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Nº 60 - TOMO 63 - 5 DE NOVIEMBRE DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

7ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR JORGE BATLLE Presidente

y el ESC. PEDRO W. CERSOSIMO 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL SEÑOR MARIO FARACHIO Y LOS DOCTORES HECTOR S. CLAVIJO Y HORACIO CATALURDA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores legisladores a efectos de considerar el asunto que en la misma se menciona.
- Se resuelve afirmativamente.

4) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986. Observaciones del Poder Ejecutivo a diversas disposiciones de dicho proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores legisladores.

5) Cuarto intermedio

- Moción formulada por varios señores legisladores para que se cierre la lista de oradores y se pase a cuarto intermedio hasta el día lunes 9 a las 17 horas.
- Se resuelve afirmativamente.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de noviembre de 1987.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores legisladores, el próximo jueves 5, a la hora 17, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 1986.

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN los señores senadores: Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Ercilia Bomio de Brun, Enrique Cadenas Boix, Eugenio Capeche, Carlos Cassina, Pedro W. Cersósimo, Carlos W. Cigliuti, Juan Pablo Croce, Juan Carlos Fá Robaina, Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Reinaldo Gargano, José Guntin, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Walter Olazábal, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Luis Bernardo Pozzolo, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal, Uruguay Tourné, Alfredo Traversoni, Rodolfo Zanoniani, Juan J. Zorrilla y Alberto Zumarán y los señores representantes: Numa Aguirre Corte, Nelson R. Alonso, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Abayubá Amén Pisani, Ernesto Amorín Larrañaga, Carmen Arana, Fanny Arón, Nelson Arredondo, Roberto Asiaín, Héctor Barón, Javier Barrios Anza, Honorio Barrios Tassano, Juan A. Bentancur, Carlos Bertacchi, Federico Bouza, César Brum, Mario Cantón, Cayetano Capeche, Tabaré Caputi, Gonzalo Carámbula, Washington Cataldi, José Cerchiaro San Juan, Juan Pedro Ciganda, Jorge Conde Montes de Oca, Víctor Cortazzo, Eber da Rosa Viñoles, Julio E. Daverede, José Díaz, Ruben Escajal, Yamandú Fau, Francisco A. Forteza, Rubens Francolino, Carlos M. Fresia, Ruben E. Frey Gil, Juan J. Fuentes, Ariel Gaioine, Carlos Garat, Alem García, Washington García Rijo, Oscar Gestido, Héctor Goñi Castelao, Hugo Granucci, Ramón Guadalupe, Arturo Guerrero, Luis Alberto Heber, Luis A. Hierro López, Jesús Ibáñez, Marino Irazoqui, Walter Isi, Luis Ituño, Eduardo Jaurena, Daniel Lamas, Ariel Lausarot, Oscar Lenzi, Héctor Lescano, Oscar López Balestra, Néstor López Martínez, Nelson Lorenzo Rovira, Jorge Machiñena, Oscar Magurno, Julio Maimó Quintela, Miguel Manzi, Luis José Martínez, Orosmán Martínez, Eden Melo Santa Marina, Pablo Millor, León Morelli, Horacio Muniz, Clemente Muñoz, Antonio Nión, Juan A. Oxcelhay, Ope Pasquet Iribarne, Ramón Pereira Pabén, Manuel Pérez Alvarez, Juan Pintos Pereira, Carlos Pita Alvariza, Lucas Pittaluga, Elías Porras, Baltasar Prieto, Alfonso Requiterena Vogt, Edison Rijo, Gilberto Ríos, Ricardo Rocha Imaz, Carlos Rodríguez Labruna, Yamandú Rodríguez, Raúl Rosales Moyano, Hebert Rossi Pasina, Walter R. Santoro, Carlos Norberto Soto, Guillermo Stirling, Héctor Martín Sturla, Andrés Toriani, Víctor Vaillant, Gustavo Varela, Tabaré Viera, Leonardo Vinci, Antonio M. Zeballos y Edison H. Zunini.

FALTAN con licencia el señor Presidente Dr. Enrique E. Tarigo, y los señores senadores Juan Raúl Ferreira, Juan Martín Posadas, Américo Ricaldoni, Luis A. Senatore, y Francisco M. Ubillos y los señores representantes Edgard Bonilla, Alberto Brause, Ruben Díaz Burci, Carlos E. Negro y Jorge Silveira Zavala.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierto el acto.

(Es la hora 17 y 38 minutos)

-Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Varios señores legisladores solicitan se cite al Cuerpo a efectos de considerar el asunto que en el mismo pedido se menciona".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 29 de octubre de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General
Dr. Enrique E. Tarigo

Los legisladores que suscriben solicitan al señor Presidente se sirva convocar a la Asamblea General para el próximo jueves 5, a la hora 17, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Observaciones del Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 1986.

Saludan al señor Presidente muy atentamente.

Dardo Ortiz, Ruben E. Díaz, Juan C. Fá Robaina, Carlos Rodríguez Labruna, José Guntin, Héctor Martín Sturla, Walter R. Santoro, Pedro W. Cersósimo, Jorge Machiñena, Washington Cataldi, Juan C. Rondán, José Díaz, Hugo Granucci, Nelson Arredondo, Eden Melo Santa Marina. Legisladores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Cuerpo desea celebrar sesión.

(Se vota:)

-71 en 71. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 1986. Observaciones del Poder Ejecutivo a diversas disposiciones de dicho proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 41 minutos)

-Se entra a considerar el único punto del orden del día: "Observaciones del Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 1986. (Carp. Nº 36 de 1987 - Rep. Nº 2, Anexos I y II)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 36 - Rep. Nº 2/87
Anexo I

Montevideo, 14 de octubre de 1987.

Señor Presidente de la
Asamblea General
Dr. Enrique E. Tarigo

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al señor Presidente de la Asamblea General, para formular observaciones respecto de diversos artículos contenidos en el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 1986, que le fuera comunicado el día 5 de octubre pasado.

El presente Mensaje se funda en razones tanto jurídicas como de mérito que obligan al Poder Ejecutivo a ejercer las facultades que le asignan los artículos 137 y 139 de la Constitución de la República.

I

En cuanto a los fundamentos jurídicos, cabe advertir que el texto sancionado por el Poder Legislativo incluye normas que tienen el carácter de inconstitucionales por carecer de la iniciativa del Poder Ejecutivo requerida preceptivamente por el inciso 2º del artículo 86 de la Carta Política en los casos de "creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos... establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios".

Dichas normas, además, violan el artículo 215 de la Constitución, que limita el ámbito del pronunciamiento del Poder Legislativo, "exclusivamente a montos globales por Incisos, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos"; y dentro de dicha limitación al pronunciamiento del Parlamento el constituyente prohibe "efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos". En el caso, el texto ha contravenido dicha preceptiva constitucional en cuanto se ha excedido de los gastos propuestos para varios Incisos, lo que excede el marco constitucional.

El Poder Ejecutivo señala que esta observación parcial tiene como único motivo la inconstitucionalidad de las disposiciones observadas; y, en consecuencia, no implica ningún juicio sobre el acierto, conveniencia o equidad de cada una de ellas. Agrega que, en algunos casos comparte los motivos que llevaron a los señores legisladores a incorporarlas al texto de la ley, estimando que tienen por objeto resolver problemas presupuestales.

II

Asimismo, se formulan fundamentos de conveniencia que justifican el ejercicio de esta facultad. Las normas que se observan del texto sancionado de la Rendición de Cuentas 1986 incrementan el déficit fiscal vigente de una manera inconveniente. Dichas normas elevarían el déficit de caja previsto para el Ejercicio de 1988 en un 45% (cuarenta y cinco por ciento), lo que lo llevaría a nuevos pesos 25.500:000.000, a precios de enero de 1987.

Las observaciones presentadas el 21 de enero de 1986 por el Poder Ejecutivo al texto del entonces proyecto de Presupuesto Nacional tuvieron una amplia justificación en cuanto el déficit de caja durante 1986 llegó a precios corrientes a trece mil millones de nuevos pesos corrientes, lo que representó un porcentaje del Producto Bruto Interno del 1,4% en contraste con el 2,8% del Ejercicio de 1985 que tenía incorporado aún la desproporcionada carga de la situación financiera heredada del régimen anterior.

De esta manera, la conducta fiscal demostrada por el Gobierno en el ejercicio de aquella facultad constitucional y en la ejecución durante 1986 ha permitido perfilar una tendencia sostenida hacia la declinación progresiva y firme del déficit fiscal.

En el Programa de Mediano plazo que el Gobierno diera a difusión pública en mayo de 1987, su cuadro I proyecta una tendencia en tal sentido para los Ejercicios 1987 al 1989, de una manera tal que el déficit global, incluido el parafiscal (Banco Central), represente un promedio del 3,5% sobre el Producto Bruto y el déficit de Caja del Presupuesto Nacional sea abatido a un guarismo del entorno del 1,1% promedial sobre el Producto Bruto Interno para el período considerado.

De esta manera, el Gobierno pretende evitar el incremento del índice inflacionario, que hoy marca una tendencia descendente y, asimismo, impedir que la deuda externa crezca en términos reales.

De aprobarse las normas sancionadas en la Rendición de Cuentas 1986 prescindiéndose de las observaciones que formula este Mensaje, el déficit que generaría aumentaría en términos reales la deuda externa, perjudicándose el esfuerzo realizado hasta el presente.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo entiende que al ejercer esta facultad constitucional está decidiendo por la mejor alternativa para el país en su conjunto, sin perjuicio de resaltar que, una vez más, dentro de las posibilidades existentes ha priorizado la satisfacción de los servicios de salud y educación, sin incurrir en un riesgo financiero indeseable.

III

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se solicita a la Asamblea General la consideración de las observaciones que, a texto expreso, se formulan seguidamente por Capítulos.

CAPITULO II
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS Y RETRIBUCIONES

ARTICULO 12. - Se observa, totalmente, el artículo 12. Modifica el mecanismo por el que se suprimen las vacantes existentes como resultado de la racionalizaciones realizadas al amparo del artículo 53 de la Ley número 15.809 citada. La observación es por razones de mérito ya que, si bien el artículo 12 se justificaba en oportunidad de la iniciativa presupuestal (artículo 7 del Mensaje del Poder Ejecutivo), a la altura de la sanción de este texto legal ya se han realizado las racionalizaciones administrativas, por lo que -en los hechos- la norma ha perdido oportunidad.

ARTICULO 13. - Se observa todo el artículo 13, por razones de conveniencia, ya que se considera desproporcionada la elevación de los grados máximos de los Escalafones E (Oficios) y F (Servicios Auxiliares) en relación a la Tabla de Sueldos.

Debe existir una armonía general entre los grados máximos de los distintos Escalafones de la Tabla de Sueldos vigentes, que fueron establecidos en el artículo 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986: en el Grado 14 (Servicios Auxiliares) y en el Grado 16 (Oficios). Asimismo, se verificó luego un ajuste, mediante el artículo 6º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, que llevó el Escalafón E (Oficios) al Grado 19. De no prosperar la observación al artículo 13 sancionado elevaría el Escalafón E (Oficios) al Grado 20 y el Escalafón F (Servicios Auxiliares) al Grado 17.

ARTICULO 16. - El artículo 16 se observa totalmente, ya que al establecer la presupuestación de funcionarios contratados con funciones permanentes con más de tres años de antigüedad, a partir del Ejercicio 1987, está creando cargos.

No obstante que el financiamiento de la norma pueda realizarse con un asiento contable contra las economías resultantes de las partidas globales correspondientes a tales contrataciones, el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución exige que "la iniciativa para la creación de empleos... corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo".

Por otra parte, las normas legales vigentes en la materia (artículos 56 y 57 de la Ley Nº 15.809 citada) declaran el principio de que el ejercicio de tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales y bajo el sistema de carrera administrativa (en aplicación de los incisos 2º y 4º del artículo 60 y artículo 6º de la Constitución) y faculta a que aquellos contratados con funciones permanentes y una antigüedad superior a los tres años puedan ser presupuestados en oportunidad de realizar las reestructuras de cargos. Sin embargo, esa oportunidad no es ni imperativa ni única. El legislador entendió razonable que fuese la Administración la que determinase la oportunidad en que proceda hacer efectiva la presupuestación. Tan es así, que el legislador asumió la complejidad técnica de la tarea de presupuestar, de manera inmediata y universal, a todos los funcionarios contratados en tal situación, admitiendo la existencia de "Unidades Ejecutoras cuyo personal no puede ser presupuestado" en cuyo caso cometió a la Oficina Nacional del Servicio Civil para que fijara las bases de su incorporación (inciso 3º del artículo 57 de la Ley Nº 15.809 citada).

Producido el informe técnico que defina los criterios y condiciones adecuadas de la presupuestación del personal que a la fecha aún no lo ha sido, serán incluidos en la inmediata iniciativa presupuestal.

ARTICULO 23. - Se observa, totalmente, por razones de conveniencia, el artículo 23 del texto sancionado.

A las facultades que tenía el Poder Ejecutivo de adecuar periódicamente las remuneraciones de sus funcionarios de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público (vigente en base al artículo 6º de la Ley Nº 15.809 citada), el artículo 23 en cuestión agrega la facultad de establecer "aumentos diferenciales tenientes a equiparar las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central".

Esta facultad adicional, otorgada al Poder Ejecutivo de fijar aumentos diferenciales de equiparación crea muchos inconvenientes ya que ambienta reclamos discriminatorios y soluciones parcializadas.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo observa este artículo 23 precisando que ya es un esfuerzo encomiable para el país el de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público, como surge de las normas en vigor.

Al emplear el legislador los términos "mantener" y "recuperar", se está aludiendo a la pretensión de evitar que por el mecanismo inflacionario se deteriore o disminuya la capacidad adquisitiva del funcionario público.

El Poder Ejecutivo entiende que la norma es ya suficientemente amplia. Su aplicación abarca, incluso, el período a que refiere el artículo 229 de la Constitución; no obstante, lo que refiere a la fijación de aumentos diferenciales de equiparación, sólo cabe sea fijado -conforme al numeral 13 del artículo 85 de la Carta- por la Asamblea General hasta los doce meses anteriores a las elecciones ordinarias.

ARTICULOS 35, 36, 37, 38 y 695. - Se observan -totalmente- los artículos 35, 36, 37 y 38 del texto sancionado; y, en forma parcial el artículo 695 también del texto sancionado. Los artículos 35 a 38 prohiben las designaciones en los cargos vacantes o que vaquen hasta el 28 de febrero de 1990 en algunos Escalafones, exclusivamente en "el Poder Ejecutivo y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo"; estableciendo algunas excepciones así como su vigencia inmediata.

Se participa de los fundamentos que contienen estas normas sancionadas como propósito coherente con la política de reducción global del gasto público. Tan es así que desde fines de 1986 el Poder Ejecutivo ya ha venido aplicando muy similares disposiciones para el ámbito de la Administración Central (Decreto 728/86, de 14 de noviembre de 1986).

Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo -único organismo del artículo 220 de la Constitución incluido en la prohibición- ha solicitado al Poder Ejecutivo en nota del 2 de octubre de 1987 gestionar ante el Parlamento la supresión de su referencia en el artículo 35 en cuestión.

En realidad, tales normas no cumplen con el propósito para el que son dictadas. En efecto, quedan fuera de su ámbito el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como los Entes de los artículos 220 y 221 de la Constitución.

Por otra parte, el inciso final del artículo 37 aplica a los Gobiernos Departamentales las normas excepcionales que plantea, habiéndoseles sin embargo omitido de la prohibición que establece el artículo 35.

Finalmente, el artículo 695 del texto sancionado constituye una excepción a tal prohibición de proveer vacantes en los Escalafones Administrativos y de Servicios Auxiliares, aplicable a todos los organismos del Presupuesto Nacional, salvo al Poder Ejecutivo.

El fundamento de la observación a los artículos 35 a 38 del texto sancionado es de conveniencia, ya que sus disposiciones apuntan más bien a atender una solución política discriminatoria de carácter orgánico que a resolver, con universalidad y firmeza, el problema de fondo del déficit fiscal.

En consecuencia, la observación consiste en eliminar totalmente los artículos 35, 36, 37 y 38.

Concomitantemente, se observa el artículo 695 del texto sancionado.

Su inciso primero, parcialmente, en cuanto excluye de la enunciación al Poder Ejecutivo así como a los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República.

Su inciso segundo, totalmente, ya que desvirtúa la norma imperativa que estipula su inciso primero.

En consecuencia, la observación al artículo 695 es por razones de mérito y consiste:

a) en el inciso primero del artículo 695, incluir al "Poder Ejecutivo" y eliminar la expresión "comprendidos en el artículo 220 de la Constitución";

b) El inciso segundo, eliminarlo totalmente.

De aceptarse la presente observación al artículo 695, la provisión de vacantes en todos los organismos del Estado (salvo el Poder Legislativo y los Gobiernos Departamentales) en los Escalafones Administrativos y de Servicios Auxiliares, deberá realizarse con personas que ya sean funcionarios públicos.

ARTICULO 39. - Se observa, parcialmente, lo establecido en el artículo 39, en cuanto a la conveniencia de:

1) extender la aplicación de este artículo a los mismos órganos y organismos referidos en la observación al artículo 695, y

2) asimismo, mantener el principio de concurso para la provisión de cargos pero evitando a la vez las dificultades técnicas que tiene el texto sancionado en cuanto a la aplicación del concurso de oposición y el concurso de mérito en todo caso y a toda categoría de funcionarios escalafonados.

En consecuencia, de prosperar la observación planteada, se sugiere el siguiente texto:

"ARTICULO 39. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre supresión y provisión de vacantes así como plazos para las mismas, la designación de funcionarios en los Escalafones A (Profesionales Universitarios), B (Técnico), C (Administrativo) y D (Especializado) o similares, cualquiera sea su denominación, de los órganos y organismos referidos en el artículo 695 de la presente ley, sólo podrá realizarse mediante concurso".

ARTICULO 40. - Se observa, parcialmente, el texto del artículo 40.

La exigencia de sorteo para la designación de funcionarios del Escalafón F (Servicios Auxiliares), se observa que es incompatible con alguna de las sub-especies enumeradas en el inciso segundo del artículo 40.

La observación, fundada en razones de mérito, refiere a suprimir de la enunciación del inciso segundo el personal correspondiente a tareas de "conducción, transporte de personas, vigilancia".

ARTICULO 47. - Se observa totalmente, el artículo 47 del texto sancionado.

Crea una causal jubilatoria especial y fija un régimen retributario a los miembros de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional.

La norma, sin la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la creación de la causal jubilatoria especial, contraviene lo establecido por el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República.

CAPITULO IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

ARTICULO 104. - Se observa, totalmente, el artículo 104 del texto sancionado que comete la estructuración de un plan de viviendas de emergencia para los funcionarios policiales.

Si bien el Poder Ejecutivo participa de la preocupación por los problemas de viviendas por los que atraviesa el personal policial, los mismos afectan a otros sectores y se procura no reiterar sistemas excepcionales a la Ley Nº 13.728, obliga a formular la presente observación.

ARTICULO 139. - Se observa, totalmente, el artículo 139 del texto sancionado.

La observación se funda en razones de conveniencia. Dicho artículo al disponer que no se aplican a los funcionarios destituidos los límites de edad para el desempeño de tareas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206), crea entre los funcionarios del Ministerio una discriminación injustificada.

En primer lugar, porque la no aplicación de los límites de edad aludidos hace posible que los funcionarios reincorporados al amparo de la Ley Nº 15.783 ocupen cargos y desempeñen funciones que en ningún caso habrían ocupado y desempeñado de haber permanecido vinculados en forma ininterrumpida al respectivo organismo.

En ese caso, por aplicación del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206, dichos funcionarios habrían cesado automáticamente al llegar al límite de edad.

En segundo lugar, porque en tanto que los funcionarios que continuaron desempeñando funciones cesaron al llegar al límite de edad, aquéllos que fueron destituidos podrían continuar desempeñando tareas, aún cuando hubieran excedido tales límites; representa una alteración del sistema en el que se basa la carrera diplomática que producirá efectos distorsionantes en el actual Escalafón del Servicio Exterior.

ARTICULO 140. - Se observa, parcialmente, el artículo 140 en cuanto autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a incrementos de dotaciones que carecen de la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo conforme al inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República.

El artículo 53 de la iniciativa del Poder Ejecutivo en la materia no los incluye, resultando los mismos adicionados en el texto sancionado del artículo 140.

En consecuencia, se observa la expresión "así como del 55 a que refiere el literal segundo del artículo 53 de la citada ley, y de los excedentes al 31 de diciembre de 1986 del Renglón 061.303".

ARTICULO 145. - Se observa, parcialmente, el artículo 145 del texto sancionado.

El artículo 306 de la Ley Nº 15.809 citada, habilitó recursos para financiar una retribución adicional a los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por un suplemento a su personal técnico consistente en una compensación de hasta el 50% a los técnicos que actúen permanentemente en zonas rurales y de hasta el 30% en otros casos.

El artículo 145 del texto sancionado, indiscriminadamente, declara que tales compensaciones no están comprendidas dentro de los porcentajes máximos de carácter general con lo que, permite aumentos de retribuciones para todos los casos que excedan tales porcentajes máximos vigentes.

El Poder Ejecutivo entiende conveniente que la asignación de montos que puedan superar los porcentajes máximos de compensación al grado que fijó el Presupuesto Nacional (artículo 50) no resulten discriminados en su aplicación respecto del resto de la Administración. En consecuencia, la observación parcial al artículo 145 del texto sancionado es en cuanto a limitar los casos que por aplicación del artículo 306 de la Ley Nº 15.809 superen lo dispuesto en su artículo 50 exclusivamente a los Directores de Dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

ARTICULO 152. - Se observa, totalmente, el artículo 152 del texto sancionado. La observación se funda en que incrementa las retribuciones de los funcionarios técnicos contratados de la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario en una compensación de hasta el 30% por permanencia a la orden, financiándola con cargo a subsidios. La norma carece de la preceptiva iniciativa en la materia por parte del Poder Ejecutivo, conforme al inciso segundo del artículo 86 de la Carta.

ARTICULO 153. - Se observa, totalmente, el artículo 153 del texto sancionado por la inconveniencia de concentrar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca todos los poderes jurídicos en materia de sanciones relacionadas con infracciones vinculadas al sector agropecuario. Si bien es cierto que el artículo 181 numeral 9º de la Constitución faculta a los Ministros de Estado a delegar, no es menos cierto que los recursos administrativos que interpongan los administrados deberán resolverse por el Ministro (en el caso del de Revocación) y por el Poder Ejecutivo (en el caso del Jerárquico) con la consiguiente concentración de gestiones en las máximas jerarquías de la Administración y, por lo tanto, con el perjuicio para los administrados en cuanto resulta en la dilatación de los procedimientos.

De prosperar esta observación, la determinación, imposición y ejecución de dichas sanciones continuará a cargo de las dependencias y en la forma prevista por el Presupuesto Nacional (artículo 325, Ley Nº 15.809 citada) tanto en relación a los poderes jurídicos como a las atribuciones conferidas.

ARTICULO 157, 159 y 163. - Se observan, parcialmente, los artículos 157, 159 y 163 del texto sancionado.

Respecto al artículo 157, se observa totalmente su literal K. Se entiende que es competencia del Poder Ejecutivo la fijación de la política vitivinícola nacional, la que no debe ser ejercida por un Ente de derecho público no estatal. De aceptarse esta observación, las atribuciones y cometidos del Instituto quedarán referidas a "la ejecución de la política vitivinícola nacional". (inciso 1º del artículo 155 y artículo 157).

En relación al inciso 2º del artículo 159, se observa su frase final que comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la aplicación de sanciones. Al respecto se entiende que en las potestades de contralor que el inciso 2º del artículo 159 asigna al INAVI están comprendidos tanto los poderes jurídicos de constatar infracciones como los inherentes a la determinación y aplicación de sanciones que no tiene sentido mantener en el ámbito de dicho Ministerio al crearse una persona pública no estatal. En tal sentido, las normas que deberá aplicar el INAVI en la materia serán las legales y no sólo las reglamentarias que indique el Poder Ejecutivo como surge de la primera frase del inciso 2º del artículo 159 en cuestión.

En cuanto al artículo 163, se observa la potestad conferida al Instituto de actualizar el monto de la tasa así como la de aumentarla. En consecuencia, la observación consiste en suprimir del artículo 163 la expresión: "el que será determinado por el INAVI. Por decisión unánime de los integrantes del Consejo, se podrá aumentar la tasa actualizada hasta un máximo del 5% del valor medio de comercialización del vino". De aceptarse esta observación, el valor sería fijado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria (artículo 168 numeral 4º de la Constitución de la República) en función de la variable que el artículo 163 establece.

Finalmente, desde que el inciso 2º del artículo 155 carece de la iniciativa preceptiva a que refiere el inciso 2º del artículo 133 de la Constitución, mediante este Mensaje el Poder Ejecutivo ejerce la iniciativa legislativa correspondiente, en los mismos términos que los establecidos para la exoneración tributaria incorporada en el inciso 2 del artículo 155 del texto sancionado.

ARTICULO 168. - Se observa, totalmente, el artículo 168. Refiere al personal del INAVI. Su estatuto laboral está fijado por el inciso 2º del artículo 155 estableciendo que "su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al... estatuto laboral". En consecuencia, la previsión del artículo 168 relacionada con la contratación de funcionarios públicos que mantienen su cargo presupuestal no parece conveniente.

ARTICULO 178. - El artículo 178 se observa, totalmente, por fundamentos diferentes.

El inciso primero, por razones de conveniencia. El texto sancionado faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a percibir contraprestaciones por los servicios que brinda su Centro de Computación.

El Poder Ejecutivo entiende conveniente que en este caso no se realice actividad pública en competencia de la actividad privada, evitando casos extremos de uso de bienes públicos para atender intereses privados de los funcionarios.

El inciso segundo, supone la posibilidad de un incremento de las retribuciones de los funcionarios de la Dirección de Administración Financiera de esa Secretaría de Estado de hasta el 20%, lo que carece de la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo, conforme lo prescribe el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución de la República.

ARTICULO 179. - Se observa, totalmente, el artículo 179 del texto sancionado. El artículo 98 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, estableció un monto para financiar los gastos de contrapartida nacional para la construcción de una planta piloto en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en el Convenio suscrito con el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología. El texto sancionado transfiere para 1988 el monto no ejecutado de dicha partida durante el presente Ejercicio.

Dicha situación está contemplada en el artículo 52 del mismo texto sancionado, que da nueva redacción al artículo 85 de la Ley Nº 15.809 citada.

En consecuencia, desde que por el artículo 52 del texto sancionado corresponde la reprogramación del saldo comprometido y no ejecutado se entiende, por razones de conveniencia, que no es procedente la transferencia de Rubros que ordena el artículo 179 objeto de la observación.

ARTICULO 180. - Se observa, totalmente, el artículo 180 en razón de que incrementa retribuciones al personal de campo de las dependencias del interior del país del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mediante una partida de alimentación con cargo a sus proventos, lo que carece de la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo conforme al inciso 2º del artículo 86 de la Constitución de la República.

ARTICULO 200. - Se observa parcialmente el inciso 2º del artículo 200 del texto sancionado en cuanto al importe de "la partida de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones)" destinada a financiar en el Ministerio de Turismo la adecuación a la estructura que crea este artículo 200 de los cargos de la ex-Dirección Nacional de Turismo, que fueron transferidos a dicha Secretaría de Estado por el artículo 85 de la Ley Nº 15.851 citada.

Ello, en cuanto incrementa las dotaciones de dichos cargos presupuestales en N$ 12:000.000 (nuevos pesos doce millones) sobre el importe previsto en el artículo 63 de la iniciativa del Poder Ejecutivo de N$ 38:000.000 (nuevos pesos treinta y ocho millones). Se funda en que para este personal del Ministerio de Turismo se está incrementando dotaciones para cargos presupuestados más allá de lo establecido en la iniciativa del Poder Ejecutivo, contraviniendo el inciso 2 del artículo 86 de la Carta. En consecuencia, la observación sobre este inciso es parcial en cuanto la partida supere los N$ 38:000.000 (nuevos pesos treinta y ocho millones).

Téngase presente que en relación a este inciso 2º, las reducciones de partidas por N$ 12:000.000 (nuevos pesos doce millones) sancionadas para los incisos siguientes del mismo artículo 200, no excluyen la inconstitucionalidad señalada del incremento a N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) en la Reestructura de dotaciones de cargos presupuestales, a que refiere el inciso primero.

La reducción de las partidas de Contrataciones resultante del inciso 3º del artículo 200 (la iniciativa del Poder Ejecutivo de N$ 22:000.000 la reduce a N$ 15:000.000 (nuevos pesos quince millones) y la de asesores en Turismo resultante del inciso cuarto del artículo 200 (la iniciativa de N$ 25:000.000 del Poder Ejecutivo la reduce a N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) es una decisión del Poder Legislativo que, si bien está facultada por el artículo 215 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo, por razones de conveniencia, entiende necesario reiterar -bajo la forma también de esta observación- los montos originales establecidos en su iniciativa presupuestal para las partidas de contrataciones en N$ 22:000.000 (nuevos pesos veintidós millones) y para las de asesores en Turismo en N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones).

ARTICULO 208. - Se observa totalmente el inciso 3º del artículo 208 del texto sancionado, por razones de conveniencia.

El mismo ordena reservar para 1987, 1988 y 1989 una partida anual de N$ 200:000.000 (nuevos pesos doscientos millones) del límite total para programas de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, establecida en el inciso 1º de dicho artículo 208, con el objeto de atender la adquisición de un terreno y la ejecución de la implantación de obras para la construcción del Hospital de Las Piedras.

El fundamento de la observación consiste en que la limitación anual establecida por el inciso primero de dicho artículo se expresa por proyectos de inversión, que no es el caso de la situación que el inciso tercero procura atender.

De esta manera, se desaprovecharán N$ 200:000.000 por cada año mientras transcurre el proceso de programación.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 71 del Mensaje del Poder Ejecutivo no contiene el financiamiento de la obra a que refiere este inciso 3º del artículo 208.

ARTICULO 248. - Se observa, parcialmente, el artículo 248. Autoriza un reintegro de gastos a los establecimientos privados de tiempo completo que alberguen menores del Consejo del Niño, estableciendo porcentajes incrementables según sean escolares, liceales o discapacitados.

La observación apunta a que los porcentajes enunciados constituyan el tope hasta el que el gasto que se pretende reintegrar pueda incrementarse, que es lo que pretende el Consejo del Niño.

En consecuencia, la observación consiste en sustituir "en un" por "hasta" previo a los porcentajes del 88%, 96% y del 160% aludidos en la segunda frase de este artículo 248.

ARTICULO 249. - Se observa totalmente el artículo 249. El texto sancionado transfiere del Ministerio de Defensa Nacional al de Educación y Cultura (Programa de Bienestar del Menor) trescientos cargos vacantes de soldados de segunda o marinero de segunda y sus respectivos créditos a fin de atender los servicios de seguridad, vigilancia, e intervención de menores infractores, en Montevideo, y en el interior. Es decir, por un lado crea cargos en el Ministerio de Educación y Cultura y por otro, transfiere cargos del Ministerio de Defensa Nacional al de Educación y Cultura en proporción a las vacantes en Ejército, Marina, Armada Nacional y Fuerza Aérea.

La creación de cargos, ya sea lisa y llana, o a través de transferencias presupuestales, constituye una materia que el constituyente reservó a la iniciativa preceptiva del Poder Ejecutivo, por lo que el artículo 249 sancionado, que no la tiene, contraviene el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución de la República. Ello, sin perjuicio de que esta inquietud legislativa, y la importancia social que reviste, merezca ser estudiada a los efectos de su inclusión en una próxima instancia presupuestal.

ARTICULO 256. - Se observa, totalmente, el artículo 256 del texto sancionado.

Las excepciones que introduce este artículo 256 refieren a textos legales vigentes que oportunamente derogaron para el Escalafón docente (artículo 3º Decreto-Ley Nº 15.022, de 9 de junio de 1980) y para el personal no docente (artículo 23 del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979) la posibilidad de equiparación de tal personal.

Supone, entonces, un régimen de equiparación del personal docente y no docente de la Comisión Nacional de Educación Física, creando incrementos de retribuciones sin la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo conforme al inciso 2º del artículo 86 de la Constitución. Y, asimismo, supone un trato discriminatorio en cuanto no contempla la situación de los demás organismos que desarrollan actividad docente en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura.

Por otra parte, atento a lo establecido por el artículo 258 del texto sancionado que reduce la extensión del tiempo de clase de los docentes de la Comisión Nacional de Educación Física, no es procedente tampoco la equiparación del personal docente.

ARTICULO 257. - Se observa, parcialmente, el artículo 257 por razones de conveniencia.

Se propone la siguiente redacción:

"Sólo podrán ingresar a los cuadros docentes de la Comisión Nacional de Educación Física los profesores egresados del Instituto Superior de Educación Física".

ARTICULO 259. - Se observa la referencia al artículo 12 que realiza el artículo 259, ambos del texto sancionado.

En la medida que prospere la observación al artículo 12 del texto sancionado, procede sustituir esta referencia en el artículo 259 por la de "artículo 54, Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

ARTICULO 260. - Se observa, totalmente, el artículo 260 del texto sancionado.

Se trata de creaciones de cargos y de transferencias que ameritan igual observación que la formulada al artículo 249 del texto sancionado.

CAPITULO V
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Respecto de estos Incisos del Presupuesto Nacional las observaciones son de conveniencia.

El Poder Ejecutivo, en su iniciativa presupuestal, presentó al Poder Ejecutivo los montos que, a su juicio, reflejaban las posibilidades de incremento de gastos para el Tesoro Nacional compatibles con su Programa de Gobierno de Mediano Plazo (1987 a 1989) mencionado.

Los textos sancionados suponen gastos en dichos Incisos que exceden el marco de tales definiciones globales.

ARTICULOS 318 y 319. - Se observan los artículos 318 y 319, por razón de conveniencia, fundada en la demasía de las retribuciones que supone la compensación del 50% del sueldo mensual que corresponda a 40 horas semanales, para el régimen de dedicación exclusiva que se crea en el Poder Judicial.

Esto es, significa un 50% por encima del 33% que por las 40 horas recibe el cargo autorizado en tal régimen. Téngase presente que el Poder Judicial ya tiene un régimen de dedicación total, establecido por el artículo 508 de la Ley Nº 15.809 citada.

De prosperar la observación a los artículos 318 y 319 procede, también, observar totalmente, por razones de coherencia, el artículo 25 del texto sancionado.

Asimismo, será necesario ajustar la redacción del artículo 320 sustituyendo la expresión "dedicación exclusiva" por "dedicación total".

ARTICULO 321. - Se observa, totalmente, el artículo 321 por razón de conveniencia.

Extiende hasta tres funcionarios por juzgados penales, hasta cuatro por juzgados de menores y hasta dos por juzgados del interior, una compensación del 30% por permanencia a la orden, salvo las remuneraciones de aquellos funcionarios que cumplan tareas de receptores en materia penal y de menores.

ARTICULO 322. - Se observa, por razones de conveniencia, las expresiones "para el período 1º de mayo al 31 de diciembre de 1987" del acápite del artículo 322 del texto sancionado así como su último inciso "Los referidos montos serán ajustados proporcionalmente para los Ejercicios siguientes".

A través de las expresiones observadas se incrementan en un 50% estas partidas con vigencia al 1º de mayo de 1987, que excepcionalmente se presentaron por no haber sido aprobados en la Rendición de Cuentas de 1985.

La vigencia de estas partidas está establecida en el artículo 354 del texto sancionado.

ARTICULO 323. - Se observa, parcialmente, el inciso 1º del artículo 323 del texto sancionado en tanto la partida exceda de N$ 16:000.000 (nuevos pesos dieciséis millones).

ARTICULO 325. - Se observa, totalmente, este artículo 325. Crea una dotación que incluye en el Programa "Bienestar Social del Personal del Poder Judicial", sin destino definido ni determinado.

La observación es por razones de conveniencia, ya que incrementa el gasto y, además, el Poder Ejecutivo entiende que dotaciones de naturaleza de bienestar social, aunque tengan la salvedad expresa de que no podrán ser utilizadas para retribuciones personales, requieren la determinación de su destino, en el texto legal, y no es conveniente el mismo sea objeto de delegación.

ARTICULO 326. - Se observa, totalmente, el artículo 326. Habilita que los saldos no utilizados en cada Ejercicio con cargo a las partidas anuales para financiar la construcción del Palacio de Justicia (artículo 119 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986) incrementarán el crédito asignado para el año siguiente. La observación al artículo mencionado es de conveniencia, y tiene igual fundamento que el que invoca este Mensaje en relación a la observación al artículo 179 del texto sancionado. En efecto, se entiende que también la situación a que refiere este artículo 322 está contemplada en el artículo 52 del mismo texto sancionado, correspondiendo la reprogramación del saldo comprometido y no ejecutado en el Ejercicio.

ARTICULO 339. - Se observa, parcialmente, el artículo 339 en cuanto crea en el Poder Judicial los siguientes cargos: 9 oficial Alguacil; 4 Jefe de Sección, 16 Administrativo I; 12 Administrativo II; 14 Administrativo III; 4 Administrativo IV; 5 Administrativo V; 5 Administrativo VI; 2 Chofer; 1 Auxiliar II y 4 Auxiliar III.

El fundamento de la observación es de conveniencia, en cuanto se crean numerosos cargos administrativos, lo que no es coherente con el excedente que de los mismos existe en la Administración del Estado, ni con el esfuerzo que el mismo texto sancionado está imprimiendo con carácter general en relación al ingreso al sector público de personal administrativo. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, faculta al Poder Judicial a aplicar el mecanismo de redistribución establecido por dicha ley.

ARTICULO 345. - Se observa, totalmente, el artículo 345. Se refiere a facultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia (artículos 525 y 523 de la Ley Nº 15.809 citada) para las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio.

Mediante el artículo 345 se extiende hasta seis meses después de la publicación de la ley el plazo a favor de la Suprema Corte de Justicia.

Se observa, por razones de conveniencia, que es de esencia de la presupuestación la creación en el Presupuesto que en la modificación en cada oportunidad presupuestal sucesiva de los gastos que requiera el servicio. Por el contrario no se considera conveniente acudir a delegaciones legislativas renovadas continuamente que subviertan el sentido y la vigencia de la presupuestación. Se trata de igual fundamento que el oportunamente formulado por el Poder Ejecutivo, el 21 de enero de 1986, con relación al Presupuesto Nacional, relacionados al entonces artículo 551 de dicho texto.

ARTICULO 346. - Se observa el artículo 346, totalmente, por razones de conveniencia. Habilita a la Suprema Corte de Justicia a utilizar un plazo de hasta 90 días para la apertura de las partidas para gastos de funcionamiento e inversiones, asignadas por la ley, entre los distintos rubros y programas que componen el Presupuesto del Poder Judicial, y, además, la faculta luego a modificar tal distribución, durante todo el resto del Ejercicio.

El artículo 220 de la Constitución no ha excluido a los organismos a que alude de la obligación de formular y aplicar un presupuesto programático, a nivel de programas. Su determinación normativa, al menos para cada Ejercicio anual, es esencial a cualquier presupuesto por programas. En consecuencia, se entiende que medidas como la que contiene este artículo 346 quitan sentido al Presupuesto por Programas.

De prosperar esta observación, se continuará aplicando el artículo 523 de la Ley Nº 15.809, como hasta el presente, sin el agregado al inciso propuesto por este artículo 346.

ARTICULO 347. - Se observa, totalmente, el artículo 347; por razones de conveniencia. Ello, en virtud de fundamentos de coherencia con lo dispuesto por el artículo 39 del texto sancionado que exige al Poder Judicial el régimen de concurso.

ARTICULO 355. - Se observa, parcialmente, el artículo 355, en la medida que el Director General de la Defensoría de Oficio perciba un porcentaje superior al 70%, el Director de Defensoría de Oficio, un porcentaje superior al 60%, el Defensor de Oficio de Capital y Secretario de Defensoría (Secretario III) un porcentaje superior al 55% y el Defensor de Oficio del interior un porcentaje que supere el 50%.

El fundamento es de conveniencia, ya que procede armoniza tales retribuciones con la Escala de Retribuciones vigente para los magistrados judiciales; se entiende que la equiparación que realiza el artículo 355 sancionado no es la adecuada.

Asimismo, se observa la vigencia de este artículo 355, que se entiende debe ser el 1º de enero de 1988.

ARTICULO 358 a 360. - Se observa, parcialmente, el artículo 358 en cuanto las creaciones en los Escalafones C, D y F; con excepción de 4 choferes del Escalafón F, Grado 10, que se mantienen. Se observa, totalmente, el artículo 360. Asimismo, se observa, parcialmente, la retroactividad al 1º de mayo de 1987 de los artículos 358 y 359.

ARTICULOS 361 y 362. - Se observan totalmente, los artículos 361 y 362, por razón de conveniencia, en cuanto por aplicación de dichas normas se establecen para el personal del Tribunal de Cuentas compensaciones adicionales conduciendo a un aumento inconveniente del Rubro 0.

ARTICULO 363. - Se observa, totalmente, el artículo 363 del texto sancionado.

Otorga a los funcionarios del Tribunal de Cuentas una compensación especial equivalente al 50% de la cuota mutual mensual con retroactividad al 1º de mayo de 1987. El fundamento de la observación es de conveniencia y consiste en que el mismo texto sancionado (artículo 17) incluye una norma general aplicable para todos los funcionarios públicos por la que se autoriza una contribución al pago de las cuotas mensuales de salud, norma que, incluso, a texto expreso incluye al Inciso 17 "Tribunal de Cuentas".

ARTICULO 366. - Se observa, totalmente, el artículo 366 del texto sancionado.

Consiste en la opción a los funcionarios técnicos profesionales del Tribunal de Cuentas por un Régimen de cuarenta, treinta, veinte o quince horas semanales de labor.

Se entiende que las necesidades del servicio en el Tribunal de Cuentas, en las que es fundamental el aporte del personal del Escalafón A, no es conveniente que admita una flexibilidad tal, opcional al funcionario.

ARTICULO 384. - Se observa, totalmente, el inciso final del artículo 384 del texto sancionado por razones de conveniencia.

ARTICULO 388. - Se observa, por razones de conveniencia, el inciso 2º del artículo 388 el que, de prosperar la observación, quedará redactado como sigue: "Para el Ejercicio de 1987 se podrá utilizar hasta 2/3 de esta partida".

ARTICULO 390. - Se observa, totalmente, el artículo 390 por razones de conveniencia y en base a similares fundamentos que fueron enunciados en la observación del artículo 345.

ARTICULOS 392 y 393. - Se observan, totalmente, los artículos 392 y 393 por razones de conveniencia por los mismos fundamentos que los establecidos respectivamente a los artículos 318 y 319.

ARTICULO 394. - Se observa, totalmente, el artículo 394 del texto sancionado.

El fundamento es de conveniencia, en cuanto incrementa una partida vigente (artículo 130 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986) destinada al equipamiento y alhajamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se considera innecesaria.

ARTICULO 400. - Se observa, totalmente, este artículo por razones de conveniencia por iguales fundamentos que los establecidos para el artículo 325.

ARTICULO 402 (parcial). - Se observa, parcialmente, el artículo 402 del texto sancionado, por las razones de conveniencia que se formulan en la introducción a este Capítulo V en cuanto: a) el incremento autorizado por su inciso 1º para el Rubro 0 de la Administración Nacional de Educación Pública supere los N$ 3.816:000.000, b) el incremento del inciso 2º, en cuanto a la limitación de partida a utilizar para el Ejercicio de 1987 exceda de nuevos pesos 1.001:614.000 y en lo que exceda de nuevos pesos 3.177:000.000 para el Ejercicio 1988. Con estas partidas se contemplan los incrementos previstos en la iniciativa del Poder Ejecutivo (artículos 353 y 356) con vigencia al 1/V/87 y al 1/V/88 así como la extensión horaria para el 25% de los cargos de maestro a que refiere el artículo 355 de la misma.

ARTICULO 403 (parcial). - Se observa, parcialmente, el artículo 403 del texto sancionado por iguales razones de conveniencia que la formulada al artículo 402, en cuanto la partida especial por única vez para la Administración Nacional de Educación Pública (pago de retroactividad del 5%) supere N$ 769:000.000.

ARTICULOS 404, 405 y 406. - Se observan, totalmente, los artículos 404, 405 y 406 que incrementan en la Administración Nacional de Educación Pública distintas partidas.

El fundamento de la observación radica en los motivos de conveniencia expresados al inicio del Capítulo V (Organismos del artículo 220 de la Constitución).

En particular, en el caso de las inversiones (artículo 405) no tiene sentido incrementar partidas que son utilizadas en porcentajes muy reducidos por el propio organismo.

ARTICULO 408. - Se observa, totalmente, el artículo 408 del texto sancionado.

Refiere a la facultad atribuida al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a distribuir los créditos presupuestales globales autorizados a la Administración Nacional de Educación Pública; propone que en tal distribución pueda, asimismo, determinar grados de los Escalafones esto es, realizar reestructuras y, también, la derogación a todos los Entes de enseñanza de la obligación de aplicar las disposiciones de ejecución presupuestal de conformidad con las normas generales de clasificación del gasto público y de contabilidad y administración que regulan la Administración Central.

La observación es de conveniencia.

Se entiende adecuado mantener el régimen vigente establecido por el artículo 403 de la Ley Nº 15.809. Ello es compatible con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 597 del texto sancionado.

ARTICULO 410. - Se observa, totalmente, el artículo 410 del texto sancionado.

Consiste en introducir una excepción al sistema vigente de cuotas periódicas de asignación de fondos que se organiza en base al preventivo de Caja del Tesoro Nacional y a la programación de la ejecución de desembolsos autorizado por el artículo 34 de la Ley Nº 15.767, de fecha 13 de setiembre de 1985.

Se observa por razones de conveniencia la excepción que formula el artículo 410, de que prohíba la no autorización de una orden de pago cuando existe crédito presupuestal suficiente. Ello, ya que es de esencia de toda orden de pago la existencia de crédito presupuestal suficiente. La limitación que introduce la norma legal vigente enunciada es la de priorizar los desembolsos en función de las posibilidades de caja, lo que quedaría despojado de todo contenido con la excepción que plantea este artículo 410.

ARTICULO 426. - Se observa el literal E) del artículo 426 del texto sancionado. Consiste en la autorización al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República a transponer hasta un 20% de rubros de inversiones para atender rubros de gastos.

El fundamento es de conveniencia en cuanto dicho porcentaje supere el 10%, coherente con el literal E) del artículo 163 del Mensaje del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 427. - Se observa, parcialmente, el artículo 427 del texto sancionado, en cuanto: a) la partida anual autorizada para la ejecución del proyecto "Reestructura y Transformación de la Universidad de la República" supere los N$ 314:391.000 (nuevos pesos trescientos catorce millones trescientos noventa y un mil) (acápite artículo 427) y b) la partida autorizada en el literal A) del artículo 427 supere N$ 75:000.000 (nuevos pesos setenta y cinco millones); la autorizada en el literal D) supere N$ 44:000.000 (nuevos pesos cuarenta y cuatro millones); la autorizada en el literal G) supere nuevos pesos 20:741.000 (nuevos pesos veinte millones setecientos cuarenta y un mil); la del literal H) en cuanto supere N$ 40:000.000 (nuevos pesos cuarenta millones).

Asimismo, se observa la totalidad de las partidas referidas en los literales C), E) e I) del artículo 427 sancionado.

El fundamento radica en razones de conveniencia vinculadas con la situación de la Hacienda Pública.

ARTICULO 428. - Se observa, parcialmente, el artículo 428, por razones de conveniencia de similar contenido que las expuestas en las consideraciones a este Capítulo V, en cuanto autoriza una partida anual para inversiones en obras en la Universidad de la República que superen N$ 160:000.000 (nuevos pesos ciento sesenta millones).

ARTICULO 451. - Se observa, parcialmente, el artículo 451 del texto sancionado en cuanto agrega la siguiente frase a su inciso primero:

"obteniendo la adecuación de las retribuciones de los funcionarios que, siendo titulares de cargos similares, tuvieran sin embargo grados escalafonarios y retribuciones distintas, por proceder de diferentes organismos que fueron fusionados en la ex Dirección General de la Seguridad Social".

Esta frase resulta adicionada al texto de la iniciativa del Banco de Previsión Social (artículo 25) y de la iniciativa del Poder Ejecutivo (artículo 125).

El contenido de la frase observada significa autorización de incrementos de retribuciones, carentes de la preceptiva iniciativa presupuestal. La observación se funda en lo establecido en el artículo 215 de la Constitución en cuanto tal modificación resultante del agregado objeto de esta observación significa mayores gastos que los propuestos.

ARTICULO 452. - Se observa, totalmente, el artículo 452 del texto sancionado.

El inciso primero de dicho artículo 452 deja sin efecto el régimen vigente de ascensos para la ex Dirección General de la Seguridad Social, establecido por el Decreto-Ley Nº 15.600, de 19 de julio de 1984. La observación, basada en criterios de conveniencia, se refiere a aspectos formales y sustanciales. Los formales, en cuanto el texto del artículo 452 no tiene iniciativa expresa ni en el Mensaje del Banco de Previsión Social ni en el del Poder Ejecutivo; en materia del Estatuto de dicho Ente Autónomo, el numeral 6 del artículo 9º de su Ley Orgánica Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, le atribuye al Directorio "proyectar el Reglamento General y el Estatuto del Funcionamiento del Banco".

Y sustancial, en cuanto al régimen de ascensos propuesto en sustitución del vigente, si bien contiene mejores elementos técnicos, tiene carácter transitorio (hasta que se apruebe el Estatuto del Funcionario).

CAPITULO VII
DIVERSOS CREDITOS

ARTICULO 459 (INCISO 4). - Se observa, parcialmente, el artículo 459 del texto sancionado, en la última frase de su inciso 4º que dice "en acuerdo con las Intendencias Municipales".

El fundamento de la observación radica en que el Plan de Obras Municipales es un programa del Presupuesto Nacional, que se ejecuta:

Por Licitación Pública las obras de Arquitectura, por OSE las correspondientes a saneamiento y agua potable, y por las Intendencias en Vialidad urbana.

El agregado no es conveniente ya que:

a) comprende programas, como los de OSE, que no son de la órbita municipal.

b) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas administra un programa que contempla la asignación de recursos en atención al cumplimiento de metas por las Intendencias en los proyectos que las mismas ejecutan directamente; las que, una vez que los reciben, los administran a su vez en forma totalmente autónoma, al igual que las obras.

c) Esta forma de operativa, está establecida en los contratos con las entidades financiadoras, por lo que no es posible alterarla.

d) Tampoco puede invocarse el artículo 297 de la Constitución de la República, pues los recursos fijados por el Presupuesto Nacional no los "decretan y administran" las Intendencias, sino que los "decreta" la Asamblea general, los provee el Poder Ejecutivo y, una vez que ingresan en la contabilidad de las Intendencias, constituyen recursos que ellas administran exclusivamente. El Poder Ejecutivo entiende que, tampoco por tal artículo 297 de la Constitución, las Intendencias "decretan y administran" los contratos de donación y menos los legados y disposiciones testamentarias. Por el contrario, será la voluntad del testador, la única que dispone de la utilización de los bienes y la Intendencia sólo puede aceptar o no, pero una vez incorporados los bienes a los patrimonios, opera los mismos autonómicamente.

e) Por último, cabe destacar que en el actual sistema son las Intendencias las que definen cuáles obras serán los que se realicen; y contratan personal, insumos y equipos, con total libertad.

ARTICULO 460. - Se observa, parcialmente, el artículo 460 del texto sancionado, la última frase de su inciso segundo que dice "en acuerdo con las Intendencias Municipales".

El fundamento de la observación es coincidente con el expuesto en la observación del artículo 459 (inciso 4).

CAPITULO VIII
NORMAS TRIBUTARIAS

ARTICULO 463. - Se observa, totalmente, el artículo 463. Esta disposición modifica el literal A) del artículo 2º del Título 4 del Texto Ordenado 1987 que define las rentas comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio. La modificación introducida restringe considerablemente el ámbito de aplicación del impuesto en cuestión al excluir del gravamen una serie de actividades que indica expresamente. Esto significa un tratamiento discriminatorio que a criterio del Poder Ejecutivo no se justifica ni parece conveniente.

Por otra parte, al modificar el hecho generador del impuesto y excluir actividades actualmente gravadas, se pierde recaudación y, en consecuencia, disminuyen los recursos del Tesoro Nacional.

En los hechos, representa una exoneración de la obligación tributaria vigente en favor de determinadas personas sin iniciativa del Poder Ejecutivo, contraviniendo el inciso 2º del artículo 133 de la Constitución.

ARTICULO 477. - Se observa, parcialmente, el artículo 477 en cuanto incluye el Renglón "Gas-oil 20% 20% 40%".

El texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo proponía gravar con el I.V.A. al gas-oil y al fuel-oil que hasta entonces estaban exonerados, rebajando al mismo tiempo el IMESI que grava a dichos combustibles.

La norma proyectada merece observaciones al Poder Ejecutivo dado que se considera altamente inconveniente el haber adoptado sólo parcialmente la propuesta elevada.

En efecto, el artículo 477 del texto sancionado no sólo mantiene la exoneración actual del gas-oil con relación al I.V.A., sino que, además, establece para dicho combustible la proyectada rebaja del IMESI. Ello significa un perjuicio fiscal evidente. El Poder Ejecutivo entendió conveniente gravar al gas-oil con el I.V.A., disponiendo simultáneamente, se le rebajase el IMESI. Pero, si no se le grava con I.V.A. y además se le rebaja el IMESI, se violentaría el referido propósito, en perjuicio del Fisco, menoscabando recursos sin la contrapartida correspondiente.

Para evitar los inconvenientes señalados, se sugiere la siguiente redacción sustitutiva:

"Modifícase lo dispuesto en el numeral 14), del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1987, en lo referente a tasa y afectaciones de fuel-oil por los valores que se expresan a continuación:

Producto

M.T.O.P.

Rentas
Generales

Total

%

%

%

%

Fuel-oil

5

5

10".

Dicha redacción sustitutiva significa, en suma, eliminar la proyectada rebaja del IMESI al gas-oil, con lo cual dicho combustible si bien continuaría exento del I.V.A. no se beneficiaría con rebaja alguna del IMESI. En cuanto al fuel-oil, si bien se le grava con I.V.A., se le mantiene la correspondiente rebaja del IMESI.

ARTICULO 486. - Se observa, parcialmente, el artículo 486. Al texto original del Poder Ejecutivo se le agregó el inciso 2º, que significó incorporar al régimen de crédito por I.V.A. establecido en esta norma, a los Organismos del Estado contribuyentes del I.V.A. que no pudiesen deducir el impuesto comprado, por estar afectado a proyectos relacionados con la producción de bienes exentos.

Este inciso 2º que se observa en su totalidad, establece una exoneración que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 133 de la Constitución de la República; y significa un menoscabo en la recaudación no previsto por la Administración.

ARTICULO 494. - Se observa, totalmente, el artículo 494 en virtud de carecer de iniciativa del Poder Ejecutivo y ser violatoria, por ello, del inciso 2º del artículo 133 de la Constitución. En efecto, al incluirse en las exoneraciones genéricas del artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 a las empresas de radiodifusión de amplitud modulada, de frecuencia modulada y de televisión del interior del país, se está ampliando la gama de contribuyentes exonerados, con lo cual se produce un menoscabo en la recaudación, sin iniciativa del Poder Ejecutivo.

Adviértase además que, conforme a la voluntad del legislador, el propósito fue exonerar exclusivamente a las empresas de radiodifusión y de televisión del interior del país. Con la redacción propiciada, las empresas de radiodifusión de amplitud modulada y de frecuencia modulada de todo el país, estarían amparadas en la exoneración.

ARTICULO 497. - Se observa, totalmente, el artículo 497 del texto sancionado. El mismo carece de iniciativa del Poder Ejecutivo. Dispone que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) compensará los créditos que posee contra las Intendencias Municipales del interior, por concepto de adquisiciones de materiales y combustibles, con la recaudación del IMESI que la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 asigna como contribución del Estado a dichas Intendencias. La norma observada prevé, asimismo, que dicha compensación o el depósito correspondiente, en su caso, deberá efectuarse en el término de 15 días siguientes a cada mes vencido.

Se establece, igualmente, que no será de aplicación el inciso 2º del artículo 208 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, que dispone la necesidad de que las Intendencias Departamentales estén al día con UTE, ANTEL y OSE, a los efectos de acceder a las compensaciones o depósitos de referencia.

El Poder Ejecutivo observa esta norma por entender inconveniente que se deje sin efecto la condicionante establecida por el inciso 2º del artículo 208 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986. El propósito de la mencionada disposición vigente es asegurar el normal cumplimiento de las obligaciones de las Intendencias Departamentales con los referidos Organismos estatales, lo que se entendió fundamental en el acuerdo oportunamente alcanzado.

CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 677. (parcial). - Se observa, totalmente, el inciso primero del artículo 677 del texto sancionado.

Refiere a la extensión a todos los organismos estatales, paraestatales o privados que tengan como cometido el servicio de prestaciones de seguridad social del derecho de Retención a los socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de los créditos que éste le otorgue.

El fundamento de esta observación es de conveniencia, ya que las normas vigentes autorizan tal derecho de Retención sólo a los afiliados a las Cajas del actual Banco de Previsión Social (Art. 1º y 2º de la Ley Nº 9.980, de 13 de diciembre de 1940) y no a los otros de carácter público y privado o paraestatales no incluidos dentro del Banco de Previsión Social.

ARTICULO 681. - Se observa, totalmente, el artículo 681 del texto sancionado.

Consiste en la creación de tres Comisiones Especiales, cada una con cinco miembros, adicionales a la instituida por el artículo 28 de la Ley Nº 15.783, proveer los recursos para el adecuado funcionamiento de éstas.

Los miembros titulares de la Comisión Nacional del Servicio Civil perciben dietas por su asistencia a las sesiones de la misma (artículo 135, Ley Nº 15.809 citada). La observación se funda en aspectos formales y sustanciales.

Formales, en cuanto contraviene el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución, que exige preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo, ya que no la tuvo.

Sustanciales, en cuanto a la creación de tres Comisiones Especiales que dictamen en la aplicación de la Ley Nº 15.783 y que sean competentes por turnos, crearán la posibilidad de jurisprudencias administrativas distintas, lo que es considerado como inconveniente en la aplicación de dicha ley, y que fomenta la recurribilidad de las decisiones así como el ejercicio de la acción de nulidad respecto de las mismas.

ARTICULO 682. - Se observa, totalmente, el artículo 682 del texto sancionado.

Los fundamentos son los mismos que los expresados respecto de la observación al artículo 681, ya que también carece de la iniciativa preceptiva.

El pase en comisión a la Oficina Nacional del Servicio Civil de los funcionarios de otros organismos, a los efectos indicados, podrá generar costos adicionales por equiparación de tareas (diferencias de sueldos), que se consideran inconvenientes.

ARTICULO 683. - Se observa, totalmente, el artículo 683, coherentemente con las observaciones señaladas a los artículos 681 y 682.

ARTICULO 685 y 686. - Se observan, totalmente, los artículos 685 y 686 del texto sancionado.

El fundamento de ambas observaciones radica en que se extiende un beneficio, de carácter jubilatorio, sin la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo que corresponde expresamente en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República.

ARTICULO 687. - Se observa, totalmente, el artículo 687 del texto sancionado.

Los fundamentos de la observación son de conveniencia, ya que la nueva redacción que se da al artículo 31 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, mediante este artículo 687, introduce una presunción que invierte la carga de la prueba de los elementos que la ley en cuestión exige justificar a efectos de acceder a los beneficios que otorga.

ARTICULO 689. - Se observa, totalmente, el artículo 689 del texto sancionado.

Se refiere al destino de eventuales ingresos del Ministerio de Turismo derivados de operaciones de compra venta de inmuebles.

El fundamento de la observación es de conveniencia, ya que se trata de eventuales beneficios y no de ingresos ciertos. Por otra parte, conforme al artículo 513 del mismo texto sancionado "los créditos no podrán destinarse a finalidad u objeto que no sean los enunciados en la asignación respectiva", por lo que mal puede destinarse recursos sin crédito que lo respalde.

ARTICULOS 690, 691 y 694. - Se observan, totalmente, los artículos 690, 691 y 694 del texto sancionado.

Dichas normas, que implican el establecimiento de nuevos beneficios jubilatorios, carecen de la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo (inc. 2º del artículo de la Carta).

ARTICULO 697. - Se observa, totalmente, el artículo 697 del texto sancionado.

Refiere a la obligatoria retención de las cuotas gremiales de los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social y las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones.

El fundamento radica en la inconveniencia de la preceptiva retención de cuotas gremiales de las retribuciones de pasividades.

ARTICULO 696. - Se observa, totalmente, el artículo 696 del texto sancionado. Por el mismo, se regulariza a los abogados que revisten en cargos de la Secretaría de lo Contencioso Administrativo de la Dirección Nacional de Aduanas al 1º de mayo de 1987, de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Ley Nº 15.809 citada con la modificación introducida en el artículo 5º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986. Ello significa integrar a estos funcionarios al Escalafón N (Judicial). El Poder Ejecutivo entiende que esta regularización legal que apareja modificación del régimen de dotaciones de cargos presupuestales, carece de la preceptiva iniciativa del Poder Ejecutivo, conforme al inciso 2º del artículo 86 de la Constitución.

Asimismo, se considera inconveniente extender el Escalafón N (Judicial) a otros organismos que no sean el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el régimen vigente el artículo 28 de la Ley Nº 15.809 citada establece en forma clara que este Escalafón es para el personal judicial. Y, el artículo 41 de la misma ley y su modificativa, emplea el vocablo "Judicial" para definir dicho Escalafón.

Saluda al Señor Presidente con su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Ricardo Zerbino, Enrique Iglesias, Adela Reta, Jorge Sanguinetti, Pedro Bonino, Raúl Ugarte, Antonio Marchesano, Juan V. Chiarino, José Villar, Hugo Fernández Faingold, Jorge L. Presno.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Carp. Nº 36/87
Rep. Nº 2/87 - Anexo II

Montevideo, 23 de octubre de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General,
Doctor Enrique E. Tarigo.

Señor Presidente:

La Suprema Corte de Justicia tiene el honor y el deber de dirigirse al Sr. Presidente de la Asamblea General con el firme propósito de plantear consideraciones esenciales en torno a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a diversos artículos relativos al Poder Judicial, contenidos en el Proyecto de Rendición de Cuentas de 1986, a estudio de la Asamblea General.

No es su propósito reiterar los aspectos ampliamente debatidos en el año 1985 en el seno de ese Parlamento relativos a la regularidad jurídica de la potestad que se atribuye el Poder Ejecutivo en cuanto concierne a la posibilidad de oponerse, modificar o impedir la aprobación de estas normas presupuestales.

Pero sí plantear las contradicciones en que incurre, las gravísimas consecuencias que crea la eliminación de cargos administrativos, las modificaciones de las asignaciones presupuestales del Escalafón "A", el demérito que significa las supresiones de los beneficios aprobados para los restantes funcionarios judiciales y las prohibiciones impuestas en cuanto a la facultad de reestructuración de sus cuadros.

Por razones meramente prácticas se relacionarán siguiendo el orden numérico del proyecto, destacando que del punto de vista institucional significan un cercenamiento de las legítimas atribuciones de este Poder del Estado, consagradas a texto expreso en el Art. 239 de la Constitución.

ARTICULOS 318 y 319. - Se observan por razón de conveniencia, "fundada en la demasía de las retribuciones que supone la compensación del 50% del sueldo mensual que corresponde a 40 horas semanales".

La fundamentación del régimen aprobado por la Asamblea General surge del hecho de que los técnicos del Poder Judicial que no se encuentran en régimen de dedicación total, pueden optar por las 40 horas semanales, Art. 320, con lo cual perciben el 33% de compensación.

De mantenerse el veto interpuesto la diferencia de sueldo entre los funcionarios con dedicación total y los que están en régimen de 40 horas semanales sólo será el 20%. Como las normas vigentes exigen que todas las vacantes para dichos cargos deban ser provistas en régimen de dedicación total, la consecuencia será el absoluto desinterés de los funcionarios técnicos para acceder a dichos cargos (si son de ascenso), o de profesionales (si son de ingreso), produciéndose en los hechos una selección negativa en desmedro del servicio.

La incongruencia en que incurre el Poder Ejecutivo es notoria si se tiene en cuenta que el artículo 495 de la Ley Nº 15.809 consagró igual texto para ciertos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Pero además, resulta irritante porque, como se verá oportunamente, a una categoría de técnicos se les ha dado un tratamiento netamente preferencial, trastocando el sistema de grados y creando un total desequilibrio entre las jerarquías administrativas.

ARTICULO 321. - El Poder Ejecutivo lo observa totalmente por razones de conveniencia.

Esta norma no hace más que consagrar el régimen de "permanencia a la orden" tal como el que ya existe para numerosas Oficinas (por ej.: Presidencia de la República - Art. 111, Ley Nº 15.809, Oficina de Servicio Civil - Art. 134, idem., - etc.), en sustitución del régimen de horas extras, difícil de controlar. En materia penal y de menores no pueden establecerse limitaciones temporales ni horarios de trabajo predeterminados, máxime cuando se actúa sobre una materia tan delicada como lo es la relativa a la niñez desamparada y la libertad de las personas.

Es muy dudoso que el Poder Ejecutivo pueda demostrar que la justificación del régimen para las otras oficinas que ya lo tienen sea más valedera que la que se viene de expresar.

El costo es mínimo: N$ 18:000.000.00 anuales, limitado a 134 funcionarios en todo el país.

ARTICULO 322. - "Se observa por razones de conveniencia las expresiones para el período 1º de mayo al 31 de diciembre de 1987", con lo cual la partida prevista para ocho meses se extiende al año.

Esas partidas, tal como fueron aprobadas, significaban un aumento promedio del 21% para los funcionarios del Escalafón "A" y del 14% para los restantes.

Los porcentajes promediales que propone se sitúan en 14% y 9,5% respectivamente; el exceso alcanzaba a un 7% y 4,5%.

Sin embargo, por el artículo 355 el Poder Ejecutivo fija para determinados técnicos, aumentos que llegan al 67%.

ARTICULO 323. - Es tan poca la economía que se pretende, que no merece comentarios.

ARTICULO 325. - Los principios determinantes de la observación no se han aplicado con carácter general.

En la Ley Nº 15.809 los artículos 609 y 610 estructuran un sistema de créditos, aplicables a determinados programas: "...3) Bienestar Universitario; 301 Bienestar Estudiantil; 302 Bienestar de los Funcionarios", cuyos destinos específicos no constan en el texto legal. La Universidad tenía amplias facultades para distribuirla, existiendo sólo un tope general para el Inciso, resultando indeterminada, incluso, la cifra que se destinaría a Bienestar Universitario.

ARTICULO 326. - Se observa el artículo, referido a la construcción del Palacio de Justicia, por razones de conveniencia, argumentando que debe aplicarse el artículo 52 y reprogramar el gasto en el Ejercicio siguiente.

Pese a las reiteradas gestiones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no entregó efectivamente el inmueble al Poder Judicial. El bien permanece ocupado por la empresa Alvaro Palenga, con quien este Poder no tiene vinculación de ninguna clase. Sin la desocupación nada puede programarse.

Para la construcción del Palacio de Justicia se autorizaron U$S 10:000.000.00 en la Ley Nº 15.851, discriminados en U$S 2:000.000.000 en 1987, U$S 4:000.000.00 para 1988, y U$S 4:000.000.00 para 1989, y por consecuencia, si se pretende que el gasto previsto para 1987, se reprograme para 1988, con cargo a las partidas de ese año, sólo se dejarán U$S 8:000.000.00.

ARTICULO 339. - Se observa parcialmente en cuanto crea una serie de cargos administrativos y de servicio. Se invocan razones de conveniencia "porque no es coherente con el excedente que de los mismos existe en la Administración del Estado".

Los cargos eran los mínimos necesarios para que pudieran funcionar los órganos creados en los artículos 327 a 337.

La supresión determina la imposibilidad de efectivizar esas creaciones.

La Suprema Corte de Justicia no ha dispuesto incorporarse al régimen de los artículos 8º a 25 de la Ley número 15.851 porque entiende que sea por "incorporación" o por "redistribución" la intervención de la Oficina de Servicio Civil, dependiente de la Presidencia de la República, colide con sus facultades privativas (Art. 239 numeral 7º, Constitución Nacional).

Por otra parte, las razones de conveniencia indican que la admisión de funcionarios de otras dependencias públicas crea para el Poder Judicial un grave problema. Aún cuando se los someta a determinados requisitos de selección, resulta improbable que tengan la capacitación suficiente como para desempeñar funciones particularmente especializadas del servicio judicial; no se forman alguaciles, ni jefes de despacho si no es a través de los años, de la capacitación en la materia que moldean, de la dedicación absoluta.

ARTICULO 345. - Se observa totalmente por razones de conveniencia. Ello es realmente curioso, porque en el proyecto de esta Rendición de Cuentas elaborado por el Poder Ejecutivo, se establece el mismo artículo con la única variante de que se fijó como fecha tope el 31/12/87. (Art. 134 del Proyecto del Poder Ejecutivo). El Poder Ejecutivo está vetando lo que propuso "por razones de conveniencia". El fundamento del artículo es que en el Presupuesto se confirió esta facultad a la Suprema Corte de Justicia hasta el 30/6/86, pero el mismo recién se publicó el 21/4/86, con lo que el plazo que efectivamente se dispuso para regularizar el desquicio que en la materia había dejado el Ministerio de Justicia, fue sumamente breve. Por ello, por única vez, se pidió la prórroga por 6 meses.

ARTICULO 346. - El Poder Ejecutivo lo observa "por razones de conveniencia". No se comparte la observación. Este artículo lo único que agregaba al 523 de la Ley Nº 15.809 era la facultad de modificar la distribución después de realizada la apertura original. El Poder Ejecutivo dice que eso no conviene porque "quita sentido al Presupuesto por Programas". Como lo único que se cambia es la facultad de modificar la distribución original, debe concluirse que ello es lo que "quita sentido al Presupuesto por Programa".

Pero ¿qué diferencia tiene lo que se propone con la posibilidad de realizar trasposiciones, tal como existe para la Administración Central en el artículo 88 de la Ley Nº 15.809? Con la interpretación del Poder Ejecutivo cabrían 2 posibilidades: a) que la distribución original sea inamovible para el Poder Judicial; o b) que para modificarla haya que seguir los mecanismos del citado artículo. Ninguna de las posiciones es adecuada: en la hipótesis a), porque resulta ilógico que toda la administración pueda modificar la distribución en el correr del Ejercicio y el Poder Judicial no; y en la hipótesis b), porque carece de sentido que para modificar una distribución de partidas que hizo la Suprema Corte de Justicia en forma totalmente independiente, deba requerir el asentimiento de organismos ajenos.

ARTICULO 347. - Se observa por razones de conveniencia, con el propósito de adecuarlo al artículo 39.

La Suprema Corte de Justicia estima que esta disposición debe mantenerse, en función de que las potestades inherentes a las designaciones de funcionarios emanan del texto constitucional (Art. 239 inc. 7º: "nombrar, promover y destituir por sí"); pero además por las características especiales del servicio que se presta. Las vacantes de algunos cargos técnicos requieren ser provistas de inmediato, por ejemplo: un Juzgado Letrado no puede prescindir de su Actuario, un Juez, de su Secretario, un Juez Penal, de su Médico Forense, etc.

Recientes experiencias demuestran la lentitud de los procedimientos que comporta el concurso de técnicos, sobre todo por la integración de los tribunales, la complejidad de las pruebas, etc. Hace un año que se llamó a concurso para proveer un cargo de médico forense y aún se está en las etapas intermedias.

ARTICULO 355. - Se observa parcialmente por razones de conveniencia. El veto debió ser total, por carecer, la norma observada, de regularidad jurídica y por ser profundamente inconveniente e irregular.

Lo primero, porque carece de iniciativa del Poder Ejecutivo y desde luego del Poder Judicial. El propio texto del Mensaje califica de inconstitucional toda norma relativa a esta materia que se aparte de la iniciativa del Poder Ejecutivo requerida preceptivamente por el inciso 2º del artículo 86 de la Carta Política. La Corte estima que sólo por involuntaria inadvertencia pudo haberse deslizado este tremendo error. Si no fuera producto de un error, habría que interpretarlo como un deliberado propósito de favorecer a un núcleo de profesionales a despacho de tales razones jurídicas, tan celosamente definidas en otros casos.

Lo segundo, porque avalaría gestiones realizadas sin conocimiento del jerarca del servicio, distorsionando la racionalización emprendida con tanto celo por la Suprema Corte de Justicia después del advenimiento del gobierno democrático.

Por fin, porque contiene incoherencias incomprensibles. Por ejemplo: la norma establece en su parte final que los funcionarios que no tengan prohibido el ejercicio de sus profesiones y que estén incluidos dentro de este régimen "percibirán solamente el 68,96%" de las remuneraciones correspondientes. Ello es incorrecto, por cuanto dicho porcentaje era el adecuado cuando la dedicación total tenía una compensación del 45% del sueldo, pero desde la Ley Nº 15.809 pasó a ser del 60%.

Cuando el Poder Ejecutivo vetó inicialmente en forma parcial el artículo 538 del proyecto de Ley de Presupuesto, había advertido eso, y lo había observado llevando el porcentaje al 62,50%. Ahora ni siquiera eso vetó.

Por otra parte, el artículo hasta crea categorías de funcionarios que no existen. En efecto, los Defensores de Oficio son una única categoría, y ahora se los diferencia en "Defensores de Oficio de la Capital" y "Defensores de Oficio del Interior" y se les establecen sueldos diferentes.

Pero lo más grave para el funcionamiento del Poder Judicial está en la inconveniencia del artículo. Lo que hace el Poder Ejecutivo, sustituyendo a la Suprema Corte de Justicia en sus potestades -Art. 239 numeral 3º de la Constitución- es modificar los porcentajes que se establecen, por razones de conveniencia "ya que procede armonizar tales retribuciones con la Escala de Retribuciones vigentes para los Magistrados Judiciales; se entiende que la equiparación que realice 355 sancionado no es la adecuada". ¿Cuál es la equiparación adecuada? ¿Qué elementos tiene el Poder Ejecutivo para determinarla? ¿Sólo interesa armonizar esas retribuciones con las de los Magistrados y no con la de los restantes funcionarios del Poder Judicial?

Cuando luego de aprobada la ley de Presupuesto, la Suprema Corte de Justicia estableció los grados y sueldos de sus funcionarios, fijó las relaciones que entendió adecuadas entre ellos. Ahora a través de este artículo, se viene a modificar todo ello. Los funcionarios comprendidos en esta norma van a tener aumentos de hasta el 67% mientras que los otros técnicos no superarían el 14%. ¿La "adecuada relación de sueldos" de que habla el Poder Ejecutivo determinaría que el Director General de la Defensoría de Oficio (servicio dependiente) pase a ganar el 16% más que el Sub Director General de los Servicios Administrativos y que un Defensor de Oficio (cargo de ingreso y no de ascenso) ganase más que el Director de los Servicios Inspectivos, que es del máximo Grado y al que sólo pueden llegar profesionales con 25 ó 30 años de servicio? Se adjunta cuadro explicativo.

Tales son las reflexiones que merecen a esta Corporación las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

Saluda a Usted muy atentamente

Dra. Jacinta Balbela de Delgue. Presidente
Dr. Enrique O. Tiscornia. Secretario Letrado.

APLICACION DEL ARTICULO 355

Sueldos por aplicación de la Rendición de Cuentas

Artículo 355

Otros funcionarios
del mismo grado

Diferencia entre funcionarios del 355 y otros del mismo grado

Situación
al
31/7/87

6 Horas

.

Cargos

Grado

6 Horas

Dedic.
Total

6 Horas

% incr.

Dedic.
Total

% incr.

6 Horas

% incr.

Dedic.
Total

% incr.

N$

%

Dedic.
N$

tot
%

Dir. Gral. de Defensorías de Oficio 22 82.656
131.313 133.544 62 193.652 47
39.316 42 43.955 29
OTROS 22 82.656 131.313 94.228 14 149.697 14
Dir. Defensoría Oficio 21 75.529 119.906 114.469 52 165.987 38
28.366 32 29.294 21
OTROS 21 75.525 119.906 86.098 14 136.693 14
Defensor de Oficio Capital 19 62.937 99.763 104.926 67 152.155 53
33.178 46 38.425 34
OTROS 19 62.937 99.763 71.748 14 113.730 14
Defensor de Oficio Interior 19 62.937 99.763 95.387 52 138.323 39
23.639 33 24.593 22
OTROS 19 62.937 99.763 71.748 14 113.730 14
Sub-Director Gral.
de los Servicios
Administrativos Extra
94.407 151.051 115.770 23 185.232 23

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Tiene la palabra el señor legislador Sturla.

SEÑOR STURLA. - Señor Presidente: de alguna manera esperamos que en la tarde de hoy finalice un largo camino que, en nuestra opinión, no se inicia cuando el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General el Mensaje que contenía el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1986. Si lo situamos correctamente, ese camino comienza en 1985, cuando el 30 de noviembre -si no recuerdo mal- se frustra la Rendición de Cuentas de ese año y se generan, de esa forma, una serie de episodios y de circunstancias políticas, que se reiteran en esta oportunidad y que constituyen -puedo decirlo en la medida en que me tocó ser testigo o modesto protagonista de alguno de estos hechos- un nuevo elemento de frustración colectiva, un ejemplo de tarea que sin duda no satisface a quienes hemos participado en ella.

El Poder Ejecutivo ha devuelto, con noventa y tres observaciones, el proyecto de ley que oportunamente sancionaron ambas ramas del Parlamento. Debo decir que no me preocupa el número de estas observaciones ni el hecho de que ellas existan. Muchas veces se ha dicho -y quizá con razón- que el Poder Ejecutivo abusa del instituto de los vetos, como se lo llama vulgarmente. Desde el punto de vista constitucional -creo que no está de más reiterarlo- es potestad del Poder Ejecutivo interponer observaciones a los proyectos de ley y este Poder del Estado usa de esa potestad.

En cuanto al número de observaciones, debo señalar que hemos cometido un error al aprobar un proyecto de Rendición de Cuentas de cerca de 700 artículos. Probablemente sea el más extenso de los que se sancionaron en la historia de la República. Se trata, repito, de 700 disposiciones que incluyen desde modificaciones al Código Penal hasta la normativa completa en materia de ordenamiento financiero del Estado, que sustituye al viejo Decreto 104/68. Históricamente, las rendiciones de cuentas han sido un "cajón de turcos", pero decir que ésta lo es en particular, creo que es acertar en cuanto al juicio. Por lo tanto, el número elevado de observaciones puede tener en sí mismo justificación.

A pesar de que nuestro Partido lo ha señalado en más de una ocasión, quiero volver a expresar que este mecanismo de la observación permanente, por su propio uso y abuso -y más allá del respeto a la norma constitucional -termina transformando la actuación del Parlamento en una actividad -permítaseme la expresión- políticamente degenerada. Llegamos a circunstancias políticas que nos conducen inevitablemente a los enfrentamientos.

Creo que esta reflexión es oportuna una vez más, no para insistir en ella en demasía sino para señalarla como elemento que poco contribuye a la concordia, al buen trabajo político y al buen funcionamiento del sistema político en su conjunto.

Un matutino, cuya susceptibilidad y mal gusto se acentúan en la medida en que también lo hace la falta de éxito del Gobierno de la República, se queja, a veces, de que consideremos al Partido Colorado como una minoría mayor. Sin embargo, eso es lo que es: una minoría mayor, o la mayor de las minorías. Siempre hemos tenido claro -y el señor legislador Lacalle Herrera lo ha mencionado en más de una ocasión- cuáles son los dos componentes básicos de esta ecuación política en la que el país está inevitablemente inmerso: la existencia de un Poder Ejecutivo electo por una clara mayoría ciudadana y la circunstancia de que el Partido que lo respalda constituye apenas los 2/5 del total de componentes de este Cuerpo.

Digámoslo y aceptémoslo: el país político no ha alcanzado a resolver esta difícil coyuntura que deriva de esta circunstancia, y mientras no encontremos mecanismos permanentes que permitan superarla, tendremos seis meses de trámite de una Rendición de Cuentas que, como todos sabemos, podría haberse sustanciado en bastante menos. Asimismo, tendremos enfrentamientos políticos y dificultades en la marcha normal de las instituciones.

Hecha esta reflexión, señor Presidente, creo indispensable entrar en uno de los dos aspectos en los cuales quiero dividir mi exposición y se refiere a la potestad constitucional que el Poder Ejecutivo tiene de formular observaciones a los proyectos de ley, que es incuestionable, sino a la forma en la que ejerce esta facultad.

Hemos podido observar de la lectura de las 93 observaciones, que el Poder Ejecutivo insiste en un procedimiento que nos parece profundamente equivocado, que nos parece violatorio de la esencia de la norma constitucional y que nos parece, además, tremendamente peligroso -¡esto sí peligroso!- para el funcionamiento correcto de la actividad legislativa.

El Poder Ejecutivo insiste en la tesis de que puede, por la vía de las observaciones a los proyectos de ley, ya no limitarse a lo que, a nuestro juicio, constituye la esencia del poder de veto, del poder de observación, o sea, la potestad de decir que no a determinada parte de un proyecto -en el caso de la observaciones parciales- sino que, además, propone textos sustitutivos, modificaciones por la vía de estos vetos. En algunos casos lo hace en forma bastante curiosa; por ejemplo, en el artículo 39 del proyecto, luego de decir que dicha disposición no le satisface por tal o cual razón, sugiere -repito la expresión: sugiere, del verbo sugerir- un texto sustitutivo.

Yo, señor Presidente, admito su perplejidad a la hora de tener que comunicar al Poder Ejecutivo lo que esta Asamblea resuelva, en el caso de que no se obtengan los votos suficientes para que esta observación sea levantada.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor legislador: no ponga en mi boca algo que he dicho.

SEÑOR STURLA. - Señor Presidente: usted es un distinguido parlamentario; por ello me dirijo a la mesa en un tono de cortesía y le ruego, en ara de la buena marcha del debate, que se limite a su conducción.

Digo, señor Presidente, que la Mesa, la Presidencia de la Asamblea General como órgano, se verá sometida a hondas perplejidades a la hora de comunicar el texto que en definitiva, resulte sancionado. Supongamos que no hay votos suficientes para que la Asamblea emita un pronunciamiento expreso en un sentido u otro, entonces, ¿debe la Presidencia de la Asamblea General entender que un texto sugerido, que es más o menos equivalente a un texto exhortado, rogado, pedido, pero nunca uno que tenga la imperatividad correspondiente, pueda ser promulgado?

Confieso que en la situación de la Presidencia de la Asamblea General -que el señor senador Batlle ocupa transitoriamente- no sabría qué hacer, como tampoco sé lo que va a hacer el Poder Ejecutivo -aunque lo presumo- como tampoco sé cómo van a actuar los ciudadanos de la República a la hora de tener que aplicar esta disposición y tenerla como ley.

Supongamos que la Mesa, en un acto a mi juicio equivocado, resuelve dar por bueno el texto sugerido, ¿es ley de la República, una vez obtenida su promulgación? ¿Una sugerencia del Poder Ejecutivo se transforma en norma jurídica imperativa? Dejo planteada esta duda, señor Presidente, para insistir en otros aspectos que hacen al tema de esta costumbre que ha adquirido el Poder Ejecutivo de proponer cambios de redacción.

En una de las disposiciones se sugiere cambiar un "en" por un "hasta"; se trata de un simple cambio de dos preposiciones, pero es más que evidente que el sentido no es el mismo. En consecuencia, pregunto ¿puede el Poder Ejecutivo cambiar, por la vía de su poder de formular observaciones, el sentido de una disposición? ¿A qué nos conduce este tipo de cosas? ¿No resulta demasiado difícil concluir que, de aceptarse este temperamento, el Poder Ejecutivo podría hacer, prácticamente, cualquier cosa en materia legislativa? Podría, por ejemplo -y sé que es razonar por el absurdo, pero, a veces, hay que hacerlo así para llegar a determinada conclusión- en un artículo sobre la capacidad de las personas, crear una exoneración tributaria, ya que a estar a la tesis que el Poder Ejecutivo sostiene, su potestad de veto no tiene límite. Puede legislar por vía de veto y nosotros creemos que no puede hacerlo, no por una simple expresión de deseo; creemos que no puede hacerlo porque la Constitución de la República regula meticulosamente el procedimiento de sanción y aprobación de las leyes y no puede introducirse, por la ventana, un mecanismo de legislar como es el de contar con los dos quintos de votos de la Asamblea General. Esto nos parece tan evidente, señor Presidente, que nos resistimos a aceptar que pueda sostenerse lo contrario, porque cuando la bancada del Partido Colorado nos anunció que no estaba dispuesta a levantar ningún veto, nos preguntamos -y lamento que no esté en Sala, por encontrarse con licencia- qué haría el señor senador Ricaldoni en esta emergencia cuando hace pocos meses sostuvo la tesis absolutamente contraria. También hizo lo mismo el señor diputado Lamas en esa ocasión, adhiriéndose a texto expreso a esta tesis.

Más allá de las opiniones siempre respetadas de estos dos distinguidos legisladores, creo que es el propio sentido común el que nos lleva a concluir que esto no puede hacerse en aras de un funcionamiento normal del Poder Legislativo, en aras de que la actividad de legislar no sea cualquier cosa, es decir, que legislemos nosotros, que vete el Poder Ejecutivo o que tome iniciativas. Sobre este tema también vamos a hablar.

SEÑOR RIJO. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR RIJO. - El señor diputado Sturla viene desarrollando una tesis que, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, no es nueva.

En ocasión del Presupuesto General de Gastos y de las Rendiciones de Cuentas, hubo varios señores legisladores, ya mencionados por el señor diputado Sturla, que defendieron la misma tesis. Si revisamos los anales parlamentarios del año 1957, que tenemos aquí a nuestra disposición -aunque no queremos extender esta interrupción- se verá que se polemiza este mismo punto por parte de los doctores Echegoyen, Bayley Muñoz y Dubra.

Allí queda de manifiesto que hubo muchos legisladores con profundos conocimientos del Derecho Constitucional y con antecedentes legislativos sumamente importantes que apoyaron esa tesis. Entre ellos omití mencionar al entonces representante Rodney Arismendi.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me concede una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en cuanto a la referencia a las tesis, que con respecto a este tema se desarrollaron en 1957, que acaba de realizar el señor legislador Rijo, queremos significar que, efectivamente, ocurrió así. Allí se manejaron dos posiciones: una, sostenida fundamentalmente por el ex-senador Echegoyen y, otra, por el entonces senador Bayley Muñoz.

Deseamos señalar que las circunstancias en que se manejaron dichas tesis, no son similares a las actuales, por cuanto allí de lo que se trataba era del hecho de que el Poder Ejecutivo había enviado un nuevo proyecto de ley a la Asamblea General. De este problema derivaron las posiciones que se manejaron.

El doctor Echegoyen, con su característica precisión en materia jurídica, sostuvo que el Poder Ejecutivo -en lo que tiene que ver con las observaciones en un proyecto de ley- solamente puede objetar u observar y ninguna otra cosa, como sería elaborar nuevas disposiciones o modificar las sanciones por el Poder Legislativo.

El doctor Bayley Muñoz, también haciendo uso de su enorme talento -cosa que nos adelantamos a reconocer- en una extensa exposición desarrolló la tesis de que el Poder Ejecutivo, al observar, podía dar explicaciones. Es decir, que la observación podía ser traducida en palabras. Sostuvo un argumento de tipo hermenéutico sobre las disposiciones constitucionales, sumamente elaborado. Pero nosotros creemos que la posición que en esa instancia manejó el doctor Echegoyen es la que más se ajusta a lo que dice y reclama la Constitución. Digo esto porque nuestra Carta únicamente habilita para observar y, como decía el doctor Echegoyen, el Poder Ejecutivo no puede pasar a la condición de único legislador, a través de la elaboración de un nuevo texto -me refiero al hecho de que el Poder Ejecutivo en el año 1957, elaboró un nuevo proyecto de ley- obviando el procedimiento legislativo común.

Quise traer esto a colación porque el debate que se produjo en esa ocasión fue muy ilustrativo. Las distintas posiciones se sostuvieron con mucha eficacia debido a la capacidad de los legisladores intervinientes en él. A pesar de que la situación no es similar a la presente, creo que igual es útil traerlo a la memoria en esta oportunidad.

Repito, y termino, que compartimos la tesis que en aquella ocasión manejó el doctor Echegoyen porque es la que más se acomoda a los requerimientos de nuestra Carta fundamental.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR STURLA. - Agradezco al señor legislador sus argumentos, que son los nuestros y, para redondear conceptos, digo ¿qué es lo que está en juego? ¿Un prurito jurídico constitucional, siempre respetable pero que en última instancia pudiera ser algo menor? Creo que no; que está en juego el principio cardinal de funcionamiento de este Cuerpo Legislativo, o sea, el del bicameralismo; que las leyes deben ser estudiadas y sancionadas por ambas Cámaras del Poder Legislativo. La única vez que la Constitución autoriza legislar a esta Asamblea General, requiere mayorías especialísimas de dos tercios para que pueda resolver en caso de desacuerdo entre ambas Cámaras.

Señor Presidente: aunque tengo miedo de que mi pedido tenga en saco roto, solicito al Partido Colorado que realice una reflexión serena sobre la peligrosidad que encierra este precedente. Actuar de esa forma hace que la ley termine siendo cualquier cosa, y también un mecanismo de inseguridad jurídica.

Repito que cualquiera de los interesados en estas disposiciones en las cuales se cambia de texto, podrá interponer el recurso ante la Suprema Corte de Justicia, planteando la inconstitucionalidad por razones formales. Recuerdo que cuando estudiábamos Derecho Constitucional era difícil percibir cuáles eran los casos de inconstitucionalidad por razones formales, y creo que éste es, precisamente, uno de los más típicos. Además, lo estamos viviendo en forma práctica.

Insisto en la peligrosidad de esta cuestión y agrego que, para el Partido Nacional, estas observaciones no están interpuestas, porque no son observaciones. No podemos considerar que este sea un ejercicio legítimo de la potestad del veto. En nuestra opinión, pues, dichas observaciones deben considerarse como no formuladas porque es el único tratamiento razonable que le podemos dar a esta expresión de voluntad del Poder Ejecutivo.

Cierro este capítulo, señor Presidente, porque los señores legisladores Aguirre y Santoro ya desarrollarán el tema.

De las 93 observaciones que interpone, el Poder Ejecutivo alega que hay inconstitucionalidad en 23 casos.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me concede una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR BOUZA. - Señor Presidente: como el señor legislador ha anunciado que pasa a otro capítulo de sus reflexiones con respecto a este problema, a esta altura del debate quisiera hacer algunas puntualizaciones con respecto a sus afirmaciones. Entiendo, además, que se ha expresado en una forma tan tajante que podría llevar a graves confusiones en lo que tiene que ver con esta norma que está a consideración de la Asamblea y su futura aplicación.

En primer lugar, el señor legislador Sturla ha dicho que entiende improcedente la posibilidad de que el Poder Ejecutivo plantee observaciones que supongan la modificación de los textos sancionados por el Parlamento; y en su interpretación llega al extremo de afirmar que, como a su juicio no estarían dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, no se podrían interponer dichas observaciones. Agregaba la posibilidad de interposición de un recurso de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, por vicio formal. Es decir, está adelantándose a un juicio que sin duda podrá pronunciar la Corte como único juez, dado que la Constitución le reserva esa facultad en exclusividad. Por lo tanto, adelantando estos juicios, el señor legislador también puede estar creando una incertidumbre con respecto a este tema.

En primer lugar, señor Presidente, deseo señalar que la doctrina ha aceptado, pacífica y tradicionalmente, la facultad del Poder Ejecutivo de proponer modificaciones en sus observaciones.

Saben los señores legisladores el prestigio que a lo largo del tiempo ha ganado el doctor Justino Jiménez de Aréchaga en su interpretación de la Constitución nacional y cuando él analiza el Capítulo que prevé la facultad de observación del Poder Ejecutivo, ni siquiera se pone a discutir el tema; da por absolutamente aceptado que dicho Poder puede proponer textos sustitutivos en el momento de formular objeciones.

Lo mismo hace el doctor Cassinelli Muñoz. Quizás, durante el desarrollo de este debate, pueda leer alguna de sus opiniones.

Si esta es una facultad pacíficamente admitida que está abonada, además, por múltiples antecedentes de normas que fueron observadas por éste y otros Poderes Ejecutivos que tuvieron la aceptación por parte de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que ésta era una disposición vigente y válida en nuestro Derecho, entiendo que no se puede adelantar una opinión tan temeraria anunciando una irregularidad de tal magnitud. Por el contrario, lo que ha sido aceptado es su regularidad jurídica.

En segundo lugar deseo manifestar que el señor legislador Sturla no puede expresar -a veces se hacen anuncios de afirmaciones que no encierran el real contenido de los hechos- que aquí estaríamos ante una instancia en que el Poder Ejecutivo legisla, ni tampoco atribuirle a éste de legislar por sí mismo.

Nuestra Constitución siempre prevé el pronunciamiento de la Asamblea General. Cuando existe una observación del Poder Ejecutivo, quien tiene la última palabra y decisión no es éste, sino la Asamblea General. Es ella, la que ahora está reunida, la que decide en definitiva cuál es el texto que adquirirá fuerza de ley. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de interponer observaciones y quien finalmente toma la decisión del contenido de la ley es la Asamblea General aceptando dichas observaciones o rechazándolas, tal como está previsto constitucionalmente.

Aquí, de ninguna manera está planteada la más remota posibilidad de que un proyecto pueda transformarse en ley a través de una decisión del Poder Ejecutivo. Por eso es que creo incorrecta la afirmación del señor legislador Sturla cuando dice que se está pretendiendo legislar por la vía del Poder Ejecutivo; quien va a legislar y decidir siempre va a ser el Poder Legislativo a través del pronunciamiento de su Asamblea General.

Entonces, éste es un pronunciamiento y, por tanto, el proyecto de ley observado es finalmente sancionado por el Poder Legislativo.

La tercera precisión que quería hacer en relación a las observaciones del señor legislador Sturla es que él afirma que estamos en presencia de una solución jurídica que va en contra de la tradicional prevista en nuestro Derecho constitucional del sistema bicameral, es decir, que existen dos Cámaras que deben pronunciarse sobre el mismo proyecto confluyendo ambas en la misma opinión al sancionarlo.

Sin embargo, el propio señor legislador Sturla señalaba que ya la Constitución previó una clara excepción a ese régimen, cuando en el artículo 135 frente a una oposición entre ambas Cámaras con referencia a un proyecto de ley habilita a que la Asamblea General, buscando una solución a ese conflicto, finalmente sancione un proyecto de ley distinto -como lo dice expresamente dicha disposición- y, en consecuencia, quede como texto definitivo algo que no es el resultado del análisis de las dos Cámaras sino del pronunciamiento unicameral de la Asamblea General.

Aquí estamos en presencia de un procedimiento similar. ¿Por qué tenemos que pensar que existe una excepción al principio de bicameralismo solamente en el artículo 135 y no la hay acá? ¿Dónde dice el constituyente otra cosa? ¿Por qué atribuirle a éste una intención que no ha expresado? Entiendo que si bien el principio del bicameralismo es la regla, la excepción está establecida, tanto en el caso de la contradicción entre las dos Cámaras como en la que se produce entre los dos Poderes que tienen facultad colegisladoras, es decir, el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

Quería adelantar estas reflexiones porque me parece que ciertas expresiones del señor legislador Sturla hechas al comienzo del debate formulando juicios tan temerarios con respecto a la situación que se plantea, no ayuda a la tranquilidad que debe reinar hoy, no sólo en la Asamblea, sino en todo el país en relación a estos temas, para sentir todos que estamos frente a una circunstancia jurídica y política que debemos resolver sin realizar afirmaciones excesivas que pueden crear en la opinión pública un ámbito de intranquilidad sino, por el contrario, que todos tenemos la obligación de contribuir a asegurar la tranquilidad pública en el cumplimiento más estricto de las normas constitucionales.

Entiendo que esto nos hará bien a nosotros y a todo el país.

Termino esta interrupción que quizás ha sido un poco extensa, señalando que cuando el señor legislador Sturla expresa que la bancada del Partido Colorado ha manifestado que se solidariza con las observaciones del Poder Ejecutivo y que no va a sumar sus votos a la pretensión de la oposición para levantarlas, ella es coherente con lo que ha sido la línea política de mi Partido a lo largo de estos dos años y medio de administración que, asegurando su unidad, le ha dado tranquilidad al país al tener una conducción firme y certera que va llevando la nave del Estado y el destino de la colectividad toda hacia un rumbo cierto.

En definitiva, que aquí estamos frente al resultado -así lo señalaba el señor legislador Sturla- que la ciudadanía quiso. Cuando ella emitió su voto en noviembre de 1984 y le dio al Partido Colorado la primera minoría, le confió el Poder Ejecutivo; y cuando le dio una representación parlamentaria suficiente como para impedir que la oposición sumada pudiera alcanzar los tres quintos de votos, también lo habilitó a que desde esta Asamblea General -contando con el Poder Ejecutivo y esta representación parlamentaria- estuviera en condiciones de impedir una actitud permanente de la oposición procurando imponerle a aquél un marco o soluciones legislativas que estuvieran en contradicción con sus orientaciones.

Todo eso ha ido ayudando a que el desarrollo de la actividad del gobierno y de esta Administración haya obtenido logros importantes y afirmaciones permanentes de convivencia democrática, de recuperación económica y de coherencia de gobierno. Creo que de todo eso -ustedes planteando la oposición y nosotros defendiendo el gobierno- tenemos que sentirnos tranquilos y orgullosos.

Hace pocos días oímos aquí en esta Sala al Presidente del gobierno español expresar su admiración en el sentido de cómo habíamos caminado. Creo que ese es un valor que todos tenemos que defender; nosotros en primer lugar, pero también la oposición con igual responsabilidad.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR STURLA. - Señor Presidente: antes de concederle la interrupción que me ha solicitado el señor legislador Aguirre, quiero manifestar dos o tres cosas.

La primera, sobre las reflexiones políticas respecto a la comunión entre el Poder Ejecutivo y el Partido Colorado a la cual el señor legislador Bouza ha hecho referencia. Sobre este punto me voy a referir más adelante; no dé mi silencio como respuesta y espere unos minutos.

Sobre las consideraciones de naturaleza jurídica que ha formulado el señor legislador, supongo que el señor legislador Aguirre, en su interrupción, hará referencia a ellas.

El señor legislador García Costa, con su particular sentido del humor, mientras el señor legislador Bouza expresaba sus conceptos citando a Jiménez de Aréchaga -mejor dicho, no citándolo- me agregaba que la tesis -y perdone el señor legislador García Costa que lo involucre- del señor legislador Bouza es que el que calla otorga. Esto es: como Justino Jiménez de Aréchaga nada dice sobre el tema de las potestades de observación del Poder Ejecutivo, de que puedan o no incluirse observaciones, entonces él se inclina por la de que efectivamente puede. Confieso que como interpretación jurídica esto es bastante novedoso.

También le digo al señor legislador Bouza que se ha apresurado a condenarme en costos, imputando de temeraria esa afirmación. Parece que lo temerario es decir que tal aspecto es un procedimiento inconstitucional, pero no, en cambio, hacer cosas inconstitucionales.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - No se la permito. Ahora estoy hablando yo.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se ruega no dialogar.

SEÑOR STURLA. - El señor legislador Bouza estuvo hablando 20 minutos, déjeme a mí hacerlo.

Esto de temeridades, señor Presidente, es un concepto sobre el cual también en algunos minutos vamos a insistir, es decir, sobre lo que son conductas, acciones y omisiones muy temerarias en las cuales, lamentablemente, ha incurrido el gobierno de la República.

Le concedo una interrupción al señor legislador Aguirre.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: le he solicitado una interrupción al señor legislador Sturla para referirme a dos o tres puntos.

En primer lugar creo que no puede considerarse riesgoso señalar en la Asamblea General, o en cualquiera de las Cámaras, que una disposición legislativa o una actitud del Poder Ejecutivo que está a consideración de los cuerpos parlamentarios es inconstitucional, porque ello significa adelantar un juicio que luego puede ser compartido por la Suprema Corte de Justicia. Todos los legisladores tenemos el deber de no sancionar, de no contribuir con nuestro voto y con nuestros juicios a que adquieran fuerza de ley disposiciones inconstitucionales en lo sustancial o en lo formal. Por lo tanto, si consideramos que un procedimiento o que el contenido de una disposición es inconstitucional, el momento en que lo tenemos que decir en cuando el tema se está deliberando y antes de que se vote y se cometa el error que cada legislador cree, desde su punto de vista, que se puede consumar. En consecuencia, no se puede sostener que eso implica cierto riesgo por el juicio o la impresión que se pueda crear en la opinión pública o en el órgano jurisdiccional que, constitucionalmente, es el encargado de conocer en esa materia.

En segundo lugar, aunque ya lo señaló el señor legislador Sturla, quiero decir que el doctor Justino Jiménez de Aréchaga jamás opinó, en los muchos volúmenes que dejó escritos, que el Poder Ejecutivo, por vía de vetos, puede proponer textos sustitutivos a la Asamblea General.

Tengo en mi poder el volumen correspondiente de la Constitución Nacional, tomo IV, dónde trata el punto el doctor Justino Jiménez de Aréchaga -páginas 187 a 202- y allí no hay una sola línea en la cuál el doctor Justino Jiménez de Aréchaga considere ese tema. En cambio, se extiende en dos puntos que se consideraron en el año 1920 extensamente y se refieren a las tesis sustentadas en aquel entonces -en mi concepto con total acierto- por el eminente jurisconsulto, del Partido Colorado, que fue el doctor José Espalter, quien sostenía que la Asamblea General no puede aprobar textos sustitutivos de los que en primera instancia había sancionado y enviado el Poder Ejecutivo.

No conozco, señor Presidente, la opinión del doctor Cassinelli Muñoz en esta materia. Si la hay, me gustaría que se leyera, para poder tener conocimiento de ello, porque se trata de un constitucionalista eminente y hoy, con referencia a otro aspecto, del problema, me voy a remitir a sus opiniones.

En tercer término, digo que el argumento del señor legislador Sturla sobre la violación del régimen bicameral -al que pensaba referirme más adelante en mi exposición- es incontrastable. Una de las tres reglas básicas que existen en nuestro sistema constitucional en materia de elaboración de las leyes es el principio bicameral. En función de él -y por expresas disposiciones constitucionales- ninguna norma puede adquirir fuerza de ley y ser promulgada por el Poder Ejecutivo si antes no ha sido estudiada, discutida y aprobada por la mayoría de cada Cámara, no de la Asamblea General. Esto es así en virtud del principio bicameral y, además, si no fuera así, se pueden violar todas las disposiciones constitucionales que requieren mayorías especiales en cada Cámara para sancionar las leyes. Esta fue la tesis que se sostuvo respecto de un veto -que pretendía aumentar la tasa de un impuesto o modificarlo- en el recordado debate al que hace minutos aludiendo el señor legislador Rijo, producido en la Asamblea General el 19 y 20 de diciembre del año 1957, con elocuencia y claridad incontrastables por el hoy senador Francisco Rodríguez Camusso. No se puede en la Asamblea General sancionar disposiciones que no han sido discutidas en ambas Cámaras y por consiguiente, en esta instancia no puede proponerlas el Poder Ejecutivo, porque ello viola el principio bicameral.

La referencia a la excepción contenida constitucionalmente en el artículo 135, por querer probar mucho, no prueba nada. Es decir, que esa es la excepción a la regla general y, como todos sabemos, las excepciones requieren textos expresos y son de interpretación estricta. Quiere decir que cuando hay discrepancias entre las dos Cámaras, la Constitución admite, por vía de excepción y mediando una mayoría especialísima de dos tercios de votos, que la Asamblea General modifique los textos originales y sancione uno nuevo; pero la Constitución no permite, porque esa excepción no está establecida a texto expreso, que con motivo de una consideración de vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo se sancionen nuevas normas que no han sido deliberadas y sancionadas en cada Cámara, sea porque las proponga el Poder Ejecutivo o la Asamblea General. Eso es claramente violatorio de la Constitución, porque no respeta el principio bicameral.

Muchas gracias por la interrupción, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Se la voy a conceder, señor legislador, en aras de la buena relación que tengo con usted, pero usted sabe que no debiera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Bouza.

SEÑOR BOUZA. - Señor Presidente: le agradezco al señor legislador Sturla, pero creo que su deber es el de habilitar un debate en el que estamos discutiendo e interviniendo todos y no torcer las interrupciones en alguna dirección. Su deber es habilitar a que todos podamos opinar.

SEÑOR STURLA. - Así lo he hecho, señor legislador.

SEÑOR BOUZA. - Entonces, el deber es concederla y no pensar que la obligación es negarla.

Se ha dicho por parte de los señores legisladores Sturla y Aguirre, que el doctor Jiménez de Aréchaga, en sus comentarios sobre la Constitución nacional, no hace referencia al tema de los textos sustitutivos propuestos por el Poder Ejecutivo en sus observaciones. Yo había adelantado esa opinión y, a los efectos de ahorrarle tiempo a la Asamblea General, no lo leí; pero, ahora, puedo hacerlo frente a la afirmación que se ha hecho en un sentido negativo.

El texto que figura en la página 192 del Tomo IV de la Constitución dice lo siguiente el doctor Jiménez de Aréchaga: "No se obtendría el resultado que la Constitución quiere, que es la cooperación intelectual entre los distintos órganos cuya actividad se conjuga para el cumplimiento de la función legislativa, si el Poder Ejecutivo remitiera el proyecto acompañado de enmiendas o de fórmulas sustitutivas, cuyo alcance no fuera explicado".

Es decir que el doctor Jiménez de Aréchaga parte de la base que es facultad del Poder Ejecutivo enviar observaciones con fórmulas sustitutivas, y se refiere a que, además debe remitir un mensaje fundado, cosa que ha hecho en forma muy explícita el Poder Ejecutivo en esta instancia.

Decía el señor legislador Aguirre que le interesaba conocer la opinión del doctor Cassinelli Muñoz; bien, el doctor Cassinelli Muñoz, en la Revista de Derecho Público, dice lo siguiente: "Si las observaciones se referían a determinados artículos proponiendo modificaciones o textos sustitutivos, el aprobar las observaciones quiere decir que el proyecto queda sancionado con las modificaciones que el Poder Ejecutivo consideraba conveniente".

Creo que alcanza con estas líneas, para comprender que ambos estudiosos del Derecho Constitucional parten de la base de que esta facultad está dentro de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo cuando hace ejercicio de la observación a que le habilita la Constitución de la República.

Termino expresando que si la Constitución ha previsto que el régimen bicameral se rompe cuando hay una discrepancia entre ambas Cámaras, y el artículo 135 termina diciendo que en la Asamblea General, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes, o aun aprobar otro nuevo, estamos ante la circunstancia de que no es necesario que exista siempre un proyecto que, en su camino de elaboración, venga con la intervención de ambas Cámaras.

Yo digo que en la Asamblea General puede surgir uno nuevo. En esta instancia, en la que el Poder Ejecutivo, a través del ejercicio de la facultad constitucional de la observación, le plantea a la Asamblea General un texto sustitutivo distinto, ésta, por medio de su pronunciamiento, del que emite a través de los procedimientos que establecen los artículos 138 y 139, puede sancionar otro texto distinto, y hacerlo con valor de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR RIJO. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR RIJO. - Para poner punto final a este debate técnico jurídico y de materia constitucional, citando el antecedente de la Asamblea General de 1957, donde se debatía un punto similar, con la participación de importantes legisladores, voy a leer lo que el señor Ministro de Hacienda de la época, decía: "Entonces, se me contestó por el doctor Jiménez de Aréchaga: ‘La Constitución no quiere cosas imposibles, no crea cosas imposibles. Aceptado que cabe el veto parcial de una parte de un artículo, no crea la imposibilidad de que no tenga salida, y como la Asamblea General tiene disposición expresa que no puede redactar, el Poder Ejecutivo debe mandar la redacción sustitutiva’. Admito que estamos en un plano opinable. Si la Asamblea cree que puede redactar, no es el Poder Ejecutivo quien va a venir a decir a la Asamblea que no puede redactar. La Asamblea resolverá. Se ha inclinado ante la decisión de la Asamblea. Pero quiero explicar cuál es la posición del Poder Ejecutivo: frente a la duda que pudiera plantearse de que la Asamblea dijera: ‘nosotros no podemos redactar’, y no siendo solución la del sí o la del no, el Poder Ejecutivo resolvió mandar el artículo sustitutivo, que es a lo que se refiere el senador Bove Arteaga. Ahora, dejamos el asunto planteado con total lealtad, en manos de la Asamblea, para que ésta, según su saber, tome el camino que crea. Declaro que la posición del Poder Ejecutivo, al enviar la redacción del artículo sustitutivo, fue adoptada previa consulta a los profesores de la materia. Vimos el problema, no pretendemos escamotearlo a la Asamblea. La Asamblea dirá ahora si debe votarse por sí o por no la redacción del Poder Ejecutivo, o si cree que puede redactarlo ella y, en ese caso, la Asamblea le dará redacción".

Creo que la lectura de este texto ratifica lo que los legisladores del Partido Colorado venimos sosteniendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR STURLA. - Voy a decir dos cosas, y concluyo sobre este aspecto de la cuestión, acerca de cual, seguramente, en el transcurso del debate, se volverá a hablar.

El señor legislador Bouza me hace recordar aquella escuela del Derecho, que surge allá por el Renacimiento. Todo el Derecho Romano, que constituye la base actual de nuestro ordenamiento jurídico en materia de Derecho Privado, fue recopilado en la época del Imperio Bizantino. Formaban parte de ese cuerpo jurídico, las obras, los comentarios de grandes juristas de la época clásica e imperial, que el señor legislador Bouza recuerda tan bien como yo: Gallo, Ulpiano. En el Renacimiento se empieza a recuperar todo eso, y surge una corriente de pensamiento jurídico, que se llamó Los Glosadores. Estos, ¿qué hacían? Tomaban frases, palabras pronunciadas por los juristas clásicos y, a partir de allí, construían teorías muy elaboradas, a quienes el Derecho contemporáneo tiene mucho que agradecerles, sin duda alguna.

El señor legislador Bouza se nos ha puesto "glosador", a esta altura, lo que no deja de resultar una experiencia intelectual interesante y estimulante.

Digo, además, que el razonamiento del señor legislador Bouza acerca de la excepción al principio del bicameralismo, que surge de la norma que autoriza a la Asamblea General a aprobar un proyecto nuevo por dos tercios de votos, es, efectivamente, una excepción. Pero, lo es en un sentido sustancialmente distinto a ésta que el Poder Ejecutivo pretende introducir por la vía de esta modalidad de observaciones.

¿Qué es lo que ocurre aquí? Aún no hay un texto sancionado por las Cámaras. La falta de acuerdo de la Asamblea General, una mayoría de dos tercios, determinará que no haya ley. En el mecanismo que el señor legislador Bouza sugiere, el principio del bicameralismo se violaría en una forma brutalmente no autorizada. ¿Por qué? Pues, porque bastaría un consentimiento tácito de la Asamblea General por el transcurso de los plazos correspondientes, para que los dos quintos de ésta determinaran la voluntad legislativa y transformaran en ley lo que el Poder Ejecutivo quiere.

Creo que hay una diferencia sustancial entre estas dos hipótesis, que el señor legislador Bouza, con su fina inteligencia, no dejará de percibir.

Quisiera pasar a otro tema, cosa que he intentado en varias oportunidades.

El Poder Ejecutivo sostiene que 23 disposiciones de esta Rendición de Cuentas son inconstitucionales y las impugna y observa en tal carácter.

Pienso que es relativamente fácil agraviar y decir: "¡Qué barbaridad, el Parlamento, en un proyecto de ley y en 23 ocasiones viola la Constitución!". Y yo me pregunto: ¿esto es así?

Con esto no quiero decir que en ningún caso el Poder Ejecutivo tenga razón pero, al respecto, quiero hacer tres puntualizaciones.

El Poder Ejecutivo sostiene que es inconstitucional que el Parlamento transforme determinados cargos de marineros o soldados en otros de cuidadores del Consejo del Niño. Establece que eso es crear cargos por vía indirecta. En mi opinión, esto no es inconstitucional.

Por otra parte, afirma que disponer la presupuestación de los funcionarios contratados también es inconstitucional, porque se están creando nuevos cargos. Creo que eso tampoco lo es.

Además -y este es el aspecto más desagradable de estas observaciones- en el final de la Rendición de Cuentas, en uno de los últimos artículos observados, se crean tres Comisiones Especiales para atender los 10.000 expedientes relativos a destituciones al amparo de la ley de Reposición de Destituidos. Esta Comisión, más allá de toda duda razonable, está absolutamente desbordada. La política seguida por el Poder Ejecutivo ha sido muy clara en el sentido de dificultar y obstruir el funcionamiento de esa Comisión Asesora. Y este es el aspecto más desagradable de estas observaciones. Al respecto, abundan los ejemplos. El señor legislador Martínez sabe perfectamente hasta qué punto ha persistido esa actitud.

El Parlamento no encuentra mejor remedio para esta situación -que, por otra parte, es bastante obvio- que crear tres comisiones que integrarán funcionarios públicos.

El Poder Ejecutivo no se anima a aprobar esto, pues quizá piense que se puedan estudiar en forma más rápida estos expedientes con las 10.000 destituciones. Entonces, ¿por qué mecanismo opta? Por el de sostener que al crearse tres comisiones -que van a ser atendidas por personas que habrá que pagarles- se van a aumentar los gastos, y eso es inconstitucional. Hubiera sido más fácil que se hubiera dicho la verdad, o sea, que no se quieren crear esas tres comisiones.

El otro aspecto insólito que contiene el Mensaje del Poder Ejecutivo es el siguiente: en determinado momento, dicho Poder da iniciativa a una disposición que carecía de ella. No sé si los señores legisladores han leído todo el Mensaje pero, en determinado momento, a la hora de observar, de interponer los vetos, el Poder Ejecutivo le da la iniciativa que según él le falta a una disposición. Fíjense que llegamos a la sublimación del problema. Para determinada disposición no había iniciativa y, en consecuencia, sería inconstitucional por violar las normas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Le da iniciativa. Observen de qué arma notable dispone ahora el Poder Ejecutivo: veta por inconstitucional lo que no le gusta; pero a lo que, según este Poder es inconstitucional, pero es de su agrado, le da iniciativa. Confieso que este mecanismo de legislar o colegislar -y en esto coincidirán conmigo los señores legisladores- resulta contrario al más elemental sentido común.

Además, si se da iniciativa a una exoneración relativa al Instituto Nacional de Vinos, ¿por qué no se procedió de la misma manera en lo referente a la creación de las tres comisiones sobre el tema de los destituidos, aunque se creyera que era inconstitucional? Lo mismo se puede decir respecto a la transformación de cargos de soldados a cuidadores del Consejo del Niño. Esto le hubiera costado muy poco al Poder Ejecutivo, aunque entendiera que era inconstitucional. Entonces, el tema no radica en la constitucionalidad o no, según la tesis del Poder Ejecutivo.

Pienso que el problema consiste en que al Poder Ejecutivo le agraden o no determinadas iniciativas. Si no son de su agrado, dice que son inconstitucionales y, si ocurre lo contrario, establece lo mismo pero, igualmente, les da su aprobación.

Confieso que si no se tratara de un tema tan grave, nos movería a risa.

Existen vetos que nadie sabe por qué se interponen; se veta la posibilidad de que se retenga a los afiliados a determinados organismos, parte del dinero cuyo destino es el pago de cuotas. Pienso que se veta porque sí. Esto me hace recordar a aquel viejo chiste de un anciano que estaba desfalleciente y proponía a sus futuros deudos que lo enterraran un minuto en la montaña y al siguiente en el valle, hasta que le preguntan: "¿Por qué, abuelo?", a lo que éste responde: "Por jorobar". Creo que en este caso ocurre lo mismo.

No sé cuál es el sentido de esto, ya que hay vetos que se inscriben en el absurdo. Se vetan las creaciones de cargos administrativos en el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, con un sólido conocimiento de su funcionamiento, entre los cargos que veta, están los de alguaciles. Puedo aceptar que el Poder Ejecutivo entienda que aquel Poder tiene demasiados cargos administrativos. Pienso que es su privilegio creerlo así, pero debería permitir que los juzgados funcionaran. Todo aquel que tiene un mínimo conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial, sabe que los alguaciles son imprescindibles y son tan importantes como los jueces. Este oficial de justicia es tan necesario como la propia creación de los juzgados. Sin embargo, por las dudas, el Ejecutivo veta este artículo.

En ese sentido, creo que existió una especie de manía ciega de borrar todo lo que pudiera tener una leve sombra de duda.

En fin, señor Presidente, son criterios, son conductas. Creo que estamos en la periferia de la cuestión.

Quisiera hacer algunas reflexiones sobre temas más trascendentes que éste. El fundamento sustancial que utiliza el Poder Ejecutivo para observar distintas disposiciones del proyecto sancionado, es el control del gasto público, o sea, no acrecentar un déficit ya abultado. Este control se quiere exhibir como un éxito de la política económica del Gobierno.

Algunos sectores de la oposición sostienen que hay dos concepciones económicas en juego. Yo pienso que esto es probable y, quizás, sean más de dos. También el Gobierno hace referencia al control del gasto público ya que la reducción progresiva del déficit resulta indispensable para una economía sana. Esto es cierto, señor Presidente. Sin un control severo de las finanzas del Estado, sin una reducción sustancial del déficit fiscal, difícilmente pueda existir una economía que funcione.

Pero yo me pregunto: ¿es que el Partido Nacional ha propuesto un despilfarro fiscal gigantesco? En ocasión de discutirse el Presupuesto Nacional en el año 1985, el Partido Nacional propuso impuestos para financiar todos y cada uno de los gastos que sugería aprobar; creo que por primera vez en la historia del país hizo esto un partido de oposición. El Gobierno no puede formular el más mínimo reproche a nuestra colectividad política en cuanto a ser dispendiosa con los dineros públicos; por el contrario: hemos actuado con una seriedad y severidad que nos enorgullecería si no fuera que se trata de cumplir con nuestro primer y más elemental deber.

Pienso que lo que aquí está en juego es algo más profundo que dos divisiones económicas del país; lo que está en juego son dos divisiones del país, pero no formuladas o elaboradas sobre un plano científico o racional. Si los señores legisladores me permiten la expresión, diré que están en juego dos sensaciones, dos formas sensitivas distintas en lo que respecta al país.

Creo, señor Presidente -y lo digo con dolor por todos los que habitamos en el Uruguay, porque no quisiera que así fuera- que el Gobierno parece precipitarse hacia un camino sin retorno, de soberbia y deshumanización creciente. El Gobierno parece estar convencido de su infabilidad, de que no puede equivocarse. Inclusive, así lo expresa; dice que todo marcha mucho mejor, que todo está bien tal como está, que no existe rectificación posible; no acepta cambios de rumbos ni observaciones y no admite que se le diga nada sobre lo que hace, porque todo está perfecto.

Pienso, señor Presidente, que a este Gobierno le está faltando algo que, por lo menos, a nuestro entender, es esencial a la actividad política; la asunción del dolor ajeno y de la tragedia colectiva que está viviendo el Uruguay. Cualquiera que recorre nuestra ciudad -como yo lo hago- puede ver el dolor a cada paso. No digo que esto no le importe al Gobierno -no voy a hacer esa imputación barata- pero tampoco se incluye entre sus prioridades; es evidente que estas cosas no figuran en los primeros planos. El dolor ajeno puede asumirse o no; el Poder Ejecutivo parece no haberlo asumido y es por eso que una y otra vez se producen episodios previsibles e indeseables, que mucho tememos que vuelvan a suscitarse y que no estaban en la óptica o en la perspectiva del Poder Ejecutivo, no estaban en su panorama vital. Pero, ¡claro! ¿¡cómo iban a estar si todo marcha bien y aquí no pasa nada!? Eso es lo que se dice, pero aquí suceden muchas cosas.

Sin duda, debe existir un punto de contacto entre lo que debe ser una política de contención del gasto público y la atención de situaciones que comprometen severamente la paz, la estabilidad y el propio crecimiento económico del país. Pero este Gobierno no ha alcanzado ese punto. Si lo hubiera hecho y fuera éste en el que hoy estamos, no valdría la pena vivir en este país. Si esto es todo lo que puede hacer por atender el dolor ajeno y la angustia de la gente, repito que no vale la pena vivir en el Uruguay; pero yo me resisto a creerlo, porque pienso lo contrario.

El Gobierno continúa viendo en los desocupados una cifra; en los menores del Consejo del Niño, una realidad lejana, ubicada más allá de su perspectiva diaria; sigue viendo en los policías -y esto hay que decirlo- a personas destinadas a la simple custodia del orden, más allá del drama social que padecen. Creo que así el país no va a salir adelante.

Quiero aclarar que nadie propone un país de jauja; el sacrificio es indispensable y nadie promete ni anuncia planes o proyectos que no impliquen ese sacrificio; pero para pedirlo a una comunidad tan castigada, es preciso comprender sus padecimientos, asumirlos y ofrecer una esperanza. Día tras días, el país va perdiendo la esperanza. No se trata de decir que todo marcha perfectamente bien; no se trata de hablar todos los días a través de la televisión; no es este abuso de demostraciones públicas lo que se quiere, sino lo otro. Pero, lamentablemente, estamos inmersos en este círculo.

¿Cuánto le cuesta al país su postración educativa? Pregunto esto con un doble sentido: ¿cuánto le sale desde el punto de vista del deterioro de la calidad de vida de su gente, pero también cuánto le sale en términos estrictamente económicos, si es que se me permite reducir este problema a una dimensión de este tipo? ¿Cuánto le cuesta al país -en términos económicos y pensando en lo que ocurrirá en el día de mañana- el no preparar correctamente a su gente? ¿Cuánto le cuesta no invertir debidamente en ella? ¿Cuánto le cuestan los hospitales en el estado en que se encuentran? ¿Existen respuestas para estas interrogantes? Me estoy convenciendo de que no existen.

Nuestra República ha vivido estos días episodios difíciles cuyo análisis y evaluación deberemos efectuar con calma, con la misma suprema prudencia que ha demostrado la oposición toda en el curso de esta semana. No es preciso decir lo que sería el Parlamento si estos episodios hubieran ocurrido hace 15 ó 20 años. La oposición toda ha actuado con una prudencia que la exalta y revela su espíritu patriótico; pero eso no significa callar ni dejar de expresar lo que se siente con respecto a algunos temas, especialmente cuando en el curso de estos días se han efectuado reclamos que desde esta misma banca habíamos anunciado, por lo menos en dos ocasiones, cuando al considerar la Rendición de Cuentas se nos advirtió y advertimos que iba a suceder lo que ocurrió. ¡Claro!, nadie nos creyó, porque todo estaba muy bien.

SEÑOR PASQUET. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR STURLA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Pasquet.

SEÑOR PASQUET. - Señor Presidente: no me propongo interrumpir por demasiado tiempo la exposición del señor legislador Sturla, pero él se refiere a algo que permanentemente reaparece en el debate político, que es, precisamente, un punto que se encuentra en el centro de lo que debe resolver el país en los tiempos cruciales que está viviendo; ese tema es el que todos los días nos está obligando a distinguir entre las intenciones y los instrumentos para la mejor realización de las mismas.

El señor legislador Sturla nos habla del dolor colectivo, y por cierto que lo hay, aunque no creo -y lo digo con la franqueza con que todos debemos expresarnos aquí- que el país viva una tragedia general. Pienso que cuando se dicen estas cosas, cuando se habla de tragedia colectiva, no se arriesga a suscitar una reacción emocional contraria en la población, porque quien expresa que hay dolor, tragedia y dificultades suele despertar reacciones de simpatía. En cambio, sí puede ocasionar reacciones contrarias quien niegue afirmaciones de ese tipo, pues será eventualmente acusado de insensibilidad, dureza o ceguera.

Asumiendo ese riesgo, debo decir que no creo que el país viva una tragedia colectiva; estimo que se ha ido demasiado lejos en la expresión y se ha incurrido en un tremendismo que no se ajusta a la realidad. Sé que hay gente que sufre, pero reitero que no creo que el país viva una tragedia colectiva. Por el contrario, estimo que hay algunos sectores de la población que han experimentado mejoras en sus condiciones de vida y otros que están trabajando con horizontes más amplios y más luminosos que los que tenían hace un tiempo.

Todo esto y es periférico y no esencial, pero me parece necesario señalarlo porque de lo contrario caeríamos en lo que nuestro distinguido visitante, el señor Presidente del gobierno español, Felipe González, denominaba ejercicios de autoflagelación. En este caso serían ejercicios colectivos que crean una imagen distorsionada de lo que es el país y que nos hacen sentir que estamos en el peor de los mundos posibles. Sin embargo, eso no es cierto, como tampoco lo es que estemos en el mejor de los mundos posibles; estamos en una realidad con claroscuros, con graves problemas, con personas que sufren, que tienen dificultades. Pero es una realidad que también tiene sus luces, sus esperanzas, sus logros, sus posibilidades. Esto no es así porque obedezca a una rareza de nuestro país ni de este momento; la vida es así, la vida tiene claroscuros. No es tragedia ni gloria permanente y creo que no es bueno pensar que es una tragedia y razonar a partir de allí.

La vida y los países presentan problemas y dificultades y es obligación de los gobernantes tratar de resolverlos. Por fortuna, desde hace mucho tiempo, este país ha entendido que debe tratar de solucionar sus problemas del modo que mejor convenga a las grandes mayorías. Considero que en materia de sensibilidad social el Uruguay, a través de sus mayorías, de sus partidos políticos, de sus sectores, tiene una dosis de sensibilidad colectiva que, me atrevo a decir, no es común, no es la regla en el resto del continente. Lo que a veces nos ha faltado ha sido la lucidez política en la gestión de gobierno para transformar esa sensibilidad en instrumento eficaz para realizar los ideales que buena parte de nosotros sustenta.

Creo que en las últimas décadas el país ha hecho una experiencia muy importante y dolorosa, que debe ser útil, en el sentido de que no basta con las buenas intenciones para transformar la realidad. Me permito exponer a la Asamblea General una experiencia que he vivido en estos días estudiando estos temas y que me ha resultado aleccionadora. Preparándome para esta sesión, sabiendo que se iba a fustigar al Poder Ejecutivo por la interposición de vetos, como ha sucedido tantas otras veces, me propuse averiguar -como seguramente lo habrán hecho varios miembros de este Cuerpo- cuántos vetos se habían interpuesto durante la gestión del segundo gobierno nacionalista. Fue un ejercicio interesante porque solicité la lista de estos vetos a "Información Legislativa", y me encontré con que entre 1963 y 1966, 38 proyectos de ley fueron devueltos con observaciones del Poder Ejecutivo a la Asamblea General. En estos dos años y medio de gobierno el Poder Ejecutivo ha observado aproximadamente 8 ó 9 proyectos, por lo que no creo que nos arrimemos siquiera a esos 38 que mencioné, de aquí al final de la legislatura. Pero no me interesa ahora insistir en argumentos de tipo político.

Luego leí alguno de esos proyectos observados. La mayor parte de ellos concedían, llamémosle genéricamente, "beneficios" a distintos sectores de la población: planes de vivienda para acá, horarios especiales para unos trabajadores, seguros sociales para otros. Y el Poder Ejecutivo contestaba, con preocupación y angustia, que el erario no podía responder a tales y cuales beneficios. Cuando por ejemplo el Parlamento votaba un nuevo aumento de sueldo a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo de la época -con todo respeto por esa institución y por el Poder Judicial- tenía que vetarlo porque el erario no podía hacerle frente. Estudiando estos proyectos me llevé la sorpresa de que en la gran mayoría de ellos -no me dio el tiempo de analizar los 38 casos, pero sí unos cuantos de ellos- al llegar a la Asamblea, ésta levantaba los vetos, muchas veces por unanimidad, porque aun los legisladores que se presume respaldaban las gestiones de la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno, dejaban sin efecto las observaciones del Poder Ejecutivo, en función de consideraciones que hacían, generalmente, a esa sensibilidad social que ahora retoma en su argumentación el señor legislador Sturla. En nombre de la sensibilidad, pues, se levantaban las observaciones y se aprobaban los proyectos que concedían beneficios a granel. Era el gobierno de la sensibilidad social.

Todos sabemos como terminó aquel período y aquella gestión de gobierno. El pueblo la juzgó en los comicios de 1966. Pero mucho más allá de todo eso, todos sabemos en qué terminó una etapa histórica que, por supuesto, no comenzó en 1959 sino que se remontó a mucho tiempo antes, pero continuó después. En ella, la única referencia permanente fue la sensibilidad social; dejó de juzgarse la idoneidad de los instrumentos que se empleaban para realizar los ideales proclamados y el país terminó en el estancamiento económico, en el despeñadero social, en las tensiones políticas y, finalmente, en el quebranto institucional. ¿Y hemos de echar en saco roto esa tan dolorosa experiencia o debemos preocuparnos, con lucidez y con rigor, para tratar que nuestra sensibilidad tenga un correlato claro, preciso y riguroso en los instrumentos que empleamos para consagrarla? No tengo dudas de que este último es el camino a emplear y que no es tanto la hora de proclamar ideales y sensibilidades que todos tenemos y compartimos como la de determinar cuáles son los instrumentos más apropiados para realizarlos.

En ese camino, me encuentro con las reflexiones que hacía hace unos días el señor Felipe González. Quizás los aumentos de sueldo atiendan inmediatamente a las razones de sensibilidad social, pero van a generar una inflación que no es de izquierda ni de derecha, como decía el gobernante español, y que en definitiva va a terminar flagelando a todos y sepultando las intenciones de hacer justicia social, como tantas veces proclamaron los partidos políticos en aquel período histórico a que hice referencia.

Los vetos que aquí estamos considerando recaen sobre una serie de normas que de ser aprobadas -lo dice el Mensaje del Poder Ejecutivo- elevarían el déficit de caja previsto para el Ejercicio de 1988 en un 45%, lo que lo llevaría a N$ 25.500:000.000, a precios de enero de 1987. Entonces, un aumento del déficit en un 45%, ¿es una cifra desdeñable? ¿Estamos hablando de migajas, de minucias, de unos pocos pesos más que la intransigencia gubernamental erige en obstáculo para un posible entendimiento? A mi juicio no es así; un 45% es, por cierto, un elemento muy importante que conspira contra cualquier estrategia antiinflacionaria. Tenemos que plantearnos estos temas. ¿En qué resultaría un impacto inflacionario brutal? ¿Contribuiría a resolver el dolor colectivo, la miseria social, o nos sumiría en el descalabro de la política económica?

Sobre este punto me interesan especialmente las reflexiones, no siempre compartibles, pero siempre inteligentes, del señor legislador Sturla, porque me consta que el sector político que integra es crítico de las políticas estatistas y proclama al respecto la necesidad de austeridad. Entonces, me gustaría saber cómo se compagina esa actitud con la impugnación genérica a las observaciones del Poder Ejecutivo, cuando ellas tienen por objeto evitar un aumento de un 45% en el déficit existente, con las consecuencias inflacionarias que acarrearía tal política.

En fin, creo que todos debemos realizar un examen riguroso de la congruencia de las intenciones y los ideales que proclamamos, con los instrumentos gubernativos y de política que ponemos en juego para alcanzarlos.

Formalmente pido excusas al señor legislador Sturla por la excesiva prolongación de esta interrupción.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Sturla.

SEÑOR STURLA. - El señor legislador Pasquet inicia su interrupción diciendo que no vivimos una tragedia colectiva. Pienso que ahí está el centro del problema: en la percepción de la realidad que cada uno tiene. Para nosotros es una, para el Poder Ejecutivo, en comunión con el Partido Colorado, es otra. Justamente ahí está la diferencia; se trata de apreciaciones y concepciones distintas sobre lo que está ocurriendo en el Uruguay. En nuestra opinión, ese es el quid del asunto.

El Partido Colorado cita permanentemente al señor Felipe González, transformándolo -según parece- en vocero de esa colectividad política. Me congratulo de que así sea, pues se trata de un destacado estadista europeo que vive la experiencia propia de su país, la que resuelve en la forma más adecuada, según su entender.

Sin embargo, cuando se comienza a citar permanentemente a una figura política, se la va transformando en el numen inspirador de las actitudes que se adoptan, de los pensamientos que se tienen y se dicen. En ese momento, uno empieza a dudar -perdóneseme el término- de la orfandad de ideas, de propuestas y de soluciones que se anuncian por otro lado o se dejan de anunciar. Creo que todos deberíamos ser un poco más prudentes a la hora de citar a este distinguido estadista que nos ha visitado hace unos pocos días.

Quiero precisar mis ideas por si no he sido claro.

Si alguna vez desde esta banca se proclama el despilfarro fiscal, que el Estado debe gastar y gastar, y se proponen una tras otra iniciativas demagógicas, el señor legislador Pasquet tendrá derecho a marcar responsabilidades, como cualquier otro señor legislador.

Insisto en el concepto que manejé anteriormente: la cuestión está en el punto de inflexión. Si el posible fuera éste, si lo que el Estado puede gastar en estos rubros es lo que ha invertido hasta ahora, si nada puede hacerse para lograr mejoras en ese sentido, entonces el país no vale la pena como tal.

He visitado hospitales y he recorrido las calles de la ciudad, como seguramente lo hacen otros señores legisladores, y he podido comprobar que, más allá de las cifras de la estadísticas y de lo que se quiera decir, es esa realidad constituye una tragedia colectiva que está comprometiendo al país. Me temo que la situación es mucho más grave de lo que el Poder Ejecutivo piensa e inclusive, más de lo que pensamos nosotros mismos. Eso nos alarma más que cualquier otra cosa.

Me parece que hay ejemplos que, aunque menores, vale la pena mencionar. El Poder Ejecutivo veta el artículo 104 del proyecto de Rendición de Cuentas que propone la estructuración de un plan de viviendas de emergencia para los funcionarios policiales y dice: "Se observa, totalmente, el artículo 104 del texto sancionado que comete la estructuración de un plan de viviendas de emergencia para los funcionarios policiales. Si bien el Poder Ejecutivo participa de la preocupación por los problemas de viviendas por lo que atraviesa el personal policial, los mismos afectan a otros sectores..."

Es decir que no se advertía, la situación que, en cuanto a la vivienda, atravesaba el personal policial, razón suficiente para hacer una distinción que justificara la creación de un plan especial a esos efectos. Se entendía que era similar a la que, lamentablemente, padecían otros sectores de la vida nacional. No se percibía que el personal policial, además de padecer los problemas de vivienda comunes a todos los uruguayos, soportaba la circunstancia especial de tener que convivir con los delincuentes, debido a que estaba obligado a habitar en las zonas marginales.

En el día de ayer, vimos con satisfacción que el señor Ministro del Interior firmó, junto con el señor Presidente del Banco Hipotecario, un plan de viviendas para los funcionarios policiales, al que se dio amplia difusión a través de los medios de prensa. Me pregunto cuál era la razón -que uno a veces piensa que puede llegar a ser mezquina- de vetar esta disposición por la que no se comprometía ni un peso. Simplemente se trataba de decir no en circunstancias que provocan gratuitamente irritación. Creo que en un país que atraviesa una situación tan difícil nadie tiene derecho a introducir motivos adicionales que provoquen irritación en la gente. Y este es sólo un ejemplo.

Termino diciendo que este gobierno, que fue electo por el voto libre de la ciudadanía, al que respetamos como corresponde -no puede ser de otra manera- fue electo bajo un lema, bajo una consigna que todos escuchamos hasta el cansancio y con el respeto que merecen las expresiones de todas las colectividades políticas. Hablaba del "cambio en paz" como propuesta gubernativa esencial. Ese cambio hace mucho tiempo que no se menciona. Parece que ahora se nos quiere comprometer también la paz, lo que es muy grave para la República.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR SANTORO. - Después de la brillante exposición realizada por el señor legislador Sturla, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Rendición de Cuentas, ni a llegar a conclusión alguna. Tampoco haremos razonamientos sobre cada uno de los vetos por cuanto estimamos que la exposición del señor legislador Sturla, puede interpretarse como la opinión del Partido Nacional.

En lugar de procede a ese tipo de consideraciones, tanto en el orden general como en el particular, trataremos de dar la imagen de la actitud que el Poder Ejecutivo adoptó en la emergencia, ingresando directamente al detalle de aquellas observaciones que, por muchas razones, tienen motivaciones y consecuencias que generan perplejidad y, en cierta manera, interrogantes.

Debemos señalar que las observaciones interpuestas son de todo tipo: por razones de conveniencia, de mérito, de legalidad y otras de legalidad y conveniencia.

Ya se han analizado parte de esas observaciones y en lo que hace a las relativas a la legalidad, nosotros nos adelantamos a compartir el criterio que oportunamente, en una interrupción, formulara el señor legislador Aguirre en el sentido de que no es competencia del Poder Ejecutivo determinar la legalidad, por cuanto sabemos que en ese aspecto ello corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Sí decimos que en el orden de la legalidad las observaciones alcanzaron un total de veinticuatro en un conjunto de noventa y tres, lo que está determinando en forma evidente una preocupación, una exquisitez, una rigurosidad por parte del Poder Ejecutivo, a los efectos de mantener el proyecto de Rendición de Cuentas dentro de la mayor pureza legal, es decir, dentro del orden jurídico y constitucional.

Ya el señor legislador Sturla ha marcado ciertas desviaciones de esa actitud por cuanto, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha formulado observaciones por carecer varias de las disposiciones, de acuerdo con lo afirmado, de la respectiva iniciativa de este Poder del Estado, procediendo, por tal razón a formular la correspondiente objeción. Pero en el caso de INAVI -Instituto Nacional de Vinos- ahí el Poder Ejecutivo se adelanta a formular iniciativa posteriormente, es decir, cuando ya el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras.

Lo cierto es que nosotros queremos particularizar nuestras expresiones en otro tipo de observaciones, que atañen al departamento que representamos tanto en el seno de la Cámara de Representantes como en el de la Asamblea General. Me refiero, concretamente, a la construcción de un hospital en la ciudad de Las Piedras.

Es sabido -y, brevemente, vamos a hacer la fundamentación- que Las Piedras, como ciudad, como zona sub-urbana y rural, constituye uno de los polos más poblados del país, con mayores particularidades, con distintas manifestaciones en los órdenes industrial, comercial y de producción -en este último rubro están comprendidos las granjas y los viñedos- y allí se ha generado un enorme problema social, aunque no es sólo de Canelones, sino del país entero. Naturalmente que influye también en esto el quiebre de algunos establecimientos industriales de la propia ciudad, de las zonas aledañas y de las villas cercanas. Uno de los elementos fundamentales y determinantes que habilitan soluciones para ese problema social concierne a todo lo que se relaciona con la necesidad de mantener una mano de obra ocupada -por distintas circunstancias, algunos establecimientos importantes han sido cerrados- y tiene que ver con la salud, elemento primario de toda sociedad. Las Piedras está profundamente alterada como consecuencia de la falta de un centro hospitalario adecuado a su importancia, a las exigencias del lugar y a los requerimientos de toda la sociedad que allí está establecida.

Sabido es que el Poder Ejecutivo en esta Rendición de Cuentas no formuló iniciativa para la construcción de un hospital en la ciudad de Las Piedras, pero sí lo había hecho, en la Rendición de Cuentas anterior, respecto de la construcción de un hospital en Canelones. Naturalmente que la referencia decía simplemente "Canelones", sin especificar que se trataba de la capital del departamento, pero así se entendió.

Quiere decir que ingresamos a la consideración de este tema con el reclamo de la población de Las Piedras y de sus zonas circundantes, esto, es, La Paz, Progreso, El Colorado, Canelón Chico, etcétera. Fue así que en ese fatigoso trajinar de la Rendición de Cuentas, en esa parsimonia acción que por los textos legales el Parlamento debe cumplir en el tratamiento de proyectos como éstos, se logró la incorporación de disposiciones con el fin de habilitar la construcción de un centro hospitalario en esta ciudad. De modo que el Poder Legislativo se hizo eco de esa reclamación multitudinaria, de una reclamación que no es de tinte político, que no atañe a determinados partidos o sectores partidarios, sino que es de toda la población, sin diferencia de clases o de orden social alguno. O sea que desde los productores rurales, pasando por los industriales, comerciantes, funcionarios o empleados, hasta aquéllos que carecen de la posibilidad de tener ocupación por falta de fuentes de trabajo, se reclamó la instalación del hospital. Fue así que se dio respuesta a ese reclamo fundamental. Se lograron, entonces, fórmulas que tenían la condición de ser habilitantes, esto es, que el hospital de Las Piedras pudiera alcanzar concreción dándose así satisfacción al reclamo de toda esta importante zona del país. Y a todo esto se le dio andamiento a través de dos disposiciones incorporadas en esta Rendición de Cuentas.

Una de ellas, la del artículo 208, incluyó cláusulas con el fin de que dicho centro hospitalario tuviera financiación. Para esto se tomó en consideración los proyectos de inversión que estaban contenidos en el planillado anexo a la Rendición de Cuentas y que estaban elaborados para ser ejecutados en los distintos Ejercicios con la correspondiente financiación. En ese aspecto, con modificaciones introducidas a nivel del Senado de la República, esta financiación para la construcción del hospital quedó determinada en una distribución, para los Ejercicios 1987-1988-1989, de N$ 200:000.000 para cada uno de estos años, a los efectos de cumplir con los fines previstos en otra disposición de la Rendición de Cuentas.

La otra disposición que hacía referencia a dicho centro hospitalario, contenida en el artículo 305 de este proyecto que estamos considerando, autoriza al Poder Ejecutivo a comprar un terreno y proceder a la ejecución de la implantación de una obra con destino a la creación del hospital de Las Piedras. Pero esto lo fija para el Ejercicio 1988, es decir, que elimina la posibilidad para el presente Ejercicio y nada dice para el de 1989.

No obstante, el Poder Ejecutivo, en razón de estas disposiciones, procede a vetar aquello que hacía al establecimiento de la financiación para la construcción de este hospital. Así lo hace cuando analiza el artículo 208 de este proyecto de ley, determinando que debe observarlo porque considera que la limitación anual establecida por su inciso 1º) se expresa por proyecto de inversión.

El Poder Ejecutivo dice que no es el caso de la situación que procura atender el inciso 3º y señala que con el concepto de la disposición, con el contenido de la norma proyectada se desaprovecharán N$ 200:000.000 por año, mientras transcurre el proceso de programación.

Luego, al final de la observación, como al pasar dice que cabe señalar que el artículo 71 del Mensaje del Poder Ejecutivo no contiene el financiamiento de la obra a que se refiere este inciso 3º del artículo 208. Es decir, que el Poder Ejecutivo no hace, en forma clara, expresa y concluyente una observación, pero sí señala que no contiene financiamiento. Dice que no hay iniciativa del Poder Ejecutivo. Primera constatación que queremos realizar: el Poder Ejecutivo procede a observar el financiamiento contenido en el artículo 208 y dice, además, repito, que no hay iniciativa de ese Poder.

Debemos comprender que esa es su preocupación, la base, el fundamento y la razón de la observación, aunque no lo dice.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo mantiene sin observar la norma contenida en el artículo 305, que hace referencia a la autorización -al Poder Ejecutivo- a incluir en el plan de inversiones del Ministerio de Salud Pública, en el Ejercicio 1988, la adquisición de un terreno y la ejecución de la implantación de obras con destino a la construcción del hospital de Las Piedras.

Segunda constatación: la autorización del Poder Ejecutivo queda vigente; una vez que se aprueben estas disposiciones estará en condiciones de incluir en el plan de inversiones del Ministerio de Salud Pública correspondiente al Ejercicio 1988, la adquisición de un terreno y la ejecución de implantación de las obras con destino a la construcción de un hospital en la ciudad de Las Piedras.

Pero esta norma contiene en su parte final una disposición que nos llena de perplejidad y a la que no alcanzamos a encontrar explicación, teniendo en cuenta la observación que se realiza en el artículo 208, que oportunamente hemos comentado. La parte final del artículo 305, cuando habla de la autorización al Poder Ejecutivo para adquirir el terreno y ejecutar las obras del hospital en Las Piedras, en el Ejercicio 1988, a través del Ministerio de Salud Pública, dice que los fondos a aplicar resultarán de lo establecido en el artículo 208 de la presente ley. Es decir, que el artículo 208 establece la financiación para los proyectos de inversión contenidos, como hemos explicado, en el planillado anexo a la presente Ley de Rendición de Cuentas, que se podrán ejecutar -según dice- hasta los fondos y por los ejercicios que se determinan.

Si allí estipulan las cantidades para los Ejercicios 1987, 1988 y 1989, determinando la forma de programar y de distribuir estas cantidades para los proyectos de inversión, y el artículo 208 fue observado por el Poder Ejecutivo en lo que corresponde a esa distribución para cada uno de los ejercicios, en la cantidad de N$ 200:000.000, que sería la financiación para la construcción del hospital, ¿qué es lo que ocurre, entonces? La norma dice -porque todavía está vigente, o en estudio parlamentario- con destino a los fines previstos en el artículo 305 de la presente ley. Ahora este artículo, que no fue vetado por el Poder Ejecutivo, determina, como ya lo hemos dicho, que la compra del terreno y la construcción del hospital se harán con los fondos que resulten de lo establecido en el artículo 208 de la presente ley. Entonces preguntamos: si se eliminaron esas partidas de N$ 200:000.000 ¿qué fondo existe para construir el hospital de Las Piedras? O mejor dicho: ¿existe realmente una observación del Poder Ejecutivo con la que elimina la posibilidad de la construcción del hospital en la ciudad de Las Piedras, o se mantiene vigente la alternativa de que sea construido?

Repito que en el artículo 305 el Poder Ejecutivo establece que los fondos a aplicarse resultarán de lo dispuesto en el 208 de la presente ley. Pero entonces, si como hemos dicho reiteradamente eliminó esa posibilidad ¿qué fondos quedan? Los relativos a los proyectos de inversión. De ahí nuestra interrogante que planteamos como duda, a efectos de que de alguna manera, en cualquier momento a través de la discusión de este tema se nos dé información en ese sentido.

Queremos saber si la compra del terreno y las partidas para la construcción del hospital de Las Piedras están incluidas dentro de las referidas a los proyectos de inversión, es decir, en estas cantidades de N$ 18.000:000.000 y fracción para 1987, de 19.000:000.000 y fracción para 1988 y de 20.000:000.000 y fracción para el año 1989.

Hacemos esta pregunta, porque creemos de fundamental importancia, a efectos de poder alcanzar una convicción al respecto, saber si en esas partidas están incluidos los fondos para la construcción de un hospital en la ciudad de Las Piedras.

SEÑOR CATALDI. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR CATALDI. - Señor Presidente: en la mañana de hoy, reunida la bancada del Partido Colorado, se planteó, fundamentalmente por parte de nuestros representantes del departamento de Canelones, la misma inquietud, yo diría que en los mismos términos en que la ha formulado el señor legislador Santoro.

Efectivamente, con el veto parcial del artículo 208, se elimina la disposición por la que se establecía la reserva de N$ 200:000.000 anuales que estarían destinados en los tres ejercicios ya citados, a la construcción del hospital de Las Piedras.

Una de las preguntas que formuló el señor legislador Santoro, interpretando el alcance y el contenido del artículo 305, se refería a de dónde iban a salir esos N$ 200:000.000 a partir de 1988 -y también en los años siguientes, según salga la próxima Rendición de Cuentas- si las cifras establecidas en el inciso 1º del artículo 208 corresponden al plan de obras. En consecuencia, habría que dejar sin ejecutar alguna obra para destinar parte de ese dinero a la construcción del hospital de Las Piedras.

Lo que debo decir, es que la solución, en definitiva, es la misma porque, lo que ha vetado el Poder Ejecutivo y que había agregado el Senado, es la parte que dice sin perjuicio de lo establecido necesariamente deberá contemplarse en dicha distribución -es decir, en las cifras a que dio lectura el señor legislador Santoro, para los años 1987, 1988 y 1989- la suma de N$ 200:000.000. Significa, que va a salir del mismo lado, porque el Ejecutivo no se contradice ni ha sido por inadvertencia que ha dejado sin vetar el artículo 305, porque en el inciso 2º -vetado- del artículo 208, hace referencia expresa a aquél. Entonces, necesariamente el Poder Ejecutivo ha mirado el artículo 305 y resolvió mantenerlo por entender que por su texto se habilita la posibilidad de que a partir de 1988 -y debemos recordar que el plan de inversiones prácticamente no tiene aplicación en el año que corre, dado que ya está concluyendo- se adquiera el terreno y se realice la implantación de obras con destino al hospital de Las Piedras.

Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero? Pues del mismo lado, de acuerdo a las disposiciones que votaron los señores senadores, tal como lo dice de manera expresa el inciso segundo del artículo 208.

Con esto quiero señalar, señor Presidente, que a nuestro entender la construcción de dicho hospital ha quedado autorizada, que los fondos necesarios se sacarán, a partir de 1988, de lo que establece el inciso 1º del artículo 208. Además, en la próxima Rendición de Cuentas tenemos la chance, como es usual, de reforzar el rubro en las cantidades que resulten necesarias para construir efectivamente ese hospital.

Esa es la interpretación que nosotros le damos, y como el señor legislador Santoro solicitó que quedara alguna constancia, hice estas manifestaciones en nombre de la colectividad política que integro y, fundamentalmente, en el de los representantes del Partido Colorado por el departamento de Canelones.

Agradezco al señor legislador Santoro la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: nosotros formulábamos algunas interrogantes, planteábamos nuestras dudas, porque realmente en la inteligencia de esta disposición y de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, nos resultaba difícil -posiblemente por no contar con la capacidad suficiente- llegar a una conclusión de carácter definitivo y cierto en el sentido de que efectivamente el hospital de la ciudad de Las Piedras se va a construir a partir de 1988.

El señor legislador Cataldi, con la autoridad que le da su condición de Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y de integrante distinguido y de enorme predicamento dentro de su sector político, ha afirmado ahora, en forma contundente, que el veto practicado por el Poder Ejecutivo en el artículo 208 no inhibe la certeza de que el hospital de la ciudad de Las Piedras se va a construir a partir del año 1988.

En ese sentido, manifestamos nuestra satisfacción -que debe ser la de toda la población de esa importante zona del país, constituida por Las Piedras y las áreas vecinas- de que se logre ese objetivo de la construcción de un hospital que va a contar con alrededor de 100 camas. El señor representante Varela, que está a mi lado, que es médico y que es hijo de esa ciudad, podrá rectificarme si me equivoco. Creemos, además, que de acuerdo con las técnicas modernas, seguramente podrá ser construido en un término no superior a los 20 o los 24 meses. Representará una enorme conquista, no solamente para la zona, sino para todo el país, en tanto su misión será la de preservar y cuidar un valor tan importante como la salud de la población.

Con respecto a la disposición del artículo 208 vetado por el Poder Ejecutivo -y entrando ya en la parte folklórica, digamos, de esta Rendición de Cuentas- queremos señalar -lo hicimos oportunamente pero lo reiteramos porque consideramos de importancia hacerlo- que cuando el citado Poder lo observa en su segunda parte manifiesta lo siguiente: "Finalmente cabe señalar que el artículo 71 del Mensaje del Poder Ejecutivo no contiene el financiamiento de la obra a que se refiere este inciso tercero del artículo 208". Sin perjuicio de eso, el artículo 305 que tampoco tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, permite, porque no lo observa, la financiación para la construcción del hospital en la ciudad de Las Piedras.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: quisiera colaborar en este debate referido al dramático problema del hospital de Las Piedras.

Por las disposiciones que se han aprobado en ambas Cámaras, se resuelve la construcción del Hospital de Las Piedras sin que para ello se haya contado con el Mensaje correspondiente del Poder Ejecutivo, quien se expresa a través de ellos en esta materia, por lo que deduzco que dicho Poder nunca quiso construirlo.

En esta Cámara de Representantes se incorporó una disposición que se limitó a señalar la voluntad de realizar esa obra, pero sin una financiación concreta; sin embargo, dicha norma no deja de ser legislativamente una expresión de voluntad importante. En el Senado, se agregó específicamente la concreta financiación de la obra, texto que hoy el Poder Ejecutivo veta mientras, se nos dice, en nombre del Partido Colorado y en particular de los representantes colorados de Canelones -en una actitud que no tenemos más remedio que calificar de elogiosa- que les parece interesante la construcción de un hospital en Las Piedras. Hasta la fecha, nadie nos había dicho que no lo fuera. El problema no radica en que al Poder Ejecutivo y al Partido Colorado les parezca útil y de recibo la idea, sino en construirlo. Y para ello, es obvio que no alcanza con la disposición programática del artículo 305, ni con las expresiones del señor legislador Cataldi, ni con la buena voluntad de los legisladores colorados por el departamento de Canelones; lo que se necesitan son fondos presupuestales concretos. Sin embargo, el único fondo concreto que el señor legislador Cataldi, en nombre de su Partido y, muy especialmente, en el de los representantes colorados por el departamento de Canelones nos anticipa es la buena voluntad que tendrá el Poder Ejecutivo el año que viene para construir el hospital de Las Piedras.

Todas las obras públicas, reitero exigen financiación; a ésta, específicamente la vetan. Felicitamos al señor legislador Cataldi, y a los señores representantes colorados por Canelones, por la tremenda buena voluntad que han puesto de manifiesto al señalar que si algún día a alguien se le ocurre construir un hospital en Las Piedras no estará pensando en realizar una mala obra, ni tampoco contraria al interés público. Pero con esas buenas intenciones solamente no lo logramos; si no hay fondos -y ellos estaban previstos en el proyecto y la manera de buscarlos no era inconstitucional, sino perfectamente constitucional- no habrá posibilidad de construirlo. Todas las obras públicas necesariamente están incluidas en el Plan de Obras presupuestal y deben ser por ende aprobadas por el Parlamento. A juzgar por las palabras del señor legislador Cataldi, el Poder Ejecutivo, o la bancada que integra, descubrieron que, sólo con buena voluntad, el año que viene van a llevar a cabo la obra de levantar un hospital en la ciudad de Las Piedras, aún cuando no se establezcan fondos en la ley para ese destino.

La observación -el veto- que interpone el Poder Ejecutivo es realmente calamitosa, afrentosa, diría, para el Parlamento. Justificar que veta esta norma que dispone fondos para el Hospital porque no está contemplada en el Plan de Obras significa, reitero, una afrenta para el Parlamento. El Plan de Obras de 1987 es por más de N$ 18.000:000.000 y así sucesivamente, año tras año se consignan cantidades similares, a las que naturalmente se le aplicarán los reajustes correspondientes de acuerdo con la inflación en esos años posteriores.

El texto legal en cuestión determina que de esa cifra el Poder Ejecutivo detraerá el 1.1% aproximadamente de esos N$ 18.000:000.000 para hacer el hospital de Las Piedras.

El señor legislador Cataldi nos dice que tal porcentaje puede implicar el retardo en la realización de otras obras públicas. Pues bien, retardémosla. ¿Qué cosa hay más prioritaria que atender la circunstancia de que 100.000 habitantes de este país no tengan un hospital?

Voy a mencionar algo que el señor legislador Cataldi, y los legisladores colorados del departamento de Canelones, no deben ignorar, con respecto al problema de los partos en la ciudad de Las Piedras. Las parturientas eran llevadas hasta hace un tiempo al Saint Bois, relativamente cerca de Las Piedras, que contaba con una sala y un servicio apropiados. Pero, actualmente, se ha suprimido y deben ser llevadas al Hospital Pereira Rossell. Si los señores legisladores analizan esta circunstancia del mismo modo que lo hice yo, seguramente concordarán que no es digno que 100.000 habitantes estén sometidos a esa aberración.

Si el señor legislador argumenta que para construir el hospital de Las Piedras vamos a retrasar el recapado de las Rutas 2 ó 3 ó 5 ó 26, o de la que se les ocurra, o retardar la terminación de alguna otra obra de gran envergadura vial o arquitectónica, le contesto que bienvenido sea ese retraso. Nadie se va a preocupar por eso, y todos debemos concordar que la trascendencia del emprendimiento que nos preocupa justifica con creces que rebajar en un 1% el total de los fondos de Obras Públicas es una lógica actitud.

Se nos dice que, aparte del veto, la intención de construir el hospital está en el proyecto; y la pregunta inmediata es ¿con qué? Entonces se nos contesta: dinero no hay; pero ¡estén tranquilos, en la próxima Rendición de Cuentas lo vamos a hacer!

En alguna oportunidad en el Parlamento se ha señalado que existe una alternativa y que aquí hay que hacer sólo el Hospital de Canelones. Hasta la fecha nadie me ha podido demostrar que en ese departamento no se pueden construir dos hospitales si dos hospitales se precisan. Se argumenta que se puede hacer uno solo; ése sí con iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero cuando además esa obra surge del Parlamento la decisión de construir un hospital en Las Piedras, en una iniciativa noble que nadie puede discutir, aparece el veto del Poder Ejecutivo, ¿por qué señor Presidente? ¡Se nos dice que para financiar la barbariedad que hemos ideado tomamos el volumen total de obras públicas y ejecutar y le hemos retraído el 1.1% para hacer el hospital de Las Piedras! ¡Qué tremendo error parece hemos hecho con una insignificante proporción que nada afecta! Tan grave, que ha llevado al Poder Ejecutivo a vetar.

Tengo la seguridad, señor Presidente, de que este episodio lamentable va a terminar como está propuesto, más allá de las declaraciones que realiza el señor diputado Cataldi en nombre del Partido Colorado y, especialmente, de los diputados del Partido Colorado del departamento de Canelones y supongo, también, de los señores senadores de ese departamento vinculados al Partido Colorado, ya que pienso que no hablará sólo por los diputados interesados, sino por otra gente que vive el problema muy directamente. Esa declaración la hace en nombre de todos.

Repito: descuento ha de terminar como se lo ha propuesto el Ejecutivo: se va a vetar, y van a construir el Hospital de Las Piedras cuando le parezca prudente al Poder Ejecutivo.

Digo al señor Presidente, a la bancada y a los diputados colorados del departamento de Canelones que el episodio del hospital de Las Piedras no terminará en este veto; existen formas legales y constitucionales de volver a insistir en el tema y lo vamos a hacer. No hablo sólo por mí, sino por la colectividad política del Partido Nacional, por la gente que precisa el hospital de Las Piedras, que no está dispuesta a aceptar que al Poder Ejecutivo le parezca, sin razón alguna, imprudente o inoportuno construir ese hospital, aun cuando la mayoría del Parlamento entienda y vote financiadamente que debe hacerse. Además, a los cinco diputados colorados de Canelones, al señor diputado Cataldi y a la bancada del Partido Colorado cuando llegue ese momento los vamos a invitar de nuevo, y de seguro que en esa oportunidad no han de preguntar a Casa de Gobierno cuál es el veto al que deben responder; van a ayudar a Las Piedras que realmente precisa ese hospital -como ellos saben que lo precisan- aunque piense distinto el Poder Ejecutivo. Hemos llegado al colmo, señor Presidente, de que una iniciativa, por más noble que sea por cuanto no proviene del "Santa Sanctorum" en razón suficiente para el veto.

En ese departamento siguen quedando 100.000 personas sin hospital -sin una sola sala de asistencia- condenadas a ello porque el Poder Ejecutivo no fue quien procuró la solución. Se vetará, se acompañará el veto y se nos informará -lo cual mucho agradecemos- que el Partido Colorado y los cinco diputados colorados del departamento de Canelones, no están en contra de la construcción del hospital de Las Piedras. No están en contra, ¡pero tampoco lo construyen!

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Santoro.

SEÑOR CATALDI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANTORO. - Voy a conceder, con el permiso de la mesa, interrupciones en forma colectiva a toda la bancada del Partido Colorado, fundamentalmente a los que representan a Canelones y al señor legislador Cigliuti, a quien se la otorgo en primer lugar.

SEÑOR BATLLE. - Creo que como ha sido aludido el señor legislador Cataldi, correspondería concedérsela en primer término.

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto se la concedo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR CATALDI. - Señor Presidente: las muy emocionadas palabras pronunciadas por el señor legislador García Costa me llevan a solicitarle que no me haga decir cosas que no he expresado. Creo haber manifestado exactamente lo contrario sin invocar a las parturientas ni a los 100.000 habitantes de Las Piedras, que nos preocupan tanto como el al señor legislador García Costa como al Partido Nacional.

La voluntad del Poder Ejecutivo -insisto en ello- está expresada en la mención del artículo 305 que establece, con total claridad, que a partir del Ejercicio 1988, se podrá incluir en el Plan de Inversiones del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", la adquisición de un terreno y la ejecución de la implantación de obras con destino a la construcción del hospital de Las Piedras.

También manifesté que no es diferente lo que expresa el inciso segundo de ese artículo de lo que ha hecho el Senado.

En consecuencia, si es una barbaridad de la que está horrorizado el Poder Ejecutivo porque se recurrió al 1.1%, mucho más lo es lo que hace el Poder Ejecutivo porque da un cheque en blanco, y no lo limita a doscientos millones de pesos.

En el inciso segundo se dice que los fondos a aplicarse resultarán de lo establecido en el artículo 208 de la presente ley. ¿Qué dice este artículo en su inciso primero? En él se establecen los montos del programa de obras, de donde habrán de sacarse los doscientos millones como dijeron en el Senado o quinientos millones, si fuera necesario, como lo dice el Poder Ejecutivo que no le pone límites.

Sé que es un tema de mucha importancia, para ambos partidos, el acreditarse la paternidad del hospital de Las Piedras; pero, por encima de todo sentimiento político debe admitirse que si el Poder Ejecutivo no hubiera querido que se construyera el hospital de Las Piedras le hubiese bastado con vetar el artículo 305, lo que no hizo. Simplemente limitó esos doscientos millones, en más o en menos, a partir de 1988.

Es cierto que agregué que si fuera necesario, seguramente estarían supeditados a la próxima Rendición de Cuentas.

En definitiva, dije -y lo digo sosteniendo- que lo que hizo el Senado limitando a doscientos millones en el inciso segundo del artículo 208, afectando las partidas globales de las obras determinadas en el artículo 71, no es tan generoso como la posición del Poder Ejecutivo que no le fija límite, porque si esa era su intención hubiese empleado otro mecanismo y no sostener que los fondos a aplicarse resultarán de lo establecido en el artículo 308 de la presente ley.

Por encima de todo espíritu discursivo y estados emotivos, repito que no se me haga decir lo que no expresé y se me permita leer el castellano claro -como está establecido en el artículo 305- y sostener que la posición del Poder Ejecutivo, sin limitar los doscientos millones, es mucho más generosa que el inciso que se agregó en el Senado que, en definitiva, es lo único que está vetando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Están concedidas interrupciones a los señores legisladores Cigliuti y Nión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: he permanecido en silencio durante esta discusión sobre el hospital de Las Piedras, que fue bastante debatida en la Comisión del Senado y en el Plenario.

Las explicaciones del señor legislador Cataldi, que ahora las ha repetido y aclarado, son suficientes para entender la forma en que en esta Rendición de Cuentas está previsto el comienzo de los trabajos del hospital de Las Piedras. Nunca fuimos contrarios a la erección de un hospital en Las Piedras.

El señor legislador Guerrero tiene la versión taquigráfica de una sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado en la que consta que fue a iniciativa de quien habla que se efectuó esa reunión, a la que asistieron los miembros del Comité Popular de Las Piedras para tratar con los señores Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Salud Pública la forma de preparar el trabajo parlamentario para iniciar las obras de este hospital. Tampoco hubo oposición entre la construcción del hospital de Canelones y el de Las Piedras. Lo expresé en Comisión y lo digo aquí que las dos obras son igualmente necesarias. Las Piedras no cuenta con un hospital y lo necesita, ya que tiene una zona de influencia extraordinariamente poblada. Canelones tiene un hospital que fue construido hace 50 años y no está en condiciones de poder prestar asistencia mínima, por lo tanto habría que demolerlo para levantar otro.

Además, su zona de influencia es tan numerosa y poblada como la de Las Piedras, colocado incluso más afuera de Montevideo.

El señor legislador García Costa dice que los recursos no están, pero el señor legislador Cataldi ha demostrado lo contrario. Lo que aquí se necesita es ver qué pasa el año que viene; si se hace o no este o aquel hospital. Estoy seguro de que los dos se van a construir. Creo, inclusive, que no se necesita prever dinero para conseguir el lugar donde se va a erigir el Hospital de Las Piedras, porque ese terreno quizá ya esté. Esto significa que todos nos movemos alrededor de la misma consigna y propósito. Es un error querer hacer de las diferencias una cuestión política de carácter menor; y, al mismo tiempo, sus bases son endebles. Nosotros nunca nos opusimos. Aquí hubo cambios de opiniones pero nunca hubo oposición por parte del Partido Colorado ni de sus legisladores. Yo no me molesto porque se produzcan intercambios de opiniones. Estoy de acuerdo que si se entiende que una cosa es mejor que la otra no debe importar a nadie rectificarse. Pero siempre hemos partido de la idea de que el esfuerzo debe hacerse para que los dos hospitales sean una realidad. Y esto se va a lograr con esta Rendición de Cuentas.

Además, señor Presidente, estamos de acuerdo con que se logre. Y yo, que respeto mucho los pronunciamientos populares, coincido con el que ha tenido lugar en Las Piedras; pero desde ya digo que no tiene ningún valor señalar que el Partido Nacional va a hacer esto o aquello, porque el Hospital de Las Piedras ya está ahí y sólo se necesita que la ley entre en vigor para que se inicie lo que ésta misma mande, es decir, los estudios acerca de la ubicación del terreno y para iniciar los proyectos tendientes a ver cómo se puede construir un hospital en Las Piedras, sin necesidad de una excitación política.

El señor legislador García Costa dice que el Partido Nacional no va a detenerse, ¡que no se detenga! ¡Tampoco nosotros vamos a detenernos! Además, nosotros no estamos persiguiendo ningún fin demagógico sino que queremos que haya un hospital en Canelones y otro en Las Piedras. Ahora vamos a mantener ese veto como antes votamos esa ley, porque los dos hospitales están previstos y se van a realizar. Es cierto que lo demás en este momento no tiene valor. Distinto hubiera sido haber tenido que optar, pero no tuvimos que hacerlo, porque desde el primer momento creímos correcto, procedente y justas estas dos soluciones.

Lamento tener que decir estas cosas porque no creo que la construcción de hospitales puedan ser obra de carácter político que permitan demagogias electorales sino que entiendo que lo que es necesario hay que hacerlo. Felizmente, estos dos hospitales se pueden construir. ¡Qué más orgullo para una persona nacida en el departamento de Canelones y que vive allí, que puedan llevarse a cabo este tipo de obras públicas! ¿Quién puede oponerse en el departamento a que haya dos hospitales?

En la actualidad, aunque el edificio existe, no hay hospital en Canelones. En Las Piedras, ni siquiera existe el edificio viejo. De modo que estamos ante una conquista. ¿De quién? De todos. Se trata del tipo de conquistas que se deben hacer para prestigiar a la democracia. No hay motivo alguno para pensar que alguien pueda oponerse a que se construyan obras públicas de ese carácter. Hay que hacerlas y se terminó. Esto no pertenece a colorados, blancos o frenteamplistas, se trata de lo que necesita la sociedad en que vivimos y con ese sentido se va a cumplir.

No espero, pues, conseguir otra cosa que la satisfacción de asistir por segunda vez en mi vida a la inauguración de un hospital en mi ciudad natal de Canelones; con el mismo fervor concurriré a la de Las Piedras.

Lo que prestigia la democracia es el cumplimiento del deber patriótico y cívico, que corresponde a toda la ciudadanía sin distinción de banderías políticas.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Santoro.

SEÑOR NION. - ¿Me concede una interrupción, señor legislador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR NION. - Señor Presidente: también quería decirle al señor legislador García Costa que vamos a apoyar la construcción del hospital de Las Piedras. Somos optimistas al respecto porque el Partido Colorado ya ha realizado obras sin contar con la correspondiente financiación. De modo que no hay meta que el Partido Colorado no logre cuando da su palabra, pone la cara y no da la espalda.

Como hombre de Canelones que no va a hacer política en Las Piedras vamos a apoyar su construcción porque se le requiere para las parturientas que hoy, lamentablemente, deben ir al hospital Pereira Rossell. ¿A cuántas mujeres ha sido necesario trasladar desde Tala, San Ramón y Migues, a 100 kilómetros de distancia, hasta el Pereira Rossell, el que por suerte ahora ha mejorado su nivel asistencial en la maternidad.

Como bien señaló el señor legislador Cataldi, el Partido Colorado va a apoyar la construcción del hospital de Las Piedras. Asimismo, apoyará al de Canelones así como todos los hospitales y policlínicas que se desee erigir en todo el territorio de la República.

El señor legislador Morelli, hace un rato, se me acercó a decirme, amigablemente: "Tienen que levantar este veto o van a hacer el hospital en el Tala". Me lo dijo en forma jocosa. En el Tala tenemos un gran hospital, aunque con algunas carencias. Claro que vamos a apoyar la construcción del hospital en Las Piedras; las obras comenzarán el año que viene y para que ello sea posible golpearemos todas las puertas. Se trata de una vieja aspiración de las fuerzas vivas de la ciudad de Las Piedras y si no me equivoco fue una antigua iniciativa de un gran hombre del Partido Colorado.

Vamos a propiciar la construcción del hospital, sin demagogia y sin banderías, porque sería muy triste jugar con las necesidades de los enfermos y las caras aspiraciones de la ciudadanía de esa localidad. Humildemente, con vigor y valor, vamos a propiciar, repito, esa construcción. Con ese objetivo vamos a dar la cara en cualquier lugar.

Señor Presidente: cuando se ponga la piedra fundamental, el señor legislador García Costa estará presente, porque esa obra será apoyada por todos los partidos políticos y las fuerzas vivas de Las Piedras y del departamento de Canelones.

Desde esta banca, en la que humildemente estamos sentados -muchas veces de paso- digo que a todos nos interesa que esta Rendición de Cuentas se apruebe para así poder aliviar los bolsillos de muchos empleados públicos y sería una forma de solucionar su angustiosa situación, aunque no sea en forma definitiva.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Santoro.

SEÑOR ROSSI PASINA. - ¿Me concede una interrupción, señor legislador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Vemos que por suerte, en este Parlamento, se han comprendido y se está hablando de las necesidades de la ciudad de Las Piedras. Se ha comenzado por el hospital y esperamos que se continúe con las otras obras que esta ciudad necesita.

Es una alegría para todos los que el viernes pasado participamos en la jornada cívica pedrense que tuvo lugar en dicha ciudad, donde se reclamó la construcción de un hospital. Nos alegramos, además, que tanto el Partido Colorado como el Nacional, que han rotado en el poder en distintas oportunidades, coincidan en esta ocasión en la necesidad de que se construya un hospital en la ciudad de Las Piedras, aspiración de toda su ciudadanía, sin distingo de banderías políticas.

Por lo tanto, esperamos que, a pesar del veto, con toda esa defensa eufórica que han realizado los legisladores del Partido Colorado como los del Partido Nacional, la construcción del hospital sea una realidad.

Esta es una obra que siempre se postergó alegando la proximidad de Las Piedras a la ciudad de Montevideo; además, porque se tuvo la ilusión de que el Musto, que se decía que iba a ser el hospital del Norte, sería la solución. Mientras tanto, Las Piedras ha contado solamente con una policlínica, sufriendo toda clase de carencias y teniendo que trasladar enfermos y parturientas en taxímetro por no contar con una ambulancia.

Nos alegramos, repito, de que quienes tienen el poder de decisión hayan aclarado que el año que viene se va a iniciar la construcción del hospital.

Recogemos las palabras del señor legislador Cigliuti en el sentido de que existe un excelente predio sobre la Ruta 5, que en un tiempo se destinó al Club de Fútbol Montevideo Wanderers, que pasó a propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por lo tanto, es de presumir que ése sea el lugar donde se construya el hospital de Las Piedras, no siendo necesario gastar dinero a los efectos de la adquisición de un área con tales fines.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR VARELA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador Santoro?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Varela.

SEÑOR VARELA. - El señor legislador Santoro en su exposición -brillante como las que suele realizar- plantea una duda razonable acerca de una deuda pública de gran envergadura y necesidad, no sólo para la ciudad de Las Piedras sino, también, para todo su entorno que comprende La Paz, Progreso, Colorado, Rincón del Colorado, Canelón Chico, etcétera. En realidad, se trata de 120.000 habitantes que tienen serios problemas al no contar con un centro hospitalario y tener que trasladarse, en forma permanente, hacia los centros de Salud Pública de Montevideo.

La duda que se planteaba el señor legislador Santoro es muy razonable, puesto que se preguntaba cómo era posible realizar una obra pública a través de un veto. Eso es lo que se nos está manifestando; se nos dice que, a pesar de vetarse los recursos, se puede construir este centro hospitalario que todos consideramos absolutamente imprescindible.

Nosotros, señor Presidente, tenemos la satisfacción de comprobar que el Poder Ejecutivo, a través de voceros altamente calificados, afirma -y así lo anuncia a la ciudadanía de Canelones, más precisamente a la de Las Piedras- que en el año 1988 empezará a construirse esta obra; pero, nos causa sorpresa y temor que, al mismo tiempo, manifieste que el dinero necesario para llevarla a cabo -cuya inclusión en la Rendición de Cuentas propiciaron los legisladores del Partido Nacional- no puede proporcionarlo por razones que serán atendibles para el Poder Ejecutivo pero que nosotros, así como la ciudadanía pedrense, no alcanzamos a comprender.

Reitero que es satisfactoria la posibilidad de la realización de ese hospital; sin embargo, es difícil confiar en la palabra del Poder Ejecutivo, porque al mismo tiempo expresa que los recursos indispensables para ello no están.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR CAPUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Caputi.

SEÑOR CAPUTI. - Pensamos que deben realizarse algunas puntualizaciones, pero procuraremos ser lo más breve posible.

En primer término, digo que no puede hablarse de paternidad al referirse a una obra pública de la importancia de un hospital para la ciudad de Las Piedras. En todo caso si existe una paternidad, es la del pueblo de esa localidad, que ha reclamado reiterada e insistentemente y con toda razón, la necesidad de un servicio sanitario más adecuado para los más de 100.000 habitantes de esa zona del departamento.

Por lo tanto, descartamos la intención de pequeña política que nadie, esperamos, puede tener aquí, atribuyéndose paternidades en cuanto a la concreción de esta obra que es fundamental para la salud pública del país.

En segundo lugar, no se agota con el hospital de Las Piedras y de Canelones las deficiencias sanitarias que dicho departamento y el país todo tienen en estos momentos, fundamentalmente a través de la falta de estructuras adecuadas en el Ministerio de Salud Pública.

Son pocas las concreciones que esta Rendición aporta a la Salud Pública con la sola inclusión de los recursos para la construcción del hospital de Las Piedras.

Lo dijimos durante su discusión y lo reiteramos ahora. A través de ella, el Poder Ejecutivo ratifica que para él la salud pública no es una prioridad porque los fondos que prevé son absolutamente insuficientes para resolver todas las carencias que la población tiene en ese sentido. El hospital de Las Piedras, no es el único que sufre esas falta de recursos que afecta a la salud pública y, particularmente, al departamento de Canelones.

En tercer lugar, señor Presidente, digo que nos asombra particularmente esta actitud del Poder Ejecutivo, porque nosotros estuvimos presentes en una reunión realizada en el mes de junio de este año a la cual asistieron el señor Ministro de Salud Pública, el señor Subsecretario, así como otros asesores y los integrantes de las Comisiones respectivas de ambas Cámaras y en donde la Comisión de Vecinos de Las Piedras planteó la necesidad imperiosa que tenía toda esa zona de un centro asistencial. El señor Ministro, además de establecer su acuerdo con dicha iniciativa, precisó que, lamentablemente, hasta ese momento no se habían logrado los recursos suficientes en la Rendición de Cuentas. Sin embargo, cuando ellos se consiguen, el Poder Ejecutivo con la firma del señor Ministro de Salud Pública veta las cantidades indispensables para la construcción de ese hospital.

Esperamos que en próximas instancias se pueda efectivizar esta posibilidad que abre el artículo que ha sido vetado por el Poder Ejecutivo; asimismo, también tenemos la esperanza de que se concreten todos los recursos indispensables para que, no solamente Las Piedras, sino el resto de Canelones y el país todo tengan los servicios de salud que realmente merecen. Eso exige voluntad política para que la salud sea una prioridad al igual que la enseñanza y otros servicios esenciales que, en estos momentos, lamentablemente están postergados.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Nosotros comenzamos por presentar nuestras excusas a la Presidencia por haber precedido a distribuir nuestro tiempo entre todos aquellos que nos solicitaban interrupciones; pero lo hacíamos con la finalidad de que todos pudieran realizar las manifestaciones que consideraran convenientes.

Después de esta extensa y ardua discusión con respecto a la construcción del hospital de la ciudad de Las Piedras, donde creímos que podíamos arribar a una conclusión de cierta claridad, debido a que teníamos la convicción de que el hospital estaba en condiciones de construirse, nuestras dudas se acrecientan por la sencilla razón de que si bien este artículo 305 autoriza al Poder Ejecutivo a incluir en el Plan de Inversiones del año 1988 correspondiente al Ministerio de Salud Pública la adquisición de un terreno y la ejecución de las obras del hospital de Las Piedras con los fondos establecidos en el artículo 208, advertimos que los fondos de esta disposición ya están distribuidos.

El mismo establece que las cantidades allí dispuestas son para los proyectos de inversión contenidos en el planillado anexo de la presente ley.

Entonces, queremos expresar que nuestras dudas han aumentado porque para la construcción del hospital deben dejarse de lado otras obras. Además de acrecentarse la duda, también tenemos que formular observaciones al veto en sí mismo, porque vemos que a través de esta manera de proceder a observar disposiciones proyectadas, el Poder Ejecutivo queda en la habilitación por sí -ya sin intervención, prácticamente, del Parlamento- a través de una autorización, a modificar planes de inversión y a sustituir una obra por otra.

No queremos ser más extensos en nuestras manifestaciones, señor Presidente. Luego de haber visto este florecimiento del espíritu canario a través de las manifestaciones de distintos legisladores, en las expresiones de legisladores no solamente de Canelones, sino también de senadores de nuestro Parlamento -uno de ellos originario de Canelones y otro, el señor legislador García Costa que no es de Canelones- realmente nos habilita y entusiasma para que, en algún momento podamos considerar en el seno del Parlamento algún proyecto por el cual a Canelones se le cambie su estatuto o condición de departamento, para constituirlo en otra conformación política, ya que lo merece. Por su población e importancia creo que eso ya debería estar dispuesto.

Para poner un tono un poco amable dentro de estos murmullos, de la celeridad con que debemos actuar, de la preocupación que todos tenemos para que esta Rendición de Cuentas tenga un rápido diligenciamiento en el seno de la Asamblea General, nosotros, ya somos veteranos en la actividad política y que tenemos ciertos derechos que surgen de años de vida y acción política, nos permitimos decir que si en algún momento tenemos la responsabilidad de algún cargo de gobierno, con capacidad de disposición tenga la seguridad, señor legislador Nión, que con mucho gusto lo nombraremos Ministro de Transporte y Obras Públicas, porque usted sabe hacer obras de financiamiento.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador Ríos.

SEÑOR RIOS. - Señor Presidente: creo que es indudable la trascendencia y expectativa que existe en torno a esta fase final del debate de la Rendición de Cuentas, donde particularmente me interesa expresar -como lo harán otros señores legisladores- lo más fehacientemente posible, la posición del Frente Amplio en cuanto a los vetos, pero que en definitiva es la postura que tuvo el Frente Amplio frente a todos los debates que han habido a nivel parlamentario en lo que refiere a la distribución del dinero público, a la financiación de ese gasto público donde obviamente tenemos un grado de confrontación permanente con los criterios que sustenta el Poder Ejecutivo.

Es difícil, señor Presidente, definir estos 93 vetos, este Mensaje que llegó a la Asamblea General, fundamentalmente porque el Poder Ejecutivo tiene un gran manejo y una posibilidad que le permite, por los medios de comunicación, prácticamente llegar a afirmar -como se ha hecho- de que con esto se estaba solucionando el problema de cien mil funcionarios y que, en definitiva, se buscaba disminuir el déficit fiscal y que, en los hechos, la actitud del Poder Ejecutivo era en bien del país, de los cien mil funcionarios públicos, y de los propios bolsillos de los contribuyentes de nuestro país.

Lo que importa, señor Presidente, es definir eso. Expresé en algún lugar que más allá de toda esa propaganda que hizo el Poder Ejecutivo en torno a estas 93 observaciones, es como un "streap tease" en vivo, es el Poder Ejecutivo desnudo ante la opinión pública. Esto es lo que nos interesa aclarar, porque no podemos estar efectuando juicios de este tipo sin tener elementos para sustentarlos.

(Ocupa la Presidencia el señor legislador Cersósimo)

-Incluso diría que es más que el Poder Ejecutivo desnudo; creo que es una radiografía y, yendo más allá de eso, es una tomografía computada de lo que representa la política económica del Poder Ejecutivo, su política social y de su sujeción a todos los condicionamientos que desde el exterior se le hacen al gasto del dinero público de este país.

Creo que también este Mensaje que ha llegado a la Asamblea General permite demostrar la incoherencia del Poder Ejecutivo ante la opinión pública, debido a lo que dice y confunde; permite, también demostrar sus contradicciones y por qué no la intransigencia e inflexibilidad que tiene para la negociación en aspectos que se relacionan con elementos básicos de la política económica del gobierno.

El Frente Amplio ha manifestado muchas veces que el carácter de esta política económica del Poder Ejecutivo es antipopular. En diversas oportunidades hemos denunciado a la intransigencia del Poder Ejecutivo y hemos insistido sobre los condicionamientos que existían en el manejo del dinero público. Creo que esto ya se ha expresado y está dibujado correctamente en este Mensaje que llegó a la Asamblea General.

Antes de llegar a lo que es nuestra intención -que es demostrar que lo que decimos se prueba fehacientemente con este Mensaje del Poder Ejecutivo- queremos efectuar una aclaración precisa y clara para la Asamblea General y, obviamente, también para la opinión pública que sigue este debate.

Este proyecto de Rendición de Cuentas -todavía proyecto- tuvo la posibilidad de ser ley hace más de un mes. Es decir que esos miles de funcionarios públicos a los que se refirió el contador Davrieux, en su conferencia de prensa, esas diferentes dependencias del Estado que se tambalean por la situación del año 1986, todos ellos, si hoy no ven contempladas sus diferentes situaciones, ha sido porque el Poder Ejecutivo en lugar de preferir la promulgación de una ley que salió de un debate que duró 195 días -los 105 días del debate del año 1986 y los 90 de la discusión parlamentaria de 1987- optó por estos vetos.

Así y todo, con negociaciones, con discusiones, con debates políticos, con consultas al Poder Ejecutivo, con mayorías democráticas se logra un proyecto de ley que podría haberse promulgado hace un mes. Entonces, todos esos ciudadanos, todas las dependencias del Estado, deben saber que si ello no es así, es por pura y exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que reincide con la política del veto. Esto lo debemos expresar, fundamentalmente, debido a algunas declaraciones públicas que se han hecho al respecto, en el sentido de que ahora es responsabilidad del Parlamento y que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver por la demora. ¡Si tendrá que ver este Poder Ejecutivo, cuando prometió públicamente, aquella noche de noviembre, en este mismo recinto de la Asamblea General, que asumía el compromiso de que en el mes de abril estaría pronto el Mensaje del Poder Ejecutivo, que en poco tiempo la Rendición de Cuentas de 1986 iba a sufrir las dificultades que, obviamente, generarían los sucesos de ese mismo año!

Debo expresar que son diferentes las sensaciones que causaron en la opinión pública, el conocer a través de la prensa y al filo del plazo constitucional, los noventa y tres vetos del Poder Ejecutivo. Eso ya generó una primera reacción. Además, ni siquiera se conocía el contenido de esos noventa y tres vetos.

Quienes tenemos la responsabilidad de participar en este debate, tuvimos otras sensaciones, cuando leímos los fundamentos sobre los cuales se basó el Poder Ejecutivo para efectuar las observaciones. Maneja aspectos jurídicos y constitucionales, sobre muchos de los cuales aquí se habló en forma clara. Se habla de conveniencias, y los fundamentos, dice el Poder Ejecutivo, "son para asegurar el mantenimiento de cierto nivel de déficit fiscal que no se puede sobrepasar", dice "que es para evitar que la deuda externa, tan controlada hasta ahora, aumente en términos reales, perjudicando el esfuerzo hecho hasta el presente".

El propio contador Davrieux pone el grito en el cielo porque las modificaciones introducidas en el Parlamento democrático significan un incremento de más de 40:000.000 de dólares. Es el mismo contador Davrieux, que en un debate, en este mismo recinto, avaló la compra de los bancos fundidos, en cuya operación se gastó mucho más que eso. Pero eso, para el contador Davrieux no significaba un incremento de déficit fiscal, no significaba el descontrol de esa deuda externa tan controlada. Tampoco significaban nada para el déficit fiscal -y ya no hablemos de los bancos- los U$S 200:000.000 por concepto solamente de intereses de esa misma deuda externa. Pero resulta que esos gastos, los intereses de la deuda y lo de los bancos, que tienen un destino muy específico, que todos los uruguayos saben que no eran ni para el Consejo del Niño, ni la Universidad, ni la enseñanza o la salud pública, ni para salarios de los funcionarios públicos, eso no genera inflación, no incrementa el déficit, no descontrola el supuesto control que tiene el Gobierno de la deuda externa. Sí perjudica los magros incrementos que se lograron para ciertos organismos del 220 de la Constitución; sí incrementa eso el hecho de que se haya logrado modificar la política tributaria en el sector combustible, con el consiguiente beneficio de amplios sectores productivos, pero en los hechos eso tampoco le sirve al Poder Ejecutivo. Tanto en el debate de la ley de presupuesto como en la propia discusión del año anterior de la frustrada Rendición de Cuentas, nosotros hemos dicho que estos aspectos, que son los elementos de conveniencia del Poder Ejecutivo -o sea, no son fundamentos jurídicos ni constitucionales- son las directivas que le imponen al país desde afuera, y que reiteradamente hemos leído en debates parlamentarios, y que es la famosa Carta Intención firmada por el gobierno uruguayo, donde se justifica el déficit fiscal; donde se habla de la contención del gasto público; donde se habla que los ajustes de los salarios de los funcionarios públicos deben hacerse cada cuatro meses y donde prácticamente están todos los elementos que hoy el Poder Ejecutivo, como tratando de demostrar su autonomía, su independencia, los coloca como de pluma y letra de los ejecutores de esta política económica, cuando en realidad es la repetición del documento firmado por el gobierno uruguayo con la banca acreedora extranjera.

Todo eso lo podemos medir en varias cosas. Voy a subrayar uno de los vetos. Podemos ver aquí el condicionamiento de este gobierno en el tema salarios de todos los funcionarios públicos. Con este ejemplo de este veto, también podemos ver lo que hemos afirmado: las incoherencias y contradicciones del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado. Me refiero al veto del artículo 23. Este es un artículo concertado y negociado en la Cámara de Representantes por el sector gremial de los trabajadores del Estado, por todas las bancadas y con el equipo económico del propio señor Ministro Zerbino, y con el asesoramiento que siempre es vital -fundamentalmente para llegar a decisiones- del contador Davrieux. El artículo que se votó en la Cámara de Representantes, fue redactado de puño y letra por un legislador del Partido Colorado, me refiero al señor representante Forteza. La verdad es que ese artículo no nos gustaba mucho, ya que significaba una modificación del artículo 6º de la ley de presupuesto, y le otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para conceder aumentos diferenciales, a efectos de equiparar a los sectores que están sumergidos.

Pero, ¿cuál era la virtud de ese artículo? En primer lugar, que el Poder Ejecutivo, el Partido Colorado, el señor Ministro Zerbino aceptaran esa fórmula y la votaran por la unanimidad de sus miembros y la apoyaran con la unanimidad de los integrantes de la Cámara de Senadores con una modificación gramatical que hizo un legislador del Partido Nacional en la Cámara Alta. Eso estaba demostrando que el Poder Ejecutivo, que el Partido Colorado, reconoce el producto del debate parlamentario, y lo que fue la movilización gremial en torno a la Rendición de Cuentas, es decir, que en este país los salarios de la Administración Pública no tienen un criterio general, no son homogéneos y que hay sectores que permanecen sumergidos.

Esta era la vía legal y constitucional que el Poder Ejecutivo, reconociendo el hecho y atendiendo la discusión política que durante 90 días transcurrió, tendría que utilizar a fin de dar al conjunto de los funcionarios públicos, en los ajustes cuatrimestrales correspondientes, un aumento diferencial. Pienso que debería haber tenido en cuenta a aquéllos que estaban sumergidos.

Esta solución que permitía resolver muchas situaciones, fue vetada por el Poder Ejecutivo. Obviamente, no existieron razones constitucionales, que resultan inexplicables, porque en el debate de la Comisión -que no fue muy amplio- los legisladores colorados no aclararon esta situación. Por lo tanto, nos quedamos con la duda de por qué se vetó el artículo 23 que, en el caso concreto de Salud Pública, constituía una de las pocas formas legales de que se disponía para resolver la situación salarial de los trabajadores de ese Ministerio.

SEÑOR FORTEZA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RIOS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR FORTEZA. - Señor Presidente: agradezco a mi amigo, el señor legislador Ríos, que me adjudique la paternidad de ese artículo. Aclaro que presté colaboración en la redacción del mismo, pero no soy yo el autor sino COFE. En conversaciones que mantuve con mis amigos de COFE, llegamos a determinar la fórmula que en ese momento me pareció adecuada, conveniente y justa. Reconozco que estaba tremendamente equivocado al pensar que podría resolver el problema. Lamentablemente lo único que se logró fue crear expectativas en todos aquellos sectores de la Administración Pública que, con razón o sin ella, pueden considerarse sumergidos. Esta expresión fue acuñada hace muchos años por un Ministro de Salud Pública; pienso que esta palabra es adecuada en muchas circunstancias.

A raíz de ello, ya han habido planteamientos de tipo gremial, movilizaciones, principios de huelga e interrupción del trabajo en algunas reparticiones, precisamente solicitando que se les diera un tratamiento diferencial por la vía de este artículo.

Repito que reconozco formalmente mi error y creo que todo aquello que tienda a crear expectativas es absolutamente inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Ríos.

SEÑOR RIOS. - Señor Presidente: debo decir que es saludable que en el Partido Colorado -que a mi juicio es un Partido poco o nada autocrítico, que viene a la Asamblea General a defender a rajatabla 93 observaciones, más allá de incoherencias y compromisos políticos- haya un señor legislador que reconozca que se equivocó, lo que no es muy habitual en este Parlamento. Para el Poder Ejecutivo y para el Partido Colorado siempre está todo bien. Y hoy el señor legislador Forteza reconoce el error, y al hacerlo así está dando el argumento que nosotros siempre afirmamos, o sea, que existen contradicciones e incoherencias. Esto lo manifestamos en base a datos objetivos.

La propia formulación del señor legislador Forteza sobre la no aceptación de la modificación al artículo 23 es coherente con la exigencia que se nos ha impuesto a fin de que tengamos una política salarial prudente en el sector público.

Entendemos que esto surge de una política de disminución del déficit fiscal, porque, existen compromisos que deben ser cumplidos en determinados plazos y ciertos porcentajes del Producto Bruto Interno. Entonces se reduce el déficit de cualquier manera, como por ejemplo, conteniendo los salarios o como es el caso de Salud Pública, no proveyendo las vacantes y ahorrando -como ocurrió en el Ejercicio 1986- alrededor de N$ 1.400:000.000 que serán destinados a Rentas Generales. Es decir que la reducción del déficit fiscal se hace también quitándoles la posibilidad a eventuales trabajadores de Salud Pública, que, como bien sabemos, la necesitan.

Pienso que no es razonable sacar del rubro sueldos esa cantidad de dinero para converger en un criterio o en un punto que el Poder Ejecutivo entienda coherente. Este lo que va a hacer es reducir el déficit fiscal conteniendo el salario público, no proveyendo vacantes, sin detenerse en las consecuencias sociales que resulten de esta política.

Los ejemplos de lo que he manifestado sobran. Me refiero a lo ocurrido en días pasados.

Más allá del hecho de que algún legislador colorado manifieste en el Parlamento que está preocupado por la situación de la gente que está pasando mal creo que a este Poder Ejecutivo no le interesan las consecuencias de su política social. Pienso que el tema no se soluciona viniendo al Parlamento a lamentarse, sino que debemos construir.

Un ejemplo muy claro es el del Consejo del Niño, que en este momento está en el tapete, por varias razones que seguramente va a motivar un debate parlamentario. Los hechos ocurridos en el Hogar Yaguarón, en la dependencia del departamento de Treinta y Tres, y otros que se sucedieron en el transcurso de este gobierno democrático, permiten afirmar que más allá de las intenciones de la política institucional del Poder Ejecutivo, siguen primando los factores represivos por encima de los asistenciales, educativos y preventivos.

En la Cámara de Representantes se votó una norma por la cual los docentes que trabajan en el Consejo del Niño ganarían lo mismo que un maestro de ANEP. Todos sabemos que los salarios que perciben los maestros de Enseñanza Primaria son indignos, pero el Parlamento creyó que ello significaba un pequeño aporte para que ese sector docente tuviera un estímulo en la labor educativa que realiza.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, con un criterio tecnocrático y burocrático, dice que no pueden equipararse los sueldos de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución con los de la Administración Central más allá de sus montos. Entonces, en el Senado se pierde esta conquista, al mismo tiempo que el señor Presidente de la República aterriza en helicóptero en la Colonia Berro, mostrando al Uruguay la remodelación de su pabellón de seguridad. Sobre eso se realizó una gran cobertura periodística, como diciendo: "este es el Consejo del Niño", "esta es la labor social del Gobierno". Pero eso es algo ínfimo; el Consejo del Niño es mucho más: es lo que ocurrió en el departamento de Treinta y Tres; son las cuatro niñas quemadas en el Hogar Yaguarón. Esa dramática situación que hoy sensibiliza la conciencia democrática del pueblo uruguayo no es un elemento para ser utilizado haciendo política menor, apareciendo el señor Presidente abrazado con niños que luego no tienen un maestro que les enseñe a leer y escribir a fin de poder reinsertarse en la sociedad al adquirir la mayoría de edad. Ningún maestro que percibe N$ 30.000 en la Enseñanza Primaria irá al Consejo del Niño, donde sólo ganará N$ 25.000.

A este extremo llegan las consecuencias de la política social que tiene el Poder Ejecutivo. Caeríamos en un error si expresáramos que el Poder Ejecutivo no tiene una política social; reconocemos que sí la tiene y es ésta, la que veta, la que amputa las conquistas en la Cámara de Senadores, la que utiliza realidades dramáticas generando gran expectativa al aparecer en los medios de comunicación, pero no muestra la verdadera realidad de estos organismos. El Gobierno hace esto en momentos en que se exhibe, durante varios días, un largometraje que analiza la gestión de este gobierno democrático y las perspectivas que existen. Sin embargo, en el mismo no se dice todo; todo lo bueno que se mostró no es así; de allí no surgen crudas realidades como la del Consejo del Niño; la de la enseñanza; la de que el 50% de la población de 15 años de este país ya abandonó el sistema educativo, la de que la deserción en la UTU, durante el año 1987, se calcula en un 70%; la de que está desapareciendo la escuela rural. Eso no existe en el país, es irreal y es invento nuestro; lo verdadero es lo que muestra el Poder Ejecutivo. Creo que estos vetos demuestran que lo que dice el Poder Ejecutivo no es lo real; la realidad social de este país es otra. Nosotros sabemos que el pueblo uruguayo no se va a contentar con esto. La imagen del Presidente de la República llegando en helicóptero a un organismo de las características de la Colonia Berro, como el Mesías que trae la salvación, puede ser dada un día, pero al segundo el pueblo uruguayo sentirá repudio al ver que se utiliza a la minoridad desprotegida de este país para hacer este tipo de operación política.

Creemos que la política social seguirá siendo así mientras el Poder Ejecutivo no adopte una actitud más flexible y el Partido Colorado no busque soluciones a los problemas que sus propios legisladores plantean en la media hora previa. El tema es "hacer", pero quienes instrumentan y ejecutan esta política económica están en Washington, en Europa o simplemente en su despacho del Ministerio de Economía y Finanzas, vetando toda ley que de alguna manera otorga beneficios a diversos sectores de la población.

Estos noventa y tres vetos también están mostrando que el Poder Ejecutivo sigue férreamente su condicionamiento, pues los pocos incrementos que se lograron para beneficiar a algunos sectores de funcionarios no fueron importantes; nominalmente creo, incluso, que fueron menores a los de aquel Presupuesto vetado de 1985. De todas formas, el Poder Ejecutivo barrió cada una de esas conquistas; algunas de ellas fueron propuestas en el Parlamento, pero otras surgieron como iniciativa de alguno de los Ministros del gabinete de gobierno.

Todo esto explica por qué no se aceptó, en esta Rendición de Cuentas la inclusión de la tabla de sueldos que pedía COFE, por qué se retrasa la ejecución de la reestructura que se supone que debe regir -porque está prevista y autorizada- desde el mes de abril del año pasado. También explica el lentísimo proceso de llenado de vacantes en cualquier organismo y por qué hay grandes dificultades en muchas dependencias públicas para ejecutar los rubros de gastos e inversiones, pues de esta forma, al final del Ejercicio, esas partidas vuelven a Rentas Generales, representando un ahorro que en definitiva contribuye al objetivo impuesto desde el exterior, que es el mantenimiento del Producto Bruto Interno y del déficit fiscal a ciertos niveles y en determinados porcentajes.

Quiero referirme ahora a la ANEP. Todos conocemos los salarios que perciben actualmente los maestros en nuestro país, a cuánto ascienden las partidas para alimentación que reciben los comedores escolares, cuál es la situación edilicia de todo el sistema educativo y cuáles son las dificultades materiales que se están sufriendo por el desmantelamiento de la UTU.

Para hablar del carácter de los salarios de los maestros, creo que no existe mejor patrón de referencia que el estudio y trabajo que hizo público el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, licenciado Fernández Faingold, en el que, de acuerdo a la franja en que se ubican, se trata de salarios definidos como indignos. Lo poco que logró el Parlamento para paliar esta situación fue arrasado por el Poder Ejecutivo, con un criterio que no tiene puntos intermedios, porque veta, hasta llegar a su posición. En esto no existen argumentos constitucionales ni jurídicos, sino el famoso argumento de la conveniencia, que se utiliza sobrepticiamente pero que en el fondo esconde el condicionamiento al que está sometida la política económica.

Quiero mencionar otro aspecto relativo a la ANEP, sobre el que también se interpuso un veto. En los últimos tiempos, se ha publicitado con gran intensidad el convenio entre el CODICEN y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el que se repararán y mantendrán edificios y locales que pertenecen al sistema educativo. Lógicamente, estoy en un todo de acuerdo con esto, porque es una forma de asegurar que este Ente tenga una ejecución razonable, a fin de que no llegue a la próxima Rendición de Cuentas con uno de los porcentajes de ejecución más bajo entre los organismos públicos, como ocurrió en el Ejercicio 1986.

Este es otro aspecto razonable y compartible. Pero el tema de la enseñanza pública y de su situación edilicia no se agota solamente en los convenios para reparaciones de locales escolares realizados con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si efectivamente existe una intención tan manifiesta que lleva a que se efectúe una intensa campaña publicitaria con respecto a esos convenios, el Poder Ejecutivo -y aquí lo llamo a la coherencia- tiene que buscar otros medios que vayan a la esencia del problema, que entiendo se resuelve dando a la ANEP la debida autonomía financiera para que pueda ejecutar su presupuesto de una manera más eficiente. Esa autonomía financiera le fue quitada al Ente por la dictadura y, en lo que va del período democrático, no le ha sido restituida debido a la actitud inflexible del Poder Ejecutivo.

Considero que los convenios son muy oportunos, pero antes debemos levantar los vetos y derogar aquellas normas que limitaron la autonomía financiera de este órgano, pues ese es uno de los factores que más incide en la imposibilidad de ejecutar su presupuesto.

Esto mismo es aplicable a la Universidad de la República. Aquí se lograron magros incrementos en medio de un despiadado ataque contra la Universidad, en el que intervinieron incluso notorios representantes del Partido de Gobierno. Ahora, se vetan esos magros incrementos así como la autonomía financiera, a pesar de que el Parlamento, creyendo que no iba a encontrar oposición y apelando fundamentalmente a la conciencia democrática de todos los sectores políticos, intentó derogar decretos-leyes de la dictadura. Sin embargo, el Poder Ejecutivo prefirió mantenerlos y limitar la autonomía de estos dos organismos. ¡Y después habla y dice lo que dice! Obviamente, después del 9 de setiembre dejó de hacerlo.

Lo mismo sucede con respecto a todos los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. El contador Davrieux expresó públicamente que el hecho de que se hubiera proyectado una extensión horaria de dos horas implicaba un aumento de sueldo. Se olvida, que se trata de un legítimo derecho a un incremento en las horas de labor que tienen los funcionarios de las diferentes dependencias correspondientes a ese artículo.

Para reiterar una vez más los juicios de valor que pronunciáramos al comienzo de nuestra exposición, nos vamos a referir ahora a los vetos a las modificaciones tributarias en cuanto a los combustibles. Cuando llegó la Rendición de Cuentas al Parlamento, con gran publicidad, el Poder Ejecutivo expresó que se iba a modificar la política fiscal de los combustibles, tanto del gas oil como del fuel oil. Se dijo que se iba a favorecer a sectores productivos. El Poder Ejecutivo hizo gala de una gran flexibilidad, pero la posterior discusión parlamentaria demostró que era una trampa, pues iba a significar una mayor recaudación fiscal para beneficio de un sector minoritario, y no esencialmente el productivo, sino para los grandes terratenientes conformados por esos 2.000 que hoy tributan el IRA. A partir del propio discurso del Partido Colorado, el Parlamento hizo justicia revirtiendo el planteo original del Poder Ejecutivo. Este tuvo que reconocer sus errores y estar de acuerdo con los datos y cifras que se manejaron en el debate parlamentario.

El Parlamento tuvo que optar: o favorecía a esos 2.000 terratenientes perjudicando al resto de los productores y al transporte urbano capitalino o buscaba una fórmula que beneficiara efectivamente a los sectores productivos o sea, al resto, a esos 48.000 medianos y pequeños productores. Intentó solucionar un aspecto que incide notoriamente en la sociedad, como es el costo del boleto del transporte urbano e interdepartamental. Actuó con total iniciativa, sin violar ningún precepto constitucional. Y eso que traducía en definitiva lo que había manifestado el Partido Colorado cuando anunció el mensaje de Rendición de Cuentas, también fue vetada por el Poder Ejecutivo, demostrando una vez más que con esta política económica no está dispuesto a hacer una inversión en las áreas sociales y productivas. Prefiere sí hacerla en la compra de los bancos fundidos o en el pago de los intereses de la deuda.

Creo, señor Presidente, que esto demuestra que en cada debate parlamentario estamos confrontando dos proyectos de país. En ese sentido, queremos puntualizar la coherencia con que ha actuado el Frente Amplio por cuanto hemos enfrentado permanentemente y en todos los planos la imposición de ese proyecto conservador que tiene el Partido Colorado. Cuando éste utilizó al Parlamento para avanzar en la profundización de su proyecto, el Frente Amplio tuvo una posición clara y coherente. Ahora todos dicen que la gente está pasando mal, pero nosotros ya lo hablamos cuando nuestra coalición votó negativamente, augurando las consecuencias de esas iniciativas en este ámbito tan particular donde el país centra sus expectativas.

Debo recordar que uno de los aspectos del tema salud pública es el relativo al hospital de Las Piedras. Tal como lo señaló el señor legislador Caputi, si en este punto es necesario levantar una bandera, ésta debe ser la de la población de Las Piedras, que lucha hace años por conseguir ese hospital. Pero éste no es el único ángulo del tema salud pública. También hubo un proyecto, incorporado a esta Rendición de Cuentas -que nosotros no votamos- sobre el que se efectuó mucha propaganda por parte del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, cuando el texto se discutió en la Cámara de Representantes, no obtuvimos respuesta a los variados cuestionamientos que realizamos. Los sectores que estaban de acuerdo con él, simplemente lo votaron, y esa fue toda la respuesta que obtuvimos para nuestras preguntas.

Si seguimos hablando de salud pública, debemos también hacer referencia a las enormes dificultades y desestímulos que tiene el ejercicio de las funciones en ese Ministerio en virtud de los magros ingresos que significan sus salarios. Ello genera ausentismo y deserción. Debo señalar que todos estos datos provienen de informaciones oficiales del propio Ministro de Salud Pública. Por esos motivos, en la Cámara de Representantes se votó un artículo que, coherentemente, el Frente Amplio acompañó también en el Senado aunque por medio de los votos del Partido Colorado y de algunos integrantes del Partido Nacional se amputó una de las más legítimas y justas conquistas logradas en el debate de la Cámara de Representantes. Corresponde señalar la gran incoherencia que existe, ya que el señor Ministro de Salud Pública estimuló la aprobación de ese artículo y los representantes del Partido Nacional que lo presentaron ante la Cámara de Representantes.

Por eso, cuando tenemos que hacer juicios políticos, e intentamos realizar un resumen de lo expuesto en esta breve intervención, debemos puntualizar lo siguiente. Hay dos proyectos de país y el Frente Amplio ha sido coherente en el enfrentamiento del proyecto del Partido Colorado. Hemos augurado situaciones que hoy se han mencionado y debemos reiterar que, en los hechos, ciertas leyes emanadas de este Parlamento han contribuido a ellas.

Lamentablemente, no prosperaron las negociaciones para levantar ninguno de los 93 vetos. Esta actitud del Poder Ejecutivo demuestra el argumento que expuse al comienzo: la inflexibilidad e intransigencia de dicho Poder. Nosotros pensábamos que se podrían levantar más de 30 vetos por el hecho de que se asumió un compromiso político, por la seriedad que creíamos tenía la bancada del Partido Colorado y porque pensábamos que dicha bancada está integrada por representantes nacionales, aunque aparentan ser representantes del equipo económico.

El Poder Ejecutivo no quiso levantar ninguno de los 93 vetos, ni los interpuestos a los artículos que los integrantes del gobierno votaron, ni los que ellos propusieron, ni los que redactaron con su puño y letra.

Dos legisladores del Partido Colorado quisieron justificar, durante la breve discusión en la Comisión, rasgando las vestiduras, la actitud asumida diciendo que se trataba de una decisión de bancada, que no había sido adoptada por el Poder Ejecutivo ni por el equipo económico. Sin embargo, nosotros pensamos que fue una decisión del equipo económico, la que la bancada acepta al igual que en otras oportunidades.

Entendemos que es una grosería que el Poder Ejecutivo no haya negociado el levantamiento de ni siquiera uno de esos 30 vetos. Por eso tratamos de buscar una imagen que se asemejara a la forma de actuar del Partido Colorado en estos casos en que intercede el Poder Ejecutivo. Entonces fue que recordamos la obra de García Márquez, "El otoño del patriarca", donde en determinado momento desaparece el Papa en ese país imaginario. Entonces, el personaje central da la orden de que vayan a buscarlo, que lo encuentren vivo o muerto, que lo traigan, y que si no lo encuentran lo traigan igual.

La bancada del Partido Colorado, sin importarle lo que votó ni lo que redactó, acata fielmente la orden. Por eso es que hablamos de inflexibilidad y de contradicciones del Poder Ejecutivo.

La decisión de la Mesa Política del Frente Amplio es apoyar el levantamiento de los 93 vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo al proyecto de Rendición de Cuentas aprobado por la mayoría democrática de este Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Tiene la palabra el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - A casi cuatro horas de iniciada esta sesión de la Asamblea General no sé si debo encarar mi exposición en la forma que tenía previsto, sobre todo después de haber escuchado importantes exposiciones, en el transcurso de las cuales se han vertido conceptos que en su gran mayoría podría suscribir.

No obstante, pesa en mi ánimo el hecho de que estamos considerando, nada más ni nada menos, que 93 observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a un proyecto de ley largamente estudiado y debatido en ambas Cámaras, a lo que deberíamos agregar- adhiriendo a algunas expresiones de oradores que me precedieron en el uso de la palabra- todo el proceso de discusión de la frustrada Rendición de Cuentas de 1985.

A pesar de lo impactante de la cantidad de vetos interpuestos, tengo la sensación de que la opinión pública todavía no ha percibido con claridad si realmente se trata de 93 inconstitucionalidades, de 93 excesos cometidos por el Poder Legislativo, lo que hace prácticamente inevitable que el Poder Ejecutivo nos corrija.

A esta situación han contribuido también interesadamente algunos órganos de prensa que nos obligaron a rebatir sus afirmaciones en defensa de lo que entendemos es un trabajo parlamentario serio y responsable, aunque por supuesto falible. Ahora se nos quiere mostrar que actuamos con un cierto dejo de irresponsabilidad o de frivolidad ante el tratamiento de algunos temas. Pero en materia presupuestal, las cosas no son tan lineales como parecen, y lo que puede servir para una ley cualquiera, tratándose de un tema tan importante, hay que andar con cuidado, sin simplismos, sin avasallar con el manejo de cifras que en sí mismas son impactantes.

Voy a intentar realizar un análisis más o menos pormenorizado de muchos de estos vetos que a primera vista pueden parecer debidamente fundados por parte del Poder Ejecutivo y que, a mi juicio, no lo son tanto. Con esto desmiento desde esta tribuna, algunas temerarias afirmaciones formuladas por el editorialista de un prestigioso semanario que se dio el lujo de asegurar que las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo eran, desde todo punto de vista, indiscutibles e inobjetables. Pienso que muy por el contrario, un gran número de ellas, si no una mayoría, son altamente discutibles, inclusive, algunas traen el estigma de la inconstitucionalidad, según el criterio del Poder Ejecutivo.

Comenzaré directamente por las cuestiones puntuales y luego, en el transcurso de la exposición, iré abordando los aspectos más generales de las fundamentaciones que el Poder Ejecutivo hace respecto de los 93 vetos.

Pienso, señor Presidente, que los murmullos deben dificultar enormemente el trabajo de los taquígrafos, por lo que me permito solicitar a la Mesa que llame la atención de los señores legisladores que están haciendo corrillos dentro de Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Se ruega a los señores legisladores guardar un poco de silencio; los murmullos existentes en Sala dificultan el desarrollo de la exposición que está realizando el señor legislador.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Gracias, señor Presidente.

Comenzaremos, entonces, por la observación que el Poder Ejecutivo formula al artículo 16 del proyecto de ley aprobado por el Parlamento.

Esta disposición es observada por inconstitucionalidad. Para ello se argumenta que es violatoria del artículo 86, inciso segundo, de la Carta. Sobre esta norma me voy a referir más adelante, pero por ahora admitamos que el inciso segundo de este artículo es de aplicación en leyes presupuestales. Aún así, se le observa porque crearía empleos; por su parte, lo votado por el Parlamento ordenaba la presupuestación de los funcionarios contratados en funciones permanentes, con más de tres años de antigüedad. En caso de que el inciso segundo del artículo 86 fuera de aplicación en las leyes presupuestales, es bueno señalar que aquí no se están creando empleos, que es de lo que habla la referida disposición. Sin embargo, aquí se trata de empleos creados hace ya mucho tiempo y tan es así que el Poder Ejecutivo le atribuye la calidad de permanentes.

Por otro lado, tampoco hay incremento de gastos, ni creación de vacantes. Es decir, que empleos, gastos y vacantes ya existen. Reitero que no se crean nuevos empleos. Entonces, ¿qué hacemos frente a una observación fundada en razones de constitucionalidad cuando es mal aplicada la norma? ¿Tomamos la observación por no formulada?

Se ha observado, además, el artículo 23, al que ya se ha hecho referencia expresamente. Al respecto, me permito señalar -a pesar de que su redactor se ha retractado y ha reconocido con lealtad frente a la Asamblea General, que no es bueno crear expectativas- que más allá de todas las argumentaciones que se han hecho -y que suscribo en cuanto a esta norma- hubiera permitido, entre otras cosas, superar algunas situaciones enojosas y delicadas, que incluso se han creado pocas horas atrás, sin apelar a artificios de ninguna especie.

Aquí el Poder Ejecutivo rechaza una atribución adicional que el Parlamento, por acuerdo de todos los partidos y organizaciones sindicales, le había conferido, como es el decretar aumentos diferenciales por encima de aquellos que tienen como fundamento la ley presupuestal y el ajuste por inflación.

Asimismo, se veta -a pesar de que el término exacto es observación y no veto; pero por éste nos entendemos todos- los artículos 35, 36, 37 y 38, observándose por añadidura la disposición 695. Estos lo son en razones de conveniencia.

Vale la pena señalar, muy rápidamente, que estas observaciones anulan completamente el objetivo perseguido, que no es sólo el del abatimiento del déficit y del gasto público, como argumenta el Poder Ejecutivo, y este efecto se produce a través de la eliminación de lo dispuesto por el artículo 38, inciso segundo. Esto es así porque al no existir prohibición para contrataciones de ningún tipo, se deja abierta la puerta de par en par para que se hagan todos los nombramientos que se deseen y de tal forma que pierde efecto el resto de la norma.

Aquí se buscó -por la casi unanimidad del Parlamento- un objetivo básico que era el de combatir la burocracia, el aparato burocrático hipertrofiado que tiene el Estado. A eso apuntaba la disposición original votada por la Cámara de Representantes y luego por la de Senadores; incluso, tuvo iniciativa de la bancada del Partido Colorado, o por lo menos de parte de ella.

Además, la modificación que se introduce al artículo 695 hace que se altere, en forma fundamental, el texto de lo que el Parlamento aprobó.

Al respecto, estaríamos un poco en aquellos artículos para los que el Poder Ejecutivo propone modificaciones y a los que se refería en el inciso de la sesión el señor legislador Sturla. No quiero pronunciarme sobre el fondo del asunto, en cuanto a si es o no constitucional que el Poder Ejecutivo, a través de los vetos, proponga modificaciones, entre otras cosas porque es conocido que nuestro compañero, el señor legislador Batalla, es de la opinión -no de ahora, sino desde mucho tiempo atrás; diría que desde hace aproximadamente quince años- de que las modificaciones son de recibo siempre y cuando no alteren, claro está, el sentido o quiten coherencia a lo que en su oportunidad discutió el Parlamento.

Pero este caso del artículo 695 tal vez quede fuera de dicha posibilidad, porque, a través de las modificaciones, altera realmente el sentido que el Parlamento quiso darle a la norma. De todos modos, simplemente lo apunto al pasar y expreso que es uno de los artículos vetados que caerían en esta categoría.

SEÑOR GRANUCCI. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR GRANUCCI. - Brevemente, señor Presidente, intentaré aclarar un poco el sentido de estos artículos y quizás también el de sus vetos.

El veto que introduce el Poder Ejecutivo al artículo 295 amplía, a mi juicio, el objetivo inicial que la norma perseguía, es decir, incluye fundamentalmente al Poder Ejecutivo en la disposición que establece que las vacantes de todo el Estado, como persona pública mayor, sólo podrán ser provistas con personal que ya es funcionario del Estado. Asimismo, expresa que ésta no es la intención que tuvo el Parlamento cuando aprobó la norma. Yo digo que quizás no sea la intención que tuvo el Parlamento cuando aprobó los artículos vetados -que actualmente son el artículo 35 y siguientes- pero sí obedece a la voluntad de quienes presentamos esta iniciativa en la Cámara de Representantes, donde toda esta serie de normas se gesta. Digo esto, en función de lo que manifestó el señor legislador Hierro López quien, en su momento, argumentaba a favor de una norma de esta naturaleza. El decía que existen excedentes de funcionarios que la Administración Pública tiene en los Escalafones administrativos y de servicios, los que, a su vez, están mal repartidos y que mucho mejor que ingresar otros en aquellos lugares en donde hacen falta, sería redistribuir los que ya tenemos. Inclusive, cita las normas de que dispone a estos efectos la Oficina Nacional del Servicio Civil. Aclaro que no voy a leer todo lo que el señor legislador Hierro López manifiesta al respecto, pero señalaré que expresa que ya hay aquí una legislación vigente, aprobada por el Parlamento -la Ley Especial de diciembre del año 1986- cuya reglamentación fue sancionada por el Poder Ejecutivo, donde se establece que la Oficina Nacional del Servicio Civil distribuye funcionarios entre los Poderes del Estado, la Administración Central y la descentralizada. Quiere decir que lo que aquí se busca es que haya una norma general que involucre a toda la Administración por la cual, al no ingresar funcionarios, los jerarcas de los servicios tendrán que reclamar, en caso de que deseen tener más funcionarios, el personal excedente en otras oficinas.

Esto significa que el artículo 695 confirma la voluntad original que tuvo un sector de la bancada del Partido Colorado, al introducir esta modificación. A su vez, ella coincide con el hecho de vetar las normas contenidas en los artículos 35 y siguientes, ya que su finalidad -más que seguir el criterio de carácter general que abarque a toda la Administración- era interrumpir la gestión específica del Poder Ejecutivo, circunscribiendo la norma de la imposibilidad del ingreso -que a su vez también era una forma de imposibilitar la redistribución interna- únicamente a dicho Poder y absurdamente al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, lo cual era injusto e inexplicable.

Por esta razón es que nosotros consideramos que los vetos a los artículos 35 y siguientes -así como la observación al artículo 695- coinciden con nuestra voluntad original.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Señor Presidente: acepto que esa era la intención original de los señores representantes de la Lista 85. De todas formas, no fue ésta la voluntad de la mayoría del Parlamento, que votó una norma diferente. Pero reitero que, en este conjunto de artículos que van desde el número 35 al 38 y el 695, lo importante es el veto al inciso 2º del artículo 38, porque al excluir de la prohibición a los cargos contratados -tanto eventuales como permanentes- de poco sirve que no se puedan llenar vacantes o nombrar funcionarios, porque se pueden presupuestar sin ningún límite en cuanto a su número.

También se observa, señor Presidente, el artículo 39 y se propone un texto sustitutivo que introduce un elemento de cierta importancia. Me refiero a aquel que elimina los méritos como elemento calificador. Desde luego que esta es una opinión y es discutible. Pero yo señalo, señor Presidente, que de quedar firme la observación, con el nuevo texto, en gran medida pierde efecto el artículo 280 de la ley y toda otra norma reglamentaria -sobre todo en el Ministerio de Salud Pública- referida a provisión de cargos técnicos. Aquí van a tener que llenarse los cargos técnicos por concurso puro y simple.

SEÑOR PASQUET. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR PASQUET. - Señor Presidente: dado que el señor legislador Melo Santa Marina se está refiriendo a las normas relativas al concurso, creo oportuno el momento para formular algún comentario al respecto.

Se ha dicho, e inclusive se ha escrito -lo vemos en la prensa de hoy- que las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que estamos considerando eliminan las normas que consagraban el concurso como requisito de ingreso a la Administración Pública. Se ha dicho y escrito que el Poder Ejecutivo, de alguna manera, borra con el codo lo que ha escrito con la mano, porque después de promover la reforma de la Administración Pública y la introducción de novedades en ese ámbito, luego, a la hora de la verdad, iría contra la voluntad anteriormente declarada y suprimiría lo que en algún momento propició o lo que impulsamos algunos de los integrantes de la bancada del Partido de Gobierno.

Quiero decir con total claridad que esto no es así y que las observaciones introducidas a las normas relativas al concurso, de ninguna manera quitan a éstas su efecto más importante, ni las desnaturalizan. Digo más; a mi juicio, alteran mucho más las normas sancionadas por la Cámara de Representantes, y las enmiendas introducidas en el Senado, que las observaciones que hace al texto el Poder Ejecutivo. Cuando éste observa parcialmente el artículo que disponía que los concursos debían ser de oposición en un caso y de oposición y mérito en otros, lo único que hace es volver a la fórmula originaria de la Cámara de Representantes, que no establecía que debía apelarse a estos procedimientos. En esta Cámara se entendió -y así lo entendimos los representantes de los distintos partidos que buscamos y obtuvimos un acuerdo sobre el punto fuera de la sesión en que la Cámara de Representantes lo trató- que era más acertado y prudente evitar una definición en el texto legal y cometer a la Oficina Nacional del Servicio Civil que definiera los mejores métodos y procedimientos técnicos para instrumentar todo lo relativo al concurso. Precisamente, esto es lo que queda en pie con las observaciones del Poder Ejecutivo. Se suprime la norma que establecía que los concursos debían ser preceptivamente de oposición y méritos, pero se mantiene aquella, que expresa que será la Oficina Nacional del Servicio Civil quien reglamentará la disposición.

De manera que en lo sustancial, lo relativo al ingreso por concurso a la Administración Pública, queda en pie y será ley a través de la aprobación de esta Rendición de Cuentas. Y si nos preocupaba -seguramente a todos- que esto no quedara en las palabras, en las proclamaciones, sino que fuera ley y que además se aplicara efectivamente, es positivo que el Poder Ejecutivo se comprometa con la iniciativa, por la vía de formularle algunas observaciones o enmiendas, porque de esa manera está asumiendo la responsabilidad de que esto se aplique rigurosamente, como era la voluntad de todos los que concurrimos con nuestro voto a la aprobación de las normas respectivas.

Entiendo, pues, que los cambios o las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo son menores -me atrevería a decir que hasta de detalle- que coinciden con lo que en su momento aprobó la Cámara de Representantes y que, lejos de ser un obstáculo en el camino de la consagración del requisito del concurso, son un paso más, en cuanto comprometen políticamente al poder administrador que, desde que formula sus observaciones, está asumiendo el compromiso de llevar adelante normas que se aprueban ahora con el concurso de su explícita voluntad.

Agradezco al señor legislador Melo Santa Marina la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Señor Presidente: coincido en gran medida con lo que acaba de exponer el señor legislador Pasquet, con quien además trabajamos en la redacción de estas normas, previamente a su consideración por parte de la Cámara de Representantes. Sin embargo, debo señalar que mi referencia a esta observación estaba motivada por lo que dije anteriormente en el sentido de que esta norma, tal como queda, anula, en mi concepto, el artículo 280 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, por cuanto los cargos técnicos en el Ministerio de Salud Pública ya no van a poder regirse por la modificación del artículo 15 de la Ley Nº 9.892, ya que lo harán por ésta del artículo 39, de lo cual -debo señalarlo- no me agravio.

Se observa también -ya se ha hecho mención a él- el artículo 104, que establecía la obligatoriedad de la existencia de un plan de viviendas de emergencia para los funcionarios policiales. Esta norma fue votada, en la Cámara de Representantes, prácticamente por unanimidad, con la sola excepción -en una segunda votación- de los señores representantes de la Lista 85, cuando advirtieron que podía significar una brecha en los planes generales del Banco Hipotecario del Uruguay. De todas formas, bastaron pocos días -horas, diría- para que el Poder Ejecutivo recurriera a artificios tales como considerar que los funcionarios policiales son ahorristas del citado banco y tratar de solucionar, de esa manera, las graves carencias de este personal en materia de vivienda, debido a sus bajos ingresos.

Por consiguiente, por un lado se veta una norma que disponía la apertura de un plan de emergencia y, por otro, el Ejecutivo se ve obligado a recurrir a fórmulas un tanto artificiales para solucionar el mismo problema que el Parlamento pretendió resolver.

Otra de las observaciones se refiere al artículo 139. Esta norma, largamente debatida por el Parlamento -figuraba en la primera Rendición de Cuentas y luego apareció durante la consideración de la Ley Presupuestal, en la frustrada Rendición de Cuentas de 1985 y nuevamente ahora- es la que se refiere a la suspensión, por determinado período, de las limitaciones existentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores por razones de edad, para acceder a determinadas posiciones en el Escalafón del Servicio Exterior.

Con respecto a este artículo y a la observación interpuesta, habría que formular algunas precisiones. En primer lugar, debo señalar que no son estos funcionarios quienes crearían una discriminación injustificada. A mi juicio, la discriminación está dada por el propio Decreto-Ley Nº 14.206, en vigencia, y no vacilo en calificarla de inconstitucional, por cuanto establece normas que la Constitución no autoriza. Por otra parte, nos introduce en un camino muy peligroso: si aceptamos discriminaciones por cuestiones de edad, mañana se nos podrá reclamar otras, referidas al sexo, a la raza, etcétera.

En segundo término, de prosperar esta observación, este veto que es total, para un pequeño grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores perseguidos por la dictadura, no regirían los derechos que otorgó a éstos la Ley Nº 15.783. Simplemente, sería letra muerta para ellos.

En tercer lugar, no es procedente, a mi juicio, la comparación entre aquellos que fueron destituidos o redistribuidos por sus ideas políticas por el régimen de facto y los que hicieron buena letra con la dictadura y continuaron haciendo carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se observa también el artículo 140, por razones de inconstitucionalidad. Y nuevamente aparece aquí el inciso segundo del artículo 86. Entiendo que aún aceptando que esta norma constitucional sea aplicable a una ley presupuestal, la observación no es de recibo. El artículo observado refiere a fondos ya previstos en la Ley Presupuestal. Eso, en el primer caso.

Se hace referencia, inclusive, a la Ley Nº 15.809 que crea fondos, a los cuales se recurre y, por otro lado, se utilizan también excedentes de un determinado renglón presupuestal, de forma que aquí no se están estableciendo gastos nuevos ni, por supuesto, aumentando gastos, sino utilizando recursos que ya la ley presupuestal tiene previstos.

Frente a este tipo de observaciones que se interponen aduciendo inconstitucionalidad, ¿qué es lo que debe hacer la Asamblea General? Por supuesto que algo es lo que estamos tratando de hacer en este momento: cuestionar el fundamento que utiliza el Poder Ejecutivo porque, a nuestro juicio, no corresponde. Pero, evidentemente, hay muchas otras formas que esta simple aclaración que dejo establecida en la versión taquigráfica de esta Asamblea General.

En primer lugar, ¿se tiene o no por interpuesta la observación? Ni que hablar que para ciertos editorialistas esto no sólo es discutible, sino muy discutible.

Otro aspecto al que quiero referirme, señor Presidente, paradójicamente no es una observación. Es aquello que tiene que ver con el artículo 155 a lo que ya se refirió otro señor legislador que me precedió en el uso de la palabra. En este caso, quien incurre en inconstitucionalidad es el Poder Ejecutivo porque pretende convalidar una norma que requería preceptivamente iniciativa de ese Poder para lo que la envía ahora o más bien pretende, a través de este Mensaje, del 14 de octubre, darle iniciativa, cuando ella no fue enviada en tiempo y forma.

El artículo 219 de la Constitución establece, muy claramente, que "sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos, en el caso exclusivo del Proyecto de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara".

De manera que se trata de una evidente inconstitucionalidad pretender que resulte un mensaje complementario para una ley de Rendición de Cuentas la oportunidad de interponerle vetos.

Entonces, desde aquí le devolvemos la pelota: quien incurre en inconstitucionalidad, y en este caso muy clara, es el Poder Ejecutivo.

Estoy tratando de evitar formular algunos comentarios, no sólo porque a determinados artículos ya se refirieron otros señores legisladores, sino porque...

SEÑOR FRANCOLINO. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR FRANCOLINO. - Señor Presidente: todos los que conocen mi manera de actuar -y los que no la conocen aún tendrán que empezar a hacerlo- saben que si por algo se ha caracterizado es por ser práctico.

Voy a tratar de obviar hasta los extremos toda intervención que conspire contra el mejor desenlace de esta tan llevada y traída Rendición de Cuentas.

Aprovechando la gentileza del señor legislador, que ha hecho un pormenorizado desmenuzamiento de todas las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, me voy a permitir una que realmente marca un tono preocupante, que es la vinculada con el artículo 494 por el que esta Asamblea, por iniciativa de la Cámara de Representantes, declaró incluidas en las exoneraciones dispuestas por el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, del 30 de noviembre de 1960, a las empresas de radiodifusión de amplitud modulada, de frecuencia modulada y de televisión del interior del país.

No nos vamos a detener detallando los argumentos tendientes a avalar este planteamiento, porque hablar del interior del país supone, ahora y en cualquier época recordar sus postergaciones las que tendremos que ir corrigiendo con hechos concretos y no con meros enunciados.

Sucede que el Poder Ejecutivo observa este artículo en función de un prurito constitucional y, además, con un juego de palabras, en el que expresa que esta disposición necesita iniciativa del Poder Ejecutivo y que con la redacción propiciada por el Parlamento las empresas de radiodifusión de amplitud modulada y de frecuencia modulada de todo el país estarían amparadas por la exoneración, cuando el espíritu del legislador fue comprender exclusivamente a las del interior del país.

No sé qué quiere decir todo esto, porque si hay algo realmente claro es precisamente el artículo 494, que subraya, concreta y terminantemente, que se refiere a las empresas de radiodifusión de amplitud modulada, de frecuencia modulada y de televisión del interior del país. Pero ahora, lo que no dice el Poder Ejecutivo, en esta ley, es que en el año 1965, a través de una Rendición de Cuentas, concretamente la Nº 13.349, no se hizo otra cosa que esto que pedimos en la actualidad, para la prensa del interior del país. En aquel momento, no era ni inconstitucional ni requería iniciativa del Poder Ejecutivo; bastaba la simple comprensión del Parlamento en cuanto a la justicia del petitorio para que fuese incluida en aquella Rendición de Cuentas ese tipo de exoneración.

Pero, ¿a qué viene esto, señor Presidente? A que hace pocos días tuve oportunidad de conocer un hecho, para mí trascendente. Quienes me conocen saben también que en esto va buena parte de mi sincera confesión.

Se reunió en Piriápolis la bancada de legisladores del Partido Colorado del interior y créanme que me sentí satisfecho, porque vi una reacción dentro del partido gobernante encaminada a marcar un rumbo que tendríamos que tomar todos los grupos políticos que constituimos el gobierno del país, para reivindicar derechos que son muy caros a nuestras esperanzas. A través de sus enunciados o en muchos de ellos vimos un calco de lo que estamos pidiendo para la olvidada campaña de nuestro país. Pero ahora veo, aún con más dolor, que lo que se procura por un lado y se anuncia por otro, es barrido de un solo plumazo por medio de la orden que viene de la dirigencia superior, al indicar que estos vetos deben mantenerse a toda costa y costo.

Lamento, señor Presidente, que haya pocos legisladores del interior presentes, porque mi voluntad, en aquel momento, fue la de hacerme presente en ese congreso de diputados del interior del Partido Colorado -lo hubiera hecho si hubiese tenido tiempo- para prestar mi adhesión a su enunciado de defender los legítimos intereses de los restantes dieciocho departamentos que componen esta República.

Pero ahora aquí hay una oportunidad más que concreta de poner en práctica esa vocación, que yo ayer quise aplaudir y que hoy quiero seguir admirando, de levantar un veto que pretende privar de sus derechos a las sufridas radioemisoras y televisoras del interior, que deben soportar la intromisión de emisoras vecinas. No llego a comprender el alcance ni los motivos que ha tenido el Poder Ejecutivo para vetar este artículo y por ello espero la reacción de los representantes del Partido Colorado del interior de la República a los efectos de reconocer los derechos que asisten a este petitorio.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR LAUSAROT. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR LAUSAROT. - Señor Presidente: estaba escuchando las palabras de nuestro amigo Francolino con referencia a lo que ha sido y es la actitud de la bancada del Batllismo Unido del interior. Aludió a nuestro encuentro de trabajo en las ciudades de Piriápolis y San Carlos y a los temas que allí se trataron.

Nos constituimos para trabajar en la ciudad de Piriápolis -como lo hiciéramos el año anterior en Rivera- con el convencimiento de que teníamos mucho que aportar a la labor que el Partido Colorado viene llevando a cabo a nuestro juicio, con eficacia, responsabilidad y coherencia en el manejo de la cosa pública y en su afán de lograr la modernización del país.

En esa ciudad analizamos temas de interés del interior de la República y que al mismo tiempo son de carácter nacional. Hablamos de muchas cosas y también de que en los tiempos difíciles que está pasando el país se necesita de un Partido Colorado vigoroso a los efectos de solucionar los problemas que aún persisten y consolidar los logros ya obtenidos.

Ahora, con respecto al artículo 494 en discusión que se refiere a las emisoras del interior, no sentimos que hayamos hecho una cosa en un momento y ahora otra. Como integrantes del Partido Colorado sabemos lo que tenemos que hacer y tomamos nuestras decisiones con el convencimiento de que estamos haciendo algo positivo y ajustado. Por lo tanto, no existe contradicción.

En este momento informamos a la Asamblea General que el Batllismo Unido del interior, y seguramente todos los representantes del Partido Colorado lo acompañarán, va a presentar un proyecto de ley sobre este tema, el que seguramente contará con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Como pensamos que el tema es ineludible y muy importante, entendemos que merece que se elabore un proyecto de ley, cuidadosamente, a los efectos de no cometer errores e injusticias. Habrá que encontrar un sistema que atienda y sepa diferenciar las distintas realidades que existen en las ciudades del interior, de acuerdo con la potencialidad de emisión y a la capacidad de generar mano de obra. Nuestra preocupación, fundamentalmente, se dirige hacia aquellas radios que por ser más pequeñas necesitan más ayuda y que están prestando una invalorable labor en el desarrollo de las sociedades del interior.

Por lo tanto, enfrentamos el desafío de encontrar los mejores caminos para dar una solución de justicia a la situación de las emisoras del interior. Tanto el Batllismo Unido del interior como todo el Partido Colorado no van a cejar en ese propósito. Es por eso que decimos que estamos estudiando un proyecto de ley que, animado de ese espíritu de justicia, tentará apoyar de una manera eficaz la significativa tarea de difusión de la realidad nacional que realizan estas emisoras.

En consecuencia, el señor legislador Francolino, que nos conoce bien y con quien más de una vez hemos hablado de que el interior del país necesita voces, aunadas por encima de los partidos, que pongan de manifiesto lo que el país reclama con el fin de eliminar las irritantes diferencias que aún existen entre la capital y el resto de la República, sabe que no renunciamos a nuestros principios y que en este tema, concretamente, no lo vamos a hacer. Además, estamos destinando muchas horas de trabajo a elaborar un proyecto de ley tendiente, repito, a solucionar el problema con ponderación y equilibrio.

Termino, señor Presidente, diciendo que el Batllismo Unido, en donde se reúna, aquí o en cualquier otro punto de la República, siempre estará dando su aporte complementario a la labor que realiza el Partido Colorado. En eso estamos y estaremos; por nada del mundo aceptamos que se pueda creer que actuamos bajo influencias que vienen fuera del Palacio Legislativo, haciéndonos votar cosas que están en contra de lo que pensamos. Somos miembros de un Partido Colorado coherente, maduro y responsable y actuamos dentro de él con la misma coherencia, madurez y responsabilidad. No aceptamos que se diga que aquí solamente estamos simplemente para levantar la mano. Todos tenemos responsabilidades políticas y nosotros las aceptamos como creemos debemos hacerlo; que cada cual asuma su responsabilidad.

Muchas gracias.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR FRANCOLINO. - ¿Me permite una interrupción, para contestar una alusión señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR FRANCOLINO. - Señor Presidente: quiero que mis buenos amigos del interior, que forman parte de la bancada del Partido Colorado, sepan que en ningún momento tuve en mi ánimo criticar su actitud, por cuanto no la conocía. Recién ahora me vengo a dar cuenta de que no van a votar el levantamiento de este veto. Lo que yo estaba haciendo, por la vía de subrayar determinadas circunstancias, era plantear el desafío para que de una vez por todas -hoy le toca a ellos pero mañana nos puede tocar a nosotros, representantes del Partido Nacional- tomemos conciencia de que es necesario asumir conductas similares frente a temas de esta naturaleza.

Ahora me doy cuenta, clara y concretamente, de que no se está dispuesto a levantar este veto. Se argumenta que, pese a la coincidencia que existe, no sería oportuno y, tal vez, ni completo, este artículo.

Hago notar que para que esta disposición estuviese estampada en la Rendición de Cuentas, en primera instancia, se requirió el asentimiento de los legisladores del Partido Colorado del interior así como el de los del Frente Amplio. Con ellos se pudo incluir este artículo en la Rendición que fue al Senado, donde también existen legisladores del interior en los distintos sectores partidarios; allí se convalidó la intención.

A mi nadie me quita de la mente, ni siquiera la buena intención -que no la desconozco- y el buen gesto de los amigos del Batllismo Unido, que esto sin querer o queriéndolo, consciente o inconscientemente, nos está sometiendo a una práctica que ya me está cansando, como es la de que cuando un legislador de la oposición -en este caso concreto del Partido Nacional- presenta un proyecto no se lo vote; pero, al poco tiempo, por la vía del decreto se estampe, exactamente, la misma iniciativa, como queriendo expresar que aunque nosotros tenemos razón sólo se consagrará esa norma cuando se le ocurra, por las mismas razones y argumentos que damos.

SEÑOR DA ROSA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR DA ROSA. - El señor legislador Francolino sabe el aprecio que le tenemos porque se trata de un representante que desde su banca ha luchado permanentemente por el interior del país -como todos nosotros- con sentido constructivo, no queriendo ponerlo por encima de Montevideo sino tratando de igualarlo, marcando las diferencias correspondientes. Siempre lo ha caracterizado una gran caballerosidad y nos ha dispensado un trato correcto dentro y fuera del Cuerpo.

Por todo eso le digo que está equivocado porque aquí existe un problema de fondo: este artículo carece de iniciativa del Poder Ejecutivo. No seríamos coherentes, porque esto le conviene al interior y al Batllismo Unido, si violáramos la Constitución a través de este artículo. Vamos a respetarla siempre aún cuando le convenga o no al interior. Esa es nuestra manera de pensar y sé que, seguramente, no tuvo en cuenta ese argumento el señor legislador Francolino.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - La intervención del señor legislador Francolino me ahorra tener que referirme a este artículo como pensaba, del cual, incluso, fuimos copatrocinantes junto con el señor legislador en su oportunidad.

Lo que uno no se explica es por qué existe esta diferencia entre emisoras radiales y televisivas de frecuencia modulada respecto a los beneficios que poseen el resto de las emisoras.

Asimismo es curiosas la observación de los supuestos del Poder Ejecutivo, cuando expresa que conforme a la voluntad del legislador el propósito es exonerar, exclusivamente, a las empresas de radio y televisión del interior del país. ¿Qué otra cosa que la voluntad del legislador es el artículo 494 que se observa? Respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo, ya veremos como no en todos los casos esto es así.

Otra de las observaciones por inconstitucionalidad -entre comillas- se refiere al artículo 180. A este respecto digo que esta disposición no incrementa remuneraciones como expresa el Poder Ejecutivo. Meramente autoriza a entregar partidas indemnizatorias de gastos por alimentación al personal de campo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estas partidas se financian, según este artículo votado por el Parlamento, a través de los proventos que, por definición, son recursos que se obtienen por contraprestación de servicios, o sea, que son recursos extrapresupuestales. De esta forma, no existe la supuesta inconstitucionalidad por la no observancia del artículo 86 de la Carta.

Asimismo, se observa el artículo 200. Aquí no se argumenta el mayor gasto, puesto que lo que el Parlamento hizo fue trasponer en el Ministerio de Turismo nuevos pesos 12:000.000 de un Programa a otro, con el único objeto de salvar un error de cálculo, como oportunamente se demostró en la Comisión de Presupuesto integrada de la Cámara de Representantes, con la presencia en Sala del señor Ministro de Turismo. Este error de cálculo fue admitido por la propia contaduría de dicho Ministerio y no va a permitir financiar las remuneraciones que dicho Ministerio proyecta. De esta forma, como aquí no se alteran los montos globales, no existe la pretendida ilegalidad de lo actuado por el Parlamento, no corresponde, por supuesto, la remisión al artículo 86 de la Constitución, pero tampoco podrá el Ministerio de Turismo pagar las retribuciones que prometió abonar a su personal. Este problema lo tendrá que arreglar el señor Ministro con su personal y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Advertidos de este error, que no era atribuible al Parlamento, impulsamos en su momento estas modificaciones. La casi unanimidad de los integrantes de ambas Cámaras comprendió que así correspondía y ahora es devuelto con observaciones. También acá el Poder Ejecutivo tendrá que arreglar el problema creado en una de sus áreas.

Otros vetos por violación del artículo 86 de la Constitución de la República, se refieren a los artículos 249 y 260, que transferían cargos vacantes de soldados o marineros a otras áreas del presupuesto nacional. Además de no estar fundada la observación, señor Presidente, se recurre a una tesis bastante novedosa, cuando el Poder Ejecutivo expresa que la creación de cargos, ya sea lisa y llana o a través de transferencias presupuestales, constituye materia reservada a su iniciativa privativa.

A este respecto puedo manifestar que aquí no sólo no existe creación de empleos -que es a lo que se refiere el artículo 86, para el caso de que fuera aplicable a las leyes presupuestales- sino que, tampoco, hay la mínima alteración de los montos globales.

No se están creando empleos ni vacantes, ni existe mayor gasto. En consecuencia, el Poder Legislativo actuó dentro de las facultades que le confiere la Constitución de la República respecto a leyes presupuestales. Esta es una medida típicamente presupuestal y de injerencia del Poder Legislativo. En consecuencia, no está fundada. Por lo tanto, tenemos que repetirnos la pregunta que venimos haciéndonos respecto a qué hacemos con este tipo de observaciones formuladas en virtud de supuestas violaciones de la Constitución. ¿Las debemos dar por presentadas o no?

La observación al artículo 256, señor Presidente, es la que se refiere a la incorporación del personal docente y no docente de Educación Física con Enseñanza Primaria, a la que ya se ha hecho referencia aquí.

Creo que si hubiera correspondido una observación no debió ser en función del artículo 86 sino del 215 de la Constitución, en tanto aquí sí existe alteración de los montos globales, porque en algún momento de la consideración parlamentaria se suprimió un inciso de este artículo que preveía los recursos necesarios para esta equiparación, que para mí es una reparación, pues es reinstitucionalizar un derecho que este personal tuvo y que la dictadura le quitó. Pero la observación es interpuesta en función de un artículo de la Constitución que, a mi juicio, no corresponde y cabe también preguntarse cuál es el destino de dicha observación.

Luego viene una serie de observaciones a los artículos 25, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 339, 345, 346, 347 y 355 -perdón por lo monótono pero no es culpa mía sino que es parte de los 93 vetos- que se refieren al presupuesto del Poder Judicial.

Personalmente, señor Presidente, nos afiliamos a la tesis de que el Poder Ejecutivo no puede observar estos presupuestos de los organismos del 220 de la Constitución. En el caso del tercer poder del Estado -me refiero al Poder Judicial- para nosotros es mucho más claro. Es una forma de interferencia en la independencia de uno de los poderes por parte de otro aspecto que, más allá de las interpretaciones jurídicas, es de sentido común. Un poder no puede quedar supeditado a que se le cierre o abra la válvula de los recursos para que pueda funcionar.

Además, señor Presidente, a mi juicio, que no soy jurista, como consta a la Asamblea General, el artículo 220 es meridianamente claro. Estos organismos presentan sus presupuestos al Poder Ejecutivo a fin de que éste los incorpore al proyecto de Presupuesto general. La norma constitucional prevé que en caso de discrepancia entre ambos poderes -estoy hablando del Poder Judicial pero vale para todos los organismos del 220- el Poder Ejecutivo puede formular a su vez, un nuevo proyecto y someterlo a decisión de la Asamblea General. Mi interpretación es que ella es la dueña de la decisión; es el árbitro en una discrepancia y esto no puede ser materia de veto por parte del Poder Ejecutivo; pero pesa más en mí la cuestión de sentido común, señor Presidente. Si admitiéramos que el Poder Ejecutivo puede vetar el presupuesto del Poder Judicial, estaríamos convalidando, como decía, la subordinación de este poder al otro, en este caso al administrador.

Además, lo absurdo de la situación, si aceptáramos la tesis de que pueden ser vetados los presupuestos de los organismos comprendidos en el artículo 220, es, por ejemplo, el caso del veto del artículo 339, que impide la creación de cargos administrativos; pero, en todo ese paquete de vetos, se impide la creación de cargos de alguaciles, como decía hoy el señor legislador Sturla, imprescindibles para los juzgados que, incluso, se crean por la propia ley. En este mismo proyecto estamos creando nuevos juzgados a quienes vamos a dejar sin alguaciles. ¿Cómo puede hace esto el Poder Ejecutivo? ¿Cómo puede un poder ajeno al Poder Judicial decirle que necesita o no tales y cuales cargos y mucho más cuando se trata del de alguaciles? En consecuencia, más allá de las consideraciones de tipo jurídico, aquí de lo que se trata es de sentido común.

También hay otras observaciones a organismos del artículo 220, entre ellas las de los artículos 358 a 363, que se refieren al Tribunal de Cuentas, que no corresponden, por tratarse de organismos pertenecientes a ese artículo de la Constitución. Pero, además, en el caso del Tribunal de Cuentas, debemos tener presente el literal G) del artículo 211 -si cabe alguna duda respecto al resto de los organismos del 220 quedaría despejada en este caso- que seguramente todos los señores legisladores tienen presente, que se refiere, entre las atribuciones del Tribunal de Cuentas, a proyectar sus presupuestos que elevará el Poder Ejecutivo para ser incluidos en los presupuestos respectivos. Y agrega: "El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo, estándose a su resolución".

Esto es lo que manda la Constitución, y lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo podemos admitir que el Poder Ejecutivo, a su vez, se atribuya la potestad del veto? Por supuesto que, también, cae dentro de las observaciones a los presupuestos de los organismos del artículo 220, lo referido a la Administración Nacional de Educación Pública y a la Universidad de la República.

Quiero expresar que hay aquí un incremento importante de gastos, pero es una potestad del Poder Legislativo hacerlo. No me conmueven las lágrimas de cocodrilo del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la enormidad del gasto que se incrementa legalmente por el Poder Legislativo.

Digo que cuando hablamos de incrementos del gasto, tendríamos que manejar otros elementos, otros parámetros. Por ejemplo, cotejar la letra de la ley presupuestal con economías que se hacen en la ejecución del Presupuesto y en el famoso presupuesto de caja al que después nos vamos a referir.

Se observa, también, el artículo 452, que deroga el Decreto-Ley Nº 15.600, de julio de 1984, que regula las calificaciones y las promociones en el Banco de Previsión Social. Esto de regular, es un poco un sofisma. En realidad, este decreto-ley, postrero de la dictadura, lo que institucionaliza es la discrecionalidad del jerarca y el acomodo.

El artículo 452, que se observa por el Poder Ejecutivo, viene, en realidad, a llenar un vacío legal que se crea hasta tanto el Banco de Previsión Social dicte el estatuto del funcionario, a lo que está obligado por su Carta Orgánica. Es un vacío que, evidentemente, existe. Me resisto a creer que el actual Directorio del Banco de Previsión Social -Directorio de un régimen democrático- piense siquiera en aplicar este Decreto-Ley Nº 15.600. Entonces, la norma del artículo 452 es necesaria hasta tanto se dicte el estatuto del funcionario, de acuerdo con la ley orgánica del Banco de Previsión Social. Pero, curiosamente, esta transitoriedad es uno de los fundamentos que utiliza el Poder Ejecutivo para vetarlo. Esto es de Ripley.

Otra de las observaciones a la que quiero referirme, es respecto al artículo 463. Este es un viejo tema en el Parlamento; es aquel que define o interpreta el literal A), del artículo 2º del Título IV, del Texto Ordenado, referido al IRIC. Modestamente, señor Presidente, creo que ninguno de los fundamentos de la observación formulada por el Poder Ejecutivo son ciertos; es decir, que no se modifica la definición de las rentas gravadas por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Tampoco se modifica el hecho generador del Impuesto, ni excluye actividades actualmente gravadas.

Lo que este artículo 463 viene a aportar es, en definitiva, una interpretación a una definición de empresa, que ha originado, desde su creación, innumerables conflictos, y que hace que la Dirección General Impositiva tenga, desde mucho tiempo atrás, centenares de expedientes sin resolver. De ahí que el artículo observado por el Poder Ejecutivo pretende interpretar taxativamente cuáles son las actividades que no están gravadas por el IRIC. Estas son -y no es invención del artículo 463, sino que se trata de la norma vigente- las actividades donde el factor productivo predominante es el trabajo. Lo que el Parlamento hace es interpretar esta norma, tal vez algo ambigua, detallando prolijamente cuáles son esas actividades en las que el factor productivo predominante es el trabajo. Así es como habla de los profesionales universitarios con título habilitante, de los rematadores, de los despachantes de aduana, los corredores de cambio, los corredores y productores de seguros, los mandatarios, los corredores de bolsa, los agentes de papel sellado y timbres y los agentes y corredores de la Administración Nacional de Loterías y Quinielas.

Obviamente, para el Parlamento no está en discusión si las rentas generadas por estas actividades deben ser o no gravadas; lo que dice es que no pueden ser gravadas por el IRIC. Manifestamos que si bien ser gravadas, debe efectuarse a través del Impuesto a las Rentas Personales, que el Partido Colorado no quiere restablecer en el país. No es que no deban ser gravadas, sino que deben serlo por el impuesto que realmente corresponda. No pueden ser gravadas como actividades de industria y comercio, una actividad profesional de un médico o de un corredor de bolsa.

Hay otra observación hecha al artículo 677, que refiere a los créditos de los afiliados a ANDA, para que puedan ser descontados por organismos estatales o paraestatales. Esto es de Perogrullo. Uno no se explica cómo puede observarse una norma de este tipo. Otro de los argumentos es que la ley no preveía lo que ahora sí contempla y, entonces, la veta. La ley vigente prevé que estos descuentos pueden hacerse únicamente en Cajas dependientes del Banco de Previsión Social. Como ahora se amplía, se veta porque la ley no contemplaba esto. ¡Bueno; que lo entienda quien tenga más tiempo!

También se vetan los artículos 681, 682, 683, 685 y 687, circunstancia a lo que ya aquí se hizo mención, que son aquellos que parten de la creación de tres nuevas Comisiones Especiales adicionales a la que instituyó la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

Creo que en esto hubo unanimidad por parte de ambas Cámaras en el sentido de que se trata de agilizar el trámite de esos 7.000 expedientes prolijamente estibados en la Oficina Nacional del Servicio Civil y que seguramente estarán hasta finales de siglo. Pienso que no vale la pena analizar cuáles son los argumentos que tiene el Poder Ejecutivo para vetar estos artículos. Parecería que el pensamiento es desalentar los justos reclamos -si son justos o no los juzgará quien corresponda- de aquéllos que se sintieron afectados por actos de la dictadura.

Otro de los artículos observados es el 694, también por razones de inconstitucionalidad. No se sabe bien por qué lo hace en función del inciso segundo sin mencionar de qué artículo de la Carta. Se puede suponer que se trata del inciso segundo de un artículo determinado de la Constitución de la República; tal vez del 86. Pero el Mensaje del Poder Ejecutivo, tan puntilloso, no lo dice.

Esta norma del artículo 694, a mi juicio, claramente interpretativa de la Ley Nº 15.783 porque, ¿qué duda cabe de que los funcionarios de las Juntas Departamentales están comprendidos en dicha ley? No puede caber ninguna duda de que esto es así pues el propio Instituto Junta Departamental fue suprimido por la dictadura y sus funcionarios fueron destituidos o redistribuidos a punta de bayoneta. Pienso que aquí ni siquiera se necesita la acreditación de pruebas; ellas están en el hecho de la supresión de las Juntas Departamentales. Lo increíble es que estos funcionarios todavía deambulen en procura del reconocimiento de sus derechos. Esto sólo es equiparable a otro grupo de funcionarios, los militares constitucionalistas, que también deambulan procurando que se les reconozcan sus derechos que, incuestionablemente, están consagrados en la Ley Nº 15.783.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Solicitaría a los señores legisladores que guardaran silencio a los efectos de poder escuchar las distintas exposiciones.

SEÑOR MUÑOZ. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR MUÑOZ. - Señor Presidente: lo que señalaba el señor legislador Melo es algo evidente. Tenemos conocimiento de que algunas Intendencias, por sus propios medios, solucionaron el problema extendiendo el alcance de la Ley Nº 15.783. Y así, sucesivamente, lo fueron solucionando todos los distintos organismos. Se trasladaron los expedientes a la Dirección del Servicio Civil para acumularlos y, después, al vetarse esta disposición que evidentemente agilitaría su trámite, se convertiría en una persecución del expediente de cada uno a fin de jubilarse. Y es así que se formarían colas, como ocurría antes. En alguna oportunidad dije que después de esta ley, si se tenía que resolver en el Contencioso Administrativo, los expedientes iban a reventar los techos. Es evidente que, en todo este Ejercicio y en el que viene, podrá haber una solución que ampare a toda esa gente que, desesperadamente, está esperando para acogerse a una reforma jubilatoria o a reivindicar sus derechos que todavía no han sido reconocidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Me han pedido interrupciones por su orden los señores legisladores Martínez e Ibáñez, a quienes se las concedo con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Tiene la palabra el señor legislador Martínez.

SEÑOR MARTINEZ. - Señor Presidente: a propósito de las consideraciones que ha realizado el señor legislador Melo Santa Marina, que en términos generales comparto, quiero señalar que estos vetos, en algunos casos, implican algo más grave que la mera circunstancia de oponer antojadizamente a la vigencia de una norma legal sancionada por el Parlamento, la voluntad presidencial en contrario.

Esto en algún caso implica la transgresión de un deber constitucional, porque de conformidad con el texto de nuestra Carta Magna, incumbe al Poder Ejecutivo, como primer deber, ejecutar y hacer ejecutar las leyes. La práctica demuestra que, desde la vigencia de la Ley Nº 15.783 que abrió un ancho horizonte de expectativas para miles de uruguayos, la realidad ha demostrado que el funcionamiento de la Comisión Especial instituida en ella, ha configurado un constante impedimento para el eficaz y cabal cumplimiento de dicha ley.

En primer lugar, hay una imposibilidad práctica de que una Comisión que sesiona sólo una vez por semana, dedicándole apenas un rato de su labor a la atención de los reclamos fundados en la Ley Nº 15.783, pueda decidirlos en tiempo y forma, cuando los reclamantes estén aún física y psicológicamente en condiciones de volver a desempeñar la función pública o, si se trata de reformas de cédulas jubilatorias, de dar un destino útil a los fondos que puedan recibir por sí mismos. Puede suceder -y de hecho, va a suceder con frecuencia- que terminen recibiéndolos si es que los perciben, algún día, sus herederos.

Además, hay otro dato y es la dismilitud de criterios que ha campeado en la administración pública para la aplicación de las mismas normas, demostrando que mientras por un lado se le da la interpretación que de conformidad con su sistema general y de acuerdo con los preceptos que sobre la materia existen en nuestro ordenamiento jurídico, le corresponde a tales disposiciones, por otro, se los aplica con un criterio tan excesivamente restrictivo, que vuelve ilusoria toda posibilidad de reparación. Esto es como decir que se vuelve ilusoria la posibilidad del efectivo cumplimiento de la letra y del espíritu de la ley de reposición de destituidos.

Cuando el Poder Ejecutivo dice que veta una disposición porque mediante lo que en ella se expresa se invierte la carga de la prueba, en primer término revela que no se ha prestado la debida atención a la disposición que veta, al momento de leerla. Allí no se invierte carga de prueba alguna, sino que simplemente se establece a modo de aclaración cómo debe ser valorada la prueba en función del contexto o telón de fondo en que los hechos en que se funda la reclamación se produjeron.

Es notorio que la Ley Nº 15.783 hace referencia a situaciones verificadas en perjuicio de funcionarios o personas dependientes de la administración pública durante un período que, en términos generales, coincide con el de avasallamiento de las instituciones.

Y en ese lapso, en consecuencia, se produjo toda una larga serie de hechos persecutorios respecto de los cuales la prueba es precisamente lo más difícil que puede obtener el interesado.

Pero además deben verificarse condiciones correlativas o anexas para que el interesado efectivamente pueda tener amparo en la ley: la de haber sido básicamente víctima de persecución política, ideológica o gremial o de la mera arbitrariedad. Ahora bien, es difícil que alguien pueda probar que fue perseguido durante un período en el que toda la prueba documental estaba en poder de sus propios perseguidores; no es fácil aportar las pruebas habituales que se exigen en nuestro ordenamiento jurídico para demostrar que esa persecución, exteriorizada en la cesantía, se debió a razones políticas, ideológicas o gremiales o a la mera arbitrariedad.

Cuando se ventila cualquier contienda de intereses ante el Poder Judicial, las partes se encuentran en un pie de igualdad; ambas disponen, en principio y en teoría, de las mismas posibilidades de obtener prueba instrumental, testimonial, por confesiones, indiciaria y, en general, cualquier otra prueba de las que pueden utilizarse en nuestro Derecho, de conformidad con las leyes que rigen la materia civil. Sin embargo, en este caso existe una desigualdad manifiesta, absoluta y total entre la administración -que en la época en que se verificaron los hechos que dan mérito a la reclamación estaba dirigida por personas digitadas y por un régimen sistemáticamente violatorio de los preceptos constitucionales- y el interesado reclamante, al que se le acuerda el amparo de la ley de reposición de destituidos.

(Murmullos en Sala)

-Cuando el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y, por ende, Presidente de la Comisión Especial instituida en la Ley Nº 15.783, manifestó que la misma estaba siguiendo un criterio político en la evaluación de los casos, nosotros le expresamos que de ninguna manera correspondía que se aplicara un criterio de este tipo, ya que debían seguirse, pura y estrictamente, las normas jurídicas que era pertinente considerar en cada caso, de conformidad con el sistema de la propia ley. ¿Qué dice la ley? Que se aplicará a los efectos de la valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica.

(Murmullos en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - La Mesa ruega a los señores legisladores que guarden silencio.

Puede continuar el señor legislador Martínez.

SEÑOR MARTINEZ. - El sistema de la sana crítica no es otra cosa que un conjunto de valoraciones que exigen la ponderación de todas las circunstancias concurrente en un determinado momento, con el fin de establecer con precisión los hechos y poder evaluar las muchas o escasas posibilidades que una o ambas partes tienen de aportar pruebas absolutamente irrefutables. ¡Vaya paradoja la de exigir pruebas fehacientes de hechos de estas características ocurridos largos años antes y dentro de un régimen con esas coordenadas, como puede exigirse a litigantes habilidosos o a negociantes, consumados que controvierten el pago de una suma de dinero en un contrato multimillonario suscrito en presencia de varios profesionales!

Hago hincapié en que muchas de estas normas fueron votadas por la bancada del Partido Colorado, aunque no es novedad para nosotros que el Poder Ejecutivo le enmiende la plana a los legisladores de su propio Partido, porque esto ya ha ocurrido anteriormente.

Cuando estas normas se dictaron, el propósito no fue otro que el de darle un carácter interpretativo a algo que ha venido siendo aplicado constantemente en varios ámbitos de la Administración Pública. En algunos, la ley fue aplicada conforme a su texto, su sentido y su espíritu, por lo que el porcentaje de reintegros fue razonable; en otros ámbitos, los porcentajes fueron más elevados o más reducidos, pero en todos los casos uno tiene la visión general de que se han aplicado coherente y lógicamente los preceptos de la ley. Sin embargo, en el otro extremo, podemos encontrar situaciones tan paradojales como la de la Intendencia Municipal de Lavalleja, en donde -por lo menos hasta hace muy poco tiempo- no se había restituido a ningún funcionario, como si ese departamento hubiera constituido una isla en una época en que la persecución ideológica era sistemática y en un país en que esto ocurría en todas partes; partiendo de la base de que no existían víctimas de persecución ni postergación, no es necesaria una reparación de clase alguna. La Comisión Especial instituida por la Ley Nº 15.783, que según es notorio funciona en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil, no da abasto para atender sus obligaciones. Esto no lo expreso yo sino su propio Presidente, quien explica las diversas medidas a que debió echarse mano a fin de ir paliando la manifiesta insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar el cumplimiento de sus cometidos. También dijo que más de una vez le hizo saber al señor Presidente de la República que con tales medios no estaba en condiciones de cumplir rápidamente sus cometidos, lo que lisa y llanamente significa que no puede cumplirlos.

Cuando algunas semanas atrás tuvimos ocasión de denunciar la situación que se estaba verificando en el ámbito de esa Comisión, su Presidente emitió y difundió profusamente un comunicado que comenzaba señalando su propósito de refutar algunas de las apreciaciones formuladas por el legislador que habla. Oportunamente nos hemos referido a esto, expresando que, lejos de desvirtuar nuestras aseveraciones, las corroboraba ampliamente. Ocurre, señor Presidente, que de un total de 7.000 u 8.000 expedientes, dos o tres meses antes de que se hiciera público dicho comunicado, apenas 1.300 habían sido objeto de resolución. Tal como lo señalaba hace un momento el señor legislador Melo Santa Marina -que gentilmente me concedió esta interrupción que ya está siendo demasiado larga- esto significa que habrá personas que tendrán que aguardar 8, 10 ó 12 años -si tienen la suerte de sobrevivir hasta entonces y de oír, trabajosamente, el dictamen- para enterarse de que su reclamo fue acogido o, lo que es más probable, rechazado. No debemos olvidar que de esos 1.300 asuntos que mencionamos sólo fueron resueltos afirmativamente alrededor de 130, por lo que claramente podemos llegar a la conclusión de que los porcentajes son ínfimos, y más aún si consideramos que la inmensa mayoría fueron resueltos en primera instancia, es decir, sin que mediara una denegatoria previa, porque se trataba de asuntos en los que, de conformidad con la ley, incumbe a la Comisión conocer en primera instancia. Esto permite suponer, fundadamente, que tratándose de casos provenientes de otros organismos, en los que previamente medie una resolución negativa, el porcentaje será sensiblemente menor.

Inclusive, en más de una ocasión hemos señalado que se han desconocido los dictámenes de la asesoría legal de la propia Comisión.

El comunicado al que me refería hace algunos instantes expresaba que estos eran apenas unos pocos casos y establecía un determinado número -no lo recuerdo exactamente- como demostración de que se trataba simplemente de un puñado de situaciones en las que se desconocía el dictamen. Lo que no se decía es que en casi todos los casos de desacuerdo entre la asesoría legal y la Comisión, éste consistía en que la primera aconsejaba que se acogiera la petición y, la segunda, reveía ese consejo, desoía ese asesoramiento y resolvía en definitiva de modo denegatorio.

Voy a reiterar lo que señalara al comienzo de mi intervención. Los vetos que se interponen contra estas disposiciones revelan una voluntad de diferir, diluir y difundir en el tiempo y en la preocupación social casos que, por su naturaleza, deberían ser objeto de atención preferente. Son casos que, por la aplicación estricta de la ley -deber primordial del Poder Ejecutivo- y la elemental sensibilidad con quienes afirman ser víctimas de situaciones de persecución y, por lo tanto, tienen el derecho de que ello se esclarezca acabadamente, deberían haber dado motivo a una preocupación especialísima en lugar de haber sido objeto de esta insensibilidad y despreocupación tan particulares, que hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente.

Puede se que se piense que como en el fondo se trata de un puñado de personas, que como la problemática general del país es tan vasta y hay tantas cosas que angustian a la población, la situación de los destituidos puede borrarse del espectro de las preocupaciones sociales. Pero, en lo que a nosotros concierne debemos afirmar que se trata de una grave injusticia y que desoír el deber -si esa fuera la razón- sólo porque la cantidad de personas eventualmente perjudicadas puede ser escasa, constituye un procedimiento reñido con las obligaciones de los poderes instituidos en un sistema democrático.

Para terminar, señor Presidente, quiero señalar que se afirma con frecuencia que al amparo de la Ley Nº 15.783 se han cometido injusticias permitiendo el reingreso de personas que no habrían debido ser reincorporadas a la función pública. Se dice que, merced a situaciones de favoritismo o de similar carácter han resultado en definitiva repuestas varias personas cuando tal decisión no correspondía. Afirmo categóricamente que si esto es así, no es culpa de la ley ni de este Parlamento que, trabajando durante largos meses, llegó a un entendimiento político, entre cuyas cláusulas se contaba con una por la que se accedía a la petición del Poder Ejecutivo en el sentido de que ciertos asuntos se dirimieran en la órbita de la Comisión del Servicio Civil. Se pensaba que de este modo se facilitaría el más eficaz cumplimiento de una norma legal reparadora y tuitiva de los derechos de tantos compatriotas víctimas de la persecución.

Si los jerarcas responsables no han sabido cumplir con su deber y abrieron las puertas más de lo que debían, no se puede ahora hacer pagar las culpas de esos errores de los responsables de semejantes decisiones, a los inocentes y a quienes con todo derecho y con una esperanza cada vez más débil -que se transforma en un hilo próximo a cortarse- aguardan todavía que la democracia sea capaz de hacer justicia con ellos.

Bastaría tan solo mencionar como ejemplo el caso de los trabajadores de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba, el de los funcionarios de los siete bancos intervenidos expresamente mencionados en la ley, entre algunos otros, para poner en evidencia hasta qué grado de inquietud se ha llegado con personas que no aspiran a otra cosa que al mínimo resarcimiento a que tienen derecho. Cuando se ponen sobre el tapete, en grandes titulares de la prensa oficialista, cifras multimillonarias como parte de las reparaciones que el Estado ha debido pagar a los funcionarios restituidos a sus cargos, es bueno señalar, señor Presidente, que lo que ellos percibieron es apenas una ínfima porción de lo que habrían debido cobrar si no hubieran tenido que pagar por su altivez cívica el duro precio de la cesantía y la persecución. Por ello tuvieron que permanecer seis, siete u ocho años privados de sus cargos y del desempeño de las funciones a que legítimamente tenían derecho. En ese caso, habrían cobrado cifras mucho mayores y nadie habría levantado la voz. Nadie ha replicado que mientras ellos tenían que buscarse el sustento de cualquier otra manera, otros cobraban en su lugar las sumas que el Estado desembolsa para retribuir a sus servidores, en vez de aquellos que legítimamente tenían ese derecho.

No podemos, pues, enfrentar este tipo de argumentos sino señalando nuestra radical oposición a que se pretenda hacer de los destituidos depositarios de una especie de reacción negativa de la ciudadanía. Por el mero cumplimiento de la ley, que les acuerda una indemnización incomparablemente menor que aquella a la que habrían tenido derecho, se les quiere hacer aparecer ante la opinión pública -por medio de una propaganda que induce a error- como beneficiarios de grandes prebendas.

Cuando expiraba el plazo constitucional para aprobar esta Rendición de Cuentas se presentó un aditivo por el que se veda toda posibilidad de indemnizaciones más allá de cierto límite. Esa disposición, señor Presidente, inserta en el mismo capítulo, esta sí que no fue vetada por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Por supuesto, señor Presidente, que suscribimos íntegramente la exposición ilustradísima del señor legislador Martínez, a quien todos reconocemos amplia versación en el tema.

SEÑOR IBAÑEZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR IBAÑEZ. - Me iba a referir al veto interpuesto al Inciso correspondiente al Ministerio de Turismo, pero como el señor legislador Melo Santa Marina ya lo abordó y explicó con brillantez lo que nosotros con modestia pensábamos expresar en la Asamblea, voy a mencionar otro tema, que también ha sido tratado por el señor legislador Francolino. Se trata del relativo a los medios de radiodifusión y me parece importante aportar a este Cuerpo un dato significativo.

La Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, en su artículo 134, habla de la necesidad de reconocer a los institutos culturales según el artículo 69 de la Constitución. Más adelante se expresa que quedan igualmente exonerados de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte y/o contribución los bienes de cualquier naturaleza, las instituciones allí mencionadas. Además se hace referencia a los medios de prensa. En base a esa disposición se dictó el artículo 494, vetado por el Poder Ejecutivo.

En otro orden de cosas, los artículos 459 y 460 de la Rendición de Cuentas -que también han sido vetados por el Poder Ejecutivo- tienen algo en común con el artículo al que antes se hizo referencia. Todos ellos se vinculan con el interior del país y este es un tema que realmente nos preocupa porque vemos que durante este gobierno ha sido realmente imposible franquear la barrera erigida en torno al departamento de Montevideo. Ha sido muy difícil hacer entender que el interior vive otra realidad no opuesta pero sí distinta a la de la capital.

Eso es muy importante que lo comprenda el resto de los legisladores, porque de esa manera entenderían por qué los legisladores del interior hacemos grandes esfuerzos para intentar emparejar las ventajas que se le otorgan al departamento de Montevideo con lo que se le quita, también a nivel nacional, al resto del país. Pongo por ejemplo el veto parcial interpuesto a los artículos 459 y 460; llama la atención que lo único que se elimina es "en acuerdo con las Intendencias Municipales". En una palabra, se elimina lo que tantos esfuerzos le costó al Partido Nacional integrar en la Constitución de la República: el tema de las autonomías municipales, que es tan caro para nosotros.

En el veto interpuesto al artículo 459, por ejemplo, se establece que los dineros deberán ser administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros no entendemos cuál es el alcance de esta disposición. ¿Esto quiere decir que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas conoce cabalmente la realidad de todos los departamentos, como para aplicar el Plan Nacional de Interconexión Vial a que se refiere el artículo 460, y cuáles son exactamente los caminos que las autoridades departamentales quieren que se mejoren?

Por ejemplo, en el artículo 459 se habla de obras a realizarse por parte de OSE. En el caso de nuestro departamento nos preguntamos cómo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas puede conocer exactamente cuáles son las obras que deben realizarse, sin tener un conocimiento previo y sin haber llegado a un acuerdo con la Intendencia Municipal.

Esto es algo que no logramos entender, ni ahora ni cuando se trató la ley acerca del colector a construirse en el departamento de Maldonado. En ese momento se argumentó que los aditivos propuestos por nuestra bancada no se votaban por el hecho de que OSE ya tenía elaborado el plan y que, si se aprobaba lo que proponíamos, lo único que se iba a lograr era postergar la iniciación de los trabajos. Sin embargo, al día de hoy, a dos meses de aprobada esa ley, ni siquiera se ha llamado a licitación pública. No diré que en aquel momento se mintió, sino que se equivocaron los legisladores que argumentaron que no aprobaban los aditivos propuestos por aquellos motivos.

Señor Presidente: pienso que esos legisladores hoy se volverán a equivocar si no levantan el veto -lo que no puedo entender- que establece la eliminación de la expresión "en acuerdo con las Intendencias Municipales". No alcanzo a entender cómo los legisladores del interior vamos a explicar a nuestros vecinos que preferimos que desde Montevideo se decida sobre cuáles van a ser los caminos de interconexión vial a realizarse en el departamento de Artigas, o cómo el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas puede conocer cuáles son las obras de saneamiento necesarias en el departamento de Maldonado. Si así actuaran, habría que llamarlos a responsabilidad y preguntarles por qué hasta el día de hoy no se han concretado las obras, o si es que están mal aconsejados. De ser así, habría que saber por qué no aceptan el consejo de los vecinos del interior del país que algo conocen de su pequeño terruño.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Puede continuar el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - A efectos de ser breve, dejaré los aspectos puntuales para incursionar en los fundamentos de orden general del Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 14 de octubre.

Allí se dice que el Mensaje se funda en razones tanto jurídicas como de mérito. En parte, ya me referí a algunas de mérito y a otras jurídicas. Se dice: "En cuanto a los fundamentos jurídicos, cabe advertir que el texto sancionado por el Poder Legislativo incluye normas que tienen el carácter de inconstitucionales por carecer de la iniciativa del Poder Ejecutivo requerida preceptivamente por el inciso segundo del artículo 86". También se cita el artículo 215 de la Constitución, que limita el ámbito del pronunciamiento del Poder Legislativo exclusivamente a montos globales por Incisos, Programas, objetivos de los mismos, Escalafones y número de funcionarios, así como los recursos. Respecto a este artículo el Poder Ejecutivo enfatiza su parte final, o sea, aquella que habla de efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.

A mi juicio, interesa destacar algún concepto básico que hace a las atribuciones que, en materia presupuestal, tiene el Poder Legislativo. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución dice que la creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV; esto es, De la Hacienda Pública. El inciso segundo del mismo artículo, al que tanto recurre el Poder Ejecutivo, comienza diciendo: "Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional".

Admito que lo que voy a decir es sumamente opinable; pero, aunque no soy jurista, voy a cometer la herejía de afirmar que el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución no rige para las leyes presupuestales, pues éstas, en función de lo que dispone el inciso primero del citado artículo, están reguladas por la Sección XIV de la Constitución. Lo discutible, en todo caso, sería si tales normas corresponden o no a la materia presupuestal. Pero ese es otro tema. Al respecto, contamos con los fundamentos que dieron lugar a que se dictara la Ley Nº 15.851, donde quedó fuera una gama muy amplia de disposiciones que incluía la Rendición de Cuentas de 1985 por ser, en opinión de quienes votaron y aprobaron esa norma, materia presupuestal.

Debemos destacar una competencia parlamentaria que, a nuestro juicio, es esencial, porque de lo contrario el Poder Legislativo aparecería como mero avalador de los presupuestos que elaborara el Poder Ejecutivo, que es algo que evidentemente el constituyente no quiso. El artículo 215 de la Constitución y toda la Sección XIV no prohíbe las modificaciones presupuestales, sólo las condiciona a que no incrementen los montos globales proyectados por el Poder Ejecutivo. Tampoco lo prohíbe -todo lo contrario- el artículo 85 de la Constitución de la República.

En consecuencia, a mi juicio, el Parlamento puede, entre otras cosas, votar disposiciones que aisladamente incrementen el gasto siempre y cuando lo limite en otros Programas, de forma de no laterar los montos globales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo fija, como uno de sus fundamentos, la alteración del presupuesto de caja; incluso, en las referencias al déficit que contiene este Mensaje del 14 de octubre, habla exclusivamente del presupuesto de caja. Como todos los legisladores saben, ésta es una responsabilidad administrativa; no es materia de la ley. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no puede fundamentar vetos en función de ese presupuesto de caja, porque éste hace a la capacidad administradora y ejecutora del Presupuesto Nacional de dicho Poder. En definitiva, hace a lo que es la propia eficiencia del Poder Administrador. Es, entonces, su responsabilidad y no puede transferirla al Poder Legislativo. La responsabilidad de este Poder es aprobar presupuestos equilibrados y, en todo caso, dictar normas de financiación de los mismos. Por su parte, la responsabilidad del Poder Ejecutivo es ejecutar esos presupuestos, no los paralelos, como el del Ministerio de Economía y Finanzas o el llamado presupuesto de caja. Reitero que ese presupuesto de caja hace a la propia eficiencia del Poder Administrador, a políticas que no sólo no están previstas por la Sección XIV de la Constitución, sino que ni siquiera son consideradas en ninguna instancia por el Parlamento. En ninguna parte de la Carta habla, y mucho menos la Sección XIV, de los presupuestos de caja.

De manera que este argumento es un dato importante, que a todos nos interesa, pero no es, a mi juicio, un fundamento de observaciones a los presupuestos votados por el Poder Legislativo.

En función de la economía de tiempo, no voy a extenderme mucho más allá respecto de esta cuestión de los presupuestos de caja. No obstante, quiero hacer una breve referencia acerca del celo constitucional del Poder Ejecutivo.

Digo que cuando se tiene el celo que se pretende demostrar en este Mensaje del 14 de octubre, con noventa y tres observaciones al proyecto de Rendición de Cuentas -me parece bien que exista, es decir, que se cumplan las disposiciones de la Constitución de la República; ese celo es común o debería ser común a todos- hay que practicarlo siempre, no sólo cuando el Poder Legislativo dicta leyes que al Poder Ejecutivo no le gustan. Al respecto, en esta misma materia presupuestal, este Poder no demuestra el mismo celo, por ejemplo, referido a los presupuestos del artículo 221 de la Constitución, ni tampoco lo hace en los atinentes a la disposición del artículo 227 de dicha Carta.

Por otro lado, en este mismo proyecto de Rendición de Cuentas hay un artículo, el 316, que debió haber sido vetado por el Poder Ejecutivo, en tanto es claro que necesita la iniciativa privativa de dicho Poder, puesto que incrementa en N$ 43:000.000 un crédito presupuestal. Este artículo fue incluido a impulsos de legisladores del Partido Colorado en la Cámara de Representantes y votado también por el Senado, y es por una causa justa; soy consciente de ello. Además, tiende a evitar un nuevo problema que el Partido de Gobierno tiene en el Departamento de Soriano.

Pero si hablamos de inconstitucionalidades, este artículo está mal incluido en esta Rendición de Cuentas y, por lo tanto, debió haber sido vetado. Sin embargo, no lo fue.

Tampoco fue vetado el horroroso artículo 692 agregado en el Senado de la República, también por iniciativa de senadores del Partido Colorado. Esta disposición es claramente inconstitucional en tanto y cuanto limita a determinada fecha, a marzo de 1985, asuntos laudados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dicen otra cosa. No obstante, este artículo no fue vetado.

De manera que está muy bien el celo que se pone en el cumplimiento estricto de la Constitución de la República, pero vamos a aplicarlo siempre, no cuando no le gusta o no le interesa algo al Poder Ejecutivo o hace "la vista gorda" en aquellas cosas que sí le interesan.

Voy a dar por finalizada mi exposición dado lo avanzado de la hora, teniendo en cuenta, además, que seguramente otros legisladores tienen interés en hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador Rossi Pasina.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Señor Presidente: la bancada de la Unión Cívica va a votar el levantamiento de las noventa y tres observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Rendición de Cuentas de 1986, hoy a consideración de esta Asamblea.

De los noventa y tres vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, setenta y cinco nada tienen que ver con razones jurídicas, sino con razones de mérito y conveniencia.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo innova al formular observaciones ya que propone textos sustitutivos cuya procedencia constitucional podría ser discutible y con consecuencias peligrosas en el futuro, puesto que se altera el procedimiento para la discusión y aprobación de las leyes que establece la Constitución. Esta impide terminantemente al Poder Ejecutivo, en el caso de los proyectos de Rendición de Cuentas, el envío de Mensajes Complementarios, resultando en consecuencia excluida toda posibilidad de proporción de nuevos textos por dicho Poder luego de enviado el Mensaje original.

Los textos constitucionales son claros y terminantes. El Poder Ejecutivo observa o, como se dice vulgarmente, veta o promulga; no puede hacer otra cosa. Por lo tanto, no puede introducir o sugerir más textos, como lo hace en su Mensaje del 14 de octubre próximo pasado.

Si se acepta este procedimiento, bastaría plantearse la hipótesis de que una ley fijara un impuesto de N$ 1.000 y luego el Poder Ejecutivo lo vetara entendiendo que debe duplicarse. Al respecto, nos preguntamos: ¿Sería ajustado a Derecho que vencido el plazo de 60 días que tiene la Asamblea General para pronunciarse, se sancionara la ley con el impuesto duplicado? La respuesta sería totalmente negativa. Si se aceptaran los textos de estas disposiciones vetadas con modificaciones y sustituciones de cláusulas por el Poder Ejecutivo, legitimaríamos una tesis de peligrosas consecuencias, como ya explicitamos.

El Poder Ejecutivo continúa con su política económica netamente fiscalista, preocupado de lograr la declinación progresiva y firme del déficit fiscal. Su política se basa en el incremento impositivo, en la reducción de recursos para obras, en el retaceo de recursos para el mejoramiento de los servicios imprescindibles y esenciales para la población de bajos recursos, como la salud y la Previsión Social y en el rechazo de aumentos decorosos para los maestros.

El señor Ministro de Economía y Finanzas parece no entender que los habitantes de este país no son meros números de categorías e incisos del Presupuesto Nacional, sino que son seres humanos con necesidades a contemplar y que aportan sus recursos económicos al Estado para que éste los vuelque en el bien de la comunidad, y no para que los devore una burocracia anquilosada, exigente y retrógrada que tanto se critica, pero que poco o nada se hace efectivamente para cambiarla.

Hay vetos que no tienen nada que ver con la reducción del déficit fiscal, pero sí con la reducción de la burocracia siempre tan criticada y repudiada pero, en los hechos, siempre amparada.

Desde que asumió este Gobierno, ha puesto su acento en la imposibilidad de actuar con celeridad, por el peso de una burocracia anquilosada. Sin embargo, cuando se propone en esta Rendición de Cuentas que el ingreso a la Administración Pública sea por concursos de oposición y méritos, se veta parcialmente, manteniéndose una enunciación declarativa, al decir del Mensaje del Poder Ejecutivo que: "Se participa de los fundamentos que contienen las normas sancionadas como propósito coherente con la política de reducción global del gasto público", pero se observa, se veta, diciendo más adelante el Poder Ejecutivo en su Mensaje que se eliminarán estas disposiciones por conveniencia, ya que no atienden "a resolver con universalidad y firmeza el problema del déficit fiscal".

Nuestro partido, la Unión Cívica, siempre entendió -y lo ha sostenido en cuanta oportunidad se ha tratado el tema- que el concurso de oposición y méritos tiende a lograr el ingreso de personas con preparación para el cargo, evitando el uso político en la designación del cargo, y, en consecuencia, el clientelismo político, cuya existencia se ha negado tan insistentemente.

Además, el Gobierno manifiesta la urgencia de la racionalización para la Administración Pública; sin embargo, veta el artículo de la Rendición de Cuentas que prohíbe proveer vacantes en la Administración Pública hasta el 28 de febrero de 1990, impidiendo -en consecuencia- que se ponga en práctica lo que sería la primera medida de racionalización administrativa.

(Ocupa la Presidencia el doctor Jorge Batlle)

-Otra contradicción del Poder Ejecutivo en su política de racionalización administrativa, es el veto a la transferencia de 300 cargos vacantes de soldados y marineros al Ministerio de Educación y Cultura para atender los servicios de seguridad, vigilancia e intervención de menores infractores, en Montevideo y en el interior, ya que un supuesto de racionalización administrativa, o de la tan mentada modernización del país, sería la redistribución de funcionarios.

También nos llama la atención el veto -como dice el Mensaje del Poder Ejecutivo- por razones de conveniencia, a pesar de que contiene mejores elementos técnicos. El artículo 452, que regula las promociones de los funcionarios en el Banco de Previsión Social en base a la antigüedad calificada, comprendiendo los factores de competencia, responsabilidad, rendimiento, conducta, supervisión y antigüedad en el cargo, deroga el sistema vigente que da margen a los ascensos por el sistema discrecional de la selección.

Consideramos que el texto aprobado establece los parámetros que deben regular la carrera administrativa para mejorar la calidad de la misma.

Señor Presidente: ante esta situación, el contribuyente se pregunta lo que paga por IVA, por IRA, por IRIC y otros impuestos nacionales que, sumados a los sofocantes impuestos y tasas municipales, son sólo para pagar sueldos de funcionarios que ingresan, sin ser necesarios o sin preparación para el cargo.

Mientras tanto, los servicios de salud pública siguen con las peores carencias, sin poder atender a la población de acuerdo a sus necesidades; la enseñanza se debate en la crónica falta de recursos y se realiza obra pública con préstamos del exterior y luego, por no asignarle fondos, no se atiende debidamente su conservación, deteriorándose totalmente en pocos años y debiéndose encarar costosas reconstrucciones.

De los llamados organismos del artículo 220, los más afectados por los vetos son ANEP con recortes del 52.9% de los aumentos planificados; el CODICEN, con disminución del Rubro de inversiones en el 100% de lo aumentado y la Universidad, donde los vetos alcanzaron el 56.7% de lo aprobado por el Parlamento, afectándose las partidas para nuevas carreras, para la investigación y para obras, entre otras.

También ha sido afectado el Poder Judicial con los vetos en los programas de bienestar y beneficios a los funcionarios, como el 50% a la dedicación exclusiva, lo que desalentará a los sacrificados funcionarios de los Juzgados, especialmente en el interior del país y, sobre todo, a los que se desempeñan en la materia Penal. Limitó partidas necesarias para la culminación de las obras del Palacio de Justicia, cuya terminación y habilitación solucionaría el problema de las deplorables y dispersas oficinas del Poder Judicial en la ciudad de Montevideo.

Señor Presidente: por este proyecto de Rendición de Cuentas de 1986 se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, concretando una vieja aspiración de los productores de uva, o sea, los vitivinicultores y de los industriales, es decir, los bodegueros, para lograr sanear la industrialización eliminando a aquellos que, mediante el desdoblamiento del vino, sólo aspiran a lograr rápidas ganancias personales, en desmedro de los vitivinicultores, de los bodegueros honestos y del consumo.

Consideramos acertada esta decisión del Senado, de haber incluido en el texto de la Rendición de Cuentas -entre los artículos 155 y 169 inclusive- como persona jurídica de Derecho Público no Estatal, regulando sus atribuciones y cometidos, al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo vetó aquellas dos disposiciones importantes -casi diría esenciales- para el funcionamiento de tal organismo. Una es la que le otorga facultades que no deseaban quienes propusieron dichas normas. Me refiero no sólo a la facultad de fiscalizar y controlar la industria vitivinícola, sino también la de aplicar sanciones. Entendemos que esta facultad es inherente al Poder Ejecutivo y no debió habérsele asignado a este Instituto.

Por otro lado, se eliminó el artículo mediante el cual se traspasaba la estructura y los funcionarios de las oficinas especializadas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estaban asignados a la labor de contralor vitivinícola.

Evidentemente, al eliminarse este artículo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura encontrará grandes dificultades para funcionar ya que al sancionarse esta ley y comenzar su gestión, se hallará sin recursos por lo tanto, sin posibilidades de armar su estructura administrativa para cumplir con las obligaciones y con la gestión que le ha impuesto esta ley.

Por lo tanto, consideramos totalmente negativos los vetos interpuestos con relación a estos dos artículos que prácticamente han desarmado totalmente esta noble aspiración de viticultores y bodegueros que, a su vez, han brindado sus recursos y se han gravado a sí mismos a los efectos de poner en marcha la posibilidad de autocontrolarse, por el bien de la industria, el comercio y el país.

Finalmente, señor Presidente, queremos resaltar que, a pesar del clamor de todas las fuerzas rurales -en el sentido de bajar los insumos de su producción- ha sido vetado aquel artículo que estableció la exoneración del IVA y la disminución del IMESI al gasoil, que es de uso esencial en el medio rural.

Nada más, señor Presidente.

5) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se cierre la lista de oradores y se pase a cuarto intermedio hasta el día lunes 9 a las 17 horas. (Firman:) Carlos W. Cigliuti, Washington Cataldi, Guillermo García Costa, Hebert Rossi Pasina y Dardo Ortiz. Legisladores".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-94 en 95. Afirmativa.

La Asamblea General pasa a cuarto intermedio hasta el día lunes 9 a las 17 horas.

(Así se hace, a la hora 23 y 36 minutos)

DR. JORGE BATLLE Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Dr. Héctor S. Clavijo Secretario

Don Juan Carlos Ferrando Director del Cuerpo de Taquígrafos del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.