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Nº 246 - TOMO 314 - 10 DE MAYO DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

9ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposiciones escritas

- La presentan los señores senadores Lacalle Herrera, Ortiz y Ubillos, para ser enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionada con la exportación de ganado en pie.
- Se resuelve afirmativamente.
- La presenta el señor senador Pereyra para ser enviada al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay relacionada con la apertura de otra sucursal de dicho Banco en la ciudad de Castillos.
- Se resuelve afirmativamente.

5) Solicitudes de licencia

- La presenta el señor senador Batalla por el término de treinta y un días.
- Concedida.
- La presenta el señor senador Flores Silva por el día de la fecha.
- Concedida.

6) Proyecto presentado

- Se destina al Banco Hipotecario del Uruguay el impuesto creado por el artículo 25 de la Ley Nº 15.294 que grava las retribuciones de servicios personales en la actividad pública y privada.
- Iniciativa de los señores senadores Rodríguez Camusso y Olazábal.

7) Siembra de remolacha. Su interrupción en la zona de influencia de RAUSA

- Manifestaciones del señor senador Olazábal.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a la Comisión de Agricultura y Pesca del Cuerpo.

8) Abigeato. Aumento de su incidencia. Cuidado y preservación del orden y seguridad públicos

- Manifestaciones del señor senador Jude.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a la Presidencia de la República y a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas.

9) Contrato de Uso. Se establecen normas que lo reglamentan

- Continúa la discusión general.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado en general.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de mayo de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana martes 10, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan el contrato de uso.

(Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 7/88)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se reglamenta la acción de amparo.

(Carp. Nº 631/86 - Rep. Nº 10/88)

3º) Por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.254, de 26 de marzo de 1982, y se designa "Capitán Justo Machuca" el conglomerado urbano de la represa hidroeléctrica "Constitución".

(Carp. Nº 1029/87 - Rep. Nº 11/88)

4º) Por el que se designa con el nombre "Timoteo Aparicio" a la Escuela Nº 1 de Canelón Grande, departamento de Canelones.

(Carp. Nº 901/87 - Rep. Nº 12/88)

5º) Por el que se designa con el nombre "Profesor José Aurelio Rivoir Bonjour", una plaza de deportes en la ciudad de Rocha.

(Carp. Nº 970/87 - Rep. N° 9/88)

6º) Por el que se designa con el nombre "Doctor Dardo Regules" a la Escuela Nº 285 de 1er. Grado del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 896/87 - Rep. Nº 8/88)

7º) Por el que se designa con el nombre "Mercedes Giavi de Adami" al Liceo de Villa Ismael Cortinas, departamento de Flores.

(Carp. Nº 981/87 - Rep. Nº 13/88)

8º) Por el que se designa con el nombre "Constancio C. Vigil" a la Escuela Nº 112 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

(Carp. Nº 980/87 - Rep. Nº 14/88)

9º) Por el que se designa con el nombre "Cristóbal Colón" a la Escuela Nº 177 de 1er. Grado de Montevideo.

(Carp. Nº 918/87 - Rep. Nº 15/88)

10) Por el que se derogan disposiciones legislativas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

(Carp. Nº 1036/88 - Rep. Nº 28/88)

11) Por el que se afecta a la Intendencia Municipal de Río Negro el inmueble empadronado con el Nº 5312 del departamento de Montevideo desafectándolo de su destino en el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la afectación a éste de parte del inmueble empadronado con el Nº 454 del departamento de Río Negro.

(Carp. Nº 787/87 - Rep. Nº 26/88)

12) Por el que se desafectan inmuebles entre el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la Intendencia Municipal de Montevideo (Padrones números 71.473. 125.515 y 183.142).

(Carp. Nº 820/87 - Rep. Nº 27/88)

13) Por el que se designa a la Escuela Nº 97 de 2° Grado, de Curva de Maroñas del departamento de Montevideo, con el nombre "Federico García Lorca".

(Carp. Nº 919/87 - Rep. Nº 21/88)

14) Por el que se designa con el nombre de "Horacio Quiroga" a la Escuela Nº 78 al Aire Libre del departamento de Salto.

(Carp. Nº 920/87 - Rep. Nº 22/88)

15) Por el que se designa a la Escuela Nº 113 de 1er. Grado del departamento de Rivera con el nombre de "España".

(Carp. Nº 921/87 - Rep. Nº 23/88)

16) Por el que se designa con el nombre de "Dr. Pablo Purriel" a la Escuela Nº 37 de Santa Catalina, departamento de Soriano.

(Carp. Nº 940/87 - Rep. Nº 24/88)

17) Por el que se designa "Ingeniero Agrónomo Dante Bianchi" a la Escuela Agraria de San Carlos, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 1016/87 - Rep. Nº 25/88)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Alonso, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, García Costa, Gargano, Guntin, Ituño, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni y Ubillos.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Batalla, Flores Silva, Forteza y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 13 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de mayo de 1988.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se dictan normas referentes a discriminación racial.

(Carp. Nº 1099/88)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a regir desde el 1º de enero de 1988.

por el que se realiza una adecuación al Presupuesto Operativo de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al Ejercicio 1987.

por el que se modifica el Decreto de 20 de enero de 1988, por el que se aprobaba la racionalización presupuestal de varios Programas del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura."

por el que se autoriza a emitir Orden de Pago a favor de la Administración Nacional de Educación Pública a efectos de abonar honorarios profesionales.

-Ténganse presentes.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas: relativo al pago de horas extras.

del Ministerio de Industria y Energía: relacionado con la contratación de tres Ingenieros Industriales.

de la Facultad de Medicina: relacionada con el pago a favor de la firma Interamericana de Cómputos por el servicio de Mantenimiento de Microcomputadores.

de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionado con las Licitaciones Públicas Nos. 101/87 y 124/87.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para exonerar de su cargo a un funcionario de la Comisión Nacional de Educación Física - Ministerio de Educación y Cultura.

(Carp. Nº 1097/88)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensajes por los que comunica que ha dictado las siguientes sentencias:

en autos caratulados Gobierno y Administración del departamento de Colonia c/Estado - Ministerio de Economía y Finanzas - Inconstitucionalidad (vía de acción).

en autos caratulados Intendencia Municipal de Rivera c/Estado. Ministerio de Economía y Finanzas. Inconstitucionalidad (vía de acción), y en autos caratulados Gobierno Departamental de Durazno c/Estado. Ministerio de Economía y Finanzas. Inconstitucionalidad (vía de acción).

-Ténganse presentes.

La Suprema Corte de Justicia remite varios Mensajes comunicando que ha dictado las siguientes resoluciones: designando Juez de Paz de la segunda Sección de Salto a la Dra. Estela Jubette Pesce, contratando a la Dra. Silvia Landeira como Defensor de Oficio Abogado de Bella Unión y a la Escribana Ana Lil Iramendi Marten, para desempeñar funciones de Actuaria Adjunta en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1er. Turno de Rivera y autorizando la trasposición de partidas dentro de distintos programas.

-Ténganse presentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota a la que adjunta el Mensaje emitido por el señor Primer Ministro iraní Hossein Mossavi, relativo al conflicto Irán-Iraq.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por el señor senador Guillermo García Costa relacionada con plantas industrializadoras de leche y de productos lácteos.

-A disposición del señor senador Guillermo García Costa.

La Corte Electoral remite la información solicitada por el señor senador Carlos Julio Pereyra, relacionada con la resolución adoptada por esa Corporación el 4 de marzo del año en curso.

-A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El Directorio de Industria Lobera y Pesquera del Estado comunica que adoptó una resolución contratando al Contador Philippe Bernardo Koche Le Floch como Contador General de Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE).

-Téngase presente.

La Cámara de Representantes comunica la sanción del proyecto de ley por el que se declara feriado para los departamentos situados al norte del río Negro el día 9 de mayo con motivo de la visita de su Santidad el Papa Juan Pablo II.

-Téngase presente.

Los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso y Walter Olazábal, presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se destina al Banco Hipotecario del Uruguay, el impuesto creado por el artículo 25 de la Ley Nº 15.294, del 23 de junio de 1982, que grava las retribuciones de servicios personales en la actividad pública y privada.

(Carp. Nº 1100/88)

-A la Comisión de Hacienda.

El señor Presidente del Senado Dr. Enrique E. Tarigo presenta una redacción sustitutiva del artículo 144 del Reglamento del Senado vigente.

(Carp. Nº 1101/88)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se declara Monumento Histórico el "Molino Viejo", ubicado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 879/87)

-Repártase.

La Comisión de Educación y Cultura eleva Informado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Magdalena Fanetti" a la Escuela urbana de 1er. Grado Nº 46 de la localidad de Colonia de Miguelete, departamento de Colonia.

(Carp. Nº 1023/88)

-Repártase.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva con resolución las comunicaciones cursadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionadas con:

la posible visita a nuestro país de una delegación de parlamentarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(Carp. Nº 1073/88)

y con la visita a nuestro país de una delegación de parlamentarios de la República Popular China.

(Carp. Nº 1080/88)

-Repártanse.

La Comisión de Asuntos Administrativos comunica que está en condiciones de informar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para:

designar Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de Tercer Turno y Fiscal Letrado Suplente.

(Carp. Nº 1049/88)

para designar Fiscal Letrado Adjunto adscripto al despacho de la Fiscalía Letrada de lo Civil de 1er. Turno,

(Carp. Nº 1061/88)

y para designar en vía de ascenso a Fiscales Letrados Departamentales de Dolores y Salto respectivamente.

(Carp. Nº 1078/88)

-Repártanse.

La Junta Departamental de Artigas remite documentación relacionada con las reiteradas observaciones recibidas del Tribunal de Cuentas de la República, referentes a gastos irregulares e indebidos por parte de la Intendencia, a efectos de ser remitidos a la Comisión que estudia la solicitud de juicio político al Intendente Municipal Dr. Luis Eduardo Juan.

(Carp. Nº 794/87)

-Agréguese a sus antecedentes."

4) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Los señores senadores Luis A. Lacalle Herrera, Dardo Ortiz y Francisco Mario Ubillos, solicitan de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento, se curse una exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la exportación de ganado en pie".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"EXPOSICION ESCRITA

En momentos en que se inicia en nuestro país la zafra de terneros y dadas las actuales circunstancias del mercado de hacienda vacuna, los suscritos consideran beneficioso para el país, la autorización por parte del Ejecutivo, de exportación de ganado en pie.

La producción de los últimos años asegura a la industria frigorífica el futuro abastecimiento normal de sus plantas, aún en el caso de que las mismas llegaran al límite máximo de su faena, es decir dos millones de cabezas.

Por otro lado la baja pronunciada que han sufrido últimamente los precios de la hacienda gorda, puede transformarse en una señal negativa que lleve al desaliento a los sectores criadores y tenga la natural consecuencia de disminuir los rodeos de cría.

Una autorización de Gobierno para exportar en los próximos años hasta 200.000 terneros por año, daría seguridad al mercado de dicho producto y permitiría continuar con los mejoramientos e inversiones del sector básico de la producción pecuaria vacuna.

Al efectuar este planteamiento nos hacemos eco de las opiniones de las gremiales y los productores en general.

Montevideo, 4 de mayo de 1988.

Francisco Mario Ubillos, Dardo Ortiz, Luis Alberto Lacalle Herrera. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Carlos Julio Pereyra solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento del Senado, se envíe una exposición escrita al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay relacionada con la apertura de otra sucursal de dicho Banco en la ciudad de Castillos".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 9 de mayo de 1988.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente.

En ejercicio del derecho que me confiere el Art. 166 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito a Ud. haga llegar al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, la inquietud planteada al suscrito por la Sociedad de Fomento Rural de Castillos, en el sentido de que se instale en dicha ciudad otra Sucursal de aquella Institución bancaria.

Es necesario destacar la buena voluntad de los funcionarios del BROU (expresan los representantes de la Sociedad de Fomento Rural de Castillos) pero ello no impide que se vean superados por el volumen de trabajo que deben atender, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Carlos Julio Pereyra. Senador."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Hugo Batalla solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 6 de mayo de 1988.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente y a los efectos de la integración del Senado, solicito licencia por el término de 31 días a partir del día 9 de los corrientes.

Saludo al señor Presidente muy atentamente,

Hugo Batalla. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará al suplente respectivo.

Si está en antesala se lo invita a pasar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

El señor senador Manuel Flores Silva solicita licencia por el día de hoy.

-Léase

(Se lee:)

"Montevideo, martes 10 de mayo de 1988.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

Por la presente solicito a Ud. se me conceda licencia por el día de la fecha.

Le saluda a Ud. muy atte.

Manuel Flores Silva. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PROYECTO PRESENTADO

«EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a las manifestaciones públicas realizadas en el momento de la aprobación, de la Ley Nº 15.294, año 1982, y posteriormente, los recursos recaudados por el impuesto creado por la misma, serían destinados al Banco Hipotecario del Uruguay. Motivaba esta decisión la situación grave por la que atravesaba el organismo en cuanto a la falta de medios dirigidos a la adquisición de viviendas por los particulares, así como para la construcción de las mismas.

La Ley de referencia, sin embargo, no se refiere a la utilización del impuesto motivo de la misma. La realidad ha demostrado que Rentas Generales ha sido la recaudadora y no ha volcado lo obtenido en el Banco Hipotecario del Uruguay.

La situación de este organismo hoy, se ha hecho mucho más difícil que en el momento de aprobación de la Ley Nº 15.294: las resoluciones del Directorio del Banco suspendiendo los créditos así lo confirman.

Precisamente, este proyecto de ley busca terminar definitivamente con esta situación. Sus trabajadores que realizan este esfuerzo, deben tener la certeza que los ingresos por él obtenidos se destinan a mejorar la situación de la vivienda para la población toda, pero especialmente para las personas de menos recursos.

Montevideo, 4 de mayo de 1988.

A. Francisco Rodríguez Camusso, Cr. Walter Olazábal. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Destínase al Banco Hipotecario del Uruguay, el impuesto creado por el artículo 25 de la Ley número 15.294, del 23 de junio de 1982, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 7° de la Ley Nº 15.900, de 26 de octubre de 1987.

Art. 2°. - Comuníquese, etc..

Montevideo, 4 de mayo de 1988.

A. Francisco Rodríguez Camusso, Cr. Walter Olazábal. Senadores."

7) SIEMBRA DE REMOLACHA. Su interrupción en la zona de influencia de RAUSA.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Están anotados para hacer uso de la palabra los señores senadores Lacalle Herrera, Olazábal y Jude.

Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en estos días nos enteramos por la prensa que finalmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sentado opinión en el sentido de que debe interrumpirse la siembra de remolacha en la zona de influencia de RAUSA.

Esta resolución se produce luego de una muy larga discusión con el señor Ministro del ramo -y también pública- de la cual había surgido el compromiso de mantener, por lo menos durante cuatro años, la producción azucarera del sur. En el marco de un plan gubernamental -en el cual intervinieron también en algunos momentos distintos organismos de índole privada- se habían planificado varios proyectos tendientes a la recuperación de tierras y a la sustitución de la producción de remolacha.

Lamentablemente esta resolución llega cuando los planes sustitutivos aún no se han hecho efectivos y en un momento en que se generaliza a nivel de los productores de remolacha una pregunta muy difícil de contestar ¿qué van a hacer cuando desaparezca efectivamente el cultivo?

Resulta claro que se trata de una zona en la cual, en los últimos tiempos -y luego de una grave pérdida de áreas- trabajan alrededor de unas 400 familias. En la última zafra de remolacha ellas han generado 70.000 jornales, en un área sumamente pobre como es la de Montes, Migues y parte del departamento de Lavalleja. También es claro que no existe una mínima esperanza -por vía de un cultivo sustitutivo- de poder volcar los actuales esfuerzos hacia otro rubro. Se descarta, por ejemplo, el cultivo de hortalizas. Este año en esa zona se ha tirado buena parte de la producción en función de la lejanía de mercados e, inclusive, por un problema de precios. Desde el punto de vista técnico también se descartan otras soluciones propuestas, como ha sido la de hacer praderas o la de introducir ganadería, en virtud del tamaño de los predios que promedialmente ascienden a alrededor de 20 hectáreas.

En consecuencia, nos encontramos frente a un panorama que, independientemente del desaliento que causa en la gente dedicada al cultivo de la remolacha tiene una trascendencia nacional, ya que sin duda es un elemento más que se suma a los muchos que en este momento actúan en el medio rural como un factor de expulsión y erradicación de las personas que hoy viven de la actividad agropecuaria.

Por las razones expuestas, propongo que la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado tome cartas en el asunto y se interiorice de los problemas concretos que han motivado tal resolución del Poder Ejecutivo. Asimismo, pienso que debería invitarse al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los efectos de consultarle sobre los planes alternativos o sobre los proyectos en curso, ya que hasta el momento -debemos decirlo- ellos no han pasado de ser más que proyectos. En realidad, no hay en ejecución ni una sola hectárea de tierra mejorada, ni una sola pradera o tambo que se haya podido instalar en esa zona.

Hemos leído en la prensa de hoy que existe acuerdo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en virtud del cual aparecería un subsidio de N$ 35:000.000 para la recuperación de tierras en el noreste de Canelones, lo que significa alrededor de U$S 100.000. Pero ello es una ínfima parte del valor que producía para este sector la plantación de remolacha. En nuestro país hay experiencia con respecto a lo que ha sucedido cuando se ha cerrado un ingenio azucarero o interrumpido un cultivo como la remolacha, uno de los pocos que pueden defender realmente el trabajo del pequeño productor en una parcela de tierra.

En consecuencia, señor Presidente, deseo que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado y aspiro a que, dentro de ella, se decida citar al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para escuchar su opinión -y también sus razones- sobre las medidas que en este momento impiden la plantación de remolacha para esa zafra que debería haberse iniciado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

8) ABIGEATO. Aumento de su incidencia. Cuidado y preservación del orden y seguridad públicos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Jude.

SEÑOR JUDE. - Señor Presidente: es mi intención hacer referencia a una situación que hoy azota a nuestra campaña y que constituye un factor de honda preocupación para el productor rural, como es el incremento en la comisión de delito de abigeato o robo de ganado que ha elevado las estadísticas a cifras jamás nunca alcanzadas.

La calificación del delito de abigeato por el Código Rural en la década del 40, pretendía tipificar una conducta que se desarrollaba en un medio rural que presentaba condiciones propicias para la comisión de esta figura delictiva.

En efecto, en aquellos años la contabilización de la hacienda resultaba muy dificultosa, las áreas de los establecimientos ganaderos medios duplicaban o triplicaban las áreas actuales, la vigilancia del propietario en las mismas era mucho menos rigurosa que ahora. Las delimitaciones en potreros eran mucho menor. Existía un restringido uso del alambrado, e incluso el personal era porcentualmente en función de las hectáreas del establecimiento muchísimo menor que el actual. Yo diría que hace 40 años atrás se daban las condicionantes óptimas para que el abigeato fuera un delito de difícil detectación y por consiguiente de ínfima sanción.

No obstante, paradojalmente el abigeato era mucho menor que en las circunstancias actuales.

Esta situación se inserta en un contexto muy especial. Siempre ha existido por parte del interior del país la sensación, que por otra parte compartimos, que los Gobiernos Nacionales se preocupan más por Montevideo y postergan, y muchas veces desvirtúan, las necesidades y las naturales respuestas que requiere la problemática del interior de nuestro país. Es público y notorio y admitido por nuestro Presidente el doctor Sanguinetti, la pesada carga impositiva que soportan los ganaderos de este país. También es público y notorio los esfuerzos que este sector ha hecho, no sólo en la tecnificación de su producción, sino también en el logro de una mayor producción por hectárea, con lo que hoy se sitúa a la ganadería de este país en su máxima expansión en bovinos y especialmente ovinos.

Yo me pregunto, este esfuerzo y esta vocación de superación del sector ¿qué marco y qué resguardo de seguridad pública reciben en cuanto al ejercicio de propiedad de sus haciendas y rodeos?

En el año 1973 se implementa el régimen de DINACOSE que establece un mecanismo dirigido a transformar al establecimiento de campo en una empresa. Sin embargo todo este espíritu se quebranta cuando inclusive por la sana práctica impuesta por DICOSE de recuentos mensuales se constata la falta de animales, lo que es en principio la configuración del delito de abigeato.

El abigeato es un delito contra la propiedad que en el medio rural conlleva conclusiones penosas para los que las sufren: la credibilidad, la confianza en el orden y el derecho son puestas en duda por nuestro hombre de campo y esto es naturalmente peligroso.

No sólo significa un grave perjuicio para nuestros hacendados sino que genera un clima de incertidumbre y de sospecha sobre el mismo medio en que se vive.

Hurtos, robos, depredaciones, violaciones y copamientos son noticias diarias en Montevideo. Las casas y los apartamentos con serenos nocturnos, rejas y una prestación paga de seguridad privada son algunos de los hechos que denuncian un orden y seguridad pública seriamente comprometidos. Naturalmente que no es nuestro propósito el responsabilizar de esto a nuestro amigo el señor Ministro Marchesano, pero es una realidad incontestable que nadie, absolutamente nadie puede ignorar.

Este clima que vive hoy Montevideo no queremos que se proyecte al interior y naturalmente a nuestro campo.

El delito no puede configurar un buen negocio para el delincuente a través del beneficio económico o de la impunidad presupuesta, pues esto configuraría la antesala del ostracismo del Derecho y de la Justicia.

La falta de vigilancia preventiva y represiva configura un clima de cuasi impunidad y esto es naturalmente grave, riesgoso y peligroso. Delincuentes que obtienen ganancias suculentas sin tenérselas que ver en la mayoría de los casos, con ningún apremio policíaco o judicial.

Yo me pregunto: ¿con qué elementos cuenta la policía del interior para poner coto a este delito de abigeato en crecimiento permanente?

Recuerdo hace 20 ó 30 años a la policía del interior con sus caballos recorriendo los campos de día y de noche, a veces vestida con uniforme y en otras circunstancias de particular como un paisano más. Hoy en el campo ha desaparecido la figura del guardia civil a caballo.

Si preguntamos con qué contingente cuenta cada seccional departamental del país, la respuesta no puede ser más insatisfactoria. Todo ha sido suplido por bicicletas, muchas veces propiedad de los funcionarios, o motocicletas sólo aptas para el asfalto o camionetas que casi siempre carecen de nafta para concretar los procedimientos respectivos y todo esto, además, agravado por un sueldo al servidor policial que en nada contempla su trabajo, su responsabilidad y sus desvelos.

Señor Presidente: consideramos que esta situación está comprometiendo seria y peligrosamente el derecho inalienable de la propiedad.

Hoy en una campaña en donde se carece de condiciones satisfactorias de aquellos servicios más esenciales, luz, agua potable, teléfono, asistencia médica, además de dificultades de transporte, etcétera, nos parece que quienes generan la riqueza vital de este país y que pagan los impuestos exorbitantes por el producto de su trabajo, por lo menos tienen el derecho de exigir y el Estado tiene la obligación de brindar, la seguridad pública y amparar el derecho de propiedad e impedir la penetración ilegítima en la propiedad del productor.

Recientemente, y corroborando lo antedicho, con motivo de celebrarse en Mercedes el VII Congreso Extraordinario de la Asociación de Magistrados del Interior, el Ministro del Interior, doctor Marchesano, informó que entre 1983 y 1987 se robaron en el país 70.523 cabezas de ganado recuperándose por la acción policial 12.000 cabezas. En el decurso del tiempo referido, se efectuaron 8.373 denuncias por robo de ganado, esclareciéndose a juicio de la policía 2.682 y resultando procesadas por la Justicia 1.497 personas.

El cuadro referido por el señor Ministro del Interior es para nosotros notoriamente grave, y mucho más si advertimos que por la propia idiosincrasia de nuestro hombre de campo y del medio en que actúa no realiza la denuncia correspondiente.

Si de estos indicadores nos resulta que el 68% de las denuncias no fueron aclaradas por la policía, nos reitera lo grave del problema. Pero lo alarmante surge de otra denuncia formulada por el señor Ministro del Interior en el Congreso de Magistrados del Interior: la existencia del crimen organizado. Existirían delincuentes que hacen el doble trayecto, hurtando animales en el Uruguay y pasándolos por la frontera, regresándolos luego como contrabando. Es decir, el delito de abigeato en concurso real con el delito de contrabando.

Es obvio que el perjuicio, además de referirse contra el derecho de propiedad del ganado se configura contra la economía de nuestro país.

El señor Ministro del Interior también denuncia un hecho que nos provoca preocupación y alarma. Sostiene que existe un descreimiento en la acción de la Policía y de la Justicia, y una inclinación no expresada, pero sí sentida, de llegar a la justicia por mano propia.

Las conclusiones a que arriba el señor Ministro del Interior son dramáticas. El propio señor Ministro, responsable del orden y la seguridad pública, admite que la eficacia policial es relativa como consecuencia del reducido número de funcionarios, así como por la falta de elementos técnicos.

Hoy, el Poder Ejecutivo se encuentra abocado al estudio de lo que denomina un proceso de modernización del Estado, tendiente a modificar ciertos monopolios ejercitados por organismos estatales. De esta forma se procurará dar una mayor eficiencia a su gestión. Sin embargo, sin perjuicio de acompañar estas iniciativas, consideramos que debería prioritariamente preocuparse por el cumplimiento de aquellos cometidos esenciales que sólo el Estado, a través del Poder Ejecutivo, debe realizar y que le están confiados por la Constitución de la República.

El artículo 168 de la Constitución, en su inciso primero, establece que corresponde al Poder Ejecutivo la conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior. Si el amigo Ministro del Interior expresa que "la eficacia de la Policía es relativa como consecuencia del reducido número de sus funcionarios, así como por la falta de elementos técnicos", cabe deducir que no se está cumpliendo cabalmente con el precepto constitucional que impone al Poder Ejecutivo la conservación del orden y la tranquilidad en lo interior. En mi concepto, esto es muy grave, pues creo que la aplicación de lo preceptuado por la Constitución es la base y la esencia de la existencia de un régimen democrático. Sin orden no existe democracia, justicia ni derecho.

Por consiguiente, no se está cumpliendo eficientemente con un cometido esencial del Estado y el Poder Ejecutivo así lo reconoce. Entonces, debe encontrarse una solución. En efecto; el Poder Ejecutivo es, por mandato constitucional, el que tiene iniciativa privativa en la fijación y modificación de sueldos y cuenta con la información y los medios adecuados para la previsión de gastos por parte del Tesoro Nacional.

Por lo tanto, considero que correspondería que en la próxima Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo previera las modificaciones que estimare indispensables al monto global de sueldos, gastos e inversiones del Ministerio del Interior, a fin de que éste se encuentre en las mejores condiciones para el cumplimiento de sus cometidos. Una iniciativa de esta naturaleza seguramente será acompañada, no me cabe duda, por la mayoría del Parlamento.

En definitiva, señor Presidente, el cuidado y preservación del orden y la seguridad públicas en una sociedad democrática constituye un presupuesto indispensable para su crecimiento y desarrollo.

Por último, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a la Presidencia de la República, así como a los Ministerios del Interior y de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Jude.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

9) CONTRATO DE USO. Se establecen normas que lo reglamentan.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan el contrato de uso. (Carp. Nº 834/87. Rep. Nº 7/88)".

(Antecedentes: ver 8ª sesión)

-Continúa en discusión general.

Tiene la palabra el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - La sesión anterior finalizó cuando el señor senador García Costa estaba realizando algunas reflexiones sobre ciertas afirmaciones que yo había expresado.

En esa oportunidad señalé que no íbamos a acompañar el literal b) del articulo 2º por cuanto entendíamos que no se estaba refiriendo al "leasing", o crédito de uso -para emplear el término que aparece en el proyecto- típico. Además, creo que con esto estaríamos dando a los Bancos la posibilidad de que vayan incorporando a su patrimonio el aparato productivo de la nación. De acuerdo con el literal b) del artículo 2º, la institución bancaria que vaya a otorgar un crédito va a exigir -tal como lo establece la disposición legal- el traspaso o la transferencia de la propiedad del establecimiento de quien va a solicitar ese crédito. Entonces, ese bien quedará en propiedad de la institución bancaria y simultáneamente se le dará el crédito al solicitante. A mi juicio, ello propicia una concentración del aparato productivo del país en la órbita de los Bancos.

Eso, señor Presidente, no es "leasing" o crédito de uso. Un distinguido profesor en la materia ha realizado una definición teórica de "leasing" que es muy clara, aunque seguramente no va a agregar nada a lo que los señores senadores conocen del tema. Me refiero a la definición que realiza el doctor Ferro Astray en un cursillo organizado por el Banco Central, sobre las operaciones bancarias. De acuerdo con lo que he podido leer, la definición del doctor Ferro Astray coincide perfectamente con lo que se entiende por "leasing", es decir, con lo que nosotros hemos denominado crédito de uso. Según este profesional, se entiende por "leasing" un contrato mediante el cual una parte -el tomador- acuerda con otra -el dador- la adquisición, en propiedad por esta última, de un bien a un tercero -proveedor- con la finalidad de que contemporáneamente le ceda su uso por un precio establecido y en condiciones convenidas de antemano, durante un plazo determinado. Mediante este contrato, empresas o personas que no pueden o no quieren inmovilizar capitales importantes, absoluta o relativamente, en la adquisición general de equipo productivo, en su ampliación o en la sustitución de lo que ya poseen, obtienen el uso de los mismos, sin realizar el desembolso que aquella adquisición significaría.

Señor Presidente. como se podrá apreciar, esto no tiene reacción con el "leasing" o crédito de uso que figura en el literal b) del artículo 2°, que establece que el contrato podrá recaer sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente, su venta a la institución acreditante. En la terminología corriente del Derecho Internacional esto se conoce como "lease-back", es decir, contrato de retroarriendo.

De manera que estas razones -que ratifico- nos llevan a afirmar, concretamente, que el contrato que se prevé en el literal b) no es el "leasing", o crédito de uso. Desde luego, cuando se pase a la discusión particular y se analice artículo por artículo, tendremos oportunidad de volver sobre el tema, como lo expresó el señor senador García Costa.

Por otra parte, el literal c) del artículo que estamos considerando tampoco encaja dentro del concepto jurídico de "leasing" o de crédito de uso.

Sin ánimo de examinar artículo por artículo, sino simplemente a los efectos de armar mi exposición para decir por qué no vamos a apoyar una operativa que no está encuadrada dentro del crédito de uso, señalo que el inciso c) del artículo 2º, dice: "sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos".

Eso tiene una explicación muy clara, señor Presidente. Está resolviendo problemas que todos sabemos existen; por un lado, el del endeudamiento interno que es una realidad económica que no podemos dejar de reconocer y que el inciso c) retoma o traduce en los casos en que la institución acreditante -la que va a dar el préstamo de uso- lo hace con un bien que aún no tiene en su patrimonio, pero que lo va a incorporar en cuanto se apruebe la ley. Esa propiedad que va a entregar al usuario del crédito de uso todavía no ingresó en su patrimonio. Pertenece, sin ninguna duda, a un deudor del banco que no ha podido cubrir su deuda. En esos casos en que el bien va a remate y el precio ofrecido no cubre la deuda el banco podría consumar la ejecución y quedarse con la propiedad, pero no lo hace. Hay un artículo de la Ley Nº 15.332 referente a la intermediación financiera que establece que ese bien debería ser vendido en un corto plazo las dificultades para poder hacerlo, determinan que el banco dilate la ejecución. Pero una vez vigente el proyecto que examinamos, la ejecución y el traspaso de la propiedad al banco podría concretarse en forma rápida. Una vez ingresando al patrimonio del Banco ese bien, de su deudor estaría habilitado para entregarlo a otra persona que quiere ser usuaria de ese bien de acuerdo al contrato de crédito de uso o «leasing». Estas situaciones están reconociendo un hecho económico que existe en el país, y resolviéndolo a través de este sistema que nosotros creemos debería tener otra solución.

Tan es así, señor, Presidente, que este proyecto de "leasing", según el nombre que le ha dado el Poder Ejecutivo o contrato de crédito de uso según la denominación que le adjudicó a mi juicio bien la Comisión, está vinculado a otro proyecto, que es el del Banco de Inversión que llegó en el mismo día con el proyecto que consideramos. En el informe que acompaña el Mensaje del Poder Ejecutivo, se señala que una de las principales tareas de este Banco de Inversión es la de otorgar préstamos a largo y mediano plazo y, a texto expreso, se cita entre las operaciones que este Banco podría hacer, la del "leasing".

Consideramos que concentrar estos sistemas en los bancos implica darles a éstos una actividad que, en definitiva, puede ser perjudicial. Y digo en definitiva porque no me olvido de la situación que aparejó la necesidad de votar la Ley Nº 15.322, hubo un momento en que los bancos habían llegado a una concertación de actividades que provocó la crisis de 1965 que motivó una intervención parlamentaria. En esa oportunidad, nuestro actual compañero de bancada, el señor senador Batalla, en aquel momento representante nacional, solicitó una Comisión Preinvestigadora para analizar el problema de la extranjerización de la banca con el andamiaje de las colaterales y los altos intereses que determinaban toda esa operativa bancaria. A mi juicio ese es el peligro que puede aparejar la ampliación de las funciones de los bancos.

En un artículo final del capítulo de Disposiciones Generales, se amplía la Ley N° 15.322 y también las Leyes Orgánicas del Banco de la República, en lo que tiene que ver con el mantenimiento en su patrimonio de bienes raíces que debían ser rápidamente enajenados, salvo aquellos aplicados a las actividades propias de las instituciones bancarias; y debían ser eliminados de sus patrimonios en términos muy cortos. En cambio, esta ley establece que las propiedades raíces podrán permanecer en los patrimonios de los bancos, y que el Banco Central dictará en materia de bienes raíces y bienes muebles, algunas disposiciones atendiendo las condiciones del mercado inmobiliario (Art. 38) y en el Art. 39 atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado cuando se trate de bienes muebles. Quiere decir que la reglamentación del banco no va a crear condiciones que dificulten que la institución financiera que concrete un contrato de préstamo de uso cuando tenga que quedarse con el bien inmueble o mueble porque se lo pagan y lo devuelven, y va a poder tenerlo en su patrimonio teniendo en cuenta las condiciones del mercado inmobiliario y la naturaleza de los bienes. Estos son términos muy genéricos que permitirán la posibilidad de concentración de estos bienes en poder del Banco Central, mientras los bancos no encuentren una salida adecuada para la venta de las unidades que puedan dejarle los usuarios de este contrato de uso que estamos organizando por esta disposición legal.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador Senatore para hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota)

-19 en 20. Afirmativa

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: nos queda la interrogante de si con esta ampliación de actividades no se generarán las condiciones de una nueva crisis, tal como la que el país ya vivió, en la cual el Estado terminó absorbiendo las pérdidas de varias instituciones financieras privadas, en lo que podría ser el último capítulo de la crisis de la banca privada nacional. Hoy tenemos un sistema bancario que, por un lado lo que no es banca estatal es banca privada en quiebra salvada por el Estado a costo del país, a un alto costo, o es banca extranjera.

No nos preocupa una mayor participación de la banca en la economía, todo lo contrario; pero debería realizarse sobre lo que son las raíces de la banca, es decir, en tanto intermediaria de fondos, captándolos de los que los disponen y no los utilizan, para canalizarlos hacia los que los necesitan para aumentar la producción y la riqueza del país. La banca debe ser apoyada en tanto cumpla esta función. En cambio es peligrosa, cuando es agente de operaciones especulativas, que el Estado, no controla; tal como sucedió en la década del 60, en la que pese a esa legislación que prohibía las colaterales, éstas siguieron existiendo, y no fueron intervenidas. Pero nos preocupa una banca que capta capitales para llevarlos al exterior o que opera con intermediarios de capitales negros, que simplemente entran y salen del país sin dejar beneficios.

De las investigaciones de la década del 60 resultó, precisamente, la prohibición a las instituciones financieras de tener sus activos, bienes ajenos a su giro. De acuerdo con la política oficial, esta prohibición desaparecería. Eso figura en el artículo que mencioné.

Además, señor Presidente, nos preocupa en qué medida se tendrá en cuenta aquella experiencia a los efectos de no repetir una situación que la banca y el país vivieron con dolor, y también con pérdidas que, en definitiva, pagamos todos los uruguayos.

Antes de terminar con mi exposición, deseo señalar, señor Presidente, que a este proyecto de ley le falta un elemento importante: el tributario. O sea, saber qué tratamiento fiscal va a tener esta operación. Recuerdo que en el seno de la Comisión se requirió información sobre el tema. Un economista y el señor Director de la Dirección General Impositiva se refirieron a cómo se enfocaba el "leasing", operación que no estaba reglamentada. El tratamiento que se le daba a esta operación bancaria, en resumen, era el siguiente: si en el contrato llevado a cabo bajo la fórmula de "leasing" aparecía la cláusula sobre opción de compra, era considerado como una compraventa a plazos desde el punto de vista fiscal. En este caso el patrimonio se ubica en el del que lo compra, y el IVA se aplica sobre el total del precio y se paga en el momento en que se realiza la operación de compraventa. En cambio, si la opción de compra no aparece, se considera -las disposiciones y la interpretación correspondientes están vigentes hasta que la ley las haga cambiar- la operación como un arrendamiento. Entonces, el bien permanece en propiedad de la institución financiera y el IVA se aplica sobre las cuotas que se pagan por concepto de dicho arrendamiento.

He hablado sobre este tema con las autoridades de la Dirección General Impositiva porque me preocupa el tratamiento fiscal de esta operación. A mi juicio, el Parlamento no puede seguir actuando tan flexiblemente en esta materia. La Constitución señala que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva en lo que tiene que ver con exoneraciones fiscales. No cabe ninguna duda de que un tributo debe estar consagrado en una ley. En la misma deben definirse, en la forma más clara posible, todos los elementos que integran la obligación tributaria de que se trata. Señalo al pasar, que estoy de acuerdo totalmente con el criterio que sustenta -en un proyecto que presentó hace muy poco tiempo- el señor senador Aguirre, en el sentido de que el impuesto debe ser establecido por ley; es decir, la legalidad del impuesto.

En este proyecto de ley tan importante, señor Presidente, no sabemos cuál va a ser el tratamiento fiscal. Esto para mí constituye un grave inconveniente. Las razones -de esta omisión, a mi entender- esgrimidas por la Administración Fiscal, fue la de que sería deseable ver cómo funciona la aplicación de esta ley, durante un plazo prudencial, y luego aportar un estudio más acabado de lo que en materia fiscal podría hacerse con el crédito de uso. Me da la impresión de que ese plazo, que creo que es de un año -y con esto no pretendo hacer una crítica a la Dirección General Impositiva- quizá va a ser utilizado para exonerar o gravar en una forma menor al crédito de uso cuando dicha Dirección entienda que la operación es estrictamente tal; pero cuando, por algún elemento, suponga que se trata de un contrato que se reviste de la forma del crédito de uso para hacer otra cosa, tal vez se seguirá rigiendo por las normas utilizadas hasta el presente.

La bancada del Frente Amplio -en nombre de la cual estoy haciendo uso de la palabra- invitó y recibió a una serie de instituciones representativas -que luego concurrieron también a la Comisión de Hacienda- las mismas señalaron que el elemento fundamental que había determinado la inaplicabilidad o desaparición del "leasing" de la vida económica de nuestro país, había sido, precisamente, las decisiones de la Dirección General Impositiva, en cuanto a la interpretación de cómo se aplicaban las normas fiscales en el caso de dichas operaciones.

No estoy tan seguro de que las razones hayan sido esas. En realidad, al analizar ciertas situaciones, es evidente que no había un crédito de uso, sino otro contrato encubierto bajo la figura del "leasing". En definitiva, cualquiera sea la explicación del por qué el "leasing" o el crédito de uso no se aplicó de una forma más extensa -sea porque la interpretación fiscal determinaba una tributación muy pesada lo que aparejaba que el contrato no fuera útil de acuerdo con los fines para los que se había creado- o por otras motivaciones, digo que este proyecto que da una estructura orgánica a ese contrato, debería tener -y creo que esta opinión podría ser compartida por muchos señores senadores- un capítulo -o una norma- en el que se estableciera el régimen fiscal aplicable a este contrato.

Creo que este proyecto debería contener sin ninguna duda, una norma fiscal que regulara claramente la forma en que va a ser tratado este contrato desde el punto de vista tributario.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Creo que el tema que nos ocupa en cuanto a reglamentar el crédito de uso tiene una primera virtud, o sea que reglamenta algo que ya existe en nuestro país. Desde ese punto de vista no podemos desconocer que efectivamente hay una cierta necesidad en cuanto a que se establezcan con claridad los derechos y las obligaciones de las partes, así como las reglas de juego o las normas que regularan el contrato.

Desde el punto de vista económico este tema tiene otro aspecto que hace que esta modalidad de crédito de uso pueda oficiar creando en el país un mercado crediticio de mediano plazo del que actualmente se carece, por lo menos, desde un punto de vista legal. Todos sabemos que hay mercados de capital a términos casi infinitos que han sido creados por la lógica de los hechos, por las relaciones de endeudamiento que tienen las entidades productivas y no porque una ley haya orientado de determinada forma la constitución del mercado.

Sabemos, además, que en el caso de nuevas industrias, especialmente cuando se trata de obtener préstamos de proveedores del exterior para iniciar una nueva actividad, el crédito de uso es un medio idóneo que posibilita y de alguna forma facilita las negociaciones para llevar a buen fin la instalación de actividades que en otras circunstancias resultarían difíciles de llevar a cabo.

Esto hace que nuestra posición no sea, de ninguna manera, contraria a establecer la figura del crédito de uso desde el punto de vista legal.

En cambio, sí digo que este proyecto es absolutamente desafortunado de acuerdo a las posibilidades de elaborar una norma, concreta que responda a las necesidades del país. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que este proyecto tiene un carácter general, debe tenerse en cuenta que va a regular un contrato que prácticamente hoy en día no se aplica en el país. Pienso que cuando se legisla, no siempre se debe tener en cuenta las consecuencias concretas o las hipótesis de laboratorio; más allá de eso, es evidente que esta legislación surge ante una determinada realidad del país que, mientras, parte del país,, tiene todo su capital volcado al mercado financiero, la otra parte -a veces, inclusive, en círculos que se superponen- la que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de soportar la actividad productiva, tiene un nivel de endeudamiento absolutamente , insólito. Esto no es culpa de este Gobierno, -aquí no estamos haciendo una referencia política a la actuación de esta Administración- Se genera, como es evidente, en otro tiempo, pero con características absolutamente inusuales que marcan para el futuro lo que será la actividad económica de nuestro, país.

Nunca, se debió tanto a la banca ni hubo tanto dinero depositado en los bancos en relación a cualquier otra variable de la economía que se quiera analizar o en relación a los volúmenes de la producción del comercio exterior; nunca hubo tal dependencia o penetración de la actividad financiera en la producción de nuestro país, como ahora.

Cuando digo que este proyecto va a ser aprobado dentro de determinado marco económico, lo hago porque creo que uno de sus principales defectos es que en él se están mezclando necesidades racionales y lógicas, que abren posibilidades nuevas de crédito que de alguna manera facilitarán los negocios, la introducción de nuevas tecnologías o la importación de nuevos bienes de capital, con el tema del endeudamiento con el de la relación de los deudores que hoy no se pueden pagar a los bancos, en definitiva, en la relación de nuestro aparato productivo con el bancario. Esta mezcla queda muy nítida en el artículo 2°. En uno de sus incisos se establece por ejemplo, que para solicitar dinero a un banco o renovar una obligación, la forma de hacerlo es que el industrial, el comerciante o el agricultor le venda sus bienes al banco y éste se los arriende con la opción de compra al final del período de arrendamiento.

Esto no significa, un mecanismo de crédito, pues está enfocado desde otro ángulo o sea resolviendo la relación deudores-bancos a favor de los intereses de estos últimos.

El nivel de crédito interno de un país no es ilimitado; no hay un nivel de crédito equis al cual, por agregación sucesiva de determinadas leyes, podamos convertir en dos equis, ni siquiera en equis más uno. El nivel general de crédito está regulado, entre otras cosas, por todo lo que constituye la política económica, monetaria y financiera del gobierno, por las políticas concretas antiinflacionarias y por las políticas de orientación de tipo de cambio.

El total del crédito que está circulando en este país -que en definitiva estoy seguro que es lo que le interesa los industriales, a los productores y a los comerciantes- no cambia por este proyecto de ley ; lo que sí variarán serán las relaciones de crédito, las normas dentro de las cuales quien necesita el crédito lo solicitará y quien oferta lo otorgará, así como todo aquello que tiene consecuencias directas con ésta, o sea, de qué forma cobrará quien presta y de qué manera, pagará el que solicita el crédito.

Es sabido que uno de los problemas que en nuestro país dificulta la agilidad, de los créditos, es la lentitud con que actúa la justicia.

Creo que este problema deberíamos encararlo por otro lado y que, efectivamente, así se está haciendo a través de la reforma al Código General del Proceso, que fuera aprobada por este Cuerpo. Nos parece absolutamente inconveniente crear mecanismos que en esta situación de endeudamiento den lugar a lo que quien habla llamaría una ejecución anticipada o la recuperación de una propiedad antes del juicio que corresponde a la normal relación, entre acreedor y deudor.

Evidentemente, aquí se invierten los términos. ¿En qué forma? Normalmente cuando alguien debe dinero, lo pidió prestado y con él compró algo y es posible que si después no lo puede pagar le ejecuten lo que compró u otros bienes que posea. Pero en este caso, no se trata de eso, sino de que el crédito se implementa cuando desde el principio el propietario es quien presta el dinero. De ese modo, es suficiente con no pagar para que la ejecución ya esté hecha, es decir para que la propiedad quede en manos del titular acreedor.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente. En su oportunidad ciertamente volveremos a discutir los artículos 2° y 38; no sólo lo hará quien habla sino todos los señores senadores que integra. la Comisión de Hacienda y los demás que componen el, Cuerpo.

Sin perjuicio de ello, creo que es oportuno hacer algunas precisiones.

Tanto el señor senador Senatore como el señor senador Olazábal están, haciendo hincapié nítida clara y terminantemente, sobre los artículos 2° -en particular sobre su literal c)- y 38. Al respecto, señor Presidente, debo decir en primer término, que están leyendo mal y que lo están haciendo deliberadamente. Comprendo el caso particular del señor senador Olazábal a quien se le hace difícil participar de la reglamentación legal de un típico contrato vinculado a la doctrina económica de la propiedad privada de los medios de producción ya que él sostiene la tesis de la propiedad colectiva. Teniendo en cuenta que él, es teóricamente -y descuento que con la más absoluta convicción- enemigo de una sociedad que tenga contratos de este tipo , se le hace difícil hacer un análisis medianamente objetivo. Entonces, y si bien no lo ataca frontalmente, lo hace en el Senado y en forma periodística a través de toda una serie de insinuaciones, algunas de las cuales no lo son tanto. A modo de ejemplo, señor Presidente, voy a citar textualmente algo expresado en la prensa por el señor senador Olazábal: "Sin duda se trata de un nuevo instrumento para sujetar la producción "a los intereses financieros. La Banca pasará a ser el señor feudal y los actuales empresarios deudores "a trabajar para ella, en condiciones similares a los siervos de la Edad Media". Seguidamente abunda diciendo, inclusive, que los siervos estaban en mejor situación y que estos van a estar peor. Existen además otros artículos periodísticos que hemos tenido oportunidad de leer y, que omitimos, citar.

Entiendo -y lo repito- que es muy difícil para el señor senador Olazábal comprenderlo, ya que él conceptualmente cree que todo instrumento legal que admita el sistema económico que él no comparte, es una forma de dominación. Sin perjuicio de ello, creo que incurre en un grave error al generalizar sus conclusiones en el Senado. Este Cuerpo está apoyando -por lo menos quien habla y descuento que también los demás miembros de la Comisión- este proyecto no porque vayamos a transformar la producción en el señor feudal de la Banca, sino por lo que dicen los artículos 2º y 38 que, reitero, han sido mal leídos deliberadamente.

El artículo 2º -debo hacer referencia a él, a pesar de que en este momento no lo estamos tratando- expresa: "El contrato podrá recaer: . . c) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la. institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos" y el 38 dice, hablando de inmuebles que: "A los efectos del contrato de crédito de uso, no regirá la prohibición de "adquirir propiedades raíces". Quiere decir, señor Presidente, que la autorización concedida por el literal c) del artículo 2º es al solo efecto de que esas instituciones otorguen crédito de uso, o sea, que no quedan con los bienes, ya que en el inciso segundo del artículo 38 se específica que finalizado el plazo del contrato debe venderse la propiedad en cuestión; no quedando pues en manos de la entidad financiera, que la poseía.

Por tanto, es bueno leer la ley correctamente. Vale la pena además hacerse otro tipo de reflexión.

¿Qué es lo que les conviene a los deudores? ¿Tres o cuatro ofertantes por sus propiedades? ¿Cuál es el objetivo natural que puede tener un deudor que ve que sus bienes deben responder por sus deudas? Supongo que estas deudas las adquirió a conciencia, porque si hubiera estado sometido a vicios de consentimiento habría nulidad de contrato. Ellas fueron adquiridas siendo capaz, y no estando sometido a ninguna de las condiciones que vician un contrato. De acuerdo a eso y observando que sus bienes van a responder por sus deudas, ¿qué le es preferible? Sobreviene la ejecución: existen cinco compradores que ofrecen hasta N$ 100 y un comprador eventual, un nexo B por N$ 101. Pero a este último le negamos el derecho de ofertar y no se puede llevar la propiedad. Lo que quiere el señor senador Olazábal es que la oferta quede en N$ 100, que se malbarate el bien.

Aquí existe un problema conceptual. Reitero, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Quitarle a la gente la posibilidad de que tenga un comprador? Eso puede hacerse aún con más generalidad: se puede establecer por ejemplo que todas las personas que paguen más de equis pesos de impuesto al patrimonio no pueden comprar más propiedades. Esa sería una posible ley, pero sepamos que sacamos compradores del mercado. ¿Eso es bueno? Puede ser que alguien así lo piense, pero baja el valor de la propiedad. Pero aquí se razona a la inversa: cuando un texto legal autoriza que alguien que no podía ahora puede comprar y que puede ayudar a que el deudor pague y a defender el mejor valor de sus bienes, se dice que se quiere crear siervos feudales. No, eso no es así; lo que se desea es ayudarlos a pagar, porque si esta posibilidad no existe habrá una postura menos en el remate y, por lo tanto, una posibilidad menos de mejorar el valor en beneficio del deudor. Es pues al revés de lo que se quiere hacer decir: la ley no expresa eso, pero aun en las condiciones en las que se quiere que lo diga, lo establece al revés; lo que sostiene es que puedan ingresar otras personas al mercado de compradores, porque de esa manera los intereses del deudor están mejor protegidos. Esta es la verdad. En consecuencia, vamos a no engañarnos y a no hablar de servidumbres feudales, o de gente que quiere volver a la época de la producción trabajando de rodillas. No deseo seguir leyendo todos los artículos periodísticos que han salido citando textualmente al señor senador Olazábal. El sistema parece ser tomar una ley, hacer que exprese lo que ella no establece, y luego hacernos incursos en algo en lo que no tenemos nada que ver. ¿Qué el país está endeudado? Naturalmente que sí, señor Presidente.

¿Acaso con esto la gente va a comprar los bienes para dar crédito de uso? ¿Es que el proyecto dice que se puede ejecutar a las personas? Si no colijo mal lo que he oído, pareciera que hay una reglamentación pacíficamente admitida por la cual ningún deudor puede ser ejecutado. Pero si aprobamos una ley por la cual los pueden ejecutar transformándolos en siervos de la Edad Media y, al mismo tiempo, se le cobra un arrendamiento por el bien que le era propio, ¿qué es lo que está sucediendo? El Código General del Proceso -que el señor Presidente conoce muy bien- ¿desde cuándo rige? Tiene pocos días de aprobado. Antes no se cobraban las deudas y existe una ley de refinanciación que permite consagrar una serie de problemas a los efectos de extender el pago de las deudas.

En consecuencia, señor Presidente, si es posible vamos a dialogar sobre este punto aunque comprendo y respeto que al señor senador Olazábal le cueste mucho, como me costaría a mi si hiciera una disquisición sobre el materialismo dialéctico, porque no lo comparto. Entonces, él me detendría y me explicaría en qué consiste el materialismo dialéctico. Me diría. "Usted no entiende como es un sistema económico con la propiedad colectiva de los medios de producción". Es posible que yo le respondiera que sí, que no lo entiendo. Pero el señor senador abomina y rechaza este sistema; se introduce en él para decir que quienes respetamos la propiedad privada estamos haciendo "siervos feudales". Esa es una concepción; pero vamos a hablar de la filosofía económica. No vamos a tomar una ley y mandonearla como se nos ocurra para sacar conclusiones que terminan por ser ofensivas para sus proponentes -los que sabrán defenderla- que la firmaron porque la consideraron buena para el país.

En consecuencia creo que hay una cosa de elemental respeto, y los que no comprendan el proyecto tendrán que hacerlo. Entonces sí podemos hablar ordenadamente de los artículos 2º, 38, etcétera, respetándonos recíprocamente.

Muchas gracias por la interrupción, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Reconozco, señor Presidente, estar un poco abrumado por los argumentos formulados por el señor senador García Costa. Evidentemente, el señor senador estaba distraído leyendo la prensa, donde hay puntos que efectivamente escribí o declaré. Pero de ahí a que lea deliberadamente mal los artículos, hay una buena distancia que me apresuro a rechazar.

Fundamentalmente me asombra que el señor senador piense que estoy hablando de socializar los medios de producción. Creo que estamos tratando un proyecto de ley para el Uruguay, para nuestro sistema capitalista, para nuestras relaciones privadas de producción y, seguramente, el señor senador entendió mal algo de lo que expresé o no entendió nada porque estaba distraído. Avala esta creencia el hecho de que me haya citado mencionando el literal c) del artículo 2º, al que no hice referencia en ningún momento -porque hablé del literal b)- y el artículo 38 al que tampoco aludí y, realmente, no sé si tiene alguna relación con el juego de la tómbola.

Deseo remarcar un concepto que expresó el señor senador, porque es parte obligada de la exposición. El expresa que cómo nos vamos a meter en cuestiones que deudor y acreedor o pactante las hacen a plena conciencia. Por qué vamos a molestar a alguien que quiere contratar con pleno conocimiento y que sabe perfectamente los fundamentos cuando va a firmar al mostrador del banco que le ofrece el crédito de uso.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Antes de conceder la interrupción que me solicita el señor senador Senatore le contestaría al señor senador García Costa qué habría pasado si él hubiera efectuado la misma afirmación en tiempos en que todos los deudores iban a la banca privada o estatal a renovar o solicitar sus créditos, y unos meses antes de la famosa ruptura de la tablita, cuando se les decía que no se les concedían créditos en pesos pero sí en dólares.

Si se piensa realmente que los deudores y los que se comprometieron en este país lo hicieron a plena conciencia, que nunca hubo un marco jurídico, legal y económico destinado a proteger la producción, que se diga, pero que no se hable de "plena conciencia" porque ello sería insultar a la inmensa mayoría del país que, frente a una situación creada, no tuvo mas remedio que optar por un préstamo en dólares -que en ese momento era un asesinato económico- pero que lo eligió porque no había otro camino y se encontraba entre la espada y la pared. ¡Así le fue a quien tuvo que entrar en esa opción!

De manera que, señor Presidente, rechazo que las opciones sean conscientes y realmente voluntarias. Digo, sí, que hay condicionamientos en la realidad económica que llevan a que la gente haga cosas que conscientemente no las haría si realmente pudieran tener una elección diferente.

Le concedo la interrupción al señor senador Senatore.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Solicité esta interrupción, señor Presidente, porque no puedo dejar pasar en silencio las palabras del señor senador García Costa quien señaló que deliberadamente hemos leído mal el proyecto de ley.

Algunas de las expresiones que formulé ya las habíamos analizado con los representantes de las diferentes instituciones que tuvieron la amabilidad de venir a conversar con nosotros en nuestra bancada.

Cuando expresé que "el contrato podrá recaer: b) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante", no dije otra cosa más que lo que indica la ley, es decir, que si voy a pedir un crédito de uso me dicen: "Señor, usted tiene un bien, pásemelo a mi patrimonio y le concedo un crédito de uso". En el caso de que no pueda cumplir, si se trata de un bien mueble, voy al artículo 3º, que expresa que "Los bienes muebles que fueron objeto de un contrato de crédito de uso y cuya propiedad, finalizado el contrato, permaneciera en el patrimonio de la institución acreditante, deberán ser enajenados o colocados mediante un nuevo contrato de crédito de uso, dentro de los plazos y en las condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado".

Lo que manifesté, simplemente, es que si voy a solicitar un crédito, en primer lugar traspaso la propiedad. El señor senador Olazábal le contestó genéricamente al señor senador García Costa, quien manifestó que cuando uno hace un contrato lo firma voluntariamente, no hay vicio de consentimiento. Lo que sí hay a veces es coacción, porque ha sucedido que una persona iba a solicitar la renovación de un crédito hecho en moneda nacional y le decían que si no lo cancelaba ese día lo ejecutaban; por el contrario le daban la alternativa de sustituirlo por un documento en dólares. Aquí no había vicio de consentimiento, en sentido estricto sino un contrato de adhesión forzado, que mucho se asemeja al vicio mencionado. Lo cierto es que, a la fuerza se endeudaba en dólares y a los pocos días se producía la ruptura de la tablita, que muchos sospechaban o conocían la proximidad del evento. La igualdad de las partes no era "tan igual".

El señor senador García Costa me atribuye haber leído mal en forma deliberada. No es así; estoy leyendo los literales b) y c) del proyecto de ley.

Por otra parte, cuando recibimos a las instituciones -Unión de Exportadores, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Federación Rural y Asociación Rural- reconocieron que, a través de los literales b) y c) se trataba de solucionar un problema económico, que no era inventado, sino que se arrastraba debido al endeudamiento interno.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO, - Advierto que finaliza el tiempo de que dispone el orador. Por lo tanto, hago moción para que se le prorrogue.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se prorroga el término de que dispone el señor senador Olazábal.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Olazábal y, por consiguiente, el señor senador Senatore en uso de una interrupción.

SEÑOR SENATORE. - Lo único que deseo señalar es que no leí mal deliberadamente, sino lo que expresa el proyecto de ley. Puede ser que no le satisfaga al señor senador García Costa la interpretación que hago, pero, entonces, se trata de un problema de interpretación.

Por otra parte, leímos este proyecto, así, en esa reunión a la que me refiero, en la cual se llegó a la conclusión de que, simplemente, recoge una realidad y trata de solucionarla. Pero, en opinión de quien habla, no lo hace en la forma más conveniente.

En relación con la concentración de la actividad en los bancos, señalé que se trata de algo peligroso sobre lo que ya hemos tenido experiencia, que muy caro pagar con todos los uruguayos y nadie más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Evidentemente, este proyecto de ley crea condiciones que sería bueno analizar.

¿Qué pasaría si la actitud de la banca, cuando se le va a solicitar un crédito nuevo o una renovación o se pretende solucionar un problema de endeudamiento, fuera siempre la misma?

Hagamos un contrato de "leasing". Prácticamente todo el país podría pasar por el literal b) del artículo 2º, y toda la propiedad quedaría en manos de la banca privada transitoriamente, por lo menos, porque el contrato podría llegar a su término. También queda muy claro que en este proyecto no hay ningún tipo de limitación sobre la duración del contrato. Por este motivo, todos los bienes podrían quedar transitoriamente, durante cien años, en manos de la banca del país.

Existe una gran interrogante, que tiene que ver con el aspecto fiscal de este proyecto. De acuerdo con el tratamiento fiscal, podemos hallarnos, simplemente, frente a un proyecto de ley inoperante; es decir, estar aprobando algo que nadie va a usar. Quizás estemos creando algo que va a tener reglas de juego diferentes cada seis meses o, algo que, efectivamente, se exonere, se impulse y en donde se establezcan las condiciones para que este contrato se haga. De esta forma, podríamos arriesgarnos a que en poco tiempo buena parte de la propiedad privada de este país pase a ser de la banca. Remarco el concepto de propiedad privada, porque hay quien no entiende que hablo de este aspecto.

Otro grave defecto de este proyecto es que, de alguna forma, se pierde el término de referencia en cuanto a la tasa de interés. Si uno va a solicitar dinero a un banco, ya se conoce la tasa de interés que deberá pagarse. Pero cuando se entra a analizar el articulado del proyecto, ¿con qué nos encontramos? En primer lugar, con que la fijación del valor puede estar incluyendo, implícitamente, una tasa de interés absolutamente desconocida.

Además -hay contradicciones y problemas que veremos en el curso de la discusión particular- para el pago adelantado del contrato, solamente por el artículo 30 se prevé un descuento sobre el monto total. Es decir, es la única vez en el proyecto que se reconoce la lógica de la existencia de una tasa de interés. Sin embargo, ella no aparece en las hipótesis de los artículos 9º y 26. En definitiva, esto hace que la tasa de interés sobre la cual se va a operar para confeccionar estos contratos de crédito de uso, sea absolutamente desconocida.

Por otra parte, resulta muy claro que éste va a ser un contrato de adhesión, que estará perfectamente impreso, con algunos espacios en blanco para llenar por las empresas que se dediquen al crédito de uso o que se especialicen en él.

En ese sentido, hago otra observación. En distintos artículos del proyecto se hacen opciones muy importantes desde el punto de vista contractual, todas ellas en favor del banco -lo cual desde ya creo que debe entenderse- porque, efectivamente, vamos a entrar, sin lugar a dudas, en un contrato en el que la fuerza de los dos contratantes es absolutamente diferente. Por consiguiente, toda opción que se plantea en este proyecto, va a ser, en realidad, una posibilidad para el banco y no para el deudor.

Aunque el proyecto no lo diga, se crea un mecanismo por el cual la relación deudor-acreedor o banco-usuario, parece reducirse al hecho de la existencia de un crédito de uso; pero, también, se podrán exigir garantías complementarias. Es decir, aparte de todas las garantías que por este proyecto tiene el prestamista, no hay nada que impida las exigencias de otras complementarias.

Por eso mismo, hay aspectos que se convierten en leoninos. Vamos a encontrarnos con una realidad en la que se hacen determinadas operaciones, basadas en el mecanismo de este proyecto y, además de ello, para asegurar el cumplimiento estricto por parte del usuario, del crédito de uso, se le van a exigir toda clase de garantías.

Resumo esta otra crítica señalando que acá se pierde el punto de referencia, la tasa de interés. ¿En qué condiciones? A través de contratos a mediano plazo, en los que cualquiera puede entender, perfectamente, que, de alguna forma, están condicionados por la variable de la economía y que cualquier institución prestamista se va a asegurar de que esa tasa sea superior a toda expectativa que pueda haber en materia de inflación o de tasa bancaria.

Este es otro hecho económico que va a repercutir sobre el costo de la operación. Como si fuera poco, además, conocemos lo que ocurre en nuestro país con la venta de bienes a plazo. ¿Alguien ignora que las tasas más altas de interés, que llegan a claros niveles de usura, en este momento están centralizadas o perfectamente visibles en los métodos de venta de bienes a plazo? Creo que nadie lo ignora.

Diría que este no es un efecto sicológico, sino de decir que este bien se tiene o no. En el caso de poseerlo, hay que pagar las cuotas de tal forma. Como hay escasez de créditos en otro lugar, la persona tiene que comprar ahí pagando dos o tres veces más por concepto de tasa de interés. Si hay escasez de crédito en el país -y lo hay- el efecto económico va a ser absolutamente el mismo. Aquí está la opción: se lo toma o se lo deja. Entonces, si lo toma, va a tener que pagar una tasa de interés mucho más alta como la que jamás haya conocido, pero no va a tener forma de determinarlo, porque la tasa de interés va a estar quizás disimulada en el precio y tal vez en el resto de las condiciones del contrato.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Se la concedo pero con la condición de que ella no sea demasiado extensa porque, como comprenderá, el tiempo que me queda es sumamente escaso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Siendo miembro informante, me corre el plazo? Esto no lo digo por mí, sino en beneficio del tiempo del señor senador Olazábal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la vía de la interrupción, sí, señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Entonces, trataré de ser muy breve.

Las reflexiones sobre intereses que ha hecho el señor senador, creo que están equivocadas.

El artículo 4º del proyecto que tenemos a estudio, dice que el "Banco Central del Uruguay reglamentará el otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las empresas a que se refiere el apartado b) del artículo 3º" del presente proyecto y menciona disposiciones del Decreto Ley Nº 15.322, de setiembre de 1982. Este decreto-ley en su artículo 15 que específicamente se menciona en el artículo 4º que acabo de mencionar, dice: "Artículo 15. - Las empresas e instituciones comprendidas "en el artículo 1º de esta ley" -serían las comprendidas en esta ley para darle una interpretación cabal- "estarán "sometidas al control del Banco Central del Uruguay, anterior, concomitante y posterior a su "gestión. El Banco Central del Uruguay ejercerá a su vez, por los medios que juzgue más eficaces, la "vigilancia y orientación de la actividad financiera privada, fiscalizando el cumplimiento de las leyes "y decretos que rijan tal actividad, así como las normas generales e Instrucciones particulares que "dicte. Para él ejercicio de tales cometidos, no les será oponible lo dispuesto en el articulo 25 de la "presente ley". Como acabo de leer textualmente, es en virtud de estas disposiciones que el Banco Central controla los intereses de la banca. El artículo 4º referencia, a estos efectos, la ley que estamos estudiando, de contrato, de crédito, de uso. Por lo tanto, necesariamente tengo que sacar la conclusión de que hay un error por una mala lectura. El artículo 15 hace asimilable la intervención del Banco Central en materia de intereses. Eso está muy claro.

En cuanto a que se disfracen intereses por otra vía, bueno, en materia de trampas diré que hay muchas. Entonces, el Banco Central las tendrá en cuenta, las corregirá y, lógicamente, tendrá que haber una creación constante. Por eso creo que en la materia se está haciendo un argumento que no resulta de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Lo cierto es que se le comete al Banco Central la facultad de hacer el control de legalidad -por supuesto que no vamos a repetir el texto del artículo y, además, no lo tenemos- sobre estas instituciones.

Está claro que cuando el Banco Central controla los intereses de la banca es porque hay leyes que indican, de alguna forma, cuáles deben ser éstos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Es este artículo, señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Una ley que no fija ningún tipo de tope ni forma en que han de valorarse los bienes, obviamente no puede quedar sujeta a un control de la tasa de interés. Además, aquí no me estoy refiriendo a una trampa que pueda hacer el Banco en el sentido de darle siete veces el valor al bien. El mismo señor senador García Costa en una interrupción anterior mencionó como uno de los efectos de esta ley, la elevación de los valores de los bienes. Y eso, ¿de qué manera se produce? Se trata de una elevación que va directamente en beneficio del dueño de los bienes, que en este caso concreto, es el Banco. Esta elevación de los bienes forma parte de lo que digo es la pérdida de referencia de la tasa de interés para quien contrate con el Banco.

Está claro que hay una pérdida de referencia. Lo único que hay en este artículo es la manera que se descuenta un interés con un pago adelantado. Y nada impide que el interés sea del 1 % anual. No hay ningún impedimento para eso. Por lo tanto, se trata de un contrato a mediano plazo sin estipulaciones concretas en materia de tasa de interés. Las expectativas de los agentes financieros, por la propia lógica de los hechos, va a llevar a fijar la tasa real de interés, por lo menos en el punto más alto previsible para el futuro, en el mediano plazo. Entonces, promedialmente se van a pagar tasas de interés más altas que las que se pagan por los mecanismos usuales de crédito.

Por otra parte, expresaba que esto tenía características de alguna forma draconianas. Si leemos todo el articulado, en algún momento se aplican disposiciones, como si el dueño fuera la institución financiera; pero hay otros casos en que, cuando a la institución financiera le conviene, aplica disposiciones como si el dueño fuera el usuario. Por ejemplo, se da el caso de que si viene un terremoto y arrasa con todos los bienes que fueron objeto de crédito de uso, ahí el que pierde no es el propietario, sino el usuario. Es decir que cuando le toca perder, es propietario y en todo el resto de la operativa es un arrendatario o un usuario. Esto es lo que en definitiva hace este proyecto, para que el usuario sea la parte más débil del contrato.

Por ejemplo, una cuota impaga alcanza para incurrir en mora. Dice que cuando se deja de pagar una cuota trimestral o tres cuotas mensuales consecutivas, alcanza para incurrir en mora e inclusive sirve para solicitar la rescisión del contrato. Creo que eso está en el artículo 26. Ahí se abren opciones, incluso para ver de qué manera el banco aprieta la parte débil. Se le dan todo tipo de opciones. Por una cuota no paga, ni siquiera se contempla que fuera la última que debía pagar; ni siquiera se tiene en cuenta que desde hacía diez años venía cumpliendo y que, por una dificultad transitoria, no pudo pagar en tiempo, por única vez. Bueno; ahí se resuelve todo el contrato y además se generan otros fenómenos que entendemos absolutamente extraños. Por ejemplo, se generan daños y perjuicios por el pago de una cuota y esto es realmente increíble. Que se pueda exigir la totalidad del precio, que dentro de la lógica se pudiera decir que si el deudor no paga es el perjudicado y que el otro tenga derecho a cobrarle todo, es posible. Pero no; no sólo le cobra todo, sino que le aplica multas y además lo demanda por daños y perjuicios por deudas. Esto no tiene sentido alguno.

Por otra parte, el usuario no puede devolver el bien voluntariamente. pero tampoco lo puede abandonar, pues se lo hace, va preso. Entonces, ¿qué tipo de contrato estamos creando con estas características draconianas? Aquí no se puede ni devolver ni abandonar. ¿Acaso ignoramos la experiencia de tanto tallercito que se puso por ahí, que no funciona y por no cumplir, la persona se tuvo que irse del país? Bueno; ese señor que se va del país no solo quedará debiendo al banco, sino que además se le van a aplicar penas por daños y perjuicios. Por otra parte va a estar requerido y si vuelve al país, irá preso, porque hizo abandono del bien.

Quisiera saber si a partir de la aprobación de este proyecto de ley y teniendo en cuenta los problemas de determinación de tasas de interés y de valores de los bienes, los bancos van a tener, balances reales. Además, ¿quién va a asegurar si las valuaciones de esos bienes y contratos son exactas? ¿Quién puede asegurar que se trata de contratos reales basados en la lógica de la actividad económica y no simplemente puro papel pintado en los balances de los bancos? Nadie, porque si no existe un control del valor y de la forma en que esto debe llevarse a cabo, el tema se va a manejar como decida cada banco y, en consecuencia, esto va a estar reflejado en sus balances, los que no van a ser, necesariamente, reales.

¿Es conveniente, además, que la banca sea poseedora de todo tipo de bienes? Por ejemplo, ¿el problema de "leasing" es imprescindible aplicarlo a inmuebles urbanos o rurales? Creo que no porque, de cierta manera, distorsiona la esencia del concepto de arrendamiento. Entiendo que esto crea condiciones -ese era el sentido del artículo leído por el señor senador García Costa- para que quienes actualmente están asfixiados tengan una salida. Sin embargo, igualmente se verán sometidos, porque estarán sujetos a las condiciones que se les impongan y, en definitiva, no van a trabajar para ellos, es decir, que serán totalmente dependientes del acreedor, porque no existen límites para que, mediante la aplicación de este artículo, no se le quite a un productor rural el 80 % de su producción.

Entiendo que, además, se trata de un instrumento peligroso que, en caso de aplicarse debería tenerse en cuenta una serie de aspectos a fin de asegurar que los contratos se realicen, verdaderamente, sobre bases sólidas, reales y no se llegue a una simulación de contrato, creando situaciones angustiosas para la producción nacional.

¿Qué va a suceder, además, con las empresas que se liquiden? ¿Quiénes van a perder con ello? ¿Cuál va a ser el acreedor realmente privilegiado en caso de que funcione el sistema del crédito de uso? En las prioridades que no se le presentan al empresario ¿a quién no le va a pagar? Seguramente no va a cumplir con el Banco de Previsión Social, con la Dirección General Impositiva, ni con sus empleados y acreedores. Al banco no va a tener más remedio que pagarle, porque si no lo hace, en poco tiempo va a perder su medio de producción. Este también es un factor a tener en cuenta, ya que ello implica, de alguna forma, perjuicios evidentes para el Estado, no existiendo ninguna disposición que obligue a pagar los haberes adeudados o el importe de los despidos.

No se trata de un problema menor, puesto que el país lo ha vivido y lo continúa haciendo, con una legislación mucho más favorable que la que se introduce por medio de algunos artículos de este proyecto de ley.

En repetidas ocasiones he escuchado el argumento que dice que por qué formular tantas objeciones frente a este problema de la banca, si en definitiva, es casi una madre, prácticamente está toda en manos del Estado Y ha dado soluciones a todos cuando recurren a ella en busca de soluciones. ¿Por qué existe esa aprensión acerca de la conducta de los banqueros si más del 85 % de los créditos de uso van a estar en manos de la banca estatal?

Entiendo que en este momento cabe una reflexión sobre las dimensiones de la banca oficial y se relaciona con las intenciones que ha manifestado, en reiteradas oportunidades, el equipo económico. En nuestro país existe un sector que se puede identificar, claramente, como banca del Estado y, otro, como banca extranjera. Entre ellos hay una zona gris que actualmente está administrada por el Estado que en un futuro, de continuar esta política económica, no lo va a estar y no va a significar, en el equilibrio banca estatal-banca privada, una recta, ya que las perspectivas reales indican que el redimensionamiento de la banca se haga solucionando los problemas de esa zona gris, disminuyendo el papel tradicional que tiene en nuestro país la banca del Estado.

Estamos legislando para una banca que no sabemos cuál va a ser. Actualmente puede no ser peligrosa pero, en el futuro, puede llegar a ser muy diferente, primando en ella las empresas que hoy tienen una participación menor.

Reitero mi pregunta: todo esto ¿para qué? ¿Realmente se va a ampliar el volumen de crédito, estableciéndose carriles más normales para solucionar el problema del endeudamiento? Creo que no. Este proyecto de ley, a lo sumo, va a crear una situación de espera, una prórroga del desenlace final. Ciertamente, a un hombre que tiene la bandera de remate en la puerta de su establecimiento le va a servir realizar un contrato de este tipo. Pero también debemos decir que si ese hombre llegó a esa situación, ello se debió a las condiciones generales en que tuvo que producir y las mismas no han cambiado. Lo que le va a exigir el banco -que es más de lo que le podría pedir hoy por renovar el crédito- significará que la bandera de remate vuelva a estar en el frente de su establecimiento. Esta no es una solución, puesto que lo único que hace es retrasar la marcha de los acontecimientos.

Personalmente, entiendo que no vale la pena, tan solo por retrasar esa marcha de los acontecimientos, incluir determinados artículos.

Creo que es mucho más sano tratar el problema del endeudamiento encarándolo -al respecto, pienso que el señor senador García Costa estará de acuerdo conmigo- por el lado de la ley que fue vetada a fines del año pasado, que darle andamiento por esta vía que está creando innumerables inconvenientes.

Para terminar, señor Presidente, y anticipando nuestra votación, expreso que aprobaremos este proyecto de ley, en general, por las razones anteriormente indicadas. Entendemos que el país necesita una reglamentación del crédito de uso. Sin embargo, vamos a votar negativamente determinados artículos que, por su contenido, ponen nuestro voto en el límite de lo admisible.

Sin embargo -quizá por la cantidad de artículos- no votaremos negativamente el proyecto en general.

Termino fijando posición y llamando a la reflexión en el sentido de que la discusión particular debería ser realmente prolija, efectuando intercambio de puntos de vista y no vertiendo solamente apreciaciones de tipo político. Decimos esto, porque creemos que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas dentro del articulado y que podemos hacer mucho mal al país si el mismo no se cambia en absoluto.

SEÑOR GARCÍA COSTA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCÍA COSTA. - Señor Presidente: el señor senador Olazábal ha relacionado muchas veces la Ley de Refinanciación con el proyecto de ley que estamos considerando, y creemos que no existe ninguna combinación posible entre una y otra.

Es obvio que nosotros procuramos que existiera una Ley de Refinanciación y colaboramos en su elaboración; también es cierto que tratamos de mejorarla, con otro texto legal pero en esto no tuvimos éxito por el veto del Ejecutivo. Sin embargo, entendemos haber logrado algunos objetivos para ayudar a superar condiciones extraordinarias que se suscitaron en el país en un momento determinado del pasado. El proyecto de ley de crédito de uso, en cambio, es algo para el futuro, aunque de acuerdo con lo expresado por el señor senador parecería se involucra en la Ley de Refinanciación. Si ambas cosas estuvieran vinculadas, no podríamos legislar sobre ninguna materia que se relacione con deudas o préstamos hasta que concluya el tema de la refinanciación, porque siempre se presumiría que estamos involucrando el tema de los endeudados comprendidos en la Ley de Refinanciación.

Este proyecto de ley nada tiene que ver con la Ley de Refinanciación, ni se hace por ella. Si así fuera, hubiéramos buscado modificaciones de otro tipo.

Se nos dice que sus disposiciones pueden aplicarse a personas que están comprendidas en el régimen de refinanciación; es posible, pero creo que sería una solución más. ¿No será que gracias a esta Ley, a quien finalmente le iban a rematar su establecimiento rural, industrial o comercial se le da la oportunidad de un "leasing"? Eso lo dijo el señor senador Olazábal y a ello me remito: si algo tiene que ver con la Ley de Refinanciación, es que les damos una oportunidad más. De cualquier modo ese no es el objetivo del texto que tenemos delante, que hace referencia a un contrato autónomo especial.

Otras objeciones que plantea el señor senador Olazábal hacen referencia a la enfermedad de un contrato. Es cierto que, disfrazados, pueden ponerse intereses que no sean correctos; quizá sea siempre posible que mediante la utilización de contratos se logren objetivos no deseados. Pero el señor senador señaló su horror -y pido perdón por la expresión, pero es lo que refleja más nítidamente el concepto- con respecto a que por una sola cuota trimestral -porque si fueran mensuales serían tres- se cayera en mora. Acudo a todos los abogados presentes en Sala, y al Código Civil que aunque ya tiene alrededor de 120 años, establece desde entonces que se puede caer en mora por incumplir una sola cuota; y en mérito a esa vieja legislación existen muchísimos contratos que por una sola cuota hacen caer en mora en el cumplimiento de las obligaciones. Nadie se ha asombrado hasta ahora de esto.

Con el debido respeto al señor senador Olazábal, debo decir que he buscado en mi memoria cuál es el proyecto de ley que él elevó para modificar las cláusulas que hoy discute del Código Civil, proyecto estableciendo que en todas las circunstancias de contratos de pago de cuotas periódicas, es necesario incumplir más de una para caer en mora. Entonces, no debe utilizarse ese argumento cuando toda la contratación que se remite al Código Civil se efectúa sobre la base de que el incumplimiento se configura con el atraso de una cuota. La excepción -y quizá eso es lo que vino a la memoria del señor senador Olazábal- es la de algunas leyes específicas, como la de Promesa de Enajenación de Inmuebles a Plazos, pero todos recordamos su compleja implementación, debida a factores sociales y económicos de su época.

Creo entonces, señor Presidente, que no se puede hacer recaer negativamente en este proyecto de ley todo el peso de lo que también figura en todas las demás contrataciones que pueden celebrarse entre particulares.

Me parece un grave error involucrar la Ley de Refinanciación en este proyecto de ley. Si éste termina involucrado, en todo caso será un favor para los deudores, que tendrán una posibilidad más.

Estimo que este proyecto es una mirada hacia el futuro, que alguien puede decir que no sirve, pero no en función de los deudores específicos de un período delimitado en el tiempo que hace tres años que el país no tiene en cuenta, porque desde 1984 hasta la fecha las deudas tienen que cumplirse de acuerdo con el Código Civil, pues para ellas no existe Ley de Refinanciación, ya que ésta no es genérica en el tiempo sino particularizada en relación con determinada época. Al respecto reitero lo que expresé hace unos instantes: tratamos de colaborar, en la medida de la posible, en la elaboración de una Ley de Refinanciación que en ese momento fue plausible, suficiente o posible para el país. Tal vez hubiera alguna mejor, pero ésa fue la que logramos. Seguramente en aquel momento el señor senador Olazábal no integraba la Bancada del Frente Amplio, pero recuerdo que se presentó otro proyecto que para los deudores era peor; el señor senador Batlle demostró esto y la Bancada del Frente Amplio lo retiró, manifestando que debía examinarlo nuevamente. Creo que todos cometemos errores como aquél en el que se incurrió entonces, y puesto que había un proyecto que beneficiaba aún más a los deudores ése fue el que votamos nosotros. Luego de aquella ley inicial propusimos hace poco un mejoramiento de la Ley de Refinanciación, que fue aceptado por la mayoría del Senado y de Diputados pero no por el Poder Ejecutivo, quien hizo uso de la facultad constitucional de veto, muy discutida en cuanto a su conveniencia.

Por lo expuesto, no estoy de acuerdo en que se vinculen una y otra ley, haciendo partícipe de la reducción al vasallaje de todos los deudores nacionales y dando a entender que quienes propiciamos este proyecto de ley somos partidarios de devolver a los uruguayos -que por Constitución son libres- la condición de siervos, por lo menos económicos, que deben trabajar en beneficio de la banca, y en particular la extranjera, cuando sabemos que no es ella la que tiene los mayores volúmenes de endeudamiento interno. Desgraciadamente para el país, durante el régimen militar la banca extranjera logró vender estas carteras al Banco Central por lo que es la banca nacional la acreedora. Por lo tanto, ni siquiera por ese lado se justifican ciertas expresiones periodísticas. Las mismas pueden ser vertidas pero es legítimo que las traigamos a colación en este ámbito, donde los agraviados conversamos con aquellos que nos agravian.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Quiero resaltar algunos aspectos. En primer lugar, no digo que esta sea una ley de refinanciación porque obviamente, no lo es. También expreso que la vinculación de esta ley con el problema del endeudamiento y el de la refinanciación es indudable. Creo que el mismo señor senador García Costa lo hizo notar cuando dijo que esta ley, de alguna forma, estaba destinada a dar algún auxilio o respiro al deudor. Desde ese punto de vista, la vinculación es absolutamente clara.

El señor senador García Costa se pregunta por qué me asombra que se pueda incurrir en mora por el no pago de una cuota. Acá vale la pena hacer una aclaración extensa. Cuando no se paga una cuota de un crédito, se actualiza el monto en el caso de créditos donde esté perfectamente establecida la tasa de interés, la persona cae en mora y queda debiendo el importe que en ese momento representa la actualización de todas las cuotas futuras o el monto acumulado por las pasadas. Es decir, que la persona queda con su deuda actualizada y, por incumplimiento del contrato, el acreedor tiene capacidad para ejecutar ese importe. Pero esta ley que es más parecida a una venta de inmuebles a plazos o al sistema de la prenda incluye en sus disposiciones, artículos 26 y 27, el siguiente mecanismo. Por una cuota trimestral, se puede pedir la restitución forzada de la cosa -artículo 27- y, en el artículo 26, "cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico" -y acá no hay actualización- "por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abandonando el bien en beneficio del usuario" -aquí se pierden los intereses- "o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado". Es decir que si vamos, a la realidad actual y a la que quiere imponer esta ley la opción no sólo es quedarse con el bien, sino además, aplicar una multa por el resto del período en este carácter, y no de pago a cuenta del 50% sin actualizar, de las cuotas que quedan pendientes.

Por si fuera poco, en ambos casos podrá reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Es decir que por una deuda por la que no se pagó una cuota, se pierde el bien, la mitad del precio pactado para el futuro, los intereses de mora y, además puede ser objeto de un juicio por daños y perjuicios.

Si esto tiene alguna similitud con la legislación o el Código Civil actual, me declaro incapaz de comprender las leyes de este país.

SEÑOR GARCÍA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Deseo hacer una breve precisión acerca del artículo 1336 del Código Civil. Dice así: "El deudor cae en mora". Para los señores senadores, aun cuando no sean abogados, les recuerdo -supongo que lo deben saber- que esto implica...

SEÑOR CERSOSIMO. - Eso significa que el señor senador Ortiz y el que habla, que somos escribanos no podemos opinar.

(Hilaridad)

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señalo que expresé que ya lo deben saber. El que cae en mora, ha perdido su derecho contractual. Repito, el artículo 1336 dice: "El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención, o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por sólo el vencimiento del término".

Por ejemplo si compro la casa más grande de Montevideo y quedo debiendo N$ 3 y, si el contrato estableciere que caigo en mora por el vencimiento de la obligación de pagar esa cantidad, luego de cumplidas las etapas procesales me quedo sin la propiedad. Es probable que eso haya que modificarlo, pero en tal caso propongamos concretamente la alteración. No debemos decir que esta ley es sencillamente aberrante -el señor senador Olazábal no usó esa palabra, pero la uso yo- en las relaciones entre particulares porque se limita a repetir lo que establece el artículo 1336 del Código Civil, y que se aplica a todas las obligaciones civiles y comerciales, estas últimas por remisión del Código de Comercio, desde hace más de 100 años, y nadie se ha rasgado las vestiduras por eso.

Si se quiere corregir, modifiquemos el artículo 1336 y ya se verá en qué términos y condiciones se hace.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Menos mal que el señor senador Senatore tuvo la gentileza de consultarme, porque de acuerdo con la tesis del señor senador García Costa -y comienzo por aquí mi exposición- parecería que en determinados temas que dicen relación con problemas jurídicos y contractuales, el señor senador Ortiz y quien habla, no podríamos opinar. El señor senador García Costa se dirige a sus colegas abogados y nos ignora a nosotros, los escribanos.

(Hilaridad)

-El señor senador Senatore en concordancia, como es natural, con su compañero de "equipo" el señor senador Olazábal -y ahora con la "venia" del señor senador García Costa- me decía que a lo que se refería el señor senador Olazábal era a la virtual aniquilación no del artículo 1336 sino del artículo 1431 del Código Civil -después hablaremos de esto- que es la condición resolutoria implícita. De manera que de esta materia algo podemos opinar el señor senador Ortiz y quien habla.

Quiero expresar brevemente -y sabe el señor senador García Costa que lo que he dicho a su respecto lo es con todo afecto- que en cuanto al informe de la Comisión, entiendo que se establecen de manera muy clara y categórica todas las manifestaciones y argumentaciones que puedan hacerse en relación con este tema. De modo que nosotros haremos algunas puntualizaciones y consideraciones en la discusión general, sin perjuicio de volver sobre determinados aspectos, al tratarse en particular los artículos del proyecto de ley en debate.

Respecto de la pequeña y mediana empresa, la figura del "leasing" da respuesta a la creciente demanda de capital y resuelve la financiación de inversiones productivas a la vez que contribuye a reestructurar los procesos productivos de un país. Esta es una de las razones por las cuales adherimos a este proyecto que, naturalmente, no es una invención del Uruguay, porque de acuerdo -y no quiero aludir a los señores senadores para evitar interrupciones en esta etapa- con alguna de las manifestaciones del señor senador Olazábal, parecería que estamos creando una figura original, vernácula, sin ningún antecedente ni elemento de juicio en el exterior. No sólo en 1952, como indica el informe, se trabajaba sobre este concepto, sino que se señala, como antecedente del mismo la iniciativa que, a principios de siglo, tuvo la Bell Telephone System, en el sentido de alquilar sus teléfonos antes que venderlos. Este es, quizá el origen del "leasing".

Este sistema se fue perfeccionando a medida que algunos imitadores lo iban adoptando, teniendo gran desarrollo a partir de 1940. Recién en 1952, como indica el informe, mister Boothe, Jr. a quien se atribuye la técnica del "leasing" en su forma actual a la "United States Leasing Corporation", cuyo objeto era adquirir bienes que luego alquilaba a los usuarios.

Esta es la característica que tiene el "leasing" fuera del país y que tendrá aquí una vez incorporado a nuestra legislación positiva. Apoyamos este propósito y lo hacemos en nombre de nuestro sector político. Las estadísticas señalan -y esto lo digo simplemente para dar algún fundamento de nuestra posición solidaria, en general, para con las estipulaciones del proyecto- que el 50 % de las empresas americanas recurren a este sistema; que en el comercio al detalle, esa proporción alcanza al 85 %, y en el sector petrolífero al 93 %.

En Europa, el sistema comienza a desarrollarse en la década del 70 y, actualmente, ha adquirido gran volumen en Gran Bretaña, España, Francia, Bélgica, Alemania e Italia y también en varios países de América Latina, entre ellos la República Argentina.

A raíz del éxito de estos contratos, fundamentalmente en Estados Unidos, ellos fueren teniendo acogida, y -en gran escala- en el Mercado Común Europeo, etcétera.

Se trata, entonces, de un contrato que en nuestro país es atípico en este momento, pero que, en otras legislaciones, como hemos dicho, ha recibido acogida en el derecho positivo y ha dado muy buenos resultados, como esperamos que los dé en nuestro país.

Este contrato, también se denomina "arrendamiento financiero", que es la traducción de su versión anglosajona, ya que donde nace es en los países de ese origen.

En 1952, por ejemplo, compañías con capitales de U$S 20.000, al cabo de dos años financiaron bienes de equipo por valor de U$S 3:000.000, lo que significa, indudablemente, un desarrollo y una expansión que el país necesita. Los que, de alguna manera, hemos intervenido en la formulación de este tipo de contratos en el pasado, hemos debido hacerlo recurriendo a la adaptación de otras formas nominadas en el Código Civil o en la legislación positiva. Obviamente, aquellos contratos no tenían las características de este que prevé el proyecto, que ha desechado el llamado "operacional" u "operativos" porque éste, como bien dice el informe -aunque quizá el punto es opinable- no puede asimilarse a otros contratos típicos y como se expresa en recientes trabajos sobre el tema, esta forma de "leasing", el operacional u operativo, se aproxima mucho al arrendamiento común.

El que tenemos en consideración es el "leasing" financiero, cuyas características se desarrollan en el articulado del proyecto, por lo que no es necesario ahondar demasiado en él para señalar las peculiaridades que lo diferencian de otro tipo de contrato, como, por ejemplo, la compra-venta a plazos, el arrendamiento, el préstamo, la prenda común o con desplazamiento, etcétera.

Por otra parte, es indudable que, como se ha dicho, el progreso científico, al que nos referíamos -y lo vemos diariamente en nuestro país y fuera de él- ha traído consigo la aparición de una serie de bienes de enorme complejidad y valor, lo que reclama una atención especial, puesto que no pueden ya encuadrarse en el antiguo molde de bienes muebles e inmuebles.

El desarrollo tecnológico ha llevado, también, al surgimiento de nuevos esquemas que alteran las figuras clásicas.

Basta pensar, por ejemplo, en el paso aéreo de energía eléctrica, en el paso subterráneo de oleoductos o de cables telefónicos o en la utilización de material traslúcido en la construcción de edificios, para darse cuenta de que han devenido anacrónicas las normas del Código Civil que configuran servidumbres de pasos, de luces o de vistas, a las que, naturalmente, regula porque, en la época de su consagración, no existían todavía estas formas de avance científico y tecnológico a las que nos hemos referido.

En definitiva, como han señalado autores nacionales y extranjeros, los nuevos planteamientos imponen alguna nueva perspectiva en la contemplación del llamado "Derecho de Cosas".

Es así que el proyecto consagra la creación de un derecho real, en la medida en que el contrato está inscripto. Las partes no pueden constituir ese derecho real por sí solas; necesitan el amparo y la protección de la ley pero, sobre todo, la disposición legal que así lo determine. Se constituye entonces, un derecho real de adquisición y voy a demostrar ahora que no se trata -como decía el señor senador Olazábal- de un contrato en el que el usuario no tenga la propiedad, como en un contrato de compra-venta será un contrato de compra-venta desde el momento en que se formalice la propuesta, si es que se hace uso de la opción, que ahora es potestativa del usuario y que en el proyecto del Poder Ejecutivo tenía carácter preceptivo.

Ese derecho real de adquisición tiene particularidades, como la de oponibilidad a terceros, la del llamado derecho de persecución, o la de su carácter absoluto y exclusivo, asistido por acciones específicas. El derecho real sobre cosa ajena se extingue por el perecimiento de la cosa gravada. Tiene también otras características que no es del caso indicar ahora.

Sin embargo, es necesario establecer de manera clara y concreta que, por ejemplo -y aquí no se ha mencionado y tampoco lo hace el informe de la Comisión, quizás por considerarlo innecesario- en el Sexto Congreso Internacional de Derecho Registral, celebrado en Madrid, en 1984, se aprobó la ponencia de que este contrato debía tener eficacia real frente a terceros -y de ahí las consideraciones que muy escuetamente realizamos hace un momento- para conseguir la adecuada protección del adquirente en "leasing", con estos términos: "Para cumplir su finalidad económico-social y conseguir la adecuada protección del adquirente en "leasing", la relación jurídica nacida de este contrato debe tener eficacia real o frente a terceros. Para ello, es necesario su inscripción registral, previa su formalización pública".

"La calificación registral deberá proyectarse sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción y sobre las cláusulas o condiciones generales pactadas con la amplitud que permita cada legislación." Precisamente, tengo en mi poder copia de las conclusiones aprobadas por el Plenario del VI Congreso Internacional de Derecho Registral, celebrado en Madrid en 1984 en el que se dice clara y concretamente cuáles deben ser las características que debe tener este contrato para adecuarlo a la realidad de las legislaciones de tipo hispánico, como la nuestra, para cumplir esa finalidad económico-social y conseguir esa necesaria protección. Se estima que el "leasing" inmobiliario puede ser un instrumento adecuado para que facilite el acceso a la propiedad de las viviendas -en nuestro país, por este proyecto, se excluyen expresamente- y contribuir de este modo a la solución de uno de los más acuciantes problemas sociales. Es deseable -se dice en este Congreso y surge de sus conclusiones- que cada legislación regule el "leasing" inmobiliario con la eficacia real antes expresada y con la especificación de las cláusulas admisibles. Ese debe ser un contrato complejo integrado por diversos elementos, que a pesar de los términos en que aparezca redactado, no debe equipararse en el arrendamiento, ni con la opción de compra, ni siquiera con el arrendamiento con opción de compra, sino que, por la unicidad de su causa, constituye una realidad unitaria e independiente. Asimismo, mientras no sea regulado en sus aspectos sustantivos, deberán aplicarse al mismo, además de las reglas generales de la contratación, las correspondientes al contrato más semejante, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

Entonces, indudablemente, en el caso, nuestro país hace bien en tomar una decisión de esta naturaleza, para evitar -por ejemplo- situaciones como las que en algún momento se dieron. No hace mucho tiempo, alguna jurisprudencia de nuestro país adoptó posición al respecto, para evitar que, por la vía de los contratos de tipo "leasing", se establecieran características que entrasen en la esfera de acción de otras convenciones y, por ende, se produjera la alusión de la vigencia de reciprocidades contractuales nominadas.

En cuanto a las consideraciones del Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno -que fue el que especificó en forma precisa estos elementos, en oportunidad de dictarse sentencia definitiva de segunda instancia- en determinados autos, lo que puede leerse en el tomo N° 10840, de "La Justicia Uruguaya", de setiembre y octubre de 1987, se dice muy claramente: "Adelantada su posición acerca de la validez genérica del contrato de "leasing", para la unanimidad de los integrantes del Tribunal, en el caso se está en presencia de un contrato de compraventa a plazo, encubierto por un contrato de arrendamiento de cosa mueble con opción de compra, formalizado con el doble propósito de eludir la prohibición del pacto de reserva de dominio a que se refiere el artículo Nº 1732 del Código Civil, por un lado; y de viabilizar la promoción de una vía procesal rápida y de poderosa efectividad para lograr la restitución de bienes, por otro".

Con este proyecto se evita, entonces, que por la vía de la atipicidad que conlleva actualmente un contrato de esta naturaleza, se invada la esfera de competencia de otros contratos como estos a los que nos estamos refiriendo, de compraventa a plazos encubierto por un arrendamiento con opción de compra, como se ha indicado, etcétera. Además, queremos significar que tenemos algunas diferencias y dudas respecto de las conclusiones de la Comisión, por cuanto nos parece apreciar que existen vacilaciones en las disposiciones correspondientes que se refieren al tema. Oportunamente, cuando entremos en la discusión particular, analizaremos este punto.

La ley define este contrato como de crédito, en atención a la clasificación de los contratos según su función económica. Si no entendí mal, el señor senador García Costa, en una intervención muy enjundiosa -como todas las suyas- al dar cuenta del informe de la Comisión y de su posición, estableció, entre las características de este contrato, la de ser consensual y solemne. Pero sucede que no puede ser ambas cosas a la vez, y este contrato es solemne y no consensual.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con muchísimo gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Verdaderamente, no lo recuerdo, pero doy por descontado que no puede ser ambas cosas. En este caso, se trata de un contrato solemne.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Digo esto, a los efectos de que quede claro que no puede ser consensual si es solemne. La solemnidad radica en las características que le otorga la ley. Más adelante, cuando se trate el proyecto en particular vamos a referirnos a este punto.

Se indica que es un contrato financiero y que su causa es la financiación -tal como lo expresa la doctrina extranjera que se ha ocupado del problema- que se realiza no indirectamente por la puesta a disposición de una suma de dinero, sino directamente, por la puesta a disposición del bien financiado. Es necesario establecer en forma muy clara que en este contrato se puede pactar, al mismo tiempo, y en favor del usuario -lo dice la ley- una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo, por un precio residual estipulado en el contrato. La opción de compra, establecida como un elemento antes esencial y ahora contingente del contrato de "leasing" financiera, determina que nos encontramos ante un contrato de opción. De ahí surge, precisamente, la diferencia de calificación que tenemos con el señor senador Olazábal. En nuestro país, por ejemplo, el doctor Gamarra lo ha definido como aquel negocio jurídico bilateral en que una de las partes -la concedente u oferente- emite una propuesta u oferta de contratar, que deviene irrevocable por efecto del acuerdo de voluntades, en tanto que la otra -la optante o beneficiaria- obtiene el derecho potestativo de aceptar o no esa propuesta en un plazo determinado, o sea, el plazo de la opción.

Solicito al señor senador García Costa que preste atención -y disculpe la particularización, que sólo se debe a que es miembro informante y lleva la "voz cantante" en el asunto- a esta argumentación que me permitiré desarrollar ahora. Se da la propuesta por parte del dador, a efectos de que se perfeccione la compraventa, consistiendo la opción en la renuncia a la facultad de revocar la misma o, según otros autores, en la asunción de una obligación de no revocar esa propuesta.

Es así que con la aceptación del tomador, se perfecciona el llamado segundo contrato, en este caso, la compraventa, sin necesidad de que el dador manifieste otra vez su voluntad. Es contrato de opción y no contrato preliminar unilateral, ya que el artículo habla de "opción irrevocable de compra del bien".

Por consiguiente, digo, entonces, señor Presidente, que, en este caso, es indudable que no se trata aquí en esta especie, de modificar, de acuerdo a los términos en que está redactado el proyecto, el artículo 1664 del Código Civil. Y si es una compraventa -como nosotros creemos que lo es- y el artículo 6º que dice: "El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público y en triplicado", puede traer como consecuencia, si no se toman determinadas precauciones y si, quizá, no se lo modifica, la nulidad de la compraventa cuando se trata del "leasing" respecto de bienes inmuebles, porque si es una compraventa como afirmamos -y en realidad lo es- aquí se consagra como solemnidad del contrato el instrumento público o el privado.

Habíamos dicho que lo que había en el "leasing" financiero era una opción de compra en favor del usuario o del tomador, un verdadero contrato de opción por el cual la propuesta del dador devenía irrevocable con la aceptación posterior del usuario y se perfeccionaba la compraventa en ese mismo momento.

Por eso nosotros no somos partidarios de que este contrato se inscriba en el Registro de Inhibiciones en la Sección Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazo, porque no es una promesa, sino un contrato con opción de compra, que podrá ser compraventa si se hace uso de aquélla. Habría que establecer, como algunos autores han indicado, su inscripción en una sección especial del Registro, que pueda corresponder a este tipo de contratos, porque cuando el bien dado en "leasing" sea un inmueble, la compraventa, necesariamente, debe otorgarse en escritura pública. En cambio este artículo 6º, repito, establece que esa propuesta deberá documentarse en instrumento público -que es el género- o privado y, por ende, no se ha de realizar la compraventa en escritura pública si la propuesta fuese otorgada en documento público o privado, aún cuando el usuario comprador preste su aceptación en dicho documento: escritura pública.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Muchas veces vamos a incurrir en confusiones en este tema; esperemos que, en este caso, estemos en lo exacto.

Considero que la referencia que hace el señor senador Cersósimo no es correcta. Lo que se consagra por el sistema en relación a inmuebles -no referente a bienes muebles- es una opción de compra. Tanto es que se trata de una opción que el inciso segundo del artículo 38 dice, específicamente, qué debe suceder si no se hace uso de la opción; naturalmente, es una opción no condicionada en beneficio del usuario del contrato. Es una obligación para la Institución, pero por ser opción, no necesariamente será utilizada por el usuario del contrato de crédito de uso.

Las razones que esgrimía el señor senador Cersósimo que le llevaban a modificar el articulo 6º, no me parecen exactas. Creemos que, en todo caso la opción, que es irrevocable pero que puede ser desechada por quien la utiliza que es el usuario, cuando se usufructúa positivamente deviene, o requiere una necesaria escritura pública.

Más adelante el artículo 8º dice específicamente -yo diría que por similitud a la ley del 31 de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazo; el señor senador Cersósimo me señala que no pero, por lo menos, yo entiendo que quiere expresarlo aunque, quizá, no tenga una relación correcta- que el Juez sustituye a la parte, a la Institución acreditante, a la que ha entregado el bien, si ésta no hace la escritura definitiva que mediante la opción le requirió el usuario.

Quiere decir, entonces, que son dos momentos diversos hay un contrato que ya no es de compraventa, sino que es de opción irrevocable, etcétera; pero, naturalmente, requiere otra etapa que es la que se lleva a escritura pública por tratarse de un inmueble. Creo que en eso no se altera. Y que la combinación de los artículos 5º, 38 -en su inciso segundo y octavo- nos da elementos suficientes para concordar con las expresiones que he vertido y que espero sean de recibo para el señor senador Cersósimo, a quien agradezco la interrupción que me ha concedido.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha sonado el timbre que marca el final de los 30 minutos de que dispone el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador Cersósimo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Cigliuti.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Quiero significar que estas consideraciones que estoy formulando se corresponden con un informe de la Asociación de Escribanos del Uruguay donde se establecen elementos similares a los que he expuesto. Me estoy refiriendo al Repartido Nº 201/87 de dicha Asociación.

Además, si examinamos el artículo 12, advertimos que la institución acreditante es obligada por el literal b) a notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia de contrato del crédito de uso. Entre los elementos esenciales del contrato, a cuyo cumplimiento está obligada la institución acreditante está el de "a la celebración del contrato de compraventa notificar al proveedor de la existencia del "leasing".

De modo que esta misma disposición me está dando la razón.

De ese Repartido Nº 201/87 agrego lo siguiente, que es textual y recoge, precisamente, lo que recién manifestaba en relación con el tema y que contradice o controvierte -lo digo con todo el respeto que me merece el señor senador y él sabe que es así- la posición del señor senador García Costa: "Aun cuando se modificara la actual redacción, y se configurara una excepción al artículo 1664" -del Código Civil, que es el que establece que para la compraventa de inmuebles se necesita escritura pública- "se han de presentar problemas de orden registral ya que el Art. 3º de la Ley Nº 10.793 dice que en el Registro de Traslaciones de Dominio se han de inscribir los instrumentos públicos en que se transfiera el dominio sobre inmuebles. Al no modificarse el artículo 3º de la ley citada, esa enajenación no se podría inscribir por más que se constate la tradición real" -que es lo único que puede hacer- "por un documento público como es el acta notarial o que el vendedor y comprador presten su consentimiento para que se lleve a cabo la tradición en una escritura pública". (artículo 769 numeral 4° y artículo 767 del Código Civil).

"Porque lo que se inscribe es la transferencia del dominio, la enajenación, lo que comprende el título, la compraventa, en este caso -artículo 705- y el modo, la tradición, siendo la transferencia la yuxtaposición de ambos."

Esto es lo que manifiesta la Asociación de Escribanos del Uruguay en este repartido que ha tenido la gentileza de hacerme llegar. Sostiene, repito, también, que la compraventa se perfecciona en el momento en que se realiza la propuesta y con la opción que, a su vez, efectúa el usuario, que, por tanto, es irrevocable. Por tal motivo, en ese momento nace este tipo de contratación.

Le concedo una interrupción al señor senador Ortiz.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El señor senador Cersósimo se refiere al literal b) del artículo 12 que dice: "a notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia del contrato de crédito de uso.

Quiere decir que este solo literal está demostrando que hay dos contratos: por un lado, el de compraventa y, por otro, el de crédito de uso, mal llamado "leasing".

Además, este literal b) se refiere concretamente al a) del artículo 2º. Es el caso en que la institución acreditante tiene que comprar un bien para dárselo al usuario en crédito de uso. Entonces, la compraventa de ese bien, cuando es inmueble, se realiza, naturalmente, en escritura pública. Después, la institución acreditante -también llamada dador- dueña de ese bien, celebra un contrato de crédito de uso con el interesado. Pero, reitero, son dos contratos distintos. Nadie discute que en este caso hay una escritura de compraventa, y así lo establece el articulado que estamos considerando. Pero esto no tiene nada que ver con el "leasing"; es simplemente la primera etapa. Una vez que la institución acreditante ha adquirido un inmueble por escritura pública, lo da en "leasing" al interesado.

Por lo tanto, no advierto la objeción que realiza la Asociación de Escribanos y que hace suya el señor senador Cersósimo. Como es natural, en ningún caso se establece que la venta de un inmueble pueda hacerse de otra manera que no sea por escritura pública. No veo que en alguna parte del articulado se diga lo contrario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - El artículo 8º a que se refería el señor senador García Costa habla de "consentimiento para el contrato de compraventa". Según el informe de la Asociación de Escribanos, si estamos ante un contrato de opción, el Juez no puede otorgar su consentimiento para el contrato de compraventa. El señor senador Senatore me acota que ese consentimiento ya ha sido otorgado -y eso es exactamente así- porque el dador ya lo otorgó en el contrato de "leasing", formulando esa propuesta que devino irrevocable. Allí es donde, en mi opinión -y en esta que recojo- se presenta esa vacilación por parte de la Comisión.

El consentimiento que otorgará el Juez "en representación del enajenante" -o sea, el dador- será a efectos de que se opere la tradición, que es algo distinto. De esa forma, el tomador - comprador podrá adquirir el dominio sobre el bien. Esto es lo que se establece en el artículo 769 del Código Civil.

Quien lea el artículo 8º en forma aislada, puede pensar que lo que se establece en la parte final del primer párrafo del artículo 1º, no es un contrato de opción, sino una promesa unilateral de compraventa, o un contrato preliminar unilateral. Si se trata solamente de una promesa unilateral de compraventa, sí tiene sentido la redacción del artículo 8º, ya que en ese caso, el Juez prestará consentimiento para que se perfeccione la compraventa.

En el segundo párrafo del artículo 3º, parece que se incurre en una confusión similar ya que expresa que una vez "aceptada la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio, se otorgará el contrato de compraventa". Ese contrato de compraventa ya se encuentra perfeccionado por la aceptación del usuario. Entonces, lo único que podrían otorgar sería el negocio jurídico tradición, pero no la compraventa, pues ésta ya ha sido otorgada en el momento en que se realizó el contrato de "leasing".

Además de la Asociación de Escribanos del Uruguay y de quien habla, un miembro de la Comisión de Hacienda participa de esta opinión. Me refiero al señor senador Senatore, quien recién me señaló que, a su juicio, el contrato de compraventa -si no he interpretado mal sus palabras, y pido disculpas al señor senador por mencionarlas- quedaba perfeccionado en el mismo momento en que se hizo la propuesta y el usuario - tomador realizó la opción irrevocable de compra.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: sin ánimo de interrumpir este debate, que seguramente será esclarecedor, debo señalar que no estamos en la discusión particular del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor senador en este momento estamos considerando en general el proyecto de ley.

SEÑOR GARCIA COSTA. - De hecho, como nos acota el señor senador Ortiz, que estamos en la discusión particular.

Creo que habría que fijar, si es posible, la mecánica con que opera un contrato de crédito de uso con relación a bienes inmuebles. El caso más frecuente es el del literal a), cuando el usuario solicita a la institución acreditante la compra de una determinada propiedad inmueble. La institución financiera compra el inmueble en las condiciones legales usuales que se adquiere ese tipo de bienes: escritura pública, inscripción en el registro, presencia indispensable del escribano. No debemos olvidar la necesidad de que esté presente un escribano y digo esto para tranquilidad del señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - En este aspecto, estoy mas allá del bien y del mal.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Una vez que se ha efectuado todo esto, puesto que la institución acreditante sabe que el destino del inmueble es darlo en crédito de uso, debe notificar al vendedor de este hecho, tal como lo establece el literal b) del artículo 12, porque determinados aspectos legales resultantes de la compraventa cambian, de acuerdo con la ley, por el destino a crédito de uso.

Voy a dar un ejemplo. El que habla concurre a una institución financiera y plantea que tiene interés en un determinado inmueble para su fábrica (si la tuviera). Entonces, solicita que esta institución lo compre para que se lo dé luego en crédito de uso. La institución financiera combina el negocio, acude al dueño de ese inmueble y realiza la compra. Como sabe que el destino de ese bien es ser utilizado por la empresa solicitante se lo notifican al vendedor, expresándole que va a ser dada en crédito de uso a tal empresario. El vendedor lo debe tener en cuenta porque pueden aparecer eventuales derechos esgrimidos para la persona que va a recibir el crédito de uso.

Como es natural, este crédito de uso va a estar inscripto en un registro para que el vendedor sepa que los derechos se ejercen en virtud de un contrato solemne, registrado y que ha cumplido todas las normas.

Terminada, pues, la primera parte: ¿cómo celebro el contrato sobre ese inmueble que compró para mí la institución financiera? Para hacer un contrato de crédito de uso, como el que queremos reglamentar por ley, éste debe mantener, necesariamente, una opción irrevocable de compra en mi beneficio. Repito que se trata de una opción no de una compra porque, de lo contrario, el texto de la ley establecería la que es una compra definitiva.

Es una opción. Finalizado el contrato y cumplidos los alcances del mismo, puedo o no hacer uso de ella. Si no lo hago, el inciso 2º del artículo 38 dispone cuál va a ser el destino que la institución financiera con la que celebró el contrato dará a ese inmueble. Si hago uso de la opción, se pueden dar dos alternativas: que haga uso de la misma y la institución financiera desee y pueda otorgar el contrato de compraventa de inmueble, también con todas las condiciones de escritura pública, inscripción en el Registro, actuación de escribano, etcétera; y en ese caso, tenemos una escritura que dará cumplimiento a la opción de compra que positivamente se resolvió llevar a cabo. Si no está en la voluntad o posibilidad de la institución financiera dar cumplimiento a la opción que efectivamente se desea llevar a cabo, o no puede hacerlo porque ha desaparecido o tiene dificultades por embargos, situaciones de falencia u otras que imposibilitan a una institución de este tipo dar cumplimiento a sus obligaciones se recurre al Juez para que otorgue la escritura en representación de quien es propietario. Existiendo una opción de compra, cuyos extremos se han cumplido, el Juez debe hacerla efectiva, asimilándose a lo que ya es tradicional en la esfera de nuestro Derecho Positivo, en lo que tiene relación con la compra-venta de inmuebles a plazo, donde el Juez representa a las partes. En el artículo 8º se utiliza el mismo artilugio jurídico.

No he leído, lamentablemente -porque debe ser muy ilustrativo- el informe de la Asociación de Escribanos. El señor senador Cersósimo lo ha leído y, a veces, cuando lee un tercero, uno no retiene toda la argumentación que, necesariamente, es parcial, porque debe tratarse de un informe largo. Pero en esta materia parecería que hay una confusión -cosa que también ha indicado el señor senador Ortiz- entre la primera parte referente a la adquisición "con destino a" crédito de uso, y la última parte, que es utilización efectiva de la opción. No nos cabe la menor duda de que en ambas se van a cumplir todos los extremos de solidaridad requeridos para la adquisición de inmuebles; en la primera, con un agregado que es la notificación al vendedor de que tiene destino esa compraventa de inmuebles que se hace; y la última, porque el usuario avisa de que hace efectiva su opción de compra y con ello su desecho. Si no la hace efectiva, está el artículo 3º que establece que va a remate y se paga la diferencia, en una hipótesis que se examinará cuando estudiemos este artículo.

Así vemos este punto, señor Presidente, procurando contribuir a aclararlo. No he tenido delante las referencias de la Asociación de Escribanos, por lo que de pronto las estoy tomando parcialmente.

Muchas gracias por la interrupción, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Ese ha sido, precisamente, el criterio que hemos manejado al hacer estas manifestaciones; es decir, que se aclare, porque eventualmente puede ser éste un problema particularmente grave. El señor senador Senatore participa también de esta opinión.

Si nosotros leemos la definición de la opción, advertimos que se cierra el ciclo de la negociación al volverse irrevocable la misma por el consentimiento del usuario adquirente del bien de que se trata. Es necesario recordar que en el proyecto del Poder Ejecutivo esa opción era preceptiva; y ahora se hace facultativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Para inmuebles, sigue siendo preceptiva.

SEÑOR CERSOSIMO. - No lo veo así.

SEÑOR GARCIA COSTA, - El artículo 5º consagra preceptiva la opción en el caso de inmuebles y en el informe escrito que antecede al proyecto, se explica la razón de hacer preceptiva...

SEÑOR CERSOSIMO. - En el caso de que se hiciera efectiva la opción de compra, las disposiciones que rigen son las de esta ley. Pero ¿por qué, entonces, no se hace en términos generales, sin especificar de qué contrato se trata, sea que recaiga sobre muebles o inmuebles? El Poder Ejecutivo, en su proyecto de ley, establecía que era preceptiva la opción. Y aquí se hace potestativa del usuario.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Un poco para ir acercándonos ideas, recíprocamente, señalo que la opción es necesaria y obligatoria en casos de inmuebles, y tiene condiciones específicas. Dice el informe el motivo de ello: es al solo efecto de evitar disfrazar, o simular, otro tipo de contrato, abriendo posibilidad así a una conducta comercial que podría tener efectos muy negativos para el buen desarrollo de esta contratación.

En los inmuebles, pues la opción es necesaria como esencia del contrato. De lo contrario, no es el contrato de crédito de uso reglado por el proyecto: no así en relación a los bienes muebles, que pueden contener o no este elemento.

El Poder Ejecutivo también señalaba -si la memoria no me engaña, ya que no tengo tiempo de comprobarlo ahora- que el "valor residual", como le llamaba, o valor final como dice ahora el texto debería estar -siempre para el Poder Ejecutivo, que reservaba la opción para todos los bienes- vinculado al valor real de Catastro, también procurando evitar simulaciones. Lo que ha hecho la Comisión es, simplemente, sacar la opción como necesaria en los bienes muebles, pero reservándola para los bienes inmuebles. En eso no ha alterado nada. Y reserva, también, el concepto porcentual en relación al valor real fijado por Catastro.

En eso no ha habido grandes transformaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - No lo veo así señor senador.

Entiendo que la preceptividad estaba establecida para esos casos, en el proyecto del Poder Ejecutivo. En términos generales, se dice en el inciso 2º del artículo 1º: "Se podrá pactar en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo mediante el pago de un precio final". Esto es fundamental para que se perfeccione el contrato de "leasing".

Y el artículo 5º, como es natural, sigue las mismas referencias del inciso 2º del artículo 1º, estableciendo que rigen las disposiciones de esta ley en cuanto concurran estas circunstancias: la primera es que exista opción de compra a favor del usuario, lo que no quiere decir que sea preceptiva, porque también es potestativa. Dice: "siempre que exista opción de compra"; si fuera preceptiva, no tendría por qué decir esto, porque estaría implícito. Y además, agrega que el precio final estipulado no exceda del 25% del valor real fijado por la Dirección General del Catastro Nacional, a la fecha del contrato.

La definición del doctor Gamarra, en su Tratado de Derecho Civil, expresa: "El contrato de opción es un negocio jurídico" -caso típico que estamos considerando- "que se inserta en la formación de ‘otro’ contrato, adelantando uno de los elementos de éste, la oferta o propuesta, irrevocable, enunciada por el llamado oferente".

"Ello configura, como ya habíamos adelantado una situación jurídica compleja, en la cual el receptor o destinatario de la oferta, pasa a poseer un ‘derecho potestativo’, de aceptarla o no, fijándose para ello un plazo y una vez aceptada, ejercitando así el derecho de opción, automáticamente cierra el acuerdo, perfeccionando el segundo contrato (ello sucederá específicamente, cuando el proponente recibe la respuesta de acuerdo al artículo 1265 del Código Civil)".

Este proceso, recuerdo, en doctrina se denomina "progresión", y es, precisamente, lo que determina esta disposición que estamos analizando y, por lo tanto, interpretamos, en forma conjunta con el señor senador Senatore, que el contrato de compraventa se perfecciona con la opción irrevocable, una vez realizada por el comprador. Esto lo establezco, señor Presidente, señores senadores, con el propósito de que después no existan interpretaciones que den lugar a nulidades u otro tipo de consecuencias de análoga y grave naturaleza.

SEÑOR SINGER. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: el propósito de esta intervención es ver si es posible encarrilar este debate. Digo esto de la manera más amistosa posible. Llamo la atención con respecto a que la sesión anterior y prácticamente la totalidad de ésta han sido dedicadas a la discusión general de este proyecto. Advierto que en ambas instancias se han planteado asuntos "puntuales", como se dice últimamente, concretamente con relación a algunos artículos.

Mucho me temo que esta deliberación se vuelva a sentir cuando en discusión particular se traten los artículos a los que se está haciendo referencia.

La discusión general, como lo dice el artículo 68 del Reglamento, es para deliberar sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto. Después de eso, se vota y si hay suficientes votos se pasa a la discusión particular. Entonces, los señores senadores tienen el tiempo suficiente para intervenir y hacer las propuestas que consideren del caso sobre cada uno de los artículos de que se trate.

Solicité la interrupción con el ánimo de ver sí el Cuerpo puede hacer un esfuerzo para aprobar el proyecto en general, dado lo avanzado de la hora y lo poco que resta para finalizar la sesión ordinaria de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador Singer quizá tenga razón, pero si hay un pecado no he sido yo el primero en cometerlo.

SEÑOR SINGER. - ¡Desde luego que no!

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Trataré de no caer en el pecado en el que hasta ahora prácticamente todos hemos incurrido.

Quiero hacer una puntualización puesto que éste es un instituto jurídico nuevo para nuestro derecho, y la versión taquigráfica de este debate, así como de las sesiones de la Comisión, van a servir de mucho porque significarán la historia fidedigna de la sanción de la ley. Entonces, quiero dejar bien sentado que aquí se han tocado una serie de puntos, a través de los que debe quedar bien en claro que no hay ninguna posibilidad de que haya una compraventa de bien inmueble sin mediar escritura pública. Eso no sólo es un mandato del Código Civil, sino que lo contrario no surge de ninguna disposición de este proyecto de ley. El mismo reafirma o confirma ese mandato del Código. Reitero, pues, que no puede haber ninguna compraventa sin la correspondiente escritura pública. Esto tiene que quedar bien claro porque la duda motivaría que los escribanos u otros profesionales pudieran confundirse.

Tengo en mi banca un trabajo, proveniente de la Asociación de Escribanos -a través de una especialista, que es la escribana Susana Cambiasso- que señala con claridad las diferentes etapas. No hay que confundir el "leasing" con el contrato de opción y con la compraventa. Se trata de tres cosas diferentes, y la compraventa, en todos los casos, absolutamente, tiene que ser por escritura pública.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor .senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - En conclusión, deseamos decir lo siguiente: Consideramos conveniente legislar sobre nuevas figuras acordes con las circunstancias económicas y la complejidad y valor de los bienes que ofrecen los avances tecnológicos. Nuestra legislación, como hemos oído, puede crear derechos reales nuevos, que acompañen la evolución del Derecho. El derecho real que se proyecta crear por este instituto contiene las notas típicas de los derechos reales, que si ustedes me permiten, sin ningún afán de emplear términos ajenos a nuestro idioma, diría que los del tipo de un "jus in res aliena", ¿no es así, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Apoyado.

SEÑOR CERSOSIMO. - En el Cuarto Congreso Internacional de Derecho Registral celebrado en Madrid en 1984, como ya hemos dicho, se propone una adecuada publicidad para el "leasing". La inscripción es constitutiva del derecho real y sus efectos están regulados; pero se considera necesario resolver: a) la situación del derecho real con respecto a las quiebras y procedimientos concursales; b) la determinación de los bienes previstos en el artículo 7°, literal e), pues es incompatible con el Derecho Registral la indeterminación de bienes.

Nos preocupa también la posible falta de legitimación de la institución "leasing" con la cosa, pues en ese supuesto se frustraría el derecho real.

Para que la publicidad sea exacta, es necesario recoger los actos modificativos -esto es sumamente importante- las medidas cautelares, y consideramos que también el "leasing" operativo, aunque es opinable el punto. En esto nos afiliamos -no por ser oficialistas, que no lo somos- a la tesis del Poder Ejecutivo.

Con respecto a la inscripción de la prórroga, consideramos que es necesario legislarla con más precisión.

Para aventar las dudas sobre la posible aplicación de la legislación sobre arrendamientos urbanos sería conveniente establecer, expresamente, que se excluye de la misma este contrato.

Además, es necesario prever -esto ya lo hemos expresado en otras oportunidades, cuando se trató, por ejemplo, la Ley Forestal- la caducidad de la inscripción para mantener la depuración de la información registral.

De manera que estos que hemos expresado en el curso de nuestra intervención, son los elementos de pequeña reserva que nos merece este proyecto, que hemos concretado con el propósito y el afán que ya manifestamos en el curso de esta exposición, para cuyo desarrollo contamos con la tolerancia ya tradicional del señor Presidente, la que agradecemos profundamente.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Lo primero que quiero expresar al entrar a la consideración de este proyecto es que la Comisión de Hacienda, que fue la que lo estudió, ha hecho un trabajo muy serio, concienzudo, a través del cual ha mejorado, en mi concepto, el proyecto del Poder Ejecutivo y ha puesto a consideración del Senado este texto legislativo con elementos de juicio que permiten una ilustración fundada, respecto del mismo, a todos los miembros del Cuerpo.

Digo esto porque no quiero dejar de manifestar mi cierta sorpresa cuando llegó a mis manos este proyecto de ley, que no sabía que se estaba considerando en la Comisión de Hacienda, porque dada su naturaleza, tratándose de un contrato que no está en el Código Civil porque en la época en que lo redactó Tristán Narvaja esta figura contractual no existía, debía haberse estudiado en la Comisión de Constitución y Legislación o, por lo menos, en la Comisión de Hacienda integrada con miembros de la de Constitución y Legislación, con ello, quizá, nos hubiéramos ahorrado algunas discusiones que vamos a tener, sin duda, en la consideración en particular del proyecto, las que ya se han adelantado a través de la intervención del señor senador Cersósimo.

En mi concepto, no hay ninguna duda de que la iniciativa del Poder Ejecutivo responde a una realidad y a una necesidad. Esta figura, que es o puede ser considerada un contrato innominado, no está prohibida en la legislación vigente. Su celebración no transgrede normas de orden público y, por lo tanto, dada la complejidad de esta figura jurídica, es evidente que es conveniente regularla, es decir que la legislación recoja la existencia de este contrato innominado y le dé una regulación legal, y no como hasta ahora en que no ha tenido ninguna. Esta situación presta a todo tipo de dudas y problemas, tanto en su aplicación práctica como a nivel jurisprudencial y doctrinario.

Y agrego lo siguiente: si el contrato está permitido celebrarlo, no entiendo bien el alcance de algunas de las críticas que se han hecho durante el debate, precisamente porque se quiere legislarlo. ¿O se considera mejor que todo lo que ahora se establece en el proyecto de ley se haga igualmente en la práctica, tal como se podía hacer? Por lo menos, a partir de ahora, se sabrá lo que será lícito hacer con motivo de la celebración de este contrato, porque estará permitido por la ley, o no se podrá hacer. porque no estará previsto ni permitido por ella.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - En primer lugar quiero dejar una constancia. El voto afirmativo que adelantamos daremos a este proyecto de ley en la discusión general obedece a la necesidad de legislar sobre el tema a que se está refiriendo el señor senador Aguirre.

En cuanto a que lo que se establece en este proyecto ya se podía hacer, debo decir que no, entre otras cosas y fundamentalmente, porque existían impedimentos absolutos para los bancos en cuanto a adquirir bienes, o sea, para ser propietarios. Este proyecto es el que introduce por primera vez en nuestra legislación toda la operativa que hemos objetado corno vinculada al tema del endeudamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Prosigo, señor Presidente, y no voy a contestar lo manifestado por el señor senador Olazábal, porque quiero ceñirme al esquema que tengo hecho a efectos de finalizar en el tiempo que falta hasta la hora de culminación de la sesión. Además, en la discusión particular podremos ocuparnos de ese tema.

También se ha señalado como un defecto del proyecto, tal como está estructurado, el hecho de que en la práctica va a funcionar como un contrato de adhesión. Se dice que la llamada institución acreditante -en la práctica un banco o una institución financiera- va a confeccionar un formulario y el llamado usuario -la parte menos fuerte desde el punto de vista económico en la relación contractual que se va a entablar- sólo tendrá la oportunidad de suscribirlo, o de negarse a hacerlo.

Yo me pregunto qué tiene esto de particular. En la práctica bancaria ante las instituciones de crédito, todos los contratos -los préstamos que el Código Civil conoce con el nombre de mutuo- se suscriben en formularios que confeccionan dichas instituciones. Eso no sólo sucede en la práctica financiera y ante las instituciones bancarias; muchos otros contratos, inclusive los del transporte, son contratos de adhesión. Además, tal como me acota el señor senador García Costa, muchas de las figuras típicas de la contratación civil son verdaderos contratos de adhesión, que se suscriben en formularios que previamente redactan los escribanos y en los cuales sólo se llenan los espacios vacíos.

De manera que esto no creo que pueda plantearse como una crítica a la regulación legal que está proyectada con relación a este contrato.

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del contrato, quiero señalar, si bien no desconozco que es un tema arduo y largamente debatido en la doctrina, que para mí, en los casos en que no hay venta posterior del bien, sea venta al usuario o en remate público, esta figura contractual, en su esencia, es un arrendamiento.

Considero que se trata de un arrendamiento porque están dados los elementos esenciales y típicos de ese contrato, tal como lo define el artículo 1776 del Código Civil, complementado por el 1782. En mi concepto, es un arrendamiento porque hay una parte -la llamada institución acreditante- que se obliga a entregar un bien a un tercero para su uso o goce, como se hace en el arrendamiento, y hay otra parte, que igual que en el arrendamiento, se obliga a pagar un precio en dinero por ese uso. Y ese contrato, además, necesariamente debe tener un plazo determinado.

Claro está que en un arrendamiento no se puede pactar una opción de compra, ni existe la posibilidad de que al término del contrato el bien sea rematado; pero esas son las singularidades de esta figura. En esencia y en muchos casos, cuando funciona regularmente, sin posterior opción de compra, este contrato no será otra cosa -en mi concepto- que un arrendamiento en su configuración jurídica. Lo que ocurre es que se le hace cumplir una función financiera y, por ellos que resulta en los hechos un instrumento de crédito, lo que normalmente no ocurre con el arrendamiento de cosas.

Se confirma que en esencia esto es un arrendamiento porque tal como se establece en el proyecto, las obligaciones de las partes se regulan en el mismo siguiendo las disposiciones del Código Civil sobre las obligaciones del arrendador y del arrendatario. En la exposición de motivos se dice expresamente que determinadas disposiciones del proyecto han sido tomadas, prácticamente en forma textual, de los capítulos del Código Civil que regulan las obligaciones del arrendador y del arrendatario, e inclusive se señala la numeración de los artículos correspondientes.

Esto no lo digo como una crítica, sino que lo señalo como una precisión que creo es importante para saber luego cómo se va a interpretar la naturaleza jurídica de esta figura contractual, en caso de duda.

También quiero hacer una precisión sobre el nombre que se le da a este contrato. Confieso que he pensado si no se le podría dar otro nombre, pero no encuentro uno más adecuado. En verdad, creo que calificarlo de crédito puede llevar, en cierto sentido, a confusión.

El crédito, que no está regulado como tal en el Código Civil con ese nombre, en la práctica y en su connotación o traducción jurídica, es un préstamo de dinero, es decir, lo que el artículo 2196 del Código Civil califica como mutuo o préstamo de consumo, o sea, el préstamo que recae sobre bienes fungibles. Para el Código Civil, según el mismo artículo, cuando el préstamo recae sobre bienes no fungibles, es lo que se denomina préstamo de uso o comodato. Por consiguiente, creo que cuando se habla de crédito de uso, en realidad hay una cierta contradicción con la terminología que utiliza el Código Civil; para éste, el préstamo o el crédito de uso es lo que se conoce como la figura contractual del comodato.

Claro que esto no hace a la esencia del problema ni, en definitiva, me permite realizar una crítica al proyecto. Pienso que su calificación jurídica sería más precisa si se le hubiera buscado otro nombre. Por supuesto, se ha querido descartar la denominación de "leasing’ que se le daba en el proyecto del Poder Ejecutivo, porque esa es una palabra que no existe en el idioma castellano, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. No creo que debemos introducir en nuestra legislación nominaciones de figuras jurídicas que correspondan a otros idiomas.

Paso de inmediato, señor Presidente, a otro problema. Hay dos aspectos con los cuales no estoy de acuerdo. El proyecto contiene dos capítulos -el 4º y el 5º- referentes a normas procesales y penales. Con todo respeto por los redactores del proyecto y por la Comisión de Hacienda que ha mantenido estas normas dentro del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, considero que el mismo sería mejor si no incluyera con dichas normas.

En la legislación vigente y en el Código Civil todos los contratos, salvo excepciones, cuando requieren una actuación en el plano judicial, es decir cuando existe incumplimiento de una de las partes, y ello determina que se reclame judicialmente el cumplimiento de las obligaciones o la resolución del contrato, no tienen una regulación procesal específica en las normas sustantivas que regulan el contrato, sino que esos procesos se tramitan por la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

En nuestro país se ha caído durante décadas en la práctica -en mi concepto absolutamente inconveniente- de establecer normas particulares y específicas para los juicios resultantes del incumplimiento de normas previstas en la legislación sustantiva, sobre determinadas figuras jurídicas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, no existe un juicio especial para el contrato de compraventa; que no existen procedimientos especiales para el contrato de mandato, ni para exigir el cumplimiento de obligaciones emergentes del contrato de depósito. Hay, sí, desde antigua data -y creo que en definitiva es un error- normas muy precisas y especiales para exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de arrendamiento, especialmente del arrendamiento de fincas con destino a casa habitación. Si para cada figura contractual existente en la legislación hubiera un juicio particular o un procedimiento procesal con determinadas características, el procedimiento civil, sería tan complicado que entenderlo resultara una tarea de romanos o una labor de iniciados. En momentos en que precisamente hemos aprobado un nuevo proyecto de Código General del Proceso, como quiso que se le llamara el profesor Gelsi Bidart, una de cuyas virtudes es unificar todos los procesos en un solo procedimiento -es decir, un procedimiento de carácter general para lo que tradicionalmente se conocía como el juicio ordinario y ciertas particularidades para los procesos de ejecución- no creo que sea de ninguna manera conveniente la sanción de normas procesales particulares en un proyecto de ley sobre el "leasing" o crédito de uso. Esto es, que en caso de ejecución o de tener que reclamar la restitución del bien entregado al usuario, se diga que hay que usar tal o cual procedimiento del Código de Procedimiento Civil, que va a ser derogado dentro de muy poco, lo cual, por otra parte, significa desconocer -en mi concepto- que en la legislación vigente así como en la que se proyecta, hay normas que permiten resolver estos problemas.

Si el Código se aprueba y, al poco tiempo -como espero que ocurra- sucede lo mismo con este proyecto, tendremos que, al lado del flamante Código que se habrá terminado de aprobar, para el contrato de "leasing" habrá normas procesales específicas no contenidas en el Código y que, además, harán remisión a disposiciones de un Código derogado, porque va a ser derogado sin ninguna duda. Pienso que esto no se ha meditado. No se ha pensado, porque en el momento en que se estaba redactando este proyecto de ley, a fines del año pasado, no se tenía la seguridad de que se iba a derogar el Código de Procedimiento Civil. Reitero que una de las virtudes de un Código es que todas las normas de su materia estén contenidas dentro de él y no diseminadas en otros cuerpos legales que, además, no están imbuidas de la sistemática del Código. Una de las cosas que desarticula un Código y termina haciéndolo ineficiente, es que, además de los Códigos -que son un sistema de normas coherentes e informadas por determinados principios jurídicos- hayan, en otras leyes disposiciones que refieren a la misma materia codificada. Creo que este es un error sobre el que hay que meditar. Opino, por ello, que este proyecto de ley ganaría con la suspensión de estas normas.

También, señor Presidente, tengo una opinión clara y categórica en cuanto a la inconveniencia de sancionar nuevas normas penales y de tipificar figuras delictivas con motivo de la aprobación de este proyecto de ley.

Creo que uno de los errores en que se incurre frecuentemente por todos aquellos que quieren legislar sobre una materia determinada, es caer en la tentación de considerar que ella es de tal trascendencia que aquellos que incurren en violación de las normas referentes a esa materia, cometen un delito. Considero que la experiencia indica que los delitos son aquellas conductas que atentan contra determinados bienes jurídicos que los Códigos Penales determinan muy precisamente y que, por eso, penar su violación en determinadas figuras típicas, que, además, no son propias de la legislación de un país determinado sino que son comunes, en general, a la legislación penal de todos los países. La proliferación de figuras delictivas en leyes que no están incorporadas a los Códigos Penales es, en mi concepto, una práctica legislativa equivocada. Creo que los males que se quieren evitar previendo estas figuras delictivas quizá se pueden corregir con la remisión a las normas del Código Penal.

Alguna de las hipótesis previstas en las figuras penales que se quieren crear en este proyecto de ley, en realidad, no configuran otra cosa, en algunos casos, que el delito de apropiación indebida que, por supuesto, está previsto en el Código Penal. En otros casos pueden caer en la incriminación que también prevé el Código con la figura de la estafa. Pero si en algún caso alguna de las modalidades de violación a las normas del contrato de crédito de uso no estuviera prevista por el Código Penal, creo que ese defecto o riesgo es mucho menor que el que se incurre al tratar de crear nuevas figuras penales que, en definitiva, desarticulan, en mi concepto, la sistemática del Código Penal.

En un capítulo y en otro, se está legislando sobre normas que son propias de los Códigos: una, del Código de Procedimiento Civil -o de lo que va a ser ahora el Código General del Proceso- y, en la otra, del Código Penal.

Reitero que no es bueno que, para saber cuál es el contenido de una materia codificada, además de ir a lo que dice el Código de esa materia, haya que andar navegando por la legislación y consultar no se sabe cuantas leyes, porque al margen de los Códigos hay normas que también regulan esas mismas materias.

Con estas expresiones, señor Presidente, dejo sentada mi discrepancia en el sentido de que este proyecto contenga normas de carácter penal y procesal. Creo que el proyecto se debe circunscribir a definir el contrato de crédito de uso, a prever sus modalidades específicas, a establecer cuál es su objeto y a precisar las obligaciones de las dos partes del contrato. Eso es lo que se debe hacer cuando se legisla sobre un contrato y no adosarle normas de carácter procesal y penal.

Además, señalo que en mi concepto este proyecto de ley tiene un vacío muy importante que, por un lado, puede hacerlo inoperante en la práctica y, por otro, hacer correr el riesgo de que organismos administrativos del Estado se manejen con una latitud tal, en perjuicio de las partes del contrato, que entendemos que el Parlamento no les debe permitir ni autorizar por la vía del silencio o de la omisión. Al manifestar esto, me estoy refiriendo, señor Presidente, a algo que ya expresó con razón el señor senador Senatore y que es el problema impositivo.

La figura del contrato de uso, ante el silencio de la ley ¿estará o no gravada por algún impuesto? De acuerdo a la legislación impositiva vigente en nuestro país, este contrato, que puede terminar en una enajenación -y en que en todo caso configura siempre una prestación de servicio- ¿está gravada por el Impuesto al Valor Agregado o no?

El bien que es objeto del contrato, ¿en qué patrimonio se considera que está a los efectos del impuesto al patrimonio y al de la renta de industria y comercio?

Se ha señalado que durante el tratamiento del proyecto en Comisión, el tema fue objeto de consideración y que el señor Ministro de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva se manifestaron partidarios de que esto no se resolviera en la ley, es decir, de que quedara en la nebulosa, que es lo mismo que expresar que permanezca en la discrecionalidad de la Dirección General Impositiva, que va a gravar o no a quienes celebren este contrato, según se le ocurra y de acuerdo a sus criterios particulares.

¿Qué impuestos les va a aplicar? ¿Con qué tasas? ¿Lo sabemos? No. Sin embargo, la materia impositiva es típica de la reserva de la ley, como decía Justino Jiménez de Aréchaga.

Si hay una facultad que está en la génesis misma de la creación de la institución parlamentaria y que, además, le compete a la Asamblea General de acuerdo al inciso 4° del artículo 85 de la Constitución, es la relativa a la materia impositiva.

Los contribuyentes deben saber qué impuestos pagan y con qué tasas. Esto no puede quedar librado, en ningún caso, a la discrecionalidad de la Administración.

Si la Dirección General Impositiva piensa que le es conveniente o necesario, como dijo el señor senador Senatore, que este contrato primero entre en práctica durante un año para después resolver cómo se lo va a gravar y a quién se le va a aplicar el impuesto, eso no puede, de ninguna manera, constituir una razón para que nosotros nos resignemos a no legislar sobre la materia. Por el contrario, tiene que ser una razón poderosa para que digamos que eso no lo puede ni lo debe hacer la Dirección General Impositiva. Si esta figura contractual debe pagar un impuesto por ser una enajenación, en algunos casos, y ser siempre una prestación de servicios, nosotros debemos decirlo en la ley y no dejarlo librado a la interpretación de la Dirección General Impositiva.

Según el semanario "Crónicas Económicas", de acuerdo a una declaración que le formuló el señor senador Ortiz, el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, habría manifestado, ante la Comisión, que el aspecto tributario en su opinión, debía quedar fuera del texto, "aunque yo estoy de acuerdo con los empresarios que para dar mayor seguridad al inversor es mejor que la nueva ley establezca claramente cuál será el tratamiento que, en materia de impuesto, tendrá este tipo de contratos".

Naturalmente, los empresarios tienen razón en querer que la ley diga cuál es el tratamiento tributario y no estar en la incertidumbre sobre lo que después va a hacer la Dirección General Impositiva, según su leal saber y entender.

Aunque lo pida el señor Ministro de Economía y Finanzas, el Parlamento tiene la obligación de decir, en el momento de legislar sobre un contrato, cuál va a ser el tratamiento tributario del mismo, máxime cuando según la nota que publica este prestigioso semanario de información y opinión en materia económica, el contrato de "leasing", que había tenido un desarrollo bastante intenso en los años previos a 1980, decayó en su funcionamiento y fue dejado de lado, precisamente, porque resoluciones de la Dirección General Impositiva establecieron un tratamiento tributario que los contribuyentes consideraron que era inadmisible o inconveniente.

Dice así "Crónicas Económicas": "Es claro que la aprobación de este proyecto, en tanto no se corrijan las causales del desaliento a esta modalidad comercial, no implicará un incremento del ‘leasing’".

"Deben buscarse las causas de la desaparición de este instituto en la modificación del régimen tributario a aplicarse al mismo mediante una resolución de la Dirección General Impositiva hacia el mes de julio de 1981."

"Dicha Resolución de la DGI (Nº 256/981 del 20 de julio de 1981) establece en su artículo 3º que el Impuesto al Valor Agregado ‘correspondiente a la operación se liquidará sobre el total de pagos previstos en el contrato, esto es, el precio del bien y las prestaciones accesorias’. Hasta ese momento el IVA debitado se computaba en cada una de las cuotas previstas en el contrato basándose dicha modalidad, precisamente, en el carácter aleatorio que tiene la compra del bien para quien lo toma como usuario.

"Sin embargo, la Resolución referida considera que ‘en aquellas operaciones de leasing’ en las cuales el tomador del bien habrá de constituirse lógicamente en su propietario, ya sea porque el precio de la opción de compra es tan reducido que, en los hechos, la adquisición no implica un sacrificio económico o porque no existe tal opción, las disposiciones en materia tributaria deben atender a este fin último de negociación". "Como se observa el texto de la resolución no considera la contingencia que necesariamente implica la opción de compra al término del período pactado."

No voy a continuar con la lectura de estas consideraciones que hace el semanario "Crónicas Económicas", muy atinadas en mi concepto, porque vamos llegando al fin de la sesión y debo concluir mi intervención.

Considero que ante la falta de normas impositivas, lo que correspondería es que se aplique el Impuesto al Valor Agregado, porque si hay enajenación, esta figura jurídica, en principio, de acuerdo a las disposiciones vigentes, está gravado por el Impuesto al Valor Agregado y los arrendamientos de cosas en carácter de prestaciones de servicios, también están gravados por el Impuesto al Valor Agregado.

Naturalmente, cuando esos contratos recaen sobre bienes inmuebles, estas operaciones están exoneradas del IVA, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Asimismo, hay que tener presente que las operaciones bancarias típicas están exoneradas del Impuesto al Valor Agregado.

Entonces, lo que hay que determinar es si esta es una operación bancaria típica. Yo creo que no; pero, de todas maneras, cumple una función financiera, es un mecanismo de crédito y, hasta ahora, ellos no están gravados por el Impuesto al Valor Agregado.

Por otra parte, cuando recae sobre inmuebles no podrían estar gravados, de acuerdo a las normas vigentes sobre el Impuesto al Valor Agregado.

Señor Presidente: sé que este es un tema técnico delicado y discutible, pero entiendo que no podemos aprobar este proyecto de ley sin decir cuál va a ser el régimen impositivo de este contrato.

En tal sentido, cuando lleguemos al final de la discusión particular, voy a proponer que se agregue un artículo que diga lo siguiente: "El contrato de crédito de uso estará gravado por el Impuesto al Valor Agregado, salvo cuando recaiga sobre bienes inmuebles. Será sujeto pasivo del impuesto la institución acreditante. Se aplicará la tasa mínima vigente del 12 %".

He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 57 minutos presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, García Costa, Gargano, Guntin, Ituño, Martínez Moreno, Olazábal, Ortiz, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer y Terra Gallinal).

DR. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.