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Nº 245 - TOMO 314 - 4 DE MAYO DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

8ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente,

el DOCTOR AMERICO RICALDONI 1er. vicepresidente

y el ESCRIBANO DARDO ORTIZ 2º Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- Intervención y funcionamiento de fábricas de espuma de poliuterano.
- Iniciativa del señor senador Pozzolo.
- Por el que se crea la Corporación Aérea.
- Iniciativa del señor senador Flores Silva.

5) Banco Central. Reclamos de sus funcionarios

- Manifestaciones del señor senador Gargano.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al Banco Central.

6) Universidad y Derechos Humanos. Autorización a la Comisión de Asuntos Internacionales a patrocinar la realización de un curso en tal sentido a la Comisión Latinoamericana para los Derechos Humanos

- Continúa en discusión particular.
- Se resuelve, por moción del señor senador Batalla, que el asunto pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

7) Nacionalidad oriental. Establecimiento de normas para su determinación

- Continúa en discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Archivo de Carpetas

- El señor senador García Costa solicita que varias carpetas que, de acuerdo con el artículo 157 del Reglamento deberían ser archivadas, continúen a consideración de la Comisión de Hacienda.
- Se resuelve afirmativamente.

9) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con solicitudes de venias del Poder Ejecutivo para conferir ascensos: al grado de Capitán de Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata; al Grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles, y al Grado de Coronel (Intendencia) al señor Teniente Coronel (Intendencia) don Estanislao Trentini. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con las solicitudes de venias del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario de la Presidencia de la República y a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

- Se resuelve, por moción del señor senador Batlle alterar el orden del día y considerar estos asuntos de inmediato, pasando a sus efectos el Senado a sesión secreta.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta resolvió conceder las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata; al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles, y al grado de Coronel de Intendencia del Ejército a un señor Teniente Coronel. Asimismo resolvió devolver al Poder Ejecutivo las solicitudes de venia para exonerar de sus cargos a un funcionario de la Presidencia de la República y a otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a fin de ampliar antecedentes.

10 y 13) Elección de miembros de la Comisión Permanente

- Se resuelve designar para la misma a los señores senadores Flores Silva, Singer, Ubillos y Martínez Moreno como titulares y Terra Gallinal, Capeche, Ortiz y Olazábal como suplentes.

11) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Se resuelve integrarla con los señores senadores Fá Robaina y Posadas.

12 y 14) "Leasing". Se establecen normas reglamentarias de dicho contrato

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de mayo de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 4, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de resolución por el que se autoriza a la Comisión de Asuntos Internacionales a patrocinar a la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), en la realización de un curso internacional denominado Universidad y Derechos Humanos.

(Carp. Nº 1087/88)

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para los hombres o mujeres nacidos en cualquier parte del territorio y para sus hijos cualquiera sea el lugar de su nacimiento.

(Carp. Nº 783/87 - Rep. Nº 146/87 y Anexo I)

3º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

4º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) Por el que se establecen normas que regulan el contrato de leasing.

(Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 7/88)

6º) Por el que se reglamenta la acción de amparo. (Carp. Nº 631/86 - Rep. Nº 10/88)

7º) Por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.254, de marzo de 1982, y se designa "Capitán Justo Machuca" el conglomerado urbano de la represa hidroeléctrica "Constitución".

(Carp. Nº 1029/87 - Rep. Nº 11/88)

8º) Por el que se designa con el nombre "Timoteo Aparicio" a la Escuela Nº 1 de Canelón Grande, departamento de Canelones.

(Carp. Nº. 901/87 - Rep. Nº 12/88)

9º) Por el que se designa con el nombre "Profesor José Aurelio Rivoir Bonjour", una plaza de deportes en la ciudad de Rocha.

(Carp. Nº 970/87 - Rep Nº 9/88)

10) Por el que se designa con el nombre "’Doctor Dardo Regules" a la Escuela Nº 285 de ler. Grado del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 896/87 - Rep. Nº 8/88)

11) Por el que se designa con el nombre "Mercedes Giavi de Adami" al Liceo de villa Ismael Cortinas, departamento de Flores.

(Carp. Nº 981/87 - Rep. Nº 13/88)

12) Por el que se designa con el nombre "Constancio C. Vigil" a la Escuela Nº 112 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

(Carp. Nº 980/87 - Rep. Nº 14/88)

13) Por el que se designa con el nombre "Cristóbal Colón" a la Escuela N" 177 de ler. Grado de Montevideo.

(Carp. Nº 918/87 - Rep. Nº 15/88)

14) Por el que se derogan disposiciones legislativas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

(Carp. Nº 1036/88 - Rep. Nº 28/88)

15) Por el que se afecta a la Intendencia Municipal de Río Negro el inmueble empadronado con el Nº 5312 del departamento de Montevideo desafectándolo de su destino en el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la afectación a éste de parte del inmueble empadronado con el Nº 454 del departamento de Río Negro.

(Carp. Nº- 787/87 - Rep. Nº 26/88)

16) Por el que se desafectan inmuebles entre el Estado -Ministerio de Defensa Nacional- y la Intendencia Municipal de Montevideo (Padrones Nos. 71.473, 125.515 y 183.142).

(Carp. Nº- 820/87 - Rep. Nº 27/88)

17) Por el que se designa a la Escuela Nº 97 de 2º Grado, de Curva de Maroñas del departamento de Montevideo, con el nombre "Federico García Lorca".

(Carp. Nº 919/87 - Rep. Nº 21/88)

18) Por el que se designa con el nombre de "Horacio Quiroga" a la Escuela Nº 78 al Aire Libre del departamento de Salto.

(Carp. Nº 920/87 - Rep. Nº 22/88)

19) Por el que se designa a la Escuela Nº 113 de Grado del departamento de Rivera con el nombre de "España".

(Carp. Nº 921/87 - Rep. Nº 23/88)

20) Por el que se designa con el nombre de "Dr. Purriel" a la Escuela Nº 37 de Santa Catalina, departamento de Soriano.

(Carp. Nº 940/87 - Rep. Nº23/88

21) Por el que se designa "Ingeniero Agrónomo Dante Bianchi" a la Escuela Agraria de San Carlos, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 1016/87 - Rep. Nº 25/88)

22) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata.

(Carp. Nº 1045- Rep. Nº 16/88)

23) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 1047/88 - Rep. Nº 17/88

24) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel (Intendencia), al señor Teniente Coronel (Intendencia) don Estanislao Trentini.

(Carp. Nº 1048/88 - Rep. Nº 18/88)

25) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con las solicitudes de venias del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario de la Presidencia de la República y a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carps. Nº 1040/88 y Nº 1042/88 - Reps. Nº 19/88 y Nº 20/88) (Los plazos constitucionales vencen el 13 de junio de 1988).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntin, Ituño, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni y Ubillos.

FALTAN: con licencia los señores senadores Forteza y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 14 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 4 de mayo de 1988

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al Desarrollo y la Cooperación Científica-Técnica y Económica-Comercial en materia agropecuaria y forestal e hidráulica.

(Carp. Nº 1090/88)

por el que se aprueba el Acuerdo Multilateral de búsqueda y salvamento entre los Estados Americanos, hecho en Lima, Perú.

(Carp. Nº 1091/88)

por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Jurídica entre la República y el Reino de España.

(Carp. Nº 1092/88)

por el que se aprueba el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y sus anexos.

(Carp. Nº 1093/88)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que ha decretado un aumento del monto máximo vigente de las multas previstas por el Decreto-Ley Nº 14.305, del 29 de noviembre de 1074, en un 60,67% a partir del 19 de enero de 1988.

por el que se autoriza el traspaso de fondos entre proyectos de inversión del Programa 001 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

por el que se incorpora al Plan de Inversiones Públicas 1987 los proyectos de Inversión a financiarse con recursos extrapresupuestales en las Unidades Ejecutoras de los Incisos 02 "Presidencia de la República", 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" y 11 "Ministerio de Educación y Cultura", a la vez que se aprueban los Preventivos Anuales de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos Extrapresupuestarios correspondientes al Ejercicio 1987, presentados por Unidades Ejecutoras de los Incisos mencionados precedentemente.

por el que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), del pago del Impuesto Aduanero Unico a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos y de Tasas Consulares, para la importación de 120 rollos de papel para gráfica MTII, y para la importación de repuestos para la instalación centralizada de oxígeno y succión.

-Ténganse presentes.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones: referente al Balance General del Ejercicio 1984 y a la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 1985.

del Banco de Previsión Social: relacionada con el Concurso de Precios para la adquisición de 1.000 Diskettes.

del Ministerio de Turismo: relacionada con la compra de folletos a la firma "Imprimex".

del Banco Central del Uruguay: relacionada con el arrendamiento de un equipo de microcomputadora procesadora de palabras.

de la Administración Nacional de Puertos: relacionada con la contratación en régimen de arrendamiento de obra del Ing. Alfredo Báez.

del Ministerio de Industria y Energía: relacionada con la inclusión de adeudos en Relación de Créditos pendientes de pago gestionada por la Dirección de Tecnología Nuclear.

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: relacionada con la Memoria y Balance de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones correspondientes al Ejercicio 1986.

de la Facultad de Odontología: relacionado con pago a la firma Adamoli y Cía. Ltda. por el mantenimiento de ascensores.

de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con la Licitación Nº 7728; con la Licitación Pública Nº 040/84 y con la adquisición de un equipo procesador IBM 4341-L02 y accesorios.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje por el que comunica los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y departamentos del interior, referentes al 1er. trimestre del año 1988, en relación a desalojos, acciones de rebaja de alquiler y lanzamientos, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley número 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

-Repártase.

El señor senador Luis E. Pozzolo presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se reglamenta la instalación y funcionamiento de fábricas de espuma de poliuretano.

(Carp. Nº 1094/88)

-A la Comisión de Industria y Energía.

El señor senador Manuel Flores Silva presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se crea la persona jurídica de derecho público no estatal denominada Corporación Aérea, se dan normas sobre sus atribuciones y funcionamiento y se establece la participación del Estado en dicha empresa.

(Carp. Nº 1095/88)

-A la Comisión de Hacienda integrada con dos miembros de la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor senador Reinaldo Gargano de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República solicita se curse al Ministerio de Economía y Finanzas un pedido de informes relacionado con el acuerdo de refinanciación de la deuda externa recientemente suscrito por nuestro país.

Procédase como se solicita.

La Mesa da cuenta que la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva ha quedado Integrada con los señores senadores Juan Carlos Fá Robaina y Uruguay Tourné miembros de la Comisión de Constitución y Legislación para el estudio del proyecto de ley relativo al delito informático".

4) PROYECTOS PRESENTADOS

"Carp. Nº 1094/88

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiende a llenar un vacío legislativo reglamentando la instalación y funcionamiento de fábricas de espuma flexible de poliuretano tipo poliester.

El desarrollo de esta actividad industrial, y su potencialidad futura, está ligado a los Convenios de Integración con países limítrofes.

El tipo de actividad que se menciona conlleva ciertos riesgos propios de la misma, que involucran no sólo el área de producción y el personal ocupado en ella, sino que además alcanzan potencialmente a personas ajenas y bienes extraños a la propia industria.

Los riesgos referidos (incendio, contaminación, toxicidad) pueden incidir también en el medio ambiente, ya progresivamente comprometido por otros factores.

Hay pues, inmediato, un interés público en mantener dentro de márgenes tolerables y razonables los riesgos mencionados. A ello apunta el presente proyecto de ley.

INFORMACION GENERAL

En la fabricación de espuma de poliuretano existen tres riesgos fundamentales a saber:

1) RIESGO DE CONTAMINACION: por vapores de TDI (di-isocianato de tolueno) u otros isocianatos, y por vapores de catalizadores o sustancias fisiológicamente activas (aminas terciarias, cloruro de metileno, etc.)

2) RIESGO DE INCENDIO: por tres razones básicas independientes:

a) Combustión espontánea de la espuma
b) Combustión normal de la espuma
c) Combustión de sus materias primas inflamables o combustibles.

3) RIESGO DE TOXICIDAD: al exponerse a los productos de combustión ante un eventual incendio producido en la fábrica y consiguiente dificultad en la forma de combatirlo.

RIESGO DE CONTAMINACION

Los vapores del TDI son fuertemente irritantes, produciendo efectos a todas las personas, a concentraciones elevadas.

Estas irritaciones se producen sobre el tracto respiratorio superior, el órgano visual y sobre la piel.

La concentración máxima permisible en la atmósfera es 0,02 partes por millón en volumen o 0,14 mg. por metro cúbico (1), aunque la percepción de su olor se produce a concentraciones diez veces superiores al límite. En ello radica el mayor riesgo: cuando el individuo se alerta ya se expuso al contaminante.

Por otro lado, los catalizadores empleados como las laminas terciarias, tienen también elevada actividad fisiológica ya sea por vía dérmica o respiratoria. Producen irritaciones, reacciones de hipersensibilidad y aún efectos sistemáticos en algunos individuos. La concentración máxima permisible de estas sustancias en el aire es de 5 ppm. o 15 mg/m3 (1) debiendo tenerse presente el efecto aditivo de las mezclas de estas sustancias en el aire o de las mezclas con TDI, que pueden también potenciarse.

Otros productos como el cloruro de metileno (que tiene una concentración máxima permisible en el aire de 200 ppm. o 270 mg/m3 (1) también tiene efectos tóxicos. Luego de una narcosis inicial, puede producir disturbios al sistema nervioso u otros efectos sistémicos. Posee también efectos aditivos en la mezcla con las sustancias anteriormente nombradas.

(1) De acuerdo a la Tabla de Límites Higiénicos De Exposición de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (Ministerio de Salud Pública).

RIESGO DE INCENDIO

El riesgo de incendio significa uno de los más graves problemas en la industria de poliuretanos, obligando a adoptarse estrictas normas y medidas preventivas.

a) Combustión Espontánea

La combustión espontánea de la espuma es consecuencia de la reacción exotérmica producida durante su fabricación, que puede provocar la combustión del centro del pan, sin efectos externos visibles. Puede producirse ya sea durante su fabricación o posteriormente durante el enfriado, y hasta doce horas después de fabricado. Las causas de la combustión espontánea son variadas pero fundamentalmente se deben a:

- malas formulaciones

- errores en la dosificación

- falta de buena tecnología y buenas técnicas operatorias

- disturbios en la producción

- presencia de elementos extraños que actúan como catalizadores de la reacción.

b) Combustión normal de la espuma

Desde el punto de vista de su estructura química, la espuma de poliuretano poliester, tiene una alta proporción de oxígeno en su molécula y solamente por esta razón debe considerársela como material fácilmente combustible.

Además su estructura porosa y de celda abierta favorece la combustibilidad.

Por otro lado debido a su baja densidad y a su estructura celular, ofrece una gran superficie expuesta al aire, que combinado con el factor anterior hace que la espuma deba considerarse altamente inflamable.

c) Combustión de sus materias primas inflamables o combustibles

El TDI es un líquido combustible cuyo punto de ignición se ubica en los 132º

El riesgo de incendio se halla agravado por la presencia en los depósitos de otras materias primas inflamables (catalizadores) y otros productos químicos volátiles confinados (cloruro de metileno, gas freón, etc.) susceptibles de explosión ante llama abierta.

RIESGO DE TOXICIDAD

El combatir un incendio de estos productos es una tarea sumamente peligrosa y difícil de efectuar. Solamente pueden realizarla personas equipadas con traje protector termoresistente y equipo autónomo de respiración y deben hallarse bien entrenadas.

Todo lo que someramente queda expuesto justifica, a juicio del firmante, una rápida y decidida intervención de los Poderes Públicos.

Montevideo, 4 de mayo de 1988.

Luis B. Pozzolo. Senador.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Artículo 1º. - Empresas Comprendidas: La presente reglamentación alcanza a todas aquellas empresas que tengan como actividad principal o secundaria, la elaboración de espumas flexibles de poliuretano tipo poliester.

Art. 2º. - Excepciones: Solamente quedarán excluidas de las obligaciones que se estatuyen en la presente reglamentación, aquellas empresas que por su ubicación y características físicas actuales les resulte imposible dar cumplimiento a alguna de las mismas, a condición de que tengan como mínimo tres años en el desarrollo de la actividad comprendida.

CAPITULO II

Artículo 3º. - Emplazamiento de las plantas: El establecimiento industrial deberá estar emplazado dentro de las zonas III o IV del Dcto. N~ 5332 del 15.01.94?.

Art. 4º. - Las plantas de espumado deberán distar por lo menos treinta metros de construcciones destinadas a casa habitación y del eje de la calzada de las vías de tránsito más próximas a las mismas. La distancia será medida entre el eje de la zona de emanación máxima de vapores y la vivienda y/o vía de tránsito más próxima.

Art. 5º. - Las edificaciones deberán ser apropiadas para las operaciones de limpieza y mantenimiento tanto en situaciones normales como de emergencia.

Art. 6º. - Las plantas deberán disponer obligatoriamente de los siguientes locales:

a) Depósito Principal de materias primas (poliol, TDI, y agentes soplantes).

b) Depósito de catalizadores y otras materias primas, donde podrán depositarse también los elementos citados en el literal a) pero, estos últimos, como máximo, en cantidad suficiente para dos días de producción.

c) Local de Espumado y Laboratorio de control de calidad.

d) Local de Enfriado de panes de espuma.

e) Local de Stock de espuma ya enfriada.

Art.7º, - El laboratorio de control de calidad deberá contar como equipo mínimo con: a) balanza analítica de precisión con resolución de 0.001 gr. y repetibilidad de = 0.001 gr.

b) Acuómetro para determinación de humedad del poliol por el método de KARL FISCHER.

c) Mufla para determinación de contenido metálico en cenizas con un rango de operación de hasta l000ºc.

d) Cronómetro.

e) Termómetros de 0-200ºc.

Art. 8º- El local de Enfriado o curado de espuma debe estar separado del local de Espumado pon una distancia mínima de 15 metros en el caso de existir entre ellos pared cortafuego (de por lo menos 30 cms. de espesor al es de ladrillos, o de 20 cms. si es de hormigón armado), o de 30 metros si se trata de paredes de bloques.

Asimismo estará separado de los locales de Depósito Principal de materias primas y de Stock de espuma por pared cortafuego y al menos 30 metros de distancia.

Las calles o espacios entre locales estarán libres de todo tipo de elemento propagador de fuego.

Entre los locales de Espumado, Depósito Principal de materias primas y Stock de Espuma la separación será de 20 metros.

CAPITULO III
Características de las construcciones

Artículo 9º. - Materiales de construcción: a) Todos los locales mencionados deberán estar construidos de mamposteria con techos livianos de fibrocemento, tiranterias y aberturas de material incombustible.

b) Los pisos serán de hormigón con acabado adecuado a la función del local; en los locales donde se emplee o deposite TDI el acabado deberá ser resistente al mismo. Los pisos deberán poseer declive suficiente para la evacuación del agua de arrastre o lavado por gravedad, y no resbaladizos.

Art. 10. - Dimensiones: Las medidas mínimas para los locales de Espumado, Enfriado, Stock de panes y Depósitos de materias primas, deben ser: a) altura media neta 5 metros.

b) Cubaje 175 metros cúbicos por persona.

La altura neta será medida desde el piso hasta la altura media de los techos; el valor del cubaje se entiende bruto, o sea sin reducción de máquinas o instalaciones fijas.

Art. 11. - Paredes y puertas cortafuego: Entre los locales de Espumado y el de Enfriado de panes, debe construirse una pared de ladrillos de por lo menos 30 cms. de espesor que asegure la resistencia al fuego. Esta pared no será necesaria cuando la distancia mencionada en el artículo 8º supere los 30 metros.

En caso de que estas paredes tengan aberturas, las mismas deberán disponer de puertas cortafuego de chapa de hierro con alma de madera dura o semidura, de apertura automática con contrapeso y fusible que actúe a 68ºc.

Art. 12. - Alrededor de cada local y delante de las aberturas, se construirá una vereda de un ancho mínimo de un metro.

Art. 13. - Aberturas: Las puertas y ventanas deberán ser de metal y su superficie -en cada local- deberá asegurar los valores mínimos de iluminación y ventilación; las puertas no son consideradas áreas de ventilación.

Las puertas y ventanas deberán estar pintadas de acuerdo a las normas sobre colores de seguridad vigentes.

Art. 14. - Ventilación: La misma deberá ser suficiente para evitar la acumulación de aire viciado y que mantenga el término medio de contenido de C02 en un valor que no exceda el 0,2%.

En los locales en que existan emisiones elevadas de contaminantes irritantes como el TDI en lugares definidos (lugares de espumado, de trasvasado de TDI y sierras para cortar bloques recién fabricados), la extracción de aire debe ser localizada mediante túnel o campana.

La instalación de espumado para la fabricación de bloques debe estar provista de túnel o campana de ventilación con extracción localizada para vapores de TDI, cuyo caudal de aire asegure por lo mínimo una velocidad de arrastre de 50 m/min. (150 pie/min.); los extractores deberán asegurar esa aspiración, y el mantenimiento del nivel de vapores en el valor permitido (0,02 ppm), excepto dentro del propio túnel.

Art 15. - Instalación Eléctrica: Podrá ser embutida o protegida por cañerías o ductos metálicos y su diseño y mantenimiento deberá disminuir al mínimo el riesgo de incendio. Todo elemento metálico susceptible de cargarse estáticamente (cerchas, techos metálicos, etc.) deberá poseer conexión de puesta a tierra con "tierra artificial" EL voltaje máximo en el Depósito Principal de materia prima, Stock y Enfriado de panes, será de 32 voltios.

Art. 16. - Instalación Sanitaria: Todos los locales deberán contar con suministro de agua potable, debiendo ajustarse las instalaciones de baños y ducheros al reglamento sobre Higiene de Fábricas y Talleres vigente.

Todos los desagües serán de tamaño y diámetro sufíciente para soportar las cargas máximas, debiendo estar provistos de rejillas o mallas que eviten la obstrucción por trozos de espuma.

Art. 17. - Calefacción: De existir ésta, el sistema no deberá enrarecer la atmósfera y mantendrá la humedad relativa apropiada, debiendo siempre instalarse la fuente de calor fuera de los recintos. En los lugares de depósito y trabajo con TDI sólo se admitirá calefacción indirecta con vapor, agua caliente o aire caliente con estricto control de temperatura que mantenga la temperatura del producto por debajo de los 40ºc.

Art. 18. Pararrayos: Los locales deberán estar protegídos por pararrayos del tipo puntas Franklin, hilos de guardia o radiactivos, propios del establecimiento.

CAPITULO IV
Sistema de seguridad contra incendio

Artículo 19. - Se deberá disponer de un equipo de lucha contra incendio que como mínimo consistirá en:

1) Entrada de agua de incendio con cañería de a pulgadas de diámetro con ramales de 2 pulgadas para alimentar 1 ó 2 hidrantes. La cañería debe ser metálica o de plástico que resista una presión superior a 18 Kg/cm2 y disponer de válvulas que cierren circuitos con inconvenientes. La presión mínima en cualquier punto de la cañería debe ser de 6 Kg/crn2, y 5,5 Xg/cm2 en los punteros.

2) Hidrantes: deberán existir cinco hidrantes a menos de 25 mts. de los locales con: a) dos bocas, b) criba para spray, neblina y chorro de agua, c) válvulas tipo globo o cónicas tipo storz en bocas de incendio o mangueras. Próximo a los hidrantes deben instalarse nichos con mangueras y/o dos cobertizos de incendio.

3) Cobertizos de incendio: deben instalarse dos establecimientos fijos contra incendio, próximos y equidistantes a las áreas de mayor riesgo que cuenten con el siguiente equipo mínimo cada uno: a) un carro de mangueras con tramo que cubran todas las distancias, b) punteros (lanza y pitón) en número acorde, c) 3 baldes con arena, d) una pala y un hacha, e) un extinguidor de polvo químico, f) un extinguidor de anhídrido carbónico.

4) Extinguidores: deben ser en número suficiente en todos los locales, de polvo y/o anhídrido carbónico debiendo estar en lugares de fácil acceso y en estado de permanente carga.

5) Equipo de protección personal: deberá disponerse como mínimo de una máscara con suministro de aire y un equipo autónomo de aire y oxigeno para la lucha contra el fuego.

6) Alarma automática de incendio con señalización controlada.

7) Todos los implementos deberán ser señalizados y hallarse libre de obstáculos según las normas de la ,Dirección Nacional de Bomberos, e instruirse al personal en el uso de los implementos y procedimientos en caso de emergencias.

CAPITULO V
Seguridad Industrial

Artículo 20.— Medidas preventivas para minimizar la exposición a las materias primas con riesgo de contaminación (TDI, aminas terciarias, cloruro de metileno, catalizadores en general): a) confinar las operaciones mediante su conducción por cañería en circuito cerrado; b) restringir su contacto con el aire ambiental al momento de la calibración de bombas o espumación propiamente dicha; c) piletas o diques de contención alrededor de los tanques de almacenamiento con sistemas de recolección apropiados para contener los derrames accidentales; d) sistema de depósito fijo y red de distribución de solución descontaminante mediante cañería instalada con alcance a los Depósitos de materias primas y al local de Espumado.

Art. 21. - Medidas preventivas del riesgo de combustión espontánea: a) instrumental que permita controlar la dosificación de materias primas; b) equipo de espumar apto para cortar, súbitamente ante eventuales problemas; e) pista de hormigón de al menos 20 m2 de superficie y alejada por lo menos 50 mts. de los mencionados locales, viviendas y vías de tránsito en general, para controlar los panes fabricados con disturbios en la producción; d) sistema de control de la temperatura de los panes enfriándose mediante el uso de termocuplas (como mínimo en 10 muestras en forma simultánea) y 2 sensores digitales de temperatura como mínimo; e) ensayo de laboratorio previo y obligatorio de todas las materias primas y de las nuevas formulaciones.

Art. 22. - Elementos de protección personal mínimos en el local de espumado:

1) Lluvia lavaojos y duchero de emergencia instalados próximos al área de trabajo con el producto.

2) Equipo autónomo de respiración a presión positiva con el cilindro permanentemente cargado y reserva de aire para reposición.

3) Sistema de recarga de los cilindros, de sistema en cascada o compresor con filtro para polvo, aceite y humedad.

4) Máscara respiratoria con línea de aire y manguera extensible, con alimentador de aire por bomba o soplador manual.

5) Anteojos de seguridad con protección completa para riesgos de salpicaduras en los ojos.

6) Guantes de protección de material resistente a TDI y solventes, botas de goma y delantales plastificados; en cantidad suficiente para el personal involucrado en la actividad.

7) Equipo de muestreo de aire para verificar la concentración de TDI en los diferentes locales de trabajo y corregir los sistemas de extracción o la manipulación de forma de cumplir con lo establecido en el Art. 14.

Art. 23. - Botiquín: debe disponerse de por lo menos un botiquín reglamentario con provisión de elementos acorde al número de personal ocupado, que deberá contener además de los elementos reglamentarios:

a) solución de ácido bórico;

b) copa lavaojos;

c) crema protectora siliconada para manos;

d) solución de ácido clorhidrico diluido al 0,5% o solución de ácido acético al 10%, para enjuague de manos o piel salpicadas con catalizadores aminados;

e) solución fisiológica de cloruro de sodio para el enjuague de los ojos que han sufrido salpicaduras de catalizadores aminados.

Luis B. Pozzolo. Senador."

"Carp. Nº 1095/88

EXPOSICION DE MOTIVOS

"Me parece una buena idea hacer participar a los ciudadanos de la empresa pública; no me parece un mal modelo el de la Telefónica, una empresa con funcionamiento privado y con participación pública (Estado 30 %). No me parece mal que Iberia tenga una participación accionarial privada del 30, del 40 o del 45 %. ¿Por qué no va a haber ciudadanos comprometidos con el destino de esa empresa?."

Presidente: del Gobierno Español
Sr. Felipe González

(JAQUE –24/2/88)

I) COMENTARIOS INICIALES

1 - 1) El proyecto que se presenta crea una empresa mixta en el más amplio sentido de la expresión. Su capital queda integrado por un 34 % en manos del Estado (acciones A), un 9 % en manos de pequeños accionistas con su compra en Bolsa limitada por Ley (acciones B), un 9 % en manos de los trabajadores los que podrán comprarlas en hasta un 30 % por debajo de su valor y venderlas cada cinco años (acciones c), y un 48 % en manos de inversores privados sin límite en su compra de acciones (acciones D). Las acciones "B" y "C" estarán sólo en manos de quienes sean ciudadanos uruguayos, limitándose así al 48 % el eventual capital invertido por residentes del exterior.

Se puede afirmar que la empresa que se proyecta es mixta en diversos sentidos: mixta en cuanto el 34 % de su capital será público y el 66 % restante será privado; mixta en cuanto incorpora inversión empresarial pero requiere de la participación de sus empleados; mixta en el sentido de que su capital está en manos de quienes la gestionan así como de la sociedad, que accede por la vía de un mercado de capitales disperso; mixta, finalmente, en cuanto podrá ser de propiedad de ciudadanos uruguayos (en mayoría) y residentes en el exterior.

I - 2) La composición del Directorio busca consagrar un equilibrio entre los varios intereses reseñados, al tiempo que se trata de asegurar la confianza del inversor en el sentido de que el mecanismo previsto no restará eficiencia a la gestión aero-comercial. En efecto, 3 directores representando a la serie "D", 2 a la serie "A", 1 a la "B" y 1 a la "C", aseguran, con mayor énfasis para el inversor privado propiamente dicho, una fácil alianza del esfuerzo.

I.3) PLUNA puede incorporar a la empresa creada con un capital de aproximadamente U$S 20:000.000 su activo en bienes y derechos y su pasivo a la empresa. El anteproyecto da las más amplias flexibilidades para esa integración del patrimonio de PLUNA (la administración central puede completar el aporte que le corresponde al Estado de manera de poder graduar la incorporación de activos y pasivos de PLUNA; el Estado puede auxiliar a PLUNA a pagar su pasivo mientras no lo incorpore a la empresa creada, ya que el pasivo del Estado por compra de aeronaves es puesto por la ley en el patrimonio de PLUNA). Asimismo se establece la flexibilidad necesaria en la configuración transitoria del Directorio durante el proceso de incorporación de capitales.

I.4) Obviamente el sistema empresarial proyectado busca compatibilizar la viabilidad política de la ley con la flexibilidad requerida en el presente momento de la historia aero-comercial.

El reciente acuerdo SAS-Aerolineas Argentinas establece a diferencia del proyecto a consideración- que los U$S 1.477:000.000 del pasivo de la empresa argentina pasen a cargo del Tesoro de la nación vecina. Varig acaba de establecer un acuerdo con Japan Airlines por el que asocian desde su capacidad informática y política de reservas hasta el tráfico entre sus dos países, para lo cual Varig invertirá U$S 3:000.000 de publicidad en el lanzamiento de su línea a Extremo Oriente.

Estos acuerdos regionales no son más que consecuencia del proceso de asociación entre empresas que se genera a partir de 1978, fecha de la desregulación del transporte aéreo en los Estados Unidos. La primera respuesta a esa medida fue la drástica reducción de las tarifas y el surgimiento de 200 pequeñas compañías en ese país.

A ese proceso inicial le siguió otro consistente en la concentración de empresas.

En la actualidad el 90 % del mercado norteamericano está en manos de 4 empresas. Ese proceso ha generado la constitución de grupos en Europa. El grupo Amadeus unió a S.A.S., Air France y Lufthansa; el grupo Galileus unió a la British Airways con Alitalia. Al mismo tiempo se generó un fenómeno de privatización de empresas que llevó a que la British Airways fuera ofertada en Bolsa, al tiempo que se anuncia la privatización parcial o total de Lufthansa, Japan Airlines e Iberia. Simultáneamente, la puja entre las concentradas aerolíneas se ha vuelto más dura. S.A.S. intentó comprar el 25 % de la British Caledonian la que fue finalmente comprada al doble de la oferta escandinava por British Airways.

En nuestra área, el acuerdo entre Aerolíneas Argentinas y S.A.S. establece que los directores de la empresa conjunta serán proporcionales a las acciones, pero que las decisiones esenciales requerirán el 70 % de los votos del Directorio. El hecho de que en 1987 S.A.S. haya generado utilidades por U$S 205:000.000 y Aerolíneas Argentinas pérdidas por U$S 126:000.000 demuestra la necesidad que tienen las empresas de los países subdesarrollados de una asociación con las de los países desarrollados. Esa asociación puede adquirir las más variadas formas (Joint Ventures, leasing, arrendamientos de equipor, etc.) en las que no siempre la necesidad de capital es el requisito de la viabilidad. Si lo es la capacidad de administración de las empresas y el manejo de los mercados, el servicio de datos y de comunicaciones, el Know How comercial, técnico, financiero y relativo a servicios de tráfico.

El Ministro argentino de Obras y Servicios Públicos, Sr. Rodolfo Terragno viene de declarar que esas relaciones son imprescindibles para que las empresas del mundo subdesarrollado en lugar de ser barridas por una competencia desigual, puedan convertirse en líneas exitosas de mayor escala". Agregó luego, refiriéndose a la fusión SAS - Aerolíneas Argentinas que "esta fusión es un adelanto a una batalla que emprenderán en poco tiempo todas las compañías aéreas líderes. Le ganamos a la ola de futuras fusiones en donde el más fuerte va a sobrevivir". En la misma ocasión el titular de Aerolíneas Argentinas afirmó: "no se puede hablar de un patrimonio neto compuesto de bienes físicos, pues lo importante para una línea aérea es saber los tramos que recorre y las frecuencias que tiene".

Uruguay debe tener -es la conclusión- una empresa flexible que pueda aunar la mayor cantidad de emprendimientos y de actores económicos.

II) EXPOSICION DE MOTIVOS

II.1) CONSIDERACIONES JURIDICAS GENERALES

Se ha tomado como consideración inicial del proyecto la norma constitucional (Art.188) que faculta al Estado a participar en actividades propias de la esfera comercial e industrial, siempre que para ello concurra la voluntad de una empresa privada y bajo condiciones mutuamente convenidas por las partes.

Con esa perspectiva, el proyecto propone la creación de una empresa aero comercial de naturaleza pública no estatal a fin de que ella permita a PLUNA impulsar el desarrollo del transporte aéreo nacional.

El mecanismo - práctico que hace posible esta asociación, así como la inyección de nuevos capitales necesarios para impulsar un ramo de actividad público financieramente comprometido, consiste en la autorización legal de esa participación, así como la intervención estatal en la dirección de la -empresa que se organiza.

II 2) CORPA - CORPORACION AEREA

La empresa, según se señaló, tendrá naturaleza de persona de derecho público no estatal, a la que, por el proyectado Art. 2º, se le da el más amplio objeto a fin de proceder a la explotación de servicios de transporte y trabajo aéreos, de conformidad a como los mismos son definidos por el Decreto-Ley Nº 14.305 (Código Aeronáutico). El camino elegido debe complementarse con la modificación (incluida en el proyectado Art. 27) de la competencia de PLUNA en el sentido de facultar al Ente Autónomo para la realización, por sí o por intermedio de terceros, de toda actividad de explotación comercial aérea.

El camino elegido hará necesaria la adecuación reglamentaria vigente confiriendo a CORPA -al igual que con PLUNA- la calidad de instrumento para ejecución- de la política de transporte aero-comercial del

Estado (Dec. 325/74 del 26-XII-74, Art. 19).

II.3) REGIMEN PATRIMONIAL

La empresa que se proyecta tendría cuatro fuentes de aporte para su funcionamiento:

a) El Estado, por la vía del aporte directo a cargo de la administración central o descentralizada y en especial por el que efectúe PLUNA, hasta integrar el 34% del paquete accionario, que se declara -por lo demás- intransferible salvo entre personas estatales o entre éstas y el Estado.

b) los ciudadanos- legales o naturales de la República; por la vía de un aporte de capital de hasta un 9% del

paquete accionario, realizado tras un ofrecimiento público de suscripción del mismo. Se busca asegurar, así, la accesibilidad nacional a certificados de aeronavegabilidad o permisos operativos que los Convenios de Chicago limitan a empresas cuya propiedad y dirección efectiva se encuentren en manos de nacionales de los Estados contratantes. Ningún Estado podría, de esta forma, negar a Empresa derechos de tráfico aéreo. (Secciones 5 y 6 de los convenios de Tránsito Aéreo y de Transporte Aéreo de Chicago, respectivamente). Este requisito es cumplido por los Estatutos de Varig, Aerolineas Argentinas, LAP, Aero Perú, iberia, Air France, etc.

c) El personal de la empresa que se crea, por la vía de un aporte de capital de hasta un 9% del paquete accionario al que podrá acceder por la vía del ofrecimiento de suscripción de acciones por un precio inferior basta en un 30% al precio promedio de las acciones de la serie accionaria ofrecida a los ciudadanos naturales o legales de la República en general.

(Los titulares de acciones de esta serie -al igual que los de la serie anterior correspondiente a personas físicas domiciliadas en la República- son limitadas en cuanto a su tenencia a 150 acciones, asegurando, de esa forma, la dispersión social de ambas emisiones. Se ha visto en ello una forma de asegurar la adhesión del público a un emprendimiento económico del que la sociedad resultará beneficiario final).

d) El público en general y sin limitaciones, por la vía de un aporte de capital de hasta el 48% del paquete accionario.

Cada aporte documentado en acciones reviste, por su parte, modalidades específicas.

Así, por ejemplo, sucede con el aporte de cargo del Estado, PLUNA u otras personas estatales. Al mismo le está reservado ser el primer impulso financiero a la empresa que se crea, en tanto permite la organización inicial de su Directorio a fin de que este proceda a la emisión de acciones de las restantes series y la posterior convocatoria a Asambleas Especiales que correspondan a fin de designar Directores representantes de dichas series (Art. 26). En el mismo sentido, el proyecto autoriza a PLUNA a efectos de poder integrar (Y se establece su prioridad para ello en el Art. 7º) todas las acciones de la primera serie de titularidad estatal, por medio del aporte de bienes o derechos de cualquier naturaleza. La viabilidad económica de la operación general de instalación de la empresa propuesta se apuntala en la medida en que los Arts. 6º y 30 proyectados ponen de cargo de PLUNA los pasivos originados por su equipamiento y asumidos como propios por el Estado. Esta previsión y la perspectiva que la nueva empresa pueda asumir parte de o todo ese pasivo habilita a pensar que los demás aportes serán requeridos en una proporción realista a la luz de la capacidad de gestión del mercado de valores nacional.

Como complemento de lo anterior, el proyecto prevé que la avaluación de bienes, derechos u obligaciones objeto de la operación de aporte se realice por empresas independientes y experimentadas, sin perjuicio del control de cargo del Tribunal de Cuentas (Art. 6º).

En el caso de la segunda serie de acciones, se prevé un mecanismo que debe apreciarse a la luz de esta última consideración; consiste en un ofrecimiento público preliminar del orden del 20% de las acciones como forma de determinación del precio de las mismas por el mercado bursátil. Esta determinación es significativa, en cuanto hace posible el ofrecimiento de acciones de la tercera serie a los empleados de la empresa y por un precio inferior hasta en un 30% al precio promedio así identificado (Art. 11) - No menos importante, ello se convierte en un método de ajuste que facilita el ofrecimiento, a precios reales, del resto de la segunda serie por parte del Directorio de la empresa (Art. 9º). Ambas series, por el proyectado Art. 12, pueden ser parcial o totalmente ofrecidas con carácter preferencial, según práctica bursátil corriente.

Con relación a la serie "C", se prevén mecanismos a fin de que el Directorio pueda poner la misma a disposición de los empleados de CORPA por un pago a plazos (Art. 11, inc. 2º) prohibiendo por cinco años su negociación por acto entre vivos (Art. 11, inc. 2º) y previendo la situación de estos papeles una vez vencido el referido plazo y en el caso de que los mismos fueren adquiridos por particulares (Art. 11 in fine) o en el de los empleados que, habiéndolos vendido, deseen adquirir nuevas acciones (Art. 11, inc. 4º).

Una segunda racionalidad detrás de estos procedimientos de colocación de valores consiste en impedir que opere una injusta transferencia de recursos del Estado hacia los particulares o viceversa por la vía de una fijación artificial del precio de las acciones, criterio también empleado al prohibir el proyecto en forma expresa que las acciones de la cuarta serie de libre colocación lo sean por un aporte inferior al estatal por cada acción (Art. 13). En el mismo sentido se prohibe la colocación de acciones a personas físicas domiciliadas en la República o a empleados de la empresa a un valor por acción inferior al 90% del mismo valor del aporte estatal (Art. 10).

El régimen patrimonial así reseñado se complementa con normas que aseguran que las personas físicas radicadas en el país, así como los empleados de la nueva empresa, no puedan ser titulares de más de 150 acciones de sus respectivas series (so pena de nulidad absoluta), al tiempo que se prescribe que todo ofrecimiento de valores se realice a través del mercado privado de valores (Art. 14).

II.4) ORGANIZACION

El proyecto ha buscado dotar a la nueva empresa de un sistema de organización sencillo y, al mismo tiempo, ágil en la medida en que responde a los criterios por lo general propios de las sociedades anónimas previstas por el derecho comercial.

Así, se prevé una integración del Directorio en la que estén representadas las cuatro series de accionistas en proporción a sus aportes (Art. 16), indicándose a continuación que los representantes estatales se designen por el procedimiento y dentro del régimen funcional de los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, tal como lo exige la Constitución de la República en su Art. 188.

En lo referido a las Asambleas de accionistas el proyecto prevé un régimen ya tradicional en el caso de la ordinaria anual (Arts. 21 y 22 del proyecto), al tiempo que instituye sendas Asambleas Especiales de accionistas de las tres series no estatales a efectos de que las mismas procedan a la elección de sus respectivos representantes en el Directorio de la empresa. Como un aporte a la jerarquización económica de las Asambleas se prevé que el Directorio de la empresa presente a las mismas estados de situación patrimonial y de resultados "conjuntamente con un informe elaborado por un auditor independiente" (Art. 23), modalidad de control ya existente en los requerimientos de Banco Central del Uruguay con relación a los balances de las instituciones financieras que operan en el país.

II.5) DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS

Las disposiciones finales del proyecto apuntan a tres órdenes de realidades;

a) Modalidad de instalación de la empresa que se crea por la vía del aporte estatal inicial. A este respecto se prevén asimismo mecanismos de incorporación al Directorio de representantes de acciones de las diferentes series resaltando -en el caso de las series "E" y "C" -que los mismos lo harán una vez colocado el 80% del total de acciones de cada serie (Art. 26, inc. 3) y, para el caso de la serie "D", que cada uno de los tres cargos que le corresponden en el Directorio se provean a medida que se coloque en el mercado privado de valores sendos tercios del paquete accionario de la serie (Art. 26 in fine). En ambos casos se busca evitar por vía legal todo tipo de desequilibrio entre la realidad económica y la directiva de la empresa.

b) Disposiciones aplicables al giro de la nueva empresa, consistentes en exoneraciones tributarias (Art. 24) y régimen jurídico de sus relaciones con terceros y empleados (Art. 25). Las exoneraciones tributarias corresponden a la iniciativa del Poder Ejecutivo contenida en los Arts. 12, 13 y 14 del proyecto elevado a la Asamblea General el 9 de setiembre de 1986.

c) Disposiciones que afectan a PLUNA tras la creación de la nueva entidad participante de la actividad aero comercial (Arts. 27, 28, 29, 30 y 31).

En lo referido al último punto, se incluye el ya comentado ajuste en cuanto a lo que debería ser el principal cometido de PLUNA (Art. 27), así como el traslado a la esfera patrimonial del Ente Autónomo de las obligaciones asumidas por el Estado en su equipamiento (Art 31), previendo el auxilio estatal a efectos del regular cumplimiento del servicio de la deuda así generada.

Como forma de ajustar, finalmente, la estructura actual del Ente Autónomo a una nueva modalidad empresarial caracterizada por la explotación en asociación mixta de los servicios aero-comerciales, se prevén dos cambios en la estructura actual de PLUNA:

a) El retorno de la administración del Ente a la modalidad de dirección unipersonal que se había previsto por la Disposión Transitoria Letra F) 3º de la Constitución de la República (Art. 28).

b) La autorización a la Dirección General de PLUNA a efectos de proceder a la redistribución de su personal excedentario en el resto de la Administración central o descentralizada, así como pasaje automático a la pasividad del personal que hubiere configurado causal jubilatoria a la fecha de publicación de la ley (Arts. 29 y 30). Este mecanismo de ajuste del recurso humano del Ente se complementa con la facultad que se confiere a texto expreso al Directorio de la nueva empresa a fin de que proceda a la contratación de funcionarios de PLUNA que se avengan a renunciar a su situación estatuaria, optando por un régimen laboral de derecho común.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
Creación de CORPA - CORPORACION AEREA

Artículo 1º - Créase la persona jurídica de Derecho Público no estatal denominada CORPA la que se domiciliará en la ciudad de Montevideo y podrá establecer agencias o sucursales en el interior o exterior de la República.

Art. 2º. - CORPA tendrá el siguiente objeto:

a) Prestar servicios de transporte aéreo público y de trabajos aéreos en sus distintas modalidades y de conformidad a lo dispuesto por los Tits. IX, XI y XII del Decreto-Ley Nº 14.305, del 29 de noviembre de 1974 (Código Aeronáutico), así como los diversos Tratados y Convenios Internacionales concluidos por la República.

b) Prestar servicios turísticos complementarios de las actividades previstas en el inciso anterior.

c) Prestar servicios de asistencia en tierra y de pre y post-vuelo.

d) Explotar a bordo de sus aeronaves el servicio de venta de mercaderías libres de tributo a los pasajeros que entren o salgan del país, con arreglo a los reglamentos aplicables.

e) Explotar -previa concesión- el servicio referido en el literal anterior dentro de los aeropuertos internacionales de la República.

Art. 3º - Para el cumplimiento de su objeto CORPA podrá:

1) Efectuar actividades aerocomerciales conjuntamente o en cooperación con empresas o entidades de transporte aéreo o servicio aeronáutico, ya sean éstas nacionales o extranjeras.

2) Adquirir acciones o partes de capital de dichas empresas o de otras que presten servicios vinculados con su objeto social.

3) En general, realizar toda clase de actos o celebrar todo tipo de contratos directamente vinculados con ese objeto.

CAPITULO II
Régimen Patrimonial

Artículo 4º - El capital autorizado de CORPA será de 3.000.000 UR representado en acciones nominativas de 3 UR cada una y dividido en cuatro series, según se indica seguidamente;

a) 340.000 acciones de la serie "A", de las que sólo podrán ser titulares el Estado, PLUNA y otras personas estatales.

Las acciones de esta serie serán intransferibles. La intransferibilidad no regirá, sin embargo, entre personas estatales ni entre éstas y el Estado.

b) 90.000 acciones de la serie "B", de las que sólo podrán ser titulares ciudadanos uruguayos.

Ninguna de esas personas podrá ser titular de más de 150 acciones de esta serie, so pena de nulidad absoluta.

c) 90.000 acciones de la serie "C", reservadas al personal de CORPA de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la presente ley. Ninguna persona podrá ser titular de más de 150 acciones de esta serie, so pena de nulidad absoluta. Estas acciones sólo podrán ser adquiridas por miembros del personal de la empresa que sean ciudadanos uruguayos.

d) 480.000 acciones de la serie "D" que no estarán sujetas a limitaciones en cuanto a su tenencia o negociación sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 13 inc. 2"-de la presente ley.

Art. 5º - Cada acción dará derecho a un voto,

Art. 6º. - Autorízase a PLUNA a integrar hasta 340.000 acciones de la serie "A" mediante el aporte de bienes o derechos de cualquier naturaleza, pudiendo consistir dicha operación en la concomitante asunción por parte de CORPA de obligaciones contraídas por PLUNA, siempre que las mismas sean inferiores al activo aportado.

A efectos de la avaluación de los bienes o derechos que PLUNA aporte -así como de las obligaciones que CORPA asuma- de conformidad a lo dispuesto por el inciso anterior, el Ente Autónomo deberá llamar a concurso de antecedentes del que participarán firmas independientes especializadas. De la avaluación resultante se dará vista al Tribunal de Cuentas a fin de que certifique su regularidad de conformidad a lo dispuesto por el Art. 211 de la Constitución de la República.

Art. 7º. -Autorízase a la Administración Central a efectuar el aporte necesario para integrar las acciones de la serie "A" que no hubieran sido integradas por PLUNA.

Art. 8º - CORPA formulará un primer ofrecimiento público de suscripción de hasta un 20% de las acciones de la serie "B" a todas las personas que se encuentren en condiciones de ser titulares de las mismas y con las limitaciones que se establecen en el Art. 5º de la presente ley.

Art. 9º. - Las restantes acciones de la serie "B" podrán ser objeto de nuevos ofrecimientos públicos de suscripción, entre las personas habilitadas para ello, en las condiciones dispuestas por el Directorio y en la oportunidad u oportunidades que éste entienda conveniente.

Art. 10. - Las acciones de la serie "B" no podrán ser ofrecidas en su primera colocación por un valor inferior (por acción) al 90% del valor por acción de la serie "A", sin perjuicio de lo establecido por el artículo anterior.

Art. 11. - Dentro de los 90 días subsiguientes a los ofrecimientos referidos en los Arts. 8º y 9º, el Directorio

podrá formular ofrecimientos de. suscripción de la serie "C" por un precio que será inferior en hasta un 30% al precio promedio de las acciones de la serie "B" suscriptas en la oportunidad inmediatamente anterior.

El Directorio de CORPA debe reglamentar la compra a plazos de acciones de la serie "C" por parte de los empleados de la empresa.

Los adquirentes de acciones de la serie "C" no podrán negociarlas por acto entre vivos hasta transcurridos cinco años contados a partir de la fecha de su integración.

La reglamentación dispondrá las condiciones en que el Directorio emitirá nuevas acciones de la serie "C" para su adquisición por parte de los empleados de CORPA que hubieran vendido aquéllas de las que eran titulares una vez vencido el plazo previsto por el inciso anterior.

Las acciones de la serie "C" en poder de personas que las hubieren adquirido a la expiración del plazo previsto en el inc. 3º y que no revistieran la condición le empleados de CORPA no darán lugar al derecho a voto en las Asambleas de accionistas. Las acciones transferidas por el mudo sucesión, si darán derecho a voto.

Art. 12. - El Directorio podrá otorgar carácter preferencial a todo o parte del paquete accionario de las series "B" y "C", cuyo carácter podrá consistir en la garantía de rendimientos financieros mínimos.

Art. 13. - Las acciones de la serie "D" serán negociadas en la forma que determine el Directorio.

En ningún caso se emitirán acciones de esta serie a cambio de un aporte inferior al valor del aporte por cada acción de la serie "A".

Art. 14. - Todos los ofrecimientos públicos de suscripción de acciones se harán a través del mercado privado de valores.

El Directorio de CORPA deberá llevar un Registro actualizado y discriminado de los titulares de las series "B", "C" y "D", en el que constará asimismo el número de acciones de las que se es titular, así como la fecha de su adquisición.

CAPITULO III
Organización

Artículo 15. - Los órganos de CORPA son el Directorio y la Asamblea General.

Art. 16. - El Directorio se compondrá de siete miembros, accionistas o no, dos de los cuales lo serán en representación de las acciones de la serie "A", uno en representación de las acciones de la serie "B", uno en representación de las acciones de la serie "C" y tres en representación de las acciones de la serie "D".

Art. 17. - Los Directores que representen a los accionistas de la serie "A" serán designados por el Poder Ejecutivo de conformidad con el procedimiento previsto por el Art. 187 de la Constitución de la República, y se les aplicarán en lo pertinente los Arts. 192, 198 y 200 de la misma.

Art. 18. - Los Directores que representen a los accionistas de las series "B", "C" y "D" serán electos por sendas Asambleas Especiales de Accionistas convocadas al efecto, mediante el voto de la mayoría de accionistas presentes que sean titulares de acciones de las series "B", "C" y "D" respectivamente.

Los Directores podrán ser reelectos.

Art. 19. - La representación de CORPA corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente. El Presidente y el Secretario serán designados por el Directorio de entre sus miembros.

Art. 20. - Al Directorio compete:

a) Organizar y, administrar CORPA sin otras limitaciones que las que resulten de la Constitución y las leyes.

b) Designar, sancionar y despedir a sus empleados de conformidad con las normas del derecho laboral.

c) Dictar el reglamento general de funcionamiento de CORPA y los especiales que considere pertinentes.

d) Presentar anualmente a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la Memoria, el Balance y Proyecto de Distribución de Utilidades.

e) Remitir al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa de la situación del organismo acompañada de los estados, balances y datos complementarios pertinentes.

f) Contraer deudas y celebrar toda clase de contratos con instituciones financieras o comerciales, nacionales o extranjeras.

g) Celebrar acuerdos de suscripción de acciones, conforme a lo establecido en esta ley, y emitir las acciones correspondientes.

h) Adquirir y enajenar acciones de otras sociedades o constituir sociedades independientes.

i) Realizar todos los actos y contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 21. - La Asamblea General de Accionistas sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los 90 días del cierre del ejercicio, para considerar el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos. En la misma oportunidad, las respectivas Asambleas Especiales de accionistas de las series "B", "C" y "D", procederán a elegir a sus respectivos representantes en el Directorio;

La Asamblea fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Podrá ser convocada en forma extraordinaria en cualquier momento por el Directorio por decisión propia o a solicitud de accionistas que representen el 20 % del capital accionario.

Las Asambleas Especiales de accionistas de las series "E", "C" y "D" serán convocadas por el Directorio cuando ello le sea solicitado por accionistas de estas series que representen el 25 % del capital accionario correspondiente a las mismas.

Art. 22. - Las Asambleas se convocarán por un aviso publicado en el Diario Oficial con una antelación no menor a diez días hábiles de la fecha fijada para su celebración. Ese día se abrirá un registro de accionistas que será cerrado al iniciarse el acto. Las Asambleas sesionarán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 50 % (cincuenta por ciento) del capital accionario con derecho a asistir a la Asamblea. De no reunirse este quórum, sesionarán en segunda convocatoria media hora más tarde, con los accionistas que se encuentren presentes.

Art. 23. - Los estados de situación patrimonial y de resultados de CORPA deberán ser presentados a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conjuntamente con un informe elaborado por un auditor independiente, que será puesto a disposición de todos los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria.

CAPITULO IV
Disposiciones Especiales y Transitorias

Articulo 24. - Las actividades de CORPA se declaran de interés nacional. En consecuencia, CORPA queda exonerada de todo otro tributo que corresponda pagar en ocasión de la importación de aeronaves, elementos moto propulsores, instrumentos, repuestos o materiales necesarios para las mismas, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, estará exonerada del Impuesto al Patrimonio por el término de diez años a contar desde la vigencia de la presente ley.

Art. 25. - Serán de aplicación a CORPA, a sus relaciones con terceros, con su personal y, en general, a todos los actos y contratos en que intervenga, las normas del derecho privado, en particular las que rigen el funcionamiento de las sociedades anónimas y sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 26. - Efectuado el primer aporte de capital a CORPA por parte de PLUNA o la Administración Central, cuando el mismo constituya por lo menos el 30 % del valor de la serie "A", de conformidad a lo dispuesto por el Art 4º, inc. 1º num. A de la presente ley, la empresa quedará formalmente constituida.

En tanto no se emitan acciones de las series "B", "C" y "D", el Directorio de la empresa podrá sesionar con la sola presencia de los Directores designados en representación de la serie "A".

El Directorio de CORPA convocará la o las Asambleas Especiales que corresponda a efectos de la elección de los directores representantes de las series "B" y "C" una vez que se haya colocado el 80 % del total de acciones de cada serie.

De igual forma, cada uno de los tres cargos del Directorio en representación de la serie "D" será provisto por elección a medida que se coloque en el mercado privado de valores sendos tercios del total de acciones de la serie.

Art. 27. - Modifícase el literal "A" del Art. 3º de la Ley Nº 11.470, del 12 de noviembre de 1951, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"A) Realizar por si o por intermedio de terceros la explotación de toda actividad comercial aérea en todas sus modalidades (Títulos IX, XI y XXI del Decreto-Ley Nº 14.305, del 29 de noviembre de 1974 (Código Aeronáutico) )".

Art. 28. - El Ente Autónomo Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea será administrado por un Director General designado en la forma prevista por el Art. 187 de la Constitución de la República a partir de la fecha de instalación del Directorio de CORPA.

Art 29. - Facúltase a la Dirección General del Ente Autónomo PLUNA a efectos de proceder -en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil- a la redistribución en el resto de la Administración Central o Descentralizada de su personal considerado excedentario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Directorio de COREA podrá proceder a la contratación de funcionarios de PLUNA que se avengan a ello en el régimen laboral y condiciones aplicables a los trabajadores de la actividad privada.

Art 30. - Los funcionarios de PLUNA que, a la fecha de publicación de la presente ley, configuren causal jubilatoria cesarán en sus funciones, quedando amparados en el beneficio de la pasividad.

Art. 31. - Dentro del plazo de noventa días a contar desde la fecha de promulgación de la presente ley PLUNA tomará de su cargo la totalidad de las obligaciones contraídas por el Estado para la adquisición de aeronaves, partes y repuestos que integran su patrimonio.

Mientras permanezcan las referidas obligaciones en su patrimonio, PLUNA podrá requerir de la Administración Central la ayuda económica necesaria a fin de cumplir con el servicio de la deuda consiguiente.

Art. 32. - Comuníquese, etc.

Manuel Flores Silva. Senador."

5) BANCO CENTRAL. Reclamos de sus funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE: (Dr. Américo Ricaldoní). -El Senado entra a la hora previa para la. que está inscripto el señor senador Gargano.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: nos vamos a ocupar de la situación que viven los funcionarios del Banco Central.

Queremos señalar que hemos recibido en estos días un memorándum firmado por la Comisión Representativa de estos empleados, de cuyo contenido queremos hacernos eco por considerarlo de gran importancia. Este se refiere a la situación institucional del propio Banco Central y de sus funcionarios, así como de las carencias comprobadas por éstos en materia de cumplimiento presupuestal que afectan sus intereses.

En lo que respecta a la. situación institucional del Banco Central diremos que sus funcionarios están reclamando desde el mes de abril de 1985, la aprobación de una Carta Orgánica, de la que carece el Organismo rector de la economía en el campo financiero.

Recordemos que el Banco Central fue creado por una Ley de Emergencia dictada en 1967, en momentos en que la banca estaba inmersa en una grave crisis.

Demás estaría decir, que compartimos plenamente esta reivindicación de los funcionarios, así como también sus expectativas en cuanto a que, bajo el actual Gobierno democrático, se superaran finalmente, las carencias que se arrastran desde tan largos años y que no fueron posibles de solucionar bajo la dictadura. Creemos que al día de hoy resulta totalmente inadmisible que el Banco Central carezca de una verdadera Carta Orgánica y en tal sentido nos sumamos al reclamo de sus funcionarios.

También se reclama la aprobación de un Estatuto del Funcionario, en cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República. Consideramos fundamental dicho reclamo, aprovechando a la vez para señalar que no es el Banco Central del Uruguay la única institución estatal cuyos funcionarios carecen de un Estatuto, encontrándose eh tal situación, para señalar un ejemplo muy cercano, los funcionarios que dependen del Senado de la República e inclusive de la propia Comisión Administrativa, como ya se ha señalado en esta Sala en más de una oportunidad.

En el caso de los funcionarios del Banco Central; la carencia es tanto más notoria, por cuanto se trata de una institución esencialmente técnica, cuya profesionalidad se debe asegurar.

La falta de Estatuto, según señalan los funcionarios, torna inexistente el respeto por la carrera funcional, tanto en lo referente a normas para el ingreso, como para ascensos y calificaciones, reclamando los funcionarios contra lo que consideran desconocimiento absoluto de sus derechos.

Tal situación -que se suma a los aspectos de carácter presupuestal- habría transformado al Banco Central (siempre a juzgar por los juicios de sus funcionarios) en un proveedor de personal calificado para la actividad privada en especial, para el sistema financiero- como consecuencia de la actual falta de expectativa e incentivos para permanecer en la institución. También este tema se viene planteando a las autoridades públicas desde abril de 1985, sin que se haya recibido de su parte la debida respuesta, ni se hayan tomado medidas concretas para superar tal situación. Recuerdan. los funcionarios, que en el año 1985 integraron una Comisión Bipartita con delegados del propio. Directorio, elaborándose un proyecto democráticamente discutido a través de los carriles gremiales, el que no contara con la aprobación final del Directorio, no proponiéndose ningún proyecto alternativo por parte de éste.

Finalmente, queremos referirnos también a un tema relativo al verdadero incumplimiento de plazos presupuestales en que habrían caído las autoridades del Banco Central y que afectara en forma directa a sus funcionarios: éstos acaban de denunciar que las autoridades del Banco no cumplieron en fecha -de acuerdo a los plazos constitucionales- con la presentación del Presupuesto del Ente, razón por la cual el mismo no seria recibido por el Tribunal de Cuentas.

En relación a este tema, debemos decir que los funcionarios reclaman de las autoridades la atención a su problemática, por cuanto han oído versiones de que sólo se atenderían en la próxima Rendición de Cuentas los aspectos vinculados a Gastos e Inversiones, y no los que se refieren a sus reivindicaciones salariales.

Queremos destacar ante el Senado y la opinión pública, la actitud altamente constructiva que han tenido los funcionarios del Banco Central, quienes han recurrido constantemente a los carriles institucionales para lograr la atención a sus reivindicaciones y quienes, además, hoy recurren al Parlamento con el mismo propósito.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio, a las autoridades del Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) UNIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS. Autorización a la Comisión de Asuntos Internacionales a patrocinar la realización de un curso en tal sentido a la Comisión Latinoamericana para los Derechos Humanos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Se entra al orden del día.

Se pasa a considerar el primer punto que figura en el orden del día: "Proyecto de resolución por el que se autoriza a la Comisión de Asuntos Internacionales a patrocinar a la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), en la realización de un curso internacional denominado Universidad y Derechos Humanos. (Carp.Nº 1087/88)".

(Antecedentes: ver 7a.S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Continúa la discusión particular.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: en mi condición de Presidente "ad hoc" de la Comisión de Asuntos Internacionales, me corresponde solicitar del Plenario del Cuerpo que este primer punto del Orden del día pase a la Comisión de Constitución y Legislación, a efectos de que ella sea la que determine la posibilidad constitucional y reglamentaria para que se pueda realizar el patrocinio del evento al que se acaba de hacer referencia.

El tema, como es de conocimiento del Senado, viene informado por seis votos en seis de la Comisión de Asuntos Internacionales en el día de ayer. Fueron planteadas algunas reservas con respecto a la pertinencia institucional del patrocinio planteado. Existió y existe unanimidad en la Comisión, en cuanto a que este tema es de competencia del Senado y que no existe facultad propia de la Comisión de Asuntos Internacionales para poder resolverlo. Se cuestionó inclusive la posibilidad de que el propio Senado procediera a dicho patrocinio. En el seno de la Comisión se plantearon posiciones distintas y hasta opuestas con respecto a las potestades que en tal sentido el Senado podría tener por cuanto no existió posibilidad de acuerdo, se entendió conveniente que la Comisión de Constitución y Legislación fuera la que examinara este asunto, a fin de que su pronunciamiento tuviera alcance general para próximos problemas de carácter similar que pudieran plantearse en esta Cámara.

Deseo señalar no en mi condición de Presidente "ad hoc" de la Comisión, sino como miembro de ella- que en lo personal estoy dispuesto a -darle mi voto afirmativo a este planteo, pero en virtud de que no existió acuerdo entre los señores senadores miembros de la Comisión -agrego que creo que el señor senador Rodríguez Camusso se encuentra en la misma posición que quien habla- entendimos que era deseable que el tema no fuese objeto de una deliberación que, teniendo en cuenta la posibilidad de que la votación de este asunto restara de doce votos contra catorce, pudiera implicar un planteo que no favorecerla la realización del mencionado evento.

Por lo tanto, haciéndonos eco de una decisión unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales, solicitamos que este primer punto del orden del día pase al seno de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, a efectos de que ella se pronuncie sobre la pertinencia y tipo de patrocinio que ha dado lugar a este planteo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Se va a votar la moción formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) NACIONALIDAD ORIENTAL. Establecimiento de normas para su determinación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para los hombres o mujeres nacidos en cualquier parte del territorio y para sus hijos cualquiera sea el lugar de su nacimiento. (Carp. Nº 763/87 -Rep. Nº 146/87 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 3a. S.0.)

"Carp. Nº 763/87
Rep. Nº 146/87

ANEXO I

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

ARTICULOS SUSTITUTIVOS

Artículo 3º.- Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2º de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales.

Art. 4º. - Interprétase el artículo 74 de la Constitución en el sentido que debe entenderse por avecinamiento la realización de actas que pongan de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido, tales como, por ejemplo:

a) la permanencia en el país por lapso superior a un año;

b) el arrendamiento, la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella;

c) la instalación de un comercio o industria;

d) el emplearse en la actividad pública o privada;

e) cualesquier otros actos similares demostrativos del propósito mencionado.

Art. 5º. - La justificación de los extremos requeridos precedentemente se hará ante el Ministerio del Interior de acuerdo con la reglamentación que dictará la Corte Electoral y aquél expedirá el certificado que acredite el avecinamiento.

Sala de la Comisión, 14 de abril de 1988.

Dardo Ortiz, Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Pedro W. Cersósimo, Juan C. Fá Robaina. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Continúa en discusión particular.

Hay artículos sustitutivos al final Nº 146, Anexo I, Carpeta Nº 763/87.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Es para formular una pregunta a la Mesa.

Este proyecto ya había sido tratado aprobado en general y había comenzado su discusión particular. Si no recuerdo mal, ya habían sido aprobados algunos artículos del mismo.

Creo que correspondería que se precise con claridad cuáles son los artículos que han sido aprobados y dónde retomamos la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoni). -Informa la Secretaria que han sido arrobados los artículos 1º, 2º y 3º.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI - El artículo 3º fue votado y posteriormente cuestionado, en virtud del carácter que tuvo esa aprobación. Pero ahora advierto que dicha disposición tiene un sustitutivo y el actual artículo 3º pasa a ser 4º. Los dos últimos pasan ahora a ser un solo artículo, que es el 5º nuevo propuesto por la Comisión.

Creo que lo que correspondería sería reconsiderar el artículo 3º y votarlo negativamente; y después, empezar a tratar el nuevo texto del artículo 3º, el 4º y el 5º.

Formulo moción en ese sentido, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoni). -Se va a votar la moción formulada por el señor senador Cigliuti, en el sentido de reconsiderar el artículo 3º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º originariamente propuesto por la Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que eso no significa que luego no consideremos el artículo 4º del proyecto sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -No, señor senador.

Se va a votar el artículo 3º que había sido originariamente votado y cuya reconsideración fue aprobada hace unos instantes.

0 en 18. Negativa.

En consideración el artículo 3º sustitutivo.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 3º - Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2º de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr Américo Rlcaidoni), -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ - Este artículo que ahora se considera fue establecido atendiendo a las observaciones de algún señor senador que tenía la duda de si las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre oriental, podrían trasmitir a sus hijos esa calidad, sobre todo la de ciudadano.

La Comisión entendía que la redacción primera era suficientemente clara, pero como una mayor claridad nunca está demás, se puso este artículo de manera expresa para que no quede ninguna duda al respecto. Es decir que con esta ley favorecemos a los hijos de padre o madre oriental, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, pero no a los nietos, es decir, a los hijos de esos hijos.

Este es un punto que queda perfectamente aclarado con este artículo 3º sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Riealdoni). -Se va a votar el artículo 3º sustitutivo.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Léase el artículo 4º sustitutivo.

(Se lee:)

"Artículo 4º - Interprétase el artículo 74 de la Constitución en el sentido que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido, tales como, por ejemplo:

a) la permanencia en el país por lapso superior a un año;

b) el arrendamiento, la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella;

c) la instalación de un comercio o industria;

d) el emplearse en la actividad pública o privada;

e) cualesquier otros actos similares demostrativos del propósito mencionado".

SEÑOR ORTIZ. - Pido lo palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: con, respecto a este artículo, el Senado recordará que el señor senador Cigliuti hizo diversas, observaciones, entre ellas la de que estábamos estableciendo algunas exigencias que le parecían excesivas. Citó expresamente la del apartado a), que dice: "la permanencia en el país por lapso superior a un año".

La Comisión consideró las observaciones del señor senador Cigliuti, pero opina que ellas están salvadas y que tal vez lo que ha ocurrido en que no ha sido debidamente interpretado e1 artículo. Este no exige la permanencia, de un año, sino la realización de actos que pongan de manifiesto la voluntad de la persona de avecinarse en el país. Ella puede no haber permanecido todo un año en el país, pero si instaló un comercio o compró una casa, justifica su avecinamiento.

En consecuencia, ésta no es una exigencia desmedida ni mayor que otras; es sólo un ejemplo más. Si estuvo un año en el país, por supuesto está incluida, pero si compró una casa, se empleó o instaló una industria, alcanza.

Por esas razones consideramos que la observación del señor senador Cigliuti está contemplada en este artículo, motivo por el cual lo hemos mantenido tal como está.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Agradezco mucho al señor senador Ortiz las explicaciones que acaba de proporcionar para la interpretación del texto del artículo 3º, que pasa a ser 4º.

Me siento un poco renuente a aceptar una modificación de la Ley de Registro Cívico, porque esta disposición que establece que son ciudadanos los hijos de padre o madre uruguayos especifica que "son ciudadanos naturales uruguayos, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento". Vale decir que se incorpora el principio de "jus sanguinis" al del "jus soil" establecido en 1830. Y la ubicación de los dos en el mismo texto constitucional, data de 1919. La segunda Constitución fue la que estableció esta disposición.

Cinco años más tarde, en 1924, con este mismo texto constitucional, se aprobaron las leyes que establecieron las normas de carácter jurídico que regulan el sufragio y sus garantías en el país y que, desde entonces hasta aquí, determinaron la pureza de los pronunciamientos electorales.

En aquella oportunidad, veinticinco personas integrantes de los dos partidos tradicionales, redactaron la Ley de Registro Cívico Nacional, la Ley de Elecciones y la Ley Complementaria de Elecciones; y reglamentaron la norma constitucional.

Con respecto a los ciudadanos naturales, hijos de padre o madre uruguayos, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, la ley sólo pidió el certificado de nacimiento debidamente legalizado. Además, el certificado del padre o madre, que probara que ellos eran uruguayos y por consecuencia le trasmitían a su hijo la ciudadanía natural uruguaya. Es decir que a los ciudadanos naturales del país así como a los nacidos fuera de él, se les pedía que cumplieran con la misma exigencia; se agregaba el requisito de la presentación de un certificado debidamente legalizado, de acuerdo con la ley del país de origen, en el que debía constar: el nombre y el apellido del que solicita la inscripción, nombres y apellidos de los padres, lugar y fecha de nacimiento y referencia precisa del documento original en el que consten los datos expresados y mediante, además, la presentación de un certificado debidamente autenticado del Registro Civil o Parroquia en su caso, en que conste que el padre o la madre del causante son orientales, el lugar y fecha de su nacimiento y referencia precisa al documento original en el que consten los datos expresados.

En cuanto a la prueba de residencia, no la exige; solamente se pide la prueba de residencia de vecindad, que se cubría con testigos y que posteriormente fue suprimida.

El legislador de 1924, que estableció las leyes fundamentales de la organización electoral nacional para los nacidos fuera del país no exigió otra prueba que la de su nacimiento y la del nacimiento del padre o la madre oriental. Ahora, por este proyecto de ley, se le exige probar el avecinamiento. Me resisto a creer que realmente sea pertinente hacerlo, porque estas leyes han regido durante 64 años y, a ese respecto, nunca hubo la menor dificultad.

¿Cómo prueba su avecinamiento el que solícita la inscripción, señor Presidente? Hasta ahora lo hace, simplemente, concurriendo a la oficina inscriptora, a donde lleva los documentos que establece la ley original. Sinceramente creo que está bien así. No me parece que haya exigencia de carácter especifico alguno que dé mérito a decir que el ciudadano natural uruguayo nacido en el extranjero debe probar su avecinamiento. Interpreto correctamente lo que ha dicho el miembro informante, señor senador Dardo Ortiz, que es necesario que se revisen algunos de los actos que se pueden comprobar por intermedio de las cuatro o cinco disposiciones que establece el texto; pero también creo, por ejemplo, que si un muchacho de 18 años está en el país y viene a inscribirse con su certificado -hasta ahora ha hecho bien- no es necesario, de aquí en adelante, exigirle alguna de estas pruebas, las que le puede ser difícil -o no- aportar. En cierta medida, la Constitución dice que tiene que presentarlas. En fin, vamos al hecho de que tiene que avecindarse en el país. ¿Qué es lo que sucede con un muchacho que ha nacido en el extranjero y ha venido con sus padres al Uruguay, y luego de un tiempo de residencia en el país, cumple 18 años? Llega el momento en que se inscribe. Entonces, ¿cómo hace para probar todo eso? Hasta el presente no ha tenido que hacerlo, y francamente no creo que sea necesario.

Con estas palabras, señor Presidente, quiero dejar a salvo mi posición. Agradezco mucho el interés de la Comisión e interpreto cabalmente lo expresado por el señor senador Ortiz. Actualmente a los ciudadanos naturales nacidos en el país sólo se les exige el certificado de nacimiento y a los nacidos fuera de él se les pide el mismo certificado y además el del padre o el de la madre para probar el vinculo que exige la Constitución, y en mi opinión así tendría que quedar.

En consecuencia, reitero mi posición contraria a este artículo, ahora 4º, que se discutió, originalmente, con el número 3.

SEÑOR ORTIZ. -Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ORTIZ - La posición del señor senador Cigliuti es la de mantener una vieja costumbre arraigada en el país. Pero en realidad nosotros no somos los que establecemos estos requisitos, que son de una gran amplitud. Hay que reparar que en el literal e) se dice: "cualesquier otros actos similares". Es decir, que sobre el avecinamiento hay toda una gama de pruebas. Nosotros no establecimos los requisitos en forma arbitraria sino en cumplimiento de una disposición constitucional. En otro orden de cosas, nos resistimos a pensar que una disposición constitucional sea inútil, que el texto de la Carta, esté sobreabundando, y que no merezca tenerse en cuenta. Consideramos que si la Constitución dice que hay que avecinarse en el país, por algo habrá sido, no por azar. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con un mandato constitucional.

El señor senador Cigliuti tendrá que admitir que nuestra posición también es razonable, que no es absurda, exagerada o arbitraria, que los requisitos no han sido puestos para dificultar las cosas, sino para cumplir con la Constitución. Debe advertirse, también, que son mínimos; cualquier cosa puede probar el avecinamiento. Aquí hemos puesto algunos a título de ejemplo, pero hemos puesto, también, cualquier otro acto similar. De manera que no me parece tampoco muy conveniente que una persona que vive en el exterior, un día desembarque en Montevideo y vaya a inscribirse, porque lo que se ha hecho hasta ahora es una farsa. En este momento no se exige ningún requisito. Hasta hace algunos años se exigían dos testigos y todos sabemos lo que significan los testigos de favor. Es la misma cosa que aquéllos que iban a la Caja de Jubilaciones a atestiguar que equis persona había sido costurera, etcétera. El caso es el mismo. Dos amigos dicen que van a declarar con todo gusto y lo hacen sin asumir responsabilidad alguna, porque la Corte no investiga nada.

En consecuencia, no me parece aconsejable que en el país adquieran la ciudadanía y puedan decidir en un pleito electoral, personas que han venido expresamente para eso, que no tienen avecinamiento y que se pueden ir al otro día. O sea que vienen el día de la elección a votar y luego se van. Por lo tanto me parece que no está de más cumplir con un mínimo de requisitos.

Es cierto que la costumbre a que ha aludido el señor senador ha operado pacíficamente, pero eso no quiere decir que sea buena o excelente. En cualquier momento -como ya ha sucedido- el país puede presentar transformaciones en su población, en sus acontecimientos políticos y no creo que sea conveniente dejar las puertas abiertas a hechos que hasta ahora no se han producido pero que pueden ocurrir. Entonces, exigir la prueba de avecinamiento no sólo significa cumplir con un mandato constitucional, sino inclusive con una norma de buena política; es decir, de vigilar que los que estén votando y decidiendo los destinos políticos del país, por lo menos cumplan con estos requisitos mínimos.

Naturalmente, señor Presidente, que las dos posiciones son inconciliables. Reconozco la sensatez de lo que señala el señor senador Cigliuti, pero él tendrá que reconocer que la Comisión también ha obrado razonablemente.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite; para una aclaración?

SEÑOR ORTIZ. - Si, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoni). - Para una aclaración, puede interrumpir el señor senador

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: el señor legislador de 1924 reglamentó de una manera el texto constitucional. El legislador de 1988 tiene toda la facultad, el derecho y hasta la obligación de reglamentarlo de otro modo. Yo no digo que dejo a salvo mi posición porque durante 64 años ha regido un determinado sistema, sino porque me parece -y lo he pensado siempre- que el tratamiento, en un mínimo, debe ser igual para todos, porque todos son ciudadanos naturales uruguayos, puesto que la Constitución no hace distingo entre uno y otro. Tanto puede ser Presidente de la República el que nació aquí como el que nació fuera del país pero de padre o madre uruguayos.

El legislador de 1924 consideró que bastaba con la prueba de vecindad, cosa que anuló otra ley posterior. Comprendo -y es verdad- que se pueda admitir que sea necesario exigir más. Pero yo no le exijo más. Creo que no se puede establecer ningún distingo ni tener ninguna prevención, y menos a través de la ley, con mis compatriotas y conciudadanos, -que no están en el país, que nacieron fuera de él, pero que, de acuerdo con la Constitución de la República, son ciudadanos naturales igual que yo, que nací aquí, por cuya razón no me parece que nosotros tengamos que establecer para con esos ciudadanos -unos, veinte o mil, no sé cuántos una disposición que diga que tienen que probar ciertas cosas para ser iguales que yo.

Quienes no nacieron en territorio uruguayo pero desean estar en las mismas condiciones que los ciudadanos naturales, sólo tienen que agregar una prueba más: la de la nacionalidad del padre. No hablo de la costumbre ni del tiempo transcurrido, sino de una interpretación honesta de la situación. No digo que no sea aceptable que la Comisión entienda que debe reglamentarse; si afirmo que, a mi juicio, la reglamentación vigente es bastante.

En consecuencia, si no voto favorablemente es porque me parece bien lo que se ha hecho hasta ahora y porque creo que no se deben establecer distinciones entre personas que tienen la misma condición por mandato constitucional, con todas las obligaciones inherentes a ella, pero también con iguales derechos sin ninguna restricción de unas y otros.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr Américo Ricaldoni). -Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - La Constitución de la República, en su artículo 74, establece una clarísima e inequívoca distinción entre dos ciases de ciudadanos naturales; a los cuales exige requisitos distintos para ejercer sus derechos.

Basta para comprenderlo la lectura serena y desapasionada de la norma.

Creo que no está de más leer el texto de dicha norma. Dice así: "Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República". Ese sería el primer caso. Luego continúa: "Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales cualquiera haya sido el lugar dé su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico". Este sería el segundo caso.

Quiere decir que por el hecho de ser hijos de padre o madre orientales los nacidos en Francia o en Groenlandia -si es que los hay- no son ciudadanos naturales del Uruguay; sólo lo serán el día que se avecinen en el país y se inscriban en el Registro Cívico. Por eso es de absoluta lógica que se exijan requisitos diferentes.

En el primer caso -como ya se ha dicho- basta exhibir la partida de nacimiento, porque es lo único que requiere la Constitución. En el segundo, la Constitución requiere algo más y hay que probarlo, porque de lo contrario el texto constitucional es letra muerta. Hay que probar que la persona se ha avecinado en el país y que se ha inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Si prosperara la tesis que se ha enunciado en Sala en el sentido de que no puede haber distinción y que, por lo tanto, hasta con probar que se es hijo de padre o madre orientales, con presentar las partidas de nacimiento de esos padres podrían así ser ciudadanos naturales -contra la letra de la Constitución- personas que no están avecinadas en el país y residen en la Argentina o en cualquier otro punto del planeta.

Durante sesenta y cuatro años se ha seguido una práctica que ha funcionado bien porque no ha generado dificultades, pero ha originado un problema mayor que es el de desconocer, en los hechos, una exigencia de la Constitución, lo que siempre está mal.

El propósito sano que ha perseguido el miembro informante, señor senador Ortiz, al redactar esta norma es el de que la disposición constitucional deje de ser letra muerta. Pero no se trata de una disposición draconiana, que establezca requisitos imposibles de cumplir. Por el contrarío, permite una amplísima latitud a la Corte Electoral para juzgar si hay o no avecinamiento y los requisitos que en forma optativa se establecen en la norma no son de carácter taxativo sino meramente enunciativo. La norma dice que se interpreta el artículo 74 de la Constitución "en el sentido de que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido, tales como, por ejemplo:", etcétera. Observen los señores senadores que el giro empleado demuestra que se están incluyendo en la norma determinadas formas de probar el avecinamiento, que no son excluyentes de otras y que sólo se citan a título de ejemplo.

Por otra parte, como señaló el señor senador Ortiz, en el literal e) del artículo se habilita a dar por probado el avecinamiento con "cualesquiera otros actos similares demostrativos del propósito mencionado". Quiere decir que la norma da a la Corte Electoral la necesaria latitud para no encerrarse en una exigencia exagerada de requisitos imposibles de cumplir y, al mismo tiempo, habilita de una vez por todas a cumplir con el requisito exigido por la Constitución, que en la práctica y respecto de los ciudadanos naturales nacidos fuera del territorio de la República, se ha venido desconociendo de manera sistemática.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI.- El señor Presidente ha proclamado afirmativo el resultado de la votación, con diecisiete votos en veinte.

Como acabo de demostrarlo con la lectura de la ley de Registro Cívico nacional, este artículo que acaba de ser votado con diecisiete sufragios afirmativos modifica la citada ley, porque agrega una prueba más que debe presentar un ciudadano natural para poder inscribirse.

El texto de la ley –cosa que volveré a hacer si es necesario- es claro en ese sentido. En el artículo 79 de dicha Ley de Registro Cívico nacional de 9 de enero de 1924 –que figura en el Capítulo XI, "De los requisitos necesarios para la inscripción"- se establece cómo se llena la prueba de ciudadanía. En su inciso C), habla de aquellos nacidos fuera del país, pero hijos de padre o madre orientales y señala que tienen que presentar un certificado, de acuerdo con las leyes del país de oriegen, debidamente legalizado, que acredite su identidad. Por otra parte, se habla de la presentación de un certificado debidamente autenticado del Registro Cívico o Parroquial, en su caso, en el que conste que el padre o la madre son orientales, etcétera. Pero además, se agrega cualquiera de los requisitos exigidos por el artículo 4º que acaba de votarse.

Ello significa, en consecuencia, una modificación de Ley de Registro Cívico. Y me imagino que no se podrá discutir que no se puede hacer la modificación de dicha ley sin contemplar la disposición constitucional que exige dos tercios de voto para toda ley de elección.

No es mi deseo que este asunto no salga ni tampoco he hecho estas manifestaciones simplemente para decir que hay dos votos de menos. Pero con sinceridad confieso que sería muy grave que el Senado modificara las leyes electorales, sin la concurrencia de los dos tercios de votos exigidos por la Constitución que, además, constituyen la base del acuerdo político realizado entre los partidos, que estableció esa exigencia precisamente para que hubiera una concurrencia general de opiniones.

No digo que este artículo no tenga diecinueve votos en el Senado. Si hubiese más senadores presentes en Sala, probablemente los tendría. Como mi posición ha sido acompañada por tan pocos colegas, creo que vale la pena decir que no es de interés para nadie que se vote una disposición modificatoria de las leyes electorales sin los dos tercios constitucionales exigidos.

- Por consiguiente, declaro que la votación no ha sido afirmativa y que, por tanto, este artículo no ha sido aprobado.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Antes de conceder la palabra al señor senador Ortiz, la Mesa quiere señalar que proclamó afirmativo el resultado de la votación, en el acierto o en el error, porque entiende que la mayoría de dos tercios a que se refiere el numeral 7º del artículo 77 de la Constitución se aplica con criterio restrictivo a las garantías del sufragio y de elección y que, con la aprobación de esta norma, ellas no están en juego.

Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. – Después de haber escuchado al señor Presidente, sólo podría repetir lo que él ha manifestado.

El numeral 7º del artículo 77 dice que "toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara". Si el artículo terminara aquí, asistiría razón al señor senador Cigliuti. Pero continúa y dice: "Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales".

Ninguna de estas situaciones está prevista aquí. De manera que -tal como lo ha aclarado el señor Presidente- para este artículo no son necesarios los dos tercios de votos que la Constitución exige para otras circunstancias.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El señor senador Ortiz podría tener razón -aunque no lo creo- sí el artículo terminara ahí, hasta donde él leyó, pero el texto sigue diciendo: "para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría". De modo que el artículo establece expresamente en qué casos basta con la simple mayoría. Al principio, establece una norma genérica, y al final, una precisa. La simple mayoría sólo se requerirá para gastos, presupuestos y cuestiones de orden interno; en los demás casos se exigen los dos tercios de votos.

Si se me dice que modificar la Ley del Registro Cívico Nacional, que fija las condiciones de la inscripción cívica, no es referirse a las garantías del sufragio, entonces no tenemos cómo saber cuándo existirá la garantía del sufragio de por medio.

Pero en la parte final del apartado se dice cuáles son las leyes que necesitan simple mayoría, y esta que nos ocupa no está mencionada en ese inciso final que habla de gastos, presupuesto y orden interno de las corporaciones electorales.

Quiero dejar a salvo mi posición porque considero que este asunto es muy serio e importante. Estimo que se sienta un precedente muy grave si el Senado toma resolución modificando una de las tres clásicas leyes electorales, la de 1924, sin contar con los dos tercios de votos, sobre todo, porque dentro de muy poco tiempo tendremos que aprobar leyes electorales, y supongo que no se escudriñará en cuanto a que una precise los dos tercios de votos y otra, no. De ese modo van a desaparecer las garantías establecidas en la política nacional y en la ley escrita, en cuanto a los derechos que tienen los partidos para concurrir a modificar las normas electorales; esas garantías van a desaparecer en virtud de que aquí se modifica una simple exigencia como son los dos tercios de votos de que habla la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Hay varios señores senadores anotados para hacer uso de la palabra. La Mesa entiende que a efectos de que este tema que tiene su importancia, pueda analizarse de acuerdo con los carriles reglamentarios, seria conveniente votar la reapertura del debate de este artículo porque de lo contrario, por la vía de las aclaraciones y los fundamentos de voto, se va desnaturalizando lo que establece el Reglamento en materia la discusión de los proyectos.

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿Me permite, señor Presidente? Mociono para que se reconsidere el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).-La Mesa entiende que el señor senador lo hace en el sentido de habilitar la reapertura del debate sobre esa materia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ORTIZ. - El señor senador Cigliuti interpreta que en el inciso final del numeral 7º, se establece taxativamente cuáles son las materias para las que se necesita simple mayoría. Según ese criterio interpretativo, el inciso segundo estaría de más; bastaría con el primero que se refiere a las leyes de Registro Cívico o de Elecciones, para las cuales se necesitan los dos tercios de votos y el inciso final que diría para cuáles no se requiere esa cantidad

La interpretación no es ésa, sino que el inciso primero se refiere a la Ley de Registro Cívico o de Elecciones y la materia de gastos, presupuestos y de orden interno no tiene nada que ver con ella. Por ese motivo fue que se puso expresamente, porque si el artículo hubiera terminado en el inciso segundo, en la palabra "electorales", podría caber la duda de si en materia de gastos de la Corte Electoral se requerirían los dos tercios de votos o la simple mayoría, ya que no se trata de una ley de Registro Cívico ni de garantía del sufragio.

Repito que por eso fue que se estableció que para los temas presupuestales la simple mayoría es suficiente, pero no porque sea una enumeración taxativa, no porque quiera decir que la simple mayoría se requiere para los casos de presupuesto y que para todos los demás se precisarán los dos tercios. No; porque si fuera así no tendría objeto el inciso segundo que establece a texto expreso para qué temas se requieren los dos tercios de votos.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - La Ley de Registro Cívico queda modificada por esta otra. El artículo se refiere a toda norma de Registro Cívico o de elecciones, o sea, a las tres leyes de 1924, el Registro Cívico y la ley complementaria de elecciones. Ese era el texto que tenía la Constitución de 1934. ¿Para qué se incluye la otra? Con el sólo propósito de evitar que pudieran aprobarse leyes relativas a gastos, presupuestos, de orden interno o de las corporaciones electorales, sin contar con los dos tercios de votos. El alcance se precisó claramente con el nuevo texto.

Lo que modifica este artículo 4º es la Ley de Registro Cívico; por lo tanto, necesita los dos tercios de votos. Eso también se establece en el texto de la Constitución.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - A través de este debate ya se han puesto de manifiesto las argumentaciones que pueden darse en relación con este artículo. Por nuestra parte, vamos a intervenir con el propósito de reiterar la posición que expusimos ya ante el plenario y en la Comisión, en ocasión de recibir el artículo para una nueva consideración.

Es natural que no voy a partir de la base de que lo que voy a decir va a ser histórico o a hacer jurisprudencia parlamentaria.

SEÑOR AGUIRRE. - No apoyado.

SEÑOR CERSOSIMO. - Gracias, señor senador; yo sabia que iban a reaccionar así.

(Hilaridad)

-Entiendo que no podemos olvidarnos que -lo dijimos expresamente cuando fue considerado en la Comisión- estamos interpretando la Constitución de la República de acuerdo con la facultad que concede el artículo 85 de la Carta en su último numeral, el vigésimo, que dice: "Interpretar la Constitución sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia", etcétera.

El señor senador Cigliuti, como cualquier otra persona, me podrá decir que interpretar la Constitución por medio de la ley puede ser de alguna manera, modificar otra ley ya existente o derogarla. Aquí no estamos modificando la Ley del Registro Cívico, porque, lo único que establece el artículo 4º que estamos examinando, es cómo debe interpretarse el témino "avecinamiento".

Lo que no alcanzo a entender, con ley o sin ella, es que existiendo la Ley del Registro Cívico, como es la del año 1924, que citó el señor senador Cigliuti, donde se establecen determinados requisitos para la concesión de la ciudadanía natural a aquellas personas que deseen obtenerla, pueda obviarse -de esos elementos que se requieren- el avecinamiento, ya que, para ser ciudadano natural quien no haya nacido en el territorio nacional, debe acreditar su calidad de hijo de padre o madre oriental. Pero eso sólo no basta; además, es necesario el avecinamiento. De modo que aunque la Ley de Registro Cívico no lo diga, la Corte Electoral tiene que exigir ese extremo necesaria y obligatoriamente, porque de lo contrario estaría incumpliendo la Constitución de la República.

Quiérase o no, esa es, en mi concepto la interpretación. Lo que menciona el proyecto son las características que debe tener ese avecinamiento, que pueden ser las mismas que actualmente le atribuya la Corte Electoral. La disposición es enunciativa, como indicaba el señor senador Aguirre. Da tal manera, dice: "Interprétase el artículo 74 de la Constitución" y si el señor Presidente me permite voy a expresar que si se interpreta la Constitución no se constriñe la disposición del numeral 7) del artículo 77 en cuanto a que se necesitan dos tercios de votos.

La ley ordinaria después, regulará determinados procedimientos, pero eso no nos obliga ahora, en este caso, a que tengamos que poseer en el Parlamento los dos tercios de votos que reclama el artículo 77, numeral 7) para otros supuestos que no son como éste, Además, si apreciamos el cuidado con que esta disposición ha sido redactada por la Comisión, esto es, el artículo sustitutivo que estamos considerando, vamos a ver que en ningún lado dice que hay que probar estos extremos; podrán probarse a través de lo que diga determinada disposición legal, que la presente no enerva en absoluto.

Reitero que lo que hace el artículo 4º es interpretar la Constitución en cuanto al concepto de "avecinamiento", que no puede ser obviado de ninguna manera. De lo contrario, el hecho de obtener la ciudadanía natural, que se apoya en dos supuestos, dejará de tener sustento en uno de ellos. Además, aunque no se pida ese avecinamiento, en las normas vigentes, de alguna manera debe traerse al seno del organismo correspondiente la calidad que, en ese aspecto, debe tener aquel que pretenda tener la ciudadanía natural.

Nosotros aquí decimos: "Interprétase el artículo 74 de la Constitución en el sentido que debe entenderse por avecinamiento", etcétera. En primer lugar, debo expresar que falta la preposición "de". En segundo término, destaco que aquí no se dice que haya que probar el avecinamiento. Esa prueba y la forma de efectuarla, las remitimos a la Ley de Registro Cívico Nacional o a otras normas legales.

Este artículo sustitutivo continúa: "... que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto", es decir, no que demuestren, ni que comprueben, sino que "pongan de manifiesto". Ahora ¿de qué manera? Según se reglamente a través de la norma correspondiente; inclusive, puede ser una disposición dictada por la Corte Electoral, porque no necesariamente debe ser una norma legal. Si la ley no dice, no quita ni pone nada, es la Corte Electoral, en ejercicio de los poderes que le confiere la propia Constitución de la República, la que puede determinar en qué forma debe comprobarse o acreditarse el avecinamiento.

El artículo agrega: "... que pongan de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido, tal como, por ejemplo:", etcétera. Si esto no es enunciativo, señor Presidente, es indudable que no hay nada que lo sea. Es así que se dan cinco ejemplos de cómo puede, de alguna manera, ponerse de manifiesto esa calidad, y se agrega, para hacer más clara la intención de quienes lo redactaron, el siguiente literal: "cualesquier otros actos similares demostrativos del propósito mencionado".

En síntesis, señor Presidente, aquí no decimos que limitamos de alguna manera la facultad que tiene la Corte Electoral de exigir la prueba del avecinamiento. Simplemente, señalamos que la Constitución apoya su exigencia en dos elementos: que quien pretenda la calidad de ciudadano natural sea hijo de padre o madre oriental y que se avecine en el país. El avecinamiento no puede dejar de exigirse, aunque la Ley de Registro Cívico del año 1924 citada por el señor senador Cigliuti aparentemente no dice -y él la leyó- en qué consiste ese avecinamiento. La Corte Electoral lo hará por normas internas. Vuelvo a decir que tiene legitimación para ello.

Es así que en esta disposición, interpreta la Constitución de la República con la generalidad con que debe hacerse y sin tener ninguna otra limitación que la qué surge de la proclamación de la votación, tal como ha sido hecha y del quórum corriente. Consideremos la Carta en tal sentido, sin modificar para nada ninguna ley. Si esa ley no dice nada, deberá efectuarse la remisión a las facultades de la Corte Electoral dando, en consecuencia a éste, la posibilidad de que siga aplicando el mismo procedimiento que emplea actualmente, si es que lo cree conveniente y estima que de esa manera cumple con la disposición constitucional De le contrario, le proporcionaremos los elementos que entendamos adecuados, procedentes y pertinentes para decir qué es avecinamiento o qué debe entenderse por tal en el criterio del Poder Legislativo.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Este debate que se reitera, porque ya en ocasión de considerar anteriormente este proyecto de ley se planteó la misma objeción por parte del señor senador Cigliuti, creo que se esclarece si se lee con serenidad lo que expresa el numeral 7º) del artículo 77 de la Constitución de la República y, además, sí se tienen en cuenta los principios jurídicos conocidos en lo que hace al alcance de las normas de excepción.

La regla general, para sancionar una ley, es la de que se requiere la mayoría simple de presentes dentro de los quórum que los Reglamentos internos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, admiten o establecen para sesionar válidamente. Así que, en principio, si un proyecto de ley cuenta para su aprobación con la mayoría de los presentes en Sala y si se está en quórum para sesionar y adoptar resolución, esa simple mayoría es válida. Para que se requiera una mayoría especial, se necesita en cambio una norma expresa que establezca ese quórum, también especial. Como todos sabemos, las excepciones son de interpretación estricta, es decir, no pueden extenderse por vía de analogía o casos similares. Lo que dice la norma es que toda nueva Ley de Registro Cívico o de Elecciones y este proyecto de ley no es ni de Registro Cívico ni de Elecciones- así como toda modificación o interpretación de las vigentes requerirá dos tercios de votos. Se aduce que una norma sobre avecinamiento estaba en la Ley de Registro Cívico Nacional -creo que del año 1924- o en la de Elecciones y que, entonces, habría una modificación de aquélla. Pero, de inmediato, la norma precisa el alcance de la excepción, que no puede exceder o ir más allá de los casos que establece esta disposición de la Constitución de la República. Precisamente, este numeral 7º) de su artículo 77 dice que esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio -esta norma no es una garantía del sufragio- y para la elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral. Aquí no estamos regulando la elección, la composición, las funciones ni los procedimientos de la Corte Electoral. Estamos regulando un requisito que la Constitución exige para reconocer, a personas nacidas fuera del país e hijas de padre o madre nacidos en el territorio nacional, la condición de ciudadanos naturales.

Al final, la norma dice a título aclaratorio -porque se refiere también a funciones de la Corte Electoral- que para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, es decir, de la Corte Electoral y de las corporaciones electorales, bastará la simple mayoría. O sea, que reitera la regla general a título aclaratorio para que no se pretenda englobar en la excepción, que es restricta y tiene un alcance bien determinado para casos específicos, el numeral 7º) del artículo 77.

A mayor abundamiento, el señor senador Cersósimo ha dicho -y creo que puede tener razón- que este no es un proyecto de ley de Registro Cívico ni de Elecciones, sino que es interpretativo de una disposición constitucional que el Senado va a sancionar en ejercicio de la potestad que le acuerda el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República, para cuyo ejercicio no se requiere mayoría especial.

Nada más.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATALLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Brevemente y con los respetos del caso, diría que cuando este numeral 7º) menciona las garantías del sufragio, una de éstas es la entrada en el cuerpo electoral.

En la medida en que esta ley que estamos votando va a cambiar las condiciones de la entrada al Cuerpo electoral, evidentemente que la misma está tocando la garantía del sufragio.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción para contestar una alusión, señor senador?

SEÑOR BATALLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Este problema no es de resorte legal sino de rango constitucional. Si se entiende que la definición de quiénes son ciudadanos naturales y, por ello, pueden ejercer el sufragio, es una garantía del mismo, ésta seria una garantía del sufragio que está establecida en la Constitución de la República. Por lo tanto, no puede ser modificada ni establecida por ninguna ley de Registro Cívico ni de Elecciones. Además la Asamblea General está facultada para interpretar esa garantía constitucional del sufragio de acuerdo con el artículo 74, si es que se entiende que esto es una garantía del sufragio, que para mi no lo es.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Continúa en uso de la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATALLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoni). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Esa interpretación no me parece aceptable. Las garantías del sufragio están dadas desde el momento que el ciudadano entra al Registro Cívico Nacional. Cualquier norma que se establezca interpretando la Constitución, es perfectamente legítima, pero la misma dice la forma en que se debe proceder. Si se dice que el hecho de que se reglamente no tiene que ver con el sufragio por ese hecho, es decir, cuando un ciudadano natural puede ejercer esta condición no se podrá negar que se está exigiendo algo más para que sea ciudadano natural. Pero, ¿con que propósito se es ciudadano natural? Con el propósito de actuar en la vida cívica inscribiéndose en el Registro Cívico. Es imposible decir que porque la Constitución establece que un ciudadano natural nacido en el exterior tiene que avecindarse en el país, no necesita los dos tercios que ella exige para ejercer esas garantías. Eso no tiene sentido. Cualquier modificación que se haga interpretando la Constitución a este respecto ¿a dónde va dirigida? A la condición de ciudadano. ¿Cómo lo prueba? Inscribiéndose en el Registro Cívico. Es la primera de las garantías del sufragio.

En consecuencia, con una exigencia o con otra, la Constitución exige los dos tercios de votos. No está por arriba de la disposición constitucional. La circunstancia que se diga qué requisitos tiene que probar el ciudadano natural, está dentro de la disposición constitucional de los dos tercios.

Agradezco al señor senador la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Rlcaldoni). -Continúa en uso de la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Creo que este es un tema en el cual no vamos a poder llegar a una solución exquisitamente jurídica. Sin duda alguna esta discusión reedita la que tuvimos inicialmente cuando aprobamos el artículo 3º que posteriormente la Comisión sustituyó.

Considero que en este proyecto habría que clarificar algunas cosas. Tiene dos partes claramente diferenciadas. Los artículos que van del primero al tercero, fundamentalmente tratan de clarificar las normas que la Constitución contiene en materia de nacionalidad y ciudadanía -en nuestro concepto, naturalmente, le hemos dado nuestro voto afirmativo y por consiguiente entendemos que son positivos- y luego las normas contenidas en los artículos 4º y 5º que tienden simplemente a interpretar y regular el mecanismo o el concepto por el que la Constitución establece la posibilidad de inscripción en el Registro Cívico Nacional de hijos de padre o madre uruguaya. Por eso, nosotros creemos que tenemos un proyecto claramente separado en dos mitades, es decir, del primero al tercer artículo por un lado y cuarto y quinto por el otro. En cierto sentido, todos estamos condicionados por nuestro pasado. Evidentemente, el señor senador Ciglluti tiene una vieja trayectoria como Ministro de la Corte Electoral. El señor senador vio funcionar, durante mucho tiempo, el concepto de avecinamiento regulado por disposiciones internas de la Corte muchas veces sin siquiera eso, por aplicación del sentido común de los funcionarios.

Pienso que este tal vez, no sea el mejor mecanismo de funcionamiento de garantías sustanciales para el sufragio. La vida política es siempre cambiante; la Corte tiene una integración política -más allá de que existan cinco miembros neutrales- y eso, naturalmente, puede darle en el tiempo, en una realidad política dinámica, la posibilidad de un cambio de criterio, que no creo que haría bien a la estabilidad del procedimiento en materia de ciudadanía. Sigo pensando que es deseable una regulación legislativa del concepto.

Considero que el tema es jurídicamente discutible, no en cuanto a la posibilidad legislativa de hacerlo sino a la mayoría a aplicar en el caso. Hace poco dije que estaba absolutamente convencido de la tesis desde el punto de vista estrictamente jurídico en el sentido de no exigir dos tercios de votos para este proyecto en sus artículos 4º y 5º. Hoy declaro que sigo pensando lo mismo pero tengo algunas dudas. Pero políticamente, en una interpretación que puede ser dual no tengo absolutamente ninguna duda que es de máxima garantía para todos los procedimientos electorales. Todo aquello que pueda referir a la garantía del sufragio -y yo entiendo muy modestamente que este es un tema que refiere a la garantía del sufragio- debe ser resuelto por dos tercios de votos. Considero que es una garantía recíproca de los partidos. Cualquiera sea el espectro electoral, no bastará un solo partido, será necesaria la participación de dos partidos para que todo el sistema de garantía del sufragio pueda ser modificado. Creo que eso es profundamente positivo.

Pienso que nosotros, en ese aspecto, sin perjuicio de que le hemos dado nuestro voto -y se lo volvemos a dar al artículo 4º tal como está redactado- no sería deseable que fuera incluido en el proyecto si no tiene la mayoría de dos tercios, que podrá ser discutible y que hace muchos años, en mi condición de Presidente de la Cámara de Representantes, siempre tendí a aplicar en todas las normas que referían a garantías del sufragio o algo similar. Por ejemplo, la ley que reglamento la obligatoriedad del voto fue aprobado por dos tercios de votos absolutamente en todas sus disposiciones.

Entiendo que en este momento nos encontramos ante una situación que diría de alternativa, más allá de la cual pueda ser nuestra posición individual en el tema. Creo que no es deseable que el proyecto se apruebe cuando sus primeros tres artículos significan la sustancia del mismo y se agregue una disposición que pueda resultar conflictiva o cuestionada posteriormente en su vigencia, en temas que para mi son de importancia.

Creo, que la votación del Senado -no estaba presente- fue de 17 en 21. Por lo tanto, pienso si no cabría la posibilidad de llamar nuevamente a Sala para que la aprobación del artículo se realice con mayorías que resulten absolutamente indiscutibles. Fíjense los señores senadores que no me refiero a la mayoría que exige la Constitución -que se ha cuestionado si es absoluta o de dos tercios- sino que lo que digo es que las mayorías hagan que el artículo sea absolutamente indiscutible desde el punto de vista constitucional.

En ese sentido, considero que podemos insistir en la presencia de los señores senadores -me parece que ahora hay muchos más en Sala- a efectos de que pudiéramos aprobar estos artículos con más de 21 votos.

Formularía moción, entonces, en el sentido de que los artículos 4º y 5º fueran desglosados del proyecto y volvieran a Comisión, si no se obtiene la mayoría necesaria, a fin de que las disposiciones fundamentales -que son las contenidas en los artículos 1º, 2º y 3º, y que también figuraban en el proyecto inicial del señor senador Ortiz puedan ser aprobadas. La parte relativa a la reglamentación del artículo 74 de la Constitución, que está vinculado al tema del avecindamiento, pasarla nuevamente a Comisión y sí obtiene la mayoría requerida, sin duda podrá ser objeto de un proyecto distinto e independiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -La Mesa quiere informar que recogiendo la sugerencia del señor senador Batalla, se está llamando a Sala.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente, deseo aportar una idea práctica, que difiere de la planteada por el señor senador Batalla, pero que está basada en los mismos argumentos. Creo que seria preferible formular una moción de orden en el sentido de pasar a la discusión del siguiente punto del orden del día hasta el momento en que existiera en Sala un quórum que posibilitara la aprobación de este artículo por una mayoría de dos tercios, oportunidad en que presentaríamos la moción inversa.

Propongo esto, porque desde el momento en que empezó la discusión de este tema el quórum es de alrededor de veinte senadores -en este momento somos ventidós y creo que es el mayor quórum que se ha alcanzado- y podríamos discutir toda la noche sin lograr el número suficiente en lo que resta de la sesión. Por otra parte, existirían tres votos discordes, por lo que sería imposible alcanzar la cantidad de votos necesarios para concluir la discusión con menos de veinticuatro señores senadores.

Por lo expuesto, propongo que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día en lugar de volver el tema a Comisión.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Comprendo el ánimo constructivo con que formula su planteamiento el señor senador Olazábal, pero no queda claro lo que pasaría si durante el transcurso de la sesión en ningún momento se lograra el quórum necesario. Creo que el proyecto de ley quedaría sin aprobación. En todo caso, preferiría una fórmula que diera por aprobados los artículos que ya han sido votados afirmativamente, dejando en suspenso los restantes. De esta forma, si no se alcanzara el número requerido, por lo menos la ley quedaría conformada por los tres primeros artículos, que ya fueron aprobados. En caso contrario, ¿hasta cuándo suspendemos la aprobación del proyecto? Realmente no tengo muchas esperanzas de que los temas que figuran a continuación en el orden del día sean tan atractivos como para provocar la irrupción masiva de los señores senadores que en este momento no se encuentran en Sala. Mucho me temo, pues, que lleguemos al fin de la sesión sin haber logrado el quórum que precisamos. Si así fuera, ¿cómo quedaría la ley que tan trabajosamente estamos propiciando? Si se puede armonizar la saludable aspiración del señor senador Olazábal con alguna solución que no conduzca a esta esterilidad de esfuerzos, con mucho gusto la consideraría.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - No quisiera añadir otra diferencia, pero siento la necesidad de plantear algo que considero que por lo menos debe merecer una reflexión sobre el artículo 3º, cuya reconsideración voy a solicitar.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ortiz)

-En un proyecto tan engorroso desde el punto de vista interpretativo y que de alguna manera no se corresponde estrictamente con el sistema constitucional, como se ha señalado, creo que el artículo 3º genera aún mayor orden de dificultades.

El texto constitucional establece claramente que los ciudadanos pueden ser naturales o legales. Califica como ciudadanos naturales a aquellos nacidos en el territorio de la República y a los hijos de padre o madre oriental, cualquiera fuere el lugar de su nacimiento, por el solo hecho de avecindarse e inscribirse en el Registro Cívico. Aunque la persona nacida fuera del país se ausente del mismo una vez cumplidos los requisitos y obtenida su condición de ciudadano natural, sus hijos son beneficiarios de la posibilidad de lograr la ciudadanía por ser hijos de padre o madre oriental. Esto es así, porque la condición de ciudadano natural es idéntica para quienes nacen dentro del territorio de la República que para los hilos de padre o madre oriental. En ambos casos se trata de ciudadanos orientales.

SEÑOR CERSOSIMO. - Eso es lo que establece el artículo 3º. Si lo que se quiere pedir es la reconsideración, votémosla.

SEÑOR TOURNE. - Estoy realizando alguna fundamentación, porque me parece que es sumamente importante entender el alcance del planteo.

El hecho concreto es que por esta norma legal no sólo vamos a ampliar el concepto de la nacionalidad -que es de carácter doctrinarlo y puede tener distintas interpretaciones según el concepto que se tenga de nación- sino que le estamos dando una nueva interpretación.

Pero en el artículo 3º estamos diciendo otra cosa. Declaramos que los hijos de ciudadanos naturales que nazcan fuera del territorio de la República no tienen derecho a ser ciudadanos naturales en ningún caso.

El artículo 3º establece: "Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2º de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales". Quiere decir que estamos aprobando una norma contraria a lo que establece la Constitución de la República, que dice que los hijos de ciudadanos naturales que nazcan fuera del territorio de la República son ciudadanos naturales si se avecinan y cumplen el resto de los requisitos.

Creo que hay que meditar y reflexionar un poco mas sobre este punto, porque de alguna manera nos hemos apartado del sentido con que propiciamos este proyecto de ley, que es el de extender el concepto de nacionalidad, y, sin embargo, estamos estableciendo una prohibición absolutamente inconstitucional.

Reitero que de acuerdo con la Constitución los hijos de padre o madre orientales- y son orientales quienes nacieron en el territorio de la República al igual que aquellos que cumplieron con los requisitos y obtuvieron la ciudadanía son ciudadanos orientales, cualquiera sea el lugar de su nacimiento. El artículo 3º de este proyecto dice que no es así; expresa que los hijos de aquellos que obtuvieron la ciudadanía legal no tienen la condición ni la opción de ser ciudadanos naturales de nuestro país.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ricaldoni)

-Esto que parece un trabalenguas no lo es. Queda claro que estamos impidiendo que ciudadanos naturales puedan tener tal condición. Por lo tanto, en lugar de tratarse de un texto interpretativo, ampliatorio, con la finalidad de proteger a aquellos que nacen fuera del territorio de la República, que no tengan durante un período...

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Américo Ricaldoní). - ¿Me permite, señor senador?

Creo advertir que estamos discutiendo el artículo 4º del proyecto, pero los comentarios del señor senador se refieren al articulo 3º, que ya fue aprobado. la Mesa entiende que correspondería continuar con la discusión del artículo 4º y luego si entrar al análisis de una eventual reconsideración del 3º.

SEÑOR TOURNE. - Debo manifestar que como se había planteado la posibilidad de aplazar la consideración del artículo 4º y siguientes, me pareció oportuno formular la reconsideración del artículo 3º y estoy fundamentando esa solicitud. No creí que esto dificultara el debate, pero si se estima que debemos pasar a votar, planteo concretamente la reconsideración a fin de continuar exponiendo las razones que determinan mi punto de vista.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Observo que nos hallamos empantanados en la consideración de este proyecto, pero no en el día de hoy, sino prácticamente desde el comienzo de esta Legislatura y ahora se está pidiendo la reconsideración del artículo 3º.

Hay dudas sobre la constitucionalidad o el número exigido para la sanción del artículo 4º. Quiérase o no -por más que los demás puntos del orden del día no sean atractivo está operando como una especie de tapón. ¿No ganaríamos tiempo pasando este asunto a Comisión tal como lo sugería el señor senador Batalla, a efectos de afinar los criterios, para considerarlo en la próxima semana? De otra manera corremos el riesgo de llegar nuevamente a las 21 horas considerando este tema, sin poderlo resolver. Pienso que si seguimos en este camino no vamos a arribar a ninguna conclusión y entre tanto el orden del día continuará invariable.

Me parece que el sentido común indicaría tomar una determinación de esta clase, es decir, pasar el asunto a Comisión y que figure como primer punto del orden del día de la sesión del martes próximo. Ciertos criterios pueden afinarse en Comisión, y no veo que ello sea conducente en Sala porque se solicita la reconsideración de artículos ya votados legítimamente. No estoy objetando el Procedimiento. De esta manera, en vez de marchar hacia adelante lo hacemos hacia atrás.

Insisto en que me afilio a la tesis del señor senador Batalla en el sentido de que éste asunto tendría que pasar a Comisión.

SEÑOR AGUIRRE- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POZZOLO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Este asunto en su oportunidad fue devuelto a Comisión en virtud de las objeciones formuladas por el señor senador Cigliuti. La Comisión ratificó el criterio que tenía. El Senado ha aprobado el artículo 3º, cuya reconsideración ahora se pide. El señor senador Cigliuti, al igual que cualquier otro señor senador, tiene derecho a expresar que se requiere un determinado quórum constitucional. Pero si cada vez que un senador se opone a una amplia mayoría del Cuerpo hay que volver los asuntos a Comisión, entonces, nunca vamos a terminar el trabajo de las mismas. Devolver este asunto carece del mínimo sentido porque ha sido estudiado a fondo. Se tiene una posición clara y terminante de parte de todos sus miembros, entonces, dentro de una semana vamos a estar tratando el proyecto nuevamente para que a quien no le guste un artículo, lo vote en contra. Pero si hay 17 votos contra 3, el artículo es aprobado. Si se quiere reconsiderar el artículo 3º así se hará y de inmediato explicaremos lo que quiere decir. No podemos debatir cuando se está planteando una moción de reconsideración.

Se trata de terminar con el debate de este asunto y no de volverlo a Comisión, pues si así lo hacemos no vamos a ganar absolutamente nada. Hoy trataremos otro proyecto pero la semana que viene continuaremos con éste en el primer punto - del orden del día y el asunto es clarísimo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -Hay dos mociones de orden presentadas. Una, la del señor senador Tourné -si interpreto adecuadamente- en la cual solícita la reconsideración del artículo 3º con carácter previo a la votación del artículo 4º.

SEÑOR TOURNE. - Como no había los votos necesarios para aprobar el artículo 4º, el asunto iba a ser aplazado y entonces me pareció oportuno introducir la solicitud de reconsideración del artículo 3º, antes de votar el aplazamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). ¿Insiste en su moción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Si, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Hay otra moción formulada por el señor senador Pozzolo en el sentido de pasar nuevamente este asunto a Comisión.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoní). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - No he formulado una moción sino que adhiero a una. El señor senador Batalla propuso que los artículos que estaban en discusión pasaran a Comisión.

Hay otra moción posterior del señor senador Olazábal, para que este asunto se postergara hasta que hubiera quórum suficiente en Sala, como para votarlo. No veo como podemos votar la moción de reconsideración del señor senador Tourné si antes se votan las mociones de los señores senadores Batalla y Olazábal, que son excluyentes.

SEÑOR AGUIRRE. - Se solicitó el pase a Comisión de los artículos 4º y 5º

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldonl). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de reconsideración del artículo 3º.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). -. Tiene la palahra el señor senador.

SEÑOR TOURNE - Voy a ser breve porque ya he enunciado las razones que me llevan a plantear la reconsideración del artículo 3º.

Si el alcance del artículo es simplemente que entendido el concepto de nacionalidad sin que se opere alguno de los hechos supervinientes que la Constitución marca para adquirir la condición de ciudadanos naturales a aquellos que hayan nacido fuera del territorio de la República y, por ende, deja en el limbo o sea que no reconoce condición similar a los hijos de quienes no hayan cumplido esos requisitos, no tendría objeción. El artículo dice muy claramente que los hijos de los ciudadanos naturales que hayan advenido a la ciudadanía como consecuencia de ser hijos de padre o madre oriental, nacido fuera del territorio, incorporados luego o avecindados en el país, inscritos en el Registro Cívico, no pueden gozar de similar estatuto. Por eso sostengo que esta disposición va más alla de lo que la Constitución establece porque no distingue. Esta norma impide que se lleve a cabo la preceptiva constitucional al declarar y establecer que los hijos de los ciudadanos naturales tienen la condición de tales aunque hayan nacido fuera del territorio de la República. Por ende, es un criterio restrictivo, contrario a lo que dice la Constitución de la República. Por lo tanto, esa objeción de carácter general resulta demasiado importante como para impedir su sanción.

Por otra parte, no alcanzo a entender las razones que puedan determinar el mantenimiento de una disposición de este tenor en el cuerpo interpretativo general que emana de los artículos 1º y 2º.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr, Américo Ricaldoril). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE - Señor Presidente: al escuchar la exposición precedente, me viene a la mente aquello de "palos porque bogas y porque no bogas, palos".

Cuando se discutieron los artículos 1º y 2º de esta ley, el señor senador Ricaldoni -que ahora está ejerciendo la Presidencia- expresó como una de las razones que le llevaban a votar en contra y a oponerse a la disposición del artículo 2º, el temor de que en virtud de lo allí establecido, al reconocer la nacionalidad a personas que nacen fuera del territorio nacional, se pudiera luego, por esa vía, extender el concepto de ciudadanía legal y declarar o reconocer la calidad de ciudadano legal a personas a las cuales evidentemente la Constitución de la República no les acuerda el carácter ni la condición de ciudadanos legales.

El temor expresado por el señor senador Ricaldoni -en mi concepto- era infundado. Posteriormente -porque eso no surge del proyecto ni de la Constitución- el señor Vicepresidente de la Corte Electoral, doctor Urruty, manifestó el mismo temor a los miembros de la Comisión, pues expresó que podía correrse el riesgo de que en el futuro se le quisiera reconocer la calidad de ciudadanos naturales a personas que no sólo no habían nacido en el territorio de la República, sino que no eran hijos de personas nacidas, a su vez, en nuestra tierra.

El proyecto regula la nacionalidad y no la ciudadanía que está específicamente definida en el artículo 74 de la Constitución de la República. Para que ello quedara claro, se puso esta norma en el artículo 3º. Ahora, el señor senador Tourné nos dice que la norma del artículo 3º le está negando la ciudadanía legal a quien la tiene. Aclaro además, que el señor senador dijo "ciudadanía oriental", categoría que no existe. Vamos a aclarar las cosas: no hay ciudadanos orientales. Hay ciudadanos naturales y legales. Los primeros de acuerdo a la Constitución de la República, son los que nacen en cualquier punto de nuestro territorio. Ese caso está fuera de discusión. Además, hay otro caso de estos ciudadanos que también son naturales.

La Constitución, señor Presidente, dice: "Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento". Quiere decir que para ser ciudadano natural se exige que la persona sea o bien nacida en el territorio de la República, o hija de una persona nacida en el territorio de la República. Ahora bien; como el artículo 2º del proyecto reconoce la nacionalidad oriental a personas que no han nacido en el territorio de la República, se aclara por el artículo 3º que en ese caso los hijos de esas personas en ningún caso pueden tener la calidad de ciudadanos naturales porque ello, claramente sería violatorio de la Constitución de la República.

Me explico nuevamente, señor Presidente, a riesgo de ser reiterativo. Para ser ciudadano natural o bien hay que haber nacido en el territorio nacional o hay que ser hijo de una persona nacida en el territorio nacional. Las personas a las que se les reconoce la nacionalidad por el artículo 2º, no son nacidas en el territorio nacional, porque esa es precisamente la hipótesis regulada por este articulo: se trata de personas nacidas fuera del país pero hijas de hombres o mujeres nacidas en él. Por consiguiente, los hijos de esas personas, nietos de personas nacidas en el territorio del país, pero no hijas de personas nacidas en él, nunca pueden tener la calidad de ciudadanos naturales, porque esa hipótesis no está prevista ni permitida por el artículo 74 de la Constitución de la República.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

-Por lo tanto, el temor que manifiesta el señor senador Tourné no tiene razón de ser, porque no se le está negando a nadie por esta norma una calidad de ciudadano natural que le sea reconocida por la Constitución de la República, sino que se está precisando que no tiene esa calidad de ciudadano natural porque se lo niega la Constitución. Una persona nacida fuera del territorio de la República e hija de otra nacida fuera del territorio del país, nunca puede ser ciudadano natural, porque ello es violatorio del artículo 74 de la Constitución de la República.

SEÑOR TOURNE - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Vamos a ponernos de acuerdo, señor Presidente, a los efectos de aclarar debidamente los conceptos, sobre todo cuando estamos manejando normas elementales que son el abecé en esta materia.

Los ciudadanos en nuestro país se dividen en naturales o legales. Son ciudadanos naturales tanto los que nazcan en el territorio uruguayo como quienes, habiendo nacido en cualquier otro lugar, sean hijos de padre o madre orientales, se avecinen en el país y se inscriban en el Registro Cívico.

Cuando la Constitución habla de orientales, habla de ciudadanos naturales. Podría hacer la misma mención: son también ciudadanos naturales los hijos de padres orientales, o sea quienes tengan la condición de ciudadanos naturales, porque tal es la especificación de la norma. El hecho es que aquí se distingue solamente entre ciudadanos legales y naturales. Los ciudadanos naturales pueden llegar por cualquiera de los dos caminos a tener esta condición. Luego tenemos la segunda hipótesis, la de hijo de padre o madre oriental, avecinado e inscripto en el Registro Cívico, que cumple estos requisitos, vive en el Uruguay y luego se traslada al exterior -formando familia allí- y sus hijos que son hijos de ciudadanos naturales y orientales y a su vez regresan al territorio uruguayo, se avecinan y se inscriben en el Registro Cívico, tienen la condición de ciudadanos naturales. Ese es el sistema constitucional. El que establecemos ahora, por esta norma, es distinto. Nosotros establecemos que los ciudadanos naturales de esta segunda categoría, es decir aquellos que hayan nacido en el exterior, que se hayan avecinado, incluso en la hipótesis de que radicados en el país e inscriptos, luego se ausenten y formen familia en el exterior, a sus hijos, por esta disposición, les negamos la condición de ciudadanos naturales. Me parece que esta es una limitación y una restricción que no surge del texto constitucional y nada agrega al objetivo fundamental de extender la nacionalidad, que fue el propósito inicial que tradujo muy claramente en la exposición de motivos y en su fundamentada exposición el señor senador Ortiz.

Entonces, este tercer artículo que ha venido a conocimiento del Cuerpo, a raíz de una nueva modificación, no agrega nada ni introduce ningún elemento importante en el objetivo primario fijado en los dos primeros artículos.

Reitero que para nosotros esto representa una restricción que la Constitución no prevé y que el legislador al fijarla se aparta del texto constitucional. En ese sentido, quedan claras las razones que determinan mi oposición a que esta norma se incorpore como un texto positivo de nuestro país.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en este momento tenemos el quórum suficiente para que se pueda votar el artículo 4º. Creo que ahora hay 24 senadores en Sala. Si nuestros cálculos son exactos se podría terminar, por lo menos, con la discusión del tema de los dos tercios.

Por lo tanto, formulo moción para que se vote el artículo 4º.

SEÑOR PRESIDENTE - Estamos en la discusión del artículo 3º, señor senador. Creo que no correspondería votar el artículo 4º antes del 3º.

SEÑOR AGUIRRE. -Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En virtud de que el tema del artículo 4º nos detuvo, por razones de carácter constitucional, por el famoso tema de los dos tercios, y como ahora hay quórum en Sala para votar, formulo moción de orden para que se pase a considerar nuevamente los artículos 4º y 5º y se voten. Luego volveríamos al artículo 3º, que estamos considerando y habría quedado aplazado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

SI no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

18 en 24. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. –Hemos discutido, señor Presidente, durante una hora y media si se requieren dos tercios para este artículo. La votación no ha alcanzado los dos tercios.

Se han presentado mociones para que éste asunto, en virtud de ese escollo, volviera a Comisión; se pensó luego que cuando hubiera el quórum suficiente se podría votar, pero no ha obtenido los dos tercios. Creo que aunque se repitiera esta votación los sostenedores de este artículo no lograrían obtener los 21 votos requeridos. Por lo tanto, me parece que este es el momento oportuno para que estos dos artículos vuelvan a Comisión, sin perjuicio de considerar como aprobados los tres primeros artículos del proyecto, que han obtenido mayoría en el Senado y para los cuales no se necesitan los dos tercios. Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de que se desglosen los artículos 4º y 5º y vuelvan a Comisión.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite, señor Presidente, para ocuparme de la moción?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No pude hacer uso de la palabra con anterioridad porque estaba ejerciendo la Presidencia del Cuerpo, pero creo que no tendría sentido que estos dos artículos volvieran a Comisión.

Comprendo algunas de las argumentaciones que planteaba hace un rato el señor senador Batalla, en el sentido de que todo lo que tenga por finalidad eliminar la más mínima duda en cuanto a la constitucionalidad de un texto que aprobemos es saludable. Esa eliminación, en la misma línea de razonamiento que efectuaba el señor senador Cigliuti, autor de la moción, apuntaba, también, a la remisión de este proyecto de ley a la Comisión, por segunda vez, en lo que tiene que ver con los artículos 4º y 5º.

Por una razón de economía procesal -si se me permite la expresión- entiendo que esa remisión a la Comisión es absolutamente inútil, porque la mayoría de sus miembros -advierto que el señor senador Batalla plantea no su idea acerca de que esto es inconstitucional, sino sus dudas- entendemos que no hay inconstitucionalidad, porque la limitación de los dos tercios que establece la Constitución está referida a casos expresamente previstos en el artículo correspondiente de la Carta.

Por lo tanto, pienso que lo mejor es dar el tema por discutido y votarlo. Luego, si hay quien entienda que esta norma es inconstitucional, habrá razones a favor y en contra. Estimo que los argumentos a favor de la constitucionalidad de las normas previstas en los artículos 4º y 5º, desde mi punto de vista, son más que suficientes. Con el respeto que siento por las argumentaciones efectuadas por los señores senadores Cigliuti y Batalla, no me preocupa que se pueda finalmente llegar a declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Por otra parte, no creo que vaya a cambiar la correlación de votos que existe en el Senado, por lo que me voy a oponer a la moción.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Comprendo, señor Presidente, la argumentación del señor senador Ricaldoni. Lo que todos deseamos es que se encuentre una solución en el Senado, no que salgamos con la duda acerca de si el artículo rige o no en virtud de que obtuvo o no los dos tercios.

Nadie dice que el artículo es inconstitucional, sino que lo que se requiere para su aprobación es un quórum especial de dos tercios. Eso aún no se ha conseguido.

Si el señor Presidente proclama, por ejemplo, que el artículo se aprueba con 18 ó 16 votos, con eso no se arregla el problema.

Pienso que el proyecto debe volver a Comisión, pero no para que sus miembros cambien sus opiniones, sino para que arbitren algún mecanismo que permita llegar a una solución. Lo peor que nos puede ocurrir es salir de aquí sin saber si ese articulo rige o no. La Corte Electoral puede interpretarlo de una manera u otra. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí o en Comisión, es lograr una solución que permita decir que esta norma es clara, definitva y que el artículo rige o no.

Por estas razones es que pido que el proyecto pase a Comisión porque, de la discusión sostenida aquí, no parece surgir una definición.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Si la Mesa proclama afirmativa la votación, se comunicará el proyecto como aprobado a la Cámara de Representantes y el artículo regirá como toda disposición sancionada.

Si padece de un vicio de inconstitucionalidad formal, ello podrá ser planteado ante la Corte. Pero aunque la norma fuera declarada inconstitucional en un caso concreto, seguirá rigiendo siempre y la Corte Electoral deberá aplicarla. Ella, al igual que cualquier otro organismo del sistema institucional de la República, es absolutamente incompetente para señalar que una disposición legal no rige, en función de su interpretación de la Constitución.

El único órgano que en este país puede decir que una norma es inconstitucional y desaplicaría, nada más que en un caso concreto, que no significa derogación, es la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de que cada legislador pueda pensar que la aprobación de esta norma no se hace a través del quórum exigido por la Constitución de la República.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Proclamada afirmativamente la votación por el señor Presidente, como se ha hecho, no cabe sino aceptarla o pedir su rectificación o cuestionamiento de la Mesa.

Creo que no ha mediado ni uno ni otro planteo; en consecuencia, queda firme la proclamación efectuada por el señor Presidente.

Por ende, corresponde pasar a otro asunto, salvo que mediare un planteo concreto de rectificación de la votación o cuestionamiento de la Mesa, en cuyo caso votaríamos.

Pienso que debemos tomar como firme la proclamación de la Mesa o aplicar el Reglamento en lo que tiene que ver con algunas medidas, pero no el pase a Comisión para cuestionar su decisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa, que se siente aludida por las expresiones del señor senador Tourné, deja constancia que, como fue advertido por todos, el Presidente llegó tres minutos antes de que se procediera a la votación y no sabía cuál era el texto del artículo, por lo que proclamó la votación afirmativa de 18 en 24 maquinalmente.

Eso no significa que si la Mesa tiene que decidir acerca del punto -lo cual no parece lógico- se afilie a la tesis de que no son necesarios los dos tercios de votos.

Se trata de algo expresado maquinalmente frente a una disposición cuyo contenido desconocía.

No creo que ese sea el sentido respecto a que la Mesa pueda decidir si el artículo es válido o no, cuando en el Senado existe esta discrepancia.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Cigliuti en el sentido de que los artículos 4º y 5º del proyecto vuelvan a Comisión.

(Se vota:)

-9 en 23. Negativa.

La Mesa tendría que pedir, entonces, la rectificación de la votación del artículo 4º.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de que se rectifique la votación del artículo 4º.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación del artículo 4º.

(Se vota:)

-15 en 22. Negativa, por no contar con los dos tercios que requiere la Constitución para este tipo de disposiciones.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Voy a objetar la conclusión a que ha llegado la Mesa, relativa a que el resultado de la votación es negativo en tanto no alcanza los dos tercios, afiliándose a una de las dos tesis que hay en el Senado; pero no la ha tomado el Cuerpo, sino el señor Presidente como tal.

Pienso que habría que pedirle al Cuerpo que se pronuncie acerca de la pertinencia o no de que se exijan o no los dos tercios, porque hay opiniones discrepantes. En la propia Comisión he escuchado atentamente al propio señor senador Aguirre argumentar todo lo contrario.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Gargano tiene razón; pero es el Senado quien ha puesto a la Mesa en esta disyuntiva.

El que habla aclaró que había pronunciado maquinalmente que la votación era afirmativa, 18 en 24, porque los números así lo indican.

Si el Presidente es quien debía decidir, fue por ello que pidió la rectificación de la votación. Haciendo uso de la facultad que el Reglamento o el Senado le ha concedido, proclamó el resultado de la votación.

Si se quiere reabrir la discusión, no hay inconveniente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que la actitud de la Mesa ha sido razonable desde su punto de vista; pero se trata de un tema que fue discutido antes de que el señor Presidente llegara.

Una parte del Senado -tengo la certeza de que es la mayoría- entiende que no se necesitan los dos tercios, y una minoría, entiende que si.

Como bien dice el señor senador Gargano, estimo que el que debe resolver es el propio Senado y no cargar a la Mesa con esa responsabilidad, porque si no llegaríamos al absurdo de que en cualquier proyecto el señor Presidente podría decir que se necesitan dos tercios aunque el Senado entendiera otra cosa. De manera que no se si tenemos que votar de nuevo o basta que el Cuerpo se pronuncie si se necesitan dos tercios y, si se manifiesta en contra de esa exigencia, queda aprobado el artículo con la mayoría simple.

SEÑOR PRESIDENTE. - Estoy totalmente de acuerdo, señor senador. Eso fue lo que propicié pero se dijo otra cosa.

SEÑOR ORTIZ. - Hago moción para que el Senado se pronuncie si son necesarios o no dos tercios de votos,

SEÑOR PRESIDENTE. - En primer lugar, es necesario votar la reconsideración del artículo 4º.

Si el Senado está de acuerdo, se vota si se reconsidera el artículo 4º.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En segundo término, se va a votar la moción concreta en el sentido de si se requieren o no dos tercios para la sanción de este artículo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Entendí que habíamos establecido un sistema práctico para solucionar lo planteado: el señor Presidente, de acuerdo con su leal saber y entender, estableció que se precisaban dos tercios y por eso proclamó que la votación era negativa. El señor senador Gargano insinuó primero, y después concretó su pensamiento, objetando la actitud de la Mesa. Entiendo que eso es lo que se debe votar: la objeción a la actitud de la Mesa. El Cuerpo debe decidir si tiene razón quien objeta, o la Mesa, que en el uso de sus atribuciones estableció su parecer, o desechar su criterio. Si se interpreta que el señor Presidente no estuvo correcto, entonces, éste acatará y visto que el Cuerpo no comparte su interpretación, procede de acuerdo con la objeción realizada. Con esto se terminaría formalmente este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que los dos caminos conducen al mismo resultado. No hay inconveniente, tampoco, en seguir ése.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Creo que tenemos que entender, todos -porque acá no estamos discutiendo para ganar votaciones ni para sacar artículos forzadamente- que resulta mucho más conveniente que el Senado evite un pronunciamiento en el día de hoy sobre un tema que lo ha dividido y sobre el cual el señor Presidente inclusive toma una posición distinta de la que aparentemente sostiene la mayoría. Pienso que se debe dar la posibilidad de que se llegue a un entendimiento. Cómo no se va a llegar a un acuerdo sobre este tema!

En este momento hay 23 señores senadores presentes y el Cuerpo se compone de 31 integrantes. Entonces no puedo entender ni creo que esté bien que se vote este artículo y que salga hoy forzosamente por una mayoría que no es de dos tercios, creando una situación irregular, ya que hay una importante cantidad de señores senadores que han expresado su desacuerdo y otros que no están presentes.

Estimo que sería mucho mejor si el Senado no adopta resolución sobre este punto en la noche de hoy y lo incluye en primer término del orden del día de la sesión del próximo martes. En el interín se podrá llegar a un consenso entre los señores senadores que permita tomar una resolución que luego no sea cuestionada por los que piensan que alcanza mayoría simple ni por aquellos otros que consideran que se necesitan dos tercios de votos. ¿Acaso el Senado se puede pronunciar hoy, después que hemos discutido y confrontado opiniones diversas? Miembros de un partido han dicho una cosa y de otro partido han expresado lo contrario.

Ya que el Senado no quiere pasar el proyecto a Comisión, lo que tendría que hacer es resolver trasladar este asunto como primer punto del orden del día de la próxima sesión, y en estos seis días que tenemos podremos conversar sobre el asunto a los efectos de que el Cuerpo tome una resolución inobjetable.

Pienso que no alcanza que hoy una mayoría de 18 senadores diga que es suficiente con esos votos. Inclusive aunque exista esa mayoría, creo que no es conveniente adoptar hoy esa resolución, porque no soluciona el problema sino que, por el contrario, lo agrava y lo tranca. Sí hacemos lo que propongo, entonces estaremos en condiciones de adoptar una resolución que no deje secuelas y que permita decir que esa es la resolución correcta que tomó el Senado.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No es que me niegue terminantemente a lo que propone el señor senador Cigliuti, pero advierto que eso que él sugiere, que parece muy razonable, en los hechos se va a traducir en que este asunto vuelva a Comisión, allí se estudiará y se ratificará la posición. Hay que tener presente que el tema ya volvió a Comisión, y las observaciones que se habían realizado -una del señor senador Olazábal y la otra del propio señor senador Cigliuti- ya las tuvimos en cuenta. A eso fue a lo más que llegamos. Entonces, lo que veo es que vendremos la semana que viene y volverán a votar a favor 18 ó 19 señores senadores, se planteará nuevamente el tema y el señor senador Cigiluti se va a oponer otra vez. No creo que en estos seis días alguien vaya a cambiar de criterio, ni que aquel que piense ahora que son necesarios dos tercios se convenza de lo contrario. Entonces, ¿qué ganamos con seguir ese procedimiento? Creo que lo mejor es votarlo hoy, y luego el proyecto tendrá observaciones de inconstitucionalidad o no, pero por lo menos sale del Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar la moción formulada por el señor senador Ortiz en el sentido de que el Cuerpo decida si se requieren o no dos tercios. Se entenderá que el voto por la afirmativa implica que se requieren dos tercios y por la negativa, que no se necesitan.

(Se vota:)

-11 en .24. Negativa.

El Senado ha resuelto que el artículo 4º no requiere dos tercios de votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota:)

-17en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el artículo 5º.

SEÑOR CIGUUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El artículo 5º comete al Ministerio del Interior el diligenciamiento de los trámites a que se refiere el artículo 4º. Mi consulta es por qué ese cometido no se le da a la Corte Electoral.

Todos los trámites que se relacionan con certificados que se deben presentar para la inspección, el sufragio, etcétera, se tramitan ante la Corte Electoral. Este organismo, como dice el proyecto, tiene la obligación de reglamentar la ley. Por ello, no creo que sea más adecuado hacer las gestiones ante el Ministerio del Interior que ante la Corte Electoral misma. Por ejemplo, ante ese organismo ahora se hacen las gestiones para obtener la ciudadanía legal, para tener derecho al sufragio aun no siendo ciudadano y allí también se hace la inscripción. Los documentos los proveen los organismos que los tienen, pero la Corte Electoral los revisa antes de aceptarlos. Es decir, cumple una función completa para la inscripción.

Este es un certificado requerido para la inscripción. El ciudadano nacido fuera del país, siendo de padre o madre uruguayo, tiene que presentar su certificado de nacimiento y el de su padre o madre. Por ello, pienso que la Corte Electoral sería el organismo que naturalmente tendría que encargarse de aquello que establece el artículo 4º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - La Comisión se planteó la misma duda que el señor senador Cigliuti, pero se nos advirtió que la Corte Electoral no tenía organización suficiente corno para cumplir con esto.

¿Por qué recurrimos al Ministerio del Interior? Porque a través de las comisarias expide los certificados de vecindad y los que exige la Caja de Jubilaciones para justificar la existencia de la persona. Entonces, nos pareció que a falta de la Corte Electoral que hubiera sido el organismo natural para ello, el más parecido era el Ministerio del Interior, y por eso lo establecimos en el texto. No es que tengamos una preferencia especial, sino que nos pareció el adecuado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Simplemente quiero expresar que la razón expuesta por el señor miembro informante es perfectamente concreta y clara -la comprendo muy bien- pero no participo de esa información

La Corte Electoral cuenta con una sección denominada Ciudadanía Legal que atiende esto mismo, porque quien va a obtener la ciudadanía legal tiene que probar alguno de los estos elementos, como por ejemplo el arraigo. Entonces, en esta misma sección se puede, realizar la gestión a que hace referencia el proyecto. Todas las oficinas electorales tienen suficiente personal como para cumplir esta función porque en todas ellas se puede efectuar el trámite para obtener la ciudadanía legal.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no participo de esa larga amistad entre la Corte Electoral y el señor senador Cigliuti -que es conocida por todos- de la que, extrae la argumentación necesaria para que esto, se concrete a través de las oficinas pertinentes de ese organismo. Sin embargo, si estoy de acuerdo con su objeción porque, ¿cómo se va tramitar ante el Ministerio del Interior el certificado del arrendamiento o la promesa de compraventa?

En algunos casos, la Corte Electoral es la única que puede juzgar la información relativa a la permanencia en el país de una determinada persona, pero es el Ministerio del Interior el que puede obtener y brindar estos datos.

Pero, ¿se puede obtener el certificado correspondiente sobre la instalación de un comercio o una industria a través del Ministerio del Interior? Lo mismo sucede con la prueba del arrendamiento, la promesa de adquirir, o la compra de una finca para, habitar en ella. Por lo tanto, ¿no sería más conducente establecer que la Corte Electoral será la encargada de recibir los testimonios o elementos mencionados en el artículo 3º. Luego, la reglamentación determinará, en cada caso, en cada uno de los literales, el mecanismo para acreditar esa permanencia en el país o la instalación de un comercio o industria.

Pienso que si por ley cometemos esta función al Ministerio del Interior, éste no la podrá cumplir con sus potestades y tendrá que realizar consultas a otras oficinas del Estado o solicitar información de determinados ciudadanos -como, por ejemplo, los escribanos- o de organizaciones privadas, como las inmobiliarias. De esa forma podrá saber si la persona en cuestión ha arrendado o prometido en compra un bien.

En consecuencia, entiendo que la justificación de los extremos debe hacerse ante la Corte Electoral que es la que va a reconocer si esa persona reúne o no las condiciones para ser incorporada en el Registro Civil como ciudadano natural. Para ello, la propia Corte reglamentará los requisitos a exigir en cada caso, a cada organismo público o empresa privada. Considero. que ésa es la forma de certificar que realmente se ha instalado un comercio o industria, porque no creo que el Ministerio del Interior pueda expedir los certificados conducentes a cumplir con los extremos previstos en el artículo 3º.

Entiendo que habría qué introducir alguna modificación al texto a efectos de que la Corte reglamente, en cada literal, cómo van a obtenerse los requisitos que se exigen para que opere el artículo 3º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente he propuesto una enmienda. No sé si este artículo puede ser sometido a votación con la modificación que he sugerido y quisiera saber si los miembros de la Comisión -a quienes me estoy dirigiendo en este momento- consideran que se puede solicitar del Ministerio del Interior el certificado de que se instaló un comercio o una industria. Puede suceder que sea solamente otra oficina del Estado la que este en condiciones de expedir esas pruebas. Por ejemplo si hay un régimen de garantía de alquileres, el arrendamiento será reconocido a través de la oficina pertinente del Ministerio de Economía y Finanzas siempre que se trate de un funcionario público. Si se trata de un funcionario privado, habrá un contrato inscripto pero esas ya no son potestades del Ministerio del Interior

Pienso que mediante este artículo se complica la mecánica del proyecto con un trámite administrativo que el Ministerio del Interior tendrá que efectuar ante otra oficina, -para lo que será necesario montar un aparato a efectos de regularizar ese trámite. Por supuesto, nadie va a solicitar que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca si una persona ha permanecido en el país por un lapso superior a un año; el Ministerio del Interior estará en mejores condiciones de brindar esa información, aportando datos de cuándo ingresó al país esa persona y de si obtuvo un avecinamiento que la policía, pueda justificar. Pero, obligar a que todo se tramite a través del Ministerio del Interior es, realmente, crear una complicación administrativa casi insalvable.

Reitero que este artículo debe ser modificado de alguna forma.

SEÑOR RICALDONI. -¿Me permite una interrupción.

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: creo que son sobradamente razonables las argumentaciones que ha formulado el señor senador Batlle y, atendiendo, a ellas, propondría -si los demás miembros de la Comisión están de acuerdo- la siguiente ,modificación al artículo 5º, que tenemos en discusión.

El texto que sugiero dice así: "la justificación de los extremos requeridos precedentemente se hará ante la Corte Electoral de acuerdo con la reglamentación que dictará la misma y conforme a ella, emitirá el certificado que acredite el avecinamiento

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Aclaro que no tengo preferencia por ninguna oficina, por lo que no tengo inconveniente en la nueva redacción propuesta por el señor senador Ricaldoni.

Deseo señalar que las dificultades que mencionaba el señor senador Batlle no son tales porque el artículo no dice que el Ministerio del Interior tendrá que salir a investigar; lo que expresa es que habrá que justificar ante el Ministerio del Interior esos requisitos. Entonces, quien haya alquilado una casa, llevará ante el Ministerio el contrato de arrendamiento, y quien haya comprado una finca aportará el título de propiedad o las constancias respectivas. Quiere decir que es el interesado el que debe realizar la justificación pero, reitero, no tengo inconveniente en que este trámite se realice ante la Corte Electoral.

Sin embargo, debo señalar que modificamos el texto en Comisión obedeciendo a una razón. La Corte Electoral nos dio la noticia de que carecía de la estructura administrativa suficiente y preparada como para efectuar estas gestiones. Como es notorio, a las dificultades que tenía la Corte Electoral -y este es un gran tema que seguramente tendremos que tratar dentro de poco tiempo- ahora debemos agregar ésta. Cabe aclarar que en mi deseo de que este proyecto sea aprobado y de no prolongar la discusión, apoyo la modificación propuesta. Pero tiene que quedar en claro que esto no es tan monstruoso ni difícil; es el propio interesado quien debe procurarse la documentación que acredite que ha cumplido cualquiera de estos requisitos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - El señor senador Ortiz ha dicho que he hablado de cosas monstruosas; lo único que he manifestado es que si soy el interesado y llevo al Ministerio del Interior -porque tiene muchas oficinas y seccionales policiales- la documentación que la reglamentación exige, éste la va a pasar a la Corte Electoral. Entonces, el Ministerio no va a revisar si ese arrendamiento se ha efectuado o no porque tampoco cuenta con una oficina que le permita establecer si realmente existe ese contrato registrado en tal lugar.

Entonces, lo que va a suceder es que esa carpeta o expediente que el interesado lleva, por ejemplo, a la seccional policial número 14, será enviada luego por la Secretaria del Ministerio a la Corte Electoral. Y no será otra cosa que el hecho de que por provenir del Ministerio del Interior, queda acreditada la verdad de lo que allí se testimonia.

Por lo tanto, si es que pretendemos establecer un requisito de modo de no permitir esta latitud que está rigiendo actualmente, en función de lo que establece el artículo 74 -al punto de que alguien puede alegar que, como vive en el Uruguay, tiene derecho a incribirse en el Registro- alguien tiene que hacer la justificación. ¿El Ministerio del Interior está en condiciones de hacerlo? Personalmente, creo que no. La persona que considere que está dentro de la ley, se presentará, por ejemplo, con un certificado notarial. ¿Qué diferencia hay en que se presente con un certificado notarial ante la Corte o ante el Ministerio del Interior? ¿Alguien hace la investigación sobre si lo que se aduce es cierto o no la hace nadie? No creo que el Ministerio realice esa investigación. Simplemente, significa agregar un trámite mas.

Entonces, pienso que la Comisión allana un poco esta situación y la Corte Electoral, que dice hoy que no lo puede hacer, pretendiendo transferir su responsabilidad al Ministerio del Interior, para justificarse a si misma da validez a ciertos hechos que nada tienen que ver con la realidad, sólo porque se presenta ante ella un certificado del Ministerio del Interior. Por lo tanto, entiendo preferible que la Corte Electoral asuma la responsabilidad que le corresponde porque, de lo contrario, mañana van a aparecer personas mal inscriptas -porque han falsificado la documentación- y la Corte tendrá su descargo al decir que se lo envió el Ministerio del Interior y, por ende, ella consideró que estaba bien, con lo que no asumirá responsabilidad ante un asunto en el cual la tiene en forma única y exclusiva.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Solicito que se lea nuevamente la redacción del artículo 5º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 5º, con la modificación propuesta,

(Se lee:)

"La justificación de los extremos requeridos precedentemente se hará ante la Corte Electoral, de acuerdo con la reglamentación que dictará la misma y, conforme a ella, emitirá el certificado que acredite el avecinamiento".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No estoy de acuerdo con la parte final de la redacción, porque la Corte Electoral no puede expedir un certificado ante si misma. El certificado se justificaba cuando se trataba de otra oficina, por ejemplo cuando quien lo expedía era el Ministerio del Interior. Pero si es la propia Corte quien recibe la prueba del avecinamiento, creo que no tiene sentido que ella expida un certificado para presentar ante sus propias oficinas.

Por lo tanto, me parece que habría que suprimir lo relativo a la expedición del certificado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI.- El expediente inscripcional se integra necesariamente, con los documentos que las leyes exigen para autorizar al ciudadano a incorporarse en el Registro Cívico. De modo que dentro del expediente quedan el certificado de nacimiento de los padres -mediante el cual la persona nacida en el exterior acredita su condición de ciudadano natural- y también el certificado de avecinamiento. La Corte debe expedir el certificado ya que, si el ciudadano no lo presenta, la oficina que debe realizar la inscripción no lo acepta. De manera que ahora tiene que llevar tres documentos. La Corte debe dárselo al ciudadano a los efectos de que éste se presente con él y con los otros dos ante la oficina que corresponda, para incorporarse al Registro Civil. En consecuencia, creo que esta disposición debe mantenerse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se a votar el artículo 5º con la modificación propuesta por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

-17 en 24 Afirmativa

En consideración el artículo 3º, que había quedado pendiente.

SEÑOR RICALDONI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en virtud de una norma reglamentaria -el artículo l02- desearía que se me informara con cuántos votos fue aprobado el artículo 3º que estamos reconsiderando, puesto que para que prospere una eventual reconsideración sobre el fondo del tema, tendría que tener votación mayor que la que logró en primera instancia.

SEÑOR PRESIDENTE - La votación fue 17 en 18, señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE.- Señor Presidente: a las razones expuestas -que no voy a reiterar- deseo agregar una situación ejemplificando los problemas que esta norma puede traer aparejados.

Un ciudadano natural que ha adquirido esta condición en virtud de ser hijo de padre o madre oriental que se ha avecinado en el país e inscripto, y luego se radica en el exterior, forma pareja y tiene hijos, de acuerdo con esta norma, en ningún caso los hijos de esta persona van a poder tener la calidad de ciudadanos naturales. Supongamos que ha formado pareja con una uruguaya y también se caso, en virtud de esta disposición legislativa, cuando sus hijos se presenten ante la Corte Electoral –aunque uno de los padres tiene la condición de ser ciudadano natural por haber nacido en el territorio de la República- no adquirirán el derecho . Es tan categórico el pronunciamiento de la disposición, al establecer que en ningún caso tendrán la calidad de ciudadanos naturales, que, evidentemente, aún en esa circunstancia, ella va a obstar al ejercicio de un derecho constitucionalmente adquirido.

De esta manera he ejemplificado, primero, que se trata de una norma que estrictamente no atiende al objetivo de esta ley, ni a la razón de su dictado; segundo que las pautas constitucionales son, evidentemente, contrarias a este texto; y, tercero, que las situaciones que se van a generar en virtud de lo que acabo de ejemplificar estarán imposibilitadas de acceder a la ciudadanía natural, que les corresponde en función de las normas constitucionales actualmente vigentes.

Todas estas consideraciones determinan muy claramente que este es un texto inconveniente y que perfectamente puede prescindirse de él en el dictado de este proyecto de ley, ya que sólo va a traer una complejidad muy difícil de subsanar, a menos que se dicten otras normas posteriores.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo precisar que, en la hipótesis formulada por el señor senador Tourné, esa persona sería ciudadano natural por imperio del artículo 74 de la Constitución de la República.

Si la persona es hija de un padre que es ciudadano natural -por ser hijo de padre o madre oriental- aunque nacido y radicado fuera del país, y tiene un hijo con, una uruguaya nacida en el territorio nacional, según el artículo 74 de la Constitución, ese hijo será ciudadano natural. El artículo 74 de la Constitución establece que también son ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, es decir, los hijos de padre o madre nacidos en el territorio nacional, cualquiera haya sido el lugar de nacimiento de aquéllos. En esa hipótesis, como la madre es oriental, debe aplicarse el artículo 74 de la Constitución de la República y, por lo tanto, el hijo es ciudadano natural.

Lo que este artículo quiere aclarar es que, por el mero hecho de reconocerse la nacionalidad por el artículo 2º del proyecto a personas nacidas fuera del territorio nacional, ellas no pueden trasmitir su condición de ciudadanos naturales a sus hijos nacidos fuera del país, porque eso no está autorizado por el artículo 74 de la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONL - Pido la palabra para una, cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. -Aquí existe un error o una traición del subconsciente de los redactores de este proyecto sustitutivo, porque advierto que está faltando el último artículo que es tradicional -aunque ahora se esta cuestionando su permanencia- donde se expresa: "Comuníquese, etcétera".

Esto no lo digo para hacer una travesura. En mas de una oportunidad en este Senado en los últimos tiempos, se ha hablado de que si se lo suprimiera o se lo votara, correríamos, el riesgo de que en la Camara de Representantes se mantuviera el criterio tradicional y fuera devuelto a este Cuerpo.

Entiendo conveniente que, mientras este tema se está dilucidando en la Comisión de Constitución y Legislación, este artículo figurara en último término en este texto sustitutivo, ya que aquí no aparece.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR ORTIZ -Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. -Voy a acompañar la moción formulada por el señor senador Ricaldoni por las razones que él ha expuesto, para que a este proyecto de ley, que ya ha tenido una vida tan azarosa en el Senado; no se le agregue una dificultad adicional en la Cámara de Representantes a raíz de la falta de esta disposición.

Sin embargo, quiero recordar -y, en este sentido, desea que el Senado lo ratifique si es asi que cuando se planteó este problema en Sala, se resolvió que ese tema lo trataría el Cuerpo una vez que fuera informado por la Comisión de Constitución y Legislación. Entiendo que es una resolución que está vigente y solicito que se me confirme si es así.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor senador; lo está considerando la Comisión de Constitución y Legislación y se está esperando su informe.

Se va a votar si se adiciona a este proyecto de ley un artículo 6º, de trámite.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda. aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Articulo lº - Tienen la calidad de nacionales de la República Oriental del Uruguay, los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República.

Art. 2º. - Tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior.

3º.- Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2º de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales.

Art. 4º- Interprétase el artículo de la Constitución: en el sentido que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido, tales como por ejemplo:

a) la permanencia en el país por lapso superior a un año;

b) el arrendamiento, la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella;

c) la instalación de un comercio o industria;

d) el emplearse en la actividad pública o privada;

c) cualesquier otros actos similares demostrativos del propósito mencionado.

Art. 5º La justificación de los extremos requeridos precedentemente se hará ante la Corte Electoral de acuerdo con la reglamentación que dictará la misma y conforme a ella, emitirá el certificado que acredite el avecinamiento.

Art. 6º -Comuníquese, etc."

8) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en la Mesa obra la numeración de varias carpetas que pasaron al Archivo y que, procedían de la Comisión de Hacienda. Si fuera posible, solicito que se envíen nuevamente a dicha Comisión con el fin de que puedan ser consideradas nuevamente.

En ese sentido, pido que se dé lectura por Secretaría a la nómina de las carpetas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

"Carpeta Nº 673/86, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Intermediación financiera; Carpeta Nº- 690/86 Consorcio de Exportación; Carpeta Nº 691/86 qué autoriza a ANCAP a crear una compañía de comercio exterior; Carpeta Nº 692/86, Compañía de Comercio Exterior; Carpeta Nº 694/86, Proyecto sobre Exportaciones, Seguro de Crédito- Carpeta Nº 695/86, Comisión de Comerció Exterior y Carpeta Nº 993/87, Corporación Nacional para el, Desarrollo se modifica su estructura orgánica".

-Se va a votar si las carpetas mencionadas se extraen del Archivo y pasan a la Comisión de Hacienda.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INFORMES DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL RELACIONADOS CON SOLICITUDES DE VENIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS: AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO DE LA ARMADA A VARIOS SEÑORES CAPITANES DE FRAGATA; AL GRADO DE CORONEL DE LA FUERZA AEREA A VARIOS SEÑORES TENIENTES CORONELES, Y AL GRADO DE CORONEL (INTENDENCIA), AL SEÑOR TENIENTE CORONEL (INTENDENCIA) DON ESTANISLAO TRENTINI.
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON LAS SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A UN FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y A UN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente, a continuación el Senado tendría que entrar, siendo la hora 19 y 44 minutos, a considerar el tema sobre el «leasing». El señor senador Garcia Costa, que es el miembro informante ha producido un informe muy importante y valioso. Sin ninguna duda, este asunto nos va a llevar no solamente el resto de la sesión de hoy, sino también alguna otra.

Considerando esa situación, quiero decir que en el orden del día de hoy, en los numerales 22, 23 y 24, figuran los informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para realizar ascensos, que fueron incorporados al orden del día porque dicha Comisión los aprobó por unanimidad. Quiere decir que no existen discrepancias para conversar sobre estas venias y que, por lo tanto, no sé si no sería oportuno -teniendo en cuenta el consenso de la Comisión- que el Senado pasara a sesión secreta para votarlas.

Si el Senado no se opone, formulo moción para que se altere el orden del día, se pase a considerar las solicitudes de venia y, posteriormente, entremos a tratar el proyecto de ley referente al "leasing".

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Como es habitual, no tenemos inconveniente en apoyar la solicitud de alteración del orden del día para considerar el tema.

Sin embargo, a propósito del planteo formulado por el señor senador Batlle, más allá de la corrección, desde el punto de vista reglamentario, de los términos en que lo hizo, destaco una inquietud vinculada al tema y expuesta por el señor senador Ricaldoni en el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales, en términos que comparto.

Digo, señor Presidente, que tenemos un régimen que incluye contradicciones y que sería importante se pudiera resolver. Este tipo de asuntos se considera y se vota en sesión secreta. Razones existen para que ello ocurra así. No obstante -y aquí está la contradicción- previamente son examinados por la Comisión respectiva en sesión pública.

La circunstancia a que ha hecho alusión el señor senador Batlle -reitero que en términos absolutamente correctos- está haciendo pública la posición, cuando menos, de los miembros de la Comisión.

Digo, señor Presidente, que sería deseable para el futuro, que este elemento no lo manejáramos más y que por la vía interna más adecuada ajustemos los procedimientos, porque no me parece justo ni conveniente que estemos incurriendo en esta cotradicción.

Con respecto a nuestra bancada, existe un compañero nuestro en la Comisión y en todos los casos actúa expresando la posición de la bancada pero, natualmente, sobre la base de elementos que se manejan en sesión secreta y que fundamentamos en ella, al igual que todos los señores senadores.

Declaro nuestra preocupación con respecto a la necesidad de que esto sea resuelto y que no nos veamos sometidos en circunstancias futuras a situaciones que puedan dar lugar a debates o expresiones públicas anteriores o posteriores, que resultaren inconvenientes.

No es el caso concreto de los temas a considerar en el día de hoy y por eso lo digo; sin embargo, pueden haber, eventualmente otras circunstancias en las cuales se creen elementos de incomodidad o de inconvenciencia que es deseable que no ocurran.

Subrayo que esto no tiene nada que ver con el planteo del señor senador Batlle, sino que es deseable, en nuestra opinión, que se tenga en cuenta para el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa da cuenta de que, con ese fin, traerá para la sesión del martes próximo un proyecto de artículo aditivo al Reglamento.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el señor senador Rodríguez Camusso.

Lo que pasa es que, lamentablemente, la información es pública. Además, no solamente es así, sino que ella fue hecha pública de una manera tergiversada.

Hace pocos días en un diario de nuestra capital apareció en títulos muy grandes, lo siguiente: fueron rechazadas las solicitudes de venia de varios Coroneles.

SEÑOR SENATORE.- Eran 37 Coroneles, señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Como soy miembro de la Comisión de Defensa Nacional y ese tema no se había considerado -por lo tanto esa noticia era un invento- en páginas interiores traté de leer la información que explicaba las razones por las cuales se habían rechazado esas venias. En ellas se da una versión precisa, acertada, de lo que se trató en Comisión y de cómo se aprobaron las venias que ahora estamos propiciando que se consideren. Allí se explican cómo fueron aprobadas por parte de los integrantes de la Comisión y no se hace ninguna referencia al título que da cuenta de un tema que no se discutió. Quiere decir, entonces, que en la primera página se inserta una noticia falsa que no es ratificada en la información interior.

Por tanto, no estoy agregando ninguna cosa que no esté ya en conocimiento de todos los señores senadores, puesto que se publicó en la prensa. Y esta es la circunstancia por la cual hice expresamente estas manifestaciones, estando en todo de acuerdo con el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- Declaro mi entero acuerdo y satisfacción con lo que manifiesta el señor Presidente del Cuerpo, en cuanto a que va a traer una norma aditiva al Reglamento del Senado.

Lo que decía el señor senador Rodríguez Camusso es cierto. Desde hace varios años ha venido planteando este tema, no sólo en lo que tiene que ver con la Comisión de Defensa Nacional sino también con la Comisión de Asuntos Internacionales cuando, por ejemplo, se tratan venias para nombrar Embajadores; o de la Comisión de Constitución y Legislación cuando se consideran asuntos del Poder Judicial, por cuanto no existe ninguna posibilidad de cumplir con lo que el Reglamento quiere, que es el secreto, o sea evitar el manoseo de nombres con el conocimiento de los fundamentos de voto negativos o afirmativos.

Como decía el señor senador Rodríguez Camusso, en las Comisiones que preparan el trabajo y asesoran al Cuerpo, ese régimen no rige. Existe una discordancia, seguramente no querida, al reglamentar el trabajo de la Cámara de Senadores. Creo que este tema, que está en el orden del día de la Comisión de Constitución y Legislación y que no requiere un esfuerzo particular de la misma, podría haberse superado beneficiosamente si la propia Presidencia del Cuerpo incluyera en el orden del día de la semana que viene una norma que podría ser muy sencilla y que creo que todos compartiriamos integralmente. En caso contrario, se seguirán dando situaciones como la referida por el señor senador Batlle en que, quizá aprovechando un vacío involuntario del Reglamento, en uso de las potestades que esa carencia normativa establece, algún miembro de la Comisión o, inclusive, quienes no son miembros de la misma pero tienen acceso a ella, desvirtúan el sentido de la norma establecida en el Reglamento del Senado.

Era lo que quería manifestar.

SEÑOR SENATORE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE.- Como no he leído el periódico al que se refiere el señor senador Batlle, deseaba preguntarle si está aclarado en esa publicación la forma en que fueron votadas las venias que hoy traemos a consideración del Senado.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Está toda la información señor senador y usted la puede leer. Lo más grave de todo es que en primera página se dice que fueron rechazadas las venias de 37 coroneles. Y cuando uno acude a la información correspondiente a ese título, se encuentra con que no se dice nada más que fueron aprobadas las venias tales y cuales de otras reparticiones que son las que están a punto de ser consideradas aquí.

Creo que era bueno hacer esta aclaración sobre un sistema periodístico como éste, para saber con qué nos vamos a encontrar dentro de poco, porque esto está en primera página, con grandes titulares referentes a que se rechazaron las venias de fulano y mengano y que son 37 coroneles. Después, dentro del periódico, se dice que la Comisión se reunió y que se aprobaron las venias de tales y cuales coroneles y que serán consideradas en el plenario. Y da otra información más con respecto a otro tema.

Por lo tanto, esto era un secreto a voces y por ese motivo hice la proposición de que se votara, teniendo en cuenta que habíamos trabajado en la Comisión tan públicamente y que, además, salió en la prensa al día siguiente con ese título fantástico que afirma en forma rotunda la falsedad más falsa, ya que es un mentira total.

SEÑO SENATORE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE.- Simplemente quería saber si en ese diario que no leí y voy a leer, se establece la forma en que se votó, es decir, por unanimidad y -como lo acaba de decir el señor senador Batlle- públicamente.

En suma, ya sabemos el resultado de la votación y se va a pasar a sesión secreta cerrando las puertas a pesar de que ya conocemos el resultado de la votación.

Esto es lo que interesa: destacar que el hecho de que esta información haya salido de la Comisión está poniendo en juego la responsabilidad de los señores senadores que pertenecemos a ella. Y eso es lo que me preocupa, aunque no doy informaciones a la prensa.

SEÑOR BATLLE.- Yo tampoco.

SEÑOR SENATORE.- Cuando vi un título tan grande, que se leía de lejos, dije que el título no tanía sentido porque, además, ni siquiera el número de las venias era exacto, ya que fueron 30 las venias que se dejaron para ser consideradas el lunes.

Dejo aclarada mi inquietud. Como miembro de la Comisión de Defensa Nacional, me parece que por lo menos tenía el derecho de dejar esta constancia

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción en el sentido de que el Senado pase a considerar los puntos 22), 23), 24) y 25) del orden del día.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Es la hora 19 y 57 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 20 y 5 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

(Se da de lo siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata; al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles: y al grado de Coronel de Intendencia del Ejército, al señor Teniente Coronel don Estanislao Trentini. Asimismo resolvió devolver al Poder Ejecutivo las solicitudes de venia para exonerar de sus cargos a un funcionario de la Presidencia de la República y a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de ampliar antecedentes.

10) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Permanente" (artículo 127 de la Constitución de la República).

La lista aún no está completa, de manera que habría que postergar su consideración.

SEÑOR CERSOSIMO. - Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción en el sentido de postergar el tratamiento del asunto que figura en tercer término del orden del día.

(Se vota:)

-23en 23. Afirmativa. UNANIMJDAD.

11) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: el candidato de la bancada del Partido Colorado para integrar la Comisión Administrativa, es el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda designado el señor senador Fá Robaina, por el Partido Colorado.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: para integrar la Comisión, el Partido Nacional propone al señor senador Juan Martín Posadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda designado el señor senador Juan Martín Posadas para integrar la Comisión por el Partido Nacional.

12) "LEASING". Se establecen normas reglamentarias de dicho contrato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el 5º punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan el contrato de ‘leasing’ (Carp. Nº 834/87 - Rep. Nº 7/88)".

(Antecedentes)

"Carp. Nº 834/87
Rep. Nº 7/88

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 17 de julio de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el adjunto proyecto de ley que regula el contrato de leasing.

El leasing ha adquirido en los últimos años gran aplicación en varios países, como Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Argentina y Brasil.

Se señala como fuente de financiamiento a mediano y largo plazo que permite a las empresas obtener equipos y bienes acordes con el progreso técnico, evitando al mismo tiempo la adolescencia tecnológica y el elevado costo de inmovilizaciones de capital en bienes de activo fijo.

Se busca con la implantación de este tipo de contratos, contribuir a fortalecer el capital de trabajo y acercar las estructuras financieras a patrones más próximos al modelo de financiamiento convencionalmente aceptado en cuanto al modo de financiar necesidades permanentes como es en este caso, los bienes de capital.

Se procura así dar soluciones, por un lado a los empresarios, que ya endeudados no tienen posibilidades de aumentar su producción, por falta de capital de inversión para modernizar y ampliar sus máquinas y bienes; y desde el punto de vista de las instituciones financieras, se permitiría una mayor especialización de sus operaciones.

Las normas vigentes en nuestro derecho positivo son inapropiadas para regular esta figura, y en algunos aspectos simplemente inexistentes. Para subsanar esa insuficiencia, se ha elaborado el proyecto de ley que se acompaña, que contiene soluciones sobre las cuestiones sustanciales y procesales que plantea el contrato.

El proyecto adopta la denominación "leasing" con que el contrato es conocido intencionalmente. Se optó por esa denominación generalmente aceptada, en lugar de la expresión traducida, para evitar confusiones con otros institutos.

Diversas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales han asimilado el leasing a otros negocios jurídicos tales como arrendamiento, compraventa a plazos o con reserva de dominio, agrupación de varios contratos. El leasing financiero, tal como aparece regulado en la Sección I del proyecto que se acompaña, es un contrato típicamente financiero, de crédito autónomo y nominado, con características y elementos propios.

Se trata de un contrato en cumplimiento del cual una institución financiera realiza una inversión comprando un bien que dará al usuario, para que éste lo utilice por un lapso, mediante un precio en dinero abonable periódicamente, con la posibilidad de que al finalizar el plazo convenido, el usuario pueda comprarlo, por un precio residual estipulado en el contrato.

El precio por la utilización del bien suele fijarse teniendo en cuenta la amortización del valor total del bien, el interés del capital invertido en la compra, los gastos generales de la sociedad leasing y la utilidad que se espera obtener.

Se prevén también otras opciones en favor del usuario, además de la de compra, para dar mayor flexibilidad a la relación contractual.

Los artículos 2º y 5º regulan el objeto sobra el cual puede recaer el contrato, consagrando soluciones, algunas originales, que pretenden contemplar la realidad actual de nuestra plaza financiera y evitando al mismo tiempo que este contrato se utilice para evadir la legislación de orden público en materia de arrendamiento de inmuebles

Se ha considerado conveniente reservar esta operación a entidades especializadas: los intermediarios financieros, o aquellas sociedades de giro exclusivamente financiero especialmente autorizadas, reglamentadas y controladas por el Banco Central del Uruguay (artículos 3º, y 4º).

Los artículos 6º y 7º prevén la documentación del contrato y su registro con fines de publicidad y de garantía (artículo 8º).

Los Capítulos II y III de la Sección I, regulan detalladamente las obligaciones de ambas partes contratantes.

El Capítulo IV contiene normas procesales adecuadas a este contrato y el Capítulo V tipifica como delitos el abandono o la disposición de los bienes por el usuario, protegiendo como bien jurídico la propiedad que conserva la institución acreditante.

En el Capítulo VI se derogan determinadas disposiciones, para permitir al Banco de la República Oriental del Uruguay y a los intermediarios financieros en general, celebrar este contrato sobre bienes inmuebles.

En la Sección II del proyecto de ley se define el contrato de "leasing operativo" bastante difundido en nuestro medio, sobre todo con la finalidad de consagrar claramente su existencia independiente del leasing financiero, pero sometiéndolo a las disposiciones relativas al arrendamiento de bienes muebles.

El Poder Ejecutivo entiende que las soluciones contempladas en el proyecto de ley que se acompaña, permitirán el desenvolvimiento de esta figura contractual. que se ha visto trabado hasta el presente por la ausencia de una legislación adecuada.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

SECCION I - DEL LEASING FINANCIERO

Capítulo I - Disposiciones generales

Artículo lº- El leasing financiero es el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado, y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente; pactándose al mismo tiempo, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo, por un precio residual estipulado en el contrato.

Podrá también pactarse en favor del usuario la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados, por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato, sin perjuicio de la opción de compra a que refiere el inciso primero.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato, o el de la opción de prórroga en su caso, si el usuario no ejerciere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio residual estipulado, y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 2º- El contrato podrá recaer:

a) sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado;

b) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante; o

c) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos.

Art. 3º- Sólo podrán actuar como instituciones acreditantes en los contratos de leasing financiero:

a) los intermediarios financieros (Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982); y

b) las sociedades de giro exclusivamente financiero especialmente autorizadas por el Banco Central del Uruguay para la celebración de este contrato.

Art. 4º- El Banco Central del Uruguay reglamentará otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las sociedades a que se refiere el apartado b) del artículo 3º, siéndoles aplicables los artículos 11 a 15, 16 apartado c) 18, 20 a 24 inclusive del Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 5º - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, afectados a la actividad industrial, agraria o comercial.

Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato se regirá por las disposiciones de esta Ley siempre que el precio residual estipulado para la opción de compra no exceda del 20 % (veinte por ciento) del monto total de las cuotas periódicas pactadas.

Art. 6º - El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado certificado por escribano,

Art. 7º - El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

a) si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos;

b) si recae sobre aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves;

c) si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores;

d) si recae sobre naves, en el Registro de la Escribanía de Marina; y

e) si se tratare de otros bienes, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial

Si la institución acreditante omitiera la presentación del contrato al registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento, incurrirá en una multa en beneficio del usuario equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato, y responderá además de los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento.

Las partes podrán pactar además otras formas de publicidad de la existencia del contrato.

Art. 8º - La inscripción en el Registro confiere al usuario, derecho real de garantía respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior, le acuerda acción para recuperar la utilización del bien y, cuando haya pagado o pague su prestación y haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas, para exigir su transferencia forzada si circunstancias posteriores a la inscripción del contrato inhibieran o impidieran el ejercicio de la opción de compra o sus efectos.

El Juez competente, previa citación o citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará, en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante

Art. 9º- Durante el término del contrato, no es licito a la institución acreditante retirar la cosa del poder del usuario, ni a éste devolverla antes de concluirse el tiempo convenido, a no ser pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas.

Art. 10. - Salvo estipulación escrita en contrario, el usuario no tiene la facultad de ceder bajo ningún título la utilización del bien objeto del contrato.

Art 11. -Durante la vigencia del contrato el bien sólo podrá ser enajenado a una institución comprendida en el artículo 3º.

La enajenación voluntaria o forzosa realizada en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será inoponible al usuario, siempre que el contrato estuviera debidamente registrado.

Si el bien fuera enajenado conforme al inciso primero, la institución que suceda en el derecho a la contratante estará obligada personalmente a cumplir el contrato, siempre que estuviera debidamente registrado.

Capítulo II - De las obligaciones de la institución financiera

Artículo 12. - La institución acreditante es obligada:

a) a entregar la cosa, si es de su propiedad, o a adquirir la cosa al proveedor acordado y en las condiciones estipuladas en el contrato;

b) a notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia del contrato de leasing;

c) a no turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 13. - El contrato de leasing financiero se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes si el proveedor indicado por el usuario no presta consentimiento a la venta del bien a la institución acreditante, en las condiciones consignadas en el contrato.

Esta disposición no será aplicable:

a) si así se pactare expresamente;

b) si el usuario cede al acreditante, en el momento del contrato, una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor;

c) si el bien es propiedad de la institución acreditante o del usuario, al tiempo de celebrarse el contrato.

Art. 14. - Por la notificación fehaciente de la existencia del contrato de leasing financiero, realizada por la institución acreditante al proveedor, quedarán transferidos de pleno derecho al usuario todos los derechos y acciones correspondientes al comprador contra el proveedor.

La institución acreditante no será responsable frente al usuario de ningún incumplimiento en que pueda incurrir el proveedor, salvo que éste se excepcionara justificadamente en la falta de cumplimiento por el acreditante de sus obligaciones como comprador.

Art. 15. - La institución acreditante no podrá, sin consentimiento del usuario, mudar la forma de la cosa, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Con todo, si se trata de reparaciones indispensables que no puedan diferirse hasta la conclusión del contrato, el usuario que no las realizara por sí será obligado a tolerarlas aunque le priven del goce de la cosa y a reintegrar a la institución acreditante lo que ésta hubiera desembolsado por tal concepto, sin poder exigir rebaja de precio o compensación alguna.

Art. 16.- La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho de terceros que no pretendan derecho a la cosa. En este caso, el usuario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño, y aunque éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra la institución financiera.

Art. 17. - La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa se dirigirá contra la institución acreditante.

El usuario será sólo obligado a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia, de los derechos que aleguen, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, abonará los daños y perjuicios que de ello se sigan a la institución acreditante,

Si la institución acrediante no compareciere a defender la cosa, podrá sostener e1 juicio el usuario, quedando, aquélla responsable de la evicción y sus consecuencias.

Si la institución acreditante comparece, se seguirá contra ella sola la demanda; pero el usuario podrá siempre intervenir en el juicio en guarda de sus derechos.

La acción para recuperar la utilización de la cosa contra terceros que pretendan derecho a ella anterior a la inscripción del contrato de leasing, será ejercida por la institución acreditante, y mientras la utilización no sea recuperada el usuario quedará liberado del pago de las cuotas periódicas estipuladas.

Art 18. - Si la institución acreditante fuese vencida en juicio sobre la totalidad o sobre una parte de la cosa, podrá el usuario reclamar la rescisión del contrato si se le priva de la totalidad o de una parte principal de la cosa, o una disminución del precio en cualquier caso; podrá reclamar también los daños y perjuicios que le sobrevinieren, salvo que al otorgar el contrato, hubiese conocido el peligro de evicción.

Art. 19. - La institución acreditante no responderá de los vicios o defectos de la cosa; la acción del usuario deberá dirigirse contra el proveedor, conforme al artículo 14.

Pero si el bien fuera de propiedad de la institución acreditante a la fecha del contrato (artículo 2º, ap. c), responderá de los vicios o defectos graves de la cosa existente al tiempo de su celebración que impidieren la utilización, y el usuario podrá pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido de la institución acreditante al tiempo del contrato, o era tal que debiera conocerlo, tendrá además derecho el usuario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

Capítulo III - De las obligaciones del usuario

Artículo 20.El usuario está obligado:

1º) a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato.

2º) a emplear en su conservación el cuidado de un buen padre de familia.

3º) a pagar el precio periódico.

4º) a pagar el precio residual o, en su caso, devolver el bien.

Art. 21. - No podrá el usuario destinar la cosa a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el usuario contraviniere esta regla, podrá la institución acrediante reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios, o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el contrato.

Art. 22.-Si el usuario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá de los daños y perjuicios y aún tendrá derecho la institución acreditante para demandar la rescisión del contrato en caso de un grave y culpable descuido.

Art. 23. -Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar si el usuario ejerce la opción de compra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio residual.

Art. 24. - El mantenimiento y todas las reparaciones de cualquier naturaleza que deban realizarse en la cosa durante su utilización por el usuario serán de cargo de éste, sin perjuicio de las acciones que en virtud del artículo 14 puedan corresponderle contra el proveedor, y también perjuicio también de lo dispuesto por el artículo 19 inciso segundo.

Salvo pacto en contrario, todas las mejoras que se realicen en la cosa por el usuario durante el contrato, beneficiarán a la institución acreditante, pero se considerarán comprendidas en las opciones del artículo 1º, sin derecho a compensación para ninguna de las partes.

Art. 25. - El usuario deberá pagar el precio periódico estipulado, aunque durante el contrato la cosa fuese destruida en su totalidad o sólo en parte o se deteriorara, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa.

Lo mismo ocurrirá si por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa el usuario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el destino convenido.

Art. 26. -Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para vencerse el término pactado más el precio residual, abandonando el bien en beneficio del usuario; o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para vencerse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.

Art. 27 - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora de tres cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y una cuota en los demás casos.

Art. 28. - La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme al artículo 1.324 del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el usuario, cuando el hecho dañoso haya ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien por dicho usuario.

Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

Art. 29. – Finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga en su caso, si no hiciere uso de la opción de compra, el usuario debe devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si así no lo hiciera, luego de requerido para ello, será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él competa como injusto detentador.

Art. 30. - Si el usuario ejercitare alguna de las opciones contenidas en el contrato, deberá hacerlo saber a la institución acreditante antes del vencimiento del plazo.

Aceptada la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio a la institución acreditante, se otorgará el contrato de compraventa, cancelándose la inscripción del contrato de leasing en el registro respectivo.

El usuario podrá en cualquier momento durante el transcurso del plazo del contrato, darlo por terminado aceptando la opción de compra y pagando la totalidad de las cuotas pactadas con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas, teniendo en cuenta su respectivo vencimiento, a la tasa que se hubiere pactado para dicho descuento, o en su defecto a la tasa a que se refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

Si la opción fuera la de prórroga del plazo, la aceptación por el usuario se inscribirá conforme a lo dispuesto en el artículo 7º.

El usuario no podrá ejercitar válidamente ninguna opción, si estuviera en mora en el cumplimiento de alguna obligación a su cargo. La mora a estos efectos se configurará mediante intimación con plazo de tres días hábiles por telegrama colacionado.

Los embargos trabados a la institución acreditante posteriores a la inscripción del contrato de leasing, no obstarán a la compraventa ni a la transferencia de la propiedad en favor del usuario habilitándose a descartar dichos embargos.

Capítulo IV - Normas procesales

Artículo 31. - La institución acreditante tendrá acción ejecutiva para perseguir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, sus intereses y multas; así como el de todo el precio periódico pactado y del precio residual si optare por hacer abandono del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 26.

La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciará en juicio ordinario.

Art. 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada de la cosa, en los casos previstos en los artículos 27 y 29, será el del juicio de entrega de la cosa. A los efectos del artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil, serán admisibles, además de las excepciones del artículo 1311 del mismo Código, las de pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o documento privado emanado del actor; las de prescripción o caducidad y las de espera o quita concedida por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido o concordato homologado.

Con los mismos efectos será admisible la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones pactadas, en el caso del artículo 29.

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 1311 a 1313 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33. - La institución acreditante podrá acompañar, con su demanda o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de leasing, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, y deberá decretarse por el Juez, mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa materia del juicio y la cancelación de la inscripción del contrato de leasing, sin admitirse recurso alguno, aunque las excepciones opuestas sean de las previstas en el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32 de esta ley.

Hecho efectivo el apremio, se continuarán los procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieron excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas (Código de Procedimiento Civil, artículos 1313 y 1314) se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento.

Art 35- - Los embargos trabados en juicio seguido contra la institución acreditante con posterioridad a la inscripción del contrato de leasing no impedirán la utilización del bien por el usuario. Si se decretara el secuestro del bien, sólo podrá depositarse en manos de terceros cuando el usuario no quiera o no pueda constituirse en depositario. El usuario nombrado depositario podrá continuar utilizando el bien en los términos del contrato.

Desde la notificación del embargo trabado en los bienes objeto del contrato, el usuario deberá depositar todo importe que deba abonar a la institución acreditante, a la orden del Juzgado actuante y bajo el rubro de los autos. Cualquier pago que realice el usuario a la institución acreditante en contravención a lo dispuesto no será oponible al acreedor embargante.

Capítulo V - Normas penales

Artículo 36. - El usuario que abandone los bienes objeto del contrato, con daño de la institución acreditante y sin perjuicio de las responsabilidades que en tales casos incumben al depositario de acuerdo con las leyes comunes y de darse por vencido el plazo del contrato, incurrirá en la pena de dos meses hasta dos años de prisión, según la importancia del daño.

Art. 37. - El usuario que disponga de los bienes objeto del contrato o que constituya prenda sobre ellos como propios, incurrirá en pena de un año de prisión a seis años de penitenciaría, según la importancia del daño.

Capítulo VI

Artículo 38. - A los efectos del contrato de leasing financiero, no regirá la prohibición de adquirir propiedades raíces establecida en el numeral 3º del artículo 27 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939 (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay) en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto-Ley número 14.623, de 4 de enero de 1977, ni la de tener bienes inmuebles establecida en el artículo 18 ap. e) del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

SECCION II - DEL LEASING OPERATIVO

Artículo 39. - El contrato de leasing operativo es aquel por el cual el dador se obliga a conceder al usuario el uso y goce de un bien mueble y el usuario se obliga a pagar por ese uso y goce un precio en dinero abonable periódicamente, pactándose al mismo tiempo, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo, por un precio estipulado en el contrato.

Además de la opción de compra, podrá también pactarse en favor del usuario la de prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados, por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato.

Art. 40. - El contrato de leasing operativo se regirá por las disposiciones relativas al arrendamiento de bienes muebles.

Ejercida la opción de compra por el usuario, el plazo previsto en los artículos 1726 del Código Civil y 548 del Código de Comercio se contará desde la entrega efectiva del bien en virtud del contrato de leasing operativo.

Art. 41. - Comuníquese, publíquese, etc.

Ricardo Zerbino

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión ha procedido -en un prolijo estudio que se desarrollara fundamentalmente en los meses finales de 1987- a analizar el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo en julio del mencionado año, referido al Contrato de Uso.

La Comisión tuvo oportunidad de recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas sobre el proyecto de ley en cuestión. En casi todas sus deliberaciones además contó con la colaboración, lúcida y eficaz, de los asesores del Ministerio de Economía doctor Juan Carlos Cajarville y economista Juan Ignacio García Peluffo.

El contrato de Crédito de Uso fue implementado hace apenas 35 años en el mundo comercial y financiero. De tal modo es reciente su creación, que se conoce e individualiza a quien creara y desarrollara, en los Estados Unidos de América, la primera empresa mundial destinada a esas actividades. Los factores positivos contenidos en su naturaleza y operativa, hicieron que adquiriera una muy rápida difusión en todo el mundo de la economía capitalista, pudiéndose afirmar hoy que esta modalidad financiera constituye una de las mas recurridas por empresarios. A la misma se aplican cuantiosos capitales en enorme volumen de contrataciones en decenas de países, muchos de los cuales lo han legislado específicamente

En nuestro país, en forma incipiente, pero cada vez más desarrollada, se ha difundido el contrato hasta ahora llamado "leasing". La dificultad mayor para su más amplia utilización la constituye sin lugar a dudas la ausencia de una legislación apropiada, que, ateniéndose a las peculiaridades del medio uruguayo, la provea de un sustento jurídico, dándole así un marco legal más eficaz que las no más vigentes que le son ahora aplicables. A allanar ese obstácub tiende sustancialmente el presente proyecto de ley.

Previamente a entrar a las consideraciones de fondo que dan mérito a este informe, entendemos oportuno precisar dos aspectos de importancia.

El primero referido a la denominación legal del contrato sobre el que versa el proyecto. El Poder Ejecutivo en su Mensaje y proyecto utiliza la denominación de "leasing". La Comisión ha estimado impropia la utilización de un vocablo que no está incluido dentro de nuestro idioma, procurando así su mejor uso y defensa. En tal virtud, la denominación a la que se refiere el proyecto es la de "Crédito de Uso", que entre las varias posibles se estimó resulta la más apropiada a la índole del contrato a legislar.

El segundo hace a la supresión, en el proyecto de la Comisión, de las normas proyectadas sobre el denominado por el Poder Ejecutivo en su Mensaje "leasing operativo". Vuestra Comisión estima que no se justifica la inclusión en el texto de un tipo de contratación vinculado al Crédito de Uso aunque diverso en muchos aspectos al mismo. Ello en atención a que la regulación legal propuesta implicaba variantes sustanciales con relación al contrato fundamental sobre el que se legisla.

La modalidad que así se elimina del texto legal, se halla reglada por las normas codificadas vigentes y por tanto no resulta oportuna su inclusión, junto a otras que introducen efectivamente aspectos novedosos en el derecho positivo.

La definición del Crédito de Uso resulta del mismo proyecto. Su artículo 1º lo refiere como "el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado, y el usuario se obliga a pagar por esa utilización el precio en dinero abonable periódicamente".

La claridad de los términos nos inhibe de comentarios en detalle. Comprendidos en, la definición legal antes transcripta, pero no expresos, hay algunos aspectos de la efectiva concertación de los contratos que interesa destacar. El primero de ellos: que la institución financiera -precisamente por su índole- no es el fabricante del bien objeto del acuerdo, ni previamente al contrato lo tiene en su patrimonio. Salvo alguna hipótesis poco frecuente, el usuario elige y determina el bien que interesa a sus fines, y que por razones empresariales le resulta más provechoso o necesario, a su situación obtener mediante esta modalidad. A tal efecto lo indica específicamente a la institución financiera, quien lo adquiere con ese indicado destino, entregándolo en las condiciones contractuales y financieras que convenga con el usuario.

La efectiva utilidad que el bien en cuestión tiene para los propósitos que le llevan al crédito de uso la determina pues, en cada caso, el propio usuario.

Aparte de los mencionados, hay otros aspectos destacables que hacen a la mecánica concreta de la operación pero estando librados a la voluntad de las partes, y de formulación alternativa; los comentaremos al considerar en particular el artículo lº (opción de compra, opción de prórroga, remate del bien objeto del contrato).

La modalidad contractual en examen es, en el aspecto comercial, una alternativa de financiación sumamente ventajosa para los empresarios usuarios; por ello es habitual denominar el contrato de crédito de uso con el aditamento de "financiero". El sistema les permite obtener bienes, de equipo sin inmovilizar capital que puede ser escaso o en el crédito de altos intereses o eventualmente más redituable en otro sector de su actividad. Se favorece así la inversión, tan necesaria para el desenvolvimiento de la actividad económica, y se posibilita la renovación e innovación en el sector de los bienes de capital. Como lo han establecido acertadamente especialistas en el tema, el crédito de uso es un poderoso acicate para el progreso tecnológico, que por su índole requiere de una constante inversión y riesgo, no siempre posible al empresario particular. Es también un eficaz paliativo para el difícil obstáculo que implica empresarialmente la obsolescencia creciente determinada por el cambio constante de técnicas y equipos.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato que se legisla entendemos no corresponde abundar en un tema de alta especialidad. Seguramente en el análisis a posteriori que se realizará por los especialistas jurídicos se ha de profundizar en el punto.

Sin perjuicio de ello, el tema de la naturaleza jurídica del llamado "leasing" tiene actualmente, frente a la inexistencia de disposiciones legales como la proyectada -y por consiguiente de. las normas que le son aplicables- gran trascendencia, y es notoriamente intrincado. Baste mencionar, sin abundar en el tema, que se le ha pretendido asimilar doctrinariamente entre otros institutos con la compraventa, la compraventa a plazos, el arrendamiento, el mandato, el préstamo y alguna otra figura contractual (prenda, etc.).

El proyecto de ley que ponemos a consideración del Senado, al definir con precisión las condiciones esenciales del contrato de crédito de uso, hace prácticamente inconducente la difícil determinación que en la doctrina enfrentaba criterios y posiciones.

Se crea una normativa referida a un contrato autónomo y típico que, aunque reconoce en su complejidad origen en varias figuras contractuales codificadas, es diverso de cualquier otro, y por lo tanto deberán extraerse sustancialmente de sus principios propios las respuestas a los cuestionamientos doctrinales, jurisprudenciales, y aun prácticos que se planteen.

El instituto reglado en el proyecto de ley ateniéndonos a las clasificaciones del Código Civil es un contrato:

a) bilateral o sinalagmático, en cuanto impone obligaciones por ambas partes; b) oneroso, por las mutuas utilidades que deriva para ambos contratantes; c) conmutativo, por reputarse equivalentes las obligaciones asumidas; d) principal, por subsistir por si mismo sin referencia a otra convención; e) solemne, por requerirse determinadas formalidades para la existencia del contrato (instrumento público o privado, certificación notarial de firmas, extensión por triplicado, inscripción en registro estatal); y f) de tracto sucesivo, por cumplirse continuadamente en el tiempo en actos recíprocos de ambas partes.

Interesa destacar que el texto proyectado (artículo 4º) restringe el acuerdo de voluntades legislado a las estipulaciones precisas de la ley. Ello no significa que no pueda convenir -dentro de este tipo de operaciones mercantiles- otras formas contractuales innominadas que, aun cuando no estarán regladas por sus normas, igualmente serán válidas, entre ellas fundamentalmente, como antes se indicara el contrato de uso operativo.

Pasando ahora al estudio del articulado propuesto.

El Capítulo I – "Disposiciones Generales" - contiene 11 artículos. En el artículo 1º, inciso 1º, se contiene la definición puntual del contrato de crédito de uso. En líneas anteriores señalamos algunas otras características, complementarias de las contenidas en este inciso.

Los incisos 2º, 3º y 4º hacen referencia a opciones alternativas, no necesarias, que pueden convenir las partes. Como resulta de su lectura se autoriza a convenir, en beneficio del usuario, opciones de: a) compra del bien al vencimiento del plazo mediante un precio final o residual; b) prórroga. del contrato; o c) la venta en remate del bien en beneficio o de carga del usuario, ya sea que supere, o no, el precio final establecido.

Lo destacable de la fórmula legal es que, en particular la opción de compra, es potestativa de las partes contratantes, y no íntegra las condiciones esenciales del contrato. Vuestra Comisión ha entendido -en desacuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo -que la obligatoriedad de la opción de compra no integra necesariamente la fórmula del crédito de uso. Doctrinariamente, e incluso en algunas legislaciones comparadas, esta condición figura como sustancial, y no potestativa; sin embargo las últimas tendencias legislativas y doctrinarias van dejando de lado esta exigencia. Ello por razones que compartimos, y que hacen a la agilidad en la contratación, y a la búsqueda de la mayor autonomía de las partes en un convenio obligacional realizado usualmente a nivel de empresas de volumen financiero e indudable capacitación empresarial, lo cual permite, y aun hace aconsejable, otorgar las mayores alternativas para concertar el negocio.

El artículo 2º es de claro entendimiento. Como se deduce de su texto la institución financiera del crédito de uso no es propietaria de bienes "per se", sino exclusivamente en función de la contratación.

Los artículos 3º y 4º-en redacción mantenida del Mensaje del Ejecutivo- refieren a la determinación y control de las instituciones financieras que actúan en los créditos de uso, que son las únicas autorizadas a convenirlos. Las disposiciones aplicables (Decreto-Ley Nº 15.322, de setiembre de 1982) son de gran estrictez y aseguran un eficiente control directo sobre las instituciones de referencia.

En el artículo 5º se han introducido modificaciones a lo propuesto por el Ejecutivo. En mérito a las mismas la redacción final del texto determina dos extremos; el primero, que cuando el objeto contractual es un inmueble será necesaria la opción de compra para el usuario; y el segundo, que el precio final, a tales efectos, queda limitado hasta el 25 % del valor fijado por Catastro. Motiva esta modificación compatibilizar la disposición con la redacción propuesta del artículo lº, que hace voluntaria la opción de compra. El criterio legislado reposa en la índole inmobiliaria de los bienes y el ánimo de evitar una deformación de los conceptos del crédito de uso, que pudieran determinar una compraventa a plazos encubierta o un negocio inmobiliario simulado, violando así el objetivo primordial de la figura reglada.

Los artículos 6º, 7º y 8º -con pequeñas modificaciones al proyecto del Ejecutivo- fijan las condiciones de solemnidad para el contrato. Ellas son las del documento escrito, certificación notarial de firmas, extensión por triplicado e inscripción, en registro público, del contrato. Como contrapartida lógica de lo establecido, se consignan métodos que aseguran procesalmente al usuario a obtener eficazmente el reconocimiento de sus derechos, en caso de incumplimiento de la institución financiera.

Los artículos 9º, 10 y 11, acordes con el texto del Poder Ejecutivo, son claros en su formulación por lo que no abundamos en comentarios. Procuran, con lógica, evitar desvirtuaciones del contrato legislado.

El Capítulo II, artículos 12 a 19, determina las obligaciones contractuales de la institución financiera.

Sustancialmente dichas disposiciones -que con pequeñas modificaciones reitera el proyecto del Ejecutivo- se vinculan casi textualmente a artículos del Código Civil que regulan el contrato de arrendamiento (artículos 1796, 1799, 1801, 1802, 1808 y 1804). A tal efecto se sustituye la denominación y concepto de arrendador y arrendatario; por el de institución financiera o acreditante, y usuario respectivamente.

Esto último con la notoria excepción del artículo 19 proyectado, que invierte los criterios en cuanto a los vicios de la cosa del Código (artículo 1804); ello debido a la específica condición contenida en el contrato de crédito de uso de notificar fehacientemente la institución acreditante al proveedor de la existencia del convenio (literal b) del artículo 14 del proyecto).

El Capítulo III, artículos 20 a 31, refieren por su parte a las obligaciones del, usuario. Las mismas adoptan el mismo criterio de las incluidas en el Capítulo anterior, reiterando, con algunas modificaciones, artículos del Código Civil referidos al contrato de arrendamiento, de cuyo análisis y comentario nos eximimos por dicha razón.

El artículo 20 reproduce en sus tres primeros literales el artículo 1811 del Código Civil, agregando racionalmente el numeral 4º vinculado a la naturaleza del crédito de uso.

El artículo 21 y el 22 responden a los artículos 1812 e inciso 1º del artículo 1813 del Código Civil.

El artículo 23 establece una norma de clara razonabilidad, que exime de responsabilidad a quien cumple la totalidad del contrato pactado, aun cuando no fuere buen cumplidor previo.

El artículo 24 que pone de cargo del usuario todas las reparaciones, sin distinción de clase alguna y sin establecer clasificaciones (diferencia con el Código Civil en materia de arrendamiento). Lo adecua así a la mecánica particular de este contrato; como también lo hace con las reservas que contiene (artículos 14 e inciso 2º del 19). El inciso 29 de este artículo 24 define adecuadamente un tema siempre conflictual, relativo a las mejoras y su cargo.

El artículo 25 -que alude a situaciones similares a las regladas por los artículos 1805 y 1806 del Código Civil en arrendamientos- invierte las soluciones de estas últimas normas citadas, haciendo recaer sobre el usuario los riesgos del objeto contractual, ya sea por destrucción total o parcial, o privación de uso y goce del bien. Ello atiende a las peculiaridades características del contrato, que lo hacen necesario por la total disponibilidad que sobre el objeto adquiere el usuario.

El artículo 26 establece las condiciones en las que deba considerarse la culpa contractual del usuario que determina la rescisión. La norma es severa para el responsable, pero responde a la especificidad del contrato legislado.

El artículo 27 reglamenta el concepto de mora para dar mayor certeza al mismo.

El articulo 28 es una notoria modificación a los conceptos de responsabilidad extra-contractual tal como se hallan establecidos en nuestro Código Civil; restringiendo su alcance y centralizándolos sólo en el usuario. La razón, aceptada por lógica, es la diversidad de este contrato con las situaciones legisladas en el artículo 1324 del Código. Acotamos que se modifica el proyecto del Ejecutivo sustituyendo el vocablo "vencerse" por el de "cumplirse".

El artículo 29 combina conceptos de los artículos 1827 (inciso 19) y 1830 del Código Civil.

Por el artículo 30 se determinan algunas condiciones esenciales para el mejor uso de la opción de compra: notificación previa al vencimiento del plazo; fórmula financiera de pago anticipado, y situación del usuario comprador, en mora de sus obligaciones. El inciso, final que este artículo consagra el principio de prelación de la relación contractual del crédito de uso, luego de inscripto el contrato, frente a los embargos que eventualmente afectaren a la institución financiera.

El Capítulo IV contiene en sus artículos 31 a 35 varias normas procesales que hacen a la mejor eficacia del contrato reglado.

El artículo 31 otorga acción ejecutiva para el cobro de cuotas y el del precio final si hay abandono del bien. A la reclamación por daños y perjuicios se la remite al juicio ordinario.

Los artículos 32, 33 y 34 regulan los procedimientos a seguir en los casos de incumplimiento, determinados en los artículos 27 y 29 del proyecto. Se recurre esencialmente al juicio sumario de entrega de la cosa que articula el Código de Procedimiento Civil (artículos 1309 a 1315). Al mismo se introducen algunas modificaciones que vuestra Comisión ha entendido pertinentes.

En primer lugar se amplían las excepciones que válidamente puede oponer el usuario demandado, agregando las de: a) pago o compensación de crédito líquido y exigible acreditados en escritura pública, o documento del actor; b) prescripción o caducidad; e) espera o quita concedida por la institución financiera resultantes de la escritura pública o documento privado reconocido judicialmente; d) concordato homologado; y e) uso de opción prevista en el artículo 29.

En segundo lugar se crea una figura procesal que implica el desapoderamiento del bien objeto del contrato y cancelación de la inscripción, como resultancia necesaria del juicio de restitución del objeto contractual.

Por el artículo 35 se innova sobre el principio general de que el acreedor puede obtener el desapoderamiento de los bienes de su deudo; limitando los derechos al embargo y prohibiendo disponer el secuestro. La mecánica del contrato hace compartible lo propuesto. Significamos que el proyecto del Poder Ejecutivo abundaba en otros extremos del terna del embargo y del secuestro que vuestra Comisión ha entendido innecesarios, por cuanto las hipótesis a las que alude están correctamente cumplimentadas por las disposiciones procesadas vigentes, y son reiterativas,

En lo relativo al Capítulo V –"Normas penales"- artículos .36 y 37, vuestra Comisión ha variado en mucho el proyecto que enviara el Poder Ejecutivo.

La redacción original no fue considerada de recibo. La misma no revestía la precisión tan necesaria al Derecho Penal, e incluso mezclaba normas e institutos del Derecho Civil, que contribuirá a hacer poco clara la redacción final. La Comisión solicito del Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, doctor Cairoli, la revisión de los textos propuestos. Los artículos tal como ahora se someten al Senado, con alguna modificación de escasa entidad, son los que con remarcable eficacia nos hiciera llegar el mencionado Catedrático.

En lo sustancial se legisla creando dos figuras delictuosas: una referida al abandono de los bienes objeto del contrato y la otra a la aprobación de los mismos con destino a provecho ilícito del usuario o un tercero.

El Capítulo VI –"Disposiciones Generales"- (artículos 38 a 41), es el que contiene más agregados resueltos por la Comisión con relación al proyecto del Ejecutivo.

El artículo 38, en su inciso lº reitera lo proyectado originalmente, que consagra necesarias reformas legislativas que posibilitan tanto al Banco República como a las entidades financieras, contrapartes necesarias del crédito de uso, a la adquisición de inmuebles, con ese destino especifico, operativa que hoy les está vedada.

El inciso 2º, del referido artículo 38, legisla sobre uno de los extremos posibles de la contratación en análisis, cual es la situación derivada del crédito de uso sobre los inmuebles que hace revertir a la institución acreditante la propiedad en cuestión. En fidelidad a los principios que pauten el contrato que se legisla se establecen condiciones que imponen la obligatoriedad de su venta, dentro de un marco de plazo que establecerá el Banco Central atendiendo la situación del mercado inmobiliario. Con el sistema en cuestión se reitera el propósito de que las instituciones financieras sean contratantes exclusivas del crédito de uso y no desvirtúen el objeto legal.

El artículo 39, tampoco incluido en el proyecto del Poder Ejecutivo, implica un similar tratamiento para los bienes muebles que para los inmuebles, cuando éstos reviertan -cuando lo hacen- a la propiedad de la institución financiera.

El artículo 40, en su escueta redacción, consagra un principio sustancial en cuanto a la esfera de aplicación del contrato de crédito de uso definido y reglado por el proyecto adjunto. Sin prohibir la contratación "impura" del crédito de uso la ley consagra, mediante este artículo, que el ámbito de aplicabilidad refiere a aquellos que respetan los términos legales, dotándolos así obviamente de la protección y firmeza frente a terceros, y entre las partes, que seguramente harán cada vez más usual el instituto.

Es cuanto tiene que informar vuestra Comisión.

Guillermo García Costa, Miembro Informante; Jorge Batlle, Manuel Flores Silva, Raumar Jude, Luis A. Lacalle Herrera. Dardo Ortiz, Luis A. Senatore. (Con salvedades). Senadores".

PROYECTO SUSTITUTIVO

Capítulo I - Disposiciones generales

Artículo 1º - El crédito de uso es el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado, y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

Se podrá pactar en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo mediante el Pago de un precio final.

Podrá también pactarse en favor del usuario la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato .por uno o más períodos determinados, por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato, sin perjuicio de la opción de compra a que refiere el inciso segundo.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato, o el de la opción de prórroga en su caso, si el usuario no tuviere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado, y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera menor.

Art. 2º - El contrato podrá recaer:

a) sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado;

b) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante; o

e) sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos.

Art. 3º - Sólo podrán actuar como instituciones acreditantes en los contratos de crédito de uso:

a) los intermediarios financieros (Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982); y

b) las empresas de giro exclusivamente financiero, especialmente autorizadas por el Banco Central del Uruguay para la celebración de este contrato.

Art. 4º - El Banco Central del Uruguay reglamentará el otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las empresas a que se refiere el apartado b) del articulo 3º, siéndoles aplicables los artículos 11 a 15, 16 apartado C) 18, 20 a 24 inclusive del Decreto-Ley número 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 5º - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles afectados a la actividad industrial, agraria o comercial. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato, se regirá por las disposiciones de esta ley siempre que exista opción de compra a lavar del usuario (artículo 1º inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda del 25 % (veinticinco por ciento) del valor real, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, a la fecha del contrato.

Art. 6º - El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Ecribano Público y en triplicado.

Art. 7º - El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

a) si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos;

b) si recae, sobre aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves;

c) si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores;

d) si recae sobre naves, en el Registro de la Escribanía de Marina; y

c) si se tratare de otros bienes, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial.

Si la institución acreditante omitiera la presentación del contrato al Registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento incurrirá en una multa en beneficio del usuario, equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato, y responderá además de los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento, sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar su inscripción.

Las partes podrán pactar diversas formas de publicidad de la existencia del contrato.

Art. 8º -La inscripción en el Registro confiere al usuario, derecho real de garantía respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior, le acuerda acción para recuperar la utilización del bien y, cuando haya pagado o pague su prestación y haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas, para exigir su transferencia forzada si se hubiere pactado la opción de compra, cuando circunstancias posteriores a la inscripción del contrato inhibieran o impidieran el ejercicio de la opción de compra o sus efectos.

El Juez competente, previa citación o citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará, en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante; en caso de oposición, se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Art. 9º - Durante el término del contrato, no es lícito a la institución acreditante retirar la cosa del poder del usuario, ni a éste devolverla antes de concluirse, el tiempo convenido, a no ser pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas.

Art. 10. - Salvo estipulación escrita en contrario, el usuario no tiene la facultad de ceder a ningún título la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 11. - Durante la vigencia del contrato el bien sólo podrá ser enajenado a una institución comprendida en el artículo 3º.

La enajenación voluntaria o forzosa realizada en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será inoponible al usuario, siempre que el contrato estuviera registrado.

Si el bien fuera enajenado conforme con el inciso primero la institución que suceda en el derecho a la contratante, estará obligada personalmente a cumplir el contrato, siempre que estuviere registrado.

Capítulo II - De las obligaciones de la institución financiera

Artículo 12. - La institución acreditante es obligada:

a) a entregar la cosa, si es de su propiedad, o a adquirir la cosa al proveedor acordado y en las condiciones estipuladas en el contrato;

b) a notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia del contrato de crédito de uso;

c) a no turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien objeto del contrato.

Art. 13. - El contrato de crédito de uso, previsto en el apartado a) del artículo 2º, se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes si el proveedor indicado por el usuario no presta consentimiento a la venta del bien a la institución acreditante, en las condiciones consignadas en el contrato.

Esta disposición no será aplicable:

a) si así se pactare expresamente;

b) si el usuario cede al acreditante, en el momento del contrato una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor.

Art. 14. - Por la notificación fehaciente de la existencia del contrato de crédito de uso, realizada por la institución acreditante al proveedor, quedarán transferidos de pleno derecho al usuario todos los derechos y acciones correspondientes al comprador contra el proveedor.

La institución acreditante no será responsable frente al usuario de ningún incumplimiento en que pueda incurrir el proveedor, salvo que éste se excepcionara justificadamente en la falta de cumplimiento por el acreditante de sus obligaciones como comprador.

Art. 15. - La institución acreditante no podrá sin consentimiento del usuario, mudar la forma de la cosa, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Con todo, si se tratare de reparaciones indispensables que no puedan diferirse hasta la conclusión del contrato, el usuario que no las realizara por sí, será obligado a tolerarlas aunque le priven del goce de la cosa y a reintegrar a la institución acreditante lo que ésta hubiera desembolsado por tal concepto, sin poder exigir rebaja de precio o compensación alguna.

Art. 16. - La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho de terceros que no pretendan derecho a la cosa. En este caso el usuario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño, y aun que éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra la institución acreditante.

Art. 17. - La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa se dirigirá contra la institución acreditante.

El usuario será sólo obligado a notificarle por cualquier medio hábil, la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, será responsable por los daños y perjuicios que de ello se sigan a la institución acreditante.

Si la institución acreditante no compareciere a defender la cosa podrá sostener el juicio el usuario, quedando aquélla responsable de la evicción y sus consecuencias.

Si la institución acreditante comparece, se seguirá contra ella sola la acción; pero el usuario podrá siempre intervenir en el juicio en guarda de sus derechos.

La acción para recuperar la utilización de la cosa contra terceros que pretendan un derecho anterior a la inscripción del contrato de crédito de uso, será ejercida por la institución acreditante, y mientras la utilización no sea recuperada el usuario quedará liberado del pago de las cuotas periódicas estipuladas.

Art. 18. - Si la institución acreditante fuese vencida en juicio sobre la totalidad o sobre una parte de la cosa, podrá el usuario reclamar la rescisión del contrato si se le priva de la totalidad o de una parte principal de la cosa, o una disminución del precio en cualquier caso; podrá reclamar también los daños y perjuicios que le sobrevinieren, salvo que al otorgar el contrato, hubiese conocido por cualquier medio idóneo para ello, el peligro de evicción.

Art. 19. - La institución acreditante no responderá de los vicios o defectos de la cosa; la acción del usuario deberá dirigirse contra el proveedor, conforme al artículo 14.

Pero si el bien fuera de propiedad de la institución acreditante a la fecha del contrato (articulo 2º, apartado e), responderá de los vicios o defectos graves de la cosa existentes al tiempo de su celebración que impidieren la utilización, y el usuario podrá pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido de la institución acreditante al tiempo del contrato, o era tal que debiera conocerlo, tendrá además derecho el usuario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

Capítulo III - De las obligaciones del usuario

Artículo 20. - El usuario está obligado:

1º) a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato;

2º) a emplear en su conservación, el cuidado de un buen padre de familia;

3º) a pagar el precio periódico;

4º) a pagar el precio final o, en su caso, devolver el bien.

Art. 21. - No podrá el usuario destinar la cosa a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquéllos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el usuario contraviniere esta regla, podrá la institución acreditante reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios, o limitarse a esta indemnización dejando, subsistir el contrato.

Art. 22. - Si el usuario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá, de los daños y perjuicios, y aún tendrá derecho la institución acreditante para demandar la rescisión del contrato en caso de un grave y culpable descuido.

Art. 23. - Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no tendrá lugar si el usuario ejerce la opción de compra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio final.

Art. 24. - El mantenimiento y todas las reparaciones de cualquier naturaleza que deban realizarse en la cosa durante su utilización por el usuario serán de cargo de éste, sin perjuicio de las acciones que en virtud del artículo 14 puedan corresponderle contra el proveedor, y sin perjuicio también de lo dispuesto por el artículo 1º inciso segundo.

Salvo pacto en contrario, todas las mejoras que se realicen en la cosa por el usuario durante el contrato, beneficiarán a la institución acreditante, pero se considerarán comprendidas en las opciones del artículo 1º, sin derecho a compensación para ninguna de las partes.

Art. 25. - El usuario deberá pagar el precio periódico estipulado, aunque durante el contrato la cosa fuese destruida en su totalidad o sólo en parte o se deteriorara, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa.

Lo mismo ocurrirá si por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa el usuario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el destino convenido.

Art. 26. - Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abandonando el bien en beneficio del usuario; o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.

Art. 27. - La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de tres cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos.

Art. 28.- La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme al artículo 1324 del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el usuario, cuando el hecho dañoso haya ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien por dicho usuario.

Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

Art. 29. - Finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga en su caso, si no hiciere uso de la opción de compra o ésta no existiera, el usuario debe devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si así no lo hiciera, luego de requerido para ello, será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él competa como injusto detentador.

Art. 30. - Si el usuario ejercitare alguna de las opciones contenidas en el contrato, deberá hacerlo saber a la institución acreditante antes del vencimiento del plazo.

Ejercida la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio a la institución acreditante, se otorgará el contrato de compraventa, cancelándose la inscripción del contrato de crédito de uso en el Registro respectivo.

El usuario podrá en cualquier momento durante el transcurso del plazo del contrato, darlo por terminado ejerciendo la opción de compra y pagando la totalidad de las cuotas pactadas con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas, teniendo en cuenta su respectivo vencimiento, a la tasa que se hubiere pactado para dicho descuento, o en su defecto a la tasa a que se refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979.

Si la opción fuera la de prórroga del plazo, la aceptación por el usuario se inscribirá conforme a lo dispuesto en el artículo 7º.

El usuario no podrá ejercitar válidamente ninguna opción, si estuviera en mora en el cumplimiento de alguna obligación a su cargo. La mora a estos efectos se configurará mediante intimación con plazo de tres días hábiles por telegrama colacionado.

Los embargos trabados a la institución acreditante posteriores a la inscripción del contrato de crédito de uso, no obstarán a la compra-venta ni a la transferencia de la propiedad en favor del usuario debiéndose descartar dichos embargos.

Capítulo IV - Normas procesales

Artículo 31. - La institución acreditante tendrá acción ejecutiva para perseguir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, sus intereses y multas; así como el de todo el precio periódico pactado y del precio final si optare por hacer abandono del bien conforme con lo dispuesto en el artículo 26.

La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciará en juicio ordinario.

Art. 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada de la cosa, en los casos previstos en los artículos 27 y 29, será el del juicio de entrega de la cosa. A los efectos del artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil, serán admisibles, además de las excepciones del artículo 1311 del mismo Código, las de pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o documento privado emanado del actor; las de prescripción, caducidad y espera o quita concedida por el demandante que se prueben por escritura pública, por documento privado emanado del actor, concordato o concurso homologado.

Con los mismos efectos será admisible la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones pactadas, en el caso del artículo 29.

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 1311 a 1313 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33. - La institución acreditante podrá acompañar, con su demanda o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, y deberá decretarse por el Juez mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa materia del juicio y la cancelación de la inscripción del contrato de crédito de uso, sin admitirse recurso alguno aunque las excepciones opuestas sean de las previstas en el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32 de esta ley.

Hecho efectivo el apremio, se continuarán los procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 no se opusieron excepciones por el demandando, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieron excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas (Código de Procedimiento Civil, artículos 1313 y 1314) se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso.

Art. 35. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, los embargos trabados en juicio seguido contra la institución acreditante, con posterioridad a la inscripción del contrato de crédito de uso, no impedirán la utilización del bien por el usuario no pudiendo disponer el secuestro del mismo.

Capítulo V - Normas Penales

Artículo 36. - El usuario que haga abandono de los bienes objeto del contrato ocasionando un perjuicio económico a la institución acreditante, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

El usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato, convirtiéndolos en su provecho o en el de un tercero, será castigado con doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Art. 37. - Además de la responsabilidad penal por las conductas descritas en el artículo anterior, el usuario será responsable civilmente, haciéndose exigibles sus obligaciones contractuales.

Capítulo VI - Disposiciones generales

Artículo 38. - A los efectos del contrato de crédito de uso, no regirá la prohibición de adquirir propiedades raíces establecida en el numeral 39 del artículo 27 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1989 (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 1977, ni la de tener bienes inmuebles establecida en el artículo 18 apartado e) del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Finalizado el plazo del contrato, si el usuario no ejercitara la opción de compra, ni se hubiese incluido en el contrato el convenio previsto en el artículo 1º, inciso cuarto, el inmueble será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, dentro de los plazos que establezca la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay, atendiendo a las condiciones del mercado inmobiliario.

Art. 39. - Los bienes muebles que fueron objeto de un contrato de crédito de uso y cuya propiedad, finalizado el contrato, permaneciera en el patrimonio de la institución acreditante, deberán ser enajenados o colocados mediante un nuevo contrato de crédito de uso, dentro de los plazos y en las condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado.

Art. 40. - No se considerará contrato de crédito de uso, ni podrá inscribirse como tal, aquel que contenga estipulaciones que se aparten de lo previsto en esta ley.

Art. 41. - Comuníquese, etcétera.

Sala de la Comisión, 14 de abril de 1988.

Guillermo García Costa, Miembro Informante; Jorge Batlle, Manuel Flores Silva, Raumar Jude, Luis A. Lacalle Herrera, Dardo Ortiz, Luis A. Senatore (Con salvedades) Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: la Comisión de Hacienda, cuyo informe seguramente tendrán los señores senadores en sus bancas, trabajó en cuanto al proyecto de ley a estudio sobre la base de un texto que remitió el Poder Ejecutivo. Siendo el informe preparado por la Comisión bastante explicativo, el que ahora formularemos verbalmente intentará ser lo más sucinto posible.

La Comisión de Hacienda estudió el tema durante varias sesiones. Desde el punto de vista formal, en lo específicamente jurídico, ofrece muchas dificultades por la especificidad de algunos de los ángulos del contrato en cuestión. Ello dio mérito a que la Comisión recibiera la opinión de varios asesores. Sustancialmente, cumpliendo con un verdadero compromiso que tenemos para con ellos, quisiéramos destacar en nombre de la Comisión, la eficaz labor del doctor Cajarville y del economista García Peluffo. Ambos fueron enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas y colaboraron en todo momento con la Comisión.

El contrato que tenemos a estudio, señor Presidente, usualmente denominado de "leasing" -en el orden del día inclusive está así calificado, cosa que la Comisión no desea que se haga de esa manera por las razones que más adelante vamos a exponer- al que denominamos contrato de crédito de uso, ha tenido una enorme difusión en todo el mundo capitalista, donde ha sido utilizado crecientemente y con notoria eficacia. Este contrato nace en la posguerra de 1945 y adquiere, repito, una enorme difusión.

En el Uruguay no la ha tenido en el mismo grado por una serie de razones, entre las cuales quizá la más importante sea la que hoy procuramos subsanar, de que no hay una reglamentación suficiente de los extremos legales que convienen al instituto.

Antes de entrar a las consideraciones de fondo, es del caso algunas puntualizaciones previas. Una de ellas refiere a la denominación de este instituto como "crédito de uso". El Poder Ejecutivo lo identificaba en su Mensaje como "contrato de leasing", que es el nombre que se le da generalmente en el resto del mundo, excepto en algunas legislaciones comparadas en las que se utiliza otra fórmula. Pero en muchos países y en la jerga comercial se lo conoce comúnmente, reitero, con esa denominación de obvia procedencia inglesa.

Durante el trabajo en Comisión decidimos que, en primer lugar, era inaceptable la utilización de un término que no pertenece a nuestra lengua, y, en segundo término, que era bueno que el título a usar diera una idea, aunque fuera someramente, del instituto que se estaba reglamentando.

Encontramos que la denominación "crédito de uso" era la más adecuada, ya que refleja las características sustanciales del contrato.

Asimismo, creemos del caso destacar que la Comisión entendió necesaria la supresión de un tipo de crédito de uso el denominado "operativo" o -para utilizar la terminología del Poder Ejecutivo- "leasing operativo", que así venia incluido en el Mensaje.

Si los señores senadores tuvieron la posibilidad de analizar el texto del citado leasing operativo, habrán observado que no tiene especificidades que den mérito a una legislación autónoma para el mismo. Se trata de un tipo de actividad comercial o mercantil, que queda perfectamente incluido en las normas vigentes. Por ello, en este proyecto a estudio se le elimina y sólo se legisla sobre el crédito de uso.

¿Qué es el crédito de uso? La respuesta está dada en el artículo 1º del proyecto, que luego analizaremos con más detención pero podemos adelantar que el mismo implica el contrato por el cual una institución financiera, que es siempre la contraparte necesaria -en su oportunidad veremos qué quiere decir "Institución financiera", aunque la denominación ya está dando un indicio claro- se obliga, frente a un usuario, a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado, y el usuario se compromete, a su vez, a pagar por esa utilización un precio en dinero, abonable periódicamente. Naturalmente, en esta definición necesariamente genérica, pueden estar comprendidas otras figuras contractuales que no son la que el instituto que tenemos en análisis quiere reglamentar.

Creo que vale la pena destacar algún aspecto operativo de esta convención, que evitará una larga disquisición sobre las diferencias con otras figuras legales.

En primer lugar, señalemos que la institución financiera no es fabricante del bien objeto del acuerdo, ni usualmente lo tiene en su patrimonio antes de celebrado el contrato.

En general -salvo circunstancias muy particulares que veremos luego durante el transcurso del análisis del proyecto- este contrato funciona sobre la base de que un comerciante o industrial -en la enorme mayoría de los casos- o algún prestador de servicios o un productor o empresario rural, desea tener para su uso un determinado bien mueble o inmueble; debido a las circunstancias económicas por las que atraviesa, considera mucho más provechoso obtener ese bien no mediante su compra -por determinado plazo y en condiciones prefijadas- sino accediendo por el pago de una suma periódica que por la disposición del mismo hace a una institución financiera, que es la que en concreto compra ese bien mueble o inmueble.

Es esta la característica sustancial operativa del contrato de crédito de uso.

Obviamente, hay otros aspectos -que luego veremos- que contribuyen a definir este contrato autónomo, distinto de otros que han sido reglados por ley y en particular de los que prevé el Código Civil.

Este tipo de contratación es sumamente ventajosa y de ahí el enorme volumen que ha adquirido su utilización en el mundo entero. Como señalábamos recién, su característica esencial evita que el empresario inmovilice capital que le puede ser escaso o resultar más redituable en otro aspecto de su empresa, o recurrir al crédito bancario -o eventualmente privado, aunque el bancario es el que por lo general se utiliza- que tiene límites resultantes de su situación financiera o económica. Con el crédito de uso no tiene, que disponer ni de su capital ni de su crédito, pudiendo utilizarlos con mucha mayor eficacia empresarial en algún otro rubro.

Este contrato tiene, además, la virtud de acompasarse a las cambiantes realidades por las que atraviesa el mundo empresarial actual una de cuyas características notorias es la de un gran dinamismo, lo que determina un constante cambio de los bienes afectados a la labor que se desarrolla en cada ramo. Estoy aludiendo, fundamentalmente, al sector industrial, el que más se sirve del crédito de uso, y el que se ve enfrentado a una tecnificación de rápidos cambios. Este contrato permite al empresario ir cambiando su maquinaria sus bienes de uso, en la medida en que cuando termina el contrato puede renovar integralmente los mismos y recurrir a lo más reciente y avanzado.

En el esquema de un mundo de alta tecnificación -Uruguay quizá se encuentre en un plano más alejado, pero de cualquier manera participa de él- el fenómeno de la obsolescencia creciente en materia de equipamiento es uno de los más graves problemas de los sectores empresariales. Este tipo de contrato -el crédito de uso- permite enfrentarlo, mediante un descarte y renovación periódicos, en términos que el empresario convenga con la entidad financiera; de esta manera, logrará una renovación constante sin grandes inversiones de capitales propios, o créditos, inmovilizados.

Los señalados son los aspectos de conveniencia más notorios que han llevado al creciente desarrollo de este tipo de contratación y que hacen que la Comisión informe favorablemente de la necesidad de que el país cuente también con él, para incorporarse de una manera más eficaz a estas de operaciones mercantiles.

Otro aspecto necesario de explicitar refiere a la naturaleza jurídica del contrato, sobre lo que no vamos a abundar, en primer lugar, porque no creemos que sea ésta la circunstancia, el momento o la oportunidad y, ni siquiera que quien habla pueda hacer un análisis o disquisición jurídica afinados.

De todas maneras, no deja de ser necesaria alguna precisión, en ese ámbito por cuanto sabemos que en materia jurídica la definición de la naturaleza del contrato hace después mucho a las eventuales interpretaciones de las partes, en primer lugar, y del magistrado, eventualmente cuando debe resolver un conflicto entre aquéllas.

Este contrato, actualmente en nuestro país y en la legislación de muchos en los que no está definido legalmente con exactitud, ofrece características de gran similitud con varias figuras contractuales que en cierto modo le son afines. Así, se ha hablado de la compraventa; de la compraventa a plazos -figura de la primera, bastante autónoma en el mundo del Derecho- del arrendamiento, que es quizás la figura jurídica que resulta más vecina. al crédito de uso que estamos tratando de plasmar, e, incluso, del mandato y aun del préstamo.

Para muchos juristas que han opinado sobre el tema, sería una combinación de estas figuras contractuales o la presencia simultánea en mi contrato de catalogación compleja de varias de ellas.

Seguramente, los señores senadores no precisan ser abogados o tener ilustración en la doctrina del Derecho para darse cuenta que la interpretación adecuada de un contrato que puede tener tantas similitudes con otros que están reglados en el Código Civil, es riesgosa, complicada, y puede provocar dudas en los procederes entre las partes, y en mayor grado aún, en el eventual fallo de un litigio que se produzca a raíz de la aplicación de ese contrato.

Por ello este proyecto de ley trata de definir -creo que lo consigue- lo más claramente posible una figura contractual autónoma que denominamos "crédito de uso".

Si se aprueba el proyecto será un contrato autónomo típico que aunque reconoce, naturalmente, en sus múltiples disposiciones, similitudes con otros, tiene, sin embargo, virtualidades suficientes como para calificarlo de un tipo contractual más. Deja de ser el típico contrato innominado o el deformado de otra figura contractual y adquiere repito, las características autónomas de un contrato específico.

Es del caso ubicar el crédito de uso dentro de las clasificaciones del Código Civil, porque ello tiene importancia en eventuales conflictos que se dirimen, precisamente, de acuerdo a la naturaleza contractual.

Entrando a la clasificación, el contrato que se propone en este proyecto es bilateral o sinalagmático por cuanto impone obligaciones a ambas partes; es oneroso, puesto que existen utilidades para ambos contratantes; es conmutativo, por resultar equivalentes las obligaciones asumidas; es principal, ya que existe por sí mismo, sin apelar a otras convenciones; y, es -me permito subrayar lo que quizá resulta más interesante en algún sentido en esta clasificación- solemne. En cuanto a esto último porque así resulta tal como está estructurado en el proyecto en estudio, el que se requiere determinadas formalidades para su existencia. Luego las examinaremos en la discusión particular, pero vale la pena enunciarlas desde ya: instrumento público o privado, certificación notarial de firmas, extensión por triplicado, y la inscripción en registro estatal, todos elementos que establecen la solemnidad que, desde ya, me anticipo a decir -aunque así lo establece una de las disposiciones- que no implican que en el mundo comercial o empresarial donde estos contratos se puedan llevar a cabo, no puedan existir otras figuras muy similares. Seguirán existiendo, y tendrán su validez jurídica porque no por reglamentar cuidadosamente un tipo de crédito de uso, estamos impidiendo que se realicen contratos similares, aunque no tendrán, ciertamente, todas las virtualidades legales que pretendemos tenga éste.

Repito que no se prohíbe que las partes concierten contratos similares, pero el solemne que se reglamenta por este proyecto tiene las características especificas que acabarnos de indicar cuando le clasificábamos como tal.

Finalmente, en materia de clasificación contractual, debemos decir que el crédito de uso es de tracto sucesivo, en la medida en que no se cumple en un solo instante sino que establece prestaciones que se van cumpliendo en distintas etapas.

SEÑOR AGUIRRE - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: me parece muy ilustrativa, necesaria y conveniente, la exposición que está realizando el señor senador García Costa en cuanto a establecer claramente qué clase de contrato es aquel sobre el que se va a legislar esta noche, ubicándolo dentro de las distintas clasificaciones de los contratos que hace el Código Civil.

Sin embargo, hay una a la cual el señor senador no se ha referido y que está establecida a continuación de la que determina las clases de contrato que se denominan solemnes en el artículo 1252 del Código Civil. A continuación el Código distingue entre contratos consensuales y reales.

Tengo la impresión de que se trata de un contrato consensual, pero como una de las obligaciones de las partes -de la llamada "acreditante"- es entregar un bien al usuario, pregunto al señor senador García Costa si se considera que el contrato es consensual o real.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Entiendo que se trata de un contrato consensual.

Es cierto que lo había omitido. Me parece conveniente la observación porque todo lo que contribuya a una clasificación más correcta va a ayudar a una mejor interpretación, no sólo del texto legal, sino del uso del contrato en el ámbito donde se empleará.

No quiero continuar analizando otros aspectos porque los mismos tienen referencia concreta al articulado propuesto.

No sé si no sería del caso -creo que es un sistema adecuado- que luego que demos por terminado el informe supongo que el Senado se abocará a la discusión general y una vez que estemos en la discusión particular, en cada artículo señalemos, como miembro informante, los puntos esenciales sobre los cuales la Comisión considera debe llamar la atención del Cuerpo. Me parece que ese es el mejor sistema.

En ese entendido, damos por terminado el informe en cuanto al aspecto general del instituto "crédito de uso", tal como confiamos que se legisle por este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: tal como resulta de la información que ha llegado al Senado, el representante del Frente Amplio que habla, en la Comisión, dio su aprobación a este proyecto de ley con salvedades. Si bien haremos referencia a éstas en la discusión particular, debemos decir que, en lo fundamental vamos a prestar aprobación a este proyecto de "leasing" o crédito de uso, para utilizar el término correcto. Es la costumbre la que nos lleva a aplicar el nombre de "leasing", como mundialmente se le conoce; sin embargo, la Comisión, como ya lo dijo el miembro informante, decidió adoptar una denominación acorde con nuestro idioma, esto es, repito, crédito de uso.

En relación a este proyecto vamos a dar nuestra aprobación, exclusivamente, al crédito de uso que recae, de acuerdo con el artículo 2º, literal a), sobre un bien elegido, por el usuario y que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado. Realmente, el típico crédito de uso que estamos reglamentando es el que aparece en el literal a) y no en los b) y c), que son distintas formas para obtener crédito. Reitero que no se trata del típico crédito de uso que en la doctrina y práctica internacional se conoce como "leasing".

De manera que adelanto desde ya nuestra aprobación, en general, a este proyecto, porque entendemos que es necesario reglamentar este contrato o esta forma de financiación. Repito que consideramos necesario y conveniente que aprobemos este contrato que se estaba haciendo sin reglamentación especial, es decir, que tenga ahora un texto legal en el que esté definido y regulado el contrato que estamos estudiando.

El proyecto de crédito de uso tiene aspectos que pueden incidir positivamente en lo que se refiere a la actividad productiva, por lo que merece ser apoyado. Desde luego, ese crédito de uso, el que aceptamos de forma expresa, estricto, es el que realmente se corresponde con el "leasing" en su acepción técnica especial. Este contrato permitirá a las empresas contar con nuevas fuentes para tener fondos y poder así aumentar sus posibilidades de desarrollo y tecnificación. En una economía como la nuestra, en que el endeudamiento del sector privado es muy elevado y donde muchas empresas han visto, por esta razón, cortadas sus fuentes de crédito, las operaciones que, se reglamenten a través del crédito de uso pueden resultar beneficiadas, esto es, que van a poder aumentar su capital y también su capacidad de producción. En ese sentido, el proyecto a estudio merece ser aprobado, pero el artículo 2º tiene, además de este literal a que hemos hecho referencia, dos literales más que tratan de objetos diferentes.

Una de las características principales de la operación es que debe recaer sobre un bien que la institución acreditante se obligue a adquirir a un proveedor determinado y que pasa a ser de su propiedad. Es así que posteriormente el bien se entrega al usuario, que abona determinada cantidad por su utilización. Además, está el aspecto de la opción; hay disposiciones legales que establecen que puede existir opción de compra definitiva o de extensión de contrato.

En tanto este contrato es una fuente de crédito para las empresas, apoyamos el proyecto; además mejoraría las condiciones de la producción, la capitalización de la economía. O sea que todo aquello que implica un mejoramiento de la producción nacional es positivo para el país y cuenta con nuestro apoyo.

Además de estos aspectos generales, nuestra economía, en particular, tiene un problema muy agudo, cual es el del endeudamiento interno que representa un freno real para la actividad productiva. Es así que esta operativa puede contribuir a aliviar esta situación.

De manera que aspectos generales y particulares, señor Presidente, nos llevan a apoyar esta operación que, denominamos crédito de uso, que es el, típico "leasing" de la legislación extranjera.

Cuando nosotros hablamos de crédito de uso, nos referimos a la operación señalada en el literal a) del artículo 2º. En los otros dos literales donde están centradas nuestras discrepancias. No vamos a apoyar -porque nos parece peligroso- los literales b) y c) de esta disposición, por las siguientes razones.

El literal b) permite que el crédito de uso se aplique sobre un bien que, a la fecha del contrato pertenezca al usuario, es decir, al tomador del crédito.

Esto que estamos diciendo no significa entrar a considerar el artículo en particular; simplemente, creemos que de esta forma se facilita que los señores senadores capten la razón de nuestro rechazo.

Este literal b) dice que el crédito de uso puede recaer sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante. En la práctica internacional este contrato se conoce con el nombre de "lease-back", es decir, "retroarrendamiento". O sea, que no se trata del "leasing" o crédito de uso que querernos reglamentar y que es el establecido en el literal a).

La operativa del literal b) implica que el bien, que pertenece al usuario, sea transferido a la organización financiera, porque como bien lo dijo el señor miembro informante, en estos contratos sólo pueden actuar, como una parte, las instituciones financieras. El hecho de que el usuario deba desprenderse de un bien de su propiedad para recibirlo en uso no implica un aumento de la capacidad de producción, ni un adelanto tecnológico. Simplemente, se trata de un bien que, siendo propiedad del usuario éste debe transferirlo y el préstamo que así recibe le permita activar su explotación. Pero no es un crédito, ni un contrato al que originalmente le damos mayor importancia, porque está recibiendo nada más que lo que tiene en su poder, o sea, el bien de producción que transfiere a la institución.

Además de todo esto, encierra un peligro que desearíamos destacar.

En la medida en que a partir de esta ley la banca pueda transformar el capital de las empresas en garantía de sus créditos -dado que al tiempo de conceder el préstamo o hacer un contrato de un crédito de uso se hace propietaria de la industria, comercio- si no se cumple con las obligaciones por parte de quien hace esta operación, la empresa queda sin otro trámite, en el patrimonio del banco, ya que, desde el inicio de la negociación adquiere la propiedad. Entiendo que esto es muy importante. Esta operativa del inciso b) del artículo 2º se va a transformar en algo muy general donde los créditos van a ser, otorgados sin ninguna garantía para las instituciones financieras y se hará la transferencia de un bien por parte de quien solicita un determinado préstamo. El incumplimiento de los pagos muchas veces no se debe a factores en que la responsabilidad recaiga en el empresario. Por ejemplo, debemos recordar lo sucedido en el año 1982. En esa época, el Gobierno tenía una política cambiaria que fijaba el valor del dólar con varios meses de anticipación. Hasta se podía hacer una compra diferida en el tiempo. En consecuencia se le fijaba un valor inferior a efectos de tener una cierta paridad de compra con otros países, con los vecinos en particular. Ante las solicitudes de actuar ajustando el valor dólar el Gobierno respondía que su política cambiaria no se modificaría. Trató de marcianos a los que opinaban que eso cambiaría. Muchos empresarios de este país creyeron que era una palabra confiable e hicieron inversiones solicitando préstamos en moneda extranjera. Pero de un día para el otro la tablita se rompió y el dólar pasó de N$ 13 a $ 40. En consecuencia, en la misma proporción se multiplicaron las deudas en moneda extranjera. Por esta causa, entre otras, el endeudamiento interno es un problema que no ha tenido solución. Es bueno preguntarse qué hubiera sucedido si en ese momento hubiera existido una ley como ésta, como la que estamos analizando. Una parte importante del aparato productivo del país hubiera pasado a manos de la banca, si previamente hubiera existido este mecanismo habrían tenido en su patrimonio, en propiedad los bienes que les habían transferido los deudores que les pidieron préstamos en dólares o los obligaron a pasar de moneda nacional a dólares y que posteriormente les fue imposible pagar.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Se refiere al "lease-back", el señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Si; es el retroarriendo. Para dar un crédito de uso, el banco, previamente, solícita que se pase a su patrimonio la propiedad de la empresa.

SEÑOR CERSOSIMO. - En realidad, creemos y hasta donde conocemos, que el señor senador Senatore se refiere a una categoría especial del "leasing" inmobiliario o sea el "lease-back". Es el caso, por ejemplo, de una empresa que tiene problemas de liquidez, pero que es propietaria de los inmuebles en que desarrolla su propia actividad empresarial y de cuyo uso o disfrute no puede prescindir. Entonces, lo vende a una entidad financiera y los retiene en "leasing", es decir, usándolos mediante el pago de un canon y con una opción de futura compra.

Considero que este negocio tiene sus ventajas, de acuerdo con lo que no digo que hemos aprendido, pero, por lo menos, con lo que nos han enseñado. Esa ventaja está -nosotros lo interpretamos así- en que el usuario obtiene el importe de sus bienes inmuebles sin perder el uso de los mismos. Por lo tanto, aumenta sus recursos disponibles al tiempo que reduce el recurso inmovilizado. A su vez, la entidad financiera obtiene la garantía que le otorga la propiedad del bien. Este es el mecanismo. La figura contractual de que se trata en la especie, proporciona liquidez para el empresario y seguridad para la entidad financiera. Pero igualmente es conveniente la regulación legislativa de estos medios financieros y también jurídicos que facilitan el acceso a la propiedad de amplias masas de población y, al mismo tiempo, son instrumentos relativamente, fáciles de inversión de capitales y de obtención de créditos.

El artículo 2° que regula en el literal b) esta modalidad de "leasing" inmobiliario tiene estas ventajas o por lo menos estas características que hasta ahora no están reguladas con respecto a lo que se hace, a través, sobre todo, de este tipo de convenciones o contratos innominados.

Por esas razones, que muy sucintamente hemos dado, nosotros creemos que es pertinente y oportuna su inclusión en el proyecto y su aprobación definitiva.

Era lo que quería manifestar con respecto a lo que venía diciendo, con tanta claridad y elocuencia, el señor senador Senatore sobre esta modalidad de "leasing" inmobiliario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Discrepamos con el señor senador Cersósimo. El señor senador habla de este tipo de crédito de uso como si fuera sólo referido a inmuebles, pero éste es un crédito de uso al que puede recurrir una empresa que no tiene inmueble. Puede referirse, a una empresa productiva que enajene la propiedad de la misma. Desde luego que efectuará los pagos de acuerdo con la forma que se establezca en el contrato, pero habiéndose desprendido previamente de la propiedad de su empresa.

Nosotros decimos que este inciso, mucho más que aportar una forma de financiar una empresa, significa una garantía para el sistema financiero. Las garantías corrientes hasta ahora eran por ejemplo, una hipoteca, una prenda, garantías personales, títulos, etcétera. El mecanismo que analizamos es el que nosotros consideramos inconveniente. Se trata de regular una nueva forma de garantía para el sistema financiero. Para eso, se hace el contrato de crédito de uso, se entrega el dinero fijado en el contrato al dueño de los bienes que previamente transfirió la propiedad de los mismos a quien le otorga el crédito. Todo eso se hace mediante pagos mensuales, bajo la forma que se establezca en el contrato.

Entendemos que ese objetivo que acabo de señalar, más que una forma de financiar empresas garante el sistema financiero y responde no a solucionar un problema de la actividad productiva -a pesar de que en alguna medida se diga que no teniendo la posibilidad de obtener créditos- se puede empezar a trabajar mediante esa forma.

Aunque creemos que no tiene el destino y la importancia de lo establecido en el literal a), donde si se propicia la capitalización, el mejoramiento o la modernización de la empresa. Este inciso lo único que hace es establecer concretamente la garantía de la empresa financiera.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto:

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: creo que el razonamiento del señor senador Senatore no es ajustado.

He leído en la prensa algunas cosas que me tienen altamente preocupado sobre el proyecto en análisis y que después discutiremos acá. Lo que me limito a decir ahora es que observo que el señor senador parte de la base de que el inciso b) se ha puesto en beneficio del sistema financiero de ser así eso me llevaría, a concluir que en todo el mundo el sistema de "leasing" se ha quedado con la totalidad de la industria y el comercio. Sin embargo, a pesar del alto volumen con que se utiliza, el resultado no ha sido tal como para que las entidades financieras acaparen la totalidad de la industria y el comercio.

Por otra parte, se olvida al plantear objeciones algo que es insito al sistema financiero y bancario: nadie presta a tres o cinco años, sino sólo a seis meses. La movilidad es absolutamente esencial para el sistema financiero. Pero es evidente que quien realiza la operación a que refiere el literal b) del artículo 2º no la hace por seis meses. Nadie puede vender, por poner un ejemplo, una o cinco hormigoneras de su empresa constructora a incluir luego en un crédito de uso por seis meses; necesariamente que el contrato deberá hacerse por tres o cinco años. A la banca no le interesan esas operaciones, porque cuando el bien que se utiliza es el dinero, tiene que existir movilidad; no puede quedar paralizado.

Con respecto al hecho de que en definitiva mediante este arbitrio hay garantías muy grandes para el acreedor, debo decir que seguramente ese es el mismo argumento que se usó en Roma -y no lo digo irónicamente- cuan do se inventó la hipoteca, que era la manera por la cual el acreedor garante indefectiblemente el cobro de sus créditos. Sin embargo los deudores las contrajeron pensando que era la única manera que tenían para conseguir dinero y poder comparar la casa o el campo lindero. Estos conceptos siguen siendo los mismos: alguien puede tener cinco hormigoneras y ofrecerlas a la venta acordando que luego se le entreguen en crédito de uso. ¿Por qué? Porque necesita, además, por ejemplo, comprar tres camiones para la empresa constructora. Puede precisar capital pero si quiere pedirlo al banco porque éste le otorga préstamos a seis meses o le pide la hipoteca de su casa. Tampoco prefiere recurrir a quienes le prestan con garantía prendaria.

A veces un argumento prueba demasiado, señor Presidente. En todo contrato, seguramente hay una parte, el acreedor, que pensará: ¡Qué buen negocio hice hoy! Y la otra, el deudor, que también pensará lo mismo, porque por algún motivo pidió el préstamo. Por último me permito señalar que estamos refiriéndonos a empresarios. No se trata de gente que solicita un crédito de uso para comprar el pan de sus hijos. Son empresarios los que se presentan en una institución financiera -que deben haber frecuentado durante toda su vida, porque en caso contrario no serían empresarios- a ofrecer un negocio por el, que ambas partes quedan satisfechas. No es sólo pues la entidad financiera la que se regodea, como parece insinuarse.’

Creo, señor Presidente, que el inciso b) ni siquiera será muy usado, porque la actividad bancaria, típicamente financiera, sólo trabaja a corto plazo ya que precisa gran movilidad. Esto es obvio; porque trabaja con capitales ajenos que están depositados, a plazos breves y por ello tienen una gran movilidad. Por lo tanto, no puede congelar capitales –ni siquiera por este sistema garantizado a dos, tres o cuatro años, cuando sus cajas de ahorro son a la vista y sus depósitos a seis meses o un año. La actividad bancaria depende continuamente de un repago que pueda movilizarse con eficacia. Se pretende que la veamos como una especie de pulpo gigantesco que se va apropiando de las empresas, cuando no es así.

Al discutir el artículo 2º tendremos oportunidad de conversar más sobre el tema, pero como el señor senador Senatore introdujo este aspecto en la discusión general, quería dejar sentado, por lo menos, el punto de vista que acabo de señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que continúe en el uso de la palabra el señor senador Senatore y la Mesa quiere advertir que apenas restan cuatro minutos para que finalice la sesión.

13) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa debe decir también que por inadvertencia, al mencionar el tercer punto del orden del día, manifestó que aún no se contaba con los nombres de los señores senadores que integrarían la Comisión Permanente este año y no es así, ya que todos los partidos representados en este Cuerpo han proporcionado la lista de senadores propuestos. En virtud de que ya se ha procedido a recoger la votación -por cédulas, como corresponde- la Mesa solicita al señor Secretario que dé lectura al resultado de la misma.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). – "Para la elección de miembros para integrar la Comisión Permanente por el Cuarto Período de la XLII Legislatura han sufragado 24 señores senadores, por los señores senadores Flores Silva, Singer, Ubillos y Martínez Moreno como titulares y los señores senadores Terra Gallinal, Capeche, Ortiz y Olazábal como sus respectivos suplentes".

SEÑOR PRESIDENTE. - Quedan proclamados los integrantes de la Comisión Permanente.

14) "LEASING". Se establecen normas reglamentarias de dicho contrato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en discusión el asunto que figura en quinto lugar del orden del día. Preguntaría al señor senador Senatore si desea concluir su exposición.

SEÑOR SENATORE. - Debo manifestar que no terminaré en pocos minutos, pero tampoco creo que valga la pena solicitar que se prorrogue el término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Y en el día de hoy algunos de nosotros no seríamos partidarios de votar la prórroga del término de la sesión.

(Hilaridad)

-El señor senador Senatore quedaría en uso de la palabra y podrá continuar en la próxima sesión.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 58 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Batlle, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntin, Ituño, Mederos, Ortiz, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore y Terra Gallinal.

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.