se agregue; en todo caso, sería reiterativo, pero ello no perjudicará a nadie. Paga las cuotas pendientes y el precio final con el descuento racional compuesto aplicable.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y si se pusiera "con el descuento que correspondiere"?

SEÑOR GARCIA COSTA.- El término "racional" creo que tiene una connotación específica y debe ser usado.

SEÑOR OLAZABAL.- La forma más correcta sería "el descuento racional compuesto previsto en el artículo 30".

SEÑOR GARCIA COSTA.- Habría que agregar también "en los términos del inciso tercero".

SEÑOR OLAZABAL.- Inclusive, el artículo 30 trae una previsión para el caso de que no hubiera estipulado el descuento. Por lo tanto, es más importante referirse al artículo 30.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 23 con el agregado de "con el descuento racional compuesto previsto en el inciso tercero del artículo 30".

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

SEÑOR OLAZABAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL - En la discusión general habíamos anticipado nuestro desacuerdo en relación con este artículo.

Creemos que en la esencia de este contrato hay un contrato de arrendamiento. Pensamos que no deberíamos apartarnos de lo normal en ese tipo de contratos, en el sentido de que el bien perece para el dueño y no para el que lo arrienda. Estimo que desde el punto de vista económico, la solución que podría haber tenido el prever causa de fuerza mayor o caso fortuito hubiera sido obligar a asegurar el bien, por ejemplo, en beneficio de la institución financiera. Nos parece exagerado pretender que el usuario tenga que pagar la totalidad del precio en el caso de que ocurra, por ejemplo, un terremoto o un incendio, algo absolutamente fuera de su control. Pienso que el contrato tiene que seguir, de alguna forma, el destino de la cosa.

En ese sentido, no podemos compartir la solución qué ofrece el artículo 25.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Advierto que algunas de las observaciones que se han formulado en el curso del debate obedecen a un olvido de lo que realmente constituye este contrato. Este que estamos tratando debe ser atractivo para los inversores, para las instituciones acreditantes, porque se considera de interés para el país que esto funcione, ya que habrá una movilización de crédito y, también, la facilidad para muchas empresas que ahora no tienen capital disponible para invertir en máquinas o en inmuebles, de disponer de ellos sin esa inversión. Es por eso que se establecen disposiciones más ventajosas, por ejemplo, en este caso, que las del arrendamiento, porque de lo contrario esto sería un arrendamiento, y una empresa que se dedica al "leasing" no tiene ningún interés en comprar bienes o máquinas para arrendar. Por eso es que comparado muy ajustadamente con otros contratos, nos parezca que aquí hay ventajas; precisamente eso es lo que se quiere, a los efectos de que este contrato sea atractivo y funcione. De no ser así, no resultará viable en virtud de la ausencia de disposiciones de este tipo.

Por esa razón creo que se comete un error cuando se lo compara con un arrendamiento o con una promesa de venta cuando, en realidad, no se trata de eso. Tiene elemento de esas figuras, pero posee otros que lo hacen atractivo.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL- Señor Presidente: en este artículo se plantean dos opciones cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato. La primera la entendemos coherente y racional, es decir que se establece que la institución podrá optar entre reclamar el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final. Esto parece ser una solución lógica frente a un incumplimiento por parte del usuario.

Lo que no entendemos de ninguna manera lógico es que haya una opción para que la institución financiera recorra el camino que más le convenga. En todo caso, a lo que se podría referir el artículo es a que se pueda pactar una forma u otra, cuando haya incumplimiento, pero no dejarlo precisamente librado siempre a favor de la institución financiera. Con respecto a la segunda opción, entendemos que esto tiene carácter absolutamente leonino. Por un lado recupera el bien reclamando al usuario el precio periódico- devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios. Pero además se agrega una multa que puede ser hasta el 50 % de las cuotas periódicas por todo el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. Si no entiendo mal, se queda con el bien, exige la regularización basta ese momento de los adeudos del usuario, pero además cobra la mitad de todo el resto del precio que pudiera haberse establecido inicialmente. Como si eso fuera poco todavía le queda la posibilidad de reclamar indemnización de daños y perjuicios. Es decir que aquí se está acumulando, por un lado, lo que es una multa que, en definitiva, tiene un concepto similar a lo que es la previsión de daños y perjuicios y, por otro, se habilita un juicio paralelo por daños y perjuicios. Entendemos que esto está absolutamente fuera de lo que es normal en nuestro Derecho; que se trata de una superposición de penas y, ni siquiera, puede dar lugar a que se pacte en otra forma entre las partes. Esto obliga a las partes a que todos los contratos se pacten de esa forma. Además, creemos que este artículo es uno de los aspectos más graves que contiene este proyecto con relación a lo que tiene que ser la defensa parcial de los intereses de los usuarios.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: abundaría prácticamente en una forma redundante en lo que expresó el señor senador Ortiz hace algunos minutos.

Quizás hay, de parte del señor senador Olazábal, una diferencia de criterio en cuanto a la naturaleza de este contrato y a su mecánica operativa. Si se asimilan los criterios con que este contrato se realiza a algo parecido a un arrendamiento, naturalmente que pueden ser válidas las observaciones que formula el señor senador. Este es otro tipo de contrato; en él el usuario presenta el objeto del contrato para su adquisición por la institución acreditante. Esta, lo que está haciendo es una financiación muy específica y con una serie de condiciones particulares. Todo elemento que conduzca a hacer menos firme la certeza de la institución acreditante de qué quien le requirió la adquisición concreta del bien sujeta a crédito de uso no responderá por la totalidad de los riesgos. financieros, contractuales, reales -llámase como se quíera- e paga financieramente, no cabe la menor duda. El objeto de este contrato es lograr una movilidad en beneficio de los que van a usar, de los usuarios por redundar en la expresión y es bueno que no le impliquemos un costo financiero a la institución acreditante, porque se lo va a cobrar directamente o, si no, no va a haber crédito de uso. Podríamos poner una cantidad de disposiciones que hicieran referencia al esquema mental con el que se ha manejado el señor senador Olazábal.

Es posible que en una interpretación equivocada del proyecto se diga: he aquí un proyecto de ley que es muy equitativo con los usuarios; pero en ese caso no van a haber usuarios, o éstos van a tener que pagar un altísimo costo, porque tendrán que cubrir con sus pagos todas las dificultades que esa ley, presuntamente más perfecta, está poniendo financieramente, de cargo de la institución financiera, que es la contraparte necesaria del tema.

-Entonces, señor Presidente, si pensamos en un esquema de contrato cuya mecánica sea parecida al arrendamiento, comparto todas las objeciones; pero esto no es así. No se va a la institución financiera que da barcos en crédito de uso, a la de la esquina que ofrece un muestrario de tornos,- a - la otra que tiene telares. de- textiles., o a la que tiene inmuebles para fábrica. El sistema es distinto.

- Si lo comprendemos en esta segunda forma, que creemos que es la que opera en los países -donde se están incrementando- estos contratos -y confiemos que en el Uruguay también- entonces caemos en la contratación que tenemos delante.

Entonces, "leonino" es una expresión que no significa más que eso. ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Cuál es la ventaja? Se quiere eliminar esto. Por lo tanto, la institución financiera lo tiene que poner como riesgo. Pero sabemos que riesgo, en materia de institución financiera o de un contrato de esa naturaleza, implica incremento de precios. Parece que se quiere hacer pagar un Incremento de precios. Creemos que no corresponde, sino que se aspira a desarrollar un contrato. En esto, sin duda vamos a tropezar constantemente.

Por otra parte, cuando se habla de daños y perjuicios, esto tiene la virtualidad de que hay que demostrarlo. Es muy difícil que haya daños y perjuicios, pero si los hay y son demostrados, parece lógico que se paguen. Esto está en la naturaleza de todo contrato.

Acá se reitera, además, que se contratan los daños y perjuicios, cosa que, -por otra parte, se hace en cantidad de contratos sin que ello se considere leonino, -sino propio de su naturaleza.

Esas eran las reflexiones que quería formular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26.

(Se vota:)

-13 en 16. Afirmativa.

Se pasa a considerar el artículo 27.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.-

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en la discusión general también hicimos alusión a este artículo. Señalamos que en el caso de que las cuotas no fueran mensuales, si el usuario caía en mora en el pago de una sola de ellas, era suficiente para que se pudiera operar la restitución forzada de la cosa y, por lo tanto, también era de aplicación el artículo 26.

Más allá de las intenciones que se han demostrado a través de las palabras del señor senador García Costa, nos parece que este proyecto efectivamente defiende los Intereses del sistema financiero dispuesto a hacer los "leasing" para no crear mayores costos. Decimos que este proyecto de ley no es equitativo, y de alguna forma eso surge cuando se crítica nuestro punto de vista. Creo que hay una medida de las cosas, y en ese- sentido -nos parece absolutamente improcedente que el no pago de una de las cuotas, así sea -de un contrato -que haya tenido 20 6 30 trimestres, haga caer todo el peso del artículo 26 cuando, en realidad, pudo haber existido un incumplimiento absolutamente transitorio, Inclusive de una empresa que puede ser floreciente.

Nos parece que por lo menos hay que dar un determinado plazo, y no establecer que esto ocurre por el simple vencimiento de una cuota. De lo contrario estamos dejando totalmente desprotegido al usuario, y más allá de que esto sea equitativo o no, o que tenga que dársele una determinada orientación al proyecto, que por supuesto no compartimos, creo que excede lo -que establece el sentido común y los aspectos normales con que todos medimos una cláusula penal de este tipo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador García Costa. -

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: previamente me quiero referir a las primeras palabras del señor senador Olazábal.

Creo que con el señor senador Olazábal desde hace un rato estamos manteniendo un diálogo de sordos. Nos dice que tratamos de proteger los intereses de las futuras instituciones financieras que están vinculadas al contrato. El razonamiento es por el absurdo. El señor senador parte de esta base: como de ahora en adelante la totalidad de los empresarios nacionales adviertan, por una modificación de la legislación, que existe la obligación de utilizar el crédito de uso,. entonces no se puede sancionar una ley en estas condiciones. Se debe hacer una ley de otro tipo, de otras condiciones.

Yo pregunto lo siguiente: ¿cuál es el texto que obliga a utilizar un contrato de crédito de uso? Si no existe ninguna ley que obligue a ello, ¿por qué los que lo usan no van a utilizar las normas habituales con que ese contrato se realiza en el mundo entero?

Una norma de otro tipo -y el señor senador Olazábal lo reconocía hace un rato- conduce inequívocamente a un costo financiero mayor para el usuario, probablemente a un costo financiero tan superior que haga inútil todo el contrato de crédito de uso.

El señor senador Olazábal quiere dar la impresión al Senado de que se trata del dueño de un modesto taller que con su overol llega en bicicleta a la institución financiera para obtener un pequeño crédito a los efectos de comprar un modestísimo torno. Hace un rato usé deliberadamente el otro ejemplo: llega un señor en un Rolls Royce a ver si le dan crédito para comprar un barco petrolero de 10.000 toneladas que, por otra parte, son éstos los contratos de crédito de uso más habituales. Es decir, sabemos que ese señor tan modesto que llega en condiciones tan precarias a realizar ese pequeño contrato, sólo se ve en los titulares de algunos diarios; pero después, en la práctica, los que van a llegar a lo mejor no irán en un Rolls Royce pero sí en un auto a conversar con los jerarcas de la institución financiera sobre el bien que quieren adquirir para realizar su crédito de uso.

Creo que no es conveniente usar una simbología. Acá se quiere utilizar una simbología que induzca al Senado, o quizá a los que oyen este debate o a los que mañana lean los diarios, a creer que este Cuerpo acaba de aprobar una norma que sepulta -quizá el tono sea demasiado exagerado, pero vamos a dejarlo- bajo las pesadas mazmorras de las instituciones financieras a la totalidad del empresariado nacional. Naturalmente, se trata de que se piense en aquel pobre señor que en overol va a comprar un modesto torno.

Sin embargo, no se menciona que acá va a estar incluido el gran empresario, porque entonces el ejemplo se volvería ciertamente complejo, sobre todo de quien viene, cuya protección al capital en general resulta insólita ya que es partidario de la propiedad colectiva. En fin, parece que por lo menos defiende a una parte de los capitalistas; no a la totalidad, pero si a una parte.

Creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo sobre el contrato. Para algunos puede no servir porque sostienen un concepto colectivista de la economía. Tienen todo el derecho de hacerlo, y por supuesto lo tiene el señor senador Olazábal, que es marxista-leninista. Pero, o nos enfrascamos en ese tema o dejamos de poner ejemplos sobre aspectos muy laterales de este contrato, que nada tienen que ver con su esencia. No es un contrato para modestos ciudadanos que viven de su trabajo y que se arrastran buscando algo más de dinero en una changa. Ellos no van a las instituciones financieras. Entonces, vamos a no poner esos ejemplos..

En cuanto a lo de la cuota, el otro día ya se indicó cuál era su origen. Esto viene del siglo pasado. Nunca vi que el señor senador Olazábal presentara un proyecto de ley estableciendo que debe dejarse sin efecto, Y que en todos los casos en que haya incumplimiento de la obligación de dar o de hacer -no sé cuál es la expresión jurídica concreta- cuando hay prestaciones periódicas deberá otorgarse más de un volumen determinado. Como le molesta lo que se establece en este contrato, entonces dice que es leonino. Sin embargo, señor Presidente, no es lo que dice acá.

Mejor hubiera sido plantear una propuesta como hombre que maneja bien los números y que no hiciera decir que se aplicara una cuota en los demás casos. Le pregunto al señor senador Olazábal si cuando una cuota es bianual, le parece exagerado decir que una persona que durante cuatro años, no cumple sus obligaciones, cae en mora. Presumo la respuesta: no, en ese caso hay que aceptarla como válida. Entonces, ¿qué es lo que le resultara exagerado? Decir que una persona cae en mora cuando se atrasa un mes y un día. Eso lo acepto. Pero vamos a buscar una fórmula racional. Supongo que la Comisión también está dispuesta a tratar de encontrarla, pero no realicemos ese tipo de formulaciones que, repito, tratan de provocar una mirada sobre este proyecto que nada tiene que ver con él. Se trata de un contrato extensamente desarrollado en países de vigoroso capitalismo. Naturalmente que si no les gusta este sistema, no tienen por qué usar el contrato. Pero se basa en una realidad como es la de que en este país existe propiedad privada. Por mi parte; entiendo que es correcto que la haya; el que no piensa así, que lo diga y entonces no deberá aprobar ningún contrato. Pero esta forma de movernos sobre toda una simbología, que lo que está reflejando es un sentimiento contrario a un esquema económico que en nuestro país se ha dado y sostenido a través de su Constitución, me parece que es un error, máxime en la consideración de un proyecto que, por otra parte, puede ser un instrumento eficaz para el país, pero que no va a cambiar la vida de la República.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de conceder la palabra al señor senador Ortíz, la Mesa señala que esta resolución es la misma de la vieja ley del 31 en materia de compraventa de inmuebles a plazos, la que ha permitido a la gente modesta del país comprar un solar y edificar en él su casita.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Yendo un poco en ayuda del señor senador Olazábal que, por otra parte no la necesita, debo señalar que advierto que cuando son cuotas mensuales se cae en mora a los tres meses; en cambio, si es por períodos mayores de un mes si fuera, por ejemplo, bimensual a los dos meses. Es decir, que se cae en mora antes que cuando las cuotas son mensuales.

De modo que me atrevería a sugerir que donde dice "cayere en mora en el pago de tres cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes", se agregara "de dos cuotas si fueren bimensuales" y continuará como está: "y de una cuota en los demás casos". Propongo esta modificación para ajustar el tiempo a lo que se establece en el artículo, es decir, que el que paga cada dos meses caiga en mora después de cuatro y el que paga mensualmente, lo haga a los tres meses, pero el que abona en períodos mayores al bimensual, se perjudicará con el atraso de una sola cuota. O sea, contemplar un poco esa observación que se ha hecho.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - En primer lugar voy a apoyar -sin perjuicio de que no voy a votar el artículo- una modificación que de alguna forma haga menas violenta la caída en mora. Pienso que hay fórmulas mejores y que hay determinado tiempo de incumplimiento en todos los casos para que opere la posibilidad de restitución forzosa de la cosa. Pero el mal del proyecto no está sólo en este artículo sino en el anterior, porque están indisolublemente ligados. Por más que le busquemos una solución concreta al tema de que se pueda caer en mora por un día, las peores consecuencias están en el artículo 26 y no en el 27.

Quiero referirme a algo de lo que expresó el señor senador García Costa. Pienso que comete un error en pretender ideologizar la discusión de este tema. Por supuesto que lo podemos hacer y no lo vamos a rehuir, pero comprenderá el señor senador que las objeciones que estamos planteando tienen poco que ver con problemas ideológicos y con formas diferentes de ver el país.

Expresaba que este proyecto de ley es leonino. El señor senador García Costa, en otros términos decía que yo pretendo una ley equitativa y que, evidentemente, ésta no lo será porque se pretende que las instituciones financieras se sientan seguras de no tener quebrantos, como forma de abaratar la operación. La que hemos estado discutiendo no son cosas que abaratan la operación. El hecho de que se caiga en mora por una cuota, no es un problema que vaya a limitar al banco para hacer o no este contrato.

El hecho de que se haya incluido en el articulo anterior que se puede reclamar indemnización por daños y perjuicios que se le hablan ocasionado al usuario, no es un problema para el banco. Además, hay una atribución de intenciones a mis observaciones. Quiero aclarar que me interesa la situación del hombre que va a solicitar un crédito vestido de overol y en bicicleta, más que la del que va en un Rolls Royce a comprar un super petrolero. Quizás no tendría mucha oposición si se me dijera que esta ley va a estar vigente para todos los que están en posiciones similares al ejemplo de quien va a comprar el super petrolero. Pero esto no es así, porque por aquí pasa toda la actividad productiva del país. Mi preocupación no es por el hombre que compra el superpetrolero ni por el que va en bicicleta, sino que tiene que ver con todas las ramas del comercio, con los servicios, con todos los sectores que hoy están endeudados y qué de alguna forma van a pasar por las disposiciones de esta ley.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ricaldoni)

-Creo que no hay que dar ni una idea ni la otra. Esta ley no es para operaciones multimillonarias y tampoco podría decirse que fuera para pequeñas transacciones.

La mayoría, por no decir la casi totalidad de los bienes que están en poder de los bancos por diversas ejecuciones, pertenecen a gente del tipo de los que van a comprar en bicicleta y en overol, porque son telares, motores, etcétera; sin embargo, se prevé que entren en una operación del tipo de contrato de uso.

Digo más, el señor senador García Costa, con su habilidad oratoria que no discutimos, mencioné en una frase como que yo di la idea de que esta ley somete la totalidad de la actividad productiva o del empresario nacional a los dictados de la banca privada y extranjera.

Rebajando el ímpetu o el calor con que se expresa el señor senador García Costa, es si mi idea, y mi preocupación, en el planteo permanente de objeciones a este proyecto, no defender al empresariado nacional sino a la actividad productiva del país que quedó una vez más, sujeta -más sujeta de lo que ya está- al sistema financiero.

Entendemos modestamente que esta ley no tiene rea les posibilidades, que va a ser impuesta por el sistema financiero al resto de las actividades productivas y en ese sentido hemos pretendido lograr realizaciones de equidad que por lo menos aseguren que todo el proceso del endeudamiento transite por este camino y que ello se logre con cláusulas, repito, más o menos equitativas.

Por otra parte, deseamos que se respete lo que dieta el sentido común.

Existen otras objeciones en relación a mi propuesta de variar la forma en que se cae en mora. Se nos ha dicho que la disposición viene del siglo pasado, que figura en la ley de venta de inmuebles a plazo.

No vamos a realizar un análisis de las diferencias, porque sen muchas. La ley de venta de inmuebles a plazos, justamente favorece en forma neta al comprador. Sin embargo, quiero citar dos ejemplos de disposiciones de esta ley de venta de inmuebles a plazo, que no tienen nada que ver con lo que se ha aprobado, ni tampoco con aspectos que inclusive no hemos objetado. Establece como cláusulas nulas aquellas que prohíban o impongan determinado destino al bien prometido en enajenación. Por otro lado, también expresa que se considera nula toda cláusula que prohíba transferir el compromiso sin consentimiento previo del enajenante.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

-Por lo tanto, tampoco hagamos comparaciones en lo que tiene que ver con el pago de las obligaciones amortizables, porque se trata de cosas totalmente diferentes. Una es que por incumplimiento de una cuota, al llegar el vencimiento de la operación de compra y descontadas los intereses que correspondan, se obligará a pagar ahora la totalidad del contrato, en vez de utilizar el plazo. Y otra es que por el incumplimiento se ponga en funcionamiento el mecanismo del artículo 26, por el que el usuario pierde el bien, paga la multa, los daños y perjuicios y también lo que debía hasta ese momento. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es que caiga en mora una obligación pactada a plazo, con esta situación a que he hecho referencia cuya consecuencia no es la exigibilidad en los términos adelantados del total de la operación, sino la rescisión del contrato y la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 26.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En primer término deseo solicitar a la Mesa que me reitere el registro de la votación en general de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Fue de veinte votos afirmativos en veinte señores senadores presentes.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Entonces, presumo que, salvo circunstancia excepcional, el proyecto fue votado también por la bancada del señor senador Olazábal, con lo que quedan cubiertos los petroleros que llegan en sus Rolls Royce, a pesar de las buenas intenciones del señor senador.

Reitero todo lo expresado y, además, creo que esta es una demostración cabal de que se trata de una postura personal del señor senador Olazábal, pero que no le impidió votar el proyecto de ley en general, o sea, creer que el sistema previsto es eficaz. Sin embargo, le ha puesto tantas objeciones que terminarla siendo ineficaz. Es decir, se distrajo por un momento de cuál era su objetivo, que es contrario a la propiedad privada de los medios de producción -que nosotros respetamos- pero que no condice con el análisis que estamos haciendo de este proyecto de ley que parte precisamente de ese concepto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea saber si los señores miembros de la Comisión están de acuerdo con la modificación propuesta por el señor senador Ortiz al artículo 27. Dicha modificación consistiría en agregar, después de períodos no mayores de un mes, "de dos cuotas si fueran bimensuales", y seguiría igual. "y de una cuota en los demás casos".

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Sí, señor Presidente, estamos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27 con el agregado propuesto.

(Se vota:)

-13 en 16. Afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: he votado este artículo negativamente.

El señor senador García Costa ha solicitado el registro de la votación en general de este proyecto de ley. En ese sentido, manifiesto que en dicha oportunidad dimos las razones de por que votábamos afirmativamente. Esto lo hicimos teniendo en cuenta que en el artículo 2º literal A) se establece un mecanismo que puede dar alguna posibilidad de mejorar los créditos a mediano y largo plazo y el desarrollo que de otro modo no podría ocurrir.

El artículo 26 fue criticado por el señor senador Olazábal y, además, no fue votado por quien habla. Entiendo perfectamente que se quiera atraer a los inversores, lo que no se logra con promesas sino con disposiciones legales, como por ejemplo las previstas en la Ley de Zonas Francas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1431 del Código Civil, cuando se obliga al cumplimiento del contrato, no se puede pedir con daños y perjuicios. Aquí esa disposición queda derogada aumentándose los riesgos que correrá quien haya recurrido a ese tipo de contrato. Sin perjuicio de ello, estamos de acuerdo con lo expresado por el señor senador García Costa en el sentido de que nadie tiene la obligación de recurrir al contrato que se establece por vía de este proyecto. Pero de todos modos, el criterio original al votar este proyecto de ley, señor Presidente, se mantiene a pesar de las observaciones que hemos hecho al comienzo.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Simplemente para expresar que he votado este proyecto de ley en general, pero no así sus artículos. Inclusive, el artículo 26 me parece que es uno de los más peligrosos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 28.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 29.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En el último renglón de este artículo se dice "injusto detentador"; me parece que el vocablo "injusto" está demás porque al emplearse la palabra detentador se hace referencia a alguien que utiliza algo a lo que no tiene derecho.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE - Es para agregar que la voz "competa" del verbo competir está mal usada en este caso; creo que debe decirse que serán los que contra él "corresponda", porque aquí no se trata de un problema de competencia.

SEÑOR PRESIDENTE - Con respecto a la expresión "injusto detentador", la Mesa desea expresar que este es un tema que fue suficientemente aclarado en los últimos doce años.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 29 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD. En consideración el artículo 30.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Se pasa a tratar el Capíitulo IV "Normas Procesales", que comprende los artículos 31 a 35 inclusive.

En consideración el artículo 31.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL - Creo que puedo hablar en nombre de la bancada al expresar que adherimos a lo manifestado por el señor senador Aguirre con respecto al tema de las normas procesales y penales específicas de este proyecto. Por un lado, entendemos que son innecesarias y, por otro, alguna de ellas no las compartimos.

Por ese motivo, adelanto que vamos a votar negativamente todos los artículos contenidos en los Capítulos IV y V del proyecto.

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Como lo recuerda el señor senador Olazábal, en ocasión de la discusión general del proyecto, me opuse a ambos Capítulos. En virtud de que ahora estamos analizando el artículo 31, que refiere a las normas procesales, voy a ahorrar las consideraciones relativas a las normas penales.

Había señalado que en vísperas de la aprobación de un nuevo Código General del Proceso, una de cuyas virtudes más señaladas es la de unificar todos los procedimientos,

suprimiendo una enorme cantidad de aquellos particularizados con referencia a determinadas relaciones jurídicas y contratos, parece contradictorio que con motivo de la regulación legal de una figura específica que no estaba prevista en el Código Civil, sancionemos una serie de normas procesales que tratan de determinar particularidades en los juicios que puedan derivarse de la ejecución de este contrato.

El artículo 31 establece el principio general de que para percibir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, es decir, para perseguir el cobro de una obligación que no es particular de este contrato, el acreedor -en este caso, la institución acreditante- tendrá acción ejecutiva. En el artículo siguiente se dice que para obtener la restitución forzada de la cosa se debe seguir el procedimiento, o las normas del juicio de entrega de la cosa. Se hace remisión al actual artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil y luego figuran otra serie de normas que se adosarían a las que están vigentes sobre este juicio.

Para que se vea que esto es innecesario, que igual procedería por las normas actualmente vigentes y también por las que felizmente entrarán a regir dentro de muy poco tiempo, quiero leer las normas previstas en materia de proceso ejecutivo, así como de proceso monitorio de entrega de la cosa.

El Código que ya hemos aprobado en el Senado dice que procede el proceso ejecutivo "cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible". Entre esos títulos se enumeran "los instrumentos públicos y los instrumentos privados suscriptos por el obligado o por sus representantes, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente". No sigo la lectura, porque, en definitiva, es lo mismo que está vigente actualmente. Con el instrumento público en el que se va a solemnizar el contrato de crédito de uso o con el instrumento privado que luego se reconocerá ante el juez competente, la institución acreditante tendrá acción ejecutiva sin necesidad de lo que expresa el artículo 31 de este proyecto.

En cuanto a la acción de daños y perjuicios reclamada por cualquiera de las partes, aunque no se diga nada, es natural que se deberá sustanciar el juicio ordinario, porque es el principio general.

Con respecto al procedimiento para obtener la restitución forzada de la cosa, el artículo 364 del proyectado Código dice que es el proceso "en el que se demanda la entrega de cosas, que no sea dinero, y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, el acto administrativo", etcétera. quiere decir que este contrato está comprendido. Si se debe en virtud del contrato de crédito de uso, será aplicable el procedimiento del juicio de entrega de la cosa que no será un juicio especial, como lo es en el Código que dejara de regir, sino uno de los procedimientos monitorios que se regulará por las normas de la Sección III de esta Sección II del Libro II -si no me equivoco- del proyectado Código.

O sea, que no hay ninguna necesidad de establecer estas disposiciones. En el caso hipotético -que seguramente no se dará- de que seguramente no se dará- de que siguiera rigiendo el vetusto Código de Procedimiento Civil, por sus normas están situaciones también se resuelven, aunque no tan bien cómo quisiéramos. De todas formas, como va a entrar en vigencia el nuevo Código, se aplicarán sus normas. Si procede un proceso ejecutivo, se aplicará lo que el Código establece al respecto; si es necesario reclamar la entrega de la cosa, se seguirá un proceso monitorio regulado por las disposiciones generales.

Lo que quiero significar, señor Presidente, es que no debemos recaer nuevamente en ese vicio tradicional de nuestra legislación en el sentido de que cada vez que se quiere dar fuerza o trascendencia a una nueva figura jurídica, se pretende modificar, en parte, el Código de Procedimiento Civil, estableciendo disposiciones especiales con las que se intenta dar mayores medios procesales a los contratantes para reclamar el cumplimiento de sus obligaciones. Debemos acostumbrarnos a que todos los contratantes, los que son parte del contrato de crédito de uso o de cualquier otro, tienen a su alcance los medios procesales que el Código de Procedimiento vigente en el país le da a todos los ciudadanos, es decir, a todos aquellos que pueden ser partes en un contrato. Si cada vez que legislamos para una determinada situación jurídica o para un contrato específico vamos a establecer normas particulares, paso a paso iremos desarticulando el Código, quitándole organicidad y coherencia y obligaremos a los jueces, a los litigantes, a los abogados y a los estudiantes a navegar entre una cantidad de normas para saber cuáles son las disposiciones procesales que están vigentes en el país.

El mérito de un código es que contenga todas las normas relativas a la materia. Esta es una ley sobre un contrato, que no está legislado en el Código Civil; si lo estuviera, las normas sustantivas de fondo, es decir, la definición, la caracterización jurídica del contrato y las obligaciones de ambas partes tendrían que figurar en él. Las reglas procesales de ejecución forzada ante la Justicia de las obligaciones incumplidas de ese contrato, tienen que estar en el Código de Procedimiento, en el que está vigente o en el que, felizmente, lo va a sustituir.

No me opongo al esfuerzo que realizó la Comisión ni a la figura del contrato de crédito de uso. Por el contrario, he apoyado la regulación definitiva de esté contrato, lo he votado en general y he hecho lo mismo con cada uno de los artículos aprobados hasta ahora, a los cuales simplemente les he formulado observaciones gramaticales o de detalle. Sin embargo, me parece que realmente no se le agrega nada a este proyecto de ley, pero si se introducen elementos de confusión en las reglas del Código de Procedimiento, y a renglón seguido en el Código Penal, al regular aspectos procesales y penales que, reitero, a mi juicio están regulados en la legislación de fondo de cada una de esas materias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado me lo permite, quisiera decir algo sin necesidad de hacer abandono de la Presidencia.

Comparto lo que dice el señor senador Aguirre con respecto a la objeción planteada al artículo 31 ya que, aunque no se diga, se trata de un título ejecutivo. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el artículo 32, que se refiere a la entrega de la cosa en caso de restitución forzada, creo que la conclusión a que arriba es contradictoria con la mayor protección del usuario, que es lo que e ha reclamado.

Esta norma es la causal por la cuál el señor senador Olazábal adhería por anticipado a la supresión de todo este capítulo.

Lo que establece este artículo es una ampliación de las excepciones oponibles al juicio de entrega de la cosa. Es decir, que se trata de un beneficio mayor para los usuarios que, de lo contrario, aplicando las reglas generales del nuevo Código de Procedimiento, se tendrían menos excepciones que oponer.

Creo que la solución no condice con la finalidad que se perseguía. Si está relacionada con la finalidad de unificar los procedimientos, pero el contrato puede tener especialidades suficientes que no tenían los contratos que previó el codificador de 1878, cuando estableció, por ejemplo, que sólo se podían oponer dos excepcione graves que eran las de falsedad o nulidad del contrato.

Si la Comisión ha estudiado y considerado que en este tipo de entrega de la cosa se pueden oponer otras excepciones, por un afán de simplificación y de simetría con lo existente, no me opondría a que se suprimieran las excepciones que pudieran resultar oponibles.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Al solo efecto de aclarar mi pensamiento, digo que lo que ha expresado el señor Presidente es exacto. El contenido del artículo 32 es el que señor Presidente ha explicado, y si se está pensando en una mayor protección del usuario, sea en la legislación actualmente vigente, o en lo que está proyectado en el que será nuevo Código de Procedimiento en materia de juicio de entrega de la cosa, asiste razón al señor Presidente.

La observación que he formulado es de carácter general; lo que he objetado con motivo de la regulación de este nuevo contrato, es que se introduzcan en la legislación vigente reglas excepciones y distintas de las que forman parte del Código de Procedimiento. Con el mismo criterio con que ahora se quiere procesar en materia de contrato de uso, siempre podrá argumentarse, respecto de otros contratos, que es conveniente introducir reglas procesales de carácter particular y excepcional. Creo que ese procedimiento es inconveniente y por eso me mantengo en mi criterio, sin perjuicio de reconocer la exactitud de que ha manifestado el señor Presidente.

Nada más.

SEÑOR GARCIA COSTA.-. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: se han tenido en cuenta varios aspectos, tanto de las expresiones del señor Presidente como de las del señor senador Aguirre.

Con respecto al artículo 31, no tengo la menor duda -sería osado si pensara de otra manera- que el señor Presidente tiene razón. Sin embargo, desafiaría al señor Presidente a que viera si con un contrato de crédito de uso tiene éxito en una demanda ejecutiva, porque más allá de la catalogación que hace en cuanto a que puede ser un título ejecutivo es obvio que se trata de un contrato muy complejo. Lo normal, más allá de la norma procesal, es que el Juzgado, previamente, haga una referencia distinta a la que el señor Presidente ha hecho.

En cuanto al artículo 32 me remito a lo dicho por el señor Presidente sobre el aspecto general de la aprobación del nuevo Código de Procedimiento; es un problema muy complejo y nos obligaría a una paralización de muchos proyectos -no digo de todos- pero, por ejemplo, si la memoria no me engaña, ahora tendremos a estudio el de acción de amparo, también con disposiciones procesales, tema sumamente importante y que todos concluimos en que era necesario legislar sobre ese aspecto. Es así, que quedaríamos a la espera de lo que sucede con el nuevo Código.

Pienso que tenemos que partir de la base de lo que está sucediendo; no hay otro Código que el de Procedimiento Civil. Si al enviar a la Cámara este proyecto aprobado, ésta logra un asentimiento para su aprobación; entonces estudiará el terna y tomará lo que a ella le parezca conveniente. Pero por ahora, creo que lo que debemos hacer es seguir con la legislación que tenemos, porque contamos con el derecho a suponer que la celeridad y eficacia con que el Senado atendió -merced al buen trabajo de la Comisión de Constitución y Legislación-la aprobación del nuevo Código de Procedimiento, también la Cámara de Representantes hará un estudio pormenorizado de esta norma, de cuya complejidad no necesito hablar. Creo que tenemos que prescindir de ese hecho.

En cuanto a la referencia general que hace el señor senador Aguirre, de que en lo posible debemos evitar modificaciones procesales para no crear una legislación en cada caso, la comparto. Pero la verdad, señor Presidente, es que esto se ha hecho porque el Código de Procedimiento no ofrecía la celeridad y eficacia convenientes. El legislador ha ido creando una legislación procesal paralela, generalmente repetitiva. No se trata de que en cada caso haya ido creando una nueva legislación, sino que ha utilizado como referencia artículos del Código de Procedimiento, no aplicables a ese caso, pero sí procesalmente. Quiere decir que no estamos introduciendo constantemente modificaciones.

En cuanto a lo particular, la verdad es que prefiero una legislación "ad usum" a una referencia genérica que obligaría a someternos a las dificultades que, todos conocemos, existen en materia procesal y que tanto retardan la eficacia de muchos juicios.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Cuando modificamos una ley sustituimos un artículo por otro y hacemos una referencia expresa. Por ejemplo "Sustitúyase el artículo 23 de la ley tal por el siguiente". En cambio, en este caso, sustituimos todo un código por otro. Cuando hacemos referencia a artículos del Código, ¿qué va a ocurrir? Lo que sucederá es que después estos artículos ya no se van a referir al Código. El intérprete tendrá que decir que el artículo 1311 del Código anterior, fue sustituido y especificar cuál es.

Si fuera posible, creo que habría que hacer referencias al tema y no al articulado. Decir que está de acuerdo con lo dispuesto en el Código, pero no con el artículo, porque de lo contrario, apenas se apruebe el nuevo Código tendríamos que modificarlo, por lo menos en el momento de su aplicación. Como a veces no hay una sustitución exacta de tal artículo del Código anterior por otro determinado del nuevo, sino que ha habido modificaciones que abarcan varios artículos, pueden haber errores interpretativos.

Comprendo que en este momento es muy difícil Improvisar una redacción en los términos que he sugerido; pero, si el proyecto ante cualquier circunstancia volviera a la Comisión, valdría la pena allanar dificultades para un futuro próximo, o sea para la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Civil.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 31.

(Se vota:)

-12 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 32.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 33.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 34.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 35.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Se pasa a tratar el Capítulo V, "Normas Penales", que comprende los artículos 36 y 37 inclusive.

En consideración el artículo 36.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Ya he expresado que soy decididamente contrario a la proliferación de nuevos tipos o figuras delictivas que se incorporen a las existentes en el Código Penal, las cuales por las mismas razones que acabo de señalar respecto de las normas procesales, terminan por quitarle unidad y sistematización a dicho Código.

Además, creo que hay una tendencia que hace que cada autor de un proyecto de ley -y no me refiero en este caso al miembro informante, porque los autores de estas disposiciones están ubicados en el Poder Ejecutivo- considere ese cuerpo normativo tan importante y tan trascendente la materia legislada que para impedir que se violen las disposiciones referentes a ese tópico, hay que sancionar su violación con normas de carácter penal.

La prueba más evidente, en mi concepto, de que no se ha redactado este proyectado artículo 36 con el Código Penal a la vista es que en el segundo parágrafo dice prácticamente lo mismo que establece el artículo 351 del referido Código al referirse al delito de apropiación indebida.

El artículo 36, en su segundo parágrafo, dice; "El usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato, convirtiéndolos en su provecho o en el de un tercero, será castigado con doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaria". Por otro lado, esta hipótesis está comprendida en el mencionado artículo 351, que dice: "El que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero" -hasta aquí es exactamente igual- "dinero u otra cosa mueble" -aquí no se trata de dinero, sino de cosas muebles que se entregan al usuario; también pueden ser inmueble- "que le hubiere sido confiado o entregado por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaria". ¿Dónde está la diferencia? Que se eleva el mínimo a doce meses de prisión. Pero, en realidad, es una hipótesis de apropiación indebida que ya está regulada por el Código Penal.

Por otra parte, en el parágrafo primero de este artículo 36 se agrega una nueva figura penal. Allí se dice que el usuario que haga abandono de los bienes podrá ser castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión. Al respecto, me pregunto lo siguiente. Con todas las sanciones especiales que se prevén en este contrato para el usuario incumplidor de estas obligaciones y con las responsabilidades civiles que este usuario incumplidor de sus obligaciones tiene, en aplicación de los principios generales, ¿existe aún necesidad de crear una figura delictiva para el caso de que haga abandono de los bienes? En realidad, me parece que esto es un celo de carácter penal -si es que cabe llamarlo así- o un afán punitivo exagerado.

Pienso que en las sociedades democráticas y en los códigos penales que responden a una concepción democrática se amparan determinados bienes jurídicos en los títulos tradicionales de estos Códigos, que son el fruto y la decantación de una larga experiencia. Es así entonces, que no es apropiado improvisar en esta materia, agregando a cada paso nuevos delitos.

Francamente, señor Presidente, no creo que la parte de un contrato de "leasing", el usuario de un contrato de crédito de uso que haga abandono de un bien objeto del contrato sea un delincuente; que incurra en una responsabilidad penal y que pueda terminar en la cárcel.

Creo que esto es una concepción exagerada.

En el caso de que el usuario se apropie de los bienes objeto del contrato con una intención dolosa, es decir, que se materialice un acto que perjudique intencionalmente a la otra parte, para esa situación ya existe en el Código en la figura de la apropiación indebida. Por consiguiente, no creo que sea necesario agregar otra al catálogo de las que ya contiene el Código Penal.

En cuanto al artículo 37, me adelanto a decir que es innecesario lo que dice porque es obvio que la responsabilidad penal es siempre sin perjuicio de las responsabilidades civiles por el incumplimiento contractual consiguiente o por la responsabilidad extracontractual en que se puede incurrir cuando no hay un contrato de por medio. De modo que este artículo responde a un principio general que, aunque no esté incluido en el proyecto, igual va a regir y será aplicado.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Las expresiones del señor senador Aguirre son, como siempre, muy inteligentes y atinadas. Por otro lado, quiero decir que la Comisión trabajó bastante sobre estos temas y en el informe escrito que precede al texto que estamos examinando, se dice específicamente lo siguiente, en lo relativo al Capítulo V: "vuestra Comisión ha variado en mucho el proyecto que enviara el Poder Ejecutivo. La redacción original no fue considerada de recibo. La misma no revestía la precisión tan necesaria al Derecho Penal, e incluso mezclaba normas e institutos del Derecho Civil, que contribuirá a hacer poco clara la redacción final. La Comisión solicitó del Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, doctor Cairoli, la revisión de los textos propuestos. Los artículos, tal como ahora se someten al Senado, con alguna modificación de escasa entidad, son los que con remarcable eficacia nos hiciera llegar el mencionado Catedrático".

A este respecto, comprendo las razones esgrimidas por el señor senador Aguirre -que, a mi juicio, son muy atendibles -pero a la vez señalo que la Comisión estudió el punto y lo sometió a la consideración de la Cátedra de la Facultad de Derecho, la que luego remitió los correspondientes artículos. Es así que, en definitiva, es el Senado quien debe resolver.

Por mi parte voy a votar lo que viene propuesto por la Comisión, pero naturalmente que los argumentos manejados por el señor senador Aguirre pueden ser ciertamente de recibo por parte de los demás señores senadores. Al efecto, me inclino sustancialmente por este criterio porque esas objeciones no fueron esgrimidas. Además, como bien se sabe, esta es una de las materias de extrema delicadeza, pues refiere a aspectos de la creación de figuras delictuales; se utiliza una terminología especial; y, por lo demás, las más pequeñas modificaciones implican algo muy grave porque, según es notorio, está en juego la libertad de la persona.

Esa es, en concreto, nuestra opinión sobre este punto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En realidad, simplemente me voy a referir a una cuestión de orden gramatical.

En el segundo parágrafo del artículo 36 se dice que "el usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato, convirtiéndolos en su provecho". Mi propuesta es la de cambiar la expresión "convirtiéndolos" por "disponiendo de ellos". A mi juicio, aquélla no es la expresión más adecuada.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto los argumentos que ha formulado el señor senador Aguirre, los que, por otra parte, son aplicables a todo el Capítulo V, es decir, al artículo 36 y, por otras razones al 37. En consecuencia, no voy a votar el artículo 36.

Además, creo que hay hasta errores de tipo conceptual, como son los que se ponen de manifiesto en el artículo 37. Más allá de la redundancia que el artículo siguiente contiene o de lo obvio que es señalar que además de las responsabilidades penales están las civiles -lo que plantea el problema de que se esté estableciendo poco menos que una responsabilidad civil objetiva, cosa que no me parece lo más acertado desde el punto de vista técnico- crea un embrollo -si se me permite la expresión- entre las normas establecidas en el artículo 37 -estoy citando de memoria- y las dispuestas en el Código de Proceso Penal, en cuanto a la forma en que se configura la responsabilidad civil.

El actual Código de Proceso Penal, cambiando a mi juicio equivocadamente la solución que contenía el sistema anterior, impide a los Jueces pronunciarse sobre la responsabilidad civil hasta tanto recaiga sentencia en el proceso penal, lo que está creando situaciones muy injustas que espero que cuando la Comisión que está estudiando el Código de Proceso Penal se expida, queden corregidas.

Suele suceder que se tipifiquen responsabilidades civiles aun cuando no existan responsabilidades penales. También es cierto que en determinados sectores doctrinario le dice que la culpa civil y la penal constituyen una misma culpa aunque no comparto esta consideración.

Creo que, en realidad todas estas normas están sentando un precedente equivocado, porque privilegia con sanciones penales ciertos contratos que, coyunturalmente, el legislador considera importantes en un momento especial, frente a otros contratos que, no sé por que razón, se entienden de menor importancia. Es decir, se introducen dentro de la órbita del Derecho Penal ciertas infracciones a lo que pactan las partes libremente en un tipo de contrato, y no en otros. Entonces, en definitiva se está creando una situación que no es homogénea y que, a mi juicio, no es la más conveniente para el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto señor Presidente, acompaño la argumentación del señor senador Aguirre en cuanto al artículo 36, y que quizás en una compañía muy minoritaria, cuenta también -no se cuál es la opinión del señor senador- con mi punto de vista contrario al artículo siguiente, inserto en este último capítulo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36, con la corrección propuesta en el sentido de suprimir el término "convirtiéndolos" por disponiendo de ellos".

(Se vota:)

10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 37.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

9 en 18. Empate.

Se reabre la discusión.

SEÑOR FA ROBAINA. - Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

-11 en 18. Afirmativa.

Se pasa a tratar el Capítulo VI "Disposiciones Generales" que comprende los artículos 38 al 41 inclusive.

En consideración el artículo 38, cuya aprobación requiere mayoría especial.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE - Quiero formular una consulta a la Mesa. Si terminamos con la consideración de estos artículos, quedarían pendientes de análisis los artículos 3º y 4º que también requieren mayoría especial por significar una modificación a las normas referentes al Banco Central del Uruguay. Iba a decir que se trata de una modificación a la Carta Orgánica pero, como muy bien señaló el señor senador Singer, no se ha dictado aún una ley que tenga el carácter de Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

A continuación, me voy a referir a otro problema. Hace unos días, manifesté la necesidad de que se legislara sobre la parte impositiva de este contrato, porque una de las razones por la que este contrato se dejó de practicar con cierta generalidad fue que disposiciones de la Dirección General Impositiva, dictadas durante 1981 con un criterio excesivamente fiscalista, determinaron que las instituciones que habían comenzado a emplear este contrato, dejaran de hacerlo. Considero que si dejamos en una nebulosa el régimen impositivo del contrato, de hecho estamos dando una total discrecionalidad a la administración tributaria para que aplique los impuestos que, según su leal saber y entender, correspondan a esta figura jurídica. Ello va a desalentar a las personas que quieran hacer uso del contrato de crédito de uso, a pesar del propósito que, precisamente, inspira a legislar en la materia.

Por consiguiente, señor Presidente, sin extenderme más, quiero hacer llegar a la Mesa un proyecto de artículo aditivo. No sé si correspondería considerarlo en este momento o luego de votar el capítulo relativo a las disposiciones generales.

SEÑOR PRESIDENTE - De acuerdo con al Reglamento, corresponde considerarlo al final y después se vería su ubicación en el articulado.

La Mesa advierte que el artículo 38 también requiere mayoría especial porque modifica la Carta Orgánica del Banco de la República y hay 19 señores senadores en Sala.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

No sé si es reglamentario seguir adelante, pues tenemos varios artículos en estas condiciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor Senador.

Los artículos que requieren mayoría especial son el tercero y el cuarto, cuya consideración había sido postergada, así como el artículo 38.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, pienso que podemos continuar con la consideración del resto de los artículos, así como del aditivo, y en la próxima sesión se tratarían esos tres artículos, porque lamentablemente algunos de nosotros nos tenemos que retirar y no vamos a poder contribuir con nuestra presencia a mantener el quórum.

Reitero que, a mi juicio, es más conveniente que finalicemos la consideración de los artículos que faltan y del aditivo, dejando estos tres para la sesión del Senado a realizarse mañana miércoles.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Lo que ocurre, señor Presidente es que hay dos artículos que han quedado pendientes, pero además se han formulado objeciones a los artículos 6º y 7º.

Creo que volver a discutir sobre esos temas y, eventualmente, ponernos a redactar en Sala, no es el procedimiento más adecuado. Pienso que, con lo que llevamos aprobado, el tema podría volver a Comisión donde en un ámbito más reducido, se pueden corregir las discrepancias existentes.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo que acaba de manifestar el señor senador Batlle en el sentido de que deberá ausentarse, y dado que la discusión sobre los artículos 6º y 7º nos va a insumir bastante tiempo -porque desde que los tratamos hasta ahora ha habido acopio de informe de técnicos, peritos, escribanos y abogados, lo que va a motivar un debate prolongado- considero que lo más conveniente es pasar esas disposiciones nuevamente a Comisión para tratar esos detalles que faltan.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: simplemente quiero manifestar cierta extrañeza por lo que acaba de expresar el señor senador Ortiz respecto de 1os artículos 6º y 7º.

Si no recuerdo mal, el artículo 6º, que fue objeto de una larga discusión se votó afirmativamente, y el 7º lo aprobamos al comenzar la sesión de hoy. Nadie ha mocionado para que vuelvan a ser considerados, es decir, a reconsiderarlos. Por consiguiente, lo único que queda en este momento pendiente de votación son los artículos 3º y 4º, el Capítulo final y el artículo aditivo que presenté oportunamente se considerará.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Aclaro que no tengo la bola de cristal, sino que el señor senador Cersósimo me había anunciado su propósito de pedir la reconsideración de esos dos artículos, y me adelanté dando eso por sabido.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SESOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Con relación al artículo 6º como bien dijo el señor senador Ortiz, hay algunas opiniones técnicas qué se han hecho llegar algunos señores senadores -entre ellos al señor senador Ortiz y a quien habla-, que indudablemente, como gusta ameritan el pedido de reconsideración de ambos artículos.

El artículo 6º, por las razones que entonces expondríamos y que no son del caso mencionar en esta instancia en la que parece va a pasar a Comisión- por lo tanto, se reabriría la discusión.

SEÑOR BATLLE. - No parece, señor senador; es simplemente una opinión.

SEÑOR CERSOSIMO. - No parece, pero parece, porque si alguien así lo solicita, parece que podría pasar a Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. - Le parece al señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Le parece a quien habla y al señor senador Ortiz y, ¿por qué no a otros señores senadores? Es una opinión como cualquier otra.

En cuanto al artículo 7º, había adelantado en la discusión general y, después, en la particular, que lo que dice relación con el literal e) -que expresa que si se tratara de otros bienes, se inscribirán en el Registro de Prenda Agraria e Industrial- constituye una indeterminación desde el punto de vista de la contratación y de lo que significa la circulación de bienes. No es conveniente que pueda establecerse una disposición de esa naturaleza.

Quiere decir, entonces, que es preciso que los bienes sean concretamente identificables porque, de lo contrario, cualquier clase de bienes se inscribirían, por incidencia residual en el Registro de Prenda Agraria e Industrial, lo cual, desde el punto de vista técnico -no quiero emplear el término que me viene a la mente- no es de recibo, para decirlo lo más suavemente posible.

En cuanto a la inscripción, somos partidarios dé que caduque cada cinco años, que es el sistema que se emplea, prácticamente, en casi todos los Registros, sobre todo en el Registro General de Inhibiciones, que hace más sencilla la búsqueda y menos pesada la carga de las distintas inscripciones que, de lo contrario, permanecen por treinta años. Naturalmente, esa caducidad se haría con la posibilidad de la reinscripción cada cinco años por lapsos similares y por pedido verbal de cualquiera de las partes.

Además, como se está tratando el articulo 38 seria conveniente también -si es que se va a pasar a Comisión el resto del artículo y los que el señor senador Ortiz y nosotros indicamos -que se nos aclarara, al hacer la referencia al Decreto-Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 1977, qué sentido tiene.

Pregunto al señor senador García Costa como miembro informante- no sé si hay uno solo- qué significa la expresión "ni la de tener bienes inmuebles" contenida en el Decreto-Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 19’77, porque "tenencia" tiene una acepción determinada, "posesión" tiene otra, y "propiedad", otra. En consecuencia, pregunto a qué se refiere. Si es el de ser propietario de bienes inmuebles o al de ser tenedor de bienes inmuebles, es decir, arrendatario o cualquier otro título de esa naturaleza.

En su oportunidad, también tendríamos que preguntar...

SEÑOR PRESIDENTE - ¿Me permite, señor senador?

La Mesa cree que tendríamos que ordenar el debate.

Estamos considerando el artículo 38. Se ha sugerido -pero no se ha realizado ninguna moción- la reconsideración de los artículos 6º y 7º. En estos momentos no tenernos quórum para votar el artículo 38, así como tampoco el 3º y el 4º.

De manera que deberíamos postergar este artículo 38; podríamos, si, considerar el 39, el 40 y el aditivo propuesto por el señor senador Aguirre.

SEÑOR BATLLE. - Es lo más sensato.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no puede formular mociones pera espera la que se ha anunciado para que se reconsideren los artículos 6º y 7º y se pasen a Comisión.

Lo razonable es continuar ahora con el artículo 39.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Formulo moción concreta para que se continúe con la consideración del articulo 39, en virtud de que tanto los artículos 3º y 4º como el 38, necesitan una mayoría especial y el Senado, en estos momentos no tiene quórum. En su oportunidad si es que se plantea la reconsideración, por supuesto que estamos dispuestos a votarla en relación a cualquier artículo.

Desde ya digo que no creo que sea oportuno ni conveniente devolver este artículo a la Comisión dado que ésta ya lo ha estudiado y el Cuerpo ha adelantado su trabajo sobre él y las observaciones que se están planteando se podrían dirimir -como tantas otras que se han planteado con respeto a ésta u otras leyes en el seno del Senado escuchando las argumentaciones de quienes así lo estimen necesario.

Asimismo, señor Presidente, formulo moción para que se prorrogue la consideración del artículo 38. Además, pido excusas al Cuerpo porque, por motivos de índole política, debo retirarme en estos momentos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Batlle.

-Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

Léase.

(Se lee)

-En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

Léase.

(Se lee)

-En discusión.

Sí no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

16 en 17. Afirmativa.

El artículo 41 es de trámite.

Correspondería ahora considerar el artículo aditivo propuesto por el señor senador Aguirre.

Léase.

(Se lee)

"Artículo aditivo. El contrato de crédito de uso catará gravado por el Impuesto al Valor Agregado, salvo cuando recaiga sobre bienes inmuebles. Será sujeto pasivo del impuesto la institución acreditante. Se aplicará la tasa mínima vigente, del doce por ciento (12%). El impuesto se facturará y liquidará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 literal A) y 9 del Título 10 del Texto Ordenado 1987. A los efectos del pago de los Impuestos al Patrimonio y del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, cuando una o ambas partes del contrato fueren sujetos pasivos de los mismos, se considerará que el bien objeto del crédito de uso íntegra el patrimonio de la institución acreditante. Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador."

-Se va a realizar el Repartido correspondiente.

En discusión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que este artículo aditivo. propuesto por el señor senador Aguirre, junto con aquellos para los cuales puede votarse una reconsideración, deberían quedar -y hago moción en ese sentido- para la sesión de mañana.

SEÑOR AGUIRRE. - Me parece muy razonable.

SEÑOR RICALDONI. - Digo con total franqueza que tengo el mayor de los respetos por los aditivos propuestos por los compañeros del Cuerpo y, naturalmente, por el presentado por el señor senador Aguirre; pero me parece que no es lo más adecuado votarlo sin tener un repartido sobre la mesa, puesto que el tema tiene una complejidad especial.

Ya que se han votado los artículos qué con este quórum pueden ser susceptibles de aprobación, propondría que los demás -incluido el aditivo del señor senador Aguirre- se consideren en el día de mañana.

Es lo que quería plantear, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de que los artículos 3º, 4º, 38 y el aditivo propuesto se posterguen para la sesión que realizará el Senado en el día de mañana. ¿El señor senador Cersósimo desea proponer algo más?

SEÑOR CERSOSIMO. - No lo hago, porque parece que hoy es un día para mí aciago para plantear estas cosas.

La reconsideración de los artículos sobre los que se habla pronunciado el señor senador Ortiz en cuanto a su pase a Comisión para ser tratados en el día de mañana, no la puedo plantear ahora, sino mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - No se ha planteado ninguna moción concreta en ese sentido.

SEÑOR CERSOSIMO. - No voy a hacer mía la moción del señor senador; pero, indudablemente, él había planteado el pase a Comisión. Es una moción que está formulada.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hubo moción, sino una reflexión en voz alta.

El señor senador Ortiz comunicó que había conversado con el señor senador Cersósimo y eso estaba, un poco, como valor entendido. El señor senador Batlle expresó que no le parecía oportuno, pero no hay una decisión al respecto por parte del Cuerpo.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿El señor Presidente quiere que yo me juegue en una opinión para "quedar pegado"?

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. -. Yo no quiero nada; es al señor senador a quien le toca jugar.

(Hilaridad)

-Corresponde votar la moción formulada por el señor senador Ricaldoni para que los artículos 3º, 4º, 38 y el aditivo se consideren como primer punto del orden del día de la sesión del día de mañana.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) LEYES INCONSTITUCIONALES. Derogación de disposiciones legislativas así declaradas por la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en el numeral segundo del orden del día: "Proyecto de ley por el que se derogan disposiciones legales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. (Carp. Nº 1036/88 - Rep. Nº 28/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1036/88
Rep. Nº 28/88

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, que quedarán redactados de la siguiente forma:

"Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica".

"Quedan igualmente exonerados de todo tributo nacional los bienes, de cualquier naturaleza, de las actuales y futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales o educativas y a actividades deportivas".

Art. 2º. - Derógase el inciso segundo del artículo 39 del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983.

Art. 3º. - Modificase el articulo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción de Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso".

Art. 4º. - Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982.

Art. 5º. - Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional".

Art. 6º - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

"La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, conforme a la Constitución artículo 61 literal H), no existe para los militares en situación de retiro.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley deja sin efecto lo dispuesto por diversas disposiciones legales que, en fecha reciente, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, lo que así se comunicó a la Asamblea General en cumplimiento del artículo 19 de la ley número 13.747.

Cabe suponer que el fundamento de esta última norma es excitar el celo de la Asamblea General en favor de la derogación de las leyes inconstitucionales. Habitualmente, sin embargo, estas comunicaciones no aparejan ulterioridades en el quehacer legislativo y las leyes declaradas inconstitucionales permanecen vigentes, desde que, en nuestro Derecho, la declaración judicial de inconstitucionalidad no tiene más efecto que la no aplicación de la norma así declarada, en el caso concreto en que el problema se haya planteado.

Es menester reaccionar contra esta práctica y a ello obedece este proyecto de ley. La no derogación de las leyes inconstitucionales trae diversos problemas jurídicos y no sólo de orden teórico. El Poder Ejecutivo, que tiene la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿debe mantener esa conducta respecto de una ley declarada inconstitucional? Lo mismo cabe inquirir respecto de las Intendencias, que tienen idéntica obligación (artículo 275 – 1º de la Carta). ¿Están en igual situación los Entes Autónomos y las demás personas jurídicas estatales? ¿Qué hacen los particulares frente a una ley declarada inconstitucional por la Corte?

Lo que es claro, entre tanto, es que toda vez que se exige judicialmente el cumplimiento o la aplicación de una ley inconstitucional, resulta imprescindible volver a obtener la declaración de su inconstitucionalidad por la Corte.

Todo ello ocurre porque, como enseña Justino Jiménez de Aréchaga, "La declaración de inconstitucionalidad, en nuestro Derecho, no afecta la general vigencia de una ley, desde que ella se aplicará en todo caso en que no sea declarada inconstitucional" ("La Constitución Nacional", T.X, p. 149).

Resulta fácil comprender, pues, que todos estos problemas sólo se solucionan, para el futuro al menos, con la derogación de las leyes inconstitucionales. Estas, por otra parte, son actos jurídicos ilegítimos, especie patológica en el mundo del Derecho, que no deben pervivir en un Estado de Derecho auténtico, cómo aspiramos a que lo sea el nuestro.

Puntualizamos, para finalizar, que no proponemos la derogación lisa y llana del artículo 134 de la Ley número 12.802, ni la de los artículos 13 del Decreto-Ley número 15.181, 1º del Decreto-Ley Nº 14.264 y 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, porque todas estas disposiciones son sólo parcialmente inconstitucionales y deben seguir vigentes en todo lo que no coliden con la Lex Magna.

Asimismo, debe quedar claro que las derogaciones propuestas por este proyecto de ley no prejuzgan sobre el mérito o demérito intrínseco de las normas inconstitucionales en cuestión Es por su sola calidad de tales que propiciamos su erradicación del orden jurídico vigente.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación de este proyecto de ley que deroga disposiciones legales que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, en virtud de compartir los fundamentos expresados en la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa. "Brevitatis Causa", por tanto, se omite su reiteración.

Corresponde precisar, en primer término, que las disposiciones a que refiere el proyecto son sólo aquellas que la actual Suprema Corte de Justicia, con la integración que le dio la Asamblea General en 1985, ha declarado Inconstitucionales. Ello, sin perjuicio de que algunas de esas disposiciones ya habían sido declaradas inconstitucionales con anterioridad por la Corte, en tiempos en que su integración era distinta.

Debemos señalar, además, que la mayoría de las referidas normas legales no son derogadas sino modificadas en su texto. Ello, en razón de que su declaración de inconstitucionalidad no alcanza a la totalidad de su texto sino a un aspecto parcial del mismo.

En cuanto al articulado del proyecto, vuestra Comisión señala:

1º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró Inconstitucional el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por sentencia Nº 217/86, de 25 de Julio de 1986, reiterando diversos pronunciamientos anteriores en idéntico sentido, el último de ellos emanado de la unanimidad de sus actuales titulares (sentencia número 301/85, de 15 de noviembre do 1985).

La parte dispositiva de la sentencia de la Corte no aclara si se declara la inconstitucionalidad respecto de todo el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, que contiene siete incisos pero surge de su contexto que la inaplicabilidad de esta disposición alcanza sólo a la exoneración de impuestos departamentales más allá de los casos en que la dispone el artículo 69 de la Constitución para las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza. Se considera que, con arreglo a la Carta, "surge con total claridad que los órganos colegisladores actuantes carecían en absoluto de competencia tanto por lo que respecta a la iniciativa como a la sanción de exoneraciones de tributos municipales".

En consecuencia, sólo se han modificado los incisos segundo y tercero de la disposiciones en cuestión, de modo de suprimir la exoneración de impuestos departamentales respecto de las Federaciones o Asociaciones Deportivas, de las instituciones que las integren, de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de las demás instituciones religiosas las que no gozan de tal exoneración por mandato del constituyente y, por consiguiente, sólo pueden ser exoneradas de dichos impuestos por acto legislativo de los respectivos Gobiernos Departamentales.

En el inciso segundo se ha agregado el calificativo de "nacional" a los tributos, aportes y contribuciones de que se exonera a las instituciones culturales y de enseñanza, en virtud de que, en lo departamental, su exoneración sólo alcanza a los impuestos y no a los tributos en general ni a otras especies de éstos.

En el inciso tercero se ha precisado que la exoneración comprende a "todo tributo nacional", porque el legislador es competente para ampliar la exoneración del artículo 5º de la Constitución respecto de los impuestos que gravan "los templos consagrados al culto de las diversas religiones", siempre que no pretenda extenderla al ámbito departamental. Se suprime, además, la referencia a los bienes "de las instituciones mencionadas en el inciso anterior", según rezaba el artículo 134 de la Ley Nº 12.802 en este inciso, puesto que el sujeto pasivo le esos tributos, en cuanto titular de tales bienes, es el mismo ya exonerado en el inciso segundo.

2º) Que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983, se dispuso por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia Nº 409/86, de 20 de octubre de 1986. Entendió esta corporación que esa disposición, cuya derogación se propone, viola el principio constitucional del debido proceso legal, por cuanto veda "toda posibilidad de defensa al intimado por desalojo" dentro de los procedimientos y en la hipótesis a que refiere el decreto-ley en cuestión.

La derogación sólo opera respecto del segundo inciso de la norma referida, por cuanto es éste el que determina la absoluta indefensión del demandado. No así el inciso primero, que refiere a una faz previa del juicio de desalojo.

3º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto-Ley número 15.181, de 21 de agosto de 1981, por sentencia Nº 352/87, de 19 de agosto de 1987, que consideró contraria a la Carta la exoneración de tributos departamentales, además de los nacionales y con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social, dispuesta por dicha norma en favor de las instituciones de asistencia médica colectiva.

La disposición sólo se modifica para suprimir dicha exoneración inconstitucional. El resto del artículo es conforme a Derecho y, por tanto, se mantiene.

4º) Que se deroga el artículo 2º del Decreto-Ley número 15.343, de 3 de noviembre de l982 que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia Nº 449/87, del 2 de octubre de 1987, en virtud de que esa norma crea una mal llamada "contribución especial" -en rigor es un impuesto- "a cargo de las personas públicas no estatales de seguridad social" y, al hacerlo, de lega en el Poder Ejecutivo la determinación de los elementos constitutivos de ese tributo, lo que viola el principio de legalidad y el artículo 85 inciso 4º de la Constitución.

5º) Que se modifica el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, declarado inconstitucional por sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 402/87 de 17 de setiembre de 1987, por cuanto éste exoneraba a los bienes del dominio privado o fiscal del Estado "de toda imposición nacional o departamental", siendo que, según ya fue visto, las exoneraciones de tributos departamentales deben disponerse por los propios Gobiernos Departamentales y no por ley.

Se suprime, pues, la indebida referencia a la imposición departamental y se le quita, asimismo, el pretendido carácter interpretativo de la Constitución que tenía la norma declarada inconstitucional.

6º) Que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, por sentencia Nº 395/87, de 17 de setiembre de 1987. Esa norma, por remisión al artículo 61 de dicho decreto-ley, determinaba que la abstención de toda actividad política -impuesta para los militares en actividad por el artículo 77 inciso 4º de la Constitución- se extendía durante cuatro años a los militares en situación de retiro, lo que es inconstitucional.

El inciso agregado al artículo 182 del Decreto-Ley número 14.157, suprime la inconstitucionalidad, por cuanto aclara que la extensión por cuatro años a los militares en retiro, de las obligaciones que impone el estado militar según el artículo 61, no alcanza a la prohibición constitucional de hacer política.

Sala de la Comisión, 21 de abril de 1988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Hugo Batalla, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Américo Ricaldoni, Dardo Ortiz. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Modifícanse los incisos segundo y tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, el que quedará redactado en la siguiente forma:

"Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo,. aporte y/o contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, así como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica.

Quedan igualmente exoneradas de todo tributo nacional los bienes, de cualquier naturaleza, de las actuales y futuras Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales o educativas y a actividades deportivas

Art. 2º. - Derógase el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983.

Art. 3º - Modifícase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado en la siguiente forma:

"Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia estarán exoneradas en todo caso".

Art. 4º. - Derógase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982.

Art. 5º - Modifícase el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado en la siguiente forma:

"Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional".

Art. 6º - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

"La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, dispuesto conforme con la Constitución en el artículo 61 literal H) de la presente ley, no existe para los militares en situación de retiro".

Sala de la Comisión, 21 de abril de 1988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante; Hugo Batalla, Pedro W. Cersósimo. Juan Carlos Fá Robaina, Américo Ricaldoni, Dardo Ortiz. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto sustitutivo.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: es obvio que soy el primer interesado en que este proyecto de ley se considere y se apruebe. Observo que desde hace varios minutos estamos con un quórum mínimo para adoptar resolución. El señor senador Batlle, antes de retirarse, manifestó públicamente que cuatro señores senadores de la bancada del Partido Colorado se tenían que retirar por la misma razón de carácter político que oportunamente indicó. Por lo tanto, consulto al Cuerpo para saber si estamos en condiciones de considerar el proyecto, porque me temo que el Senado se va a quedar sin quórum para votar.

Si los señores senadores están dispuestos a sesionar por una hora más, entonces comenzamos la consideración del tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay 16 senadores en Sala.

SEÑOR AGUIRRE. - En ese caso, señor Presidente, comenzamos a tratar el proyecto de ley

No quiero extenderme en mayores consideración del tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay 16 senadores en Sala.

SEÑOR AGUIRRE.- En ese caso, señor Presidente, comenzamos a tratar el proyecto de ley.

No quiero extenderme en mayores consideraciones. El proyecto de ley tiene una exposición de motivos y un informe de cierta extensión, que, por supuesto, he redactado que consta en el repartido correspondiente y fue objeto de aprobación unánime por parte de la Comisión de Constitución y Legislación del Cuerpo, por lo cual voy a realizar unas consideraciones de carácter muy simple y general.

La Suprema Corte de Justicia nos comunica, en virtud de una norma contenida en la ley reglamentaria de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, aquellas sentencias que recaen sobre disposiciones de carácter legislativo que declara inconstitucionales. Como es sabido, de acuerdo con la Constitución de la República, esa declaración no tiene más efecto que su desaplicación en el caso judicial concreto en que el problema haya sido planteado y respecto de las partes del litigio de que se trate.

La declaración de inconstitucionalidad en nuestro Derecho Positivo y en nuestro régimen constitucional no vale derogación de la norma declarada inconstitucional.

En realidad, es impropio de un estado de derecha que leyes que son contrarias a la Constitución de la República permanezcan vigentes y sigan rigiendo. Existe el agravante de que en algunos casos se aplican cuando las partes obligadas por esa ley no advierten la inconstitucionalidad o no son asesoradas desde el punto de vista jurídico, o, por el contrario, que quienes resisten la aplicación de la norma obtengan su declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Esto trae una cantidad de complicaciones en la práctica y la duda para los órganos administrativos del Estado es si deben o no aplicar esas leyes ya declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, por el hecho irregular, en un Estado de Derecho, de que una ley inconstitucional, un acto jurídico patológico que desconoce el principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que es el ordenamiento jerárquico de las normas permanece en vigencia.

Por supuesto, al proponer la derogación de estas disposiciones legislativas -me refiero solamente a aquellas que han sido declaradas inconstitucionales por la actual Suprema Corte de Justicia, que fue designada por esta Asamblea General en mayo de 1985- no abro un juicio de fondo sobre el contenido intrínseco de las mismas. No pretendo que el Senado se pronuncie sobre el mérito o demérito de las normas cuya derogación propongo.

Simplemente compruebo, ante la comunicación de la Suprema Corte de Justicia, que estas leyes han sido declaradas inconstitucionales y que, por consiguiente, no deben seguir rigiendo en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir que, cuando se las dictó, se padeció error y no se advirtió que al sancionarlas se estaban transgrediendo disposiciones de la Constitución de la República.

Como todos tenemos el deber de respetar la Constitución y principalmente el Parlamento, considero que tenemos la obligación de derogar dichas disposiciones.

Reitero a título aclaratorio algo que está expresado en la exposición de motivos. No se derogan lisa y llanamente estas normas, porque algunas de ellas son de contenido complejo y tienen aspectos conciliables, congruentes con la Constitución de la República, que no han sido objeto de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por consiguiente, en estos casos ha habido que modificar el texto de las normas declaradas inconstitucionales sin derogarlas totalmente, para adecuarlas a la Constitución de la República.

Creo que no se debe agregar nada más, porque todo lo demás está contenido en la exposición de motivos y en el Informe de la Comisión.

Si es necesario agregar alguna aclaración, la haré en el curso de la discusión particular.

Lamentablemente, advierto, señor Presidente, que estamos sin quórum para votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay 16 señores senadores en Sala.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: con respecto a este artículo me ha asaltado una duda en la que está involucrada el artículo 5º de la Constitución, que es el que determina la exoneración específica del pago de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

Esa norma alcanza, por su generalidad, por el lugar en que está ubicada en el contexto de la Constitución y por su origen, a los tributos nacionales y departamentales.

Quisiera saber en qué medida, con la redacción que estamos estudiando, podemos alterar ese principio y cómo se puede solucionar esta posible colisión.

Si bien la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de algunas leyes tributarias, quisiera saber si el Parlamento, sin Mensaje del Poder Ejecutivo, puede declarar la exoneración.

La Constitución establece que para exonerar de impuestos debe mediar un Mensaje del Poder Ejecutivo. Sólo tenemos la facultad de crear o aumentar impuestos.

En este caso, si bien la conducta que está asumiendo el Senado respecto del proyecto es perfectamente admisible no sabemos si ella colide con la norma constitucional pertinente, porque, aún mediando una declaración de la Suprema Corte de Justicia -lo dice el texto y la propia Constitución- sólo es aplicable al punto en cuestión.

En este momento estamos redactando una norma genérica.

Entiendo que el señor miembro informante tendrá sobradas razones para contestar mis preguntas.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - comenzando por el final, que me parece lo más claro, creo, con todo respeto, que hay una confusión en el razonamiento del señor senador García Costa.

El señor senador García Costa -si yo no lo interpreté mal y, si es así, le pido me lo aclare- al hacer esta objeción refiere a la norma constitucional que establece. que la fijación por ley de exoneraciones tributarias requiere Iniciativa del Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo no podrá aumentarlas, norma que viene de la última reforma constitucional del año 1967 y que está establecida ahora en el artículo 133 de la Constitución.

Me parece muy claro que no hay ninguna violación de la norma constitucional por cuanto aquí no creamos ninguna exoneración tributaria, ni la aumentamos. Estaba vigente el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, que establecía exoneraciones de impuestos nacionales y departamentales respecto de las instituciones que están referidas en este artículo. Quiero decir que, primero no hay ninguna nueva creación de exoneraciones tributarias; y, segundo, que no hay ningún aumento de las mismas. Lo que ocurre es que la norma vigente -que no sé si en aquella época tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, aunque ello no interesa porque estaba vigente la Constitución de 1952 y no la actual- era inconstitucional porque hacia extensiva esas exoneraciones tributarias a los impuestos departamentales. Ello, desde la Suprema Corte de Justicia que integraban los doctores Bouza, Macedo y De Gregorio, fue una y mil veces declarado inconstitucional por dicho organismo.

Y es un tema sobre el cual hay pacífica jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, desde antigua data.

Entonces, lo que se hace con esta norma es adecuar el texto legislativo ya existente a la Constitución, de modo que la exoneración tenga el alcance que ella permite porque ésta, faculta al Poder Legislativo a exonerar el pago de impuestos nacionales, pero no departamentales. Eso en cuanto a la segunda parte de lo expresado por el señor senador García Costa, que me parece muy claro e indiscutible.

En cuanto al primer aspecto que él señaló, creo que el tema es más opinable. Es cierto que el artículo 5º de la Constitución declara exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Este texto viene del año 1917 y cuando entonces se hablaba de impuestos, no se estaba pensando en nacionales y departamentales. Actualmente en el artículo 69 de la Constitución se distingue entre impuestos nacionales y departamentales. Creo que cuando el constituyente ha querido distinguir, lo ha hecho; y aquí no estaba pensando en impuestos departamentales.

Por otra parte, la exoneración de la Ley Nº 12.802 se refiere no sólo a los templos, que era el alcance de la exoneración del artículo 5º de la Constitución, sino a bienes de cualquier naturaleza y por eso tiene un alcance mucho más amplio, que el de la exoneración constitucional. Pero como este tema no es tan claro, no quiero entrar en una discusión. Admito que es opinable el punto referente a esta exoneración que dice relación con el artículo 5º de la Constitución. Y también admito -si él señor senador García Costa está de acuerdo- que suprimamos la segunda parte de la disposición y modifiquemos sólo el inciso segundo del artículo 134. Es decir que para no tener una discusión sobre un punto que puede ser opinable, eliminemos lo que se refiere a la Iglesia Católica Apostólica Romana y demás instituciones religiosas, dejando simplemente la modificación del inciso segundo.

En tren conciliatorio, señor Presidente, y si el señor senador García Costa está de acuerdo, admitiría esta modificación.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Estoy de acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de que el artículo 1º quedaría redactado de la siguiente manera. "Modifícase el inciso segundo del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, el que quedará redactado de la siguiente forma". Luego se transcribiría todo el .inciso primero, suprimiéndose el inciso segundo.

SEÑOR CERSOSIMO. -. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - En su oportunidad, fue discutido en la Comisión la inclusión o no de los extremos que se han relatado en Sala, tanto por parte del señor senador García Costa como por la del señor senador Aguirre.

Ya que últimamente estamos hablando tanto de asaltos, a mi también me asalta la duda, en este momento, de si al suprimir el inciso segundo de este artículo 1º, que pasaría a ser el inciso tercero del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, comprendería no sólo a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a cualquier otra institución religiosa "que posea, reciba o adquiera ese tipo de bienes destinados al culto, a obras asistenciales o educacionales y a actividades deportivas".

Lo que no tengo claro es si queda eliminado cualquier otro tipo de exoneración de carácter nacional que tenga como destino las actividades deportivas, porque entonces estaríamos derogando una norma que no está en mi intención coadyuvar para su eliminación. Aspiro a que esto surja claramente de la discusión.

SEÑOR AGUIRRE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que el señor senador Cersósimo padece confusión. Lo qué se refiere a federaciones o asociaciones deportivas así como a las instituciones que las integran, está en el inciso segundo del artículo 134 de la Ley Nº 12.802. La exoneración de todo impuesto nacional será mantenida, porque la norma establece que de la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las federaciones o asociaciones deportivas. Es decir que las exoneraciones de impuestos nacionales se mantienen para las instituciones deportivas.

SEÑOR CERSOSIMO. - Agradezco la explicación. Quería que quedara constancia de ello en la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa. Léase el artículo 2º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: vuelvo a insistir en el tema relativo a la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de exoneraciones. Pienso que este artículo -y sin lugar a andas el siguiente- se refiere a una norma que podrá ser tachada de inconstitucional -eso no está en discusión- y que fija determinada tributación para ciertos organismos de seguridad social, concretamente instituciones de asistencia médica colectiva.

Esa norma es inconstitucional. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en los casos concretos que le han sido sometidos. Pero dejemos eso de lado. ¿Es posible que nosotros acometamos la tarea de exonerar específicamente, aun cuando reputemos que es inconstitucional, sin contar con el Mensaje del Poder Ejecutivo? La objeción surge muy clara y fácilmente. En este caso, si no viene iniciativa del Poder Ejecutivo cada sujeto tendrá que concurrir a solicitar la declaración de inconstitucionalidad.

Eso será naturalmente válido y es un flagrante incumplimiento de una actitud racional del Poder Ejecutivo. Pero aquí no está en discusión si el Poder -Ejecutivo obra mal al no enviar el Mensaje; simplemente no obra. Ahora bien, ¿nosotros podemos prescindir del Mensaje del Poder Ejecutivo para aprobar una exoneración aun cuando pensemos que ésta es inconstitucional?

En el artículo siguiente la situación es todavía más clara. El inciso segundo del artículo 133 de la Constitución establece. "Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias". Nosotros, por mas que nos basemos en una declaración de inconstitucionalidad, estamos procediendo a una exoneración tributaria, que es la que está vigente por ley. Las leyes, como se sabe, no son declaradas inconstitucionales por el Poder Judicial, sino en cada caso en particular.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE:. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Me parece que el señor senador García Costa ha cometido un error. El artículo 13 de la Ley Nº 15.181 decía que las instituciones de asistencia médica estaban exoneradas de toda clase de tributos nacionales y departamentales.

Como esa ley fue declarada inconstitucional.

SEÑOR GARCIA COSTA. - A la inversa.

SEÑOR ORTIZ.-...ahora nosotros solamente nos referimos a tributos nacionales. Quiere decir que estamos aumentando el gravamen y no exonerando. De manera que aquí no hay inconstitucionalidad.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Voy a decir algo casi idéntico a lo que manifestó el señor senador Ortiz, pero con un matiz.

En realidad, la exoneración está vigente. Con esta norma no se crea ninguna nueva Lo que hacemos es suprimir la exoneración en lo departamental, lo que no está prohibido por el artículo 133 de la Constitución, que lo voy a leer en lo pertinente para que se tenga bien preciso cuál es su alcance.

Dicho artículo establece: "Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias". Vale decir, que la iniciativa se requiere cuando se crean exoneraciones tributarias y no cuando se suprimen. Más adelante dice: "El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias". Lo que no puede hacer es aumentarlas, pero si bajarlas, inclusive, a cero. Para esto si está facultado el Poder Legislativo.

Por otra parte, tal como lo señaló el señor senador Ortiz, el Decreto-Ley Nº 15.181 está vigente, así que la exoneración ya existe; no se crea por esta norma.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En relación a este artículo he cometido un error. Es muy claro que sea cual fuere el concepto con el cual se quiere manejar esto es un gravamen que imponemos al quitar la exoneración. En eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a acompañar lo propuesto por la Comisión.

A mi juicio, la disposición siguiente es muy clara en cuanto a que estamos exonerando.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En virtud de que el señor senador García Costa ya se ocupó del artículo siguiente, el 4º, debo manifestar que es innecesario, porque ya fue derogado por la Ley Nº 15.900 que dice: "Derógase el Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982". Esta norma es más amplia que la que tenemos a consideración, porque por aquélla se derogó todo el decreto.

De manera que el artículo 4º de este proyecto es innecesario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Léase el artículo 4º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 16. Negativa.

Léase el artículo 5º que pasó a ser 4º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Léase le artículo 6º que pasó a ser 5º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Por último, debemos decidir si se incorpora un artículo final que se está convirtiendo en "lex acta question"-que diga "Comuníquese, etc.". De todos modos, parece que hay ambiente para agregarlo.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º - Modificase el inciso segundo del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, el que quedará redactado en la siguiente forma:

"Decláranse asimismo exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución nacional, a las instituciones culturales y de enseñanza. De la misma exoneración gozarán, salvo en lo referente a los impuestos departamentales, las Federaciones o Asociaciones Deportivas, asíi como las instituciones que las integren, siempre que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica".

Art. 2º - Derógase el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.410, de 3 de junio de 1983.

Art. 3º -. Modifícase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 13. - Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso".

Art. 4º - Modifícase el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974, que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 1º - Los bienes pertenecientes al dominio privado o fiscal del Estado y de los Entes Autónomos comprendidos en el articulo 220 de la Constitución, están fuera de toda imposición nacional".

Art. 5º - Agrégase al artículo 182 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente inciso:

"La obligación de abstención de toda actividad política excepto el sufragio, dispuesta conforme con la Constitución en el artículo 61 literal H) de la presente ley, no existe para los militares en situación de retiro".

Art. 6º - Comuníquese, etc."’

7) INMUEBLES PADRONES Nº 5.312 DE MONTEVIDEO Y Nº 454 DE RIO NEGRO. Se modifican sus actuales afectaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en el numeral tercero del orden del día: "Proyecto de ley por el que se afecta a la Intendencia Municipal de Río Negro el inmueble empadronado con el Nº 5312 del departamento de Montevideo desafectándolo de su destino en el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la afectación a éste de parte del inmueble empadronado con el Nº 454 del departamento de Río Negro. (Carp. Nº 787/87 - Rep. Nº 26/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 787/87
Rep. Nº 26/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 19 de mayo de 1987.

Señor Presidente de la
Asamblea General.

Por el presente remite a la consideración de dicho Cuerpo el Proyecto de Ley que se adjunta relativo a la afectación a la Intendencia Municipal de Río Negro del inmueble empadronado con el Nº 5312 del Departamento de Montevideo desafectándolo de su destino en el Estado-Ministerio de Defensa Nacional y la afectación a éste de parte del inmueble empadronado con el Nº 454 del Departamento de Río Negro.

A través de esta desafectación se procura obtener por parte de la Intendencia Municipal de Río Negro una casa habitación en la ciudad de Montevideo para ser destinada a Hogar Estudiantil para los residentes de dicho Departamento.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Juan Vicente Chiarino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Desaféctase de su actual destino en el patrimonio de la Intendencia Municipal de Río Negro afectándolo a los servicios del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- parte del predio ubicado en la manzana número 3 de la ciudad de Fray Bentos, 14 Sección Judicial del departamento de Río Negro, Padrón Nº 454 señalado con el Nº 1 que según plano del agrimensor Luis Aldecosea Vago, inscripto en la Dirección Departamental del Catastro de Río Negro con el Nº 2922 el 17 de noviembre de 1986, tiene una superficie de 378 m2 17 dm2, con frente a la Avenida Rincón.

Art. 2º - Desaféctase de su actual destino en el patrimonio del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- afectándolo a los servicios de la Intendencia Municipal de Río Negro, el solar de terreno con sus edificios y demás mejoras que le acceden, sito en la 2a Sección Judicial del departamento de Montevideo, zona urbana, empadronada con el Nº 5.312, señalado con la letra "B" en el plano del agrimensor Daniel V. Reinante de fecha 28 de junio de 1925, inscripto en la Dirección de Topografía del Ministerio de Obras Públicas el 6 de julio de 1925, tiene una superficie de 116m2 50cm2 con frente a la calle Río Branco.

Art. 3º - El Estado -Ministerio de Defensa Nacional- abonará a la Intendencia Municipal de Río Negro en el Ejercicio Fiscal 1987 la suma de U.R. 4.989,61 (Unidades Reajustables cuatro mil novecientos ochenta y nueve con sesenta y uno diez milésimas) por concepto de diferencia de valores, según tasaciones efectuadas por la Dirección General del Catastro Nacional.

Art. 4º - El Registro General de Traslaciones de Dominio y el Departamental de Traslaciones de Dominio de Río Negro procederán a las registraciones respectivas con la sola presentación de los certificados notariales que se expedirán, con referencia a los datos individualizantes de cada bien raíz, título y modo de adquisición y a la inscripción del instrumento respectivo.

Art. 5º - Comuníquese, etc.

Juan Vicente Chiarino.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, sustitutivo del que remitiera el Poder Ejecutivo.

El proyecto originario, en cuanto dispone la llamada "desafectación" y posterior "afectación" de un bien inmueble de un organismo a otro, lo que modifica su destino, participa de una concepción del patrimonio estatal que la Comisión no comparte, según ha tenido oportunidad de expresar en múltiples ocasiones al pronunciarse respecto de situaciones análogas.

Sabido es que, actualmente, se han desarrollado en el país dos tesis acerca del contenido y estructura del patrimonio estatal: una, la tradicional, que postula la individualidad de patrimonio de cada persona pública estatal; la otra, que utilizó el régimen de facto, proclama la existencia de un solo patrimonio cuyo único titular es el Estado. En consecuencia, lo que tradicionalmente constituyó el patrimonio de cada Ente público, para quienes sustentan la tesis que la Comisión no acepta, serían meras afectaciones o destinos especiales asignados a los bienes integrantes de aquel único patrimonio.

La Comisión, según se adelantó, disiente con este último temperamento; sus miembros adhieren, por el contrario, a la posición tradicional que proclama la existencia de pluralidad de patrimonios dentro del Estado. En consecuencia, no se trata, contrariamente a lo que expresa el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, de desafectaciones de bienes de un destino a otro, sino de verdaderas enajenaciones, a través, como en la especie, de la celebración de un contrato de permuta, dado que se parte del supuesto de la diversidad de patrimonios dentro del Estado.

Por lo tanto, corresponde autorizar al Poder Ejecutivo para que otorgue, con el Gobierno Departamental de Río Negro, la permuta de los inmuebles que se individualizan en el Mensaje adjunto a las presentes actuaciones, en la forma y condiciones allí establecidas.

En ese sentido, vuestra Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley sustitutivo.

Sala de la Comisión, 26 de abril de 1988.

Pedro W. Cersósimo, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Juan C. Fá Robaina, Dardo Ortiz. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Río Negro, la siguiente permuta: a) El Estado enajenará el siguiente bien: inmueble empadronado con el Nº 5312, sito en la 2da. Sección Judicial del departamento de Montevideo, señalado con la letra "B" en el plano del agrimensor Daniel V. Reinante, de fecha 29 de junio de 1925, inscripto en la Dirección de Topografía del Ministerio de Obras Públicas el 6 de julio de 1925 y con una superficie de 116 mts.2 50 cms.2, con frente a la calle Río Branco; b) simultáneamente el Estado adquirirá parte del inmueble empadronado con el Nº 454, sito en Fray Bentos, 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro, señalado con el Nº 1 en el plano del agrimensor Luis Aldecosea Vago, inscripto en la Dirección Departamental del Catastro de Río Negro con el Nº 2922, el 17 de noviembre de 1986 y con una superficie de 378 mts.2 17 dms. 2 con frente a la Avenida Rincón.

Art. 2º. - El Estado abonará al Gobierno Departamental de Río Negro en el Ejercicio Fiscal 1988, la suma de U.R. 4.989.61 (cuatro mil novecientos ochenta y nueve con sesenta y un diez milésimas unidades reajustables) por concepto de diferencia de valores, según tasaciones efectuadas por la Dirección General del Catastro Nacional.

Sala de la Comisión, abril 26 de 1988.

Pedro W. Cersósimo. Miembro Informante; Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla. Juan C. Fá Robaina, Dardo Ortiz. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto sustitutivo.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - En repetidas oportunidades hemos dado cuenta al Senado de la posición que tiene la Comisión de Constitución y Legislación en relación a estos temas de la naturaleza del que analizamos ahora. Por eso es que en función de lo que expresamos en nuestro informe -suscrito por la unanimidad de los miembros de la Comisión- cambiamos la terminología que empleó el Poder Ejecutivo y no establecemos que se desafectan de su actual destino en el patrimonio de la Intendencia Municipal de Río Negro y que se afecta a los servicios del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- ni que se desafectan del destino en el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y se afecta a los servicios de la Intendencia Municipal de Río Negro tales bienes, porque la Comisión entiende -como lo ha sostenido reiteradamente- que no se trata de un único patrimonio con distintas afectaciones, sino de diversos patrimonios. Por lo tanto, lo que corresponde es que se enajenen esos bienes, en este caso, a título de permuta. Por eso nosotros autorizamos al Poder Ejecutivo para que otorgue el contrato en nombre del Estado, que es la persona jurídica mayor, al Gobierno Departamental de Río Negro y no a la Intendencia Municipal, ya que el Gobierno Departamental lo constituyen la rama ejecutiva, que es la Intendencia Municipal, y la legislativa o de contralor, que es la Junta Departamental.

Por eso se establece, en este proyecto sustitutivo, la autorización al Poder Ejecutivo para que otorgue, junto con el Gobierno Departamental de Río Negro, la permuta que comprende los bienes a que refieren el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Por el artículo 2º se dispone el pago, en el Ejercicio Fiscal 1988, de determinada cantidad de unidades reajustables por concepto de diferencia de valores.

Estas son, en general, las consideraciones que merece el proyecto a la Comisión de Constitución y Legislación, en cuyo nombre hablo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - No voy a terciar en lo que tiene que ver con la tesis sobre las características de la estructura del Patrimonio estatal ni en lo que hace a las diferencias de criterio que se plantean, a las que se hace referencia en el informe respaldado por la Comisión.

Simplemente voy a formular una pregunta, porque hay algo que no me ha quedado claro de la lectura de los escuálidos antecedentes que obran en nuestro poder.

El Mensaje del Poder Ejecutivo fundamenta la desafectación de un bien, que pasaría del Ministerio de Defensa Nacional la Intendencia Municipal de Río Negro, en la necesidad de crear en Montevideo un hogar estudiantil para los residentes de aquel departamento. Esto me parece absolutamente claro. No tengo ninguna reserva para votarlo. Pero al mismo tiempo propone una desafectación -si no entiendo mal- del patrimonio de la Intendencia Municipal de Río Negro para afectarlo al Ministerio de Defensa Nacional. Se trata, de una superficie mucho mayor, por un valor mucho mas importante, a tal punto que en el Mensaje original se propone una compensación de casi 5.000 unidades reajustables a favor de dicha Intendencia, porque evidentemente existe una importante diferencia de valores.

Es decir que una propiedad del Ministerio de Defensa Nacional se pasaría a la Intendencia Municipal de Río Negro, por razones que se explicitan. Pero al mismo tiempo, una propiedad de la citada Intendencia, mucho más valiosa, se pasaría a ese Ministerio por razones que no considero explicables y menos en un país donde el Ministerio de Defensa Nacional -a veces con derecho y muchas veces con atropello- usufructúa bienes con exceso.

Es mucho más lo que tiene que lo que necesita y mucho más valioso que lo que le corresponde.

Entonces, quisiera saber cuál es la razón por la que debe adjudicarse al Ministerio de Defensa Nacional el predio que se detalla. No he encontrado la fundamentación de esa adjudicación.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador Rodríguez Camusso pregunta cuál es el motivo que determina la permuta a realizarse entre el Gobierno Departamental de Río Negro y el Ministerio de Defensa Nacional.

Tengo a la vista los "escuálidos antecedentes" -valga su expresión- de que hablaba el señor senador. Lo que podemos decir, en este aspecto, es que se nos ha hecho saber el interés por parte del señor Intendente Municipal de Río Negro de que tenga andamiento este proyecto. Parece que es particularmente importante para los estudiantes de ese departamento que se legalice esta situación a efectos de que se instale un Hogar Estudiantil.

Aparte de estas consideraciones, no podemos hacer otras, por cuanto la Comisión tiene en cuenta -como es natural en estos casos- en la autorización que va a otorgar, el aspecto jurídico del problema y no el político.

La Comisión ha entendido que jurídicamente, con la forma que se ha dado al proyecto de ley y con el antecedente remitido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, se cumple ese propósito. Asimismo, ha controlado que los valores correspondientes a los inmuebles de que se trata hayan sido fijados por la Dirección General del Catastro Nacional. Dicha oficina del Estado se ha expedido estableciendo determinados valores que determinan que el Estado deba abonar al Gobierno Departamental de Río Negro, en el corriente Ejercicio Fiscal, la suma de 4.989 unidades reajustables.

Es todo lo que podemos decir, por cuanto -reitero- lo que hace el Senado en estos casos es juzgar la regularidad de la operación de que se trata y verificar si jurídicamente corresponde o no y en qué forma debe llevarse adelante.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa puede -si el señor senador Rodríguez Camusso lo permite hacer una aclaración, aunque su información no es demasiado precisa.

Hace alrededor de dos meses, asistí, invitado especialmente, a la inauguración del hogar estudiantil que la Intendencia de Río Negro ha establecido en Montevideo en la calle Río Branco, en esa finca que es todavía -y que dejará de serlo- propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.

Estaban presentes el señor Intendente de Río Negro, los señores diputados por dicho departamento y el señor Ministro de Defensa Nacional. De acuerdo con lo que se conversó en ese momento -mis datos no son más que fruto de una conversación- el canje que se proponía se debía a que durante el gobierno de facto se había construido en la capital del departamento de Río Negro un edificio destinado a casa oficial del Intendente y que estaba ubicado al lado de un cuartel. Por ese motivo, en un gobierno democrático, ese bien no tiene utilización alguna. Entonces, como la Intendencia Municipal de Río Negro no lo quiere para si, lo canjea por una hermosa casa de la calle Río Branco donde el Intendente ha Instalado un espléndido hogar para los estudiantes de aquel departamento que viven en Montevideo.

La diferencia de valores ha surgido de las tasaciones correspondientes y recuerdo haber oído decir al señor Intendente de Río Negro que tenía un crédito contra el Ministerio de Defensa Nacional.

Esa es la explicación que puedo dar al señor senador Rodríguez Camusso, aunque no es documental sino fruto de una conversación de terceros.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Debo decir, en primer lugar, que no objetamos el aspecto jurídico del procedimiento.

Tampoco lo hacemos en lo que tiene que ver con la evaluación de las propiedades. La estimación se ha hecho por las oficinas especializadas en la materia y, a ese respecto, no tenemos nada que decir.

Estamos absolutamente de acuerdo con que la propiedad montevideana sea adjudicada a la Intendencia Municipal de Río Negro en los términos previstos y por los fundamentos que se exponen, que compartimos entusiastamente.

Admitimos que la propiedad adjudicada en Fray Bentos pueda no ser destinada a la finalidad inicial, pero lo que seguimos sin advertir es la razón de que la misma deba ser afectada al patrimonio del Ministerio de Defensa Nacional. Aunque pueda no ser adecuado que la residencia del Intendente esté ubicada junto a un cuartel en un régimen democrático, no necesariamente una propiedad seguramente muy valiosa -el señor Presidente ha hablado de una hermosa casa en Montevideo y ésta debe mucho mejor, porque por algo hay que pagar bastante dinero encima- debe ser adjudicada al Ministerio de Defensa Nacional. No se nos explica por qué.

Pienso que cuando votamos adjudicaciones de esta naturaleza, además de examinar la justeza del procedimiento jurídico y de admitir la procedencia de las evaluaciones efectuadas, debemos conocer el fundamento de los destinos que se proponen. Y en este caso, nadie sabe por qué ese bien tiene que ser adjudicado al Ministerio de Defensa Nacional o por qué es conveniente, desde el punto de vista del Estado, que se gaste este dinero en dar una propiedad más a dicha Secretaria de Estado.

Además, aunque esté al lado de un cuartel, no es malo que se acostumbren allí a ver medios civiles en el vecindario, no sólo para plantearles reformas presupuestales sino también para otras cosas. De manera que continúo sin advertir la necesidad de que ese predio pase a ser propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Simplemente, para aclarar al señor senador Rodríguez Camusso que si él lee con cuidado el proyecto sustitutivo, verá que en ninguna parte figura el destino que se le dará al bien. Sin duda el señor senador -y perdóneme la particularización- leyó el proyecto del Poder Ejecutivo; que desafectaba el bien de su actual destino, Ministerio de Defensa Nacional, para afectarlo al de la Intendencia Municipal de Río Negro, siguiendo la concepción del patrimonio único estatal que reiteradamente ha desechado la Comisión, tal como lo hace respecto de este caso que estamos considerando.

En el artículo 1º nosotros decimos: "Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Río Negro, la siguiente permuta: a) El Estado enajenará..." -vale decir, el Estado de la República Oriental del Uruguay, que es la persona jurídica de que se trata- "...el siguiente bien...". Más adelante se expresa: "b) simultáneamente, el Estado adquirirá parte del inmueble empadronado con el Nº...". O sea que se trata del Estado, persona jurídica de derecho público, y del Gobierno Departamental de Río Negro. Aquí no hay ninguna desafectación ni destino, porque la autorización es exclusivamente en función de las personas jurídicas que intervienen: el Estado, por un lado; y, por otro, el Gobierno Departamental. El destino o la afectación -si es que se le da alguno- correrá por cuenta de quien corresponda, pero ello no es del resorte de la Comisión de Constitución y Legislación ni tampoco de incumbencia del Senado, que autoriza a efectuar la operación de que se trata.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar cl señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - La pregunta que realicé desde el comienzo continúa sin tener una respuesta precisa, En rigor, el proyecto sustitutivo dice, efectivamente, lo que indica el señor senador Cersósimo. He leído el Mensaje del Poder Ejecutivo y la exposición de motivos del señor senador Cersósimo, así como el proyecto de la Comisión. Pero entonces, si vamos a desafectar al Ministerio de Defensa Nacional para adjudicar a la Intendencia Municipal de Río Negro una determinada propiedad, cabe preguntarse qué es lo que impone, determina u obliga a que, al mismo tiempo, tengamos que adquirir para el Estado una propiedad que el Poder Ejecutivo la pide para el Ministerio de Defensa Nacional y ahora, en función de un criterio distinto en materia de propiedad patrimonial del Estado -criterio que no discuto no se establece cuál va a ser la afectación. ¿A qué obedece la necesidad de comprar, al mismo tiempo, este predio en la ciudad de Fray Bentos? Ni siquiera se puede argumentar que, como al Ministerio de Defensa Nacional se le desafecta una propiedad en Montevideo, hay necesidad de darle otra para que cumpla las funciones que estaba desarrollando en ella. Hay que darle otra propiedad allá; entonces, cabe preguntarse para que.

Señor Presidente: en estas condiciones, no estoy dispuesto a votar la totalidad del proyecto, sino solamente la desafectación del Ministerio de Defensa Nacional y la afectación correspondiente a la Intendencia Municipal de Río Negro.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Debo señalar que este procedimiento ya ha sido votado en el Senado y ha salido, por unanimidad sin ninguna observación. Inclusive, recuerdo el caso referido al Ministerio de Defensa Nacional y a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, en el que no se planteó ninguna objeción de este tipo y contó, además, con el voto del señor senador Rodríguez Camusso. Admito la legitimidad de esta inquietud que se plantea, pero manifiesto que es novedosa. Reitero que este es un procedimiento habitual y en otras oportunidades hemos votado el mismo tipo de permutas afectando a Intendencias Municipales del interior y al Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Animado por las manifestaciones del señor Presidente en cuanto a que, de oídas tenia algún conocimiento sobre el tema, con la misma precaución diré lo que yo sé, también de oídas, sobre este asunto. Por supuesto que si alguien tiene conocimientos más precisos que los míos, estoy dispuesto a rectificarme, pero creo que lo que yo sé corresponde a la realidad.

El hecho es el siguiente: en un predio militar anexo, pero que prácticamente forma parte del cuartel de Río Negro, se hizo una casa para habitación del Intendente que, durante la administración militar, poseía naturalmente grado militar. Dicho predio es parte del cuartel y no se puede afectar a otro destino, porque prácticamente está inserto dentro de la unidad militar. Creo que esa es la razón por la cual el mecanismo se desarrolla de esta manera. Reitero que esto lo he oído hace un par de años, en giras al interior y, aunque no sé si se adecua totalmente a la realidad, creo que corresponde a los hechos.

SEÑOR RODIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En primer lugar, en este momento no tengo presente cada uno de los proyectos que hemos votado en el curso de la Legislatura, no recuerdo el antecedente a que se ha aludido y no esta demostrado que fuera, en cada detalle, exactamente igual a éste. Aunque así fuera, lo que importa es contestar los criterios que manejamos y demostrar la improcedencia de los mismos. Naturalmente, puedo haberme equivocado y enmiendo el error en el caso de que dicho proyecto sea exactamente igual a éste, pero no estoy en absoluto seguro de ello.

Además deseo significar que las referencias más concretas que se han hecho, también han sido imprecisas. Tanto en el caso del señor Presidente, como en el del señor senador Posadas, han sido referencias aproximadas al tema, pero sin que en ninguna de ellas se haya adelantado una precisión y una determinación concretas. El hecho de la vecindad con un cuartel no impone necesariamente la obligación de que el bien deba ser adjudicado al Ministerio de Defensa Nacional. Se puede ser vecino de un cuartel y no integrar el Ministerio de Defensa Nacional.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, sigue sin brindarse una precisión cabal con respecto a la adquisición de ese bien para el Estado, no así en lo que tiene que ver con la adjudicación a la Intendencia Municipal de Río Negro, con la cual estoy absolutamente de acuerdo y no formulo ninguna reserva.

SEÑOR AGUIRRE. - Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- -Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Solicito que los literales a) y b) se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE - Como se trata de una permuta, es difícil votar por separado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Entonces, según el resultado, habrá que corregir el texto porque se enajena un bien y se adquiere otro.-

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI - Creo que lo que acaba de señalar el señor Presidente es absolutamente correcto desde el punto de vista jurídico, porque es evidente que este artículo 1º ni siquiera se puede votar por incisos, ya que se cambiaría su propia naturaleza. Desconozco cuál es el primer inciso de este artículo, por supuesto que no es ni el literal a) ni el b). Pero lo que figura antes del literal a), habla de autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Río Negro la siguiente permuta. La palabra "permuta" se contradice abiertamente con la intención de votar por incisos.

Además, con todos los respetos que siento por los puntos de vista que manifiesta el señor senador Rodríguez Camusso, quiero decir que en cuanto a este proyecto de ley se están confundiendo dos cosas: la anunciada intención del Estado de afectar este inmueble -como bien lo señalaba el señor senador Cersóslmo- al Ministerio de Defensa Nacional, y lo que dice el texto del proyecto de ley. El proyecto de ley significa una permuta entre la persona pública Estado y la persona pública Intendencia Municipal de Río Negro.

Luego viene la adjudicación, el aprovechamiento del inmueble, que el Estado lo atribuye a una de sus dependencias, que es el Ministerio de Defensa Nacional.

Las objeciones que puede tener cualquier legislador a lo que se hará o se presume se hará, pueden dar mérito a un comentario. Pero acá, lo que estamos discutiendo lisa y llanamente es un intercambio de bienes inmuebles con una compensación prevista en el artículo 2º, de lo cual no resulta una afectación.

Por eso comparto íntegramente -quiero señalarlo expresamente- la réplica a ese punto de vista que, antes que yo, señaló mi compañero de Comisión el señor senador Cersósimo.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO - Señor Presidente: me había abstenido de intervenir en este tema, pero ahora voy a hacerlo muy rápidamente porque creo que estamos invirtiendo un poco el concepto de lo que significa esta operación que se propone.

Comparto íntegramente la información que dio el señor senador Posadas respecto a las características del predio, que coincide con lo que había señalado el señor Presidente del Cuerpo.

Aquí sucede al revés. Si lo votáramos dividido, estaríamos desnaturalizando un buen negocio que quiere hacer la Intendencia Municipal de Río Negro a través de esta permuta. Repito que la situación es al revés de cómo la estamos planteando o de cómo nos estamos mentalizando para efectuar la operación.

Pegado, o casi dentro del cuartel de Fray Bentos, hay una construcción que no puede tener otro destino que el de servir al cuartel, salvo que el recurso fuera el de eliminarlo. La Intendencia Municipal de Río Negro no puede usufructuar físicamente esa propiedad sin grandes tropiezos. Por lo tanto, se trata de un buen negocio. Entonces, obligada a que esa propiedad siga afectada al predio del cuartel, piensa que es una situación de hecho pero que debe ser compensada de alguna manera y ello ocurre a través del buen negocio que significa canjear ese predio por uno en Montevideo, al que se le va a dar un fin social tan importante como es el de alojar a los estudiantes de menores recursos, aquellos qué necesitan venir a estudiar a Montevideo y tener un techo de estas características.

Por consiguiente, ¿cómo vamos a votar esto por separado cuando es la Intendencia Municipal de Río Negro la qué se beneficia? Digamos que pierde teóricamente una propiedad, aunque en los hechos ya sucede eso, pero gana un predio en Montevideo, el que podrá destinar al fin social al que me he referido.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR POZZOLO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Entiendo la razón de formalidad legislativa por la cual para votar una parte y no la otra hay que modificar el texto.

Naturalmente, la palabra "permuta" no podría mantenerse. Admito también, como lo dije desde el comienzo, que aquí lo fundamental es consagrar la posibilidad de que la Intendencia Municipal de Río Negro disponga de un bien en Montevideo a los efectos de tener un hogar estudiantil pata la gente de su departamento, objetivo de cuya necesidad y justicia estamos convencidos y queremos votar.

Lo que desde nuestro punto de vista no ha quedado suficientemente señalado y mucho menos en el informe inicial, es la necesidad de la otra adjudicación. No obstante, en la opción, teniendo que aceptar o rechazar ambas cosas, me inclino por aquello que es más definido, o sea, la votación a favor de la adjudicación de un predio para la Intendencia Municipal de Río Negro. Pero, dejando si, constancia clara de que aspiro a que en otra oportunidad la Comisión respectiva brinde al Senado una información concreta y precisa de las finalidades por las cuales se otorga cada una de las propiedades.

En este caso, en rigor, se trató de un recuerdo personal del señor Presidente y de una evocación, también personal del señor senador Posadas, y ahora de una referencia del señor senador Pozzolo. Pero la verdad es que en el informe no ha venido de modo concreto y definido nada preciso que justifique la otra adjudicación.

Señor Presidente: simplemente, aspiro a que en próximas oportunidades similares a ésta se brinde al Cuerpo una información más concreta con respecto a la fundamentación de lo que podemos llamar en esta caso "la contraparte".

Muchas gracias señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Me parece que hay un error en el precio porque debe decir que son 4.989 unidades reajustables con 61 centésimos y no diezmilésimos como dice acá. Son centésimos.

SEÑOR AGUIRRE. - Se trata de centésimas.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - En realidad, tiene razón el señor senador Ortiz. Nosotros le dijimos al funcionario administrativo que copiara la cantidad exacta de que se trataba y como en el proyecto de ley que acompaña el Mensaje dice: "Unidades Reajustables 4.989 con 61 diezmilésimos", lo pusieron así. Pero en realidad es con 61 centésimas.

SEÑOR PRESIDENTE. -. Con la corrección indica da se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

El artículo 3º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto de proyecto aprobado:)

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Río Negro, la siguiente permuta: a) el Estado enajenará el siguiente bien: inmueble empadronado con el Nº 5312, sito en la 2da. Sección Judicial del departamento de Montevideo, señalado con la letra "B" en el plano del agrimensor Daniel Y.Reinante de fecha 29 de junio de 1925, inscripto en la Dirección de Topografía del Ministerio. de Obras Públicas el 6 de julio de 1925 y con una superficie de 116 mts.2 50 cms., con la frente a la calle Río Branco; B) si multáneamente, el Estado adquirirá parte del inmueble empadronado con el Nº 454, sito en Fray Bentos, 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro, señalado con el Nº 1 en el plano del agrimensor Luis Aldecosea Vago, inscripto en la Dirección Departamental del Catastro de Río Negro con el Nº 2922, el 17 de noviembre de 1986 y con una superficie de 378 mts.2 17 dms., con frente a la Avenida Rincón.

Art. 2º. - El Estado abonará al Gobierno Departamental de Río Negro en el Ejercicio Fiscal 1988, la suma de UR 4.989.61 (unidades reajustables cuatro mil novecientas ochenta y nueve con sesenta y una centésimas) por concepto de diferencia de valores, según tasaciones efectuadas por la Dirección General del Catastro Nacional.

Art. 3º.Comuniquese, etc.".

8) INMUEBLES PADRONES Nos. 71.473, 125.515 Y 183.142, SITOS EN LA 5ª SECCION JUDICIAL DE MONTEVIDEO. Se modifican sus actuales afectaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el asunto que figura en el numeral cuarto del orden del día. "Proyecto de ley por el que se desafectan inmuebles entre el Estado -Ministerio de Defensa Nacional-, y la Intendencia Municipal de Montevideo (Padrones números 71.473, 125.515 y 183.142). .(Carp. Nº 820/87 - Rep. Nº 27/88)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 820/87
Rep. Nº 27/88

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 9 de junio de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General.

Por el presente se remite a la consideración de dicho Cuerpo el proyecto de ley que se adjunta por el cual se autoriza la desafectación de inmuebles entre el Estado -Ministerio de Defensa Nacional y la Intendencia Municipal de Montevideo. En dichos predios se encuentra asentado en parte el Cuartel del Regimiento "Blandengues de Artigas" de Caballería Nº 1, declarado Monumento Histórico por Resolución del Poder Ejecutivo número 2100/975, de 16 de diciembre de 1975.

Surge de los antecedentes de la presente gestión, que se remontan al año 1961, que el Comando General del Ejercito consideró la propuesta de la Intendencia Municipal de Montevideo originada en su departamento de Obras y Servicios, compatible con las necesidades de la Unidad allí asentada por la adecuada conformación de los predios resultantes que permitiría dar la debida atención a las necesidades urbanas y sanitarias que la Intendencia debe atender y que es de interés común solucionar.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Juan Vicente Chiarino.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Desaféctanse de su actual destino en el patrimonio del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- afectándolas a los servicios de la Intendencia Municipal de Montevideo, las siguientes fracciones: Fracción A (Padrón Nº 71.473 parte) con una superficie de 2000 m2 y Fracción I (Padrón Nº 71.473 parte) con una superficie de 2 Hás. 700 m2.

Art. 2º. - Desaféctase de su actual destino en el patrimonio de la Intendencia Municipal de Montevideo, afectándolas a los servicios del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- las siguientes fracciones: Fracción D (Padrón Nº 125.515) con una superficie de 2 hás. 1000 m2 y Fracción F (Padrón Nº 183.942) con una superficie de 2 Hás. 3000 m2.

Art. 3º. - Todas las fracciones señaladas se encuentran ubicadas en la 5ta. Sección Judicial del departamento de Montevideo, y se describen de acuerdo al plano Proyecto de Reparcelamiento de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ingeniero Agrimensor Héctor Dellepiane, de octubre de 1984.

Art. 4º.- El Registro General de Traslaciones de Dominio procederá a la registración respectiva con la sola presentación del certificado notarial que se expedirá, con referencia a los datos individualizantes de cada bien raíz, título y modo de adquisición y a la inscripción del instrumento respectivo.

Art. 5º. - Comuníquese, etc.

Juan Vicente Chiarino.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, sustitutivo del que remitiera el Poder Ejecutivo.

El proyecto originario, en cuanto dispone la denominada "desafectación" y posterior "afectación" de un bien inmueble de un organismo a otro, lo que modifica su destino, participa de una concepción del patrimonio estatal que la Comisión no comparte, según ha tenido oportunidad de expresar en múltiples ocasiones al pronunciarse respecto de situaciones análogas.

Sabido es que, actualmente, se han desarrollado en el país dos tesis acerca del contenido y estructura del patrimonio estatal: una, la tradicional, que postula la individualidad de patrimonio de cada persona pública estatal; la otra, que utilizó el régimen de facto, proclama la existencia de un solo patrimonio cuyo único titular es el Estado. En consecuencia, lo que tradicionalmente constituyó el patrimonio de cada ente público, para quienes sustentan la tesis que la Comisión no acepta, serían mejoras afectaciones o destinos especiales asignados a los bienes integrantes de aquel único patrimonio.

La Comisión, según se adelantó, disiente con este ú1timo temperamento; sus miembros adhieren, por el contrario, a la posición tradicional que proclama la existencia de pluralidad de patrimonios dentro del Estado. En consecuencia, no se trata, contrariamente a lo que expresa el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, de desafectaciones de bienes de un destino a otro, sino de verdaderas enajenaciones a través, como en la especie, de la celebración de un contrato de permuta, dado que se parte del supuesto de la diversidad de patrimonios dentro del Estado.

Por lo tanto, corresponde autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar, con el Gobierno Departamental de Montevideo, la permuta de los inmuebles que se individualizan en el mensaje adjunto a las presentes actuaciones, en la forma y condiciones allí establecidas.

En ese sentido, vuestra Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley sustitutivo.

Sala de la Comisión, 26 de abril de 1988.

Pedro W. Cersósimo, Miembro Informante; Hugo Batalla, Gonzalo Aguirre Ramírez, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni Juan C. Fá Robaina, Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

ArtÍculo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Montevideo, la siguiente permuta: a) El Estado enajenará las fracciones individualizadas con las letras "A" e, "I", empadronadas con el Nº 71.473 m/á y con una superficie, respectivamente de 2000 y 2 há. 700 mts.2 b) simultáneamente, el Estado adquirirá las siguientes fracciones: Fracción "D", empadronada con el número 125.515 con una superficie de 2 hás. 1000 mts.2 y Fracción "F", empadronada con el número 183.942 y con una superficie de 2 hás. 3000 mts.2.

Art. 2º. - Todas las fracciones referidas en el artículo anterior se encuentran ubicadas en la 5ta sección Judicial del departamento de Montevideo y se describen de acuerdo con el plano Proyecto de Reparcelamiento de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del ingeniero agrimensor Héctor Dellepiane, de octubre de 1984.

Sala de la Comisión, 26 de abril de 1988.

Pedro W. Cersósimo, Miembro Informante; Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Juan C. Fá Robaina, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Desde el punto de vista jurídico, este es el mismo caso que el que precedentemente hemos considerado. De manera que lo que expresamos para el asunto que hemos tratado antes lo damos por reproducido ahora, en homenaje a la brevedad.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar con el Gobierno Departamental de Montevideo, la siguiente permuta: a) el Estado enajenará las fracciones individualizadas con las letras "A" e "I", empadronadas con el número 71.473 m/á y con una superficie, respectivamente, de 2000 y 2 hás. 700 mts.2; b) simultáneamente, el Estado adquirirá las siguientes fracciones: Fracción "D", empadronada con el número 125.515 con una superficie de 2 hás. 1.000 mts.2 y Fracción "F", empadronada con el número 183.942 y con una superficie de 2 has. 3.000 mts.2

Art. 2º. - Todas las fracciones referidas en el artículo anterior se encuentran ubicadas en la 5ta. Sección Judicial del departamento de Montevideo y se describen de acuerdo con el plano Proyecto de Reparcelamiento de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del ingeniero agrimensor Héctor Dellepiane, de octubre de 1984.

Art. 3º. - Comuníquese, etc.

9) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE - Mociono para que se levante la sesión y que los asuntos que figuran en el orden del día y no han sido tratados se incluyan en el de la sesión de mañana, a continuación del proyecto de ley sobre el contrato de crédito de uso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 59 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Capeche, Cersósimo, Fá Robaina, Ferreira, García Costa, Gargano, Guntin, Olazábal, Ortiz, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore y Terra Gallinal).

Dr. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Félix B. El Helou Secretario - Don Alejandro Zorrilla de San Martín Prosecretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.