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Nº 243 - TOMO 313 - 13 DE ABRIL DE 1988

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

6ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES ENRIQUE E. TARIGO Presidente

y AMERICO RICALDONI 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 10) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Forteza por el término de 42 días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Zumarán por el término de 31 días.
- Concedida.

5) Administración Nacional de Enseñanza Pública

- Manifestaciones del señor senador Aguirre.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura y al CODICEN.

6) ANSE. Obreros del puerto de Fray Bentos inscriptos en su Registro

- Manifestaciones del señor senador Olazábal.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Administración Nacional de Puertos, a la Administración Nacional del Servicio de Estiba, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro y a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

7) República de Sudáfrica. Mantenimiento de relaciones diplomáticas

- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores.

8) ANTEL. Venta de máquinas teleimpresoras electrónicas

- Manifestaciones del señor senador Gargano.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica, a través del Ministerio respectivo, al Directorio de ANTEL.

9) Frigorífico Infrinsa. Reapertura de la planta y adeudos a sus trabajadores. Maestros rurales. Problemas de traslado

- Se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en la sesión anterior por el señor senador Gargano, en el primer caso al Banco de la República Oriental del Uruguay, y en el segundo, al Ministerio de Educación y Cultura para que por su intermedio pasen al Consejo de Educación Primaria.

11) Designación de la doctora Victoria Perera Dueñas como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia

- Se resuelve por moción del señor senador Tourné, alterar el orden del día y considerar este asunto de inmediato, pasando, a esos efectos, el Senado a sesión secreta.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta resolvió conceder la venia solicitada por la Suprema Corte de Justicia para designar como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno a la doctora Victoria Perera Dueñas.

12, 14, 16 y 18) Archivo de carpetas

- Los señores senadores Rodríguez Camusso, Zumarán, Gargano, Olazábal y Aguirre, solicitan que varias carpetas que, de acuerdo con el artículo 157 del Reglamento debían se archivadas, continúen a consideración de las distintas Comisiones.
- Se resuelve afirmativamente.

13) Rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad

- El señor senador Rodríguez Camusso solicita que un proyecto en ese sentido aprobado por la Cámara de Representantes y a consideración de la Comisión de Hacienda del Cuerpo, sea informado y puesto a consideración del Senado a la brevedad posible.
- Así se hará.

15) Directorio de PLUNA. Su gestión

- El señor senador Pereyra solicita autorización para realizar una exposición sobre el tema y que la misma se coloque en primer término del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de mayo.
- Se resuelve afirmativamente.

17) Ex-legislador Solano Amilivia

- Exposición del señor senador Tourné.
- Manifestaciones de los señores senadores Lacalle Herrera, Rodríguez Camusso y Singer.
- Se resuelve por moción del señor senador Tourné que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de don Solano Amilivia y se haga llegar a sus deudos la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala.

19) Nacionalidad Oriental. Establecimiento de normas para su determinación

- Continúa en discusión.
- Se resuelve por moción del señor senador Ortiz postergar la consideración de este proyecto y colocarlo en segundo término del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de mayo.

20) Elección de miembros de la Comisión Permanente. Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Se resuelve postergar la consideración de estos dos asuntos hasta la primera sesión ordinaria del mes de mayo.

21) Expropiación de inmuebles. Individualización del bien cuando se declare la necesidad o utilidad públicas

- En consideración.
- Se aprueba en general.
- Se resuelve por moción del señor senador Batalla pasar a estudio de la Comisión el artículo 2º del proyecto volviendo a consideración del Senado una vez informado, en la primera sesión del mes de mayo.

22) Lanzamientos contra arrendatarios de fincas urbanas. Su suspensión

- Se resuelve por moción del señor senador Batalla que el proyecto vuelva a Comisión.

23 y 25) Código de Procedimiento Civil. Su modificación

- En consideración.
- Exposición del miembro informante señor senador Aguirre.
- Manifestaciones del señor Vicepresidente de la República doctor Tarigo y de los señores senadores Gargano, Fá Robaina, Batalla y Cersósimo.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24 y 29) Integración del Cuerpo

- Entra a Sala el señor Ituño suplente convocado del señor senador Zumarán.
- Los señores Raúl Lago, José M. Galo, Ricardo Zerbino, Luis A. Solé y Jorge L. Franzini, comunican que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Se convocará al próximo suplente señor Guntin.

26) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Cersósimo para ser enviada a los Ministerios de Industria y Energía y de Economía y Finanzas, relacionada con la Industria de la Arpillera Sintética.
- Se resuelve afirmativamente.

27) Centro Internacional de Registro de las Publicaciones Seriadas. Adhesión de la República a sus estatutos

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

28) Sargento Walter Honorato Ferreira. Su fallecimiento en cumplimiento del deber

- Manifestaciones del señor senador Ferreira.
- Se resuelve, por moción de dicho señor senador, que el Senado haga llegar sus condolencias al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos, a los Destacamentos de Bomberos de la ciudad de Tacuarembó y a los familiares del extinto, poniéndose asimismo de pie y manteniendo un minuto de silencio en su homenaje.

30) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de abril de 1988.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 13, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición del señor senador Uruguay Tourné en homenaje al ex-legislador don Solano Amilivia.

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para los hombres o mujeres nacidos en cualquier parte del territorio y para sus hijos cualquiera sea el lugar de su nacimiento.

(Carp. Nº 763/87 - Rep. Nº 146/87)

3º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

4º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) Por el que se dispone que las leyes que establezcan la necesidad o utilidad pública a los efectos previstos en el artículo 32 de la Constitución de la República, deberán individualizar los inmuebles a expropiarse con indicación de su número de padrón, superficie aproximada, departamento y sección judicial de su ubicación.

(Carp. Nº 957/87 - Rep. Nº 170/87)

6º) Por el que se suspenden los lanzamientos de fincas destinadas a casa habitación.

(Carp. Nº 979/87 - Rep. Nº 1/88)

7º) Por el que se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Civil actualmente vigente en la República.

(Carp. Nº 773/87 - Rep. Nº 5/88 y Anexo I)

8º) Por el que se aprueba la adhesión de la República a los Estatutos del Centro Internacional de Registro de las Publicaciones Seriadas.

(Carp. Nº 614/86 - Rep. Nº 4/88)

9º) Discusión particular del proyecto de resolución relacionado con el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia por el que solicita la aprobación del Senado para designar a la doctora Victoria Perera Dueñas como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno.

(Carp. Nº 1044/88 - Rep. Nº 6/88)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, Forteza, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 26 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, abril 13 de 1988.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se modifica el numeral 2º de la Resolución del 17 de marzo de 1988.

por el que se incorpora al Plan de Inversiones Públicas 1988 del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", un proyecto para la "Construcción y Reparaciones en Estaciones de Reserva".

por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y Plan Anual de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al Ejercicio 1987.

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionado con la Licitación Pública Nº 020/87; con gastos emergentes de la construcción del Edificio destinado a Puesto de Comando en Nueva Helvecia; con el gasto para la impermeabilización de la azotea de la Sala de Máquinas de la Central Hidroeléctrica "Rincón de Baygorria" y con la adjudicación a la firma Mannesman Comercial de cadenas de aisladores.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda".

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Francisco A. Forteza solicita licencia por el término de 42 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 13 de abril de 1988.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. licencia a partir del día de la fecha hasta el 3 de junio del corriente año, a efectos de asistir a las próximas sesiones del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, que se celebrará en Ginebra.

Saludo al señor Presidente con mi más alta estima.

Francisco A. Forteza. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se votará.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Alberto Zumarán solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

"Montevideo, 12 de abril de 1988.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. para solicitarle licencia por 31 días a partir del 13 de abril de 1988; por viajar al exterior invitado por gobiernos extranjeros.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.,

Alberto Zumarán. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se votará.

5) ADMINISTRACION NACIONAL DE ENSEÑANZA PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: a raíz de las derivaciones notorias o conocidas ocasionadas por el debate en torno a la observancia o inobservancia -en su caso- del principio de laicidad en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, deseo formular -naturalmente, respetando la prohibición reglamentaria de hacer alusiones políticas- algunas precisiones sobre la autonomía de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, el estatuto legal de este Ente y las atribuciones del CODICEN y de sus Consejos Desconcentrados.

En primer lugar, es muy claro -todos lo sabemos- que la Enseñanza Pública es, de acuerdo con la Constitución de la República, necesariamente autónoma. Es decir, sus entes tienen personería jurídica y se desempeñan, en lo administrativo y en lo técnico, sin dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo. Además, la Administración Nacional de Enseñanza Pública es un Ente Autónomo creado por la Ley Nº 15.739 y, de acuerdo con los artículos 202 de la Constitución de la República y 5º de la referida ley, tiene necesariamente esa calidad, establecida a texto expreso. El órgano jerarca que dirige este Ente Autónomo es el llamado CODICEN -Consejo Directivo Central- el Consejo de Educación Secundaria, como otros órganos que tienen el cometido de impartir directamente la enseñanza en sus distintos niveles y formas, es un órgano desconcentrado. Como tal, no tiene personalidad jurídica y depende jerárquicamente -dependencia que en cierto sentido es laxa- del CODICEN. Compete a este órgano -al jerarca de la Administración Nacional de Enseñanza Pública- de acuerdo con el inciso 2º del artículo 13 de la ley, aprobar los planes de estudios, competencia que ejerció correctamente en el episodio que ha dado lugar a los debates conocidos. También es competencia del CODICEN destituir a los miembros de los Consejos. Quiere decir que el único órgano habilitado en nuestro Derecho para proceder a la destitución de un miembro del Consejo o de todo el Consejo es, según el inciso 9º del artículo 13 de la ley, el CODICEN por resolución fundada y por cuatro votos de sus miembros. Por consiguiente, resulta claro que el Presidente o la Presidencia de cualquier Consejo Desconcentrado es, en definitiva, un funcionario que integra un órgano que está sometido a la jerarquía del CODICEN. Sus integrantes no representan a partido alguno; deben ser nombrados por el CODICEN de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 15.739. Así ocurrió en su momento; el CODICEN ejerció esa competencia legal y nombró a los integrantes de todos los Consejos Desconcentrados, incluido entre ellos -por supuesto- el Consejo de Educación Secundaria.

No escapa a nuestro conocimiento -ni al de nadie- que esos nombres se habían acordado en función de lo actuado previamente en la CONAPRO, a los efectos de permitir una rápida aprobación de una Ley de Enseñanza a la que entonces se denominó equivocadamente "de Emergencia". Pero también es notorio que esas personas no han sido nombradas con calidad de representantes de partidos y, además, aunque así se hubiera entendido -en el caso, entendido mal- la Ley no dice nada en tal sentido y nada consta en el nombramiento que efectuó el CODICEN, que marque una dependencia de carácter político respecto de los integrantes de los Consejos con relación a partido alguno.

Los integrantes de los Consejos Departamentales -y esto es muy claro- no están sometidos a control del Poder Ejecutivo ni del Parlamento; su dependencia del CODICEN es en lo administrativo y en lo técnico. Además el hecho de que la Administración de Enseñanza Pública sea autónoma por mandato constitucional significa que el CODICEN dirige el ente con plenos poderes jurídicos. La autonomía del ente supone que éste maneja con total independencia técnica y administrativa los problemas que son de su competencia constitucional y legal, en la que ninguna injerencia tienen los poderes políticos del Gobierno y mucho menos pueden tenerla órganos, de cualquier carácter, que no forman parte de la estructura del Estado.

En cuanto al Poder Ejecutivo, éste no puede controlar a los entes de enseñanza -en el caso que interesa, al CODICEN- sino a los únicos efectos previstos por el artículo 198 de la Constitución, es decir, con la finalidad posible de destituir a su Directorio con venia del Senado -tal como lo expresa la Constitución- en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo, o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan.

El Parlamento carece siquiera de ese control directo sobre el órgano de un ente docente; sólo puede fiscalizar y responsabilizar al Poder Ejecutivo, en la persona del Ministro del ramo, en caso de que éste sea omiso en el ejercicio de su deber de controlar, a los fines antedichos, a las autoridades de ese ente autónomo -escúchesenos con atención: a las autoridades- es decir, al jerarca, no a un órgano subordinado a éste.

Por consiguiente, el mecanismo de control es éste: una Comisión del Parlamento puede llamar al Ministro -e inclusive éste puede ser llamado a Sala- y él debe informar si ha ejercido o no sus facultades de control que, en cierto sentido, son un poder-deber jurídico. En caso afirmativo, se le puede requerir que informe qué resultó de ese control.

Estos mecanismos establecidos por la Constitución de la República garantizan la autonomía contra la injerencia del poder político, entendiéndose por tal los poderes políticos del gobierno, no los partidos políticos.

Estas garantías no pueden ni deben desvirtuarse por la vía de la intervención de otros organismos no estatales en la vida interna de los entes autónomos.

En el inciso 4º del artículo 77 de la Constitución -y con esto termino- se expresa que se prohibe a los miembros de los Entes Autónomos, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de Partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político salvo el voto.

Se dice, además -y es lo que más interesa- que no se considerará incluida en estas prohibiciones la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de los problemas de gobierno, legislación y administración. Quiere decir que los Directores de Entes Autónomos, no otros funcionarios, pueden, pero no están obligados a ello, concurrir a los organismos de los Partidos con esa finalidad concreta. Ello es así porque los Directores de los Entes Autónomos, de acuerdo a esta Constitución, no son representantes de los partidos políticos, como lo eran según lo establecido en la Carta del 52. Ellos no dependen de los organismos políticos ni son responsables ante ellos; en todo caso, lo son directamente ante el Poder Ejecutivo e indirectamente ante el Parlamento.

Si esto es así respecto a los jerarcas de los entes autónomos mucho más lo es en relación con los funcionarios subordinados a ellos. Pensamos que sería una clara irregularidad, no ya en el seno de un organismo ajeno al Parlamento, sino en su propio seno, que ante un problema ocurrido en el ámbito del Poder Ejecutivo -y más concretamente en un Ministerio- en lugar de que una Comisión llamara al Ministro para informar, se lo hiciera al Director General del Ministerio. Naturalmente, esto no lo permitiría el Poder Ejecutivo, no sólo el actual, sino cualquiera otro.

Creo que al no procederse de esta manera se puede introducir un elemento de subversión en el funcionamiento jerárquico del Poder Ejecutivo, así como de cualquier Ente Autónomo.

Pienso que estas consideraciones son procedentes a la luz de la forma en que se han sucedido las actuales derivaciones en torno al debate sobre el tema de la laicidad, respecto del cual, por otro lado, tengo una opinión que creo es la ampliamente mayoritaria en este Cuerpo y en el país.

En consecuencia, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Educación y Cultura y al CODICEN.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

6) ANSE. Obreros del Puerto de Fray Bentos inscriptos en su registro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: hemos tenido oportunidad de conversar en la ciudad de Fray Bentos con los obreros inscriptos en los registros de ANSE, pertenecientes a la categoría B.

Estos obreros están incluidos en un Registro que les otorga el único derecho de ser llamados cuando existe trabajo extraordinario de estiba en el puerto y, en la práctica también, cuando hay tareas normales, ya que la lista de titulares de este rubro es, a todas luces insuficiente, cuando el puerto funcione aunque más no sea transitoriamente. Además, esta categoría -a diferencia de las otras de este servicio- ni siquiera les asegura un solo jornal en el mes, lo que ha motivado diversos planteos parlamentarios hechos concretamente en la Cámara de Representantes, sin que hasta el momento exista resolución favorable al respecto.

Sin embargo, estos obreros tienen obligaciones ya que al no presentarse al tercer llamado quedan eliminados del Registro. La única ventaja que poseen es la de que estando incluidos en ese Registro, pueden aspirar, eventualmente, a poder pasar a la Categoría "A", siempre y cuando existan vacantes.

Esta situación se ha hecho prácticamente insostenible para los trabajadores desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta la prolongada inactividad del puerto de Fray Bentos.

Han existido innumerables negociaciones entre las autoridades de ANSE y las Comisiones integradas en el ámbito de la Junta Departamental y de la Intendencia Departamental. Estas últimas, inclusive, están intentando una revitalización del puerto de Fray Bentos y, a la vez, conjuntamente con las autoridades portuarias, se ha tratado de propender -teniendo en cuenta que este personal no tiene trabajo permanente- que ellos puedan acceder a determinadas tareas que usualmente se desarrollan en los muelles o en los alrededores de este puerto.

La realidad, dice, sin embargo, que hasta el momento de generarse necesidades de utilización de mano de obra, el personal no ha sido tenido en cuenta. Más allá de una descripción detallada de por qué muchas veces esas personas quedan fuera de la nómina, en una reciente oportunidad en que hubo un importante embarque, recién al segundo o tercer día de actividad se incluyó a estos obreros agregándolos a los que ya estaban en actividad, ante el reclamo de éstos, sin contemplar siquiera dos jornales. Cabe agregar que entre tanto se estuvo trabajando con personal ajeno al Registro de Estiba, el que fue remunerado, por otra parte, sin responder a ninguna de las categorías salariales conocidas en la República.

Por lo expuesto, es entonces que este personal ha alzado su voz en busca de una solución que debe surgir no sólo del reconocimiento por parte del Estado en cuanto a la existencia de una nómina de personas a la que se sabe puede ser llamada, que conoce las tareas de estiba y el puerto, sino además, que si no se aseguran los jornales, por lo menos se ponga buena voluntad en la coordinación de tareas, existiendo una relación más o menos directa con lo que es su finalidad y su deseo de trabajar. Lamentablemente, no se les ha contemplado a la hora en que existe trabajo en el puerto, inclusive en la forma en que las normas de ANSE obliga a hacerlo.

Es notorio que, además, han ocurrido incidentes desgraciados que ayudan a tornar más dramática esta situación. No hace mucho tiempo se llamó a través de la radio a toda la lista de aspirantes a trabajo para que se presentara a las 24 horas de determinado día y cuando lo hizo el centenar de interesados se llevaron la sorpresa de que sólo se necesitaban cuatro operarios y ya se sabía quiénes eran de acuerdo con la rotación existente. Quiere decir que alrededor de 100 personas se presentaron en un horario inusual para no perder su trabajo para en definitiva enterarse de que sólo había trabajo para un día y cuatro personas.

Creemos que es hora de que todas las autoridades que tienen que ver con el funcionamiento portuario y también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, se enteren en forma detallada de este tipo de problemas y se compenetren en que, en definitiva, se trata de gente que lo único que solicita es trabajar y que se le tome en cuenta en las oportunidades que existan.

Además hay que tener en cuenta que en este momento existe cierta expectativa o esperanza de que a breve plazo el Puerto de Fray Bentos experimentará una pequeña reactivación a causa de una serie de embarques que se realizarían por esa vía.

Señor Presidente: tenemos interés en que nuestra preocupación por este tema se vea reflejada en la actividad parlamentaria así como también en que el mismo llegue a conocimiento de quienes puedan hacer algo con el objeto de asegurar un mínimo de jornales a un sector tan importante y que en la actualidad está sufriendo un alto porcentaje de desocupación. Este ha llegado a tales extremos que no se han podido superar los cinco jornales anuales.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Puertos, y a la Administración Nacional del Servicio de la Estiba y a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) REPUBLICA DE SUDAFRICA. Mantenimiento de relaciones diplomáticas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: como es notorio, en términos generales y más allá de matices perfectamente comprensibles, hemos apoyado y no hemos vacilado en comentarlo públicamente más de una vez, la política exterior del Gobierno uruguayo. No obstante, hoy queremos hacer un planteamiento que vamos a solicitar sea trasmitido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo hacemos con perfecto conocimiento de que el plano diplomático tiene características que no lo hacen asimilable en plenitud al de las diferencias políticas.

En el plano exterior, señor Presidente, el Uruguay practica una política múltiple, abierta, pluralista y ha establecido conexiones muy amplias no solamente diplomáticas sino comerciales y culturales con países de muy distinto carácter, con gobiernos de ideologías absolutamente disímiles. En líneas generales esta es una orientación política que compartimos.

Sin embargo, creemos que más allá de esas particularidades hay límites que deben ser cuidados; y nosotros nos queremos referir expresamente a lo que tiene que ver con el mantenimiento, a esta altura de los acontecimientos, de relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República de Sudáfrica. Sabemos perfectamente que ellas han sido situadas en el nivel más bajo posible; que el Uruguay no ha desaprovechado ninguna oportunidad, en ningún foro internacional en el que haya podido actuar, para condenar los excesos y las desviaciones, ya no del gobierno de Sudáfrica sino del sistema que allí impera. Pero a pesar de eso a esta altura, repito, nos parece que ello ya es insuficiente.

Sudáfrica es un caso muy especial. Yo no me atrevería a decir único en el mundo, en sus peores particularidades, pero sí en el conjunto de las características que lo involucran. Sudáfrica ha sido expulsada de la FAO; ha sido expulsada de la Organización Mundial de la Salud; ha sido expulsada de la UNESCO; ha sido expulsada de la OIT y ha sido expulsada de la Organización de las Naciones Unidas. La mayor parte de las naciones del llamado Tercer Mundo y casi toda América Latina han roto relaciones con la República de Sudáfrica. Muy pocos países, por razones a veces vinculadas a elementos de carácter comercial, por razones a veces vinculadas a interrelaciones de carácter imperial y por razones a veces vinculadas a determinado tipo de afinidades, las han mantenido. Pero en rigor la prolongación de relaciones con Sudáfrica ha tenido, hasta el final, ejemplos muy escasos: el Chile de Pinochet, el Paraguay de Stroessner, Malawi, con un régimen muy particularizado en la zona austral de Africa, Israel -naturalmente- y pocos más.

Nosotros queremos recordar al Ministerio de Relaciones Exteriores, los términos de la Declaración de Arusha, apoyados en la Conferencia Internacional Antiapartheid "Pueblos del mundo unidos contra el "apartheid" por una Sudáfrica Democrática", en la cual el creciente aislamiento de Sudáfrica, encaminado no a modificar el "apartheid" sino a eliminarlo, ocupa un lugar absolutamente prioritario.

Deseamos recordar también antecedentes que han estado a cargo del propio gobierno. En 1986, a raíz de una moción presentada por Uruguay, Argentina y Brasil, junto con otros nueve países africanos, para establecer una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, en una región comprendida entre América del Sur y Africa, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una iniciativa por 124 votos a favor, uno en contra -el de Estados Unidos- y algunas abstenciones de naciones de Europa Occidental; se instaba, en particular a las potencias militares, a respetar esa zona, a reducir y eventualmente eliminar allí la presencia militar. En esa oportunidad, precisamente, la delegación uruguaya se refirió a lo que llamó "omisa violación institucionalizada de los derechos humanos" por parte del gobierno de Sudáfrica y "a la ocupación ilegal por éste del territorio de Namibia", expresando que constituían "focos de perturbación de la paz y seguridad de la región del Atlántico Sur". Señalo, además: "La eliminación del "apartheid", el logro de la independencia para el pueblo namibiano, y la cesación de los actos de agresión y subversión contra los Estados de esta región, son condiciones ineludibles para hacer del Atlántico Sur una zona de paz y cooperación".

También debemos tener presente que a lo largo, reitero, no de un gobierno sino de muchas décadas, lo que refleja la permanencia hasta ahora inalterable de un sistema que condena en absoluto los derechos humanos de casi toda la población, se consagra un régimen que permite que haya un médico para atender a 370 habitantes blancos y uno para 45.000 habitantes negros, que la mortalidad infantil entre los blancos sea de 12 por mil y entre los negros llegue a 282 por mil.

Asimismo, queremos recordar los antecedentes mencionados de modo reiterado por una figura tan representativa de la paz en el plano internacional y nacional como es el Obispo Desmond Tutu quien detalladamente ha puesto de relieve, ante el conocimiento del mundo, la actividad pacífica, paciente y medida desarrollada por un pueblo que lucha por liberarse de un régimen tan extremadamente ominoso.

Queremos recordar que allí la clasificación es absolutamente estricta, en funciones típicamente raciales; que los derechos están clasificados por categorías, según se sea blanco, asiático, mulato, malayo o negro; que ni siquiera el amor tiene la libertad de expresarse y las parejas están sometidas a vejámenes inconcebibles. Por ejemplo, un joven mecánico de veinticuatro años -cuyo nombre tengo en mi poder- fue sentenciado a seis meses de prisión por haber convivido con una novia mulata.

Este, señor Presidente, es un sistema que, además, ha desafiado a las Naciones Unidas a través de su ocupación ilegal de Namibia, que viola constantemente la paz con invasiones e intromisiones en todos sus pueblos vecinos: en Angola, en Mozambique, en Zambia, en Zimbabwe, en Lesotho, en Botswana.

Nosotros pensamos que ha llegado el momento en que el Gobierno uruguayo que ha hecho gala de ponderación y de cuidado, y al que no quisimos plantear este tema cuando la visita del indeseable personaje que hace poco estuvo aquí, en atención a que en esa oportunidad el nuevo señor Ministro hacía prácticamente horas que había asumido el cargo -y éste fue un presente no griego sino sudafricano- conozca nuestra inquietud porque consideramos que a esta altura nada justifica que el Uruguay mantenga, en ningún nivel, relaciones diplomáticas con un régimen que hace ostentación permanente de su desprecio más absoluto por toda forma de convivencia civilizada y cuyo aislamiento en el sistema mundial ha llegado ya a un nivel que hace prácticamente insostenible el mantenimiento de cualquier tipo de relación con él.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si la versión taquigráfica de lo expresado por el señor senador Rodríguez Camusso se cursa al Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ANTEL. Venta de máquinas teleimpresoras electrónicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en el día de hoy haremos referencia a una cuestión que en nuestro concepto, reviste enorme gravedad y que tiene que ver directamente con un tema que muchas veces se ha rozado en la presente Legislatura pero que nunca ha sido debatido en profundidad: la correcta gestión de una empresa estatal.

El caso del que queremos ocuparnos está referido a la venta por parte de ANTEL de doscientas veinte máquinas teleimpresoras electrónicas sin uso a realizarse en licitación pública el próximo 18 de abril. Consideramos que, en defensa de los intereses del Estado, esta venta no debería realizarse jamás. En efecto; de efectuarse en los términos propuestos -como procuraremos demostrar enseguida- se concretaría el acto final de una pésima operación comercial por parte de una empresa estatal.

Historiemos, muy brevemente, los principales hitos de esta operación.

En enero de 1981, ANTEL, adquirió a la firma alemana Siemens mil máquinas télex electrónicas, novecientas de ellas modelo T 1000 S -emisoras receptoras con memoria- y cien modelo T 1000 RO -sólo receptoras- en una operación comercial valuada en un monto global de unos U$S 3:000.000, aún no totalmente finalizada. Trescientas de estas máquinas fueron puestas en uso ese mismo año para cubrir servicios propios del Ente. En cuanto a las demás -con la sola excepción de aquellas que, razonablemente, debían dejarse "en reserva"- lógico es suponer que debieran haber sido ofrecidas en el mercado, por lo demás ávido de teleimpresoras. Sin embargo, ello no fue así, sino que las máquinas fueron guardadas en los depósitos de ANTEL.

Recién en diciembre de 1984, es decir, a casi cuatro años de su compra, el Directorio de entonces decide ofrecer las teleimpresoras a los usuarios de la órbita estatal. Se ha calculado por parte de entendidos en la materia que el Ente perdió durante este lapso, y fruto de esa pésima gestión comercial, aproximadamente U$S 300.000, equivalentes a diez por ciento del monto global de la operación. Se trata de dinero perdido sólo por tener las máquinas en depósito; si ellas hubieran sido arrendadas, no sólo habrían amortizado su valor inicial sino que además, desde hace tiempo, estarían dando utilidades netas al organismo.

Y es recién el 11 de setiembre de 1986, es decir, a cerca de seis años de su compra, que el Directorio actual -por resolución número 1655/86- decide el arriendo de las máquinas al público en general. A su vez, realiza una exitosa ofensiva comercial hacia los usuarios de télex de la esfera estatal. Pese a ello, aún hoy existen más de cincuenta usuarios télex del ámbito estatal que contratan tales servicios a nivel privado, pagando cifras que se ubican en un veinte por ciento por encima de las tarifas de ANTEL. Esta es otra demostración cabal de cómo no se debe actuar para corregir la tan mentada ineficiencia de la empresa estatal. Cabe señalar que entre estos usuarios se ubican varios pertenecientes a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Defensa Nacional, de Transporte y Obras Públicas y de Relaciones Exteriores, así como el Banco Central, por citar sólo los ejemplos más notorios.

De la oferta de máquinas de télex a nivel privado prácticamente es mejor no hablar. Pese a tener precios altamente competitivos y gozar de un servicio de mantenimiento de probada eficacia -tenemos informaciones que lo avalan- ANTEL atiende sólo el cinco por ciento de los usuarios privados, cifra que evidencia con elocuencia incomparable la pésima gestión comercial realizada en el área. En este mismo sentido, no resistimos a la tentación de referirnos a un hecho digno de figurar en los casos del célebre Ripley: en la contratapa de un material de propaganda de ANTEL destinado a publicar la colocación de sus teleimpresoras, figura nada menos que la nómina de las siete empresas privadas que brindan servicio de télex en nuestro país, con excepción -¡faltaba más!- de la propia ANTEL.

Omitimos, para abreviar el relato, algunos otros ejemplos del mal manejo comercial en esta área tan importante de la economía de ANTEL, cuyas utilidades se acercan, a juzgar por los datos que poseemos, al diez por ciento de su presupuesto, para pasar directamente al tema que nos interesa analizar: la venta de las teleimpresoras en licitación pública.

Más allá de las buenas intenciones que puedan aducirse, nos atrevemos a afirmar que este es el peor negocio que se podría hacer con tales máquinas, sólo superado por el mal negocio hecho con tenerlas por largos años en depósito. Y eso que no tomamos en cuenta el hecho de que, por deficiencias de las propias bases de la licitación, el negocio incluso podría llegar a ser sencillamente desastroso, si se confirmarse que el pago de impuestos aduaneros -que deberá hacerse, en definitiva- debe ser de cargo de ANTEL.

Veamos algunas cifras para demostrar nuestra aseveración. Suponiendo una oferta buena por cada una de las máquinas de unos U$S 2.000 -que no sería mal precio, pues si bien se trata de máquinas nuevas, tienen su garantía vencida- ese dinero, colocado al interés corriente en plaza, de un 7,5% anual, daría un rédito de U$S 150 por año. Sin embargo, el arriendo de una máquina en el mismo período, considerado también a valores actuales del Ente -U$S 60 por mes, aproximadamente- daría una ganancia anual de U$S 720, es decir, casi cinco veces el resultante de su venta. Repárese, además, en el hecho de que en poco menos de tres años una máquina arrendada amortiza su valor pasando a generar, como ya he dicho, ganancias netas.

El solo cotejo de las cifras antes mencionadas resulta suficientemente elocuente. Y no hay que ser demasiado sagaz para visualizar acto seguido quién saldrá ganando con esta operación: las únicas que pueden comprar en licitación las teleimpresoras son las empresas privadas competidoras de ANTEL, que procurarán disputarse el pingüe negocio que ofrece el Ente.

La licitación ha sido fijada finalmente para dentro de cinco días. Nosotros reafirmamos hoy, enfáticamente, que tal venta no debe realizarse y que sería de buen tino que el Directorio de ANTEL revisara su posición y no permitiera la concreción de este negocio tan perjudicial para el Estado.

Por último, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se haga llegar, con la premura del caso, al directorio de ANTEL, a través del Ministerio respectivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

9) FRIGORIFICO INFRINSA. Reapertura de la planta y adeudos a sus trabajadores. MAESTROS RURALES. Problemas de traslado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Gargano, en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras que pronunciara en la sesión del día de ayer, referidas a los seis trabajadores de INFRINSA, sean enviadas a las autoridades del Banco de la República; y las relacionadas con los maestros rurales, al Ministerio de Educación y Cultura para que, por su intermedio, pasen al Consejo de Educación Primaria.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar ahora a licencia solicitada por el señor senador Forteza, de la que oportunamente se diera cuenta.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada por el señor senador Zumarán, de la que oportunamente se diera cuenta.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Se convocará a lo suplentes respectivos.

11) DESIGNACION DE LA DOCTORA VICTORIA PERERA DUEÑAS COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 4º TURNO. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - La Comisión de Asuntos Administrativos consideró, en su sesión del día de ayer, la posibilidad de que se altere el orden del día y se trate con urgencia el último punto, referente a la integración del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Se trata de una solicitud de venia formulada por la Suprema Corte de Justicia, de suma urgencia en virtud de que el mencionado Tribunal se encuentra desintegrado, lo que significa un grave perjuicio para la Justicia.

En consecuencia, en nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos, mociono para que el tema a que me acabo de referir se declare urgente y se proceda a su consideración de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 18 y 7 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 11 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

(Se da de lo siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - El Senado en sesión secreta, resolvió conceder la venia solicitada por la Suprema Corte de Justicia para designar como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, a la doctora Victoria Perera Dueñas.

12) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en la mañana de hoy recibimos el repartido que incluye los proyectos que, de acuerdo al artículo 157 del Reglamento corresponde pasen al archivo si no los solicitamos.

Voy a pedir que no pasen al archivo y que se mantengan en sus respectivas Comisiones dos asuntos: uno, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social -página 3 del Repartido, Carpeta número 44/85- cuyo título es "Consejos de Salarios"; y otro, que se encuentra a estudio de la Comisión de Presupuesto -página 13 del Repartido, Carpeta Nº 975/87- cuyo titular es "Transferencia de recursos de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados al Poder Ejecutivo".

13) REBAJA DE LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite, señor Presidente, para otra cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar en el uso de la palabra, el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con referencia al Distribuido Nº 15, página 38, de la Comisión de Hacienda, voy a solicitar que sea en lo posible diligenciado un asunto que estimamos tiene suma importancia, entrado al Senado el 14 de agosto de 1986, y que no ha sido informado. Este proyecto de ley, que tiene que ver con medidas conducentes a la rebaja de los precios de artículos de primera necesidad, fue aprobado por la Cámara de Representantes y se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, desde hace aproximadamente un año y medio.

En consecuencia, solicitamos que este asunto sea a la brevedad posible informado y puesto a consideración del Senado; y que los dos proyectos a que hice referencia anteriormente continúen a estudio de las Comisiones respectivas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

14) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una cuestión de orden tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Solicito que permanezca también en Comisión y, por lo tanto, que no pase al Archivo, la Carpeta Nº 673/86.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

15) DIRECTORIO DE PLUNA. Su gestión.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Yo presenté en el día de ayer una moción escrita en el sentido de que se me permitiera formular una exposición más allá del límite de tiempo establecido por el Reglamento. Dicho Reglamento expresa que en la última media hora se podrán votar estas solicitudes; no sé si esta es una disposición de carácter imperativo o una opción para el caso de que estas solicitudes se presenten durante la sesión.

Es decir que quisiera saber si corresponde votar estas solicitudes en la última media hora, aun aquellas que se presenten al promediar o finalizar la sesión, porque veo que se establece tal posibilidad para las manifestaciones de protesta, congratulaciones, condolencias, a los que se alude siempre al comienzo de la sesión.

No hago cuestión, señor Presidente, pero solicito a la Mesa que indique cuál es el criterio a seguir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo peor que puede suceder señores senadores, es enfrascarnos en una discusión acerca de los alcances del Reglamento.

De manera que, tal como procedimos en anteriores oportunidades, podríamos votar la solicitud formulada por el señor senador Pereyra.

Léase.

(Se lee:)

"Solicito autorización para formular una exposición de 45 minutos relacionada con la gestión del actual Directorio de PLUNA en la primera sesión ordinaria del mes de mayo. Carlos Julio Pereyra. Senador".

-Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: solicito que la Carpeta Nº 596/86, referente a la creación de un Centro de Documentación e Información Legislativa, sea mantenida en consideración y no pase al Archivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: solicito que las Carpetas Nos. 660/86, 43/85 y 390/85 no sean pasadas al Archivo.

Asimismo, quiero dejar constancia de una inquietud, porque desconozco cual ha sido el trámite. Recuerdo que el año pasado dimos estado parlamentario, junto con otros señores legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, a una serie de proyectos de ley que había presentado para su consideración el Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Ramas Afines. Estas iniciativas -que creo eran cuatro- no figuran en los repartidos y, por tanto, desconozco su trámite. En consecuencia, temo que por algún problema administrativo vayan a dar al Archivo o que todavía no hayan ingresado oficialmente en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se tendrá presente, señor senador.

17) EX LEGISLADOR SOLANO AMILIVIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Exposición del señor senador Uruguay Tourné en homenaje al ex-legislador don Solano Amilivia".

Tiene la palabra el señor Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: cuando el 18 de diciembre de 1987 pasó a la inmortalidad don Solano Amilivia, este Cuerpo se encontraba en receso. Tal circunstancia determinó que no pudiéramos rendir el homenaje de recuerdo histórico a un hombre que en su larga vida fue un ejemplo de servicio a sus semejantes, de lealtad a sus ideas cívicas, de honor en el cumplimiento de sus deberes y que ocupó, muy altas posiciones legislativas de elección popular y de representación en organismos de conducción administrativa.

Nació en Minas el 9 de setiembre de 1897. Estuvo vinculado en el largo periplo de su vida fundamentalmente, al quehacer del departamento de Lavalleja prácticamente desde la culminación de sus estudios notariales en setiembre de 1923 -transcurridos ya 65 años- y allí, en su solar nativo, donde tantas razones familiares y afectivas lo vinculaban, inicio una brillante e ininterrumpida carrera profesional y una indeclinable militancia en el Partido Nacional.

Toda su existencia, de alguna manera estuvo referida a su departamento de Lavalleja. En dos ocasiones ocupó la Presidencia de su Concejo Departamental, desde 1932 hasta 1933, y en 1934 finalizó su mandato original, interrumpido en el año anterior.

Asimismo, presidió la Junta Electoral de Lavalleja e hizo otro tanto en el ámbito de la actividad comunal al ocupar la Presidencia de la Junta Departamental de Lavalleja.

La dimensión de su personalidad y el reconocimiento por sus conciudadanos fue nítido y quedó revelada en un espontáneo homenaje de que fue objeto al abandonar su función como Intendente. Toda la ciudadanía de Lavalleja, por encima de banderías, le ofreció el enorme tributo de su reconocimiento, descubriendo una placa que actualmente se encuentra en la Escuela Técnica de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

A fin de poder aquilatar, de alguna manera, la acción cumplida desde la comuna de Lavalleja, recordamos el acto con el que se homenajeó al Intendente Solano Amilivia que fue ofrecido por un orador que no era blanco ni colorado, pero se trataba de un hombre de su departamento, que brilló en las letras; me estoy refiriendo a Juan José Morosoli que, como todos sabemos, militó dentro del Socialismo. Rescatamos esta circunstancia para evaluar debidamente el respeto generalizado, que en el curso de su vida fue continuado en otras trayectorias y actividades.

Fue integrante de este Cuerpo en la década del 50, brillando por su preocupación y su trabajo en las distintas Comisiones legislativas así como por lo que representó la estela de su experiencia, aportada en el estudio y consideración de los distintos proyectos de ley.

Luego de este período, pasa a presidir, en el primer gobierno del Partido Nacional, el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en un momento especialmente difícil debido a un cambio de gobierno y de coordenadas, representado, de alguna manera, por la presencia de nuevos grupos dirigentes que tienen que ocuparse de las actividades relacionadas con la vida económica de nuestro país. Solano Amilivia actuó con brillo y con jerarquía, por lo cual tendrá que recordarse siempre esta etapa de su vida, porque en ella el Banco de la República estuvo muy específicamente vinculado al quehacer nacional y a la reactivación de los distintos niveles industriales, fundamentalmente en lo que tiene relación con nuestra principal actividad económica, como es la agropecuaria.

Desempeñó, también -este es un hecho que lo tocó muy de cerca- la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Homenaje al Brigadier Juan Antonio Lavalleja, al cumplirse el centenario de la muerte del Jefe de los Treinta y Tres Orientales.

En el orden partidario, el escribano Solano Amilivia ocupó las distintas jerarquías con las que se desenvuelve y desarrolla la personalidad en la vida política, desde la militancia juvenil como convencional del Partido Nacional hasta la de integrante de su Directorio.

Basta recordar, para darnos cuenta del significado de su solidaridad con el Partido Nacional que reafirmó en su venerable ancianidad, que fallece siendo Presidente de la Convención Departamental Nacionalista de Lavalleja, atravesado prácticamente el dintel de sus 90 años.

Creo que tenemos que rescatar, para la elegía de este hombre que constituyó un baluarte de la lucha cívica, de la defensa de la democracia y de los grandes valores de la República, que durante el período de la dictadura -y ya nonagenario- mantuvo una indeclinable voluntad de servicio al sistema político en un departamento especialmente represivo. En un momento en que todas las formas del quehacer político eran combatidas muy duramente, la casa de don Solano Amilivia era centro de actividad de vida política, en la que se reunía con hombres de todos los partidos políticos de su departamento.

Uno de sus más grandes orgullos fue el de votar por el "No" en el plebiscito que se llevó a cabo en 1980, luciendo su credencial que llevaba el Nº 1 de la serie.

Creemos, señor Presidente, que estas modestas palabras no trasuntan la grandeza de su personalidad ni los rasgos característicos de esta larga vida al servicio de la República, pero sí la emoción de la pérdida física.

Murió rodeado del afecto de sus conciudadanos y no podía haber, para un repúblico como don Solano Amilivia, un reconocimiento mejor.

Solicito, pues, que la versión taquigráfica de las palabras que se pronuncien en Sala con motivo de su deceso se haga llegar a sus deudos, y que en homenaje a su memoria nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - No sería fiel a mis convicciones políticas, a mi condición de herrerista ni al mandato de la amistad, si no dijera unas pocas palabras para acompañar el homenaje que tan justamente plantea el señor senador Tourné.

Don Solano Amilivia, con don Pedro Leanis, don Alberto Puig, abuelo, don Luis Puig y don Juan B. Morelli eran los camaradas más próximos del doctor Herrera. Tuvo una larga y fecunda vida dedicada a la acción pública y el Partido Nacional y el Herrerismo lo tuvieron siempre como un puntal en sus pagos minuanos.

Como bien decía el señor senador Tourné, don Solano Amilivia era titular de la credencial SAA 1, porque cuando se aprobó la Ley de Registro Cívico, concurrió presuroso pues quería tener la credencial Nº 1 de Minas, que ostentó, lució y utilizó al servicio del Partido Nacional y del Herrerismo.

En la ciudad de Minas hay una calle que lleva el nombre de "Intendente Amilivia" -homenaje que le tributó su pueblo- y, por esas cosas lindas que tiene vida política en nuestro país, el día que se nominó esa calle habló Juan José Morosoli que no era, por cierto, herrerista ni blanco. Pero la primera pluma cuentista criolla -a mi juicio- homenajeaba así a este verdadero patriarca de las sierras que era don Solano Amilivia.

Y cuando en las horas inciertas del plebiscito de 1980 hubo que conseguir las firmas por el "No" de un grupo de herreristas, que publicó en el diario "El Día" un manifiesto, allí estaba la firma de don Solano Amilivia, ya que los demás estábamos callados obligatoriamente. Lo tengo en mi horizonte familiar como un cuasi pariente, de ésos que ya se han ido junto al doctor Herrera y que fueron sus amigos y consejeros durante largas y difíciles horas, porque ser herrerista nunca fue muy fácil y menos con el propio doctor Herrera que permanentemente tenía a sus huestes "a los saltos", pero siempre enfervorizadas. La voz y la presencia de don Solano Amilivia fueron de las que siempre estuvieron junto al caudillo.

Quería expresar estas palabras -más sentidas que pensadas- para adherir a este tan merecido homenaje.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: muy sencillamente, queremos también rendir nuestro homenaje a la recordada y tan apreciada figura del escribano Solano Amilivia, hombre probo, sencillo, bueno y generoso, de todo lo cual dio la pauta a través de una larga y útil actividad ciudadana.

En oportunidad de presidir el Directorio del Banco de la República, caracterizó su gestión, no por el brillo exterior sino por el hondo contenido social y humano de cada una de sus definiciones. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siendo prácticamente un liceal -aún no tenía edad para votar- visité por primera vez la ciudad de Minas invitado precisamente por el escribano Solano Amilivia y por otro recordado y querido amigo, el doctor Saúl Pérez Casas.

Hasta hace pocos años, lo encontrábamos a veces junto a su departamento frente a la Plaza Independencia y conversábamos de aficciones e inquietudes comunes. Don Solano Amilivia fue un noble ciudadano, un excelente amigo y un hombre que merece plenamente el homenaje que se le tributa y al que adherimos con emoción.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: no conocí personalmente al escribano Amilivia, pero a lo largo de tantos años de lucha política, la figura de este dirigente de primera línea del Partido Nacional no nos era ajena.

Recordaba recién que en oportunidad de cursar Preparatorios de Derecho en el liceo nocturno, tuve como compañero a uno de sus sobrinos. En aquellos años en que hacíamos nuestros "primeros palotes" en la vida política, comentábamos con él las alternativas de los enfrentamientos que eran comunes en nuestro país en aquélla época.

No quería dejar pasar esta oportunidad sin manifestar, en nombre de la bancada del Partido Colorado, nuestra adhesión a la propuesta formulada por el señor senador Tourné -que consideramos muy justa- en el sentido de rendir homenaje a un dirigente del Partido Nacional de relevantes condiciones y de características excepcionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Tourné en el sentido de que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de don Solano Amilivia y se haga llegar a sus deudos la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

(Así se hace)

18) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la sesión.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: es para solicitar que no pasen al archivo dos carpetas que están radicadas en la Comisión de Educación y Cultura: la Nº 624/86, proyecto de ley referente a embarcaciones deportivas y de recreo y la Nº 928/87, relativa a películas cinematográficas, revistas y grabaciones destinadas a la difusión a través de la televisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

19) NACIONALIDAD ORIENTAL. Establecimiento de normas para su determinación.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para los hombres o mujeres nacidos en cualquier parte del territorio y para sus hijos cualquiera sea el lugar de su nacimiento. (Carp. Nº 763/87 - Rep. Nº 146/87)".

(Antecedentes: ver 3ª S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En la última sesión, algunos señores senadores hicieron diversas observaciones con respecto a este proyecto de ley. La Comisión las estudió y resolvió realizar diferentes modificaciones en el proyecto contemplando algunas de ellas. Asimismo, conversó con algunos de los señores senadores que las habían hecho, con el ánimo de aclarar las posibles dudas en un ambiente más propicio. Sin embargo, la actividad del Cuerpo de los últimos días y de hoy, así como la de varios señores senadores, han impedido la concreción de este propósito.

Por consiguiente, la Comisión solicita que se postergue la consideración de este asunto y se coloque en primer término -de ser posible- de la primera sesión siguiente, que creo será la primera reunión del mes de mayo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para la primera sesión de mayo, en el día de hoy ya se votó una preferencia relativa a una exposición del señor senador Pereyra.

SEÑOR ORTIZ. - Entonces, que sea a continuación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Ortiz.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

20) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE. Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a consideración el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República)".

La Mesa tiene entendido que todavía no se han producido los acuerdos respectivos a este punto ni en el asunto que figura en el cuarto lugar, por lo que se permite sugerir la postergación de los mismos para la primera sesión del mes de mayo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) EXPROPIACION DE INMUEBLES. Individualización del bien cuando se declare la necesidad o utilidad públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se dispone que las leyes que establezcan la necesidad o utilidad pública a los efectos previstos en el artículo 32 de la Constitución de la República, deberán individualizar los inmuebles a expropiarse con indicación de su número de padrón, superficie aproximada, departamento y sección judicial de su ubicación. (Carp. Nº 957/87 - Rep. Nº 170/87)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 957/87
Rep. Nº 170/87

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Las leyes que establezcan la necesidad o utilidad públicas a los efectos expropiatorios previstos en el artículo 32 de la Constitución de la República, deberán individualizar los inmuebles a expropiarse con indicación de su número de padrón, superficie aproximada, departamento y sección judicial de su ubicación.

Art. 2º. - Deróganse todas las disposiciones legales que establecen declaraciones genéricas de utilidad o necesidad públicas con fines expropiatorios.

Dardo Ortiz. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 32 de la Constitución reafirma el concepto de que el derecho de propiedad es un derecho inviolable. No obstante siguiendo una tendencia universal admite que se pueda privar al propietario de su derecho, en casos de necesidad o utilidad públicas, por cuanto se entiende que los intereses de la comunidad deben anteponerse a los particulares.

Esa limitación importante al derecho de propiedad, el constituyente la dispone en un marco de garantías tendientes a que no pueda ser ejercida con ligereza, y a que, al expropiado se le compense adecuadamente la disminución de su patrimonio.

De ahí que antes de franquear a la Administración la acción expropiatoria el constituyente impone la intervención legislativa, a fin de que, el Parlamento, representante idóneo de los intereses colectivos juzgue y decida sobre la necesidad o la utilidad de la expropiación gestionada.

Es necesario que la ley establezca la necesidad o utilidad. Para aprobarla el Parlamento necesita tener los mayores elementos de juicio a su disposición. Tal vez en pocas leyes como en ésta, están en juego principios tan trascendentes. Se trata de vulnerar el derecho de propiedad y por tanto es imprescindible que antes de resolverlo, el Parlamento conozca en todos sus detalles la obra proyectada, las finalidades perseguidas, el costo de la operación y sus eventuales repercusiones.

No obstante una práctica legislativa que se inicia con la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, autorizó diversas expropiaciones mediante una declaración genérica de utilidad pública, sin especificación de los bienes concretos a expropiarse, cosa que luego hace la Administración por su sola cuenta.

La declaración genérica de utilidad o necesidad pública, conlleva asimismo el hecho de que el Parlamento, al efectuar la declaración, no sólo ignora el bien concreto a expropiarse sino también y como consecuencia lógica, el monto de la indemnización a pagarse.

La mención específica de los inmuebles permitiría al legislador tener una idea, aunque fuera aproximada, del costo de la expropiación que está autorizando. Todo lo que sea ilustrar ampliamente al legislador, contribuirá a que el pronunciamiento de éste sea más acertado y por tanto de indudable conveniencia.

Además, toda iniciativa que procure acentuar el contralor que la Constitución pone a cargo de la ley respecto de la privación del derecho de propiedad, debe mirarse como una contribución valiosa en la tarea nunca acabada de oponer el escudo protector de la ley en una materia demasiado sensible a cualquier eventual desviación del poder administrador.

Dardo Ortiz. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Constitución y Legislación ha aprobado por unanimidad el presente proyecto de ley. Hace suyos los fundamentos expuestos en la exposición de motivos y señala que el proyecto se inscribe en la línea de fortalecer la acción parlamentaria al promover que el pronunciamiento legislativo, en los casos de expropiación, se produzca luego de un completo conocimiento de los motivos que sustentan el propósito del Poder Ejecutivo.

En efecto, cuando se trata de limitar el derecho de propiedad los motivos deben ser seriamente considerados. En esa consideración van indisolublemente unidos la finalidad y el lugar.

El mejor propósito, la mejor obra, puede resultar desvirtuada si la zona o el emplazamiento no son adecuados. A la vez, una excelente ubicación no bastará para aprobar la realización de una obra, si ella en sí misma no es satisfactoria.

El mejor lugar de la ciudad para erigir una estatua no determinaría el voto favorable del Parlamento, si con ella se intentara perpetuar el recuerdo de algún tirano o ensalzar acontecimientos agraviantes del honor nacional.

A la inversa, el monumento más justificado, a un prócer de nuestra historia, seguramente no encontraría aprobación legislativa si el lugar propuesto para erigirlo fuera una zona totalmente inapropiada del territorio.

Motivo y lugar se complementan pues y ambos deben ser conocidos plenamente por el legislador para que su pronunciamiento sea cabal.

A eso tiende el presente proyecto de ley que no significará, en su aplicación, traba o demora alguna en la realización de obras, desde que al no exigirse una exacta precisión en los datos a proporcionar permitirá que el Poder Ejecutivo pueda dar cumplimiento a los requisitos dispuestos aun en la etapa en que el exacto emplazamiento o la superficie a utilizar no tienen una fijeza definitiva.

Sala de la Comisión, 17 de noviembre de 1987.

Dardo Ortiz, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan C. Fá Robaina, José L. Guntin. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - A los efectos expropiatorios, las leyes que establezcan la necesidad o utilidad públicas previstos en el artículo 32 de la Constitución de la República, deberán individualizar, los inmuebles a expropiarse con su número de padrón, superficie aproximada, departamento y sección judicial de su ubicación.

Si no fuere posible indicar dichos bienes en la forma dispuesta en el inciso anterior, se incluirán otros elementos ilustrativos que permitan determinar claramente los bienes a expropiarse.

Art. 2º. - Deróganse todas las disposiciones legales que establezcan declaraciones genéricas de utilidad o necesidad públicas con fines expropiatorios.

Sala de la Comisión, 17 de noviembre de 1987.

Dardo Ortiz, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan C. Fá Robaina, José L. Guntin. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En alguna oportunidad, recibí distintas objeciones a este proyecto de ley, fundamentalmente, en lo que refiere al artículo 2º que, por la generalidad que establece, incluso podría poner en riesgo algunos trámites expropiatorios.

Esa disposición que dice que se derogan todas las disposiciones legales que establecen declaraciones genéricas de utilidad o necesidad públicas con fines expropiatorio, se entiende que no es conveniente en la medida que no aparece establecido el alcance, el límite de esta norma de derogación de carácter general.

A este respecto se me señalaba la posibilidad de que se invoque esta disposición para cuestionar procedimientos expropiatorios en trámite.

No deseo plantear una demora en relación al proyecto de ley, por cuanto entiendo que su artículo 1º es una disposición concreta respecto al cumplimiento de la individualización de los bienes, o sea, que su alcance se proyecta hacia el futuro y no modifica ni cuestiona lo relativo a trámites ya realizados; en cambio, el artículo 2º tiene un carácter general.

Por consiguiente, consulto al señor miembro informante en el sentido de si es posible aprobar el artículo 1º y pasar a Comisión el segundo o si entiende que ambas disposiciones constituyen un todo y, en consecuencia, debería pasar todo el proyecto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En lo que me es personal y, como miembro de la Comisión, no tengo inconveniente en que el asunto vuelva a su seno para conversar sobre el artículo 2º, luego de ser aprobado el 1º. Creo sí, que el artículo 2º es indispensable con ésta o con otra redacción más apropiada, porque de no votarse esa norma, seguirían vigentes las leyes que establecen declaraciones genéricas de utilidad o necesidad públicas con fines expropiatorios. Entonces, ¿cómo se aplicarían? Porque no es cuestión de que sólo rija para el futuro. Si no aprobamos el artículo 2º, la ley de 1912 que declara la utilidad pública la expropiación de los inmuebles necesarios para la construcción de carreteras, seguiría vigente y, en lo sucesivo no sería necesaria la individualización de los bienes. Me parece atendible la solicitud del señor senador Batalla. Ni yo ni nadie nunca nos hemos negado a estudiar los temas sobre los cuales se han planteado dudas por parte de algún señor senador, como lo acabamos de hacer con el proyecto de ley anterior.

Por consiguiente, secundo la moción del señor senador Batalla, en el sentido de votar el artículo 1º, pasando el resto del proyecto a estudio de la Comisión para que ésta nos traiga un informe en la próxima sesión.

SEÑOR BATALLA. - No tengo ningún inconveniente, pero no sé si será posible que se produzca un informe para la próxima sesión porque es indudable que se tendrá que requerir algún asesoramiento. Repito, que no tengo ningún inconveniente en que se proceda como lo señala el señor miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar el proyecto de ley en discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Participo plenamente del proyecto y, por supuesto, de su artículo 1º. Sin embargo, hay un error involuntario en la segunda línea, donde dice: "necesidad o utilidad públicas previstas a los efectos expropiatorios". En realidad debe decir "previstas", porque se refiere a lo que está previsto en el artículo 32 de la Constitución de la República que no son los efectos, sino esos casos en que procede una expropiación. Asimismo, se repite el verbo expropiar. Naturalmente si se refiere al artículo 32 de la Constitución, no puede ser a otros efectos, que los de éste, porque ese es el instituto que regula esa disposición. Por lo tanto, propongo que se suprima la parte inicial y se redacte de la siguiente manera: "Las leyes que establezcan la necesidad o utilidad públicas previstas en el artículo 32 de la Constitución de la República, deberán individualizar los inmuebles a expropiarse" continuando luego la actual redacción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la redacción propuesta por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde votar la moción presentada por el señor senador Batalla en el sentido de pasar a estudio de la Comisión el artículo 2º volviendo a consideración del Senado, una vez informado, en las primeras sesiones del mes de mayo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) LANZAMIENTOS CONTRA ARRENDATARIOS DE FINCAS URBANAS. Su suspensión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el punto sexto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se suspenden los lanzamientos de fincas destinadas a casa habitación. (Carp. Nº 979/87 - Rep. Nº 1/88)".

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: atento al tiempo transcurrido desde el momento en que este proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes y aún desde la confección del informe de la Comisión, y en virtud de que posteriormente se sancionaron normas referentes a problemas contenidos en este proyecto -vinculadas a la situación de los ahorristas del Banco Hipotecario- pediría que el mismo pasara nuevamente a Comisión. Solicito esto porque no me encuentro en condiciones de fundamentar un proyecto que a mi juicio tendría que ser modificado y que colide, además, con normas que recientemente han sido aprobadas por la Cámara de Representantes.

Formulo moción, pues, en el sentido de que el proyecto vuelva a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

23) CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Su modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Civil actualmente vigente en la República. (Carp. Nº 773/87 - Rep. Nº 5/88 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 773/87
Rep. Nº 5 - Anexo I

SE INTRODUCEN MODIFICACIONES AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ACTUALMENTE
VIGENTE EN LA REPUBLICA

MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 28 de abril de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor Enrique E. Tarigo.

El Poder Ejecutivo considera necesario introducir modificaciones al régimen procesal actualmente vigente en la República.

Ha constituido preocupación fundamental, asegurar la autonomía del Poder Judicial y la eficacia de la administración de Justicia. El primero de esos objetivos se logró mediante la Ley Orgánica de la Judicatura Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, que devolvió al mencionado Poder sus propias facultades y la norma presupuestal por la cual se determinó la decorosa retribución de los señores magistrados para asegurar una justicia eficaz.

Promovió un presupuesto que dotó al Poder Judicial de mayores recursos y ahora culmina ese proceso remitiendo el proyecto adjunto, redactado por una comisión de juristas de reconocida solvencia en la materia a quienes se encomendó especialmente la tarea de modificar la estructura procesal del país.

El proyecto de Código que se eleva a consideración del Poder Legislativo responde, como se expresa con claridad en la exposición de motivos a la más moderna orientación en materia procesal y su sanción contribuirá al logro de una justicia rápida y dinámica que supere la actual lentitud de las tramitaciones judiciales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente con su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Adela Reta.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I
ANTECEDENTES

1) El Código de Procedimiento Civil, cuya modificación ahora se intenta, fue encargado por el dictador Latorre al gran jurista D. Joaquín Requena, quien presentó un anteproyecto que fue sometido al examen de una Comisión Revisora.

Ese anteproyecto, con las modificaciones que le introdujo la referida Comisión, es declarado Ley de República en 1877, para regir a partir del 19 de abril de 1878.

En el año 1905, el gobierno de Batlle y Ordóñez nombra una Comisión para proyectar las ya entonces sentidas como necesarias reformas de ese Código. En 1915, por otro decreto y para acelerar los trabajos, se prepara un proyecto de ley sobre organización del Poder Judicial que es elevado a consideración del Poder Legislativo. Mas debe ser otra dictadura la que apruebe dicha ley, pues y en efecto, el Ministro Abadie Santos, en 1933, envía ese proyecto, con pequeñas modificaciones, a la Asamblea Deliberante, la que lo convierte en ley. Nace así el Código de Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda, en ese mismo año de 1933.

Desde entonces, han existido variados proyectos de Código de Procedimiento Civil, demostrativos de la inquietud del foro, de la cátedra y de la magistratura en cuanto a la necesidad de reformar nuestro principal cuerpo procesal y superar sus carencias y defectos.

Entre otros, merecen destacarse el proyectado por el Dr. Vicens Thievens y el del Dr. Alvaro Macedo (que fuera aprobado por la Suprema Corte de Justicia) y, finalmente, el que en verdad representa la culminación de todos esos esfuerzos y la aplicación de los modernos conceptos de la ciencia procesal: el Proyecto del Maestro Couture de 1945.

Esa obra de Couture ha significado la base de la que han partido, luego de 1945, todos los posteriores proyectos de reforma, entre ellos el preparado por la Comisión Extraparlamentaria que, a iniciativa del entonces Presidente de la Cámara de Diputados y hoy senador, el Dr. Hugo Batalla, fuera elaborado por un grupo de expertos, tanto para el proceso civil, como para el laboral y el penal.

Vigente el último régimen de facto, se aprobó, con modificaciones, la parte penal, convirtiéndose de ese modo, en el actualmente vigente Código del Proceso Penal.

A su vez, el anteproyecto de Código del Proceso Civil y Laboral fue corregido por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal e, incluso, fue presentado al Consejo de Estado -el órgano legislativo del régimen de facto- por varios de sus miembros y constituye una de las bases esenciales en las que se han inspirado los autores de este anteproyecto, que fueran designados, para ello, por el Poder Ejecutivo en julio de 1986 y que presentaran dicho anteproyecto en febrero de 1987.

Corresponde destacar, igualmente, que en los últimos tiempos, en esta propia década, sobre la base del Proyecto Couture y del revisado por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, se formularon dos nuevos anteproyectos de características similares. Ellos fueron los preparados por las Comisiones, sucesivamente designadas por el Poder Ejecutivo, integradas, la primera, por los doctores Barrios de Angelis, Frigerio y Torello y, la segunda, por los doctores Barrios de Angelis, Gelsi y Torello.

Estos anteproyectos también han sido utilizados como fuente del que ahora se presenta.

Como antes se ha señalado, en julio de 1986, restablecido el régimen democrático, el Poder Ejecutivo crea la Comisión que suscribe, expresando que así lo hace, al tener presente que los tres designados han sido quienes tuvieran a su cargo la confección del anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, dentro del marco del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Esa Comisión, que asumiera sus cargos en setiembre de 1986, procedió el 19 de febrero de 1987, en acto público, a entregar su anteproyecto a la doctora Adela Reta, Ministra de Cultura.

2) Una similar inquietud de reforma de los ordenamientos procesales y, lo que resulta aún más trascendente una preocupación por adoptar soluciones similares a las que propicia el anteproyecto, aparecen en el ámbito hispanoamericano, es decir, en los países de América Latina y España.

Cabe destacar, así, que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, integrado por los más destacados procesalistas de Iberoamérica y que naciera, precisamente en Montevideo en el año 1958, en ocasión de las Jornadas dedicadas a la ilustre memoria del recientemente fallecido maestro Eduardo J. Couture, resolvió, en sus IVas. Jornadas, celebradas en Valencia y Caracas (Venezuela) en 1967, que se prepararan Bases Uniformes para la reforma de la Legislación Procesal (penal y civil) de los países latinoamericanos.

A ese fin, se encomendó a los profesores argentinos Alfredo Vélez Mariconde y Jorge Clariá Olmedo, las correspondientes al proceso penal, y a los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Véscovi, las del proceso civil (publicadas en "La Justicia Uruguaya" T. LXIII; Secc. Doct.; pág. 1/46).

Esas Bases fueron ampliamente discutidas en las Vas. Jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (Bogotá y Cartagena; Colombia; 1970) y, al cabo de las discusiones, celebradas en régimen de seminario, se encomendó a los redactores de las Bases -con las correcciones que surgieran del trascendental debate a que dieran lugar- que redactaron sendos anteproyectos de Códigos Procesal Civil (uno) Penal (otro) Modelos para Iberoamérica.

Los dos integrantes de esta Comisión, profesores Gelsi Bidart y Véscovi, con la ayuda del otro integrante de esta misma Comisión, el profesor y magitrado Torello, prepararon el referido anteproyecto en materia civil, el cual, junto al de la materia penal, redactado por el profesor Clariá Olmedo, fue ampliamente analizado y discutido en las VIIas. Jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (Guatemala; 1981), así como en las VIIIas. (Quito; 1982) encomendándose a los tres integrantes de esta Comisión la redacción definitiva del anteproyecto, el que sería sometido al examen de una Comisión Revisora que se integró con los profesores Hernando Devis Echandía, de Colombia, Alfredo Buzaid, de Brasil, Lino Palacio, de Argentina y Carlos de Miguel y Alonso, de España.

3) Como antes se señalara, existe en todos los países una idéntica preocupación por el deficiente funcionamiento del Servicio de Justicia y, por lo tanto, el anhelo por idear medios que permitan su mejoramiento.

En nuestro país y en concepto de los que, sea dentro o fuera del ámbito del Poder Judicial laboran en el quehacer jurídico, se ha llegado a un grado de ineficiencia jamás conocido; naturalmente que por múltiples y variadas razones y, entre ellas se señala, como una de las de mayor incidencia, la que dice relación con nuestro actualmente defectuoso procesamiento.

Esta preocupación, extendida territorialmente a todo el ámbito iberoamericano, no es, tampoco, ajena a otros países y, además, no es solamente propia de nuestro tiempo.

En efecto, es cuestión ampliamente admitida que los defectos de la justicia latinoamericana son herencia -aunque en parte- de España; país que quedara al margen de las principales reformas procesales que acaecieran en Europa en el siglo XVIII. Por lo que y como decía Couture, heredamos instituciones -las españolas- que ya se hallaban, en su época, atrasadas en dos siglos.

El régimen procesal español provenía del sistema del proceso común (romano-canónico) con sus tradicionales características de escrituralidad y consecuente lentitud, además de ser burocrático y secreto.

Los autores españoles (y sirva de ejemplo Alcalá Zamora) enseñan y los latinoamericanos lo repiten, que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y también su reforma de 1881, procede de aquel viejo sistema medioeval y que el proyecto que modernizaba ese régimen y que ponía a España a la altura del más moderno sistema francés y sus seguidores, fue rechazado por el conservadurismo de los jueces y, principalmente, el de los abogados. Se trataba del nuevo proyecto de Código de Procedimiento proyectado por el Marqués de Gerona que introducía el proceso de tipo oral (por audiencias) y que se dejó de lado, aprobándose, en su lugar, la ya mencionada Ley de Enjuiciamiento de 1855 (Prieto Castro: "La instrucción del Marqués de Gerona"; en Rvta. Gen. de Leg. y Jurisp.; T. 198, año 1953; págs. 114/133; Fairén Guillén: "Estudio histórico de la ley procesal de 1855"; 1er. Congreso Iberoamericano y Filipino de Derecho Procesal; Madrid; 1955).

Las principales críticas de este sistema radican en la lentitud del proceso, su burocratismo, la facilitación de las dilaciones (chicanas) y la inaccesibilidad a la Justicia por parte de las clases populares.

La exposición de motivos de Proyecto Couture constituye, en este aspecto crítico, un verdadero modelo al que corresponde remitirse en homenaje a la brevedad y, principalmente, por la imposibilidad de acercarse a la clarividencia y magistralidad de la exposición de nuestro inolvidable Maestro.

Ya se sabe que la Justicia colonial era tremendamente lenta y complicada. Esa situación fue denunciada desde los albores de nuestra vida como nación independiente; Eduardo Acevedo, en los Anales Históricos del Uruguay decía que: "la lentitud de nuestros procedimientos es una circunstancia que asusta a todo aquél que quiere litigar" (citado por Couture; Anteproyecto..., etc."; p. 39; nota Nº 7).

En 1945, Couture los describe con un magnífico estilo: "La naturalidad de nuestra justicia lenta nos envuelve y nos domina. Los magistrados apenas la perciben, porque su falta de contacto con los interesados les priva del espectáculo de su desesperación; los comerciantes lo dan todo por perdido cuando la reclamación de un crédito depende de la acción judicial" (op. cit.; pág. 39). "El juicio de concurso, prácticamente, no existe, tan desmesurada es su dilación que la resignación de los acreedores llega antes que la liquidación del activo" (op. cit.; p. 36). "Por otra parte es menester recordar que en el procedimiento, el tiempo es algo más que oro: es justicia. Quien dispone de él tiene en la mano la carta de triunfo. Quien no puede esperar se sabe, de antemano, derrotado" (op. cit.; pág. 37).

"Sentencias ejemplares de nuestra jurisprudencia carecen frecuentemente de rápido valor práctico, porque el estado de cosas del día de la demanda ya ha desaparecido el día de la cosa juzgada" (op. cit; pág. 39). "No es posible desconocer que un proceso que dura tanto tiempo constituye una tentación para el litigante malicioso. Siendo notorio que es posible vencer por fatiga, cuando no se puede vencer en derecho... El problema de la duración del proceso deriva, así, naturalmente, en el problema de la inmortalidad, de la falta de probidad y de lealtad en la lucha judicial" (op. cit.; pág. 41).

Serían innumerables los proyectos, las declaraciones de los Magistrados y de los Abogados que, en idéntico sentido, se podrían transcribir o citar; el hecho, esto es, la ineficiencia con que se cumple la función jurisdiccional, no es por nadie discutido; la reforma, pero reforma a fondo y de esencia, es reclamada con rara unanimidad; al menos así lo expresan todos los que, de un modo u otro, sea como justiciables, sea como profesionales jurídicos, intervienen en el quehacer jurisdiccional.

4) La moderna orientación es la de implantar un proceso de tipo oral; concepto que es usado como expresión de una tendencia hacia la consagración de un proceso mixto (escrito y oral), por audiencia, permitiendo, de esa manera, la inmediación, la concentración y la publicidad, entre otros de los principios cuya vigencia efectiva es unánimemente reclamada.

En este tipo de proceso, la función más importante le está asignada a la AUDIENCIA PRELIMINAR. Ya Couture la introducía en su Proyecto de 1945 habiéndola tomado -según señalara- del régimen procesal norteamericano y del de Puerto Rico (Conferencia preliminar del Juicio, en éste último; trial y pre-trial, en el primero). Por lo demás, el instituto ya existía en el ejemplar ordenamiento procesal austríaco (obra del eminente Klein) y en otros del continente europeo, donde el proceso funciona adecuadamente y el sistema de la audiencia preliminar reconoce muy antiguos antecedentes (según Guasp, proviene de la concordantia dubiorum del derecho canónico).

Este sistema de la audiencia preliminar ha comenzado a imponerse en el régimen de Iberoamérica, a pesar de la resistencia que supone la persistente adhesión a las antiguas tendencias españolas de escrituralismo y de burocracia, tan difícil de superar. Y es así que en dos países claves fue introducida recientemente dicha audiencia: en España, en la reforma de 1984, aunque sólo para el juicio de menor cuantía y bajo el nombre de "comparecencia personal", y en México, en 1985, en el Código de Procedimientos del Distrito Federal; que es, desde siempre, el que lidera y sirve de orientación a la mayoría de los Códigos de los otros Estados de la federación mexicana.

El proceso por audiencia, como indicaba Couture en su Exposición de Motivos, existe en materia penal en Córdoba y demás provincias de la Argentina que han seguido el ejemplo que aquella iniciara en 1939. Sistema -el de Córdoba- que hemos podido presenciar, con un grupo de otros profesores, magistrados y estudiantes de la Facultad de Derecho, a fines del 1986, comprobando que funciona perfectamente.

El proceso -el penal, en este caso- se cumple en una audiencia concentrada, donde declaran testigos, funcionarios, peritos e imputados y a fin de la cual, el Ministerio Público y la Defensa hacen breves alegatos y el Tribunal dicta su sentencia. La que, por lo demás y para quienes presenciamos esa audiencia, surgió natural y fácilmente, porque la verdad resplandeció ante Tribunal y público asistente.

5) El sistema del proceso por audiencia significa, desde un cierto punto de vista, una total renovación del antiguo régimen; pero desde otro enfoque, se le puede aplicar la vieja sentencia de que "nada hay de nuevo bajo el sol".

Significa una modificación sustancial y radical, pues se propone el régimen por audiencia en sustitución de un proceso donde predomina el aparato burocrático; basta observar que la "justicia", en sentido estricto, se realiza en uno o dos pequeños locales, compartidos por jueces que se turnan para venir en distintos días de la semana, pues carecen de otro lugar, y sus secretarios, mientras el expediente, símbolo del papeleo burocrático, ocupa el resto del Juzgado, poblado de funcionarios y montañas de papeles.

En la estructura que se proyecta se establece un sistema en el que luego de la demanda y contestación, ambas escritas, las partes y el Juez se reúnen; y allí, frente a frente los litigantes y sus abogados y con la presencia y, también, la intervención activa del Juez, se trata de llegar prioritariamente a una conciliación (parcial o total) y en su defecto se realiza el debate y se fijan los puntos en disputa de manera clara y concreta.

Así se logra la verdadera Justicia y se hacen efectivos los principios de oralidad y consecuente inmediación, concentración y publicidad.

Bueno es recordar que cada vez que un proceso se considera que versa sobre materia de importancia (social, por ejemplo) y se quiere mejorar su régimen, unánimemente se reclama la aplicación de estos principios; así lo hacen los laboralistas, los agraristas y los especialistas en derecho de familia, cada vez que se plantean inquietudes reformistas en relación a los procesos en los que se debaten derechos o intereses de esa naturaleza.

La Comisión, en cambio, propone el mismo sistema, pero para todos los procesos.

Por otro lado y como antes se señalara, el sistema proyectado no supone, en modo alguno, ninguna novedad detonante. Ya nuestro viejo Código establecía procesos por audiencia; así lo son los juicios posesorios, el de alimentos y -en el régimen del C.P.C.- el de desalojo. Así lo son también y así funcionan -aunque con los vicios derivados de la mezcla con los procedimientos escritos- la mayoría de los juicios regulados por el Código del Niño.

Y en esas audiencias, que diariamente se celebran en múltiples juzgados de todo el país, se pone en práctica el sistema que la Comisión propone se adopte para todos los juicios.

Ello por considerar, luego de la mediación del caso, que es el mejor de los sistemas y que no tendrá dificultades de funcionamiento no bien se aumente, por lo menos duplicando, el número de jueces, en especial los de primera instancia, para suplir su notoria insuficiencia actual, manteniendo el número de funcionarios, redistribuyéndolos adecuadamente, tecnificándolos, otorgándoles mayores y justas remuneraciones y, paralelamente, con mayores exigencias de dedicación y competencia. De modo de obtener, así, una verdadera Justicia que, al parecer, es muy pocas épocas de nuestra historia ha existido; a estar a las críticas y preocupaciones de todos los tiempos.

II
ENFOQUE GENERAL DEL ANTEPROYECTO

1) Brevemente, la Comisión desea señalar la orientación y el sentido del anteproyecto, indicando, en especial, los cambios que procuran efectuar a la presente realidad procesal que vivimos.

Ello, con el fin de facilitar su estudio y las consecuencias críticas y observaciones a su texto que puedan aportar Magistrados, Abogados, Escribanos, Procuradores, Profesores y Funcionarios Judiciales, para lograr una mayor adecuación al medio nacional y a las finalidades que han de lograrse mediante el proceso.

2) De acuerdo con lo que es una orientación constante de la doctrina procesal uruguaya para la cual existe una ciencia procesal y sólo hay variantes mínimas en el proceso, de acuerdo con la materia a la que aquél refiere, el anteproyecto aspira a ser una base general para dicho proceso.

Vale decir, que se rectifica la tendencia existente en nuestro derecho de reiterar, para cada disciplina sustantiva, uno o varios tipos de proceso y procurar, en cambio, las soluciones generales que han de regir para todos los casos. Así: principios; aplicación temporal y espacial de la norma procesal; interpretación e integración de esa norma; actos procesales; sujetos procesales; medios de prueba y valoración de la misma; medios de impugnación; ejecución.

Se ha procurado, no obstante, incluir en lo pertinente, algunas normas especiales para el proceso que refiere a materias como las de familia y menores, así como dejar subsistentes las normas sustantivas (con trascendencia procesal) que existen en materias tales como las del trabajo, agraria, etc.

Se aspira a que a lo largo de la futura discusión del anteproyecto, puedan incorporarse otros procesos.

3) Se ha dividido al anteproyecto en dos partes: Parte General (el Libro I) y Parte Especial (el Libro II); esta última referida al funcionamiento de los diferentes procesos.

Cada Libro se divide en Títulos y éstos en Capítulos, subdivididos a su vez y cuando corresponde, en Secciones.

Los artículos llevan nomen juris para facilitar su lectura y ubicación.

Se ha procurado una redacción sencilla y un conjunto normativo breve que sobrepasa en algo el medio millar de artículos, tratando de establecer sólo lo indispensable en todo aquello que se ha creído necesario para la garantía de los derechos en el proceso.

4) En lo que refiere a aspectos orgánicos, el anteproyecto no toca los propiamente tales que son regulados por la Constitución y por la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales.

Pero, sea a través de los principios fundamentales, como a través de la reglamentación de los sujetos principales del proceso (Tribunal, partes, abogados, Ministerio Público) quedan desarrollados los elementos de mayor importancia orgánica para el proceso: así, por ejemplo, en materia de criterios de competencia.

El punto de vista coincidente de los miembros de la Comisión es el de excluir el obsoleto e inadecuado criterio de la cuantía del asunto y aspiran a que, a lo largo de la discusión, pueda, en definitiva, predominar.

Sin embargo, para evitar un estancamiento en las deliberaciones, se ha preferido no incluirlo en el texto, en contraposición a lo que en la materia establece la Ley Orgánica, dejando librada a la deliberación general su definitiva erradicación, en beneficio del criterio de distribución por materias y por los restantes criterios tradicionales.

Por igual razón, pero insistiendo en torno a este tema fundamental, no se ha dicho en el texto, pero se aspira a su consagración, que la justicia debe ser gratuita y que esta conquista, lograda en 1984 y que ha sido eliminada por el régimen democrático (1), debe volver a restablecerse sin más dilaciones.

5) En punto a la orientación general del anteproyecto, caben las siguientes precisiones.

Se tratan de concretar las ideas que desde hace más de treinta años son sostenidas, sin excepción, por la doctrina procesal nacional, en cuanto a lograr un proceso que realicen efectivamente y en conjunto, sus tres sujetos integrantes principales (juez y partes), unto con los sujetos auxiliares o complementarios, obteniendo, así, un efectivo acercamiento a la realidad concreta que forma el objeto sustantivo del proceso y una concentración de sus actuaciones.

Las famosas reglas de inmediación, concentración y publicidad se tratan de establecer disponiendo la audiencia como núcleo fundamental de todo proceso.

La audiencia se prepara con los escritos de las partes, en donde constan sus respectivas e iniciales proposiciones en relación al punto o puntos conflictivos y en los que, además, se debe acompañar e indicar toda la prueba de que se dispone -principio de lealtad procesal- sin perjuicio de la complementación que pueda resultar necesaria en la propia audiencia preliminar.

Los procesos consagrados son, ante todo, el ordinario, dividido en audiencia preliminar, para solucionar los problemas formales que eventualmente puedan plantearse, tentar la conciliación, establecer el objeto del proceso y de la prueba y ordenar el diligenciamiento de ésta; eventualmente y cuando ello es posible, diligenciarla o declarar que el proceso es de puro derecho e incluso y en esta hipótesis, fallarlo.

Una segunda audiencia para diligenciar la prueba, comentarla brevemente (alegatos) y fallar el conflicto.

Se sustituye, como se advierte, el proceso formado por actos sucesivos (monologal; tal como lo es nuestro proceso escrito) por la reunión de los interesados (vigencia del diálogo), con la efectiva, necesaria y activa (bajo pena de nulidad absoluta) presencia del juez.

Se establecen consecuencias (generalmente concretadas en la actuación de una presunción desfavorable) para el caso de incumplimiento de la carga de comparecer a la audiencia (ausencia de las partes).

El proceso extraordinario difiere del anterior solamente en que se concentra en una sola audiencia toda la actividad; tal como ahora sucede en el juicio de alimentos.

Rige el proceso de estructura monitoria para los casos ya consagrados, añadiéndole situaciones similares en las cuales la pretensión aparece dotada de la característica (certeza inicial) que constituye el fundamento esencial de ese tipo procesal).

De modo tal que los numerosos procedimientos actuales, al igual que la vasta variedad de plazos procesales, se unifican en una misma estructura (también se prevé la audiencia en el proceso de estructura monitoria) y, prácticamente, dada la extrema similitud del ordinario con el extraordinario, se reducen los procesos a dos formas; que son las que el anteproyecto consagra.

Pero, reiterando, la audiencia, en todas esas formas, constituye el núcleo central del proceso.

6) La filosofía del anteproyecto es la de que el proceso debe realizarse por los jueces y por los letrados.

Los funcionarios realizan los actos auxiliares, pero son el Magistrado y los Abogados quienes tienen a su cargo la directa realización de todo lo fundamental del proceso.

La sede del Tribunal deja de ser el lugar donde se presentan e intercambian escritos, para y con las escrituraciones actuariales, formar el expediente y se transforma, como debe ser, en el lugar donde se hace el proceso, con la presencia efectiva de sus protagonistas esenciales.

7) Es obvia la conclusión de que para el régimen ideado por el anteproyecto se requiere (por otra parte, al igual que para el proyecto actual) aumentar el número de jueces, pero no el número de funcionarios.

En nuestro país, incluyendo a los Jueces de Paz Rurales, carentes, en este momento, prácticamente de asuntos y prescindiendo de que algunos órganos tienen integración pluripersonal, existe un juez por cada diez mil habitantes; porcentaje a todas luces insuficiente.

Se estima que si los cargos presupuestales de Secretarios de Jueces se transformaran en cargos de Jueces, el problema se resolvería en Montevideo sin mayores cargas para el erario; en ese sentido, no debe olvidarse que ya existe el cargo de Secretario del órgano jurisdiccional y que no es otro que el Actuario.

En el interior del país, debería concentrarse la competencia según las materias; y donde haya un solo Juez Letrado (lo que sucede en escasísimos casos) transformar al Juez de Paz Departamental en Juez Letrado, modificando el ámbito de las secciones próximas para que abarquen la ciudad respectiva.

Podría establecerse, en disposiciones transitorias, que los nuevos Juzgados o, en el interior, donde exista más de uno, uno de ellos comenzaría desde cero, con el nuevo proceso y que los demás concluirían los asuntos iniciados conforme al actual procedimiento, incorporándose al nuevo a medida que vayan finalizando los asuntos que tienen pendientes.

8) En lo que refiere al proceso sucesorio y a la profesión notarial, la Comisión, en atención a las ideas que al respecto desarrollara Couture en su proyecto, difiere a lo que resulte de la deliberación de su anteproyecto, admitir que, si hay disposición general para ello, se incluyan normas que determinen la posibilidad de tramitar el proceso sucesorio por Abogado y ante Escribano Público, salvo que se suscite contienda; realizando el trámite, se homologaría por el Juzgado competente en la materia, previa vista del Ministerio Público.

9) Los miembros de la Comisión desean dejar expresa constancia de que no ha existido consenso entre ellos en relación a una solución del anteproyecto.

En ese sentido y en relación con la condena preceptiva al vencido, Gelsi mantiene total disconformidad por entender que la solución del artículo 688 del Código Civil ha dado buen resultado y es la que mejor se adapta a la naturaleza del proceso, mientras que Véscovi y Torello, adhiriendo a la posición que se decidiera en las deliberaciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal -coincidente con la solución positiva adoptada en recientes ordenamientos procesales- entienden adecuada la norma que figura en el anteproyecto.

10) El proceso, para ser democrático, debe ser público.

Por ello y salvo las excepciones de rigor, las audiencias deben ser públicas.

Obviamente, aunque el proceso actual ya sea público, sólo el proceso por audiencias asegura efectivamente dicha publicidad.

III
LAS DISPOSICIONES DEL LIBRO I

1) EL LIBRO I contiene, en sus diversos Títulos y Capítulos, disposiciones de carácter general que regulan, con ese mismo carácter -en cuanto aplicables a los diversos tipos procesales- lo relativo a todos los sujetos del proceso y actos que lo integran.

2) EL TITULO I (artículos 1 a 11) establece los Principios Generales. Se consagran, en este Título, los principios que señalan la orientación del Código y sirven para su adecuada interpretación y aplicación.

Ellos son los que, desde hace ya tiempo, aceptan la doctrina universal y nacional; pero no se reducen a meras declaraciones programáticas sino que y a lo largo del Código, son luego efectivamente concretados en disposiciones que permiten su efectividad práctica.

Se subraya especialmente: la dirección efectiva del proceso por el Tribunal, que ha de actuar necesariamente en las audiencias; inmediación y publicidad.

Muchos de los principios han sido tomados, incluso en forma casi textual, del proyecto Couture de 1945 y éste, a su vez, del Código italiano de 1942.

Merece destacarse, asimismo, la disposición del Art. 11.3, en donde se incluye, a texto expreso, la pretensión de mera declaración, ya recogida entre nosotros a partir de los estudios de Don Pablo de María, así como la pretensión del dictado de sentencia de futuro y condicional.

3) EL TITULO II (artículos 12 a 16) trata de la aplicación de las normas procesales.

Por su relación con el tema, se incluye, también aquí, el TITULO XI del LIBRO II (artículos 544 a 549) que refiere a las derogaciones y observancia del Código.

En materia de normas procesales, se siguen los principios más generalmente aceptados por la doctrina y jurisprudencia universales, incluida la nacional, por lo que y en este aspecto, nada hay que deba destacarse.

En cuanto a la vigencia del Código, se ha establecido, en forma que se espera sea clara, cuáles son los regímenes que continúan vigentes pese al nuevo sistema (como por ejemplo, algunas normas en materia de arrendamientos y desalojos, en materia de menores, etc.).

En cuanto a la entrada en vigencia del nuevo régimen, se ha pensado en la posibilidad de que, con la creación de nuevos juzgados (con solamente nuevos jueces, pero con los mismos funcionarios redistribuidos) que sean éstos quienes comiencen con el nuevo proceso, continuando un cierto número de juzgados -que cabrá determinar con estadísticas a la vista- con los antiguos procesos hasta su terminación o pasaje a otra de sus fases.

Es decir que, por ejemplo, en materia de segunda instancia, todos los procesos que aún no se hallan en esa etapa, se regirán por el nuevo sistema.

Lo que impondrá, igualmente, una distribución de los Tribunales de Apelaciones en la materia a los efectos de contar con algunos de ellos que continúen con el anterior sistema y otros que apliquen el nuevo.

Se trata de un sistema que ya propusiera el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal para el proceso de familia y que deja en manos de la Suprema Corte de Justicia (pero, insistimos, a la luz de números reales de asuntos y naturaleza de los mismos) establecer, en primer lugar, qué Juzgados y Tribunales se regirán por uno u otro sistema y, a medida que pase el tiempo y se vayan finalizando los asuntos regidos por el viejo ordenamiento, ir transformando a los órganos que entendían conforme al mismo en órganos que entiendan conforme al nuevo proceso hasta que, en una etapa final, todos se rijan por este último.

4) EL TITULO III (artículos 17 a 26) refiere al Tribunal. Sin perjuicio de remitir, como es lógico, a la Ley Orgánica respectiva lo concerniente a la organización de los diversos Tribunales y a las reglas y criterios de distribución de la competencia, así como lo propio del estatuto de los Magistrados y demás agentes y curiales, el anteproyecto prevé algunas disposiciones mínimas en materia de criterios para la distribución de la tarea jurisdiccional, al igual que en punto al funcionamiento, poderes y deberes del Tribunal.

Sobre lo primero y aunque de manera programática, se establecen criterios básicos (Art. 22) que se consideran facilitadores del acceso a la Justicia por los justiciables y la posibilidad de que también en el interior del país y no sólo en Montevideo -como actualmente sucede- pueda irse, paulatinamente, a la creación de órganos jurisdiccionales especializados.

En cuanto a lo segundo, de conformidad a la opinión de la mejor doctrina procesal y siguiendo, también, los lineamientos, de los más modernos ordenamientos procesales positivos, el anteproyecto, al regular el conjunto de facultades y poderes asignados al Tribunal para el cumplimiento del poder-deber que le incumbe (Art. 24), acentúa características de tipo inquisitivo, aunque sin por ello afectar la naturaleza dispositiva del proceso de carácter civil (abarcando en esa denominación todo proceso que no verse sobre una cuestión de orden penal) que es de esencia en nuestro sistema jurídico.

En esa línea, el artículo 24 enumera una serie de facultades -concretadas luego en las secciones pertinentes- que otorgan al Tribunal adecuados medios, tanto para asegurar la efectiva vigencia de la regla moral en el proceso, como para permitirle obtener el también efectivo logro de la natural finalidad de la función jurisdiccional; paralelamente, se regulan las responsabilidades por la omisión en la apropiada utilización de esas facultades.

En lo que dice relación con el tema de la decisión o juzgamiento (Art. 25), si bien se reitera el principio del deber del Tribunal de ajustar su fallo a la regla de derecho positivo, se incluye la excepción de la posibilidad del pronunciamiento conforme a equidad, en los casos que así expresamente lo autorice la propia norma legal o cuando medie coincidente solicitud de las partes en ese sentido y se trate de derechos disponibles.

5) EL TITULO IV (artículos 27 a 30), trata del Ministerio Público.

Aunque remitiendo a las específicas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, el anteproyecto regula las formas de intervención en el proceso del Ministerio Público.

En ese sentido y reiterando las soluciones vigentes, se prevé que el Ministerio Público puede actuar como parte principal (Art. 28), como tercero interviniente y como dictaminante técnico (Art. 29), precisándose las facultades, formalidades y oportunidades propias de cada una de esas modalidades de intervención.

6) EL TITULO V (artículos 31 a 61) trata de las partes.

En este Título no hay innovaciones sustanciales, pero sí una regulación que recoge las soluciones vigentes en la jurisprudencia y en la ley de una manera ordenada, superando la actual dispersión que campea actualmente en los textos positivos.

Así, por ejemplo, en lo referente a la capacidad y legitimación, discernimiento de tutor o curador o habilitación a los efectos de la intervención en el proceso.

Se regula expresamente lo relativo a la sucesión de parte, las modificaciones a la capacidad de ésta durante el curso del proceso y lo relativo a la intervención de abogado y procurador.

Se añade lo relativo a los intereses difusos (Art. 42) que es complementado, en cuanto a los efectos de la sentencia dictada en esos casos en la Sección correspondiente del Código.

Respecto del régimen del litisconsorcio (que nuestra actual legislación no regula de manera sistemática) y a la intervención de terceros, no se hace más que adecuar el sistema a las más modernas orientaciones que han venido siendo aceptadas tanto en doctrina como en jurisprudencia y que han sido establecidas en los más recientes códigos del Continente (Colombia, Guatemala, Brasil, Cuba, Venezuela, Panamá, México, etc.).

La más importante novedad del régimen proyectado es la de que, en lugar de determinar -como prescriben otros Códigos- el deber del Tribunal de procurar oficiosamente la integración del litisconsorcio cuando ello sea necesario (en especial en los casos de litisconsorcio necesario y unitario), se establece la carga de la parte, que naturalmente puede ser impuesta por el Tribunal cuando advierte la incompleta proposición de la pretensión desde el punto de vista subjetivo, activo o pasivo, de integrarlo ella misma o de proporcionar los datos necesarios a ese efecto (Art. 47). Porque no se comprende cómo puede el Tribunal citar, de oficio, a personas que desconoce, tanto en su identidad como en su domicilio, a título de demandados (litisconsorcio pasivo) u obligarlos a concurrir a la demanda (litisconsorcio activo).

El tema de la responsabilidad de las partes y de sus abogados será, sin duda, uno de los más polémicos (Arts. 56 y 61).

Como ya se señalara en el parágrafo II numeral 9 de este informe, respecto de la condena en costas y costos al vencido no existió unanimidad de pareceres entre los integrantes de la Comisión.

7) EL TITULO VI (artículos 62 a 292) trata de la actividad procesal y abarca siete Capítulos (con sus correspondientes Secciones) en donde se regula todo lo relativo a cada uno de los diversos actos que integran el proceso.

7.1) En el Capítulo I se establecen reglas generales en materia de requisitos sustanciales y formales de los actos procesales, instituyéndose el principio del predominio de la voluntad declarada (Art. 62) y el finalismo en cuanto a la forma (Art. 64).

Se señalan las formas y requisitos de los escritos de las partes, regulándose, con cierto detalle, la cuestión de su refrendamiento (Art. 68), facultándose al Tribunal para y en caso de duda, cerciorarse de su autenticidad (Art. 69).

En lo que refiere a la presentación de escritos, documentos y sus copias y constitución de domicilio, se reiteran, en general, las normas vigentes (Arts. 70, 71, 72 y 74), agregando algunas mínimas innovaciones (Art. 72.3, en materia de traducción; Art. 74 en materia de nota de cargo).

El régimen de comunicación de las actuaciones (Arts. 76 a 91) reitera, en general, el sistema vigente, aunque y para acentuar la carga de la asistencia a las audiencias, dispone que las providencias (cualquiera sea su naturaleza) que se profieran en ellas, se tienen por notificadas, en cualquier caso, a quienes están presentes en la audiencia o, aunque ausentes, hubieran debido concurrir al acto (Arts. 76 y 87, acápite y numeral 11º). Se faculta a la Suprema Corte de Justicia, en materia de notificaciones a domicilio, para y con acuerdo del Poder Ejecutivo, efectuarlas por medio de Correo o Telégrafo Judicial y, en especiales circunstancias, por medio de la Policía (Arts. 80, 81 y 82).

En materia de plazos (artículos 92 a 99) se establece la regla de su perentoriedad e improrrogabilidad, por manera de procurar la aceleración y el impulso de oficio del proceso (Art. 92), aunque y como contrapartida, se autoriza que las partes puedan, mediando acuerdo, suspender su decurso. En lo demás, también aquí se recogen las soluciones vigentes, aunque modificándose el horario hábil para la práctica de las diligencias judiciales (Art. 96.3) para ajustarlo a nuestras actuales costumbres.

La audiencia, acto de especial trascendencia en la estructura procesal proyectada, es regulada en los artículos 100 a 103, estableciéndose el principio de la necesaria presencia del Tribunal, bajo pena de nulidad y consecuente responsabilidad; la forma de asegurar su continuidad y contigüidad; su documentación y reproducción de lo actuado.

En los artículos 104 a 109 se disciplina lo relativo a los expedientes, especificándose la forma de reconstrucción de los que se hayan extraviado o destruido (Art. 109).

Respecto de la nulidad de los actos procesales (artículos 110 a 116) se establecen concretamente (siguiendo la normativa del vigente Código del Proceso Penal que, a su vez, siguió fielmente las enseñanzas de COUTURE) sus principios y efectos.

En este mismo tema y para salvar las dudas y vacilaciones que se suscitan en la práctica, se precisan las vías procesales idóneas para reclamar la nulidad, según la naturaleza del acto afectado. Y, en cuanto a la nulidad por indefensión, se señalan los precisos límites temporales dentro de los cuales debe efectuarse su denuncia, resolviendo, de tal modo, en forma expresa, una cuestión que carece actualmente de solución pacífica (Art. 115.3).

7.2) En el Capítulo II (artículos 117 a 122) se regulan los actos de proposición (demanda y contestación), estableciéndose, para ellos, la forma escrita.

En relación a la demanda, se precisan sus requisitos (Art. 117), estableciéndose -como característica fundamental de la estructura procesal que se proyecta- la carga de acompañar o, en su caso, indicar, los medios probatorios que habrán de hacerse valer (Art. 118).

Esta disposición es, sin duda, una de las fundamentales del anteproyecto; supone la aplicación de los principios de concentración (en cuanto en un solo acto y de modo distinto a lo que actualmente ocurre en la mayoría de nuestros procesos, se concentran dos diversas actividades: la proposición de la pretensión y el ofrecimiento y pedido de diligenciamiento de la prueba) y el de probidad y buena fe (ya que, de comienzo y, por tanto, sin sorpresas ni ocultamientos, se deben exhibir los elementos de convicción que se habrán de aportar). Esta solución, por lo demás y tal como antes se ha dicho, es de esencia en el proceso por audiencias y desde que el demandado al contestar, está gravado por una carga similar (Art. 131), ello permite que en la audiencia preliminar y luego de resueltas -en su caso y en la eventualidad que se planteen- las cuestiones de orden formal, contar con el material indispensable para el correcto cumplimiento de las funciones propias de esta audiencia (Art. 341).

La carga de acompañar la prueba con la demanda no es, por otra parte, novedad en nuestro sistema positivo. El Código del Niño y para ciertos juicios (Art. 135, rehabilitación; Art. 145, pérdida y rehabilitación de la patria potestad; Art. 151; guarda; Art. 183, investigación sumaria de la paternidad) así lo establece y, con mayor claridad aún, hace lo propio el artículo 64 del Decreto-Ley Nº 14.384.

En lo demás y acorde con lo dispuesto en las normas que regulan los poderes y facultades del Tribunal, el artículo 119 establece el deber del oficioso contralor de la regularidad de la demanda, particularizando en cuanto a las consecuencias de su eventual vicio por improponibilidad manifiesta (Art. 119.2).

Se disciplina, por fin, lo relativo a la acumulación objetiva y subjetiva de pretensiones, determinándose sus requisitos (Art. 120); las hipótesis en que es admisible la modificación de la demanda (Art. 121) y los efectos de su presentación (Art. 122).

El emplazamiento se regula en los artículos 123 a 129, previéndose sus diversas modalidades, sin mayores variantes en relación con el régimen vigente.

A la contestación refieren los artículos 130 a 136 estableciéndose, en materia de requisitos formales y sustanciales, soluciones idénticas a las previstas para la demanda.

Se instituye la carga del pronunciamiento categórico sobre los hechos alegados en la demanda así como las consecuencias del incumplimiento de esa carga (Art. 130.2) y se precisan las diversas actitudes que puede asumir el demandado (enumerándose las excepciones previas -Art. 133-) indicándose que debe hacerlo de modo simultáneo, en ajuste a los principios de concentración y eventualidad y, por fin, los casos en que procede la actitud de expectativa (Art. 135) y la reconvención (Art. 136).

7.3) El Capítulo III, que comprende los artículos 137 a 192, regula la prueba.

El régimen de prueba se somete a los más modernos sistemas en materia de medios, forma de practicarse su diligenciamiento y régimen de carga y valoración.

En este punto y aunque sobre él pudieran hacerse mayores desarrollos, en homenaje a la brevedad se destacarán, solamente, algunos aspectos esenciales del régimen proyectado.

Cabe recordar y reiterar que toda la prueba debe agregarse con la demanda y la contestación (agregación de la probanza documental y solicitud de diligenciamiento del resto) con taxativas excepciones que permiten, en la audiencia, agregar alguna prueba sobre hechos alegados en la contestación o reconvención, así como sobre los denominados "hechos nuevos".

Respecto de los medios de prueba, se regulan los tradicionales sin perjuicio de agregar la norma (que reitera la vigente) que permite la utilización de todos los no previstos, excepción hecha de los prohibidos por la norma (legal o constitucional).

Se prevé la declaración de parte, las reproducciones o experimentos y la prueba por informe, entre los regulados especialmente.

El diligenciamiento de la prueba se realiza, en principio, en la audiencia, de conformidad al sistema adoptado que procura, en todo momento, la plena vigencia de la inmediación.

Se establece, como criterio de valoración, el racional o de la sana crítica, en todo lo que no esté expresamente regulado, de otro modo, por la ley de fondo (prueba legal o tasada).

7.4) El Capítulo IV consta de los artículos 193 y 194 y trata de los procedimientos posteriores a la prueba, dedicándose, específicamente, al instituto de las diligencias para mejor proveer, cabiendo destacar, por su importancia que en el artículo 193 se instituye un sistema que permite a las partes controlar e, incluso, complementar, la probanza obtenida por medio de la actividad del propio Tribunal; asegurando, de ese modo, la vigencia del principio de las garantías de la adecuada defensa en juicio y, en el artículo 194, una solución que impide la indefinida parálisis del proceso por causa de la dilación en el diligenciamiento de la medida para mejor proveer.

7.5) El Capítulo V trata, en los artículos 195 a 222, lo concerniente a las resoluciones judiciales.

En esta materia, no hay mayores innovaciones en relación con el régimen actualmente vigente, habiéndose mantenido el mismo con solamente algunos pequeños ajustes de redacción.

En lo que respecta al punto de la eficacia de las resoluciones judiciales (cosa juzgada, etc.) el anteproyecto recoge las soluciones más aceptadas por la doctrina y jurisprudencia, tanto nacionales como extranjeras, precisándose los efectos en relación a los terceros e introduciendo alguna variante cuando los legitimados han actuado en representación de intereses difusos o cuando se trata de procesos en los que han sido emplazadas personas indeterminadas (Arts. 220 y 221).

En materia de plazos para dictar sentencia, el sistema se ha ajustado a la estructura procesal proyectada y en cuanto ella supone el dictado de la sentencia en audiencia (sea en la que culmina el proceso; sea, en caso de complejidad, en una ulterior fijada al solo efecto de oír dicha sentencia -Arts. 203 a 213-).

7.6) El Capítulo VI (artículos 223 a 240) trata de los modos extraordinarios de conclusión del proceso, reiterando los actualmente regulados en el régimen vigente, con la sola variante de incluir la conciliación junto a la transacción (por razones más que obvias, en función de que y en el anteproyecto, la conciliación puede sobrevenir durante el curso del proceso) y de incluir soluciones más claras en materia de desistimiento y perención de la instancia (respecto de esta última y de manera análoga al régimen del Decreto-Ley Nº 15.524, se faculta su declaración de oficio).

7.7) El Capítulo VII, que abarca los artículos 241 y 292, regula los medios de impugnación de las resoluciones judiciales.

En esta materia y fuera de las variantes forzosamente derivadas del proceso por audiencias que se proyecta, se ha mantenido, en general, el régimen vigente.

Más aún; los integrantes de la Comisión redactora del anteproyecto, que también han preparado el anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, han introducido en éste el sistema que rige en el Uruguay, con los mismos recursos y, en materia del principal de ellos: el de aplicación, estableciendo la carga de fundarlo al introducirlo.

Sin embargo, para los casos correspondientes (y que se precisan en la oportunidad pertinente) se incluye el recurso de apelación con efecto diferido (Art. 251.3) que funciona con singular éxito en la Argentina desde 1967 y que, en este punto, constituye una novedad jurídica para nuestro país.

La queja (siguiendo el precedente del Código de Proceso Penal), se interpone ante el inferior y se generaliza dicho recurso también para la casación y para la inconstitucionalidad por vía de defensa o excepción, además de para la apelación.

Se introduce, como innovación, el sistema de la ejecución provisoria de la sentencia de primera instancia apelada, prestando fianza; tal como lo regulan los más modernos Códigos Procesales a imitación del sistema francés, en donde y desde hace varias décadas, funciona de manera por demás plausible, desincentivando el recurrimiento que obedece al mero propósito de procurar alongaderas.

En cambio, al recurso de casación se le quita el efecto suspensivo -que alienta tantos recursos infundados- permitiéndose, sin embargo, que el recurrente que presta fianza adecuada, lo obtenga.

En esta misma materia, no se han querido hacer innovaciones espectaculares. Se ha mantenido, por ello, el límite cuantitativo mínimo para que proceda admitir el recurso (aunque una tal limitación es, teóricamente, repudiada por los miembros de la Comisión redactora) por función de que, no siendo posible aumentar el número de miembros de la Corte sin una reforma constitucional, no parece viable una modificación en ese sentido.

Se han introducido, sin embargo, algunas modificaciones esenciales tales como, en primer lugar, la de admitir la casación de las sentencias dictadas, en segunda instancia, por los Juzgados Letrados de Primera Instancia; por manera de no sustraer del control del máximo órgano jurisdiccional, la regularidad jurídica de decisiones que recaen, muchas veces, en cuestiones de trascendente relevancia social.

Y, en segundo lugar, se permite la casación en materia de violación de las reglas de admisibilidad y valoración de las probanzas (Art. 270). El régimen de recursos se unifica y se extiende a todos los procesos, permitiendo la segunda instancia y la propia casación como regla general.

Se introduce, asimismo, el recurso de revisión, que y en nuestro derecho, ya existe para la materia penal y la contencioso administrativo, así como para los asuntos de competencias originaria de la Suprema Corte de Justicia. Se sigue, en esto, el régimen admitido en los más modernos ordenamientos procesales.

Las causales de revisión se enumeran de manera taxativa y son, como es fácil advertir, las de común recepción, agregando el caso del proceso fraudulento o colusorio (en lo que se siguen las enseñanzas del Maestro Couture) en un intento de indudable eficacia, de lograr la proscripción del fraude en nuestros tribunales.

IV
LAS DISPOSICIONES DEL LIBRO II

1) EL LIBRO II radica su contenido a la regulación de los diversos tipos de procedimientos, determinando lo concerniente a su forma y circunstancias en las que proceden, agrupándose en diversos Títulos en función de su naturaleza jurídica.

2) EL TITULO I (artículos 293 a 310) consta de cuatro Capítulos que desarrollan los diversos procesos preliminares, manteniendo las soluciones vigentes.

2.1) El Capítulo I refiere a la conciliación previa, instituto que se jerarquiza con la necesaria presencia del Tribunal so pena de nulidad absoluta (Art. 295.2) y con la posibilidad de que, en una segunda citación (facultativa del citante -Art. 295.3-) la inasistencia del citado se tenga como presunción simple, contraria a su interés, en el proceso posterior.

Se acuerda, por tanto, una mayor operatividad a un instituto de raigambre constitucional, aunque y como es claro, ello sólo tendrá plena efectividad en la medida que exista un mayor número de magistrados que intervengan en el procedimiento conciliatorio previo.

2.2) El Capítulo II trata del proceso provocatorio (jactancia) por entenderlo conducente, en ciertos casos y de práctica utilidad; pese a la afirmación de Chiovenda de que es innecesario en aquellos sistemas que acogen las llamadas "acciones declarativas" (mere-declarativas).

2.3) En el Capítulo II se dispone una regla general para los procesos prejudiciales.

2.4) En cuanto a las diligencias preparatorias, el Capítulo IV del anteproyecto se limita a reproducir la legislación vigente (con las modificaciones que introdujera la Ley Nº 13.355 al régimen del Código de Procedimiento Civil) que ha resultado totalmente adecuada y satisfactoria; con solamente alguna mayor tecnificación en alguna de las soluciones y modificaciones procedimentales que tiene por objeto ajustar el trámite al sistema de la audiencia, por manera de que esta fase preliminar se desarrolle en forma coherente con el resto del proceso.

3) EL TITULO II (artículos 311 a 317) regula el proceso cautelar.

En esta materia se ordenan las disposiciones vigentes (dispersas actualmente en varios textos legales) con relativamente escasas modificaciones.

La más trascendente es la de establecer un poder cautelar genérico del Tribunal (Arts. 311.3; 312; 313, etc.) que, para algunos, ya resultaba de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Nº 13.355 y agregar una norma general sobre las decisiones provisionales (o anticipadas) que, a nuestro juicio, aunque constituyen una especie dentro del género cautelar, dan mérito a su regulación específica (Art. 317); tal como lo hacen los modernos Códigos de Italia, Alemania y Brasil, entre otros.

También se incluye, como novedad relativa (puesto que la solución es calcada de la que rige en el proceso aduanero), la facultad de disponer el remate anticipado de bienes perecederos o susceptibles de grave depreciación, o de conservación dispendiosa sujetos a alguna medida cautelar, para evitar menoscabos y pérdidas absolutamente estériles e inconducentes, que a nadie benefician y que, en cambio, a todos perjudican (Art. 317.2).

4) EL TITULO III (artículos 318 a 336) regula los procesos incidentales.

4.1) El Capítulo I contiene las disposiciones generales en materia de incidentes, señalando cuando proceden y sus efectos en relación con el proceso principal, sin aportar variantes significativas en relación con el régimen actualmente vigente.

4.2) El Capítulo II prevé su procedimiento, distinguiendo según el incidente se plantee en audiencia (Art. 320) o fuera de ella (Art. 321), regulando, en ambos casos, un procedimiento simplificado que sigue el método general del anteproyecto (la audiencia como núcleo del procedimiento).

El artículo 322 regula el régimen de recursos que, salvo en lo relativo a acordar, de regla, la apelación con efecto diferido, se ciñe, en cuanto a la procedencia de la impugnación, al régimen vigente.

4.3) El Capítulo III trata de los incidentes especiales o nominados.

En los artículos 323 y 324 se trata el de acumulación de autos, reeditándose en general, aunque con mayor simplicidad, el actual régimen en materia de requisitos (aunque se admite la acumulación de procesos extraordinarios entre sí y, aún mismo, de éstos con ordinarios, en hipótesis en que la sentencia de uno de ellos es susceptible de producir el efecto de cosa juzgada en los otros -Arts. 323.3 y 4-).

Los artículos 325 a 330 regulan la recusación de Jueces, Fiscales y funcionarios, estableciendo las causales mediante una fórmula general, comprensiva de las hipótesis que regula el Código de Procedimiento Civil y aún de otras que la norma vigente no prevé. Se precisan las vías (de oficio; a requerimiento de parte) para operar el apartamiento del afectado por causal de recusación o impedimento y el procedimiento a seguir en caso de suscitarse oposición del recusado, así como el órgano competente para resolver la cuestión.

La contienda de competencia, en sus variantes de contienda positiva y negativa, está prevista en el artículo 331, en una fórmula muy sencilla que se piensa permitirá solucionar con extrema facilidad uno de los problemas en los que el régimen actual presenta mayores falencias.

Los artículos 332 y 333 regulan el incidente de rendición de cuentas (huérfano de previsión legal, actualmente) a los fines de decidir, en primer lugar, si existe o no obligación de rendir cuentas y, en segundo lugar, la presentación de dichas cuentas; disponiendo que la eventual discusión que pueda suscitarse sobre las rendidas, se debata en proceso ordinario.

4.4) En el Capítulo IV (artículos 334 a 336) se tratan los aspectos procedimentales de la intervención de terceros.

Respecto de la intervención voluntaria, se establece el procedimiento previo para decidir lo relativo a la admisibilidad de esa intervención (Art. 334.1) y la situación procesal del tercerista admitido, según se trate de intervención coadyuvante (Art. 334.2) o excluyente (Art. 334.3).

El artículo 335 regula las tercerías de quienes alegan el dominio o el mejor derecho sobre bienes que son afectados en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares y, en su ordinal 2 se recoge una solución propiciada por un importante sector de nuestra doctrina y jurisprudencia en relación a situaciones que refieren a bienes cuyo dominio surge de inscripción registral; solución cuya juridicidad, practicidad y conveniencia resultan notorias.

5) EL TITULO IV (artículos 337 a 370) regula el proceso de conocimiento, abarcando sus tres especies: ordinario, extraordinario y monitorio.

La Comisión no entiende pertinente discutir la exactitud técnica de la categorización o calificación funcional implicada en el nomen juris que luce el TITULO IV, por cuanto y como no puede ser de otro modo, admite la seriedad y fundamento de las posiciones doctrinarias diversas (como, por ejemplo, la de nuestro respetado colega, el Profesor Barrios de Angelis) y porque, a la postre, la exactitud o inexactitud de la denominación en cuestión, es por completo ininfluyente en orden a la eficacia práctica de las soluciones reguladas; que es, precisamente, lo que debe ser tema de discusión.

5.1) El Capítulo I (artículos 337 a 345) regula la estructura del proceso ordinario, que será, realmente, la regla en casi todos los casos y materiales y que ha sido explicado ya, en cuanto a su estructura, al tratar el enfoque general del anteproyecto.

Subrayamos, con todo:

-Demanda y contestación son escritas y deben presentarse indicando expresamente los medios de prueba de que se dispone y sin perjuicio de los que, en las hipótesis de admisibilidad previstas al efecto, puedan añadirse en la audiencia preliminar.

-La rebeldía del demandado implica la admisión de los hechos señalados por el actor, sin perjuicio de lo que resulte de la prueba que deba deligenciarse o que ya se encuentre incorporada.

-La audiencia preliminar tiene varias funciones que, en síntesis, pueden ser reducidas a tres: tentar la conciliación, sanear el proceso, resolviendo los problemas formales y fijar el objeto del proceso y el de la prueba, ordenando el modo de diligenciamiento de esta última.

En relación a la función conciliatoria, consideramos inútil extendernos sobre ella, en una época en que, como sucede en la nuestra, se presencia una eclosión de la Justicia Conciliatoria.

El anteproyecto, además de la conciliación previa (que no se requiere en todos los procesos) regula la conciliacion intraprocesal para todos los procesos, con la finalidad de que el Tribunal, suficientemente instruido a través de los escritos de proposición, ejerza sus poderes de dirección para tentar lograr, ante todo, una conciliación que excluya el proceso, sea de manera total o parcial. En este último caso, reduciendo el objeto litigioso a los puntos realmente controvertidos.

La segunda finalidad es la de sanear el proceso de defectos y nulidades, dilucidándose, aquí, por lo tanto, las excepciones de tipo dilatorio conforme al régimen que para cada una de ellas prevé el articulado.

Este tipo de excepciones puede plantearse por la parte y, alguna de ellas, incluso, de oficio (por ejemplo: las nulidades), dictándose, en lo concerniente a su resolución, una providencia que, en otros sistemas, se denomina "despacho saneador", que proviene de la tradición lusitana y que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ha proclamado de conveniente inserción en su Código Modelo.

La tercera tarea, si el proceso no ha concluido ya, es la de fijar su objeto, el de la prueba y disponer su diligenciamiento, de modo de permitir su total desahogo para la fecha de la audiencia complementaria.

Es natural que este "pivot" que significa la audiencia preliminar, tenga como requisito indispensable, el de la necesaria presencia del Tribunal y de las partes, asistidas, éstas, por sus abogados.

Por ello se declara la nulidad insanable en caso de no estar presente el Tribunal y se establecen adecuadas sanciones para la parte que no comparezca; dejando a salvo los casos de fuerza mayor justificada.

La audiencia complementaria (que en muchos casos será meramente eventual) tiene por función incorporar la prueba diligenciada fuera de la sede del Tribunal y diligenciar la restante que no se pudo incorporar en la audiencia preliminar. A continuación se oye a las partes (alegatos).

Como es este régimen de audiencia operan y se concretan, de manera efectiva, los principios de inmediación, concentración y publicidad, es natural que al cabo de la audiencia final, el Tribunal dicte su sentencia; con o sin fundamentos; en este último caso, éstos se exponen en otra audiencia que deberá fijarse para plazo no mayor de quince días. Para casos de especial complejidad, puede prorrogarse el dictado de la sentencia (fallo y fundamentos) por un plazo de hasta cuarenta y cinco días.

Este régimen se prevé tanto para las sentencias definitivas como para las interlocutorias; aunque y para estas últimas, se aminoran un tanto los plazos antes indicados.

El recurso de apelación (que abarca el agravio y la nulidad) se interpone de manera fundada (tal como ya se explicó en la parte de este informe que trata de los recursos).

El mismo sistema de audiencia se traslada a la segunda instancia; luego del estudio del expediente por el mecanismo del pasaje a estudio, que sigue el régimen actual, salvo en que se procura una solución (confección de facsímiles del expediente) que permite el estudio simultáneo, con el consiguiente ahorro de tiempo, el Tribunal de alzada cita a una audiencia donde se diligencian las eventuales probanzas que hayan podido ser admitidas (en lo que sigue el régimen restrictivo actual) o, simplemente, se oye a las partes (para también en la segunda instancia hacer prevalecer el principio de inmediación) y a las que el Tribunal puede interrogar para aclarar puntos dudosos, dictándose, al final y con las variantes antes señaladas en ocasión del examen de la primera instancia, la sentencia.

5.2) El Capítulo II regula el proceso extraordinario (artículos 346 y 347), sobre bases similares a las del proceso ordinario, aunque concentrando en una sola audiencia las actividades que, en el proceso ordinario, son susceptibles de ser cumplidas en dos (la preliminar y la complementaria de prueba y alegatos).

Se ha insertado una disposición especial (Art. 347) que prevé los casos en los que la sentencia atiende a una concreta situación factible de mutación (procesos en que se sentencia "robus sic stantibus"), regulándose la posibilidad del replanteo de la cuestión en sustitución de la vía recursiva.

5.3) El Capítulo III (artículos 348 a 350) finalmente, especifica en qué casos procede el proceso ordinario y en cuáles el extraordinario, estableciendo igualmente, reglas especiales para ciertos tipos de pretensiones, ajustándose, de ese modo, al derecho sustancial; el cual, en ciertos casos requiere determinadas especialidades procesales, sin perjuicio de la regla básica, de la general unidad de los diversos procedimientos.

5.4) El Capítulo IV (artículos 351 a 370) regula el proceso de estructura monitoria.

En cuanto a los fundamentos y lineamientos doctrinarios de esta estructura, la Comisión considera que la existencia de un muy abundante número de valiosos estudios nacionales dedicados a este proceso -como directa consecuencia de su recepción en nuestro régimen positivo por el propio Código de Procedimiento Civil y su extensión posterior, por obra de sucesivas leyes y a diferencia de lo que sucede en el resto de los ordenamientos procesales iberoamericanos, donde es prácticamente ignorado- autoriza a prescindir de ociosas reiteraciones.

Sólo cabe señalar que se disciplina este proceso tal y como se halla regulado actualmente, aunque unificando su procedimiento, evitando las ilógicas variantes de la legislación vigente e introduciendo en el mismo la regla de la audiencia.

Esta estructura monitoria se aplica a los casos actualmente previstos (entrega de la cosa, entrega efectiva de la herencia, juicio ejecutivo, desalojo), a los que se agregan otros en los que se verifica la circunstancia que constituye el fundamento esencial (certeza de la pretensión) que da lugar a esta estructura: pacto comisario, resolución por falta de pago de contratos de promesa de enajenación o de compraventa, separación de cuerpos y divorcio en los casos de ciertas causales (conversión, sentencia de condena a pena de penitenciaría, sentencia de condena por tentativa de homicidio del otro cónyuge) y cesación de condominio de origen contractual.

6) EL TITULO V regula el proceso de ejecución en los artículos 371 a 401.

6.1) En su Capítulo I (artículos 371 a 376) se establecen las reglas generales para la ejecución de sentencias, incluyéndose el instituto de las conminaciones o astricciones ("astreintes"), así como la regulación de la ejecución provisoria de la sentencia recurrida en apelación a casación.

6.2) El Capítulo II regula la vía de apremio (artículos 377 a 396), esto es, la ejecución de sentencias o actos asimilados que condenan al pago de cantidad de dinero líquida y exigible (Art. 377).

Paralelamente y para el caso de condena al pago de cantidades ilíquidas, se prevén los procedimientos liquidatorios adecuados y previos a la vía de apremio propiamente dicha, distinguiéndose según se trate de frutos o de daños y perjuicios (Art. 378).

En materia de ejecución se introducen algunas variantes al régimen vigente.

En primer lugar, se suprime el diverso procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil (Arts. 494 y 495 C.P.C.) según que la ejecución de la sentencia que condena al pago de suma de dinero se requiriera dentro o fuera de determinado plazo (diferencia que la doctrina critica por carecer de fundamento válido).

La segunda diferencia con el régimen actual, es la de acordar al ejecutado la posibilidad de oponer precisas y taxativamente enumeradas defensas (Art. 379.2), que solamente son la de pago o la de inhabilidad del título y que, además, deben ser liminarmente acreditadas so pena de rechazo inmediato (Art. 379.3); con lo que se da solución precisa y acorde con las garantías de las reglas del debido proceso a notorios problemas que se presentan actualmente en la práctica judicial, sobre todo en materia de ejecución de adeudo garantido con hipoteca con renuncia a los trámites del juicio ejecutivo.

La tercera novedad radica en la previsión expresa de un simple procedimiento para que el bien ejecutado sea entregado a quien resulte sea su adjudicatario luego del remate (Art. 396); solucionándose, de manera clara, una cuestión que actualmente suscita dificultades prácticas y desprestigia la venta judicial por obra de una discrepante opinión doctrinaria y jurisprudencial.

No existen mayores novedades en relación con el embargo, sino una ordenación y clarificación de las disposiciones actualmente vigentes.

6.3) El Capítulo III (artículos 397 a 401) regula otras especies de ejecución (condenas a dar cosa diversa a suma de dinero, a hacer o a no hacer alguna cosa) siguiendo las huellas de la normativa actual.

Los artículos 400 y 401 prevén la manera de ejecutar las sentencias que condenan al Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Municipios al pago de sumas de dinero, siguiendo fielmente, en este punto, al Proyecto Couture de 1945 (Arts. 461 y 462 de dicho Proyecto).

7) EL TITULO VI, que comprende cuatro Capítulos y se integra con los artículos 402 a 451, regula el proceso voluntario.

7.1) El Capítulo I (artículos 402 a 406) contiene las disposiciones generales propias del proceso voluntario, estableciendo el principio de su procedencia, los efectos de sus resoluciones y, en general, su trámite; todo lo cual se regula sin mayores modificaciones en relación con el régimen existente, excepción hecha de que y en materia de procedimiento, se incluye el régimen de la audiencia en las ocasiones procesales en que ello resulta pertinente.

Cabe acotar, sin embargo, que los principios que se enuncian como reguladores del proceso voluntario, si bien no constituyen novedad alguna en cuanto son los que se admiten en nuestro país y en la doctrina universal, con su enunciación se suple un vacío de nuestra vigente legislación. Ello, por cuanto los Códigos, salvo los más modernos, prescinden de enumerarlos y esa carencia debe ser suplida, entonces, por la doctrina y por la jurisprudencia; con las consecuentes posibilidades de que se susciten discusiones y soluciones discrepantes.

7.2) El Capítulo II (artículos 407 a 438) regula el proceso sucesorio.

La normativa proyectada reproduce las soluciones vigentes aunque incluyendo la audiencia en los casos en que se susciten controversias.

En ese sentido, se regulan unitariamente (en la Sección V; Arts. 434 a 438) las incidencias factibles de plantearse en el proceso sucesorio, unificándose el régimen procedimental, evitando la actual disparidad de soluciones y tratando de resolver algunos problemas que, hoy día, dividen a la jurisprudencia.

Es de hacer notar, asimismo, que se ha prescindido de reproducir (tal como lo hacía el Código de Procedimiento Civil) disposiciones propias de la sucesión, contenidas en la ley sustantiva y que, por ello, no resultaba necesario reiterar.

El artículo 419 prevé, específicamente, el régimen de administración sucesoria.

7.3) El Capítulo III (artículos 349 a 449) regula el proceso de declaración de incapacidad.

Aquí el anteproyecto presenta mayores innovaciones en relación al régimen vigente, que sólo refiere a esta materia en disposiciones dispersas y poco precisas en lo que concierne a los aspectos procesales.

El texto proyectado regula con precisión los derechos y deberes del denunciante y los del propio incapaz (o presunto incapaz), resolviendo cuestiones que, en el actual estado de cosas, resultan por demás polémicas, por carecer de normas que las prevean.

Consecuente con la sistemática que informa el anteproyecto en esa materia, se amplían las facultades del Tribunal en este proceso respecto al denunciado otorgándole todas aquellas de protección, similares a las que el Código del Niño confiere al órgano jurisdiccional en materia de menores (Art. 444.1).

7.4) Los artículos 450 y 451 conforman el Capítulo IV, que regula el proceso de deslinde y amojonamiento, con remisión, para el caso de controversia, a los trámites del juicio ordinario; y, en relación a conflictos sobre la zona a deslindarse, previendo la posibilidad de designar administrador.

8) El TITULO VIII (artículos 452 a 471) refiere al proceso concursal.

Para este proceso, aunque se pensó en unificar el concurso civil y la quiebra, se limitó tal intención a la inclusión de las soluciones concordatarias para el deudor civil.

Pero se prefirió no ingresar al resto de los problemas, por el estrecho nexo existente entre la materia sustantiva y la procesal en materia de quiebra.

De todos modos, la experiencia que se realice podrá servir para la unificación ulterior.

Si bien lo proyectado sigue en general a lo vigente, se trata de rectificar la pesadez de ciertos mecanismos del régimen actual, consagrando una mayor judicialización del proceso, estableciéndose que la junta de acreedores tiene sólo función conciliatoria; asegurando la defensa del concursado; defiriendo al síndico los aspectos técnicos (verificación de créditos, graduación, administración, etc.) sin perjuicio de la fiscalización judicial pertinente.

El síndico se designa de una lista de abogados y contadores confeccionada por la Suprema Corte de Justicia.

9) El TITULO VIII (artículos 472 a 507) contiene las normas del proceso arbitral.

Este proceso, cuyo actual gran desarrollo en el mundo es una circunstancia notoria, se regula en el anteproyecto sin mayores variantes en relación al régimen vigente, agregando, solamente, algunas disposiciones que procuran acordarle una mayor agilidad y efectividad.

10) El TITULO IX prevé el proceso de inconstitucionalidad de la ley, en los artículos 508 a 523.

El anteproyecto reproduce, en líneas generales, las normas de la Ley Nº 13.737 y, como es lógico, se ajusta al marco constitucional.

Se han aumentado, sin embargo, las facultades del Tribunal ante quien se interpone la inconstitucionalidad en vía de excepción o defensa, a los efectos de habilitarlo para el rechazo de los recursos indebidamente introducidos (Art. 513), como fórmula para evitar que el instituto sea utilizado (tal como ahora desdichadamente sucede) como mera alongadera.

Paralelamente y para otorgar al justiciable las debidas garantías, se regula la posibilidad de ocurrir en queja, reiterando el sistema vigente.

11) El TITULO X (artículos 524 a 543) refiere a las normas procesales internacionales, esto es, a los casos en que Tribunales nacionales o bien deben cometer a Tribunales extranjeros el cumplimiento de actividades procesales que conciernen a procesos nacionales o, inversamente, deben dar cumplimiento a cometimientos de Tribunales extranjeros respecto a diligencias destinadas a surtir efectos en procesos que tramitan en el país del comitente.

11.1) El Capítulo I establece principios generales y, entre ellos, siguiendo el régimen vigente, el que prescribe que la normativa en la materia es de aplicación supletoria, en defecto de lo específicamente regulado por Tratados o Convenciones que obliguen a la República (Art. 524).

11.2) Los Capítulos II y III tratan de la cooperación judicial internacional adecuándose a las modernas tendencias doctrinarias en la materia y en ajuste a las Convenciones y Tratados últimamente suscriptos por el Uruguay.

El Capítulo III trata, en especial, la materia cautelar, regulando la intervención de los terceros eventualmente afectados por cautelas dispuestas por nuestros Tribunales a requerimiento de sus similares extranjeros (Art. 531), mereciendo, en este punto, especial destaque la facultad cautelar asignada a nuestros Tribunales por el artículo 535 en cuanto, de manera directa, sin necesidad de requerimiento de Tribunal extranjero, se les acuerda la potestad de adoptar medidas cautelares de carácter urgente, en relación a bienes o personas ubicados en nuestro país y destinadas a garantir el resultado de un proceso extranjero pendiente o futuro.

En todo caso se ha procurado adecuar la redacción de estos artículos a las normas internacionales vigentes suscritas y ratificadas por el Uruguay, para lo cual se contó con la invalorable colaboración de los Profesores Didier Operti y Eduardo Tellechea.

11.3) El Capítulo IV trata del reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos extranjeros, reeditando en líneas generales, el sistema vigente con solamente meras variantes de redacción.

Sin embargo el anteproyecto, a diferencia del sistema vigente, distingue entre los efectos probatorios e imperativos de la sentencia (Art. 540) y el efecto de su fuerza ejecutoria (Art. 541), reservando este último, como es obvio, para la sentencia de condena.

En lo que refiere a la ejecución de la sentencia de condena, el anteproyecto, mejorando el sistema del Código de Procedimiento Civil, que se limita a remitir la ejecución al procedimiento ejecutivo (Art. 519 C.P.C.), prescribe, como corresponde, que la ejecución se realiza por el procedimiento correspondiente a la naturaleza de la condena (Art. 541.3).

V
CONSIDERACIONES FINALES

El Título XI (artículos 544 a 549) que trata de las derogaciones y de la observancia del Código proyectado, ya ha sido comentado, por su conexión con el tema, en ocasión de referirse a las normas del Título II del Libro I (parágrafo III, numeral 3).

La Comisión, por fin, estima que en la precedente exposición han quedado precisados -aunque quizá de modo por demás sucinto- los principios y orientaciones que inspiraron las soluciones proyectadas.

Y que, aunque se ha limitado a subrayar las principales innovaciones que introduce el anteproyecto al régimen vigente, sin entrar en mayores detalles en relación a variantes que sólo importan ordenaciones lógicas de la materia tratada o cambios de redacción destinados a eliminar dudas o vacilaciones interpretativas, tiene la esperanza de haber presentado, en forma clara y sencilla, los esenciales lineamientos de la reforma proyectada y los fundamentos que condujeron a estimarla apta para obtener la deseada e indispensable mejora del Servicio de Justicia.

Adolfo Gelsi Bidart, Luis Torello, Enrique Véscovi.

INDICE

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES (1 a 11)

TITULO II: APLICACION DE LAS NORMAS PROCESALES (12 a 16)

TITULO III: EL TRIBUNAL

  


Capítulo I:  


Organización y funcionamiento (17 a 21)

  

Capítulo II:  

De la competencia (22 a 23)

  

Capítulo III:  

Deberes, facultades y responsabilidades del Tribunal en el proceso (24 a 26)


TITULO IV: EL MINISTERIO PUBLICO (Arts. 27 a 30)


TITULO V: LAS PARTES


  


Capítulo I:  


Generalidades

  

Capítulo II:  

Postulación (37 a 44)

  

Capítulo III:  

Litisconsorcio (45 a 47)

  

Capítulo IV:  

Intervención de terceros (48 a 55)

  

Capítulo V:  

Responsabilidad de las partes de sus abogados y procuradores en el proceso (56 a 61)


TITULO VI: DE LA ACTIVIDAD PROCESAL


  


Capítulo I:  


Disposiciones generales

 



Sección I:  


De los actos procesales en general (62 a 65)

  

Sección II:  

Escritos de las partes (66 a 75)

  

Sección III:  

De las comunicaciones procesales

  

A) Comunicaciones a las partes (76 a 89)

  

B) Comunicaciones a otras autoridades (90 a 91)

  

Sección IV:  

De los plazos procesales (92 a 99)

  

Sección V:  

Audiencias (100 a 103)

  

Sección VI:  

De los expedientes judiciales (104 a 109)

  

Sección VII:  

De la nulidad de los actos procesales (110 a 116)

  


Capítulo II: 


Actos de proposición

 
 



Sección I:  


De la demanda (117 a 122)

  

Sección II:  

Del emplazamiento (123 a 129)

  

Sección III:  

De la contestación y de la reconvención (130 a 136)

 


Capítulo III:  


Pruebas

  



Sección I:  


Reglas generales (137 a 147)

  

Sección II:  

De la declaración de parte (148 a 153)

  

Sección III:  

De la declaración de testigos (154 a 164)

  

Sección IV:  

De los documentos (165 a 176)

  

Sección V:  

De la prueba pericial (177 a 185)

  

Sección VI:  

Inspección judicial y reproducciones (186 a 189)

  

Sección VII:  

Prueba por informe (190 a 192)

  


Capítulo IV:  


Procedimientos posteriores a la prueba (193 a 194)

  


Capítulo V:  


De las resoluciones judiciales

  



Sección I:  


Forma y contenido (195 a 202)

  

Sección II:  

Plazos para el dictado de las sentencias (203 a 213)

  

Sección III:  

Eficacia (214 a 222)

  


Capítulo VI:  


Medios extraordinarios de concluir el proceso

  



Sección I:  


Conciliación y transacción (223 a 225)

  

Sección II:  

Desistimiento (226 a 232)

  

Sección III:  

Perención de la instancia (233 a 240)

  


Capítulo VII:


Medios de impugnación de las resoluciones judiciales

  



Sección I:  


Disposiciones generales (241 a 243)

  

Sección II:  

Recursos de aclaración y ampliación (244)

  

Sección III:  

Recurso de reposición (245 a 247)

  

Sección IV:  

Recurso de apelación (248 a 261)

  

Sección V:

Recurso de queja por denegación de casación, apelación o de la defensa de inconstitucionalidad (262 a 267)

  

Sección VI:  

Recurso de casación (268 a 280)

  

Sección VII:  

Recurso de revisión (281 a 292)

LIBRO II: DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO I: PROCESOS PRELIMINARES

 


Capítulo I:


Conciliación previa (293 a 298)

  

Capítulo II:

Procesos provocatorios (Jactancia) (299 a 304)   

  

Capítulo III: 

Proceso pre-judicial (305)  

  

Capítulo IV:

Diligencias preparatorias (306 a 310)   


TITULO II: PROCESO CAUTELAR


  


Capítulo I:


Disposiciones generales (311 a 313)  

  

Capítulo II: 

Procedimiento (314 a 317)  


TITULO III: PROCESOS INCIDENTALES

  


Capítulo I: 


Disposiciones generales (318 a 319)  

  

Capítulo II: 

Procedimiento (320 a 322)  

  

Capítulo III: 

Incidentes especiales  

  



Sección I:  


Acumulación de autos (323 a 324)

  

Sección II:  

Recusación (325 a 330)

  

Sección III:  

Contienda de competencia (331)

  

Sección IV:  

Rendición de cuentas (332 a 333)

  


Capítulo IV: 


Tercerías (334 a 336)  


TITULO IV: PROCESO DE CONOCIMIENTO

  


Capítulo I:


Proceso ordinario (337 a 345)  

  

Capítulo II:

Proceso extraordinario (346 a 347)  

  

Capítulo III: 

Disposiciones generales (348 a 350)   

  

Capítulo IV: 

Proceso de estructura monitoria  

  



Sección I:  


Disposiciones generales (351 a 352)

  

Sección II:  

Proceso ejecutivo (353 a 362)

  

Sección III:  

Otros procesos (363 a 370)


TITULO V: PROCESO DE EJECUCION

  


Capítulo I:


Disposiciones generales (371 a 376)  

  

Capítulo II:

Vía de apremio (377 a 396)  

  

Capítulo III:

Otras especies de ejecución (397 a 401)   


TITULO VI: PROCESO VOLUNTARIO

  


Capítulo I:


Disposiciones generales (402 a 406)  

  

Capítulo II:

Proceso sucesorio  

 



Sección I:  


Disposiciones generales (407 a 411)

  

Sección II:  

Sucesión intestada (412 a 420)

  

Sección III:  

Sucesión testamentaria (421 a 427)

  

Sección IV:  

Herencia yacente (428 a 433)

  

Sección V:  

Incidencias del proceso sucesorio (434 a 438)

  


Capítulo III:


Proceso de declaración de incapacidad (439 a 449)  

  

Capítulo IV: 

Proceso de deslinde y amojonamiento (450 a 451)   


TITULO VII: PROCESO CONCURSAL (452 a 471)


TITULO VIII: PROCESO ARBITRAL

  


Capítulo I:


Disposiciones generales (472)  

  

Capítulo II:

Cláusula compromisoria y compromiso (473 a 479)  

  

Capítulo III:

Constitución del Tribunal Arbitral (480 a 487)   

  

Capítulo IV: 

Procedimiento arbitral (488 a 497)  

  

Capítulo V:

Ejecución del laudo y recursos contra el mismo (498 a 502)  

  

Capítulo VI: 

Arbitraje singular (503 a 507)  


TITULO IX: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY (508 a 523)


TITULO X: NORMAS PROCESALES INTERNACIONALES

  


Capítulo I:


Principios generales (524 a 525)  

  

Capítulo II:

De la cooperación judicial internacional (526 a 529)  

  

Capítulo III:

De la cooperación judicial internacional cautelar (530 a 536)  

  

Capítulo IV: 

Del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras (537 a 543)  


TITULO XI: DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DEL CODIGO (544 a 549)

PROYECTO DE LEY

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Iniciativa en el proceso

La iniciación del proceso incumbe a los interesados.

Las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles y podrán terminarlo en forma unilateral o bilateral a lo regulado por este Código.

Art. 2º. - Dirección del proceso

La dirección del proceso está confiada al Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 3º. - Impulso procesal

Promovido el proceso, el Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

Art. 4º. - Igualdad procesal

El Tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso.

Art. 5º. - Buena fe y lealtad procesal

Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe.

El Tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Art. 6º. - Ordenación del proceso

El Tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.

Art. 7º. - Publicidad del proceso

Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes.

Art. 8º. - Inmediación procesal

Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por el Tribunal, no pudiendo éste delegarlas no pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Art. 9º. - Pronta y eficiente administración de justicia

El Tribunal y bajo su dirección, los auxiliares de la Jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Art. 10. - Concentración procesal

Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando se faculta para ello por ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

Art. 11. - Derecho al proceso

11.1 - Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los Tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones.

11.2 - Para proponer o controvertir útilmente las pretensiones, es necesario invocar interés y legitimación en la causa.

11.3 - El interés de la demandante puede consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro.

11.4 - Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

TITULO II
APLICACION DE LAS NORMAS PROCESALES

Artículo 12. - Aplicación de la norma procesal en el tiempo

Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan, incluso, a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Asimismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.

Art. 13. - Aplicación de la norma procesal en el espacio

El Código regirá en todo el territorio nacional sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales suscriptas y ratificadas por el Estado.

Art. 14. - Interpretación de las normas procesales

Para interpretar la norma procesal, el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales.

En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo.

Art. 15. - Integración de las normas procesales

En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso.

Art. 16. - Indisponibilidad de las normas procesales

Los sujetos del proceso no pueden acordar, por anticipado, dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral.

TITULO III
EL TRIBUNAL

CAPITULO I
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 17. - Organización

La ley orgánica dispondrá lo concerniente a la designación, integración, competencia y funcionamiento de los diversos Tribunales.

Art. 18. - Indelegabilidad e inmediación

18.1 - Sólo el Tribunal es titular de la potestad jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del Tribunal.

18.2 - Dicha delegación sólo abarcará la realización de actos auxiliares o de aportación técnica, si los funcionarios revisten la idoneidad respectiva.

18.3 - En el proceso por audiencia se procurará la emisión de la sentencia al final de la última, pudiendo diferirse, si fuere menester, la redacción de los fundamentos del fallo. En tal caso, la impugnación procederá una vez que ésos sean notificados.

Art. 19. - Funcionamiento de los Tribunales colegiados

19.1 - Los Tribunales colegiados actuarán en dicha forma en todo el proceso; las delegaciones sólo serán las expresamente establecidas por la ley y en ningún caso se referirán al diligenciamiento de la prueba.

19.2 - En el estudio, deliberación y adopción de sus decisiones, regirá en su máxima aplicación el principio colegiado. La deliberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto.

19.3 - Salvo en las comunicaciones y actuaciones protocolares, que corresponderán al Presidente del Tribunal, éste actuará con la presencia de todos sus miembros en relación a otros sujetos procesales o extraños al proceso.

Art. 20. - Asistencia judicial

Los Tribunales se deben mutua asistencia y colaboración en todas las actuaciones que se requieran.

Art. 21. - Imparcialidad, independencia y autoridad del Tribunal

21.1 - Cada Tribunal es independiente en el ejercicio de sus funciones.

21.2 - Debe actuar con absoluta imparcialidad en relación a las partes.

21.3 - Las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además, deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos.

Para lograr esta efectividad, el Tribunal podrá: a) utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse a su solo requerimiento; b) imponer compulsiones o conminaciones, sean económicas, bajo forma de multas periódicas, sean personales, bajo forma de arresto, dentro de los límites prefijados por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto.

21.4 - La ley orgánica reglamentará las condiciones de selección y los medios económicos necesarios para preservar la independencia en los agentes judiciales.

CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 22. - Criterios básicos

22.1 - Se realizará la división territorial por zonas que acerquen las sedes de los Tribunales a toda la población, evitando la exagerada concentración en las ciudades principales.

22.2 - Para facilitar dicho acceso, en zonas apartadas y especialmente para las materias agraria y laboral, la ley podrá establecer la itineraria del Tribunal y éste disponer las sedes en que actuará.

22.3 - Salvo los asuntos que por ley se tramiten en instancia única, habrá dos instancias en todo proceso.

22.4 - En base a la naturaleza de la materia, su importancia práctica y el volumen de los asuntos que se tramiten, se procurará en cualquier departamento del país, la especialización de los Tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, conforme a lo que disponga la ley orgánica respectiva.

Art. 23. - Criterios eliminados

No se admitirá la división de competencia por los criterios de avocación y delegación, salvo para asistencia judicial en diligencias determinadas fuera de la sede judicial.

CAPITULO III
DEBERES, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL TRIBUNAL EN EL PROCESO

Artículo 24. - Facultades del Tribunal

El Tribunal está facultado:

1) Para rechazar la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido;

2) Para relevar de oficio las excepciones que este Código le faculta;

3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado;

4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes;

5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito;

6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifestaciones inconducentes e impertinentes;

7) Para rechazar in limine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverse uno anterior;

8) Para rechazar in limine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos;

9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables y para disponer las diligencias que persigan evitar dichas nulidades;

10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones disciplinarias y multas en los casos previstos legalmente;

11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.

Art. 25. - Deberes del Tribunal

25.1 - El Tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En el juzgamiento del litigio deberá aplicar la regla de derecho positivo (Art. 15) y sólo podrá fallar en equidad en los casos previstos por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo soliciten.

25.2 - El Tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes; la omisión en el cumplimiento de estos deberes le hará incurrir en responsabilidad.

Art. 26. - Responsabilidad del Tribunal

Los Magistrados serán responsables por:

a) demoras injustificadas en proveer;

b) proceder con dolo o fraude;

c) sentenciar cometiendo error inexcusable.

La ley orgánica reglamentará el proceso destinado a hacer efectiva la responsabilidad efectiva la responsabilidad de los Magistrados y determinará el plazo de caducidad para su promoción.

TITULO IV
EL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 27. - Norma de remisión

La intervención del Ministerio Público en el proceso, se regulará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

Art. 28. - Intervención como parte principal

Cuando el Ministerio Público intervenga como parte no podrá ser recusado y tendrá los derechos, facultades, deberes y cargas procesales que correspondan a la parte, salvo norma expresa en contrario.

Art. 29. - Intervención como tercero interviniente y como dictaminante técnico

29.1 - El Ministerio Público intervendrá como tercero, fuera de los casos en que así lo establezca la ley, en aquéllos en los que pudiendo haber intervenido como parte, no lo hubiera hecho.

29.2 - Cuando el Ministerio Público actúe como tercero, su intervención consistirá en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos que correspondan, dentro de los plazos respectivos.

29.3 - Asimismo intervendrá como dictaminante técnico auxiliar del Tribunal, cuando éste lo considere necesario o conveniente.

Art. 30. - Plazos

30.1 - Cuando el Ministerio Público actúe como parte, tendrá los mismos plazos procesales que correspondan a ésta.

30.2 - Cuando actúe como tercero, dispondrá para expedirse del plazo de veinte días, salvo que deba hacerlo en una audiencia, vencidos los cuales pasará el expediente a conocimiento del subrogante, sin más trámite y por única vez, dándose cuenta al superior jerárquico de la omisión.

TITULO V
LAS PARTES

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 31. - Partes

Son partes en el proceso el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este Código.

Art. 32. - Capacidad

32.1 - Pueden comparecer por sí en el proceso, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer.

Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos, comparecerán representadas, asistidas o autorizadas según dispongan las leyes que regulan la capacidad.

32.2 - Los menores habilitados o emancipados, actuarán asistidos de curador ad litem.

También actuarán representados por curador ad litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria potestad o tutela, previa venia que otorgará el Tribunal al efectuar la designación.

32.3 - Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos o de sus representantes o de las personas autorizadas conforme a derecho.

32.4 - Los ausentes y las herencias yacentes serán representados en el proceso por los curadores designados al efecto.

Art. 33. - Discernimiento del cargo de tutor o curador y habilitación para comparecer en juicio.

33.1 - Cualquiera que tenga interés legítimo y el Ministerio Público, podrán pedir el nombramiento de tutor o curador para un menor o incapaz que sea o haya de ser parte en juicio.

El petitorio se tramitará de acuerdo con las disposiciones relativas a la jurisdicción voluntaria.

33.2 - De la misma manera se procederá cuando corresponda la habilitación para comparecer en juicio.

Art. 34. - Modificaciones de la capacidad durante el proceso

34.1 - Si la parte que actúa por sí misma se incapacita durante el curso del proceso, los actos posteriores a la declaración judicial de incapacidad serán nulos. Los anteriores serán anulables si la incapacidad fuese notoria durante la realización de dichos actos.

El proceso se seguirá con el representante, quien será emplazado en la misma forma y con las mismas consecuencias que rigen para el caso de demanda.

34.2 - El fallecimiento o incapacidad de la persona o personas que constituyen una parte no suspende el curso del procedimiento si esa parte actuaba por representante; el proceso continuará con éste hasta que no se apersone parte o representante legítimo.

34.3 - Si durante el curso del proceso se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedimientos luego de que se apersone debidamente.

Pero los actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pudiera tener contra su ex representante por haber omitido comunicarle la existencia del pleito o por cualquier otra circunstancia.

Art. 35. - Sucesión de la parte

35.1. - Ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte que actúa por sí misma y salvo el caso de proceso relativo a derechos personalísimos, éste debe continuar con los sucesores, el cónyuge o el curador de la herencia yacente en su caso.

La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio, procediéndose en la forma prevista por la demanda y con las mismas consecuencias. Entre tanto, el proceso quedará suspendido, salvo si los autos se encuentran en estado de dictar sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada.

35.2 - En caso de trasmisión por acto entre vivos de la cosa litigiosa, el sucesor podrá sustituir a la parte en el proceso salvo que se oponga la contraria, en cuyo caso el Tribunal resolverá. Ello sin perjuicio de la subrogación y del derecho a comparecer como tercero o litisconsorte de la parte, si se dan las circunstancias requeridas por este Código.

35.3 - En caso de extinción de la persona jurídica, el proceso continuará con quienes la sucedan en su patrimonio.

Art. 36. - Representación y sustitución procesales

36.1 - Por la parte puede actuar un representante, sea establecido por la ley o por poder otorgado al efecto.

36.2 - Nadie podrá pretender en nombre propio derecho ajeno salvo cuando la ley lo autorice.

CAPITULO II
POSTULACION

Artículo 37. - Asistencia letrada

37.1 - La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado, debiendo el Tribunal rechazar los escritos que no lleven firma letrada e impedir las actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia.

37.2 - Se exceptúan de lo dispuesto en el ordinal precedente: a) los asuntos que se tramiten ante los Juzgados de Paz en asuntos menores de mil nuevos pesos; b) los que se tramiten ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en el litoral e interior de la República cuando no haya o no se disponga de tres abogados, como mínimo, en la localidad asiento del Juzgado.

37.3 - Los escritos que se presenten en autos sucesorios y en los de disolución de la sociedad legal de bienes, incluso rectificación de partidas; en el trámite judicial de inscripciones en el Registro Público y General de Comercio; en los que se soliciten o gestionen venias o autorizaciones judiciales, curadurías especiales a fin de complementar la capacidad para contratar, emancipaciones; así como en aquellos en que se tramite la expedición de copias o duplicados de escrituras públicas, hijuelas o promesas de enajenación e información de vida y costumbres, podrán ser firmados, indistintamente, por abogado o escribano.

37.4 - No obstante, la firma de abogado será preceptiva en los asuntos enumerados en el ordinal anterior, cuando se suscite litigio. Regirán para estos casos las excepciones previstas en el ordinal 2.

37.5 - En los autos sucesorios, la relación de bienes y la cuenta particionaria podrán ser firmadas por contador público, al igual que los escritos solicitando inscripciones en el Registro Público y General de Comercio.

37.6 - El Tribunal rechazará de plano los escritos que no lleven firma de abogado, salvo el caso de existir expresa dispensa al respecto.

Art. 38. - Procurador

La parte podrá actuar en el proceso representada por apoderado constituido conforme a la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en el 340.1 y de la facultad del Tribunal para ordenar la comparecencia personal de la parte en cualquier otra circunstancia.

Art. 39. - Poder

El poder para litigar se entiende conferido para todo el proceso, sus diversas instancias, recursos, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares, las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, salvo aquellos que la ley reserva a la parte. En todo caso se requerirá autorización expresa para realizar actos de disposición de los derechos, tales como el desistimiento o la transacción.

Art. 40. - Justificación de la personería

La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primer gestión que se realice en nombre del representado. En casos de urgencia podrá admitirse la comparecencia invocando el poder, sin presentar la documentación, pero si no se acompañase dentro del plazo que atendidas las circunstancias fije el Tribunal, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará los gastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 41. - Procuración oficiosa

Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona de quien no se tenga poder siempre que se den las siguientes condiciones:

- Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del país.

- Que quien comparezca sea su ascendente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o comunero, o que posea algún interés común que legitime esa actuación.

- Que si la parte contraria lo solicita, preste caución suficiente de que su gestión será ratificada por el representado o pagará los daños y perjuicios en el caso contrario y si así correspondiere.

Art. 42. - Representación en caso de intereses difusos

En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del Tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido.

Art. 43. - Procurador común

Cuando diversas personas constituyan una sola parte, deberán actuar conjuntamente; cuando así no lo hicieran, el Tribunal intimará la actuación común o el nombramiento de procurador común en el plazo de diez días y, en defecto de esa designación por las partes, lo nombrará el Tribunal, salvo que ese nombramiento aparejara grave perjuicio al ejercicio de la defensa en juicio. El auto que haga el nombramiento o su testimonio expedido en forma servirán, por sí solos, justificar la personería del procurador común.

Art. 44. - Representación judicial de los abogados

44.1 - En cualquier etapa del proceso, ante cualquier órgano con función jurisdiccional, salvo que se tratare de materia penal, el abogado firmante, en su calidad de patrocinante de la parte, además de las facultades que acuerda el artículo 143 de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (Ley número 15.750, de 24 de junio de 1985) y siempre que así se conviniere mediante escrito o acta judicial, quedará investido en especial y para ese proceso, del carácter de representante judicial de aquélla.

44.2 - Para que la autorización sea válida, la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, así como comunicar en la misma forma los cambios que el mismo experimentare.

44.3 - Deberá instruirse especialmente al interesado de la representación de que se trata y de sus alcances, dejándose constancia expresa de ello en el escrito o acta judicial pertinente.

44.4 - La parte interesada podrá, en todo momento, sustituir a su representante judicial siempre que lo haga por escrito ante el Tribunal correspondiente, el que lo hará saber por notificación a domicilio al abogado cesante.

44.5 - En caso que el abogado desee poner fin a su patrocinio, deberá hacerlo por escrito firmado conjuntamente con la parte, ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

44.6 - Si se desconociese el domicilio o el patrocinante se negare a firmar, se le notificará en el último domicilio real que hubiere denunciado en autos.

44.7 - El cese de responsabilidad profesional es sin perjuicio de las medidas que en el plano procesal pudiere dictar el órgano jurisdiccional.

CAPITULO III
LITISCONSORCIO

Artículo 45. - Litisconsorcio facultativo

Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra.

Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes independientes.

Art. 46. - Litisconsorcio necesario

Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso no pudiera dictarse sentencia útilmente sin la presencia (litisconsorcio activo) o el emplazamiento (litosconsorcio pasivo) de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.

En este caso los recursos y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio, sólo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsorcios.

Art. 47. - Poderes del Tribunal

En el caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito.

La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal.

Cuando el defecto se denuncie o se advierta por el Tribunal fuera de esta oportunidad, se procederá de la misma manera.

CAPITULO IV
INTERVENCION DE TERCEROS

Artículo 48. - Intervención coadyuvante y litisconsorcial

48.1 - Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

48.2 - Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectada por la sentencia a dictarse y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Art. 49. - Intervención excluyente

Quien pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando su pretensión frente al demandante y al demandado, para que en el mismo proceso se la considere.

Art. 50. - Requisitos y forma de la intervención

50.1 - Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo. La solicitud se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplicables, y deberá ser acompañada de toda la prueba correspondiente.

50.2 - La intervención sólo podrá producirse en la instancia hasta la conclusión de la causa para sentencia; la excluyente sólo en la primera instancia, la coadyuvante y litisconsorcial también durante el curso de la segunda instancia.

50.3 - El procedimiento de intervención de terceros se regulará conforme a lo dispuesto en los artículos 334 a 336.

Art. 51. - Intervención necesaria por citación

El demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar la citación de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El citado no podrá objetar la procedencia de su citación y deberá comparecer teniendo los mismos derechos, deberes y cargas del demandado.

Art. 52. - Oposición al llamamiento de terceros

La contraparte podrá oponerse a la citación de un tercero y el Tribunal resolverá la procedencia de la misma por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable cuando rechace la intervención.

Art. 53. - Denuncia de terceros

El demandado, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, debe denunciarlo, indicando su nombre y domicilio, a los efectos de que se le notifice del pleito, bajo la responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieren por su omisión.

Art. 54. - Llamamiento ex-oficio en caso de fraude o colusión

En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público o de parte, ordenará la citación de las personas que puedan ser perjudicadas para que hagan valer sus derechos, pudiéndose, a tal fin, suspender el proceso hasta por cuarenta días.

Art. 55. - Irreversibilidad del proceso

Los intervinientes y sucesores en el proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

CAPITULO V
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES O DE SUS ABOGADOS Y APODERADOS EN EL PROCESO

Artículo 56. - Condenaciones - Regla general

La sentencia interlocutoria o la definitiva, condenará al vencido en el incidente o en el proceso a pagar al vencedor todas las cosas y costos.

Ello sin detrimento de los daños y perjuicios que correspondieren.

Art. 57. - Excepciones

No se impondrá condena al vencido cuando se le haya dado la razón en parte o cuando se allanare a las pretensiones del demandante reconociéndolas como fundadas, sin dar lugar a la continuación del proceso, una vez que se le haya notificado debidamente de las mismas o conozca los instrumentos de los que deriva la razón de su adversario. En todo caso el allanamiento debe ser real, incondicional, oportuno y efectivo.

Art. 58. - Condena al actor

Cuando resultare de los antecedentes del proceso que el demandado no ha dado motivos a la interposición de la demanda y se allanare dentro del término para contestarla, el actor será condenado a pagar todas las costas y costos del proceso.

Art. 59. - Condena en caso de litisconsorcio

Tratándose de condena al pago de las costas y costos del proceso contra litisconsortes, el Tribunal, atendidas las circunstancias de caso, determinará si la condena es solidaria o la forma en que habrá de dividirse entre aquéllos.

Art. 60. - Responsabilidad del abogado y del apoderado

El abogado y el apoderado podrán ser condenados en costas y costos, solidariamente con su patrocinado o representado, cuando de la actividad procesal de aquéllos surja, en forma manifiesta, que existe mérito para ello.

Art. 61. - Daños y perjuicios

Cuando la mala fe o la temeridad resulten inexcusables, la parte podrá ser condenada, además, a los daños y perjuicios, sea en el mismo proceso o en otro posterior. Y en caso de que su apoderado o su abogado resulten también inexcusablemente culpables, podrán ser condenados solidariamente con la parte. Ello, sin perjuicio de las reclamaciones que el poderdante pueda efectuar por los daños y perjuicios que haya debido pagar por culpa del apoderado o abogado.

TITULO VI
DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SECCION I
DE LOS ACTOS PROCESALES EN GENERAL

Artículo 62. - La voluntad en los actos procesales

Los actos procesales se presumirán siempre realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario o prueba fehaciente de que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable.

Art. 63. - Requisitos de los actos procesales

Además de los requisitos que en cada caso se establezcan, los actos deberán ser ilícitos, pertinentes y útiles.

Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.

Art. 64. - Forma de los actos procesales

Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley, será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad perseguida.

Art. 65. - Idioma

En todos los actos procesales se utilizará, necesariamente, el idioma nacional.

Cuando deba ser oído quien no lo conozca, el Tribunal nombrará un intérprete.

SECCION II
ESCRITOS DE LAS PARTES

Artículo 66. - Redacción y suscripción de los escritos

Los escritos de las partes deberán ser redactados a máquina o a mano en forma fácilmente legible y suscriptos por ellas.

Art. 67. - Suma e individualización de los autos

67.1 - Todo escrito debe llevar en la parte superior una suma o resumen del petitorio.

67.2 - En el encabezamiento del escrito y sin más excepción que el que inicia una gestión, deben establecerse los datos individualizadores de los autos respectivos.

Art. 68. - Escritos de personas que no saben o no pueden firmar

68.1 - Los escritos de personas que no saben o no pueden firmar, se refrendarán con la impresión dígito pulgar derecha del interesado. A continuación, un escribano público o el actuario o secretario del Tribunal certificará que la persona conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia, de conformidad.

68.2 - Si no fuera posible estampar la impresión dígito pulgar derecha, se estampará otra, mencionándolo en el escrito. Y si aún no fuera posible, el escribano, actuario o secretario certificarán el hecho, como en el ordinal anterior.

Art. 69. - Ratificación de escritos

69.1 - En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá el Tribunal llamar al firmante para que, en su presencia, previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.

69.2 - Si el citado negare el escrito, rehusare contestar o, citado en su domicilio, no compareciere, el Tribunal podrá tener el escrito por no presentado.

Art. 70. - Copias

De todo escrito o documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles como personas hayan de ser notificadas.

Art. 71. - Constitución de domicilio

71.1 - Tanto el actor como el demandado y los demás que comparezcan en el proceso, deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, el domicilio que constituyen en el área correspondiente al Tribunal ante el que comparecen.

El Tribunal mandará subsanar, en cualquier momento que lo advierta, la omisión de este requisito. Si advertida no fuera subsanada, se tendrá por constituido el domicilio en los estrados a todos los efectos.

71.2 - Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse de inmediato, teniéndose por válidas, en su defecto, las notificaciones que se realicen en el domicilio anteriormente constituido.

71.3 - Si la parte emplazada o citada en forma, no hubiere comparecido fijando domicilio dentro del radio del Tribunal, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 84 y 85, el Tribunal dispondrá, de oficio, que le sean notificadas todas las providencias en la oficina del Tribunal, con excepción de la sentencia definitiva, salvo que ésta se prefiera en audiencia. El auto que ordena la notificación en la oficina se notificará a domicilio.

71.4 - Si constara en autos que el demandado vivía efectivamente en el domicilio denunciado en la demanda, o si el actor pudiera justificar sumariamente ese hecho, se tendrán por válidas las notificaciones que se practicaren en ese domicilio, aunque posteriormente a la notificación el demandado lo hubiere mudado.

Art. 72. - Documentos

72.1 - Los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil, con certificación de su fidelidad con el original por quien legalmente correspondiere. Sólo en caso de duda el Tribunal podrá solicitar, de oficio o a pedido de parte, la agregación del original.

72.2 - Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados.

72.3 - Todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción certificada como fidedigna, salvo excepción consagrada por leyes o tratados. Pero cuando se trate de libros o documentos muy extensos redactados en idioma conocido por el Tribunal, podrá éste dispensar de la traducción o disponerse la traducción de sólo aquella parte que interesa al proceso.

Art. 73. - Expresiones ofensivas en los escritos

Podrá el Tribunal mandar testar, haciéndolas ilegibles, las expresiones ofensivas de cualquier índole que se consignaren en los escritos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan.

Art. 74. - Recibo de entrega de escritos

Todo interesado que haga entrega de un escrito judicial ante cualquier Tribunal, deberá acompañar, además de las copias a que refiere el artículo 70, otra copia de aquél. En ella, el funcionario que reciba el escrito, dejará constancia, en el momento de la presentación, de la fecha en que se efectúa la misma, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, devolviendo esa copia al interesado. No se admitirán escritos si, simultáneamente, no se acompaña esta copia.

Art. 75. - Cargo de los escritos

A todo escrito o pliego que se presente se le pondrá cargo, dejando en él constancia de los pliegos y papeles que se acompañen.

En los Juzgados Letrados, Tribunales y Suprema Corte, se tendrá un fechador mecánico con el cual se estampará, al margen del cargo, el día y la hora de la presentación de los escritos.

La Suprema Corte podrá disponer la extensión de este sistema a los demás Juzgados del país y reglamentará su uso.

SECCION III
DE LAS COMUNICACIONES PROCESALES

Artículo 76. - Principio de notificación

Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a los interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Las proferidas en audiencias, se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

Art. 77. - Formas de notificación

La notificación se practicará por la oficina central en su caso, por correo, por telegrama, por la policía, por Tribunal comisionado o por el medio idóneo que habilite la Suprema Corte de Justicia.

Art. 78. - Notificación en la oficina

78.1 - En todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y contenciosa, las notificaciones de las providencias judiciales con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en las oficinas del Tribunal.

78.2 - Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y haciéndole entrega de las copias que correspondan.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia.

Art. 79. - Notificación personal a domicilio

79.1 - Cuando corresponda la notificación personal a domicilio, el funcionario a quien se cometa la diligencia concurrirá al mismo y si hallara allí a la persona que debe ser notificada, se procederá en la forma establecida en el artículo anterior.

79.2 - Si el interesado no fuere hallado, la diligencia se entenderá con su esposa, hijos mayores de edad, persona de servicio o habilitante de la casa. A falta de ellos, se dejará cedulón en lugar visible, del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, dejándose constancia de la diligencia que suscribirá el funcionario comisionado.

79.3 - Si la persona de la casa con quien se entiende la diligencia se resistiera a recibir el cedulón, se procederá como en el ordinal precedente.

79.4 - Las notificaciones a las personas jurídicas se harán a nombre de éstas en las personas de sus representantes, sin necesidad de individualizarlos.

Art. 80. - Notificación por Correo Judicial

Cuando corresponda la notificación por correo, se entregarán al mismo, en sobre cerrado, en el que se incluirán las copias respectivas, las piezas necesarias para el conocimiento de la resolución judicial.

La entrega al Correo se hará bajo recibo y éste entregará las piezas respectivas también bajo recibo.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de Correo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables.

Art. 81. - Notificación por telegrama

En caso de urgencia, podrá practicarse la notificación por telegrama colacionado.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de Telégrafo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables.

Art. 82. - Notificación por la Policía

Cuando las circunstancias del caso lo aconsejan y en especial en las zonas rurales, podrá disponerse la notificación por intermedio de la Policía.

A los efectos de este servicio, la Suprema Corte de Justicia procederá como en los artículos anteriores.

Art. 83. - Notificación por Tribunal comisionado

La notificación por Tribunal comisionado se hará por el Tribunal o por funcionarios de su oficina.

Art. 84. - Carga de la asistencia al Tribunal

Salvo disposición expresa de la ley, las notificaciones se practicarán en la oficina.

Para tal fin, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público y Fiscal, concurrirán a la oficina, para enterarse de las actuaciones.

La carga de la asistencia recae también sobre los funcionarios públicos que representen en juicio al Estado, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Municipios.

Art. 85. - Autorización para notificarse

Por simple escrito presentado en los autos, se podrá autorizar a una tercera persona, aunque no tenga título de procurador, para que con ella se entiendan las notificaciones. En la jurisdicción voluntaria, podrá reunirse en una sola constancia la notificación a todos los interesados que actúen de común acuerdo.

Art. 86. - Notificación ficta

Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día en que concurriere el interesado la actuación no se hallare disponible, la oficina actuaria expedirá constancia, en formulario al efecto, si aquél lo solicitare.

Art. 87. - Providencias exceptuadas

Serán notificados en el domicilio de los interesados, salvo si se profiriesen en audiencia:

1. A la persona frente a quien se pide, el auto que provee una petición de diligencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 307.3.

2. Al demandado, el auto que le da conocimiento de la demanda principal, reconvencional o incidental o, en su caso, el que lo cita de excepciones.

3. Al citado, el auto que ordena la absolución de posiciones.

4. A la parte de quien emana, el auto que admite un documento en la oportunidad prevista por el artículo 171.

5. El auto que convoca a audiencia.

6. Las providencias posteriores al auto de citación para sentencia y la primer resolución que se dicte en instancia de apelación y de casación.

7. La sentencia definitiva o interlocutoria.

8. El auto que ordena la facción de inventario.

9. Al tercero, el auto que lo cita o llama para que comparezca en un procedimiento contencioso o voluntario.

10. Las providencias recaídas en el pedido inicial de ejecución de sentencia.

11. Las resoluciones que el Tribunal disponga que sean notificadas a domicilio, siempre que no se trate de aquellas preferidas en audiencia (artículo 76).

Art. 88. - Notificación de las providencias exceptuadas

La Suprema Corte de Justicia determinará la forma en que se practicarán las notificaciones.

Art. 89. - Notificación por edictos

En los casos que correspondiendo notificar a domicilio, se trate de personas indeterminadas o inciertas o cuyo domicilio no se conozca, la notificación se cumplirá por edictos publicados durante diez días hábiles corridos en el Diario Oficial.

Podrá ordenarse, también, la propalación radial o televisiva, o la publicación en otros periódicos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

B) COMUNICACIONES A OTRAS AUTORIDADES

Art. 90. - Comunicaciones internas

Cuando los Tribunales deban dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacionales o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, lo harán por exhortos u oficios que se cursarán por correo.

Si hubiera urgencia, podrán disponer la comunicación por cualquier otro medio idóneo.

A pedido de parte, y siempre que ello no cause riesgo, podrá entregarse el oficio al interesado, para su mejor diligenciamiento.

Art. 91. - Comunicaciones internacionales

Las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán mediante exhortos dirigidos a las mismas en la forma que dispongan los tratados y las leyes nacionales al respecto.

SECCION IV
DE LOS PLAZOS PROCESALES

Artículo 92. - Carácter de los plazos

Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables.

Pero las partes, expresamente y de común acuerdo, podrán suspender el curso de los plazos de modo previo o durante su desarrollo, por el tiempo que estimen conveniente.

Vencido el plazo procesal, el secretario o actuario dará cuenta inmediata y el Tribunal, sin necesidad de petición alguna, dictará la resolución que corresponda al estado del proceso.

Art. 93. - Comienzo de los plazos

Los plazos procesales establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse, tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación.

Art. 94. - Transcurso de los plazos

Los plazos procesales que se cuentan por días, sólo se suspenderán durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo.

Excptúanse los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuentan por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles.

Para el cómputo de los plazos procesales fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles y los inhábiles.

Art. 95. - Vencimiento de los plazos

Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del Tribunal del día respectivo.

Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

Art. 96. - Días y horas hábiles

96.1 - Son días hábiles para la realización de los actos procesales, todos aquellos en los que funcionen las oficinas de los Tribunales.

96.2 - Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas.

96.3 - Para la práctica de todas las diligencias judiciales, se considerarán horas hábiles las que medien entre las siete y las veinte horas.

Art. 97. - Habilitación de días y horas inhábiles

97.1 - Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho.

La habilitación podrá pedirse antes o durante los días y horas inhábiles. En este último caso, podrá formularse la petición respectiva en la casa del secretario o actuario o del Juez mismo, si aquél no pudiera hallarse.

97.2 - En los días hábiles, los escritos deberán presentarse durante el horario de Oficina. En los días inhábiles podrán presentarse escritos desde las siete a las veinte horas, cuando sean de carácter urgente.

Art. 98. - Principio general de suspensión de los plazos

Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito inevitable para la parte y que la coloca en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario.

Art. 99. - Traslados y vistas

En atención a las circunstancias del caso, el Tribunal podrá sustanciar los petitorios de las partes confiriendo traslados o vistas.

Salvo disposición contraria, los traslados deben ser evacuados dentro de seis días y las vistas dentro de tres días.

SECCION V
AUDIENCIAS

Artículo 100. - Presencia del Tribunal

En los procesos que se desarrollan por audiencias, el Tribunal presidirá las mismas bajo pena de nulidad y responsabilidad.

Al Tribunal incumbe la dirección de la audiencia y dispondrá de todas las facultades disciplinarias para asegurar su adecuada celebración.

Art. 101. - Continuidad de las audiencias

Las fechas de las audiencias se deberán fijar con la mayor contigüidad posible a los efectos de asegurar la continuidad del proceso y la identidad del órgano jurisdiccional.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará en el acto la fecha de su reanudación, salvo que ello resultara imposible.

Art. 102. - Documentación de la audiencia

Lo actuado en toda clase de audiencia se documentará en forma resumida en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ellas.

Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el Tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.

El Tribunal podrá disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados.

Art. 103. - Contenido de las actas

Las actas deberán contener:

1) El lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponde;

2) El nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere;

3) La relación sucinta de lo actuado en la audiencia;

4) Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el Tribunal resuelva consignar.

SECCION VI
DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES

Artículo 104. - Formación de expedientes

Con el escrito o acta inicial de cada asunto que se promueva, se formará un expediente al que se incorporarán sucesivamente las actuaciones posteriores.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará por Acordada, cuando lo estime conveniente, la forma de llevarse esos expedientes, así como el modo de anotar en los mismos las constancias de los actos.

Art. 105. - Testimonios y certificados

105.1 - De cualquier expediente judicial podrán las partes o cualquier interesado obtener testimonio íntegro o parcial o certificado extractado.

La expedición de tales documentos deberá ser autorizada por el Tribunal con citación de la parte contraria, si la peticionante fuera la otra, o de ambas, si el peticionante fuera un tercero; si se dedujera oposición, se estará a lo que el Tribunal resuelva de manera irrecurrible.

105.2 - Los testimonios o certificados podrán ser expedidos, indistintamente, por el secretario o actuario del Tribunal o por cualquier escribano designado por la parte interesada en la expedición y a costa de la misma.

Art. 106. - Consulta de los expedientes

Los expedientes judiciales o las actuaciones de los mismos permanecerán en las oficinas para el examen de las partes y de todos los que tuvieran interés en la exhibición.

Si el secretario o actuario negare la exhibición podrá reclamarse verbalmente ante el Tribunal, que decidirá en definitiva, de acuerdo con el artículo 7.

Art. 107. - Préstamos de expedientes

107.1 - Los expedientes podrán retirarse de las oficinas bajo firma de los letrados o de los profesionales legalmente habilitados para hacerlo, sin necesidad de mandato judicial para expresar y contestar agravios. El plazo de retiro será el señalado para la presentación del escrito respectivo.

107.2 - Podrán igualmente ser retirados en la misma forma para su estudio, por un plazo de hasta tres días hábiles, siempre que su préstamo no obste al cumplimiento de una diligencia pendiente, o no perturbe el desarrollo normal del juicio.

107.3 - En todos los casos, se podrá negar la entrega del expediente facilitando facsímil del mismo a costa del peticionante.

107.4 - Vencido el plazo, el secretario o actuario, sin necesidad de orden judicial, dispondrá su requerimiento por oficial de justicia. Si la entrega no se efectuara dentro de las veinticuatro horas siguientes, dará cuenta al Tribunal, quien sin perjuicio de la saca inmediata, podrá imponer al remiso una multa no menor del equivalente a diez Unidades Reajustables, ni mayor a cinco veces esa suma, la que se hará efectiva por el oficial de justicia, por la vía de apremio; el importe podrá aplicarse a la adquisición de útiles de oficina dando cuenta, inmediatamente, a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal podrá, además, inhabilitar al profesional sancionado para retirar expedientes de la oficina por un término que no podrá exceder de seis meses. El profesional será solidariamente responsable con el apoderado o litigante que obtuvo la entrega de todos los perjuicios que se causen a la contraparte, no sólo por la demora en la devolución, sino también por el extravío de dichos autos o de cualquier parte de ellos. La fijación de estos perjuicios se hará por apreciación jurada del perjudicado, pudiendo el Tribunal moderarla si la encuentra excesiva.

Art. 108. - Archivo de expedientes

Concluido un expediente o cuando las circunstancias lo aconsejen, se dispondrá su archivo.

En esa condición podrá ser consultado libremente, pero no retirado sino de mandato judicial para ser agregado a otros autos o para otra finalidad legítima y con calidad de oportuna devolución.

Art. 109. - Reconstrucción de expedientes

109.1 - Cuando por cualquier causa se hubiere perdido, destruido u ocultado el original de una actuación procesal, necesaria, la copia autenticada de ella tendrá el mismo valor. Para su utilización, el Tribunal ordenará a quien la tenga que la consigne en Secretaría.

109.2 - Cuando no haya copia de las actuaciones destruidas o desaparecidas, el Tribunal ordenará que se rehagan, para cuyo fin practicará las diligencias probatorias que evidencien su preexistencia y contenido.

109.3 - Cuando la reconstrucción no fuere posible, el Tribunal ordenará, si lo entendiera necesario, la renovación de los actos, prescribiendo el modo de hacerlo.

SECCION VII
DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 110. - Especificidad y trascendencia de la nulidad

No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice.

Puede no obstante ser anulado cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin.

La anulación no procede, aún en los casos establecidos precedentemente, si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión.

Art. 111. - Reclamación de la nulidad

La nulidad deberá ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, cuando la ley la califique expresamente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez.

En los demás casos sólo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por haber sufrido perjuicios por su violación.

Art. 112. - Subsanación de la nulidad

No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente.

Importa consentimiento tácito el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente.

Art. 113. - Extensión de la nulidad

La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que son independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que no son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.

Art. 114. - Anulación de actos procesales fraudulentos

Podrá pedirse, aún después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión.

Esta anulación podrá pedirse sólo por aquellos a quienes el dolo, o colusión han causado perjuicio, y de acuerdo con los principios mencionados en los artículos anteriores. Los terceros pueden también solicitar esta anulación.

Si los actos fueren anulados, se repondrán las cosas en el estado anterior a los mismos. Pero en ningún caso la anulación podrá perjudicar a terceros de buena fe ni anular los actos y contratos celebrados con el dueño aparente de los bienes.

Art. 115. - Vías procesales para la reclamación de la nulidad

115.1 - La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar por vía de excepción o de defensa, al contestarla.

115.2 - La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles se debe reclamar por vía del recurso de reposición y por el de apelación, éste correspondiere, así como por el de revisión en los casos previstos por el artículo 114.

115.3 - Procede reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o excepción; en tal caso la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los veinte días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto.

Art. 116. - Declaración de nulidad en segunda instancia

El Tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá observar, previamente a la decisión, si se ha hecho valer, en el escrito interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable.

En caso de que así fuera, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiera la reclamación y la declaración de nulidad hiciera imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.

CAPITULO II
ACTOS DE PROPOSICION

SECCION I
DE LA DEMANDA

Artículo 117. - Forma y contenido de la demanda

Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

1) El Tribunal al que va dirigida;

2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad; su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio;

3) El nombre y domicilio del demandado;

4) La narración precisa de los hechos y del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

5) El petitorio formulado con toda precisión.

6) El valor de la causa, si fuera determinable;

7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Art. 118. - De la prueba en la demanda

118.1 - Se acompañará a la demanda toda la prueba documental que se intente hacer valer y los documentos que acrediten la personería de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40, así como testimonio del acto conciliatorio en los casos en que éste procede.

Si no se dispusiere de alguno de esos instrumentos, se reseñará su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentra, solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

118.2 - También deberá indicar el actor el nombre y domicilio de los testigos de que habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse, solicitando su diligenciamiento.

118.3 - Sólo las pruebas supervivientes o las referidas a hechos nuevos o las anteriores de que no se tuvo conocimiento o cuya descripción fue imposible, podrán ser propuestas posteriormente.

Art. 119. - Contralor sobre la demanda

119.1 - Presentada una demanda en condiciones que no ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones generales que establecen las formalidades para la comparecencia en proceso, el Tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que se señale bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

119.2 - Si el Tribunal estimara que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión.

Si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria que rechaza la demanda por improponible, el Tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado.

La resolución final que recaiga en este último caso, tendrá eficacia para ambas partes.

Art. 120. - Acumulación de pretensiones

120.1 - El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1) Que se trate de pretensiones de igual o análoga materia o, si fueren diversas, que sean conexas entre sí;

2) Que no sean contrarias entre sí, salvo el caso en que se proponga una como subsidiaria de la otra;

3) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

120.2 - También podrá acumularse en una demanda, pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

Art. 121. - Cambio de demanda

121.1 - Podrá cambiarse la demanda antes que haya sido contestada.

121.2 - Si después de contestada la demanda sobreviniese algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la citación para sentencia; si fuera posterior a ese momento, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En todos los casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondiente.

Art. 122. - Efectos de la demanda

La demanda formalmente idónea determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. En su virtud:

1) La competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinaron;

2) Las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieren cambiado.

3) La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por este Código.

4) Queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido.

5) Se producirán los demás efectos jurídicos sustanciales legalmente establecidos.

Los efectos de la litispendencia podrán ser relevados a instancia de parte o de oficio.

SECCION II
DEL EMPLAZAMIENTO

Artículo 123. - Procedencia del emplazamiento

123.1 - El emplazamiento consiste en la convocatoria al demandado para que comparezca a estar a derecho dentro del plazo que corresponda, haciéndole saber, en la forma prevista por la ley, la interposición de la demanda, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se seguirá el proceso con las consecuencias que la ley determine, según los casos.

123.2 - Procede también el emplazamiento, de acuerdo con las mismas formas, en cuanto fueren aplicables, en caso de renuncia o muerte del representante que actúa en un proceso ya iniciado y en caso de muerte de alguna de las partes.

123.3 - En los casos a que se refiere el ordinal anterior, el emplazamiento se hará al representado o a los herederos, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer dentro del plazo que el Tribunal señale, se seguirán adelante los procedimientos (artículo 35.1).

Art. 124. - Emplazamiento dentro de radio

Si el demandado se domicilia dentro de la ciudad, villa o pueblo en que se sigue el proceso, el emplazamiento se practicará en la forma establecida para las notificaciones personales a domicilio.

Art. 125. - Emplazamiento fuera de la ciudad

Si el demandado se domicilia fuera de la ciudad, villa o pueblo, el emplazamiento se practicará en la forma prevista para las notificaciones en ese lugar.

En este caso, el plazo correspondiente se aumentará con un día por cada cien kilómetros, según la planilla de distancias que confeccione la Suprema Corte de Justicia.

Art. 126. - Emplazamiento fuera del país

Si el demandado se hallare fuera del país, será emplazado mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que se domicilia.

El plazo para comparecer será fijado prudencialmente por el Tribunal entre un mínimo de sesenta días y un máximo de noventa.

Art. 127. - Emplazamiento con domicilio desconocido

127.1 - Cuando el actor ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento consistirá en llamarle mediante edictos, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio.

127.2 - En las demandas dirigidas contra personas indeterminadas, o inciertas, podrá verificarse el emplazamiento a todos los que se consideren habilitados a deducir oposición, bajo apercibimiento de nombrárseles defensor de oficio, con quien se seguirá el proceso.

127.3 - Los términos del emplazamiento serán de sesenta días si el demandado se hallare en el país, y de noventa días si se hallare fuera de él.

Art. 128. - Emplazamiento al apoderado

El emplazamiento podrá hacerse en la persona del apoderado, con mandato suficiente, siempre que el mandante no se hallare dentro del área del Tribunal.

Art. 129. - Sanción por omisión

129.1 - La omisión o alteración de las formas del emplazamiento apareja la nulidad insanable del mismo.

129.2 - No existirá sin embargo nulidad, si la forma utilizada ofreciera al emplazado las mismas o más garantías que las que este Código establece.

129.3 - Tampoco podrá reclamarse la nulidad por quien ha comparecido en el proceso sin plantear dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto, ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente del proceso omitiendo reclamar la nulidad dentro del plazo acordado (artículo 115).

SECCION III
DE LA CONTESTACION Y DE LA RECONVENCION

Artículo 130. - Forma y contenido de la contestación

130.1 - Salvo disposición expresa en contrario, la contestación deberá presentarse por escrito y ajustarse a las formas establecidas para la demanda excepto en lo que resultare inaplicable.

130.2 - El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ella se hubieren acompañado y cuya autoría le fuere atribuida.

Su silencio o respuestas ambiguas o evasivas se tendrán como admisión de esos hechos y de la autenticidad de los documentos.

Art. 131. - De la prueba en la contestación

El demandado, al contestar, deberá acompañar la prueba conforme a lo dispuesto por el artículo 118.

Art. 132. - Actitudes del demandado

El demandado puede, eventualmente, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud de expectativa, contestar contradiciendo o deducir reconvención.

Si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto.

Art. 133. - Excepciones previas

El demandado puede plantear como excepciones previas:

1) La incompetencia del Tribunal;

2) La litispendencia;

3) El defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones;

4) La incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último;

5) La prestación de caución en el caso de procuración oficiosa (artículo 41);

6) El emplazamiento de terceros en los casos en que, según la ley, corresponde su llamamiento al proceso;

7) La prescripción o la caducidad;

8) La cosa juzgada o la transacción;

9) La falta de legitimación o interés, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.

El Tribunal relevará de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.

Art. 134. - Allanamiento a la demanda

El demandado podrá allanarse a la demanda, reconociendo su fundamento y aceptando la pretensión; en este caso el Tribunal deberá dictar sentencia de inmediato, sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.

Corresponderá, por el contrario, seguir los trámites del proceso respectivo, si la cuestión planteada interesa al orden público, si se tratare de derechos indispensables o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión.

Art. 135. - Actitud de expectativa

Cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carezca de la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos, como el heredero o el defensor de oficio, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

La respuesta de expectativa no impide producir prueba sobre hechos tendientes a destruir las pretensiones del actor.

Art. 136. - Reconvención

136.1 - La reconvención procederá únicamente:

a) Cuando el proceso admita expresamente su proposición;

b) Cuando de formularse en proceso separado, procedería la acumulación.

136.2 - Serán aplicables en lo pertinente a la reconvención, todas las reglas establecidas en este Código respecto a la demanda.

CAPITULO III
PRUEBAS

SECCION I
REGLAS GENERALES

Artículo 137. - Necesidad de la prueba

Corresponde probar los hechos en que se fundan las partes y sean controvertidos. También requieren prueba los hechos, aún admitidos por ambas partes, si por estar involucrado el interés público, así lo dispone la ley.

Art. 138. - Exención de prueba

No requieren ser probados:

1) Los hechos notorios, salvo si constituyen el fundamento de la pretensión y no son admitidos por las partes;

2) Los hechos evidentes;

3) Los hechos presumidos por la ley; contra tales presunciones es admisible la prueba en contrario, siempre que la ley no lo excluya.

Art. 139. - Carga de la prueba

139.1 - Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.

139.2 - La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del Tribunal ni a su apreciación, conforme a las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias en la prueba.

Art. 140. - Valoración de la prueba

Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

El Tribunal indicará, concretamente, cuales medios de prueba fundan principalmente su decisión.

Art. 141. - Regla de experiencia

A falta de reglas legales expresas, para inferir del hecho conocido el hecho a probar, el Tribunal aplicará las reglas de la común experiencia extraídas de la observación de lo que normalmente acaece.

Art. 142. - Producción de la prueba

Salvo disposición especial en contrario, todas las pruebas deben ser producidas en audiencia y conforme a lo que se dispone en el Libro II de este Código.

Art. 143. - Prueba del derecho

El derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba y el Tribunal y las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para llegar a su conocimiento.

Art. 144. - Rechazo de la prueba

144.1 - Una vez que en la oportunidad correspondiente queden determinados los hechos a probar, el Tribunal rehusará a petición de parte o de oficio -con mención expresa de este fundamento- el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho (artículo 24, numeral 6).

144.2 - Asimismo y al dictar sentencia, desechará las pruebas impertinentes.

Art. 145. - Prueba trasladada

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ellas.

Art. 146. - Medios de prueba

146.1 - Son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones.

146.2 - También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.

146.3 - La ley que rija el acto jurídico materia del proceso, regulará la admisión y apreciación de los medios de prueba.

Art. 147. - Recurribilidad de las resoluciones judiciales relativas a la prueba

Serán apelables con efecto diferido las resoluciones dictadas por el Tribunal sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba.

SECCION II
DE LA DECLARACION DE PARTE

Art. 148. - Admisibilidad

Sin perjuicio de las facultades que asigna al Tribunal el artículo 24, numeral 5, las partes podrán recíprocamente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba. El interrogatorio también procederá respecto de cualquier litigante con interés distinto de aquél que lo solicita.

Art. 149. - Interrogatorio

149.1 - El interrogatorio, sea el dispuesto de oficio o por medio de parte, se hará por el Tribunal, recayendo las preguntas sobre los hechos controvertidos; terminado el mismo, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetas a la dirección del Tribunal conforme a lo dispuesto por el artículo 161, numeral 3.

149.2 - El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por el Tribunal de oficio o a solicitud de la parte contraria, sin necesidad de previa citación, en el curso de cualquier audiencia.

149.3 - También podrá efectuarse, previa citación específica para ese acto y con la prevención a que refiere el ordinal siguiente, a iniciativa del Tribunal o a petición de parte que deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por el artículo 150.

149.3 - La incomparecencia a la citación, sin causa justificada o la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión.

Art. 150. - Posiciones

150.1 - Las partes pueden ponerse recíprocamente posiciones, debiéndose formular la solicitud respectiva con acompañamiento del pliego cerrado que las contenga, con antelación suficiente a la fecha de la audiencia de prueba para permitir la citación del absolvente.

150.2 - La citación deberá entregarse en el domicilio constituido del absolvente con tres días de anticipación por lo menos; en ella se apercibirá de que si no compareciere, se negare a responder o lo hiciere con evasivas, se le tendrá por confeso.

150.3 - El pliego contendrá posiciones que serán redactadas en forma asertiva, no pudiendo versar cada posición más que sobre un hecho concreto, o algún otro intimamente ligado.

Art. 151. - Formas

151.1 - La declaración y la obsolución deberán ser hechas por la parte personalmente.

151.2 - Tratándose de menores púberes, el Tribunal podrá disponer su interrogatorio, lo que se efectuará en presencia de su representante legal.

151.3 - Podrá interrogarse a los apoderados por los hechos realizados por éstos en nombre de sus mandantes.

151.4 - La persona jurídica citada, deberá designar a la persona física que la integra que habrá de comparecer al acto de interrogatorio o de absolución por su conocimiento de los hechos controvertidos; sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer o la parte contraria solicitar, el interrogatorio en calidad de testigo de cualquier otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección.

Art. 152. - Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso

Tratándose de parte que se domicilie en el extranjero o a más de cien kilómetros de la sede del Tribunal, el interrogatorio o la absolución podrá efectuase por medio del Tribunal comisionado.

Art. 153. - Confesión

153.1 - La confesión de parte se realiza por ésta o su representante si al contestar el interrogatorio, al absolver posiciones o en cualquier otro acto escrito u oral del proceso, admite la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés y favorable a la adversaria.

153.2 - La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Cesa de hacer fe cuando conste haber sido determinada por error, violencia o dolo.

153.3 - La confesión ficta a que refieren los artículos 149.4 y 150.2 hace prueba, salvo en lo que resultare contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa.

SECCION III
DE LA DECLARACION DE TESTIGOS

Art. 154. - Admisibilidad

La prueba testimonial es siempre admisible, salvo que la ley disponga lo contrario.

Art. 155. - Testigos

Podrá declarar como testigo cualquier persona física, excepto:

1) Los menores de catorce años;

2) Los que por enfermedad o debilidad mental en el tiempo al cual debe referirse su declaración, eran incapaces de percibir el hecho a probar;

3) Los que por debilidad o enfermedad mental al tiempo de la declaración son incapaces de comunicar sus percepciones.

Art. 156. - Exenciones al deber de testimoniar

156.1 - Tienen la facultad de abstenerse de testimoniar el cónyuge, aún separado, los parientes consanguineos hasta el segundo grado y los afines y adoptivos en el primer grado, salvo, para todos ellos, que el proceso refiera a cuestiones de estado o de filiación y, en general, a cualquier hecho íntimo.

156.2 - Asimismo pueden rehusarse a contestar preguntas que violen su deber o facultad de reserva, aquellos que están amparados por el secreto profesional o que por disposición de la ley deban guardar secreto.

Art. 157. - Testigos sospechosos

Constituyen declaraciones sospechosas las de aquellos que, en concepto del Tribunal, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas similares.

Art. 158. - Prueba de las circunstancias sospechosas

Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de testigos, serán acreditadas por las partes por cualquier medio idóneo en la etapa de producción de las prueba y serán apreciadas por el Tribunal en la sentencia.

La admisión por el testigo de la circunstancia imputada dispensa de toda otra prueba.

El Tribunal, al valorar la prueba, tendrá en cuenta las circunstancias sospechosas que disminuyen la fe de quien presta la declaración.

Art. 159. - Petición de la prueba testimonial

Cuando se solicite prueba testimonial se deberá indicar el nombre, edad, domicilio y profesión de los testigos y enunciarse, sucintamente, el objeto de la prueba.

Sobre cada hecho a probar no podrá proponerse más de cinco testigos, salvo que exista motivo fundado a juicio del Tribunal.

Art. 160. - Citación del testigo

160.1 - Los testigos serán citados con tres días de anticipación, por lo menos, por cédula en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción para el caso de desobediencia.

160.2 - Se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; en este caso si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5.

160.3 - El testigo, que citado por el Tribunal rehúse comparecer será conducido a presencia de aquél por la fuerza pública.

160.4 - El testigo que rehusara declarar incurrirá en desobediencia al Tribunal y éste podrá imponer su arresto hasta por cinco días.

Art. 161. - Audiencia de declaración

La declaración de los testigos se realizará en audiencia presidida por el Tribunal, interrogándose a cada uno separadamente, previa promesa o juramento de decir verdad y conforme a las siguientes reglas:

1) El Tribunal interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, profesión, ocupación, estudios que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha; a continuación ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto de su declaración, interrogándole sobre ellos.

2) El Tribunal exigirá al testigo que exponga la razón de conocimiento de sus dichos, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento.

3) Terminado el interrogatorio por el Tribunal, las partes podrán interrogar libremente al testigo por intermedio de sus abogados bajo la dirección del Tribunal que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

4) El testigo no podrá leer notas ni apuntes, a menos que el Tribunal lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere justificado.

5) Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse de la sede del Tribunal cuando éste lo autorice.

Art. 162. - Careo

Podrá ordenarse de oficio o a petición de parte, careos de los testigos entre sí o de éstos con las partes, con fines aclaratorios.

Art. 163. - Declaración por informe

Sólo podrán dar testimonio por certificación o informe, el Presidente de la República, el Vice-Presidente, los Ministros y Sub-Secretarios del Poder Ejecutivo los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, los Oficiales Generales en actividad de las Fuerzas Armadas, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, los Jueces Letrados, los Fiscales Letrados, los Embajadores y Diplomáticos acreditados en la República que gocen de inmunidad de acuerdo con el Derecho Internacional.

Art. 164. - Testigo falso

Si el Tribunal ante quien se presta la declaración, considera que el testigo falta a sabiendas a la verdad, podrá disponer su inmediato arresto y conducción ante el Tribunal competente del orden penal, a quien remitirá, dentro de las veinticuatro horas, los antecedentes del caso.

SECCION IV
DE LOS DOCUMENTOS

Art. 165. - Presentación del documento

La parte que deba servirse de un documento que tiene en su poder, podrá presentarlo al Tribunal en la forma establecida por el artículo 72.1 y en las oportunidades prescriptas al efecto (artículos 118.1 y 3 y 131).

Art. 166. - Documentos en oficinas públicas

La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina pública, podrá solicitarlo por intermedio del Tribunal. El abogado o el procurador de la parte podrá también requerir directamente testimonio o facsímil autenticado del mismo, especificando el proceso al que se destina.

En caso de que el requerido se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que decida el Tribunal al respecto.

Art. 167. - Documentos en poder de terceros

Cuando las partes deban servirse de documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al Tribunal que disponga su entrega, sea en original o en las copias que prevé el artículo 72.1.

El requerido podrá oponerse a esa entrega si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio, lo que apreciará el Tribunal.

Art. 168. - Documento en poder del adversario

La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario, podrá pedir al Tribunal que intime a aquél su presentación en el plazo que se determine.

Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento resultara manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de ese contenido.

Art. 169. - Prueba de libros de comercio

La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las disposiciones de las leyes mercantiles.

Art. 170. - Autenticidad de los documentos

170.1 - El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas se encuentren autenticadas por notorio o autoridad competente.

170.2 - Los demás documentos privados, suscriptos por la parte o manuscritos por la misma, se tendrán por auténticos salvo que se desconozca la firma o, en el segundo caso, la autoría, en las oportunidades que se indican en el artículo siguiente o se impugnen mediante tacha de falsedad.

Art. 171. - Desconocimiento de la firma o de la autoría del documento privado suscripto o manuscrito por la parte

Si los documentos se presentan con la demanda o con la reconvención, la parte contraria sólo podrá desconocerlos al contestarlas.

Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención o en cualquier otra oportunidad en que ello fuera admisible, el desconocimiento deberá formularse dentro de las seis días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su agregación, salvo si se agregaran en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma.

Art. 172. - Tacha de falsedad

172.1 - La parte que impugne de falsedad material un documento público o un documento privado auténtico o tenido por auténtico, presentado por su adversario, deberá hacerlo en las oportunidades a que aluden los incisos segundo y tercero del artículo anterior, promoviendo demanda incidental con la que se formará pieza por separado, en cuyo procedimiento, además de la parte contraria, será oído el Ministerio Público.

La falsedad ideológica o la nulidad del documento se argüirá como defensa en el propio proceso.

172.2 - Si de la tramitación del incidente surgiere la existencia de un delito, se dará cuenta al Tribunal competente en lo Penal; el proceso penal por falsedad no detiene la tramitación del proceso civil, ni su sentencia modificará las conclusiones de este último, salvo lo dispuesto en el artículo 283.2.

Art. 173. - Reconocimiento de documentos privados

173.1 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 170.2, la parte que desee servirse de un documento privado suscripto o manuscrito por la contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo admite, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores.

Citado el autor por única vez, con el plazo de cinco días, si no concurriere, se tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, concurriendo, diere respuestas evasivas.

Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la firma o la escritura sean de su causante; pero si no concurrieren a la citación, se tendrá la firma o la escritura por reconocidas.

173.2 - Si el documento fuera suscripto o manuscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar, indistintamente, al representante o al representado. Si el primero reconociere la firma o la escritura o no concurriere a la citación, se tendrá al documento como auténtico para el representado, una vez probada la representación al tiempo del otorgamiento.

Art. 174. - Cotejo de letras o firmas

En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría (artículos 171 y 173), la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba.

Art. 175. - Documentos admisibles e inadmisibles

175.1 - Podrán presentarse toda clase de documentos, aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, radiografías, mapas, diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares.

175.2 - No serán admitidas como medios de prueba las cartas misivas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, quiebra, concurso y en juicios de o contra el Estado y demás personas públicas.

Art. 176. - Documentos incompletos

Los instrumentos rotos, cancelados, quemados o raspados en parte sustancial, no hacen fe.

Tampoco hacen fe los documentos en la parte que estuvieren enmendados o interlineados, si la enmendatura o entrelínea no fuere salvada bajo la firma del autor o autorizante del documento.

SECCION V
DE LA PRUEBA PERICIAL

Artículo 177. - Procedencia

177.1 - Procede la prueba pericial, cuando para verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos artísticos, científico o técnicos especiales.

177.2 - Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El Tribunal podrá disponer de oficio de un nuevo dictamen cuando, a su juicio, procediere.

Art. 178. - Número de peritos

El perito será uno sólo designado por el Tribunal, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o lo requiera la complejidad de la cuestión a juicio del mismo Tribunal, quien también podrá, según las circunstancias, solicitar el dictamen de institutos, Academias, Colegios u otros organismos.

Art. 179. - Impedimentos y recusaciones de los peritos

Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los Jueces.

La causal deberá ser dada a conocer por el perito o por las partes dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia que lo designe.

Si aducida causal de recusación, la misma no fuera aceptada por el perito, se procederá por el trámite de los incidentes y la resolución que recaiga será irrecurrible.

La recaudación de los peritos propuestos por las partes sólo podrá fundarse en causas supervinientes.

Art. 180. - Procedimiento

La parte que solicite un dictamen pericial señalará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar; al conocer esa solicitud el adversario podrá adherir a la misma agregando nuevos puntos.

El Tribunal resolverá sobre la procedencia del dictamen y determinará los puntos que han de ser objeto del mismo de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que de oficio considere conveniente formular. Asimismo fijará el plazo en el que deberá presentarse el dictamen, pudiendo prorrogarlo por una sola vez en caso de motivo fundado, vencido el cual, caducará el encargo.

Art. 181. - Práctica de la prueba

Los peritos, en caso de ser varios, deberán practicar unidos la diligencia.

En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia, a los efectos de que puedan concurrir asistidos por sus abogados y sus asesores técnicos, pudiendo hacer las observaciones que estimen convenientes.

Art. 182. - Obligatoriedad del encargo y responsabilidad

182.1 - Los peritos designados tienen el deber de cumplir sus funciones, salvo justa causa de abstención que deberán poner en conocimiento del Tribunal dentro de los tres días siguientes a la comunicación de su designación y que aquél apreciará libremente.

182.2 - El incumplimiento por el perito del encargo judicial le hará pasible de responsabilidad civil frente a las partes y disciplinaria ante el Tribunal.

Art. 183. - Observaciones al dictamen

183.1 - El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de tres días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o, si ello no fuera posible, en el plazo que establezca el Tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito.

183.2 - También, en las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez (artículo 177.2).

183.3 - El Tribunal también podrá requerir del perito las aclaraciones y ampliaciones que estime convenientes y disponer, por pedido de la parte que entienda fundado o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.

Art. 184. - Apreciación del dictamen

Los dictámenes de los peritos, salvo el caso que las partes le hayan dado a aquellos el carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 140), debiendo consignar en el fallo los motivos que tenga para apartarse de él, cuando así lo haga.

Art. 185. - Honorarios de los peritos

185.1 - Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la diligencia, sin perjuicio de las condenaciones que imponga la sentencia.

185.2 - En los casos que la pericia hubiere sido dispuesta por el Tribunal, requerida por ambas partes o si, pedida por una, la otra también hubiere solicitado pronunciamiento sobre determinadas cuestiones, los honorarios serán satisfechos por mitades.

185.3 - En el peritaje solicitado por las partes se deberá consignar, previamente, bajo apercibimiento de tenerse por renunciada esa prueba, una suma adecuada para garantizar el pago de los honorarios y gastos, los cuales serán fijados en la sentencia definitiva.

SECCION VI
INSPECCION JUDICIAL Y REPRODUCCIONES

Artículo 186. - Inspección judicial

El Tribunal, a petición de las partes o de oficio, puede inspeccionar personas, lugares o cosas con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la decisión del proceso.

Art. 187. - Procedimiento de la inspección judicial

Al ordenarse la prueba se individualizará su objeto y se determinará la fecha y lugar en que se realizará, pudiéndose disponer la concurrencia de peritos o de testigos a dicho acto.

A la diligencia asistirá el Tribunal y podrán hacerlo las partes con sus abogados y asesores técnicos, quienes podrán formular las observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta en forma resumida.

A los peritos se les requerirán las explicaciones técnicas del caso, pudiendo el Tribunal por excepción, disponer que informen por separado en el plazo que se les fijará al efecto.

A los testigos se les interrogará, libremente sobre el objeto de la inspección.

Art. 188. - Reconstrucción

Por el mismo procedimiento (artículos 186 y 187) podrá procederse a la reconstrucción de hechos bajo la dirección del Tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la diligencia y sus detalles, sin perjuicio de la utilización de medios técnicos para el registro de lo actuado.

Art. 189. - Colaboración para la práctica de la medida probatoria

189.1 - Los terceros y las partes tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva y adecuada realización de las inspecciones, reconstrucciones y pericias. En caso de injustificado rehusamiento de los terceros a prestar la colaboración, el Tribunal adoptará las medidas conminatorias apropiadas remitiendo, si correspondiere, testimonio de lo actuado a la justicia penal a los efectos pertinentes.

189.2 - Si la colaboración referida causare gastos u otro menoscabo patrimonial a los terceros, el Tribunal fijará en forma irrecurrible las cantidades que las partes, conforme al régimen del artículo 185, habrán de abonar a título de indemnización.

189.3 - Si quien debiera prestar colaboración fuera una de las partes y se negara a suministrarla, el Tribunal le intimará a que la preste. Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el Tribunal dispondrá se deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del hecho que se quiere probar.

SECCION VII
PRUEBA POR INFORME

Artículo 190. - Procedencia

190.1 - Los informes que se soliciten a entidades públicas o privadas deberán versar sobre hechos claramente individualizados y referir a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro del informante.

190.2. - No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar.

190.3 - Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe sólo podrá ser negado si existiere causa de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del Tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio, estándose a lo que éste resuelva.

Art. 191. - Colaboración del informante

Corresponderá aplicar, respecto del diligenciamiento de esta prueba, lo establecido en el artículo 189.1 y .2 en lo que fuere pertinente.

Art. 192. - Facultades de las partes

192.1 - La contraparte podrá formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse.

192.2 - También podrán impugnar de falsedad al informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes en que se fundara la contestación.

Tal impugnación sólo podrá ser formulada dentro del quinto día siguiente al de la notificación de la providencia que ordena la agregación del informe o del de la audiencia en que se presente y se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si resultare la presunción de la existencia de un delito de falsificación será aplicable lo dispuesto por el artículo 172.2.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA PRUEBA

Artículo 193. - Pruebas posteriores a la conclusión de la causa

193.1 - Conclusa la causa para sentencia, no será admitida a las partes prueba alguna.

193.2 - El Tribunal podrá disponer, en forma excepcional y dejando expresa constancia de las razones por las cuales no dispuso su diligenciamiento de oficio, durante el trámite anterior del proceso, cualquier prueba que considere indispensable para mejor proveer. Contra su resolución sólo cabrá el recurso de reposición para que se deje sin efecto la medida o se la modifique.

Las diligencias para mejor proveer se decretarán con citación de las partes, las que podrán controlar su producción y solicitar el diligenciamiento de la contraprueba que corresponda.

El Tribunal de segunda instancia, si considera que mediante dicha prueba se ha alterado gravemente el principio de igualdad de las partes en el proceso, podrá disponer las medidas complementarias que entienda adecuadas para asegurar el respeto de dicha igualdad y del derecho de defensa en juicio.

Art. 194. - Efectos de las diligencias para mejor proveer sobre los plazos para dictar sentencia

194.1 - Las diligencias para mejor proveer no podrán suspender los plazos para dictar sentencia o de estudio (artículos 203 y 205) por más de sesenta días, vencidos los cuales volverá a correr dicho plazo en forma automática.

194.2 - Las medidas solicitadas por los integrantes de un cuerpo colegiado para mejor estudio o las solicitadas por el Ministerio Público para mejor expedirse, no podrán suspender los respectivos plazos (artículos 30.2 y 204) por más de sesenta días, vencidos los cuales volverán a correr en forma automática.

CAPITULO V
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

SECCION I
FORMA Y CONTENIDO

Artículo 195. - Forma de las resoluciones judiciales

Los Tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias de trámite y sentencias interlocutorias y definitivas.

Art. 196. - Providencias de trámite

Las providencias de trámite se dictarán dentro de las cuarenta y ocho horas de presentadas las peticiones de las partes o las exposiciones de la oficina, salvo las que corresponda proferir en la audiencia.

Art. 197. - Sentencias - Formas

El Tribunal estudiará por sí mismo los procesos y dictará personalmente la sentencia, suscribiéndola.

Cuando se pronuncien en audiencias se insertarán en el acta respectiva. La sentencia contendrá la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes intervinientes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente.

A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos litigiosos, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por tales.

Y seguirá con la exposición de las razones jurídicas por cuyo mérito se aplique a aquellos el derecho, concluyéndose con la parte dispositiva, que se redactará en términos imperativos.

Art. 198. - Contenido de la sentencia

Las sentencias contendrán decisiones expresas, positivas y precisas, recaerán sobre las cosas litigadas por las partes, con arreglo a las pretensiones deducidas, declarando el derecho de los litigantes y pronunciándose sobre las condenaciones en costas y costos.

Art. 199. - Pronunciamiento según equidad

Mediando acuerdo de partes, siempre que éstas tengan la libre disposición del derecho aducido en juicio, puede el Tribunal fallar el asunto en equidad (artículo 25.1).

Art. 200. - Decisión anticipada

200.1 - Los cuerpos colegiados por unanimidad de votos, podrán resolver, en cualquier momento, el estudio en el acuerdo en los casos siguientes:

1) Si se tratase de cuestiones simples o reiteradamente consideradas por el Tribunal;

2) Si existe jurisprudencia sobre el caso en el Tribunal y el mismo decide mantenerla;

3) Por manifiestas razones de urgencia;

4) Si es evidente la finalidad de retardar innecesariamente el proceso.

200.2 - En los mismos casos y cuando se trate de sentencias de segunda instancia, también podrán dictar decisión anticipada los Tribunales unipersonales.

Art. 201. - Discordia parcial

Cuando en los cuerpos colegiados se suscite discordia de naturaleza parcial, se redactará y suscribirá la sentencia en los puntos de acuerdo, manteniéndose reservada y agregándose a la que se dicte luego sobre el punto discorde, para lo cual se procederá a la integración, constituyendo una sola decisión, que así será notificada. El punto discorde será fijado por el Tribunal en forma de acta reservada, señalando concretamente la posición de cada uno de sus integrantes al respecto, con sus fundamentos, la que se incorporará a los autos una vez dictada la sentencia.

Art. 202. - Providencia con citación

Siempre que se ordene algo con citación, el Actuario deberá suspender el cumplimiento de lo ordenado hasta que hayan pasado tres días después de la notificación hecha a la parte que debe ser citada. Esta podrá deducir oposición dentro de ese término, vencido el cual precluirá su facultad impugnativa.

SECCION II
PLAZOS PARA EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS

Artículo 203. - Plazos para dictar sentencia

203.1 - Los Tribunales deberán dictar sentencia en audiencia, salvo en los procesos especiales en que ello no corresponda.

203.2 - Los Tribunales, sean unipersonales o colegiados, deben dictar la sentencia al cabo de la audiencia final, previa citación para ello, debiendo, en esa misma oportunidad, expedir el fallo con sus fundamentos; de todo lo cual se dará lectura a los efectos de su comunicación (artículo 76).

203.3 - El Tribunal, sea unipersonal o colegiado, podrá diferir formular los fundamentos para una ulterior audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no mayor de diez días, si se trata de sentencia definitiva; los plazos para recurrir se contarán, en este caso, a partir del día siguiente al de la celebración de esta audiencia.

203.4 - Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar el dictado de la sentencia con sus fundamentos por el plazo de quince días, si fuere interlocutoria y cuarenta y cinco días si fuere definitiva, procediéndose conforme a lo establecido en el ordinal anterior.

Art. 204. - Plazos de estudio en los Tribunales colegiados

204.1 - En los Tribunales colegiados, el plazo de estudio de que dispone cada integrante, será de veinte días en los casos de interlocutorias y de cuarenta y cinco tratándose de definitivas (artículo 344.2).

204.2 - El expediente será pasado a estudio en forma simultánea a cada uno de los Ministros en facsímil certificado por el Secretario, quedando el original en Secretaría para la consulta de los integrantes del Tribunal.

204.3 - Devueltos los autos por el último Ministro, se convocará a la audiencia respectiva dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días.

Art. 205. - Plazos de estudio en los Tribunales unipersonales

Cuando la segunda instancia tramite ante un Tribunal unipersonal, su titular dispondrá de los plazos de estudio indicados en el artículo precedente, debiendo convocarse a audiencia también en el plazo de treinta días como máximo.

Art. 206. - Prórroga del plazo

El Juez podrá solicitar de la Suprema Corte de Justicia, antes de transcurrido el último quinto de cada uno de los plazos establecidos, ampliación del término, con remisión de los autos, lo que se acordará por una sola vez si se entendieren fundadas las razones expuestas. El plazo respectivo se continuará computando desde que se hubieren recibido nuevamente los autos en el Tribunal del titular peticionante.

Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia podrán solicitar al respectivo Cuerpo igual ampliación del término para estudio, el que podrá concederlo por única vez si encuentra motivo fundado, en resolución que dictarán los otros Ministros y que, en cada caso y tratándose de Tribunales de Apelaciones, será puesta en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 207. - Suspensión de plazos

Los plazos para dictar sentencia y estudio, se suspenden por las licencias de los Magistrados, las Ferias, y la Semana de Turismo.

Las diligencias para mejor proveer, las que solicitare un Ministro para mejor expedirse, así como las demás indispensables que correspondieren, suspenderán los términos mencionados conforme a lo dispuesto por el artículo 194. Cumplidas que sean recomenzará el transcurso del plazo interrumpido computándose el tiempo transcurrido anteriormente.

Sólo una vez podrán interrumpirse los términos aquí mencionados, en cualquiera de los casos.

Art. 208. - Nota del Actuario o Secretario

En los expedientes en los que el Tribunal conoce en vía de apelación, el Actuario o secretario deberá dejar constancia de la fecha en que eleva los autos a estudio.

Si entre esa fecha y la de la última actuación mediante más de quince días, el plazo de estudio (artículos 204 y 205) comenzará a correr desde la referida última actuación.

Además de la constancia del Secretario, los Ministros harán constar -bajo apercibimiento de incurrir en falta grave- la fecha en que reciben y aquella en que devuelven los autos que les son pasados a estudio.

Art. 209. - En caso de traslado o ascenso

Cuando se traslade o ascienda a un Juez, mantendrá su jurisdicción para dictar sentencia en aquellos asuntos en los cuales, habiéndose celebrado y concluido proceso por audiencia, está pendiente de dictarse dicha sentencia.

Art. 210. -

No podrá otorgarse ninguna licencia extraordinaria -que no se funde en motivos de enfermedad- a ningún Magistrado que registre atrasos en las sentencias.

Art. 211. - En caso de renuncia

No se admitirá ninguna renuncia, salvo cuando el cese esté dispuesto constitucionalmente (artículo 250 de la Constitución) o por otra causa justificada a juicio del jerarca, si el Magistrado se encuentra atrasado en el dictado de sus sentencias.

Art. 212. - Atraso reiterado

El retraso reiterado en el dictado de sentencias fuera de los plazos aquí establecidos, constituirá falta grave que obstará al ascenso del Magistrado, sin perjuicio de las sanciones que disponga la Ley Orgánica.

Art. 213. - Multas

El Magistrado que dejare vencer los plazos está sancionado con multa. En caso que registre el vencimiento de más de dos casos en el mes será sancionado con la pérdida del diez por ciento del sueldo. Si al cabo del año registra más de seis casos de vencimiento del término, será sancionado, además, con el descuento del veinte por ciento del sueldo al mes siguiente del año calendario y/o del año en que ha permanecido en el cargo.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el control efectivo del cumplimiento de estos deberes y el de la aplicación de las sanciones.

SECCION III
EFICACIA

Artículo 214. - Eficacia de la providencia de trámite

La providencia de trámite podrá rectificarse y ampliarse en cualquier momento, de oficio o a iniciativa de parte, por razones de forma o de fondo, salvo si ya se ha operado preclusión.

Art. 215. - Eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas

La sentencia interlocutoria, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente y la sentencia definitiva, pasarán en autoridad de cosa juzgada:

a) Cuando no sean susceptibles de recursos;

b) Si la parte agraviada las consiente expresamente;

c) Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin proponer el correspondiente recurso; y

d) Cuando los recursos propuestos hubieren sido resueltos y no existieren otros consagrados por este Código.

Art. 216. - Eficacia de la sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso

Lo resuelto por sentencia interlocutoria ejecutoriada, que no sea de aquellas que ponen fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que no implique retrotraer el procedimiento.

Art. 217. - Nulidad insubsanable de las resoluciones judiciales

Toda resolución judicial, viciada por una nulidad insubsanable, podrá ser invalidada de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del proceso.

Art. 218. - Eficacia de la sentencia frente a terceros

218.1 - La cosa juzgada afecta a las partes y a sus sucesores a título universal.

218.2 - También comprende a los codeudores solidarios y a lo titulares del dominio desmembrado; a estos últimos, cuando se juzga un desmembramiento que no es el propio respecto del mismo bien.

218.3 - Los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, aquellos cuyos derechos dependen de éstas o del acto o del contrato cuya validez o eficacia ha sido juzgada, son terceros a los que comprende la cosa juzgada solamente si han tenido conocimiento judicial del pleito o si se amparan a la decisión en la primera oportunidad de que dispongan.

Art. 219. - Efecto de la cosa juzgada en otro proceso

La cosa juzgada, obtenida en proceso contencioso, tendrá efecto en otro proceso siempre que verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y se trate de las mismas partes.

Art. 220. - Efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses difusos

La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos (artículo 42) tendrá eficacia "erga omnes", salvo si es absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso podrá volver a plantearse la cuestión en otro proceso, por otro legitimado.

Art. 221. - Efectos de la cosa juzgada en procesos con emplazamiento a personas indeterminadas

En los procesos en que hayan sido emplazadas como demandados personas indeterminadas, la sentencia surtirá efecto en relación a todas las personas comprendidas en el emplazamiento; salvo que se compruebe en el mismo proceso o en otro, que su identidad era conocida por alguna de las partes.

Art. 222. - Inmutabilidad de la sentencia

222.1 - Pronunciada y notificada la sentencia concluye la jurisdicción del Tribunal respecto de la cuestión decidida, no pudiéndola modificar éste en parte alguna aunque se presenten nuevos documentos o aunque advierta su error, salvo cuando se solicitase aclaración o ampliación (artículo 244).

222.2 - Los errores materiales y los puramente numéricos podrán ser corregidos de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, aún durante la ejecución de la sentencia.

CAPITULO VI
MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSION DEL PROCESO

SECCION I
CONCILIACION Y TRANSACCION

Artículo 223. - Oportunidad y trámite

Las partes podrán conciliar o transar la litis en cualquier estado del proceso, aún después de la citación para sentencia. La transacción deberá presentarse en escrito suscripto por las partes o realizarse ante el Tribunal, de lo que se dejará constancia en acta.

El Tribunal aprobará toda conciliación o transacción que verse sobre derechos disponibles, siempre que se ajuste a los requisitos sustanciales y a la naturaleza del derecho en litigio, declarando en tal caso concluso el proceso si aquellas versan sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no se encuentre firme.

Si la conciliación o la transacción sólo recaen sobre parte del litigio o se relacionan con alguno de los litigantes, el proceso continuará respecto de los puntos no comprendidos en ellas o de las personas no afectadas por las mismas. En este último caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 46.

Art. 224. - Eficacia

La conciliación o transacción que ponen fin al proceso surten el mismo efecto que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 225. - Costas y costos

Cuando el proceso termine por conciliación o transacción cada parte pagará sus gastos, salvo convención en contrario.

SECCION II
DESISTIMIENTO

Artículo 226. - Formas de desistimiento

Puede desistirse del proceso y de la pretensión.

Toda expresión de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido.

El desistimiento puede hacerse aún después de citadas las partes para sentencia.

Art. 227. - Desistimiento del proceso

227.1 - En cualquier estado del proceso anterior a la sentencia, podrá desistirse del mismo, en cuyo caso el Tribunal ordenará el archivo de las actuaciones.

227.2 - El desistimiento del proceso efectuado en primera instancia, pone a las situaciones jurídicas en el estado que tenían antes de la demanda y no impide la renovación del proceso.

227.3 - El desistimiento del proceso en segunda instancia o en instancia de casación, significa la renuncia de la apelación o casación interpuestas y deja firme la sentencia impugnada; igual efecto produce la renuncia del recurso.

227.4 - No puede desistirse del proceso en primera o segunda instancia o en instancia de casación, cuando la contraparte también ha recurrido, sin que conste, por escrito, su conformidad con el desistimiento.

Art. 228. - Desistimiento de la pretensión

En la misma oportunidad a que se refiere el artículo 227.1 el actor podrá desistir de la pretensión o renunciar al derecho.

No se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el Tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio y, en caso afirmativo, a dar por terminado el proceso, el cual no podrá volver a renovarse.

Art. 229. - Desistimiento de la oposición

El demandado podrá desistir de la oposición que hubiere formulado, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia.

Tal desistimiento se tendrá como allanamiento a la pretensión del actor y se regulará por las normas de aquél.

Art. 230. - Desistimiento de actos del proceso

Puede desistirse libremente de uno o más actos del proceso o situaciones procesales favorables ya adquiridas.

Art. 231. - Costas y costos en caso de desistimiento

231.1 - En los casos de desistimiento del proceso, el desistente pagará todos los gastos, salvo que otra cosa se conviniera entre las partes.

231.2 - Tratándose de la renuncia del derecho, desistimiento de la pretensión, de la oposición o de los recursos, el desistente pagará todos los gastos.

Art. 232. - Daños y perjuicios

El desistimiento del proceso no enerva las demandas que pudiera promover el adversario por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido.

SECCION III
PERENCION DE LA INSTANCIA

Artículo 233. - Perención

Se extinguirá la instancia por perención, declarable de oficio o a petición de parte, cuando no se instare su curso dentro del plazo de un año en primera o única instancia y de seis meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes.

Art. 234. - Cómputo

234.1 - Los plazos se contarán desde el día siguiente a la última notificación del último auto que se hubiere dictado o desde el día de la práctica de la última diligencia.

234.2 - Para el cómputo de esos plazos no se contará el tiempo que el proceso hubiere estado paralizado por el acuerdo de partes homologado por el Tribunal (artículo 92).

Art. 235. - Paralización que no produce perención

No operará la perención cuando la paralización del proceso sea debida a causas independientes de la voluntad de los litigantes, que éstos no hayan podido superar utilizando con razonable diligencia los medios procesales a su alcance.

Art. 236. - Improcedencia

No se producirá la perención.

1) En los procedimientos de ejecución de sentencia;

2) En los procesos voluntarios, excepto en los incidentes y procesos contenciosos a que den lugar;

3) En los procesos que se encuentren para sentencia, salvo si se hubieren dispuesto diligencias para mejor proveer cuya producción dependiera de actividad de parte, corriendo el plazo, en ese caso, desde el momento en que se notificó la providencia que las dispuso.

Art. 237. - Contra quienes opera

La perención operará también contra el Estado, los establecimientos públicos y los incapaces y ausentes, siempre que estos últimos estén debidamente representados en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes.

Art. 238. - Procedimiento y recursos

238.1 - La perención opera de pleno derecho; no obstante no podrá ser declarada, ni de oficio ni a petición de parte, luego de que se hubiere realizado algún acto, por cualquiera de los sujetos del proceso, que importe su reanudación.

238.2 - La providencia interlocutoria que declare la perención será susceptible de recursos fundados exclusivamente en error de cómputo o en la intervención de causas ajenas a la voluntad de los litigantes (artículo 235); el auto que no hace lugar a la declaración de perención sólo será susceptible del recurso de reposición.

Art. 239. - Efectos

La perención en primera instancia restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda.

La perención en segunda instancia o en casación, deja firme la sentencia recurrida.

La perención de la instancia hace ineficaces los actos cumplidos, pero no impide renovar el proceso.

No obstante, las pruebas producidas en un proceso perimido conservarán su validez en cualquier otro proceso posterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 145.

Art. 240. - Transcurso de la prescripción

Una vez declarada la perención, las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento de acuerdo con el Código Civil, siguen corriendo tal como si la interrupción no se hubiere producido.

CAPITULO VII
MEDIOS DE IMPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 241. - Impugnabilidad de las resoluciones judiciales

241.1 - Todas las resoluciones judiciales son impugnables salvo disposición expresa en contrario.

241.2 - Puede renunciarse, en forma expresa o tácita, al derecho a recurrir, independientemente de la aceptación de la otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 16.

La renuncia tácita deriva del simple vencimiento del término así como de la realización de un acto incompatible con la voluntad de recurrir.

Art. 242. - Legitimación para impugnar

Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, las partes, entre las cuales se entienden incluidos los terceros intervinientes en el proceso y los sucesores y demás sujetos alcanzados por la sentencia (artículo 218) a los que la resolución cause un perjuicio, aunque éste sea parcial.

Art. 243. - Diversas clases de recursos

243.1 - Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración y ampliación, reposición, apelación, queja por denegación de apelación, de casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad, casación y revisión.

243.2 - También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad conforme a lo establecido por el artículo 115.

SECCION II
RECURSO DE ACLARACION Y AMPLIACION

Artículo 244. - Aclaración y ampliación

244.1 - El Tribunal, a petición de cualquiera de las partes formulada verbalmente en la audiencia o diligencia en que se profiera la providencia o en escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de su notificación, tratándose de providencia dictada fuera de la audiencia o de sentencia definitiva, podrá aclarar algún concepto oscuro o palabras dudosas que contenga. La aclaración se hará sin más trámite, en la propia audiencia, en el primer caso y dentro del tercer día, en el segundo.

244.2 - También se podrá, a igual pedimento y dentro de los mismos plazos, ampliar el fallo pronunciándose sobre algún punto esencial que se hubiere omitido.

244.3 - Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración y ampliación.

244.4 - Estos recursos podrán ser usados por una sola vez por cada una de las partes en relación con cada providencia y proceden respecto de toda clase de ellas.

SECCION III
RECURSO DE REPOSICION

Artículo 245. - Procedencia

Procede el recurso de reposición contras las providencias de trámite y las sentencias interlocutorias a fin que el propio Tribunal, advertido de su error, pueda modificarlas por contrario imperio.

Art. 246. - Plazo y procedimiento

246.1 - Tratándose de providencias de trámite, el recurso deberá interponerse verbalmente, con expresión de las razones que lo sustenten, en la audiencia o diligencia en que se profieran o en escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia, si ésta no se dictó en audiencia o diligencia.

246.2 - El Tribunal podrá decidir de plano el recurso, confirmando o modificando la providencia impugnada.

Podrá, asimismo, en consideración a las circunstancias del caso, oír a la contraparte antes de decidir; si el trámite fuera escrito, el término del traslado será de tres días y si el recurso se hubiere interpuesto en forma verbal, se oirá a la parte contraria en el mismo acto.

246.3 - El recurso deducido en audiencia deberá ser resuelto en la misma, en forma inmediata.

Art. 247. - Efectos de la reposición

Si la decisión fuera modificativa de la anterior, la parte contraria tendrá la facultad de interponer un nuevo recurso de reposición y el de apelación en subsidio, si correspondiere.

SECCION IV
RECURSO DE APELACION

Artículo 248. - Recurso de apelación

La apelación es el recurso concedido a favor de todo litigante que haya sufrido agravio por una resolución judicial, con el objeto de que el Tribunal superior correspondiente estudie la cuestión decidida por la resolución recurrida y la reforme, revoque o anule.

Art. 249. - Causas de la impugnación

La impugnación puede basarse en la improcedencia de la resolución en cuanto a su mérito o en la nulidad por incumplimiento de un requisito del que se derive tal efecto.

La nulidad podrá referir tanto a la sentencia como al procedimiento; pero en este último caso, siempre que no haya mediado subsanación.

Art. 250. - Procedencia

Procede el recurso de apelación:

1) Contra las sentencias definitivas, sin más excepciones que las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley.

2) Contra las sentencias interlocutorias, excepto las dictadas en el curso de una instancia cuya sentencia definitiva no es apelable y las dictadas en el curso de un incidente.

La apelación contra las sentencias interlocutorias será siempre necesariamente subsidiaria del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar, o en la propia audiencia, según los casos (artículo 254).

Art. 251. - Efectos

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 260 respecto de la ejecución provisoria de las sentencias definitivas, el recurso de apelación se admite:

1) Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del Tribunal se suspende desde que queda firme el auto que concede el recurso hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el Tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancian en pieza separada y de todo lo que refiera a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente y de lo relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos.

2) Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en el mismo auto en que se concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior.

El Tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal, comunicando de inmediato al Tribunal inferior cuando resuelva la suspensión.

3) Con efecto diferido, limitándose a la simple interposición del recurso, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará fundamentarlo juntamente con el de la eventual apelación de la sentencia definitiva; producida, se conferirá traslado de ambos recursos a la contraparte resolviéndose aquellos conjuntamente.

Art. 252. - Procedencia de la apelación suspensiva, no suspensiva y diferida

252.1 - Se admitirá la apelación con efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso, haciendo imposible su continuación.

252.2 - Se admitirá la apelación sin efecto suspensivo en todos los demás casos.

252.3 - Se admitirá la apelación con efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley.

Art. 253. - Apelación de sentencias definitivas

253.1 - El recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá en escrito fundado, dentro del plazo de quince días, sustanciándose con un traslado a la contraparte por el término de quince días.

Al evacuar el traslado, podrá la contraparte adherir al recurso, fundando a la vez sus agravios, los que se sustanciarán a su vez con un traslado a la otra parte por el plazo de quince días.

La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos los recurrentes.

253.2 - Tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación al mismo, podrán las partes solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, exclusivamente en los siguientes casos:

1) Si se trata de producir la prueba regulada por los artículos 148 y 153 con referencia a hechos que no hubieren sido objeto de la misma probanza en la instancia anterior;

2) Si se trata de presentar documentos de fecha posterior a la de la providencia de conclusión de la causa en primera instancia o anteriores, si se afirma, bajo juramento, no haber tenido antes conocimiento de los mismos; circunstancia que apreciará discrecionalmente el Tribunal para admitir o rechazar la prueba, pudiendo, a tal efecto, requerir o recabar información sumaria que la acredite.

3) Si se trata de acreditar hechos nuevos conforme a lo dispuesto por el artículo 121.2.

En todos los casos se solicitará, en el escrito, el diligenciamiento de la prueba correspondiente conforme a lo prescripto por el artículo 118.

Art. 254. - Apelacicón de sentencias interlocutorias

El recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias se regirá por lo dispuesto para las sentencias definitivas (artículo 253) con las siguientes modificaciones:

1) Si se trata de providencia proferida fuera de audiencia, el plazo para la interposición del recurso será de cinco días, al igual que el del traslado y el de la contestación a la adhesión a la apelación.

2) Si se trata de providencia proferida en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella a interponerse, conjuntamente con el recurso de reposición dentro del plazo indicado en el numeral anterior, sustanciándose por esos mismos trámites.

3) Si se trata de providencia proferida en audiencia y procede la apelación con efecto diferido, el recurso se interpondrá en la propia audiencia, conjuntamente con el de reposición, procediéndose, en lo demás, según lo dispuesto en el artículo 251, numeral 3º.

4) Sólo se admitirá la prueba documental conforme a lo dispuesto por el artículo 253.2 numeral 2º.

Art. 255. - Resolución del Tribunal inferior

Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el Tribunal la admitirá, si fuera procedente, expresando el efecto con que la admite (artículo 251).

Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá recurrir conforme a lo establecido en la Sección V de este Capítulo.

Art. 256. - Procedimiento en la instancia superior

El procedimiento en segunda instancia será el previsto en los artículos 344 y 346, numeral 3º, según corresponda.

Art. 257. - Facultades del Tribunal de Alzada

257.1 - El Tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraria también hubiera recurrido en forma principal o adhesiva.

257.2 - El Tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al Tribunal de primera instancia; no obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

257.3 - El Tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubieran deducido los recursos previstos por el artículo 244, siempre que en los agravios se solicitare el respectivo pronunciamiento.

257.4 - El Tribunal, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, debe examinar en forma previa, si en el escrito introductivo del recurso no se ha hecho valer la nulidad de la sentencia o de los actos de la primera instancia procediendo, en su caso, conforme a lo dispuesto en la Sección VII, Capítulo I del Título VI de este libro.

257.5 - Cuando se revoque una providencia apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido será ineficaz la actuación adelantada por el Tribunal de primera instancia después de la apelación, en lo que depende necesariamente de aquélla.

Art. 258. - Recursos contra la sentencia del Tribunal de segunda instancia

Contra lo resuelto en apelación sólo se darán los recursos de aclaración y ampliación, de casación y de revisión en los casos y por los motivos establecidos en este Código.

Art. 259. - Cumplimiento de la decisión del Tribunal superior

Decidida la apelación y devuelto el expediente al Tribunal de primera instancia, éste dictará el auto de cumplimiento de lo resuelto, en el cual se dispondrá lo conducente a tal efecto.

En el caso previsto por el artículo 257.5, se señalarán expresamente las actuaciones que quedan sin efecto.

Art. 260. - Ejecución provisoria

260.1 - Las sentencias definitivas de condena recurridas, podrán ser ejecutadas provisionalmente siempre que la parte interesada así lo solicite dentro del plazo de seis días a contar del siguiente a su notificación, prestando garantía a satisfacción del Tribuna para responder, en su caso, por todos los gastos judiciales, daños y perjuicios que pueda ocasionar a la parte contraria.

260.2 - Será competente para la ejecución provisoria de la sentencia, el Tribunal ante el cual se siguió la primera instancia del proceso.

La petición de ejecución provisoria puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de un testimonio de la sentencia.

Si se formulase en el mismo expediente, se formará de inmediato pieza separada y se continuarán en esa pieza los procedimientos.

Si se formulase en el mismo expediente, se formará de inmediato pieza separada y se continuarán en esa pieza los procedimientos.

Si se formulase mediante presentación de testimonio, se seguirán a continuación de éste los procedimientos.

260.3 - La contraparte podrá solicitar la suspensión de la ejecución provisoria por causarle perjuicio grave, de difícil reparación; circunstancia que el Tribunal apreciará discrecionalmente. Si estimare que existe esa posibilidad, exigirá al condenado que preste garantía bastante para asegurar, en todo caso, lo que ha de ser objeto de la ejecución con más los intereses, costas y costos que el posterior trámite del recurso pueda irrogar.

Art. 261. - Condenaciones

La sentencia de segunda instancia confirmatoria en todas sus partes de la de primera, condenará preceptivamente en las costas y costos de la segunda instancia a la parte apelante. En los demás casos hará las condenaciones según el alcance de la revocatoria y la conducta de las partes en la segunda instancia.

SECCION V
RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE CASACION, DE APELACION O DE LA
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 262. - Procedencia

El recurso de queja procede contra las resoluciones que deniegan un recurso de casación, de apelación o la excepción de inconstitucionalidad, a fin de que el superior que corresponda confirme o revoque la resolución denegatoria.

Asimismo procederá cuando la apelación se conceda con efecto diferido, en violación a la ley.

Art. 263. - Forma de interposición

Dentro del plazo de cinco días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria, el quejoso debe presentar el escrito interponiendo el recurso ante el mismo Tribunal que la dictó.

En dicho escrito se darán los fundamentos del recurso de queja.

Art. 264. - Otorgamiento

264.1 - Recibido el recurso, el Tribunal asentará a continuación del mismo, un informe acerca de los motivos que ha tenido para denegar la apelación, la casación, la inconstitucionalidad o haber concedido la apelación con efecto diferido.

264.2 - Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito de queja, el Tribunal lo remitirá al superior acompañado del informe referido en el inciso anterior.

264.3 - El Tribunal que dejare de dar cumplimiento puntual a esta disposición incurrirá en la sanción que se impondrá de conformidad a las disposiciones vigentes en materia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio del derecho del quejoso de recurrir denunciando el hecho a sus efectos.

Art. 265. - Suspensión del procedimiento

Recibidos los antecedentes por el superior, éste decidirá, previamente y en atención a las circunstancias del caso, si ordena o no la suspensión de los procedimientos del inferior.

Si decidiera esa suspensión, se lo comunicará al inferior por la vía más rápida disponible.

Art. 266. - Resolución del recurso

Con los antecedentes a que se refiere el artículo 264 y los demás que el superior creyera oportuno requerir, se resolverá haciendo lugar o desechando el recurso de queja.

En ambos casos lo comunicará el inferior. Pero si la resolución hiciere lugar a la queja, se ordenará que, sin más trámite, se sustancie el recurso denegado en la forma pertinente, si así correspondiere.

Art. 267. - Costas del recurso

Las costas y costos de la queja serán de cargo del quejoso, si el recurso se declarara improcedente; en caso contrario serán de oficio.

SECCION VI
RECURSO DE CASACION

Artículo 268. - Procedencia

El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y del Trabajo y por los Juzgados Letrados de Primera Instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas.

Art. 269. - Improcedencia

No procede el recurso de casación:

1) Contra las sentencias que decreten medidas cautelares;

2) Contra las sentencias dictadas en procesos que admiten otro posterior sobre la cuestión;

Art. 270. - Causales de casación

El recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. Se entiende por tal, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba.

No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinen la parte dispositiva de la sentencia.

En cuanto a las normas de procedimiento, sólo tendrá efecto causal la infracción o errónea aplicación de aquéllas que sean esenciales para la garantía del debido proceso y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.

Art. 271. - Plazo para interponer el recurso

El recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de quince días siguientes al de la notificación de la sentencia.

Art. 272. - Legitimación para interponer el recurso

El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibe un agravio de la sentencia. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del Tribunal superior haya sido totalmente confirmatoria de aquélla.

Art. 273. - Requisitos de la interposición del recurso

El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el Tribunal que dictó el fallo cuya casación se postula, deberá contener necesariamente:

1) La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; y

2) La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa.

Art. 274. - Procedimiento de admisibilidad del recurso

El Tribunal concederá un traslado del recurso por quince días a la contraparte, quien deberá contestarlo en escrito fundado.

Si el recurso estuviera en tiempo, el asunto fuera susceptible de casación y el escrito introductorio hubiera cumplido con los requisitos legales (artículos 268, 269 y 273), el Tribunal lo concederá.

Contra la resolución denegatoria habrá recurso de queja (artículos 262 a 267).

Concedido el recurso, el expediente se elevará a la Suprema Corte de Justicia para su resolución.

Art. 275. - Efectos del recurso

275.1 - Salvo que el proceso verse sobre el estado civil de las personas, la interposición del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, para lo cual deberá expedirse, a pedido de parte, testimonio de la sentencia para su ejecución.

Cuando la sentencia ejecutada fuera, en definitiva, casada y sustituida por otra que la modifique total o parcialmente, se procederá, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto por el artículo 375.

275.2 - Sin embargo al interponer el recurso o dentro del término para hacerlo, podrá solicitar el recurrente que se suspenda la ejecución de la sentencia, prestando caución para responder de los perjuicios que a la parte contraria pueda ocasionar la demora, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 260.3. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el Tribunal por el auto que conceda el recurso y disponga la suspensión de la ejecución, en forma irrecurrible y aquélla deberá constituirse dentro de los diez días siguientes al de la notificación de aquél. Si así no se hace ni se solicita prórroga de dicho plazo o ésta se deniega, se dispondrá el cumplimiento de la sentencia.

275.3 - La caución se cancelará por el Tribunal si la sentencia es casada. De lo contrario seguirá respondiendo por los menciondos perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido por el artículo 378.3.

Art. 276. - Procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia

276.1 - Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia dispondrá la audiencia del Fiscal de Corte por el término de treinta días y devuelto el expediente, será pasado a estudio de todos los Ministros, conjuntamente, en facsímil; concluido el estudio, de oficio o a pedido de cualquiera de las partes o del Fiscal de Corte, se convocará a una audiencia en la que tomará primero la palabra la parte recurrente, luego la recurrida y, finalmente, el Fiscal de Corte.

276.2 - Los miembros de la Suprema Corte de Justicia podrán solicitar alguna aclaración o ampliación de los argumentos de las partes, que no podrán versar más que sobre los motivos que determinaron la introducción del recurso o sobre los requisitos de admisibilidad.

276.3 - Al dictar resolución, la Suprema Corte de Justicia podrá declarar inadmisible el recurso por cualquier motivo legal, salvo que se trate de una cuestión que ya hubiere sido resuelta al conocer del recurso de queja.

La Suprema Corte de Justicia, en los casos previstos por el artículo 200, podrá dictar decisión anticipada sobre el propio mérito del recurso o declarado inadmisible.

Art. 277. - Cesación por vicios de fondo o de forma

277.1 - Si la Suprema Corte de Justicia casa la sentencia en cuanto al fondo, dictará la que en su lugar corresponda, sobre el material de hecho del fallo recurrido, reemplazando los fundamentos jurídicos erróneos por los que estime correctos.

277.2 - Si la sentencia se casa por vicio de forma, la Suprema Corte de Justicia anulará el fallo y remitirá el proceso al Tribunal que debe subrogar al que se pronunció, a fin de que continúe conociendo desde el punto en que se cometió la falta que dio lugar a la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho.

277.3 - Si la casación se basa en errónea decisión en cuanto a admisibilidad o valoración de la prueba, siempre que la misma determine la parte dispositiva del fallo, la Suprema Corte de Justicia pronunciará sentencia sobre el fondo, sobre la base de la prueba que juzgue admisible o conforme a la valoración que entienda corresponda.

Sólo procederá el reenvío, si la Suprema Corte de Justicia estima que la no admisión de prueba admisible afecta a la resolución sobre el mérito, debiendo procederse en tal caso, al diligenciamiento omitido y posterior dictado de la sentencia que corresponda por el Tribunal a quien se remita el proceso, conforme a lo dispuesto en el ordinal 2.

Art. 278. - Casación por vicios de forma y de fondo

Si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fondo, la Suprema Corte de Justicia sólo se pronunciará sobre el segundo en el caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento.

Art. 279. - Costas y costos

Las costas y costos de la casación rechazada serán de cargo del recurrente.

Si el recurso fuere admitido, las costas y costos se pagarán por su orden.

Art. 280. - Publicación

Las sentencias que acojan el recurso de casación se publicarán en el Diario Oficial u otra publicación jurídica que disponga la Corte, mientras no exista una publicación oficial especialmente destinada a esos efectos.

SECCION VII
RECURSO DE REVISION

Artículo 281. - Procedencia

El recurso de revisión procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias ejecutoriadas que ponen fin al proceso, dictadas por cualquier Tribunal, salvo las excepciones que determine la ley.

Art. 282. - Competencia

El conocimiento del recurso de revisión corresponde a la Suprema Corte de Justicia, cualquiera sea el grado del Tribunal en que haya quedado firme la resolución recurrida.

Art. 283. - Causales

Procede la revisión:

1) Cuando la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, intimidación o dolo.

2) Cuando alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada hubiere sido declarada falsa por sentencia firme dictada con posterioridad o bien que la parte vencida ignorase que había sido declarada tal con anterioridad.

3) Cuando después de la resolución se recobrasen documentos decisivos que no se hubiesen podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o por maquinación fraudulenta de la parte contraria.

4) Cuando la resolución es contraria a otra anterior que tenga entre las partes autoridad de cosa juzgada, siempre que no haya recaído pronunciamiento sobre la respectiva excepción.

5) Cuando la resolución se hubiere obtenido por actividad dolosa del Tribunal declarada por sentencia firme (artículos 114 y 115.2).

6) Cuando existió colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que haya causado perjuicios al recurrente o a la causa pública (artículos 114 y 115.2).

Art. 284. - Legitimación

284.1 - El recurso de revisión puede ser interpuesto por quienes hayan sido parte del proceso, sus sucesores o causahabientes y por el tercero, en el caso previsto en los numerales 5º y 6º del artículo anterior.

284.2 - También podrá ser interpuesto por el Ministerio Público cuando los hechos referidos en la causal invocada afecten la causa pública.

Art. 285. - Plazos

285.1 - En ningún caso podrá pretenderse la revisión transcurridos tres años desde que quedó ejecutoriada la resolución impugnable.

285.2 - Dicho plazo quedará interrumpido desde el momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que tal proceso es necesario; la interrupción continuará hasta el dictado de la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

285.3 - Tampoco será admisible la revisión transcurridos que sean tres meses desde que el recurrente conoció o debió conocer los motivos en que se funda.

Art. 286. - Forma del recurso

El recurso de revisión se presentará por escrito, ante el órgano competente para su resolución, estableciéndose con precisión los fundamentos del mismo y acompañándose toda la prueba conforme a lo establecido para la demanda en los artículos 117 y 118.

Art. 287. - Efecto de la interposición del recurso

La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la resolución firme que la motive, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 289.

Art. 288. - Procedimiento del recurso

Presentado el recurso y si se hubieren observado los plazos y cumplidos los requisitos antes señalados, la Suprema Corte de Justicia ordenará al Tribunal en que se encuentre el proceso que lo remita en el plazo máximo de diez días y mandará emplazar, según las reglas de los artículos 123 a 129, a todos cuantos hubieren litigado en el pleito, sus sucesores o causahabientes, para que concurran a contestar el recurso en el plazo de veinte días. A continuación se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Si la causa se hallare en trámite de ejecución, solamente se remitirá facsímil autenticado de los autos.

Art. 289. - Medidas cautelares

En el escrito de interposición del recurso o en cualquier momento de su trámite, podrá pedirse la suspensión de los efectos aún pendientes de la resolución impugnada y así lo dispondrá la Suprema Corte de Justicia, si de las circunstancias resultare la aparente fundabilidad del recurso, así como la posibilidad de que la demora del trámite pueda causar graves e irreparables perjuicios al recurrente, quien deberá prestar caución suficiente a juicio de la Corte.

Art. 290. - Efectos de la sentencia que resuelve el recurso

Si se estimare fundada la revisión, así se declarará, rescindiéndose en todo o en parte la resolución impugnada, según proceda, mandándose expedir certificación del fallo para que las partes puedan reproducir el proceso, si ello conviniera a su derecho.

En todo caso, servirán de base al nuevo proceso las conclusiones de la sentencia de revisión, las cuales no podrán ser discutidas ni modificadas.

Art. 291. - Irrecurribilidad

Contra la sentencia que recaiga sólo procederá el recurso previsto por el artículo 244.

Art. 292. - Costas y costos

Las costas y costos de la revisión desestimada serán de cargo del recurrente.

Si el recurso fuere acogido, la Suprema Corte de Justicia condenará preceptivamente al vencido que hubiere tenido participación en los hechos determinantes de la rescisión de la sentencia.

En los demás casos, la imposición de las costas y costos se determinará según las circunstancias.

LIBRO II
DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO I
PROCESOS PRELIMINARES

CAPITULO I
CONCILIACION PREVIA

Artículo 293. - Regla general: Preceptividad

293.1 - Antes de iniciar cualquier proceso, incluso los penales por difamación o injurias o por violación de la ley de cheques, deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, el que será citado en su domicilio (artículos 24 a 38 del Código Civil).

293.2 - Si el actor ignora el domicilio del demandado o éste se trata de persona desconocida, se prescindirá de la conciliación previa. Tampoco procederá la conciliación previa cuando el demandado se domicilie fuera del lugar del juicio; en este caso, una vez comparecido al proceso el demandado constituyendo domicilio, se celebrará la conciliación citándolo en el domicilio constituido, pero si no compareciera o si, haciéndolo, no constituyera domicilio, se prescindirá de la conciliación.

Art. 294. - Excepciones

Se exceptúan de la conciliación previa:

1) Los casos en que se deduce demanda en juicio pendiente entre las partes o terceros, por la misma causa;

2) Los juicios en los cuales es actor o demandado el Estado u otra persona pública;

3) Los procesos de jurisdicción voluntaria o cualquier gestión que no implique la resistencia o negativa de alguien; pero en estos casos, si se suscita controversia, se procederá a la conciliación;

4) Los procesos que no tramiten por la vía ordinaria;

5) Los casos en que la ley expresamente la excluya y aquellos en que sustituya la conciliación por cualquier otro medio similar.

Art. 295. - Procedimiento

295.1 - La audiencia se convocará por el Tribunal competente según el artículo 255 de la Constitución, para día y hora determinados, con anticipación no menor a tres días.

295.2 - La audiencia será presidida por el Tribunal so pena de nulidad insanable; se documentará en acta resumida que establecerá:

a) la pretensión inicial de cada parte; b) las soluciones propuestas por éstas y por el Tribunal; c) el resultado final, la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose, con precisión, los aspectos en que medió concordancia y aquellos en que medió disidencia; d) el domicilio de las partes, el que se tendrá como válido para el proceso ulterior, siempre que éste se inicie dentro de los seis meses de la fecha de la audiencia.

295.3 - Si el citado no comparece, será facultativo del citante solicitar nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incomparecencia se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proceso ulterior.

La incomparecencia del citante impedirá la realización de la audiencia, pero el citado podrá pedir constancia a sus efectos (artículos 299 a 304).

Art. 296. - Manifestaciones del Tribunal

El Tribunal no es recusable ni podrá considerarse que ha prejuzgado, por las manifestaciones que realice en éste o en cualquier otro acto conciliatorio.

Art. 297. - Eficacia de la conciliación

297.1 - La conciliación acordada o los convenios hechos por las partes ante el Tribunal en ocasión de esa diligencia, tendrán la autoridad de cosa juzgada entre los otorgantes y sus sucesores a título universal.

297.2 - La ejecución deberá solicitarse ante el Tribunal competente.

297.3 - Tratándose de derechos del menor o incapaz, el convenio será sometido por el representante legal a la aprobación del Tribunal competente, so pena de nulidad.

Art. 298. - Ausencia de conciliación

Si no se agrega el testimonio de conciliación a las actuaciones, éstas no serán nulas; pero el Tribunal ordenará el cumplimiento del requisito, suspendiendo el procedimiento hasta que no se agregue el recaudo que lo acredite.

CAPITULO II
PROCESO PROVOCATORIO (JACTANCIA)

Artículo 299. - Regla general

La afirmación de todo sujeto jurídico capaz, de ser acreedor de otra persona o titular de derecho real o personal de contenido económico sobre bienes de los que otro se considere titular, habilita a éste para iniciar un proceso provocatorio con el fin de obtener la certidumbre jurídica de los derechos alegados.

Art. 300. - Promoción de la jactancia

El pedido de declaración de jactancia se promoverá ante el Tribunal del domicilio del demandado, determinando concretamente los hechos que constituye la jactancia.

Art. 301. - Interpelación

Recibido el petitorio, el Tribunal dispondrá se cite al demandado a audiencia en la que se le intimará manifieste si son o no ciertos los hechos consignados en la demanda.

Art. 302. - Consecuencias de la respuesta

302.1 - Si la respuesta fuera afirmativa o si el demandado no concurriera o si, concurriendo, se negare a hacer la manifestación requerida, el Tribunal dispondrá, acto continuo, se intime al demandado que interponga su demanda dentro del plazo de noventa días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por caducado su derecho.

302.2 - Si la respuesta hubiere sido negativa, el Tribunal dispondrá se tenga presente lo actuado.

302.3 - Si la respuesta hubiere sido evasiva, el Tribunal lo analizará; y si de ella infiere que se ha reconocido implícitamente la exactitud de las afirmaciones contenidas en la petición inicial, declarará la jactancia y mandará intimar de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal .1.

Si llegare a la conclusión de que se han negado los hechos, procederá como se dispone en el ordinal .2.

302.4 - En todos los casos, se mandará expedir los testimonios que se solicitaren.

Art. 303. - Efectos de la jactancia

La caducidad del derecho que refiere el artículo 302.1 será objeto de declaración especial por el Tribunal que entendió en la jactancia si mediara petición de parte pidiendo la efectividad del apercibimiento.

Art. 304. - Plazo para la demanda

La demanda de jactancia no puede deducirse transcurridos seis meses desde la época en que tuvieron lugar los dichos o hechos que la constituyen.

CAPITULO III
PROCESO PRE-JUDICIAL

Artículo 305. - Regla general

Cuando la ley establezca la realización de un proceso previo a otro ulterior, sea o no pre-judicial a éste, el Tribunal podrá de oficio o a petición de parte declararlo así en cualquier estado de los procedimientos, suspendiendo los trámites en tanto no pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia definitiva pertinente.

CAPITULO IV
DILIGENCIAS PREPARATORIAS

Artículo 306. - Aplicación a todos los procesos

En los procesos de cualquier naturaleza podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte, con la finalidad de:

a) determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el proceso;

b) anticipar el diligenciamiento de prueba que pueda perderse si se espera a otra etapa;

c) practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, como documentos, elementos contables y otros similares;

d) practicar medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior.

Art. 307. - Procedimiento

307.1 - La parte que solicite la diligencia preliminar deberá denunciar el nombre y domicilio de la parte contra quien promoverá el proceso para preparar el cual solicita la diligencia, el objeto del mismo y la finalidad concreta de la medida.

307.2 - El Tribunal calificará la medida disponiendo o rechazando su diligenciamiento y, en el primer caso, si se tramitará unilateral o bilateralmente.

307.3 - Como regla, el trámite se dispondrá con citación de la parte contra quien se pide, en especial si se trata de medio de prueba y salvo si esa comunicación pudiera frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

En este último caso, si se trata de un medio de prueba, una vez diligenciado, se dará conocimiento a la contraparte, la que tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba al respecto.

Art. 308. - Contradictorio y recurribilidad

La parte contra quien se pide la medida y en el plazo de la citación, podrá oponerse a la misma o solicitar la modificación o ampliación de ella. El Tribunal resolverá sin ulterior recurso.

Cumplida la medida, cualquiera de las partes podrá recurrir ante el superior en apelación sin efecto suspensivo.

La resolución que deniegue la medida será siempre apelable.

Art. 309. - Medidas especiales

Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como diligencias preparatorias:

1) La declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad de aquél a quien se propone demandar, sin cuyo conocimiento no puede iniciarse eficazmente el proceso. En este caso y en la audiencia, el Tribunal podrá rechazar los puntos que no refieran estrictamente a la personalidad del demandado; la declaración se recibirá conforme a las reglas de los artículos 148 a 153.

Si el citado no concurre a la citación que se le hará, el Tribunal dispondrá la apertura del pliego y tendrá por ciertos los hechos que en él se consignaren en forma asertiva sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el proceso; lo propio sucederá si se respondiera en forma evasiva o se rehusara contestar. Si se iniciara proceso a consecuencia de tenerse por ciertos los hechos materia de la declaración jurada y se acreditara en el trámite su inexistencia, siendo esa la razón del rechazo de la demanda, el Tribunal deberá imponer las máximas sanciones procesales al demandado ganancioso, si entiende que el proceso no se hubiera promovido a no ser por esa circunstancia.

2) La exhibición de la cosa mueble que se habrá de reivindicar, pudiendo decretarse el secuestro, si correspondiere; la del testamento, cuando se crea heredero, legatario o albacea; la de los libros de comercio y demás documentos correspondientes a la sociedad, comunidad o asociación; la rendición de cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas, siguiéndose en este caso el procedimiento de los artículos 332 y 333.

3) La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante y en caso de evicción o pretensiones similares.

4) La citación a reconocimiento de firma contra quien ha suscripto un documento privado, conforme a lo dispuesto por el artículo 173.

5) El nombramiento de representante legal o curador especial para el proceso de que se trate a quien carezca de ellos o en los casos de herencia yacente o bienes desamparados.

6) La práctica de pruebas en los casos en que la cosa se puede alterar o perecer o modificarse las circunstancias necesarias para el juicio o se trate de testigos de avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país.

7) La exhibición de documentos en los casos de los artículos 166 a 168.

Art. 310. - Procedimientos

310.1 - Las medidas seguirán el procedimiento que corresponda a su naturaleza; sólo si resulta indispensable se realizarán fuera de la audiencia que fijará el Tribunal a los efectos de su cumplimiento.

310.2 - Si el peticionante no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su petición con costas y costos de su cargo; si la inasistencia se debiera a causa de fuerza mayor justificada, podrá postergarse la audiencia por una sola vez.

310.3 - Si la parte contra quien se pide no comparece, salvo causa de fuerza mayor justificada que habilitará la postergación de la audiencia por una sola vez, se cumplirán las diligencias posibles de realizar sin su presencia. Si así no fuere, el Tribunal podrá imponer sanciones conminatorias al omiso, cuando, además de no concurrir, no cumpliera con lo que se le hubiere ordenado.

En todo caso, su incomparecencia permitirá tener por ciertos los hechos afirmados por el peticionante, en todo cuanto no resulten desvirtuados por la prueba del proceso principal.

310.4 - Si la diligencia se dispone a pesar de la oposición de la parte contra quien se pide, las costas y costos serán por su orden, salvo que dicha oposición demuestre malicia que merezca la nota de temeridad o posponga en forma indebida y prolongada el cumplimiento de lo solicitado.

TITULO II
PROCESO CAUTELAR

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 311. - Universalidad de aplicación

311.1 - Las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario.

311.2 - Se adoptarán en el curso del procedimiento, en cualquier estado de la causa e incluso como diligencia preliminar del mismo. En este caso, las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presenta la demanda dentro de los treinta días de cumplidas, condenándose al peticionante al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios correspondientes.

311.3 - Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio y se adoptarán, además, bajo la responsabilidad de quien las solicite.

Art. 312. - Procedencia

Podrán adoptarse las medidas cautelares cuando el Tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración se justificarán sumariamente.

Art. 313. - Facultades del Tribunal

En todo caso corresponderá al Tribunal:

a) Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada, si la estima suficiente;

b) Establecer su alcance;

c) Establecer su vigencia y duración;

d) Disponer de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar dispuesta, siguiéndose, en el caso de la petición y para su sustanciación, el procedimiento de los incidentes;

e) Exigir la prestación de contracautela suficiente, salvo el caso excepcional de existir motivos fundados para eximir de ella al peticionante.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 314. - Requisitos de la petición

314.1 - Será competente para entender en la medida cautelar, si la misma fuera solicitada como diligencia preliminar, el Tribunal que lo es para entender en el proceso posterior.

Si el Tribunal se considera incompetente, deberá rechazar de plano su intervención. Sin embargo, la medida ordenada por un Tribunal incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitirse las actuaciones, no bien sea requerido, o no bien se ponga de manifiesto la incompetencia no prorrogable, al Tribunal que sea competente.

314.2 - La petición deberá contener:

a) La precisa determinación de la medida y de su alcance;

b) El fundamento de hecho de la medida, el que resultará de la información sumaria que se ofrezca o de los elementos existentes en el proceso o de los que se acompañen o de la notoriedad del hecho o de la naturaleza de los mismos;

c) La contracautela que se ofrece.

314.3 - Realizado el diligenciamiento de la información sumaria o, si lo considera necesario, en la primera providencia, el Tribunal resolverá el rechazo o la admisión de la medida con expresión de su alcance y demás características a que refiere el artículo 313.

Art. 315. - Recursos

315.1 - La medida se decretará sin conocimiento ni intervención de la contraparte. Ningún incidente o petición planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.

315.2 - Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificará dentro del tercer día de cumplida la misma. En todos los casos podrá ofrecerse garantías sustitutivas, sin que el trámite de esa petición obste al cumplimiento de la medida dispuesta; pero cumplida, si el Tribunal estima suficiente la garantía sustitutiva, ordenará el cese de la dispuesta.

315.3 - La providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación subsidiaria; también lo será toda otra providencia modificativa de la medida.

La apelación contra una providencia que decreta una medida o dispone su sustitución por otra, será apelable al solo efecto devolutivo.

Art. 316. - Medidas específicas

316.1 - El Tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos o secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar (artículo 312).

316.2 - La resolución que disponga una intervención necesariamente fijará su plazo, el que podrá ser prorrogado mediante la justificación sumaria de su necesidad y las facultades del interventor, que se limitarán a las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiéndose, en lo posible, procurar la continuación de la explotación intervenida. El Tribunal fijará, asimismo, la retribución del interventor, la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibe, en su caso, un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida, y que se abonará por el peticionante, imputándose a la que se fije como honorario final, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida respecto a la parte que deba soportar su pago.

Art. 317. - Medidas provisionales y anticipativas

317.1 - Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, podrá el Tribunal adoptar las medidas provisionales que juzgue adecuadas o anticipar la realización de determinadas diligencias, para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo.

317.2 - Queda incluido el remate de bienes que corren riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor, que se hubieren embargado o, en general, se encontraran sometidos a cualquier medida cautelar, cualquiera sea la materia del proceso. En estos casos, el Tribunal podrá, a petición de parte y escuchando a la otra, disponer su remate por resolución inapelable, depositándose el producido en valores públicos, a la orden del Tribunal y bajo el rubro de autos.

317.3 - Estas medidas se regularán, en lo pertinente, por lo dispuesto en los artículos 311 a 316.

TITULO III
PROCESOS INCIDENTALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 318. - Procedencia

Corresponde tramitar por vía incidental, las cuestiones diferentes de la o las principales, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a las mismas, siempre que no proceda, a su respecto, otro medio de tramitación.

Art. 319. - Consecuencia en el proceso

El incidente, como regla, no suspende el trámite de lo principal, salvo si la ley o el Tribunal así lo disponen, por entender que resulta indispensable para el adecuado diligenciamiento de aquél.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 320. - Incidente en audiencia

Los incidentes relativos a la ordenación de la audiencia se plantearán verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el Juez, sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia como causal de impugnación (artículo 249) al deducir recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

Art. 321. - Incidente fuera de audiencia

321.1 - La demanda incidental se planteará por escrito, dándose un traslado por seis días que se notificará personalmente.

321.2 - Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme a lo dispuesto por el artículo 118.

El Tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba, concentrándola en una sola audiencia, al término de la cual oirá brevemente a las partes acerca del resultado de la misma.

321.3 - Contestado el traslado, si se tratare de asunto de puro derecho o si las partes no ofrecen medios de prueba y el Tribunal no considera necesario que se diligencie la que corresponda o una vez diligenciada la misma, el Tribunal resolverá conforme a lo dispuesto en el artículo 346.4.

Art. 322. - Recursos

322.1 - Admitirán solamente el recurso de reposición las resoluciones que no decidan el incidente y las que lo resuelven, cuando se trata de incidente planteado dentro de un incidente o cuando lo principal no admite apelación.

322.2 - La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible de los recursos de reposición y de apelación, este último con efecto diferido al de la sentencia principal.

CAPITULO III
INCIDENTES ESPECIALES

SECCION I
ACUMULACION DE AUTOS

Artículo 323. - Requisitos

Procede la acumulación de autos cuando estén pendientes ante el mismo o diferentes Tribunales, si concurren los siguientes requisitos:

1) El Tribunal ante el que se realice la acumulación ha de ser competente, por razón de la materia, para conocer en todos los procesos.

2) Los procesos han de encontrarse en primera instancia y no estar en estado de dictarse sentencia.

3) Los trámites de todos ellos siguen el mismo procedimiento. Podrán acumularse, sin embargo, procesos sujetos a trámites distintos, cuando ello resulte indispensable en razón de darse la circunstancia prevista en la parte final de este artículo.

4) Los procesos han de versar sobre idénticas pretensiones entre las mismas partes o sobre pretensiones diferentes pero provenientes de la misma causa, sean iguales o diferentes las partes o sobre pretensiones diferentes, siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre las mismas cosas.

Procederá la acumulación, en general, cuando la sentencia que se ha de pronunciar en un proceso produzca efecto de cosa juzgada con relación a los restantes.

Art. 324. - Procedimiento

324.1 - La acumulación podrá solicitarse por cualquiera de las partes interesadas o decretarse de oficio en cualquier momento de la primera instancia del proceso, hasta que llegue al estado de dictarse sentencia.

324.2 - Será competente para decretar la acumulación el Tribunal del proceso que hubiere prevenido; pero si alguno tramitara ante un Tribunal de mayor jerarquía que los otros, éste será el competente.

324.3 - La petición se formulará con los requisitos establecidos para la demanda en cuanto fuere pertinente y se sustanciará con un traslado a todas las demás partes interesadas con plazo de diez días, vencidos los cuales, dispondrá el Tribunal que se traigan a la vista todos los expedientes en trámite. Si algún Tribunal rehusare la remisión, éste o el requiriente someterá la cuestión a la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá sin otro trámite.

324.4 - La petición de acumulación suspenderá el trámite del proceso en el cual se solicita y la recepción del pedido de remisión de los autos tendrá igual efecto en los restantes procesos. Todo ello sin perjuicio de las medidas de urgencia que procedan.

324.5 - Con todos los autos a la vista, el Tribunal decidirá. La resolución que acoge la pretensión es inapelable; la que la rechaza será apelable sin efecto suspensivo.

324.6 - En caso de injustificada oposición o si ésta fuere notoriamente indebida, se condenará en costas y costos; en los demás casos, los gastos se pagarán en el orden causado.

324.7 - El juicio más moderno se acumulará al más antiguo, sin perjuicio de lo que respecta de la competencia dispone el ordinal 2 de este artículo.

324.8 - Decretada la acumulación, el proceso más adelantado en su tramitación detendrá su curso hasta que todos lleguen al mismo estado; en adelante tramitarán en un solo expediente y se fallarán por una misma sentencia.

SECCION II
RECUSACION

Artículo 325. - Causas

Será causa de recusación toda circunstancia comprobable objetivamente que pueda influir en la pérdida de imparcialidad del Juez, por presunto interés en el proceso en que interviene o presunto afecto, positivo o negativo, en relación a las partes del mismo o sus abogados y procuradores, así como haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento).

Art. 326. - Iniciativa

326.1 - El Juez que se considere incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, lo hará saber a las partes, las que dispondrán del plazo de seis días para promover el incidente de recusación; en caso de no hacerlo se entenderá que renuncian a invocar el impedimento.

326.2 - Cuando el Juez estime necesario su apartamiento del proceso, podrá declararse inhibido de oficio, indicando la causa que motiva su apartamiento.

326.3 - Si solo se trata de causales de decoro o delicadeza, el Juez no podrá inhibirse de oficio si no obtiene la previa autorización del Tribunal superior que corresponda o del Tribunal que integra, si es colegiado; la solicitud, con expresión de sus fundamentos, se planteará en forma verbal o escrita.

326.4 - El incidente de recusación podrá ser promovido por la parte interesada, aun cuando nada haya expresado el Juez. En este caso, la recusación deberá plantearse en la primera actuación que la parte realice en el proceso; si la causal fuere superviniente, deberá ser deducida de inmediato al conocimiento de su existencia, hasta la citación para sentencia.

326.5 - Después que un Juez, que no tiene causal de recusación, haya comenzado a conocer en un asunto, no podrán actuar en él los abogados o procuradores cuya intervención pueda producir su separación.

Art. 327. - Competencia

Será competente para entender en el incidente de recusación, así como en la abstención, el Tribunal superior del involucrado.

Cuando se tratare de la recusación de un integrante de un órgano colegiado, entenderá éste integrado conforme a la ley; en el mismo caso y si se trata de abstención por causales de decoro o delicadeza (artículo 326.3), la petición será decidida por los otros integrantes del órgano colegiado.

Art. 328. - Procedimiento

328.1 - La demanda de recusación se planteará con la indicación y solicitud de toda la prueba que se pretenda diligenciar (artículo 118), ante el propio Tribunal del Juez recusado.

328.2 - Presentada la demanda, si el Juez recusado la acepta y se abstiene de intervenir en el asunto, lo remitirá al subrogante; si se trata de un integrante de un órgano colegiado, será sustituido conforme a la ley.

328.3 - Si el Juez no acepta la causal de recusación, se dispondrá la elevación del incidente a conocimiento del Tribunal que corresponda, con exposición del Juez recusado, indicación de la prueba que se proponga producir y solicitud de su diligenciamiento (artículo 118), formándose pieza separada.

328.4 - La demanda de recusación o el planteo de oficio no suspenderá el trámite del proceso hasta que éste llegue al estado de dictar sentencia interlocutoria o definitiva. Los actos cumplidos serán válidos, aún cuando se declare fundada la recusación.

328.5 - El Tribunal que conozca en la recusación podrá calificar previamente la demanda y rechazarla, de plano, si la considera manifiestamente infundada o darle entrada y convocar a audiencia.

328.6 - En la audiencia, se oirá al recusante y al Juez recusado, se diligenciará la prueba, sobre la cual alegarán brevemente y se dictará sentencia que será inapelable.

El Tribunal podrá reservarse dictar sentencia por separado dentro del plazo de quince días o diferir formular los fundamentos del fallo proferido en la audiencia, dentro de los diez días posteriores.

Lo resuelto no admitirá ningún recurso.

328.7 - El Ministerio Público será oído en último término, en la audiencia a que refiere el ordinal anterior.

Art. 329. - Recusación de Fiscales

329.1 - Los Fiscales serán recusables, salvo que actúen en calidad de partes, por las mismas causales y por el mismo procedimiento establecido en el artículo anterior, siendo competente para entender en el incidente, el Tribunal que conoce en el asunto en que aquél se plantea.

329.2 - Planteada la recusación, el Fiscal no podrá dictaminar, salvo sobre cuestiones meramente formales, mientras el incidente no sea decidido. Si el incidente se hallare pendiente y llegara la oportunidad de dictaminar sobre el fondo del asunto, los autos serán pasados sin más trámite al Fiscal subrogante para que lo haga. Desechada la recusación, la causa volverá al Fiscal original, pero siempre una vez que el subrogante se haya expedido, si ya hubiere recibido el expediente.

Art. 330. - Recusación de secretarios, actuarios, alguaciles y jueces comisionados

La recusación de los secretarios, actuarios, alguaciles y jueces comisionados, se hará ante el Tribunal que entienda en la causa y será decidida por éste sin más recurso.

En cualquier estado del procedimiento, en atención a la gravedad de las circunstancias, el Tribunal podrá disponer el alejamiento preventivo del asunto, del funcionario acusado.

SECCION III
CONTIENDA DE COMPETENCIA

Artículo 331. - Resoluciones contradictorias sobre competencia

Si por cualquier circunstancia, dos o más Tribunales resultaren declarados competentes o incompetentes para entender en un mismo asunto, por sentencias ejecutoriadas, cualquiera de ellos, de oficio o a petición de parte, podrá someter la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta, sin más trámite que las diligencias que creyera oportunas para mejor proveer, resolverá cual de los Tribunales debe conocer en el asunto.

SECCION IV
RENDICION DE CUENTAS

Artículo 332. - Declaración preliminar

Todo aquel que se considere con derecho a exigir a alguien rendición de cuentas, podrá pedir que se declare judicialmente que el futuro demandado está obligado a rendirlas.

La pretensión se sustanciará y decidirá en la forma prevista por los artículos 321 y 322.

Art. 333. - Discusión de las cuentas

Si la resolución ejecutoriada declarase que el demandado está obligado a rendir cuentas, se le intimará que las presente dentro del plazo prudencial que el Tribunal le señalará.

Si dentro de ese plazo se presentaren las cuentas, se discutirán en proceso ordinario (artículos 337 a 344).

Si no se presentaren dentro de ese plazo, se estará a las cuentas que presente la parte contraria, en todo cuanto el obligado a rendirlas no pruebe ser inexacto. También en este caso las cuentas se discutirán en proceso ordinario.

CAPITULO IV
TERCERIAS

Artículo 334. - Procedimiento

334.1 - Tercería voluntaria

Planteada la demanda por el tercerista, se conferirá traslado sobre su intervención a cada parte y el Tribunal resolverá la admisión o el rechazo por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable si rechaza la intervención.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 117, 118, 130 y 131.

334.2 - Tercero coadyuvante

El tercero coadyuvante formará una sola parte con la coadyuvada, pudiendo el Tribunal, si resultara indispensable a dicho efecto, imponer la representación por procurador común.

334.3 - Tercero excluyente

El tercero excluyente actuará como una más de las partes en el proceso.

Cuando el tercero excluyente alegue hechos y ofrezca prueba, se diligenciará la misma de acuerdo con el trámite propio del proceso en que se deduce la tercería, acordándose a las partes similares facultades probatorias en relación a esos hechos.

Art. 335. - Tercerías en procesos de ejecución, ejecutivos y cautelares

335.1 - La tercería en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares, promovida por quien comparezca a raíz de alguna medida cautelar tomada sobre bienes de su propiedad o sobre los cuales tiene un mejor derecho que el embargante, se sustanciará en pieza separada, con quien solicitó la cautela y con su contraparte, con un traslado por el plazo común de seis días, siguiéndose, en lo demás, el procedimiento regulado por los artículos 321 y 322.

335.2 - La promoción de tercería de dominio suspenderá el trámite del principal, al llegarse al estado de remate del bien respectivo.

No será necesaria la tramitación de tercería de dominio cuando se trate de bienes cuya propiedad surja de inscripción en Registros Públicos.

En esos casos, acreditada por el tercerista, con el certificado respectivo, la titularidad del dominio que invoca, el Tribunal ordenará, de plano, la cancelación de la cautela con citación de las partes, las que sólo podrán oponerse alegando y probando el error del informe registral o su falsedad; las oposiciones de cualquier otro género no serán admitidas, sin perjuicio del derecho de hacerlas valer, en forma principal, en el proceso autónomo que corresponda.

335.3 - Tratándose de tercería de mejor derecho, el trámite del principal se suspenderá al formularse la liquidación del haber del ejecutante.

Art. 336. - Cautela del tercerista

El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento de las medidas decretadas sobre los bienes de su propiedad, dando cautela suficiente, a juicio del Tribunal, de responder al crédito del embargante en caso de que no probase ser suyos los bienes embargados.

TITULO IV
PROCESO DE CONOCIMIENTO

CAPITULO I
PROCESO ORDINARIO

Artículo 337. - Remisiones

El proceso ordinario será precedido por la conciliación (artículos 293 a 298), comenzará con la demanda (artículos 117 a 122), sin perjuicio de las diligencias preparatorias que se solicitaren (artículos 306 a 310).

Art. 338. - Procedimiento

338.1 - Presentada la demanda, el Tribunal una vez ejercido el control de su regularidad (artículos 24.1 y 119), ordenará el emplazamiento según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título VI del Libro I y conferirá traslado al demandado por el plazo de treinta días.

338.2 - Si mediara reconvención, se conferirá traslado al actor por el plazo de treinta días.

338.3 - Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará a audiencia preliminar.

Art. 339. - Rebeldía

339.1 - Transcurrido el plazo para contestar la demanda sin que el demandado, emplazado en su domicilio, hubiere comparecido, podrá pedir el actor la declaración de su rebeldía.

339.2 - En las situaciones previstas por los artículos 34.1 y 35.2 y .3 de este Código y 156, numerales 1º y 2º de la Ley Nº 15.750, del 24 de junio de 1985 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), cuando se trate de la parte actora y si el emplazamiento a que refieren las disposiciones citadas se efectuare en el domicilio de quien debe ser emplazado, podrá el demandado solicitar la declaración de su rebeldía en caso de incomparecencia.

339.3 - La declaración de rebeldía se notificará a domicilio, pero en adelante, todas las resoluciones y actuaciones, excepto la sentencia definitiva, salvo la proferida en audiencia, se notificarán conforme a lo dispuesto en los artículos 78, 84 y 86.

339.4 - La rebeldía del demandado determina que el Tribunal deba tener por admitidos los hechos alegados por el actor, en cuanto no resulten contradichos por la prueba de autos, la que deberá igualmente ser diligenciada, en todo lo que el Tribunal considere necesario.

Desde el momento en que el demandado es declarado en rebeldía podrá disponerse, si el actor lo pide, el embargo de sus bienes en cuanto sea necesario para asegurar el resultado del proceso.

339.5 - Si el declarado rebelde es el actor, el demandado será absuelto al declarar la rebeldía, salvo si ha mediado reconvención, en cuyo caso se continuará con el proceso.

339.6 - El declarado rebelde podrá comparecer en cualquier estado del proceso, tomándolo en el estado en que se halle.

Art. 340. - Audiencia preliminar

340.1 - Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado, a juicio del Tribunal, que justifique la comparecencia por representante.

Las personas jurídicas y los incapaces, comparecerán por intermedio de sus representantes (artículo 32).

Todo, sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio (artículo 37).

Si por razones de fuerza mayor insuperable, debidamente acreditada, una de las partes no puede comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.

340.2 - La inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar, se tendrá como desistimiento de su pretensión.

340.3 - Si el inasistente fuera el demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario.

340.4 - Lo dispuesto en los ordinales .2 y .3 será aplicable, en lo pertinente, cuando medie reconvención.

Art. 341. - Contenido de la audiencia preliminar

En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:

1) Ratificación de la demanda y de la contestación y, en su caso, de la reconvención y de la contestación a la misma, pudiéndose alegar hechos nuevos siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, así como aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos, a juicio del Tribunal o de las partes.

2) Contestación, por el actor, de las excepciones opuestas por el demandado y por éste de las que hubiere opuesto el actor respecto de la reconvención.

3) Tentativa de conciliación respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos.

4) Recepción de la prueba sobre las excepciones, en la situación extraordinaria de entender el Tribunal que existe algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán exclusivamente, las pruebas solicitadas en el escrito en que se opusieron las excepciones y aquellas que lo fueron en la ocasión a que refiere el numeral 2º.

5) Dictado de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, resolviendo los problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el Tribunal advirtiera, decidiendo, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obsten a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando sea definible al comienzo del litigio. El Tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el numeral 4º, pero en la siguiente oportunidad deberá recepcionarse la totalidad de la prueba y dictarse la sentencia interlocutoria de saneamiento, pudiéndose diferir formular sus fundamentos en otra audiencia que habrá de llevarse a cabo en plazo no mayor de diez días o cuando la complejidad del asunto lo justifique, prorrogar la audiencia por plazo no mayor de quince días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

6) Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba; pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes (artículo 24.6), disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que correspondan; recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de otra complementaria para el diligenciamiento de los restantes, acordándose lo necesario para que en ocasión de esa audiencia complementaria se diligencien totalmente las pruebas que no se recibieron en la audiencia preliminar (artículo 343.1).

Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del Tribunal, refieran a los hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia (ordinal 1).

Art. 342. - Resoluciones dictadas en la audiencia

342.1 - Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en la misma, en forma inmediata, por el Tribunal (artículo 246).

342.2 - La sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones admite los recursos de reposición y de apelación en subsidio, con efecto diferido, debiendo interponerse, ambos, en la propia audiencia, procediéndose, respecto del de reposición, como lo prevé el ordinal 1 y respecto de la apelación diferida, conforme al artículo 251.3.

Pero la sentencia interlocutoria que se pronuncie sobre las excepciones previstas en los numerales 1º, 7º y 8º del artículo 133, así como toda otra que obste a la prosecución del proceso, admitirá los recursos de reposición y de apelación subsidiaria con efecto suspensivo, que deberán anunciarse en la propia audiencia e interponerse conjuntamente conforme a lo dispuesto en el artículo 254.2.

En estos casos, el anuncio de que se deducirá apelación, determinará la suspensión de la audiencia. Vencido el plazo para apelar sin que así se hiciera o devueltos los autos con la resolución del superior, se continuará con el proceso, si así correspondiere, fijándose fecha para la reanudación de la audiencia suspendida.

342.3 - Si la sentencia interlocutoria acoge la excepción de litispendencia, ordenará el archivo del expediente.

Si acoge la excepción de defecto legal, la parte subsanará los defectos en la propia audiencia, dejándose constancia en acta resumida y se continuará con el acto, otorgándose al demandado oportunidad para complementar su contestación, atendidas las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor.

Si acoge las excepciones de falta de capacidad o de personería, se otorgará un plazo de diez días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Si se dispone la citación de un tercero, se procederá a su emplazamiento conforme a derecho.

En estos dos últimos casos se suspenderá la audiencia a sus efectos.

342.4 - Salvo que el Tribunal se declare incompetente, en que no resolverá otras cuestiones, se dictará una sola sentencia decidiendo todas las excepciones previas y saneando el proceso.

342.5 - Resueltas todas esas cuestiones se pasará a recibir, total o parcialmente, la prueba y a disponer, cuando ello sea necesario, una audiencia complementaria.

342.6 - Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las partes y a dictar sentencia conforme a lo dispuesto por los ordinales 6 y 7 del artículo siguiente.

342.7 - Las manifestaciones del Tribunal en esta audiencia y en cuanto ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, en ningún caso significarán prejuzgamiento.

Art. 343. - Audiencia complementaria

343.1 - Si la prueba no hubiere podido diligenciarse en la audiencia preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes para la audiencia complementaria de prueba en el más breve tiempo posible, considerando el que insumirán las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia (inspecciones, pericias, informes y similares) a fin que las mismas estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.

343.2 - La audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el caso de que, por única vez, el Tribunal entienda procedente prorrogarla por existir razones de fuerza mayor que afecten a una de ellas.

También podrá prorrogarse, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el Tribunal la considere indispensable para la instrucción; en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

343.3 - En todo caso, la ausencia a la audiencia complementaria de prueba determinará una presunción desfavorable a la parte inasistente.

343.4 - En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba, oyéndose a los peritos y testigo, los que permanecerán aguardando su término a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el Tribunal autorice su retiro.

343.5 - Todo lo actuado se documentará según lo dispuesto en los artículos 102 y 103, agregándose todos los informes y demás documentos recibidos.

En el acta se podrán insertar las constancias que las partes soliciten, en especial las concernientes a declaraciones e informes y todo lo demás que resulte necesario, a juicio del Tribunal.

En particular, se dejará constancia de las resoluciones del Tribunal rechazando o admitiendo alguna prueba controvertida, así como la interposición de recursos y, en su caso, lo decidido por el Tribunal a su respecto.

Los testigos y peritos firmarán su comparecencia, lo que podrán hacer en el libro de asistencias que llevará la oficina actuaria, sin que sea necesaria la suscripción del acta.

343.6 - Terminada la audiencia y durante diez minutos, que podrán ser prorrogados por el Tribunal por un lapso similar, alegarán las partes por su orden, pudiendo el Tribunal solicitar las aclaraciones o precisiones pertinentes, sea durante el curso del alegato, sea a su finalización.

343.7 - Finalmente, el Tribunal se retirará para considerar su decisión y pronunciará, a continuación, sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro del plazo de los quince días siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogarse la audiencia por plazo no mayor de cuarenta y cinco días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

Art. 344. - Segunda instancia

344.1 - La segunda instancia se provocará por la interposición del recurso de apelación (artículos 248 a 261).

344.2 - Si la segunda instancia tramitara ante Tribunal colegiado, el expediente una vez recibido, será pasado a estudio de cada integrante en forma simultánea, en reproducción facsimilar.

Finalizado el estudio por el Tribunal, sea éste colegiado o unipersonal y si no se hubiere resuelto dictar decisión anticipada (artículo 200), se citará a audiencia.

344.3 - En la audiencia, se diligenciará la prueba que el Tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de parte o de oficio (artículos 253.2 y 254 numeral 2º), y se oirá a las partes en la forma prevista para la primera instancia, dictándose, luego, sentencia.

344.4 - En caso que no se debiera diligenciar prueba, se convocará igualmente a audiencia a efectos de oír a las partes y dictar sentencia.

344.5 - La sentencia se dictará conforme a lo dispuesto en los artículos 341, numeral 5º o 343.7, según los casos, dentro de los plazos allí señalados.

344.6 - Lo dispuesto en los ordinales precedentes, es aplicable a la segunda instancia de todos los procesos, salvo lo dispuesto por el artículo 346, numeral 5º respecto del proceso extraordinario.

Art. 345. - Casación

Si correspondiere casación, se procederá como lo prevén los artículos 268 a 280.

CAPITULO II
PROCESO EXTRAORDINARIO

Artículo 346. - Procedimiento

El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones:

1) El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia.

2) Sólo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda.

3) Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquella, esa prueba se halle diligenciada.

4) El Tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas; sólo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declara incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras.

5) En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el Tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos supervinientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme a lo dispuesto por el artículo 253.2, numeral 2º o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia.

Art. 347. - Recursos

Contra la sentencia definitiva dictada en proceso extraordinario, caben los recursos previstos en las Secciones II, IV, V, VI y VII, Capítulo VII, Título VI del Libro I, conforme a lo que disponen las reglas generales y propias de cada uno de ellos.

No obstante, en aquellos procesos en que se sentencia "rebus sic stantibus", como en el de alimentos, cuestiones relativas a menores y similares, cuando se alegare el cambio de la situación ya resuelta, corresponderá, en sustitución de los recursos ordinarios, el proceso extraordinario posterior, para decidir la cuestión definida conforme a las nuevas circunstancias que lo configuran.

CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 348. - Procedencia del proceso ordinario

Tramitarán por el proceso ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan establecido un proceso especial para su sustanciación.

Art. 349. - Procedencia del proceso extraordinario

Tramitarán por el proceso extraordinario:

1) Las pretensiones de conversar y de recobrar la posesión o la tenencia, la de denuncia de obra nueva y de obra ruinosa a que refieren, respectivamente, los artículos 658 a 670, 672 a 675 y 620 del Código Civil.

2) Las pretensiones relativas a la determinación, aumento, reducción o exoneración de la prestación alimenticia a que refieren los artículos 116 a 129, 183, 194 y 933 del Código Civil, 197 a 222 del Código del Niño y 1638 del Código de Comercio.

3) Las pretensiones que conciernen a las cuestiones previstas en los artículos 289 a 300 del Código Civil y 142 a 146 del Código del Niño y en los artículos 150, 151, 171 y 173 a 193 de este último Código, así como las relativas a regímenes de visita, restitución o entrega de menores o incapaces.

Art. 350. - Reglas especiales para ciertas pretensiones

350.1 - Tratándose de divorcio por causal, excepto aquellas que tramitan por proceso de estructura monitoria (artículo 369) en la audiencia preliminar, además de lo previsto por el artículo 341, se resolverá lo relativo a las pensiones alimenticias, al régimen de guarda y de visitas de los hijos menores o incapaces, así como la cuestión de cual de los cónyuges habrá de permanecer en el hogar conyugal.

El Tribunal procurará que las partes lleguen a un acuerdo sobre todos o algunos de esos puntos y, en su defecto, dictará providencia solucionando provisoriamente aquéllos sobre los que persista el desacuerdo.

La resolución provisoria significará cumplimiento del requisito establecido por el artículo 167 del Código Civil, pero cualquiera de las partes podrá plantear, en el proceso correspondiente, la cuestión resuelta de manera provisoria.

350.2 - En las pretensiones relativas a la materia de familia, el criterio básico en la actuación del Tribunal consistirá en la promoción de la familia y de sus integrantes, en especial de los más desprotegidos, de conformidad con las normas constitucionales.

350.3 - En las pretensiones propias de la materia laboral, agraria y demás de carácter social, no obstante lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 341, se podrá modificar la pretensión en la audiencia preliminar, cuando resulte, manifiestamente, que carencias de información o de asesoramiento han determinado omisiones en relación a derechos que asisten a la parte. En estos casos, el Tribunal otorgará a la contraparte oportunidades para la adecuada contestación, pudiendo, a tales efectos, prorrogar la audiencia, si las nuevas cuestiones son de hecho y no fuere posible controvertirlas sin previa información.

350.4 - En las pretensiones relativas a menores o incapaces, se considerará prioritaria la tutela de su interés por el Tribunal.

350.5 - En los procesos a que refieren los dos ordinales anteriores, el Tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los Tribunales del orden penal en el sumario del proceso penal, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso legal.

CAPITULO IV
PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 351. - Aplicación

El proceso de estructura monitoria se aplicará en los casos previstos en las Secciones I y II de este Capítulo.

Art. 352. - Presupuestos

352.1 - En todos los casos se requerirá documento auténtico o autenticado judicialmente en la etapa preliminar respectiva.

352.2 - Exceptúase el caso previsto en el artículo 364, cuando se trate de contrato que pueda ser probado por testigos. En este caso y en etapa preliminar que se seguirá por vía incidental, podrá establecerse la prueba de la existencia del contrato y de su cumplimiento por el actor.

SECCION II
PROCESO EJECUTIVO

Artículo 353. - Procedencia del proceso ejecutivo

Procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible:

1) Transacción no aprobada judicialmente.

2) Instrumentos públicos.

3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante Tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 173 y 309, numeral 4º o firmados ante escribano público que certifique la autenticidad de las firmas.

4) Cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, según lo dispuesto en las leyes respectivas.

5) Las facturas de venta de mercaderías suscriptas por el obligado o su representante, reconocidas o dadas por reconocidas conforme a lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo.

6) Y, en general, cuando un texto expreso de la ley confiere al acreedor el derecho a promover el juicio ejecutivo.

Art. 354. - Procedimiento monitorio

354.1 - Cuando se pida ejecución en virtud de alguno de los títulos que la aparejan, el Tribunal decretará inmediatamente el embargo y mandará llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, los intereses, costas y costos.

354.2 - Si no considerase bastante el documento declarará que no hay lugar a ejecución. Una y otra cosa sin noticia del deudor.

354.3 - En el mismo auto que decrete el embargo, citará de excepciones al ejecutado.

354.4 - Si se opusieren excepciones, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 356 y siguientes.

En caso contrario se irá directamente a la vía de apremio, salvo cuando se trate del embargo general de derechos y acciones en que deberá esperarse la denuncia de bienes concretos de parte del ejecutante.

354.5 - Cuando no exista diligencia judicial de reconocimiento o protesto, la ejecución no podrá decretarse sin previa intimación de pago al deudor, con plazo de tres días, la que podrá efectuarse por telegrama colacionado. Esta intimación no será necesaria en los casos que leyes especiales así lo dispongan.

Art. 355. - Citación de excepciones

355.1 - La citación de excepciones se practicará en la forma establecida para el emplazamiento en los artículos 123 y siguientes.

El ejecutado dispondrá de un plazo de diez días, extensible en función de la distancia (artículos 125 y 126), para oponer cualquier excepción que tuviere contra la demanda, debiendo deducirlas todas juntas en un mismo escrito, acompañando toda la probanza documental de que disponga y mencionando todos los concretos medios de prueba de que intenta valerse (artículo 131).

355.2 - En los casos en que leyes especiales establezcan taxativamente las excepciones admisibles, serán rechazadas de plano, sin sustanciación, las inadmisibles.

Art. 356. - Traslado de las excepciones

Del escritor de oposición de excepciones se conferirá traslado por seis días al ejecutante, debiendo procederse, en oportunidad de la contestación de excepciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 118.

Art. 357. - Audiencia

357.1 - Si no se oponen excepciones u opuestas las mismas y una vez contestadas o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal convocará a audiencia.

357.2 - Si no se opusieran excepciones procurará concretar con las partes su conciliación para el cumplimiento de la sentencia. Si fracasa la conciliación, se pasará a la vía de apremio.

357.3 - Si se oponen excepciones, sea que se conteste o no el traslado de las mismas, la audiencia se realizará conforme a lo previsto para la audiencia preliminar y en su caso, la audiencia complementaria de prueba (artículos 340, 341 y 343).

Art. 358. - Sentencia

358.1 - Concluida la audiencia, en el caso de haberse opuesto excepciones, se dictará sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 343.7.

Esta se pronunciará sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre ellas se hallare la de incompetencia, sólo se pronunciará sobre las restantes en caso de haberla rechazado.

358.2 - Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el Tribunal se abstendrá de expedirse sobre las restantes. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la sentencia, para decidirse, por quien sea competente, las restantes excepciones.

358.3 - La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de la primera, se pronunciará sobre todas las excepciones, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia.

Art. 359. - Efectos de la incompetencia

Cuando la sentencia haga lugar a la excepción de incompetencia pondrá las costas de cargo del actor, pero declarará vigente el embargo y dispondrá que los autos pasen al Tribunal competente para la decisión del proceso, siendo válido todo lo actuado anteriormente.

Art. 360. - Recursos

En el proceso ejecutivo sólo son apelables:

1) La sentencia que pone fin al proceso ejecutivo, mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 253; pero el acreedor podrá, si lo desea, pedir el cumplimiento provisional de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 260, 375 y 376.

2) La sentencia que acoge la excepción de incompetencia de acuerdo con el artículo 358.2 y la providencia que no hace lugar a la ejecución, la que levante una medida cautelar, la que niega la apertura a prueba y la que recaiga en las tercerías, mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 250, numeral 2º y 254.

Contra las demás resoluciones, sólo cabe el recurso de reposición. Pero la denegatoria de la reposición no impide que el Tribunal de segunda instancia pueda modificar lo resuelto por el Tribunal anterior y decidir lo que crea que corresponde al estado del asunto.

Art. 361. - Juicio ordinario posterior

361.1 - Lo decidido en el proceso ejecutivo puede ser modificado en proceso ordinario posterior.

Este proceso sólo puede promoverse cuando se haya cumplido íntegramente la sentencia dictada en él proceso ejecutivo.

361.2 - Para conocer en el proceso ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo Tribunal que entendió en la primera instancia del proceso ejecutivo.

361.3 - El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en proceso ejecutivo caduca a los seis meses de ejecutoriada la sentencia dictada en éste o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso.

Art. 362. - Proceso ejecutivo tributario

El proceso ejecutivo para el cobro de créditos fiscales tramitará según lo dispuesto en los artículos precedentes, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los literales "A" y "B" del inciso 7º del artículo 91 del Código Tributario (Decreto-Ley Nº 14.306, del 30 de noviembre de 1974).

SECCION III
OTROS PROCESOS

Art. 363. - Regla general

El procedimiento previsto en los artículos 354 a 360 se aplicará a los casos que refieren los artículos siguientes, disponiéndose en la providencia inicial lo que corresponda a la naturaleza de la demanda promovida.

Art. 364. - Entrega de la cosa

El proceso de entrega de la cosa tiene por objeto el de la demanda de entrega de cosas que no sean dinero y que deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que ésta es jurídicamente obligatoria, siempre que el actor justifique la obligación de entregar y, en su caso, el cumplimiento por su parte de la obligación correspectiva, mediante documento público o privado reconocido o dado por reconocido ante Tribunal competente o con firmas certificadas por escribano público, salvo la excepción del artículo 352.2.

Art. 365. - Entrega efectiva de la herencia

El proceso de entrega efectiva de la herencia tiene por objeto el de la demanda de entrega efectiva de la herencia cuando un tercero obstase a que el heredero ocupe los bienes hereditarios, sin invocar ningún derecho sobre ellos.

Art. 366. - Pacto comisorio

El proceso para la actuación del pacto comisorio (artículos 1737 a 1741 del Código Civil) tiene por objeto el de la demanda de resolución del contrato en que aquél se ha convenido y procede justificadas por el actor la caída en mora del demandado y las demás exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto.

Art. 367. - Escrituración forzada

El proceso de escrituración forzada tiene por objeto el de la demanda de cumplimiento de la obligación de escriturar establecida en las promesas de enajenación de inmuebles a plazo o equivalentes, o de casas de comercio, inscriptas en los Registros respectivos y procede justificadas por el actor las exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto.

Art. 368. - Resolución

El proceso de resolución de promesas de enajenación de inmuebles a plazo o de casas de comercio inscriptas en los Registros respectivos y de promesas de compraventa de inmuebles tiene por objeto el de la demanda de resolución de esos contratos por falta de pago del precio y procede luego de incurso en mora el demandado, previa la intimación de pago hecha de conformidad a lo dispuesto por las leyes que regulan las materias respectivas y justificadas las demás exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto.

Art. 369. - Separación de cuerpos y divorcio

Los procesos de separación de cuerpos y de divorcio por las causales de los artículos 148; numerales 2º y 7º y 185 del Código Civil, tienen por objeto el de la demanda de separación de cuerpos y de divorcio y proceden justificadas por el actor las exigencias de hecho y de derecho exigidas por los artículos 153 y 185 y el requisito establecido por el artículo 167 del Código Civil.

Art. 370. - Cesación de condominio de origen contractual

El proceso de cesación de condominio de origen contractual es el que tiene por objeto el de la demanda de venta de la cosa común en remate público (artículos 1755 y 1756 del Código Civil) y procede cuando cualquiera de los propietarios acreditando el dominio con la prueba requerida por derecho y afirmando la imposibilidad de división cómoda y sin menoscabo, exige la venta y el reparto del precio que se obtenga.

TITULO V
PROCESOS DE EJECUCION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 371. - Iniciativa

Sólo procederá la ejecución de sentencia a pedido de parte interesada, una vez transcurrido el plazo o cumplida la condición que se hubiere establecido.

Art. 372. - Sentencia

372.1 - La ejecución corresponderá una vez firme la sentencia, sin perjuicio de la ejecución provisoria en el caso de los artículos 260 y 275.

372.2 - Será competente el Tribunal que dictó la sentencia de primera instancia.

372.3 - Las medidas de ejecución, cualesquiera que ellas fueren, sólo podrán ser dictadas previa intimación judicial, requiriendo que se cumpla con la sentencia dentro del plazo de tres días.

372.4 - Dentro de ese plazo, el condenado deberá cumplir la sentencia. Si se trata de condena al pago de cantidad líquida, deberá consignar lo adecuado a la orden del Tribunal y bajo el rubro de los autos; igualmente procederá en el caso de cantidades fácilmente liquidables, acompañando, dentro de los tres días siguientes, constancia de la consignación.

Art. 373. - Facultades del Tribunal y de las partes

373.1 - La etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia de conocimiento.

373.2 - El Tribunal dirigirá el procedimiento con plena autoridad, adoptando todas las medidas necesarias al efecto. Las partes actuarán en plano de igualdad, pero limitándose exclusivamente al contralor del cumplimiento de la sentencia conforme a la ley.

373.3 - Todas las resoluciones dictadas en el proceso de ejecución, salvo que expresamente se disponga otra cosa, serán inapelables.

Art. 374. - Conminaciones económicas o personales

374.1 - En cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias, el Tribunal de oficio o a pedido de parte, podrá adoptar las medidas de conminación o astricción necesarias.

374.2 - Las conminaciones económicas se intimarán, fijándose por el Tribunal una cantidad en dinero a pagar por cada día que demora el cumplimiento.

El Tribunal dispondrá la liquidación de las mismas una vez transcurrido un plazo prudencial. La cuenta pasará al Alguacil del Juzgado, el que embargará bienes del deudor suficientes, los hará tasar por perito que designará y los asignará a un Rematador público para su remate por los dos tercios de su valor de tasación, dando cuenta.

Las cantidades se fijarán teniendo en cuenta el monto o la naturaleza del asunto y las posibilidades económicas del obligado, de tal manera que signifiquen una efectiva constricción psicológica al cumplimiento dispuesto.

El Tribunal podrá en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte, aumentar, moderar o suprimir la conminación establecida.

Las cantidades que se paguen pasarán a un Fondo Judicial.

374.3 - Las conminaciones personales consistirán en el traslado por la fuerza pública ante el Tribunal de los encargados judiciales, incluso testigos, que no concurran espontáneamente una vez convocados; en el arresto que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas, en los casos que expresamente fije la ley y para lograr la entrega de elementos necesarios para la ejecución dispuesta en la respectiva etapa del proceso.

374.4 - Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá elevar los antecedentes al Tribunal competente, si estima que la resistencia a la orden judicial puede encuadrar en alguna figura penal.

Art. 375. - Ejecución provisoria y ejecución definitiva

375.1 - La ejecución provisoria y la definitiva se realizarán según iguales procedimientos, debiendo preceder a la primera, en el caso de sentencia apelada, lo dispuesto en el artículo 260 y, en ambas, el proceso incidental de liquidación, cuando fuere pertinente.

375.2 - Si la sentencia de segunda instancia confirma la de primera, declarará, al mismo tiempo, definitiva, la ejecución provisoria; igual sucederá tratándose del recurso de casación.

375.3 - En caso contrario, decretará que se vuelvan las cosas a su estado anterior y, de no ser esto posible, que se abonen los daños y perjuicios que haya causado la ejecución provisoria.

La parte que sufrió ejecución provisoria dejada sin efecto, dispondrá de noventa días para reclamar el pago de los daños y perjuicios pertinentes, los que se liquidarán por la vía incidental de liquidación; vencido ese plazo, caducará su derecho y se cancelará la garantía prestada por el ejecutante.

375.4 - En ningún caso la revocación o la casación podrá perjudicar a terceros de buena fe ni anular los acto o contratos celebrados con el dueño aparente de los bienes.

375.5 - En los casos de ejecución de sentencias objeto del recurso de apelación o de casación, se detendrá de inmediato la ejecución conforme el Tribunal tenga noticia auténtica de que la sentencia ha sido revocada o casada.

Art. 376. - Cancelación de las cautelas

Si la sentencia recurrida fuere confirmada, será cancelada de oficio la cautela que hubiere dado el acreedor al solicitar la ejecución provisoria.

Si el condenado, para detener la ejecución provisoria, hubiere dado la cautela a que se refieren los artículos 260.3 y 275.2 no se cancelará ésta hasta tanto la sentencia no hubiere sido ejecutada.

Si la sentencia fuere revocada o casada, no se cancelará la cautela otorgada hasta tanto no se hubieren satisfecho totalmente los daños y perjuicios correspondientes.

CAPITULO II
VIA DE APREMIO

Artículo 377. - Procedencia

Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible:

1º) Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2º) Crédito hipotecario, en cuya escritura se hayan renunciado por el deudor los beneficios del juicio ejecutivo.

3º) Contrato de prenda industrial o agraria, debidamente inscriptos, en los cuales se hayan renunciado por el deudor los beneficios del juicio ejecutivo.

4º) Laudo arbitral no pendiente de recurso de nulidad.

5º) Transacción aprobada judicialmente.

6º) Convenio celebrado en el acto de la conciliación.

Art. 378. - Sentencias que condenan al pago de cantidades ilíquidas

378.1 - Cuando una sentencia condena al pago de cantidad ilíquida -en todo o en parte- se provocará su liquidación por vía incidental, previa a su ejecución en vía de apremio; procederá igual solución, cuando en otro acto jurídico se establezca deuda ilíquida exigible.

378.2 - Cantidad procedente de frutos. - Promovida la demanda, el Tribunal conferirá traslado de la misma, debiendo el deudor formular la liquidación al contestarla; de la contestación se conferirá traslado al actor, siguiéndose en lo demás lo establecido en el Capítulo II, del Título III, de este Libro.

Si el demandado no presenta la liquidación, se estará a la que presente el actor, salvo prueba en contrario.

378.3 - Cantidad procedente de daños y perjuicios. - El actor al promover la demanda incidental deberá realizar la liquidación de daños y perjuicios, siguiéndose, en los demás, el trámite del Capítulo II del Título III, de este Libro.

378.4 - Contra la sentencia que decida el incidente de liquidación podrán interponerse los recursos de reposición y apelación subsidiaria (Artículos 245, 250.2 y 254).

Art. 379. - Petición y embargo

379.1 - Al promover la ejecución, el acreedor presentará el título y solicitará las medidas cautelares convenientes a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes:

El Tribunal examinará el título que se le exhibe y si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución, dando comisión bastante al funcionario que corresponda para que lleve adelante los procedimientos de apremio.

379.2 - Cumplida efectivamente la medida cautelar, se notificará al ejecutado y éste, dentro del plazo de diez días extensibles en razón de la distancia, podrá oponer las defensas de pago o inhabilidad del título por falta de los requisitos esenciales para su validez, acompañando toda la probanza documental de que disponga y mencionando todos los concretos medios de prueba de que intente valerse.

379.3 - El Tribunal rechazará de plano, sin sustanciar, toda excepción que no fuere de las enumeradas, las que no se opusieren en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado le diere y las que, tratándose de cuestión de hecho, no se acompañaren con los medios probatorios o con su indicación.

La resolución denegatoria admitirá el recurso de reposición y apelación en subsidio (artículos 245, 250.2 y 254).

379.4 - Si las excepciones fueren admisibles, se sustanciarán y fallarán por los trámites de los artículos 356 a 360.

379.5 - En los casos de los numerales 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 377, procederá el juicio ordinario posterior a que refiere el artículo 361.

Art. 380. - Embargo

380.1 - Traba y eficacia. - El embargo se decretará por el Tribunal y se trabará por el Alguacil. No obstante, el embargo de inmuebles, naves o el general de derechos y acciones, quedará trabado con la providencia que lo decreta. El embargo de inmuebles, naves, y el general de derechos y acciones se efectiviza por la inscripción en el Registro respectivo; el de muebles, mediante su aprehensión por el Alguacil, sea que se designe depositario al propio deudor o a un tercero y el de créditos, por la notificación al deudor del ejecutado, conforme a derecho.

380.2 - Orden. - El embargo y, en su caso, el secuestro, se realizará en el siguiente orden: bienes muebles; inmuebles; créditos y a falta o insuficiencia de éstos, genéricamente en los créditos y derechos del ejecutado.

Este orden podrá dejarse de observar solamente en caso de hipoteca o prenda o mediando conformidad expresa o tácita entre el ejecutante y el ejecutado, así como si resultare notoriamente inconveniente o inútilmente gravoso, sin ventaja para el aseguramiento de los fines de la ejecución.

Cuando se trate de embargo general de derechos y acciones, la vía de apremio se suspenderá hasta la denuncia de bienes concretos.

380.3 - Mejora. - En cualquier momento de la ejecución, el ejecutante podrá solicitar mejora de embargo si consta de modo bastante la insuficiencia de la cautela. El Tribunal calificará la necesidad de la mejora y el ejecutante será responsable de los daños y perjuicios que cause el exceso en el embargo.

380.4 - Sustitución. - A petición del ejecutado podrá procederse a la sustitución del embargo.

a) Con citación del ejecutante, como regla general, por resolución apelable con efecto suspensivo si hiciere lugar a la sustitución.

b) En el caso de embargo general de derechos y acciones, conforme al régimen del artículo 35 de la Ley número 10.793, de 25 de setiembre de 1947.

La oposición meramente dilatoria al pedido de sustitución, dará lugar a la responsabilidad del ejecutante culpable.

380.5 - Créditos. - Cuando se embargue un crédito del ejecutado, el ejecutante quedará, por esa sola circunstancia, facultado para realizar las gestiones judiciales o extrajudiciales necesarias para obtener la efectividad de la medida dispuesta.

380.6 - Eficacia. - Todo acto de disposición o de gravamen sobre el bien embargado, posterior a la efectividad del embargo, es ineficaz con respecto al embargante y no produce alteración alguna en el orden del proceso ni en sus resultados. La ejecución continuará si el acto de disposición no existiera y a pedido de parte interesada, el Tribunal ordenará la cancelación de dicho acto en el Registro respectivo con citación de su titular, no admitiéndose otra oposición que la fundada en certificado registral dando libre del embargo al bien, a la fecha de la enajenación o gravamen y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946.

380.7 - Informe erróneo. - Si un comprador adquiriese un bien, cuyo embargo requiere la inscripción en Registro, mediando un certificado expedido por dicho Registro en el que consta que aquél no soporta embargo ni inhibición, la compra se presumirá de buena fe y nada podrán pretender los acreedores contra él, sin perjuicio de las demandas que pudieren iniciar con motivo del informe erróneo.

380.8 - Prelación. - La eficacia de los embargos frente a terceros, así como las preferencias entre los embargos para el cobro de sus créditos, intereses, costas y costos, se determina por la fecha de realización de los respectivos actos que hacen efectivos los embargos (ordinal .1).

Art. 381. - Bienes inembargables

No se trabará embargo en los bienes siguientes:

1) Los sueldos de los empleados públicos y privados, pensiones, jubilaciones y retiros.

Tratándose de deudas con el Estado por tributos o de pensiones alimenticios decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta la tercera parte de esos ingresos.

2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de los mismos muebles o de alquileres de la casa.

3) Los libros relativos a la profesión liberal del deudor.

4) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de prenda dada sobre los mismos para garantizar el precio de la adquisición.

5) Los artículos de alimentos y combustibles que existan en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante tres meses.

6) Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación.

7) Los bienes raíces donados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquiriesen.

8) Las propiedades o rentas públicas y municipales, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 397 y 398.

9) Las cosas afectadas al servicio del culto de cualquier religión.

10) La propiedad funeraria.

Las disposiciones precedentes no modifican el régimen de embargabilidad consignado en leyes especiales.

Art. 382. - Limitación en el uso de las cosas embargadas

En tanto el acreedor no pida el secuestro efectivo o la administración judicial de las cosas embargadas, el deudor podrá continuar sirviéndose de ellas.

No podrá impedirse que funcionen, mientras permanezcan embargadas, las cosas afectadas a un servicio público.

Art. 383. - Procedimiento posterior al embargo

Trabado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes, salvo que en el título se hubiera establecido la venta de los mismos al mejor postor, o que así lo pidan las partes de común acuerdo.

Art. 384. - Tasación de los bienes

384.1 - La tasación de los inmuebles se hará por la Dirección Nacional de Catastro, la que establecerá el valor real; en caso de impugnación de esa tasación, el Tribunal designará perito único para que la efectúe.

384.2 - Tratándose de bienes muebles, la tasación se hará también por perito único designado por el Tribunal.

Art. 385. - Observaciones a la tasación

La tasación pericial, en los casos de los ordinales .1 y .2 del artículo anterior, podrá ser impugnada por cualquiera de las partes, para lo cual se les conferirá vista de la misma.

Impugnada la tasación, el Tribunal resolverá sin otra prueba que la que estimare oportuna para mejor proveer.

Art. 386. - Agregación de títulos

Efectuada la tasación, se intimará al ejecutado la entrega de los títulos del bien y si no lo cumpliera en el plazo de tres días, será arrestado y conducido ante el Tribunal de la ejecución, el cual lo interrogará personalmente sobre las circunstancias del caso pudiendo, si lo considera pertinente, someterlo al órgano jurisdiccional penal competente, sin perjuicio de imponerle una conminación periódica hasta tanto no efectúe la entrega de la documentación.

Si los títulos se hallaren en poder de un tercero, se procederá de igual manera, pero si se lesionara un derecho adquirido o se hallaren en una oficina pública y la entrega no fuere posible, se incorporará a los autos copia simple autenticada.

El Tribunal podrá disponer el remate con la documentación registral de la propiedad del ejecutado, lo que se hará constar en el edicto respectivo.

Art. 387. - Remate

387.1 - Oportunamente, a petición del ejecutante, el Tribunal ordenará el remate sobre la base de las dos terceras partes de la tasación o al mejor postor, si así se hubiere acordado, designando al rematador.

387.2 - El remate será precedido de uno a cinco anuncios en el Diario Oficial, a criterio del Tribunal, los que comenzarán a publicarse con una antelación no menor de diez días ni mayor de un mes.

El anuncio deberá necesariamente contener:

a) La identificación de los autos;

b) El día, hora y lugar del remate;

c) La individualización del bien a rematarse;

d) La base del remate o, en su caso, si éste se realiza sin ella y al mejor postor.

e) El nombre del rematador;

f) La seña que habrá de consignar el mejor postor en el acto del remate y que el Tribunal fijará en suma no inferior al diez por ciento de la oferta;

g) La mención del lugar donde se encuentran los títulos a disposición de las interesados y para su consulta.

Un cartel especial será colocado en el inmueble anunciando su remate.

387.3 - El rematador informará al Tribunal, por lo menos diez días antes del remate, la fecha de éste y la publicidad que se hará, la que deberá adecuarse a los usos y costumbres; la omisión de este requisito aparejará la responsabilidad del rematador por los daños causados.

387.4 - La diligencia de remate será practicada por el martillero designado y podrá ser presidida por el Alguacil del Tribunal, si así se dispone.

387.5 - En acta que se labrará al efecto, el rematador dejará constancia del resultado del remate, la entrega de la seña que se haya determinado por el Tribunal y el nombre y domicilio del mejor postor, que será definitivo a los efectos del trámite del proceso, salvo expresa modificación ulterior por parte de aquél.

387.6 - Dentro de los diez días siguientes al remate, el rematador deberá rendir cuentas de lo actuado, acompañando el acta de la diligencia, los comprobantes de los gastos efectuados y el certificado del depósito de la seña; pudiendo descontar de la misma las sumas gastadas -con cargo de devolución si su rendición no resulta aprobada- así como la comisión que corresponda de conformidad al Arancel que establezca la Suprema Corte de Justicia.

387.7 - Si el ejecutante adquiere el bien en el remate, no tendrá que abonar la seña ni tampoco el precio, en cuanto éste no exceda el monto de su crédito más un diez por ciento correspondiente a los gastos de la ejecución.

387.8 - El procedimiento previsto en el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 para la liquidación del valor de las obligaciones, se aplicará también al saldo pendiente de pago del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los treinta días de efectuada la diligencia de remate. Este plazo podrá suspenderse a pedido del mejor postor solamente en el caso de no haberse aprobado el remate: el comprador podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimientos y del otorgamiento de la escritura, consignándose esas sumas, así como la seña a que refiere el ordinal 5 de este artículo, en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus sucursales o agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del Tribunal y bajo el rubro de los autos.

Art. 388 - Liquidación del crédito y entrega del bien

388.1 - Depósito del precio. - Una vez aprobado el remate y sus cuentas, el Tribunal fijará plazo para la entrega del precio que se depositará conforme a lo previsto por el ordinal .8 del artículo anterior.

Si no se cumpliera lo dispuesto, el Tribunal establecerá un segundo plazo de caducidad que no podrá exceder de la mitad del anterior; y transcurrido el mismo y persistiendo el incumplimiento, el Tribunal anulará el remate y dispondrá se realice uno nuevo; el mejor postor desistente deberá pagar los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado.

388.2 - Liquidación. - Depositado el precio, la Oficina formulará la liquidación que someterá a la aprobación del Tribunal en el siguiente orden:

a) las costas y demás gastos judiciales;

b) Gastos del remate aún no satisfechos (artículo 387.6) y honorarios del abogado y procurador del ejecutante;

c) Con el remanente se pagará el crédito del ejecutante y sus intereses, pero si hubiere embargados no satisfechos, se pagarán en el orden de la fecha de su efectividad respectiva (artículos 380.1 y .8).

d) Si hubiere, todavía, sobrante, le será entregado al deudor.

388.3 - Entrega. - Depositado el precio (artículos 387.8 y 388.1), el bien mueble se entregará al comprador, labrándose acta al respecto, de la que se dará testimonio al interesado que lo requiera.

Art. 389. - Escrituración

389.1 - Si se tratara de bienes cuya enajenación requiere escritura pública, ésta se realizará de oficio, autorizándose por el Escribano que designe el obligado al pago del honorario respectivo. En estos casos, la liquidación a que refiere el ordinal 2 del artículo anterior, se efectuará luego de otorgada la escritura.

El Tribunal fijará plazo para la escrituración, prorrogable por una sola vez a pedido fundado de parte.

Vencido el plazo, el Tribunal revocará la designación anterior y nombrará de oficio otro Escribano, al que fijará un último plazo so pena de lo dispuesto en el artículo siguiente.

389.2 - El comprador podrá pagar los impuestos y contribuciones necesarios para la escritura, que le serán descontados si acredita su pago ante la oficina actuaria.

389.3 - En todos los casos de venta judicial, el Tribunal dispondrá de oficio el levantamiento de todos los embargos e interdicciones que afecten el bien vendido sean de la fecha que fueren, comunicándolo posteriormente posteriormente a quien corresponda. El embargo o interdicción subsistirán sobre la parte del precio de la enajenación que corresponda al ejecutado, deducidos todos los gastos del juicio, incluidos los del remate, costas y costos.

Art. 390. - Anulación del remate

Si el comprador no depositara el saldo del precio (artículo 388.1) o se resistiese a escriturar, el Tribunal declarará nulo el remate, siendo de cargo del comprador los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado.

No podrá resistirse el comprador a escriturar, alegando defectos de titulación anteriores al remate, suponiendo aceptación del título el presentarse al remate haciendo postura.

Art. 391. - Falta de interesados en el remate

Si en el remate no hubiese postores, se podrá sacar nuevamente a la venta sobre la base de la mitad de la tasación, cumpliéndose para este nuevo remate con todos los requisitos establecidos para el anterior.

Si en el segundo remate no hubiere interesados, el bien será adjudicado al ejecutante en pago de su crédito, a menos que éste prefiera renunciar a tal derecho, tomando a su cargo todos los gastos de la ejecución y conservando su crédito contra el deudor por el monto originario con más los gastos de la ejecución abonados.

Art. 392. - Condenas procesales

392.1 - Ejecutado. - Serán de cargo del ejecutado las costas, costos y demás gastos justificados de la ejecución.

392.2 - Ejecutante. - El ejecutante deberá satisfacer los devengados por sus pretensiones desestimadas y las condenas que expresamente pusiere de su cargo el Tribunal.

392.3 - Mejor postor. - Todo ello sin perjuicio de lo que corresponde abonar al mejor postor en el caso de desistir del remate explícita o implícitamente.

Art. 393. - Impugnaciones

393.1 - Las partes podrán interponer el recurso de reposición contra toda providencia que se disponga en la vía de apremio.

393.2 - Cabe el recurso de apelación sin efecto suspensivo contra las providencias que deciden la aprobación de la tasación (artículos 384 y 385) y la liquidación de haberes (artículo 388). El Superior, atento a la situación, podrá, en su caso, decretar la suspensión hasta que se resuelva el recurso.

393.3 - El ejecutado podrá en cualquier momento solicitar la suspensión del remate, dando garantía suficiente de responder al crédito reclamado y gastos causados.

Esta gestión no suspenderá, en ningún caso, los procedimientos previos al remate.

393.4 - Si el ejecutado promoviera incidente de nulidad por indefensión, el Tribunal no podrá acordarle efecto suspensivo si aquél hubiere comparecido anteriormente al proceso de ejecución o si el incidente se promoviera fuera del plazo de cinco días contados desde el siguiente al de la última publicación del anuncio a que refiere el artículo 387.2.

El Tribunal deberá rechazar de plano, sin sustanciar, toda pretensión incidental notoriamente infundada.

Las resoluciones que rechacen la pretensión incidental de nulidad por indefensión serán apelables sin efecto suspensivo; el Superior, atento a la situación, podrá en su caso, decretar la suspensión hasta que se resuelva el recurso.

Art. 394. - Competencia por conexión

El Tribunal de la ejecución será competente para el juicio ordinario posterior, en los casos en que éste corresponda (artículo 379.5), para el procedimiento de expedición de segundas copias y para la entrega del bien ejecutado.

Art. 395. - Segundas copias

En el caso que no se obtuviere la entrega de los títulos del bien objeto de la ejecución, se entenderán cumplidos, con las diligencias a que refiere el artículo 386, los presupuestos necesarios para la iniciación del trámite de expedición de segunda copia de escritura. Estarán legitimados para deducir la pretensión pertinente, además de los titulares de la propiedad, el ejecutante y el mejor postor, indistintamente.

Art. 396. - Entrega de la cosa

Quien resultara adjudicatario del bien ejecutado, podrá reclamar su entrega y desocupación por el procedimiento de entrega de la cosa (artículo 364).

En este proceso, no se podrán oponer más excepciones que las que surjan de derechos de terceros que se encuentren registrados o se puedan probar documentalmente, si dicha documentación tuviera fecha cierta anterior al embargo.

Al ejecutado no se le admitirá excepción alguna.

CAPITULO III
OTRAS ESPECIES DE EJECUCION

Artículo 397. - Obligaciones de dar

397.1 - Para ejecutar una sentencia que condene a dar alguna cosa que se halle en el patrimonio del deudor, el Tribunal dispondrá mandamiento para desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor, utilizándose a tal efecto el auxilio de la fuerza pública y las conminaciones que correspondan.

397.2 - De resultar imposible la ejecución en especie, se procederá a la ejecución por el precio de la cosa y los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán por el procedimiento del artículo 378.1, .2 y .3, según corresponda.

Art. 398. - Obligaciones de hacer

398.1 - Si la sentencia condena a hacer algo, el actor solicitará del Tribunal la intimación al condenado de realizarla en el plazo establecido o en el que determine el Tribunal.

398.2 - Vencido el plazo, si no se diere cumplimiento, a pedido del ejecutante, el Tribunal determinará el tercero que debe realizarlo; los gastos en que se incurra serán abonados por el ejecutado dentro de diez días de aprobada la cuenta por el Tribunal según el procedimiento del artículo 378.1, .2 y .3, según corresponda; si no lo hiciera, la abonará el ejecutante, que para su reembolso tendrá abierta la vía de apremio contra el ejecutado.

398.3 - Si se trata de obligación no susceptible de cumplirse por tercero, a pedido de parte, podrá perseguirse su cumplimiento en especie estableciéndose conminación económica por un plazo no mayor de cuarenta y cinco días; si aún así no se realizare el cumplimiento, se liquidarán dichas conminaciones y los daños y perjuicios respectivos. En este caso, las sumas liquidadas por conminación se imputarán a los daños y perjuicios respectivos y beneficiarán al ejecutante.

398.4 - Si la sentencia condena a realizar escritura pública y, en su caso, efectuar la tradición de una cosa, se procederá conforme a lo dispuesto en el ordinal .1. Vencido el plazo, el Tribunal otorgará de oficio la escritura y, en su caso, efectuará la tradición.

Los gastos serán satisfechos por el ejecutante, el cual dispondrá de la vía de apremio para obtener el reembolso de lo que abone.

Art. 399. - Obligaciones de no hacer

399.1 - Si se condena a no hacer alguna cosa, el ejecutante podrá solicitar -si ya se hubiese efectuado- la reposición al estado anterior, siguiéndose lo dispuesto en el artículo 398.1 y .2.

399.2 - El ejecutante podrá optar por pedir directamente los daños y perjuicios y/o los medios de conminación o compulsión necesarios para evitar en el futuro el incumplimiento de la condena; esto último podrá igualmente solicitarse en el caso del ordinal .1 del presente artículo.

Art. 400. - Sentencias contra el Estado

Ejecutoriada una sentencia contra el Estado, el acreedor pedirá su ejecución mediante el procedimiento que corresponda.

Si la sentencia condenare al pago de una cantidad de dinero líquida y exigible, se hará saber al Banco de la República Oriental del Uruguay que debe poner a la orden del órgano jurisdiccional interviniente, debitándola de la cuenta del Estado, una suma equivalente al monto de la ejecución, a lo que debe proveerse dentro del plazo máximo de diez días. Confirmada por el Banco la disponibilidad de la suma, se librará orden de pago a favor del acreedor.

El Poder Ejecutivo tomará, en la preparación de cada Presupuesto General de Gastos, las providencias necesarias para cancelar los débitos del ejercicio anterior a que se refiere este artículo.

Art. 401. - Sentencias contra Municipios, Entes Autónomos y Descentralizados, en general

Las sentencias dictadas contra los Municipios y Entes Autónomos y Descentralizados en general se cumplirán en la forma establecida en el artículo anterior.

Los órganos respectivos proveerán de inmediato lo necesario para que, con los recursos propios del Municipio o del Ente, se cancele el crédito bancario respectivo, si fuere posible dentro del ejercicio. Si no fuere posible por ausencia de recursos, se procederá por parte del Municipio o del Ente, en la forma establecida en el inciso final del mismo artículo.

TITULO VI
PROCESO VOLUNTARIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 402. - Principio de la jurisdicción voluntaria

Cuando sea necesario demostrar la existencia de hechos que han producido o que estén llamados a producir efectos jurídicos y de los cuales no derive perjuicio a persona desconocida, se aplicarán las disposiciones del presente Título.

Art. 403. - Sujetos

403.1 - Los procesos voluntarios se tramitarán ante los Tribunales competentes, según la materia, para la primera instancia.

Las providencias que en ellos se dicten sólo serán susceptibles del recurso de reposición, salvo la definitiva que ponga fin al procedimiento, sea rechazando o aprobando lo actuado, la que podrá recurrirse mediante apelación sin efecto suspensivo.

403.2 - Se notificará a todo sujeto interesado en el asunto, la iniciación del procedimiento.

403.3 - En todo proceso voluntario intervendrá preceptivamente el Ministerio Público.

Art. 404. - Procedimiento

404.1 - La solicitud se presentará por parte interesada, conforme a las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de que piensa valerse e indicando toda persona que, en su concepto, pueda estar interesada en el diligenciamiento del asunto.

404.2 - Sobre la admisibilidad de la solicitud, se oirá al Ministerio Público y a las personas designadas, por el término fijado para los incidentes; si mediara oposición, se resolverá la cuestión por vía incidental.

La misma vía se seguirá, de existir oposición de tercero, en cuyo caso, si el Tribunal considera que ella plantea una cuestión de tal importancia que obsta a todo pronunciamiento en la jurisdicción voluntaria, clausurará el proceso, mandando que los interesados promuevan las demandas que entiendan pertinentes.

404.3 - Resuelta favorablemente la admisión del proceso voluntario, el Tribunal convocará a los interesados y al Ministerio Público a la audiencia, que se celebrará aunque sólo concurra el que inició el proceso.

En la misma el Tribunal interrogará al interesado sobre los objetivos de la solicitud y hará lo propio con otras personas que puedan estar interesadas en ella, y dispondrá el diligenciamiento de la prueba ofrecida, con citación de todos los interesados, fijando audiencia complementaria de prueba si fuere necesario. Al concluir la audiencia se oirá al interesado y a los otros sujetos que concurran, para la conclusión de causa.

404.4 - Se oirá al Ministerio Público, si hubiere concurrido a la audiencia.

404.5 - El Tribunal resolverá aprobando o rechazando la información producida o declarando lo que corresponda, según el objeto del procedimiento, dictando resolución según lo dispuesto por el artículo 343.7.

404.6 - Son de aplicación al proceso voluntario, en lo pertinente, las disposiciones del Libro I y las del Libro II sobre procesos contenciosos.

Art. 405. - Eficacia

405.1 - Las conclusiones del proceso voluntario se presumen ciertas y los terceros que adquieran derechos basados en las mismas, de buena fe, salvo prueba en contrario.

405.2 - Las providencias de jurisdicción voluntaria no pasan en autoridad de cosa juzgada, salvo expresa disposición legal en contrario.

405.3 - Las resultancias parciales o definitivas de un proceso voluntario, admiten siempre revisión en éste u otro proceso voluntario.

405.4 - Todo aquel que considere perjudicial para su interés frente a otro, lo establecido en el proceso voluntario, podrá promover el pertinente proceso contencioso. La sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo, prevalecerá, en las partes, sobre lo resuelto en el proceso voluntario, ya sea que aquel proceso se haya promovido antes, durante o después que este último.

Art. 406. - Extensión

406.1 - Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo, salvo expresa disposición en contrario, en todos los casos de jurisdicción voluntaria.

406.2 - Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de venias y autorizaciones judiciales, rectificación de partidas y asuntos similares, se tramitarán con arreglo a las disposiciones precedentes, aplicándose, además, lo que particularmente establezcan como requisito las leyes respectivas.

406.3 - En los casos de simple comunicación de actos de voluntad, sea de opción, intimación y similares, el procedimiento se limitará a los siguientes trámites:

1) Solicitud del interesado;

2) Providencia judicial disponiendo la notificación sin perjuicio y con mera noticia del Ministerio Público;

3) Notificación de la providencia.

El intimado podrá comparecer, al solo efecto de manifestar lo que crea oportuno.

CAPITULO II
PROCESO SUCESORIO

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 407. - Necesidad del proceso sucesorio

407.1 - Deferida la herencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1037 del Código Civil, debe promoverse el proceso sucesorio, el que se tramitará de acuerdo con las disposiciones del presente Título.

407.2 - Puede promover el proceso sucesorio todo aquel que justifique un interés legítimo para ello.

Art. 408. - Objeto del proceso sucesorio

Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su ausencia, el proceso sucesorio determinará, cuando menos:

1º) El fallecimiento del causante o su ausencia.

2º) Los bienes que han sido objeto de trasmisión.

3º) Las deudas que gravan la herencia.

4º) El nombre de las personas a quienes la herencia es deferida.

Art. 409. - Régimen legal

Las disposiciones del presente Capítulo regulan la tramitación respectiva, sin perjuicio de lo que establecieren las leyes de carácter fiscal que se dicten en la materia y las disposiciones procesales contenidas en las mismas.

Art. 410. - Aplicación de las normas de la jurisdicción voluntaria

Existiendo acuerdo entre todos los interesados, el proceso sucesorio se rige por las disposiciones de la jurisdicción voluntaria en general y del presente capítulo en especial. Pero surgido cualquier conflicto entre ellos, dejarán de aplicarse estas disposiciones y el asunto se regirá por lo establecido para la jurisdicción contenciosa.

Art. 411. - Fuero de atracción del proceso sucesorio

El Tribunal competente lo es también para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante y que refieran a su sucesión. El fuero de atracción no comprende las reclamaciones puramente patrimoniales promovidas respecto del causal relicto.

SECCION II
SUCESION INTESTADA

Artículo 412. - Proceso sucesorio

El procedimiento será el señalado para la jurisdicción voluntaria de acuerdo con el artículo 410, en todo cuanto no aparezca especialmente determinado en los artículos siguientes.

Art. 413. - Presentación

Los interesados que promueven el proceso sucesorio comparecerán por escrito, en la forma establecida para toda presentación judicial, ante Tribunal competente, solicitando la apertura del proceso, debiendo acompañar la documentación que acredite la muerte o ausencia del causante, la legitimación de los interesados y certificado del Registro de Testamentos.

Art. 414. - Declaración y publicación

414.1 - El Tribunal declarará promovido el proceso sucesorio y ordenará la publicación de edictos, haciéndolo saber a todos los que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular.

414.2 - Los edictos se publicarán en el Diario Oficial y en ellos se consignará el hecho de haberse promovido el proceso sucesorio, con indicación de la fecha, nombre del causante y de los comparecientes o individualización del expediente.

Los edictos se publicarán por el término de diez días.

Art. 415. - Intervención del Ministerio Público

415.1 - Transcurridos veinte días luego de la última publicación de los edictos, los interesados presentarán una exposición, adjuntando el primer y último ejemplar del periódico en que se publicara el edicto y estableciendo:

1º) Nombre de las personas llamadas a heredar, con las partidas del Estado Civil que correspondan.

2º) La relación de los bienes propiedad del causante, cuyos actos de transferencia o propiedad se inscriban en el Registro Público, al solo efecto de la expedición del certificado de resultancias de autos.

3º) Si así lo hubieran acordado, el proyecto de partición de la herencia.

De dicha exposición se dará vista al Ministerio Público.

415.2 - El agente del Ministerio Público examinará la exposición y si nada tiene que observar, devolverá el expediente consignando su opinión.

Si tuviere observaciones que formular, dejará constancia de las mismas.

Si los interesados no compartieren las observaciones del Ministerio Público, el Tribunal decidirá la cuestión en la forma establecida para los incidentes.

Art. 416. - Colocación de sellos

416.1 - Pueden pedir colocación de sellos, a los efectos de asegurar los bienes muebles que integran la sucesión, los herederos, el albacea, los que sin verlo vivían en la casa del causante y los agentes del Ministerio Público y Fiscal.

416.2 - Si la medida fuese procedente, el Tribunal, al ordenarla, dará comisión suficiente al funcionario que corresponda. Este hará saber a los interesados que se hallen en el lugar del juicio, con la urgencia del caso, el día y la hora de la diligencia para que puedan concurrir a ella, y la llevará a cabo en presencia de los que concurran.

416.3 - La colocación de los sellos consiste en cerrar con llave las puertas correspondientes a habitaciones cuyo acceso no sea indispensable para los que queden viviendo en la casa y colocar sobre las mismas, en la forma conveniente el sello de lacre del Tribunal. Las llaves serán entregadas al Tribunal que ordenó la diligencia.

Si se tratara de habitaciones de acceso indispensable, se cerrarán bajo llave los muebles y se procederá a sellarlos de la misma manera.

Y si ni una ni otra cosa fuese posible, se hará inventario de las existencias, nombrando depositario de las mismas.

416.4 - De la diligencia se labrará acta que se agregará a los autos.

416.5 - Si alguno de los interesados solicitase en el acto, que los papeles y documentos de valor que pudieran retirarse sin desmedro se agreguen al expediente, así se hará.

Art. 417. - Remoción de sellos

Habiendo acuerdo de los interesados o cuando sea menester hacer el inventario, se levantarán los sellos con las mismas formalidades con que se procedió a su colocación.

También se levantarán una vez que el Tribunal haya ordenado las medidas de administración que correspondan.

Art. 418. - Inventario judicial

418.1 - Si por algunos de los herederos o por el Ministerio Público se solicitare la facción del inventario judicial, el Tribunal lo decretará, dando mandamiento al funcionario o funcionarios que corresponda.

Los demás coherederos serán citados por el propio funcionario a quien se comete la diligencia, en la forma prevista para las notificaciones.

418.2 - El funcionario comisionado realizará el inventario, confeccionando una nómina de los bienes muebles. Respecto de los inmuebles, se agregarán los títulos si se hallaren o se hará una relación sucinta de los mismos.

418.3 - Si se suscitare controversia acerca de la inclusión de un bien en el inventario, se incluirá dejando constancia de la opinión contraria del oponente.

418.4 - De la diligencia se labrará acta que firmarán los presentes que lo desearen.

418.5 - Realizado el inventario, será puesto de manifiesto en la oficina para la consulta de los interesados que no hubiesen estado presentes en él o de los que lo hubieran suscrito con salvedades.

Mediando acuerdo de todos los interesados no será menester poner de manifiesto el inventario.

418.6 - Dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el ordinal anterior, los interesados en la herencia pueden observar el inventario, ya sea por no haberse incluido bienes hereditarios, ya sea por haberse incluido bienes que no integran la herencia.

418.7 - Las cuestiones que surjan con ocasión del inventario, así como las observaciones al mismo, se tramitarán en la forma prevista para los incidentes, unificándose necesariamente la representación de los que sostengan una misma posición.

Art. 419. - Administración de la herencia

419.1 - Podrá pedirse por cualquiera de los herederos o el cónyuge supérsite, la administración de la herencia cuando el estado de la misma no exija.

419.2 - La administración de la herencia se regirá por lo dispuesto para las medidas cautelares, en cuanto fuere aplicable.

El Tribunal fijará el régimen de administración, pudiendo confiarla a un Banco de notoria responsabilidad.

419.3 - En cualquier momento, uno o más herederos podrán hacer cesar la administración judicial, dando garantía suficiente a juicio del Tribunal, que asegure a los coherederos la integridad de su cuota hereditaria y la perceción puntual de los frutos correspondientes.

419.4 - En igualdad de condiciones para ejercer la administración de la herencia, el Tribunal preferirá el heredero que indique la mayoría. Esta se computará por capitales y, en caso de empate, por personas.

419.5 - Cualquiera sea el régimen de administración, los coherederos tienen derecho a ejercer la vigilancia sobre la misma, en las condiciones que fije el Tribunal.

Art. 420. - Partición

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1115 y siguientes del Código Civil y demás leyes que rigen la partición de los bienes sucesorios, el Tribunal tomará todas las medidas que juzgue necesarias para asegurar la pronta y eficaz división de los bienes relictos.

SECCION III
SUCESION TESTAMENTARIA

Artículo 421. - Procedencia de la sucesión testamentaria

Corresponde el proceso sucesorio testamentario cuando media testimonio otorgado de acuerdo con las formas establecidas en la ley.

Art. 422. - Principio general

La sucesión diferida por testamento abierto, se rige por las disposiciones relativas a la sucesión intestada, en cuanto al procedimiento.

La sucesión deferida por testamento cerrado, por testamento especial o por testamento otorgado en el extranjero, deberá promoverse de acuerdo con las disposiciones de la presente Sección.

Art. 423. - Presentación del testamento

Quien tenga en su poder un testamento, abierto o cerrado, tiene el deber de presentarlo al Tribunal competente no bien conozca el fallecimiento del testador.

Art. 424. - Requerimiento del testamento

Cualquier heredero, el cónyuge supérstite o el presunto albacea, pueden pedir al Tribunal que intime al tenedor de un testamento de persona fallecida, su entrega inmediata, lo que así se hará.

Art. 425. - Apertura del testamento

425.1 - Si se tratare de testamento cerrado, se procederá a su apertura judicial, en audiencia, de acuerdo con lo dispuesto en los ordinales siguientes.

425.2 - Antes de todo otro trámite, el Tribunal dispondrá, en el acto de la entrega del testamento cerrado, que por el actuario se deje constancia de la forma en que se hallan la cubierta y sus sellos, así como las demás circunstancias que caractericen su estado actual.

425.3 - Para el acto de apertura del testamento serán citados, además de los interesados, el escribano y testigos del testamento, en la forma prevista para las notificaciones.

Hallándose el escribano y testigos fuera del lugar donde debe radicarse la sucesión, la apertura podrá practicarse dándose comisión al Tribunal del lugar donde se halla la mayoría de ellos.

425.4 - La diligencia de apertura se realizará con los que concurran.

El Tribunal interpelará al escribano autorizante de la carátula del testamento y a los testigos instrumentales de la misma, a que manifiestan si las firmas que aparecen en el documento que se les exhibe son suyas y si las vieron colocar todas en un mismo acto.

Acto continuo les interpelará para que manifiesten si, en su concepto, el pliego está cerrado y sellado como en el momento del otorgamiento del acta que luce en la cubierta.

425.5 - Reconocida la carátula por los otorgantes, el Tribunal interpelará a los herederos e interesados presentes, para que manifiesten si tienen alguna observación que formular, relativa al estado material de la carátula del testamento y a la veracidad de las manifestaciones que en ella se consignan.

425.6 - Antes de procederse a la apertura del testamento, se labrará acta que suscribirán los presentes, dejándose constancia de todo lo realizado.

425.7 - Suscripta el acta a que se refiere el artículo anterior, se procederá a abrir el testamento y a darle lectura en alta voz.

Inmediatamente, el Tribunal rubricará cada una de las fojas del testamento y la carátula.

425.8 - Rubricado el testamento, se entregará al escribano que designe la mayoría o, en su defecto, al propio Tribunal, para que proceda a su incorporación a su Registro de Protocolizaciones.

El escribano podrá expedir luego los testimonios que fueren solicitados por los herederos.

Art. 426. - Apertura sin escribano ni testigos

426.1 - Si al acto de apertura no concurrieran, por haber fallecido, por hallarse ausentes o porque no pudieren hacerlo, el escribano autorizante, alguno o todos los testigos, el Tribunal suspenderá la diligencia de apertura.

426.2 - Acto continuo dispondrá se expidan edictos especiales que se publicarán en el Diario Oficial, haciendo saber el día y hora en que se procederá a la apertura del testamento.

Los edictos se publicarán por cinco días y luego de justificada la publicación, se procederá a la apertura con los interesados que se hallaren presentes.

426.3 - Si alguno de los interesados en la herencia, el escribano autorizante o los testigos de actuación en la carátula, formulara observaciones respecto de ésta, se dejará constancia en el acta.

426.4 - A continuación, una vez suscripta el acta, cualesquiera sean las observaciones, se procederá a abrir el testamento y a protocolizarlo, pudiendo luego promover los interesados las demandas de que se creyeren asistidos.

Art. 427. - Trámites del proceso testamentario

Los trámites del proceso testamentario, una vez protocolizado el testamento o agregado el mismo, según corresponda, serán los mismos del intestado.

SECCION IV
HERENCIA YACENTE

Artículo 428. Procedencia de la herencia yacente

No existiendo testamento, y no concurriendo a heredar al causante personas que se hallen dentro del grado legal, se declarará yacente su sucesión, procediéndose en la forma que establece la presente Sección.

Art. 429. - Procedimiento

429.1 - Formulada la denuncia de yacencia ante el Tribunal competente, éste dispondrá las medidas cautelares que juzgue convenientes, de acuerdo con lo dispuesto para la administración del proceso sucesorio común.

429.2 - Inmediatamente se dispondrá la publicación por edictos por el plazo de treinta días en el Diario Oficial.

Si en atención a las circunstancias del caso el Tribunal creyera conveniente hacer saber los edictos por otros medios de publicidad, así lo dispondrá, proveyendo lo necesario.

429.3 - Vencido el plazo de los edictos sin que comparezcan interesados en la herencia, el Tribunal nombrará a la misma un curador.

El curador designado prestará la fianza o garantía de buena administración que el Tribunal indique.

Prestada la garantía, se dejarán sin efecto las medidas de seguridad anteriormente tomadas y se someterá la herencia vacante a la administración del curador designado.

Art. 430. - Administración del curador

430.1 - El curador de la herencia yacente se halla sometido a todas las limitaciones de los tutores y curadores.

Dentro de los treinta días de asumido el cargo, el curador debe hacer inventario de los bienes yacentes con los datos que posea, con cargo de ampliarlo o modificarlo así que adquiera nuevos elementos de información.

430.2 - El Tribunal fijará al curador un plazo que variará en consideración a los bienes que integran la herencia, y que no excederá de un año, dentro del cual debe darse posesión de la misma al Ente representativo de la enseñanza primaria.

Este plazo podrá ser prorrogado por justa causa antes de su vencimiento.

Si dentro del mismo o de su prórroga, la herencia no hubiese sido entregada, el curador perderá todo derecho a remuneración por los trabajos que hubiere realizado.

430.3 - Conforme la herencia yacente vaya teniendo dinero en efectivo, el curador, previa comunicación al Tribunal, lo irá entregando al destinatario indicado en el artículo anterior.

El Tribunal fijará una partida que quedará en poder del curador para gastos y para responder a los honorarios del mismo, los que serán fijados con arreglo al arancel que establezca la Suprema Corte de Justicia.

Art. 431. - Presencia de interesados

431.1 - Cuando comparezca cualquier interesado alegando su condición de heredero, se formará con su solicitud pieza separada, continuando entre tanto la gestión del curador hasta que haya declaratoria de heredero en favor del peticionante.

431.2 - Declarado el heredero, cesará el curador y le será entregada la posesión de la herencia en el estado en que se halle, y sin perjuicio de las demandas de responsabilidad que pudiera tener contra el curador por dolo, culpa o negligencia en el ejercicio del cargo.

Art. 432. - Intervención del Ministerio Público

En todos los trámites de la herencia yacente intervendrá el representante del Ministerio Público.

Art. 433. - Noticia a los Agentes Extranjeros

Si el causante fuere extranjero, su muerte se hará saber por oficio al representante diplomático o consular de un país de origen.

SECCION V
INCIDENCIAS DEL PROCESO SUCESORIO

Artículo 434. - Cuestiones sobre los bienes

Salvo disposición expresa en contrario, las cuestiones inherentes a los bienes, su conservación y división entre los herederos, se tramitarán de acuerdo con las disposiciones relativas a los incidentes.

No obstante, en atención a la importancia de los mismos o de las cuestiones a debatirse, el Tribunal podrá disponer su dilucidación en proceso ordinario.

Art. 435. - Cuestiones sobre vocación sucesoria

Las cuestiones inherentes a la vocación sucesoria y en especial al estado civil de los herederos, a la validez o nulidad del testamento, a la aceptación o repudiación de la herencia, al beneficio de inventario, a la separación del patrimonio y a la indignidad para heredar, se debatirán en proceso ordinario.

Art. 436. - Cuestiones dudosas

436.1 - En la duda sobre el procedimiento a seguirse, el Tribunal lo fijará en atención a la naturaleza e importancia de la cuestión surgida.

De la resolución que fije el procedimiento no habrá más recurso que el de reposición.

436.2 - No se reputan cuestiones inherentes al estado civil, la falta o deficiencia de los recaudos que lo justifiquen, pudiendo producirse las informaciones supletorias respectivas dentro de los trámites de la jurisdicción voluntaria.

Art. 437. - Prosecución del juicio

Las incidencias que surjan dentro del proceso sucesorio judicial no obstan a la prosecución del mismo, debiendo formarse las piezas separadas que fueren necesarias.

Se detendrá, sin embargo, el proceso principal, toda vez que la actuación que deba realizarse dependa del pronunciamiento que se dicte en alguna de las piezas separadas.

Art. 438. - Recursos

438.1 - Salvo disposición expresa en contrario, las interlocutorias que se dicten en el proceso sucesorio, son susceptibles del recurso de apelación previsto en los artículos 250.2 y 254.

438.2 - Las sentencias que se dicten resolviendo cuestiones que, de acuerdo con el artículo 435, se sustancian en juicio ordinario, son susceptibles de apelación como las definitivas (artículo 250.1 y 253).

438.3 - Las apelaciones relativas a medidas de administración o a su cese, se concederán sólo con efecto devolutivo.

CAPITULO III
PROCESO DE DECLARACION DE LA INCAPACIDAD

Artículo 439. - Denuncia

La denuncia de insanía de una persona formulada con el objeto de obtener una declaración de incapacidad para realizar los actos de la vida civil, se formulará con los siguientes requisitos:

1º) Nombre, domicilio, estado civil y actual residencia del denunciado.

2º) Hechos que dan motivo para la denuncia, determinados en la forma establecida en el artículo 117.

3º) Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, formulado por el facultativo que lo asiste, acompañado de un certificado expedido por el mismo o por otro que haga sus veces.

4º) Determinación de los bienes conocidos como de propiedad del incapaz que deban ser sometidos a vigilancia judicial.

5º) Especificación del parentesco o vínculo que une al denunciante con el denunciado y existencia de cónyuge o de otros parientes de grado igual o más próximo que el del denunciante.

Art. 440. - Trámite

Recibida la denuncia, el Tribunal, previa notificación al Ministerio Público, dispondrá que dos facultativos de su confianza examinen al denunciado y emitan opinión acerca del fundamento de la denuncia.

Podrá requerirles, si lo considera conveniente, una opinión preliminar expedida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con cargo a ser ampliada.

El Tribunal podrá acompañar a los facultativos en el examen preliminar, si lo considera conveniente.

Art. 441. - Informe médico

En el informe ampliatorio, los médicos establecerán con la mayor precisión posible las siguientes circunstancias:

1º) Diagnóstico de la enfermedad.

2º) Pronóstico de la misma.

3º) Manifestaciones características del estado actual del denunciado.

4º) Consecuencias de esas manifestaciones en el comportamiento social y en la administración de los bienes del mismo.

5º) Tratamiento conveniente para asegurar la mejor condición futura del denunciado.

Art. 442. - Medidas de protección personal

Recibido el informe o antes si fuere necesario, el Tribunal tomará todas las medidas de protección personal del denunciado que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste.

Art. 443. - Examen personal

443.1 - El Tribunal examinará personalmente al denunciado, por lo menos una vez, y tantas cuanto lo considere conveniente.

Si por hallarse el denunciado fuera del lugar del juicio su examen personal fuera imposible, podrá salir a ese solo efecto fuera de su jurisdicción territorial, dando cuenta a la Suprema Corte de Justicia.

443.2 - De la inspección personal se labrará acta, en la que se consignarán todos los datos que se consideren útiles para dejar establecido el estado aparente del denunciado.

Podrá el Tribunal reservarse estas referencias para el acta de una ulterior visita.

Art. 444. - Facultades del Tribunal

444.1 - El Tribunal que entiende en los procedimientos tendientes a la declaración judicial de la incapacidad, tiene, respecto del denunciado, todas las facultades de protección que el Código del Niño confiere al órgano jurisdiccional en materia de menores.

444.2 - Podrá, especialmente, designarle un curador interino, someterle a un régimen de asistencia y de administración provisoria e incluso detener los procedimientos en espera de la evolución de la enfermedad.

Las curatelas legítimas establecidas en los artículos 441 y siguientes del Código Civil serán en todo caso respetadas, pudiendo el Tribunal, por motivos fundados, regular los modos de su ejercicio.

444.3 - En cualquier estado de los procedimientos, el Tribunal podrá tomar las medidas de administración que considere convenientes para asegurar la integridad de los bienes del denunciado o su eficaz administración.

Podrá confiar ésta, si lo considera oportuno, a un banco de notoria responsabilidad.

Art. 445. - Legitimación del denunciante y del denunciado

445.1 - Promovida la denuncia de insanía, el denunciante no tendrá intervención ulterior en el proceso. Pero podrá recurrir de las medidas perjudiciales al interés económico o moral del denunciado.

445.2 - El denunciado será notificado de la denuncia, siempre que su estado lo permita. Las medidas de administración y protección personal le serán notificadas una vez cumplidas.

El denunciado deberá designar defensor que tendrá las mismas facultades que el defensor en materia penal. Si no lo designa o no pudiera hacerlo, lo hará por él el Tribunal.

El denunciado podrá recurrir de las providencias perjudiciales a su interés económico o moral.

445.3 - En estos juicios intervendrá necesariamente el Ministerio Público desde su iniciación.

Art. 446. - Recursos

Las providencias dictadas en el curso de este procedimiento sólo serán susceptibles del recurso de reposición.

Las que concedan o nieguen medidas de protección o de administración, serán susceptibles del recurso de apelación, el que se otorgará sin efecto suspensivo.

Art. 447. - Declaración final

447.1 - Cumplidos los procedimientos que se establecen en los artículos precedentes y si el Tribunal tuviera la convicción del estado de incapacidad del denunciado, lo declarará, ordenando las medidas de curatela establecidas en el Código Civil.

447.2 - Si no adquiriera convicción de ese estado, podrá clausurar los procedimientos o mantener por un plazo que determinará y que podrá ser prorrogado todas las veces que sea necesario, el régimen de protección y administración establecido en el expediente.

447.3 - No procederá la declaración de incapacidad sin previa audiencia del Ministerio Público. El denunciante y el Ministerio Público podrán recurrir de la declaración final, sustanciándose el recurso en la forma prevista para los incidentes.

Art. 448. - Valor de las declaraciones

Las declaraciones que el Tribunal hiciere en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasan nunca en autoridad de cosa juzgada, a los efectos de obtener su revisión ulterior.

El declarado incapaz está legitimado al respecto.

Art. 449. - Gastos de la declaración de incapacidad

Los gastos que demande el procedimiento tendiente a la declaración judicial de la incapacidad, serán pagados con cargo al patrimonio del denunciado.

Pero si el Tribunal considerara que la denuncia se ha hecho sin motivo o con propósitos dolosos, podrá poner de cargo del denunciante el pago de esas prestaciones.

CAPITULO IV
PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Artículo 450. - Aplicación de los principios de jurisdicción

450.1 - Cuando se solicite el deslinde o el amojonamiento, se seguirán los procedimientos de la jurisdicción voluntaria, mientras no se suscite controversia entre los interesados.

450.2 - Si surgiere controversia relativa a la propiedad, se seguirán los trámites del juicio ordinario.

450.3 - Si surgiere controversia relativa a la administración de la zona a deslindarse, se procederá con lo establecido para la administración sucesoria en el artículo 419.

Art. 451. - Otras incidencias

Surgiendo otras incidencias fuera de las previstas en el artículo anterior, el Tribunal resolverá en forma preliminar el procedimiento que debe seguirse para dirimirlas, aplicando por analogía las disposiciones precedentes.

La resolución que fije el procedimiento a seguir es inapelable.

TITULO VII
PROCESO CONCURSAL

Artículo 452. - Ejecución colectiva

Procede la ejecución colectiva cuando el deudor se encuentra en estado de cesación de pagos; se realiza mediante el concurso para el deudor civil y la quiebra para el comercial.

La quiebra se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.

Art. 453. - Medidas preventivas de la ejecución

Puede evitarse la ejecución colectiva mediante el concordato con los acreedores. El deudor civil podrá celebrar con sus acreedores los mismos arreglos previstos por la ley mercantil, sometiéndose a todas las exigencias de ésta, sin más excepción que las referidas a las obligaciones específicas de la condición de comerciante.

Art. 454. - Clases de concurso

454.1 - El concurso del deudor civil puede ser voluntario o necesario.

454.2 - Es voluntario cuando el deudor solicita algún arreglo concordatorio o hace cesión de sus bienes para pagar a sus acreedores.

454.3 - Es necesario cuando dos o más acreedores han iniciado ejecución contra el deudor y no existan bienes bastantes para cubrir la cantidad que se reclama.

Art. 455. - Solicitud del deudor

El deudor que solicite el concurso deberá presentarse ante el Tribunal de su domicilio acompañando:

1. Una relación detallada de todos sus bienes y derechos, exceptuando solamente los inembargables.

2. Un estado de deudas con expresión de procedencia, vencimiento y nombre y domicilio de cada acreedor.

3. Una memoria sobre las causas de su presentación.

Sin estos requisitos no se dará curso a la solicitud.

Art. 456. - Solicitud de los acreedores

Cualquier acreedor que acredite los presupuestos del concurso necesario, podrá pedir al Tribunal del domicilio del deudor, que lo decrete.

Art. 457. - Medidas inmediatas

Decretado el concurso, el Tribunal resolverá:

1º) Notificar personalmente al deudor o a los acreedores, en su caso, disponiéndose la convocatoria a la Junta de todos ellos, la que también se publicará en el Diario Oficial, con término de treinta días y publicación por el primer tercio del mismo.

2º) Prevenir a los acreedores, en el edicto correspondiente, que los que comparezcan después de celebrada la Junta tomarán el concurso en el estado en que se halle.

3º) Disponer las medidas precautorias necesarias para asegurar los bienes y créditos del deudor y el control de su correspondencia relativa a dichos bienes.

El Tribunal, en cualquier momento, de oficio o a petición del Síndico, podrá ampliar esas medidas o adoptar otras.

4º) Requerir de los Tribunales ante los que tramitan los procesos referidos en el artículo 454.3 el envío de los mismos para su incorporación a la ejecución colectiva incluyendo los procesos de ejecución hipotecaria, prendaria o de promesa de ejecución inscripta, los que deberán continuar o podrán iniciarse ante el Tribunal del concurso, en ambos casos.

5º) Designar Síndico provisorio, que será depositario de los bienes.

6º) Intimar al deudor, en su caso, la presentación de los documentos a que refiere el artículo 455, con plazo de ocho días, bajo apercibimiento de que el Síndico formule la lista de acreedores y bienes.

7º) Disponer la inscripción en el Registro General de Inhibiciones.

El decreto de concurso hará exigibles todas las deudas, aún las con plazo pendiente o sujetas a condición y hará cesar el curso de los intereses.

Art. 458. - Oposición al concurso

458.1 - Están legitimados para oponerse a la declaración del concurso, los acreedores, si lo hubiere pedido el deudor y exclusivamente éste, si lo hubieren pedido los acreedores.

458.2 - El plazo para deducir oposición será de diez días a partir de la notificación.

458.3 - El procedimiento para sustanciar la oposición será el del proceso extraordinario, en lo que fuere aplicable, debiendo citarse a la audiencia al Síndico y al Ministerio Público, quienes actuarán como parte y como tercero, respectivamente.

458.4 - En la audiencia se procurará la conciliación, se oirá a las partes y el Tribunal sentenciará. La sentencia será apelable, pero la que rechace la oposición sólo lo será con efecto devolutivo.

458.5 - Deducida oposición, se formará con ella pieza por separado, continuándose con los trámites del concurso en el principal.

458.6 - La sentencia que revoque el concurso repondrá las cosas a su estado anterior a la declaración; podrá imponerse el pago de las costas y costos, incluidos los honorarios del Síndico, a los acreedores que solicitaron el concurso.

Art. 459. - Notificaciones

Decretado el concurso y notificados los acreedores, todas las demás providencias serán notificadas en la Oficina (artículos 78 y 84 a 86).

Art. 460. - Junta de acreedores

460.1 - La Junta de acreedores sesionará el día para el que fue citada, pudiendo continuar en otro, si así se decidiere. Actuará presidida por el Síndico provisorio y con los acreedores que concurran y acrediten su calidad de tales antes del día de la celebración o con los documentos que se presenten en el propio acto y sean aceptados, "prima facie", por el Síndico.

460.2 - Los acreedores y el deudor podrán actuar por sí o por apoderado; pero éste no podrá tener más de cinco votos aunque represente un mayor número de acreedores.

460.3 - Las votaciones serán nominales. Los acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados, si votan, pierden su preferencia o privilegio.

460.4 - Corresponde a la Junta:

1º) Resolver, por mayoría de acreedores que representen más de la mitad de los créditos, la realización de arreglos con el deudor que obligan a los demás. Los arreglos podrán consistir en los previstos por la ley mercantil y en la cesión de bienes del deudor.

2º) Si no se llegara a ningún acuerdo, continuará el concurso y la Junta, por la mayoría de votos indicada en el numeral anterior, designará al Síndico definitivo; en su defecto, será designado por el Tribunal. En cualquiera de ambos casos, el Síndico definitivo podrá ser el mismo que fuera nombrado provisoriamente.

Art. 461. - Oposiciones

Cualquiera de los acreedores no presentes en la Junta o los presentes que hubieren dejado a salvo su voto, podrán deducir oposición a los arreglos aprobados por la Junta o impugnar la validez de los créditos aprobados.

Si se dedujera oposición se conferirá traslado al Síndico y se seguirá, en lo demás, el trámite del proceso extraordinario.

La sentencia será apelable sin efecto suspensivo.

Art. 462. - Síndico

462.1 - El Síndico representa a los acreedores y actúa como sustituto procesal del deudor, debiendo iniciar o continuar todos los procesos en favor o en contra del patrimonio del concursado.

462.2 - El Síndico recibirá los bienes del deudor bajo inventario y tendrá, a su respecto, las responsabilidades de los depositarios y administradores.

462.3 - El Síndico tendrá facultades de administración amplias, debiendo dar cuenta al Tribunal de su actuación.

462.4 - Dispondrá la venta de los bienes en la forma prevista para la vía de apremio (artículos 378 a 397).

Art. 463. - Graduación de acreedores

463.1 - El Síndico formará un estado de los créditos y su graduación respectiva, debiendo presentarlo al Tribunal dentro de los treinta días de su nombramiento; el plazo podrá ser prorrogado por el Tribunal, mediando causa que lo justifique.

463.2 - Si se hubieren deducido oposiciones a los créditos, se esperará a su decisión para presentar el estado.

463.3 - El estado se pondrá de manifiesto por el plazo de quince días en el Tribunal, donde podrá ser examinado por los acreedores.

463.4 - Dentro del plazo indicado en el ordinal anterior podrá deducirse oposición al estado y graduación. Si se dedujeran oposiciones, se convocará a audiencia a todas las partes, incluyendo al Síndico y al Ministerio Público y el Tribunal decidirá todas las controversias en una sola sentencia, la que será apelable.

Art. 464. - Distribución

Aprobada o ejecutoriada la graduación, si se hubieren vendido todos los bienes, se distribuirá el producido en el orden establecido por las normas del Código Civil y a prorrata, entre los quirografarios.

Si algún bien no hubiera podido ser vendido por falta de postor, podrá adjudicarse por el Tribunal, a propuesta del Síndico, entre uno o más acreedores, designados por sorteo entre los de igual derecho, salvo acuerdo de éstos.

La decisión del Tribunal al respecto, sólo será susceptible del recurso de reposición.

Art. 465. - Carta de pago

Si los bienes alcanzaran para pagar la totalidad de los créditos, el Tribunal otorgará carta de pago al deudor y lo rehabilitará sin más trámite.

Si no alcanzaran, la mayoría de los acreedores que represente los dos tercios de los créditos, podrá solicitar al Tribunal y éste así lo dispondrá, el otorgamiento de carta de pago, la que liberará totalmente al deudor y producirá su rehabilitación.

Art. 466. - Falta de pago

En caso que no se otorgue carta de pago, los bienes que en el futuro adquiera el deudor, entrarán en el concurso, siendo administrados por el Síndico y vendidos en la misma forma, hasta pagarse totalmente los acreedores.

Art. 467. - Derechos del deudor

En todo caso se dejarán al deudor los bienes necesarios para atender a sus necesidades y a las de su familia.

Art. 468. - Nulidad

Son nulos todos los actos del deudor sobre los bienes entregados a los acreedores o sobre los que se ha abierto concurso de acreedores; pero el deudor podrá instruirse por sí o por apoderado del estado del concurso y hacer cuantas observaciones estime oportunas para el arreglo y mejora de la administración y para la liquidación de los créditos activos y pasivos.

Estos derechos los perderá si no hubiere dado cumplimiento a la intimación de presentar los documentos a que refiere el artículo 457, numeral 6.

Art. 469. - Lista de Síndicos

469.1 - Habrá una lista de Síndicos confeccionada por la Suprema Corte de Justicia entre personas con título de abogado o de contador renovada en los períodos que la Corte decida.

469.2 - En cada caso de concurso o quiebra, se designará de esa lista al que deba actuar. Elegido un Síndico, no lo podrá ser nuevamente durante el trienio en que fuera electo. El elegido tendrá el deber de aceptar el cargo, salvo motivo fundado de excusación, a juicio del Tribunal.

469.3 - El Síndico actuará con asistencia letrada, salvo que sea abogado.

Art. 470. - Expedientes

El Tribunal, para el mejor orden del proceso de concurso, podrá disponer la formación de las piezas separadas que estime convenientes.

Art. 471. - Depósito

Los Síndicos deberán depositar el producido de las ventas a la orden del Tribunal, dentro de los tres días de cobrado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 387.8, bajo apercibimiento de su responsabilidad personal por intereses, reajustes, daños y perjuicios y las sanciones penales correspondientes.

TITULO VIII
PROCESO ARBITRAL

CAPITULO I
DISPOSICION GENERAL

Artículo 472. - Aplicación

Toda contienda individual o colectiva, podrá ser sometida por las partes a resolución del Tribunal Arbitral, salvo expresa disposición legal en contrario.

La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados por las partes, o, en su caso, por Tribunal Judicial y los que dicten los Tribunales Arbitrarios formados por las Cámaras de Arbitraje a los que se sometan las partes.

CAPITULO II
CLAUSULA COMPROMISORIA Y COMPROMISO

Artículo 473. - Cláusula compromisoria

473.1 - En todo contrato o en acto posterior, puede establecerse que las controversias que surjan entre las partes deben dirimirse en juicio arbitral.

473.2 - La cláusula compromisoria debe consignarse por escrito bajo pena de nulidad.

Art. 474. - Caracteres del arbitraje

474.1 - El arbitraje es voluntario o necesario; en este último caso se impone por la ley o por convención de las partes.

474.2 - Las partes podrán hacer decidir por árbitros las controversias surgidas entre ellas, durante un juicio y cualquiera sea el estado de éste.

Art. 475. - Alcance de la cláusula compromisoria

La cláusula compromisoria supone la renuncia a hacer valer las pretensiones ante la jurisdicción ordinaria, sometiéndose plenamente a la decisión de los árbitros.

Art. 476. - Causas que no pueden someter a árbitros

No pueden someterse a juicio arbitral las cuestiones respecto a las cuales está prohibida la transacción.

Art. 477. - Forma del compromiso

El compromiso deberá consignarse en acta o escrito judicial o en escritura pública bajo pena de nulidad. La aceptación de los árbitros se recabará por el Tribunal o por el escribano que autorizó la escritura.

El compromiso deberá contener:

1º) Fecha de otorgamiento y nombre de los otorgantes.

2º) Nombre de los árbitros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 480.4.

3º) Puntos sobre los cuales debe recaer el laudo. Si no hubiera sobre este particular acuerdo de partes, cada una de ellas propondrá sus puntos y todos ellos serán objeto del arbitraje.

4º) Procedimiento del arbitraje. Si nada se dijera sobre este particular, se estará a lo dispuesto en el artículo 490.

5º) La mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad. Si nada se dijere, se reputará que los árbitros fallarán por equidad.

6º) Plazo para laudar.

Art. 478. - Resistencia a otorgar el compromiso

478.1 - Si una parte obligada por una cláusula compromisoria se resistiera luego a otorgar el escrito de compromiso, se podrá solicitar del Tribunal que lo otorgue a nombre del omiso, designando el árbitro, fijando el procedimiento y señalando los puntos que han de ser objeto de decisión.

478.2 - La petición respectiva se sustanciará con el omiso, en la forma establecida por los incidentes y su resolución será inapelable.

Art. 479. - Caducidad del compromiso

479.1 - Caduca el compromiso por la voluntad unánime de los que lo otorgaron; iniciado el juicio, caduca por el transcurso de un año sin realizarse ningún acto procesal.

También caduca por vencimiento del plazo dado para laudar.

479.2 - En todos estos casos los actos consumados serán válidos a los fines de ser utilizados por los árbitros que sustituyan a los anteriores o en un arbitraje ulterior.

CAPITULO III
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 480. - Arbitros

480.1 - Salvo que las partes designen un solo árbitro o que convengan en que éste sea designado por el Tribunal, el número de los árbitros será siempre de tres o cinco.

480.2 - Puede ser árbitro toda persona mayor de veinticinco años de edad, que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles.

480.3 - No pueden ser nombrados árbitros los fiscales, ni los secretarios de los Tribunales.

480.4 - Los árbitros podrán ser designados en la cláusula compromisoria, en el compromiso o en un acto posterior. Podrá, asimismo, convenirse en la forma de designación por un tercero o por el Tribunal.

Si las partes no se pusieran de acuerdo en el nombre de los árbitros, la designación será hecha por el Tribunal.

Art. 481. - Constitución voluntaria del Tribunal Arbitral

Designados los árbitros, las partes podrán nombrar secretario, dejar librada al Tribunal Arbitral su designación o disponer que actúen sin secretario.

En todos los casos el secretario deberá ser abogado o escribano público.

Art. 482. - Arbitro sustanciador

Constituido el Tribunal Arbitral, podrá designar un árbitro sustanciador, que será encargado de proveer lo necesario para el trámite del expediente, sometiendo al Tribunal Arbitral las dificultades e incidencias que pudieran surgir en el curso del mismo.

Art. 483. - Obligación de los árbitros

Los árbitros que aceptaren el encargo lo consignarán bajo su firma al pie del compromiso o de un testimonio del mismo.

La aceptación del cargo da derecho a las partes a compeler a los árbitros al cumplimiento del mismo, bajo pena de responder de daños y perjuicios.

Art. 484. - Reemplazo de los árbitros

Si algún árbitro designado no aceptara, se procederá a su reemplazo con las formas preceptuadas para el nombramiento del anterior.

De la misma manera se procederá si alguno de los árbitros renunciare con justa causa, falleciere o se inhabilitare de algún modo para el ejercicio del cargo durante el curso del arbitraje. En este caso, se detendrá el procedimiento, el que se reanudará en el estado en que se hallaba al designarse el reemplazante.

Art. 485. - Recusación de los árbitros

485.1 - Los árbitros nombrados por acuerdo de partes no podrán ser recusados, sino por hechos supervinientes a su designación.

485.2 - Los árbitros nombrados por el Tribunal o por un tercero, serán recusables dentro de los diez días posteriores a la notificación del nombramiento o al conocimiento de los hechos posteriores que den lugar a recusación.

485.3 - Son causas de recusación las causas de impedimento y de recusación de los jueces.

485.4 - Provocada la recusación, si el árbitro recusado no se abstuviere de intervenir, se tramitará el incidente en la forma establecida para la recusación de los jueces en cuanto fuere aplicable. Será competente para decidir la recusación, el Tribunal a que se refiere el artículo 494.

Art. 486. - Remoción de los árbitros

Durante el curso del arbitraje, los árbitros no pueden ser removidos sino por consentimiento de las partes.

Art. 487. - Conclusión de las funciones de los árbitros

Los árbitros concluyen en sus funciones por haber dictado el laudo. Sin embargo, se entiende prorrogada su misión, a los fines de poder hacer las aclaraciones y ampliaciones que le fueren solicitadas, en la misma forma y condiciones a que se refiere el artículo 244.

También concluyen las funciones de los árbitros por caducidad del compromiso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 479.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 488. - Diligencias preliminares

Las diligencias previas al arbitraje, como ser las pruebas anticipadas, las medidas cautelares y los procedimientos tendientes a la formalización del compromiso, se tramitarán ante el Tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 494.

Art. 489. - Procedimiento de las cuestiones previas

Las cuestiones que surgieran durante las diligencias preliminares del arbitraje, se dilucidarán en el procedimiento para los incidentes, excepto las que tengan previsto un procedimiento específico.

Art. 490. - Libertad de procedimiento

Las partes pueden convenir el procedimiento que consideren más conveniente.

Si nada dijeran, o en cuanto no hubiese sido objeto de previsión especial en el procedimiento señalado, se aplicarán por los árbitros las disposiciones establecidas en este Código para el proceso ordinario.

En todos los casos, el Tribunal Arbitral antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de reiterarlo en él cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en audiencia que podrá delegar en el árbitro sustanciador, so pena de nulidad absoluta que se trasmite a las actuaciones posteriores.

Art. 491. - Cuestiones conexas

Constituido el Tribunal Arbitral, se entienden sometidas a él todas las cuestiones conexas con lo principal que surjan en el curso del mismo. En este caso, dichas cuestiones se tramitarán por el procedimiento que las partes convengan y, en su defecto, por el señalado por los incidentes.

Art. 492. - Prueba ante los árbitros

La prueba ante los árbitros se regirá por el procedimiento de este Código, salvo que otra cosa hubiesen convenido las partes.

Sin embargo, los árbitros recabarán la colaboración de los Tribunales ordinarios cuando los testigos rehusen presentarse voluntariamente a declarar, cuando se requieran informes que sólo pueden darse de mandato judicial o cuando sea necesaria la asistencia de la fuerza pública.

Art. 493. - Cuestiones excluidas del arbitraje

Si durante la prueba o en el curso del juicio se redarguyera de falso criminalmente un documento o se plantearan algunas de las cuestiones no susceptibles de ser sometidas a arbitraje, el Tribunal Arbitral pasará los antecedentes al Tribunal ordinario, quedando entre tanto en suspenso el arbitraje.

Art. 494. - Tribunal competente

Para las cuestiones precedentes, así como para cualesquiera otras que surgieran en el curso del arbitraje, para el recurso dado contra el laudo y para el cumplimiento del mismo, será competente el Tribunal que hubiera conocido del asunto a no mediar el compromiso.

Art. 495. - Domicilio en el extranjero

Si el demandado no tuviese domicilio en el Uruguay, pero las obligaciones deban cumplirse en el país, será competente el Tribunal del lugar donde deben cumplirse las obligaciones o el del lugar donde fue otorgado el contrato que contiene la cláusula compromisoria, indistintamente.

Art. 496. - Laudo arbitral

496.1 - El laudo deberá ser expedido dentro del plazo señalado en el compromiso o, en su defecto, dentro de los noventa días hábiles contados desde la primera actuación del Tribunal Arbitral, salvo que las partes acuerden la suspensión del procedimiento.

496.2 - Los árbitros estudiarán el expediente y se reunirán para deliberar. Si alguno de ellos no lo hiciera, los restantes podrán hacerlo y dictarán resolución si se hallaren de acuerdo. El árbitro inasistente podrá entregar al secretario su voto por escrito.

496.3 - El laudo se dictará por mayoría. Pero si no pudiese llegar a formarse ésta porque las diversas opiniones concluyan en soluciones diferentes, se redactará el laudo sobre los puntos en que hubiese mayoría. Respecto de los puntos restantes se reservará el pronunciamiento hasta tanto las partes procedan a designar un nuevo integrante del Tribunal Arbitral. Para el nombramiento del mismo, en caso de resistencia de alguna de las partes, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 480.4.

496.4 - Entretanto, con testimonio del laudo ya expedido sobre la parte en que haya habido mayoría podrán iniciarse los procedimientos de ejecución.

Art. 497. - Gastos del arbitraje

Aunque nada se haya establecido en el compromiso, los árbitros se pronunciarán acerca de como deben pagarse los gastos del arbitraje.

Podrán según lo estimen justo, poner todos los gastos a cargo del vencido o relevarle de una parte de los mismos.

Serán necesariamente de cargo del vencido en las mismas los gastos de las incidencias surgidas con ocasión del arbitraje, así como del recurso de nulidad si fuere desestimado.

CAPITULO V
EJECUCION DEL LAUDO Y RECURSOS CONTRA EL MISMO

Artículo 498. - Procedimiento para la ejecución

498.1 - Dictado el laudo, el expediente será remitido al Tribunal a que se refiere el artículo 494, en cuya oficina quedará archivado.

Ante él podrán pedir las partes el cumplimiento de lo resuelto, siguiéndose a tal fin el procedimiento establecido en el Libro II de este Código para las sentencias.

498.2 - También ante el mismo Tribunal podrán pedir los árbitros la regulación de sus honorarios, los que serán fijados tomando como base el arancel del Código de Abogados.

498.3 - Los secretarios y peritos que hubiesen actuado ante el Tribunal Arbitral, también podrán pedir la fijación de sus honorarios ante el Tribunal ordinario, salvo que el Tribunal Arbitral los hubiese fijado ya en el laudo. Para esto último no es necesario convenio especial en el compromiso, considerándose que forma parte de la función de los árbitros la fijación de tales honorarios con arreglo al arancel correspondiente.

Art. 499. - Recursos contra el laudo

Contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, el que corresponde en los casos siguientes:

1º) Por haberse expedido fuera del término.

2º) Por haberse expedido sobre puntos no comprometidos.

3º) Por no haberse expedido sobre puntos comprometidos.

4º) Por haberse negado los árbitros a recibir alguna prueba esencial y determinante.

Art. 500. - Alcance de la nulidad

En el primer caso de los indicados en el artículo anterior, la nulidad afecta a todo el laudo. En el segundo caso afecta sólo los puntos que no habían sido objeto de compromiso. En el tercero, la nulidad afecta sólo a aquellas cuestiones decididas para cuya resolución era indispensable resolver previamente el punto omitido; pero valdrá, en cambio, el laudo, en cuanto a las cuestiones decididas independientes de la omitida. En el cuarto, la nulidad afecta a todo el laudo.

Art. 501. - Plazo de interposición y procedimiento del recurso

501.1 - El recurso debe interponerse necesariamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, ante el Tribunal a que se refiere el artículo 494.

501.2 - El recurso de nulidad se sustanciará en la forma prevista para los incidentes.

501.3 - El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir de los árbitros un informe, conjunta o separadamente.

501.4 - Mientras se tramita el recurso, la ejecución del laudo quedará en suspenso.

501.5 - La sentencia que se pronuncie sobre la nulidad será susceptible de apelación.

Art. 502. - Ejecución del arbitraje extranjero

Los laudos expedidos por los tribunales arbitrales extranjeros se podrán ejecutar en el Uruguay, conforme a lo que dispongan los tratados o leyes respecto de la ejecución de las sentencias extranjeras en cuanto fuere aplicable.

CAPITULO VI
ARBITRAJE SINGULAR

Artículo 503. - Aplicación del procedimiento

Cuando exista acuerdo de partes en el sentido de someter la decisión de un asunto a la resolución de una sola persona, se podrá proceder en la forma establecida en los capítulos anteriores de acuerdo con la forma menos solemne establecida en los artículos siguientes.

Art. 504. - Procedimiento amigable

504.1 - El compromiso se redactará en la forma establecida en el artículo 477.

Acto seguido, las partes recabarán la aceptación del árbitro único al pie del compromiso.

504.2 - Aceptado el encargo, la persona designada, sin necesidad de secretario, escuchará en la forma que crea conveniente las alegaciones de las partes, tomará por sí sola las informaciones respectivas y dictará resolución dentro del plazo que se hubiere señalado o, a más tardar, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a partir de la aceptación del cargo.

504.3 - Su resolución será susceptible del recurso de nulidad a que se refieren los artículos 499 y 500, y por las mismas causas, salvo la de haberse resistido a admitir pruebas.

Art. 505. - Procedimiento aplicable

En el arbitraje singular, serán aplicables las disposiciones del presente Título en todo cuanto sea compatible con la simplicidad del procedimiento y el carácter de cargo de honor y de confianza de que queda investido el árbitro designado.

Art. 506. - Capacidad para concertar el procedimiento

Sólo pueden concertar el procedimiento y aceptar el cargo a que se refieren los artículos anteriores, las personas que tienen capacidad para comprometer en árbitros.

Art. 507. - Ejecución

La ejecución del laudo dictado se regirá por lo dispuesto en el artículo 498.

TITULO IX
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY

Artículo 508. - Caso concreto

Siempre que deba aplicarse una ley o una norma que tenga fuerza de ley, en cualquier procedimiento seguido ante magistrados de la Administración de Justicia Ordinaria o Administrativa, se podrá promover la declaración de inconstitucionalidad.

Art. 509. - Titulares de la solicitud

La declaración de inconstitucionalidad y la de inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán ser solicitadas:

1º) Por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.

2º) De oficio, por el Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso.

La Suprema Corte de Justicia, en los asuntos que se ventilan en ella, decidirá la declaración de inconstitucionalidad al acordar sentencia.

Art. 510. - Acción o excepción

Cuando la declaración de inconstitucionalidad se solicite por las personas a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, podrá ser promovida:

1º) Por vía de acción, cuando no exista procedimiento judicial pendiente. En este caso, deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia.

2º) Por vía de excepción o defensa, que necesariamente deberá oponerse ante el Tribunal que esté conociendo en dicho procedimiento judicial.

Art. 511. - Oportunidad para deducir la cuestión de inconstitucionalidad

511.1 - La solicitud de declaración de inconstitucionalidad como excepción o defensa puede ser promovida tanto por el actor, por el demandado o por el tercerista, en los procedimientos correspondientes, desde que se promueve el proceso y hasta la citación para sentencia en la instancia pertinente.

511.2 - Cuando la cuestión de inconstitucionalidad se promueva de oficio, podrá proponerse hasta que se pronuncie sentencia definitiva.

Art. 512. - Requisitos del petitorio

La solicitud de declaración de inconstitucionalidad deberá formularse por escrito, indicándose con toda precisión y claridad, los preceptos de la ley que se reputan inconstitucionales y el principio o norma constitucional que la ley vulnera o en qué consiste la inconstitucionalidad en razón de la forma.

La petición comprenderá todas las disposiciones o principios constitucionales que se consideren violados, quedando prohibido, por lo tanto, el planteamiento sucesivo de cuestiones de inconstitucionalidad.

Art. 513. - Facultades del Tribunal

513.1 - El Tribunal no dará curso a las solicitudes extemporáneas (artículo 511.1) o a las que no se ajusten a los requisitos establecidos en el artículo anterior o violen la prohibición contenida en el mismo.

513.2 - Cuando el que usó de la defensa o excepción de inconstitucionalidad se agraviase de la denegación y omisión del trámite, podrá recurrir por vía de queja conforme a lo dispuesto por los artículos 262 a 267.

Art. 514. - Suspensión de los procedimientos

Acogido por el Tribunal el planteo de la inconstitucionalidad por vía de excepción o defensa o planteada de oficio, se suspenderán los procedimientos y se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.

Art. 515. - Rechazo in limine del petitorio

La Suprema Corte de Justicia podrá rechazar in limine la cuestión de inconstitucionalidad planteada, en el Acuerdo y sin necesidad de pasar los autos a estudio (artículo 519) en los casos previstos por el artículo 513.1.

Si así fuere, procederá a la inmediata devolución de los antecedentes al Tribunal que entendía del procedimiento, el que dispondrá su prosecución como si la cuestión de inconstitucionalidad no hubiere sido promovida. Si la cuestión fue formulada por vía de acción principal, la Suprema Corte de Justicia archivará, sin más trámite, las actuaciones respectivas.

Art. 516. - Trámite de petitorio por vía de excepción o defensa

516.1 - Admitida la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, cuando fuere promovida por vía de excepción o defensa (numeral 2º del artículo 510) recibidos los autos con la petición, la Corte sustanciará con un traslado simultáneo a las demás partes, por el término de diez días perentorios. Luego será oído el Fiscal de Corte, quien deberá expedirse dentro del término de veinte días.

516.2 - Una vez se haya expedido el Fiscal de Corte, se citará a las partes para sentencia, pasándose los autos para su estudio.

El Fiscal de Corte y los abogados de las partes podrán informar in voce, solicitándolo dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que dispone el pase a estudio.

516.3 - Si la alegación de inconstitucionalidad fuera de carácter formal o dependiera de cuestiones de hecho, la Corte, para aclararlas, podrá dictar las diligencias para mejor proveer que considere oportunas y podrá recibir la prueba que hubieren ofrecido las partes, dentro del término de quince días.

516.4 - Lo dispuesto en el ordinal precedente, así como lo establecido en el artículo 517, será de aplicación sin perjuicio del procedimiento indicado en el artículo 519.

Art. 517. - Trámite del petitorio por vía de acción

517.1 - Cuando la declaración de inconstitucionalidad fuera interpuesta por vía de acción, se sustanciará con un traslado a las partes a quienes afecta la ley o la norma con fuerza de ley y al Fiscal de Corte, quienes deberán expedirse en el término de veinte días.

517.2 - Evacuado el traslado correspondiente, si se hubiera ofrecido prueba, se señalará para su producción un término de quince días comunes e improrrogables. Vencido que sea el término de prueba, la Secretaría de la Suprema Corte agregará las que se hubieren producido sin necesidad de mandato y se conferirá ulterior traslado al accionante y al Fiscal de Corte, por el término de diez días.

517.3 - Presentados los alegatos, se citará para sentencia pasándose los autos a estudio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 516.2.

Art. 518. - Interposición de oficio

518.1 - Cuando la solicitud de declaración de inconstitucionalidad se interponga de oficio, deberá ser fundada y se sustanciará con un traslado a las partes, oyéndose al Fiscal de Corte, en los términos establecidos en el artículo 516.1.

518.2 - Evacuados los traslados, se observará en lo demás, el procedimiento indicado en el artículo 516.2 y .3.

Art. 519. - Resolución anticipada

En cualquier estado de los procedimientos y con prescindencia de la situación en que se encuentre el trámite respectivo, la Suprema Corte de Justicia podrá resolver la cuestión, acreditados que fueren los siguientes extremos:

1º) Si el petitorio hubiere sido formulado con la notoria finalidad de retardar o dilatar innecesariamente la secuela principal sobre el fondo del asunto.

2º) Si hubiera ya habido jurisprudencia en el caso planteado y se declare por ese órgano judicial que mantendrá su anterior criterio.

Art. 520. - Sentencia

La sentencia se limitará a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas y solamente tendrá efecto en el caso concreto en que fuese planteada. Contra ella no se admitirá recurso alguno.

Art. 521. - Efectos del fallo

La declaración de inconstitucionalidad hace inaplicable la disposición legal afectada por ella en los procedimientos jurisdiccionales en que se haya pronunciado.

Si hubiera sido solicitada por vía de acción o principal, la sentencia tendrá eficacia para impedir la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales al que ha promovido la declaración y obtenido la sentencia, pudiendo hacerla valer como excepción en cualquier procedimiento jurisdiccional, incluso en el anulatorio del Contencioso Administrativo.

Art. 522. - Comunicación al Poder Legislativo y a la Junta Departamental correspondiente

Toda sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, será comunicada al Poder Legislativo, y en su caso, al Gobierno Departamental correspondiente cuando se trate de la inconstitucionalidad de un decreto que tenga fuerza de ley en su jurisdicción.

Art. 523. - Gastos procesales

Cuando se rechace la pretensión de inconstitucionalidad, si ella hubiera sido formulada por parte interesada, serán de cargo del promotor todas las costas judiciales y se impondrán también los costos cuando hubiere mérito para ello, de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil, considerándose especialmente que existe malicia temeraria, cuando del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad resultare en forma manifiesta que el propósito ha sido entorpecer o retardar los procedimientos respectivos.

Rechazado el recurso, el letrado que lo patrocinó no tendrá derecho a percibir honorarios.

TITULO X
NORMAS PROCESALES INTERNACIONALES

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 524. - Normas aplicables

En defecto de tratado o convención, los Tribunales de la República deberán dar cumplimiento a las normas contenidas en el presente Título.

Art. 525. - Regulación procesal

525.1 - Los procesos y sus incidentes, cualquiera sea su naturaleza, se sujetarán a las leyes procesales de la República.

525.2 - Las pruebas se admitirán y valorarán según la ley a que esté sujeta la relación jurídica objeto del proceso. Se exceptúan aquellas pruebas que estén prohibidas por la legislación nacional.

525.3 - Los Tribunales deberán aplicar de oficio el derecho extranjero e interpretarlo tal como lo harían los Tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenezca la norma respectiva.

Sin perjuicio de la aplicación de oficio, las partes podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera.

525.4 - Todos los recursos previstos por la ley nacional serán admitidos en los casos en que proceda la aplicación del derecho extranjero.

525.5 - Los Tribunales sólo podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera, cuando éstos contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en los que la República asienta su individualidad jurídica.

CAPITULO II
DE LA COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL

Artículo 526. - Reglas de actuación

526.1 - Para la realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como para la recepción y obtención de pruebas e informes, los Tribunales librarán exhortos y cartas rogatorias.

Igual solución se observará respecto de los exhortos o cartas rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros.

526.2 - Por intermedio de tratado o convención, podrá establecerse la facultad de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos para llevar a cabo las diligencias a que refiere el ordinal anterior.

Art. 527. - Exhortos y cartas rogatorias

527.1 - Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser trasmitidos por las propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o diplomáticos o a través de la Autoridad Central competente en la materia o, en su defecto, por vía judicial.

527.2 - Cuando los exhortos o cartas rogatorias se tramiten por vía consular o diplomática o a través de la Autoridad Central, no será necesario el requisito de la legalización.

527.3 - Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes procesales del Estado de su cumplimiento.

Los Tribunales, a solicitud del órgano jurisdiccional requirente, podrán observar en el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria, formalidades o procedimientos especiales, siempre que ello no fuere contrario a la legislación nacional.

527.4 - Los exhortos o cartas rogatorias y la documentación anexa deberán ser acompañados, en su caso, de la respectiva traducción.

Art. 528. - Efectos del cumplimiento

El cumplimiento en la República del exhorto o carta rogatoria proveniente de Tribunales extranjeros no implicará por sí, el reconocimiento de la competencia internacional de éstos, ni el compromiso de reconocer la eficacia de la sentencia que dictaren.

Art. 529. - Competencia

Los Tribunales de la República serán competentes para conocer de las cuestiones relativas al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria que reciban; si un Tribunal se declarare incompetente, en el ámbito interno, para proceder al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá de oficio al Tribunal competente, sin más trámite.

CAPITULO III
DE LA COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL CAUTELAR

Artículo 530. - Medidas cautelares

530.1 - Los Tribunales nacionales darán cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por Tribunales extranjeros internacionalmente competentes y proveerán todo aquello que fuere pertinente a tal objeto, exceptuándose aquellas medidas que estén prohibidas por la legislación nacional o contrarien el orden público internacional de la República (artículo 525.5).

530.2 - La procedencia de la medida cautelar rogada se regulará de acuerdo a las leyes y por los Tribunales del lugar del proceso extranjero. La ejecución de la medida así como la contracautela, serán resueltas por los Tribunales de la República conforme a su legislación.

Art. 531. - Tercerías y oposiciones

531.1 - Cuando se hubiere trabado embargo o cualquier otra medida cautelar sobre bienes, la persona afectada podrá deducir ante los Tribunales nacionales la tercería u oposición pertinente, con el exclusivo objeto de su comunicación al Tribunal de origen al devolvérsele el exhorto o carta rogatoria.

531.2 - La oposición o tercería se sustanciará por el Tribunal de lo principal conforme a sus leyes. El opositor o tercerista que compareciere luego de devuelto el exhorto o carga rogatoria, tomará el proceso en el estado en que se halle.

531.3 - Si se tratare de tercería de dominio u otros derechos reales sobre el bien embargado o se fundara en su posesión, se resolverá por los Tribunales de la República y de conformidad a sus leyes.

Art. 532. - Efectos del cumplimiento

El cumplimiento de la medida cautelar no implica el compromiso de reconocer y ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el proceso en el que tal medida se dispusiera.

Art. 533. - Medidas previas a la ejecución

El Tribunal a quien se solicitare el cumplimiento de una sentencia extranjera podrá, sin más trámite, a petición de parte, tomar las medidas asegurativas necesarias conforme a las leyes de la República.

Art. 534. - Medidas cautelares en materia de menores o incapaces

Cuando la medida cautelar se refiera a custodia de menores o incapaces, los Tribunales nacionales podrán limitar, con alcance estrictamente territorial, los efectos de la medida, a la espera de lo que en definitiva se resuelva por el Tribunal del proceso principal.

Art. 535. - Facultad cautelar

535.1 - Cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente para conocer en el litigio y siempre que el objeto de la medida se encuentre en el territorio nacional, los Tribunales de la República podrán ordenar y ejecutar, a solicitud fundada de parte, todas las medidas conservatorias o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya finalidad sea garantir el resultado de un litigio pendiente o eventual.

535.2 - Si el proceso estuviere pendiente, el Tribunal que decretó la medida deberá comunicarla de inmediato al Tribunal extranjero que conoce en lo principal.

535.3 - Si el proceso aún no se hubiere iniciado, el Tribunal que ordenó la medida fijará un plazo, sujetándose a lo que en la materia dispone la ley nacional, dentro del cual el peticionante habrá de hacer valer sus derechos so pena de caducidad de la medida (artículo 311.2).

Si en el plazo acordado se promoviere la demanda, se estará a lo que resuelva, en definitiva, el Tribunal internacionalmente competente.

535.4 - Los Tribunales de la República, cuando proceda, podrán decretar medidas cautelares destinadas a cumplirse fuera del país.

Art. 536. - Tramitación

La remisión de las medidas cautelares se hará por las propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o diplomáticos o a través de la Autoridad Central competente en la materia o, en su defecto, por vía judicial.

CAPITULO IV
DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS

Artículo 537. - Reglas generales

537.1 - El presente capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranjero en materia civil, comercial, de familia, laboral, y contencioso administrativa; también comprenderá la sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Internacionales que refieran a personas o intereses privados.

Asimismo abarcará a las sentencias recaídas en materia penal en cuanto a sus efectos civiles.

537.2 - La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia a la que pertenece, serán calificadas por los Tribunales del Estado de origen del fallo y según su propia ley.

Art. 538. - Efectos de la sentencia

538.1 - Las sentencias extranjeras tendrán en la República efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoriada, con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo.

538.2 - Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en la República, si correspondiere, sin que puedan ser objeto de revisión sobre el fondo del asunto objeto del proceso en que se dictaron.

538.3 - El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de tal, de acuerdo con las disposiciones del presente Capítulo.

538.4 - La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener en la República una fórmula ejecutoriada respecto de las sentencias extranjeras de condena.

Art. 539. - Requisitos para la eficacia

539.1 - Las sentencias extranjeras tendrán eficacia extraterritorial en la República, si reúnen las siguientes condiciones:

a) Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para ser consideradas auténticas en el Estado de origen;

b) Que la sentencia y la documentación anexa que fuere necesaria estén debidamente legalizadas de acuerdo a la legislación de la República, excepto que la sentencia fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las Autoridades Centrales;

c) Que se presenten debidamente traducidas al español si provienen de países de idiomas diferentes;

d) Que el Tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer el asunto de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuera de jurisdicción exclusiva de los Tribunales patrios;

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de acuerdo a las normas del Estado de donde proviene el fallo;

f) Que se haya asegurado la debida defensa de las partes;

g) Que tengan autoridad de cosa juzgada en el Estado de origen.

h) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público internacional de la República.

539.2 - Los comprobantes indispensables para solicitar el cumplimiento de la sentencia extranjera son:

a) Copia auténtica de la sentencia;

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los literales "e" y "f" del ordinal precedente.

c) Copia auténtica de la constancia que certifique que la sentencia tiene autoridad de cosa juzgada.

Art. 540. - Efectos imperativos y probatorios

Cuando sólo se trate de hacer valer los efectos imperativo y probatorio de una sentencia extranjera, deberá presentarse la misma ante el Tribunal pertinente, acompañando la documentación referida en el artículo 539.2.

En este caso, el Tribunal se pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranjera, en relación al efecto pretendido, en la sentencia que dictare, previa comprobación, con audiencia del Ministerio Público, de que se cumplen las condiciones indicadas en el artículo 539.1.

Art. 541. - Ejecución

541.1 - Unicamente serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena.

541.2 - La ejecución se pedirá ante la Suprema Corte de Justicia.

Formulada la petición, se dispondrá el emplazamiento de la parte contra quien se pide, según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título IV del Libro I, confiriendo traslado por veinte días.

Se oirá seguidamente al Fiscal de Corte y se dictará resolución, contra la que no cabrá recurso alguno.

541.3 - Si se hiciere lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia al Tribunal competente para ello, a efectos de que proceda conforme a los trámites que correspondan a la naturaleza de la sentencia (Título V del Libro II).

Art. 542. - Resoluciones en jurisdicción voluntaria

Los actos de jurisdicción voluntaria dispuestos en el extranjero, surtirán efectos en la República siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 539, en lo que fuere pertinente.

Art. 543. - Laudos arbitrales extranjeros

Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a los laudos dictados por Tribunales Arbitrales extranjeros en todo lo que fuere pertinente.

TITULO XI
DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO

Artículo 544. - Derogaciones

544.1 - Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, derógase el Código de Procedimiento Civil promulgado el 17 de enero de 1878 y todas las disposiciones legales que establecen procedimientos diversos a los previstos en este Código.

544.2 - La derogación dispuesta no alcanza a las disposiciones legales que establecen requisitos específicos previos para la válida proposición de la pretensión; las que determinan calidades o condiciones especiales en materia de capacidad o de legitimación; las que limitan las defensas o excepciones admisibles; las que prescriben, para casos especiales, la inadmisibilidad de ciertas pruebas o determinan las exclusivamente admisibles y las que asignan efectos particulares a la sentencia.

544.3 - Decláranse igualmente vigentes, las normas que otorgan competencia a la Suprema Corte de Justicia en materia de organización de las oficinas de los Tribunales, autorizando su fusión o división, así como fijar el régimen de turnos, el de las notificaciones y el de las comunicaciones entre los diversos Tribunales y servicios judiciales.

Art. 545. - Excepciones

Tramitarán por los procedimientos establecidos en las leyes especiales pertinentes:

a) Los procesos preventivos, correctivos y educativos de competencia de los Tribunales de Menores (artículos 119 a 141 del Código del Niño).

b) Los procesos por infracciones aduaneras (Ley número 13.318 del 28 de diciembre de 1964 y sus modificativas).

c) Los procesos de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Decreto-Ley Nº 14.524 de 9 de enero de 1984).

d) Los procesos de divorcio por mutuo consentimiento y por sola voluntad de la mujer (artículo 187 del Código Civil).

e) El procedimiento para la obtención de segundas copias (Ley Nº 11.759 del 19 de noviembre de 1951).

Art. 546. - Leyes de arrendamientos y desalojos

546.1 - Quedan en vigor todas las disposiciones de las leyes de arrendamientos urbanos y rurales (Decretos-Leyes Nos. 14.219 del 4 de julio de 1974 y 14.384 del 16 de julio de 1975 y sus modificativas) con las modificaciones que establecen los ordinales siguientes en materia de procedimiento.

546.2 - Los procesos de desalojo urbano y rural incluidos cuando se reclama la restitución de inmueble dado en comodato, sea éste con plazo o precario, tramitarán por el proceso de estructura monitoria (artículos 354 a 360).

546.3 - Por igual procedimiento tramitará el desalojo en los casos de contratos de pastoreo con tenencia parcial o total del predio ajeno, contratos de arrendamiento por una sola cosecha y de mejoramiento de pasturas, siendo el plazo de desalojo, en tales casos, de treinta días.

Cuando se trate de pastoreo sin entrega de la tenencia del predio, se aplicarán las normas del Código Rural relativas a animales invasores (artículos 39 a 48 y 222 a 237).

546.4 - También tramitarán por el proceso de estructura monitoria, las pretensiones de rebaja o de aumento del alquiler de los inmuebles arrendados con destino urbano.

546.5 - Tramitarán por el proceso extraordinario (artículos 346 y 347) las pretensiones de revisión del precio de los arrendamientos rurales y las de reforma del plazo o clausura del proceso de desalojo; deducidas por el inquilino mal pagador, así como las reclamaciones por multas u otras penalidades previstas en los Decretos-Leyes Nos. 14.219 y 14.384 y sus modificativas, salvo que se reclamaran, además daños y perjuicios, en cuyo caso corresponderá el trámite del juicio ordinario (artículos 337 a 344).

546.6 - Tramitará por el proceso ordinario la pretensión de rescisión del contrato de arrendamiento urbano o rural.

546.7 - En todos los casos en que los Decretos-Leyes Nos. 14.219 y 14.384 y sus modificativas prevean la posibilidad de oposición y establezcan procedimientos especiales no previstos en los ordinales anteriores, la oposición se resolverá en una audiencia de conciliación, prueba, alegatos y sentencia, conforme a lo dispuesto para el proceso extraordinario, en lo que fuere aplicable.

546.8 - Derógase el procedimiento establecido en los artículos 56, 57 y 74 del Decreto-Ley Nº 14.384 y, en su lugar, establécese que la restitución del predio en las situaciones previstas por las disposiciones citadas, se reclamará por el proceso de desalojo (ordinal 2), el que podrá promoverse con anterioridad no menor de un año ni mayor de dieciocho meses a la extinción del derecho del arrendatario a la permanencia en el inmueble, como condena de futuro a ejecutarse una vez extinguido aquel derecho.

Art. 547. - Vigencia

Este Código entrará en vigencia el 1º de febrero o el 21 de julio más próximo luego de transcurridos ciento veinte días de la fecha de su promulgación y será aplicable a los procesos que se inicien a partir de aquella fecha, salvo lo dispuesto en las disposiciones siguientes.

Art. 548. - Excepciones

548.1 - El procedimiento previsto en este Código para la segunda instancia y para la casación, se aplicará a los asuntos que se hallen en trámite al comenzar su vigencia con excepción de aquellos recursos en lo que ya se hubiere dispuesto el pasaje a estudio.

548.2 - Las disposiciones del Libro I, hasta el Capítulo I del Título VI, inclusive, se aplicarán a los procesos en trámite, a la fecha de entrada en vigencia del Código, con exclusión de aquellas normas que establecen responsabilidades y sanciones distintas a las vigentes, las que comenzarán a regir y se aplicarán en los procesos que se inicien a partir de la fecha de promulgación del Código.

Art. 549. - Régimen intermedio

549.1 - A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia, con los asesoramientos previstos en el ordinal siguiente, podrá disponer una división entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, con el fin de que comiencen a entender en los asuntos que se hayan sustanciado, en primera instancia, por los procedimientos previstos en este Código.

549.2 - A los mismos efectos, créanse

Juzgados Letrados de Primera Instancia, que se distribuirán entre las diversas materias a las que se aplican los procedimientos regulados por este Código, para conocer en los procesos que se tramiten conforme al mismo, junto con los otros órganos de primera instancia que la Suprema Corte de Justicia, en forma gradual, vaya determinando que actuarán, en forma exclusiva, según ese mismo procedimiento.

La Suprema Corte de Justicia, a ese efecto, deberá solicitar el asesoramiento obligatorio, en cada caso, del Colegio de Abogados del Uruguay y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, pudiendo fijar un plazo perentorio para la evacuación de la consulta.

Art. 550. - Comuníquese, etc.

Dra. Adela Reta.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación tiene el honor de aconsejar al Cuerpo la aprobación de este nuevo Código de Procedimiento Civil, que viene a sustituir al antiguo Código de la materia -obra del gran jurista Dr. Joaquín Requena- vigente desde 1878.

La frase precedente no es un mero formulismo, determinado por la costumbre. Por el contrario, constituye en verdad un honor, para los miembros de vuestra Comisión, haber trabajado intensamente junto a los ilustrados Profesores que son autores del proyecto que fue elevado a la Asamblea General por mensaje del Poder Ejecutivo, los Dres. Adolfo Gelsi Bidart, Enrique Véscovi y Luis A. Torello, y que, como resultado de esa ardua y concienzuda labor, estemos hoy en condiciones de proponer al Senado que, por vez primera en la historia de la República, inicie con su aprobación el proceso legislativo que ha de conducir a la sanción de un Código por un Parlamento electo constitucionalmente.

Estima vuestra Comisión, además, que asiste plena razón al Poder Ejecutivo cuando expresa en su mensaje: "El proyecto de Código que se eleva a consideración del Poder Legislativo responde, como se expresa con claridad en la exposición de motivos, a la más moderna orientación en materia procesal y su sanción contribuirá al logro de una justicia rápida y dinámica que supere la actual lentitud de las tramitaciones judiciales".

Está demás, por supuesto, que formulemos consideraciones y explicaciones de carácter técnico-jurídico sobre los méritos del código proyectado. Sobre el particular, el Senado se ilustrará con creces a leer la exposición de motivos acompañada por los distinguidos jurisconsultos que redactaron el cuerpo normativo que está a consideración, documento de singular riqueza conceptual y doctrinaria.

Corresponde, sí, dejar constancia de que vuestra Comisión sesionó veintitrés veces con los autores del Código y que, con su asentimiento, modificó muchas de sus disposiciones en aspectos formales y de redacción, no sustantivos. Por excepción, se modificó el artículo 56 del proyecto, que establecía la condena preceptiva del vencido en las costas y costos del proceso, para mantener el conocido sistema tradicional del artículo 688 del Código Civil, solución apoyada por el Profesor Gelsi Bidart.

Se tomó versión taquigráfica de esas sesiones y en ellas consta todo lo deliberado con los nombrados juristas, lo que constituirá antecedente invalorable e imprescindible, para el estudio académico y la aplicación práctica del Código. Ellas sustituirán, en cierta medida, a su historia legislativa.

Afirmamos lo que antecede porque es opinión unánime de vuestra Comisión que el Código, por su propio carácter de tal, por su especialísima naturaleza jurídica, debe ser aprobado "a libro cerrado". Es, creemos, la costumbre legislativa universal en materia de Códigos. Ello, por supuesto, sin perjuicio de lo que al respecto disponga el Cuerpo.

Debemos hacer constar, asimismo, que fue consultada la Suprema Corte de Justicia, la que expresó, por intermedio de los Dres. Addiego Bruno -su actual Presidente- y Nicoliello, su opinión favorable, en lo general, sobre el Código proyectado. Cierto es que formuló observaciones técnicas a unas pocas decenas de sus disposiciones, algunas de las cuales fueron aceptadas y recogidas en el articulado definitivo.

Otro tanto ocurrió con las observaciones formuladas por el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos y el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, que también fueron consideradas y aceptadas en muchos casos por los autores del proyecto.

Resta consignar que la Suprema Corte de Justicia también opinó que, para una efectiva aplicación del nuevo Código, que redunde en una mejor prestación de la Administración de Justicia, será menester adecuar la infraestructura locativa del servicio y crear numerosos cargos de Jueces. Ello deberá ser conocido por el Poder Ejecutivo, que fue quien presentó el proyecto y que deberá ser, en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, el que provea lo necesario para superar las carencias materiales y orgánicas que quedan señaladas, respecto de cuya existencia no disiente vuestra Comisión.

Esta, por último, insiste en recomendar al Senado la pronta aprobación de este Código, cuya rápida entrada en vigencia marcará un hito en la historia del funcionamiento del Poder Judicial y del progreso jurídico de la Nación.

Sala de la Comisión, 5 de abril de 1988.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Hugo Batalla, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Uruguay Tourné. Senadores".

(El texto del proyecto aprobado se incluye, luego de su aprobación)

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no creo cometer una exageración si afirmo que en el momento en que el Senado entra a considerar este proyecto de ley para iniciar el proceso legislativo de sanción de un nuevo Código de Procedimiento Civil y para derogar, al mismo tiempo, el viejo Código que está en vigencia desde la época de la dictadura del coronel Latorre, en el año 1878, y que fue elaborado por un ilustre jurisconsulto -el doctor Joaquín Requena- asistimos a una instancia parlamentaria histórica.

No quiero extenderme en consideraciones técnico-jurídicas sobre el proyecto, entre otras razones, porque no soy especialista en la materia sobre la que éste versa, es decir, la disciplina del Derecho Procesal, en la que, precisamente, uno de sus cultores más distinguidos en nuestro país, es el señor Presidente. Pero el simple hecho de que, durante toda la vida constitucional del país, ningún Parlamento electo por las formas regulares que establece la Constitución de la República, haya sido capaz no ya de sancionar un Código, sino de entrar siquiera a su consideración, pone de manifiesto lo excepcional de la circunstancia presente.

Por primera vez en la historia de la República un proyecto de ley que tiene el carácter de Código ha sido estudiado por una Comisión del Parlamento, ésta ha culminado su tarea y elevado un informe, por lo que estamos en condiciones de comenzar su consideración y prestarle aprobación.

Más que entrar en disquisiciones jurídicas, pues, lo que cabe señalar es que este proyecto viene a llenar una necesidad sentida por todos los que tienen algo que ver con la prestación del servicio de administración de Justicia en el país. Los jueces, los funcionarios judiciales, los abogados, los procuradores y los litigantes, por la experiencia que han tenido -continua para algunos y ocasional para otros- saben que desde hace muchas décadas, quizás desde toda la vida, no se presta en forma eficiente el servicio de administración de Justicia en nuestro país. Y saben más aún: con el correr del tiempo, las deficiencias en la prestación del servicio han sido cada vez mayores. La lentitud de nuestra justicia es proverbial, porque el sistema procesal que impera en el Uruguay -el escrito, el sistema del expediente- es un legado de los tiempos de la justicia colonial; es la vieja legislación española escrita la que se incorporó, junto con sus prácticas, a nuestro Código del Procedimiento y también a las costumbres de la propia vida del país.

Reformar este sistema es acometer, con valentía, una tarea en verdad mayúscula, pero si no se hace algún día, la administración de Justicia, seguirá siendo en nuestro país, algo casi alusorio. Quienes durante algún tiempo hemos tenido que recorrer las barandas de los Juzgados y luchar contra la ineficiencia formidable del sistema, sabemos que, en la práctica, la gente se abstiene de litigar. Inclusive, algunos abogados aconsejan no litigar, precisamente porque -como tantas veces se ha dicho con razón- una Justicia lenta, una Justicia desesperadamente morosa en sus procedimientos, una Justicia que casi siempre llega tarde, en definitiva, en una de las formas de la injusticia, esto es de no hacer justicia, ya que quienes no pueden esperar, reniegan de su existencia y no acuden a ella.

No quiero dramatizar con mis palabras; simplemente estoy expresando una realidad que conocen todos los que alguna vez han tenido que litigar o requerir con urgencia un pronunciamiento de la Justicia, que casi nunca llega en tiempo.

Las razones por las que debemos sancionar este Código están expresadas ante todo en el lúdico informe de los autores del mismo, que acompaña al mensaje con el que el Poder Ejecutivo elevó este proyecto de ley, que la Comisión de Constitución y Legislación ha hecho suyo por unanimidad. Debo decir que el proyecto no sólo se eleva al Senado con un informe aprobatorio, sino que, además, desde el momento que entró a consideración de la Comisión, fue apoyado con calor y por la totalidad real de sus miembros que, en verdad, no siempre existe. El mismo fue elaborado por tres distinguidos procesalistas, tres ilustres jurisconsultos cuyos nombres es justo poner de manifiesto en este momento ante el Senado y ante el país entero: me refiero al señor Decano de la Facultad de Derecho, profesor Adolfo Gelsi Bidart, al profesor Enrique Véscovi y a profesor doctor Luis Torello, que, a su condición de docente y especialista en la materia, une la de magistrado de larga y destacada actuación, actual Ministro del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Creo que el Poder Ejecutivo se ha honrado al tomar la decisión de dar trámite parlamentario a este proyecto de ley y elevarlo a consideración de la Asamblea General. Pienso, asimismo, que el Senado de la República se va a honrar en el día de hoy al considerar y dar aprobación a este proyecto.

Sabido es que, a través de sus 549 disposiciones, este proyecto instaura lo que en la doctrina del Derecho Procesal y en la práctica de todos los países que tienen un sistema evolucionado de administración de Justicia se conoce como el "proceso por audiencia".

Este Código de Procedimiento Civil no comenzará a aplicarse efectivamente de inmediato, porque se prevé su entrada en vigencia 120 días después del 1º de febrero o del 21 de julio posterior a su promulgación, es decir, 120 días después de que termine la Feria Judicial siguiente al comienzo de la promulgación.

Por otra parte, no será posible que la aplicación efectiva del Código depare los beneficios esperados si no se superan determinadas carencias de carácter material, que han sido reconocidas por los propios autores del proyecto y señaladas en la Comisión por la Suprema Corte de Justicia, en la persona de su Presidente, doctor Rafael Addiego Bruno y del señor Ministro doctor Nelson Nicoliello. Pero la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que señaló la necesidad de superar esas carencias, expresó su apoyo al contenido y a la filosofía general del proyecto, lo que es de indiscutible importancia, por lo que debemos señalarlo en este momento, a pesar de que consta en el informe. Estas carencias son: la insuficiencia del número de Jueces existentes hoy en el país para poner en marcha el proceso por audiencia y las necesidades de carácter locativo, es decir, la inexistencia de locales adecuados. Esto no ocurre en todas las ramas de la Administración de justicia, pero sí en la mayoría de ellas las que carecen de los locales adecuados para celebrar audiencias en las condiciones requeridas para cuando el Código entre en vigencia y todos los procesos deban realizarse por el sistema de audiencias.

La Comisión debió estudiar este problema y, junto con los autores del Código, consideró que si se requería primero la creación de los cargos de Jueces, su nombramiento y la disposición de las salas de audiencia necesarias, corríamos el riesgo de que el Código no entrara nunca en vigencia. Ello podía significar poner la carreta delante de los bueyes y lo que hay que hacer es lo contrario, es decir, sancionar el Código, que éste sea promulgado por el Poder Ejecutivo y, entonces, ante la evidencia de que en un lapso de 120 a 180 días el proceso por audiencia tenga que entrar a funcionar poner así a los Poderes del Gobierno ante la urgencia de tomar las medidas prácticas necesarias para que el Código pueda aplicarse. Es decir que el Parlamento no es quien tiene la responsabilidad de que exista el número de Jueces necesarios, ni de proveer los locales adecuados para que se celebren las audiencias. Por un lado, ese es un problema presupuestal que requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo y, por otro lado, es un asunto de carácter práctico que se debe resolver en acuerdo y con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia.

Desde que ésta ha manifestado, como no podía ser de otro modo, su disposición de apoyar plenamente en ese sentido y desde que el Poder Ejecutivo es el autor del proyecto, cabe abrigar la convicción de que también quiere que el Código entre de verdad en vigencia. Hay que descontar que el Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que se creen los cargos de Juez imprescindibles. La Suprema Corte de Justicia nombrará luego los Jueces y el Poder Ejecutivo, al mismo tiempo proveerá los locales necesarios y los recursos requeridos a fin de que el Poder Judicial cuente con las comodidades de carácter locativo para prestar sus funciones en la forma señalada por el nuevo Código.

En nombre de la Comisión tengo el deber de hacer no sólo el elogio de la obra de los codificadores, de señalar los méritos del nuevo Código, de enfatizar acerca del formidable paso adelante que significará su entrada en vigencia que, para mí, constituirá una verdadera revolución en el ámbito de la Justicia en el país, sino de poner de manifiesto en el Senado que el problema no termina con sancionar el Código sino que, quizás, empieza.

El Senado cumplirá su deber votando hoy este Código pero luego habrá que crear conciencia en todos y habrá que entablar los contactos necesarios con el Poder Ejecutivo y con la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de que mientras tanto se vayan cumpliendo las instancias del trámite parlamentario ante la Cámara de Representantes para que el día que entre en vigencia el Código, se le comience a aplicar efectivamente.

Tenemos la convicción de que eso ocurrirá en este año y esperamos que su aplicación no derive en una serie de inconvenientes y en una frustración, sino que sea -como todos queremos y tenemos la obligación de que así ocurra- un verdadero éxito para todos: para los jueces, para los funcionarios, para los profesionales y, fundamentalmente, para los litigantes y, por encima de todos ellos, para el país.

No quiero cansar al Senado con una exposición que en cierto sentido puede resultar superabundante, pero sí quiero expresar que, según la opinión de los miembros de la Comisión, según lo que es la experiencia universal en la materia -y así lo hemos hecho constar en el informe que encabeza el repartido que se encuentra en todas las Bancas- este Código, como cualquier otro, no es susceptible de consideración en la forma usual que se estudian los proyectos de ley. Los Códigos se aprueban o se rechazan, pero no se estudian en Sala ni se modifican. Son obras de características técnicas particulares, son el fruto de la sabiduría de grandes juristas y por eso es que nunca se han podido aprobar en los Parlamentos del país. Si pretendemos discutirlos, analizar sus méritos y sus deméritos y, eventualmente, modificarlos, vamos a bastardear la obra y a confundirla. Es imprescindible que el Código sea aprobado "a libro cerrado". No existe otra manera de proceder, en materia de códigos. Por ello, culmino mi exposición diciendo que, por lo menos en el seno de la bancada del Partido Nacional -y creo que por parte de las demás bancadas- existe disposición de prestarle aprobación a libro cerrado. Ello no quiere decir que prescindamos de las etapas reglamentarias y que, por consiguiente no haya una votación en general y otra en particular. Pero lo que no puede haber, es una consideración artículo por artículo, entre otras razones porque sería el cuento de nunca acabar. Sería una labor parlamentaria interminable que agotaría el tiempo del Senado durante muchísimas sesiones.

Concluyo expresando mi satisfacción porque hoy el Senado está en condiciones de aprobar el nuevo Código de Procedimiento Civil de la República, así como mi personalísima satisfacción por haber participado durante seis meses en la tarea de estudio de este Código, junto a los distinguidos profesores doctores Gelsi Bidart, Enrique Véscovi y Luis Torello. Agradezco que se me haya honrado designándome miembro informante de la Comisión de Constitución y Legislación en el proyecto de ley quizás y sin quizás más importante que esta Comisión ha informado y elevado a consideración del Senado durante esta Legislatura.

Nada más.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Ricaldoni)

SEÑOR TARIGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador Tarigo.

SEÑOR TARIGO. - Señor Presidente: no podía dejar pasar este proyecto de ley sin pronunciar algunas palabras a su respecto. Es sabido que he dedicado buena parte de mi vida al estudio de la disciplina jurídica a que este proyecto de ley se refiere.

No voy a hacer un examen completo, ni mucho menos, del Código porque sería excesivo y no tendría interés para el Senado.

Me alcanza con decir que coincido íntegramente con lo expresado por el señor senador Aguirre. El país se ha regido desde 1878 por un Código de Procedimiento Civil, el que redactara don Joaquín Requena. Cuando nació ya era un Código viejo porque sus fuentes eran el Código de Procederes de Santa Cruz de Bolivia, del año 1833, la primera Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1851, el proyecto Domínguez, el Código de Entre Ríos, cuyos años no me acuerdo con precisión, pero eran anteriores a 1878. Ese Código es una versión modernizada de la vieja Legislación de Partidas que organizaban y estructuraban un procedimiento desesperadamente escrito, como se ha dicho y repetido muchas veces, lleno de formalismos y de formalidades. Funcionó más o menos bien mientras el país tuvo una población reducida y el número de juicios o de contiendas era también escaso. Comenzó a desbordarse apenas la población del país creció y eso motivó que en el año 1936 se dictara una primera ley que se llamó Ley de Abreviación de los Juicios, que acortaba plazos y establecía algunas sanciones para los actos procesales que no se cumplieran dentro de determinado tiempo.

Esa ley vivía un poco la ambivalencia o la contradicción de que como a veces las sanciones que establecía eran muy severas -por ejemplo la nulidad de la sentencia dictada por el Juez después de determinado plazo- en lugar de abreviar el plazo que establecía el Código de Procedimiento Civil- que no tenía sanción si no se cumplía- lo alargaba. Entonces los Jueces, que tenían 40 días para dictar sentencia en el viejo Código de Procedimiento Civil, en la Ley de Abreviación de los Juicios de 1936 tenían 180 días, que es un plazo muy grande para dictar sentencia sobre todo si habida cuenta de los movimientos que se producen en el Poder Judicial por traslado o ascenso de Jueces, esos 180 días no llegaban a completarse, se nombraba un nuevo Juez y ese plazo comenzaba a correr de nuevo. Lo mismo sucedía en los Tribunales Colegiados, en que cada Ministro tenía 90 días para dictar la sentencia definitiva, luego venían los trámites intermedios y el plazo para deliberar la sentencia que, en los hechos, implicaban más de un año para lograr la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia.

Además, señor Presidente, debo decir que este proyecto de ley no es improvisado. Aquí se ha dicho con absoluta justicia por parte del señor senador Aguirre, que hay que mencionar a los autores de este proyecto, porque a ellos se deberá el mérito de su sanción. Ellos son los doctores Gelsi Bidart, Véscovi y Torello.

También hay que expresar -porque es de estricta justicia- que uno de los integrantes de este Senado, cuando era Presidente de la Cámara de Representantes -me refiero al señor senador Batalla- tuvo la iniciativa de nombrar una Comisión extraparlamentaria, que tuve el honor de integrar en aquella época, en representación de alguno de los Organismos que la componían, con delegados del entonces Ministerio de Instrucción Pública, de la Facultad de Derecho, del Colegio de Abogados, etcétera. Este proyecto de Código ya estructurado, a punto de ser ahora aprobado por el Senado, es la culminación de aquello que comenzó en el año 1970, en un trabajo de elaboración que fue muy difícil, paulatino, y que ha seguido durante todos estos años hasta terminar en esta última redacción que ha perfeccionado, sin lugar a dudas en grado, diría de excelencia, aquello que empezamos a redactar en borrador hace tantos años atrás.

Además, éste es un proyecto de Código que enfoca el proceso civil desde otra perspectiva distinta a la que podían tener los procedimentalistas del siglo pasado. El proceso civil deja de ser ahora la suma de actos escritos realizados individualmente por las partes, presentados al Tribunal, cosidos en un expediente del cual el Juez tiene conocimiento cuando el libro termina de coserse, cuando terminan de juntarse y formarse todas las fojas que lo componen, para instituir un juicio predominantemente oral, en el cual el Juez va a tener -mediante ese sistema de audiencias- una participación directa e inmediata desde el comienzo mismo del juicio.

El nuevo Código rescata para el Proceso Civil aquellos actos que es conveniente que se realicen por escrito, como lo es por ejemplo la demanda y la contestación. ¡Qué mejor que el actor que tiene algo que reclamar ante la Justicia redacte, con el asesoramiento de su abogado, la demanda escrita y que el demandado tenga un plazo razonable para que con su abogado elabore la contestación de su demanda! Pero a partir de allí el proceso comienza a ser oral y se desenvuelve en una primera audiencia en la que las dos partes -los abogados- y el Juez serán los personajes centrales que habrán de decidir, aclarar términos o contradicciones que no son tales entre la demanda y la contestación, que habrán de delimitar cuál es el objeto del litigio y, por consiguiente, cuál el de la prueba, evitando así un fenómeno que es muy frecuente, en el cual las partes prueban cosas que no estén en discusión o hechos que no son atinentes a la prosecución del juicio y al conocimiento del Juez.

Este tipo de procesos que organiza el nuevo Código de Procedimiento Civil pone el acento en la inmediación, es decir en la presencia del Juez en todos los actos de trascendencia dentro del proceso. El Juez irá directamente a las partes, examinará a los testigos y estará en contacto material y directo con las partes, los sujetos y los objetos de la prueba, etcétera.

El Código tiende también a la abreviación, en la medida en que la sentencia será dictada por el Juez de inmediato o, en todo caso, éste podrá dictar el fallo y fundar la sentencia en unos pocos días posteriores. Es decir que lo que se está buscando aquí es la eficiencia que la oralidad tiene frente a la escritura, que el debate tiene frente a esa polémica por escrito que insumía años enteros.

Creo también, como el señor senador Aguirre, que la mera sanción del proyecto de Código, una vez aprobado por las dos Cámaras y promulgado, no va a operar milagros; por el contrario, creo que le va a plantear al país una serie de problemas graves e importantes. Pero pienso que su sanción es un desafío para que el país asuma esos problemas y les dé una solución concreta, una respuesta rápida e inmediata.

El nuevo Proceso Civil va a requerir, indudablemente, un mayor número de Jueces y, seguramente, un menor número de funcionarios; se va a transformar en un proceso de los Jueces y no en un trabajo de los funcionarios, como lo es actualmente, en el que el Juez sólo pone la decisión al final del mismo. También pienso que va a exigir una mayor capacitación de los Jueces, y digo esto sin pretender molestar a nadie; porque el país ha sufrido en muchos órdenes de la vida, una degradación de las funciones. Todos sabemos que existe una degradación de la labor docente en el país y que los egresados universitarios de hoy tienen menos conocimientos y formación que los de hace más de 20 años atrás. Lo mismo sucede con los Jueces y creo que habrá que estimular su vocación. Nosotros, los legisladores, hemos hecho algo importante al sancionar la Ley Orgánica de la Judicatura e incluir en ella una escala de la remuneración de los Jueces que los pone en excelentes posiciones dentro de las generales del país, porque los Ministros de la Corte ganan lo mismo que los de Estado, los Ministros de los Tribunales perciben un 10% menos y los Jueces, un 20% menos.

Creo que el Parlamento uruguayo en este período democrático ha reivindicado, por la vía de la remuneración de los Jueces, el valor que la Justicia y la Judicatura deben tener en un Estado democrático; pero pienso que deberá seguirse trabajando en ello. La Facultad de Derecho tendrá que organizar -como lo está haciendo- cursos de especialización para aquellos abogados egresados que quieran dedicarse a la Judicatura. El desafío del Juez también tendrá que ser muy importante, porque deberá decidir rápidamente. En este país hay mucha gente -en todos los ramos y especializaciones- que es capaz de producir muy buenos asesoramientos, que a veces les insumen mucho tiempo. Lo que todos los uruguayos advertimos es la escasez de gente con prontitud para decidir, equivocándose como lo hacemos todos los seres humanos. Pero la sentencia dictada al cabo del juicio, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la última audiencia, significa un valor en sí misma, porque establece la Justicia rápida, que es imprescindible para que sea efectiva y llegue a dar satisfacción al reclamo de quien ha demostrado tener razón.

La Suprema Corte de Justicia ha demorado, según la información que tengo, el comienzo de los trabajos de construcción del Palacio de Justicia que es el esqueleto que se encuentra ubicado en la Plaza Independencia, inacabado desde hace tantos años, porque tiene la duda de si debe organizar o estructurar los planos de ese edificio en función de un proceso escrito u oral. Indudablemente, se trata de dos sistemas tan distintos, tan contrapuestos, que se traducen también en lo arquitectónico.

Si el proceso es escrito, bastará como ocurre en los actuales Juzgados, con que haya un pequeño despacho, al frente, donde está el Juez con su Secretario y un largo corredor, diría yo, donde se van sumando los escritorios de los funcionarios que se van pasando el expediente de una mesa a la otra, y cada uno haciendo la anotación en el respectivo legajo.

Si el proceso es oral, lo que se necesitará es una gran sala de audiencias que, incluso, permita la asistencia del público, porque su contralor en el juicio, es ya un elemento didáctico, perteneciente al funcionamiento mismo de la democracia. Que la Justicia pueda funcionar en presencia de aquellos que tengan interés -no digo siempre, pero esporádicamente- en acudir a él, es un elemento positivo.

Por lo tanto, ese Juzgado o Tribunal tendrá que organizarse en base a una gran sala de audiencias y deberá tener media docena de funcionarios y no más, para cumplir los pocos trámites estrictamente administrativos que se realizarán dentro del proceso judicial.

Este es un proyecto ambicioso, al que es muy fácil oponerle inconvenientes y decir que no tenemos la estructura necesaria, que nos faltan locales, así como el número necesario de Jueces capacitados, etcétera, etcétera. Pero estamos convencidos de que la Justicia uruguaya debe cambiar profundamente, lo que significa activamente. No se trata simplemente de un problema de plétora de expedientes ni de duración de los procesos, sino que es un fenómeno de negación de justicia.

El país está hoy, en 1988, ante un acontecimiento que ha ido acentuándose progresivamente y que constituye una verdadera situación de denegación de justicia.

Frente a eso, tenemos la convicción absoluta de que las medidas parciales, las leyes que acortan plazos o que suprimen algún trámite, ya son insuficientes. Dictamos una primera ley de abreviación de los juicios en 1936 y una segunda en 1965; las dos han sido totalmente superadas por la oleada de nuevos procesos, de nuevas jurisdicciones y nuevos trámites. Esta innovación que, en definitiva, se concreta en este Código es sustancial. Es decir, no estamos ya acortando plazos ni abreviando informes, sino que estamos cambiando el enfoque, el esquema.

El juicio, el proceso, el litigio deja de ser un debate escrito, alargado a través de los años, para tratar de concentrarse en un proceso oral que dure el menor tiempo posible y en el cual, fundamentalmente el Juez, las partes, los testigos, los peritos, los objetos del proceso estén en contacto directo e inmediato.

Como señalaba el señor senador Aguirre, creo que el proyecto que va a votar el Senado en el día de hoy es algo muy importante, que lo va a aprobar a tapas cerradas, porque es la manera de proceder con respecto a los Códigos. Sería prácticamente imposible adentrarse en el estudio de 550 artículos de contenido muy complejo algunos de ellos, difíciles de explicar y de desentrañar para quienes no son especialistas.

Creo que también es importante que por primera vez en la historia del país una de las Cámaras comience por aprobar un Código en tiempos de normalidad institucional.

Señor Presidente: es cuanto quería decir.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En primer lugar, quiero señalar que coincido totalmente con el informe proporcionado por el miembro informante de la Comisión, con las opiniones vertidas por el señor Presidente de Senado y con las expresadas por los codificadores. Tengo absoluta confianza en la labor formidable que ha hecho la Comisión en el estudio del Código.

Quiero decir que más allá de esta confianza y de la convicción de que hay que cambiarlo, no por mi formación que no ha sido total en Derecho, sino por la experiencia de casi veinte años de estar del otro lado de la baranda, comparto totalmente los juicios que aquí se han dado respecto a que el actual procedimiento implica sustancialmente en una infinidad de casos, de negación de justicia.

Pero deseo trasmitir al Senado una inquietud que, de alguna forma incidental hice conocer en la Comisión. Reconozco que no la planteé en el tiempo más adecuado ante la Comisión porque ésta ya se encontraba finalizando su estudio. Sin embargo, me parece justo que la traslade al Senado ya que tiene que ver con la materia del Procedimiento Laboral y con la existencia de un proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que ha tenido un trámite de casi dos años en la Cámara de Representantes, sobre el cual, de acuerdo con las informaciones que dispongo, existe consenso y legisla con respecto a la especificidad de esa materia.

Como he dicho, no soy un especialista y, de alguna manera deseo señalar la opinión de algunos que sí lo son en materia laboral, sobre los fundamentos que pueden existir para excluir el Procedimiento Laboral del proyecto de Código de Procedimiento Civil.

Los especialistas dicen que las normas proyectadas no incluyen un cuadro de normas específicas en materia laboral, determinadas por las características propias del Derecho sustantivo que proyectan consecuencias procesales ineludibles en el trámite del juicio, como lo reconocen las legislaciones más modernas en la materia.

Mientras que el proyecto incluye normas específicas sobre procesos, en función de la naturaleza de las pretensiones deducidas en el campo del Derecho Civil, tales como proceso ejecutivo, sucesorio, concursal, incapacidad, no se consideró necesario recoger las particularidades de la materia laboral que requieren precisiones expresas tendientes a superar la natural desigualdad de las partes en el litigio.

El proyecto implica un retroceso frente al proyecto de Procedimiento Laboral presentado por el Poder Ejecutivo en 1985, como ya lo mencionaba, especialmente en el campo de los principios de interpretación e integración.

Los artículos 3º y 4º de dicho proyecto consagraban expresamente aquellos que actualmente resultan de elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales tales como de la primacía de la realidad y el protector, en sus diversas modalidades.

En cambio, el artículo 14 del proyecto, en materia de interpretación e integración se remite a los principios generales del derecho y especiales del Derecho Procesal Civil, lo que puede significar que ante un texto expreso de tal contenido, los Jueces del Trabajo se vean impedidos de aplicar los principios propios del Derecho Procesal Laboral.

La ausencia de una normativa propia de la litis laboral repercute también en forma negativa en cuanto al principio de celeridad.

El englobamiento del procedimiento laboral en el general, propio de la materia civil, introduce mecanismos dilatorios, actualmente eliminados de los juicios que se sustancian ante la Magistratura del Trabajo.

Así, la expresa posibilidad de prórroga de las audiencias sin plazos límites, la admisión de la reconvención, como de los incidentes de nulidad y el recurso de revisión, abren la brecha para que el trámite se incidentalice y dilate peligrosamente.

La no consideración de la desigualdad procesal y económica de las partes puede implicar en los hechos que se frustren los derechos de los reclamantes.

A vía de ejemplo debe señalarse las dificultades prácticas que pueden suscitarse con las exigencias del emplazamiento cuando la demandada constituye un consorcio pasivo, dejándose de lado la construcción doctrinal y jurisprudencial referente a la personería laboral del empleador...

SEÑOR TARIGO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el doctor Tarigo.

SEÑOR TARIGO. - Sé que interrumpo al señor senador en su exposición; pero creo que alcanza y sobra con lo que él ha dicho, porque tengo una discrepancia fundamental con el enfoque general de la posición que el señor senador etsá sustanciando. Realmente no creo -los miembros de la Comisión están más autorizados que yo para decirlo- que este proyecto de Código de Procedimiento Civil una vez sancionado sustituya las leyes procesales laborales actualmente en vigencia de la misma manera que el actual Código de Procedimiento Civil no sustituye esas leyes. Dicho más claramente: en la actualidad tenemos un panorama legislativo que se compone de un Código de Procedimiento Civil que se modifica y una legislación específica para el proceso laboral. Sustituido este viejo Código por el nuevo que ahora están en discusión, esta legislación procesal laboral sigue vigente en el país y sólo será sustituida si el Parlamento aprueba ese proyecto de Código Procesal Laboral que está pendiente de estudio y de sanción en el Parlamento, desde hace algunos años. Por lo tanto, me parece que no es lógico decir que estas normas significan un retroceso frente a las disposiciones laborales, porque son dos órdenes distintos que corren por dos carriles diferentes.

Solicito a los miembros de la Comisión que ratifiquen o rectifiquen el criterio general que he expuesto.

Le agradezco mucho la interrupción que me ha concedido el señor senador Gargano y le pido excusas por haberla solicitado, pero quiero aclarar que cualquier elemento que agregue no cambia la observación, porque está referida al fenómeno general.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - He entendido perfectamente el contenido de la interrupción del señor Presidente del Senado, y creo que es una interpretación que podría ayudar a la comprensión de la ley porque existe inquietud en el sentido que señalé. Esta misma opinión la trasmití en la Comisión porque ella me fue aportada por especialistas que entienden lo contrario. Por consiguiente sería oportuno, si se sanciona el Código tal como está estructurado -o sea, sin excluir la materia laboral- que lo que acaba de mencionar el señor Presidente del Senado constituya lo que podría ser una interpretación auténtica de las normas y que quede como la interpretación que se le dará normalmente.

Aclaro que estos aportes que me han sido alcanzados no tienen como objetivo modificar el criterio con el cual el Senado debe tratar el tema. Estoy absolutamente de acuerdo en que no se puede entrar a discutir artículo por artículo ni capítulo por capítulo y que una materia como ésta debe ser aprobada a tapas cerradas. Justamente por ese motivo fue elaborada por especialistas, y nosotros que no lo somos debemos tener la confianza de que la experiencia y la competencia de los que han trabajado en esta materia se ha volcado para estructurar este proyecto y que su actuación ha sido acertada, máxime cuando existe una opinión colectiva en ese sentido.

De todas formas, me gustaría escuchar en el Senado otras opiniones en el sentido de que ha dado el señor Presidente del Cuerpo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: esta preocupación que ha expresado en el seno del Cuerpo el señor senador Gargano ya fue conocida por la Comisión cuando él, circunstancialmente, concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación con otra inquietud, en momentos en que estábamos ordenando el trabajo realizado para ver cómo se iba a elevar al Senado el Código en ciertos aspectos formales. En esa oportunidad, luego de que el señor senador Gargano se retiró de la Comisión, cambiamos ideas y llegamos a la conclusión de que no participábamos del criterio expuesto por el mencionado señor senador, inclusive en nombre de otros legisladores que integran la Cámara de Representantes, por cuanto nuestro contacto semanal con los autores del proyecto, que se extendió durante varios meses, nos ha permitido llegar al convencimiento de que uno de los méritos que éste tiene, como señalan los autores, es precisamente terminar con la multiplicidad de procesos y establecer reglas generales para todos ellos, con independencia de las materias de fondo sobre que versen.

Por ello, nos ahorramos convocar nuevamente a la Comisión a los autores del Código para preguntarles sobre el particular, porque su opinión al respecto nos era conocida y porque, además, la han estampado en la exposición de motivos con la que acompañaron el proyecto y que consta en la página siete del Repartido Nº 5, Anexo I, del Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. En ese documento los autores expresan lo que sigue, que además, en la parte final, está de acuerdo con lo que acaba de señalar el señor Presidente del Senado. Allí se dice: "De acuerdo con lo que es una orientación constante de la doctrina procesal uruguaya, para la cual existe una ciencia procesal y sólo hay variantes mínimas en el proceso, de acuerdo con la materia a la que aquél refiere, el anteproyecto aspira a ser una base general para dicho proceso.

"Vale decir, que se rectifica la tendencia existente en nuestro derecho de reiterar, para cada disciplina sustantiva, uno o varios tipos de proceso y procurar, en cambio, las soluciones generales que han de regir para todos los casos. Así: principios; aplicación temporal y espacial de la norma procesal; interpretación e integración de esa norma; actos procesales; sujetos procesales; medios de prueba y valoración de la misma; medios de impugnación; ejecución.

"Se ha procurado, no obstante, incluir en lo pertinente, algunas normas especiales para el proceso que refiere a materias como las de familia y menores, así como dejar subsistentes" -y esto es lo importante- "las normas sustantivas (con trascendencia procesal) que existen en materias tales como las del trabajo, agraria, etc.".

Es precisamente lo que estaba expresando el señor Presidente del Senado, en el sentido de que esas normas que los especialistas en Derecho Laboral creen que serían derogadas por este Código, por el contrario, los propios autores del proyecto piensan que siguen en vigencia.

Pero sin la autoridad que tienen los autores del proyecto, quiero expresar mi opinión en el sentido de que cada especialista en una rama del Derecho tiene un poco la tendencia -y yo diría el sueño- del Derecho propio. "En definitiva, esta tendencia a que cada rama tiene principios especialísimos que derogan las reglas generales, lo que hace es quitarle armonía y coherencia al orden jurídico, que fundamentalmente tiene que ser eso, un orden, es decir, un conjunto de reglas generales que se aplican en todos los casos, con independencia de las particularidades y de las especificidades de ciertas ramas y de determinados problemas.

Con todo respeto por los especialistas, digo que en general el Derecho Civil, que nos viene del antiguo Derecho Romano, es la base, el tronco general del Derecho. Y el Derecho Procesal es una disciplina que debe aplicarse en principio a todas las materias cuando entran a tener una expresión procesal, en la medida en que dos partes controvierten el alcance de ese Derecho sustantivo ante un Juez independiente, por supuesto, de ellas. El hecho de que ese Juez vaya a fallar sobre materia laboral, tributaria, civil, comercial, agraria o arrendaticia, no puede ser razón para que aplique principios y normas diferentes.

Puede ocurrir que las normas del Derecho de fondo de una materia puedan tener incidencia lateral en la definición de un conflicto, y este Código no deroga -como dicen sus autores- esas normas sustantivas que pueden tener incidencia en la materia procesal cuando se trata de juicios laborales.

Por lo demás, debo decir -y esta es una opinión personalísima que no tienen por qué compartir los compañeros de Comisión ni el Senado- que en la época en que estudié Derecho Laboral -Derecho del Trabajo, como se le decía antiguamente- tuve la impresión de que los profesores y los especialistas en esta materia tienen opiniones que no son conciliables con los principios generales del Derecho. Es decir, consideran que por tratarse de materia laboral, la gran mayoría de las reglas que forman lo que antes se llamaba el Derecho común, no rigen, y eso, en mi concepto, no puede ser así porque, en definitiva, se introduce la anarquía en el campo jurídico. No puede ser que cada disciplina pretenda que las reglas generales no rigen para ella: en realidad, ellas rigen en todos los casos. O deben regir en todos los casos.

Ese es mi concepto personal, pero lo que vale es la opinión de los autores del Código, que señalan como mérito fundamental de éste el hecho de que rige para todas las materias. Precisamente, quienes tuvimos que pasar, por el trago amargo, en cierto sentido, no de estudiar la disciplina del Derecho Procesal, que tiene su atractivo e importancia, sino de tener que rendir examen haciendo un extraordinario esfuerzo de memoria a fin de recordar todas las fórmulas, trámites y plazos de cada uno de los procesos y "procesitos" que estaban incluidos en el antiguo Código de Procedimiento, que todavía está vigente, vamos a terminar, de acuerdo con el propósito de los autores del Código, con esa diversidad y, diría, con esa costumbre de querer regular cada tipo de proceso con un procedimiento distinto y, de una vez por todas, establecer un único proceso con reglas comunes para todas las materias.

Creo, señor Presidente, que ésta, que es la única objeción que espero se formule al Código -con todo respeto por la opinión del señor senador Gargano y de quienes piensan como él- no puede ser recibida; sería introducir, ya en el momento mismo en que iniciamos la marcha, un factor de desarticulación de la obra de los autores del Código.

Para terminar, aprovecho para decir lo siguiente. La carpeta que estamos considerando aparece rotulada como "Código de Procedimiento Civil", que era el nombre del viejo Código. Pero, en realidad, este procedimiento no es sólo el civil, sino el de todas las materias, incluso la laboral. Por eso creo que en el proyecto de ley que vamos a sancionar, antes de donde dice "Libro I", tenemos que poner el título del Código que, de acuerdo con la opinión del actual Decano de la Facultad de Derecho, doctor Gelsi Bidart, debe ser el de "Código General del Proceso".

Nada más.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: no voy a ser reiterativo en la medida en que suscribo integralmente el informe que ha brindado al Cuerpo el señor senador Aguirre; del mismo modo, suscribo la exposición que hizo nuestro Presidente. Simplemente, deseo destacar que como integrante de la Comisión, siento la particular satisfacción de haber contribuido, en la modesta medida de mis posibilidades, a este trabajo que realizó la Comisión con el aporte valiosísimo de este proyecto de ley. Asimismo, quiero poner de relieve la esperanza de que este nuevo instrumento legal permita que podamos afirmar que en nuestro país, cuando entren en vigencia estas normas, dejaremos de estar viviendo en un régimen que, en los hechos, supone o implica una denegación de justicia como la que actualmente existe por la aplicación del actual Código y por el proceso que se sigue en los Juzgados.

Todos aquellos quienes, en razón de la profesión, hemos tenido que estar en el trajín de los estrados sabemos hasta dónde y en qué medida se ha ido distorsionando la administración de la justicia, al extremo que podemos afirmar, sin hesitaciones, que se ha llegado a una verdadera denegación de la justicia.

Este Código, en la medida en que instrumenta procedimientos ágiles y dinámicos, habrá de poner las cosas en su carril. Además, pienso -y coincido en esto con el señor miembro informante- que este emprendimiento que hace ahora el Parlamento de nuestro país puede ser calificado, sin exageración, como histórico, por la importancia que tiene este proyecto de ley, por lo que supone el mejoramiento de la administración de justicia y porque nos pondremos, por lo menos al día, modernizando normas que son sustanciales para ese fin.

Es lo que quería manifestar.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Nosotros dimos nuestro voto afirmativo en Comisión al proyecto de ley y no tenemos, frente al mismo, ninguna reserva que oponer. El planteo que ha formulado el señor senador Gargano creo que ha quedado debidamente clarificado con las expresiones del señor Presidente del Cuerpo y del señor senador Aguirre. En lo personal, declaro que soy decidido partidario de unificar en un cuerpo de leyes los distintos procedimientos que en virtud de las especializaciones que han ido surgiendo en el Derecho han proliferado.

No es a ello a lo que me quiero referir por cuanto entiendo que en esta discusión inédita, sin duda, en el Parlamento, en un régimen democrático -naturalmente que no puede haber Parlamento sin régimen democrático- todos hemos tenido dudas, no tanto en cuanto al problema del Código en sí -compartimos todas y cada una de las afirmaciones que se han realizado aquí en lo que se refiere al inmenso paso adelante que significa ir de un vetusto procedimiento escrito a un proceso oral, que ya en sus pautas generales se había pergeñado en esa Comisión extraparlamentaria- que funcionó a nivel de la Cámara de Representantes en 1970- sino a aspectos que refieren a dos cosas distintas que, sin perjuicio de señalar que estamos dispuestos a aprobar el proyecto en la noche de hoy, motivaron nuestra preocupación en Comisión, la que trasmitimos hoy al Cuerpo.

En primer término, absolutamente todos los integrantes de la Comisión teníamos y tenemos el convencimiento de que un Código sólo puede ser aprobado a tapas cerradas. Esto no implica desconocimiento ni ignorancia de parte de los legisladores que no integran la Comisión, sin perjuicio de que es natural y lógico que, en una discusión de estas características, las bancadas jueguen un rol muy importante, en atención a que todas, o casi todas ellas, estaban allí representadas.

En el Reglamento de la Cámara de Senadores no hay una norma que establezca el trámite de discusión y aprobación en el Plenario de los Códigos: lo hay, sí, en el Reglamento de la Cámara de Representantes. En ese sentido, pienso que es un procedimiento correcto el que allí se establece, como mecanismo de discusión para este tipo de proyecto de ley; me refiero a los artículos 60 y 146.

Por su parte, el artículo 60, comprendido en el literal D Proyectos de Códigos, dice lo siguiente: "La discusión particular de los proyectos de Códigos estará restringida a los artículos que enmienden, agreguen o supriman los diputados, la Comisión o los miembros de ésta que los hubieren presentado en su seno, debiendo votarse en conjunto y sin discusión los demás artículos".

Por otro lado, el artículo 146, comprendido en el literal B- Códigos, expresa: "Los proyectos se repartirán tan luego como sean recibidos por la Cámara, adelantándolos al informe de la Comisión. Los Representantes podrán presentar enmiendas, adiciones o supresiones, dentro de un plazo que no bajará de un mes y que tendrá como máximo, en cada caso, la duración que el Presidente determine de acuerdo con lo que al respecto aconseje la Comisión correspondiente. Se ordenará la publicación de las enmiendas presentadas y de sus fundamentos, que la Comisión tomará en cuenta para aceptarlas en todo o en parte o para rechazarlas".

Este mecanismo no está previsto en el Reglamento de la Cámara de Senadores y nosotros habíamos entendido -y así lo planteamos en Comisión- que, por analogía, era deseable aplicar el mismo procedimiento y ello no es porque tengamos alguna duda al respecto puesto que pensamos que el trabajo de dicha Comisión y, fundamentalmente, de los proyectistas, ha sido profundo. Por otro lado, en nuestro concepto, este Código no nos merece objeciones de ninguna naturaleza. Sin embargo entendíamos que era deseable abrir un margen para la discusión, incluso para la formulación de observaciones por parte de los señores senadores que quisieran hacerlas y aún para otras instituciones que eventualmente, pudieran tener hoy conocimiento del texto final de este proyecto de Código. Asimismo, creíamos que sería bueno abrir todas las instancias de discusión antes de la aprobación del Código, por cuanto todo lo que en esta instancia adelantáramos iba luego a facilitar lo que, sin duda sería -tal como lo señalaba el señor Presidente, opinión que comparto- una instancia de desafío para la aplicación e implementación de todo lo que este proyecto implica como nuevo sistema de proceso.

En el seno de la Comisión se entendió que era deseable la rápida aprobación del proyecto, aspecto que no vamos a cuestionar. Señalamos, sí, que hubiéramos deseado que se implementara un mecanismo de apertura para las observaciones, antes de proceder a la sanción del proyecto. Siempre es preferible que las observaciones se formulen antes de la aprobación definitiva de cualquier proyecto, y más aún ante uno de la importancia que éste tiene.

En segundo término, nosotros entendimos, en esa oportunidad -y al respecto teníamos algunas dudas ante esta aprobación que es inédita dentro de un régimen democrático- que debíamos tener claro cuál era el contenido de lo que se iba a aprobar. Sin duda, en el esquema planteado, la futura ley tendrá un único artículo, o tantos como el Código de Procedimiento tenga.

Pensábamos en una ley, que resolviera el problema que presenta el Código en sí mismo, estableciendo su vigencia.

Todos tenemos conciencia de que este nuevo Código de Procedimiento requiere la modificación sustancial de la infraestructura del Poder Judicial: deberá tener iniciativa a fin de crear numerosos cargos y, sin duda alguna, en etapas sucesivas, tendrá que ser puesto en vigencia en las distintas materias que el nuevo Código contiene.

Entendimos que había una primera instancia; que en una primera etapa se aplicaría al proceso laboral, en una segunda, al de familia y luego al proceso civil. En nuestro concepto, era deseable preverlo en un diálogo con el Poder Ejecutivo y con la Suprema Corte de Justicia. Pero, en ese sentido, no tenemos inconveniente en proceder a la aprobación de un Código que creemos que constituye, sin duda, uno de los proyectos más importantes que se aprobarán en este período.

Pensamos que hubiera sido deseable incluir este tema en la última sesión ordinaria del mes de mayo, como primer punto del orden del día, a los efectos de que se tomara un real conocimiento por parte de todas las instituciones interesadas, por los señores senadores y representantes, para que, justamente, en la instancia de aprobación en la primera Cámara, se hubiera agotado plenamente la discusión. Sin perjuicio de que nosotros creamos que la discusión de este punto ha concluido, quizás haya otras partes interesadas, que recién toman conocimiento del proyecto, que no lo consideran así.

Esta fue nuestra posición en el seno de la Comisión, la reiteramos aquí en el Plenario y estamos dispuestos a votar, en la noche de hoy, este proyecto que consideramos, repito un paso muy importante en nuestra legislación.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: habíamos pedido al señor Vicepresidente de la República que hablara en nombre de toda la bancada del Partido Colorado, sugerencia que el señor Presidente entendió, con su proverbial modestia, que no era procedente. Ello nos obliga doblemente porque no se invocó esa representación y no se hizo efectiva la misma, por una parte, y, por otra, dada nuestra calidad de integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación nos sentimos en la necesidad y, quizá, en la obligación de expresar nuestro punto de vista que no va a ser nada más que reiterar lo que, con gran elocuencia y conocimiento del tema, se ha dicho aquí por parte de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra.

Conviene, además, que se recuerde y reitere -como está expresado en el informe elaborado por el señor senador Aguirre, con el que se acompaña el proyecto que en este momento está a estudio del Senado- que la Comisión sesionó con la presencia de los autores del anteproyecto, los doctores Gelsi Bidart, Véscovi y Torello, en 23 oportunidades. Si se toma en cuenta que sesionamos una vez por semana, por lo menos el período que abarcó fue de seis meses.

Cabe destacar que, a su vez, este proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en el mes de febrero de 1987. Si la memoria no me traiciona, estimo que inmediatamente después de comenzado el nuevo período legislativo del año pasado, la Comisión también empezó sus sesiones estudiando este tema -con carácter permanente y sin solución de continuidad- todos los días jueves con los tres profesores mencionados, que habían elaborado el anteproyecto del llamado Código de Procedimiento Civil y que ahora ha dado en llamarse Código General del Proceso.

Para la Comisión, naturalmente, significa un gran honor y algo que es necesario poner de manifiesto, a pesar de que nos comprenden las generales de la ley: estudiar un Código de esta naturaleza, de gran categoría científica para un modesto ciudadano -me refiero a quien habla- es indudablemente una tarea que exige gran esfuerzo y que puede exceder nuestras posibilidades. Esto es necesario que se remarque, porque muchas veces se critica y se denosta al Parlamento diciendo que no se trabaja o que en este recinto se vierten expresiones intrascendentes o se habla de temas que no tienen resonancia ni proyección nacionales; otras tantas veces se dice que en este Cuerpo se tratan cuestiones exclusivamente políticas que nada hacen en la construcción del porvenir del país. Conviene que en casos como estos se deje expresa constancia, no sólo ante el Senado sino ante el país de este tipo de labores que le hace un gran bien a la democracia y a los órganos representativos, fundamentales y esenciales, como son, sin duda, los Cuerpos parlamentarios.

Toda vez que se procede así y que sus Comisiones trabajan como tienen que hacerlo -y vuelvo a decir que no se trata de un autoelogio, ya que me excluyo, aunque debe decir que concurrí a todas las sesiones de la Comisión- pues se discutió este tema en profundidad, es de justicia señalarlo.

Debo decir, además, porque debe destacarse que este proyecto fue redactado por parte de estos tres profesores con proverbial modestia, ya que se allanaron de manera casi continua a nuestras observaciones, muchas de las cuales las acogieron, e incorporaron definitivamente a texto, explicándonos en detalle la profundidad de cada uno de los institutos respecto de los cuales nosotros solicitábamos aclaraciones, modificaciones adiciones o supresiones que ellos, otras tantas veces quizá aceptaron. Y en aquellos casos en que se recogían nuestras sugerencias, con gran humildad, con gran modestia y con enorme tolerancia, nos explicaban detalladamente, casi como pidiéndonos disculpas, el por qué de no aceptar observaciones que tal vez tuvieran, en el fondo algún error de nuestra parte.

La verdad es que nosotros estamos muy conformes de haber colaborado con la redacción de este Código porque, de alguna manera, hemos podido llegar a conformar un cuerpo normativo de esa envergadura y con tales características, mediante un trabajo que nos ha dejado profundas enseñanzas en esta materia, a través de la elaboración de las disposiciones de que se trata.

Asimismo, estamos profundamente satisfechos de la labor que hemos desarrollado, porque, de aprobarse este Código General del Proceso -como esperamos- es indudable que habrá de cambiarse la faz del procedimiento civil en el país, sobre todo sustituyendo el proceso escrito por el proceso por audiencias.

No podríamos terminar de hablar respecto de este tema si no recordáramos en Sala, a una de las más grandes figuras del Derecho Procesal en el país, de quien tuvimos el honor de ser sus alumnos. Nos referimos al doctor Eduardo J. Couture, maestro del Derecho Procesal y de las disciplinas del Derecho en la República. Entonces, muy modestamente, le rendimos también nuestro homenaje a su capacidad, ilustración e inteligencia, por todo lo que hizo Couture por el engrandecimiento del Derecho Procesal- porque esa es la palabra correcta- y por la jerarquización del mismo en el país, sin desmedro -naturalmente- de otros grandes profesores entre los que se encuentra nuestro muy estimado amigo el señor Vicepresidente de la República. Queremos brindar nuestro homenaje a aquel extraordinario ciudadano que fue el doctor Couture, que quemó su vida en función de la entrega absoluta que realizó a las disciplinas del derecho y, fundamentalmente, a la del Derecho Procesal.

Decimos, pues -remitiéndonos al informe de la Comisión de Constitución y Legislación- que el proyecto de Código que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento y que tenemos a estudio, como se expresa con claridad en la exposición de motivos por parte de los autores del anteproyecto, responde a la más moderna orientación en materia procesal y su sanción -como se ha dicho en Sala y lo reiteramos- contribuirá al logro de una justicia rápida y dinámica, que supere la actual lentitud de las tramitaciones judiciales.

Reafirmando lo que decía hace un momento el señor Vicepresidente de la República en cuanto a que actualmente y desde hace algunos años existe prácticamente en el país un sistema de denegación de justicia, por las características con que se cumple su administración -por notorios motivos que no vale la pena repetir ahora, que han sido expuestos hoy y aún antes, en este recinto y fuera de él- el doctor Véscovi que es una reconocida autoridad en esta materia, también se ha referido a esa problemática en artículos periodísticos que ha escrito últimamente en el diario "El Día". Con respecto al tema, en particular, de la denegación de justicia, de que hablaba el señor Vicepresidente de la República, el profesor Véscovi en un trabajo que escribió para "El Día" el último lunes, titulado "La reforma de la Justicia. Hacia la aprobación de un nuevo Código", expresó que "para que la reforma marche hacia adelante, se deberán ver conjuntadas, cosa que descontamos -dice- la voluntad de los tres Poderes del Estado y de todos los Partidos Políticos para mejorar el servicio de justicia, cuyo deterioro -agrega- es tan pronunciado que ha llevado a calificar su situación de catastrófica y para lo cual esperamos -concluye en esta parte- una mejora que lo lleve a su modernización y eficiencia, quizá, como nunca la tuvo desde su creación".

Quiere decir, entonces, que dos profesores tan destacados como el doctor Tarigo y el doctor Véscovi -también lo han reconocido todos los miembros de la Comisión redactora del anteproyecto del Código General del Proceso- dicen prácticamente lo mismo y señalan la profundidad de la crisis en que está inmersa la administración de justicia en nuestro país. El doctor Tarigo manifiesta que lo que ocurre es, en los hechos, denegación de justicia y el doctor Véscovi emplea un término que realmente es tremendo: "que la situación es catastrófica".

Por todo esto, nos parece innecesario abundar en mayores consideraciones con respecto a la necesidad impostergable que existe -para la modernización de las estructuras procesales- de aprobar este proyecto de Código que está a consideración del Senado y que ha merecido no sólo la aprobación de la Suprema Corte de Justicia, sino también del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Escribanos del Uruguay y la del Colegio de Procuradores, etcétera. Como lo recuerda el doctor Véscovi en el artículo periodístico que he indicado, quizá la única opinión requerida que no obtuviera respuesta fue la de la Asociación de Magistrados del Uruguay, lo que es de lamentar.

Indudablemente, señor Presidente, nosotros -como surge precisamente del informe que por unanimidad de los siete integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación hemos elevado al Cuerpo- entendemos que este Código le hará un gran bien al país y al proceso en general, como ha sido expuesto con solvencia esta noche en el Senado por quienes conocen en profundidad el tema. Pero queremos agregar, para terminar, que como manifestó el doctor Véscovi, el Poder Ejecutivo al proveer los medios necesarios -prácticamente consistentes en duplicar el pequeño número actual de Jueces- y el Poder Legislativo al aprobar un proyecto de ley elaborado con tanta pulcritud y que cuenta con el consenso de la Suprema Corte de Justicia, tienen en sus manos una de las más grandes tareas y uno de los más apasionantes desafíos para el Uruguay en la tan ansiada modernización del país.

En virtud de estos conceptos y de todas las consideraciones que hemos formulado de las que se han expresado en Sala, así como de las que se han manifestado antes de la noche de hoy en este recinto y fuera de él, nosotros abogamos por la aprobación de este proyecto de Código General del Proceso y afirmamos que su sanción constituirá un importante beneficio para el Derecho Procesal y para el Derecho en general de nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra en la discusión general del proyecto se procederá a su votación con tal carácter.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) INTEGRACION DEL CUERPO

(Habiéndose retirado el señor senador doctor Alberto Zumarán ingresa a Sala el señor Luis Ituño, suplente convocado)

25) CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Su modificación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - En discusión particular.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: entiendo que lo que ahora corresponde es proceder a una única votación, de carácter particular, para la aprobación del Código.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Entiendo que antes habría que dejar constancia de algunas modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 71.1 debe decir: "Tanto el actor como el demandado y los demás que comparezcan en el proceso, deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, el domicilio real y el que constituyan en el área correspondiente al tribunal ante el que comparecen".

Además, en el artículo 302.1., en el segundo renglón entre las palabras "negare" y "hacer", hay que poner la letra a, para que exprese "si se negare a hacer".

En el artículo 310.4, que figura en la página 118 del repartido, también hay que hacer una modificación. En el cuarto renglón debe decir "temeridad", y no "temeraridad".

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: hace un rato dije que era opinión del señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor Adolfo Gelsi Bidart, que es uno de los autores del Código, que éste no debe llamarse Código de Procedimiento Civil, que era el "nomen juris" con que venía en el Mensaje del Poder Ejecutivo sino -por la propia circunstancia que hoy se ha debatido y explicado en Sala, de ser un Código para todas las materias, salvo la Penal que está regulada por su propio Código- Código General del Proceso y que con ese nombre debe encabezarse el texto de la ley, antes de donde dice Libro I.

Por consiguiente, si no hay inconvenientes o discrepancias entre los miembros de la Comisión, entenderíamos que el Código se vota con ese nombre y en esa forma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - La idea es, combinando la propuesta del señor senador Batalla con la del señor senador Aguirre, aprobar, en una sola votación particular, todo este Código General del Proceso con las modificaciones resultantes de la intervención del señor senador Ortiz y del señor miembro informante.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar de acuerdo con este criterio.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CODIGO GENERAL DEL PROCESO

LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. - Iniciativa en el proceso

La iniciación del proceso incumbe a los interesados.

Las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles y podrán terminarlo en forma unilateral o bilateral de acuerdo con lo regulado por este Código.

Art. 2º. - Dirección del proceso

La dirección del proceso está confiada al Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 3º. - Impulso procesal

Promovido el proceso, el Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

Art. 4º. - Igualdad procesal

El Tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso.

Art. 5º. - Buena fe y lealtad procesal

Las partes, sus representantes o asistentes y, en general todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe.

El Tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Art. 6º. - Ordenación del proceso

El Tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.

Art. 7º. - Publicidad del proceso

Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de las partes.

Art. 8º. - Inmediación procesal

Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por el Tribunal, no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Art. 9º. - Pronta y eficiente administración de justicia

El Tribunal y bajo su dirección, los auxiliares de la Jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Art. 10. - Concentración procesal

Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

Art. 11. - Derecho al proceso

11.1 - Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones.

11.2 - Para proponer o controvertir útilmente las pretensiones, es necesario invocar interés y legitimación en la causa.

11.3 - El interés del demandante puede consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro.

11.4 - Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

TITULO II
APLICACION DE LAS NORMAS PROCESALES

Artículo 12. - Aplicación de la norma procesal en el tiempo

Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan, incluso, a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor los cuales se regirán por la norma procedente.

Así mismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.

Art. 13. - Aplicación de la norma procesal en el espacio

Este Código regirá en todo el territorio nacional sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales suscriptas y ratificadas por el Estado.

Art. 14. - Interpretación de las normas procesales

Para interpretar la norma procesal, el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales.

En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo.

Art. 15. - Integración de las normas procesales

En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso.

Art. 16. - Indisponibilidad de las normas procesales

Los sujetos del proceso no pueden acordar, por anticipado, dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral.

TITULO III
EL TRIBUNAL

CAPITULO I
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 17. - Organización

La Ley Orgánica dispondrá lo concerniente a la designación, integración, competencia y funcionamiento de los diversos tribunales.

Art. 18. - Indelegabilidad e inmediación

18.1 - Sólo el Tribunal es titular de la potestad jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del Tribunal.

18.2 - Dicha delegación sólo abarcará la realización de actos auxiliares o de aportación técnica, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.

18.3 - En el proceso por audiencia se pronunciará la sentencia al final de ésta, pudiendo diferirse, si fuere menester, la redacción de los fundamentos del fallo. En tal caso la impugnación procederá una vez que estos sean notificados. Así mismo, podrá postergarse la emisión de la sentencia en los casos expresamente previstos.

Art. 19. - Funcionamiento de los tribunales colegiados

19.1 - Los tribunales colegiados actuarán en dicha forma en todo el proceso; las delegaciones sólo serán las expresamente establecidas por la ley y en ningún caso se referirán al diligenciamiento de la prueba.

19.2 - En el estudio, deliberación y adopción de sus decisiones, regirá en su máxima aplicación el principio colegiado. La deliberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto.

19.3 - Salvo en las comunicaciones y actuaciones protocolares que correspondan al Presidente, el Tribunal actuará con la presencia de todos sus miembros en relación a otros sujetos procesales o extraños al proceso.

Art. 20. - Asistencia judicial

Los tribunales se deben mutua asistencia y colaboración en todas las actuaciones que se requieran.

Art. 21. - Imparcialidad, independencia y autoridad del tribunal

21.1 - Cada Tribunal es independiente en el ejercicio de sus funciones.

21.2 - Debe actuar con absoluta imparcialidad en relación a las partes.

21.3 - Las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además, deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos.

Para lograr esta efectividad, el Tribunal podrá: a) utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse inmediatamente a su solo requerimiento; b) imponer compulsiones o conminaciones, sean económicas, bajo forma de multas periódicas, sean personales, bajo forma de arresto, dentro de los límites prefijados por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto.

21.4 - La Ley Orgánica reglamentará las condiciones de selección para el ingreso y para el ascenso y los medios económicos necesarios para preservar la independencia en los agentes judiciales.

CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 22. - Criterios básicos

22.1 - A los efectos de acercar las sedes de los tribunales a toda la población, evitando la exagerada concentración en las ciudades principales, se realizará la división territorial por zonas, en las cuales se instalarán periódicamente aquellas sedes.

22.2 - Con ese propósito los tribunales funcionarán en régimen de movilidad y, conforme con las exigencias de los asuntos en los que deban conocer, dispondrán su instalación en época que determinarán, en sedes de su territorio jurisdiccional, diversas a aquella que tienen asignada como normal.

22.3 - Todo proceso tendrá dos instancias, excepto aquellos asuntos que la ley establezca, expresamente, que tramitarán en instancia única.

22.4 - En base a la naturaleza de la materia, su importancia práctica y el volumen de los asuntos que se tramiten, se procurará en cualquier departamento del país, la especialización de los tribunales, tanto en primer como en segunda instancia, conforme con lo que disponga la Ley Orgánica respectiva.

Art. 23. - Criterios eliminados

No se admitirá la división de competencia por los criterios de avocación y delegación, salvo para asistencia judicial en diligencias determinadas fuera de la sede judicial.

CAPITULO III
DEBERES, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL TRIBUNAL EN EL PROCESO

Artículo 24. - Facultades del Tribunal

El Tribunal está facultado:

1) Para rechazar in limine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido;

2) Para relevar de oficio las excepciones que este Código le faculta;

3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado;

4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes;

5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito;

6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes;

7) Para rechazar in límine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa o cuando a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverse uno anterior;

8) Para rechazar in límine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos;

9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables y para disponer las diligencias que persigan evitar dichas nulidades;

10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones disciplinarias y multas en los casos previstos legalmente;

11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la Justicia.

Art. 25. - Deberes del Tribunal

25.1 - El Tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En el juzgado del litigio deberá aplicar la Regla de Derecho Positivo (artículo 15) y sólo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo soliciten.

25.2 - El Tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes; la omisión en el cumplimiento de estos deberes le hará incurrir en responsabilidad.

Art. 26. - Responsabilidad del tribunal

Los Magistrados serán responsables por:

1) demoras injustificadas en proveer;

2) proceder con dolo o fraude;

3) sentenciar cometiendo error inexcusable.

La Ley Orgánica reglamentará, el proceso destinado a hacer efectiva la responsabilidad de los Magistrados y determinará el plazo de caducidad para su promoción.

TITULO IV
EL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 27. - Norma de remisión

La intervención del Ministerio Público en el proceso, se regulará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

Art. 28. - Intervención como parte principal

Cuando el Ministerio Público intervenga como parte no podrá ser recusado y tendrá los derechos, facultades, deberes y cargas procesales que correspondan a la parte, salvo norma expresa en contrario.

Art. 29. - Intervención como tercero y como dictaminante técnico

29.1 - El Ministerio Público intervendrá como tercero, además de los casos en que así lo establezca la ley, en aquellos en los que, pudiendo haber intervenido como parte, no lo hubiera hecho.

29.2 - Cuando el Ministerio Público actúe como tercero, su intervención consistirá en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos que correspondan, dentro de los plazos respectivos.

29.3 - Así mismo intervendrá como dictaminante técnico auxiliar del Tribunal, cuando éste lo considere necesario o conveniente.

Art. 30. - Plazos

30.1 - Cuando el Ministerio Público actúe como parte, tendrá los mismos plazos procesales que correspondan a ésta.

30.2 - Cuando actúe como tercero, dispondrá para expedirse del plazo de veinte días, salvo que deba hacerlo en una audiencia, vencidos los cuales pasará el expediente a conocimiento del subrogante, sin más trámite y por única vez, dándose cuenta al superior jerárquico de la omisión.

TITULO V
LAS PARTES

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 31. - Partes

Son partes en el proceso el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este Código.

Art. 32. - Capacidad

32.1 - Pueden comparecer por sí en el proceso, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer.

Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos, comparecerán representadas, asistidas o autorizadas según dispongan las leyes que regulan la capacidad.

32.2 - Los menores habilitados o emancipados, actuarán asistidos de curador ad litem.

También actuarán representados por curador ad litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria potestad o tutela, previa venia que otorgará el Tribunal al efectuar la designación.

32.3 - Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos o de sus representantes o de las personas autorizadas conforme a derecho.

32.4 - Los ausentes y las herencias yacentes serán representados en el proceso por los curadores designados al efecto.

Art. 33. - Discernimiento del cargo de tutor o curador y habilitación para comparecer en juicio

33.1 - Cualquiera que tenga interés legítimo y el Ministerio Público, podrán pedir el nombramiento de tutor o curador para un menor o incapaz que sea o haya de ser parte en juicio.

El petitorio se tramitará de acuerdo con las disposiciones relativas a la jurisdicción voluntaria.

33.2 - De la misma manera se procederá cuando corresponda la habilitación para comparecer en juicio.

Art. 34. - Modificaciones de la capacidad durante el proceso

34.1 - Si la parte que actúa por sí misma se incapacita durante el curso del proceso, los actos posteriores a la declaración judicial de incapacidad serán nulos. Los anteriores serán anulables si la incapacidad fuere notoria durante la realización de dichos actos.

El proceso se seguirá con el representante, que legalmente corresponda quien será emplazado en la misma forma y con las mismas consecuencias que rigen para el caso de demanda.

34.2 - El fallecimiento o incapacidad de la persona o personas que constituyen una parte no suspende el curso del procedimiento si esa parte actuaba por representante; el proceso continuará con éste hasta que no se apersone parte o representante legítimo.

34.3 - Si durante el curso del proceso se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedimientos luego de que se apersone debidamente.

Para los actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pudiera tener contra su ex-representante por haber omitido comunicarle la existencia del pleito o por cualquier otra circunstancia.

Art. 35. - Sucesión de la parte

35.1 - Ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte que actúa por sí misma y salvo el caso de proceso relativo a derechos personalísimos, éste debe continuar con los sucesores, el cónyuge o el curador de la herencia yacente, en su caso.

La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio, procediéndose en la forma prevista para la demanda y con las mismas consecuencias. Entre tanto, el proceso quedará suspendido, salvo si los autos se encuentran en estado de dictar sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada.

35.2 - En caso de trasmisión por acto entre vivos de la cosa litigiosa, el sucesor podrá sustituir a la parte en el proceso salvo que se oponga la contraria, en cuyo caso el Tribunal resolverá. Ello sin perjuicio de la subrogación y del derecho a comparecer como tercero o litisconsorte de la parte, si se dan las circunstancias requeridas por este Código.

35.3 - En caso de extinción de la persona jurídica, el proceso continuará con quienes la sucedan en su patrimonio.

Art. 36. - Representación y sustitución procesales

36.1 - Por la parte puede actuar un representante, sea establecido por la ley o por poder otorgado al efecto.

36.2 - Nadie podrá pretender en nombre propio derecho ajeno salvo cuando la ley lo autorice.

CAPITULO II
POSTULACION

Artículo 37. - Asistencia letrada

37.1 - La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado, debiendo el tribunal rechazar los escritos que no lleven firma letrada e impedir las actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia.

37.2 - Se exceptúan de lo dispuesto en el ordinal precedente: a) los asuntos que se tramiten ante los Juzgados de Paz en asuntos menores al equivalente a una Unidad Reajustable; b) los que se tramiten ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en el litoral e interior de la República cuando no haya o no se disponga de tres abogados, como mínimo, en la localidad asiento del Juzgado.

37.3 - Los escritos que se presenten en autos sucesorios; en los de disolución de la sociedad legal de bienes; en los de rectificación de partidas; en el trámite judicial de inscripciones en el Registro Público y General de Comercio; en los que se soliciten o gestionen venias o autorizaciones judiciales, curadurías especiales a fin de complementar la capacidad para contratar, emancipaciones, así como en aquellos en que se tramite la expedición de copias o duplicados de escrituras públicas, hijuelas o promesas de enajenación e información de vida y costumbres, podrán ser firmados, indistintamente, por abogado o escribano.

No se entenderá que existe litigio, cuando la controversia se suscite por observaciones del Ministerio Público o Fiscal.

37.4 - No obstante, la firma de abogado será preceptiva en los asuntos enumerados en el ordinal anterior, cuando se suscite litigio. Regirán para estos casos las excepciones previstas en el ordinal 2.

37.5 - En los autos sucesorios, la relación de bienes y la cuenta particionaria podrán ser firmadas por contador público, al igual que los escritos solicitando inscripciones en el Registro Público y General de Comercio.

37.6 - El Tribunal rechazará de plano los escritos que no lleven firma de abogado, salvo el caso de existir expresa dispensa al respecto.

Art. 38. - Apoderado

La parte podrá actuar en el proceso representada por apoderado -abogado o procurador- constituido en escritura pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en el 44 y en el 340.1 y de la facultad del Tribunal de ordenar la comparecencia personal de la parte, asistida por su abogado, en cualquier otra circunstancia.

Art. 39. - Poder

39.1 - El poder para litigar deberá otorgarse en escritura pública, bajo pena de nulidad y se entiende conferido para todo el proceso, sus diversas instancias, recursos, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares, las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, salvo aquellos que la ley reserva a la parte. En todo caso se requerirá autorización expresa para realizar actos de disposición de los derechos, tales como el desistimiento o la transacción.

39.2 - Del poder otorgado en el extranjero, se presentará copia de su protocolización, que deberá haber sido legalizada y traducida, si correspondiera.

Art. 40. - Justificación de la personería

La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primera gestión que se realice en nombre del representado. En casos de urgencia podrá admitirse la comparecencia invocando el poder, sin presentar la documentación, pero si no se acompañase dentro del plazo que atendidas las circunstancias fije el Tribunal, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará los gastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 41. - Procuración oficiosa

Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona de quien no se tenga poder siempre que se den las siguientes condiciones:

- Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del país.

- Que quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o comunero o que posea algún interés común que legitime esa actuación.

- Que si la parte contraria lo solicitare, preste caución suficiente de que su gestión será ratificada por el representado o pagará los daños y perjuicios en el caso contrario y si así correspondiere.

Art. 42. - Representación en caso de intereses difusos

En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del Tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido.

Art. 43. - Procurador común

Cuando diversas personas constituyan una sola parte, deberán actuar conjuntamente; cuando así no lo hicieran el Tribunal intimará la actuación común o el nombramiento de procurador común en el plazo de diez días y, en defecto de esa designación por las partes, lo nombrará el Tribunal, salvo que ese nombramiento aparejara grave perjuicio al ejercicio de la defensa en juicio. El auto que haga el nombramiento o su testimonio expedido en forma servirán, por sí solos, para justificar la personería del procurador común.

Art. 44. - Representación judicial de los abogados

44.1 - En cualquier etapa del proceso, ante cualquier órgano con función jurisdiccional, salvo que se tratare de materia penal, el abogado firmante, en su calidad de patrocinante de la parte, además de las facultades que acuerda el artículo 143 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985) y siempre que así se conviniere mediante escrito o acta judicial, quedará investido en especial y para ese proceso, y sus incidencias, con todas las facultades procesales excepto las que impliquen disponer de los derechos sustanciales del carácter de representante judicial de aquélla.

44.2 - Para que la autorización sea válida, la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, así como comunicar en la misma forma los cambios que el mismo experimentare.

44.3 - El abogado deberá instruir especialmente al interesado de la representación de que se trata y de sus alcances, dejándose constancia expresa de ello en el escrito o acta judicial pertinente.

44.4 - La parte interesada podrá, en todo momento, sustituir a su representante judicial siempre que lo haga por escrito ante el Tribunal correspondiente, el que lo hará saber por notificación en el domicilio al abogado cesante.

44.5 - En caso que el abogado desee poner fin a su patrocinio, deberá hacerlo por escrito firmado conjuntamente con la parte, el órgano jurisdiccional correspondiente.

44.6 - Si se desconociere el actual domicilio real del patrocinante o éste se negare a firmar, se le notificará en el último domicilio real que hubiere denunciado en autos.

44.7 - El cese de responsabilidad profesional es sin perjuicio de las medidas que en el plano procesal pudiere dictar el órgano jurisdiccional.

CAPITULO III
LITISCONSORCIO

Artículo 45. - Litisconsorcio facultativo

Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra.

Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes independientes.

Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Art. 46. - Litisconsorcio necesario

Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso no pudiere pronunciarse sentencia últimamente sin la presencia (litisconsorcio activo) o el emplazamiento (litosconsorcio pasivo) de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.

En este caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito.

La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal.

Cuando el defecto se denuncia o se advierta por el tribunal fuera de esta oportunidad, se procederá de la misma manera.

CAPITULO IV
INTERVENCION DE TERCEROS

Artículo 48. - Intervención coadyuvante y litisconsorcial

48.1 - Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

48.2 - Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectada por la sentencia a dictarse y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Art. 49. - Intervención excluyente

Quien pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando su pretensión frente al demandante y al demandado, para que en el mismo proceso se la considere.

Art. 50. - Requisitos y forma de la intervención

50.1 - Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo. La solicitud se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplicables, y deberá ser acompañada de toda la prueba correspondiente.

50.2 - La intervención sólo podrá producirse en la instancia hasta la conclusión de la audiencia de prueba para sentencia; la excluyente sólo en la primera instancia; la coadyuvante y litisconsorcial también durante el curso de la segunda instancia.

50.3 - El procedimiento de intervención de terceros se regulará conforme a lo dispuesto en los artículos 334 a 336.

Art. 51. - Intervención necesaria para citación

El demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El emplazado no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer, tendrá los mismos derechos, deberes y cargas del demandado.

Art. 52. - Oposición al llamamiento de terceros

La contraparte podrá oponerse a la citación de un tercero y el Tribunal resolverá la procedencia de la misma por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable cuando rechace la intervención.

Art. 53. - Denuncia de terceros

El demandado, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, debe denunciarlo, indicando su nombre y domicilio, a los efectos de que se le noticie del pleito, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieren por su omisión.

Art. 54. - Llamamiento de oficio, en caso de fraude o colusión

En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público o de parte, ordenará la citación de las personas que puedan ser perjudicadas para que hagan valer sus derechos, pudiéndose, a tal fin, suspender el proceso hasta por cuarenta días.

Art. 55. - Irreversibilidad del proceso

Los intervinientes y sucesores en el proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334.3.

CAPITULO V
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES O DE SUS ABOGADOS Y APODERADOS EN EL PROCESO

Artículo 56. - Condenación en la sentencia definitiva

56.1 - La sentencia definitiva impondrá condenación en costas, en costas y costos o declarará no hacer especial condenación, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 688 del Código Civil.

Se consideran costas todos los tributos, incluido el del pago de la vicésima, así como los honorarios de los peritos, depositarios, tasadores y demás auxiliares del Tribunal. Se consideran costos, los honorarios de los abogados y de los procuradores.

56.2 - La parte favorecida por la condena en costas, presentará su liquidación de lo adeudado por ese concepto que le deba ser reintegrado, ante el Secretario Actuario del Tribunal, el que la aprobará o corregirá, expidiendo testimonio que constituirá título de ejecución contra el obligado a su pago. De dicha liquidación, que será notificada personalmente a las partes, se podrá impugnar para ante el Tribunal, cuya decisión será irrecurrible.

Art. 57. - Condenaciones en los incidentes

Las sentencias que resuelvan los incidentes pondrán siempre las costas a cargo del vencido, sin perjuicio de la condena en costos si correspondiere (artículo 688 del Código Civil). El fallo de segunda instancia, si fuere confirmatorio en todas sus partes, impondrá preceptivamente la condena en costos. Sin embargo, el Tribunal podrá apartarse de este principio, en forma fundada, cuando el apelante, a su juicio, haya litigado con alguna razón.

Art. 58. - Condena al actor

Cuando resultare de los antecedentes del proceso que el demandado se ha allanado a la demanda dentro del término para contestarla y que no ha dado motivo a su interposición, el actor será condenado a pagar todas las costas y costos del proceso.

También podrá condenarse en costas y costos al actor cuando el demandado hubiere efectuado un allanamiento parcial y la sentencia sólo acoja la demanda en dicha parte.

Art. 59. - Condena en caso de litisconsorcio

Tratándose de condena al pago de las costas y costos del proceso contra litisconsortes, el Tribunal, atendidas las circunstancias del caso, determinará si la condena es solidaria o la forma en que habrá de dividirse entre aquéllos.

Art. 60. - Responsabilidad del apoderado

El apoderado podrá ser condenado en costas y costos, solidariamente con su representado, cuando de su actividad procesal surja, en forma manifiesta, que existe mérito para ello.

Art. 61. - Daños y perjuicios

Cuando la mala fe o la temeridad resultaren plenamente acreditadas, la parte podrá ser condenada, además, a los daños y perjuicios en otro proceso o en el mismo, si hubiere mediado expresa petición en ese sentido.

TITULO VI
DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SECCION I
DE LOS ACTOS PROCESALES EN GENERAL

Artículo 62. - La voluntad en los actos procesales

Los actos procesales se presumirán siempre realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario o prueba fehaciente de que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable.

Art. 63. - Requisitos de los actos procesales

Además de los requisitos que en cada caso se establezcan, los actos deberán ser lícitos, pertinentes y útiles.

Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.

Art. 64. - Forma de los actos procesales

Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley, será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad perseguida.

Art. 65. - Idioma

En todos los actos procesales se utilizará, necesariamente, el idioma castellano.

Cuando deba ser oído quien no lo conozca, el Tribunal nombrará un intérprete.

SECCION II
ESCRITOS DE LAS PARTES

Artículo 66. - Redacción y suscripción de los escritos

Los escritos de las partes deberán ser redactados a máquina o a mano en forma fácilmente legible y suscriptos por ellas.

Art. 67. - Suma e individualización de los autos

67.1 - Todo escrito debe llevar en la parte superior una suma o resumen del petitorio.

67.2 - En el encabezamiento del escrito y sin más excepción que el que inicia una gestión, deben establecerse los datos individualizados de los autos respectivos.

Art. 68. - Escritos de personas que no saben o no pueden firmar

68.1 - Los escritos de personas que no saben o no pueden firmar, se refrendarán con la impresión dígito pulgar derecha del interesado. A continuación, un escribano público o el actuario o secretario del Tribunal certificará que la persona conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia, de conformidad.

68.2 - Si no fuera posible estampar la impresión dígito pulgar derecha, se estampará otra, mencionándolo en el escrito. Y si aún no fuera posible, el escribano, actuario o secretario certificarán el hecho, como en el ordinal anterior.

Art. 69. - Ratificación de escritos

69.1 - En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá el Tribunal llamar al firmante para que, en su presencia, previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.

69.2 - Si el citado negare el escrito, rehusare contestar o, citado en su domicilio, no compareciere, el Tribunal podrá tener el escrito por no presentado.

Art. 70. - Copias

De todo escrito o documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles como personas hayan de ser notificadas.

Art. 71. - Constitución de domicilio

71.1 - Tanto el actor como el demandado y los demás que comparezcan en el proceso, deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, el domicilio real y el que constituyan en el área correspondiente al Tribunal ante el que comparecen.

El Tribunal mandará subsanar, en cualquier momento que lo advierta, la omisión de este requisito. Si advertida no fuera subsanada, se tendrá por constituido el domicilio en los estrados a todos los efectos.

71.2 - Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse de inmediato, teniéndose por válidas, en su defecto, las notificaciones que se realicen en el domicilio anteriormente constituido.

71.3 - Si la parte emplazada o citada en forma, no hubiere comparecido fijando domicilio dentro del radio del Tribunal, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 84 y 85, el Tribunal dispondrá, de oficio, que le sean notificadas todas las providencias en la oficina del Tribunal, con excepción de la sentencia definitiva, salvo que ésta se profiera en audiencia. El auto que ordena la notificación en la oficina se notificará a domicilio.

71.4 - Si constara en autos que el demandado vivía efectivamente en el domicilio denunciado en la demanda, o si el actor pudiera justificar sumariamente ese hecho, se tendrán por válidas las notificaciones que se practicaren en ese domicilio, aunque posteriormente a la notificación el demandado lo hubiere mudado.

Art. 72. - Documentos

72.1 - Los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil, con autenticación de su fidelidad con el original por Escribano o funcionario público, si legalmente correspondiere. Sólo en caso de duda el Tribunal podrá solicitar, de oficio o a pedido de parte, la agregación del original.

72.2 - Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados.

72.3 - Todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción realizada por traductor público, salvo excepción consagrada por leyes o tratados. Pero cuando se trate de libros o documentos muy extensos, podrá disponerse la traducción sólo de aquella parte que interese al proceso.

Art. 73. - Expresiones ofensivas en los escritos

Podrá el Tribunal mandar testar, haciéndolas ilegibles, las expresiones ofensivas de cualquier índole que se consignaren en los escritos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondiere.

Art. 74. - Recibo de entrega de escritos

Todo interesado que haga entrega de un escrito judicial ante cualquier Tribunal, deberá acompañar, además de las copias a que refiere el artículo 70, otra copia de aquél. En ella, el funcionario que reciba el escrito, dejará constancia, en el momento de la presentación, de la fecha en que se efectúa la misma, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, devolviendo esa copia al interesado. No se admitirán escritos si, simultáneamente, no se acompaña esta copia.

Art. 75. - Cargo de los escritos

A todo escrito o pliego que se presente se le pondrá cargo, donde constará la fecha de su presentación y la mención de los documentos y copias que se presenten.

En los Juzgados Letrados, Tribunales y Suprema Corte, se tendrá un fechador mecánico con el cual se estampará, al margen del cargo, el día y la hora de la presentación de los escritos.

La Suprema Corte podrá disponer la extensión de este sistema a los demás Juzgados del país y reglamentará su uso.

SECCION III
DE LAS COMUNICACIONES PROCESALES

A) COMUNICACIONES DE LAS PARTES

Artículo 76. - Principio de notificación

Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a los interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Las pronunciadas en audiencias se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

Art. 77. - Formas de notificación

La notificación se practicará por la Oficina Central de Notificaciones y en su caso, por correo, por telegrama, por acta notarial, por la policía, por tribunal comisionado o por el medio idóneo que habilite la Suprema Corte de Justicia.

Art. 78. - Notificiación en la oficina

78.1 - En todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y contenciosa las notificaciones de las providencias judiciales con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en las oficinas del Tribunal.

78.2 - Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y haciéndole entrega de las copias que correspondan.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia.

Art. 79. - Notificación en el domicilio

79.1 - Cuando corresponda la notificación en el domicilio, el funcionario o escribano público a quien se cometa la diligencia concurrirá al mismo y si hallara allí a la persona que debe ser notificada, se procederá en la forma establecida en el artículo anterior.

79.2 - Si el interesado no fuere hallado, la diligencia se entenderá con su cónyuge, hijos mayores de edad, persona de servicio o habilitante de la casa. A falta de ellos, se dejará cedulón en lugar visible, del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, dejándose constancia de la diligencia que suscribirá el funcionario comisionado.

79.3 - Si la persona de la casa con quien se entiende la diligencia se resistiera a recibir el cedulón, se procederá como en el ordinal precedente.

79.4 - Las notificaciones a las personas jurídicas se harán a nombre de éstas en las personas de sus representantes, sin necesidad de individualizarlos.

79.5 - A solicitud de parte y con autorización del Tribunal, podrá practicarse la notificación personal en el domicilio, en todo el territorio nacional, en la forma prevista en este artículo mediante acta notarial por el Escribano Público que designe aquélla y a su cargo.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta forma de notificación.

Art. 80. - Notificación por Correo Judicial

Cuando corresponda a la notificación por correo, se entregarán al mismo, en sobre cerrado, en el que se incluirán las copias respectivas, las piezas necesarias para el conocimiento de la resolución judicial.

La entrega al Correo se hará mediante recibo y aquél entregará las piezas respectivas también mediante recibo.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de Correo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables.

Art. 81. - Notificación por telegrama

En caso de urgencia, podrá practicarse la notificación por telegrama colacionado, remitido con copia, debiendo agregarse en el expediente constancia de su recepción.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de Telégrafo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables.

Art. 82. - Notificación por la Policía

Cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y en especial en las zonas rurales, podrá disponerse la notificación por intermedio de la Policía.

A los efectos de este servicio, la Suprema Corte de Justicia procederá como en los artículos anteriores.

Art. 83. - Notificación por tribunal comisionado

La notificación por tribunal comisionado se hará por el Tribunal o por funcionarios de su oficina.

Art. 84. - Carga de la asistencia al tribunal

Salvo disposición expresa de la ley, las notificaciones se practicarán en la Oficina.

Para tal fin, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público y Fiscal, concurrirán a la Oficina, para enterarse de las actuaciones.

La carga de la asistencia recae también sobre los funcionarios públicos que representen en juicio al Estado, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Municipios.

Art. 85. - Autorización para notificarse

Por simple escrito presentado en los autos, se podrá autorizar a una tercera persona, aunque no tenga título de procurador, para que con ella se entiendan las notificaciones. En la jurisdicción voluntaria, podrá reunirse en una sola constancia la notificación a todos los interesados que actúen de común acuerdo.

Art. 86. - Notificación ficta en la oficina

Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día en que concurriere el interesado la actuación no se hallare diponible, la oficina actuaria expedirá constancia, en formulario al efecto, si aquél lo solicitare.

Art. 87. - Providencias exceptuadas

Serán notificados en el domicilio de los interesados, salvo si se pronunciaren en audiencia, y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debido concurrir a la misma.

1. A la persona frente a quien se pide, el auto que provee una petición de diligencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 307.3.

2. Al demandado, el auto que le da conocimiento de la demanda principal, reconvencional o incidental o, en su caso, el que lo cita de excepciones.

3. Al citado, el auto que ordena la absolución de posiciones.

4. A la parte de quien emana, el auto que admite un documento en la oportunidad prevista por el artículo 171.

5. El auto que convoca a audiencia.

6. Las providencias posteriores a la conclusión de la causa y la primera resolución que se dictare en instancia de apelación o casación.

7. La sentencia definitiva o interlocutoria.

8. El auto que ordena la facción de inventario.

9. Al tercero, el auto que lo cita o llama para que comparezca en un procedimiento contencioso o voluntario.

10. Las providencias recaídas en el pedido inicial de ejecución de sentencia.

11. Las resoluciones que el Tribunal disponga sean notificadas a domicilio, siempre que no se trate de aquellas pronunciadas en audiencia (artículo 76).

Art. 88. - Reglamentación de la notificación de las providencias

La Suprema Corte de Justicia determinará la forma en que se practicarán las notificaciones, con sujeción a lo dispuesto en este Código.

Art. 89. - Notificación por edictos

En los casos que correspondiendo notificar a domicilio, se tratare de persona indeterminada o incierta o cuyo domicilio no se conozca, la notificación se cumplirá por edictos publicados en el Diario Oficial y otro periódico de la localidad, durante diez días hábiles continuos.

Si el interesado gozara de beneficios de pobreza, el Tribunal podrá disponer que la publicación se efectúe solamente en el Diario Oficial si no obtuviere la publicación gratuita en el otro periódico, circunstancia que se acreditará con la declaración jurada del interesado.

La publicación se justificará por constancias de la Oficina Actuaria, que la extenderá previa exhibición de los ejemplares de la primera y última publicaciones.

Podrá ordenarse, también, la propalación radial o televisiva o la publicación en otros periódicos conforme con la reglamentación que al efecto se dicte.

B) COMUNICACIONES A OTRAS AUTORIDADES

Art. 90. - Comunicaciones internas

Cuando los tribunales deban dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacionales o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, lo harán por exhortos u oficios que se cursarán por correo.

Si hubiera urgencia, podrán disponer la comunicación por cualquier otro medio idóneo.

A pedido de parte y siempre que ello no cause riesgo, podrá entregarse el oficio al interesado, para su mejor diligenciamiento.

Art. 91. - Comunicaciones internacionales

Las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán mediante exhortos y en la forma que dispongan los tratados y las leyes nacionales al respecto.

SECCION IV
DE LOS PLAZOS PROCESALES

Artículo 92. - Carácter de los plazos

Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables.

Pero las partes, expresamente y de común acuerdo, podrán suspender el curso de los plazos de modo previo o durante su desarrollo, por el tiempo que estimen conveniente.

Vencido el plazo, el secretario o actuario dará cuenta inmediata y el Tribunal, sin necesidad de petición alguna, dictará la resolución que corresponda al estado del proceso.

Art. 93. - Comienzo de los plazos

Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse, tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación.

Art. 94. - Transcurso de los plazos

Los plazos que se cuentean por días, sólo se suspenderán durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo.

Exceptúanse los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuentan por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles.

Para el cómputo de los plazos fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles y los inhábiles.

Art. 95. - Vencimiento de los plazos

Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la Oficina del Tribunal del día respectivo.

Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

Art. 96. - Días y horas hábiles

96.1 - Son días hábiles para la realización de los actos procesales todos aquellos en los que funcionen las oficinas de los tribunales, cuyo horario, en ningún caso, será inferior a cuatro horas.

96.2 - Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas.

96.3 - Para la práctica de todas las diligencias judiciales, se considerarán horas hábiles las que medien entre las siete y las veinte horas.

96.4 - Los escritos deberán presentarse en la oficina y dentro de su horario de funcionamiento.

Art. 97. - Habilitación de días y horas inhábiles

Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho.

La habilitación podrá pedirse durante los días y horas en que funcionen las oficinas de los tribunales.

Art. 98. - Principio general de suspensión de los plazos

Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario.

Art. 99. - Traslados y vistas

En atención a las circunstancias del caso, el Tribunal podrá sustanciar los petitorios de las partes confiriendo traslados o vistas.

Salvo disposición contraria, los traslados deben ser evacuados dentro de seis días y las vistas dentro de tres días.

SECCION V
AUDIENCIAS

Artículo 100. - Presencia del Tribunal

En los procesos que se desarrollan por audiencias, el Tribunal las presidirá por sí mismo bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional.

Art. 101. - Continuidad de las audiencias

La fecha de las audiencias se deberán fijar con la mayor contigüidad posible, a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación, salvo, que ello resultare imposible.

Art. 102. - Documentación de la audiencia

Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida, en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ella.

Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el Tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.

El Tribunal podrá, excepcionalmente, disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados.

Art. 103. - Contenido de las actas

Las actas deberán contener:

1) El lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponde;

2) El nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere;

3) La relación sucinta de lo actuado en la audiencia;

4) Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el Tribunal resuelva consignar.

SECCION VI
DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES

Artículo 104. - Formación de expedientes

Con el escrito o acta inicial de cada asunto que se promueva, se formará un expediente al que se incorporarán sucesivamente las actuaciones posteriores.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará por Acordada, cuando lo estime conveniente, la forma de llevarse esos expedientes, así como el modo de anotar en los mismos las constancias de los actos.

Art. 105. - Testimonios y certificados

105.1 - De cualquier expediente judicial podrán las partes o cualquier interesado obtener testimonio íntegro o parcial o certificado extractado.

La expedición de tales documentos deberá ser autorizada por el Tribunal, con citación de la parte contraria, o de ambas si la peticionaria fuere un tercero; si se dedujera oposición, se estará a lo que el Tribunal resuelva de manera irrecurrible.

105.2 - Los testimonios o certificados podrán ser expedidos, indistintamente, por el secretario o actuario del Tribunal o por cualquier escribano designado por la parte interesada en la expedición; en este último caso a costa de la misma.

Art. 106. - Consulta de los expedientes

Los expedientes judiciales o las actuaciones de los mismos permanecerán en las oficinas para el examen de las partes y de todos los que tuvieran interés en la exhibición.

Si el secretario o actuario negare la exhibición, podrá reclamarse verbalmente ante el Tribunal, el que decidirá en definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º.

Art. 107. - Retiro de expedientes

107.1 - Los expedientes podrán retirarse de las oficinas para expresar y contestar agravios mediante firma de los letrados o de los profesionales legalmente habilitados para hacerlo, sin necesidad de mandato judicial. El plazo de retiro será el señalado para la presentación del escrito respectivo.

107.2 - Podrán también ser retirados en la misma forma para su estudio, por un plazo de hasta tres días hábiles, siempre que su entrega no obstare al cumplimiento de una diligencia pendiente ni perturbare el desarrollo normal del juicio.

107.3 - En todos los casos, se podrá negar la entrega del expediente facilitando facsímil del mismo a costa del peticionante.

107.4 - Vencido el plazo, el secretario o actuario, sin necesidad de orden judicial, dispondrá su requerimiento por oficial de justicia. Si la entrega no se efectuare dentro de las veinticuatro horas siguientes, dará cuenta al Tribunal, el cual, sin perjuicio de la saca inmediata podrá imponer al remiso una multa no menor del equivalente a diez Unidades Reajustables, ni mayor a cinco veces esa suma, la que se hará efectiva por el oficial de justicia, por la vía de apremio; el importe podrá aplicarse a la adquisición de útiles de oficina dando cuenta, inmediatamente, a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal podrá, además, inhabilitar al profesional sancionado para retirar expedientes de la oficina por un término que no podrá exceder de seis meses. El profesional será solidariamente responsable con el apoderado o litigante que obtuvo la entrega, de todos los perjuicios que se causen a la contraparte, no sólo por la demora en la devolución, sino también por el extravío de dichos autos o de cualquier parte de ellos. La fijación de estos perjuicios se hará por apreciación jurada del perjudicado, pudiendo el Tribunal moderarla si la encontrare excesiva.

Art. 108. - Archivo de expedientes

Concluido un expediente o cuando las circunstancias lo aconsejen, se dispondrá su archivo.

En esa condición podrá ser consultado libremente, pero no retirado sino de mandato judicial para ser agregado a otros autos o para otra finalidad legítima y con calidad de oportuna devolución.

Art. 109. - Reconstrucción de expedientes

109.1 - Cuando por cualquier causa se hubiere perdido, destruido u ocultado el original de una actuación procesal necesaria, la copia autenticada de ella tendrá el mismo valor. Para su utilización, el Tribunal ordenará a quien la tenga que la consigne en Secretaría.

109.2 - Cuando no haya copia de las actuaciones destruidas o desaparecidas, el Tribunal ordenará que se rehagan, para cuyo fin practicará las diligencias probatorias que evidencien su preexistencia y contenido.

109.3 - Cuando la reconstrucción no fuere posible, el Tribunal ordenará, si lo entendiere necesario, la renovación de los actos, prescribiendo el modo de hacerlo.

SECCION VII
DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 110. - Especificidad y trascendencia de la nulidad

No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice.

Puede ser anulado, no obstante, cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin.

La anulación no procede, aun en los casos establecidos precedentemente, si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión.

Art. 111. - Reclamación de la nulidad

La nulidad deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, cuando la ley la califique expresamente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez.

En los demás casos, sólo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, por haber sufrido perjuicios por su violación.

Art. 112. - Subsanación de la nulidad

No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente.

Importa consentimiento tácito el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente.

Art. 113. - Extensión de la nulidad

La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos, que son independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.

Art. 114 - Anulación de actos procesales fraudulentos

Podrá pedirse, aun después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión.

Esta anulación podrá pedirse sólo por aquellos a quienes el dolo, fraude o colusión han causado perjuicio, y de acuerdo con los principios mencionados en los artículos anteriores. Los terceros pueden también solicitar eta anulación. Si los actos fueren anulados, se repondrán las cosas en el estado anterior o los mismos.

Art. 115. - Vías procesales para la reclamación de la nulidad

115.1 - La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar por vía de excepción o de defensa, al contestarla.

115.2 - La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles se debe reclamar por vía del recurso de reposición y por el de apelación, cuando éste correspondiere, así como por el de revisión en los casos previstos por el artículo 114.

115.3 - Procede reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o expedición; en tal caso la demanda incidental, deberá ser deducida dentro de los veinte días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto.

Art. 116. - Declaración de nulidad en segunda instancia

El Tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá observar si se ha hecho valer en el escrito, interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable.

En caso de que así fuere, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiere la reclamación y la declaración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.

CAPITULO II
ACTOS DE PROPOSICION

SECCION I
DE LA DEMANDA

Artículo 117. - Forma y contenido de la demanda

Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

1) La designación del Tribunal al que va dirigida.

2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad; su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.

3) El nombre y domicilio del demandado.

4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo segundo.

5) El petitorio, formulado con toda precisión.

6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.

7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Art. 118. - De la prueba en la demanda

118.1 - Se acompañará a la demanda toda la prueba documental que se intente hacer valer y los documentos que acrediten la personería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40, así como testimonio del acto conciliatorio en los casos en que éste procede.

Si no se dispusiere de alguno de esos instrumentos, se reseñará su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentre y se solicitarán las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

118.2 - También deberá indicar el actor el nombre y domicilio de los testigos de que habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse y solicitar su diligenciamiento.

Lo relativo a la declaración de parte se regirá por lo dispuesto en la Sección II del Capítulo III de este Libro.

118.3 - Sólo podrán ser propuestas posteriormente las pruebas claramente supervinientes o las referidas a hechos nuevos o a los mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconvención.

Art. 119. - Contralor sobre la demanda

119.1 - Presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones generales que establecen las formalidades para la comparecencia en proceso el Tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que se señale con apercibimiento de tenerla por no presentada.

119.2 - Si el Tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de pleno, expresando los fundamentos de su decisión.

Si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria que rechaza la demanda por improponible, el Tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado.

La resolución final que recaiga en este último caso, tendrá eficacia para ambas partes.

Art. 120. - Acumulación de pretensiones

120.1 - El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1) Que se trate de pretensiones de igual o análoga materia o, si fueron diversas, que sean conexas entre sí.

2) Que no sean contrarias entre sí, salvo el caso en que se proponga una como subsidiaria de la otra.

3) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

120.2 - También podrá acumularse en una demanda, pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos hechos.

Art. 121. - Cambio de demanda

121.1 - Podrá cambiarse la demanda antes de que haya sido contestada.

121.2 - Si después de contestada la demanda sobreviniere algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la conclusión de la causa; si fuera posterior a ese momento, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En todos los casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondiente.

Art. 122. - Efectos de la demanda

La demanda formalmente idónea determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. En su virtud:

1) La competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinaron.

2) Las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieren cambiado.

3) La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por este Código.

4) Queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido.

5) Se producirán los demás efectos jurídicos sustanciales legalmente establecidos.

Los efectos de la litispendencia podrán ser puestos de manifiesto a instancia de parte o de oficio.

SECCION II
DEL EMPLAZAMIENTO

Artículo 123. - Procedencia del emplazamiento

123.1 - El emplazamiento consiste en la convocatoria al demandado para que comparezca a estar a derecho dentro del plazo que corresponda, haciéndole saber, en la forma prevista por la ley, la interposición de la demanda, con apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se seguirá el proceso con las consecuencias que la ley determine, según los casos.

123.2 - Procede también el emplazamiento, de acuerdo con las mismas formas, en cuanto fueren aplicables, en caso de renuncia o muerte del representante que actúa en un proceso ya iniciado y en caso de muerte de alguna de las partes.

123.3 - En los casos a que se refiere el ordinal anterior, el emplazamiento se hará al representado o a los herederos, con apercibimiento de que, en caso de no comparecer dentro del plazo que el Tribunal señale, se seguirán adelante los procedimientos (artículo 35.1).

Art. 124. - Emplazamiento dentro de radio

Si el demandado se domicilia dentro de la ciudad, villa o pueblo, en que se sigue el proceso, el emplazamiento se practicará en la forma establecida para las notificaciones personales en el domicilio.

Art. 125. - Emplazamiento fuera de la ciudad

Si el demandado se domicilia fuera de la ciudad, villa o pueblo, el emplazamiento se practicará en la forma prevista para las notificaciones en ese lugar.

En este caso, el plazo correspondiente se aumentará con un día por cada cien kilómetros, según la planilla de distancias que confeccione la Suprema Corte de Justicia.

Art. 126. - Emplazamiento fuera del país

Si el demandado se hallare fuera del país, será emplazado mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que se domicilie.

El plazo para comparecer será fijado prudencialmente por el Tribunal entre un mínimo de sesenta días y un máximo de noventa.

Art. 127. - Emplazamiento con domicilio desconocido

127.1 - Cuando el actor ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento consistirá en llamarle mediante edictos, conforme con lo dispuesto por el artículo 89, con apercibimiento de nombrársele defensor de oficio.

127.2 - En las demandas dirigidas contra personas indeterminadas o inciertas, podrá verificarse el emplazamiento a todos los que se consideren habilitados a deducir oposición, con apercibimiento de nombrárseles defensor de oficio, con quien se seguirá el proceso.

127.3 - Los términos del emplazamiento, serán de sesenta días si el demandado se hallare en el país, y de noventa días si se halare fuera de él o se tratare de persona incierta o indeterminada.

127.4 - En el proceso por usucapión, además del emplazamiento genérico a cualquier interesado, se emplazará a los linderos del inmueble y a quien figure como último propietario en el certificado registral que, al efecto, deberá acompañarse a la demanda.

Art. 128. - Emplazamiento al apoderado

El emplazamiento podrá hacerse en la persona del apoderado, con mandato suficiente, siempre que el mandante no se hallare dentro del área jurisdiccional del Tribunal.

Art. 129. - Sanción por omisión

129.1 - La omisión o alteración de las formas del emplazamiento apareja la nulidad insanable del mismo.

129.2 - No existirá nulidad, si la forma utilizada ofreciera al emplazado las mismas o más garantías que las que este Código establece.

129.3 - Tampoco podrá reclamarse la nulidad por quien ha comparecido en el proceso sin plantearla dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto, ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente del proceso y omitido reclamar la nulidad dentro del plazo acordado (artículo 115).

SECCION III
DE LA CONTESTACION Y DE LA RECONVENCION

Artículo 130. - Forma y contenido de la contestación

130.1 - Salvo disposición expresa en contrario, la contestación deberá presentarse por escrito y ajustarse a las formas establecidas por la demanda excepto en lo que resultare inaplicable.

130.2 - El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ella se hubieren acompañado y cuya autoría le fuere atribuida.

Su silencio, así como sus respuestas ambiguas o evasivas se tendrán como admisión de esos hechos y de la autenticidad de los documentos.

Sólo en circunstancias excepcionales podrá el Tribunal no aplicar la regla precedente, atendiendo a razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerda algún hecho o circunstancias alegada por el actor.

130.3 - El actor y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar demanda y contestación en escrito conjunto.

Art. 131. - De la prueba en la contestación

El demandado, al contestar, deberá aportar la prueba, conforme con lo dispuesto por el artículo 118.

Art. 132. - Actitudes del demandado

El demandado puede, eventualmente, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud de expectativa, contestar contradiciendo o deducir reconvención.

Si adoptara más de una de esas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto.

Art. 133. - Excepciones previas

El demandado puede plantear como excepciones previas:

1) La incompetencia del Tribunal;

2) La litispendencia;

3) El defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones;

4) La incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último;

5) La prestación de caución en el caso de procuración oficiosa (artículo 41);

6) El emplazamiento de terceros en los casos en que, según la ley, corresponde su llamamiento al proceso;

7) La prescripción o la caducidad;

8) La cosa juzgada o la transacción;

9) La falta de legitimación o interés, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.

El Tribunal relevará de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.

Art. 134. - Allanamiento a la demanda

El demandado podrá allanarse a la demanda, reconociendo su fundamento y aceptando la pretensión; en este caso el Tribunal deberá dictar sentencia de inmediato, sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.

Corresponderá, por el contrario, seguir los trámites del proceso respectivo, si la cuestión planteada es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión.

Art. 135. - Actitud de expectativa

Cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carezca de la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos, como el heredero o el defensor de oficio, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

La respuesta de expectativas no impide producir prueba sobre hechos tendientes a destruir las pretensiones del actor.

Art. 136. - Reconvención

136.1 - La reconvención sólo procederá cuando se den los supuestos del artículo 120.1, numerales 1 y 3.

136.2 - Serán aplicables en lo pertinente, todas las reglas establecidas respecto de la demanda.

CAPITULO III
PRUEBAS

SECCION I
REGLAS GENERALES

Artículo 137. - Necesidad de la prueba

Corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. También requieren prueba los hechos, aun admitidos, si se tratare de cuestiones indisponibles.

Art. 138. - Exención de prueba

No requieren ser probados:

1) Los hechos notorios, salvo si constituyen el fundamento de la pretensión y no son admitidos por las partes;

2) Los hechos evidentes;

3) Los hechos presumidos por la ley; contra tales presunciones es admisible la prueba en contrario, siempre que la ley no la excluya.

Art. 139. - Carga de la prueba

139.1 - Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; quien contraiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.

139.2 - La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del Tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias de la prueba.

Art. 140. - Valoración de la prueba

Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

El Tribunal indicará, concretamente, cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión.

Art. 141. - Regla de experiencia

A falta de reglas legales expresas, para inferir del hecho conocido el hecho a probar, el Tribunal aplicará las reglas de la experiencia común extraídas de la observación de lo que normalmente acaece.

Art. 142. - Producción de la prueba

Todas las pruebas deben ser producidas en audiencia y conforme con lo que dispone en el Libro II, salvo disposición especial en contrario.

Art. 143. - Prueba del derecho

El Derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba y el Tribunal y las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para acreditarlo.

Art. 144. - Rechazo de la prueba

144.1 - Una vez que en la oportunidad correspondiente queden determinados los hechos a probar, el Tribunal rehusará, a petición de parte o de oficio -con mención expresa de este fundamento- el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho (artículo 24, numeral 6).

144.2 - Asimismo y al dictar sentencia, desechará las pruebas impertinentes.

Art. 145. - Prueba trasladada

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

Art. 146. - Medios de prueba

146.1 - Son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones de hechos.

146.2 - También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la Regla de Derecho aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.

Art. 147. - Recurribilidad de las resoluciones judiciales relativas a la prueba

Las resoluciones dictadas por el Tribunal sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, serán apelables con efecto diferido.

SECCION II
DE LA DECLARACION DE PARTE

Artículo 148. - Admisibilidad

Las partes podrán recíprocamente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba, sin perjuicio de las facultades que asigna al Tribunal el artículo 24, numeral 5. El interrogatorio también procederá respecto de cualquier litigante con interés distinto de aquél que lo solicita.

Art. 149. - Interrogatorio

149.1 - El interrogatorio se hará por el Tribunal, sea el dispuesto de oficio o a pedido de parte. Las preguntas recaerán sobre los hechos controvertidos; terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetas a la dirección del Tribunal, conforme a lo dispuesto por el artículo 161, numeral 3.

149.2 - El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por el Tribunal en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a solicitud de la parte contraria, sin necesidad de previa citación.

149.3 - También podrá efectuarse, previa citación específica para ese acto y con la prevención a que refiere el ordinal siguiente, a iniciativa del Tribunal o a petición de parte que deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por el artículo 150.

149.4 - La no comparecencia a la citación, sin causa justificada así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión.

Art. 150. - Posiciones

150.1 - Las partes pueden ponerse posiciones recíprocamente. Deberán formular la solicitud respectiva con acompañamiento del pliego cerrado que las contenga, con antelación suficiente a la fecha de la audiencia de prueba, para permitir la citación del absolvente, salvo que la parte se encontrare presente en la audiencia preliminar, en cuyo caso se le tendrá por citada con la simple manifestación respectiva de la contraparte y con el apercibimiento de lo dispuesto en el ordinal siguiente.

150.2 - La citación deberá entregarse en el domicilio constituido del absolvente con tres días de anticipación por lo menos; en ella se apercibirá de que si no compareciere, se negare a responder o lo hiciere con evasivas, se le tendrá por confeso.

150.3 - El pliego contendrá posiciones que serán redactadas en forma asertiva, no pudiendo versar cada posición más que sobre un hecho concreto, o algún otro íntimamente ligado.

Art. 151. - Formas

151.1 - La declaración y la absolución deberán ser hechas por la parte personalmente.

151.2 - El Tribunal podrá disponer el interrogatorio de menores púberes, lo que se efectuará en presencia de su representante legal, salvo casos de imposibilidad que el Tribunal apreciará libremente.

151.3 - Podrá interrogarse o citarse a absolver posiciones a los apoderados, por los hechos realizados por éstos en nombre de sus mandantes.

151.4 - La persona jurídica citada, deberá designar a la persona física que la integra que habrá de comparecer al acto de interrogatorio o de absolución por su conocimiento de los hechos controvertidos; sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer o la parte contraria solicitar, el interrogatorio en calidad de testigo de cualquier otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección.

Art. 152. - Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso

Cuando se tratare de parte que se domicilie en el extranjero o a más de cien kilómetros de la sede del Tribunal, el interrogatorio o la absolución podrá efectuarse por medio de tribunal comisionado.

Art. 153. - Confesión

153.1 - La confesión de parte se realiza por ésta o su representante constituido en forma, si al contestar el interrogatorio, al absolver posiciones o en cualquier otro acto escrito u oral del proceso, admite la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés y favorable a la adversaria.

153.2 - La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo.

153.3 - La confesión ficta a que refieren los artículos 149.4 y 150.2 hace prueba, salvo en lo que resultare contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa.

SECCION III
DE LA DECLARACION DE TESTIGOS

Artículo 154. - Admisibilidad

La prueba testimonial es siempre admisible, salvo que la ley disponga lo contrario.

Art. 155. - Testigos

Podrá declarar como testigo cualquier persona física, excepto:

1) Los menores de catorce años;

2) Los que por enfermedad física o psíquica en el tiempo al cual debe referirse su declaración, eran incapaces de percibir el hecho a probar;

3) Los que por enfermedad física o psíquica al tiempo de la declaración son incapaces de comunicar sus percepciones.

Art. 156. - Exenciones al deber de testimoniar

156.1 - Tienen la facultad de abstenerse de testimoniar, el cónyuge, aún separado, los parientes consanguineos hasta el segundo grado, los afines en primer grado y los padres e hijos adoptivos, salvo, para todos ellos, que el proceso refiera a cuestiones de estado o de filiación y, en general, a cualquier hecho íntimo.

156.2. - Asimismo pueden rehusarse a contestar preguntas que violen su deber o facultad de reserva, aquellos que están amparados por el secreto profesional o que por disposición de la ley deban guardar secreto.

Art. 157. - Testigos sospechosos

Constituyen declaraciones sospechosas las de aquellos que, en concepto del Tribunal, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas similares.

Art. 158. - Pruebas de las circunstancias de sospecha

Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de testigos, serán acreditadas por las partes por cualquier medio idóneo en la etapa de producción de la prueba y serán apreciadas por el Tribunal en la sentencia.

La admisión por el testigo de la circunstancia imputada dispensa de toda otra prueba.

El Tribunal, al valorar la prueba, tendrá en cuenta las circunstancias sospechosas que disminuyen la fe de quien presta la declaración.

Art. 159. - Petición de la prueba testimonial

Cuando se solicite prueba testimonial se deberá indicar el nombre, edad, domicilio y profesión de los testigos y enunciarse, sucintamente, el objeto de la prueba.

Sobre cada hecho a probar no podrá proponerse más de cinco testigos, salvo que exista motivo fundado a juicio del Tribunal.

Art. 160. - Citación del testigo

160.1. - Los testigos serán citados con tres días de anticipación, por lo menos, por cédula en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción para el caso de desobediencia.

160.2. - Se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; en este caso si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5.

160.3. - El testigo, que citado por el Tribunal rehuse comparecer, será conducido a presencia de aquél por la fuerza pública.

160.4. - El testigo que rehusara declarar incurrirá en desobediencia al Tribunal y éste podrá imponer su arresto hasta por cinco días.

160.5. - No se descontará del salario del testigo compareciente, el tiempo que estuvo a disposición del Tribunal.

Art. 161. - Audiencia de declaración

La declaración de los testigos se realizará en audiencia presidida por el Tribunal, interrogándose a cada uno separadamente, previa promesa o juramento de decir verdad y conforme con las siguientes reglas.

1) El Tribunal interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, profesión, ocupación, estudios que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha; a continuación ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto de su declaración interrogándole sobre ello.

2) El Tribunal exigirá al testigo que exponga la razón de conocimiento de sus dichos, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento.

3) Terminado el interrogatorio por el Tribunal, las partes podrán interrogar libremente al testigo por intermedio de sus abogados bajo la dirección del Tribunal que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

4) El testigo no podrá leer notas ni apuntes, a menos que el Tribunal lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere justificado.

5) Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse de la sede del Tribunal cuando éste lo autorice.

6) A solicitud del testigo, se expedirá constancia de su concurrencia a la audiencia, la que constituirá justificativo suficiente, en lo laboral, relativo a haberes a percibir por horas no trabajadas.

Art. 162. - Careo

Podrá ordenarse de oficio o a petición de parte, careos de los testigos entre sí o de éstos con las partes, con fines aclaratorios.

Art. 163. - Declaración por informe

Sólo podrán dar testimonio por certificación o informe, el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, Intendentes Municipales, los Oficiales Generales en actividad de las Fuerzas Armadas, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, los Jueces Letrados, los Fiscales Letrados. Los embajadores y demás diplomáticos acreditados en la República cuando así proceda de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.

Art. 164. - Testigo falso

Si el Tribunal ante quien se presta la declaración considera que el testigo falta a sabiendas a la verdad, dispondrá se remitan los antecedentes del caso al Tribunal competente del orden penal.

SECCION IV
DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 165. - Presentación del documento

La parte que quiera servirse de un documento que tiene en su poder, podrá presentarlo al Tribunal en la forma establecida por el artículo 72.1 y en las oportunidades prescriptas al efecto (artículo 118.1 y .3 y 131).

Art. 166. - Documentos en oficinas públicas

La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina pública, podrá solicitarlo por intermedio del Tribunal. El abogado o el procurador de la parte podrá también requerir directamente testimonio o facsímil autenticado del mismo, especificando el proceso al que se destina.

En caso de que el requerido se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que decida el Tribunal al respecto.

Art. 167. - Documentos en poder de terceros

Cuando las partes quieran servirse de documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al Tribunal que disponga su entrega, sea en original o en las copias que prevé el artículo 72.1.

El requerido podrá oponerse a esa entrega si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio lo que apreciará el Tribunal.

Art. 168. - Documento en poder del adversario

La parte que quiera servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario, podrá pedir al Tribunal que intime a aquél su presentación en el plazo que se determine.

Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento resultare manifiestamente verosimil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de ese contenido.

Art. 169. - Prueba de libros de comercio

La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las disposiciones de las leyes mercantiles.

Art. 170. - Autenticidad de los documentos

170.1. - El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas se encuentren autenticadas por notario o autoridad competente.

170.2. - Los demás documentos privados emanados de las partes, se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma, si están suscriptos o la autoría, si no lo están, en las oportunidades que se indican en el artículo siguiente o se impugnen mediante tacha de falsedad.

Art. 171. - Desconocimiento del documento privado emanado de la parte

Si los documentos se presentan con la demanda o con la reconversión, la parte contraria sólo podrá desconocerlos al contestarlas.

Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención o en cualquier otra oportunidad en que ello fuera admisible, el desconocimiento deberá formularse dentro de los seis días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su agregación, salvo si se agregaran en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma.

Art. 172. - Tacha de falsedad

172.1. - La parte que impugne de falsedad material un documento público o un documento privado auténtico o tenido por auténtico, presentado por su adversario, deberá hacerlo en las oportunidades a que alude el artículo anterior, promoviendo demanda incidental con la que se formará pieza por separado, en cuyo procedimiento, además de la parte contraria, será oído el Ministerio Público.

La falsedad ideológica o la nulidad del documento se argüirá como defensa en el propio proceso.

172.2. - Si de la tramitación del incidente surgiere la posibilidad de la existencia de un delito, se dará cuenta al Tribunal competente en lo Penal; el proceso penal por falsedad no detiene la tramitación del proceso civil, ni su sentencia modificará las conclusiones de este último, salvo lo dispuesto en el artículo 283.2.

Art. 173. - Reconocimiento de documentos privados

173.1. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 170.2, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores.

Citado el autor por única vez, con el plazo de seis días, si no concurriere, se tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, concurriendo, diere respuestas evasivas.

Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la autoría del documento sea de su causante; pero si no concurrieren a la citación, se tendrá el documento por reconocido.

173.2. - Si el documento emanara del apoderado o representante legal, se podrá citar, indistintamente, al representante o al representado. Si el primero reconociere el documento o no concurriere a la citación o si, concurriendo, diere respuestas evasivas, se tendrá el documento como auténtico para el representado, una vez probada la representación al tiempo del otorgamiento.

Art. 174. - Cotejo de letras o firmas

En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría (artículos 171 y 173), la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba.

Art. 175. - Documentos admisibles e inadmisibles

175.1. - Podrán presentarse toda clase de documentos, aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, radiografías, mapas, diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares.

175.2. - No serán admitidas como medios de prueba las cartas misivas dirigidas a terceros salvo en materia relativa al estado civil de las personas, quiebra, concurso y en juicios de o contra el Estado y demás personas públicas.

Art. 176. - Documentos incompletos

Los instrumentos rotos, cancelados, quemados o raspados en parte sustancial, no hacen fe.

Tampoco hacen fe los documentos en la parte que estuvieren enmendados o interlineados, si la enmendatura o entrelínea no fuere salvada mediante la firma del autor o autorizante del documento.

SECCION V
DE LA PRUEBA PERICIAL

Artículo 177. - Procedencia

177.1. - Procede la prueba pericial, cuando para verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales.

177.2. - Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El Tribunal podrá disponer de oficio de un nuevo dictamen cuando, a su juicio, procediere.

Art. 178. - Número de peritos

El perito será uno solo designado por el Tribunal, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o lo requiera la complejidad de la cuestión a juicio del mismo Tribunal, quien también podrá, según las circunstancias, solicitar el dictamen de institutos, academias, colegios u otros organismos.

Art. 179. - Impedimentos y recusaciones de los peritos

Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los Jueces.

La causal deberá ser dada a conocer por el perito o por las partes dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia que lo designe. O de la audiencia en que se haga su designación.

Si aducida causal de recusación, la misma no fuera aceptada por el perito, se procederá por el trámite de los incidentes y la resolución que recaiga será irrecurrible.

La recusación de los peritos propuestos por las partes sólo podrá fundarse en causas supervinientes.

Art. 180. - Procedimiento

La parte que solicite un dictamen pericial señalará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar; al conocer esa solicitud el adversario podrá adherir a la misma agregando nuevos puntos.

El Tribunal resolverá sobre la procedencia del dictamen y determinará los puntos que han de ser objeto del mismo de acuerdo con las proposiciones de las partes y lo que de oficio considere conveniente formular. Asimismo fijará el plazo en el que deberá presentarse el dictamen, pudiendo prorrogarlo por una sola vez en caso de motivo fundado, vencido el cual, caducará el encargo.

Art. 181. - Práctica de la prueba

Los peritos, en caso de ser varios, deberán practicar unidos la diligencia.

En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia, a los efectos de que puedan concurrir asistidos por sus abogados y sus asesores técnicos, pudiendo hacer las observaciones que estimen convenientes.

Art. 182. - Deber del encargo y responsabilidad

182.1. - Los peritos designados tienen el deber de cumplir sus funciones, salvo justa causa de abstención que deberán poner en conocimiento del Tribunal dentro de los tres días siguientes a la comunicación de su designación y que aquél apreciará libremente.

182.2. - El incumplimiento por el perito del encargo judicial le hará pasible de responsabilidad civil frente a las partes y disciplinaria ante el Tribunal.

Art. 183. - Observaciones al dictamen

183.1. - El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de tres días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o, si ello no fuera posible, en el plazo que establezca el Tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito.

183.2. - También, en las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez (artículo 177.2).

183.3. - El Tribunal también podrá requerir del perito las aclaraciones y ampliaciones que estime convenientes y disponer, por pedido de la parte que entienda fundado o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.

Art. 184. - Apreciación del dictamen

Los dictámenes de los peritos, salvo el caso de que las partes le hayan dado a éstos el carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 140), debiendo consignar en el fallo los motivos, que tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga.

Art. 185. - Honorarios de los peritos

185.1. - Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la diligencia, sin perjuicio de las condenaciones que imponga la sentencia.

185.2. - En los casos en que la pericia hubiere sido dispuesta de oficio por el Tribunal, requerida por ambas partes o si, pedida por una, la otra también hubiere solicitado pronunciamiento sobre determinadas cuestiones, los honorarios serán satisfechos por mitades.

185.3. - En el peritaje solicitado por las partes se deberá consignar, previamente, con apercibimiento de tenerse por renunciada esa prueba, una suma adecuada que fijará el Tribunal para garantizar el pago de los honorarios y gastos, los cuales serán fijados en la sentencia definitiva.

185.4. - Los honorarios de los peritos serán regulados siguiendo el procedimiento previsto para la regulación de los honorarios de los abogados, aplicando el arancel pertinente o, en su defecto, la regla prevista en el artículo 1834 del Código Civil.

SECCION VI
INSPECCION JUDICIAL Y REPRODUCCIONES DE HECHO

Art. 186. - Inspección judicial

El Tribunal, a petición de las partes o de oficio, puede inspeccionar personas, lugares o cosas con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la decisión del proceso.

Art. 187. - Procedimiento de la inspección judicial

Al ordenarse la prueba se individualizará su objeto y se determinará la fecha y lugar en que se realizará pudiéndose la concurrencia de peritos o de testigos a dicho acto.

A la diligencia asistirá el Tribunal y podrán hacerlo las partes con sus abogados y asesores técnicos, quienes podrán formular las observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta en forma resumida.

A los peritos se les requerirá las explicaciones técnicas del caso, pudiendo el tribunal por excepción, disponer que informen por separado en el plazo que se les fijará al efecto.

A los testigos se les interrogará libremente sobre el objeto de la inspección.

Art. 188. - Reproducción de hechos

Por el mismo procedimiento (artículos 186 y 187) podrá procederse a la reproducción de los hechos bajo la dirección del Tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la diligencia y sus detalles, sin perjuicio de la utilización de medios técnicos para el registro de lo actuado.

Art. 189. - Colaboración para la práctica de la medida probatoria

189.1. - Los terceros y las partes tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva y adecuada realización de las inspecciones, reconstrucciones y pericias. En caso de injustificado rehusamiento de los terceros a prestar la colaboración, el Tribunal adoptará las medidas conminatorias apropiadas remitiendo, si correspondiere, testimonio de lo actuado a la justicia penal a los efectos pertinentes.

189.2. - Si la colaboración referida causare gastos u otro menoscabo patrimonial a los terceros, el Tribunal fijará en forma irrecurrible las cantidades que las partes, conforme con el régimen del artículo 185, habrán de abonar a título de indemnización.

189.3. - Si quien debiera prestar colaboración fuera de una de las partes y se negara injustificadamente a suministrarla, el Tribunal le intimará a que la preste. Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el Tribunal dispondrá se deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del hecho que se quiere probar salvo prueba en contrario.

SECCION VII
PRUEBA POR INFORME

Artículo 190. - Procedencia

190.1. - Los informes que se soliciten a entidades públicas o privadas deberán versar sobre puntos claramente individualizados y referir a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro del informante.

190.2. - No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar.

190.3. - Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe sólo podrá ser negado si existiere causa de reserva o secreto, circunstancias que deberá ponerse en conocimiento del Tribunal dentro del sexto día de recibido el oficio, estándose a lo que éste resuelva.

190.4. - El Tribunal, cuando lo entienda conveniente, podrá disponer que el informe sea recabado directamente por uno de sus funcionarios.

190.5. - Los abogados, escribanos y procuradores tienen derecho a solicitar, en cualquier oficina pública, testimonio de cualquier documento o actuación administrativa o jurisdiccional, expresando que se hace para presentarlo como prueba en proceso iniciado o a iniciarse o con otra finalidad igualmente legítima.

Art. 191. - Colaboración del informante

Corresponderá aplicar, respecto del diligenciamiento de esta prueba, lo establecido en el artículo 189.1 y .2 en lo que fuere pertinente.

Art. 192. - Facultades de la contraparte

192.1. - La contraparte podrá formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse.

192.2. - También podrán impugnar de falsedad al informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes en que se fundara la contestación.

Tal impugnación sólo podrá ser formulada dentro del quinto día siguiente al de la notificación de la providencia que ordenare la agregación del informe o en la propia audiencia en que se presentare y se sustanciará por el trámite de los incidentes (artículos 320 y 321). Si resultare la presunción de un delito de falsificación, será aplicable lo dispuesto por el artículo 172.2.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA PRUEBA

Artículo 193. - Pruebas posteriores a la conclusión de la causa

193.1. - Concluida la audiencia y al retirarse el Tribunal para considerar su decisión (artículo 343.7), no se admitirá ninguna otra prueba en la instancia.

193.2. - El Tribunal podrá disponer, en el mismo acto en que efectúe ese anuncio, diligencias para mejor proveer, debiendo dejar expresa constancia de las razones por las cuales no dispuso su diligenciamiento de oficio, durante el trámite del proceso.

Las partes podrán solicitar, a modo de contraprueba, diligencias complementarias de las dispuestas por el Tribunal el cual resolverá sin otro trámite y sin perjuicio del recurso de apelación diferida, si se violan las garantías del contradictorio y del derecho de defensa.

El Tribunal de segunda instancia, si considera que mediante dicha prueba se ha alterado gravemente el principio de igualdad de las partes en el proceso, podrá disponer las medidas complementarias que entienda adecuadas para asegurar el respeto de dicha igualdad y del derecho de defensa en juicio.

Art. 194. - Efectos de las diligencias para mejor proveer sobre los plazos para dictar sentencia

194.1. - En todo caso, la audiencia para dictar sentencia no podrá ser postergada por más de 30 días, aun cuando no se haya diligenciado la prueba requerida para mejor proveer o la solicitada por las partes a título de complemento de aquélla.

194.2. - El Tribunal deberá disponer todo lo necesario a efectos de posibilitar que la producción de las probanzas dispuestas para mejor proveer sean incorporadas con la debida antelación a la audiencia final.

En dicha audiencia, se diligenciará la prueba que fuere recibible en la misma, se oirá a cada parte por diez minutos improrrogables, como máximo y, retirado el Tribunal para considerar su decisión, deberá seguidamente pronunciar la sentencia acompañada de sus fundamentos sin admitirse ninguna prórroga.

CAPITULO V
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

SECCION I
FORMA Y CONTENIDO

Artículo 195. - Forma de las resoluciones judiciales

Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias de trámite y de sentencias interlocutorias y definitivas.

Art. 196. - Providencias de trámite

Las providencias de trámite se dictarán dentro de las cuarenta y ocho horas de presentadas las peticiones de las partes o las exposiciones de la oficina, salvo las que corresponda pronunciar en la audiencia.

Art. 197. - Forma de la sentencia

El Tribunal estudiará por sí mismo los procesos, dictará personalmente la sentencia y la suscribirá.

Cuando se pronuncie en audiencia se insertará en el acta respectiva. La sentencia contendrá la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes intervinientes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente.

A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos litigosos, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por tales.

Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se concluirá con la parte dispositiva, que se redactará en términos imperativos.

Art. 198. - Contenido de la sentencia

Las sentencias contendrán decisiones expresas, positivas y precisas. Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas, declararán el derecho de los litigantes y se pronunciarán sobre las condenaciones en costas y costos.

Art. 199. - Pronunciamiento según equidad

Si mediare acuerdo de partes y siempre que éstas tuvieren la libre disposición del derecho aducido en juicio, podrá el Tribunal fallar el asunto por equidad (por artículo 25.1).

Art. 200. - Decisión anticipada

200.1. - En segunda instancia los cuerpos colegiados podrán resolver en cualquier momento, el estudio en el acuerdo por unanimidad de votos y en los casos siguientes:

1) Si se tratare de cuestiones simples o reiteradamente consideradas por el Tribunal;

2) Si existiere jurisprudencia del Tribunal sobre el caso y éste decidiere mantenerla;

3) Si hubieren manifiestas razones de urgencia;

4) Si fuere evidente la finalidad de retardar innecesariamente el proceso.

200.2. - En los mismos casos y cuando se trate de sentencias de segunda instancia, también podrán dictar decisión anticipada los tribunales unipersonales.

Art. 201. - Discordia parcial

Cuando en los cuerpos colegiados se suscitare discordia de naturaleza parcial, se redactará y suscribirá la decisión en los puntos de acuerdo, la que se mantendrá reservada y se agregará a lo que luego se resuelva sobre el o los puntos discordes, para lo cual se procederá a la integración del Tribunal constituyendo una sola sentencia, que así será notificada. El o los puntos discordes serán fijados por el Tribunal en forma de acta reservada, señalando concretamente la posición de cada uno de sus integrantes al respecto, con sus fundamentos, la que se incorporará a los autos una vez dictada la sentencia.

Art. 202. - Providencia con citación

Siempre que se ordene algo con citación, el Actuario deberá suspender el cumplimiento de lo ordenado hasta que hayan pasado tres días de la notificación hecha a la parte que deba ser citada. Esta podrá deducir oposición dentro de ese término, vencido el cual precluirá su facultad impugnativa.

SECCION II
PLAZOS PARA DICTAR LAS SENTENCIAS

Artículo 203. - Plazos para dictar sentencia

203.1. - Los Tribunales, sean unipersonales o colegiados, deberán dictar la sentencia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad, expedir el fallo con sus fundamentos; de todo lo cual se dará lectura a los efectos de su comunicación (artículo 76).

203.2. - El Tribunal, sea unipersonal o colegiado, podrá diferir la expresión de los fundamentos para una ulterior audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no mayor de diez días si se tratare de sentencia interlocutoria y de quince días si se tratare de sentencia definitiva. Los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente al de la celebración de esta última audiencia.

203.3. - Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus fundamentos por quince días, si fuere interlocutoria y por cuarenta y cinco días, si se tratare de sentencia definitiva, procediéndose conforme con lo establecido en el ordinal anterior.

Art. 204. - Plazos de estudio en los tribunales colegiados

204.1. - En los tribunales colegiados, el plazo de estudio de que dispone cada integrante será de quince días en los casos de sentencias interlocutorias y de treinta días tratándose de sentencias definitivas (artículo 344.2).

204.2. - El expediente será pasado a estudio de cada uno de los Ministros en forma simultánea y en facsímil certificado por el Secretario. El original quedará en Secretaría para la consulta exclusiva de los integrantes del Tribunal.

204.3. - Devueltos los autos por el último Ministro, se convocará a la audiencia respectiva dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días.

Art. 205. - Plazos de estudio en los tribunales unipersonales

Cuando la segunda instancia se tramite ante un Tribunal unipersonal, su titular dispondrá de los plazos de estudio indicados en el artículo precedente, y se convocará a audiencia en un plazo máximo de treinta días.

Art. 206. - Prórroga del plazo

El Juez podrá solicitar de la Suprema Corte de Justicia, antes de transcurrido el último quinto de cada uno de los plazos establecidos, ampliación del término, con remisión de los autos, lo que se acordará por una sola vez si se entendieren fundadas las razones expuestas. El plazo respectivo se continuará computando desde que se hubieren recibido nuevamente los autos en el Tribunal del titular peticionantae.

Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia podrán solicitar al respectivo Cuerpo igual ampliación del término para estudio, el que podrá concederlo por única vez si encuentra motivo fundado, en resolución que dictarán los otros Ministros y que, en cada caso y tratándose de Tribunales de Apelaciones, será puesta en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 207. - Suspensión de plazos

Los plazos para el estudio y para dictar sentencia, se suspenden por las licencias de los Magistrados, las Ferias y la Semana de Turismo.

Las diligencias para mejor proveer, así como las demás indispensables que correspondieren, suspenderán los términos para dictar sentencia conforme con lo dispuesto por el artículo 194. Cumplidas que sean recomenzará el transcurso del plazo interrumpido y se computará el tiempo transcurrido anteriormente.

Sólo una vez podrán interrumpirse los términos aquí mencionados, en cualquiera de los casos.

Art. 208. - Nota del Actuario o Secretario

En los expedientes en los que el Tribunal conoce en vía de apelación, el Actuario o Secretario deberá dejar constancia de la fecha en que se reciban los autos y de aquélla en que eleva los autos a estudio.

Si entre esa fecha y la de la última actuación mediaran más de diez días, el plazo de estudio (artículos 204 y 205) comenzará a correr desde la referida última actuación.

Además de la constancia del Secretario, los Ministros harán constar -bajo apercibimiento de incurrir en falta grave- la fecha en que reciben y aquella en que devuelven los autos que les son pasados a estudio.

Art. 209. - Traslados y ascensos

Cuando se traslade o ascienda a un Juez, éste mantendrá su competencia para dictar la sentencia pendiente en aquellos asuntos en los cuales se hubiere celebrado y concluido el proceso por audiencia.

Art. 210. - Licencias extraordinarias

No podrá otorgarse licencia extraordinaria, salvo por motivos de enfermedad, a los magistrados que registren atrasos en las sentencias.

Art. 211. - Renuncias

Salvo cuando el cese obedezca a causa justificada, a juicio del jerarca, la renuncia o cese del Magistrado que se encuentre atrasado en sus sentencias, determinará la aplicación de una multa de hasta seis veces el importe de su sueldo mensual, la que podrá ser descontada, incluso, de su pasividad.

Art. 212. - Omisión y atraso reiterados

La omisión y el atraso reiterados en el pronuncimiento de las sentencias, constituirá falta grave que obstará al ascenso del Magistrado, sin perjuicio de las sanciones que disponga la Ley Orgánica.

Art. 213. - Multas

El Magistrado que dejare vencer los plazos será sancionado con multa. En caso que registre el vencimiento de más de dos casos en el mes será sancionado con la pérdida del diez por ciento del sueldo. Si al cabo del año registra más de seis casos de vencimiento del término, será sancionado, además, con el descuento del veinte por ciento del sueldo al mes siguiente del año calendario y/o del año en que ha permanecido en el cargo.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el control efectivo del cumplimiento de estos deberes y el de la aplicación de las sanciones.

SECCION III
EFICACIA

Artículo 214. - Eficacia de las providencias de trámite

Las providencias de trámite podrán rectificarse y ampliarse en cualquier momento, de oficio o a iniciativa de parte, por razones de forma o de fondo, salvo si ya se ha operado preclusión.

Art. 215. - Eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas

Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente y las sentencias definitivas, pasarán en autoridad de cosa juzgada:

1) Cuando ya no sean susceptibles de recursos.

2) Si las partes las consienten expresamente.

3) Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin interponer el correspondiente recurso.

4) Cuando los recursos interpuestos hubieren sido resueltos y no existieren otros consagrados por este Código.

Art. 216. - Eficacia de las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso

Lo resuelto por sentencias interlocutorias firmes, que no pongan fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento.

Art. 217. - Nulidad insubsanable de las resoluciones judiciales

Toda resolución judicial viciada por una nulidad insubsanable, podrá ser invalidada de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del proceso.

Art. 218. - Eficacia de la sentencia frente a terceros

218.1. - La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal.

218.2. - También alcanza a: a) a los codeudores solidarios; b) a los titulares del dominio desmembrado cuando se refiere a un desmembramiento que no es el propio respecto del mismo bien.

218.3. - Los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, aquellos cuyos derechos dependen de éstas o del acto o del contrato cuya validez o eficacia ha sido juzgada, son terceros a los que alcanza la cosa juzgada solamente si han tenido conocimiento judicial del pleito o si se amparan a la decisión en la primera oportunidad de que dispongan. También comprenderá a los que pudieron conocer a la cuestión debatida en el proceso en virtud de información registral, la hubieren o no solicitado.

Art. 219. - Efecto de la cosa juzgada en otro proc