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Nº 209 - TOMO 309 - 18 DE SETIEMBRE DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

41ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN (h.)

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional

- Continúa en discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

5) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 18 de setiembre de 1987.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, hoy viernes 18 a la hora 14, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y se establecen normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional.

(Carp. Nº 842/87 - Rep. Nº 117 y Anexos I y II)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTA: con licencia, el señor senador Jude.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 27 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 18 de setiembre de 1987.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica que ha dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se autoriza la trasposición de rubros dentro de distintos programas del Ministerio de Economía y Finanzas.

por el que se autoriza la trasposición de rubros dentro de distintos programas del Ministerio de Salud Pública.

por la que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) del pago de todo recargo, excepto el mínimo, para la importación de 93 cortinillas y materiales Clitrón.

por el que se dispone que los combustibles que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland suministre a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para que atienda los requerimientos a Convenios de Interconexión Eléctrica vigente con países limítrofes, estarán exonerados del Impuesto Específico Interno.

por el que se derogan los Decretos 234/85, de 13 de junio de 1985 y 391/85, de 24 de julio de 1985.

por la que se autoriza la trasposición de asignaciones presupuestales en el Ministerio de Educación y Cultura.

por el que se declara que la actividad de empaque de frutas y verduras se encuentra comprendida en la denominada "envasado y conservación de frutas y verduras", a la que se refiere el artículo 1º del Decreto 317/86.

-Ténganse presentes.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor senador Guillermo García Costa relacionada con "Convenio de Refinanciación de la Deuda Externa".

-A disposición del señor senador Guillermo García Costa.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionada con el conocimiento que pueden obtener los agentes privados nacionales de las oportunidades comerciales que se presentan en el exterior.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, se curse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un pedido de informes relacionado con la posible adquisición por parte de PLUNA de un inmueble para su uso en la ciudad de Buenos Aires.

-Procédase como se solicita."

4) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 1986 Y NORMAS MODIFICATIVAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el único punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y se establecen normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional. (Carp. Nº 842/87 - Rep. Nº 117 y Anexos I y II).

(Antecedentes: ver 39ª S.O.E.)

-Continúa la discusión particular.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: voy a distraer la atención del Senado por muy pocos minutos pero me veo precisado a hacerlo por razones que explicaré, si se me autoriza a solicitar la reconsideración del artículo 226 incluido en el Inciso 11, página 82 del repartido.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Señor Presidente: el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes tenía un artículo en el Inciso correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 332 que decía lo siguiente: "Amplíase en hasta N$ 43:000.000 (nuevos pesos cuarenta y tres millones), la partida autorizada a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, por el artículo 206 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, a fin de gestionar la adquisición de créditos laborales del personal de la Azucarera del Río Negro S.A. (ARINSA), que tuvieran sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada a la fecha de vigencia de la presente ley".

Este artículo fue considerado en la Comisión respectiva y tuvo un tratamiento que resulta un poco confuso. Mis anotaciones pueden estar equivocadas, pero tengo entendido que este artículo fue aprobado, sin embargo no aparece en el proyecto que vino de la Comisión y que está a estudio del Senado.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: ese artículo está incluido dentro del Inciso correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el cual, esta madrugada, el señor senador Olazábal pidió excusarse como ex funcionario de ARINSA. Es decir que está incluido y votado tal cual había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Un exceso de sensibilidad -que reconozco- de parte del señor senador Olazábal, fue lo que motivó anoche su planteamiento de retirarse de Sala en función de que había votado inadvertidamente aquel artículo, pero éste ya estaba sancionado.

SEÑOR UBILLOS. - Tenía una información distinta, pero celebro que sea como dice el señor senador Pozzolo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de reconsideración del artículo 226 formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sintéticamente quiero informar a los señores senadores sobre en antecedente de este artículo que procura que determinado núcleo de cargos técnicos y especializados del "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", sean equivalentes en sus retribuciones a los cargos similares de la Universidad de la República. Es un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo. Al considerarlo la Cámara de Representantes, agregó a los incisos A, B, C y D un inciso E que incluye, en nuestro concepto con razón, a los funcionarios administrativos. Pero en la Comisión del Senado, al estudiarse el artículo, se entendió que careciendo de Mensaje, el inciso E no podía ser votado y, en consecuencia, quedó excluido.

O sea que el artículo permaneció tal cual había sido propuesto por el Poder Ejecutivo.

La señorita ministro de Educación y Cultura sugirió el agregado final en el que se realiza una precisión acerca de la base que da lugar a las denominaciones de los cargos, estableciendo que serán las vigentes en el Presupuesto padrón de mayo de 1986. Se trata de un elemento que hacía más precisa las características del artículo y que la Comisión, naturalmente, no tuvo ningún obstáculo en incorporar.

¿Qué ocurre mientras tanto, señor Presidente? Que con retroactividad al 1º de mayo se modifican las características y denominaciones de estos cargos, como consecuencia de que entra en vigor la reestructura presupuestal prevista en la Ley de Presupuesto de 1986. Se incluyen, pues, una cantidad de modificaciones que hacen que aquéllo que el Poder Ejecutivo inicialmente había propuesto y que nosotros apoyamos ahora, en rigor, termine perjudicando a los funcionarios a los cuales se intentó beneficiar.

Por este motivo, señor Presidente, tras haber realizado las consultas del caso y sobre la base de la reestructura ya aprobada y que acaba de entrar en vigencia, hemos propuesto un artículo sustitutivo, que recoge el espíritu y contenido del Mensaje del Poder Ejecutivo y del proyecto votado por la Comisión del Senado, que se ajusta a la realidad que surge como consecuencia de dicha reestructura.

Reitero que si se mantiene el texto inicial, ello representará, en los hechos, perjudicar a los funcionarios y no cumplir con lo que tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento están contestes en que es de toda justicia.

Es en ese sentido que los señores senadores Gargano, Senatore y el que habla, hemos presentado este artículo sustitutivo el cual, según tengo entendido, ya ha sido puesto en conocimiento de integrantes de otras bancadas.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el sustitutivo propuesto.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 226. - A partir del 1º de mayo de 1987, las dotaciones presupuestales de los cargos técnicos y especializados de la Unidad Ejecutora 011, "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable" del Programa 004, "Fomento de la Investigación Técnico-Científica", será equivalente a las de la Universidad de la República, en la forma que a continuación se expresa:

A) Las de Investigador Jefe Profesional, Escalafón A Grado 22 e Investigador Jefe Profesional, Escalafón B Grado 21, a las de Profesor Titular, Grado 5.

B) Las de Investigador Asistente, Escalafón D Grado 19, a las de Profesor Agregado, Grado 4.

C) Las de Investigador Ayudante, Escalafón D, grado 17, a las de Profesor Adjunto, Grado 3.

D) La de Asesor V Veterinario, Escalafón A Grado 17; Técnico I Bibliotecólogo, Escalafón B Grado 16; Técnico III Preparador, Escalafón B Grado 13; Jefe de Departamento Electrónica, Escalafón D Grado 17; Especialista Traductorado, Escalafón D Grado 15; Jefe de Sección Bioterio, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Electrónica, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Fotografía, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Secretaría Científica, Escalafón D Grado 14; Especialista I Biblioteca, Escalafón D Grado 14; Especialista II Preparador, Escalafón D Grado 13; Ayudante de Bioterio, Escalafón D Grado 10; Especialista III Sección Secretaría Científica, Escalafón D Grado 8; Oficial I Albañil, Escalafón E Grado 10; Oficial I Carpintero, Escalafón E Grado 10; Oficial I Electricista, Escalafón E Grado 10; a las de igual Escalafón Grado de la Universidad de la República.


Equiparado al padrón de Racionalización Presupuestal Art. 53 de la Ley Nº 15.809, del 8 de abril de 1986."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: hace unos minutos comenzamos la última jornada del Senado para el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, por lo cual deseo señalar que, en la medida en que no respondan a un entendimiento de orden político, sectorial, no voy a acompañar ninguna otra solicitud de reconsideración que se proponga. Si los señores senadores que por razones circunstanciales de número, no se sintieron satisfechos con los resultados de las votaciones de los artículos sancionados en las etapas anteriores, comienzan a solicitar reconsideraciones, se puede dificultar el desarrollo de todo lo que queda por tratar y se corre el riesgo de llegar al final del plazo sin haber culminado la tarea.

Este fundamento de voto me sirve de base para establecer el criterio de que es esencial avanzar en el tratamiento del proyecto a estudio con el objeto de sancionarlo antes de la hora 24. Falta considerar prácticamente el 50% del articulado y también un buen número de artículos aditivos. De modo que no parece que corresponda -a causa de los motivos que ya señalé- pedir reconsideraciones de artículos que ya han sido aprobados, puesto que puede ocurrir lo del año pasado, que el Estado se quede sin Rendición de Cuentas, salvo que se arbitre un mecanismo para que los pedidos de reconsideración se realicen en una hora determinada.

A mi modo de ver, señor Presidente, iniciamos mal la tarea, porque lo hemos hecho retrocediendo y no avanzando, ya que comenzamos por reconsiderar lo que se había sancionado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas" que comprende los artículos 361 a 3771, inclusive.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: dado que los artículos 363, 366, 367 y 368 nos merecen reparos, solicitamos su desglose y que sean puestos a votación separadamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso con excepción de los artículos cuyo desglose se solicita.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 363.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: deseo dejar constancia de que no voy a acompañar con mi voto este artículo, por cuanto crea casi 100 cargos. Además, entendemos que se pueden llenar por la vía de la transferencia, cosa que, por otra parte, ya se han hecho en otras oportunidades con otras oficinas.

SEÑR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 366.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: como este artículo 366 y los siguientes -367 y 368- disponen aumentos de sueldos y se establecen partidas de un 50%, 5% y 10%, unas con carácter general y otras con carácter parcial, entendemos que caen fuera del Mensaje del Poder Ejecutivo. Es decir que dichos aumentos no estaban previstos ni fueron votados por nosotros en la Comisión. Tampoco consideramos justa la discriminación que se realiza entre los funcionarios.

En consecuencia, y puesto que los artículos se relacionan entre sí, solicito que se pongan a votación en conjunto.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 366, 367 y 368 tal como ha sido solicitado.

(Se vota:)

-12 en 20. Afirmativa.

En consideración el Inciso 18, Corte Electoral, artículos 372 a 385.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Simplemente quiero puntualizar que votaremos todos los artículos de este Inciso y, además, subrayar que en el acuerdo que se intentó hacer entre los organismos del 220 y el Poder Ejecutivo, con la Corte Electoral se llegó a uno muy satisfactorio que ese organismo cumplió estrictamente. Para ceñirse a él, ajustó las cifras en proporciones tales que permitió llegar al máximo de lo que se había convenido.

Por ese motivo es que, no sólo voto sino que lo hago complacido, resaltando esta actitud del organismo que preside el gran ciudadano don Renán Rodríguez.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En el inciso segundo del artículo 379 se dice: "La disponibilidad comprenderá igualmente a los ingresos como retribución de servicios que fije..." Quiero hacer notar que debe ponerse "que obtenga" en lugar de "que fije".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 18 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Inciso 19, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículos 386 a 406.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se desglosen los artículos 399, 400, 402, 404, 405 y 406.

SEÑOR PRESIDENTE. - Además existe un sustitutivo propuesto por el señor senador García Costa para el artículo 392. Ese también podríamos votarlo por separado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Una sola constancia que tiene relación tanto con el presupuesto del Tribunal de Cuentas como con los del Poder Judicial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo y una valoración que incluye, asimismo -aunque con una consecuencia diversa- a la Corte Electoral.

Como es notorio, en estos casos, tenemos una opción que no se da en los restantes Incisos al admitir el artículo 220 de la Constitución la posibilidad de un Mensaje propio por parte de los organismos.

En circunstancias como las actuales, hemos optado por acompañar, en términos genéricos, los Mensajes de los organismos que, por otra parte, más allá de detalles que pueden ser, en algún caso, discutibles -y en cierta medida lo son- los estimamos razonables.

En el caso de la Corte Electoral se llegó a una fórmula intermedia de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el organismo y nosotros la hemos acompañado.

Nuestro deseo era que existiera la posibilidad de llegar a acuerdos similares -y seguramente hubiésemos formado parte de ellos- entre la representación del Poder Ejecutivo, los sectores políticos del Senado y las autoridades de los organismos para encontrar fórmulas intermedias de avenimiento. En ese caso, las hubiéramos acompañado, porque estimamos que ellas son más útiles que mantener un enfrentamiento que, en definitiva, a través de las observaciones que el Poder Ejecutivo pueda interponer, van a dejar a los organismos en peores condiciones que aquéllas a las que podían haber arribado de producirse ese entendimiento. Es la constancia de carácter general que queríamos dejar.

Aprovechamos la oportunidad, y por la vía de la aclaración -en los términos más cordiales con el señor senador Pozzolo- para decir que no discrepamos con la apreciación que hizo con respecto a lo que significa este último día de estudio de la Rendición d Cuentas; pero tampoco solicitamos la reconsideración a que aludió en función de un intento de rectificación por mayorías ocasionales.

En el día de ayer, presentamos decenas de nuevos artículos y salvo tres o cuatro, en el resto de las oportunidades fuimos derrotados.

Debemos aclarar que hemos formulado solamente este pedido de reconsideración en función de argumentos nuevos que llegaron a nuestro poder y de los cuales dimos cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 19, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desglosando de él los artículos 392, 399, 400, 402, 404, 405 y 406.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo sustitutivo 392 propuesto por el señor senador García Costa.

(Se lee:)

"Los actuales titulares, así como quienes fueren ascendidos a los mismos en el futuro, de los cargos declarados de dedicación total que no hubieren hecho opción, podrán optar por este régimen en un plazo de 90 (noventa) días a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley, o de la futura ocupación del cargo en su caso.

Efectuada la opción, o vencido el plazo establecido en el inciso anterior, sin que ésta se hubiera efectuado, la situación en que se halla el funcionario tendrá carácter definitivo.

Para los que ingresen en el futuro como nuevos funcionarios del organismo, la dedicación total será obligatoria cuando ocupen los cargos declarados como tales."

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Deseo aclarar que la diferencia con el texto original está relacionada con la anterior reducción. En cambio, ahora queda claro que el sistema va a ser éste. Los actuales funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están desempeñando esos cargos, deberán optar o no, de acuerdo a su criterio, o sea que podrán ejercer la opción; quienes son actualmente funcionarios de ese organismo y ascienden a esos cargos, también tendrán derecho a opción, porque tienen ya un estatuto jurídico dentro de su carrera, y recién los que ingresen de ahora en adelante, no tienen derecho a opción, porque ya saben que van a ocupar cargos cuyos últimos grados son de dedicación total. La redacción anterior no decía eso y no porque no fuera esa la voluntad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino que, simplemente, se trataba de un problema del texto.

Esa era la aclaración que deseaba hacer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 392 en su texto original propuesto por la Comisión.

(Se vota:)

-4 en 20. Negativa.

Se va a votar el texto sustitutivo presentado por el señor senador García Costa.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 399.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 400.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 402.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 404.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Quisiera hacer una observación que, si bien es de tono menor, tiene su importancia.

En el literal A) dice: "Inversiones, para unidad de control, línea telefónicas, un ‘modern’ conexiones", etcétera. La palabra "modern" quiere decir modulador y refiere a un conector especializado para la recepción y trasmisión de información, es decir, de y al computador. Hay un diccionario encargado de traducir a nuestro lenguaje las expresiones de la informática -su nombre es "Harrap’s"- que da la explicación del caso. Me animo a decir que no tenemos necesidad de utilizar palabras que subrayen nuestro subdesarrollo, sobre todo si podemos emplear las del idioma español.

Por otro lado, aquí se ha padecido seguramente un error de copia, pues la expresión correcta es "modem", que es una contracción de "mod" y "demo".

En concreto, señor Presidente, sugiero que en lugar de esta palabra se utilice la de "modulador".

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 404 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 405.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 406.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 21. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En cuanto a este Inciso que acabamos de votar, quiero significar que hemos ajustado nuestra conducta a las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión y a la posición que al respecto tiene el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Senado ha visto que nos hemos abstenido de votar aquellos artículos que importan gastos fuera o por encima de lo que dicho Poder había previsto en su Mensaje. Se entiende que no es inconstitucional, pero como el Parlamento tiene el derecho de la elección, hemos ceñido nuestra conducta, como con los demás Incisos correspondientes a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a la posición que el Poder Ejecutivo ha tenido al respecto.

Subrayo el hecho de que se pudo haber llegado a un acuerdo con todos ellos, tal como se hizo con la Corte Electoral, porque el ideal tiene que ser indudablemente, no que el Poder Ejecutivo y el órgano respectivo tengan el derecho de enviar sus respectivos Mensajes con sus puntos de vista y posiciones en cuanto al Presupuesto, sino de que previamente se logre, teniendo ambos las mismas facultades, una síntesis que permita el acuerdo, cosa que sólo ocurrió con la Corte Electoral de entre todos los organismos correspondientes a este artículo constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 25, "Administración Nacional de Educación Pública", que comprende los artículos 407 a 423.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero hacer una apreciación política que, si bien podría hacerla en el lapso de tres minutos, no correspondería como fundamento de voto.

Nosotros vamos a votar el Inciso 25 tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes. Lo hacemos convencidos de que él tiene plena justificación y que recoge, por lo demás, una proposición absolutamente ponderada, formulada por la autoridad que, en la materia, preside el profesor Juan Pivel Devoto.

En este caso, deploramos de modo muy particular el hecho de que no haya sido posible llegar a un entendimiento, siquiera parcial, con el Poder Ejecutivo. En la Cámara de Representantes se votó para la Administración Nacional de Educación Pública -ANEP- un conjunto de disposiciones que estimamos absolutamente justificadas, que tienen, reitero, el pleno respaldo del organismo que preside el profesor Pivel Devoto y que consideramos debieron ser objeto de un examen cuidadoso en la búsqueda de los elementos financieros adecuados que seguramente hubieran podido lograrse. Lamentablemente, no hubo la más mínima posibilidad de alcanzar fórmulas de acuerdo, por cuanto el señor ministro de Economía y Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, en su intervención ante la Subcomisión de desgloses que integramos, representando a nuestro sector, adelantó la firme posición de dicho Poder de no autorizar en este Inciso un solo peso más de gastos que lo que se había propuesto por aquél. Esto da una idea precisa acerca del destino que correrán estas disposiciones. Ello seguramente va a perjudicar, de modo muy notorio, a un sector clave de la vida nacional, como es el de la enseñanza; a uno de los más desmantelados y a uno de los menos protegidos desde el punto de vista de los servicios, de los alcances sociales que dentro de él se intenta prestar y de las retribuciones que corresponden a sus funcionarios. Hubiéramos estado dispuestos a aceptar algún recorte a nuestros planteamientos sobre la base de la certeza de una efectividad en las soluciones votadas. Ello no ha sido posible y, en consecuencia, nos limitamos a dar nuestro voto a la totalidad de lo aprobado por la Cámara de Representantes.

Por otro lado, hemos hecho llegar a la Mesa un artículo aditivo que había sido también propuesto...

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pido disculpas al señor senador por interrumpirlo, pero me atrevería a solicitarle alguna explicación respecto de este asunto, porque recuerdo que votamos prácticamente todo el articulado referente a ANEP en la Comisión. En realidad, no veo dónde está la diferencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Nosotros, señor Presidente, votamos todo como está aprobado por la Cámara de Representantes y así lo vamos a hacer en esta instancia.

Con respecto al destino final de estas disposiciones, el tiempo dirá. Pero tanto en la Cámara de Representantes como en ésta votamos integralmente este conjunto de disposiciones, aunque hubiéramos aspirado, naturalmente, a que en el conjunto de las referentes a la enseñanza se hubiera logrado una fórmula de acuerdo, lo que evidentemente no ha sido posible.

Esa es la constancia que a esta altura deseamos dejar, porque tanto para el Inciso 25 como para el 26, "Universidad de la República", hubiéramos querido intentar la posibilidad de soluciones que de alguna manera ampliaran lo votado por la Cámara de Representantes. Como ello no fue posible, nos vamos a limitar, en lo que hace a ambos Incisos, a votar aquello que fue aprobado por dicha Cámara.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: deseo señalar que nos manteníamos en la posición del Poder Ejecutivo y en consecuencia no votamos en Comisión este proyecto de presupuesto para ANEP.

Por otra parte, queremos dejar la misma constancia que en esa oportunidad: la palabra final la tiene el Poder Ejecutivo. En la Comisión no surgió un acuerdo, pero ello no significa que posteriormente no se pueda arribar a soluciones aceptables. Es obvio que todos estamos de acuerdo con que a la Enseñanza se le debe dotar de la mejor forma posible.

Además, deseo destacar que la posición del Poder Ejecutivo fue la de dialogar y tratar de llegar a una solución, que no se logró por el exceso de los rubros propuestos.

También se habló de la posibilidad de aplicar, de hacer efectivo el cobro del impuesto de Enseñanza Primaria. Precisamente el artículo que hace mención a ese punto, es el número 418 que dice que se somete a las Intendencias Municipales el cobro del impuesto. Adelanto que no lo voy a votar porque las Intendencias Municipales, de ninguna manera, aceptan tomar a su cargo este trabajo. En consecuencia, voy a votar en el entendido de que este artículo, si fuera aprobado, no se va a llevar a la práctica.

Creo que este artículo tendrá que cobrarse como se hacía antes, es decir, puerta a puerta en las ciudades, villas y pueblos aunque tenga que desdeñarse por el momento a la campaña.

Quedó en evidencia que por este impuesto se puede recaudar mucho.

(Murmullos)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - Advierto que de persistir el murmullo existente en Sala, no vamos a poder continuar con las nueve horas de labor que nos faltan. Por lo tanto, exhorto a los señores senadores a guardar silencio.

Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Gracias, señor Presidente, pero finalizo mi intervención reiterando que no voy a acompañar con mi voto este artículo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: los diputados y senadores de nuestro Partido en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, ante la opción entre el Mensaje de ANEP y el del Poder Ejecutivo, hemos elegido el primero porque desde que en este Parlamento se comenzó a hablar de política presupuestal en materia de enseñanza siempre la entendimos como una prioridad ineludible.

De manera que es en ese sentido que hemos acompañado en la Comisión el proyecto de presupuesto enviado por ANEP y, en consecuencia, lo vamos a hacer en Sala.

Deseo que quede esta constancia a manera de fundamento de voto.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito, señor Presidente, que de los artículos comprendidos en este Inciso se vote por separado el 418.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 407 al 423 incluido, con excepción del 418.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 418.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 26. Afirmativa.

-Léase el aditivo al Inciso anterior.

(Se lee:)

"Derógase el artículo 64 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, en cuanto fuere aplicable a la Administración Nacional de Educación Pública. Firman los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano."

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: este aditivo es muy claro y tiene el cometido de no aplicar a ANEP la disposición que se dictó durante el gobierno de facto, en la que se establecía que quedaban sin efecto las normas legales por las cuales las economías presupuestales acrecentaban la disponibilidad del ejercicio siguiente. Este derecho lo tenían los organismos de la Enseñanza sobre todo en función de su calidad de Entes Autónomos.

Por medio de este artículo sustitutivo, lo que hacemos es seguir una línea que ya señaló el Poder Ejecutivo. En el artículo 86 -que la bancada del Frente Amplio se abstuvo de votar- que proviene originalmente del Poder Ejecutivo, se dice que a partir del primero de enero de 1985 no le será aplicable a la Unidad Ejecutora Dirección de Infraestructura Aeronáutica, lo dispuesto en el literal B) del artículo 10 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953 y lo establecido por el artículo 5º del Decreto-Ley de 5 de enero de 1984. Esto significa que se le otorga a la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica la totalidad de los proventos y, además, en forma retroactiva convalida la posibilidad de acumular las economías.

De manera que, reitero, es un criterio señalado por el Poder Ejecutivo el que estamos aplicando a los organismos de Enseñanza y que lo vamos a extender a la Universidad. Además, se trata de organismos que ya tenían ese sistema y que fue derogado por la dictadura. En definitiva, lo que estamos haciendo es restituir lo que ya tenían los organismos de la Enseñanza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-6 en 22. Negativa.

Se pasa a considerar el Inciso 26 "Universidad de la República", que comprende los artículos 424 a 433.

SEÑOR TRAVERSONI. - Solicito que se desglosen los artículos 432 y 433.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RORIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en este Inciso también fue imposible lograr una aproximación en los puntos de vista con respecto al Poder Ejecutivo. Al igual que en el Inciso 25, nos vemos precisados a mantener lo votado en la Cámara de Representantes, sin poder intentar dar algunos pasos más en favor del otorgamiento de recursos a la Universidad de la República, en términos que estimamos absolutamente indispensables y que, por otra parte, fueron meticulosa e incontestablemente probados, en nuestra opinión, por las autoridades universitarias, tanto en la información vertida en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, como en su similar en la Cámara de Senadores.

Vamos a votar, reitero, de la misma forma en que lo hicimos con respecto al Inciso 25, es decir, lo votado por la Cámara de Representantes, al igual que lo han hecho en esa Cámara -y ahora en la Cámara de Senadores- los señores legisladores del Partido Nacional, pero sin haber podido lograr un acuerdo con los representantes del Poder Ejecutivo y sin contar con el apoyo de la bancada del Partido Colorado.

Inclusive, en el caso de la Universidad de la República, nosotros nos vemos precisados a votar un conjunto de disposiciones que estimamos muy insuficientes e incompletas. Hubiéramos querido llevar adelante el proyecto presentado por la Universidad de la República en su Mensaje, o por lo menos, sus 8 primeros artículos: el primero, que tiene que ver con el régimen presupuestario y de contralor financiero; el segundo, que define el alcance del concepto de partidas globales aplicables; el tercero, que dice relación con la distribución de las partidas globales; el cuarto, que fija procedimientos y alcances en cuanto a las trasposiciones de rubros; el quinto, que determina criterios en materia de utilización de economías; el sexto, que propone fórmulas de contralor para la actividad financiera; el séptimo, que tiene relación con la periodicidad de las entregas de partidas; y el octavo, que deroga las disposiciones que se oponen a distintos artículos vinculados con la Ley Orgánica de la Universidad de la República.

Además, desearíamos que hubiera existido la posibilidad de establecer determinados incrementos para el Rubro 0, así como para gastos de funcionamiento, y que hubieran podido votarse partidas especiales para distintos sectores de la actividad universitaria. Desde nuestro punto de vista, fue acabadamente demostrado -y lo reitero- por las autoridades universitarias, que ellas son estrictamente necesarias para lograr siquiera un mínimo funcionamiento acorde con las necesidades del Estado.

Esto no ha sido posible, señor Presidente. En el caso de la Universidad de la República, ni siquiera ha sido posible, mediante lo votado en la Cámara de Representantes, obtener un mínimo refuerzo que estimábamos indispensable por encima de lo propuesto por el Poder Ejecutivo, en materia de Rubro 0.

Nos vemos, pues, obligados a votar -para poder obtener una mayoría favorable en la etapa parlamentaria- solamente, lo que fuera aprobado en su oportunidad, por la Cámara de Representantes, por una cifra que oscila en torno a los N$ 1.020:000.000 por encima de lo autorizado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Solicitaría también que se votara separadamente el literal E) del artículo 431, dado que tengo una pequeña modificación para proponer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 424 a 431 inclusive, dejando postergada la votación de los artículos 432 y 433.

(Se votan:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 431.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - No he formulado por escrito esta observación porque tiene relación con el literal E) que los señores senadores tienen a la vista. Este literal dice que "para reforzar los créditos de los Rubros 2 "Materiales y Suministros" y 3 "Servicios no Personales", y los Subrubros 4.7 "Motores y partes para reemplazos" y 5.4 "Semovientes", se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones".

La Universidad de la República insiste muy especialmente en que sea hasta un 20%. Ello no altera en nada el gasto presupuestal, pero las circunstancias sobrantes hacen necesario que la partida sea más amplia, incrementándola de otros rubros.

Repare el Senado en que no se trata de retribuciones personales sino de gastos universitarios.

En una palabra, en el literal E), donde dice 10%, deberá decir "el 20%".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que en el literal F) debe suprimirse la expresión "reforzantes". En realidad, debería decir: "No podrán servir como partidas de refuerzo las de carácter estimativo de los Rubros 8..." etc.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se lean las modificaciones propuestas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En el literal E) se sustituye "el 10%" por "el 20%" y el literal F) dirá: "No podrán servir como partidas de refuerzo los créditos de los rubros..."

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No es así, señor Presidente; en el literal F) debe decir: "No podrán servir como partidas de refuerzo las de características estimativas de los rubros..."

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En realidad, es el penúltimo inciso, que no tiene literal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el penúltimo inciso.

(Se lee:)

"No podrán servir como partidas de refuerzo las de carácter estimativo de los Rubros 8, ‘Servicios de Deuda y Anticipos’ y 7 ‘Subsidios y Transferencias’."

-¿Los señores senadores miembros de la Comisión aceptan la modificación propuesta?

SEÑOR CIGLIUTI. - Estamos todos de acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 431, con las modificaciones propuestas por los señores senadores Ortiz y García Costa.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 432.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Los artículos 432 y 433, en su conjunto, insumen más de N$ 1.000:000.000, cifra que está muy por encima -obviamente- de lo que el Poder Ejecutivo expresó que podía dar. Nosotros estamos de acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo y no votaremos estos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 432 y 433.

(Se votan:)

-15 en 25. Afirmativa.

Léase el aditivo propuesto para el Inciso 28.

(Se lee:)

"Los créditos no utilizados de las partidas para retribuciones docentes del Programa 1 ‘Funcionamiento’ y de las partidas para inversiones en obras y en equipamiento del Programa 2 ‘Inversiones’, incrementarán las dotaciones presupuestales del Ejercicio siguiente de esas mismas partidas. (Firmado: señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.")

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Mantenemos la explicación que habíamos dado en oportunidad de considerarse el Inciso correspondiente de ANEP. Es decir, que mantenemos lo que tenía la Universidad antes de la dictadura y que ésta le quitó. Creo que con esto ganamos tiempo.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: este es un tema recurrente, que siempre se plantea, no sólo en esta Rendición de Cuentas sino en oportunidades anteriores y también cuando se estudia el Presupuesto.

Creo que alguna vez tendremos que adoptar un criterio general. Aquí no debe influir la institución a que se refiere, en cuanto al hecho de si los rubros no gastados en un año, pueden pasar al año siguiente. Al respecto, hay argumentos en pro y en contra. En principio, creo que no deben pasar al año siguiente, porque ello distorsiona las cifras presupuestales y puede provocar que no se gasten con la intención de ahorrar para otra finalidad. Por eso, creo que lo más importante es adoptar un criterio de carácter general que se aplique a todos por igual.

También sé que se ha dicho -porque hay que escuchar las dos campanas- que si se establece que los rubros que no se gasten en un año se extinguen, alguien se puede apresurar a gastar en cosas poco recomendables. El asunto es gastar. Eso también es verdad. Sin embargo, pienso que ambas situaciones pueden corregirse y lo fundamental para ello es que se adopte un criterio fijo y permanente. Mientras esto no se haga, quien habla, junto con otros compañeros, habremos de votar en contra todos estos casos.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: comprendo lo que expresa el señor senador Ortiz, pero debo señalar que en el día de ayer el artículo 86 fue aprobado por 16 votos en 25 -aunque no contó con nuestros votos- a pesar de que recoge para otro organismo el criterio que proponemos se adopte, en el futuro, para con la Universidad y la ANEP.

El organismo a que se refiere el artículo 86 es muy especial, como todo lo que está incluido en el Inciso 03. Se trata de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, y este criterio se adopta con efecto retroactivo, porque el proyecto que envió el Poder Ejecutivo establece en el año 1987, que no será aplicable la obligación de volcar a Rentas Generales las economías producidas al terminar el Ejercicio anual, a la acumulación de economías que viene realizando dicha Dirección desde 1985.

Estos ejemplos, señor Presidente, indican que, a veces, la balanza no está equilibrada, porque mientras por un lado se dice que este criterio no se puede adoptar para organismos como los de enseñanza -que han explicado suficientemente, a mi modo de ver, las razones por las que esa acumulación de economías se hace necesaria- otros que están incluidos dentro de la órbita de la Administración Central, son tratados con la amplitud que se le niega a los Entes de enseñanza, y todo ello dentro de la misma Rendición de Cuentas que tenemos a consideración.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: quiero mencionar que hemos ceñido nuestra actitud en el Senado y en la Comisión, a las posiciones del Poder Ejecutivo en los distintos aspectos de esta Rendición de Cuentas.

El Poder Ejecutivo ha adoptado posición en el sentido de que los rubros cesen con el año civil, sin pasar al Ejercicio siguiente. Por eso, en esta oportunidad, votaremos en contra lo propuesto para la Universidad, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones con respecto a otros organismos.

En cuanto al ejemplo citado por el señor senador Senatore, relativo al artículo 86, debo señalar que esta disposición se refiere a que la Unidad Ejecutora Dirección General de Infraestructura Aeronáutica puede disponer de sus proventos, es decir, a los que por su actividad genera dicha institución. En consecuencia, puede disponer de ellos.

En cambio, en el artículo a consideración no se trata de proventos sino del Presupuesto de la Universidad, pagado a través de Rentas Generales y que, se entiende, cubre ciertas áreas y fechas. Por esta razón, no se puede comparar nuestra negativa a esta propuesta para la Universidad con nuestro voto afirmativo a esta resolución del artículo 86. Se trata de dos cosas completamente distintas.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: simplemente quiero hacer constar que no solamente no son diferentes sino que, por el contrario, estas disposiciones son absolutamente similares.

La Universidad de la República, en un caso, por intermedio, fundamentalmente, del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Gelsi Bidart -quien en más de una oportunidad ha abundado documentadamente sobre el tema- y el organismo central de la Enseñanza, en otro, a través de uno u otro de los componentes del CODICEN, han explicado con detalles al Parlamento, en una y otra de sus ramas, acerca de los fundamentos por los que estos sectores tienen estricta necesidad de esa disposición de recursos en el Ejercicio inmediato posterior a aquél para el que fueron previstos. Invariablemente, por fundamentos que también han sido explicitados, la mayoría en el Parlamento ha dado una respuesta negativa a estos planteamientos. No obstante ello, en el caso de la Dirección de Infraestructura Aeronáutica, mal atribuida al Ministerio de Defensa Nacional, del que ya no debería formar parte, se ha aplicado un criterio sustancialmente diferente. Se trata de recursos cuantiosos que vienen pasando desde 1985 en adelante, lo que justifica una vez más aquello que, en el día de ayer, nosotros mencionamos con relación a que el tratamiento presupuestal -no sólo presupuestal, naturalmente, pero estamos hablando en este momento del Presupuesto que se asigna al Ministerio de Defensa Nacional- reposa en orientaciones, en calificaciones y en valores que son completamente distintos a los que se aplican para el resto de la Administración.

En este caso, señor Presidente, el paralelismo entre el grado de comprensión que se pone de manifiesto ante las necesidades planteadas por la autoridad de la enseñanza, en un caso ANEP, en otro la Universidad, en un caso el organismo encabezado por el profesor Pivel Devoto y, en otro, el organismo encabezado en su autoridad por el contador Lichtensztejn, es completamente diferente a aquél que se aplica para los sectores que dependen, debida o indebidamente, pero sí materialmente, del Ministerio de Defensa Nacional.

Es una comprobación más, señor Presidente, que se agrega a una larga retahíla y hacemos cuando podemos para que no se vea extendida y multiplicada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo compuesto por los señores senadores Senatore, Rodríguez Camusso y Gargano.

(Se vota:)

-7 en 25. Negativa.

Se pasa a considerar el Inciso 28, Banco de Previsión Social, que comprende los artículos 434 a 459, inclusive.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Solicito que se desglose el artículo 456.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se desglose el artículo 446.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso correspondiente al Banco de Previsión Social con excepción de los artículos 446 y 456.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 446.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - De acuerdo con este artículo, se establece que la retribución de los directores del Banco de Previsión Social es igual a la de los ministros de Estado.

En su momento, el año anterior, en la Rendición de Cuentas que en definitiva no se votó, venía, una disposición de carácter similar. Requerimos la información correspondiente y una de las asesoras de la Contaduría General de la Nación nos brindó datos precisos, por los que vinimos a saber que, en aquel momento, el único integrante de un Ente Autónomo que cobraba sueldo de ministro de Estado, era el rector de la Universidad. Los demás, con carácter general -no sé si habría alguna excepción- cobraban sueldo de subsecretario de Estado. En función de ello, planteamos el problema y algún miembro de la Comisión -porque nosotros estábamos formalmente inhabilitados para hacerlo- solicitó reconsideración del punto en presencia del señor ministro de Economía y Finanzas y del señor director de Planeamiento y Presupuesto. Recuerdo perfectamente que en aquella oportunidad, el señor ministro Zerbino nos dio toda la razón y dijo que en modo alguno se justificaba esto que consideraba un tratamiento privilegiado, porque ningún director de Ente Autónomo cobraba sueldo de ministro de Estado.

Por consiguiente, en ese momento se reconsideró la decisión y se estableció que el sueldo iba a ser igual al de los subsecretarios de Estado. Como en definitiva no se votó la Rendición de Cuentas y el sueldo no estaba fijado, porque anteriormente el Banco de Previsión Social era la Dirección General de la Seguridad Social, tengo entendido que por vía de un decreto se estableció posteriormente un sueldo equivalente al de los ministros de Estado.

Eso no fue lo que resolvió el año pasado la Comisión de Presupuesto, con el asentimiento expreso del señor ministro de Economía y Finanzas, que consta en Actas.

Este año, cuando se volvió a plantear el análisis del Inciso "Banco de Previsión Social", los señores directores que se hallaban presentes -faltaba solamente su Presidente, el doctor Bonilla Fontes- solicitaron, con buen criterio en mi concepto, que este artículo no se considerara en su presencia, por una razón de elemental delicadeza.

No me encontraba presente cuando se votó el artículo -el señor senador Senatore me acota que no se votó- pero recuerdo perfectamente que se hicieron algunas preguntas sobre la situación de los jerarcas de otros organismos del 220. Por ejemplo, el señor senador Ortiz se refirió a los ministros del Tribunal de Cuentas, manifestando que ganaban menos que estos directores. Con una notable celeridad, en menos de 10 minutos -lo que le llamó la atención al señor senador Lacalle Herrera- ese día se nos entregó una información que comenzaba por los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, naturalmente, son jerarcas de un Poder del Estado y ganan lo mismo que un ministro. Luego, en diferentes escalas, figuran todos los demás, incluido el rector de la Universidad, el Presidente de ANEP, el Presidente del Banco Central y el del Banco de la República. Estoy señalando los Entes Autónomos más importantes, cuyos jerarcas no perciben la misma remuneración de un ministro de Estado.

Por consiguiente, señor Presidente, no sé de dónde sale esta insistencia en establecer un privilegio para los directores del Banco de Previsión Social. Me hago cargo de que se trata de una diferencia mínima en el Presupuesto General del Estado la existente entre el sueldo de ministro y el de subsecretario, multiplicado por cinco jerarcas de un Organismo. Tampoco es una cuestión de carácter personal. Pienso que hay que manejarse con un criterio parejo, igualitario. Todos los miembros de los directorios de los Entes Autónomos del Estado deben ganar lo mismo, igual que los ministros de la Corte Electoral y los del Tribunal de Cuentas que, si se quiere, son organismos más importantes que aquéllos, por la elemental razón de que está previsto, a texto expreso, en la Constitución de la República.

Por lo tanto, señor Presidente, voy a proponer que se establezca que deben ganar lo mismo que los subsecretarios de Estado que, por otra parte, es lo que perciben los demás directores de Entes Autónomos. Creo que esto es lo justo y lo correcto.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: es verdad lo que el señor senador Senatore apuntó al señor senador Aguirre. Este artículo no fue votado en Comisión, sino que fue discutido en la forma en que lo expresó el señor senador preopinante.

Creo que es legítimo que los jerarcas de estos órganos del Estado tengan una compensación semejante. En consecuencia, pueden o no, según se resuelva -no me escandalizaría- ganar lo mismo que un ministro de Estado. Tampoco me parecería mal que si todos ganan igual, ese sueldo se fije en relación con lo que percibe un subsecretario de Estado.

La otra circunstancia es que, yo al menos, no votaría un texto que les rebajara el sueldo. No me parece justo que si por cualquier razón, procedente o no, estuvieran ganando determinada cantidad, hoy el Senado resolviera que deben ganar menos. Por ejemplo, el vicepresidente que antes era director general, en virtud de tal condición, tenía una compensación para gastos de representación. Cuando ascendió de categoría, perdió esa compensación, por lo que no le convenía seguir trabajando. La circunstancia de que el Parlamento no vote esta disposición ni la sustituya por otra plantea también una laguna. ¿Qué ocurre si este asunto se vota negativamente? ¿Cuánto van a ganar? Por ley no tienen una asignación fijada.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Cuánto ganan actualmente?

SEÑOR CIGLIUTI. - He dicho al principio de mi intervención que no lo sé. Además, no tengo por qué saberlo; no lo pregunté y no me lo dijeron. Pero entiendo que, de acuerdo a la nota que enviaron, es claro que tienen asignado un sueldo de ministro y su Presidente tiene una compensación en virtud de su condición, al igual que un ministro. Los ministros ganan equis cantidad y perciben una compensación; con el subsecretario ocurre lo mismo. El sueldo básico del ministro es igual al del subsecretario, pero tiene además una compensación. En este caso corre más o menos lo mismo. Aquí dice sueldo de ministro, que es como decir el sueldo completo de subsecretario. En consecuencia, no se me hace difícil dar mi voto a este artículo. Es claro, que esta es una posición personal, ya que se trata de una situación que la Comisión no estudió y cuyos datos completos no están a disposición del Senado.

Se me anuncia que lo que perciben los miembros del Directorio del Banco de Previsión Social es lo que figura en este artículo, o sea, el sueldo de los ministros de Estado. Eso ocurre así desde que se constituyó el Banco de Previsión Social, con la compensación a su Presidente, por gastos de representación, que también tiene el ministro. Pero el Presidente es el único que la recibe.

Por lo tanto, entendiendo que los miembros del Directorio del Banco de Previsión Social reciben una remuneración acorde a lo expresado en el artículo 446, voy a dar mi voto para mantener la situación existente. No me parece justo que ahora se les rebaje el sueldo. Si se les vota un Presupuesto, lo único que se puede hacer es mantenerles el sueldo; no digo que se les mejore, pero tampoco que se les rebaje.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El señor senador Cigliuti ha dicho que si este artículo se vota negativamente, no se sabe en qué situación queda el Directorio del Banco de Previsión Social o si sus sueldos se mantienen como han sido fijados por decreto.

No he propuesto que se vote negativamente este artículo, sino que se modifique en el sentido de que el sueldo sea el de un subsecretario de Estado y que la partida para gastos de representación, que debe percibir el Presidente del Banco, corresponda también a la de un subsecretario de Estado.

El señor senador Cigliuti argumenta que eso significa una rebaja del sueldo. Quizá eso sea cierto, pero el Parlamento tiene facultades para rebajar gastos y autorizarlos en menor medida que lo solicitado.

Cada vez que pretendemos autorizar un gasto no pedido por el Poder Ejecutivo, aunque sea justo, se nos dice que no se puede porque es inconstitucional. Cuando queremos bajar uno, se nos dice que eso no es posible porque significa una rebaja de sueldos. Pero, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Nada más que para levantar la mano a lo que dice el Poder Ejecutivo? Realmente, esto no tiene sentido.

Por un principio elemental de justicia y de sentido igualitario, si todos los demás Presidentes y directores de los Entes Autónomos, si el Presidente del Banco de la República, que es un cargo de enorme jerarquía, o el rector de la Universidad, no ganan lo mismo que un ministro de Estado, ¿por qué los cinco directores del Banco de Previsión Social deben percibir un sueldo de ese monto? Esto es de elemental sentido común. Lo único que pretendo es que a todos los directores de los Entes Autónomos se les retribuya de igual forma. De lo contrario, esto configura, en cierto sentido, un privilegio que alguien ha propuesto para el Banco de Previsión Social. No juzgo a quien lo propuso, pero creo que se equivocó.

Por consiguiente, hago moción para que el artículo no se vote con la redacción con que viene, sino que se establezca que la retribución es la de los subsecretarios de Estado y que la partida para gastos de representación, del Presidente del Banco, también sea la de los subsecretarios de Estado.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Lo que no tiene sentido es mezclar al Poder Ejecutivo en este asunto, ya que no tiene nada que ver. Si se le pregunta acerca de esto, seguramente estará de acuerdo en que todos ganen lo mismo.

En relación a que los miembros del Directorio del Banco de Previsión Social van a ganar lo mismo que un ministro de un Poder del Estado, no es así, porque éste gana más.

Por otra parte, si se modifica el artículo se les rebaja el sueldo. No estoy de acuerdo con que el Poder Legislativo tenga que decir amén a todo lo que se le presenta, sino que digo que tiene todas las facultades para actuar de acuerdo con la Constitución, ya sea hacer las leyes o modificarlas, pero no puede ser injusto. Ese es un hecho. A mí me parece que esta es una injusticia.

No hay por qué negar que hemos conversado sobre los sueldos de los jerarcas de la Administración en virtud de que hay miembros de Entes Autónomos y de los Organismos del 220 de la Constitución que ganan menos de lo que deben percibir. Esas remuneraciones deben ser mejoradas en virtud de que hace tiempo que no lo han sido.

Puede ser que todo esto tenga que hacerse en un paquete, como se dice vulgarmente; pero a lo que me refiero en forma concreta es la hecho de que éste es un problema del Banco y del Parlamento y éste tiene libertad para resolver. Creo que no sería justo que asumiera una posición que perjudicara a las personas que están desempeñando esos cargos.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: comparto los razonamientos que formuló el señor senador Aguirre; pero también pesa en mi ánimo la circunstancia de que si votamos este artículo les estamos rebajando los sueldos y esto no es grato para nadie. Además, estos señores directores no tienen culpa porque ellos no fijaron su sueldo.

Me parece que si votamos negativamente el artículo, les seguirán pagando los sueldos como lo han hecho hasta ahora, por vía de un decreto o de una resolución; pero el Poder Ejecutivo se sentirá impulsado a resolver el asunto. No tengo dudas de que va a adjudicar a todos los directores de los Entes Autónomos el sueldo de ministro, porque es lo justo. Por consiguiente, repito, considero que lo más prudente es no votar el artículo, con lo cual no consagramos la injusticia que aquí se establece, ni provocamos que no les paguen los sueldos.

Creo que el Poder Ejecutivo -luego de este debate del que se enterará- seguramente adoptará medidas para nivelar los sueldos de todos los directores de los Entes Autónomos.

Por consiguiente, creo que la mejor solución es no votar este artículo para no incurrir en ninguno de los dos extremos que, en lo que a mí respecta, no me parecen atrayentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto tal como vino de la Comisión.

(Se vota:)

-5 en 26. Negativa.

SEÑOR SINGER. - Formulo moción para que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-9 en 26. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre en el sentido de que se sustituya, en el artículo 446, en las dos oportunidades en que dice "ministro de Estado", por "subsecretario".

(Se vota:)

-12 en 27. Negativa.

No es necesario votar la moción formulada por el señor senador Ortiz, porque el artículo 446 ha quedado rechazado.

En consideración el artículo 456, en el que hay un error numérico; la cifra es N$ 805:133.318, tal como está escriturado en letras; debe corregirse la cifra en números.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: al tratarse este artículo 456, solicitamos la palabra porque nos parece momento oportuno para efectuar alguna observación, que ya formuláramos durante el trámite en Comisión.

Dicha observación tiene los siguientes aspectos. Como saben los señores senadores, el Presupuesto que presenta el Banco de Previsión Social -por ejemplo, en las páginas 166 y 167- establece como Unidades Ejecutoras a los Consejos de Prestaciones de Pasividad y Ancianidad, de Actividad, de Asesoría, de Recaudación, etcétera, etcétera. Lo mismo hace en otras disposiciones.

Como se sabe estos Consejos existen teóricamente porque la Ley Nº 15.800 -que ha establecido su existencia- sigue incumplida por el Poder Ejecutivo desde hace más de un año.

Queremos señalar que, desde el punto de vista presupuestal, probablemente la inexistencia de los órganos debidamente constituidos, va a merecer, por parte del Tribunal de Cuentas, observaciones de importancia a los gastos que puedan generarse por Unidades Ejecutoras que no existen y que tendrán que ser suplidas por el Banco de Previsión Social o por la Gerencia de éste. Considero que esto es ilegal y va a haber un vicio formal de importancia en el funcionamiento de estas reparticiones. En materia de inversiones, por ejemplo, el Consejo de Administración y Servicios Generales -que es la Unidad Ejecutora de las inversiones- no va a existir. No me cabe ninguna duda de que, desde el punto de vista de la ordenación de los gastos y todos los trámites que más adelante vamos a analizar -cuando tratemos el largo artículo sobre la Ley de Ordenamiento Financiero- se abre una brecha de regularidad a la imputación y pago de los gastos que me parece de importancia destacar.

También ocurre que puede gravitar negativamente en la recaudación -es oportuno mencionarlo aquí, como lo hicimos en la Comisión- del Banco de Previsión Social. De acuerdo al artículo 11, literal C), de la Ley número 15.800, se establece: "Compete al Consejo de Asesoría Tributaria y Recaudación, lo atinente a la determinación, percepción y control de los recursos que deban ser aportados por los afiliados". ¿Qué quiere decir la palabra "determinación"? Ella implica la liquidación de oficio de los aportes de las empresas que no han cumplido regularmente con sus obligaciones. Esta "determinación", cumplidos los trámites legales del caso, se convierte en título ejecutivo. Cuando comparezca el abogado, el curial o el procurador del Banco de Previsión Social a hacer efectivo el juicio, ese crédito en la vía ejecutiva se va a encontrar con un excepcionamiento por falta de personería, por un defecto de la liquidación de la cuenta que, de generalizarse, va a volver completamente ilusoria la posibilidad de que el Banco de Previsión Social cobre cuantiosos créditos por la vía ejecutiva. Todos sabemos que hay empresas que deben cantidades muy importantes.

Esto, señor Presidente, lo manifestamos en Comisión -consta en actas- pero no queremos dejar pasar en silencio -cuando estamos aprobando la Rendición de Cuentas y se mencionan estos inexistentes Consejos, por cuanto no tienen soporte, personas que los integren- que se exprese que están constituidos.

El Poder Ejecutivo tiene una opinión contraria a la creación de estos Consejos; pero esta es una ley de la República. Esto se ha manifestado por vía oficial y en conversaciones que hemos mantenido con los más altos jerarcas de la República, pero no hemos visto que aquí viniera un proyecto de ley eliminando la existencia de estos Consejos Desconcentrados. Entonces, su no integración, señor Presidente, es una irregularidad manifiesta.

Como ya dije, deja de estar en el campo de la irregularidad que, aunque lamentablemente, tendríamos que tolerar, para ingresar en el de una ilegalidad que pueda tener consecuencias concretas y perniciosas. La primera de las apuntadas, en cuanto a que la realización de las inversiones merecerá -y con mérito suficiente- observaciones por parte del Tribunal con relación a la regularidad de las inversiones que se efectúen; y, finalmente, la que hemos anotado, que seguramente en algún expediente ya habrá sido utilizada como excepción dirimente y pondrá, bien puesto, el punto final al juicio ejecutivo, dando oportunidad a que algún colega demuestre su habilidad y méritos profesionales para detener cuantiosas ejecuciones.

Entonces, señor Presidente, es preciso decir esto, porque la demora, la falta o la contraria voluntad -llámese como se le quiera llamar a la actitud del Poder Ejecutivo- ha impedido que la regularidad legal, el cumplimiento exacto de la Ley Nº 15.800 sea un hecho y va a traer esas consecuencias que acabamos de señalar.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: con relación al tema que ha abordado el señor senador, recordamos que fue considerado en Comisión, con la presencia de directores del Banco encabezados por su vicepresidente, señor Sanguinetti.

De la conversación que se mantuvo en Comisión, creo que quedó claro que es obvio que para el nombramiento de los Consejos Desconcentrados del Banco de Previsión Social es imprescindible un acuerdo político previo. Aún en el caso de querer resolver, después de lo conversado hasta este momento, por considerarlo más conveniente, que no haya Consejos Desconcentrados, se necesita un acuerdo político también, que aún no se ha logrado para aunar criterios respecto de ese punto.

Esa fue la razón que se dio, señor Presidente, y que repito aquí en Sala, por entender que es conveniente que se conozca con claridad que la no designación para esos cargos se debe a que está condicionada a un acuerdo político previo e indispensable. Además, porque a esta altura puede estimarse que sea conveniente revisar la ley en cuanto establece la integración de esos organismos.

El señor Sanguinetti abundó en consideraciones con respecto al punto, por entender que lo necesario es llegar a esta última solución, ya que después de tantos meses el Banco funciona como debe hacerlo, desde el punto de vista administrativo, sin los Consejos Desconcentrados.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite, señor Presidente, para una aclaración?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: por mi parte, puedo dar fe de que las palabras del señor Sanguinetti -que es quien lleva la voz cantante en nombre del Banco de Previsión Social- sobre toda esta materia, fueron en ese sentido. Lo que ocurre es que no ha aparecido el proyecto de ley derogando en lo pertinente la Ley Nº 15.800 -que sería la expresión de voluntad real y efectiva, aunque lo estuviéramos considerando aún y se nos pudiera echar la culpa por nuestra lentitud- ni se ha propuesto nada en la Rendición de Cuentas. Se podría haber hecho, porque total en ella hemos visto cosas por el estilo, de modo que si la voluntad política hubiera sido ésa, podrían haberlo incluido.

En cuanto a la falta de acuerdo político para la designación de los miembros de los Consejos Desconcentrados, si la opinión del Poder Ejecutivo es que falta, entonces, le suministraremos, por lo menos desde nuestro punto de vista, ese acuerdo, y estoy seguro que todos estaremos contestes en tenerlo para lograr regularidad legal hasta que se derogue la ley. Mientras ésta exista, las designaciones tienen que hacerse.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: voy a referirme a otro aspecto de este artículo 456.

Su texto, en la parte final, dice que se integra con las partidas siguientes que distribuirán de acuerdo a las planillas y programas anexos al proyecto de Presupuesto. Cuando se dice "planillas anexas", nos estamos refiriendo a las que están incluidas en forma separada, en las páginas siguientes.

Entonces, creo que tendría que decir "de acuerdo a las planillas siguientes", porque son parte integrante de la ley. En algunos casos no se entiende así, pero éstas sí forman parte de la ley, de modo que debería decir las planillas y programas siguientes, porque son, realmente, las que figuran en las páginas próximas.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: muy brevemente quiero manifestar que no comparto en absoluto lo que aquí se ha expresado sobre el fundamento del incumplimiento de esta disposición y sobre la posibilidad de corregir el problema, a posteriori, por vía legal.

El Poder Ejecutivo y todos los órganos administrativos del Estado tienen, de acuerdo con la Constitución, la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes.

La opinión de algún jerarca -sea del grado y de la importancia que sea, como resultancia del cargo que ocupa- en el sentido de que no es conveniente acatar una ley, es algo absolutamente inadmisible e irrelevante desde el punto de vista jurídico.

No se trata del primer episodio de esta naturaleza, que se suscita respecto de leyes sancionadas por este Parlamento, las que luego se incumplen, como ocurrió con el Registro de la Propiedad, que se sancionó junto con la Ley de Emergencia de Arrendamientos.

No quiero hacer un capítulo especial ni extender mi intervención. Iba a decir "ni hacer perder el tiempo" al Cuerpo, pero en realidad no es así, porque en ninguna circunstancia es perder el tiempo exigir que se cumplan las leyes. Es que no puedo permanecer en silencio cuando se pretende justificar el incumplimiento, liso y llano, de una ley. Estas hay que cumplirlas aunque no nos gusten. Si la ley, en el error, previó al creación de estos órganos, ellos deben funcionar y quien tiene obligación de nombrar a sus integrantes, debe hacerlo. El incumplimiento de la ley es un hecho grave e inexcusable. No hay argumento de ninguna naturaleza ni pretexto que pueda validar esta conducta.

Es lo que quería decir, señor Presidente.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: es para expresar mi desacuerdo en cuanto se dice que el señor vicepresidente del Banco de Previsión Social es el representante del organismo. De acuerdo con la ley, con las normas legales, lo es su Presidente, que no estaba en el país cuando la Comisión recibió a los integrantes del Directorio del Banco.

A la vez, debo manifestar una coincidencia. Estoy de acuerdo con el señor senador Aguirre, porque lo que hemos expresado, el señor Sanguinetti en la Comisión y yo aquí, no es una razón, sino un hecho. Los integrantes de los Consejos Desconcentrados no se han designado, como indica la ley, por las razones que he expuesto. Eso no quiere decir que nadie esté sosteniendo acá que no haya que cumplir las leyes. Cuando una ley no sirve, lo que hay que hacer es modificarla, y eso es lo que sucederá, porque es una de las dos razones que integran este componente, que son: una, el motivo por el cual no se han podido nombrar y, otra, aquélla por la que el Banco cree que debe propiciarse una modificación a la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 456 con la modificación numérica a que hizo referencia la Mesa y con la propuesta por el señor senador Ortiz, en el sentido de que diga "las planillas y programas siguientes".

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: en el día de ayer se votó negativamente un aditivo propuesto por el señor senador Senatore, relacionado con la incorporación, a la escala vigente actualmente para otros cargos del Poder Judicial de la Defensoría de Oficio.

He hecho llegar a la Mesa el texto como tendría que quedar redactado, tal como lo anunció el señor Presidente en su momento.

Solicito la reconsideración, señor Presidente, sin desear extenderme más en la fundamentación, por los argumentos que expuse en el día de ayer.

SEÑOR PRESIDENTE. - En realidad, el texto sustitutivo que propone el señor senador Tourné es el mismo que se votó en el día de ayer, pero aquél no estaba redactado y éste sí.

SEÑOR TOURNE. - Exactamente, señor Presidente; se le ha dado una redacción para evitar confusiones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la reconsideración solicitada por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-14 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo aditivo propuesto.

(Se lee:)

"Las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial que se indican, y de los titulares de cargos similares del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrán como base el 100% (cien por ciento) de la dotación que perciban los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del referido Tribunal, quedando fijadas de acuerdo a la siguiente escala:

A) Director general de Defensoría de Oficio, 85% (ochenta y cinco por ciento)

B) Director de Defensoría de Oficio, 78% (setenta y ocho por ciento)

C) Defensor de Oficio en la Capital, secretario de Defensoría (Secretario II) 75% (setenta y cinco por ciento)

D) Defensor de Oficio del Interior, 65% (sesenta y cinco por ciento)

Los funcionarios del Escalafón Técnico Profesional que no tengan prohibido el Ejercicio de sus profesiones y cuyos cargos tengan una remuneración porcentual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, percibirán solamente el 68,96% (sesenta y ocho con noventa y seis por ciento) de las remuneraciones que resultan de la aplicación de dichos porcentajes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo saber cuántos votos recibió este artículo en la instancia anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - En el día de ayer la votación fue de 14 en 31, resultando negativa; ahora acaba de votarse por 15 votos en 28, por lo que el artículo queda aprobado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: quisiera hacer una muy sumaria consideración acerca de una situación especial que se plantea en el Inciso 28, que por las razones que expondré no pudo ser tenida en cuenta a propósito de su articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aún no hemos entrado al análisis de ese Inciso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Lo sé, señor Presidente, pero esto no está incluido en el articulado y tampoco es objeto de un aditivo, pero como tiene que ver con lo que estamos tratando, deseo referirme a ello en este momento.

En el proyecto votado por la Cámara de Representantes, dentro del Inciso 28, Banco de Previsión Social figuró un artículo 474 que, al ser considerado por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado no contó con los votos suficientes como para ser aprobado, por lo que fue suprimido. ¿Por qué sucedió esto? Como consecuencia de una información dada por el Directorio de dicho Banco en el seno de la Comisión.

Se trata de una modificación de grados que representa una regularización para los funcionarios técnicos del Banco de Previsión Social, porque establece una determinada proporción de aumentos en sus retribuciones, lo que se financiaría con cargo a un rubro del cual se obtienen los recursos para el pago de horas extras para el conjunto de los funcionarios. Al considerar el mencionado artículo, nosotros planteamos, también, la situación que tiene que ver con los jefes de Sección, que son administrativos y habían quedado excluidos, pudiendo ser incluidos a través de una ampliación del artículo 466 votado por la Cámara de Representantes.

Como decía, no se pudo obtener la aprobación de este artículo 474 debido a la información proporcionada por el Directorio del Banco de Previsión Social, según el cual el costo del mismo representaría una suma superior a los N$ 90:000.000, lo que trastornaría por completo -en opinión de este Directorio, reitero- el funcionamiento de dicho Banco e incluso afectaría gravemente los fondos destinados al pago de horas extras para el conjunto del funcionariado, inclusive para aquellos de los grados inferiores. Ello determinó que la Comisión no insistiera en el mantenimiento de este artículo.

Por razones de programación de trabajo, este asunto fue considerado en una de las últimas sesiones de la Comisión. Una vez terminado el trabajo de la misma, cuando el proyecto ya está a consideración del Senado, nos llega una información de la organización sindical que representa a los trabajadores de la Seguridad Social, con un detalle pormenorizado, escalafón por escalafón, categoría por categoría, grado por grado, con la cantidad de cargos y con precisiones numéricas muy específicas, actualizado y con la modificación, con lo que se demuestra que el costo del artículo sería solamente de N$ 30:000.000 y no de N$ 90:000.000, como se había anunciado. Por ello no afectaría sustancialmente el rubro con cuyos fondos se pagan las horas extras.

Naturalmente, en este momento nos vemos imposibilitados de propiciar una nueva consulta al Banco de Previsión Social. De haberse planteado este tema algunos días antes, hubiéramos procurado una confrontación de opiniones entre el Directorio y los representantes de los trabajadores, para poder extraer, oyendo las dos campanas, una información oficial. Ante la imposibilidad de dar solución inmediata al tema, queremos dejar planteado el tema y expuesta nuestra preocupación, porque si la Rendición de Cuentas tiene nuevas alternativas en el curso de su consideración -como seguramente sucederá- nosotros replantearemos el tema. Si las cifras son las que entiende y explica el Directorio del Banco de Previsión Social, existe casi una imposibilidad material de dar solución al tema; pero si ellas se aproximan, siquiera, a las que informan los funcionarios, estaríamos en condiciones de insistir en la conveniencia de aprobar esta disposición e, incluso, de extenderla a los jefes de Sección administrativos.

Esa era la constancia que quería dejar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 21, "Subsidios y Subvenciones", artículo 460.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con el texto propuesto por la Comisión.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

Se propone un aditivo para el último inciso de este artículo.

Léase.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - Se propone agregar, en el último inciso, a la Organización Nacional Prolaboral para Lisiados (ONPLI) con una partida de N$ 1:000.000. Firman los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.

SEÑOR SINGER. - ¿Se trata de un aumento?

SEÑOR GARCIA COSTA. - No, señor senador, se trata de una facultad...

SEÑOR PRESIDENTE. - En ese segundo inciso se establece: "Facúltase al Poder Ejecutivo, atendiendo a las disponibilidades de Tesorería a otorgar las siguientes subvenciones a partir del 1º de enero de 1987", y allí se agregaría a esta Institución, con una partida de nuevos pesos 1:000.000.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

En consideración el Inciso 24, "Diversos Créditos", que comprende los artículos 461 a 466 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Ha llegado a la Mesa un artículo aditivo presentado por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.

Léase.

(Se lee:)

"Declárase que las excepciones a que refiere el inciso segundo del artículo 145 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, no alcanza a los Gobiernos Departamentales cuando contraten préstamos o empréstitos con organismos internacionales en forma directa o por medio de acuerdos subsidiarios con el Banco Central o el Gobierno Central, en cuyo caso se atenderá a lo que dispone el artículo 301 de la Constitución de la República". Firman los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano".

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Si bien vamos a votar esta disposición, de acuerdo a lo que conversamos en Comisión, en resumen ella dice que debe cumplirse el artículo 301 de la Constitución. Pero si los señores senadores proponentes consideran necesario reiterar el cumplimiento de la disposición constitucional tal como se señala, lo hacemos. Lo habíamos sacado en función de ello, pero no queremos crear problema por tan poca cosa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-7 en 27. Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Antes de entrar a considerar el Capítulo siguiente sobre Normas Tributarias, me pregunto si no correspondería tratar de votar los artículos que quedaron pendientes del Inciso 02 "Presidencia de la República", 66 y siguientes, respecto de los cuales los señores senadores representantes del Frente Amplio nos habían hecho un planteo sobre una modificación de la constitución de las Comisiones Asesoras.

Si el Cuerpo decide considerar estos artículos, podríamos ir despejando el camino ya que existe una discrepancia menor que podemos explicar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que es conveniente considerar esos artículos 66 a 73, que fueron postergados en una sesión anterior.

Correspondería que los señores senadores que han trabajado sobre el tema hicieran alguna referencia a estas disposiciones. La Mesa quiere señalar que habría varias correcciones a efectuar a estos artículos en lo que respecta a remisiones a otras disposiciones.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - En cuanto a las remisiones, debo señalar que la que se hace al artículo 61 sería al 51, porque se refiere al Plan de Obras Públicas. La remisión del artículo 84 también sería referida a otro artículo del actual texto.

Antes de entrar a considerarlas, quisiera hacer una aclaración respecto al planteo que hizo el señor senador Gargano en nombre del Frente Amplio. Este tenía que ver con la integración de las Comisiones Asesoras y en el artículo correspondiente a esa integración, que era del 81, la proposición alternativa era que en lugar de haber tres miembros titulares designados por determinadas instituciones, estos fueran dos y que el tercero fuera designado por la Universidad de la República.

Nosotros hemos entendido que esa designación de la Universidad para este caso concreto no correspondería, porque se trata de una unidad específicamente asesora sobre un proyecto también concreto y específico, y porque de aceptarla para este caso, sería de recibo para todos los demás.

En consecuencia, nos pareció que no era de recibo -y así lo comunicamos al señor senador Olazábal- la modificación que se planteaba. Esa era, por otra parte, la única modificación propuesta al texto sustitutivo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la propuesta que formulamos a los señores redactores del proyecto alternativo de incorporar a la Universidad de la República, se basa en un criterio que ya tiene cierto grado de desarrollo en algunos Ministerios, de incorporar a técnicos profesores de la Universidad o a institutos de ésta, a planes de desarrollo del conjunto de la Administración, como forma de lograr que la Universidad esté integrada al país que vive y trabaja.

Creemos que esto es fundamental para concebir a la Universidad dentro del marco nacional, y que contribuiría a que estas Comisiones Asesoras contaran no sólo con la representación de los intereses sectoriales o de las reparticiones administrativas correspondientes, sino también con el aporte de una institución clave en la vida nacional y en el desarrollo futuro del país.

Por esa razón, mantenemos la propuesta y vamos a votar la integración referida. Por lo demás, creemos que ello no limita la posibilidad de que estén representadas en estas Comisiones Asesoras las instituciones gremiales o cooperarias vinculadas a estos planes de desarrollo.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Yo había comenzado a plantear ayer -y luego lo postergamos para hoy- lo que se refiere al artículo 68 y a la necesidad, según entiendo, de deslindar claramente las atribuciones de las Comisiones Honorarias que se crea de las del director de Proyectos de Desarrollo.

Obviamente, la Dirección de Proyectos de Desarrollo que se crea es una Unidad Ejecutora que se autoriza en el artículo anterior a coordinar a través de convenios con entes autónomos, gobiernos departamentales, etcétera.

Luego se refiere el texto específicamente a las atribuciones del director de Proyectos de Desarrollo; y dice: "definirá las condiciones de la ejecución de los proyectos de desarrollo cometidos a su cargo con el asesoramiento de una Comisión Honoraria para el desarrollo, que se creará al efecto para cada uno de los proyectos aprobados". Aquí tenemos, entonces, un sesgo de Comisión Honoraria Asesora.

Pero luego dice el artículo 68 que sin perjuicio del asesoramiento referido dichas Comisiones "se expedirán". Por ejemplo -cito textualmente- respecto de plan preventivo de aplicación de los recursos afectados a cada proyecto. Y aquí es donde viene mi confusión. La opinión diferente de la Comisión Honoraria respecto del director del proyecto, que está autorizado a ejecutar, ¿tiene una función meramente asesora o vinculante? El hecho de que la Comisión se expida a favor, ¿es preceptivo?

En consecuencia, yo pensaba que podría agregarse un inciso a los cinco que tiene este artículo, que quedaría con seis que expresara: "El director de Proyectos de Desarrollo podrá apartarse por resolución fundada del dictamen de la Comisión Honoraria".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Sin perjuicio de acompañar las normas sustitutivas que se proponen, deseo señalar que en el día de ayer cambiamos opiniones sobre algunas modificaciones de detalle con los señores senadores Batlle y García Costa, quienes las aceptaban. En ese sentido, quiero proponerlas al Cuerpo.

En primer lugar, habría que modificar la redacción del último párrafo del artículo 68, que en estos momentos señala que la reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para el cumplimiento de sus funciones cada Comisión Honoraria actuante. Entiendo que la misma es un tanto ambigua y confusa. Por esto propongo que diga: "La reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para expedirse cada Comisión Honoraria actuante".

En segundo lugar, la restante modificación entiendo que aclara un poco más la intención de la norma y es la que se incluye en el artículo 72. Este, hace referencia a las relaciones entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Administración Nacional de Transmisiones Eléctricas del Estado. Mi propuesta es que en lugar de decir "conviniendo en esa oportunidad las condiciones financieras de la inversión realizada y sus criterios de amortización" se sustituyera por "conviniendo en esa oportunidad las condiciones para el reembolso de la inversión realizada, así como para su amortización".

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: con relación a las manifestaciones del señor senador Batlle, relativas a la modificación de la integración propuesta por el señor senador Gargano, entiendo que en la medida de que el resultado de estas normas es producto de un consenso, creo que no es oportuno alterarlo en función de la solicitud.

La inclusión o no de la Universidad es un tema de difícil dilucidación. Tengo la certeza de que en la Comisión, por razones naturales, van a ser designados profesionales universitarios. No representarán estrictamente a la Universidad, pero la lógica indica que en su mayoría se van a hacer representar por profesionales relacionados con las diversas ramas sobre las que va a trabajar cada Comisión.

Respecto al planteamiento formulado por el señor senador Flores Silva creo que efectivamente la Comisión no tiene facultad vinculante, pues no hace otra cosa que asesorar. Como resultado del trabajo de estas Comisiones no surgirá sino una opinión que tendrá toda la fuerza que provenga de la capacidad con que sea expresada y dependerá del alcance con que sea emitida, así como también de quienes las integren.

Si se considerara necesario incluir la expresión que propone el señor senador Flores Silva, considero que podría ser aceptada.

La misma reafirma el criterio y dice que la expresión contraria a la opinión de la Comisión debe ser fundada. Esto estaría reiterando y a su vez mejorando la redacción. En definitiva, entiendo que podría resultar una fórmula apta.

Respecto al planteamiento del señor senador Ricaldoni, relacionado con UTE, no tengo la menor duda que se trata de una disposición que proviene originalmente del Poder Ejecutivo. Creo que sus razones tendrá para efectuar este planteamiento.

En cuanto a la parte final del artículo 68, donde se dice que la reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para expedirse cada Comisión Honoraria actuante, es más clara la redacción propuesta por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: respecto al punto planteado por el señor senador Gargano, sobre el que han dado su opinión los señores senadores Batlle y García Costa, quisiera saber si no puede dársele una redacción más afinada. La propuesta inicial del señor senador García Costa les daba la denominación de Cámara de Industria y Cámara de Comercio, Asociación Rural, Cooperativas Agropecuarias federadas. Las denominaciones utilizadas pueden resultar un poco vagas y no conozco los argumentos por los cuales no se las define específicamente. En mi concepto el sector de los trabajadores está vinculado al sector productivo y ello debe ser tenido en cuenta en la denominación.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Las palabras del señor senador Flores Silva son exactas, porque se modificó el criterio inicial que daba origen a una gran Comisión con eventuales Comisiones sectoriales. Se plantea la formación de Comisiones para cada tema.

Como se van a designar cuatro Comisiones, se debe dejar librado a la reglamentación cuáles serán las instituciones o cooperativas representativas vinculadas al quehacer concreto de cada convenio. La reglamentación podrá establecer los extremos que racionalmente todos advertimos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de proceder a la votación, debemos recapitular sobre las modificaciones propuestas.

En el artículo 66 hay una referencia al 61 de la presente ley, que debe sustituirse por el artículo 51. Más adelante, se hace referencia al artículo 84, que debe ser al 71. Además la expresión "Grupo Trabajo" -que está entre paréntesis- debe ser sustituida por "Grupo de Trabajo".

En el artículo 67 se hace una referencia al 61 de la ley, que debe ser al artículo 51.

Para el artículo 68 hay una modificación propuesta por el señor senador Ricaldoni que dice que la reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para expedirse cada Comisión Honoraria actuante. Existe también un agregado propuesto por el señor senador Flores Silva que señala que el director del Proyecto de Desarrollo podrá apartarse por resolución fundada del dictamen de la Comisión Honoraria.

En el artículo 69 se hace referencia al 78 de la presente ley, que debe ser el artículo 66.

En el artículo 72 se hace una modificación que dice "conviniendo en esa oportunidad las condiciones para el reembolso de la inversión realizada, así como para su amortización".

En el artículo 73 se debe hacer referencia a los artículos 66 a 73 de la presente ley que entrarán en vigencia a partir de su promulgación.

SEÑOR RICALDONI. - Quisiera saber si se hizo referencia a la segunda mención que propuse con respecto al artículo 72.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que debe desglosarse el artículo relacionado con la integración de las Comisiones Honorarias, a los efectos de que podamos votar en forma diferente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 66 a 73, con excepción del artículo 69.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 69.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el proyecto original del Poder Ejecutivo incorporaba una serie de normas tributarias a los efectos de financiar el mantenimiento de estas obras. Dichas normas fueron aprobadas en la Cámara de Representantes, pero no así en la Comisión del Senado, que consideró que se trataba de contribuciones de mejoras y que tal como lo establecía la disposición constitucional respectiva ello era competencia de los Municipios.

Sin embargo, a los efectos de la contratación del crédito, se estimó necesaria la enunciación, por lo menos, de algún sistema que garantizara la posibilidad de que las obras que se van a realizar -fundamentalmente las de caminería- tuvieran recursos acordes con sus requerimientos de conservación y mantenimiento, a pesar de que por el artículo 72 del proyecto se transfieren al dominio de los Gobiernos Departamentales. Se supone, entonces, que son éstos quienes tienen que encargarse de su mantenimiento. Pero para zanjar todo tipo de dificultades, hemos hecho llegar a los señores senadores Rodríguez Camusso y García Costa -integrantes de la Subcomisión- un artículo que creemos puede ser incorporado con grandes beneficios y sin mayores obstáculos en lo que hace al fondo del asunto, que había ofrecido resistencia a los integrantes de la Comisión.

Hemos hecho llegar a la Mesa esa propuesta, a la que me voy a permitir darle lectura. Dice así: "La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá convenir con los particulares el financiamiento de los costos de mantenimiento de los caminos, ejecutados con cargo a los proyectos autorizados por esta Ley de Cuenca Lechera y Cuenca Arrocera. El FIMTOP proveerá el saldo de los recursos necesarios para atender en tiempo la ejecución anual de dicho mantenimiento durante el período de diez años siguientes a que dichos caminos fueran librados al uso público".

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: el texto a que acaba de dar lectura el señor senador Batlle hace referencia -tal como él lo había señalado- a un problema que se suscitó durante el análisis en Comisión del proyecto que venía de la Cámara de Representantes. Este, seguramente en forma inadvertida, incurría -a juicio de la mayoría de la Comisión del Senado- en la inconstitucionalidad de crear una contribución de mejoras de carácter nacional, cuando éstas, de acuerdo con el artículo 297 de la Constitución de la República, están reservadas a los Municipios.

Posteriormente, se mencionó en la Comisión la posibilidad de establecer algún tipo de disposición tributaria sustitutiva.

Los jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros procuraron redactar alguna fórmula que tampoco llegó a adquirir, digamos, personería suficiente. Pero teniendo en cuenta los préstamos destinados a arroz y a caminería y a los efectos de que el Uruguay pueda cumplir con todas las obligaciones que ha asumido, es necesario contar, por lo menos, con una disposición como la que propone el señor senador Batlle, que diría que es suficiente a los fines que se persigue y no implica una modalidad tributaria -si es que la es- de un alcance tal que requiera mayor estudio por parte del Cuerpo.

En consecuencia, acompañaremos la propuesta.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: adelanto que voy a acompañar la propuesta en el entendido de que, además, algunos de los contratos que se han firmado incluyen la participación de los vecinos en Comisiones especiales, destinadas, justamente, al mantenimiento de las obras.

Esto fue lo que explicó, en el seno de la Comisión el técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que nos informó al respecto.

Entiendo que esto es algo sumamente positivo en el sentido de que se hace participar a los directamente interesados en el mantenimiento de una obra de enorme costo para la sociedad. También considero importante -y lo dejo planteado, más que nada, como un problema de política ejecutiva- que los créditos que tienden a financiar la utilización de estos planes de desarrollo por los particulares -planes éstos que están globalmente financiados con recursos de Rentas Generales, pero también con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, a 20 años y a un interés nada blando- tengan de parte del Banco de la República, en el financiamiento da los particulares, un plazo más extenso del que se ha previsto. Obsérvese que se ha previsto un plazo de seis años, mientras que el contrato con el crédito internacional es a veinte años.

He conversado este tema con algunos de los productores afectados, fundamentalmente de la Cuenca Arrocera, que me han expresado la necesidad de que esto se revise.

Dejo planteado este tema, que tiene que ver con el conjunto de la situación, dado que si van a participar en el mantenimiento de las obras, cuando aprovechen de ellas en otro plano -en lo que hace a la electrificación- deberá contemplárselos con una actitud que esté en relación con el tiempo en que se amortiza el crédito fundamental.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por el señor senador Batlle, que iría al final del Inciso 21.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de los artículos aditivos aprobados:)

"ARTÍCULO 66. - Sustitúyese la denominación de la Unidad Ejecutora 005 "Vértice Noroeste", del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", por el de "Dirección de Proyectos de Desarrollo", que funcionará en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La "Dirección de Proyectos de Desarrollo" será la Unidad Ejecutora responsable de los proyectos de inversión que se aprueban por la presente ley (artículo 51), referidos a actividades de electrificación y de caminería rural de las Cuencas Lecheras y Arroceras; así como los denominados "Vértice Noroeste" y el identificado en el artículo 71 de la presente ley (Grupo de Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera). En tal sentido coordinará la ejecución de los mismos con los organismos dependientes de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. La ejecución de las actividades podrá realizarse, asimismo, con la participación del sector privado. Lo dispuesto será sin perjuicio de las atribuciones que por esta misma ley se atribuyen a las Comisiones Honorarias para el Desarrollo que respectivamente actuarán en cada uno de los proyectos.

ARTÍCULO 67. - La ejecución de los proyectos de inversión referidos en el artículo anterior, asignados a la Dirección de Proyectos de Desarrollo, podrá ser convenida entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y los organismos de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. Dichos Convenios deberán prever las condiciones de la inversión y los aportes que correspondan a cada una de las partes.

En lo relativo a los proyectos de inversión de electrificación y caminería rural (Art. 51) los Convenios con las Intendencias podrán establecer las obras de caminería rural, y su mantenimiento en las condiciones pactadas en los Convenios internacionales que lo financian, y la aplicación a dicho mantenimiento de los recursos correspondientes.

ARTÍCULO 68. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo definirá las condiciones de la ejecución de los proyectos de desarrollo cometidos a su cargo, con el asesoramiento de una Comisión Honoraria para el Desarrollo que se creará al efecto para cada uno de los proyectos aprobados.

Sin perjuicio del asesoramiento referido dichas Comisiones se expedirán: A) Previamente a su suscripción sobre los Convenios que, en aplicación de lo establecido en el artículo anterior, celebre a partir de la vigencia de la Ley la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y B) Respecto del plan anual preventivo de aplicación de los recursos afectados a cada proyecto.

Trimestralmente evaluarán los informes que en tales períodos realice el director referidos al cumplimiento de los objetivos de los proyectos de su cargo.

La reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para expedirse cada Comisión Honoraria actuante.

El director de Proyecto de Desarrollo podrá apartarse, por resolución fundada, del dictamen de la Comisión Honoraria.

Las Comisiones Honorarias para el Desarrollo estarán compuestas por nueve miembros titulares y sus respectivos alternos, que desempeñarán honorariamente sus funciones. Estará integrado por un miembro designado por la OPP, dos por las Intendencias Municipales de las zonas a que refiere cada proyecto, dos designados por los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que representan al Estado en decisión adoptada con un mínimo de cuatro votos conformes, tres designados por las Instituciones Gremiales o Cooperarias Representativas que actúen en los respectivos sectores productivos a los que se destinan los proyectos de inversión a realizar y, el noveno miembro, que presidirá, será designado por el director de la OPP a propuesta de los restantes miembros, propuesta que deberá contar con por lo menos cinco votos conformes.

El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para las designaciones previstas para cada Comisión. Determinará igualmente las condiciones para la designación sustitutiva, cuando no se realice en tiempo por las respectivas instituciones. En cada caso, las designaciones deberán recaer en personas de reconocida vinculación a los ámbitos de actuación de las instituciones en cuestión. La Comisión establecerá, en un plazo de 90 (noventa) días de instalada, su reglamento de funcionamiento.

ARTÍCULO 69. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo será dirigida por un director, designado por el Presidente de la República, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A tales efectos se crea el cargo de director de Proyectos de Desarrollo Regional (Escalafón R) en el "Programa Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal del Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 005, "Dirección de Proyectos de Desarrollo". Tendrá una retribución equivalente a la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

A fin de atender la administración y supervisión previstas en los programas y proyectos de inversión a que refiere el inciso segundo del artículo 66 de la presente ley, el Poder Ejecutivo podrá contratar hasta 23 funcionarios con cargo a los créditos asignados a los proyectos de inversión autorizados.

La Dirección de Proyectos de Desarrollo determinará las condiciones y forma de designación, de los funcionarios a contratar, los que cesarán automáticamente una vez finalizada la ejecución de las obras o servicios para los cuales se le contrató.

ARTÍCULO 70. - El director de la Dirección de Proyectos de Desarrollo será ordenador primario de los fondos provenientes de préstamos así como de aportes o con repartidas nacionales -públicos o privados- destinados al desarrollo de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora.

ARTÍCULO 71. - Transfiérase al Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", Unidad Ejecutora 005, los recursos afectados al Grupo de Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera por el artículo 11 de la Ley Nº 15.767 de 13 de setiembre de 1985 y la ampliación establecida por el artículo 153 de la Ley número 15. 851, de 24 de diciembre de 1986.

Los recursos que se asignen al Programa Nacional de Interconexión Vial se aplicará para financiar el aporte de las cuotas partes de las Intendencias Municipales involucradas en la ejecución de los convenios que se establezcan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Asimismo, los que se asignen para Programas de desarrollo del sector primario se distribuirán en los proyectos que se determinen en acuerdo de las Intendencias Municipales con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la forma establecida por el inciso siguiente.

La aplicación de los recursos a que refiere este artículo por la Dirección de Proyectos de Desarrollo, se realizará mediante convenios con las Intendencias Municipales de Tacuarembó y Rivera, a cuyos efectos se autorizará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a otorgar la documentación correspondiente.

ARTÍCULO 72. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en nombre del Estado, transferirá a la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) las obras de electrificación rural efectuadas por la Dirección de Proyectos de Desarrollo, conviniendo en esa oportunidad las condiciones para el reembolso de la inversión realizada así como para su amortización. Asimismo, procederá a entregar a las Intendencias Municipales correspondientes, las obras de caminería rural convenidas con las mismas, una vez cumplido el plazo del financiamiento externo de dichas inversiones.

ARTÍCULO 73. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá convenir con los particulares el financiamiento de los costos de mantenimiento de los caminos ejecutados con cargo a los proyectos autorizados por esta ley de Cuenca Lechera y Cuenca Arrocera.

El FIMTOP proveerá el saldo de los recursos necesarios para atender en tiempo la ejecución anual de dicho mantenimiento durante el período de 10 años siguientes a que dichos caminos fueran liberados al uso público.

ARTÍCULO 74. - Los artículos 66 a 73 de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación":

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Capítulo VIII, "Normas Tributarias", que comprende los artículos 467 a 505 inclusive.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Es notorio que el Capítulo de Normas Tributarias es, por lo general, uno de los más complejos de este tipo de Rendiciones de Cuentas, aunque en este caso no hay nuevos impuestos. Sin embargo, aún existen algunas deliberaciones a propósito de cómo podría ser, en definitiva, la redacción de los artículos 484 y 485 vinculados a los temas de la modificación de los impuestos que gravan los combustibles.

No sé si el Cuerpo entenderá que estoy mortificando con estas interrupciones, pero pienso que para poder ganar tiempo y seguir trabajando sería conveniente aplazar la consideración del Capítulo VIII y pasar a estudio el Capítulo IX. Normas sobre ordenamiento financiero donde la información que nos van a dar los señores senadores Ortiz, Senatore y Rondán es la que va a determinar que se vote en block, o por lo menos que se vote su inmensa mayoría, salvo algunas sobre las que se puedan hacer apreciaciones particulares.

A los efectos de terminar nuestra tarea y conversar con los señores miembros de la Subcomisión a propósito de esas dos o tres normas tributarias que están todavía en discusión y que fueron aplazadas en la propia Comisión, hago moción para escuchar el informe de los señores senadores Ortiz, Senatore y Rondán, sobre este tema tan particularmente importante y luego, pasar a votar el Capítulo IX para darnos una hora más de tiempo en la consideración de estas disposiciones tributarias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Batlle en el sentido de postergar el Capítulo VIII, Normas Tributarias y pasar al siguiente en espera de los acuerdos que se están gestionando.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración, el Capítulo IX, "Normas sobre Ordenamiento Financiero", artículos 506 a 513 inclusive.

En discusión el artículo 506.

Tiene la palabra el señor senador Rondán.

SEÑOR RONDAN. - Brevemente habremos de referirnos a la información sobre el contenido de este Capítulo en la seguridad de que los señores senadores Ortiz y Senatore habrán de complementar los vacíos de nuestra información al respecto.

Hubiera sido nuestro propósito exponer con el mayor detenimiento y análisis el contenido de las disposiciones del artículo 506 del proyecto de Rendición de Cuentas que dice relación con el cumplimiento del precepto del artículo 213 de la Constitución que establece que "El Tribunal de Cuentas presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo elevará al Poder Legislativo con las observaciones que le mereciera".

Esta disposición constitucional no tiene antecedentes, como es notorio, en las Constituciones de 1830 y 1917; apareciendo recién en la de 1934 con el artículo 206, manteniéndose como norma no totalmente cumplida en las de 1942 y 1951. Esperemos que en la Constitución que entró en vigor el 15 de febrero de 1967 se dé cumplimiento a esta disposición antes de que en lo que va de este siglo o del que viene pudiera sufrir cualquier modificación como las que se están manejando en el ambiente político nacional. Ante el vacío legal mencionado se dicta el Decreto 104 del año 1968 que regula una serie de aspectos de la actividad de los organismos del Estado, Entes Autónomos y Gobiernos departamentales en cuanto dice relación con su actividad financiera, estableciéndose, en estos últimos, el contralor por parte de los respectivos contadores o funcionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la superintendencia del Tribunal de Cuentas con sujeción a lo que disponga la ley.

Ya conocemos -son notorios y harto conocidos los permanentes conflictos entre el Tribunal de Cuentas y los Gobiernos departamentales- las observaciones muchas veces no subsanadas y la muy especial situación de ese contador al que el órgano que debe controlarlo, lo designa y lo despide, le paga su sueldo y lo mantiene sujeto a una disciplina funcional que muchas veces hace inexistente el contralor que debe cumplir como delegado del Tribunal de Cuentas. Casi desde su nacimiento, el Decreto 104 de 1968 mereció observaciones, no siendo la menor, la de su constitucionalidad, dictándose la Ley número 13.640, artículo 512 que autorizó al Poder Ejecutivo a poner en vigencia, por vía reglamentaria y con carácter experimental, las bases del sistema de registración y contralor financiero preparadas por el Tribunal de Cuentas. Diversos factores, muchos de los cuales hemos oído en el curso de las sesiones destinadas al estudio de la Rendición de Cuentas, nos dicen de la pertinencia o no de incluir en una ley de esta naturaleza, disposiciones relativas a la nueva ley proyectada de Contabilidad y de Administración Financiera del Estado.

No vamos a entrar a su análisis pero parece obvio señalar que pocas oportunidades tan propicias para su consagración en ley como ésta, sin desconocer las críticas que puedan levantarse por lo dispuesto en el artículo 216 del texto constitucional, si no se le encuentra conciliación entre ambos, lo cual no sería imposible en un país donde existen tantas bibliotecas.

Se ha sostenido que las normas incluidas en el Capítulo IX sobre ordenamiento financiero contienen básicamente las disposiciones del Decreto 104 de 1968 por cuanto se entendió que el mismo representaba un conjunto orgánico sobre el tema, con una rica experiencia de 19 años de aplicación, procurándose innovar en el menor grado posible, y atendiendo a mejorar la redacción y sistematización del articulado para su mejor inteligencia.

Se han actualizado disposiciones, se adaptaron normas sobre procedimientos de adquisición por parte del Estado, artículo 32 y siguientes y, se precisaron normas sobre el control interno por la Contaduría General de la Nación, no sólo sobre la Administración Central, sino también en todos aquellos que integran el Presupuesto Nacional como el artículo 115. Para el informe que presentamos del estudio realizado por la Subcomisión que integramos con los distinguidos colegas señores senadores Ortiz y Senatore, teníamos dos métodos: uno el análisis lo más exhaustivo posible de las disposiciones proyectadas, tarea imposible de realizar por la doble razón de la absoluta falta de tiempo necesario, y la erudicción de los otros señores miembros de la Subcomisión que pueden cumplir acabadamente tal tarea complementando los vacíos de este informe. El otro, es la exposición sumaria del contenido de los capítulos y títulos de la ley y de la concordancia de los artículos proyectados con relación al Decreto 104 de 1968 por el que hemos optado, máxime que a esta altura no nos consideramos con derecho a disponer de más tiempo que el mínimo necesario para esta breve exposición.

Naturalmente, que pueden anotarse algunas carencias. Pueden haber artículos que requieran algún ajuste según el pensamiento del legislador que lo analice pero no cabe duda que luego de 53 años del texto constitucional de 1934, el comenzar a cumplir sus disposiciones no es poca cosa. Habrá que procurar que una clara conciencia de su responsabilidad sea adquirida por quienes desempeñen la función de contralor del gasto en sus diversas etapas evitando que el sometimiento a jerarquías frustre tal tarea. Para ello, el Tribunal de Cuentas deberá contar con funcionarios de su directa dependencia tal como se proyecta en el texto para que las cuentas y gastos de la Administración tengan la más absoluta claridad ante cualquier análisis, detectándose la menor irregularidad en época capaz de evitar daños irreparables al patrimonio público.

Sucintamente podemos decir que el proyecto consta de un Capítulo IX, que se encuentra dentro de la ley de Rendición de Cuentas con un Título Preliminar que establece los organismos de administración financiera fijándose la materia de la ley y qué organismos quedan comprendidas en ella. El Capítulo I del Título I, se refiere a los recursos, fuentes de funcionamiento y gastos del Estado, se legisla sobre cuáles son los recursos y fuentes de funcionamiento, quiénes lo determinan y la utilización y eventual depósito de los fondos recaudados en bancos del Estado con las excepciones pertinentes allí donde no existan las mencionadas instituciones bancarias.

Esto dio origen a un cambio de ideas en la Comisión adoptándose finalmente el texto que ha venido a consideración del Plenario. Fue aceptado tácitamente en la Comisión cuando se remitió para el examen del mismo al Senado, aprobándose las sugerencias que sobre el mismo pudieran proyectarse.

En el Capítulo II se legisla sobre cuál es la naturaleza de los compromisos y el destino de los créditos anuales no afectados al cierre del Ejercicio, que quedarán sin valor ni efecto alguno. Se define, pues, qué se entiende por compromiso y el destino de los gastos afectados y no liquidados al cierre del Ejercicio.

En la Sección 2 se establecen los requisitos para la liquidación y pago del gasto.

En el Capítulo III, que trata de la competencia para gastar y pagar y de las formas de contratar, en la Sección 1 se define cuáles son los ordenadores de gastos y pagos, los que se dividen entre primarios y secundarios. En la Sección 2 se regulan los contratos del Estado, su monto y naturaleza y se describe una serie de elementos que integran los requisitos para contratar. Se analiza exhaustivamente el instituto de la licitación, y se eleva, inclusive, el monto de aquellas operaciones en las que se prescinde de ese requisito. Señalo, además, que contiene disposiciones, muchas ya vigentes y de fácil manejo que vienen del Decreto 104 de 1968, transformado en ley por las disposiciones mencionadas.

En el Capítulo I del Título II, "Del Patrimonio del Estado", se definen los bienes del Estado. Esos bienes formarán parte del "Inventario General de Bienes del Estado". El Capítulo II de este Título está destinado al estudio del Tesoro Nacional, su integración y manejo. Y el Capítulo III, en sus dos artículos, se refiere a la Deuda Pública. Se rigen por los artículos 85, numeral 6º, 185, 301 y concordantes de la Constitución de la República, así como por las normas legales respectivas.

El registro y contralor de las operaciones comprendidas en la presente ley, están legislados en el Título III. Se comete a la Contaduría General de la Nación, el control interno de los organismos de la Administración Central y el contralor de la Ejecución Presupuestal y su contabilidad así como también la de los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, ejerciendo la superintendencia contable de las contadurías centrales de los mismos y sus dependencias. El Tribunal de Cuentas asume un importante papel en lo que tiene que ver con el contralor externo de la gestión financiero-patrimonial de los Poderes, Organismos y Entidades mencionados en el artículo 1º de este proyecto de ley.

El Título IV se refiere a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Se establecen los requisitos necesarios para su confección, cosa que fue tan reclamada tanto en las sesiones de la Comisión como en los Plenarios del Cuerpo, en ésta y en anteriores oportunidades.

En el Título V, señor Presidente, se establece quiénes son los obligados a rendir cuenta documentada o comprobable, de los fondos, de su versión, utilización y gestión.

El Título VI modifica el Decreto 104 de 1968, procurando que las irregularidades no queden impunes. Se procura, pues, prevenir que se cometan irregularidades, cosa no siempre posible, y se crean los medios tendientes a un eficaz contralor de los procedimientos que la ley establece para un mejor cumplimiento a los fines de la Administración. Me refiero al Poder Ejecutivo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

En lo que tiene que ver con este tema, señor Presidente, se analizaron hechos notorios, recientes, y seguramente los demás miembros de la Subcomisión, si lo estiman pertinente, se referirán a ellos. Pero, dada la notoriedad de los mismos, parece innecesario hacerlo.

Con respecto a este asunto sobre normas de ordenamiento financiero, es posible que existan carencias. Enseguida vamos a analizar las concordancias entre unos y otros artículos, de los muchos que componen el texto a estudio. A nuestro juicio merece ser aprobado por cuanto viene a satisfacer una necesidad que el país tenía en esta materia.

En consecuencia no podemos seguir aguardando, entre el fárrago de dudas y vicisitudes que plantea la constitucionalidad o no del Decreto 104 de 1968, para darle la necesaria fuerza de ley a un texto que reviste tanta importancia y que se reclama desde hace más de medio siglo. Hasta el momento no ha sido posible concretar lo que fue impuesto por la Constitución de 1934 a que hicimos mención.

Antes de terminar mi exposición, con relación al Decreto 104 de 1968, me voy a referir a los textos vigentes, modificados o agregados.

El artículo 1º que tenemos a estudio corresponde al texto vigente. No se hace referencia a los organismos, servicios o entidades no estatales que perciben fondos públicos o administran bienes del Estado, pues su tratamiento especial se traslada, en el proyecto, al artículo 139.

Motiva el análisis que acabo de comenzar, el hecho de que quizá haya algún señor senador que no tenga en sus manos la posibilidad de cotejar ambas disposiciones, la vigente y la proyectada. De esta manera recibirán una directa información acerca de cuáles son las normas que se modifican o las que se introducen como nuevas.

Continúo, señor Presidente: el artículo 2º corresponde al texto vigente.

Con respecto al artículo 3º del texto vigente, señalo que se le suprime el inciso final, por superabundante, al existir normas constitucionales sobre delegación. Se agrega un inciso final conforme al artículo 19 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982 sobre intermediación financiera.

Los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 corresponden a los textos vigentes.

Con el artículo 11 se modifica el texto vigente a efectos de contemplar lo dispuesto por los artículos 78 y siguientes de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en cuanto a la imputación del gasto en casos de inversiones. Todas estas disposiciones las vamos a encontrar en los agregados que nos fueran entregados por la Secretaría de la Comisión en oportunidad del tratamiento del texto de la ley.

En lo que tiene que ver con el artículo 12, se varía el texto tratando de dar un concepto de "compromiso" más genérico o racional, en vez de recurrir a la vía de ejemplos, como lo hace la norma vigente.

Los artículos 13 y 14 se corresponden con los textos vigentes.

En lo que se refiere al artículo 15 se refiere el texto vigente, dejando en este artículo sólo lo relacionado con gastos de funcionamiento y se cambia la expresión "crédito anual" por la de "asignación anual".

El artículo 16 toma del artículo 154 vigente la parte relacionada con "Inversiones", contenida en su numeral 1º. Contempla lo preceptuado por el inciso tercero del artículo 80 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El artículo 17 es igual al 16 vigente; el 18 es igual al 17 vigente pero se modifica el inciso final de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto-Ley número 14.754 de 5 de enero de 1978.

El artículo 19, señor Presidente, es igual al 18 vigente, pero se hace un agregado en el inciso segundo, numeral 3º de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 80 de la Ley Nº 15.809.

El artículo 20 es igual al 19 vigente, salvo que se suprimen las órdenes de pago internas; y en el artículo 21, que es igual al 20 vigente, se suprime la referencia a las órdenes de pago internas.

El texto del artículo 22 es igual al del 21 vigente; el artículo 23 es igual al 22 vigente, salvo modificaciones de redacción en el acápite, a los efectos de extender el sistema a toda la Administración.

Los artículos 24 y 25 son iguales a los artículos 23 y 24 vigentes, respectivamente.

El artículo 26 es igual al artículo 25 vigente, al que se le suprime un inciso por superabundante.

El artículo 27 es nuevo; pero reproduce los dos incisos finales del artículo 25 vigente.

Los artículos 28, 29 y 30 tienen el mismo texto que los actuales 26, 27 y 28.

El artículo 31 es igual al artículo 29 vigente, salvo que se actualizan los montos.

El artículo 32, que es nuevo, reproduce el texto del artículo 412 del proyecto de Rendición de Cuentas.

Los artículos 33, 34 y 35, que son nuevos, reproducen los textos de los artículos 413, 414 y 403 del proyecto citado.

El artículo 36 tiene el mismo texto que el actual artículo 30.

El artículo 37 tiene el mismo texto del 31 vigente, pero al final se le agrega: "salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines específicos...".

El artículo 38 es igual al actual 32, salvo que se suprime: "sin apartarse del general".

Los artículos 39 a 44, tienen los mismos textos que los 33, 34, 35, 36, 37 y 38, vigentes.

Los artículos 45 y 46, que son nuevos, tienen los mismos textos de los artículos 407 y 402 propuestos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Deben tenerse presentes las modificaciones que experimentaron luego estos números después de los sucesivos pasos que dio el proyecto al salir de la Cámara de Representantes.

El artículo 47 es igual al actual artículo 39.

El artículo 48 tiene el mismo texto del actual artículo 40, con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.357, de 24 de diciembre de 1982.

El artículo 49 tiene un texto similar al propuesto en el artículo 398 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. De dicho texto se han extraído disposiciones de contenido estrictamente reglamentario. Se deja el marco legal, tendiente a utilizar, en lo posible, el poder de compra del Estado -"compras compensadas"- quitándole rigidez y posibilitando que sobre esa base el Poder Ejecutivo adecue los aspectos reglamentarios.

El artículo 50 tiene un texto igual al 41 vigente, salvo la modificación -reducción de plazos- propuesta en el artículo 399 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.


El artículo 51 es igual al 42 vigente en el Decreto 104, de 1968.

El artículo 52 es similar al actual 43.

El artículo 53 es similar al 43 vigente. Solamente se agrega "póliza de seguro de fianza del Banco de Seguros". Se modifica la base para fijar la garantía del 1% para el mantenimiento de la oferta. El inciso segundo agrega lo preceptuado por el artículo 85 de la Ley número 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Los artículos 53 y 54, tienen los mismos textos que los 44 y 45 vigentes.

El artículo 55 sustituye al artículo 46 vigente, conforme al nuevo texto propuesto en el artículo 400 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 56 y 57 son iguales a los artículos 47 y 48 vigentes.

Los artículos 58 a 60 son los artículos 401, nuevo, 404, modificativo del 49 vigente y 405, nuevo, del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 61 y 62 son iguales a los artículos 50 y 51 vigentes.

El artículo 63 es nuevo e igual al artículo 406 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas corrigiéndose error de copia padecido en el inciso segundo.

Los artículos 64 y 65 son iguales a los artículos 52 y 53 vigentes.

El artículo 66 es igual al artículo 54 vigente, con el agregado que se propone en el artículo 408 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 67 y 68 son iguales a los artículos 55 y 56 vigentes.

Los artículos 69 y 70 son iguales a los artículos 57 y 58 vigentes.

El artículo 71 es igual al artículo 59 vigente, suprimiendo el último inciso.

El artículo 72 es igual al artículo 60 vigente, con enmienda en acápite. Se agrega un inciso final sobre Registros de Entes Industriales y Comerciales y Municipios.

El artículo 73 es nuevo. Incorpora lo preceptuado por el artículo 359 de la Ley Nº 15.809, sobre exigencia del certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

El artículo 74 corresponde al artículo 61 vigente. Incorpora disposiciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de mayo de 1974 en los artículos 362 y 364.

Los artículos 75 y 76 son iguales a los artículos 62 y 63 vigentes. En este último se suprime remisión final por reputarse innecesaria.

Los artículos 77 y 78 son iguales a los artículos 64 y 65 vigentes.

El artículo 79 es igual al artículo 66 vigente, con el agregado propuesto en el artículo 409 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 80 y 81 son iguales a los artículos 67 y 68 vigentes. En este último hay ajustes de redacción en acápite y en inciso final.

Los artículos 82 y 83 son iguales a los artículos 69 y 70 vigentes.

El artículo 84 es igual al artículo 71 vigente, modificado por el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.867 del 24 de enero de 1979 (dos duodécimos), que se extiende a las Intendencias Municipales.

Los artículos 85 y 86 son iguales a los artículos 72 y 73 vigentes.

El artículo 87 es igual, su primer inciso, al artículo 74 vigente. Se sustituyen los restantes por remisión a normas constitucionales y legales en la materia.

El artículo 88 modifica el artículo 75 vigente. Corresponde al artículo 410 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El artículo 89 es igual al 76 vigente con ajustes técnicos contables.

Los artículos 90, 91, 92 y 93 son iguales a los artículos 77, 78, 79 y 80 vigentes, respectivamente.

El artículo 94 es igual al artículo 81 vigente, suprimiendo el último inciso.

El artículo 95, es igual al artículo 82 con un ajuste: "ajustará" en lugar de "proyectará".

El artículo 96 es igual al artículo 83 vigente.

El artículo 97 es igual al artículo 84 vigente, con el agregado del numeral 10 a su inciso segundo, conforme a lo propuesto en el artículo 392 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El artículo 98 es igual al artículo 85 vigente, con adecuación al artículo 14 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972 y el Decreto 827/72.

El artículo 99 es nuevo e incorpora la disposición contenida en el artículo 15 de la citada Ley Nº 14.057 y el decreto precitado.

El artículo 100 es igual al artículo 86 vigente, con ajustes.

El artículo 101 sustituye al artículo 87 vigente, conforme al texto propuesto en el artículo 393 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El artículo 102 sustituye el artículo 88 vigente, conforme al artículo 395 del referido proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 104 a 111 son iguales a los artículos 90 a 98 vigentes.

El artículo 112 es igual al artículo 99 vigente, con ajustes de carácter técnico contable.

Los artículos 113 al 116 son iguales a los artículos 100 al 103 vigentes.

El artículo 117 es igual al artículo 104 vigente. Agrega un plazo de 10 años para conservar la documentación archivada en Contadurías Centrales. Se suprime la expresión "delegado" con referencia a los auditores del Tribunal.

Los artículos 118 a 120 son iguales a los artículos 105 a 107 vigentes.

El artículo 121 es nuevo. Incorpora el concepto de responsabilidad financiero-contable de naturaleza administrativa y su alcance. Toma disposiciones del artículo 118 vigente.

El artículo 122 es igual al artículo 108 vigente, con ajuste de redacción en su acápite, y se le agrega la primera parte del artículo 109 con cambios de redacción.

El artículo 123 es similar a la segunda aparte e inciso final del artículo 109 vigente.

El artículo 124 es nuevo, aun cuando en lo referente a la iniciación de sumario, se recoge en parte el artículo 112 vigente.

El artículo 125 es nuevo. Limita las atribuciones del Tribunal de Cuentas a las que emergen del artículo 211 literal C) de la Constitución y elimina facultades de los artículos 110 y 114 vigentes, reputados inconstitucionales e inconvenientes.

El artículo 126 es nuevo. Refiere a las responsabilidades civil y/o penal derivada y a las medidas cautelares pertinentes, en su caso.

El artículo 127 es similar al artículo 113 vigente con ajustes de redacción.

El artículo 128 es igual al artículo 116 vigente, con el agregado del inciso final.

El artículo 129 es igual al artículo 117 vigente con ajustes de redacción.

El artículo 130 es nuevo. Refiere sobre facultad de requerir asesoramiento del Tribunal.

El artículo 131 es nuevo. Refiere sobre contenido de la resolución administrativa a recaer en el sumario.

El artículo 132 es nuevo: requisitos para separación del cargo de "Contadores Delegados" del Tribunal.

Los artículos 133 y 134 son iguales a los artículos 119 y 120 vigentes.

El artículo 135 sustituye al artículo 121 vigente por el texto propuesto en el artículo 411 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Los artículos 136 y 137 son iguales a los artículos 122 y 125 vigentes.

El artículo 138 corresponde al 127 vigente.

El artículo 139 es nuevo. Refiere a los organismos, servicios o entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado -que menciona el artículo 1º vigente, penúltimo inciso- reglamentando las normas de control a que quedan sometidos. (Decreto 180/82 del 6 de junio y Ordenanza del Tribunal de Cuentas del 7 de octubre de 1982).

El artículo 140 es nuevo. Refiere sobre modificaciones a la Ley de Contabilidad.

El artículo 141 refiere a la entrada en vigencia de esta ley.

Señalo que puede existir alguna diferencia en cuanto a los números que cito de los artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas porque han sufrido algunas modificaciones recientes. Naturalmente, eso habría que ajustarlo y es de fácil entendimiento.

Termino, señor Presidente, diciendo que uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención -y que, en lo personal, hemos apoyado fervientemente- es el relativo a la responsabilidad y la forma de hacerla efectiva en el aspecto civil, administrativo o penal de aquellos que manejen fondos públicos.

Entendemos que es necesario un capítulo especial al respecto y creemos que el Título VI, artículo 122 y siguientes, adecua, a nuestro juicio en buena forma, la responsabilidad. Se han hecho algunos ajustes en la redacción en varios artículos que estuvieron sometidos a nuestra consideración.

Es hora -así lo consideran la Subcomisión que estudió el tema y también la Comisión- que se llame a responsabilidad administrativa, civil o penal a todos aquellos que incumplen los cometidos que le asigna la Administración en el manejo de los fondos públicos o en el ejercicio de cualquier tarea que signifique utilización, cuidado o resguardo del patrimonio del Estado.

Lamento haber excedido en los minutos que pensaba utilizar para realizar esta brevísima exposición, teniendo en cuenta la naturaleza de esta última sesión.

No me cabe duda, señor Presidente, que he incurrido en omisiones. Hubiera sido mi deseo producir un informe exhaustivo.

No sé si este resumen, a vuelo de pájaro, ha transmitido cuál es el concepto, sentido y contenido de este aspecto de la Rendición de Cuentas que va a ser la Ley de Contabilidad y Administración Financiera de la que carecimos todos quienes hemos transitado por la vida profesional, política y administrativa durante tantos años contando, solamente, con el apoyo del Decreto 104 de 1968.

Consideramos que hay grandes carencias que deberán contemplarse. Entendemos que este texto, tal como lo dijimos al principio, no es perfecto, pero sí perfectible, como toda obra humana. Sin embargo, estimamos que principio tienen las cosas y que hay que empezar a andar. Entendemos que este es el primer paso y ojalá no nos equivoquemos.

Por estas razones es que hemos aconsejado -y en lo personal lo reiteramos en este momento- aprobar el texto que fue sometido a consideración de la Subcomisión. Desde luego que aceptaré, como corresponde, las sugerencias, rectificaciones o aclaraciones que puedan formular las más ilustradas opiniones de los señores miembros de la Subcomisión que conmigo analizaron el punto a estudio.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - En realidad, señor Presidente, el exhaustivo informe hecho por el señor senador Rondán me exime de abundar en muchas de las consideraciones que pensaban realizar con respecto a este articulado.

Desearía empezar, no obstante, por una observación formal, aunque a mi juicio, no menos importante.

No creo que sea de buena técnica legislativa votar un solo artículo en el que estén comprendidos más de 100 artículos. Eso pudo justificarse en el Decreto 104, porque ponía en vigencia y hacía aplicable un proyecto de ley. Pero ahora que estamos en una ley, creo que el artículo 506 debería decir: "La contabilidad y administración financiera del Estado (artículo 213 de la Constitución de la República) se regirá por las normas siguientes", y a continuación empezar con el artículo 507 en adelante.

Al respecto, dejo formulada esa moción.

Yendo al fondo del asunto, creo que ésta es una de las leyes a las que -a pesar de que nos tomara un poco cansados debido al trabajo que hemos tenido en estos días- debe asignársele una gran importancia, porque si bien el Tribunal de Cuentas -que es el organismo que la va a manejar- beneficia a la República, lo hace en mayor medida con el Poder Legislativo, porque es nuestro auditor ante la Administración del Estado; es el fiscal que hemos designado constitucionalmente para que vigile al Poder Ejecutivo, es un auxiliar inapreciable del Poder Legislativo. Por eso, todas estas normas tienen esa singular importancia.

El Decreto 104, que en general es un buen conjunto de disposiciones, tenía algunos defectos y omisiones y siempre fue aspiración hacer un estudio integral de él y modificarlo. En la ocasión, se ha preferido estructurar nuevamente el Capítulo de Responsabilidades, dejando el resto del articulado con los retoques a que ha hecho prolija referencia el señor senador Rondán. Ese es, en consecuencia, un paso previo.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación, que han trabajado de consumo en este tema, se han comprometido ante la Subcomisión del Senado a ponerse de inmediato a estudiar la complementación de estas normas y las modificaciones necesarias. En ese sentido, tengo confianza en que dichas oficinas cumplirán cabalmente su promesa y que antes, incluso de la próxima Rendición de Cuentas, podremos abocarnos al estudio de una ley definitiva, si es que en este mundo puede hablarse de algo definitivo, sobre ordenamiento financiero.

La Constitución establece en el artículo 211, que el Tribunal de Cuentas tendrá intervención preventiva a los solos efectos de controlar la legalidad y que si sus observaciones no son atendidas, las remitirá a la Asamblea General "a sus efectos". ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué es lo que puede hacer la Asamblea General? Claro está que puede llamar a Sala al ministro correspondiente para pedirle explicaciones, de acuerdo con el artículo 119; incluso, en aplicación del artículo 147, puede establecer la censura. Pero no parece muy adecuado seguir esta vía por varias consideraciones. En primer lugar, porque no siempre la entidad de las observaciones darían mérito a una censura de un ministro. Muchas veces, una oficina se excede levemente en los rubros de gastos o dispone de éstos sin rubros adecuados, lo que configura, sí, una irregularidad, pero de tamaño menor. Interpelar a un ministro y censurarlo por una omisión de este calibre sería algo así como emplear un cañón para matar mosquitos.

De manera que los pocos remedios que tiene a su alcance la Asamblea General son también inapropiados.

Asimismo, hay que tener en cuenta que hay faltas y faltas; que hay omisiones y omisiones. En ese sentido, me felicito en parte -y a veces me arrepiento- de haber obtenido que el Senado repartiera las observaciones que el Tribunal de Cuentas hace habitualmente. Como es natural, desde ese día nuestros armarios se han visto desbordados porque son no decenas, sino centenares las que mes a mes formula. Pienso que ninguno o casi ninguno de los señores senadores se ha tomado el trabajo de releer las observaciones de dicho organismo, porque todos tenemos o teníamos la impresión de que las mismas referían, diría, a minucias como éstas a que me he referido de exceso en rubros de gastos o de transposiciones de gastos. Pero, en realidad, no se trata solamente de minucias. Por ejemplo, tengo aquí sobre mi mesa una observación que le hace al Banco de la República en relación con la auditoría atinente al contrato de préstamo celebrado entre dicho Banco y el BID por un total de U$S 20:000.000 -no es una cosa sencilla, ni tampoco una minucia- en la que dice que ese contrato de préstamo no adquiere plena validez hasta tanto sea aprobado por el Poder Legislativo. Por su parte, el Banco de la República entiende que no corresponde la aprobación de éste; y ahí marchan las cosas. No me parece que sea un asunto baladí que frente al hecho de una controversia planteada entre el Tribunal de Cuentas y el Banco de la República, permanezcamos indiferentes, máxime cuando nuestra autorización está en juego.

Por otro lado, también hay observaciones a la Suprema Corte de Justicia por contrataciones hechas con empresas -como la encargada del servicio de ascensores- sin la intervención preventiva de dicho Tribunal. A veces, las oficinas aducen razones de urgencia, pero en muchos casos se trata de gastos que se sabe de antemano que se van a realizar. Y este es un caso: se sabe que en lo que hace a los ascensores, se paga abonos a las empresas. Es decir, que no son gastos sorpresivos que sobrevengan sin que el organismo lo haya advertido antes y no tenga tiempo, a menos que paralice sus actividades, para solicitar la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas. Realmente, se trata de omisiones que merecen ese calificativo.

Por ejemplo, tenemos el caso de la Administración Nacional de Puertos, que utiliza dólares en cantidades importantes. ¿Y por qué la observa el Tribunal de Cuentas? Porque no siempre la culpa es de las oficinas. La observa porque dicha Administración, al igual que otros organismos, como UTE, ha enviado en tiempo su presupuesto al Poder Ejecutivo -que es el que debe aprobarlo- pero sin embargo éste, al igual que otros presupuestos, no reciben aprobación de dicho Poder. En consecuencia, esos organismos carecen de presupuestación. Al darse esta situación, todos los gastos que hagan son ilegales, porque no tienen el rubro correspondiente.

De modo que puede advertirse cómo estas observaciones nos revelan un mundo de irregularidades, de errores o de incorrecciones ante las cuales no podemos permanecer indiferentes.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública liquida horas extra en contravención a lo dispuesto en la Ley Nº 5.350 y también al Convenio 30 de la OIT. Es decir, que ya estamos en el ámbito internacional incurriendo en contravenciones.

Además, tengo -para no cansar al Cuerpo- observaciones a la Contaduría General de la Nación, porque también ha incurrido en lo que muchos jefes de oficina han hecho a través de los años. Es decir, en lugar de llamar a licitación, para prescindir de ella realizan ciertas compras parciales, cuya suma es superior a los montos que están autorizados para invertir sin licitación. Se trata de una vieja "trampita", que entendemos que la Contaduría General de la Nación no debería realizar.

Por su parte el Ministerio del Interior hace contrataciones en régimen de arrendamiento de obra, cuando a juicio del Tribunal, se requiere autorización del Poder Ejecutivo, que no se ha obtenido.

También en el Ministerio de Turismo figura una liquidación de honorarios y la observación realizada por el Tribunal de Cuentas es porque el contrato presentaba características de un arrendamiento de obra y, en consecuencia, no se dio cumplimiento al literal B) del artículo 211 de la Constitución, o sea, la previa intervención. Asimismo figuran observaciones a la Suprema Corte de Justicia porque solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, cuando ya se había efectuado el gasto.

Sigue la lista de organismos a los cuales el Tribunal de Cuentas ha efectuado observaciones pero hago gracia al Senado obviando los detalles.

Por lo tanto, no podemos seguir indiferentes. Entonces, pregunto si el Tribunal es un organismo inútil, que no sirve. Si es así, vamos a eliminarlo en el próximo presupuesto. Evidentemente, esta solución no es compartida por nadie, porque apenas se insinúa la posible desaparición del Tribunal de Cuentas -además del obstáculo constitucional que implicaría por supuesto- se esgrime que es útil y de contralor. Pero debemos reconocer que en la práctica el Tribunal nos envía cientos de observaciones y no le hacemos caso; esa es la verdad. Además, jamás nos detenemos a pensar si tiene o no razón. En consecuencia se ha optado por modificar la ley; si la Ley de Ordenamiento Financiero es demasiado prolija, puntillosa, y exige requisitos de difícil cumplimiento para la Administración, entonces, vamos a corregirla. En eso estamos, puesto que en este proyecto se han corregido algunos aspectos. Tal como lo expresé hay un compromiso de la Contaduría General de la Nación del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el sentido de proporcionarnos, a la brevedad, un proyecto más completo. Por consiguiente vamos a ajustar la ley a las realidades de la Administración, como se ajusta un traje al cuerpo, pero una vez que lo hagamos, vamos a cumplirla. Porque de lo contrario vuelve a ser verdad lo de que el Tribunal es un organismo inútil.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo hacer un comentario sobre algo que venía señalando el señor senador Ortiz en su exposición y se refiere a una observación del Tribunal de Cuentas, por una decisión adoptada por el Banco de la República, sobre la falta de aprobación parlamentaria en un convenio con un banco internacional. Apelando a mi memoria -a menos que la observación del Tribunal de Cuentas se refiera a una fecha anterior- el Banco de la República había actuado con arreglo al artículo 145 que salió como ley en sustitución de la fallida Rendición de Cuentas del año pasado. Allí se establecía que esa aprobación parlamentaria no era necesaria cuando el convenio se concertara con organismos internacionales. Si el préstamo contratado con el Banco de la República se hubiera celebrado con posterioridad a la vigencia de esa ley y con un organismo mundial -como por ejemplo, el Banco Mundial, el BID u otra persona jurídica de esa misma categoría- entonces, quizá el Tribunal de Cuentas haya cometido un error por inadvertencia, haciendo la observación que señalaba recientemente el señor senador Ortiz.

Sin perjuicio de que resulte importante tener en cuenta toda esa gama de observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, creo que en este caso concreto, ya que se trata nada menos que de la primera institución de crédito del país, es significativo realizar esta aclaración.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - La observación del Tribunal de Cuentas referida al Banco de la República es de fecha 30 de abril de 1986. En ella se recoge la opinión de diversos juristas; aunque el tema no es tan sencillo porque están las dos bibliotecas, el Tribunal entiende que se necesita la aprobación expresa, no sólo para los tratados sino para los contratos y convenios.

Quiero señalar que el Tribunal de Cuentas no ha permanecido ajeno a este problema.

Pienso que como legisladores, ante la duda, siempre tenemos que intervenir porque, es evidente que cuanto más garantías tenga el país de que un tratado, convenio o contrato ha sido bien celebrado, esto va a generar mayor confianza. De manera que esa duda la puede sostener el Poder Ejecutivo u otro organismo, pero el Parlamento debe inclinarse -siempre dentro de los marcos jurídicos que correspondan- por su intervención.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Ortiz señalaba que, a su juicio, en muchos aspectos parecería que el Tribunal de Cuentas no existiera o estuviera de más, porque emite dictámenes que después carecen de ejecutividad en el sentido de ponerse en práctica para corregir las deficiencias que se hayan detectado. Me parece que el asunto va más lejos y aprovecho que el señor senador Ortiz se haya referido al tema para expresar mi preocupación sobre el artículo 99 que figura aquí y que establece que la Contaduría General de la Nación ejercerá el control interno de los organismos de la Administración Central y el control de la ejecución presupuestal. Sin embargo, creo que este artículo entra en colisión con las facultades que la Constitución de la República le otorga al Tribunal de Cuentas. Mirado desde ese punto de vista, me animaría a decir que resulta inconstitucional por cuanto una disposición legal viene a superponerse a lo que establece la Constitución de la República en forma clara y terminante.

Por ejemplo, en el inciso C) del artículo 211 de la Constitución de la República se dice que al Tribunal de Cuentas le compete "dictaminar e informar respecto de la Rendición de Cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes". Asimismo en el inciso E) se establece que le compete "intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad".

En consecuencia, pienso que tenemos que llegare a la conclusión de que estas funciones que le adjudican a la Contaduría General de la Nación, entran en colisión con las que la Constitución le ha asignado al Tribunal de Cuentas de la República.

Aquí, en el Senado, hay especialistas en la materia cuya opinión quizá tengamos oportunidad de oír, pero me parece claro -en una primera apreciación de un lego en la materia- que corresponde, por lo menos, dictaminar definitivamente si es o no constitucional el artículo 99, en cuanto -a mi juicio- sustituye en gran parte las funciones que la Constitución de la República le ha asignado al Tribunal de Cuentas. Estoy seguro que el señor senador Ortiz comparte esta preocupación, dadas las consideraciones que venía efectuando.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Creo que el artículo 99 no sustituye las funciones, sino que agrega otras. Dicho artículo está dentro del Capítulo II, que trata del control interno. A tal punto trata del control interno, que específicamente se establece que le quedará prohibido dar curso a la documentación y, que si este requisito no se hubiere cumplido debe ser intervenida por el Tribunal de Cuentas. Esto lo dice el artículo 98 y también el inciso final del artículo siguiente.

Creo que las normas relativas al control de la Contaduría General de la Nación son, simplemente, de buen ordenamiento de la gestión y que no son sustitutivas de las funciones que la Constitución de la República ha asignado al Tribunal de Cuentas. Por el contrario, tengo la impresión de que si alguna cosa se hace necesaria en la ejecución del Presupuesto y en las obligaciones que de él derivan, es precisamente esta acción que siempre ha cumplido la Contaduría General de la Nación. No se trata de algo reciente ni novedoso.

Creo que cuando en el artículo se establece que la Contaduría General de la Nación ajustará el plan de cuentas y la forma de registro con la previa conformidad del Tribunal de Cuentas, se está señalando una vez más que todo el contexto de este Proyecto supone una jerarquización. Pero se trata de una jerarquización necesaria, en donde cada uno desempeña determinada función dentro de la estructura global del control y la ejecución presupuestal. Esa es la única tarea que corresponde a la Contaduría General de la Nación, y es bueno que la tenga porque, de lo contrario, ¿cómo hará el Tribunal de Cuentas para poder controlar el funcionamiento y la ejecución de las partidas presupuestales, de la versión de los recursos necesarios? Cada vez que una oficina se remite a la Tesorería, solicita los duodécimos correspondientes si no existe un control mínimo por parte de ésta y de la Contaduría General de la Nación. Ambas han actuado siempre así, y creo que es una norma de buena administración.

Lo que sí sería absolutamente inconstitucional es que se pretende sustituir al Tribunal de Cuentas o desconocer que nada se pueda tramitar si no se tiene la autorización correspondiente por parte de éste. Pero cuando votamos un Proyecto de Rendición de Cuentas, la autorización en ejecución de gastos de carácter presupuestal y la fijación de partidas en la administración pública, debe existir un organismo central que lleve ese control. Por eso es que la Contaduría General de la Nación ha estado siempre en contacto con las contadurías de todos los organismos, sin dejar de reconocer que los contadores de éstos son ejecutores de las funciones que le corresponde al Tribunal de Cuentas controlar, en cada uno. Me parece que no hay una oposición, ni una sustitución, sino que se trata de normas de buena relación y buena administración.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo terciar en esta polémica que se ha producido, porque participo del criterio del señor senador Pereyra en cuanto a que esta intervención, que se le da a la Contaduría General de la Nación por el artículo 99 de este Proyecto de Contabilidad y Administración Financiera, no es acorde con las normas constitucionales. Creo que ello es así, no porque se le cometa el control de la ejecución presupuestal y su contabilización, en los organismos comprendidos en el artículo 220, sino porque se le da la superintendencia contable de las Contadurías Centrales de los mismos y sus dependencias.

Posteriormente, en el artículo 100, se dice que los contadores que se encuentren al frente de las contadurías centrales ministeriales y de las que hagan sus veces en los organismos mencionados en el artículo anterior -es decir, los del artículo 220- actuarán bajo la superintendencia de la Contaduría General de la Nación en el ejercicio de las funciones que a ésta competen. No hay ninguna duda de que se establece la superintendencia de la Contaduría General de la Nación sobre el funcionamiento de las Contadurías Centrales de los organismos del artículo 220, como la Corte Electoral, el Poder Judicial -que es un Poder del Estado- y los Entes Autónomos docentes. Creo que esto no se compadece en modo alguno, con lo establecido por el artículo 212 de la Constitución de la República, que dice que el Tribunal de Cuentas tendrá superintendencia en todo lo que corresponda a sus cometidos y con sujeción a lo que establezca su Ley Orgánica, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza.

Quiere decir que esta facultad ya la tiene el Tribunal de Cuentas; por lo tanto, una ley no puede, constitucionalmente, atribuírsela simultáneamente a otro órgano del Estado. Justino Jiménez de Aréchaga enseñaba que es de pésima técnica constitucional -y cualquiera lo entiende así- atribuirle una misma competencia a dos órganos distintos, porque naturalmente pueden entrar en colisión con criterios distintos y dictando actos contradictorios en el ejercicio de las mismas competencias.

Además, señor Presidente, el artículo 101 establece que esta superintendencia no alcanza a los Gobiernos Departamentales y a los demás Entes Autónomos. El artículo 101 expresa que las contadurías generales de los Gobiernos Departamentales y de los Entes no comprendidos en el Presupuesto Nacional -es decir, los Entes industriales y comerciales- ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las mismas funciones asignadas a la Contaduría General de la Nación, con excepción de las señaladas en los numerales 8), 9) y 10) del artículo 99. Estas son: centralizar el registro de las operaciones de la Hacienda pública; formular las Rendiciones de Cuentas del Poder Ejecutivo y formular los balances de situación o generales, que demuestren la gestión de la Hacienda pública y las fuentes y usos del sector público. Estas tres atribuciones refieren exclusivamente a la Administración Central y al Poder Ejecutivo. Pero el artículo 101 establece claramente que la Contaduría General de la Nación no puede actuar cuando se trata de los Gobiernos Departamentales y de los otros Entes Autónomos. Entonces, pregunto, ¿de dónde sale esta discriminación por la cual la Contaduría General de la Nación tiene que actuar respecto de los organismos del artículo 220 y respecto de los otros Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales, no? Esta discriminación no surge del artículo 212 de la Constitución de la República ya que por el contrario, le da al Tribunal de Cuentas la superintendencia sobre todos los organismos del Estado, sin excepción alguna.

Además, señor Presidente, estas normas son contradictorias con lo que hemos votado en el artículo 427 respecto a la Universidad de la República, que establece que a ella no le será aplicable lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975. Los incisos tercero y cuarto de este artículo refieren, precisamente, a esta materia. Por eso la Universidad de la República solicitó reiteradamente su derogación y también por eso la Comisión la votó por unanimidad. También por esa razón es que el señor senador García Costa tiene preparado un aditivo, que creo se va a votar más tarde, que dice que el artículo 99 no es aplicable a los Entes Autónomos de la enseñanza. Pero digo que tampoco es aplicable a los otros organismos del artículo 220, porque ellos están bajo la superintendencia del Tribunal de Cuentas, por disposición de la Constitución de la República. Por lo tanto, la ley no puede establecer que esa superintendencia se comparta con la Contaduría General de la Nación.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Termino, señor Presidente, expresando que creo que, por encima de las observaciones parciales que todos podemos hacer, todo este Capítulo guarda una armonía general que puede desbaratarse si lo modificamos.

En mi opinión -sin perjuicio de las observaciones que deseen formular los demás señores senadores- lo conveniente sería votarlo en bloque, como un todo armónico, a fin de evitar que la intención de corregir se traduzca en un mal mayor, por no haber hecho un estudio profundo del asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: lo que pensaba expresar en esta oportunidad ya lo he manifestado a través de una interrupción que tuvo la amabilidad de concederme el señor senador Ortiz.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: más allá de las detalladas observaciones que han hecho los integrantes de la Subcomisión que entendió en este tema, queríamos dejar alguna constancia.

A principios de este Período de la Legislatura, cuando realizamos el llamado a Sala de la señora ministra de Educación y Cultura, planteamos algunas de las dificultades a que se veían enfrentados los particulares, debidas a la tramitación interna que debe realizarse en los organismos de enseñanza y en todas las demás reparticiones del Estado. Pensamos que se deben agilitar todas estas relaciones.

En aquél entonces, manifestamos que la figura del Estado gestor debe ser tenida en cuenta en momentos en que todo el país, mal que bien, inicia el análisis crítico de la forma en que se desenvuelve éste en todos sus niveles. Más allá de realizar una crítica sobre su participación en uno u otro campo de actividades, es necesario también analizar la función de gestor, gerente, administrador.

Además de los ejemplos que citamos en ese entonces, consideramos que es preciso cobrar conciencia de la necesidad de agilitar todos los trámites relativos al gasto.

El Poder Legislativo autoriza los gastos; los contribuyentes son los que los financian a través de los distintos tributos, y las diferentes unidades ejecutoras, ordenadoras de los gastos, son las encargadas de poner en práctica el sacrificio popular, convertido en inversiones, gastos y sueldos.

En aquella oportunidad, nos preocupamos fundamentalmente del rubro gastos e inversiones y por ello no vamos a reiterar ahora todos los argumentos e incluso los casos dramáticos que pudimos señalar acerca de las ocasiones en que sólo se realizaba la mitad o un tercio del gasto correspondiente. Esto no obedece, por supuesto, a la mala voluntad de nadie ni a la intención de retacear la efectividad del gasto; justamente, esto se origina en los contralores y los trámites que impiden el normal fluir de los recursos.

Los integrantes de la Comisión Permanente podrán recordar que destacamos que era necesario dar 41 pasos distintos antes de que quien había realizado una obra para el Estado pudiera cobrar por ella. Si algún ciudadano tenía la mala idea de convertirse en empresa constructora que contrataba la realización de una escuela por ejemplo, para poder juntarse con su dinero y hacer efectivo el cobro de las sumas asignadas, recabadas de los contribuyentes a través de los impuestos y patentes en el Presupuesto de Primaria, esa persona debía pasar por el calvario de realizar 41 trámites diferentes. Cuando comenzamos la enumeración, la Comisión Permanente prestaba una relativa atención; cuando llegamos al paso número 20, era notorio que los compañeros de ese Cuerpo reducido del Parlamento estaban más interesados; pero cuando llegamos al cuadragésimo primer paso -momento en el que efectivamente aquel ciudadano podía cobrar por la obra- todos sentimos la sensación de estar realmente "maneados" -valga el término tan poco jurídico- porque, por un lado tenemos el sacrificio fiscal que efectúa el contribuyente y, por otro, un magro resultado.

En el medio, en los cedazos, en los controles, en los coladores, en las inspecciones, en la duplicación de revisaciones de los documentos, va quedando, en primer lugar, tiempo -que es lo único que no podemos devolver a nadie- y, luego, dinero, por la ineficacia del Estado en gastarlo.

Esta crítica a las distintas personas de Derecho Público que componen lo que genéricamente se denomina Estado tendrá que culminar en reformas.

Hoy tenemos ante nosotros el resultado del esfuerzo realizado en la Comisión de Hacienda. Junto con otros senadores, particularmente el señor senador Batlle, conversamos con el señor ministro Smeraldi, Presidente del Tribunal de Cuentas. En esa oportunidad comenzó a gestarse esta primera reforma de la Ley de Ordenamiento Financiero; mejor dicho, se trata de la primera legalización con algunos recortes y con algunos puntos que me gustaría destacar muy brevemente.

En primer lugar, me parece que es muy importante el artículo 136 porque si bien anteriormente -y no recuerdo ahora el número- se fija por este cuerpo legal que ahora vamos a aprobar un límite mayor para que se puedan efectuar gastos en forma directa, en este artículo se establece la posibilidad de que semestralmente puedan adecuarse estos niveles para lograr una mayor agilidad en los gastos que se reputen de menor importancia o que no requieran tantos contralores.

También nos interesa hacer referencia a una serie de derogaciones contenidas en el artículo 142 que van de todas maneras a terminar con el fárrago de disposiciones que hasta ahora estaban "atando" a los administradores.

Por otra parte, creemos que no está de más, señor Presidente, analizar el artículo 113, que se refiere a la forma en que habrán de realizarse las Rendiciones de Cuentas y que en nuestro concepto traerá, a este tipo de leyes que estamos tratando, una mayor claridad. No obstante, no creemos que en el día de hoy, este tema pueda quedar totalmente terminado y en ese sentido el señor senador Ortiz -Presidente de la Comisión que trató este tema- mencionó que debía seguirse considerando el punto. Entendemos que si bien hoy en día puede encontrársele algún defecto, tendremos que votarlo globalmente porque si entramos a modificar el texto se puede romper su armonía y la concatenación de muchos artículos vinculados entre sí. Sin embargo, pensamos que la Comisión de Hacienda deberá abocarse al estudio de este tema porque es poco lo que se ha hecho en cuanto a cortar aún más las tremendas ataduras que hacen caer los brazos de cualquier jerarca.

Puedo imaginar lo que debe sentir cualquier jerarca que esté a la cabeza de una repartición de un Inciso presupuestal, que asuma el cargo imbuido de un deseo de hacer cosas. Cuando advierta el tiempo que transcurre antes de que la voluntad se convierta en hechos, realmente sentirá una gran frustración. Sin duda, ese es uno de los motivos que alejan a los ciudadanos de la actividad gubernativa porque estoy seguro de que quien provenga de la actividad privada -por supuesto, no vamos a pretender que tenga la misma libertad de que gozaba para conducir sus negocios, industrias o comercios- pensará que se encuentra en otro mundo porque el país vive inmerso en el sistema del contralor previo. Este parte de una desconfianza muy grande en el administrador y piensa muy mal de la naturaleza humana; por cierto, no debemos pensar totalmente bien con respecto a ella. Pero en este caso carga tanto las tintas en la desconfianza que no podemos menos que repetir la expresión formulada el otro día: "más vale cortarse las piernas que perderse en el camino". Existe una inoperancia proveniente del miedo a realizar las cosas, con ese cúmulo de contralores previos, que en las nuevas técnicas de Administración tendrán que ser sustituidos por el contralor de ejecución, realizado a posteriori.

Luego, en la realización, controlar al administrador, en la buena o mala ejecución, en el cumplimiento o no de los Presupuestos por Programa, pero no estarse atajando, valga la expresión criolla, lo que impide el comenzar a caminar. Tenemos que invertir la carga de la prueba; es decir, el administrador tendrá que demostrar el buen cumplimiento con la obra realizada y no establecer una suerte de decálogo -si fuera un decálogo, sería poco- de un sinnúmero de disposiciones que, previamente a efectuar la obra, lo está deteniendo.

Que a raíz de esta manera de ver las cosas, mañana pueda filtrarse algo indebido, puede ser; pero creo que el país está dispuesto a hacer el cambio. Más vale que haya uno, dos, tres o cuatro errores y alguna cosa que, quizá, no queda en el marco de la legalidad, en el cumplimiento de la acción de gobierno, que la perfección de un tercio, porque el resto del dinero y de un Período de gobierno -hoy lo sabe el partido que está en él, pero es aplicable a cualquiera- por esos controles previos, se convierten en una rémora, en una pesada cadena que le impide movilizarse. Entonces, el Parlamento discutirá los recursos con el ministro de Economía y Finanzas. Los contribuyentes harán el sacrificio fiscal y pagarán. Estarán los créditos y diremos que se han autorizado. Pero cuando llegue a su fin el período de gobierno, en el momento de hacer el balance, diremos que nos impidió, el mar de papeles y contralores de una administración, que todavía piensa en términos de principios de siglo, el cumplimiento de la obra real. Ahí está uno de los enemigos principales del desarrollo del país. No parte, repito, de un dolo, de una voluntad negativa, ni de un sentido de no querer hacer las cosas. Por acumulación, todos hemos sido culpables de esta legislación, de que los cuatro contralores, los cinco inspectores, las idas y venidas de los expedientes al Tribunal de Cuentas, se conviertan en impedimento del desarrollo.

Esa fue la intención que tuvimos cuando dimos el primer tenue empujón en la Comisión de Hacienda. Debemos decir que la receptividad del Tribunal de Cuentas, presidido por el contador Rega Vázquez, ha sido total.

Es encomiable la forma en que han trabajado los ministros, más allá de sus diferencias de carácter político. Contando con este Tribunal, que está trabajando tan bien, no podemos resignarnos a que con esto se haya dado el primer paso. Apenas reinicie el Senado su trabajo normal, habrá que solicitar una mejora para el mismo.

Si cada vez que viene un proyecto de Rendición de Cuentas o si de acuerdo a nuestra tesis restrictiva de que éste no debe tener otras normas, seguimos recortando esta verdadera maraña legal, cumpliremos una de nuestras principales tareas que es que la autorización para los gastos que efectúa la población llegue a buen fin.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Como el señor senador Lacalle Herrera ha hecho referencia a mi persona, vinculándola a este tema, debo ratificar todo lo que él ha expresado, porque mi punto de vista es totalmente coincidente con el suyo.

Considero que el señor senador tiene razón cuando señala que este es un primer paso muy importante y que tanto el Presidente del Tribunal de Cuentas, contador Rega Vázquez, como quien le ha acompañado siempre, el señor Smeraldi, y los demás miembros están totalmente dispuestos a trabajar en el perfeccionamiento de este tipo de control ex post.

Entendemos que el artículo 506 debe votarse en bloque porque está concatenado con otra norma que, según nos informaba el señor senador Senatore -creo que él lo va a explicar en su discurso- el Tribunal de Cuentas ya está trabajando en ese proyecto definitivo que nos va a permitir avanzar, luego de este importante paso que hoy damos, aunque pueda haber alguna norma que no sea igualmente conveniente para todos.

Como se trata de algo beneficioso, coincido con lo expresado por el señor senador Lacalle Herrera.

Digo desde ya que, en buena medida, estas normas no hacen más que resolver un problema de aplicación del Decreto 104 de 1968.

Todo el Capítulo referente a contralor, que hemos estado analizando recientemente con distintas interpretaciones, con la supuesta colisión entre el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación, registro de operaciones y contralor, traduce este texto que estamos votando en los artículos 83 y siguientes del sub-título segundo, contralor del Decreto 104. Ello se efectúa a través de normas que se han venido aplicando pacíficamente para el mejor ordenamiento de la ejecución presupuestal y no por el tipo de contralor externo que realiza el Tribunal de Cuentas.

Me afilio, pues, a lo expresado por el señor senador Lacalle Herrera. Espero que este sea apenas un primer paso -aunque importante- en lo que respecta a la modernización del contralor del gasto y ejecución presupuestales.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Termino, señor Presidente, con una inevitable mención.

Con las técnicas de informática y de intercomunicación estatal, sin duda vamos a realizar una tarea interdisciplinaria.

Aunque no estemos todavía a la altura de la eliminación del expediente, altar al que hemos sacrificado tanto tiempo, así como "elévense a consideración", "trasládense" y "con lo informado, vuelva", que todos hemos estampado en algún momento de nuestra vida, a distintos niveles jerárquicos, con seguridad la próxima Rendición deberá tener en cuenta esta nueva disciplina, porque tenemos en nuestro país el banco de datos más importante, que es el que tiene la Contaduría General de la Nación. Allí, se cuenta en este momento, con una red de computadoras que vinculan las contadurías de todos los organismos. Si nuestros planes de modernización, en lo que respecta a esta Casa, prosperan, esto permitirá tener vinculado al Poder Legislativo con esa base de datos y al toque de los dedos sobre el teclado obtener una rendición de cuentas diaria, de cómo se van efectuando los gastos.

A través de la colaboración que ha tenido la Comisión Especial para la Informática y Prospectiva por parte del Presidente del Cuerpo y del proyecto común con Naciones Unidas, tenemos que estar pensando en estas pragmáticas de carácter contable, ubicadas en el tiempo en cuyo umbral estamos. Entonces, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación, las Contadurías y el Parlamento, van a poder tener las verdaderas Rendiciones de Cuentas al día, al instante y en tiempo real, porque va a haber una vinculación en red, total y absoluta, que va a facilitar enormemente las tareas. Claro está, que el Poder Legislativo tendrá la oportunidad de mirar por encima del hombro al Ministerio de Economía y Finanzas, así como también podrá recobrar parte de su original poder del control sobre el gasto. Este es un paso inevitable.

Esta Casa, que había previsto para esta primavera la instalación de sus terminales -voy a este tema detalladamente porque está inscripto en esta situación- tendrá que comprender que este tipo de normas deben ser sancionadas ya, teniendo en cuenta esta nueva técnica. Ya el Tribunal de Cuentas, la Contaduría, los ordenadores y autorizadores de los gastos van a poder relacionarse en forma instantánea y permanente.

No digo, señor Presidente, que el expediente pase al olvido, pero va a ser sustituido por la conexión permanente, en red, de todos los gastos que hacen a una buena administración. Para ello tendremos que preparar jerarcas y nosotros tendremos que advertir el cambio cualitativo que vamos a tener en nuestra vida; pero todas esas normas no pueden ser pensadas para ese viejo tramiteo que, a veces, es descendiente directo de los peores momentos de la administración colonial española que heredamos en el momento de la Independencia y que muchas veces hemos conservado, como un atavismo el papel y una elevación hacia el jerarca superior, para evitar las responsabilidades. Esto, señor Presidente, desde el punto de vista político y técnico. Esta combinación va a dar lugar a una administración que, quizás, nosotros no lleguemos a conocer funcionando en el mundo, pero si nuestros hijos, pero no con la rémora tremenda que con muy buena voluntad hemos ido acumulando, una tras otra, en la aprobación de normas de contralor que impiden la acción fructífera para la cual está destinada toda la estructura estatal.

Cuando se considere el artículo 509, señor Presidente, haré uso de la palabra para opinar sobre él.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: señalo que voy a hacer uso de la palabra porque tengo que cumplir con las obligaciones de mi cargo y por ello es que la solicito a la Mesa.

Con respecto a las normas de Contabilidad y Administración Financiera que estamos incorporando, debo decir que la Comisión tuvo dos sesiones para examinar 149 artículos y, por lo tanto, no los hemos podido analizar uno a uno, como hubiera correspondido estudiar este cúmulo de disposiciones tan importantes.

Para ello hemos contado con la colaboración invalorable de los miembros del Tribunal de Cuentas, de los asesores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, también, se acercaron para indicar sus reflexiones y modificaciones -que no pudimos tener en cuenta debido al poco tiempo de que disponíamos- los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Aquí se trata, señores senadores, de una modificación al Decreto 104, de 1968 y, que, en varios puntos, no nos satisface.

No me voy a extender, porque creo que este conjunto normativo deberá votarse en bloque, porque hacerlo artículo por artículo nos insumiría demasiado tiempo y el Senado no dispone de él; pero tengo la impresión de que estamos adelantando en algo un trabajo, que tiene que ser mucho más importante que el que nosotros hicimos, ya que no tuvimos tiempo ni para analizar con mediano detenimiento esas normas. En dos mañanas, con cinco o diez horas de trabajo, no se puede pretender elaborar una ley de Contabilidad y Administración Financiera, por mejor asesoramiento que se tenga.

Además de las manifestaciones que han formulado los señores senadores Rondán y Ortiz, debo señalar lo que quedó de positivo en todos estos días de trabajo; es el compromiso serio asumido por el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -incluso contando con el apoyo de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina Nacional del Servicio Civil- de traer para el próximo año una nueva Ley de Contabilidad y Administración Financiera. Esto es lo más importante que rescato de nuestro trabajo y considero que no ha sido tiempo perdido.

Voy a señalar las normas que la bancada del Frente Amplio votará negativamente de este cúmulo de disposiciones. En el artículo 3º encontramos que se modifica lo que entendemos como una correcta práctica fijada en el Decreto 104/968. Los recursos del Estado debían ser depositados diariamente en los bancos oficiales, especialmente en el Banco de la República. En los lugares donde no había posibilidad de hacerlo -salvo que se tratara de recaudaciones de poca entidad y la oficina estuviera autorizada a mantenerlos en su dependencia- se depositaban en cualquier banco, con la orden de transferirlos, de inmediato, a las cuentas del Banco de la República. Ahora tenemos un artículo -que he votado negativamente en la Subcomisión- en el que se establece que "Su producto deberá depositarse en bancos del Estado. En casos de excepción debidamente fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su depósito en instituciones financieras no estatales.

La reglamentación establecerá los plazos y condiciones en que los depósitos deberán efectuarse."

A mi modo de ver, señores senadores, esta es una norma inconveniente. Cuando solicité una explicación en la Comisión se me dijo que hay dependencias del Estado, organizaciones estatales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que pueden calcular que no van a necesitar determinado monto de recursos durante cierto tiempo y, en consecuencia, lo pueden colocar en bancos privados, donde seguramente les van a dar intereses más altos. Contesté a ese razonamiento diciendo que me interesaba más que los colocaran en el Banco de la República, aunque ganaran menos, porque el incremento de los recursos no debe buscarse a través del mejor interés que se obtenga con lo recaudado, sino en mejorar la administración del tributo para obtener los ingresos previstos cuando se dicta la ley. Expresé que no consideraba conveniente que las recaudaciones se depositaran en bancos privados para obtener un mayor rendimiento en la colocación de capital, sino que debían ser depositadas en el Banco de la República para alimentar líneas de crédito, a bajo interés, pero que sirven para impulsar el desarrollo y la actividad del país.

De manera que, con esta modificación se retrocede y entiendo que debió haberse seguido manteniendo la normativa establecida en el Decreto 104/968 mencionado.

Por estas razones, y otras que señalaré, adelanto que vamos a votar negativamente los artículos 3º, 4º, 5º, 10, 11, 32, 36, 99 y 100.

Sobre el artículo examinado podría extenderme mucho más, pero considero que el tiempo de que dispone el Senado para aprobar esta Rendición de Cuentas es demasiado escaso para dilatar esta intervención.

Otro artículo que no voté en Subcomisión, es el 36, porque en el mismo se establece que: "Los contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios que otorguen los órganos del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en aplicación de contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, o de donaciones modales, quedarán sujetos a las normas de contratación establecidas en cada contrato." Esto para mí, señores senadores, es muy importante porque saca de nuevo de la esfera del Poder Legislativo el contralor de los contratos, que se realizan con los organismos internacionales de que hablamos y de los cuales nuestro país forma parte.

Esto, en parte, es consecuencia de lo establecido en el artículo 145 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986. En ocasión de discutirse dicha ley, la bancada del Frente Amplio no votó el artículo indicado por las razones que estoy dando, es decir, porque pensábamos que había que seguir manteniendo la aprobación por ley de esos contratos ya que en cada uno de ellos podía haber alguna especificación que al Poder Legislativo le interesase controlar. El artículo continúa diciendo que dentro de lo dispuesto en el inciso anterior -o sea que todas las relaciones están regidas por el contrato- se incluye la fijación de montos distintos a los vigentes para los procedimientos de adquisición, la determinación de requisitos y condiciones generales para dichos procedimientos, así como la de los montos y formas de calcular los comparativos de adquisición de bienes o servicios nacionales con relación a sus similares extranjeros ofertados. Esto significa eliminar la protección que pueda existir para la industria nacional, desde que conforme a lo que está pactado en los contratos, pueden dejarse de lado todas las normas dictadas para la protección de la industria nacional.

Además, el artículo dice que también importa la exoneración relativa al transporte marítimo de mercaderías importadas, de acuerdo con lo requerido por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.650, de 2 de marzo de 1977, que protege a nuestra marina mercante, estableciendo normas mediante las cuales tiene prioridad para el transporte de las mercaderías, bienes o productos de importación que se efectúen por vía marítima.

Vemos que todo esto puede quedar sin efecto a causa de esta norma establecida en el presente proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera en base, justamente, a una disposición que figura en el artículo 145 de la Ley Nº 15.851 que evita el contralor parlamentario.

El artículo 36 que comentamos establece que entre las partes, es decir, entre el Estado y el organismo o ente exterior del cual obtuvimos préstamos internacionales, rige la ley del contrato que, tal vez, sea siempre la ley del más fuerte y por eso renunciamos a la protección industrial, así como a la protección de nuestra marina mercante.

Quiero dejar constancia que también he expresado mi discrepancia con lo dispuesto en el artículo 99. El mismo prescribe que la Contaduría General de la Nación ejercerá el control interno de los organismos de la Administración Central y el de la ejecución presupuestal y su contabilización en los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República. Asimismo, el artículo 100 expresa que "los contadores que se encuentren al frente de las contadurías centrales ministeriales y de las que hagan sus veces en los Organismos mencionados en el artículo anterior, actuarán bajo la superintendencia de la Contaduría General de la Nación..."

Considero que estos artículos son inconstitucionales dado que superponen el contralor de la Contaduría General de la Nación al que la Constitución otorga, específicamente, al Tribunal de Cuentas sobre los organismos comprendidos en el artículo 220. Este desajuste nace en la dictadura y se mantiene a través del Decreto-Ley número 14.416 que fue el que determinó que los Entes de enseñanza deberán elaborar sus proyectos de presupuestos, rendiciones de cuentas y cumplir con las disposiciones de ejecución presupuestal de conformidad con las normas generales de clasificación del gasto público, contabilidad y administración financiera que regula la Administración Central.

En esa disposición también se dice que la Contaduría General de la Nación dictará las normas pertinentes, etcétera. No tengo nada en contra de la Contaduría, pero, en este punto, comparto lo que manifestaba el señor senador Lacalle Herrera respecto a que debemos tratar de aligerar el trámite de la Administración Pública y de los contralores. Sin embargo, aquí estamos superponiendo contralores y, a mi modo de ver, incluyendo algunos que violan o desconocen disposiciones constitucionales.

En resumen, reitero que el Frente Amplio votará negativamente los artículos 3º, 4º, 5º, 11, 32, 36, 99 y 100 cuando se trate en conjunto este núcleo de normas. Creo que la propuesta que hizo el señor senador Batlle es la única razonable y la que corresponde en este momento ya que el Cuerpo no puede enfrascarse en una discusión individual de los 142 artículos que tiene este proyecto de Ley de Ordenamiento Financiero.

Queremos destacar que no nos satisface el trabajo que se ha realizado, porque pese a la buena disposición de la Subcomisión ya que contó con buenos asesores, no dispuso del tiempo necesario para estudiar con detenimiento y profundidad los diferentes artículos.

Debo señalar, asimismo, que lo que rescato como positivo de todo este trabajo es el contacto que mantuvimos con gente preocupada por estos problemas. Recuerdo que el Presidente del Tribunal de Cuentas aseguró que el año próximo elevará al Parlamento un proyecto de ley de Contabilidad y Administración Financiera, que contendrá las disposiciones acordadas entre la Contaduría General de la Nación, el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuyas observaciones no pudieron ser estudiadas, en esta oportunidad.

Es cuanto quería decir respecto a este punto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: este tema tiene una enorme importancia, pero no deseo reiterar conceptos que ya han sido expuestos en Sala. Debo decir que participo de casi todas las expresiones vertidas por el señor senador Ortiz. Como a él, me preocupa la enorme cantidad de observaciones que formula el Tribunal de Cuentas por omisiones o violaciones de las leyes y que realizan prácticamente todos los organismos del Estado, sin ninguna consecuencia ulterior, por cuanto el Parlamento no tiene tiempo para ocuparse de ellas y tratar de hacer efectivas las responsabilidades consiguientes. Asimismo, tengo el temor de que, en la práctica, el Tribunal de Cuentas resulte un ornato constitucional, cuyos titulares y funcionarios cumplen con extraordinario celo y sentido de responsabilidad todas sus funciones, pero sin lograr que los organismos del Estado actúen de conformidad con las fundadas observaciones que el mismo les dirige.

También comparto con el señor senador Ortiz la observación que ha efectuado al texto del artículo 506 de este proyecto de ley. No es jurídicamente admisible que se diga que una ley aprueba a otra. Por lo pronto, no puede aprobar lo que aún no es ley y, en consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con la modificación sugerida por el señor senador para el texto de este artículo, que lo hace coherente desde el punto de vista jurídico, así como con su iniciativa en el sentido de que los artículos subsiguientes sean artículos de la ley, con la numeración correspondiente y ordenada en sentido progresivo.

Pienso también, señor Presidente, que el análisis que ha hecho el señor senador Senatore pone de manifiesto el error de haber incluido normas de Contabilidad y Administración Financiera dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Si bien tres competentes compañeros del Cuerpo han realizado un trabajo muy serio, la verdad es que los demás integrantes del Senado no hemos tenido tiempo ni posibilidad de estudiar este complejo conjunto de disposiciones legales que tienen, además, una enorme importancia.

Estaba escuchando atentamente al señor senador Senatore y, en principio, me parece que todas sus observaciones son fundadas, pero no habiendo estudiado el tema, tendré que votar estas disposiciones tal como vienen, salvo el artículo 99, que ya he objetado por inconstitucional y que, en parte, se corregirá por el aditivo propuesto por el señor senador García Costa.

Lo que he expresado, de ninguna manera puede ni debe interpretarse como una crítica al Tribunal de Cuentas, que ha querido regularizar, desde el punto de vista jurídico, una situación que se arrastra desde el año 1968, cuando en virtud de una delegación legislativa inconstitucional del Parlamento de la época, se dictó el famoso Decreto 104.

Por supuesto, me parece mejor que las normas de aquel decreto -que por otra parte se habían ido modificando por sucesivas disposiciones de la misma jerarquía jurídica- se unifiquen en un solo texto y con rango legislativo, como corresponde y no que se mantenga la situación anterior, pero el procedimiento debió haber sido otro. El Proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera debió haber venido al Parlamento para que éste se abocara a su estudio y consideración, tal como debe hacerse en una materia de tanta importancia.

No tengo dudas de que los actuales ministros del Tribunal de Cuentas, con su Presidente, el contador Alfredo Rega Vázquez al frente, encaran con extraordinario celo y competencia todas sus funciones y que el año que viene nos remitirán el proyecto de ley a que ha hecho alusión el señor senador Senatore. Espero que ello ocurra así y que todo redunde en beneficio del correcto control de la legalidad de la gestión financiera del Estado.

Reitero, por último, que aunque voy a votar afirmativamente el capítulo, porque esta situación mejora, desde el punto de vista jurídico, la que estaba rigiendo en los hechos, considero que incluir un Proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera dentro de la Rendición de Cuentas, es violatorio del artículo 216 de la Constitución de la República.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar el Capítulo IX, que comprende los artículos 506 a 513 inclusive, del que se desglosa el 509.

SEÑOR PEREYRA. - También debería votarse por separado el artículo 99.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ese artículo se ha propuesto un aditivo; por lo tanto, en primer lugar se votaría y posteriormente se consideraría el aditivo propuesto.

Creo que hay consenso en votar en bloque estas disposiciones, exceptuando el artículo 509. Lo que pregunto es si en este Capítulo vamos a separar algunos artículos o a votarlos todos en conjunto, porque entendí que el señor senador Senatore dejaba constancia respecto a que no apoyaba una serie de artículos, que tengo aquí anotados, pero que por razón de brevedad no era necesario separarlos y hacer varias votaciones.

SEÑOR SENATORE. - Sí, señor Presidente, ese fue el sentido de mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, como la constancia ha sido hecha y figurará en la versión taquigráfica, podemos votar los 142 artículos.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quiero dejar constancia, también, de que en virtud de que se vota en bloque, no tengo más remedio que hacerlo, pero considero que es inconstitucional lo establecido en el artículo 99.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Interpreté que el señor senador Ortiz había formulado una moción en el sentido de que se modificara el texto del artículo 506, lo que me parece correcto y, más aún, necesario.

SEÑOR ORTIZ. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Secretaría deberá coordinar, dentro de la ley, todas las remisiones internas.

El encabezamiento del artículo 506 quedará, entonces, redactado en la siguiente forma: "La Contabilidad y Administración Financiera del Estado (artículo 213 de la Constitución de la República) se regirán por las siguientes disposiciones" enumerando después los artículos subsiguientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo considerado, a excepción del artículo 509.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 509.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el artículo 509 se refiere al uso de los fondos públicos extrapresupuestales, establecido en el 508.

Por circunstancias seguramente de este tipo de trabajo, la Cámara de Representantes olvidó considerar, dentro del artículo 509, el Programa 073, Comando General de la Fuerza Aérea, que estaba incluido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, asignándole -en el 509- la potestad de utilizar el 75% de los proventos. O sea que correspondería, de acuerdo a lo que se establece en alguno de sus literales, el artículo 509. Esta disposición figuraba en el Mensaje del Poder Ejecutivo, pero no fue recogida -o fue olvidada- en su consideración por la Cámara de Representantes. Como figuraba en el Mensaje, repito, solicito la incorporación, al literal B), del Programa 073, Comando General de la Fuerza Aérea.

Asimismo, señor Presidente -si es que el Cuerpo comparte el punto de vista que voy a exponer- la Unidad Ejecutora 086, Prefectura Nacional Naval, que viene con el 0,75% del uso de los recursos extrapresupuestales debería -tal como se me ha solicitado por quien, a mi juicio, conoce el tema mejor que yo- ser incorporada al nivel del 100% del uso de los proventos extrapresupuestales.

Formulo moción concreta en ese sentido.

Se trataría, pues, de dos modificaciones: una, que tiene su origen en el olvido que se produjo con relación al Programa 073, Comando General de la Fuerza Aérea; y, otra, la de la categoría del Programa 086, Prefectura Nacional Naval.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esta última modificación, señor senador, ¿dónde se incluiría?

SEÑOR BATLLE. - También en el literal B).

SEÑOR PRESIDENTE. - Si hay conformidad y no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 509 con las dos modificaciones propuestas por el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - La bancada del Frente Amplio presentó un aditivo al artículo 509, que sería un literal K), estableciendo la inclusión de la Universidad de la República y sus Unidades Ejecutoras.

En Comisión señalé nuestra intención en ese sentido, pero no fue incluido a raíz de un aumento que formuló el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, manifestando que la Universidad ya tiene el 100% de la disponibilidad de los proventos. Entonces, como esta es una disposición interpretativa, vamos a ponerlo expresamente, porque si no es incluido, como esta ley es posterior, mañana puede muy bien interpretarse que no se le concede la disponibilidad de todos esos proventos.

En la versión taquigráfica se puede confirmar que esa fue la razón que esgrimió el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, puesto que realmente figura en la ley de disponibilidad del 100%.

De todas maneras, reitero que me parece necesario incluirlo en este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 509 con los dos agregados al literal B) propuestos por el señor senador Batlle y con el literal K) propuesto por el señor senador Senatore.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo aditivo al artículo 99 de la Ley de Contabilidad Financiera, propuesto por el señor senador García Costa que figuraría como inciso segundo de dicha disposición.

Léase.

(Se lee:)

"Asimismo, ejercerá la superintendencia contable de las Contadurías Centrales de los mismos y sus dependencias, con excepción de los entes de enseñanza."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se agrega "con excepción de los Entes de Enseñanza".

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite, señor Presidente?

No estoy introduciendo novedad alguna, sino reiterando conceptos ya vigentes que se alterarían de no hacerlo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Yo agregaría a continuación de los organismos citados en el aditivo propuesto por el señor senador García Costa, también al Poder Judicial. Entiendo que de lo contrario se afectaría el principio de separación de Poderes.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Acepta el agregado el señor senador García Costa?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El aditivo diría, entonces, "con excepción del Poder Judicial y de los Entes de Enseñanza", para guardar la jerarquía correspondiente.

Se va a votar el aditivo propuesto al artículo 99.

(Se vota:)

-9 en 26. Negativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Solicito que se rectifique la votación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 26. Negativa.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra, para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Entendí mal, señor Presidente, por cuanto estimé que se estaba votando del artículo 508 en adelante. Yo tenía una aclaración para hacer en relación al artículo 510, donde vuelve a establecerse que la Unidad Ejecutora, Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, Inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional, dispondrá del 90% de los fondos establecidos en el artículo 508.

Quiero señalar que no sé cómo se va a coordinar esto con el artículo 86, que exime a la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, dándole la disponibilidad del 100% de los proventos. A mi modo de ver, estas son disposiciones contradictorias.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - La referencia que hacía el señor senador Senatore es diferente de la que establecí yo, que me referí al Comando General de la Fuerza Aérea, y no a la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica. Son dos cosas completamente diferentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Senatore alegaba una presunta discrepancia o incoordinación entre esta disposición y el artículo 86.

Ese tema ya está agotado y esta era una mera constancia.

En consideración el Capítulo VIII, Normas Tributarias, artículos 467 a 505, inclusive.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Es para solicitar que estas normas tributarias sean consideradas en conjunto, con excepción de los artículos 484 y 485 que pido sean desglosados para ser tratados en forma separada. Hay un Mensaje del Poder Ejecutivo por separado referente a estas disposiciones y creo que el tema va a dar lugar a discusión.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Solicito que sean votados por separado los artículos 470, 471, 472, 474, 475, 483 y 491.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Pienso que no habrá más remedio que votar todos los artículos por separado, porque hay muchas observaciones planteadas por los distintos sectores a los mismos. Por lo tanto, estimo que va a ser más práctico considerar el tema votando artículo por artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

En consideración el artículo 467.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 468.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 469.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor Presidente?

Debería decirse "sustitúyese" y no "sustitúyase".

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El texto del artículo 469 no es original del Poder Ejecutivo, sino que fue agregado en la Cámara de Representantes.

Se discutió mucho el punto en la Comisión y, en lo que me es personal, no le voy a dar mi voto a esta disposición con la redacción que tiene porque están incluidas muchas actividades que primitivamente no se había pensado que pudieran quedar exoneradas del impuesto.

En consecuencia, entiendo que no le puedo dar mi consentimiento tal como está. Reitero que han sido incluidas un conjunto de actividades a las que se exonera del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, que son muchas más que aquéllas consentidas por el Poder Ejecutivo. Con este texto, no puedo votar el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay un texto sustitutivo que es el artículo 7º del proyecto de ley del 10 de setiembre del Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El tema fue discutido en varias oportunidades en la Comisión respectiva. Quienes propusimos este artículo -tanto en la Cámara de Representantes como luego reiterándolo aquí en el Senado, en una redacción aún más completa- tenemos la absoluta convicción de que esta es una ley interpretativa porque la norma que ha permitido hasta la fecha la imposición tributaria -que ahora se declara, por vía interpretativa, que no corresponde- es una disposición confusa.

Recuerdo que en el último diálogo sostenido en la Comisión habló un distinguido asesor del Ministerio, quien señaló que habían sacado una resolución por la cual algunos de los que eventualmente podían pagar, naturalmente no lo iban a hacer, con lo cual se demostraba la tesis a la que nosotros aludíamos.

La disposición no es absolutamente clara. Si lo hubiera sido y se hubiera intentado gravar las rentas derivadas del ejercicio de las actividades de corredor, martillero, corredor de bolsa, despachante de aduana, corredor de seguros, etcétera, se hubieran enumerado.

Se hizo otro tipo de disposición legal que autoriza la interpretación y en virtud de ello la hemos hecho.

La Dirección General Impositiva no la comparte pero eso dirimirá en el modo y circunstancia que corresponda.

Esta es una ley interpretativa porque nos referimos a una norma cuya claridad es escasa. A nuestro juicio, implica la posibilidad de hacerlo así, porque el objetivo del legislador no era gravar ese tipo de actividades o esta forma de actividad que termina en un impuesto a la renta. Es notorio que, si bien mi Partido lo propugna, no por vías indirectas y afectando a un grupo de personas por el sólo hecho de que le ha parecido que así debe ser a la autoridad tributaria del momento.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: considero que esta norma viene a poner fin a una situación injusta que se creó por una iniciativa, a mi juicio, más que del Poder Ejecutivo, de la Dirección General Impositiva, al modificar el artículo 2º del Título IV del Texto Ordenado, que bien llama el señor senador Ortiz "Texto Desordenado". Este se refiere al Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

En aquella oportunidad, por la vía de modificar el hecho gravado, es decir la definición de las Rentas Comprendidas y por consiguiente gravadas por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, la Dirección General Impositiva pretendió incluir -y de hecho lo hizo, a una cantidad de personas que no realizan actividades industriales ni comerciales. Como oportunamente lo señalamos, ese no es el procedimiento que debió haberse utilizado. Si se consideraba que los rematadores, los despachantes de aduana o quienes realizan actividades de intermediación en materia inmobiliaria, los corredores de seguros, etcétera, debían estar gravados por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, lo que se debió haber dicho es que son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio todas las personas a quienes se quería gravar. Pero no por medio de una vía indirecta, que el legislador creía que era simplemente una definición diferente del hecho gravado, incluir a una cantidad de personas, no en un impuesto de menor cuantía, sino en uno que tiene una tasa del 30% sobre las rentas que se obtienen. Esto es un asunto de enorme entidad.

Por otra parte, señalamos que no se trataba de un procedimiento correcto. De esto nos vinimos a enterar por la preocupación que alguna persona experta en Derecho Tributario nos hizo llegar, al tener conocimiento del texto. Sólo los iniciados podían adivinar que cambiando la definición de la renta gravada, lo que se pretendía era que una cantidad de gente que no tributaba por este impuesto, en adelante lo tuviera que hacer.

Compartimos, señor Presidente, las expresiones del señor senador García Costa, en el sentido de que se trata de una norma de carácter interpretativo. No exonera a nadie de un impuesto que debía pagar, porque originalmente estas personas nunca estuvieron gravadas por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio ni lo habían pagado, hasta que se cambió la definición del hecho gravado a los efectos de hacerlos tributar del mismo.

Existen dos razones principales de carácter técnico para sostener que la norma es de carácter interpretativo. La primera de ellas, que se refiere al inciso 2º proyectado, resulta clara, porque tanto el inciso 1º del proyecto como el primero del texto vigente, al hablar de combinación de capital y trabajo han creado una complejidad, ya planteada en nuestro Derecho, acerca de si ambos factores deben concurrir a la producción de la renta con una intensidad equivalente que sea incompatible con la predominancia de alguno de ellos.

Planteada esta cuestión en nuestra doctrina tributaria se ha llegado a sostener que parece obvio que una norma que precise, tal como lo hace el inciso 2º de este proyecto, el alcance del inciso 1º, no tiene otro carácter que el de una disposición meramente interpretativa que obviamente no implica la derogación de ningún impuesto.

La otra razón, deriva de la consideración de que el inciso 1º del artículo proyectado difiere del inciso 1º del artículo actualmente vigente. La definición de la Renta Gravada que estaba contenida en el actual texto del inciso 1º del artículo 2º del Título IV del Texto Ordenado, se cambia en esta redacción que nos ha propuesto el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, considero que esta circunstancia da pie para que el legislador concrete el alcance que tiene el hecho gravado, delimitando en el inciso 2º el perfil de la norma del inciso 1º que lo contiene. Si el primer inciso proyectado fuera idéntico al del texto vigente, un cambio de redacción habilitaría para pensar que se retacea el sentido de aquel inciso. Pero habiéndose redactado nuevamente ambos incisos, ese razonamiento, en nuestro concepto, es improcedente.

Por último, señor Presidente, más allá de cualquier consideración de orden jurídico, teórico o doctrinario, creo que esta disposición es fundamental, pues viene a restablecer la situación original en el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Si la Dirección General Impositiva o alguien en el Poder Ejecutivo la quiere cambiar, lo que deben decir es que los rematadores, corredores de seguros, corredores de cambio, despachantes de aduana y todos los que están allí enumerados, incluidos los profesionales universitarios, deben tributar el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

En esa oportunidad, discutiríamos si las personas que realizan esa actividad, que es su medio de vida, su trabajo, deben tributar por concepto de ese impuesto. Nosotros creemos que no, porque en el Uruguay no existe el impuesto a la renta personal y este es un impuesto a la renta obtenida por el trabajo, cuando se refiere a este tipo de personas, pero no cuando alcanza a quienes realmente realizan actividad comercial o industrial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 469, tal como consta en el repartido.

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 470.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: creo que es un error colocar el tope exclusivamente para las empresas unipersonales, sustituyendo lo que son sociedades con o sin personería jurídica, tal como estaba dispuesto con anterioridad.

Obviamente este tope es un límite por debajo del cual se entiende que la actividad económica que se realiza, no vale la pena desde el punto de vista administrativo. No se justifica que el Estado persiga, controle o recaude importes que son muy pequeños si se tiene en cuenta la recaudación global.

Si una sociedad no llega a ese límite, se puede llegar a la conclusión de que cada uno de los integrantes de la misma tienen la mitad de ingresos o de ventas del límite fijado.

Es notorio, además, que muchas sociedades, son obligadas a registrarse como sociedades de hecho, por parte de la Dirección General Impositiva o a veces por el Banco de Previsión Social. Es muy común esto en talleristas que comparten un local, donde en realidad se trabaja por cuenta propia y lo único que se hace es compartir el lugar físico de trabajo. Este simple hecho alcanza para que, desde el punto de vista impositivo se considere la existencia de una sociedad de hecho.

En consecuencia, nos parece que limitarlo a empresas unipersonales no se corresponde con la realidad económica de esas pequeñas empresas. Por lo tanto, debería mantenerse la anterior redacción o de lo contrario, eliminar la palabra "unipersonales".

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en la última línea del primer parágrafo dice "preferentemente", en lugar de "precedentemente".

Comparto las expresiones del señor senador Olazábal en cuanto a que no tiene sentido que se elimine de la exoneración a las empresas que no son unipersonales.

El fundamento de la exoneración es la escasa renta o monto de los ingresos que obtienen determinadas empresas, cuando son de reducida cuantía. Y eso no tiene nada que ver con que las empresas sean unipersonales o tengan forma societaria. Pero, además, la verdadera modificación que contiene este artículo -y creo recordar que algo de esto se habló en la Comisión- es el inciso final, que dice así: "Quienes superen el monto fijado de acuerdo con este literal, no gozarán de exención en Ejercicios posteriores". Esto me parece profundamente injusto. ¿Por qué, por el hecho de que en un Ejercicio, de pronto ocasionalmente o por una circunstancia económica coyuntural, se supere el monto fijado ese año por el Poder Ejecutivo, esa empresa queda al margen de la exoneración para toda la vida, aunque después tenga ingresos de monto reducidísimo o inferiores a lo que establece año a año el citado Poder? Esto, en verdad, no tiene sentido; está encaminado a ir sacando del ámbito de la exención a todas las empresas. Primero se excluye a las que no son unipersonales y luego a todas aquellas que superen en un año el monto fijado por el Poder Ejecutivo.

Entiendo que esto no tiene justificación; realmente sólo revela un afán fiscalista del Estado. O bien la exoneración tal como estaba prevista por el Texto Ordenado, por la norma vigente, tiene fundamento, o no lo tiene. Si lo tiene, mantengámosla y si no, suprimámosla en su totalidad. Pero así como está, creo que este artículo no tiene justificación y, por lo tanto, no lo voy a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 470, con la corrección gramatical señalada por el señor senador Aguirre, en el sentido de que, en lugar de "a que se hace referencia preferentemente", debe decir "a que se hace referencia precedentemente".

(Se vota:)

-11 en 26. Negativa.

En consideración el artículo 471.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: este artículo me merece serias dudas.

Aparentemente, se parte de la base de que existe una renta cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo adquiere carteras, ya sea a instituciones de intermediación financiera o por los mecanismos previstos en la ley, a través del Banco de la República o del Banco Central.

A mi juicio, la adquisición de un crédito de ninguna manera provoca una ganancia, salvo que por este artículo se entienda que la Corporación Nacional para el Desarrollo debería contabilizar sus créditos comprados, por su valor nominal, lo cual sería un disparate. De esa forma, la Corporación mostraría enormes ganancias que no son reales. Si el valor de ingreso a su patrimonio se da por lo realmente pagado -como sería lo normal- no hay generación de renta alguna.

Creo que esto no admite más de una interpretación y, en ese sentido, planteo mis dudas, porque no entiendo, reitero, que la compra de un crédito pueda dar lugar a la generación de una renta. Y si no lo hace, tampoco debería dar lugar a una exoneración.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR SENATORE. - Desde luego, esta norma puede dar lugar a la interpretación que de la misma hacía el señor senador Olazábal. Pero lo que se señaló en la Comisión fue que la Corporación Nacional para el Desarrollo, al comprar o recibir una deuda, podía beneficiarse por el hecho de que el banco acreedor le hiciera una quita, lo que sí sería una utilidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - En el caso hipotético que plantea el señor senador Senatore, estaríamos frente a otro hecho: que la Corporación Nacional para el Desarrollo estaría pagando 100, por ejemplo, a un banco, para comprar una cartera que luego pasaría a valer 60. En ese caso habría una ganancia, pero creo que la misma debería estar gravada y que sería muy inconveniente que la Corporación hiciera ese tipo de operaciones, que no significarían más que una verdadera ganancia para los bancos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: debo señalar que este artículo fue propuesto por la propia Corporación. No estoy en condiciones de discutir sobre el tema -y mucho menos con un contador- pero presumo que la Corporación lo ha de haber sugerido en beneficio del interés público y que no hay ninguna ganancia ilegítima. Por lo tanto, vamos a dar a este artículo nuestro voto favorable, así como lo hicimos en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 471.

(Se vota:)

-18 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 472.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en el inciso tercero de este artículo se dice lo siguiente: "No podrán capitalizarse reservas legales por reinversiones y por mantenimiento de capital circulante".

Realmente, no entendemos esta disposición, porque de hacerse una reserva -ya sea por reinversión o por mantenimiento de capital circulante- el destino natural de la misma es la capitalización. Considero, entonces, que esto implicaría cambiar conceptos que entiendo muy difícil modificar. Creo que lo que quiere decir este artículo, es otra cosa, pero no me animo a hacer una interpretación libre. Pienso que tiene que ver con distribución de acciones, etcétera. Pero que se diga que no pueden capitalizarse reservas legales por reinversiones o mantenimiento, es algo que contradice el concepto de éstas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 472.

(Se vota:)

-18 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 473.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 474.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: este artículo modifica el hecho gravado del Impuesto a la Renta Agropecuaria, conocido como IRA, para incluir entre los sujetos pasivos del Impuesto a los titulares de empresas o actividades agropecuarias de avicultura, apicultura y cunicultura. No sé si esto es justo y correcto o no. Pero no tengo dudas acerca de que es absolutamente incorrecto dar retroactividad a la disposición, como surge del inciso primero que dice: "Sustitúyese a partir del 1º de julio de 1986 el literal A), del artículo 2º del Título 8 de T.O. 1987, por el siguiente:".

Además, todos sabemos que las leyes no deben tener efecto retroactivo y que, en mi concepto, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución, las leyes que establecen nuevas obligaciones, con carácter retroactivo, son inconstitucionales. Esta disposición, además, es claramente violatoria del artículo 8º del Código Tributario que dice que las leyes tributarias materiales se aplicarán a los hechos generadores ocurridos durante su vigencia. Por consiguiente, este hecho generador no puede aplicarse antes de su vigencia. En todo caso, si se modifica esta norma, los avicultores, apicultores y los cunicultores que no pueden pagar el impuesto ahora, no se les puede liquidar, porque esta norma no estaba vigente y no eran deudores del impuesto. ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarlo, si no lo debían? Evidentemente, esta es una disposición que no sólo va contra los principios generales sino que causa un perjuicio indebido a productores que no eran deudores de este impuesto. Si se considera que en adelante deben pagarlo, está muy bien, pero, entonces, esto debe ser desde que entre en vigencia la ley y no con carácter retroactivo.

Estoy dispuesto a votar el artículo, pero siempre que se saque la expresión "a partir del 1º de julio de 1986".

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Estos impuestos son anuales y el año para la renta del IRA abarca desde el 1º de julio de 1986 al 30 de junio de 1987. Tiene razón el señor senador Aguirre porque este impuesto se estaría aplicando cuando el Ejercicio ya está vencido. Es una retroactividad que evidentemente está fuera de lugar. A partir del 1º de julio de 1987 podría aplicarse porque, entonces, los impuestos que se pagan por Ejercicios anuales son alcanzados por las obligaciones fiscales modificadas durante el Ejercicio y mientras esté en curso.

Si pusiéramos 1º de julio de 1987 estaría perfectamente bien, porque sería a partir de esa fecha y hasta el 30 de junio de 1988.

SEÑOR AGUIRRE. - No tengo inconveniente.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - La legislación tributaria sobre el agro viene cambiando cada vez más en un sentido que no logramos comprender. Todo su andamiaje estuvo basado en mucho tiempo en la utilización del factor tierra, y luego se pasó a una mezcla donde los sujetos pasivos eran los que utilizaban ese factor, pero también se consideró la renta, en el Impuesto a la Renta Agropecuaria, para determinar una base de imposiciones. Con esto se empieza a eliminar la preponderancia del factor tierra y así se quitó en la definición de este artículo al incluir cuáles son las actividades gravadas y se agregan la avicultura, apicultura y cunicultura, que hasta el momento eran típicas de industria y comercio. Se les incluyó un Impuesto a la Renta Agropecuaria que de alguna forma es bastante más gravoso y fundamentalmente para ramas de la actividad que están pretendiendo un elevado nivel de desarrollo, son sumamente convenientes para el país y va a resultar muy difícil cambiar su régimen tributario.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Coincido con las apreciaciones formuladas por el señor senador Olazábal, porque en estos últimos tiempos vemos que han surgido algunos problemas en zonas de minifundio del país. Esas zonas han sufrido deterioros diversos, como por ejemplo el de Montes y como éste, podríamos citar otros puntos del territorio nacional. Se ha pensado en la reconversión del sistema productivo, es decir, que allí donde se producía remolacha, la gente podría dedicarse a otro tipo de actividad como la cría de conejos, la apicultura, armonizada con la siembra de praderas lo que podría permitir una pequeña ganadería en esos predios. Precisamente, cuando se habla de fomentar estas actividades, las recargamos con impuestos.

Me parece que deberían eliminarse estos tres rubros, es decir, el de la avicultura, cunicultura y apicultura. Fundamentalmente las dos últimas porque son actividades nacientes en el país y que pueden llegar a sustituir otras que están desapareciendo.

Por lo tanto, propondría que se votara el artículo con exclusión de lo que tiene que ver con la apicultura y la cunicultura pues son actividades muy modestas y el país debe estimularlas para seguir radicando en la tierra a los pequeños productores que se ven asediados por una crisis que los obliga a aumentar el éxodo a las ciudades.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - La modificación del tratamiento de estas actividades y su pasaje a rentas agropecuarias que no tengan una relación directa con la utilización del factor tierra, no determina que se les cree un gravamen nuevo sino que se les saca, como lo establecía el señor senador Olazábal, del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio y se les incorpora a un sistema por el cual pagarán solamente en función de los resultados.

Tengo entendido que a la Comisión concurrieron los propios interesados donde plantearon la posibilidad del pasaje a esta nueva forma o categoría. Quiere decir que aquí no estamos imponiendo un impuesto que no tuvieran, porque ya estaban gravados por el de las rentas de Industria y Comercio, pero al transferirlos a esta actividad, pagarán en función de las rentas que generen. Para ellos mismos es mejor este tipo de situación jurídica que la anterior. Por eso es que la Comisión optó por este texto fue aprobado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 474, con la corrección de que regirá a partir del 1º de julio de 1987.

(Se vota:)

-18 en 25. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 474.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 475.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Sugiero que a este artículo se le haga la misma modificación que al anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 475, agregando que regirá a partir del 1º de julio de 1987.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 476.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 477.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

—26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 478.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 479.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 480.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 481.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: con respecto al literal B) me parece que en el Mensaje del Poder Ejecutivo se le da una redacción más adecuada.

Por otra parte, nuestro sector no va a acompañar el literal C); o sea, la rebaja del impuesto al valor agregado para los créditos de la banca privada a las personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay un texto sustitutivo, que ya está repartido, del Mensaje del proyecto de ley del Poder Ejecutivo del 10 de setiembre.

SEÑOR OLAZABAL. - Solicito que en lugar del literal B) que figura en el repartido, se vote el del Poder Ejecutivo. Además, que los literales se pongan a votación por separado, porque tenemos objeciones, como ya dije, sobre los alcances del literal C).

SEÑOR PRESIDENTE. - Se hará como se solicita.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: a los efectos de proceder de la manera que señala el señor senador Olazábal, en lo que tiene que ver con el nuevo literal B) del artículo 15, solicito que se le dé lectura, para saber qué es lo que se modifica.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: supongo que lo que le interesa saber al señor senador Aguirre es la naturaleza de la modificación del literal B), que viene en el texto que estamos considerando.

En el texto actual se decía "medicamentos y especialidades farmacéuticas", pero no figuraban las materias primas denominadas "sustancias activas". Esto último es lo que se incorpora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: creo que el señor senador Batlle padece una confusión. Lo que él señala ya lo conocía , porque había leído el texto vigente; pero lo que dice el señor senador Olazábal es otra cosa, que en la redacción que proponía el Poder Ejecutivo esto estaba dicho en una forma más clara. Es decir, que se habría modificado la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo; no me refiero a la redacción anterior de la norma del Texto Ordenado. ¿Es así, señor senador Olazábal?

SEÑOR OLAZABAL. - Pido disculpas por confundir al señor senador, porque veo que la redacción es la misma.

SEÑOR PRESIDENTE. - El literal B) es igual en los dos textos.

Se va a votar el artículo 481, por incisos.

En consideración el literal B) que dice: "Medicamentos y especialidades farmacéuticas, materias primas denominadas sustancias activas para la elaboración de los mismos e implementos a ser incorporados al organismo humano de acuerdo con las técnicas médicas."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El texto del artículo continúa de la siguiente manera: "Agréganse los siguientes literales al artículo 15 del Título 10 del T.O. 1987". Inmediatamente se menciona los literales C) y D). Pero en el texto del mensaje y proyecto de ley del 10 de setiembre se habla de "gas oil y fuel oil".

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Qué es lo que se está votando?

SEÑOR PRESIDENTE. - Se está votando por literales el artículo 481. Además, se está votando el texto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo del 10 de setiembre.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El literal C) dice: "Los intereses de los préstamos que se concedan a partir de la vigencia de esta ley, a personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas...", etcétera. No se menciona el gas oil ni el fuel oil.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese texto figura en el otro proyecto bajo el literal D).

SEÑOR AGUIRRE. - En el Repartido Nº 117 Anexo I, que dice "Proyecto de ley sustitutivo de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda", en el artículo 481; repito, no se dice nada referente al gas oil y al fuel oil, en el literal C).

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa está de acuerdo. En ese repartido no figuran; pero se mencionó que había dos textos y el señor senador Olazábal pidió que se votara el artículo por literales. Por consiguiente, se puso a consideración el literal C) del Mensaje del proyecto de ley del Poder Ejecutivo del 10 de setiembre, que ya fue tratado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - La Mesa se refiere al texto con modificaciones e incorporaciones, del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el cual, en la sesión inicial, la del día miércoles, resolvimos que fuera puesta en consideración con carácter urgente.

Se agrega un literal que tiene que ver con la modificación del IVA en el Rubro combustibles. Esto determinaría un cambio en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, artículo 484 del proyecto que estamos considerando.

Entonces, a los efectos de que se sepa claramente qué es lo que se está votando, señalo que en el artículo se dice que se agregan "los siguientes literales al artículo 15 del Título 10 del T.O. 1987" y a continuación figuran los literales C) y D) a los que se refiere el señor senador Aguirre. Estos literales fueron aprobados por la Comisión. Pero el literal a que se refiere el ser Presidente es el que se incorpora en virtud de la resolución del Cuerpo de votar con carácter urgente, concomitantemente con la Rendición de Cuentas, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se mencionó.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me concede una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no sé si comprendí bien al señor senador Batlle; si es así, me sorprende lo que acaba de manifestar.

Recuerdo perfectamente que se votó, con carácter urgente, considerar un Mensaje del Poder Ejecutivo que creo que es el que contiene el Repartido Nº 18 y que dice así: "Normas en materia tributaria. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo". Pero del hecho de que hayamos aceptado considerarlo con ese carácter, no me parece que resulte que sus normas puedan incluirse dentro de la ley de Rendición de Cuentas, porque de esa manera se estaría admitiendo un Mensaje complementario. Este proyecto se convertirá en ley -quizás- pero con otro trámite. Primero lo trata el Senado y luego la Cámara de Representantes. Entiendo que no se lo puede incluir en la Rendición de Cuentas, porque es claramente inconstitucional. ¿Cómo vamos a votar ahora un nuevo Mensaje del Poder Ejecutivo?

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que sucede es que el señor senador Batlle elevó el asunto bajo la forma de artículos aditivos.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: estamos ante una situación en la que, jurídicamente, puede haber una razón y de hecho otra, que no es ilegal, sino a causa de una concatenación.

Me permito sugerir -teniendo en cuenta que no podemos tratar el artículo 481 sin considerar, también, el 484, que es el que da nacimiento a todo este problema de los combustibles- que se apruebe el artículo 481 tal como viene de la Comisión. Al llegar al análisis del artículo 484, planteamos todo el problema de los combustibles y, quizás, si logramos un acuerdo, podemos solicitar la reconsideración e incorporarlo. En caso contrario, continuamos la consideración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Indudablemente, la Cámara aceptó -en el entendido de que el Poder Ejecutivo había dado un paso de aproximación en este asunto- introducir en esta sección, aunque sea al final de ella y en forma concomitante, el problema de los combustibles para realizar un intento de encontrar soluciones. No creo que hallemos un camino común; pero es un intento y de esa manera lo tenemos que aceptar.

En consecuencia, reitero mi sugerencia -teniendo en cuenta que el artículo que va a detonar en este asunto es el 484- de que votemos el 481 tal como está.

Cuando lleguemos a la consideración del artículo 484 podemos realizar nuestras exposiciones en forma breve porque son muy conocidas las posiciones. Si conseguimos un acuerdo podemos reconsiderar el artículo 481 agregando la tasa mínima para el gas oil y el fuel oil. Si no es así, cada uno continuará con su verdad en este tema de los combustibles.

SEÑOR BATLLE. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso C) del artículo 481.

(Se vota:)

-22 en 26. Afirmativa.

En consideración el inciso D).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso D) del artículo 481.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 482.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 483.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Este artículo incluye una exoneración a la importación de productos agropecuarios en su estado natural. Nosotros entendemos que ella perjudica la producción agropecuaria nacional por facilitar la competencia de productos extranjeros, por lo que vamos a votar en forma negativa este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 483.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 484.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Uno de los temas en el que tenemos que tomar una decisión en la noche de hoy en materia tributaria, se refiere a los combustibles.

Este es un asunto que ha ocupado el tiempo del Senado y que se relaciona con una forma de tributación que representa para el Estado un importante ingreso. Debemos recordar que en el año 1986, U$S 200:000.000 ingresaron a las arcas del Estado por la vía de este impuesto. Sin embargo debemos reconocer que se trata de un gravamen que cuando afecta a los insumos de la producción, tanto industrial, como agropecuaria, como al transporte y a diversos servicios, se convierte en una pesada lápida.

Para manejarnos con un solo ejemplo de la cantidad de combustible que se vende en el país, vamos a utilizar siempre los guarismos del gas oil para no confundir las cifras, debido a que se trata más de un tema conceptual que de cantidades aunque, en algún momento, habrá que apelar a ellas.

En una primera instancia este asunto fue considerado a raíz de un llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, en el mes de mayo de 1985, que culminó con una resolución en la que el Senado, por 17 votos, encontró que no eran satisfactorias las explicaciones del señor ministro estableciendo, además, la voluntad del Parlamento de que esa política cambiase. Esa era la época en que en el mercado internacional se habían producido grandes modificaciones hacia la baja. No vamos a reeditar aquí aquella discusión que fue ilustrativa para todos nosotros.

El mismo año, estando en receso este Cuerpo, la Comisión Permanente recibió al señor Ministro de Economía y Finanzas y en esa jornada hubo coincidencia en un par de temas. Uno de ellos -por lo menos, desde el punto de vista del señor senador que interpelaba y del Gobierno- era la conveniencia de la eliminación del monopolio de fabricación de alcoholes por parte de ANCAP, coincidencia que fue manifestada por los dos Ministros allí presentes.

Asimismo -y este es el tema que nos ocupa hoy- se manifestó la voluntad del Poder Ejecutivo de repensar la política tributaria en materia de combustibles.

Para una fácil comprensión del problema, el gas oil -siguiendo con el mismo ejemplo- está gravado con un impuesto específico interno.

En aquella jornada parlamentaria, en la certeza conceptual de que se estaba hablando en un tema en el que había acuerdo, se sugirió y aceptó en principio una reconsideración sobre la base de que el gravamen que pesaba sobre la venta de combustibles -especialmente en lo que respecta al gas oil y al fuel oil- fuera sustituido, en parte, por el Impuesto al Valor Agregado.

Tomando los valores de hoy y redondeando cifras en las que el litro de gas oil cuesta N$ 94 al consumidor, de los cuales N$ 32 lo constituye el IMESI, se sugería que una parte de ese gravamen, en lugar de ser detraído del bolsillo del adquirente de combustible por aquella vía tributaria, fuera por otra distinta, la del IVA, lo que permitiría, a través de mecanismos de este impuesto, que determinados contribuyentes pudieran descontarlo, haciéndose de una suerte de devolución tributaria. Esto quedó allí en el mes de diciembre del año pasado.

En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo en las palabras del señor Ministro estableció que el Impuesto al Valor Agregado que se aplicaría en sustitución de parte del IMESI era a la tasa mínima, al 12%.

Deseo leer en forma textual una parte de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Ministro de Economía y Finanzas en esa oportunidad, que dice: "Queremos señalar que nuestro propósito -si las cifras lo permiten, aunque creemos que va ser posible- es el de tomar la iniciativa en el sentido señalado de trasladar al Impuesto al Valor Agregado a la tasa mínima, que es la del 12%, una parte del IMESI en estos dos combustibles que son de fundamental importancia en la producción industrial y agropecuaria".

Termina la instancia parlamentaria a que hacemos referencia y, posteriormente, ingresa a la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que hoy nos ocupa.

En esa propuesta del Poder Ejecutivo -seguimos relatando hechos; aún no emitimos ningún tipo de juicio- se varía sustancialmente este concepto que se había mencionado en la Comisión Permanente en el mes de diciembre, desde el momento que se incluye el fuel oil y el gas oil dentro de la tasa básica del IVA, lo que representa una modificación importante, desde que la mínima es el 12% y la básica, el 20%. A la vez, el artículo siguiente -siempre dentro del proyecto del Poder Ejecutivo- establecía una rebaja del IMESI: del 51% se iba al 40%. Es decir, que el Poder Ejecutivo llegaba conceptualmente a lo que habíamos dado como valor entendido al finalizar el llamado a Sala, se modificaban las alícuotas del impuesto y en lugar de ser un solo gravamen, eran dos. Pero el evadirse de la tasa mínima a la básica, implicaba un aumento importante en el precio del combustible.

Creo que los hechos hasta ahora son fácilmente comprensibles y lineales; no tienen mayor misterio.

En la Cámara de Representantes se produce una votación en la que se elimina el gas oil de la tasa básica. Por tanto, se modifica la propuesta del Poder Ejecutivo, pues se extrae de la tasa básica, se elimina del gravamen al valor agregado el gas oil, pero mantiene la rebaja del IMESI. Ello representa, en cifras estimativas, una rebaja en el gas oil de N$ 6.

Hasta aquí el texto que tenemos delante nuestro y lo que representa en términos jurídicos, tributarios y como resultado económico.

En la primera de estas jornadas -es decir, antes de ayer- se dio cuenta del ingreso del Mensaje a que aludíamos hace un momento. Al respecto, debemos decir que aunque es un proyecto de ley separado, tiene la iniciativa constitucional requerida en materia tributaria; no tiene plazo, porque tributariamente el Poder Ejecutivo no puede hacer, en cualquier momento, una propuesta de ese carácter. Por tanto, es razonable que más allá de que no forma parte de la Rendición de Cuentas lo analicemos, porque en este tema tenemos que ponernos de acuerdo en su eje de hechos; luego, vestirlo jurídicamente. Pero de nada nos valdrá hacer algún tipo de distinción, pues me parece que no es lo que se espera de nosotros en esta oportunidad.

Ese Mensaje -que el Senado acepta tratar como urgente, salteando, inclusive la etapa de la Comisión- introduce una variante, cual es la de que el Poder Ejecutivo retoma el criterio expuesto en la Comisión Permanente y coloca dentro de la tasa mínima el IVA, que gravaría, en su voluntad política, el gas oil.

Estos son los hechos, señor Presidente, creo que aceptados por todos los señores senadores, puesto que son sobradamente conocidos. Ello va dando una sucesión de actos de voluntad, sobre los que ahora tenemos que laudar, pero previamente tenemos que opinar, entiendo ahora sí, juicios de valor.

En primer lugar, debemos hacer referencia al dinero; necesariamente, el Ministerio de Economía y Finanzas está pensando en su recaudación. Adviértase la importancia que tiene este tributo para el erario público; estamos hablando de U$S 200:000.000. Se trata del segundo impuesto más importante que recibe aquél. ¿Que de dónde salen las lonjas? Del cuero -permítaseme la expresión- de los contribuyentes consumidores, que en el caso de la nafta están pagando hasta un 105% de impuesto. Esto es en el caso de la nafta supercarburante, pero en cuanto a tractores, camiones, taxímetros, ómnibus de transporte, lo paga el consumidor de los bienes y servicios que estos rubros suministran o producen. Con el mantenimiento de lo que la Cámara votó -que es, sin lugar a dudas, una opción que tenemos por delante- el erario público se vería perjudicado, según estimamos, en U$S 9:000.000.

Tenemos entendido que hay voluntad política del Poder Ejecutivo, de la propia conducción económica, de aceptar un sacrificio fiscal -por supuesto que no sería de esta magnitud; no la estaríamos discutiendo, sino votándola- que oscilaría en los U$S 6:000.000 o U$S 7:000.000.

Esto sería en cuanto a las cifras de dinero que estamos manejando en esta oportunidad y que son importantes, pero también hay un problema conceptual tributario detrás suyo, conformando quizás otro de los límites que separa dos líneas de pensamiento político tributario. Si pensamos en la fórmula del Poder Ejecutivo -es decir, IMESI más IVA; ahora en la tasa mínima del 12%- el beneficio de la devolución tributaria abarca aquellas empresas que en nuestro sistema pueden descontarlo. Entonces, para decirlo en términos criollos, angosta el campo de sus beneficiarios; incluirá a las empresas que realizan transporte de carga, a quienes usen industrialmente el insumo e incluiría también, en materia agropecuaria, a quienes tributen el respectivo impuesto, es decir, el IVA.

SEÑOR BATLLE. - El IMAGRO también.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Sí, señor senador, pero en la canasta preceptiva. Estamos hablando de aquella en la que el mayor consumo va a poder ser detraído en más cantidad. Agrego -y me corrijo- que en la canasta de deducciones preceptiva el IMAGRO lo tiene, pero "topiado", por utilizar una palabra que seguramente merecerá críticas por parte del señor senador Ortiz, puesto que no existe en el idioma español.

Continuamos con el tema conceptual tributario porque es importante y, además, porque marca una de las líneas de pensamiento que nos separa.

Como decía, señor Presidente, los tributarios del IMAGRO no van a poder descontar lo que se consuma de combustible -salvo lo que ya preceptivamente está incluido- y tampoco lo podrán hacer las empresas de transporte colectivo de pasajeros ni los taxímetros, que son consumidores finales.

Tenemos, en consecuencia, dos líneas de razonamiento. Si nos embarcamos en la línea de la economía, debemos tener en cuenta hasta dónde el Poder Ejecutivo está dispuesto a hacer un sacrificio. Es una de las alternativas que tenemos. El nos ha dicho que dada cierta recaudación, puede hacer determinado sacrificio; y que si éste fuera sólo el sacrificio, estaríamos muy próximos a encontrar una solución, porque más acá o más allá, podíamos decir -los de la oposición- que nos gustaría que llegara un poco más lejos. No obstante, podemos obtener un resultado.

Por supuesto, señor Presidente, que esto no significa que cohonestemos esta política tributaria sobre la que tenemos serias dudas para el futuro, y creemos que algún día tendrá que ser cambiada. Digo esto, aunque no es necesario, porque en los términos políticos en que está hoy dividido el Parlamento y tal como están establecidas las relaciones con el Poder Ejecutivo, si fuera meramente económico, estaríamos cerca de encontrar una solución.

Además, está el otro orden de razonamiento, que es el conceptual tributario que vuelve a enfrentarnos sobre todo en la materia agropecuaria y que reporta, a nuestro juicio -si se siguiera el criterio de hacerlo por la vía del IVA- una distinción muy grande entre quiénes serían sus beneficiarios y quiénes no. En consecuencia se beneficiarían determinados tipos de actividades y otras no; algunas de ellas tienen importante incidencia en la vida cotidiana, como por ejemplo, el transporte de pasajeros.

Pero además, tenemos el ingrediente político. El señor Ministro, con quien hemos mantenido a través de esta dialéctica "tributario-combustibilística" durante todo este tiempo de Gobierno, una relación amistosa, ha dicho francamente en Comisión, que si se aprueban los artículos tal como vienen de la Cámara de Representantes, serán vetados. Así consta en la versión taquigráfica de la Comisión. En consecuencia, ese es uno de los callejones sin salida al que nos vemos enfrentados.

Por otra parte, hemos efectuado consultas con nuestros compañeros del Partido Nacional y la solución de la incorporación al IVA no mereció ni merece nuestro apoyo, entre otras cosas, porque parte de los términos conceptuales tributarios y de la filosofía fiscal, que nos separa de los señores miembros del Partido de Gobierno, esto significaría un nuevo aumento de los combustibles.

Con respecto a la aplicación de la tasa, se dirá que el aumento es poco pero llevaría -siempre hablando en términos de gas oil- a que ese combustible llegara, en valores actuales, a N$ 97.

Simplemente lo que he hecho es una suerte de informe, aunque ha estado teñido de opiniones políticas y tributarias, para centrar el tema en la medida en que con él nos hemos entretenido durante mucho tiempo en esta Legislatura, ya que nos parece de una gran trascendencia.

Soy optimista -y por algo me dedico a esta actividad- en cuanto a las posibilidades de raciocinio, así como al encuentro de fórmulas comunes.

Si aprobamos lo venido de la Cámara de Representantes y se veta, este tema tendrá una salida que no es imprevisible para ninguno de nosotros y espero que en alternativas posteriores -que pueden darse en cualquier momento- se encuentre el punto de equilibrio.

Además, señor Presidente, esta forma de tributación frena, enlentece, y manea; si pensamos en los medios de transporte que mueven personas y mercaderías; si tenemos en cuenta que una hectárea de tierra preparada insume 100 litros de combustible, si se está gravando con N$ 3.200 el hecho de preparar la tierra para su cultivo; si estamos gravando -con esto no queremos defender a los propietarios de automóviles diesel a los que en el futuro debemos eliminar del parque automotriz- debemos reservar este tipo de combustible, que son insumos, para la agropecuaria, los servicios y la industria, incluyendo también, en los beneficios de cualquier ley, alguna rebaja en el fuel oil que, en muchos lados, ha sido sustituido por la madera. Sin embargo, en determinado tipo de industrias no lo pueden hacer, porque las calorías que genera no pueden ser equiparadas con las de la madera.

Finalizo mi intervención -aunque no descarto que tengamos que realizar otras- señalando que esta es nuestra descripción y análisis de la situación en que se encuentra el Senado ante el gran tema de los combustibles.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Lacalle Herrera, naturalmente siempre preocupado por este tema, entró al fondo del problema -y no le estoy haciendo un reproche, sino señalando un hecho- pero entiendo que eso habría que hacerlo en caso de que resolviéramos tratar el Mensaje del Poder Ejecutivo.

La simple lectura del artículo tal como viene, da lugar a todas las reflexiones que ha realizado el señor senador Lacalle Herrera, pero creo que de una vez por todas debemos resolver si tratamos o no el Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR BATLLE. - Eso ya se votó, señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pero no se votó incluirlo en el estudio de la Rendición de Cuentas.

Entiendo que aceptarlo tal como lo ha señalado el señor senador Lacalle Herrera, implica dejar sentado el precedente de que en la Rendición de Cuentas caben Mensajes complementarios, lo que está prohibido por la Constitución.

Si se quiere, podrá presentarse como artículo sustitutivo, pero, reitero, tal como viene del Poder Ejecutivo no puede ser considerado. Entiendo que debemos seguir tratando el articulado de la Rendición de Cuentas.

Si por la vía de un artículo sustitutivo alguien recoge algunas ideas de este proyecto y las expone, no tendremos más remedio que considerarla. Lo que quiere evitar es que nos salgamos del tema que nos ocupa y que demos por sentado que se ha resuelto tratar el Mensaje del Poder Ejecutivo, cuando no es así.

Le ruego al señor senador Lacalle Herrera que no tome esto como un reproche; comprendo su preocupación porque sé que es un tema que lo inquieta profundamente, pero temo que generalicemos un debate sobre un tema que no está resuelto tratar.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para una aclaración.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Comprendo la preocupación del señor senador Pereyra de que esto no constituya un precedente.

Quiero señalar que cuando realizamos el planteo dijimos claramente que íbamos a hablar sobre todos los aspectos conceptuales, y que después lo consideraríamos desde el punto de vista jurídico. Bastará que se voten favorablemente -y es una hipótesis- los artículos 484 y 485 para que el Mensaje del Poder Ejecutivo valga a los efectos de los otros temas tributarios que él plantea. Si estos artículos fueran rechazados, se podrían presentar, llegado el momento, algunos aditivos.

Simplemente los vinculé porque son la materia prima conceptual que tenemos que manejar.

En cuanto a la vía jurídica, debo decir que por supuesto no vamos a admitir los Mensajes complementarios, pero sí tratamos los aditivos -y este es uno que requiere Mensaje y lo tiene- tendrán que continuar el camino que comúnmente siguen en la Rendición de Cuentas.

Reitero que si se mencionó es porque las posiciones políticas que tenemos que tratar son las jurídicamente válidas y considerables.

De la votación -a la que podemos proceder ya, si se quiere- de los artículos 484 y 485 se deducirá si el Mensaje tiene viabilidad, o si simplemente fue un intento no aceptado por el Senado, de llegar a un acuerdo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en la primera sesión solicité al Cuerpo que considerara con carácter de urgente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que incluía Normas Tributarias. Por lo tanto, estoy habilitado para presentar en el momento que considere oportuno -y es ahora, precisamente, cuando se están tratando estos artículos- los aditivos o sustitutivos que entienda corresponden a este tema, de los textos que incorporara el Poder Ejecutivo a su proyecto de ley que deberá tratarse como grave y urgente -según lo resuelto- en forma concomitantemente con el texto del proyecto de Rendición de Cuentas.

Entiendo que el Reglamento y lo resuelto por el Cuerpo me habilita a presentar, como aditivos o sustitutivos -en su caso- los textos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Deseo referirme a la exposición que sobre este tema ha realizado el señor senador Lacalle Herrera. No voy a detallar la historia que él ha referido, sino que intentaré resaltar algunos aspectos, ciñéndome a la economía de tiempo con que debemos manejarnos, dado que todavía nos queda por considerar un conjunto de artículos correspondientes al texto aprobado por la Comisión y otros aditivos presentados a la Mesa durante la sesión de ayer y de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permite, señor senador, simplemente quiero decir que conviene tener a mano la versión taquigráfica de lo actuado. En el comienzo de la sesión del día miércoles, fue manifestado lo siguiente: "SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: tengo entendido que entre los asuntos entrados se encuentra un Mensaje del Poder Ejecutivo que se refiere a un proyecto de ley por el que se incluyen normas de carácter tributario. Solicito, luego que se le dé entrada a dicho proyecto de ley, que tiene fecha 10 de setiembre de 1987, que el Senado lo declare urgente para que pueda ser considerado junto con el texto del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Oportunamente se votará". Un poco más adelante el acta dice: "SEÑOR PRESIDENTE (Esc. Pedro W. Cersósimo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Batlle, en el sentido de que se declare urgente el proyecto de ley por el que se incluyen normas de carácter tributario. SEÑOR BATLLE. - De modo que pueda ser tratado junto con el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que tiene hoy a consideración el Cuerpo". A continuación, la votación da como resultado 20 en 20, afirmativa.

Simplemente era esa la información que quería brindar.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Recién decía que los hechos son como los ha referido el señor senador Lacalle Herrera. Se trata de un tema suficientemente importante como para que, pese al poco tiempo que nos queda, le dispensemos la mínima atención necesaria.

Deseo precisar dos aspectos. Primero, que como bien se dijo, éste es uno de los recursos más importantes con que cuenta el Tesoro para atender los gastos de Ejecución Presupuestal. En segundo lugar, así se trata de dólares 7:000.000, según el sistema consagrado inicialmente por el Mensaje del Poder Ejecutivo, o de U$S 11:000.000, de acuerdo al sistema sancionado por la Cámara de Representantes, de cualquier manera en uno u otro caso existe la voluntad -expresa en el primero, manifestada por el Poder Ejecutivo; en el segundo una voluntad mayor expresada por el Parlamento, pero no compartida por aquél- de hacer un sacrificio en los ingresos para solucionar un problema que debe ser encarado y resuelto, tal como lo entienden el Senado y el Poder Ejecutivo para beneficio colectivo, dentro de la filosofía general mediante la cual se ha manejado este último en materia tributaria.

Deseo expresar, señor Presidente, que una vez más el Poder Ejecutivo está demostrando la confianza que tiene en el crecimiento del producto, al admitir esta rebaja de un ingreso importante, evaluado por el señor senador Lacalle Herrera en U$S 7:000.000.

Aquí hay tres fórmulas: una de ellas es la que ha presentado inicialmente el Poder Ejecutivo a través de su Mensaje -artículos 431, 432 y 433- el artículo 431 modificado por la Cámara de Representantes, donde se incorporaban los derivados del petróleo, excepto el gas oil y el fuel oil, a los beneficios y exoneraciones del IVA, por los que se gravaban éstos con la tasa máxima; el artículo 432 -que luego votó el Parlamento, en oportunidad de considerar las Normas Tributarias, con el número 503- que fue mantenido con el texto del Mensaje original. Por él se fijan las tasas máximas del IMESI que estaban situadas en el 51% y se rebajan al 40%, pero como tasa máxima. Esto significa que no es forzoso ni obligatorio que se aplique el 40%; es la potestad máxima del IMESI; puede ser menor, pero puede llegar al 40%.

El artículo 433 establece, simplemente, la vigencia de las normas.

Cuando este tema fue considerado en la Cámara de Representantes, se eliminó del artículo 502 -431 del Mensaje del Poder Ejecutivo- lo referido al gas-oil. El artículo quedó redactado tal como viene a nuestra consideración, es decir, incluyendo los combustibles derivados del petróleo, excepto el fuel oil. Se elimina el gas oil. De esta manera, no estamos en condiciones, desde el punto de vista de los ingresos mínimos necesarios de la Tesorería, de aprobar estos artículos tal como vienen, sin la observación correspondiente por parte del Poder Ejecutivo. Quiere decir que ya en el Mensaje del Poder Ejecutivo se había hecho un esfuerzo que a éste le resulta insostenible e insoportable desde el punto de vista de los ingresos y, tal como viene sancionado de la Cámara de Representantes, se va a una solución intermedia que es la que ahora se plantea en este proyecto de ley, cuyo artículo 1º presentaré como aditivo en su momento. En virtud de este artículo, al modificarse la tasa básica y la mínima, se aumenta el esfuerzo que, desde el punto de vista financiero, estaba dispuesto a realizar el Poder Ejecutivo y se busca una solución intermedia que constituye un primer paso en el camino que se procura. Como la segunda solución supone una erogación de gran magnitud, desde ya debemos manifestar que será observada por el Poder Ejecutivo. Pero la solución a que nos estamos refiriendo -la primera o la tercera de las mencionadas- es, sin duda, beneficiosa para todo el sector industrial y para la mayor parte de las actividades agropecuarias, tanto las amparadas en el IRA, como en el IMAGRO, ya que éste está incluido en la canasta y además es claro que se va a descontar totalmente el porcentual del IVA del combustible, mientras que en otros sectores las compras se seguirán realizando como hasta el momento. Se comienza una modificación sensible del sistema, sobre todo con beneficio para la actividad industrial y agropecuaria, vinculadas con productos que se destinan a la exportación, y además abate los costos generales. Frente a la primera proposición del Poder Ejecutivo, que no contó evidentemente -en función de lo que establece el artículo 431- con los votos requeridos, y a la respuesta que la Cámara de Representantes da, el Poder Ejecutivo deberá necesariamente observarla debido al corte tan importante que se le hace a los ingresos mínimos necesarios de la Tesorería. Por lo tanto, creo que la solución que se propone es intermedia, adecuada, y significa un principio de camino positivo.

Si mantenemos una tasa máxima del IMESI en 40% -que supone una rebaja sensible- lo que constituye un camino para impedir todo aumento del precio actual tanto del gas oil como del fuel oil -incluido el IVA con la tasa mínima- estaríamos yendo contra una solución que mejorara la situación general.

A mi juicio, la solución más adecuada a los propósitos comunes que a todos nos animan -más allá de quien haya levantado esta bandera o de quien haya hecho de ella uno de los elementos más importantes para su actividad política- es la que ofrece este Mensaje. Todos los que sentimos la necesidad de transitar por estas vías pensamos que dentro de las posibles, ésta es la solución más factible en cuanto a los recursos con que se manejan el Poder Ejecutivo y la Tesorería General de la Nación. Entendemos que de esta manera se contribuye a resolver este problema con beneficios generales.

Reitero que vamos a tratar de incorporar a la discusión y sanción de los artículos que estamos considerando sobre este tema -que son los artículos 484, 485 y 486- un texto aditivo que contenga las normas incluidas en el artículo 1º y en uno de los literales del artículo 2º del Mensaje que nos remitiera el Poder Ejecutivo.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Desde el punto de vista conceptual, comparto lo que han expresado los señores senadores Lacalle Herrera y Batlle sobre este problema tan importante, en lo que atañe a la economía. Sin embargo, lamentablemente, creo que nos están cerrando las vías jurídicas para resolverlo en esta instancia, y esto es, para quien habla, de una claridad meridiana.

No se puede sancionar ninguna disposición legal sin la iniciativa correspondiente. De acuerdo con la Constitución, en materia presupuestal el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva, aunque los legisladores podemos modificar las normas y, por supuesto, proponer aditivos. Nadie más puede hacerlo.

En esta instancia nos encontramos con dos posibilidades: tomar un Mensaje del Poder Ejecutivo o un artículo aditivo de uno de los legisladores. No podemos considerar un Mensaje del Poder Ejecutivo, porque la Constitución le prohíbe a éste enviar Mensajes complementarios. Por otra parte, el proyecto de ley que tenemos a consideración no ha sido enviado como Mensaje complementario, y lo dice claramente su texto, como no puede ser de otra manera. Entonces, esa posibilidad está absolutamente cerrada.

La otra vía posible es el artículo aditivo y ahora el señor senador Batlle expresa que va a proponer uno. Pero ese artículo que se propondría, contiene una exoneración tributaria y, por lo tanto, no puede provenir de un legislador, porque en materia de exoneraciones la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Esto también es de una claridad absolutamente meridiana.

Sé que se va a argumentar que aquí se trata de resolver un problema: en ese sentido, también se olvida continuamente el artículo 216 de la Constitución. En mi concepto -y respetando las demás opiniones- el apartamiento de la Constitución tiene sus límites y, en este caso, el asunto es clarísimo: sentamos el precedente de que admitimos que el Poder Ejecutivo puede enviar Mensajes complementarios o de que los legisladores pueden proponer exoneraciones tributarias. Todos sabemos que no se puede hacer ni una cosa ni la otra.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Considero que el señor senador Aguirre tiene razón. Los legisladores no podemos proponer exoneraciones tributarias, pero corresponde señalar que no es eso lo que intentamos hacer. Vamos a proponer que se grave lo que no está gravado con un impuesto y, constitucionalmente, estamos habilitados para actuar de esa manera.

Actualmente existe una exoneración global. El Mensaje inicial del Poder Ejecutivo proponía gravar con el Impuesto al Valor Agregado, lo que no lo estaba. Esa disposición no fue aprobada. Entonces, ahora vamos a proponer que éstos se graven con la tasa mínima del 12% y, como legisladores, lo podemos hacer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Efectivamente, creo que eso se puede hacer aunque alguna vez el señor senador García Costa me ha dicho que no.

Considero que podemos rebajar las tasas de los impuestos e incluso suprimirlos, sin iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero en el Mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo se propone la exoneración no solamente del fuel oil -como en el proyecto de la Cámara de Representantes- sino también del gas oil. Entiendo que esa es una exoneración que no podemos establecer. Ahora bien, si el señor senador Batlle solamente va a proponer que se rebaje la tasa del IVA a la mínima, eso sí lo podemos hacer.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - No voy a incursionar en este tema para hacer bizantinismo jurídico, pero me parece que habida cuenta del desarrollo dialéctico que ha realizado, desde el punto de vista jurídico, el señor senador Aguirre, nade impide que un legislador tome de un proyecto con la iniciativa correspondiente del Poder Ejecutivo -en materias en las que la iniciativa es privativa de éste- y que ha sido considerado como grave y urgente, uno o varios artículos o incluso la totalidad del texto y por la vía de proponer aditivos o sustitutivos los incorpore a otro proyecto de ley a consideración de una de las Cámaras. En este caso, se trata de la Rendición de Cuentas.

En otros términos, no creo que con este argumento que estoy tratando de exponer vayamos a orillar una prohibición constitucional según la cual en las Rendiciones de Cuentas el Poder Ejecutivo está vedado de remitir Mensajes complementarios. En mi opinión, no violamos la Constitución si de un proyecto de ley con el Mensaje correspondiente y con la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo un legislador toma parte o la totalidad de éste y por la vía de los artículos sustitutivos o aditivos lo incorpora a otro que se esté tratando. No se puede considerar que esto constituya la incorporación de normas por la vía de un Mensaje complementario.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Voy a formular una proposición concreta para facilitar al Senado el tratamiento del tema.

Considero que si seguimos debatiendo en torno a estos tres artículos vamos a demorar mucho tiempo. Por lo tanto, me comprometo a traer un texto sustitutivo en 15 minutos. Creo que con ello no estoy incurriendo en una actuación inconstitucional. Ello es así porque el artículo 431 inicial que sustituía al literal h) del numeral 1º del artículo 16 del Título X del Texto Ordenado, ya figuraba en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Además, las modificaciones del literal b) del artículo 15 del Título X que establecía un gravamen de tasa mínima a lo que no estaba gravado, se pueden efectuar ya que no creo que se viole ninguna disposición constitucional.

Entonces, a efectos de que los señores senadores puedan discutir con claridad -y es de señalar que somos todos muy cuidadosos y tratamos de respetar los términos constitucionales- haría moción para postergar por 15 ó 20 minutos la consideración de este texto, a fin de poder seguir adelante con el tratamiento de las normas tributarias que figuran a partir del artículo 487. En ese período podré redactar un nuevo texto y formular las consultas pertinentes a fin de lograr un acuerdo político que nos permita avanzar en esta materia. De lo contrario, aunque este artículo contara con votos en el Parlamento, debo decir con toda claridad -porque ya lo han expresado tanto el señor senador Lacalle Herrera como el señor ministro de Economía y Finanzas- que al Gobierno se le hace prácticamente imposible aprobar algo que represente una pérdida de ingresos de tal magnitud.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Me parece que la situación sería más clara si tratáramos los artículos 484, 485 y 486 que establecen la vigencia de esta norma. Si ellos fueran aprobados por el Senado, el tema quedaría fijado en los términos jurídicos y políticos que conocemos. De no serlo, podrían dar lugar a que el Mensaje -que, a mi juicio, puede ser el que abra las puertas a una solución distinta- pudiera ser considerado. Es más; si se insistiera en que tenemos que hacer una separación conceptual, la forma de salvar toda dificultad constitucional es terminar con la votación de este proyecto de Rendición de Cuentas y, acto seguido, a través de una ley -que luego tendrá un número distinto- se tratara el tema de los combustibles. Eso puede hacerse el mismo día, en unidad de acto material, pero en diversidad de acto jurídico. Aunque no lo comparto, podríamos salvar así la separación que quiere establecer un colega, en cuanto a no mezclar Rendición de Cuentas con una ley tributaria, que presenta todas las condiciones jurídicas para ser votada en el día de hoy, y además tiene la iniciativa y el tratamiento de urgente.

Como el determinante del avance o no de este análisis es la consideración de los tres artículos mencionados, su votación va a decidir si trabajamos en otra versión del tema o si seguimos el camino de la Cámara de Representantes, con las consecuencias que todos conocemos. Entonces, la cuestión tributaria la trataríamos más adelante, en una ley separada, porque coincido con que hay voluntades que no se han acercado, no solamente en lo que se refiere a materia dineraria sino también en lo conceptual, que es otra de las vertientes que divide el pensamiento de los señores legisladores.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - De acuerdo a lo planteado por el señor senador Lacalle Herrera voy a retirar mi moción porque siempre estaré en condiciones de redactar un artículo modificatorio del que se vote. Luego lo haré leer por los integrantes de todas las bancadas, a los efectos de comprobar si tengo razón o no en cuanto a que estoy autorizado a imponer como legislador una tasa mínima sustitutiva, cuando no exista ninguna. Si así se considera, y políticamente hay voluntad de aprobar algo en este sentido, cuando se sabe que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo esto no va a tener andamiento porque no está en condiciones de soportar una pérdida mayor de la enunciada y anunciada por el señor senador Lacalle Herrera, lo veremos en su momento, a lo largo de lo que resta de la noche.

Por lo tanto, no me opongo a que estos artículos se traten y se voten. Siempre habrá una oportunidad para que yo presente un artículo sustitutivo. En función de ello, podremos ver cuál es el resultado jurídico y político final, si queremos buscar una solución, aunque no signifique la expresión del pensamiento global de una de las partes, pero sí, de lo que en buena medida es siempre la política: una transacción necesaria para caminar en un sentido, que es lo que el Poder Ejecutivo le está proponiendo al Parlamento.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Quiero fijar la posición del Frente Amplio sobre este tema, aunque algo retrasadamente, porque había pedido la palabra en su momento, pero el señor Presidente no lo advirtió.

Actualmente, tenemos una imposición a los combustibles que, evidentemente, excede lo razonable en todas las ramas de actividad que deben consumirlos. Especialmente, esto se ha manifestado en el área agropecuaria. No voy a dar cifras porque ya se ha dicho aquí cuánto representa por hectárea el impuesto que está incluido en los combustibles.

En su momento, el Frente Amplio enfocó este tema prioritariamente, presentando un proyecto relativo al combustible rural que hasta ahora no se trató y permanece en una Comisión del Senado. Ese proyecto atiende el grave problema de los productores, sobre todo en el área agrícola, donde se les exige trabajar con costos que, si no son los más caros del mundo, por lo menos significan mucho más que los aplicados en los países vecinos o referidos a los competidores más inmediatos. Mientras tanto en materia de precios de venta de productos agropecuarios, se les obliga a competir con niveles internacionales con las consecuencias conocidas.

No hace mucho, hemos tenido conocimiento de un acuerdo celebrado con la Argentina -lo que hace unos años hubiera parecido increíble- a los efectos de importar 100.000 toneladas anuales de trigo, en un lapso que va desde la fecha hasta 1989; esto ocurre en un país que tradicionalmente fue exportador de trigo.

Estos cambios en la situación agropecuaria y agrícola no están apartados de la política fiscal y, concretamente, de la imposición a los combustibles.

A raíz de esto es que comprobamos la imperiosa necesidad de cambiar no sólo la política global sino de proceder, por lo menos, a una rebaja del precio del gas oil.

Independientemente de los rendimientos de este impuesto -y tenía razón el señor senador Lacalle Herrera cuando así lo planteaba- más allá de lo que significa desde el punto de vista de la cuantía de los ingresos que pueda llegar a perder el Estado, tenemos un problema legal importante de técnica tributaria. Si aprobáramos el criterio de la existencia del Impuesto al Valor Agregado -refiriéndonos siempre al área agropecuaria- los directamente beneficiados serían no sólo una pequeña parte de los productores agropecuarios, sino un estrato de ellos que, por su tamaño, no son, precisamente, los que provocan las principales preocupaciones del Frente Amplio. Los productores menores de 200 hectáreas, que ni siquiera tributan el IMAGRO representan alrededor del 70% del total. Ese porcentaje quedaría absolutamente fuera de lo que representa la fórmula que propone el Poder Ejecutivo.

Hay otro aspecto constituido por los contribuyentes reales del IMAGRO que recibirían un beneficio indirecto.

Es notorio que existen dificultades muy concretas en lo referente a devolución de impuestos, del IVA, a los pequeños y medianos productores agropecuarios que, por la cuantía de la misma, por el tiempo que demoran en la amortización, por los trámites que deben seguir y por los gastos que se les crean, prácticamente han abandonado la esperanza de cobrar o han caído en la intermediación, debiendo pagar comisiones, lo que representa una pérdida en lugar de una devolución de impuestos a la producción.

En ese sentido, pensamos que, no sólo por el monto sino por la forma en que este proyecto del Poder Ejecutivo se presenta, no podemos darle nuestra aprobación. En cambio -y aunque no significa lo que pretenderíamos en materia de combustible rural- el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes contó con nuestra aprobación, porque representa una verdadera ventaja para la producción agropecuaria, que va de acuerdo con la cantidad de litros que se consumen y además no genera un trámite interminable administrativo, para recobrar la devolución del impuesto. Además, establece un principio de justicia a los efectos de que se comience a transitar un camino de progresiva eliminación de un impuesto que, como el de los combustibles, tiene un efecto recesivo sobre el conjunto de la economía.

Ratifico, señor Presidente, la posición que el Frente Amplio tuvo en la Cámara de Representantes y nuestra disposición de aprobar los artículos 484 al 486 tal como figuran en el repartido de la Comisión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: puede ser que lo que voy a expresar sea fruto del ingreso a este tema en las últimas horas de esta sesión.

A pesar de que mi primera impresión en alguna conversación "sotto voce" con algún colega fue dubitativa sobre alguna de las objeciones que se han hecho en el sentido de incorporar las normas que figuran en el proyecto de ley enviado con ulterioridad por el Poder Ejecutivo, en este momento creo que vale la pena repensar o analizar argumentos que han señalado en Sala antes que yo los señores senadores Fá Robaina y Batlle.

Es cierto que el artículo 133, en su inciso 2º, determina que requiere la iniciativa del Pode Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias, pero en el caso que estamos analizando, proponemos gravar, en determinada forma y por la combinación de dos normas diferentes, al gas oil y al fuel oil.

Aún aceptando que hay una norma constitucional que impide el envío de Mensajes complementarios tratándose de la Rendición de Cuentas -criterio que comparto- nada le impide a un legislador, en uso de sus facultades, proponer gravámenes. Esto se ha hecho y se seguirá haciendo cuando así lo resuelva el Cuerpo por la mayoría correspondiente. Con esto estoy diciendo que -cuando analizamos la norma que envía el Poder Ejecutivo que expresa que se sustituye el literal H) del numeral 1) del artículo 16 del Título X, del Texto Ordenado de 1987 por el siguiente: "H) Combustibles derivados del petróleo excepto gas oil y fuel oil"- lo que estamos haciendo es gravarlos, porque la norma vigente, precisamente, exonera a todos los combustibles derivados del petróleo de la tasa del 20% del IVA. Por eso se explica que al exceptuar de la exoneración al gas oil y al fuel oil, caen en la tasa del 20% y para corregir eso y llevar el gravamen al 12%, se establece luego el agregado del literal al artículo 15 del Título X del Texto Ordenado de 1987 que dice: "C) Gas oil y Fuel oil".

Creo que cualquier legislador -y entiendo que esa es la tesis que venía sosteniendo el señor senador Batlle con el apoyo del señor senador Fá Robaina y de algún otro señor senador de la bancada del Partido Nacional- puede recoger esto y hacerlo suyo, dejando de lado esta discusión que, a mi juicio, no tiene trascendencia porque hay otros caminos para llegar a lo que pretendemos, recogiendo la norma propuesta por el Poder Ejecutivo como alternativa al texto que estamos considerando en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 484 tal como figura en el repartido.

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 485.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: el artículo 485 -como muy bien decía el señor senador Batlle- modifica los topes máximos que puede gravar el Poder Ejecutivo mediante el IMESI. Es decir que nosotros le amputamos el 11% en el caso del gas oil, porque antes el gravamen estaba en el 51%.

Deseo dejar salvada la opinión en el sentido de que la tasa que establecimos cuando hicimos uso de la palabra, no era fija, sino que, justamente, permite la latitud hacia abajo.

Si esta norma jurídica que vamos a aprobar ahora, el día de mañana es vetada y no se obtienen los votos necesarios para levantar la observación del Poder Ejecutivo, volvemos a estar en la tasa del 51% que está vigente. Al ser voluntario del Poder Ejecutivo, aplicar el 49%, el 50% o el 51%, podrá demostrar la voluntad de -hasta donde la Tesorería lo permita- hacer una rebaja por su propia iniciativa. Es decir que, votado este tope del 40%, observado como se ha anunciado y en la casi certeza de que no podrá ser levantada la observación, recobrará vigencia la tasa máxima del 51%. No perdemos la esperanza de que, analizada la situación de Tesorería, el Poder Ejecutivo hará lo necesario para establecer una rebaja al gas oil, operando dentro del límite que tiene hacia arriba en el porcentaje que puede aplicar del IMESI.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 485.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: hemos votado por la negativa los artículos 484 y 485, por las razones expuestas en Sala.

El artículo 485 lo hubiéramos podido votar afirmativamente, en la medida en que se incluyera dentro de un contexto con el artículo 484; pero aisladamente, así como está planteado, no lo podemos votar.

La argumentación que ha formulado el señor senador Lacalle Herrera de que el Poder Ejecutivo, si observa, puede, en lugar del 51% como tasa máxima, poner el 40%, el 42% o el 45%, es legalmente correcto y cierto.

Sin embargo, ello va en contra de lo que ha sido hasta ahora la política del Poder Ejecutivo de bajar el IMESI a fin de reducir los precios en beneficio, no solamente de los productores, sino también de los propietarios de vehículos que consumen gasóleo, que tienen altos valores y que, en cierta medida, conforman una distorsión de los consumos.

Lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos anunciado. Una vez votados estos dos artículos, vamos a hacer circular entre las distintas bancadas que componen este Cuerpo, el sustitutivo, que creemos que no colide con ninguna disposición constitucional, a fin de ver si hay voluntad política para encontrar una solución, ya que todos sabemos que, pese a que esto ha sido votado, supone una pérdida de ingresos de tal magnitud que el Poder Ejecutivo no va a tener más remedio que hacer la observación correspondiente.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: pese a la advertencia que hizo el señor senador Pozzolo al comenzar la sesión, yo, que no me he caracterizado por pedir reconsideraciones, voy a solicitar una a los efectos de corregir una información que, luego de haber consultado un texto, advertí que la había brindado equivocadamente.

En consecuencia, pido la reconsideración del artículo 483.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud del señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar mi solicitud de reconsideración y, de inmediato, pedir que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: debo expresar que al hacer la consulta en el Texto Ordenado, ví que había padecido un error, ya que la exoneración que aquí se hace del Impuesto al Valor Agregado es con respecto a los productos agropecuarios que ingresan al país y no a los de producción nacional. En este sentido, por lo menos el que habla votó equivocadamente y teme haber inducido al mismo error a algún otro colega. En razón de ello, pido que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 483.

(Se vota:)

-11 en 27. Negativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: solicito que se rectifique nuevamente la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a proceder a rectificar la votación.

(Se vota:)

-11 en 28. Negativa.

El artículo 483 queda suprimido.

En consideración el artículo 486.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 487.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.


En consideración el artículo 488.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 489.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 490.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 491.

Al final de este artículo hay un error. De la expresión "Artículo 10 del Título IV del Texto Ordenado 1987 de la presente ley", se deben suprimir las palabras "de la presente ley".

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: para este artículo se ha encontrado una fórmula con la que discrepo. Está referido a empresas que actualmente tienen actividades, a la vez, de industria y comercio y agropecuarias. Esas actividades se unifican en el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, pero esa unificación les permite deducir de ese impuesto pérdidas acumuladas en Ejercicios anteriores en el otro impuesto, o sea, el de Rentas Agropecuarias. Además, se prevé que, en el caso de que dejen de tener actividad industrial -o sea que cesen de ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio y deban volver a la órbita de la actividad agropecuaria, también se les permite deducir las pérdidas de Ejercicios anteriores del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

Pienso que en materia de deducción de las pérdidas de Ejercicios anteriores, esto ha tenido un tratamiento excesivo y, por lo tanto -y hablo a título personal- no voy a acompañar con mi voto este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 491.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: hago moción para que cuando se comunique este proyecto, en lugar de "T. O.", se ponga "Texto Ordenado". Cuando hablamos, por ejemplo, del Impuesto a la Renta Agropecuaria, utilizamos su nombre en toda su extensión y no la sigla, de las que opino que no deben aparecer en un texto legal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

En consideración el artículo 492.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: este texto modifica el artículo 1º del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera, es decir, el que creó el impuesto, definió el hecho gravado y, al mismo tiempo, en una sola oración determinó quiénes eran los sujetos pasivos. Ellos son el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de la República, los bancos privados, las casas financieras, las casas de cambio y las cooperativas de ahorro y crédito.

Con esta nueva redacción que se propone, se grava a los profesionales universitarios y a los agentes auxiliares de comercio a que hace referencia el artículo 88 del Código de Comercio, con excepción de los corredores de cambio. Hago hincapié en que estas personas estaban exceptuadas por el artículo 1º de la norma respectiva. Sin embargo, ahora esto se elimina, lo cual me parece algo sin sentido. No creo que sea razonable el hecho de que los profesionales universitarios estén gravados por el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera.

Además, se dice que serán contribuyentes quienes se encuentren comprendidas en el literal a) del artículo 2º del Título IV, del Texto Ordenado 1987, es decir, aquel artículo que ya discutimos y que refiere a los sujetos pasivos del IRIC, de los cuales excluimos a los rematadores, corredores de cambio, despachantes de Aduana, etcétera. Pero aquí se habla también, con carácter general, del artículo 2º que es el que define las rentas, en función de las cuales la Impositiva determina quiénes van a ser gravados por el impuesto.

En términos más sencillos, lo que esta nueva redacción quiere significar es que son sujetos pasivos del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera los sujetos pasivos del IRIC, toda vez que contraten compra o venta de moneda extranjera con quienes no sean, a su vez, sujetos pasivos del impuesto, de acuerdo con la definición dada en el inciso 1º.

Aquí parece haber un afán fiscalista exagerado, en la creación de sujetos pasivos del Impuesto a la Venta de Moneda Extnrajera. Este Impuesto se le cobra a quienes, usualmente, por su profesión, compran y venden moneda extranjera, esto es, los bancos, las casas financieras, las casas de cambio; pero parece realmente un excesivo afán fiscalista que se generalice a los profesionales universitarios, a los agentes auxiliares de comercio y a los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Creo que no corresponde esta extensión que se pretende del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera, porque es excesiva. Por lo tanto, no la voy a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 492.

(Se vota:)

-15 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 493.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: debo decir que con respecto al resto de los artículos de este capítulo no tenemos más observaciones que formular. Por lo tanto, quizá sea posible votar los siguientes en forma conjunta.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: simplemente deseo dejar una constancia.

En este Capítulo se incluyen, por lo menos, dos artículos -el 498 y el 501- que exoneran del pago del porcentaje de los Impuestos a la Renta de Industria y Comercio y a la Renta Agropecuaria a quienes hagan inversiones o incurran en gastos para financiar proyectos de inversión científica y tecnológica, en particular en biotecnología, etcétera. Luego, a quienes invierten en máquinas e instalaciones industriales, maquinaria agrícola, mejoras fijas en el sector agropecuario, vehículos utilitarios, bienes muebles destinados al equipamiento y reequipamiento de hoteles, moteles y paradores, bienes de capital destinados a mejorar la prestación de servicios al turista, equipos necesarios para el procesamiento electrónico de datos y para las comunicaciones, a quienes construyan y amplíen hoteles, moteles y paradores, y a quienes hagan construcción de edificios o ampliaciones destinados a la actividad industrial.

Quiero dejar constancia de que me parece muy bien alentar a la inversión por medio de estos mecanismos que desgravan en forma muy importante las rentas, puesto que, por lo menos el artículo 501, establece una exoneración de hasta un 40% de la renta neta del Ejercicio. Acompañaremos con nuestro voto estas dos disposiciones; pero, sin perjuicio de ello, debemos decir que consideramos que, desde el punto de vista de la sociedad, esta desgravación significa un traslado de ingresos para alentar la inversión de sectores propietarios que tienen ganancias muy importantes.

Quiero señalar que el Poder Ejecutivo, que tiene una actitud tan plausible en este aspecto de la desgravación -que también en la ley sustitutiva de la Rendición de Cuentas del año pasado permitió desgravar el IVA que consumen quienes tributan por el IRA- se ha mostrado, en cambio, renuente a desgravar, por ejemplo, el IVA a los sectores del consumo de la canasta básica. Esto ha sido propuesto, e inclusive en la Comisión tenemos un proyecto que está varado hace mucho tiempo. Por una serie de medidas sucesivas que se vienen incluyendo en los proyectos de Rendición de Cuentas, se está produciendo una traslación de ingresos muy acentuada hacia el sector propietario, mientras se mantienen en forma muy dura los tributos del sector de consumos.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: estoy de acuerdo en que se voten en conjunto todos los artículos de este Capítulo, salvo dos con respecto a los cuales voy a formular observaciones. Se trata de los artículos 492 y 501.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos restantes de este Capítulo, exceptuando el 497 y el 501.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 497.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: la hipótesis en que se coloca este artículo es que una persona que tiene un crédito a su favor contra la Dirección General Impositiva por devolución del Impuesto al Valor Agregado, lo cede a un tercero. De acuerdo a lo que se establece, ese tercero es responsable del exceso de crédito incluido en la cesión, si éste supera el monto del Impuesto al Valor Agregado facturado al cedente. Para manejarnos con cifras, daré el siguiente ejemplo: a una persona se le factura el crédito por devolución del Impuesto al Valor Agregado por cien y hace un documento de cesión de crédito por ciento cinco. El cesionario no es quien hace la factura del crédito que se tiene contra la Dirección General Impositiva ni el documento de cesión del mismo; por lo tanto, si hay una irregularidad, será responsabilidad del cedente. Me parece que el cesionario no tiene arte ni parte en este problema y, por consiguiente, no veo por qué se pretende que sea responsable por ese exceso. Sólo es responsable y autor de la irregularidad quien cede el crédito.

No sé si he sido claro en lo que estoy diciendo, pero creo que esta hipótesis podría admitirse si hubiera una maniobra del cesionario, junto con el cedente del crédito. Sin embargo, no me parece razonable que se pretenda hacer responsable de ese hecho irregular al cesionario, porque en el proceso original por el que se factura a favor del cedente un crédito contra la Dirección General Impositiva, el cesionario no tiene intervención.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Pediría al señor senador Aguirre que reiterara su objeción en forma sintética, porque realmente nos interesa.

SEÑOR AGUIRRE. - El tema es complicado y no sé si podré hacerlo en forma sintética, pero lo intentaré.

El asunto es el siguiente: una persona tiene un crédito contra la Dirección General Impositiva por devolución del Impuesto al Valor Agregado y lo cede. El artículo establece que si en dicha cesión el crédito facturado supera el monto del Impuesto al Valor Agregado, es decir, si se documenta una cantidad superior al crédito que se tenía contra la Dirección General Impositiva, no sólo es responsable por ese exceso el cedente del crédito, sino también el cesionario. Lo que expreso es que el cesionario del crédito no ha tenido arte ni parte en la factura original del Impuesto, ni en el crédito que tiene el deudor del mismo contra la Dirección General Impositiva por esa devolución del IVA a que tiene derecho. Me parece que se trata de un tercero ajeno al problema; a él se le cede un crédito, por el que paga, y luego se presenta a esta Dirección, pero no se le puede hacer responsable de un error o de una operación de mala fe que puede haber cometido el cedente del crédito.

SEÑOR PRESIDENTE. - Supongo que la finalidad de la norma debe ser la de hacer responsable también al cesionario, a fin de que verifique la legitimidad del crédito. Creo que eso no sería del todo incorrecto.

SEÑOR AGUIRRE. - La suposición del señor Presidente puede ser razonable, pero pregunto qué medios tiene el cesionario para verificar la legitimidad del crédito.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Los créditos contra la Dirección General Impositiva son nominativos, lo que significa que se dan a nombre de la persona que ha pagado más impuestos y tiene derecho a su devolución, pudiendo pagar con ello otros impuestos. Y la norma que examinamos tiene por objeto dificultar la cesión de tales documentos. Tal criterio debe ser motivado por experiencias inconvenientes de la oficina mencionada.

Dice: "Los cesionarios de créditos nominativos contra la Dirección General Impositiva, en concepto de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado...", es decir, yo, que pago el Impuesto al Valor Agregado y tengo un crédito.

(Interrupciones)

-Continúa: "...serán responsables del exceso de crédito incluido en dicha cesión en cuanto supere el monto del Impuesto al Valor Agregado facturado al cedente". Es decir: yo soy el cedente; el que me hace una venta, me factura...

(Interrupciones)

-Lo que pasa es que aquí el cesionario es el que tiene el crédito nominativo del cedente. Pero ese cesionario es responsable por el exceso del crédito incluido en la cesión, cuando supere el monto del Impuesto al Valor Agregado facturado al cedente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - La Dirección General Impositiva le factura al cedente.

Pienso que es tan evidente lo que señala el señor senador Aguirre, que no puede ser fruto de un error. Más bien interpreto que se procura que el cesionario verifique personalmente, ya que esta presunción está avalada porque el inciso siguiente establece hasta formas de garantía; ese cesionario, que a su vez vuelve a ceder el crédito, tiene que dar garantía. ¿Garantía de qué?

Considero que la norma es exagerada e incluso injusta, pero no creo que sea un error del Poder Ejecutivo, sino que deliberadamente se quiere vigilar al cesionario.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pienso que aquí lo que existe es el deseo de la Dirección General Impositiva de que no se realice negociación de créditos contra el Estado. Parecería que eso es lo que se busca y por eso se establece una obligación que aparece, en cierto sentido, como exagerada en la medida en que se establece la obligación del cesionario de vigilar o controlar la regularidad del crédito que él recibe.

Ese me parece que es el espíritu que está en la norma y sobre esa base pienso que tenemos que resolver si es conveniente, desde el punto de vista del comercio de los hombres, que este tipo de documento sea negociable, o si es deseable que el acreedor lo mantenga en su poder.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Creo que para entender esta disposición hay que relacionarla con lo que sucede con los cheques.

Pienso que lo que está haciendo la Dirección General Impositiva aquí es algo similar al sistema de endosamiento de cheques. En última instancia, el último endosante, el que entrega el certificado nominativo a la Dirección General Impositiva, va a ser el responsable. Y si ese cesionario recibió un certificado malo, como podría haber recibido un cheque sin fondos, ello va a tener consecuencias ante la Dirección General Impositiva, no de tipo penal, sino económico, que tendrá que trasladar.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Este artículo 497 fue originado en el artículo 445 del Mensaje del Poder Ejecutivo y en el artículo 515 de la Cámara de Representantes, y, en todos los casos, es igual.

Tengo la impresión de que esta es una disposición clásicamente concebida, en función de una casuística determinada y que la Dirección General Impositiva está tratando, simplemente, de fomentar un manejo prudente, atando cesionarios y cedentes en el asunto.

Opino que, en esa línea, debe ser votado afirmativamente, como ha sucedido en la Cámara de Representantes y en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 497.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 501.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que este artículo, en más de un aspecto, contiene delegaciones inconstitucionales en el Poder Ejecutivo.

La disposición comienza estableciendo una exoneración del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio y al IRA, Impuesto a las Rentas Agropecuarias, hasta un 40% de determinadas inversiones. Es decir que esta no es una exoneración total, sino que se rebaja la tasa del impuesto que se va a aplicar, dándole una latitud al Poder Ejecutivo, porque esa exoneración la puede hacer hasta un máximo del 40%, o sea que puede exonerar el 10%, el 15% ó el 38% de la inversión, según lo entienda más o menos conveniente.

Creo que eso no se puede hacer. Los impuestos deben tener una tasa fija y también deben ser fijas las exoneraciones. Si se quiere exonerar hasta el 40%, que se diga que se exonera el 40% de la inversión, pero no "hasta un máximo".

Luego, en los literales C) y F) se da también discrecionalidad al Poder Ejecutivo para determinar qué tipo de adquisiciones quedan exoneradas o no. En ambos casos se dice: "El Poder Ejecutivo establecerá la nómina al respecto". Yo entiendo que no debe ser así; si se exoneran las mejoras fijas en el sector agropecuario, quedan exoneradas, y no es posible que el Poder Ejecutivo discrecionalmente diga: "esto es mejora fija y esto no lo es; esto es bien de capital destinado a mejorar la prestación de servicios al turista, y esto no lo es".

Creo que eso no corresponde y, por tanto, hay que eliminar ambos literales C) y F), agregando además que la exoneración debe ser del 40% y no hasta un máximo del 40%.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - De acuerdo a lo que sostuve en oportunidad de tratarse este artículo en la Comisión, voy a solicitar que para la votación sean separados los incisos E) y F) de la primera serie, y A) de la segunda, porque son literales que no tendrán mi voto, mientras que el resto del artículo, sí, contará con él.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 501 tal como viene de la Comisión, con exclusión de los incisos E) y F) de la primera parte y A) de la segunda, para votarlos separadamente.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

La Mesa pregunta al señor senador Rodríguez Camusso si los incisos desglosados se pueden votar en bloque.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se van a votar los literales E) y F) de la primera parte y A) de la segunda.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

El resto de los artículos han sido aprobados.

Correspondería pasar a "Disposiciones Varias".

Han llegado a la Mesa varios aditivos sobre "Normas Tributarias".

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

Tengo entendido que se han votado los artículos 502 y 503 tal como vinieron de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, solicito se me permita hacer el planteo que había anunciado a propósito del tema de los combustibles.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Hemos visto cuál ha sido el resultado de la votación. No sé si el señor senador Lacalle Herrera que fue el que promovió este asunto, se encontrará en la Casa, para que participemos en la discusión todos los que ya lo hemos hecho.

Según el resultado de la votación se rebaja el IMESI del 51% al 40% y se mantiene el combustible derivado del petróleo, incluyendo el gasoil, sin IVA, salvo el fuel oil a que se incorpora el IVA de la tasa básica, que es del 20%.

En estas condiciones, como lo he anunciado, la pérdida de ingresos es muy elevada y el Poder Ejecutivo no va a tener otro camino que observar esta disposición.

Entonces, con el propósito de buscar una solución que contemple, aunque no del todo, la voluntad del Cuerpo, pero sí con la que podamos empezar a caminar en la dirección en que se apunta y se procura dirigir la acción fiscal en este orden de cosas -recordemos que además se incorpora una pérdida significativa, evaluada por el propio señor senador en U$S 7:000.000- voy a consultar si no se podría incorporar la siguiente modificación.

Propondría la sustitución del artículo 484 por uno que dijera lo siguiente: "Agrégase al artículo 15 del Título X del Texto Ordenado 1987, el siguiente literal: E) gasoil y fuel oil".

¿Qué quiere decir esto en buen romance? Hasta hoy no están comprendidos en el IVA; nosotros los gravamos con el 12%, para lo que no precisamos mensaje de nadie, porque estamos gravando con ese porcentaje. Al hacerlo pero además aplicarle el 40% como tasa máxima, el Poder Ejecutivo no va a tener ningún inconveniente en aprobar esta norma, en no observarla. Asume la menor recaudación, de casi U$S 7:000.00, pero tiene como tasa máxima el 40% y por lo tanto, está en condiciones de mantener el precio actual del gasoil. Lo que ocurre es que si se aplicara el 40% serían nada más que N$ 3 de diferencia, pero si se aplicara el 38 ó el 39%, no está variando el precio del gasoil y sí beneficiándose un sector muy importante de la industria, del comercio y de la actividad agropecuaria -tanto los que pagan IRA como los que pagan IVA- con el sistema que se implanta.

No sé si hay voluntad política en el Cuerpo para aceptar esta modificación. Es una fórmula de transacción entre la inicial del Poder Ejecutivo, que suponía el 20% de tasa del IVA, y la del Parlamento, que supone la rebaja, lisa y llana, del IMESI, del 51% al 40%.

Esta es la propuesta que formulo y consulto al Cuerpo.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: hemos escuchado la propuesta del señor senador Batlle que, respecto de la que proviene del Poder Ejecutivo tiene como variable que no aplicará la tasa del 40% de IMESI sino que mantendrá, con el guarismo de porcentaje que sea, el precio actual.

No me considero habilitado, señor Presidente, para contestar inmediatamente y menos para asumir una representación, que no tengo, de mis compañeros. Por lo tanto, agradezco la referencia del señor senador Batlle, recibo su propuesta y manifiesto que, desde mi punto de vista, no puedo emitir opinión inmediatamente y menos sin consultar a mis compañeros de Partido. De modo que sugeriría que, de ser posible continuáramos con el estudio del proyecto y dejáramos para votar esta modificación a última hora. Asimismo solicitaría que la nueva redacción propuesta fuera impresa y repartida entre los señores senadores.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una pregunta, señor senador Batlle?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿De dónde surge que el precio va a ser el mismo, que va a ser mantenido?

SEÑOR BATLLE. - Si se aplicaran estas disposiciones exactamente, hasta el 40%, a los valores actuales, darían aproximadamente N$ 3 más. Pero ese 40% es la tasa máxima del IMESI, y no hay obligación de llegar a ella. Por lo tanto, se puede calcular qué porcentual son los N$ 3 más, de forma de no modificar, en esta primera etapa, los valores. Entonces, obtendríamos ya un adelanto significativo en la materia y nos manejaríamos con los mismos niveles.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Hemos comprendido.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - El no sobrepasar el precio actual se debería a una obligación o compromiso verbal.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - En el artículo siguiente se establece, señor senador, que lo dispuesto por los dos artículos anteriores se aplicará en oportunidad de fijarse nuevos precios. Quiere decir que éstos mantendrán una correlación proporcional con los actuales. En la medida en que se fijen nuevos, naturalmente no van a ser los mismos, pero sí lo será la correlación. El porcentual es prácticamente igual.

Creo, señor Presidente, que podemos continuar trabajando y más adelante resolveremos sobre esta redacción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde, entonces, pasar a considerar el Capítulo X -y último- Disposiciones Varias, que comprende los artículos 514 a 572 inclusive.

No sé si hay acuerdo en cuanto a la forma de votar o si se considerará artículo por artículo.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Señor Presidente: para el caso de que se resuelva votar en bloque, debo expresar que tengo una observación que hacer al artículo 559 y que hay algunos aditivos que han sido incorporados al articulado, pero no repartidos anteriormente.

De modo que voy a observar dicho artículo y repito que no tengo conocimiento de los demás.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: nos quedan aproximadamente dos horas y tres cuartos para el vencimiento del plazo y estos artículos no veo cómo podrían considerarse en grupo, porque cada uno de ellos tiene características diversas. Lo que corresponde es que, como ya ha sido conversado entre los senadores integrantes de las distintas bancadas, limitemos nuestras intervenciones al mínimo posible.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se van a considerar, uno por uno, los artículos desde el 514 al final, y se exhorta a los señores senadores a que sus intervenciones sean breves.

En consideración el artículo 514.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - La inteligencia del artículo 514 -y diría que también la del 515, porque a mi juicio están vinculados- establece la posibilidad de que en la órbita de la Corporación para el Desarrollo las empresas que giren capital privado, integren directores, en la medida de su aportación.

El artículo dice que si es equivalente a un quinto de la integración del capital realizada por el Estado u otras entidades estatales, etcétera, tendrán derecho a elegir un director; si aquella proporción se elevare a dos quintos, tendrán derecho a elegir dos directores.

Ahora bien; luego, el artículo 515 establece: "Las mayorías especiales exigidas por las disposiciones del artículo 7º y de los literales C) y N), del artículo 12 de la Ley Nº 15.785" -de la propia Corporación- "de 4 de diciembre de 1985, se entenderán siempre en relación a siete miembros, cualquiera sea el número de integrantes del Directorio".

Pregunto, entonces -porque quiero saber cuál es la inteligencia de la disposición- si esto no contribuye a que cuando existan dos integrantes del capital privado, aunque sean minoría, puedan trabar la decisión de la empresa que gira con capital mayoritario del Estado.

Planteo esta interrogante a los señores senadores de la bancada de Gobierno, porque pienso que de alguna manera hay que explicar la mecánica de esto. La primera impresión que a uno le surge es la que señalé anteriormente y, si es así, adelanto que voy a votar en contra, porque me parece que es otorgar un derecho excesivo a quien no tiene la mayoría del capital de la empresa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: este es un texto que viene del Poder Ejecutivo. Tal vez la garantía pueda considerarse excesiva, pero se establece para un determinado funcionamiento de la Corporación. Creo que la inteligencia del texto surge claramente. Nosotros lo aceptamos porque así vino del Poder Ejecutivo y la explicación que se nos dio es la que acabo de brindar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 514.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 515.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 516.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 517.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

—24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 518.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: hay un artículo aditivo que se refiere al Banco Hipotecario del Uruguay.

Como la norma que acabamos de votar habla del citado banco, pregunto si no sería oportuno incluir a continuación el artículo aditivo.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¡Que se lea!

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo aditivo.

(Se lee:)

"El Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, podrán vender los inmuebles de su propiedad, directamente, al Banco Hipotecario del Uruguay, para ser destinados por éste a planes y programas de vivienda.

El precio de la compra-venta correspondiente deberá ser superior, en todo caso, al valor determinado mediante la tasación practicada por la Dirección General del Catastro Nacional, el que se convertirá a unidades reajustables a efectos de mantenerlo actualizado a la fecha de la respectiva operación.

En el caso de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados cuyos Directorios estuvieren integrados con cinco miembros, la resolución correspondiente deberá ser adoptada por cuatro votos conformes. (Firman:) Pedro W. Cersósimo, Dardo Ortiz y Juan C. Rondán. Senadores."

-En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - La finalidad de este artículo es la de facilitar la adquisición por parte del Banco Hipotecario del Uruguay de predios de organismos públicos para destinarlos a la construcción de viviendas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto, que se incluiría después del 518.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 519.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a sugerir que votemos en bloque los artículos 520 a 527, porque refieren todos ellos al mismo tema que es la supresión, en la contabilidad del Estado y aún de las empresas privadas, de todas las fracciones menores de N$ 0,50. Esto coincide textualmente, diría, con un proyecto de ley que presenté hace algunos meses y que está radicado en la Comisión de Hacienda del Senado, por lo que conozco bien el tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Aguirre.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 520 a 572.

(Se votan:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 528.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 529.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 530.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.


En consideración el artículo 531.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: este artículo ha sido justificada y severamente criticado, porque detrás de él existe una tramitación judicial relativa a una demanda iniciada contra ANCAP por haber excedido ésta el giro de sus competencias, establecidas por su Ley Orgánica, modificada por la Ley de 29 de junio de 1953.

Este tema no va a merecer nuestro voto, por dos razones. En primer lugar, por la que acabo de exponer y, en segundo término, porque consideramos que no podemos seguir afirmando la presencia de este Ente en la producción y comercialización del azúcar. Por supuesto, no queremos abrir la discusión acerca del tema, sobre el que sabemos que existen más de dos posiciones y que prácticamente no tiene solución, porque cada una de las partes insiste en su parecer y estamos muy alejados, por lo tanto, de encontrar el terreno común.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: yo también voy a votar en contra de este artículo, por fundamentos en parte coincidentes con los expuestos por el señor senador Lacalle Herrera y en parte discrepantes con ellos.

No voy a abrir juicio sobre la conveniencia o no de que ANCAP incursione en el mercado del azúcar ni acerca de si está o no facultada para hacerlo.

Como ha dicho el señor senador Lacalle Herrera, es cierto que detrás de esto hay un juicio que una conocida empresa privada sigue contra ANCAP, por considerar que ha incursionado ilegalmente, durante años, en el mercado del azúcar.

Entiendo que el problema estrictamente jurídico de la interpretación de la Ley Nº 11.954 es opinable, pero no creo que debamos pronunciarnos sobre el mismo, entre otras razones, porque está a resolución de la Justicia. Hay un juicio que se está sustanciando.

Considero que este artículo, además de ser inconstitucional porque no respeta el 216 de la Constitución de la República -no tiene nada que ver con la materia presupuestal, como tantos otros que hay en este proyecto de ley- lo es también porque viola la separación de Poderes. Existe una pretensión que un particular ha sometido a la decisión de la Justicia y un Ente del Estado demandado. Por consiguiente, el Estado no puede ni debe pretender resolver por vía de la ley lo que está en manos de la Justicia, es decir, interfiriendo en la decisión del juicio -dando su fallo en un problema que se está discutiendo ante los estrados- para que el juez deba someterse a la definición del legislador, o sea, del propio demandado, porque, en definitiva, aunque ANCAP sea una persona jurídica distinta, todo es patrimonio del Estado.


Digo esto con total convicción, porque creo que es una pésima costumbre -porque ya se ha hecho en otras leyes- la de que, cuando hay un juicio pendiente, queramos resolverlo por la vía de una definición legal. Esto es incompatible con la separación de poderes; pero, como digo esto, digo también que deseo ardorosamente que este juicio lo gane ANCAP. Soy partidario del Estado y ANCAP, como se dijo ayer aquí, es la empresa más importante que tiene este país, al que en sus 57 años de existencia le ha dado muchos beneficios y se los va a seguir dando en el futuro. Pero no creo que la ley deba interferir en el juicio y fallar, por esa vía oblicua, lo que corresponde decidir a un tribunal de Justicia.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quiero dejar establecido para la interpretación de este artículo que quien habla va a votarlo favorablemente. En relación al juicio en cuestión no tengo absolutamente ningún conocimiento ni sé cómo está planteado. Tal como se nos refiere, leí, analicé y creo que esta es una disposición absolutamente correcta. No estoy interviniendo ni pretendo hacerlo y no conozco juicio alguno. Estoy simplemente aprobando una norma que creo responde correctamente aun en sentido declarativo y su fondo es absolutamente coincidente con lo que quiso expresar el legislador en su momento.

En tal sentido, la estoy votando sin resquicios ni vinculaciones de clase alguna ni a favor ni en contra de ningún juicio que, confieso, no conozco. Estoy votando exclusivamente en función del texto que tenemos delante y así también lo estudié durante el trabajo en la Comisión.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Cuando se trate el artículo 531 me voy a retirar de Sala y dejo constancia de ello porque me he excusado ante el Senado en todo el problema relativo a la comercialización del azúcar que está tratando la Comisión de Industrias. Por lo tanto, si permaneciera en Sala, o el Senado me autorizara en este caso -cosa que no deseo- tendría que votar en contra de este artículo. Ya he opinado en ese sentido; entiendo y comparto la opinión del señor senador Aguirre en este aspecto y así lo he manifestado en el seno de la Comisión cuando se tomó asesoramiento, no en la etapa de las decisiones en que, a pesar de haber sido autorizado por el Senado y por la Comisión, solicité expresamente las excusas.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no me encuentro en la situación del señor senador Cersósimo, pero quiero señalar que tengo vinculación profesional con una empresa azucarera que no es ninguna de las que estaría involucrada en el litigio que se está realizando en estos momentos. En todo caso, el artículo 94 prohíbe a todo senador intervenir en asuntos que se refieren a su interés individual. Entiendo que no lo tengo, pero por una razón de delicadeza me voy a retirar de Sala.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: vamos a votar este artículo favorablemente y lo vamos a hacer sin ninguna reserva y sin ninguna duda. Nada conocemos y nada tenemos que ver con cualquier cosa que se esté planteando en la vía judicial. Por otra parte, no admitimos, en modo alguno, que ello pueda lesionar o limitar nuestra competencia para legislar en aquello con respecto a lo cual tenemos derecho a hacerlo y poseemos conceptos formados. Porque también, a contrario sentido, podría entenderse que cuando un cuerpo legislativo está dispuesto a tomar resolución en un determinado sentido bastaría plantear un recurso de carácter judicial para que el legislador se sintiera inhibido de actuar.

No comparto ese punto de vista, y digo que por lo demás votaremos este artículo con plena conciencia de que estamos reconociendo una situación procedente en el campo económico y abierta y decididamente constructiva y compartible en el plano social.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: vamos a votar esta disposición totalmente convencidos de los fundamentos y de la corrección que implica la misma. La Ley Nº 11.954, de 1953, estableció muy claramente el derecho de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a integrarse al mercado azucarero no solamente en su carácter de productor sino para la comercialización.

Estas circunstancias determinan muy claramente que nosotros establezcamos con carácter interpretativo la declaración que se formaliza a través de esta disposición del artículo 531, para eliminar cualquier duda que al respecto pueda caber y sin tener en cuenta, de manera alguna, la existencia de planteos por parte de interesados que han formalizado una situación de conflicto de intereses que se dilucida ante la Justicia en los niveles y términos que corresponde.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Simplemente quiero dejar constancia de que votaré negativamente este artículo por interferir directamente en la comercialización e industrialización del azúcar en un momento crítico para este producto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 531.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he votado negativamente este artículo porque sé, como lo sabe todo el país, que en este momento está planteado un juicio contra la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland por su intervención en el mercado del azúcar.

Este artículo que se acaba de votar, declara en forma retroactiva que ANCAP estaba autorizada a intervenir en ese mercado desde el año 1953. Si era así claramente como se ha dicho, no hay necesidad de tal norma y si no era así, retroactivamente se quiere darle vigencia a una norma que no la tenía en nuestro ordenamiento jurídico, para resolver un juicio en determinado sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 532.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Mociono para que se voten en block todos los artículos hasta el final del capítulo, salvo aquellos que se solicite sean desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este método puede hacer más complicada la discusión.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Retiro la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 533.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

-En consideración el artículo 534.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 535.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 536.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: esta disposición establece que la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa es persona pública no estatal. Voy a votar afirmativamente esta disposición pero entiendo que implica derogar el artículo 2º, inciso 2º de la Ley número 11.828 que establecía, dentro del sistema de contratación de los funcionarios de ese organismo, la incompatibilidad de esos cargos con funciones en la Administración Pública.

Al admitirse ahora, luego de un largo debate sobre el carácter de esta institución, que se trata de una persona pública no estatal, cesa automáticamente la incompatibilidad de los funcionarios.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 537.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 538.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 539.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a votar en contra de esta norma porque es tres veces inconstitucional. Primero por la retroactividad; segundo, por la materia a la que refiere, la que de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, es competencia de las Cámaras y, tercero, porque pretende interferir, también, en juicios que se están sustanciando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vote:)

-22 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 540.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: las autoridades de los registros públicos se han entrevistado con varios señores legisladores a los efectos de manifestarnos que están un poco perplejos en cuanto al alcance de este artículo. Aparentemente sería una disposición de carácter fiscal, pero si así fuera, carece de los elementos esenciales. Por ejemplo, no se sabe cuál es el acto imponible. En el artículo dice que el timbre "se aplicará en ocasión de solicitarse la inscripción de traslaciones de dominio". ¿Qué es lo que grava? ¿La escritura? Tampoco se sabe quién es el obligado al pago del impuesto -si el escribano o el titular de la propiedad- ni quién debe efectuar los controles correspondientes.

Este timbre, a que se refiere el literal G) del artículo 23 de la Ley Nº 12.997, es la Ley de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios. Los agrimensores deben ponerlo en cada plano que levanten. Pero como el plano no se acompaña a la escritura, cuando se va al Registro de Traslaciones de Dominio, no hay forma de que dicho registro realice los controles del caso. Por otra parte, ese timbre grava los planos, a la actividad profesional del agrimensor, cosa que ya está establecida en la misma ley que aquí se cita. Supongo que no se pretenderá que se coloquen dos timbres, señor Presidente.

Las autoridades del registro nos dijeron que no tenían inconveniente en que se creara un nuevo impuesto, pero esperaban, por lo menos, una aclaración. Señalaron textualmente: "no somos los que tenemos que pagarlo, pero sí tenemos que controlarlo, tenemos que sabe a qué atenernos".

Hemos conversado con algún colega profesional y a ambos nos parece que el artículo es innecesario. Si es una reiteración del artículo 23 de la Ley Nº 12.997, está de más; y si significa un nuevo impuesto, es inaplicable.

Por lo tanto entiendo que debe votarse en forma negativa.

(Apoyados)

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el colega profesional.

(Hilaridad)

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: apoyo absolutamente las palabras pronunciadas por el señor senador Ortiz, porque el artículo 540 evidentemente tiene que eliminarse; no puede mantenerse en este articulado porque, al solicitarse la inscripción de una traslación de dominio, no es cuando se haga referencia a un plano sino que es con referencia a un plano. Y ninguna traslación de dominio, en la forma en que está redactada, se hace con referencia a un plano. Este artículo, entonces, es de redacción oscura; su interpretación es imposible, aún a la luz de las disposiciones legales a las cuales se remite, que, como indicó el señor senador Ortiz, es la Ley número 12.997.

Además, concretamente queremos decir que, siendo una disposición fiscal, carece de los elementos esenciales de las mismas, a saber: acto imponible, sujeto pasivo y ente encargado del contralor. No hay nada de ello en este artículo y por lo tanto no puede tener andamiento de ninguna manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-2 en 26. Negativa.

En consideración el artículo 541.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 542.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 543.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Simplemente, señor Presidente, para una cuestión de carácter estrictamente formal. Tengo entendido que Secretaría va a tener que ajustar la numeración de los artículos, así como las remisiones, que podrán sufrir sustanciales modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya se resolvió hacerlo así.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 544.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 545.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 546.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 547.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: este asunto se discutió en presencia del señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien se opuso a la aprobación de este artículo por considerar que la multiplicidad de comisiones iba a determinar la existencia de jurisprudencias diferentes, que posiblemente se dieran interpretaciones en unos casos más amplias y en otros más restrictivas y que quizá los gestionantes recibirían tratamientos distintos.

Señaló, además, que el trabajo se puede hacer perfectamente igual con la Comisión que está actuando ya que puede disponer de todo el personal necesario con el objeto de aumentar el actual rendimiento. Suministró cifras que sitúan a las solicitudes en alrededor de 7.000. Pero agregó que el ritmo de labor se iba a incrementar, para que la misma Comisión pueda producir más con toda la estructura administrativa organizada, sin necesidad de nombrar Comisiones adicionales.

Por estas razones, señor Presidente, adelanto que votaré en forma negativa este artículo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: este artículo y los que restan, no fueron examinados por la Comisión en pleno. En cambio sí lo fueron, éste y los tres artículos siguiente, como señala con exactitud el señor senador Cigliuti, en presencia de los señores Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, por la Subcomisión de Desgloses.

Nosotros, señor Presidente, le vamos a dar nuestro voto favorable a esta disposición porque las explicaciones que se suministraron, por el contrario, no nos resultaron convincentes. Todos sabemos el esfuerzo importante que se desarrolla en la Oficina de Servicio Civil con el objeto de agilitar los procedimientos; pero la realidad es que hay allí varios miles de expedientes y el propio señor Director tuvo que admitir que, aun intensificando dichos esfuerzos, su sustanciación llevará no menos de tres años.

Nosotros consideramos que existe la posibilidad de crear estas cuatro Comisiones y que ello contribuye a procurar soluciones a una expectativa legítima determinada y apoyada, además, por la legislación que nosotros mismos hemos propiciado.

En consecuencia, señor Presidente, votaremos estos artículos.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Voy a votar en forma afirmativa estos artículos porque entiendo -y ello es público y notorio- que la Comisión Especial creada por la Ley número 15.783 está desbordada de trabajo, imposibilitada, materialmente, de poder resolver los miles de expedientes que tiene a su consideración. En un caso concreto que conozco, el número de expediente supera el 10.000. Esa Comisión Especial tendría que resolver 25 ó 30 casos por día para que los asuntos se movieran con una relativa agilidad.

Ante la imposibilidad de que ello suceda así, lo que está ocurriendo en la práctica es una negación del derecho que tienen las personas que pretenden ampararse en la ley, a recibir un pronunciamiento de la Comisión, el cual, por fuerza, se posterga meses y meses y, como lo dijo el señor senador Rodríguez Camusso -y lo reconoció el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil- en algunos casos va a demorar tres años o más.

En consecuencia, opino que es absolutamente razonable reconocer la necesidad de lo que disponen estas normas que voy a votar con el convencimiento de que lo hago con sobradas razones.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 547.

(Se vota:)

-13 en 29. Negativa.

SEÑOR BATALLA. - Solicito que se rectifique la votación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-15 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 548.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 549.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 550.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Esta disposición se refiere a las personas amparadas por la Ley Nº 15.783.

Este artículo dice que no deberán, en ningún caso, acreditar extremos de asiduidad, permanencia, periodicidad, ni de otro carácter, fuera de los expresamente determinados en las disposiciones de la propia ley. Es decir, entonces, que se trata del trámite jubilatorio. Esto parece un exceso. Entiendo que esta disposición es demasiado liberal y amplia; debe existir alguna probanza; por otra parte, está establecida en la ley.

En consecuencia, señor Presidente, creo que -y así lo expresé en la Comisión- este artículo es excesivo, de modo que no se puede votar.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El texto del artículo tiene una peculiaridad -cualquiera podría advertirlo- que hace que, en términos generales, parecería que fuera innecesario, porque dice que las personas amparadas no deberán acreditar extremos fuera de los expresamente determinados en las disposiciones de la ley.

Esto es una reiteración de un texto legal. ¿Por qué se hace? En la Comisión el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil admitió -brindó explicaciones pero no convenció- que en el decreto reglamentario se mencionan algunos extremos que no están en la ley y, naturalmente, en función de eso, es que procede la Oficina.

Las razones que se esgrimen son que aunque no estén contenidas en la ley, el sentido común puede hacer imprescindibles y necesarios esos extremos. Sin embargo, el legislador no había determinado eso. Entonces, esta norma aparentemente innecesaria enfrenta un decreto reglamentario que ese sí es contrario a la ley.

Por consiguiente, esta norma se permite reiterar, inequívocamente, un texto que ya está vigente.

Esa es la explicación que recogimos en oportunidad de trabajar en la Subcomisión.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 550.

(Se vota:)

-11 en 28. Negativa.

En consideración el artículo 551.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 552.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 553.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: vinculo este artículo 553 con el que fue incorporado con el número 568 que dice: "Declárase que los funcionarios públicos cuyas destituciones, cesantías o privaciones de trabajo ocurridas entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 por motivos políticos, ideológicos o gremiales, hayan sido declaradas nulas, sólo tienen derecho a recibir sus remuneraciones y beneficios sociales a partir del 1º de marzo de 1985 y su única y exclusiva reparación por los daños y perjuicios sufridos serán los establecidos en los artículos 9º y siguientes de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985".

Lo vinculo, señor Presidente, porque es la solución que se incorpora. Al no otorgárseles el derecho a la reparación por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se le da la de la Ley Nº 15.783.

Entiendo que el artículo 568 -que no voy a votar- es, claramente, inconstitucional, puesto que los funcionarios hicieron una opción por la reparación y el Estado está obligado a reparar el daño en la medida en que sea cuantificado. El Estado tiene derecho a repetir el daño contra los funcionarios que lo hayan cometido.

Este mismo tipo de planteo vino en el proyecto de ley sobre restitución de funcionarios destituidos del Poder Ejecutivo y fue expresamente rechazado ese temperamento cuando se sancionó la ley sobre destituidos.

Por esas razones, señor Presidente, no voy a votar los artículos 553 y 568, porque me parece que están vinculados y son, claramente, violatorios de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 553.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - He votado afirmativamente esta disposición porque creo que consagra un principio de justicia y porque no es inconstitucional.

El artículo 16 de la Ley Nº 15.783 dice que a los beneficiarios de la ley se les computará como trabajado el período de su destitución, y lo que este artículo 553 expresa es que cuando las destituciones hayan sido anuladas por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se les computará como trabajo el período de la destitución. Pienso que esto, en ningún sentido, es violatorio de la Constitución.

Otra cosa distinta es lo referente a la otra disposición a la que acaba de hacer mención el señor senador Gargano. En ese sentido, comparto su criterio expuesto en cuanto a la inconstitucionalidad; pero cuando lleguemos a la consideración de ese artículo, así lo voy a expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia el artículo 554.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 555.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 556.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Ha sido presentada una redacción sustitutiva sobre el mismo tema, quizás un poco más positiva que la propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee:)

"Asígnase por una sola vez la partida necesaria con destino a la adquisición, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, por parte del Instituto Nacional de Colonización, del inmueble que integran los padrones 681 y 701, ubicado en la 9ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, con una superficie de seis mil doscientas seis hectáreas cuatro mil quinientos treinta y seis metros cuadrados.

La partida será abonada en tres cuotas anuales y consecutivas, su fijación será en UR (unidades reajustables) y su destino exclusivo para Facultad de Derecho y Ciencias Sociales." (Firmado: Guillermo García Costa. Senador).

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Al final de esta redacción sustitutiva, donde dice "para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", debe decir "para inversiones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales".

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Quiero simplemente decir, señor Presidente, que en Comisión quedó convenido que se haría una redacción en la que participaría el decano de la Facultad de Derecho y el señor senador García Costa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es la que ha sido presentada.

SEÑOR CIGLIUTI. - De modo que votaríamos el artículo sustitutivo.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Precisamente, voy a referirme al mismo aspecto.

En primer lugar, debo decir que mantuvimos oportunamente una reunión en la que estuvieron presentes el señor senador Batlle y el decano de la Facultad de Derecho.

Por otro lado, en cuanto al texto sustitutivo presentado por el señor senador García Costa, debo manifestar que estamos totalmente de acuerdo con él. En ese sentido, nos parece que esto viene a dar solución -tal como lo expusimos en la Comisión- a una sentida necesidad de cuatro departamentos que se verían beneficiados por la acción del Instituto Nacional de Colonización, una vez que ingrese a su patrimonio este bien y se pueda adjudicar en la forma que establece la ley de 1948.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si ningún señor senador se opone, votaríamos directamente el texto sustitutivo propuesto por el señor García Costa.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Pido disculpas al Senado por el hecho de verme obligado a pedir la reconsideración del artículo 555, en virtud de haberme ausentado en ese momento para atender una llamada relacionada con el estado de salud de un familiar. Ese fue el motivo por el que no pude estar presente y votar ese artículo, porque entiendo que es de justicia y de reconocimiento de ciertos derechos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 555.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señalo que voy a acompañar esta disposición, por cuanto entiendo que en definitiva es aplicar a la situación de los jubilados universitarios el mismo criterio que establece la Ley Nº 15.783, que dice relación a los funcionarios reincorporados en virtud de esa norma.

De modo que si se da por trabajado y por computado, a los fines jubilatorios, todo el tiempo que media entre su destitución, retiro o renuncia y su reincorporación a la Administración, o acaso el 1º de marzo de 1985, parece elemental que apliquemos el mismo criterio en el caso concreto de las Cajas de Jubilaciones Profesionales.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Esta solución implica fijar la interpretación de leyes que están vigentes a fin de que sea aplicada por la Caja de Jubilaciones Profesionales.

Puedo decir, señor Presidente, que tanto la Caja Bancaria como la Notarial están aplicando esa interpretación, en algunos casos, por resolución general y, en otros, luego de acreditada la prueba correspondiente.

De manera que este artículo, en definitiva, viene a decir a la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, que las demás Cajas están aplicando correctamente la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 555.

(Se vota:)

-13 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 557.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Respecto de esta disposición, creo recordar que la subcomisión actuante -que integramos junto con los señores senadores Cigliuti y Rodríguez Camusso- propuso el desglose de la misma.

Aquí está vinculado un tema bastante complejo y que dice relación con las actuaciones de los rematadores. En ese sentido, hay opiniones encontradas, razones de las partes que, en realidad, no congenian, por lo que debería -así lo indica la lógica- pasar este artículo a una comisión especializada del Cuerpo, que ya en alguna oportunidad entendió en el tema y que, mal o bine, lo resolvió.

De manera que los tres senadores pensamos que lo mejor sería que esta disposición se destine a una Comisión en donde será estudiada con todo el volumen de argumentos que cada parte ofrezca. Reitero, que el tema tiene sus complejidades.

Creo interpretar adecuadamente el punto de vista de la subcomisión, la que no llegó, por razones de tiempo, a informar debidamente a la Comisión.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Lo que informa el señor senador García Costa es absolutamente exacto; no tengo nada que agregar al respecto. Simplemente, quiero dejar constancia que, en lo personal, comparto totalmente el artículo 596 que votó en su oportunidad la Cámara de Representantes.

Por otro lado, debo decir que, atendiendo a un concepto general mayoritario que existía en la subcomisión, admití acompañar el desglose del artículo para que pudiera ser objeto de un nuevo estudio en la comisión permanente respectiva.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que con este artículo, tal como viene propuesto, se intentaba solucionar en parte un régimen de mucha injusticia, que es el que está vigente.

El obligar a los rematadores a realizar un curso parece ser una exigencia técnica muy aconsejable, pero lo que sucede es que los cursos se realizan en Montevideo; creo que hay uno que tiene lugar en el departamento de Durazno, pero nada más. En consecuencia, una persona que quiere ser rematador en Artigas tiene que venir a Montevideo como si viniera a estudiar Medicina o Derecho, como si fuera una carrera, pero que, en realidad, no es tal. De modo que, esto se hace un poco imposible de sobrellevar. A tal punto que de 46 rematadores que han obtenido el título, 45 eran de Montevideo. Es así, entonces, que se está haciendo una especie de monopolio injusto y que tiene otras derivaciones, a cuyo respecto parece haberse referido el señor senador García Costa, como ser, los remates oficiales, los grandes honorarios que se cobran, el virtual monopolio que hay en materia de remates, etcétera.

Tal vez la voluntad del Senado sea pasar este artículo a una Comisión para no demorar, pero creo que cada día que transcurre sin dilucidado este tema se está cometiendo una real injusticia.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Si bien el señor senador García Costa ha expuesto muy bien el punto de vista de la subcomisión, debo decir que no estoy de acuerdo con el texto de este artículo y, en ese sentido, creo que está muy bien que sea estudiado por una Comisión, tal como se había convenido.

Por otro lado, deseo manifestar que desde el artículo 558 en adelante ninguno de ellos fue tratado en Comisión -están en la misma situación que los aditivos propuestos- porque no hubo tiempo para considerarlos, por lo que se resolvió, por unanimidad, pasarlos al plenario pero con esa advertencia.

Por último, señor Presidente, deseo señalar que el artículo 570 debe excluirse porque ya está incluido en otra parte de este texto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 557.

La Mesa desea aclarar que si el resultado fuera negativo, corresponde el desglose y el pase a la Comisión permanente pertinente.

(Se vota:)

-5 en 29. Negativa.

En consecuencia, este artículo pasará a la Comisión.

-En consideración el artículo 558.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Vamos a votar negativamente este artículo porque, en primer lugar, se trata de un beneficio eventual y además, grava todas las posibles ganancias que por cualquier circunstancia de compraventa pudieran darse en ese Ministerio. Entiendo que no es una mecánica adecuada a la situación: y que fue un acto de liberalidad importante.

Pienso que por la vía de las partidas de subvenciones, que en forma estable se le dan a este tipo de organismos, podemos contribuir a resolver sus problemas.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quiero señalar que fui yo quien propuso este artículo en Comisión.

Sobre todo para los señores senadores que no participaron de la discusión en Comisión quisiera comentar que cuando preguntamos al Ministerio de Turismo si era cierto que obtenía una partida de U$S 500.00 de beneficio neto por la intermediación de operaciones inmobiliarias, el titular de la cartera nos contestó que efectivamente era así.

Además, nos expresó que mediante la recepción de fondos que le habían sido otorgados por el artículo 29, compró al Banco Hipotecario un terreno y que lo vendió el mismo día sin licitación, ganando U$S 500.000. Esta es una operación que algún día habrá que estudiar; pero se nos dijo que de ella esperaban derivar un beneficio, que ya estaban establecidas las normas para la compraventa respectiva y que se iba a concretar próximamente.

Asimismo preguntamos al titular de la cartera sobre si existía un programa en el Ministerio de Turismo destinado a la compraventa de inmuebles o de intermediación inmobiliaria, a lo que nos contestó que no. Posteriormente quisimos saber si tenía previsto el destino de esa ganancia extraordinaria y nos respondió que como era precisamente extraordinaria no tenía destino.

Por lo tanto, dado que el cumplimiento de los programas del Ministerio de Turismo -según lo manifestó expresamente su titular- no requiere este esfuerzo de U$S 500.000 obtenido por un artilugio inesperado, nos pareció lógico que se distribuyera entre las diez entidades que, por otra parte, el Estado las reconoce porque colabora con ellas por intermedio del fondo de subvenciones desde hace muchos años. Si por alguna circunstancia esa ganancia no se registrara -lo que es bastante difícil porque el contrato está firmado y la documentación está en regla- entonces no habrá ningún beneficio. Por eso dice "los eventuales beneficios".

En consecuencia me parece lógico que un Ministerio que recibe, por un extraño evento, un beneficio que no sabe que hacer con él -inclusive no está en su programa puesto que no se dedica a la venta de inmuebles- lo destine a un fin tan noble como es el que he establecido aquí.

Creo que cualquiera de estas entidades lo podrá utilizar con mucho más eficacia que una Secretaría de Estado que no sabe qué hacer con él porque, naturalmente, no se dedica a la compraventa de inmuebles.

Por lo tanto, insisto que esta es una fórmula lógica porque, de lo contrario, habría que proponer qué hacer con esos U$S 500.000 que, según el Ministerio no tienen un destino determinado.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - De ninguna manera dudo de las manifestaciones del señor senador García Costa, pero debo expresar que me remito, en la contestación del señor Ministro a lo que surja de la versión taquigráfica, porque seguramente por la edad debo haber oído mal y necesitaré acudir a un otorrinolaringólogo.

Pienso que las manifestaciones del señor Ministro, a pesar del interrogatorio sugestivo formulado por el señor senador García Costa en la Comisión -lo que hubiera valido que acudiéramos y reclamáramos la intervención del magistrado, si estuviéramos en una audiencia judicial- no fueron exactamente de ese tono, admitiendo la existencia del contrato de compraventa.

Según el señor senador esa compraventa se realizó en 24 horas y al respecto recuerdo la conversación que mantuve con él en Comisión, por cuanto comparto su inquietud en cuanto a saber si ese presunto negocio estuvo o no dentro de la competencia del Ministerio, lo que de ninguna manera parece ser así.

El señor Ministro expresó que no se había concretado el negocio pero que si se había realizado una entrega por una suma de U$S 900.000 y que el mismo estaría sujeto a futuras decisiones del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el señor senador García Costa le señaló que había tenido acceso a la información -a su juicio fehaciente- que documentaba la existencia de ese negocio. En ese momento nos tocó intervenir -no por solidaridad política con el señor ministro, porque por encima de ella está la claridad en los procedimientos de los gobernantes y así lo manifestamos en Comisión- y se nos manifestó que no se había procedido a la compraventa y que por tratarse de un inmueble necesita los requisitos establecidos en el artículo 1664 del Código Civil.

Por consiguiente, como no creo que entre los fines del Ministerio de Turismo esté la beneficencia pienso que este artículo -que desde luego no vamos a votar- por su propia naturaleza no tiene lugar dentro de esta Rendición de Cuentas.

En esa oportunidad -o en cualquiera- hubiera sido partidario de que esa situación se aclarara en forma definitiva, porque de ninguna manera, podemos cohonestar cualquier situación irregular como la que pareciera que en Comisión se hubiera esbozado.

Desde luego que no quiero realizar ningún tipo de afirmación que vaya más allá de lo que me permita la memoria.

En consecuencia, me remito a las contestaciones brindadas por el señor Ministro de Turismo con respecto a su intervención en esa operación. Reitero que por mi parte puede haber existido -desde luego- un error involuntario, pero creo que, a través de las manifestaciones del señor Ministro de Turismo, quedó bien claro que se había recibido alrededor de U$S 900.000 por concepto de señas o arras. Por lo tanto, creo que la operación no se concretó.

Eso es lo que quería aclarar, sin salir en defensa de nadie, ya que me parecía que se habían realizado afirmaciones en virtud del texto de ese artículo, y me parecía bueno dejar constancia de una opinión que contribuyera -en la medida de su intención- a clarificar los procedimientos del Ministerio. Naturalmente, si se han cometido errores, ellos deberán ser puestos de manifiesto y, si hubo otras intenciones u otros hechos, quien los haya cometido tendrá que sufrir las condenas o sanciones, políticas o de cualquier orden, que sean pertinentes.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: creo que se está haciendo la lectura de un artículo que no corresponde. Se habla de que todo esto se originó en una operación realizada por el Ministerio de Turismo, en el pasado y, sin embargo, el alcance de la norma es otro, ya que no se refiere sólo a una operación realizada, sino a todas las que se han llevado a cabo en el pasado, también a las del futuro. Por lo tanto, se está hablando del motivo, pero el mismo tuvo luego una extensión mucho mayor en la redacción del artículo. El argumento no me parece convincente, porque la norma tiene una extensión que dista mucho de compadecerse con el motivo que la inspiró.

Además, señor Presidente, considero que esta norma es inconveniente porque significa establecer una discriminación en perjuicio de un Ministerio, respecto de lo que pueden ser los llamados eventuales beneficios derivados de determinada actividad, tal como dice el proyecto. No entiendo por qué en este caso se establece este principio, como un criterio tan discriminatorio.

Por último, señor Presidente -aunque no está vinculado directamente con el artículo 158- creo que corresponde establecer que en modo alguno esto roza lo que pueda ser un desborde de las competencias del Ministerio. Se trata del mismo tema que se plantea en cualquier tipo de sociedad civil o comercial, con la conocida discusión entre lo que es el objeto de la sociedad y lo que se denomina capacidad social, que son los instrumentos que puede utilizar determinada sociedad para cumplir con el referido objeto social. Es evidente que esta operación de compraventa de un inmueble -que se menciona entre líneas- de ninguna manera puede considerarse como formando parte de una actividad propia a la competencia del Ministerio. Es una operación destinada a facilitar la actividad del Ministerio, que es la materia turística. No se puede confundir una cosa con otra.

En definitiva, señor Presidente, creo que esto no es conveniente y, por lo tanto, no lo voy a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 558.

(Se vota:)

-15 en 30. Empate.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 559.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Cuando leímos el artículo relativo a la adjudicación a la Corporación Nacional para el Desarrollo del 30% de los recursos del laboratorio llamado LATU, inquirimos acerca de cuál era el estado patrimonial...

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: el autor de esta iniciativa fue el que habla, pero me anticipo a los argumentos que van a realizar los señores senadores Lacalle Herrera y Ubillos, porque he hecho las averiguaciones correspondientes y he comprobado que hubo un error de información. El LATU no está en condiciones de ceder esto. Por lo tanto, si se me permite, retiraré la iniciativa. Se trata de un error que no atribuyo a la mala fe de quien me proporcionó la información.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Que se vote negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 559.

(Se vota:)

-1 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 560.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Solicitaría que se explicaran los artículos 560 y 561, porque no logro entender su sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Parecería que estos dos artículos son de autor anónimo.

La Comisión ha indicado que estos artículos los agregó sin conocerlos.

SEÑOR RICALDONI. - Desearía saber si ellos vienen en el Mensaje del Poder Ejecutivo, o aparecieron después.

SEÑOR PRESIDENTE. - No vienen en el Mensaje.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-7 en 28. Negativa.

En consideración el artículo 561.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - En realidad, la Comisión se vio compelida, por razones de tiempo, a suspender el estudio de los últimos artículos. Por lo tanto, los miembros de la Comisión reconocemos -muchos de nosotros- el sentido de algunos de ellos, como acaba de comprobarse. En consecuencia, no acabo de entender quién lo propuso o si vino del Poder Ejecutivo. ¿Por qué, entonces, la información de DICOSE que es muy importante a los efectos de conocer la realidad del país, fundamentalmente del mundo agropecuario, es de carácter reservado?

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador se refiere al artículo 562, y recién estamos considerando el 561.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 561.

(Se vota:)

-11 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 562.

Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - En virtud de que a la Comisión le faltó tiempo para culminar el estudio de todos los artículos no pudimos considerar los últimos y los aprobamos en general, a fin de que el Plenario los pudiese esclarecer. Por esta razón es que no sabemos cómo aparecieron algunos artículos que están a consideración del Cuerpo. Repito que, en algunos casos, no sabemos si vinieron del Poder Ejecutivo y, en otros, tampoco sabemos qué sentido tienen. Por lo tanto, me llama poderosamente la atención que la información de DICOSE sea de carácter reservado cuando es tan importante para conocer la realidad agropecuaria nacional. Toda la vida fueron datos oficiales, tenidos en cuenta por los estudiosos, por los legisladores y periodistas. No sé qué sentido puede tener esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aunque quien habla no formaba parte de la Comisión de Presupuesto, puede aclarar este asunto por haber estado dos o tres días ocupando la Presidencia de la República. Este artículo responde a una iniciativa de DICOSE que no comparte el Poder Ejecutivo ni le encuentra demasiado sentido al hecho de mantener esta reserva. Esta disposición se habrá incorporado por alguna vía indirecta, a iniciativa, reitero, del propio organismo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quería hacer constar que estos dos artículos fueron traídos a la Comisión por mi intermedio a raíz de un planteamiento formulado por un núcleo de funcionarios de ese organismo. Sometidos a consulta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, éste nos hizo llegar una información, en principio favorable, a través de su Director General. Luego recibí nuevos asesoramientos, de acuerdo con los cuales iba a solicitar autorización a la Comisión para retirarlos. Pero ocurrió que la Comisión no continuó funcionando.

Por lo tanto, quiero dejar constancia de que respecto a estos artículos que había sometido a la consideración de la Comisión, después de la consulta realizada al Ministerio respectivo -de haber funcionado la Comisión hasta agotar la consideración de todo el articulado que estaba en su poder- habría solicitado autorización para retirarlos. Posteriormente, fueron incorporados en bloque al repartido que llegó al Senado sin que pudiéramos analizarlos; incluso figuran artículos que, según tengo entendido, no se sabe quién los presentó. Reitero que si hubiera tenido oportunidad de solicitar el retiro de estas dos disposiciones, lo habría hecho.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 562, 563 y 564 que se refieren al mismo tema.

(Se votan:)

-0 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 565.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Me parece que este es uno de los mencionados artículos de autor anónimo, ya que no se ha podido saber por qué intermedio fueron incorporados al texto. Sin embargo, señor Presidente, entiendo que tanto éste como el siguiente son justos y, por eso, al menos quien habla, les va a dar su voto.

En estos artículos se hace referencia a los legisladores que ocupaban cargos políticos y de confianza en funciones a la fecha del motín militar de 1973. Parece de toda justicia que a los efectos jubilatorios se les tenga en cuenta el tiempo de su mandato que no pudieron trabajar porque habían sido disueltos los órganos que integraban. Eso es lo que se establece en el primero de estos artículos. El siguiente determina la manera en que deberán pagarse las jubilaciones que le correspondan, en virtud de que habiendo cambiado el monto original, porque varió el tiempo de servicios prestados, se hace necesaria una rectificación. Corresponde, entonces, tener en cuenta los aumentos decretados para hacer un cálculo justo, ya que esas son las condiciones naturales derivadas del hecho de que se le computen más años de servicio.

Cabe señalar que estos dos artículos son perfectamente constitucionales y reparan una situación que afecta, también, a los causahabientes de los legisladores de la época.

De manera que me parece que lo más justo es que se voten, porque en la actualidad no se les reconoce esa situación en el Banco de Previsión Social.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: me voy a dirigir especialmente al señor senador Cigliuti para formularle una consulta, aunque sé que eso no es del todo reglamentario. Si se contestara mi pregunta en un determinado sentido, tendríamos que pedir permiso para votar esta norma.

¿Este artículo implica que quienes no estuvimos acogidos a la jubilación durante esos años podremos computarlos el día en que nos toque presentarnos ante el Banco de Previsión Social? Si así fuera, no podríamos votar esta norma sin autorización del Senado, dado que afecta una situación personal.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que esta norma es de aplicación para los actuales jubilados.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: considero que estas dos normas son de total y absoluta justicia.

Los ex legisladores deberían haber estado amparados por la Ley Nº 15.783. Sin embargo, un aspecto puramente formal, la condición de no dependientes, determinó una resolución administrativa de la Caja que impidió que se cumpliera con lo que era un objetivo de carácter general y, además, justo.

En atención a que integré la Legislatura que fuera clausurada por acto de la dictadura el 27 de junio de 1973, me siento de alguna manera comprendido o amparado por esta norma. En consecuencia, solicito autorización para abstenerme de votar esta disposición; en caso contrario, tendría que retirarme de Sala.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: comprendo la actitud de delicadeza que han planteado algunos señores senadores, pero hay que hacer notar que las disposiciones legales de esta naturaleza, o de otra, no pueden ser aprobadas sino por esta vía. Además, esto tiene carácter de generalidad.

En lo que me es personal, también integraba la legislatura que quedó interrumpida, aunque me encontraba en situación algo distinta a la de los señores senadores que se han ocupado del tema, porque ya tenía largamente configurada la causal completa -por razones que no viene al caso examinar ahora- antes del 27 de junio de 1973. Por lo tanto esto no me agregaría nada, pero aunque lo hiciera, hay un hecho real: la dictadura interrumpió una legislatura; quienes la integrábamos habíamos sido electos hasta el 15 de febrero de 1977, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. En consecuencia, a los efectos del reconocimiento y de la modificación jubilatoria, estimo que lo dispuesto en este artículo es absolutamente ajustado.

De manera que, en ese aspecto, señor Presidente, creo que deben ser habilitados a participar en la decisión de este artículo todos los señores senadores.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Corroborando lo expresado por el señor senador Rodríguez Camusso, debo decir que si se planteara una incompatibilidad, esta sería la misma que cuando se votan los sueldos de los legisladores después de las elecciones. Todos los que hubieran resultado reelectos no podrían votar los sueldos para la nueva legislatura. Sin embargo, eso no ocurre así puesto que los votan aunque les afecta directamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 565.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 566.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 567.

Este artículo dice: "Los demás ex titulares de los cargos mencionados". A primera lectura no se sabe quiénes son.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - La frase implica que se trata de los demás ex titulares de cargos de representantes y senadores que no actuaban durante la legislatura iniciada en 1972. Son los que se jubilaron mal.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Entonces, ¿cómo se les va a computar?

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Me parece que por esta norma se extiende el justo derecho que se otorga a quienes fueron desplazados por el golpe de Estado, a personas que habían terminado su legislatura normalmente. Me parece una enormidad y, por lo tanto, no voy a votar esta disposición.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Me parece que una enormidad no es, porque, desde el punto de vista real, a los legisladores y ex legisladores que prestaron servicios durante años les fue retaceado el cómputo y el monto jubilatorio por leyes del gobierno de facto.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Apoyado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Esa es la razón por la que ahora tienen sus haberes liquidados en forma ínfima, mucho menos importante que la de otros funcionarios públicos de menor jerarquía. Además, no se trata sólo de legisladores, sino también de otros funcionarios de confianza. Por ejemplo, hay funcionarios que desempeñaban cargos políticos y, también, magistrados que perciben jubilaciones menores que las de otros magistrados que desempeñaban cargos inferiores.

Por eso no creo que esta norma sea injusta. No sé si tiene todas las características que debería poseer desde el punto de vista legislativo o constitucional, pero, reitero, injusta no es porque tiende a reparar, precisamente, una injusticia.

SEÑOR ORTIZ. - Apoyado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Es posible que se configure alguna situación de injusticia por los mecanismos jubilatorios derogados por la dictadura. En todo caso, si ello ocurre, vamos a estudiar este aspecto a través de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo; pero con tranquilidad, no resolviéndolo en un minuto, y con un texto que lo volvamos inteligible.

Estoy de acuerdo en que se presente un proyecto de ley, se estudie con el tiempo debido y se solucionen los problemas que haya, pero no ahora y al barrer.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con el sentido que ha explicado el señor senador Cigliuti y para que la correcta interpretación, en caso de votarse afirmativamente la disposición, sea ésta, manifestamos que la vamos a votar, habilitando, de esta manera, a los ex legisladores que se vieron perjudicados por las normas aprobadas durante el gobierno de facto a que puedan reliquidar de la misma forma sus haberes. Sé que la mención no es exacta, pero si su sentido es ése, voy a votarlo afirmativamente.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Creo que en este momento estamos tratando una ley de jubilaciones. Me parece absolutamente inconveniente, por más justo que ello sea para los ex legisladores, no tener la oportunidad de compararlo con lo sucedido con el resto de los jubilados, quienes también se vieron afectados durante el período dictatorial.

Si se trata de empezar a hacer justicia, creo que el peor camino que podemos elegir es comenzar por aplicarla a los ex legisladores.

Recalco, además, que la oportunidad de discutir este tema en este momento, ya que nos hallamos en plena discusión de lo que tiene que ser el sistema jubilatorio. Es un absurdo resolver esta situación por medio de un proyecto de Rendición de Cuentas, cuando en pocos días más estaremos analizando una ley sobre jubilaciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Debo señalar que no voy a votar el artículo 567 porque, en definitiva, lo que expresa es que quienes eran titulares de los cargos mencionados en los artículos anteriores, pero que finalizaron su mandato mucho antes del golpe de Estado, tendrán un ajuste de las asignaciones, tomando en cuenta lo que establece el artículo 566. Considero que eso no tiene una explicación adecuada, por lo que me sumo a los que creen que sí tiene algún fundamento, debe aclararse y dar mérito a una ley por separado.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Quiero señalar que no se comprende debidamente el alcance del artículo 567, sobre todo cuando se refiere a "los demás ex titulares". No entendemos bien cuáles son, porque en las normas precedentes están comprendidos todos los casos a los que se refiere la ley.

Me parece muy importante mencionar que esta no es más que una norma jubilatoria por la que se aplica la ley de reposición de destituidos a un grupo de funcionarios públicos que no pudieron acceder a la situación -que fue la más detonante, debido a la supresión de la legislatura- por una circunstancia meramente formal de una interpretación. De manera que no es, como se ha dicho, una ley jubilatoria, sino que refiere a restituciones. Es decir que es la extensión de la Ley Nº 15.783 que daba amparo a todos los destituidos por la dictadura. Para reforma de cédula, damos amparo a un grupo de funcionarios públicos que por una razón formal no lograron ese derecho, en los mismos términos que el resto del funcionariado.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Ante esta disposición tengo una sensación de duda que no me es habitual. Por un lado, es exacto que la disposición es confusa; y también es cierto que hace aplicable un régimen de ajuste de la pasividad por el cómputo de un período de tiempo en que las personas de que se trata nunca hubieran podido desempeñar esos cargos.

No me resulta aceptable el argumento de que es una disposición jubilatoria y que no podemos votarla aquí, porque esta noche hemos aprobado dos: el artículo 551, con una enorme mayoría, que refiere a materia jubilatoria, y el artículo 555 que se votó dos veces negativamente, a pesar de la reconsideración que solicitó el señor senador Batalla y que muchos la votamos por entender que era una norma justa. Pero, en ese momento, no se hizo el argumento de que se trataba de una materia jubilatoria y que tendríamos que esperar, por ello, la ley que sobre tal materia vamos a tratar dentro de unos días.

Por otra parte, las últimas expresiones del señor senador Tourné son exactas. O sea que, en la ley de destituidos, se dieron beneficios jubilatorios a la generalidad de las personas que habían sido perjudicadas por la dictadura. Pero los ex legisladores quedaron al margen de esos beneficios. La verdad es que pensamos que no integraban el Parlamento cuando éste fue disuelto, en 1973, contaban con muchísimos años de servicios distinguidos, prestados al Estado, y hoy están percibiendo pasividades que constituyen una vergüenza.

Por consiguiente, aunque el punto me resulta dudoso, voy a dar mi voto afirmativo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: todos los artículos que hemos estado considerando llegaron a la Mesa a través de miembros de la Comisión.

Por ejemplo, somos responsables de los artículos 568 y 569, que se van a votar más tarde, pero no del artículo 567 ni de los anteriores, aunque firmé junto con el señor senador García Costa su iniciativa, habida cuenta de su arremetida contra el Ministerio de Turismo.

Más tarde, también firmó con él la arremetida contra el LATU, para emparejar, siendo invitado luego a desembarcarme, lo cual hice.

Pienso que le asiste razón a los señores senadores que manifiestan que esta disposición no se puede tratar aquí. Cuando decimos "los demás ex titulares de los cargos mencionados" estamos haciendo referencia a cientos de personas, a quienes sin saber cuándo, cuánto ni lo que significa para el erario público les estamos dando condiciones para modificar sus pasividades.

Es bien sabido que una Comisión del Senado está discutiendo un proyecto de ley jubilatorio. Los integrantes del equipo económico han estado asistiendo a sus reuniones a los efectos de dar cuenta de la magnitud de las obligaciones financieras que el actual sistema genera sobre el país, no ya sobre un gobierno de determinado partido, y son de una trascendencia que quizás va más allá de toda posibilidad de ser administrada con los recursos que posee la Nación.

Creo que extender un beneficio a todo el mundo con efecto retroactivo, antes de que se produjeran los hechos que determinaron que se aplicaran las disposiciones de los artículos 565 y 566, más allá de que sea o no constitucional -y acá nos hallamos ante una duda con respecto a la constitucionalidad- significa modificar todas las situaciones.

Por otra parte, nos referimos a "los demás ex titulares". Comprendo que muchas personas se jubilaron en los años 1961, 1957, 1962, 1967 ó 1970 y que el sistema jubilatorio no los benefició adecuadamente, como ocurrió con otras. Por consiguiente, ellas necesitan una actualización de sus pasividades.

Pero esas personas han recibido las mismas adecuaciones porcentuales que todas las demás del país. Les estamos haciendo una modificación particular y especial, reducida a un grupo determinado. Sabemos cuáles son, pero no cuántas; ni cuál es el monto que va a exigirle a la Tesorería este tipo de obligaciones que le creamos al barrer por el artículo 567.

Quiere decir, señor Presidente, que más allá de otras consideraciones, éstas son suficientes para llevarme a votar en contra el artículo 567.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Comparto las afirmaciones del señor senador Batlle, pero me asalta el temor en el sentido de que estamos votando demasiadas concesiones en materia jubilatoria y no me es ajeno el juicio de la opinión pública que, en otro momento de la vida del país, se posó sobre el Parlamento, naturalmente, en otras circunstancias, épocas y motivos.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RONDAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo, señor Presidente, puntualizar dos aspectos.

Primero, que estos artículos entraron en la Comisión no sabemos con la responsabilidad de quién. La mía, al menos, no. El único artículo que presenté -además del referido al Banco Hipotecario que ya votamos con otra redacción- es el último, al que, en su oportunidad, explicaré y votaré. Este artículo y el anterior que ya votamos no tiene firma. De manera que no se sabe si fue un miembro de la Comisión quien los presentó.

Por otra parte, este artículo que está en discusión -y que todavía no se ha votado- no tiene efecto retroactivo porque dice una cosa diferente. El mismo expresa que tendrán efecto las reliquidaciones a partir de la promulgación de la presente ley. Todo lo atrasado no se paga; se abona de aquí en adelante.

Además, no creo que sean cientos; hasta donde puedo saber, cuando mucho, se trata de un par de cientos.

En último término, señor Presidente, debo expresar que fui sorprendido cuando nos llegó este repartido -como los demás señores senadores- puesto que no esperábamos que esta disposición estuviera incluida en el texto de la Rendición de Cuentas. No creo que ella no se pueda tratar y votar -eso es otra cosa- porque la norma me parece justa. Es posible que las consecuencias de esta disposición -si se votara- beneficiarían a muchas personas que lo merecen, porque tenían un régimen jubilatorio de una categoría especial de la que fueron privados por un acto de la dictadura militar.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 567.

(Se vota:)

-11 en 29. Negativa.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Quiero dejar constancia, señor Presidente, que voté negativamente los artículos 566 y 567.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 568.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - El responsable de los artículos 568 y 569, señor Presidente, soy yo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Varias veces, señor Presidente, se ha deslizado una referencia como que estos artículos están referidos en función de alguna circunstancia ignota; pero la Comisión resolvió -y los señores secretarios procedieron de acuerdo a ello- incorporar, sin tratamiento, todas las disposiciones que habían llegado a la Mesa. Expreso esto, porque quiero salvaguardar un poco la tarea de quienes no puedan hablar, pero que nada tienen de responsabilidad sino la de haber cumplido la decisión de la Comisión, que habrá sido correcta o no.

La Comisión resolvió que se incorporara al final todas las disposiciones entradas a la Mesa de la Comisión integrada, aunque no hubieran recibido tratamiento por parte de la misma.

Esas son las razones por las cuales estas disposiciones están aquí; si hubo un error, es de la Comisión.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Efectivamente, señor Presidente, se procedió así, estableciéndose que los artículos aplazados, que no se habían considerado, se incorporaran tal como habían venido de la Cámara de Representantes. También se determinó que todos los artículos que los señores senadores fueran acercando a la Secretaría, se incluyeran.

Por ejemplo, luego de haber consultado al señor senador Rodríguez Camusso, incorporé a la disposición referida a DICOSE, un inciso final en el cual facultaba al Ministerio de Economía y Finanzas a ser uno de los beneficiarios del conocimiento de la información.

Luego firmé con el señor senador García Costa el artículo referido al LATU e incorporé los artículos 568 y 569. El 569 lo incluí a solicitud del señor subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Mosca, que voy a explicar de qué se trata. El 568 lo incorporé en función de una inquietud mía. Recogí la información en los medios correspondientes y le manifesté dicha inquietud al señor Ministro de Economía y Finanzas y al señor Director de Planeamiento y Presupuesto.

Bien es sabido, señor Presidente, el enorme número de reclamaciones que se están llevando contra el Estado, al amparo de las normas que declaran los derechos de los funcionarios beneficiados por la disposición legal número 15.783. Tengo entendido que aunque no se haya expresado así, estuvo en el ánimo del Poder Legislativo -cuando se sancionaron las normas de la referida ley- reparar determinadas situaciones. A través de esa ley le dábamos, a quien había sido perjudicado de alguna forma, su reincorporación a la carrera administrativa y otros beneficios de los que había sido privado, como compensación de lo mucho que había sufrido material y moralmente durante los años en que no se le permitió trabajar y, más que eso, por verse impedido a ejercer su derecho a expresarse en libertad o por haber tenido que exiliarse o sufrir cárcel.

En ese sentido, el país fue muy generoso y, además, en esa generosidad estaba obligada moralmente toda la sociedad uruguaya.

A raíz de esta circunstancia, señor Presidente, un conjunto muy crecido de personas se ha ido preentando a los Tribunales competentes para hacer reclamaciones por daños morales y perjuicios -algunas de ellas han comenzado a ser falladas- que suponen, multiplicado ese número por la cantidad promedio que evidentemente va a reclamar, de acuerdo a lo que es la experiencia de algunos expedientes ya finalizados, cientos de millones de dólares de perjuicio para la sociedad y una situación financiera muy grave.

Desde el punto de vista de cada persona, esto se ve de determinada manera; pero desde el de la comunidad, de la cual esa misma persona forma parte, se tiene que ver de otra.

Pienso que está bien que el país haya hecho el esfuerzo de restituirlos, de reincorporarlos, de darles todas las reparaciones normales que se le deben dar en cuanto a ascensos, sueldos perdidos, etcétera, pero también debo decir que la República no está en condiciones de hacer ese tremendo esfuerzo financiero que supone que cientos o miles de personas, luego de que se hayan abierto brechas a través de determinados fallos, puedan presentarse a hacer este tipo de reclamaciones que, a la postre, se van a transformar en una verdadera exigencia financiera para el erario, la que va a ir más allá de toda posibilidad de pago y que, seguramente, no ha sido lo deseado por el Cuerpo ni la voluntad de la ciudadanía.

Cuando votamos la ley sobre la restitución de los destituidos, nunca nos imaginamos que esto podría significarle al país un gravamen financiero de tal magnitud y naturaleza. En virtud de ello, me he atrevido a incorporar esta norma, ya que entiendo que a nadie estamos retaceando sus derechos, pues les hemos devuelto su condición de funcionarios públicos y reconocido sus derechos tanto al ascenso como a todos aquellos de carácter pecuniario.

Sin embargo, pienso que debemos delimitar todo esto ya que, de lo contrario, un día nos encontraremos con que el Tesoro tendrá que realizar tremendas erogaciones a fin de cumplir con todas las obligaciones determinadas por las sentencias de carácter judicial, lo cual va a tener graves consecuencias para la situación financiera que sobrevendrá.

Todo lo expresado se suma a obligaciones existentes desde que el país ha reincorporado, por esta vía, a casi diez mil funcionarios, para lo cual debió hacer un esfuerzo muy grande.

En momentos en que afirmábamos públicamente la imposibilidad de reincorporar más funcionarios a la Administración, se envió con sanción de la Cámara de Representantes, un proyecto en el sentido de impedir nuevas designaciones. En esa oportunidad fuimos contestes en que tal criterio debía extenderse también al Tribunal de Cuentas, a la Suprema Corte de Justicia y a los organismos integrantes del artículo 220 de la Constitución. Sin embargo, se entendió que, por disposición constitucional, esta iniciativa no se podía incorporar, aunque todos reconocimos su necesidad.

Si tenemos en cuenta que se han reincorporado diez mil funcionarios y que todavía existen diez mil solicitudes más de reincorporación -parecería que los destituidos de la dictadura suman alrededor de veinte mil- y si a ello agregamos los juicios que están en trámite, es evidente que el país no se encuentra en condiciones de afrontar esta situación.

En virtud de ello, he estimado oportuno solicitar al Cuerpo que considere y apruebe el presente artículo porque es una norma que traerá cierta tranquilidad, a la vez que será una verdadera salvaguarda de los recursos de la comunidad, la que está realizando un gran sacrificio en pos de restablecer los derechos de los ciudadanos lesionados por el gobierno militar.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: simplemente deseo hacer ciertas observaciones y formular algunas preguntas sobre el tema.

En primer lugar, la información que manejamos no coincide, ni en el número de juicios, ni en el importe que de esos juicios podrían derivarse, con las cifras manejadas por el señor senador Batlle.

En segundo término, en virtud de la redacción de este artículo se van a ver afectados derechos adquiridos, en algunos casos, antes de la aprobación de la mencionada Ley de Destituidos. Incluso, se van a lesionar derechos obtenidos a través de fallos dictados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya en la épcoa de la dictadura, los que todavía no se han hecho efectivos.

Además, pienso que la redacción del artículo tiene una generalidad que, a mi juicio, no corresponde a las normas de Derecho vigentes. Por otra parte, me parece que sería una mala actitud la que tomaría el Parlamento al decir a aquellos ciudadanos que ganaron un juicio que por una ley se van a cambiar las reglas del juego y, por lo tanto, los juicios ganados se van a perder.

Incluso, existen resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que obligan a restituir a determinados funcionarios que, de hecho, aún no lo han sido. Pienso que dichas personas tienen todo el derecho a cobrar por todo ese tiempo en que la Administración desconoció los fallos del propio Tribunal.

En fin, podría resumir mi posición en tres líneas fundamentales. En primer término, pienso que se parte de bases que no compartimos en cuanto a los montos y a la cantidad de juicios en trámite; en segundo lugar, opino que a esto se le da una amplitud que nunca puede tener y, por último, considero que se están lesionando derechos de ciudadanos que en este momento se están estudiando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: comparto lo expresado por el señor senador Batlle referente al grave problema financiero que esta situación le crea al Estado. Creo que ello es exacto; y los casos notorios que han sido difundidos por la prensa lo ponen de manifiesto.

Sin embargo, no considero que el problema se resuelva por esta vía si es que, de verdad, los que se encuentran en esa situación desean obtener del Estado una abultada reparación.

No creo que el problema derive de la Ley de Destituidos. Ello no se debe a que el Estado haya decidido, a través de esa ley, reponer en sus puestos de trabajo a quienes fueron perseguidos por la dictadura y separados arbitrariamente de sus cargos por razones políticas. Aunque esa ley no hubiera sido dictada, esas personas tendrían derecho a accionar a fin de pedir una reparación por los perjuicios sufridos. El artículo 24 de la Constitución dice: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestion o dirección". Esta norma es general y no reconoce ninguna limitación en el quántum, ni de carácter temporal.

Cuando voté la ley de destituidos, lo hice dejando constancia de que estaba convencido de que algunas de sus disposiciones eran claramente inconstitucionales y me refería, expresamente, a aquella que decía que los perjuicios se limitaban a una reparación hasta el 1º de marzo de 1985, por cuya causa lo que había ocurrido antes no era reparable.

En ese momento voté afirmativamente, porque la modificación de la ley de destituidos, con el texto que venía de la Cámara de Representantes, habría significado la vuelta del proyecto a dicha Cámara y, con ello, una nueva dilatoria al proceso ya bastante largo -de ocho a nueve meses- que había insumido la tramitación de esta ley en la misma, cuando había miles de personas que estaban esperando su sanción.

Creo que esta norma reincide en ese vicio de carácter constitucional, ya que pretende limitar el derecho a una reparación que, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, es ilimitado, sin más vallas en su contenido que las que surgen de los principios generales del Derecho Administrativo en materia de reparación por los hechos y actos ilícitos del Estado.

Por lo demás, de las propias palabras del señor senador Batlle se desprende que lo que se persigue es determinar cuál va a ser el contenido de las sentencias que habrán de pronunciarse -no creo que sea en miles de juicios, tal como parece resultar de sus palabras- en una cierta cantidad de juicios que se están llevando adelante contra el Estado, por la acción de algunos particulares perjudicados por la dictadura.

En consecuencia, pienso que caemos en el mismo vicio que critiqué antes, cuando no voté el artículo 531.

Cuando el Poder Judicial actúa, la ley no puede salir en defensa del Estado, que es el demandado, diciendo cuál ha de ser el contenido de la sentencia, ya que, de ser así, nadie litigaría contra el Estado. Este, de lo contrario, es un litigante privilegiado que cuando tiene un juicio en su contra, dicta una ley diciendo que no se puede fallar en contra de él, más que hasta donde él lo admita.

Realmente eso es inadmisible y lesiona la separación de poderes.

Pero digo, además, que si bien es cierto que se corren serios riesgos de que el Estado tenga que pagar reparaciones altas en una cantidad de juicios, creando un problema financiero de difícil solución, si yo fuera litigante contra el Estado y me viera limitado por esta norma, interpondría la defensa de inconstitucionalidad en forma inmediata. Por otra parte, el juez la puede plantear de oficio ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no creo que resolvamos el problema dictando esta norma, porque en nuestro sistema jurídico las leyes inconstitucionales se declaran tales por la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: todas las consideraciones de carácter jurídico que ha hecho el señor senador Aguirre son serias y admisibles, pero debo decir que cuando se dictan disposiciones de esta naturaleza, se piensa en una sociedad que vive en una situación de normalidad y no en que 20.000 personas pueden concurrir, con derecho, a hacer una reclamación de este tipo. Esa es la diferencia de la situación, que proviene de la excepcionalidad en la que ha vivido el país.

En este momento, el Uruguay está haciendo un esfuerzo pecuniario muy importante para resolver el problema de personas que han sufrido mucho, pero, también, las hay que no han sufrido ni mucho ni poco, no han sufrido nada, y que, igualmente, se han presentado a reclamar, consiguiendo no sólo la reposición sino que también ha percibido cuantiosas cantidades de dólares.

Digo que en este caso nos encontramos ante una situación excepcional y es en función de ello que formulo este planteo. Por supuesto que el Estado tiene responsabilidad y no se trata de que mañana los jueces o los particulares no puedan solicitar el recurso de inconstitucionalidad en virtud de esta medida; pero aquí hay un hecho de carácter moral que va más allá de otras consideraciones: el esfuerzo que está realizando la sociedad uruguaya.

Se han dictado normas para lograr mayor rapidez en el análisis de los documentos presentados ante la Oficina del Servicio Civil o ante la comisión que se ha constituido al efecto por quienes se sienten amparados por la Ley Nº 15.783 y se dice que hay expedientes que tardarán años en ser dilucidados de acuerdo a los mecanismos que tiene dicha Comisión. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se trata de 4.000, 7.000 ó 10.000 expedientes sino de 20.000, y todos los días recibimos la visita de una cantidad creciente e importante de ciudadanos que alegan poder demostrar que debieron jubilarse por ser presionados por sus superiores. En ocasiones, se trata de ciudadanos que, muchas veces, durante los años en que recorríamos el país tratando de actuar contra la dictadura, cruzaban la calle y no nos saludaban.

(Apoyados)

-Entonces, digo que no estamos ante una situación meramente jurídica, sino que es real. Los uruguayos están realizando un enorme esfuerzo y lo continuarán realizando, porque ya se han reincorporado 10.000 personas y seguramente se reincorporarán 5.000, 7.000 u 8.000 más. Pienso que si antes de votar la ley hubiéramos sabido que además de restablecer un derecho justo abriríamos un camino por el que el país tendría que pagar tales cantidades, lo hubiéramos pensado más de una vez. En aquel momento, en virtud de la situación económica del país, no hubiéramos aprobado esa ley; ahora que el país se encuentra en una situación algo mejor, pensamos que lo puede hacer o que no será tan gravoso. Pero creo que no se trata de cuantificar cuán gravoso es hoy o puede ser mañana. Esa es la razón por la que he incorporado esta norma.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Naturalmente, el tema daría lugar a largas conversaciones, lo cual no podemos hacer; sin embargo, creo que sería conveniente formular algunas precisiones.

Se ha invocado el artículo 24 de la Constitución de la República, pero esto deriva, precisamente, del hecho de que en determinado momento no rigió en el país nuestra Carta Magna. Si ese fuera el sistema, nada podríamos hacer, porque durante ese período el mencionado artículo fue avasallado, porque no existía Constitución. Cuando se habla del Estado, de los Gobiernos Departamentales, etcétera, ¿a cuáles se hace referencia? ¿A los del gobierno de facto? Entonces, debería traérsele, para hacerlo responsable por sus errores, pero estamos en otro momento.

SEÑOR AGUIRRE. - Con ese criterio, tampoco tendríamos que pagar la deuda externa, porque en ella incurrió el gobierno de facto.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creo que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: si no podemos legislar en esta materia, ¿por qué aprobamos la Ley número 15.783? ¿A mayor abundamiento? ¿Como un agregado? ¿Como un aditamento a lo que ya era un derecho adquirido? El ciudadano que fue objeto de despojo ya tenía el derecho constituido y pudo haber ido -y aún puede hacerlo- al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obtener una reparación pecuniaria importante por el daño moral. Entonces, ¿por qué votamos la mencionada ley? ¿Para añadirle algo más, a fin de que, además de cobrar, tuviera las reparaciones que consiga dicha ley? Sinceramente no entiendo, señor Presidente. Aunque tal vez no haya sido expresado por ninguno de nosotros, creo que votamos la Ley Nº 15.783 porque entendíamos que era el método por el cual reparábamos una situación de profunda injusticia, pero no como un aditamento a algo que ya era ineluctable, porque ya estuviera determinada una reparación cierta, firme, imposible de modificar.

Por otra parte, el estado por el que no podemos legislar determinando límites a la cuantía de los daños, no existe en el Derecho. El Derecho Penal sí tiene algunas especificaciones en materia de retroactividad, pero el Derecho Civil no. No sé mucho de Derecho y puedo equivocarme, pero estaba hojeando el Código Civil -que sabemos que es el que nos sirve de referencia porque es el más conexo al tema- y he encontrado el arículo 2391, que establece: "Todos los asuntos pendientes" -naturalmente, en el momento de la sanción del Código- "en que no haya recaído una sentencia sobre el fondo, a la época en que este Código se hizo obligatorio, serán juzgados por sus disposiciones..." O sea que no se juzgarán por las que regían en el momento en que éste se aprobó. Quizá haya habido gente que perdió, con esta disposición, alguna eventual reclamación que tenía pendiente, pero el Código lo estableció así. Pero el mismo artículo agrega: -y este es un concepto de Derecho que no estoy inventando, porque está en el Código Civil, que bien sabemos que tampoco fue inventado estrictamente por el señor Tristán Narvaja- "aunque haya mediado sentencia, si ésta no se funda en ley o jurisprudencia práctica en los términos del artículo 1187 y no causa ejecutoria, prevalecerán también las disposiciones del Código". Ese es el sistema del Derecho Civil y a nadie le puede asombrar. Entonces, señor Presidente, creo que es posible establecer lo que se propone, porque, si no, estamos enfrentando un sistema insólito, ya que tenemos la Ley Nº 15.783 más todos los derechos previos, con lo que hemos multiplicado derechos -y digo esto más allá de la mejor intención- logrando sumar reparaciones en lugar de conseguir un tipo de reparación correcta que iguale a los individuos frente a la ley. Si bien la reparación no puede ser suficiente, en virtud de todo lo que se hizo, por lo menos tenemos una norma que permite la reparación, para que la sociedad uruguaya no sea una víctima de las propias víctimas.

Así vamos a terminar, porque esto no termina, si se empieza a abrir camino a una jurisprudencia que es incipiente, pero todos sabemos que basta con que se empiece a desarrollar para que se transforme en una verdadera avalancha.

Nada más.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: quisiera que de alguna manera pudiera delimitarse con la mayor precisión posible el campo dentro del cual funcionaría esta norma que lleva el número 568.

Creo que hay que distinguir dos tipos de situaciones: la de los funcionairos que con posterioridad al dictado de esta ley del mes de noviembre, y amparados en ella, han comenzado las gestiones correspondientes ante la Administración o lo han hecho directamente ante la autoridad correspondiente; y quienes han obtenido su reincorporación a la Administración o la reforma de sus cédulas, o están en lista de espera, es decir, todas las situaciones planteadas dentro de la Ley Nº 15.783.

La Ley Nº 15.783 dice, en su artículo 45, que quienes se amparen o hayan iniciado las gestiones en virtud de dicha ley, no gozarán de otros derechos, reparaciones ni beneficios que los consagrados en la norma. De manera que si es para las reparaciones de la Ley Nº 15.783, esta norma volvería a reiterar, en otros términos, lo que la propia ley establece: que el reconocimiento en virtud de la ley no habilita otro género de compensación que la que surge de la propia ley: o sea, reincorporarse a la Administración y percibir los haberes a partir del 1º de marzo de 1985 o, en su caso, reformar la cédula y con ésta recibir los haberes de jubilación que le corresponde.

Pero hay otros casos. Supongamos los funcionarios que en el año 1982, 1983, 1984 y 1985, antes del advenimiento de esta ley, hubieran iniciado las reclamaciones patrimoniales con gestiones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se encuentren tramitando ante la Justicia Ordinaria una reparación patrimonial no por la Ley Nº 15.783, pero dentro de causales, es decir, por haber sido destituidos arbitrariamente. Son reclamaciones basadas en las leyes y la Constitución de la República, difíciles de encontrar pero que debemos admitir existen.

Esos casos ¿los entramos ahora arbitrariamente? ¿Los entramos en las pautas fijadas? ¿No tienen derecho a reclamar un juicio del año 1976 ó 1978 que aún no se haya fallado o que esté esperando se le abone una sentencia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconoció como derecho, y luego la reparación patrimonial que los jueces hayan establecido? ¿Esos no tienen derecho? ¿O se los cancelamos y los incorporamos a la Ley número 15.783?

Si se trata de ratificar la decisión del alcance de la Ley Nº 15.783, acompaño la proposición presentada por el señor senador Batlle; pero si de lo que se trata es de que de alguna manera frustremos un derecho legítimamente incorporado no en virtud de la Ley Nº 15.783, sino de las disposiciones y normativas constitucionales y legales existentes en el país sobre reclamaciones formuladas ante la Justicia, sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Justicia Ordinaria, ya el problema es de otra magnitud. Se trataría de coartar el ejercicio de un derecho constitucional y legal por la vía de la ley.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Estoy de acuerdo con lo que expresa el señor senador Tourné; por eso el artículo se refiere solamente a funcionarios públicos cuyas destituciones, cesantías o privaciones en determinado lapso, por motivos políticos, ideológicos, etcétera "hayan sido declaradas nulas". Es decir que son las que están dentro de la Ley Nº 15.783.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - No están sólo esas. Lo de la Ley Nº 15.783 es un proceso distinto. Pero a un funcionario que fue destituido en 1978 por un acto político arbitrario que tiene el carácter de una persecución, que tuvo el coraje de quedarse en el país y formalizar el planteo dentro de los plazos, que fue puesto en la lista de disponibilidad o destituido, y tiene sus reclamaciones todavía pendientes ante la Justicia Ordinaria, ¿no le reconocemos derecho? ¿Lo que está dentro del funcionamiento de la Constitución y de la ley lo vamos a incorporar a este sistema en que impedimos que los actos de dcisión funcionales que reconozcan esos derechos al margen de la Ley Nº 15.783 produzcan sus plenos efectos? A esos extremos no llego, señor Presidente. Limitaría, sí, aquellas situaciones emergentes de la Ley Nº 15.783, de modo que no exista otro tipo de reclamación que las que prevé dicha ley, si es que hubiera estado oscuro el alcance del artículo 45 de dicha disposición legal, que dice que quienes se amparen en esta ley no tienen otro derecho económico y patrimonial que las reparaciones y derechos previstos en la propia norma. De manera que no se puede presentar una persona diciendo que le restituyeron el cargo pero que, además, sufrió perjuicios morales y, por tanto, deduce una reclamación ante la Justicia Ordinaria, porque eso lo impide el arículo 45 de la Ley Nº 15.783.

Si no queda claro, lo que expreso, acompaño la disposición; pero si su objetivo es vedar el camino de quienes reclamaron fuera de la Ley Nº 15.783 en ese largo período que va entre 1973 y 1985, es diferente. Si limitamos los casos de la Ley Nº 15.783, acompaño con mi voto la proposición del señor senador Batlle. Y si ése es el alcance, creo que habría que hacer una pequeña modificación al texto para dejarlo aclarado.

La Ley Nº 15.783 no sólo comprende los casos del 9 de febrero, sino que se extiende al año 1968. Así que estrictamente vamos a poner la misma fecha inicial que fija la Ley Nº 15.783, que es el año 68 en adelante.

SEÑOR BATLLE. - Lo limitamos nada más que al 23 de febrero, a fin de no comprender a las personas a que se refiere el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Pero es que puede surgir una nueva interpretación: que ahora hemos dictado una ley interpretativa de la número 15.783 y a los que se amparan por razones arbitrarias anteriores al 9 de febrero de 1973, les quitamos el derecho.

¿Por qué no establecemos la misma fecha y la correspondencia con la ley?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una cuestión de orden tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En realidad, son dos: la primera, proponer que se autorice a la Mesa a incluir en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión de hoy, los artículos aditivos -creo que son seis o siete- que han llegado a su poder con relación al artículo 10, en la eventualidad de que puedan no ser considerados.

La segunda es una consulta. Si llegan las 24 horas y no ha sido terminada la discusión de los artículos incluidos en el repartido, ¿qué criterio aplicaría la Mesa? Aunque tengo mi interpretación, dado el giro que está tomando el debate, considero que no es ociosa la pregunta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es una pregunta bastante difícil de contestar. Vamos a tratar de que no se plantee el caso práctico, pero la Mesa tiene la impresión de que no hay ley. De manera que lo razonable sería votar esos tres artículos que nos quedan, a fin de que la ley sea aprobada sin ninguna dificultad, porque una ley por la mitad no es ley.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Comparto el criterio del señor Presidente, pero me pareció pertinente que a esta altura quedara claro para todos los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del artículo 568.

Está en uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Si el alcance de la ley es como acaba de manifestar y corroborar el señor senador Batlle, yo ni siquiera cambiaría el texto, que acompañaría si es para los casos de la Ley Nº 15.783.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así quedará en la historia fidedigna de la ley.

Se va a votar el artículo 568.

(Se vota:)

-24 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 569.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - En el artículo 569 se cita la Ley Nº 15.890 que no aparece en el Repartido entre las normas citadas. Pienso que se trata de un error.

SEÑOR PRESIDENTE. - Está en el anexo, señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: la obligación de retener se cuenta por tres días corridos. Por ejemplo, una obligación de retener hecha el viernes, el lunes ha vencido y determina fundamentalmente para las cooperativas la posibilidad de incurrir en las obligaciones de la vía ejecutiva y de la mora. Por este motivo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado que la expresión "tres días corridos" se sustituya por "tres días hábiles". Se trata de la única modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 570 quedó excluido.

En consideración el artículo 571.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Presenté con mi firma este artículo en la Comisión. Se trata de funcionarios públicos que están comprendidos en la ley de destituidos. Sin embargo son funcionarios de la Junta Departamental de Montevideo que fueron expulsados por el gobierno anterior y que no son ahora reconocidos por la Junta actual. Por esa circunstancia no pueden reformar su cédula aquellos que están jubilados y los que no han podido jubilarse no tienen a dónde ir a trabajar porque están comprendidos por la edad entre los que pueden ser reincorporados.

El artículo se ha presentado con el propósito de corregir esta situación a los efectos de que esas personas sean consideradas como funcionarios públicos que están amparados por la ley y que tienen el derecho de ser reincorporados, en el caso de tener la edad requerida o el derecho de reformar su cédula jubilatoria.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - A propósito del tema de los combustibles hice llegar a la Mesa un artículo modificativo del 484.

Solicito que se lea, porque podría ser la solución constitucional a un problema tan importante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase la modificación propuesta por el señor senador Batlle.

(Se lee:)

"Agrégase al artículo 15 del Título X del Texto Ordenado 1987, el siguiente literal: E) gas oil y fuel oil."

-Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: como esos derivados de los combustibles no tienen tasa, de este modo se le aplicaría la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado, actitud que constitucionalmente podemos tomar. Al proceder de esta manera, más el impuesto rebajado del IMESI, se estaría encontrando un camino para resolver el problema.

No sé si existirá voluntad política del Partido Nacional y del Frente Amplio para acompañar esta medida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si existe voluntad política, la fórmula consistiría en incorporar ese inciso al artículo 481 y votar negativamente el 484, o sustituir el 484 por éste.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: deseo expresar, en nombre de algunos compañeros del Partido Nacional, que no vamos a votar esta norma.

Somos conscientes de la buena voluntad que han tenido las diferentes partes para tratar este problema, pero sigue presente la diferencia, no en materia de dinero, sino conceptual, relativa a quienes puede aplicarse la rebaja y el descuento eventual del impuesto.

Como podemos tratar este tema más adelante -creo que llegaremos a una solución- buscaremos la manera para encontrar una fórmula en el futuro. Sabemos, de acuerdo a las expresiones del señor senador Batlle, que el Poder Ejecutivo está dispuesto a realizar un sacrificio económico.

En consecuencia, señor Presidente, no lo vamos a acompañar con nuestro voto.

SEÑOR BATLLE. - Si no hay una manifiesta voluntad de encontrar una solución, que está al alcance de nuestra mano, retiro mi propuesta.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Solicito que se reconsidere el artículo 460.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud de reconsideración del artículo 460.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: no estuve presente en Sala en momentos de votarse el artículo 460, por lo cual considero que estoy omiso en el cumplimiento del deber.

Las autoridades del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay me han solicitado que se lo incluya entre las Subvenciones Eventuales. Esta entidad tiene más de 100 años de existencia y está desprovista de toda ayuda patrimonial por parte del Estado a los efectos de realizar sus publicaciones y toda su actividad.

La ayuda que se le prestaría sería N$ 1:000.000, en el caso de que la Tesorería disponga de fondos para ello.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el agregado de una mención, en la segunda parte del artículo, al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay por la suma de N$ 1:000.000, teniendo en cuenta las disponibilidades de Tesorería.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: cuando se consideró el tema del Inciso 23, relativo al Poder Judicial, el señor senador García Costa me indicó que si presentaba una moción concreta a los efectos de incorporar una norma para limitar la manera de designar para ocupar cargos administrativos y auxiliares de servicio en los organismos del 220, existiría voluntad política de acompañar esa limitación.

En ese sentido, a primera hora, procedí a entregar una copia al señor senador García Costa y no sé si le llegó otra al señor senador Rodríguez Camusso.

Además, presenté un aditivo a la Mesa correspondiente a este Inciso. Solicitaría que se le dé lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el aditivo propuesto.

(Se lee:)

"La provisión de vacantes en los Escalafones C "Administrativo" y F "Servicios Auxiliares" en el Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, se realizará con personas que ya sean funcionarios públicos. Por resolución fundada y dando cuenta a la Asamblea General se podrán designar personas que no se encuentren en la situación del inciso precedente".

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el señor senador Ortiz me sugirió, lo que me pareció correcto, que las designaciones se realizaran luego de efectuados los ascensos, para que la incorporación sea en el último grado del Escalafón.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-24 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase otro aditivo propuesto.

(Se lee:)

"Regularízase a los abogados que revistaban en los cargos de la Secretaría de lo Contencioso Aduanero de la Dirección Nacional de Aduanas, al 1º de mayo de 1987, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de1986, con el agregado introducido por el artículo 5º de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986. Firman: Ortiz, Cersósimo y Rondán. Senadores."

-En consideración.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: a los tres senadores firmantes de este artículo aditivo, se nos entrevistó con el objeto de que tuviéramos conocimiento de que la Dirección Nacional de Aduanas había enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, en el Proyecto de Reestructura para esa Dirección, la regularización de los cargos de secretario de lo Contencioso Aduanero en el Escalafón "N", según se dispone en los artículos 41 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y 5º de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

En este momento, ese asunto se encuentra a resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero es conveniente hacer saber al Senado que los abogados comprendidos en esa disposición han consultado al catedrático de Derecho Administrativo, doctor Carlos Delpiazzo, quien, en conclusión, sostiene que tienen derecho a la regularización que se establece en el aditivo propuesto y extrae las siguientes conclusiones: "La Secretaría de lo Contencioso Aduanero tiene asignada una competencia que se desarrolla ejerciendo función jurisdiccional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley Nº 13.318 y sus modificaciones". Y agrega que los cargos correspondientes al Ejercicio de la función jurisdiccional han quedado incluidos en el Escalafón "N" de conformidad con la definición del artículo 41 de la Ley Nº 15.809, cualquiera sea la implantación institucional de los mismos, por lo que su alcance a la Dirección Nacional de Aduanas resulta indubitable y termina diciendo que no cabe duda de que debe operarse esa regularización.

Por las razones expuestas, hemos propuesto este artículo aditivo que entendemos es de estricta justicia y de perfecto recibo desde el punto de vista del derecho aplicable en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto por los señores senadores Ortiz, Cersósimo y Rondán.

(Se vota:)

-14 en 30. Negativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quizás algunos de los señores senadores no han reparado con la atención debida en la explicación brindada por el señor senador Cersósimo.

La fórmula en cuestión, en realidad, es reiterativa de una norma ya existente. Lo que se procura es levantar un obstáculo administrativo inexplicable en la aplicación de la norma que otorga un derecho que la disposición que no se votó favorablemente ratificaba.

Por otra parte, es una norma ya votada por este Parlamento. De lo que se trata es de ponerla en marcha, ratificándola de una manera indubitable.

Por lo expuesto, hemos acompañado el aditivo propuesto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

Léase otro artículo aditivo presentado.

(Se lee:)

"El Banco de Previsión Social y las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones, retendrán previa conformidad de los interesados, las cuotas sociales de los afiliados a la Confederación General Reivindicatoria de las Clases Pasivas a la Asociación de Jubilados de ANCAP y a la Coordinadora de Afiliados a la Seguridad Social, que no podrán ser superiores al 2% (dos por ciento) del tope mínimo de jubilación, vigente a la fecha de operarse el descuento.

Los montos recaudados se verterán, mes a mes, en las tesorerías de las respectivas asociaciones." (Firma:) Guillermo García Costa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-27 en 31. Afirmativa.

SEÑOR UBILLOS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. - Señor Presidente: antes de finalizar la consideración de este proyecto de Rendición de Cuentas, por razones de estricta justicia y como Presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, quiero destacar, muy complacido, la eficiencia y el sacrificio de los señores Secretarios que han trabajado en la Comisión, así como la labor del conjunto de funcionarios que los han acompañado.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase otro artículo aditivo presentado.

(Se lee:)

"El Fondo ‘Desarrollo de Modalidades de Juego’, previsto en el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.716, de fecha 6 de febrero de 1985, será distribuido de la siguiente manera:

a) El 36% (treinta y seis por ciento) para distribuir entre los funcionarios que de acuerdo a la reglamentación interna tengan derecho a ello, quedando incluidos el aguinaldo correspondiente y las cargas sociales patronales.

b) El 19% (diecinueve por ciento) para remuneraciones de horas extras y confronte de sorteos, así como sus correspondiente aguinaldos y cargas sociales patronales.

c) El 10% (diez por ciento) con destino a la capacitación y promoción social de sus recursos humanos.

d) El 35% (treinta y cinco por ciento) restante y los excedentes anuales de los literales a), b) y c) si los hubiere, se destinarán a financiar las necesidades físicas del servicio. (Firman:) A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore y Reinaldo Gargano. Senadores."

-En consideración.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: se trata de la redistribución de un fondo previsto en un decreto que el señor Presidente del Senado conoce muy bien, porque lo firmó como Presidente de la República en ejercicio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, no lo voy a votar. Creo que lo que está bien es el Decreto y no la modificación. Por otra parte, no puedo desdecirme en tan corto plazo.

SEÑOR SENATORE. - La modificación es la siguiente.

Del 45% que era para financiar las necesidades físicas del Servicio, se quita un 10% a los efectos de destinarlo a la capacitación y promoción social de los funcionarios.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: simplemente quiero solicitar a los proponentes del aditivo que expliciten un poco más el alcance del mismo. Ni siquiera se señala a qué funcionarios se hace referencia, ni a qué fondo de juego. No sabemos qué cambio implica ni por qué se alude a un decreto que firmó el señor Presidente.

Varios señores senadores deseamos saber qué alcance tiene esta disposición.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Se trata de un fondo de compensación de la Dirección de Loterías y Quinielas para distribuir entre los distintos órdenes que figuran en el Decreto; un 36% se destina a los funcionarios; un 19% a remuneraciones por horas extras y un 45% a financiar las necesidades físicas del Servicio.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pero no sabemos qué es lo que se modifica.

SEÑOR SENATORE. - El 45% se distribuye ahora de distinta manera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-6 en 30. Negativa.

Léase el próximo aditivo.

(Se lee:)

"Autorízase a la Dirección de Zonas Francas a contratar con Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Organismos Paraestatales o particulares en general, todos aquellos servicios que contribuyan a facilitar el desarrollo y eficiencia de su gestión. (Firman:) Juan R. Ferreira, Manuel Flores Silva y Alberto Zumarán. Senadores."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 30. Negativa.

Léase el último aditivo presentado.

(Se lee:)

"Agrégase al artículo 18 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 el inciso final siguiente: "El régimen de Fondos Sociales del presente capítulo será aplicable a los convenios que celebren las autoridades de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Entidades Paraestatales con los Sindicatos de sus funcionarios. (Firman:) A. Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano y Luis A. Senatore. Senadores."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-7 en 30. Negativa.

El artículo 572 es de trámite.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1986, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de N$ 38.612:293.200 (nuevos pesos treinta y ocho mil seiscientos doce millones doscientos noventa y tres mil doscientos) y un resultado deficitario total de N$ 41.701:216.200 (nuevos pesos cuarenta y un mil setecientos un millones doscientos dieciséis mil doscientos), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Art. 2º - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1988, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 4º - Los créditos establecidos en la presente ley para sueldos, gastos e inversiones, subsidios y subvenciones, son a valores del 1º de enero de 1987. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 5º - El ajuste de los créditos presupuestales por suministros dispuesto por el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciember de 1979, para el caso de la Dirección Nacional de Subsistencias, se efectuará en la forma prevista por el artículo 69 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, aplicando la variación del Indice General de los Precios del Consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos.

Art. 6º - Sustitúyese a partir de la promulgación de la presente ley, el artículo 76 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 76. - En los Incisos 02 al 26, los déficit que se originen por modificación de la paridad monetaria o por variación de los precios, en gastos de funcionamiento e inversión que se financien con Rentas Generales, serán de cargo del Tesoro Nacional, siempre que el ajuste de precios o pago en moneda extranjera, esté previsto en el respectivo contrato.

Esto será de aplicación en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de compromisos por los cuales se ha constituido la respectiva reserva de residuos pasivos, por el excedente no cubierto por dicha reserva.

b) Cuando se trate de reliquidaciones de gastos presentadas por el acreedor con posterioridad al cierre del Ejercicio.

c) Por las diferencias producidas entre el momento del compromiso del gasto y su pago para gastos de funcionamiento, o entre el momento de la emisión de la orden y su pago para gastos de inversiones, cuando los créditos resultaren insuficientes.

La erogación correspondiente será dispuesta por el Ministeio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación, y se atenderá con cargo a una partida estimativa en el Programa 001 del Inciso 24 "Diversos Créditos".

Derógase el artículo 113 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981".

Art. 7º - Sustitúyese a partir de la promulgación de la presente ley el artículo 77 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 77. - El pago de intereses de mora, por deudas que afecten a un organismo público comprendido en los Incisos 02 al 26, deberá ser autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación, y se atenderá con cargo a una partida estimativa en el Programa 001 del Inciso 24 "Diversos Créditos".

Art. 8º - A partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de ley de aprobación del Balance de Ejecución Presupuestal, los créditos no financiados de los acreedores contra el Estado, las partidas pendientes de regularización y las modificaciones indispensables a las normas generales sobre ejecución presupuestal, funcionarios y ordenamiento financiero.

Simultáneamente se remitirá, para su conocimiento, el informe sobre el estado de la situación económico-financiera de la República, con enunciación de los resultados obtenidos por la política aplicada por el Poder Ejecutivo y su correspondiente evaluación anual.

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.695, de 26 de agosto de 1977.

Art. 9º - El ordenador primario de los gastos por viáticos y pasajes que demanden las misiones oficiales al exterior, será el Ministro de Economía y Finanzas o quien éste delegue. El citado Ministerio, podrá afectar los créditos presupuestales de los diversos Programas de los Incisos 02 al 26, los que serán reforzados automáticamente con cargo al artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978.

CAPITULO II
Normas sobre funcionarios y retribuciones

Artículo 10. - Los ascensos se realizarán dentro de cada Unidad Ejecutora por Escalafón o grupo ocupacional y serie de clases de cargos, de grado en grado, salvo normas presupuestales expresas.

Art. 11. - A los efectos de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.728, de 8 de febrero de 1985, en la redacción dada por el arículo 2º de la Ley número 15.748, de 14 de junio de 1985, no se considerará la prima establecida por el artículo 12 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 12. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 54 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"Al efectuar las racionalizaciones a que se refiere el artículo anterior, se suprimirán automáticamente las vacantes existentes en el último grado de cargos presupuestados, a excepción de aquellos necesarios para ser ocupados por los funcionarios contratados en los términos que fija el artículo 58 de la presente ley o contratos de función pública".

Art. 13. - Los grados máximos de los Escalafones E, de Oficios y F, de Servicios Auxiliares, establecidos en los artículos 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y 6º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, serán el 20 y 17 respectivamente, de la tabla de sueldos establecida en el artículo 50 de la primera ley citada.

Esta disposición tendrá vigencia a partir del 1º de julio de 1986.

Art. 14. - Declárase que las incompatibilidades parciales que se regulan por las normas generales aplicables a los funcionarios públicos, no generan la compensación por dedicación total.

Art. 15. - Presupuéstase a los funcionarios contratados sin término, por aplicación de lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, 44 y 45 de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, y 9º, 10 y 12 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, en aquellos casos en que dichos funcionarios, a la fecha de su cese, hubieren ocupado cargos presupuestados o cuando siendo contratados al momento de su destitución, los funcionarios de similar categoría en su repartición hubieran sido presupuestados globalmente.

Los demás funcionarios restituidos quedarán en situación de contratación para tareas permanentes sin término.

Lo establecido precedentemente operará luego de recompuesta su situación funcional.

La contaduría correspondiente habilitará los cargos y créditos en un renglón específico, eliminando las actuales partidas de contrataciones.

Dichos cargos y créditos se eliminarán al vacar.

En los casos de postergaciones de funcionarios presupuestados o contratados, el órgano competente determinará los cargos a que tengan derecho y la contaduría habilitará el crédito para pagar la diferencia entre los cargos anteriores y éstos, en un renglón específico que se eliminará al vacar.

Los funcionarios postergados se considerarán, a todos los efectos, como titulares de los cargos a los que quedan asimilados.

Lo dispuesto en los incisos precedentes comprende al personal de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales y, asimismo, al personal de las instituciones indicadas en el literal d) del artículo 35 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que resulte reincorporado a la banca oficial.

La presente disposición será aplicable, en lo pertinente, a los funcionarios que se incorporen al amparo de las disposiciones citadas en el inciso primero, con posterioridad a su promulgación.

Art. 16. - Presupuéstase, a partir del Ejercicio 1987, a los funcionarios contratados en funciones permanentes con más de tres años de antigüedad en la administración pública, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

A tales efectos, se procederá de conformidad al inciso segundo del artículo 57 de la ley citada.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos necesarios y suprimirá los que correspondan a contrataciones en funciones permanentes.

Art. 17. - Los funcionarios públicos que perciban hasta cuatro Salarios Mínimos Nacionales, afiliados o que se afilien a instituciones médicas de asistencia colectiva, de los Incisos 02 "Presidencia de la República", 03 "Ministerio de Defensa Nacional", personal civil que no sea beneficiario del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", 08 "Ministerio de Industria y Energía", 09 "Ministerio de Turismo", 10 "Ministerio de Transpore y Obras Públicas", 11 "Ministeiro de Educación y Cultura", 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", 16 "Poder Judicial", 17 "Tribunal de Cuentas", 18 "Corte Electoral", 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo", 25 "Administración Nacional de Educación Pública" y 28 "Banco de Previsión Social", percibirán una contribución, a partir de la promulgación de la presente ley, para el pago de las cuotas mensuales de salud. Dicha contribución será de los montos siguientes:

A) Para los que perciban una asignación mensual de hasta dos Salarios Mínimos Nacionales: N$ 1.650 (nuevos pesos mil seiscientos cincuenta) mensuales.

B) Para los que superen dos y hasta cuatro Salarios Mínimos Nacionales: N$ 1.100 (nuevos pesos mil cien) mensuales.

A los efectos de la presente disposición, se considerarán como retribuciones mensuales todos los ingresos percibidos con carácter permanente, sujetos a montepío, con excepción de la prima por antigüedad, horas extras y beneficios sociales.

Los montos establecidos precedentemente serán reajustados en las mismas oportunidades y porcentajes en que se varíen las retribuciones mensuales de los funcionarios beneficiados, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y el Salario Mínimo Nacional.

Art. 18. - Ningún funcionario podrá percibir el beneficio establecido en el artículo precedente en más de un cargo o función, debiendo optar en su caso por percibirlo en un solo de ellos.

Dicho beneficio no estará sujeto a descuento alguno y no tendrán derecho a percibirlo aquellos funcionarios que directa o indirectamente, tengan cubierta total o parcialmente, por otro organismo público o paraestatal la asistencia médica, ya sea mediante el reintegro de la cuota mutual o por asistencia directa. Cada funcionario optará individualmente.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de instrumentación y contralor del referido beneficio.

Art. 19. - Sustitúyese el atrículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º - El aporte a que se refiere el artículo anterior será preceptivo en todos los casos, salvo en el del literal E), el que será optativo".

Art. 20. - Sustitúyese el literal b), del artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"b) No se incluirán en la racionalización los cargos militares, policiales y de particular confianza".

Art. 21. - Deróganse los artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975.

Art. 22. - A partir del 1º de mayo de 1987, el 50% (cincuenta por ciento) del monto de N$ 1.200 (nuevos pesos mil doscientos), referido en el inciso segundo del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se incorporará a todos los grados de la escala establecida en dicha norma.

Art. 23. - Sustitúyese el artículo 6º de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 6º - El Poder Ejecutivo, en períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro adecuará las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 13, de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público; quedando además facultado a establecer en cada período de ajuste, aumentos diferenciales tendientes a equiparar las remuneraciones de los funcionarios de la Administraicón Central. Los ajustes serán realizados tomando en consideración la variación del Indice General de los Precios del Consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos y las disponibilidades del Tesoro Nacional.

De dichos ajustes se dará cuenta a la Asamblea General.

Derógase el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, en la redacción dada por el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975".

Art. 24. - Sustitúyese el artículo 32 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 32. - Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y legisladores nacionales, a solicitud expresa de éstos.

Los legisladores nacionales en ningún caso podrán tener más de tres funcionarios en comisión simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud, salvo que éste resolviera dejar sin efecto dicho traslado.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud, manteniendo el funcionario todos los derechos en la oficina de origen y en particular los referidos a la remuneración cualquiera sea su naturaleza y al ascenso".

Art. 25. - Declárase que las incompatibilidades establecidas por los artículos 318 y 319 de la presente ley no afectan la actividad docente en cargos remunerados en las distintas ramas de la enseñanza pública, ejercida por los técnicos no magistrados y funcionarios del Poder Judicial, siempre que la estuvieran cumpliendo al 8 de abril de 1986.

Art. 26. - Las instituciones y organismos públicos que acuerden con empresas privadas la realización de proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico, podrán asignar remuneraciones extraordinarias al personal científico y técnico de su dependencia, que participe en la ejecución de dichos proyectos, con cargo a los fondos que al efecto provean las empresas aludidas.

Art. 27. - Incorpórase al artículo 29 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, a los profesionales que posean título universitario de "Ingeniero en Computación".

Art. 28. - Los funcionarios presupuestados o contratados de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que se encontraren prestando funciones en comisión en los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y el personal de éstos, que estuviere cumpliendo tareas en la misma calidad en otro organismo incluido en el artículo 220 de la Constitución de la República o un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado o en los órganos y organismos del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 1986, podrán optar por su incorporación a ellos, de acuerdo a las siguientes condiciones:

A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

B) Sólo podrán optar aquellos funcionarios que cuenten con más de seis meses de antigüedad en la oficina de destino, al 30 de junio de 1987.

C) Cuando se trate de funcionarios presupuestados, la incorporación se realizará mediante la habilitación de un cargo en el último grado ocupado del Escalafón respectivo, suprimiéndose en la repartición de origen el cargo correspondiente.

D) Cuando se trate de contratados, se suprimirá el momento necesario en el crédito de la oficina de origen, incorporándose a la de destino.

E) La incorporación no podrá significar disminución de la retribución del funcionario y, en su caso, la diferencia se considerará compensación inmodificada.

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo o por el organismo de destino, cuando corresponda, previa conformidad expresa del jerarca de la oficina de origen, con informe favorable de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su caso.

Art. 29. - A partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley, sustitúyense los artículos 2º y 3 del Decreto-Ley Nº 15.728, de 8 de febrero de 1985, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 15.748, de 14 de junio de 1985, por el siguiente:

ARTÍCULO 2º - Los funcionarios comprendidos en el artículo anterior, tendrán derecho a percibir el beneficio especial referido, en función del total de sus retribuciones mensuales permanentes, sin excepción alguna, de acuerdo a la siguiente escala:

a) Si no supera un Salario Mínimo Nacional, el beneficio será del 40% (cuarenta por ciento) de éste.

b) Si supera un Salario Mínimo Nacional y no supera 1,3 Salarios Mínimos Nacionales, será del 38% (treinta y ocho por ciento).

c) Si supera 1,3 Salarios Mínimos Nacionales y no supera 1,6 Salarios Mínimos Nacionales, será del 36% (treinta y seis por ciento).

d) Si supera 1,6 Salarios Mínimos Nacionales y no supera 1,8 Salarios Mínimos Nacionales, será del 32% (treinta y dos por ciento).

e) Si supera 1,8 Salarios Mínimos Nacionales y no supera 2 Salarios Mínimos Nacionales, será del 28% (veintiocho por ciento).

f) Si supera 2 Salarios Mínimos Nacionales y no supera 2,1 Salarios Mínimos Nacionales, será del 24% (veinticuatro por ciento).

g) Si supera 2,1 Salarios Mínimos Nacionales, será del 20% (veinte por ciento).

En los casos de funcionarios cuyas retribuciones sean sólo por concepto de horas de clase y en número comprendido entre once y treinta horas, se liquidará la prima por hogar constituido, que hubiere correspondido al dictado de treinta horas de clase.

Para aquellos cuyas retribuciones sean sólo por concepto de horas de clase y su número sea inferior a once, se liquidará la prima por hogar constituido del 20% (veinte por ciento).

Las cuidadoras del Consejo del Niño percibirán la prima por hogar constituido del 20% (veinte por ciento) del Salario Mínimo Nacional.

El funcionario que perciba la prima por hogar constituido dejará de percibir el adelanto establecido por los Decretos Nº 327/983, de 16 de diciembre de 1983 y Nº 18/984, de 12 de enero de 1984.

En ningún caso de ascenso o de incremento de horas de clase, podrá implicar disminución de la remuneración por todo concepto".

Art. 30. - Los topes y beneficios a que refiere el artículo anterior, se incrementarán en la ocasión y en el mismo porcentaje que lo haga el Salario Mínimo Nacional de la actividad privada.

Los incrementos resultantes en ambos casos se redondearán a nuevos pesos.

Art. 31. - Los egresados de los cursos de formación de altos ejecutivos de la administración pública, que desarrolla la Oficina Nacional del Servicio Civil, percibirán una compensación especial del 15% (quince por ciento) sobre sus remuneraciones por todo concepto, excluyendo los beneficios sociales y la prima por antigüedad.

Esta compensación no podrá ser inferior a medio Salario Mínimo Nacional, ni superior a un Salario Mínimo Nacional, sin perjuicio de los topes legales vigentes en la materia.

Art. 32. - Los cargos y funciones que se crean, suprimen o transforman por la presente ley, serán adecuados por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, una vez aprobadas las racionalizaciones administrativas autorizadas por el artículo 53 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986.

Para la adecuación de los mismos, se atenderá a la situación emergente de las mencionadas racionalizaciones de aquellos cargos o funciones de igual Escalafón, Grado y denominación, al 30 de junio de 1986. Si la variación de éstos no fuera uniforme, se considerará aquella que signifique el menor incremento en Grado.

Si al 30 de junio de 1986 no existieran cargos o funciones de igual Escalafón, Grado y denominación, se estará a los dos primeros conceptos y en su defecto a la variación del Escalafón respectivo.

La Contaduría General de la Nación habilitará o suprimirá los créditos necesarios.

Art. 33. - Los empleados del Frigorífico Melilla que al 10 de mayo de 1987, haya estado prestando servicios en dicha empresa, podrán optar por ser contratados por el Poder Ejecutivo, con igual remuneración a la que estén percibiendo en el momento en que se realice la opción.

Dicha opción deberá efectuarse en un plazo de sesenta días a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Los empleados serán distribuidos por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y de la Contaduría General de la Nación.

La Contaduría General de la Nación habilitará el respectivo crédito.

La incorporación a la administración implicará renuncia al empleo en el Frigorífico Melilla.

Art. 34. - Los funcionarios comprendidos en el régimen del artículo 58 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, cuando no existan las vacantes requeridas en su propio organismo, podrán solicitar su inclusión en el régimen establecido en los artículos 8º y siguientes de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Derógase el inciso tercero del artículo 58 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 35. - Prohíbense las designaciones en los cargos vacantes o que vaquen hasta el 28 de febrero de 1990, de los Escalafones C "Administrativo", D "Especializado", E "Oficios" y F "Servicios Auxiliares" o de similar naturaleza, cualquiera sea su denominación, en el Poder Ejecutivo y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se exceptúan las vacantes que deban proveerse por vía de ascenso.

Prohíbese asimismo la contratación de personal para funciones permanentes o eventuales, en el referido Poder y Organismo, por el mismo plazo indicado en el inciso anterior.

Esta disposición no afectará en ningún caso el derecho a la reincorporción de funcionarios amparados por la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985 y normas concordantes.

Art. 36. - Las designaciones o contrataciones que se realicen en los Escalafones A "Profesional Universitario" y B "Técnico" o similares, del Poder Ejecutivo, serán las indispensables para el desarrollo de Programas de alta prioridad o las imprescindibles del normal cumplimiento de los servicios. La Oficina Nacional del Servicio Civil evaluará ambos aspectos y la designación requerirá su informe previo y favorable.

Art. 37. - Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos anteriores al Ministerio de Salud Pública y al Consejo del Niño, al Ministerio de Defensa Nacional Inciso 003 en el Programa 006 "Salud Militar" y al personal civil del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada; al Ministerio del Interior en su Programa "Salud Policial"; a la Dirección General de Estadística y Censos, y al personal que se autoriza por esta ley para la ejecución y coordinación de obras. La presente excepción no alcanza a los cargos del Escalafón C "Administrativo" ni a las funciones contratadas asimiladas al mismo.

Exceptúanse, asimismo, las renovaciones de los contratos de función pública y los contratos zafrales de los empleados de los Casinos del Estado.

Quedan, asimismo, excluidas de las normas anteriores, las partidas de contratación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se rigen por lo dispuesto por el artículo 362 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, las correspondientes a los contratos a que refiere el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, y las destinadas a contratar personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, necesario para el estudio, dirección, ejecución y control de las obras incluidas en los planes de mantenimiento o inversión de los Servicios Descentralizados, Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales.

Art. 38. - Lo establecido en los artículos 35 a 37 de la presente ley comenzará regir al día siguiente de su promulgación.

Art. 39. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre supresión y provisión de vacantes así como plazos para las mismas, la designación de nuevos funcionarios técnicos y adminsitrativos para cargos en la Administración Central, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Servicios Descentralizados, sólo podrá realizarse mediante concurso de oposición en el caso de funcionarios administrativos y de oposición y méritos en el de funcionarios técnicos.

Art. 40. - La designación de nuevos funcionarios presupuestados o contratados para servicios auxiliares de los organismos mencionados en el artículo anterior, sólo podrá realizarse mediante sorteo.

A los efectos de este artículo se entiende por servicios auxiliares los correspondientes a tareas de limpieza, portería, conducción, transpore de personas, materiales o expedientes, vigilancia, conserjería, manejo de ascensores, conservación y similares así como otras tareas en las que teniendo predominio el esfuerzo físico, no requieran una especial habilidad manual o destreza en el manejo de máquinas o herramientas como es el caso de obreros no especializados.

Art. 41. - El sistema de concursos y sorteos establecido precedentemente no regirá para la designación de funcionarios militares, policiales y diplomáticos; los cargos de la judicatura o de particular confianza; y funcionarios desinados por el Poder Legislativo o con su intervención.

Art. 42. - Tratándose de funcionarios contratados podrá prescindirse del concurso o sorteo, según los casos, en circunstancia de real urgencia de las que se dará cuenta a la Asamblea General dentro de los diez días de efectuadas las designaciones.

Art. 43. - La Oficina Nacional del Servicio Civil procurará asimismo ofrecer cursillos de capacitación a los aspirantes que deban concursar.

Art. 44. - Dentro de los noventa días de la entrada en vigencia de la presente ley la Oficina Nacional de Servicio Civil elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de reglamentación del sistema de concursos y sorteos, estableciendo las normas y procedimentos a que se ajustarán entre los cuales deberá tener en cuenta las siguientes:

A) Los llamados a concursos y sorteos tendrán amplia publicidad la que, salvo casos de urgencia justificada deberá hacerse con anticipación no menor de sesenta días.

B) Los tribunales de concurso deberán estar integrados por un mínimo de tres personas de reconocida idoneidad.

C) Se establecerán las medidas necesarias para que salvo casos excepcionales, la identidad de los concursantes sólo se conozca después de realizada la adjudicación de puntajes.

Art. 45. - Las designaciones de nuevos funcionarios que se efectúen luego de la entrada en vigencia de las precedentes disposiciones y de su reglamentación, en contravención a las mismas, serán nulas.

Art. 46. - Deróganse los artículos 333 a 336 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Art. 47. - Declárase con carácter interpretativo, que los cargos de miembro de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional, creados por la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, se asimilan a los de particular confianza a los solos efectos jubilatorios, están incluidos en la nómina establecida en el literal b) del artículo 9º de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, y percibirán en concepto de gastos de representación una suma equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la establecida en el mismo.

CAPITULO III
INVERSIONES

Artículo 48. - Los organismos públicos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, distribuirán los créditos presupuestales entre sus programas y proyectos de inversión, comunicando la apertura anual al Tribunal de Cuentas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los primeros noventa días de cada Ejercicio, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 49. - Las modificaciones entre componente nacional e importado de las asignaciones presupuestales, gestionadas por los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional, serán autorizadas por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Contaduría General de la Nación.

Art. 50. - Las obligaciones emergentes de las autorizaciones concedidas al Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)", y al Inciso 26 "Universidad de la República", por los artículos 607 y 612 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, son de cargo de Rentas Generales.

Art. 51. - Apruébanse para los Incisos 02 al 13 las modificaciones al Plan de Inversiones Públicas para el período 1987-1989 contenidas en el anexo a la presente ley, que incluye los créditos concedidos por las Leyes Nros. 15.809, de 8 de abril de 1986 y 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

El Poder Ejecutivo remitirá a la Asamblea General, antes del 31 de marzo de 1988, un informe sobre las consecuencias ecológicas, factibilidad física y técnica del proyecto 724 - Cebollatí: obras de protección y desagüe, correspondiente al Programa 002 del Inciso 02 Presidencia de la República. La ejecución del proyecto aprobado sólo podrá iniciarse luego de transcurridos cuarenta y cinco días de presentado tal informe.

Transfiérese el importe correspondiente al proyecto 775 al proyecto 702, del Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 52. - Sustitúyese el artículo 85 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 85. - Las asignaciones presupuestales que se comprometan y no se ejecuten en un Ejercicio, correspondientes a proyectos que no tienen previsto crédito para el Ejercicio siguiente, deberán ser reprogramadas respetando el monto total de créditos autorizados por Programa para ese Ejercicio y sin perjuicio de las facultades del artículo 89. A tales efectos el jerarca del Inciso, dentro de los primeros treinta días de cada Ejercicio, deberá comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación dicha reprogramación".

Art. 53. - Sustitúyese el artículo 88 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 88. - Las trasposiciones de asignaciones entre proyectos de un mismo Programa así como los cambios en la descripción de los proyectos, gestionados por los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional, serán autorizados por los jerarcas de cada Inciso previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o por el jerarca que corresponda en el caso de los Incisos no comprendidos en la Administración Central. En todos los casos se dará cuenta a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. El informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá ser emitido dentro de los quince días siguientes a la solicitud. Transcurrido dicho plazo, se entenderá opinión favorable.

Las trasposiciones entre proyectos de distintos Programas de un mismo Inciso deberán ser aprobadas por ley, salvo en el caso de los Entes de Enseñanza, los que serán autorizados por el jerarca respectivo".

Art. 54. - Las modificaciones de las fuentes de financiación, entre proyectos de un mismo Programa, requerirá la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación.

Art. 55. - Sustitúyese el artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTÍCULO 45. - El Poder Ejecutivo autorizará la aplicación de los fondos referidos en el artículo 43, mediante la aprobación de un preventivo anual de ingresos y egresos ajustado a las normas específicas que les rigen.

A tal efecto, las Unidades Ejecutoras, por intermedio de sus contadurías centrales o quienes hagan sus veces, deberán presentar, ante la Contaduría General de la Nación, antes del 31 de octubre de cada año, el preventivo anual de ingresos y egresos que proyecte para el año siguiente.

El Poder Ejecutivo deberá expedirse antes del 1º de enero subsiguiente y comunicar al Tribunal de Cuentas de la República los preventivos aprobados".

Art. 56. - Sustitúyese el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTÍCULO 48. - Los gastos comprendidos en el preventivo de egresos a que refiere el artículo 45 de esta ley sólo podrán comprometerse si existe crédito y disponibilidad financiera suficiente para solventarlos.

Las Unidades Ejecutoras podrán modificar, por razones fundadas, sus preventivos anuales de ingresos y egresos de fondos públicos extrapresupuestales que hayan sido aprobados por el Poder Ejecutivo hasta dos veces por año.

Las referidas modificaciones se gestionarán ante la Contaduría General de la Nación antes del 31 de octubre del año de vigencia del preventivo que se modifica, debiendo recabarse nuevo pronunciamiento del Poder Ejecutivo".

Art. 57. - Sustitúyese el artículo 89 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 89. - Las ampliaciones o incorporaciones de proyectos a financiar con fondos extrapresupuestales serán autorizadas por el Poder Ejecutivo en oportunidad de la aprobación del preventivo de ingresos y egresos a que refiere el artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975 y previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En el caso de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, serán autorizados por el Jerarca correspondiente.

De dichas actuaciones se dará cuenta a la Asamblea General".

Art. 58. - Sustitúyese el artículo 91 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 91. - Los proyectos de inversión que se prevean aplicar o incorporar en oportunidad de la aprobación de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal anual, deberán ser presentados ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes del 30 de abril de cada año".

CAPITULO IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 02
Presidencia de la República

Artículo 59. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 050 "Honorarios" en N$ 8:349.014 (nuevos pesos ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil catorce), en el Programa 004 "Política, Administración y Control del Servicio Civil", para financiar las retribuciones de los docentes nacionales y extranjeros, que impartan clases en los cursos de capacitación para funcionarios públicos.

Art. 60. - El crédito del Rubro 9, Asignaciones Globales, del Programa 004 "Política, Administración y Control del Servicio Civil", de N$ 19:540.374 (nuevos pesos diecinueve millones quinientos cuarenta mil trescientos setenta y cuatro) autorizado por el artículo 134 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 se transfiere a los rubros que se detallan:

Rubro Denominación

Importe

2   

Materiales y Suministros

N$

6:839.000

3   

Servicios no personales

N$

8:793.000

4.70

Motores y partes para reemplazo

N$

977.000

9 Asignaciones Globales

N$

2:931.074

Art. 61. - La partida establecida por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, incrementada por el artículo 110 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se actualizará a partir del 1º de enero de 1987 por el régimen establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809.

Art. 62. - Prorrógase hasta el 22 de abril de 1988, el plazo fijado por el literal e) del artículo 7º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985.

Art. 63. - La Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá utilizar en el Ejercicio 1987 el crédito previsto en el planillado anexo a la presente ley para los Ejercicios 1988 y 1989, en los proyectos de inversión de dicha Unidad Ejecutora denomiandos "Reparación de Edificios" y "Adquisición de Vehículos", para la ejecución de las obras del Centro de Capacitación de Funcionarios Públicos.

Art. 64. - Autorízase, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a efectuar la venta de las publicaciones que realice a través del Instituto Nacional del Libro, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y a fijar el precio de las mismas. El producido total de dichas ventas se destinará a solventar las erogaciones que las citadas publicaciones generen.

Art. 65. - Créase una partida por una sola vez de N$ 165:000.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones), para atender los gastos que demande el proyecto de funcionamiento "III Censo Económico Nacional", el que deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 1989. De dicha partida se destinarán N$ 93:000.000 (nuevos pesos noventa y tres millones), para retribuciones personales y N$ 72:000.000 (nuevos pesos setenta y dos millones), para gastos.

La parte correspondiente a remuneraciones se ajustará conforme con los aumentos salariales del sector público, y de acuerdo con la variación del Indice General de los Precios del Consumo en la parte correspondiente a gastos.

El personal requerido para las tareas del referido censo será designado de acuerdo al régimen establecido, por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

A los funcionarios contratados a tales efectos no les serán aplicables las normas vigentes sobre acumulación de cargos o contratos de función pública.

La Dirección General de Estadística y Censos presentará al Ministerio de Economía y Finanzas el cronograma de egresos previsto y éste le entregará mensualmente los recursos necesarios.

Art. 66. - Sustitúyese la denominación de la Unidad Ejecutora 005 "Vértice Noroeste", del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", por el de "Dirección de Proyectos de Desarrollo", que funcionará en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La "Dirección de Proyectos de Desarrollo" será la Unidad Ejecutora responsable de los proyectos de inversión que se aprueban por la presente ley (artículo 51), referidos a actividades de electrificación y de caminería rural de las Cuencas Lecheras y Arroceras; así como los denominados "Vértice Noroeste" y el identificado en el artículo 71 de la presente ley (Grupo de Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera). En tal sentido coordinará la ejecución de los mismos con los organismos dependientes de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. La ejecución de las actividades podrá realizarse, asimismo, con la participación del sector privado. Lo dispuesto será sin perjuicio de las atribuciones que por esta misma ley se atribuyen a las Comisiones Honorarias para el Desarrollo que respectivamente actuarán en cada uno de los proyectos.

Art. 67. - La ejecución de los proyectos de inversión referidos en el artículo anterior, asignados a la Dirección de Proyectos de Desarrollo, podrá ser convenida entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y los organismos de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. Dichos Convenios deberán prever las condiciones de la inversión y de los aportes que correspondan a cada una de las partes.

En lo relativo a los proyectos de inversión de electrificación y caminería rural (artículo 51) los Convenios con las Intendencias podrán establecer las obras de caminería rural, y su mantenimiento en las condiciones pactadas en los Convenios internacionales que los financian, y la aplicación a dicho mantenimeinto de los recursos correspondientes.

Art. 68. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo definirá las condiciones de la ejecución de los proyectos de desarrollo cometidos a su cargo, con el asesoramiento de una Comisión Honoraria para el Desarrollo que se creará al efecto para cada uno de los proyectos aprobados.

Sin perjuicio del asesoramiento referido, dichas Comisiones se expedirán: A) Previamente a su suscripción sobre los Convenios que, en aplicación de lo establecido en el artículo anterior, celebre a partir de la vigencia de la ley la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y B) Respecto del plan anual preventivo de aplicación de los recursos afectados a cada proyecto.

Trimestralmente evaluarán los informes que en tales períodos realice el Director referidos al cumplimiento de los objetivos de los proyectos de su cargo.

La reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para expedirse cada Comisión Honoraria actuante. El Director de Proyectos de Desarrollo podrá apartarse por resolución fundada, del dictamen de la Comisión Honoraria.

Las Comisiones Honorarias para el Desarrollo estarán compuestas por nueve miembros titulares y sus respectivos alternos, que desempeñarán honorariamente sus funciones. Estará integrado por un miembro designado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos por las Intendencias Municipales de las zonas a que refiere cada proyecto, dos designados por los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que representan al Estado en decisión adoptada con un mínimo de cuatro votos conformes, tres designados por las Instituciones Gremiales o Cooperarias representativas que actúen en los respectivos sectores productivos a los que destinan los proyectos de inversión a realizar y, el noveno miembro, que presidirá, será designado por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a propuesta de los restantes miembros, propuesta que deberá contar con por lo menos cinco votos conformes.

El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para las designaciones previstas para cada Comisión. Determinará igualmente las condiciones para la designación sustitutiva, cuando no se realice en tiempo por las respectivas instituciones. En cada caso, las designaciones deberán recaer en persona de reconocida vinculación a los ámbitos de actuación de las instituciones en cuestión. La Comisión establecerá, en un plazo de noventa días de instalada, su reglamento de funcionamiento.

Art. 69. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo será dirigida por un Director, designado por el Presidente de la República, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A tales efectos se crea el cargo de director de Proyectos de Desarrollo Regional (Escalafón R) en el "Programa Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal del Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 005, "Dirección de Proyectos de Desarrollo". Tendrá una retribución equivalente a la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

A fin de atender la administración y supervisión previstas en los programas y proyectos de inversión a que refiere el inciso segundo del artículo 66 de la presente ley, el Poder Ejecutivo podrá contratar hasta 23 funcionarios con cargo a los créditos asignados a los proyectos de inversión autorizados.

La Dirección de Proyectos de Desarrollo determinará las condiciones y forma de designación, de los funcionarios a contratar, los que cesarán automáticamente una vez finalizada la ejecución de las obras o servicios para los cuales se les contrató.

Art. 70. El Director de la Dirección de Proyectos de Desarrollo será ordenador primario de los fondos provenientes de préstamos, así como de aportes o contrapartidas nacionales -públicos o privados- destinados al desarrollo de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora.

Art. 71. - Transfiérase al Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", Unidad Ejecutora 005, los recursos afectados al grupo de trabajo permanente Tacuarembó-Rivera, por el artículo 11 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985 y la ampliación establecida por el artículo 153 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Los recursos que se asignen al Programa Nacional de Interconexión Vial, se aplicarán para financiar el aporte de las cuotas partes de las Intendencias Municipales involucradas en la ejecución de los convenios que se establezcan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Asimismo, los que se asignen para programas de desarrollo del sector primario se distribuirán en los proyectos que se determinen en acuerdo con las Intendencias Municipales con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la forma establecida por el inciso siguiente.

La aplicación de los recursos a que refiere este artículo por la Dirección de Proyectos de Desarrollo, se realizará mediante convenios con las Intendencias Municipales de Tacuarembó y Rivera, a cuyos efectos se autoriza a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a otorgar la documentación correspondiente.

Art. 72. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en nombre del Estado, transferirá a la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) las obras de electrificación rural efectuadas por la Dirección de Proyectos de Desarrollo, conviniendo en esa oportunidad las condiciones para el reembolso de la inversión realizada así como para su amortización. Asimismo, procederá a entregar a las Intendencias Municipales correspondientes, las obras de caminería rural convenidas con las mismas, una vez cumplido el plazo del financiamiento externo de dichas inversiones.

Art. 73. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá convenir con los particulares el financiamiento de los costos de mantenimiento de los caminos ejecutados con cargo a los proyectos autorizados por esta ley de Cuenca Lechera y Cuenca Arrocera.

El FIMTOP proveerá el saldo de los recursos necesarios para atender en tiempo la ejecución anual de dicho mantenimiento durante el periodo de diez años siguientes a que dichos caminos fueran librados al uso público.

Art. 74. - Los artículos 66 a 73 de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación.

INCISO 03
Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 75. - Declárase comprendido en las disposiciones del artículo 42 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960, al personal subalterno del Escalafón Bf "Personal Militar", perteneciente a los distintos programas del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional".

A los efectos de la aplicación de esta disposición, se considerará que el Grado inmediato superior al Suboficial Mayor y Suboficial de Cargo, es Teniente 1ro. y Alférez de Navío, respectivamente, correspondiéndole la percepción de la asignación por permanencia en el Grado, cuando cumpla cuatro años de antigüedad en el mismo.

Deróganse los artículos 117 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, y 5º del Decreto-Ley Nº 15.547, de 17 de mayo de 1984.

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 76. - Transfórmanse en el Programa 009 "Prefectura Nacional Naval", Unidad Ejecutora 086 "Prefectura Nacional Naval", veintidós cargos de Marinero de 1ra. (PNN) y once cargos de Marinero de 2da. (PNN), en veintitrés cargos de cabo de 2da. (PNN), suprimiéndose los restantes.

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 77. - Créase en el Programa 002 "Ejército", Unidad Ejecutora 002 "Comando General del Ejército", un cargo de Coronel en el Escalafón del Cuerpo del Servicio de Intendencia del Ejército establecido en el artículo 142 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984. La referida vacante será provista por Tenientes Coroneles del citado cuerpo, que se hallaren en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley y que a la fecha de vigencia del mencionado decreto-ley, hubieren reunido las condiciones requeridas para ascender al grado de Coronel. Dicho cargo se suprimirá al vacar.

La presente creación regirá a partir del 1º de febrero de 1987.

Art. 78. Transfórmanse en el Programa 008 "Seguridad Social de las Fuerzas Armadas", Unidad Ejecutora 085 "Servicio de Retiros y Pensiones Militares", dos cargos de Soldado de 1ra. y un cargo de Cabo de 1ra. del Escalafón Bf "Personal Militar", en tres cargos del Escalafón AcC, Grado E3, Operador de Sistemas.

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 79. - Los cargos del personal superior de los cuerpos técnicos y profesionales, administrativos y especializados del Ejército, Programa 002 "Ejército" Unidad Ejecutora 002 "Comando General del Ejército", estructurados por el artículo 53 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, se incorporarán progresivamente al Cuerpo de Servicios de Intendencia del Ejército, a medida que queden vacantes y siempre que no exista personal superior en los Grados inmediatos inferiores de esos cuerpos en condiciones de llegar a ocupar dichas vacantes.

El personal superior que actualmente integra dichos cuerpos, mantendrá su actual situación jurídica hasta su pase a situación de retiro, pudiendo ascender en los mismos cuando reúna las condiciones requeridas.

A partir de la vigencia de la presente ley, sólo podrán ocupar vacantes en el grado de Alférez de los referidos cuerpos, los Suboficiales Mayores que a la fecha de la misma reúnan las condiciones requeridas para ascender a dicho Grado.

Art. 80. - Créase en el Programa 001 "Administración Central", Unidad Ejecutora 001 "Ministreio de Defensa Nacional", una partida anual de N$ 800.000 (nuevos pesos ochocientos mil), para atender el pago de dietas de los profesores del curso de capacitación y perfeccionamiento del personal administrativo subalterno de dicho Ministerio.

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 81. - Modifícanse los siguientes coeficientes de la tabla de sueldos del Escalafón Bf "Personal Militar", establecidos en el artículo 47 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986:

"Denominación del Grado Coeficiente

Sargento, Suboficial de 2da.  

3,7

Cabo de 1ra.   

3

Cabo de 2da.   

2,5

Soldado de 1ra. - Marinero de 1ra.

2,1

Soldado de 2da. - Marinero de 2da.

1,4

Aprendiz   

0,8

Cadete   

0,7"

Sustitúyese el inciso final del artículo 47 referido, por el siguiente:

"A estas retribuciones se adicionan N$ 1.783 (nuevos pesos un mil setecientos ochenta y tres) -50% (cincuenta por ciento) del aumento dispuesto a partir del 1º de abril de 1985, a valores de 1º de enero de 1987- y las compensaciones de permanencia en el grado, progresivo por antigüedad y todas las demás otorgadas por la legislación vigente".

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 82. - Suprímense doscientos noventa cargos vacantes de soldado de 2da. o marinero de 2da.

Esta disposición regirá desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Las supresiones se dispondrán en forma proporcional al número de cargos vacantes en los Programas 002 "Ejército", 003 "Marina - Armada Nacional" y 004 "Fuerza Aérea", (artículo 182 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986).

Art. 83. - Declárase que el cargo de abogado del Programa 002 "Ejército", Unidad Ejecutora 002 "Comando General del Ejército", referido en el artículo 104 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 116 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, pertenece al Escalafón Bf "Personal Militar".

Este cargo podrá ser ocupado por un Abogado militar, que tendrá como mínimo el Grado de Teniente Coronel, o por un Abogado sin estado militar, quien en tal caso será equiparado al Grado de Teniente Coronel e integrará el Escalafón Bf.

Al vacar se transformará en un cargo de Abogado (AaA E4).

Art. 84. - Increméntase en el Programa 003 "Marina - Armada Nacional", Unidad Ejecutora 072 "Comando General de la Armada", el Rubro 2 en la suma de nuevos pesos 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones); N$ 40:000.000 (nuevos pesos cuarenta millones), provenientes del Renglón correspondiente a suministros de carne y N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones), provenientes del Renglón correspondiente a suministros de Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE).

Art. 85. - Créase el Programa "Información de Defensa", cuya Unidad Ejecutora será la "Dirección General de Información de Defensa", con los cometidos fijados por el artículo 10 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.

El Ministerio de Defensa Nacional transferirá a este Programa los recursos que a la fecha hubiera signado en el Programa 00 "Organismos Conjuntos de las Fuerzas Armadas", al Subprograma 002 "Inteligencia de las Fuerzas Armadas", suprimiéndose este último.

Art. 86. - Exímese a la Unidad Ejecutora 080 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica", de lo dispuesto por el literal b), del artículo 10 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953 y de lo establecido por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.755, de 5 de enero de 1978.

A esos efectos se autoriza el empleo de los saldos existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley, en las cuentas que administran los recursos extrapresupuestales del mencionado Programa.

Art. 87. - El personal civil no equiparado, perteneciente al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", estará amparado por las normas laborales y disciplinarias vigentes para la Administración Central.

Los funcionarios civiles equiparados continuarán rigiéndose por el Estatuto del Funcionario Público y las normas especiales, legales y reglamentarias en aplicación.

En materia de calificación y ascenso se aplicará para todo el personal civil las normas que regulan el tema para la Administración Central contemplando la naturaleza del Inciso, lo que será materia de reglamentación.

Art. 88. - El Programa 003, "Marina - Armada Nacional", podrá anualmente trasponer el crédito necesario del Rubro 200 Derivado 802, al Rubro 200, para atender el gasto que demande el aprovisionamiento de combustible de los buques o aeronaves de la Armada, fuera del territorio nacional.

Los ajustes que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, se efectúen en el Rubro 200 Derivado 802, se realizarán sobre el crédito del mencionado Renglón, sin el abatimiento operado por las transposiciones que se autorizan por el inciso precedente.

INCISO 04
Ministerio del Interior

Artículo 89. - A partir del 1º de mayo de 1987, la compensación al cargo para los oficiales del Escalafón del personal policial, se regirá por la siguiente escala:

15%

Grado 14

10%

Grado 13

8%

Grados 12 y 11

5%

Grados 10, 9, 8, 7 y 6.

Art. 90. - Créanse en los mismos subescalafones, especialidades y Unidades Ejecutoras, los cargos cuyos titulares reintegrados en los mismos cargos vacantes, sean redistribuidos por aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 91. - Créanse en el Programa 013 "Servicio de Sanidad Policial", veinte cargos de Oficial Ayudante (PT) Odontólogos, destinados a atender el servicio en las Jefaturas de Policía del interior.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 92. - Modifícanse a partir del 1º de mayo de 1987, los siguientes coeficientes de la tabla de sueldos del Escalafón del personal policial, establecidos en el artículo 48 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986:

"Denominación Coeficiente

Suboficial mayor   

4,1

Sargento 1ro.   

3,7

Sargento   

3,3

Cabo  

2,9

Agente de 1ra.., Coracero de 1ra., Guardia de 1ra., Bombero de 1ra.  

2,5

Agente de 2da., Coracero de 2da., Guardia de 2da., Bombero de 2da.  

2,1

Cadete de la Escuela Nacional de Policía  

0,7"

Sustitúyese el inciso final del artículo 48 referido, por el siguiente:

"A estas retribuciones se adicionan N$ 1.783 (nuevos pesos un mil setecientos ochenta y tres) -50% (cincuenta por ciento) del aumento dispuesto a partir del 1º de abril de 1985, a valores de 1º de enero de 1987- y todos los demás complementos otorgados por la legislación vigente, a los funcionarios que ocupen los cargos indicados por concepto de compensación al cargo, permanencia en el grado y progresivo por antigüedad".

Art. 93. - Créanse los siguientes cargos:

Programa 005 "Mantenimiento del Orden Interno-Interior".

Jefatura de Policía de Artigas
20 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de Canelones
120 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de Maldonado
20 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de Rocha
10 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de San José
10 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de Soriano
10 Agente de 2da.

Jefatura de Policía de Treinta y Tres
10 Agente de 2da.

Programa 007 "Prevención y Lucha Contra el Fuego"
30 Bombero de 2da.

Programa 008 "Asistencia y Bienestar Social Policial"
15 Agente de 2da. (PA)

Programa 012 "Capacitación Profesional"
5 Agente de 2da.

Programa 014 "Identificación Civil"
10 Sargento 1ro. (PE) (Papilóscopo)

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 94. - Modifícase a partir de la promulgación de la presente ley, la denominación del Programa 009 "Administración Carcelaria", por la de "Administración del Sistema Penitenciario Nacional". La Unidad Ejecutora será la "Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación".

Art. 95. - Sustitúyese el inciso primero, del artículo 207 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"Transfiérense del Programa 002 "Ejército", del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", al Programa 005 "Mantenimiento del Orden Interno-Interior", del Inciso 04 "Ministerio del Interior", ciento ochenta cargos vacantes de Soldado de 2da. o Marinero de 2da. con sus respectivos créditos presupuestales, que se transforman en igual número de Agente de 2da.".

Las supresiones se dispondrán en forma proporcional al número de cargos vacantes en los Programas 002 "Ejército", 003 "Marina-Armada Nacional", y 004 "Fuerza Aérea", (artículo 182 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986).

Art. 96. - Transfórmanse en el Programa 004 "Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo", un cargo de Teniente 2do. (GG) y un cargo de Alférez (GG), en un cargo de Teniente 1ro. (GG) y un cargo de Teniente 2do. (GG). Al solo efecto de la antigüedad, estas transformaciones regirán desde el 8 de abril de 1986.

Art. 97. - Créase en el Programa 004 "Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo", un cargo de Comandante (RGR) Escalafón del personal policial, Subescalafón de policía ejecutiva, Grado 12, debiéndose suprimir en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", la primera vacante que se produzca en la jerarquía de Inspector Mayor, Grado 12, de igual Escalafón y Subescalafón.

Art. 98. - Modifícase la denominación presupuestal del cargo Oficial Principal (PT) Procurador, perteneciente al Programa 002 "Política y Control de Migración", por el de Oficial Principal (PT) abogado. Al solo efecto de la antigüedad esta modificación regirá desde el 8 de abril de 1986.

Art. 99. - Créase en el Programa 005 "Mantenimiento del Orden Interno-Interior", Unidad Ejecutora 012 "Jefatura de Policía de Lavalleja", un cargo de Inspector Mayor, Escalafón del personal policial, Subescalafón de policía ejecutiva Grado 12, suprimiéndose en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", la primera vacante que se produzca en la jerarquía de Inspector Mayor, Grado 12, de igual Escalafón y Subescalafón. Al solo efecto de la antigüedad, los ascensos que se produzcan como consecuencia de esta creación, serán conferidos con fecha 1º de febrero de 1987.

Art. 100. - Créanse en el Programa 001 "Administración", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Inteior", un cargo de Inspector Mayor (PT) ingeniero de Sistemas y uno de Comisario Inspector (PT) Ingeniero de Sistemas, destinados a atender la Dirección y Subdirección del Centro de Procesamiento de Datos.

Art. 101. - Transfiérense del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", al Programa 005 "Mantenimiento del Orden Interno-Interior", doscientos cargos vacantes de Soldado de 2da. o Marinero de 2da. con sus respectivos créditos presupuestales que se transforman en igual número de cargos de Agente de 2da.

Las supresiones se dispondrán en forma proporcional al número de cargos vacantes en los Programas 002 "Ejército", 003 "Marina - Armada Nacional", y 004 "Fuerza Aérea", (artículo 182 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986).

Art. 102. - Transfiérense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en el Programa 013, las asignaciones existentes en el Renglón 021.321 "Sueldos Básicos asimilados al Escalafón Civil", al Renglón 022.321 "Sueldos Básicos de Cargos, Escalafón Policial" incluidos en el Escalafón L "Personal Policial".

El personal mencionado efectuará las aportaciones que correspondan y tendrá como retribución el sueldo básico; la partida otorgada por el Decreto 180/985, de 15 de mayo de 1985; prima por antigüedad y beneficios sociales a que tenga derecho el personal policial presupuestado.

Art. 103. - Créase en el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", del Inciso 04 "Ministerio del Interior", una partida de N$ 2:000.000 (nuevos pesos dos millones), con destino a atender las reparaciones por lesión de derechos funcionales, como consecuencia de la aplicación del Decreto de 28 de noviembre de 1986, de acuerdo a lo establecido en el artículo 204 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Dicha partida será distribuida en los Programas que correspondan a los funcionarios cuyos cargos presupuestales deban regularizarse.

Art. 104. - La Dirección Nacional de los Servicios de Asistencia Social Policial, dentro de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley, estructurará un plan de vivienda de emergencia para los funcionarios policiales.

Dicho plan se elaborará con el asesoramiento técnico del Banco Hipotecario del Uruguay y podrá ser financiado con recursos del plan de vivienda de dicho organismo.

El plan procurará el empleo de medios técnicos y materiales constructivos y, especialmente, de sistemas de construcción de viviendas prefabricadas, que permitan la más rápida ejecución del Programa.

Las viviendas se adjudicarán preferentemente a los funcionarios policiales de menores ingresos y que ocupen viviendas de emergencia.

Art. 105. - Créase con el carácter de particular confianza, el cargo de Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, y estará comprendido en el literal e) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El titular de dicho cargo será el jerarca inmediato de los directores de todos los establecimientos de reclusión y recuperación del país.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 106. - Créanse en el Programa 013 "Servicio de Sanidad Policial" los cargos de Ddirector de Sanidad Policial y Director del Hospital Policial, los que tendrán la calidad de particular confianza y estarán comprendidos en los literales g) y h), del artículo 9º de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, respectivamente.

Los cargos que se crean precedentemente, deberán ser desempeñados por técnicos con especial versación en materia hospitalaria.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 05
Ministerio de Economía y Finanzas

Artículo 107. - Créase a partir de la promulgación de la presente ley, en la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas", del Programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera", el cargo de Director de Administración, (Ab E7). Será aplicable a este cargo lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Derógase a partir de la promulgación de la presente ley, el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 222 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 108. - Fíjase en N$ 65:160.000 (nuevos pesos sesenta y cinco millones ciento sesenta mil), la partida establecida por el artículo 65 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, en el Programa 012 "Coordinación del Comercio Exterior y Asistencia al Exportador" para atender la contratación de auxiliares administrativos destinados a prestar servicios en las Oficinas Económico-Comerciales, de la Unidad Ejecutora 012 "Dirección General de Comercio Exterior". Dicho personal se contratará en el lugar donde estén acreditados los asesores económico-comerciales.

El Director de Comercio Exterior podrá autorizar dichas contrataciones, ante propuesta fundada de los directores de cada oficina en el exterior.

Esta partida se ajustará de acuerdo a la variación de la cotización del dólar de los Estados Unidos de América.

Art. 109. - Sustitúyese el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, por el siguiente:

"ARTÍCULO 41. - Fíjase en N$ 72:400.000 (nuevos pesos setenta y dos millones cuatrocientos mil), la partida correspondiente al Programa 012 "Coordinación del Comercio Exterior y Asistencia al Exportador", para atender los gastos de oficina de las Asesorías y Departamentos Económico-Comerciales radicados en el exterior.

El Ministerio de Economía y Finanzas fijará la partida correspondiente a cada una de las Asesorías y Departamentos.

La moneda de cuenta a utilizar será de U$S 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), a N$ 181 (nuevos pesos ciento ochenta y uno).

La Contaduría General de la Nación suprimirá en el Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", los créditos utilizados en el Ejercicio 1987 para atender la referida erogación".

Art. 110. - Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 58. - Autorízase, en el Programa 012 "Coordinación de Comercio Exterior y Asistencia al Exportador", una partida de N$ 36:200.000 (nuevos pesos treinta y seis millones doscientos mil), equivalente a U$S 200.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos mil), que será destinada a la realización de estudio de mercado y de productos. Asimismo podrán financiarse las adquisiciones y gastos que demande la participación de la República en ferias y exposiciones internacionales, así como la promoción de productos exportables".

Art. 111. - Asígnase a partir del Ejercicio 1987, para los Programas 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera" y 002 "Auditoría Interna y Contabilidad General de la Gestión Estatal", una partida anual de N$ 2:400.000 (nuevos pesos dos millones cuatrocientos mil) y N$ 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones), respectivamente, para atender las erogaciones que demande la elaboración del Presupuesto Nacional y las respectivas Rendiciones de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

La apertura de dichas partidas por Rubros, será efectuada por los jerarcas de los mencionados Programas y se ajustarán, según corresponda, por los procedimientos dispuestos en los artículos 6º y 69 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 112. - La Unidad Ejecutora 010 "Dirección Nacional de Subsistencias", del Programa 010 "Regulación de Precios y Subsidios de los Artículos de Primera Necesidad", pasará a denominarse "Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento".

Art. 113. - La Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento ejercerá los cometidos asignados al Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios por la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947 concordantes y modificativas.

Las atribuciones asignadas al Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios por los artículos 7º y 9º de la Ley Nº 12.079, de 11 de diciembre de 1953, y por los artículos 37, 40, 41 y 42 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, por intermedio de su Dirección Comercializadora "Subsistencias".

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

Art. 114. - Los funcionarios que a partir del 1º de mayo de 1987, designe el Poder Ejecutivo como representante alterno y secretario técnico en la Representación Uruguaya ante la Asociación Latinoamericana de Integración, percibirán una remuneración complementaria que agregada a sus retribuciones totales alcance, mientras desempeñen aquella misión, un 65% (sesenta y cinco por ciento) y un 55% (cincuenta y cinco por ciento), respectivamente, de la asignación que le corresponde al cargo de embajador, de acuerdo al inciso primero del artículo 80 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970.

Deróganse los artículos 277 y 278 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 115. - Las sociedades anónimas que se constituyan definitivamente a partir de la publicación de la presente ley deberán inscribirse ante la Inspección General de Hacienda, dentro del plazo de ciento cincuenta días de la notificación de la autorización para funcionar, suministrando los datos y documentos que esta Oficina requiera.

Las sociedades anónimas constituidas definitivamente con anterioridad a dicha publicación, deberán inscribirse en igual forma en el plazo que establezca la reglamentación de este artículo.

Toda modificación de los datos de inscripción deberá registrarse dentro de los treinta días de producida.

Las sociedades anónimas que no dieren cumplimiento a las obligaciones previstas en los incisos primero y segundo serán sancionadas con una multa de 100 UR (cien unidades reajustables), que se incrementará en 10 UR (diez unidades reajustables) por cada mes de atraso en efectuar la inscripción.

En un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de lo dispuesto por este artículo y el plazo establecido en el inciso primero se computará desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Art. 116. - Los funcionarios que a partir de la vigencia de la presente ley, pasen a prestar servicios en la Dirección General Impositiva por redistribución, pase en comisión o cualquier otro modo, sólo podrán percibir por concepto de sueldo y demás retribuciones sujetas a montepío, excepto los Renglones 077 "Quebrantos de Caja", 061.301 "Por Trabajo en Horas Extras", 061.302 "Por tareas que impliquen cambio de su residencia habitual" y 061.304 "Por funciones distintas a la del cargo", hasta una suma equivalente a la percibida por los funcionarios del mismo Escalafón y Grado de la planilla presupuestal de la Dirección General Impositiva, con igual calificación.

Cuando las retribuciones percibidas por los funcionarios indicados en el inciso anterior, determinadas en las condiciones previstas en el mismo, sean superiores a las de los funcionarios de la Dirección General Impositiva, el excedente se deducirá de los importes que les correspondería percibir por concepto del beneficio establecido por el artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

La suma que se deduzca a dichos funcionarios, será vertida a Rentas Generales.

En aquellos casos en que no exista equivalencia de Escalafones y Grados, con las planillas presupuestales de la Dirección General Impositiva, la equiparación se efectuará con los cargos de los funcionarios del organismo que cumplan análogas funciones.

Art. 117. - La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 2 "Materiales y Artículos de Consumo", Subrubro 2.4 "Productos de Papel, Libros e Impresos" del Programa 005 "Recaudación de Impuestos", los importes necesarios hasta un máximo de N$ 80:000.000 (ochenta millones de nuevos pesos), para financiar el costo de las publicaciones y formularios que se utilicen para información, liquidación y pago de los impuestos que recaude.

El máximo establecido en el inciso anterior se actualizará de acuerdo a lo establecido por el artículo 69 de la Ley de Presupuesto Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 118. - La Dirección General Impositiva podrá contratar hasta treinta funcionarios para desempeñar las funciones de Ingeniero de Sistemas, Analista Programador, Operador de Sistemas o Digitador, con una retribución total equivalente a la fijada por todo concepto para idéntica función, a los funcionarios del Centro de Computación de la Contaduría General de la Nación.

Estos funcionarios no estarán comprendidos en el beneficio establecido por el artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y no tendrán derecho a la opción a que se hace referencia en el inciso siguiente.

Los funcionarios presupuestados o contratados de la Dirección General Impositiva actualmente afectados al cumplimiento de las funciones de referencia, podrán optar, de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo, por su incorporación al régimen de retribución establecido en el inciso primero de este artículo.

En tal caso tampoco les alcanzará el beneficio establecido en el artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Los funcionarios que pasen a desempeñar dichas funciones en las vacantes que se produzcan en las mismas, estarán amparados por el régimen establecido en este artículo.

La reglamentación establecerá asimismo los títulos habilitantes y demás requisitos que deberán acreditar los funcionarios para su incorporación al régimen de referencia.

Art. 119. - El actual régimen de encargado de unidad y de sector de la Dirección General Impositiva se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 1988.

A partir de esa fecha los encargados de unidades sólo podrán ser funcionarios del Grado superior del Escalafón y serie correspondiente y los encargados de sector sólo podrán ser funcionarios de los dos Grados superiores del Escalafón y serie correspondiente.

Art. 120. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrán ser encargados de unidades los funcionarios que revistan en los tres Grados superiores de cada Escalafón y serie correspondiente.

Dichos encargados de unidad no podrán superar el total de veinticinco, debiendo establecer el Poder Ejecutivo, en la reglamentación correspondiente, cuáles serán los mismos.

Habrá además diez funcionarios cumpliendo tareas de asesoramiento directo a los jerarcas, percibiendo cuatro de ellos el nivel de remuneración de encargado de unidad y seis de ellos el de encargado de sector.

Art. 121. - El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General Impositiva, atribuirá la titularidad de las funciones referidas precedentemente.

Art. 122. - Fíjase una partida por una sola vez de N$ 72:581.000 (nuevos pesos setenta y dos millones quinientos ochenta y un mil), equivalente a U$S 401.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos un mil), como contrapartida nacional al Convenio sobre Cooperación Técnica No Reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (ATN/SF 2827-UR), para realizar una sistema de registro único de contribuyentes y cuenta tributaria en la Dirección General Impositiva.

Este crédito regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 123. - Increméntase en N$ 3:000.000 (nuevos pesos tres millones), el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", Renglón 061.301 "Por Trabajo en Horas Extras", del Programa 009 "Administración del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado".

Art. 124. - Declárase que el inciso 1º del artículo 260 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, es aplicable a los dos titulares de los cargos de Subdirector General existentes en la Unidad Ejecutora 009, "Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado" del Programa 009, "Administración del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado".

Art. 125. - Autorízase a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado a acordar con las Intendencias Municipales la puesta al día del catastro urbano, suburbano y rural de los distintos departamentos. Podrá la mencionada oficina solicitar de aquéllas la colaboración material y las sumas de dinero necesarias, para retribuir a los funcionarios por trabajos extraordinarios y por horas extras que realicen en el cumplimiento de dicha tarea, así como para contratar obras con profesionales universitarios y efectuar adquisiciones de materiales imprescindibles a los fines establecidos. Estas sumas se depositarán en una cuenta especial que se habilitará en el Banco de la República Oriental del Uruguay, contra la cual girará la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, previa intervención de la Contaduría Central del Ministerio de Economía y Finanzas y del Tribunal de Cuentas.

La mencionada labor se cumplirá, en cada caso, a solicitud de las respectivas Intendencias Municipales, dando cuenta, la Dirección citada, al Ministerio de Economía y Finanzas, de los convenios celebrados en cumplimiento de lo dispuesto en esta norma.

Art. 126. - Sustitúyese el artículo 577 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, y modificativos, por el siguiente:

"ARTÍCULO 577. - Establécense las siguientes tasas anuales para las respectivas autorizaciones de juegos a cargo de la Dirección de Loterías y Quinielas:

Montevideo
UR

Interior
UR

A)

Quinielas y Tómbolas  

  

Agentes   

60

30

  

Subagentes   

2

1

  

Corredores   

1

     0,50

B)

Loterías   

  

Agentes   

10

10".

INCISO 06
Ministerio de Relaciones Exteriores

Artículo 127. - Agrégase al artículo 288 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el siguiente inciso:

"Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentren en la situación a que refiere el inciso final del artículo 37 del Decreto-Ley número 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, percibirán la remuneración correspondiente a su cargo y grado en el inciso, abonándoseles además la diferencia de sueldo resultante entre el cargo y la remuneración que le correspondiere a un aspirante seleccionado que no revista tal calidad".

Art. 128. - Inclúyese a partir de la promulgación de la presente ley, a los funcionarios de los Escalafones AaB, AcA y AcC comprendidos en lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en el beneficio establecido por el artículo 44 de la Ley número 15.767, de 13 de setiembre de 1985.

Art. 129. - Los funcionarios del Servicio Exterior menores de setenta años, cuando alcance los límites máximos de edad fijados para cada Grado del Escalafón, dejarán vacante el cargo que ocupan en el Escalafón "Servicio Exterior" y serán incorporados a cargos del Escalafón R, creado por el artículo 28 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con la denominación que le otorgue el Ministerio de Relaciones Exteriores y con una retribución equivalente a un Grado superior al que ocupaban y en régimen de dedicación total.

Estos cargos se crearán automáticamente, en cada caso, para lo cual la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes y se suprimirán al vacar.

Los funcionarios incorporados al Escalafón R, no podrán ser destinados a cumplir funciones en el exterior y podrán optar por la redistribución en otro Inciso.

Las disposiciones previstas en el presente artículo, se harán extensivas a aquellos funcionarios que, habiendo alcanzado los límites de edad referidos, no hayan sido redistribuidos en otras reparticiones del Estado al 1º de enero de 1987.

Art. 130. - El Ministerio de Economía y Finanzas otorgará un fondo permanente en moneda extranjera, adicional al establecido por el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979, equivalente a un duodécimo de las distintas partidas de gastos de funcionamiento giradas al exterior en el Ejercicio anterior.

Los montos que se anticipen del citado fondo se reintegrarán al mismo, con cargo a los recursos presupuestales correspondientes.

Art. 131. - Agrégase al artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, el siguiente inciso:

"Los Ministros y Ministros consejeros que sean acreditados en calidad de embajador, percibirán los haberes y demás compensaciones correspondientes a esta última categoría presupuestal, durante el término de su misión en el exterior".

Art. 132. - Increméntase el Rubro 3 "Servicios no Personales", en los Programas 001 "Administración" y 002 "Ejecución de la Política Internacional", en N$ 2:000.000 (nuevos pesos dos millones) y en N$ 9:000.000 (nuevos pesos nueve millones), respectivamente.

Art. 133. -Apruébase el presupuesto para el Ejercicio 1986 de la Delegación Uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con cargo al Fondo Energético, por un monto global de N$ 82:091.000 (nuevos pesos ochenta y dos millones noventa y un mil). Dicho monto se desglosa de la siguiente manera: N$ 21:790.000 (nuevos pesos veintiúnmillones setecientos noventa mil), para expropiaciones; N$ 17:500.000 (nuevos pesos diecisiete millones quinientos mil), para prestaciones; N$ 42:800.000 (nuevos pesos cuarenta y dos millones ochocientos mil), para Centro de Frontera y Zona del Lago y N$ 1.000 (nuevos pesos un mil), para gastos de administración.

Art. 134. - Agrégase al artículo 44 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, el siguiente inciso:

"La presente disposición será de aplicación exclusivamente a los funcionarios que al 31 de diciembre de 1985 integran dicho Escalafón".

Art. 135. - Facúltase al Ministerio de Relaciones Exteriores a microfilmar aquella documentación probatoria de actuaciones financiera y contable. El microfilm y sus copias tendrán validez legal a esos efectos.

Art. 136. - Agrégase al artículo 39 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, el siguiente literal:

"f) las vacantes que se produzcan en los cargos mencionados en el literal precedente, podrán ser provistas inmediatamente que se generen, sin atender a los plazos previstos en el párrafo primero del presente artículo ".

Art. 137. - Para la racionalización administrativa del Escalafón del Servicio Exterior, se aplicarán las normas contenidas en el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

La racionalización tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 1987, no significará costo presupuestal y podrá utilizar los créditos por vacantes existentes al 30 de junio de 1986. El plazo para su presentación vencerá a los sesenta días de la promulgación de la presente ley.

Art. 138. - Sustitúyese a partir del 1º de abril de 1987, el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, por el siguiente:

"ARTÍCULO 48. - El coeficiente a que hace referencia el artículo 63 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960, modificativas y concordantes, variará de 0,65 a 2,50 en fracciones de 0,01 ajustándose a las escalas de los organismos internacionales".

Art. 139. - Declárase que lo dispuesto por los artículos 20 y 31, literal B), del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, referentes a límites de edad, no es aplicable a los funcionarios que hayan sido restituidos al amparo de las Leyes Nos. 15.737, de 8 de marzo de 1985, y 15.783, de 28 de noviembre de 1985, respectivamente, durante un período de cinco años computables a partir de la fecha de su reintegro a dicho Ministerio, a los efectos de la recomposición de su carrera funcional prescrita por la última ley citada.

Verificada dicha recomposición, permanecerán en la condición presupuestal de su restitución, hasta tanto se dicte la norma legal pertinente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de la referida Ley Nº 15.783.

INCISO 07
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Artículo 140. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a disponer de la partida a que refiere el artículo 307 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, así como del 5% (cinco por ciento), a que refiere el literal f), del artículo 53 de la citada ley, y de los excedentes al 31 de diciembre de 1985 del Renglón 061.303, en la parte que corresponda al primer semestre de 1986, en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 141. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 061.301 "Por Trabajo en Horas Extras", de las Unidades Ejecutoras 001 "Dirección General", y 003 "Dirección de Administración Financiera", del Programa 001 "Administración Superior", en las sumas de nuevos pesos 3:850.000 (nuevos pesos tres millones ochocientos cincuenta mil) y de N$ 500.000 (nuevos pesos quinientos mil), respectivamente.

Art. 142. - Asígnase a partir del 1º de enero de 1987, una partida anual de N$ 28:200.000 (nuevos pesos veintiocho millones doscientos mil), que se distribuirá de la siguiente forma:

Programa

Rubro

N$

004

"Recursos Naturales Renovables"

3

4:200.000

005

"Servicios Agronómicos"  

2

9:600.000

005

"Servicios Agronómicos"  

3

2:400.000

005

"Servicios Agronómicos"  

4.7

2:400.000

006

"Servicios Veterinarios"  

3

9:600.000

Art. 143. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, en N$ 29:000.000 (nuevos pesos veintinueve millones), la partida establecida en el artículo 311 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 144. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 064.304 "Retribución Adicional por Suplementos a Personal Técnico", en N$ 120:000.000 (nuevos pesos ciento veinte millones).

En el presente Ejercicio no podrá utilizarse más que los dos tercios del referido aumento.

Art. 145. - Declárase que la retribución adicional por suplementos a personal técnico, a que refiere el artículo 306 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, no está comprendida dentro de los porcentajes máximos de compensación al grado, fijados por el artículo 50 de dicha ley.

Art. 146. - Las dependencias del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", radicadas en el interior del país, sin perjuicio del cumplimiento de los cometidos privativos asignados a las Unidades Ejecutoras a las que se encuentran jerarquizadas, coordinarán su actuación con otras subordinadas a Unidades Ejecutoras distintas, en toda acción del Ministerio, en el medio de que sea requerido su concurso. Asimismo éstas deberán prestar la colaboración necesaria a las Unidades Ejecutoras, que no tengan dependencias en dicho medio y deban cumplir en el mismo la actividad que le fuere requerida.

La reglamentación establecerá la forma de coordinación de los servicios aludidos y utilización racional de los recursos humanos y materiales con los que se cuente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 688 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 147. - Extiéndse a todas las sanciones pecuniarias, gastos de saneamiento, tratamientos, análisis oficiales y demás prestaciones que la ley pone a cargo de las dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 12.293, de 3 de julio de 1956, con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.553, de 21 de mayo de 1984.

A tal efecto, una vez que la resolución respectiva haya quedado firme, las actuaciones serán remitidas a la Dirección General de los Servicios de Contralor Agropecuario para que proceda al cobro por la vía judicial en la forma dispuesta por la referida norma.

Art. 148. - Las erogaciones por concepto de viáticos, horas extras, combustibles, alimentación o similares, cuando éstas tengan carácter excepcional, que deban efectuar las distintas dependencias del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en ocasión de la prestación de servicios requeridos por terceros, sean particulares u organismos públicos, serán de cargo de éstos, de acuerdo con las normas que regulan dichos servicios y la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 149. - Autorízase a la Unidad Ejecutora 005 "Dirección de Investigación", del Programa 002 "Generación y Transferencia de Tecnología", a identificarse en su gestión administrativa como "Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger" (CIAAB), sin perjuicio de la denominación que actualmente ostenta dentro del programa mencionado.

Art. 150. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Unidad Ejecutora competente, fijará el arancel anual de mantenimiento en el Registro de Propiedad de Cultivares, establecido por el Decreto-Ley Nº 15.173, de 13 de agosto de 1981.

Art. 151. - Una vez aprobada la racionalización administrativa a que refiere el artículo 53 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, se abatirán las partidas de subvenciones referidas en el artículo 618 de la mencionada ley, correspondientes a la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, Comisión Honoraria del Plan de Promoción Granjera y Comisión Honoraria del Plan de Desarrollo Agropecuario, y se incrementarán en iguales montos los créditos presupuestales del Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", y Rubro 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales", correspondientes a dichas Unidades Ejecutoras o a las que sucedan.

La Contaduría General de la Nación ajustará los créditos presupuestales necesarios para la aplicación de la presente disposición.

Art. 152. - Facúltase a la Unidad Ejecutora 024 del Inciso 07 a otorgar compensaciones mensuales por permanencia a la orden a sus funcionarios contratados, las que no podrán exceder del 30% (treinta por ciento), de las retribuciones que perciban por todo concepto, y serán atendidas con cargo a la respectiva partida de subsidio.

Dichas compensaciones deberán ajustarse a los requisitos que establezca la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo, y la inclusión en el régimen deberá ser dispuesta, en cada caso, por resolución fundada de la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario.

Art. 153. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá la totalidad de los poderes jurídicos para la determinación, imposición y ejecución de sanciones en lo relacionado con infracciones a normas legales y reglamentarias vinculadas al sector agropecuario.

Declárase que la asignación de atribuciones que las leyes y demás disposiciones confieren actualmente a las distintas dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la materia a que refiere el inciso anterior, se reputará hecha a dicho Ministeiro.

Derógase el artículo 142 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, en la redacción dada por el artículo 325 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 154. - Suprímese la Comisión Honoraria del Plan de Desarrollo Agropecuario, creada por el artículo 4º de la Ley Nº 12.787, de 15 de noviembre de 1960.

Los cometidos, bienes, derechos y obligaciones asignados a dicha Comisión, pasarán a la Dirección de Contralor de Insumos Agropecuarios.

Los funcionarios respectivos pasarán a ocupar cargos presupuestados en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en la Unidad Ejecutora 032 "Dirección de Contralor de Insumos Agropecuarios", del Programa 008 "Servicios de Contralor Agropecuario", manteniendo sus remuneraciones y categorías funcionales.

Art. 155. - Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, aportes y contribuciones, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su régimen de funcionamiento, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Inspección General de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto con las más amplias facultades; debiendo elevarse a la misma, la Rendición de Cuentas del Ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro de los noventa días del cierre del mismo.

La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

Art. 156. - Sus bienes son inembargables y sus créditos cualesquiera fuere su origen, gozan del privilegio establecido por el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Art. 157. - Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento veinte días de la constitución de sus autoridades, un proyecto de ley de vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vida.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vida y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Desarrollar por sí a través de convenios con otras instituciones, tareas de experimentación en el campo de la ecología vitícola y de la explotación de las industrias derivadas de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción, agroindustriales o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Aplicar las normas, leyes y decretos vigentes relativos a las atribuciones y cometidos precedentes, para lo cual tendrá la función de fiscalización en toda la actividad del sector. A estos efectos, podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia.

k) En general, ejercer todas las potestades conferidas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relativas a la vitivinicultura, con excepción de las establecidas en el artículo siguiente.

Art. 158. - El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) asesorará preceptivamente al Poder Ejecutivo en lo siguiente:

a) Fijaciones de precios mínimos para la comercialización de la uva y sus subproductos.

b) Formas y condiciones de producción, elaboración, envasado, circulación, destilación, comercialización, importación y exportación de los productos regulados por esta ley.

En cada caso se determinarán los métodos o prácticas de elaboración, o tratamiento,que serán de libre aplicación, y aquellas para las cuales se requerirá comunicación previa o posterior a la administración del Instituto Nacional de Vitivinicultura, o en su caso la autorización de éste.

c) Normas sobre tipificación, composición, calidad, potabilidad, y aptitud para el consumo, de los productos a que se refiere esta ley.

d) Reglamentación de la utilización y comercialización de los productos, ingredientes y aditivos que se empleen para la obtención y procesamiento de los productos regulados por esta ley; pudiendo establecerse normas acerca de la composición, calidad e inocuidad de los mismos o reglamentar lo inherente a la fiscalización e inspección de los viñedos, viveros y lugares donde se opere, industrialice, deposite, destile y comercialice cualesquiera de los productos regulados por esta ley.

e) Fijación de normas relativas a la extracción de muestras, su conservación y plazo de vigencia de éstas.

Art. 159. - El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Estarán a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) las tareas de inspección y contralor relativas al cumpimiento de las normas que dicte el Poder Ejecutivo en materia vitivinícola. Comprobada la infracción, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, elevará las actuaciones al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a efectos de que éste disponga las sanciones del caso a que hubiere lugar.

Art. 160. - El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido y administrado por un Consejo de Administración de nueve miembros, integrado por tres delegados del Poder Ejecutivo; designados respectivamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo presidirá, Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de Economía y Finanzas; dos designados por los viticultores, dos por los bodegueros, uno por los Grupos Crea de Viticultores, y uno por las Cooperativas Vitivinícolas. Los miembros permanecerán en sus cargos por el plazo de cuatro años y podrán ser reelectos, hasta la designación de sus sustitutos.

Art. 161. - Cada miembro de la actividad privada será designado con representante alterno, los que ejercerán automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público.

Art. 162. - El Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley, determinará los criterios para las designaciones por los sectores privados y designará directamente a éstos, cuando las entidades privadas no hubieren formalizado su propuesta dentro del plazo de treinta días de serle sugerida; en tal caso, las designaciones de titular y alterno, recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión.

Art. 163. - Créase la tasa de promoción y control vitivinícola, que gravará la expedición de las boletas de circulación y calidad de vinos nacionales e importados por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), la que será recaudada por éste, en oportunidad de la expedición de aquéllas, las que servirán además, como justificativo del pago del tributo. El monto de la tasa será de N$ 1,50 (nuevos pesos uno con cincuenta centésimos), por litro de vino y su producto será actualizado anualmente en función de las variaciones que se produzcan en el valor medio de los vinos nacionales; el que será determinado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Por decisión unánime de los integrantes del Consejo, se podrá aumentar la tasa actualizada hasta un máximo del 5% (cinco por ciento), del valor medio de comercialización del vino.

Art. 164. - El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola, será vertido en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Asimismo, serán depositados en dicha cuenta, y formarán parte del patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAV) lo proveniente de:

1) Los recursos procedentes de préstamos que las leyes autoricen a contratar con organismos internacionales de crédito.

2) Con el producto de las multas e intereses de mora por sanciones e infracciones a disposiciones del régimen legal vigente.

3) Con el valor sustitutivo del producto incautado y con el producto de la enajenación del mismo y de las maquinarias incautadas.

4) Con las donaciones y legados que pueda recibir de particulares o instituciones públicas o privadas ya sean nacionales, extranjeras o internacionales.

La tasa de promoción y control vitivinícola, entrará en vigencia a los treinta días de constituido el Consejo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de cuya circunstancia se dará amplia publicidad a sus efectos.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) no entregará a los contribuyentes los elementos de control que expida en el ejercicio de sus funciones, sin que se acrediten por su parte, el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con el fondo o la obtención de plazo para su pago, concedido por el mismo.

Art. 165. - Contra las resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), procederá recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los veinte días hábiles, a partir del siguiente de la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, el Presidente dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer únicamente, por razones de legalidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno, a la fecha en que dicho acto fue dictado. La interposición de esta demanda, deberá hacerse dentro del término de veinte días hábiles de notificada la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

El Tribunal fallará en única instancia.

Art. 166. - El Consejo de Administración, dentro de los noventa días de su instalación, dictará su reglamento interno, que fijará el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Su presupuesto será determinado por el Consejo de Administración.

Art. 167. - En un plazo que no podrá exceder de ciento ochenta días, contados de la constitución del Consejo, el Poder Ejecutivo, reglamentará las relaciones del organismo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la trasferencia de la infraestructura funcional y formal del organismo estatal que, al momento de sancionarse esta ley, posee el Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca, en esta materia, a la jurisdicción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Art. 168. - Los funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) serán designados de entre los actuales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y deberá contarse con la pertinente autorización de dicho Ministerio. La relación funcional con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) se regirá por el derecho privado, y el funcionario mantendrá su cargo presupuestal. Cuando por razones justificadas se haga necesario el ingreso de funcionarios ajenos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el mismo deberá ser aprobado por dos tercios del total de integrantes del Consejo de Administración, y se realizará por concurso de oposición o de méritos, según se establezca en cada caso.

Art. 169. - A efectos de poder proceder a su instalación y gastos, en el primer Ejercicio, asígnase al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), una partida, que reintegrará con la recaudación de la tasa que se le atribuye, de N$ 1:000.000 (un millón de nuevos pesos).

Art. 170. - El valor de las Guías de Propiedad y Tránsito a que refiere el Decreto 700/973, de 23 de agosto de 1973, declarado ley por el Decreto-Ley Nº 14.165, de 7 de marzo de 1974, será equivalente a un décimo del fijado para la unidad reajustable en el mes de enero de 1987 y se ajustará automáticamente al 1º de julio de cada año en función de la variación de dicho índice.

Art. 171. - Derógase el artículo 313 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986.

Los ingresos provenientes de la expedición de Guías de Propiedad y Tránsito a que refiere el Decreto Nº 700/973, de 23 de agosto de 1973, declarado ley por el Decreto-Ley Nº 14.165, de 7 de marzo de 1974, corresponderán a la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), que los destinará al cumplimiento de sus fines específicos.

Esta disposición regirá a partir del 1º de enero de 1987.

Art. 172. - Transfiérese del dominio del Estado (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) al Banco Hipotecario del Uruguay, la propiedad de la fracción de terreno y construcciones que conforma en la actualidad el "Barrio Anglo", situado en la Primera Sección Judicial de Río Negro, que constituye el padrón suburbano número 2367 y que es parte de la fracción empadronada en su conjunto con los Nos. 2367, 2368 y 3716 en el plano levantado por el ingeniero agrimensor Luis A. Carballo, de abril de 1972 inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado con el Nº 1148, el 25 de abril de 1972.

La mensura y deslinde del área final del padrón suburbano Nº 2367 cuya transferencia de dominio se autoriza por este artículo, comprenderá exclusivamente la zona de viviendas con total exclusión de toda otra área.

Cométese a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado el levantamiento del plano correspondiente.

La transferencia de la propiedad se hará efectiva mediante el otorgamiento de la respectiva escritura que se inscribirá en el Registro de Traslaciones de Dominio.

Art. 173. - Autorízase al Estado (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), a transferir al Banco Hipotecario del Uruguay la suma de U$S 77.933,62 (dólares de los Estados Unidos de América setenta y siete mil novecientos treinta y tres con sesenta y dos centavos), depositada en la cuenta Nº 2222-31305/1 del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Dicha cifra se destinará a financiar los costos resultantes de la incorporación del núcleo habitacional a que refiere el artículo anterior, a las redes de agua corriente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), y de energía eléctrica de Usinas y Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE). De existir saldos positivos, se destinarán a la construcción de viviendas de carácter social.

Art. 174. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a concertar con el Estado un préstamo de hasta la suma de N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones), con destino a la explotación agrícola-ganadera a desarrollar en el Establecimiento Anchorena, dentro de las normas previstas para las líneas de crédito "Banco de la República Oriental del Uruguay - Plan Agropecuario", bajo la supervisión técnica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en cumplimiento del legado aceptado por Resolución del Poder Ejecutivo de 22 de junio de 1965.

Dicho préstamo será cancelado con el producto de la explotación del establecimiento.

Art. 175. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay y a la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos, a concertar en nombre del Estado, préstamos destinados a la construcción, adecuación y adquisición de silos y toda otra infraestructura de almacenaje de granos que se incluya en su programa de inversiones.

Dichos préstamos se cancelarán con el producto del impuesto previsto en el artículo 321 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 176. - Facúltase al ordenador primario a delegar en el Director General del Instituto Nacional de Pesca, la competencia de designación para efectuar las contrataciones de personal destinado a atender las tareas del buque de investigación.

Para estos casos no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 440 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Tales contrataciones estarán sujetas al plazo y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 177. - Créase en el Programa 001 "Administración Superior", una partida de N$ 18:100.000 (nuevos pesos dieciocho millones cien mil), en carácter de proyecto de funcionamiento. La misma será destinada a atender exclusivamente los gastos que demande el relevamiento topográfico, así como la confección de las cartas y estudios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986.

Art. 178. - Facúltase a la Dirección Administración Financiera del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", a percibir contraprestaciones por los servicios que brinde su Centro de Computación, de acuerdo a la escala que fije anualmente el Poder Ejecutivo.

El producto deberá afectarse al funcionamiento y equipamiento del Centro, pudiendo destinarse hasta el 20% (veinte por ciento), al pago de retribuciones complementarias a los funcionarios de la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Administración Financiera".

Art. 179. - Transfiérese para el Ejercicio 1988, el monto no ejecutado de la partida creada por el artículo 98 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 180. - Autorízase a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con dependencias en el interior del país a otorgar, con cargo a sus proventos, una partida de alimentación al personal de campo (Escalafones D, E y F) afectados a tareas en el medio rural, en las condiciones que fije la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo.

INCISO 08
Ministerio de Industria y Energía

Artículo 181. - Declárase que la disposición contenida en el numeral 10), del artículo 85 de la Constitución de la República, no comprende lo relativo a las definiciones técnicas de las unidades incluidas en el Decreto-Ley Nº 15.298, de 7 de julio de 1982, quedando facultado el Poder Ejecutivo para adoptar las definiciones que para dichas unidades de medida apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 182. - La ejecución del Programa 002 "Formulación, Implementación y Contralor de la Política Nacional e Industrial", se cumplirá por el Director Nacional de Industrias.

A estos efectos, deberá coordinar y controlar el cumplimiento de los subprogramas a cargo de las Unidades Ejecutoras subordinadas a su jerarquía, ejerciendo además la Dirección de la Unidad Ejecutora 002 "Centro Nacional de la Política y Desarrollo Industrial".

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 183. - Autorízase a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria y Energía la prestación de los siguientes servicios analíticos:

1) Análisis espectrométricos de la actividad de muestras de leche y derivados lácteos.

2) Análisis espectrométricos de muestras de suelos.

3) Análisis espectrométricos de origen vegetal.

4) Análisis espectrométricos de muestras cárnicas de cualquier especie, subproductos y derivados.

5) Análisis espectrométricos de muestras de agua.

6) Análisis espectrométricos de muestras de aerosoles atmosféricos.

7) Análisis de elementos traza en alimentos y demás sustancias de origen biológico.

8) Análisis elemental de minerales y muestras geológicas.

9) Análisis de elementos en agua, aceites minerales, solventes y demás muestras en estado líquido.

10) Análisis elementales de aerosoles atmosféricos y demás partículas ambientales.

11) Otros análisis acordes con la técnica analítica requerida.

Esta disposición entrará a regir a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 184. - El Poder Ejecutivo fijará los precios de los servicios que la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria y Energía, preste a organismos públicos y a particulares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

La misma se hará en base a su costo real de realización, incluyendo los costos directos y los de amortización de equipos que se utilizaren en la prestación del servicio.

Esta disposición entrará a regir a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 185. - Modifícanse los importes de las tasas creadas por el artículo 343 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los que quedarán fijados, para el Ejercicio 1988, en los siguientes valores:

- Por cada servicio de contralor de instalaciones y equipos nucleares, radiactivos, generadores de radiación ionizante, N$ 8.000 (nuevos pesos ocho mil).

- Por servicio anual de dosimetría personal externa, N$ 7.200 (nuevos pesos siete mil doscientos).

Ambos servicios serán abonados en el momento de su contratación.

El Poder Ejecutivo actualizará los valores fijados, de acuerdo al procedimiento establecido por el artículo 69 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 186. - Fíjanse los siguientes tributos por trámites de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y patentes de diseños industriales, que regirán a partir de los diez días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

El importe de estos derechos se ajustará automáticamente el 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año, de acuerdo con el porcentaje de variación operado en el valor de la unidad reajustable, en el semestre inmediato anterior.

Se procederá al redondeo en la centena inmediata superior de las cantidades que resulten fraccionadas.

Marcas

UR

N$

  

1.104,62

Por solicitud de registro marca denominativa una clase  

2,67  

2.950

Por clase adicional  

1,67  

1.850

Por solicitud de registro marca emblemática o mixta  

3,73  

4.120

Por clase adicional  

2,73  

3.020

Por modificación a la solicitud original de registro  

1,67  

1.850

Por oposición a una clase  

6,74  

7.450

Por oposición a cada clase adicional  

4,88  

5.395

Por solicitud de primera renovación a una clase  

5,59  

6.180

Por cada clase adicional  

4,34  

4.795

Por segunda y ulteriores renovaciones a una clase  

7,69  

8.500

Por cada clase adicional  

5,88  

6.500

Por transferencias a una clase  

5,05  

5.580

Por cada clase adicional  

4,34  

4.795

Por búsqueda de antecedentes marcas denominativas cada dos clases

1,58  

1.750

Por búsqueda de antecedentes marcas emblemáticas cada dos clases

1,13  

1.250

Por búsqueda de antecedentes marcas mixtas cada dos clases  

2,26  

2.500

Por solicitud de registro de licencias  

6,20  

6.850

PATENTES DE INVENCION

 

Marcas

UR

N$

Por solicitud   

9,51

10.500

Por solicitud con reivindicación de prioridad o reválida  

14,12

15.600

Por oposición   

6,74

7.450

Por solicitud de inscripción de transferencia  

5,05

5.580

Por solicitud de búsqueda en archivo de patentes nacionales

1,58

1.750

Por solicitud de búsqueda en archivo de patentes extranjeras

2,13

2.350

Por solicitud de licencia obligatoria  

5,16

5.700

Por declaración de explotación  

5,16

5.700

Por solicitud de registro de licencia convencional  

6,20

6.850

Por la primera a quinta anualidad cada una  

4,44

4.900

Por la sexta a décimoquinta anualidad cada una  

8,87

9.800

Por constancia de titularidad  

1,81

2.000

PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD
Y DISEÑOS INDUSTRIALES

 

Marcas

UR

N$

Por solicitud   

5,02

5.550

Por solicitud con reivindicación de prioridad o reválida  

7,06

7.800

Oposiciones   

6,74

7.450

Por solicitud de inscripción de transferencia  

5,05

5.580

Por solicitud de prórroga  

2,58

2.850

Por solicitud de búsqueda en archivo de patentes nacionales

1,58

1.750

Por solicitud de búsqueda en archivo de patentes extranjeras

2,13

2.350

Por solicitud de licencia obligatoria  

2,58

2.850

Por declaración de explotación  

2,58

2.850

Por la primera a la quinta anualidad  

1,27

1.400

Por la sexta a décima anualidad cada una  

2,53

2.800

Por solicitud de registros de licencia convencional  

4,48

6.850

Por constancia de titularidad  

1,81

2.000

OTROS DERECHOS

Marcas

UR

N$

Por solicitud de anotación de cambio de nombre o domicilio  

1,67

1.850

Por solicitud de expedición de testimonios urgentes por foja  

1,36

1.500

Por solicitud de expedición de testimonios comunes por foja  

0,91

1.000

Por solicitud de expedición de certificados urgentes por foja  

1,16

1.280

Por solicitud de expedición de certificados comunes por foja  

0,76

840

Por presentación de recursos, peticiones y acciones de anulación 

1,36

1.500

Por renuncias totales o parciales  

1,67

1.850

Por solicitud de inscripción en la matrícula de agentes  

25,36

28.000

Por derecho a examen  

3,39

3.750

Por servicio de microfilmación por cada foja  

0,18

200

Art. 187. - Derógase el artículo 20 de la Ley número 9.956, de 4 de octubre de 1940. Esta disposición entrará en vigencia a partir de los diez días de la promulgación de la presente ley.

Art. 188. - Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, por el siguiente:

"ARTÍCULO 14. - Iniciada la explotación industrial de la patente, el titular de la misma, el cesionario o el licenciado en su caso, dará de ello aviso al Centro Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que constate en qué condiciones se realiza a efectos de lo dispuesto en los artículos 10 y 13".

Art. 189. - Facúltase al Centro Nacional de la Propiedad Industrial a editar y vender publicaciones relativas a la propiedad industrial, pudiendo éste afectar el producido de las mismas, deducidos los costos respectivos, a la promoción, difusión e investigación de actividades propias a sus cometidos.

Art. 190. - Sustitúyese el artículo 347 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 347. - Las tasas a que refiere el artículo anterior se calcularán de acuerdo con la siguiente escala, expresada en unidades reajustables.

1) Hasta 5 m2 de superficie de calefacción 8,0934 UR más 0,3854 UR por cada metro cuadrado o fracción.

2) Por más de 5 m2 y hasta 10 m2 10,0204 UR más 0,2898 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 5 m2.

3) Por más de 10 m2 y hasta 50 m2, 11,4663 UR más 0,1928 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 10 m2.

4) Por más de 50 m2, 19,1744 UR más 0,972 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 50 m2.

Las cantidades resultantes en nuevos pesos se redondearán a la decena superior."

Art. 191. - Sustitúyese el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.298, de 7 de julio de 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 5º. - Créase en el Ministerio de Industria y Energía, la Dirección Nacional de Metrología Legal a la cual se le transfieren todos los recursos humanos y materiales del actual Departamento de Pesas y Medidas, órgano de la Dirección Nacional de Subsistencias, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas."

Art. 192. - Fíjanse los siguientes valores para las tasas creadas por el artículo 331 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986:

1) Tasa de aprobación de modelo.

Por cada modelo sometido a aprobación se exigirá la tasa de acuerdo a la siguiente tabla:

Precio de venta al
público (N$)

Tasa (N$)

Hasta 5.000

500

de 5.001 a 10.000

  

500 + 100% del exceso sobre 5.000

de 10.001 a 20.000

  

1.000 + 50% del exceso sobre 10.000

de 20.001 a 50.000

  

1.500 + 25% del exceso sobre 20.000

de 50.001 a 100.000

  

2.000 + 10% del exceso sobre 50.000

de 100.001 a 500.000

  

2.500 + 5% del exceso sobre 100.000

de 500.001 en adelante

  

3.000 + 1% del exceso sobre 500.000

2) Tasa por verificación primitiva.

Por cada unidad verificada se exigirá la tasa de acuerdo con la siguiente tabla:

Precio de venta al
público (N$)

Tasa (N$)

Hasta 5.000

5% sobre precio de venta al público

de 5.001 a 10.000

  

250 + 10% del exceso sobre 5.000  

de 10.001 a 20.000

  

500 + 7,5% del exceso sobre 10.000  

de 20.001 a 50.000

  

1.000 + 5% del exceso sobre 20.000  

de 50.001 a 100.000

  

2.000 + 2,5% del exceso sobre 50.000  

de 100.001 a 500.000

  

3.000 + 1% del exceso sobre 100.000  

de 500.001 en adelante

  

5.000 + 0,5% del exceso sobre 500.000  

3) Tasa por verificación periódica.

Su valor será el 50% (cincuenta por ciento) de la que correspondería satisfacer por verificación primitiva.

4) Serán sujetos pasivos de las tasas las personas naturales o jurídicas que presenten modelos para su aprobación o verificación o que sean titulares de los instrumentos de medición que sean objeto de verificación.

5) A los efectos de lo dispuesto por este artículo, entiéndese por "Precio de Venta al Público" el vigente al 31 de enero de cada año por el industrial, comerciante o importador, que comercializa el instrumento de medición en función del cual se aporta el Impuesto al Valor Agregado del mismo.

Art. 193. - Autorízase al Centro Nacional de Política y Desarrollo Industrial la venta de formularios referidos a los trámites, solicitudes y certificados que se cursen ante dicho centro, en la suma de N$ 40 (nuevos pesos cuarenta), por juego. Dicho precio será actualizado semestralmente de acuerdo a la variación de la unidad reajustable.

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 194. - Autorízase al Programa 002 "Formulación e Implementación y Contralor de la Política Nacional de Industrias", a percibir y pagar al exterior, por cuenta y orden de los usuarios, los costos derivados de las solicitudes de documentación e información realizadas a través del Servicio de Información Industrial y Tecnológica, que realiza el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial.

A estos ingresos no les será aplicable lo dispuesto por el artículo 642 de la presente ley.

Art. 195. - Exceptúase de lo establecido en el literal c), del artículo 26 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, para la incorporación definitiva de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Industria y Energía, siempre que los mismos reúnan los demás requisitos establecidos en el mencionado artículo.

La Contaduría General de la Nación será la encargada de efectuar las adecuaciones escalafonarias pertinentes.

Art. 196. - Agrégase al artículo 3º de la Ley número 8.764, de 15 de octubre de 1931, el siguiente literal:

"m) Participar en el exterior en las diversas fases de la operación petrolera -prospección, exploración, producción y comercialización- sea directamente o mediante asociación con otras empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Estarán comprendidas en esa competencia las actividades, negocios y contrataciones, en todas sus formas, que se estime necesario realizar en el exterior para el cumplimiento de esos cometidos.

Los contratos que se proyecten, requerirán la autorización del Poder Ejecutivo."

INCISO 09
Ministerio de Turismo

Artículo 197. - Incorpórase al Presupuesto Nacional, el Inciso 09 "Ministerio de Turismo". El Ministerio tendrá a su cargo la ejecución de los programas presupuestales siguientes:

001 "Administración Superior"

- Unidad Ejecutora 001 "Ministerio de Turismo (Secretaría)".

002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo"

- Unidad Ejecutora 002 "Centro de Investigación y Promoción del Turismo".

Art. 198. - Créanse a partir del 2 de abril de 1986, en la Unidad Ejecutora 001 "Ministerio de Turismo (Secretaría)", del Programa 001 "Administración Superior", un cargo de Director General de Secretaría y un cargo de Subdirector General, que tendrán el carácter de particular confianza.

Art. 199. - Transfórmase la denominación del cargo de Director Nacional de Turismo por la de Director del Centro de Investigación y Promoción del Turismo.

Art. 200. - Créanse los siguientes cargos en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", Programa 001 "Administración Superior", Unidad Ejecutora 001 "Ministerio de Turismo (Secretaría)".

Denominación Escalafón Grado

2

Director de División (Contador) (uno al vacar, asesor I A 21)

A

22

1

Director de División (Abogado)  

A

22

1

Director de División (Arquitecto)  

A

22

2

Asesor I (Abogado) (uno se suprime al vacar)

A

21

1

Asesor I (Escribano)  

A

21

3

Asesor II (Contador) (uno se suprime al vacar)

A

20

1

Asesor II (Arquitecto)  

A

20

2

Asesor III (Abogado)  

A

19

2

Asesor IV (Abogado)  

A

18

1

Asesor V (Ingeniero)  

A

17

1

Asesor V (Escribano)  

A

17

1

Asesor V (Médico)  

A

17

1

Asesor V (Abogado)  

A

17

1

Asesor V (Licenciado en Historia)  

A

17

1

Técnico III (Procurador)  

B

16

1

Técnico III (Administración Pública)  

B

16

1

Técnico V (Arquitectura)  

B

14

1

Director de División (Administrativo)  

C

20

1

Subdirector de División (Administrativo)  

C

20

6

Jefe de Departamento (Administrativo) (uno se suprime al vacar)

C

17

6

Subjefe de Departamento (Administrativo)  

C

15

13

Jefe de Sección (Administrativo)  

C

14

13

Administrativo I  

C

13

14

Administrativo II  

C

12

15

Administrativo III  

C

10

16

Administrativo IV  

C

8

1

Director de División (Relaciones Públicas)

D

19

1

Director de División (Servicios Turísticos)

D

19

1

Jefe de Departamento (Publicidad)  

D

17

1

Jefe de Departamento (Información)  

D

17

1

Jefe de Departamento (Inspección)  

D

17

1

Jefe de Departamento (Estadística)

D

17

1

Jefe de Departamento (Servicios Turísticos)

D

17

3

Especialista I  

D

16

3

Especialista II  

D

14

2

Especialista III  

D

12

14

Especialista IV  

D

10

1

Jefe de Sección (Mantenimiento)

E

14

3

Oficial I (Mantenimiento)  

E

13

1

Intendente   

F

14

1

Subintendente   

F

13

1

Encargado I (Chofer)  

F

12

7

Auxiliar I (Chofer)  

F

10

1

Encargado II (Portero)  

F

10

6

Auxiliar II (Portero)  

F

9

3

Auxiliar II (Telefonista)  

F

9

3

Auxiliar IV (Portero)  

F

7

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Turismo y previo informe de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, adecuará los cargos que se transfieren por el artículo 85 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, que se suprimirán al vacar, a la estructura de cargos que se crea precedentemente, los que se financiarán con los créditos transferidos y con una partida de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones).

Asígnase una partida de N$ 15:000.000 (nuevos pesos quince millones), al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", del Programa 001 "Administración Superior" destinada a la contratación de personal administrativo y técnico.

Asígnase una partida de N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones), al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", del Programa 002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo", destinada a la contratación de asesores y técnicos en investigación y desarrollo turístico.

Establécese el régimen de cuarenta horas semanales para los funcionarios del Ministerio de Turismo.

Las disposiciones contenidas en este artículo regirán a partir del 1º de enero de 1987.

Art. 201. - Increméntanse en el Programa 001 "Administración Superior", y en los montos que a continuación se detallan, los créditos presupuestales siguientes:

Rubro

N$

2

12:015.000

3

11:775.000

Asígnase en el Programa 002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo", los siguientes créditos presupuestales:

Rubro

N$

2

12:015.000

3

6:175.000

7

5:175.000

Habilítase el Subrubro 4.70 en el Programa 001 "Administración Superior", con una dotación presupuestal de nuevos pesos 1:600.000 (nuevos pesos un millón seiscientos mil), y en el Programa 002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo", con una dotación presupuestal de N$ 320.000 (nuevos pesos trescientos veinte mil).

Para el Ejercicio 1987, las referidas partidas regirán a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 202. - Habilítanse en el Programa 001 "Administración Superior", el Rubro 7 "Subsidios y otras Transferencias", por un monto de N$ 3:204.000 (nuevos pesos tres millones doscientos cuatro mil), el Rubro 3 "Servicios no Personales", por un monto de N" 9:612.000 (nuevos pesos nueve millones seiscientos doce mil) y el Rubro 9 "Asignaciones Globales", por un monto de nuevos pesos 1:602.000 (nuevos pesos un millón seiscientos dos mil), a los efectos de la instalación del Centro de Informes en el Exterior.

Para el Ejercicio 1987, la partida creada precedentemente regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 203. - Créase en el Programa 002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo", una partida de nuevos pesos 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), para contratar mediante llamado público o contratación directa el personal eventual no administrativo, necesario para la ejecución de obras incluidas en los planes de mantenimiento de hoteles y paradores que administra. Dicho personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de obras o servicios para los cuales se les contrató.

Para el Ejercicio 1987, la partida creada precedentemente, regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 10
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Artículo 204. - Los proyectos de mantenimiento incluidos en los planes de inversiones, se regirán por lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto, del artículo 54 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

Será de aplicación para dichos créditos, lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979, y los artículos 107 y 108 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Art. 205. - Autorízase al Programa 002 "Servicios para la Registración, Calificación y Contralor de Cumplimiento de las Empresas Nacionales de Obras Públicas, Consultoras y Empresas de Trabajo y Servicios Complementarios", a disponer del remanente de los fondos provenientes del convenio aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo, de 25 de mayo de 1972, para solventar los gastos de inversión del referido registro, de conformidad con las normas vigentes en materia de contabilidad y administración financiera.

Art. 206. - Declárase que los cargos de Director de División y Jefe de Departamento del Escalafón Ab, y los cargos de Asistente de Profesional II de Contabilidad, y Ayudante Técnico I de Contabilidad, del Escalafón AcC, de la Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", y los cargos de Jefe de Sección y Subjefe de Sección, del Escalafón Ab, de la Unidad Ejecutora 006 "Dirección Nacional de Topografía", serán de dedicación total.

Los actuales titulares de los cargos a los que se les atribuye por esta ley el carácter de dedicación total, podrán renunciar al régimen a que refiere este artículo, dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, en cuyo caso no se percibirá la compensación complementaria.

Art. 207. - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá trasponer los proyectos con sus respectivos créditos incluidos en el Plan de Inversiones, al Ejercicio siguiente, cuando se difiera la licitación, adjudicación o contratación de la mano de obra de que se trate, manteniendo incambiado el monto máximo de ejecución correspondiente al Ejercicio a que se traspone el proyecto.

Art. 208. - Los proyectos de inversión contenidos en el planillado anexo a la presente ley se podrán ejecutar hasta los montos y por los Ejercicios que se determinan seguidametne:

N$

Ejercicio

18.773:276.000

1987

19.297:738.000

1988

20.841:838.920

1989

Dentro de los treinta días de promulgada la presente ley, se deberá aprobar por decreto la distribución por Programa y fuente de financiamiento.

Sin perjuicio de lo establecido, necesariamente deberá contenerse en dicha distribución, para cada uno de los Ejercicios 1987, 1988 y 1989 las respectivas cantidades de nuevos pesos 200:000.000 (doscientos millones) con destino a los fines previstos en el artículo 305 de la presente ley (Hospital de Las Piedras).

Art. 209. - Agréganse al artículo 95 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986, los siguientes incisos:

"La referida reglamentación preverá descuentos de hasta el 50% (cincuenta por ciento), en caso de pago al contado de dichos adeudos.

Los recargos por mora e intereses de financiación se regularán de la siguiente manera:

A) Para los deudores del impuesto creado por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, modificativas y concordantes, se sustituyen los recargos por mora previstos en el Código Tributario por un ajuste anual que dependerá de la variación de la cotización del dólar o la variación tarifaria de los servicios interdepartamentales, optándose en cada caso por el menor de ambos.

B) Los intereses de financiación a aplicarse al monto resultante de la deuda original más los recargos por mora, será un ajuste anual que dependerá de la variación de la cotización del dólar o la variación tarifaria de los servicios interdepartamentales, optándose en cada caso por el menor de ambos.

C) Para los deudores del impuesto creado por el artículo 15 de la referida Ley Nº 12.950, modificativas y concordantes, y de las multas por infracciones a los diferentes reglamentos que regulan el transporte, se sustituyen los recargos por mora vigentes, por un recargo de 3% (tres por ciento), capitalizable mensualmente, desde el 1º de enero de 1986 hasta la fecha de pago o de firma del convenio respectivo.

La vigencia de este artículo es la que corresponde a la Ley Nº 15.851, debiéndose formular nuevamente los convenios en vigencia o volver a calcular los pagos realizados que se hayan efectuado hasta la fecha, al amparo de lo dispuesto por el presente artículo".

Art. 210. - Sustitúyese el artículo 154 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, por el siguiente:

"ARTÍCULO 154. - La contravención a lo dispuesto por el artículo anterior, una vez comprobada debidamente, en expediente que se instruirá con audiencia de los interesados, será sancionada por el Ministerio competente, según los casos, con la obligación de eliminar los efectos de las acciones promovidas, restituyendo a la faja su conformación original, o con la prohibición de extraer materiales. En caso de demora o resistencia, o demora en el cumplimiento de la obligación de eliminar los efectos de las acciones y de restituir a la faja su conformación original, el Ministerio competente podrá hacerlo por sí mismo, siendo de cargo del infractor los gastos que ello ocasione.

Conjuntamente con la sanción anterior, se impondrá una multa entre los límites de 100 UR (cien unidades reajustables) y 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables), según la gravedad de la infracción".

Art. 211. - Sustitúyese el artículo 153 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, por el siguiente:

"ARTÍCULO 153. - Establécese una faja de defensa en la ribera del Océano Atlántico, el Río de la Plata, río Uruguay y de la Laguna Merim, para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura.

El ancho de esta faja será de doscientos cincuenta metros, medidos hacia el interior del territorio a partir del límite superior de la ribera, establecido en los artículos 36 y 37 de este Código.

Hacia el exterior, en las costas del Rio de la Plata y el Océano Atlántico, la faja se extenderá hasta la línea detemrinada por el Plano de Referencia Hidrométrico Provisorio (cero Wharton).

En el río Uruguay, el límite exterior de dicha faja será determinado por el Ministerio competente, en función de las costas correspondientes a los ceros de las escalas hidrométricas, adoptadas como referencia para las diferentes zonas del río.

Cuando existiesen rutas nacionales o ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia menor de doscientos cincuenta metros del límite superior de la ribera, el ancho de la faja de defensa se extenderá solametne hasta dichas rutas o ramblas.

Cualquier acción a promoverse en la faja de defensa de costas que modifique su configuración natural, requerirá la autorización previa del Ministerio competente, quien la denegará cuando dicha acción pueda causar efectos perjuidiciales a la configuración o estructura de la costa.

En los predios de propiedad fiscal o particular, las extracciones de arena, cantos rodados y rocas de yacimientos ubicados dentro de la faja de defensa, sólo podrán efectuarse hasta una cota no inferior al nivel situado cincuenta centímetros por encima del límite superior de la ribera".

Art. 212. - Sustitúyese el artículo 147 del Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, por el siguiente:

"ARTÍCULO 147. - Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 144 serán sancionadas por el Ministerio competente del modo siguiente:

1) Con una multa graduada entre 100 UR (cien unidades reajustables) y 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables), según la gravedad de la infracción, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

2) Con la caducidad del permiso o concesión de uso de aguas que hubiera otorgado al infractor.

Las sanciones mencionadas podrán imponerse conjuntamente y se entenderán sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, cuando el hecho constituyere delito.

No se podrán iniciar las obras o construcción de plantas industriales cuyo funcionamiento implique vertimiento de efluentes industriales, sin haber obtenido la aprobación del proyecto de planta de tratamiento de los referidos efluentes, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente será sancionado por dicho Ministerio de la siguiente manera:

1) Con la multa prevista en el numeral 1) de este artículo.

2) Con la suspensión de las obras y clausura del establecimiento hasta tanto se obtenga la aprobación mencionada".

Art. 213. - Cuando el trazado de un camino nacional, ocupe, afecte o sustituya total o parcialmente caminos de otra categoría, éstos serán calificados como nacionales en la parte ocupada, afectada o sustituida.

El Poder Ejecutivo, previo dictamen de las reparticiones técnicas competentes, podrá autorizar la permuta o enajenación a los propietarios frentistas de la nueva ruta, de los tramos en desuso del antiguo trazado.

Art. 214. - Sustitúyese el artículo 15 de la Ley número 12.950, de 23 de noviembre de 1961, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.315, de 23 de agosto de 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 15. - Créase a partir del año 1987, un impuesto anual por eje cuyo importe básico será de N$ 30.000,00 (nuevos pesos treinta mil), que gravará a los camiones, tractores con semirremolque y remolques con una capacidad de carga superior a los 5.000 kg.

El importe básico gravará a los camiones, tractores con semirremolque y remolques, que en atención a sus características, potencia de motor y número de ejes, preenten mayor potencialidad de desgaste de la infraestructura vial. Los vehículos que en función a las mismas consideraciones presenten una potencialidad media de desgaste, según la clasificación que establezca la reglamentación, estarán gravados por los 5/6 del importe básico, y los que la misma reglamentación identifique como los de menor desgaste potencial estarán gravados por los 2/3 del importe básico. Facúltase al Poder Ejecutivo, a partir del 1º de enero de 1988, para actualizar anualmente el valor establecido por el inciso anterior, aplicando los índices de aumento que determine la Dirección Generl de Estadística y Censos, operado en los precios del consumo para el Ejercicio inmediato anterior".

Art. 215. - Las canteras ubicadas en todo el territorio del país, cuyos materiales fueran necesarios para la ejecución de obras públicas establecidas en el Presupuesto Nacional, no estarán comprendidas en lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, rigiendo a estos efectos lo dispuesto por los artículos 55 y siguientes de la Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941.

Art. 216. - A los efectos de lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 10.382, de 13 de febrero de 1943, el Poder Ejecutivo, previa coformidad de la Intendencia Municipal respectiva, fijará las zonas urbanas y suburbanas de los caminos nacionales que atraviesan ciudades, villas o pueblos.

Art. 217. - La partida anual autorizada por el artículo 361 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, destinada a atender las erogaciones emergentes del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, entre la Universidad de la República y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ajustará en la misma oportunidad y en igual porcentaje que el que fije el Poder Ejecutivo para los sueldos de los funcionarios públicos.

A estos efectos se tomarán en cuenta todos los aumentos fijados con posterioridad al 1º de enero de 1986.

INCISO 11
Ministerio de Educación y Cultura

Artículo 218. - Derógase el artículo 326 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Art. 219. - Increméntase por el Ejercicio 1987, el Renglón 061.301 "Por Trabajo en Horas Extras", del Programa 002 "Publicaciones e Impresiones Oficiales", Unidad Ejecutora 002 "Diario Oficial", en N$ 1:280.180 (nuevos pesos un millón doscientos ochenta mil ciento ochenta) y en la Unidad Ejecutora 003 "Dirección General de la Imprenta Nacional", en N$ 12:100.484 (nuevos pesos doce millones cien mil cuatrocientos ochenta y cuatro).

Art. 220. - A partir del 1º de mayo de 1987, las dotaciones presupuestales de los cargos técnicos y especializados de la Unidad Ejecutora 011 "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", del Programa 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica", serán equivalentes a las de la Universidad de la República, en la forma que a continuación se expresa:

A) Las de Investigador Jefe Profesional, Escalafón A Grado 22 e Investigador Jefe Profesional, Escalafón B Grado 21, a las de Profesor Titular, Grado 5.

B) Las de Investigador Asistente, Escalafón D Grado 19, a las de Profesor Agregado, Grado 4.

C) Las de Investigador Ayudante, Escalafón D Grado 17, a las de Profesor Adjunto, Grado 3.

D) La de Asesor V Veterinario, Escalafón A Grado 17; Técnico I Bibliotecólogo, Escalafón B Grado 16; Técnico III Preparador, Escalafón B Grado 13; Jefe de Departamento Electrónica, Escalafón D Grado 17; Especialista Traductorado, Escalafón D Grado 15; Jefe de Sección Bioterio, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Electrónica, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Mecánica, Escalafón D Grado 14; Jefe de Sección Secretaría Científica, Escalafón D Grado 14; Especialista I Biblioteca, Escalafón D Grado 14; Especialista II Preparador, Escalafón D Grado 13; Ayudante de Bioterio, Escalafón D Grado 10; Especialista III Sección Secretaría Científica, Escalafón D Grado 8; Oficial I Albañil, Escalafón E Grado 10; Oficial I Carpintero, Escalafón E Grado 10; Oficial I Electricista, Escalafón E Grado 10; a las de igual Escalafón y Grado de la Universidad de la República.

Equiparado al padrón de Racionalización Presupuestal artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 221. - Transfiérese a partir del Ejercicio 1987, la dotación vigente de N$ 542.788,20 (nuevos pesos quinientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho con veinte centésimos) anuales, del Renglón 941 "Refuerzo de Rubros de Gastos", al Rubro 9 "Asignaciones Globales", que se habilita, y la suma de N$ 371.100,50 (nuevos pesos trescientos setenta y un mil cien con cincuenta centésimos), acordada al Renglón de suministros de carne 200.854 "Carnes y Menudencias", al Renglón 200.812 (ANCAP - Varios), correspondientes al Programa 004 "Fomento de la Investigaicón Técnico-Científica", Unidad Ejecutora 011 "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable".

Art. 222. - Facúltase al Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), a actuar como ordenador primario, en la administración de los fondos destinados a la construcción de las obras del complejo de espectáculos del organismo.

Art. 223. - Créase en el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", del Programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales", una partida de N$ 6:000.000 (nuevos pesos seis millones), para designar hasta diez animadores y profesores de danza, que podrán ser destinados, conforme a la reglamentación que se dictará, a prestar funcioes de su especialidad, con fines de difusión y docencia en escuelas, liceos, dependencias del Consejo del Niño, clubes sociales y deportivos, centros locales o de barrio e instituciones similares que no tengan fines de lucro.

Los respectivos cargos serán ocupados con la misma remuneración que les correspondería si continuaran la práctica activa de su profesión, por los integrantes efectivos del Cuerpo de Baile del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), que tengan un mínimo de veinte años de servicios en el mismo y que, en virtud de su edad, no estén en condiciones de proseguir su carrera artística y no se hallen habilitados o no deseen jubilarse.

Art. 224. - Inclúyense desde el 1º de mayo de 1987, en el literal e), del artículo 9º de la Ley N 15.809, de 8 de abril de 1986, los cargos de Director de TV Nacional y Director de Radiodifusión Nacional; en el literal f), el de Subdirector de TV Nacional, y en el literal h), el de Director de Canal 8 de Melo, del Programa 007 "Organización de Espectáclos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales".

Art. 225. - Sustitúyese el artículo 412 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 412. - Los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura cuyos cargos estén equiparados en sus retribuciones a cargos del Poder Judicial en régimen de dedicación total, percibirán el 62,5% (sesenta y dos con cinco por ciento), el 83,125% (ochenta y tres con ciento veinticinco por ciento) o el 100% (cien por ciento) de tales retribuciones, según revisten en régimen de seis horas, de ocho horas o de dedicación total, respectivamente.

La aplicación de la equiparación no podrá significar, en ningún caso, que a un cargo de grado superior le corresponda una remuneración menor que la de un cargo de igual o inferior grado del mismo Escalafón, que sea originario de la misma Unidad Ejecutora y que tenga el mismo régimen horario o de dedicación total.

En este caso la remuneración del cargo superior se fijara tomando como base la remuneración correspondiente al cargo y régimen con el que procede la comparación, incrementada en un 5% (cinco por ciento), respetando la escala jerárquica.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, a los funcionarios que a la fecha de vigencia de la presente ley estuvieren percibiendo sus dotaciones sobre la base del 68,96% (sesenta y ocho con noventa y seis por ciento) de las correspondientes a la escala de equiparación de sus respectivos cargos, por aplicación del Decreto 465/985, de 22 de setiembre de 1985, se les continuará aplicando este último porcentaje, mientras mantengan el mismo régimen horario".

En caso de modificarse el porcentaje de dedicación total establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, o de crearse otro régimen de compensación similar dentro de los cargos de equiparación, los porcentajes referidos precedentemente variarán proporcionalmente en cada régimen, de modo de mantener la equivalencia entre los distintos regímenes horarios o de dedicación.

Art. 226. - Declárase que lo dispuesto por el artículo 320 de la presente ley, para los funcionarios del Poder Judicial, es aplicable a todos los funcionarios del Inciso 11 "Ministeiro de Educación y Cultrua", que tengan equiparacion de remuneraciones con cargos de dicho Poder.

Art. 227. - Establécese a partir del 1º de mayo de 1987, que la equiparación dispuesta por el artículo 401 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, para los cargos de Secretario Abogado de las Fiscalías de Gobierno de 1er. y 2do. Turnos, corresponde se realice con equivalencia a los cargos de Juez de Paz de Ciudad.

La redistribución de funcionarios dentro del Ministerio de Educación y Cultura, a Unidades Ejecutoras cuyos cargos estén equiparados a otras unidades del Presupuesto Nacional, se efectuará por un grado no superior al último grado ocupado del Escalafón correspondiente de la unidad de destino.

Art. 228. - Transfórmanse en la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros", los cargos de Director de Departamento Escribano (AaA E3) y Actuario Adjunto Juzgado Letrado (AaA E2), provenientes del Registro Público y General de Comercio, en Director de División Escribano (AaA E5) y Subdirector de División Escribano (AaA E4), respectivamente. Transfórmase asimismo el cargo de Actuario Adjunto (AaA E2) contratado, en un cargo presupuestal de Director de Departamento Escribano (AaA E3).

Art. 229. - Interprétase que los cuarenta cargos de Técnico I Escribano (AaA 5) creados por el numeral 2) del artículo 432 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, en el Programa 009 "Inscripción y Certificación de Actos y Contratos", deberán ser provistos con el personal que poseyendo título de escribano público, se encontrare desempeñando a la fecha de promulgación de la citada ley, tareas propias del título que poseen y suscribiendo documentación como registradores. Dicha provisión se efectuará en base a la fecha de ingreso a la función.

Para la aplicación de lo previsto por el presente artículo, no regirá lo dispuesto por el inciso segundo, del artículo 22 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 230. - Modifícase con retroactividad al 1º de mayo de 1987, el artículo 420 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, donde dice "Director de Departamento Contador" (AaA E2) y "Director de División Escribano" (AaA E4), debe decir: "Director de Departamento Contador o Abogado" (AaA E2), y "Director de División Escribano, Abogado o Contador" (AaA E4), respectivamente.

Art. 231. - A los efectos de lo dispuesto por el literal e), del artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a computar las partidas pertenecientes a otros rubros de la Unidad Ejecutoria 016 "Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos" (SODRE), utilizados para pagar retribuciones personales por el sistema de "cachet".

Art. 232. - Créase una partida anual de N$ 144 millones (nuevos pesos ciento cuarenta y cuatro millones), destinada a incrementar las compensaciones máximas al grado establecidas en el artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Dicha aprtida incluye la financiación del sueldo anual complementario.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, distribuirá dicha partida entre los distintos Programas, dando cuenta a la Asamblea General, y reglamentará la asignación de compensaciones a efectos de nivelarlas obteniendo una adecuada pirámide salarial.

La presente disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 233. - Créase en el Programa 001 "Administración General", el "Centro del Diseño", destinándose una partida anual de N$ 4:800.000 (nuevos pesos cuatro millones ochocientos mil), con cargo a Rentas Generales, para atender los gastos de funcionamiento en lo atinente al pago de horas docentes, gastos de equipamietno y acondicionamiento del local.

Esta disposición regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 234. - Sustitúyense las penas establecidas en los artículos del Código Penal que a continuación se enumeran, por las siguientes: en el artículo 149, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 161, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 167, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 168, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 178, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 191, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 194, 100 UR (cien unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 196, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 198, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 205, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa; en el artículo 230, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 234, 100 UR (cien unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 235, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 251, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 256, 100 UR (cien unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 296, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 297, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 298, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 300, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 302, 100 UR (cien unidades reajustables) a 600 UR (seiscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 319, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 600 UR (seiscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 323, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 600 UR (seiscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 333, 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 334, 60 UR (sesenta unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 353, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 356, 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa; en el artículo 358, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en los artículos 360, 361, 364, 365 y 366, 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa.

Art. 235. - Modifícanse los artículos 68 y 84 del Código Penal, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 68 . - La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años.

La pena de prisión durará de tres meses a dos años.

La pena de inhabilitación absoluta especial durará de dos a diez años.

La pena de inhabilitación especial de determinada profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años.

La pena de suspensión durará de seis meses a dos años.

La pena de multa será de 10 UR (diez unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables)".

"ARTÍCULO 84. - (Sustitución de la multa). Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión regulándose un día por cada 10 UR (diez unidades reajustables).

El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa descontándose de ella, la parte proporcional a la prisión cumplida".

Art. 236. - Todas las modificaciones que antecedente, serán incorporadas al Código Penal en la primera edición oficial que se publique.

Art. 237. - Dispónese que la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, lleve un registro de todas las obras de arte que adquiera a cualquier título el Estado, por intermedio de sus dependencias nacionales o municipales.

A esos efectos será obligación de las mencionadas reparticiones, comunicar a la mencionada Comisión las obras que integran su patrimonio y las adquisiciones que realicen en el futuro.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Art. 238. - El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable podrá obtener recursos extrapresupuestales a través de la prestación de servicios técnicos, asesorías, realización de diagnósticos especializados, desarrollos instrumentales o metodológicos u otras tareas científicas de su competencia, requeridos por instituciones o personas privadas u oficiales, nacionales o extranjeras.

Estos recursos se destinarán principalmente al financiamiento de los gastos originados durante esa actividad y al funcionamiento y desarrollo de las unidades técnicas que presten dichos servicios, como así para solventar otras necesidades generales de la institución.

Dicho instituto reglamentará, dentro de los marcos legales, la prestación de tales servicios.

Art. 239. - Facúltase al Ministerio de Educación y Cultura a efectuar contrataciones a término, de artistas, profesores y técnicos, radicados en el exterior, con cargo al "Fondo Nacional de Educación Física y de Servicios Culturales", creado por el artículo 244 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Para este tipo de contrataciones no regirá el requisito de suscripción del contrato respectivo, dispuesto por el artículo 40 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Art. 240. - La Unidad Ejecutora del Programa 011 "Inscripciones y Certificaciones relativas al Estado Civil de las Personas", expedirá en forma gratuita recaudos y actuaciones de estado civil, cuando mediaren fundadas razones para proceder de acuerdo a ello, previa autorización del Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 241. - Sustitúyese el artículo 417 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 417. - La tasa del Registro de Estado Civil creada por el artículo 143 de la Ley Nº 14.100 de 29 de diciembre de 1972, tendrá los siguientes valores:

A) Los certificados de estado civil, N$ 80 (nuevos pesos ochenta).

B) Los testimonios de actas de estado civil, de expedientes matrimoniales, de transcripciones de partidas parroquiales, de transcripciones de partidas consulares, de inscripciones de documentos relativos a actos y hechos del estado civil ocurridos en el extranjero, de inscripción de escrituras de adopción, las legalizaciones de firmas y los certificados negativos de inscripciones, N$ 120 (nuevos pesos ciento veinte).

C) El expediente matrimonial, N$ 500 (nuevos pesos quinientos), cuando el número de testigos no supere el mínimo legal, y a partir de dicho mínimo, N$ 900 (nuevos pesos novecientos) por cada testigo.

D) El expediente matrimonial de matrimonios celebrados a domicilio, N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil), quedando exonerados los expedientes de matrimonios "in extremis" o de personas impedidas de concurrir por razones de salud o por otras razones ajenas a su voluntad.

E) Las libretas de matrimonio, N$ 300 (nuevos pesos trescientos).

F) La inscripción de primeras copias de escrituras de adopción, N$ 300 (nuevos pesos trescientos).

G) La inscripción de documentos relativos a actos y hechos del estado civil ocurridos en el extranjero y la transcripción de partidas parroquiales, nuevos pesos 1.000 (nuevos pesos mil).

H) Los certificados de declaración testimonial relativos al estado civil de solteros, N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil).

I) Las inscripciones supletorias de extranjeros radicados en la República, N$ 900 (nuevos pesos novecientos).

Estos valores podrán ser ajustados por el Ministerio de Educación y Cultura, en un monto no mayor a la variación operada en el Indice General de Precios del Consumo, en el período transcurrido desde la última fijación o ajuste en su caso.

Este artículo entrará a regir a partir de la promulgación de la presente ley".

Art. 242. - Derógase el inciso segundo, del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.027, de 17 de junio de 1980.

Art. 243. - Los cargos de dirección del Consejo del Niño serán provistos por concurso, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, entre los funcionarios del organismo. De declararse desierto el concurso, se podrá realizar nuevamente con libre presentación.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 244. - En las leyes que a continuación se expresan, los extremos de la pena de multa allí previstos se sustituirán por los siguientes: en los artículos 204 y 205 del Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974, 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 37 del Código Rural, 10 UR (diez unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 33 de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, 100 UR (cien unidades reajustables) a 300 UR (trescientas unidades reajustables) de multa; en el artículo 24 de la Ley Nº 10.079, de 14 de noviembre de 1941, 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa y en el artículo 54 de la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa.

Art. 245. - Sustitúyese el artículo 112 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 112. - Los establecimientos privados, de tiempo parcial, que atienden durante el día menores del Consejo del Niño, percibirán del organismo una retribución de hasta el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), de los importes correspondientes a los establecimientos privados que atienden menores a tiempo completo".

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos necesarios al efecto.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo del Niño, reglamentará dicho régimen.

Art. 246. - Las cuidadoras del Consejo del Niño con más de tres años de antigüedad en la función, en caso que decidan adoptar los menores a su cargo, la cantidad de N$ 5.400 (nuevos pesos cinco mil cuatrocientos), en concepto de alimentos.

Esta suma será actualizada al comienzo de cada trimestre, de acuerdo con la variación del Indice General de Precios del Consumo de la Dirección General de Estadística y Censos.

A esos efectos, transfiérense del Rubro 2 "Materiales y Suministros", del Programa 013 "Consejo del Niño", los importes que actualmente se destinan a comprar y distribuir víveres para las referidas cuidadoras.

La presente disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 248. - Los establecimientos privados de tiempo completo que alberguen menores del Consejo del Niño percibirán, por el cuidado y mantenimiento integral de los mismos, un reintegro de gastos de hasta el equivalente al 80% (ochenta por ciento) de un Salario Mínimo Nacional. Este importe se incrementará en un 88% (ochenta y ocho por ciento), en un 96% (noventa y seis por ciento), o en un 160% (ciento sesenta por ciento), según sean escolares, liceales o discapacitados.

Art. 249. - Transfiérense del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", al Programa 013 "Bienestar del Menor", trescientos cargos vacantes de Sodlado de 2da. o Marinero de 2da. y sus respectivos créditos.

Los citados cargos se transformarán en el número de cargos AcC 02 "Especialista VIII en Educación del Menor", que permita el crédito transferido, destinándose estos cargos a atender los servicios de seguridad, vigilancia e internación de menores infractores, en Montevideo y en el Interior.

Las supresiones se dispondrán en forma proporcional al número de cargos vacantes en los Programas 002 "Ejército", 003 "Marina-Armada Nacional" y 004 "Fuerza Aréa", (artículo 182 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986).

Art. 250. - Créanse en la Unidad Ejecutora 006 "Museo Nacional de Antropología", del Programa 003 "Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación", los cargos que le fueron suprimidos por aplicación del inciso primero, del artículo 54 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 251. - Autorízase a la Unidad Ejecutora 022 "Dirección Nacional de Correos", del Programa 012 "Servicios Postales", a disponer de hasta un 25% (veinticinco por ciento), de los ingresos que por todo concepto perciba, para utilizar como complemento de las retribuciones personales de sus funcionarios.

En ningún caso la compensación a otorgar al funcionario podrá superar el 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo básico.

Autorízase a la Contaduría General de la Nación a efectuar las registraciones contables necesarias para cancelar los adelantos concedidos.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

La misma regirá a partir del Ejercicio 1987.

Art. 252. - Destínase una partida de N$ 40:000.000 (nuevos pesos cuarenta millones), con la finalidad de atender los gastos que demande la expropiación del inmueble padrón Nº 4599, ubicado en la 3ra. Sección Judicial del departamento de Montevideo, con frente a la calle Juan Carlos Gómez Nos. 1380, 1382 y 1384, delcarado Monumento Histórico Nacional por Resolución del Poder Ejecutivo, de 14 de octubre de 1986 y designado para ser expropiado por Resolución del Poder Ejecutivo de 11 de noviembre de 1986.

Art. 253. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 061.301 "Por trabajo en horas extras", del Programa 009 "Inscripción y Certificación de Actos y Contratos", en N$ 3:000.000 (nuevos pesos tres millones).

Art. 254. - Créase a partir del 1º de mayo de 1987, una partida anual de N$ 40:000.000 (nuevos pesos cuarenta millones), en el Programa 005 "Promoción de la Educación Física y los Deportes", destinada a incrementar las compensaciones máximas al grado, establecidas en el artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Dicha partida incluye la financiación del sueldo anual complementario. El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación, reglamentará la asignación de compensaciones, a efectos de nivelarlas, procurando una adecuada pirámide salarial.

Art. 255. - Destínase una partida de N$ 6:000.000 (nuevos pesos seis millones) anuales, a partir del Ejercicio 1987, para financiar las contrataciones temporales, que deba efectuar la Comisión Nacional de Educación Física, con destino a los servicios de verano. Dichas contrataciones se efectuarán por un plazo máximo de noventa días, sin renovación, y para efectuar contrataciones de suplencia e interinato de funciones docentes.

Art. 256. - Exceptúase al personal docente dependiente de la Comisión Nacional de Educación Física de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.022, de 9 de junio de 1980.

Exceptúase al personal no docente dependiente de la Comisión Nacional de Educación Física de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979.

Art. 257. - Declárase que la función docente, que cumple la Comisión Nacional de Educación Física, es de alta especialización. En función de ello, sólo podrán acceder a sus cuadros docentes los profesores egresados del Instituto Superior de Educación Física.

Art. 258. - Declárase que la asignación horaria, de los funcionarios docentes de la Comisión Nacional de Educación Física, se verificará por horas-docentes de cuarenta y cinco minutos cada una.

Art. 259. - Exceptúase al personal docente de la Comisión Nacional de Educación Física, de lo dispuesto por el artículo 12 de la presente ley.

Art. 260. - Transfiérese desde la fecha de la promulgación de la presente ley, del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", al Programa 012 "Promoción de la Educación Física y de los Deportes", sesenta cargos vacantes de Soldado de 2da. o Marinero de 2da. y sus respectivos créditos.

Los citados cargos se transformarán en el número de cargos Ad 01 "Auxiliar V" que permita el crédito transferido, destinándose estos cargos a atender los servicios de vigilancia de plazas de deportes o dependencias docentes o deportivas de la Comisión Nacional de Educación Física en todo el país.

Las supresiones se dispondrán en forma proporcional al número de cargos vacantes en los Programas 002 "Ejército", 003 "Marina - Armada Nacional" y 004 "Fuerza Aérea", (artículo 182 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986).

Art. 261. - Créanse las Fiscalías Letradas en lo Civil de 5º a 8º Turno, las que actuarán con los cometidos ya asignados a sus similares existentes de 1º a 4º Turno.

Créanse cuatro cargos de Fiscal Letrado en lo Civil, cuatro cargos de Fiscal Adjunto, cuatro cargos de Secretario Letrado y ocho cargos Ab 06 Administrativo V, destinados a las Fiscalías Letradas en lo Civil referidas en el inciso primero.

Dispónese que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación determine provisoriamente y de inmediato, los nuevos turnos de las Fiscalías de lo Civil y el criterio de redistribución de expedientes, todo lo cual será sin perjuicio de la homologación por el Poder Ejecutivo.

Art. 262. - Créanse las Fiscalías Letradas en lo Penal de 6º a 8º Turno, las que actuarán con los cometidos ya asignados a las existentes.

Créanse tres cargos de Fiscal Letrado en lo Penal, tres cargos de Fiscal Adjunto, tres cargos de Secretario Letrado y seis cargos Ab 06 Administrativo V, destinados a las Fiscalías Letradas en lo Penal a que se hace referencia.

Dispónese que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación determine provisoriamente y de inmediato, los nuevos turnos de las Fiscalías, de lo Penal y el criterio de redistribución de expedientes, todo lo cual será sin perjuicio de la homologación por el Poder Ejecutivo.

Art. 263. - Créase la Fiscalía Letrada Departamental de Salto de 2do. Turno, la que actuará con los cometidos que le son asignados a los Fiscales Letrados Departamentales, dentro de la jurisdicción de los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia de Salto.

Créase un cargo de Fiscal Letrado Departamental y un cargo Ab 06 Administrativo V, destinados a la Fiscalía Letrada Departamental que se crea por la presente ley.

Dispónese que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, determine los turnos de las Fiscalías Letradas Departamentales y el criterio de redistribución de expedientes, todo lo cual será sin perjuicio de la homologación posterior por el Poder Ejecutivo.

Art. 264. - Créase la Fiscalía Departamental de Paysandú de 2do. Turno, la que actuará con los cometidos que le son asignados a los Fiscales Letrados Departamentales, dentro de la jurisdicción de los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia de Paysandú.

Créase un cargo de Fiscal Letrado Departamental y un cargo Ab 06 Administrativo V, destinados a la Fiscalía Letrada Departamental que se crea por la presente ley.

Dispónese que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, determine los turnos de las Fiscalías Letradas Departamentales y el criterio de redistribución de expedientes, todo lo cual será sin perjuicio de la homologación posterior por el Poder Ejecutivo.

Art. 265. - Sustitúyese el artículo 165 de la Ley número 13.892, de 19 de octubre de 1970, por el siguiente:

"ARTÍCULO 165. - Todas las instituciones de la Administración Central y de los Servicios Descentalizados, que editen publicaciones, remitirán al Instituto Nacional del Libro, el 10% (diez por ciento) de la edición respectiva, con un máximo de sesenta ejemplares de cada una de ellas, para que éste los destine al fomento bibliotecario, al canje internacional y al cumplimiento de convenios internacionales o a su venta".

INCISO 12
Ministerio de Salud Pública

Artículo 266. - Créase una partida en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", de nuevos pesos 29:408.600 (nuevos pesos veintinueve millones cuatrocientos ocho mil seiscientos) anuales, con la que se atenderán los gastos de creación de doscientos cargos de Auxiliar de Enfermería Suplente, con el fin de cubrir los servicios de atención directa de pacientes internados en salas, servicios de emergencia y centros quirúrgicos de los establecimientos asistenciales.

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 267. - Sustitúyese el artículo 453 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 453. - El cargo de mayor jerarquía correspondiente a los Escalafones administrativo y de oficio, de cada Unidad Ejecutora, quedará comprendido dentro del régimen de dedicación total. En caso de existir más de un cargo en dicha situación por Escalafón y Unidad Ejecutora, sólo quedará en dicho régimen uno de ellos.

La percepción del beneficio de dicho régimen, estará supeditada al desempeño efectivo de las tareas de Administrador y Encargado de Mantenimiento, respectivamente."

Art. 268. - Créase una partida anual de nuevos pesos 83:488.700 (nuevos pesos ochenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos), para el pago adicional del 15% (quince por ciento) del sueldo básico, a todos aquellos funcionarios de los Escalafones AaB (Enfermera Universitaria), AcB (Auxiliar de Enfermería) y Ad (Auxiliar de Servicio), que actúen en la atención directa de los pacientes internados en salas, servicios de emergencia y centros quirúrgicos, por el tiempo que desempeñen efectivamente tales tareas y durante la licencia anual reglamentaria.

Esta disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 269. - A partir de la vigencia de la presente ley, el personal de los Escalafones AaB, AcB y Ad, que se destine al desempeño efectivo de tareas nocturnas, entre las veintiuna y las seis horas, percibirá una retribución extraordinaria del 30% (treinta por ciento), sobre las asignaciones de los respectivos cargos. La liquidación de este beneficio se efectuará proporcionalmente al tiempo trabajado dentro de dicho horario. Quedan comprendidas en dicho régimen las ausencias por un día de descanso semanal y la licencia anual reglamentaria.

Derógase el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976, manteniendo la partida vigente, la que se incrementará en N$ 25:848.400 (nuevos pesos veinticinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos) anuales.

El Ministerio de Salud Pública distribuirá el referido crédito entre los Programas 001"Administración Superior" y 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud".

Art. 270. - Sustitúyese a partir de la promulgación de la presente ley, el artículo 444 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 444. - Fíjase una compensación mensual equivalente al 100% (cien por ciento) del sueldo, a los cargos de Director Profesional (Médico) de Hospitales, Institutos, Centros Departamentales y Auxiliares de Salud Pública y a los funcionarios que ejerzan la dirección de los Centros de Salud. Los referidos funcionarios deberán cumplir un hoirario que no sea inferior al de cuarenta horas semanales, determinando el Ministerio de Salud Pública, en cada caso, el horario diario a cumplir.

La percepción del referido beneficio, estará supeditada al desempeño efectivo de las tareas de Director de Unidad Ejecutora o de Director de Centro de Salud, según corresponda".

Art. 271. - Increméntase las partidas asignadas a los siguientes Rubros del Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", en las sumas que en cada caso se indican:

Rubro 2 "Materiales y Suministros", N$ 522:000.000 (nuevos pesos quinientos veintidós millones).

Rubro 3 "Servicios no Personales", N$ 35:300.000 (nuevos pesos treinta y cinco millones trescientos mil).

Rubro 4.7 "Motores y Partes para Reemplazo", nuevos pesos 3:200.000 (nuevos pesos tres millones doscientos mil).

Art. 272. - El crédito no utilizado al 1º de enero de 1987, en el Renglón 061.303 "Prima a la Eficiencia", se transfiere, en sus respectivos Programas, al Renglón 061.304 "Por funciones distintas a las del cargo".

El Ministerio de Salud Pública reglamentará las funciones retribuidas en este Renglón, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, deberá incluir en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1987, la sustitución del régimen transitorio previsto anteriormente por uno definitivo, de acuerdo con los principios de la carrera administrativa.

Art. 273. - Créase una partida anual de nuevos pesos 131:478.000 (nuevos pesos ciento treinta y un millones cuatrocientos setenta y ocho mil), destinada a incrementar las compensaciones máximas al grado, establecidas en el artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Dicha partida incluye la financiación del sueldo anual complementario.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, distribuirá dicha partida entre los distintos Programas del Inciso 12, dando cuenta a la Asamblea General, y reglamentará las asignaciones de compensaciones a efectos de nivelarlas, obteniendo una adecuada pirámide salarial.

La presente disposición regirá desde el 1º de mayo de 1987.

Art. 274. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 061.304 "Por funciones distintas a las del cargo", del Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud", en la suma de N$ 9:830.000 (nuevos pesos nueve millones ochocientos treinta mil).

Art. 275. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 073 "Retribución a Médicos Suplentes de Asistencia Externa", del Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud", en la suma de nuevos pesos 5:000.000 (nuevos pesos cinco millones).

Art. 276. - Créase una partida anual de nuevos pesos 1:270.000 (nuevos pesos un millón doscientos setenta mil), en el Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud", para el pago adicional del 15% (quince por ciento) del sueldo básico a todos aquellos funcionarios de los Escalafones AaB (Enfermera Universitaria), AcB (Auxiliar de Enfermería) y Ad (Auxiliar de Servicio), que se desempeñan en forma efectiva en las Salas de Seguridad del Hospital Vilardebó y de la Colonia de Asistencia Psiquiátrica "Dres. Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi".

Igual beneficio percibirán los funcionarios de los referidos Escalafones, que desarrollan sus tareas en forma efectiva en las Salas del Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas.

La presente disposición regirá a partir del 1º de mayo de 1987.

Art. 277. - A partir de la promulgación de la presente ley, los técnicos profesionales titulares de cargos por concurso o interinos, que accedan a los cargos de Dirección de Unidades Ejecutoras, interinamente, podrán mantener en suspenso hasta cinco años el cargo anterior.

Art. 278. - Transfiérense a partir del 1º de enero de 1987 al Renglón 921 "Gastos Extraordinarios", del Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", los créditos existentes en los Renglones 921 del Programa 001 "Administración Superior", la suma de nuevos pesos 8:450.843,30 (nuevos pesos ocho millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres con treinta centésimos), y 921 del Programa 003 "Servicios Especiales", por la suma de N$ 789.364,50 (nuevos pesos setecientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro con cincuenta centésimos).

Art. 279. - Elévase al 100% (cien por ciento) del valor venal para el Inciso 12, la base establecida por el numeral 3º, del artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, con la modificación dispuesta por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.545, de 3 de mayo de 1984.

Art. 280. - Sustitúyese el artículo 15 de la Ley número 9.892, de 1º de diciembre de 1939, por el siguiente:

"ARTÍCULO 15. - Los interinatos de los funcionarios técnicos se calificarán, a los efectos de la adjudicación de méritos, con un puntaje de hasta 50% (cincuenta por ciento) del que le hubiera correspondido, de ocupar el cargo en carácter de titular".

El régimen previsto en el presente artículo caducará al cumplirse dos años de entrada en vigencia de la presente ley, restableciendo su vigor el artículo 15 de la Ley número 9.892 mencionada, en su redacción original.

Art. 281. - Transfiérese a partir del 1º de enero de 1987, al Renglón 200.812 "Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland - Alcoholes", del Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud", el crédito actualmente existente en el mismo Renglón del Programa 001 "Administración Superior", por un monto de N$ 95.904,10 (nuevos pesos noventa y cinco mil novecientos cuatro con diez centésimos).

Art. 282. - Los funcionarios públicos designados para ingresar al régimen de Residencias Médicas Hospitalarias (Decreto-Ley Nº 15.792, de 17 de diciembre de 1985 y Decreto 136/986, de 4 de marzo de 1986), quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados o contratados respectivos, con excepción de los docentes.

Art. 283. - Los funcionarios determinados en el artículo anterior percibirán únicamente la remuneración correspondiente a los cargos que pasaren a desempeñar, sin perjuicio de la eventual acumulación de sueldos por el ejercicio de cargos docentes, la que se regulará por las normas vigentes.

Esta situación no podrá prolongarse por más de tres años, a cuyo vencimiento dichos funcionarios cesarán de pleno derecho en los cargos en cuyo ejercicio estuvieron suspendidos.

Esta disposición regirá a partir del 1º de enero de 1987.

Art. 284. - Declárase de utilidad pública la expropiación del inmueble padrón Nº 15.406, ubicado en la 6ª Sección Judicial del departamento de Montevideo, el que se destinará a la Unidad Ejecutora 008 "Instituto de Oncología", del Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud".

Art. 285. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Ministerio de Salud Pública, a dejar sin efecto la incorporación de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, como Unidad Ejecutora, bajo la dependencia jerárquica de dicho Ministerio.

La Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis se regirá, en su organización y funcionamiento, por lo dispuesto en su Ley de creación Nº 13.459, de fecha 9 de diciembre de 1965.

Art. 286. - El Ministerio de Salud Pública será el único administrador de los bienes fiscales que haya adquirido o adquiera por cualquier título o modo, de los que tenga afectados o se afecten mediante ley especial o resolución del Poder Ejecutivo al efecto, o sean poseídos por dicho Ministerio.

La presente disposición entrará a regir a partir de la fecha de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 287. - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Orgánica de Salud Pública Nº 9.202, de 9 de enero de 1934, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º - El Ministerio de Salud Pública podrá disponer la clausura de cualquier establecimiento, en caso de infracción grave de las normas vigentes en materia de salud o que por sus condiciones de insalubridad pueda constituir un riesgo para la comunidad".

Art. 288. - Créase la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Pública, con los cometidos que le atribuye la presente ley.

Art. 289. - La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), será dirigido por:

A) Un Director General, cargo de particular confianza, cuya retribución será la establecida en el literal b), del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

B) Dos Subdirectores, Administrativo y Técnico, también de particular confianza, cuya remuneración será la establecida en el literal c), del mismo artículo.

Art. 290. - Compete a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la administración de los establecimientos de atención médica del Ministerio de Salud Pública.

Las dependencias y organismos públicos que posean establecimientos y servicios de atención médica, deberán coordinar su funcionamiento con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a fin de evitar la actual superposición de servicios y la sub-utilización de recursos, de conformidad con las políticas que imparta el Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de la autonomía administrativa y financiera de los organismos respectivos.

Art. 291.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), organizará la atención de primer nivel de sus beneficiarios en base a médicos de familia supervisados en la forma que determine la reglamentación, que al efecto dicte el Ministerio de Salud Pública.

La retribución se realizará por concepto de honorarios en base al régimen de capacitación, por lo que su titular no adquirirá el carácter de funcionario público presupuestado o contratado.

A tal fin se habilita una partida de N$ 160:000.000 (nuevos pesos ciento sesenta millones), en el presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Queda facultada la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para establecer a los médicos de familia un pago diferencial en función de la localización o cobertura poblacional que les sea asignada.

Art. 292. - La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), deberá elaborar el proyecto de su reglamento orgánico, que elevará al Ministerio de Salud Pública para su aprobación, dentro de los ciento ochenta días de su constitución.

Art. 293. - Créase en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", el Programa "Administración de Servicios de Salud del Estado", dentro del cual se constituye la Administración de Servicios de Salud del Estado como su Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora referida será asimismo, responsable del cumplimiento de los objetivos y del manejo de los recursos del Programa 002 "Prestación Integral de Atención Médica".

El Director General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado revistará el carácter de ordenador primario de gastos en las condiciones previstas en el artículo 523 de la presente ley.

Art. 294. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Salud Pública, para adecuar sus programas y redistribuir los créditos presupuestales a los efectos de adaptarlos a su nuevo ordenamiento.

Art. 295. - Las prestaciones de nivel superior de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), podrán realizarse mediante servicios propios o a través de su encargo a instituciones privadas a su costo siempre que ello resulte en una satisfactoria calidad de los servicios, sea más económico que prestarlos directamente y estén insertos en las normas y modalidades establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

Art. 296. - La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), queda facultada para transferir a los gobiernos departamentales, mediante convenio, la administración o el uso de los establecimientos asistenciales propios, en la forma y oportunidad que determine el Poder Ejecutivo; asimismo podrá convenirse con las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), el uso parcial de sus establecimientos asistenciales; ambas facultades estarán sujetas al cometido de asegurar una correcta atención de los usuarios.

Art. 297. - El Poder Ejecutivo dictará, a través del Ministerio de Salud Pública, las normas a que deben ajustarse las instituciones prestadoras de atención médica en cuanto a dotación mínima y máxima de recursos humanos, físicos y equipamiento con relación al número de beneficiarios, así como sus normas de procedimiento y funcionamiento técnico.

Art. 298. - Las instituciones de asistencia médica colectiva, dentro del plazo que establezca la reglamentación, deberán adoptar las modificaciones estatutarias de carácter general que disponga el Poder Ejecutivo, quedando sujetas a supervisión y auditoría en el campo de la atención médica y administración por parte del mismo.

Art. 299. - Las disposiciones estatutarias a que refiere del artículo anterior, contemplarán la posibilidad de que los Consejos Directivos de las Cooperativas de Profesionales se integre, en proporción no mayor a un tercio del total de sus componentes, con representantes de los afiliados, electos por éstos, sobre la base del voto secreto y la representación proporcional, quienes actuarán con voz y voto.

Las disponibilidades estatutarias referidas contemplarán asimismo, la posibilidad de que las Cooperativas de Profesionales tengan órganos representativos de los afiliados, al solo efecto de ejercer cometidos de asesoramiento y fiscalización.

Art. 300. - Los directivos de las instituciones de asistencia médica colectiva, cuyos cargos podrán ser rentados, tendrán responsabilidad civil por las consecuencias derivadas de su gestión, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.

Cuando los actos respectivos hayan sido puestos en conocimiento del Ministerio de Salud Pública y no merecieren observación o cuando uno o más directivos hubieren dejado constancia de su voto negativo, cesará la responsabilidad de los mismos.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será sin perjuicio de la responsabilidad que correspondiere a la institución a la que pertenecen.

Art. 301. - Cuando a juicio del Ministerio de Salud Pública, las instituciones de asistencia médica colectiva no brinden los niveles de atención determinados por las normas vigentes o presenten desequilibrios de importancia en su normal funcionamiento, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en el artículo siguiente, y previa intimación a efectos de subsanar las situaciones referidas, podrá proceder a su intervención por un período no mayor de un año o decretar la liquidación de las mismas.

La intervención será a los solos efectos de diagnosticar la situación existente y convocar de oficio a los órganos deliberantes competentes, con el objeto de tratar dicha situación y resolver al respecto.

Art. 302. - En caso de que el Ministerio de Salud Pública comprobare que el comportamiento de las instituciones que integran el sector de salud no se ajustare a las normas dictadas en la materia, podrá hacer efectivas las responsabilidades consiguientes, mediante la aplicación de sanciones pecuniarias graduables entre 100 UR (cien unidades reajustables) y 1.000 UR (mil unidades reajustables) y la retención de las transferencias por concepto de cuotas de afiliación a la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad (DISSE), la que deberá hacerse efectiva por parte del Banco de Previsión Social ante la expresa solicitud del Ministerio de Salud Pública.

Art. 303. - Facúltase al Ministerio de Salud Pública para autorizar regímenes de afiliación parcial pre-pago en instituciones de asistencia médica privada.

Dicho régimen asegurará atención completa de los niveles superiores y podrá ser complementario de las prestaciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de acuerdo con los mecanismos de referencia y reglamentaciones que se establezcan.

A este régimen deberán ajustarse los seguros parciales que estén prestando servicios a la fecha, de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

Art. 304. - Las disposiciones previstas en los artículos 288 a 303 inclusive, de esta ley, regirán a partir de su promulgación.

Art. 305. - Autorízase al Poder Ejecutivo a incluir en el Plan de Inversiones del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", en el Ejercicio 1988, la adquisición de un terreno y la ejecución de la implantación de obras con destino a la construcción del Hospital de Las Piedras.

Los fondos a aplicarse resultarán de lo establecido en el artículo 208 de la presente ley.

INCISO 13
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Artículo 306. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 061.301 del Programa 001 "Administración General", en la suma de N$ 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones), que será distribuido por el Poder Ejecutivo entre los Programas del Inciso.

Art. 307. - Declárase, por vía interpretativa, que la remuneración del Director Nacional del Trabajo establecida en el literal d), del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, regirá a partir del cese de su actual titular, manteniéndose para el mismo la asimilación al literal c), de dicho artículo, de acuerdo con el nivel de remuneración establecido al proveerse dicho cargo.

Art. 308. - Créanse en el Programa 005 "Formulación, Coordinación y Contralor de la Promoción y Política Social" los siguientes cargos: un Director Nacional de Promoción y Política Social (Ab E7), un Técnico IV Economista (AaA E1) y cuatro Especialista II Promotor Social (AcC 12).

Esta disposición regirá a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 309. - Increméntase para el Ejercicio 1987, el Subrubro 02 "Retribuciones Básicas de Personal Contratado para Funciones Permanentes", del Programa 007 "Contralor de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social", en la suma de N$ 3:000.000 (nuevos pesos tres millones), con destino a la contratación de los siguientes cargos:

Cantidad

Escalafón

Grado

Denominación

1

AaA

E4

Técnico I

-

Químico Farmacéutico

1

AaA

E4

Técnico I

-

Médico Laboralista o Toxicólogo

1

AaA

E4

Técnico I

-

Ingeniero Químico

1

AaB

E1

Técnico IV

-

Practicante de Medicina

Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio de lo establecido por los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 310. - Las infracciones a los convenios internacionales de trabajo, leyes, decretos, resoluciones, laudos y convenios colectivos, cuyo contralor corresponde a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, se sancionarán con amonestación, multa o clausura del establecimiento.

La amonestación implica que la empresa pasa a integrar el Registro de Infractores a las Normas Laborales.

Las multas se graduarán según la gravedad de la infracción, en una cantidad fijada entre los importes de uno a cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendido en la misma, o que pueda ser afectado por ella. El monto de la multa así determinado, se convertirá a unidades reajustables. En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior.

La clausura del establecimiento no podrá ser mayor a los seis días, quedando las empresas obligadas a abonar la totalidad de los sueldos, salarios y demás obligaciones emergentes de la relación de trabajo, por el término que dure el cierre de los mismos.

La clausura será dispuesta por resolución fundada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, por el literal i), del artículo 6º del Decreto 680/977, de 6 de diciembre de 1977.

Art. 311. - Facúltase a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a solicitar, en los juicios ejecutivos que inicie para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, el embargo de las cuentas bancarias de las empresas, sin necesidad de otra identificación que el nombre completo o la razón social del demandado. Dicho embargo se notificará al Banco Central del Uruguay, quien lo hará saber a la red bancaria nacional. Esta, en caso de tener cuentas abiertas a nombre del ejecutado, deberá informarlo a la sede judicial en un plazo de tres días hábiles a efectos de proceder al embargo específico.

Art. 312. - Los establecimientos que deben munirse de la Planilla de Control del Trabajo deberán tener, a la vista del personal, fotocopias de los recibos de aportes al Banco de Previsión Social y de la póliza de seguros de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado, debidamente actualizadas.

Art. 313. - El cobro judicial de las multas aplicadas por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en los departamentos del interior de la República, podrá efectuarse por:

A) Fiscales Letrados Departamentales.

B) Procuradores funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debidamente apoderados y con asistencia letrada de abogados también funcionarios de dicho Ministerio.

C) Procuradores abogados que no siendo funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realicen con éste, contrato de arrendamiento de obra, cuenten con poder suficiente y cuya retribución serán los honorarios fijados de acuerdo a arancel, que abonará el ejecutado.

Art. 314. - Los Inspectores de Trabajo podrán requerir a los empleadores o sus representantes, la exhibición y presentación de la documentación laboral, así como los recibos de pago de haberes laborales, en su versión original, copia, fotocopia simple o autenticada de la misma.

El Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, por resolución fundada, podrá requerir a los empleadores o sus representantes la presentación de los demás documentos originales o sus fotocopias debidamente autenticadas, que puedan servir para verificar el cumplimiento de las normas cuyo contralor compete a dicho servicio.

El incumplimiento de lo así intimado, será penado de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 315. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1987, el Renglón 061.301 del Programa 006 "Instituto Nacional de Alimentación" en la suma de N$ 15:000.000 (nuevos pesos quince millones).

Art. 316. - Amplíase en hasta N$ 43:000.000 (nuevos pesos cuarenta y tres millones), la partida autorizada a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, por el artículo 206 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986, a fin de gestionar la adquisición de créditos laborales del personal de la Azucarera de Río Negro S.A. (ARINSA), que tuvieran sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada a la fecha de vigencia de la presente ley.

CAPITULO V
ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16
Poder Judicial


Artículo 317. - La retribución del Director General de los Servicios Administrativos, se regirá por lo dispuesto por el literal c), del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y la retribución del Subdirector General de los Servicios Administrativos se regulará por lo dispuesto por el literal d), del mismo artículo.

Si este último no realiza la opción a que se refiere el numeral 1), del artículo 510 de la ley citada, su retribución será el 62,50% (sesenta y dos con cincuenta por ciento) o el 83,125% (ochenta y tres con ciento veinticinco por ciento) del sueldo a que refiere esta disposición, según se encuentre en régimen de seis u ocho horas diarias de labor, estando en todos los casos en régimen de permanencia a la orden.

Art. 318.- Créase el régimen de dedicación exclusiva en el Inciso 16 "Poder Judicial".

Los funcionarios incluidos en dicho régimen, deberán cumplir un horario no menor de cuarenta horas semanales y no podrán realizar, directa ni indirectamente, ninguna actividad pública o privada rentada, con excepción de la enseñanza pública superior en materia jurídica, siempre que sea expresamente autorizada por la Suprema Corte de Justicia.

Los funcionarios incluidos en este régimen, recibirán una retribución complementaria equivalente al 50% (cincuenta por ciento), de su sueldo mensual. Esta retribución complementaria se calculará sobre el sueldo mensual que correspondiere a cuarenta horas semanales.

Art. 319. - Decláranse cargos de dedicación exclusiva los referidos en los artículos 509 y 510 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, y el de Secretario IV Abogado. Exceptúanse los cargos cuyos titulares, con arreglo al artículo 510 de la referida ley, no estuvieren en el régimen de dedicación total a la fecha de entrada en vigencia la presente ley, los que pasarán a ser de dedicación exclusiva al vacar o por opción de los interesados que, de efectuarse, será definitiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

Art. 320. - Establécese el régimen de ocho horas diarias de labor, con carácter optativo, para los funcionarios no magistrados del Inciso 16 "Poder Judicial", con excepción de los que se encuentren en régimen de dedicación exclusiva.

La opción tendrá carácter definitivo, quedando facultada a la Suprema Corte de Justicia, por motivos justificados a aceptar la renuncia al régimen por el que se hubiere optado.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", los créditos que correspondan para mantener la relación porcentual de la suma de las retribuciones por treinta y cuarenta horas semanales (treinta y tres por ciento). A éstos fines realizará los incrementos necesarios de los Subrubros con los que se atienden las remuneraciones ordinarias de los funcionarios judiciales (sueldo básico, compensación máxima al grado y el aumento a que se refiere el inciso 2º, del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), con la sola excepción de las partidas que a la fecha estuvieran congeladas.

El presente artículo regirá a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 321. - Los funcionarios que efectivamente cumplan tareas de receptores en materia penal y de menores, percibirán una compensación por permanencia a la orden del 30% (treinta por ciento), sobre sus remuneraciones de naturaleza salarial. Quienes se encuentren en esta situación no podrán recibir compensación alguna por concepto de horas extras.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta disposición, la que sólo podrá alcanzar como máximo hasta tres funcionarios para cada Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal, cuatro por cada Juzgado Letrado de Menores y dos por cada Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes, para el pago de la compensación del 30% (treinta por ciento), prevista en este artículo.

Art. 322. - Increméntase la partida fijada por el literal a) del artículo 534 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en los siguientes montos, para el período 1º de mayo al 31 de diciembre de 1987:

A) N$ 44:806.300 (nuevos pesos cuarenta y cuatro millones ochocientos seis mil trescientos), para incrementar las remuneraciones de los funcionarios del Escalafón A (artículos 28 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 3º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986).

B) N$ 83:211.700 (nuevos pesos ochenta y tres millones doscientos once mil setecientos), para incrementar las remuneraciones de los funcionarios de los Escalafones B, C, D, E y F (artículos 28, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y 4º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986).

Los referidos montos serán ajustados proporcionalmente para los Ejercicios siguientes.

Art. 323. - Increméntase en N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) el Renglón 061.31 "Retribuciones Básicas de Personal Contratado para Funciones Permanentes".

Para el Ejercicio 1987 se podrá utilizar hasta dos tercios de esta partida.

Art. 324. - Agrégase a la partida de inversiones creada por el artículo 516 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, la suma de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones), para el proyecto de computarización.

Art. 325. - Créase el programa "Bienestar Social del Personal del Poder Judicial", con una dotación de hasta N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) anuales, cuya ejecución reglamentará la Suprema Corte de Justicia.

Esta partida no podrá ser utilizada para retribuciones personales.

Art. 326. - Los saldos no utilizados en cada Ejercicio, de la partida creada por el artículo 119 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986, incrementarán el crédito asignado para el año siguiente.


Art. 327. - Créase el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, que funcionará con la Oficina del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno. La jefatura de la oficina de ambos tribunales será ejercida, durante los años impares, por la secretaría del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno y, durante los pares, por la de 6º Turno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Art. 328. - Créanse los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de 13º y 14º Turnos, que actuarán con una sola oficina.

Art. 329. - Créase el Juzgado Letrado de Menores de 3er. Turno.

Art. 330. - Créanse los Juzgados Letrados de Familia de 8º a 14º Turnos, que actuarán respectivamente con las oficinas de los actuales Juzgados Letrados de Familia de 1º a 7º Turnos.

Art. 331. - Créanse los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 4º Turno en los departamentos de Maldonado, Paysandú y Salto, los que actuarán con las oficinas de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de 2º Turno, que se transforman en Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 2º Turno.

Art. 332. - Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de los departamentos de Maldonado, Paysandú y Salto, tendrán la siguiente competencia exclusiva en sus respectivas jurisdicciones:

A) En el sumario y el plenario de todos los delitos, sin excepción alguna.

B) En materia de menores, la que el artículo 67 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, asigna a los Juzgados Letrados de Menores de la Capital.

Art. 333. - Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y de Menores, a que refiere el artículo 331 de la presente ley, estarán obligados a decretar la realización del proceso penal en audiencia, en las circunstancias previstas en el artículo 302 del Código del Proceso Penal, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 303 y siguientes del mismo Código.

Art. 334. - El régimen procesal penal establecido en los artículos precedentes podrá extenderse en el futuro a otros departamentos, por resolución fundada de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 335. - Créase el Tribunal de Faltas a que aluden los artículos 37 y literal E) del artículo 357 del Código del Proceso Penal.

La Suprema Corte de Justicia determinará su fecha de constitución y los aspectos reglamentarios de su funcionamiento.

Art. 336. - Créase el Juzgado de Paz de 19ª Sección Judicial del departamento de Canelones, de 1ª categoría, cuyos límites jurisdiccionales determinará la Suprema Corte de Justicia, así como la fecha de entrada en funcionamiento y la distribución de los asuntos de su competencia en trámite ante los juzgados existentes.

Art. 337. - Créase el servicio de "Información Judicial en materia penal y de menores", cuyo funcionamiento regulará la Suprema Corte de Justicia. El mismo estará a cargo de dos abogados y actuará ante procedimientos policiales o judiciales, con fines informativos a los interesados, sin hacerlo en los procedimientos respectivos.

Art. 338. - La Suprema Corte de Justicia determinará la fecha de constitución de los nuevos Tribunales, Juzgados y oficinas, el régimen de turnos en que actuarán en sus respectivas competencias, y el sistema de distribución de asuntos en trámite, a la fecha de efectiva constitución de las nuevas sedes judiciales.

Art. 339. - Créanse los siguientes cargos destinados a los órganos y servicios que se crean por la presente ley, sin perjuicio de las facultades de la Suprema Corte de Justicia (numeral 2º del artículo 239 de la Constitución de la República):

3

Ministro de Tribunal de Apelaciones

10

Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital

2

Juez Letrado Suplente

3

Juez Letrado de Primera Instancia del Interior

3

Juez del Tribunal de Faltas, cuya dotación será equivalente a la de Juez de Paz Departamental del Interior

1

Juez de Paz de 1ra. categoría

1

Secretario I Abogado

12

Secretario III Abogado

3

Secretario IV Abogado

6

Actuario de Juzgado Letrado

8

Actuario Adjunto de Juzgado Letrado

8

Médico Forense

1

Médico Autopsista

2

Inspector de Actuaria de Juzgado Letrado

10

Defensor de Oficio

9

Oficial Alguacil

4

Jefe de Sección

16

Administrativo I

12

Administrativo II

14

Administrativo III

4

Administrativo IV

5

Administrativo V

5

Administrativo VI

2

Chofer

1

Auxiliar II

4

Auxiliar III

Art. 340. - Créanse hasta ochenta cargos de Administrativo VI. Estas creaciones se irán haciendo efectivas por resolución fundada de la Suprema Corte de Justicia, cuando así lo requieran las necesidades del servicio, en cuyo caso la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos.

Art. 341. - Los Jueces Letrados Suplentes, así como el Juez de Paz Departamental Suplente, además de las facultades a que refieren los artículos 76 de la Ley número 15.750, de 24 de junio de 1985 y 522 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, tendrán las que les asigne la Suprema Corte de Justicia como adscriptos a sus Secretarías o a la Dirección General de los Servicios Administrativos.

La misma situación funcional tendrán los que desempeñen cargos destinados a cubrir vacancias temporales de titulares de Actuario, Actuario Adjunto, Secretario y demás funcionarios técnicos a que refieran la ley o la reglamentación.

Art. 342. - Los cargos de Médico Forense y Médico Autopsista que se crean, se adjudicarán a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia, que podrá adscribirlos a más de uno de ellos.

Art. 343. - Transfórmanse seis cargos de Actuario de Juzgado de Paz Departamental de la Capital, en seis cargos de Actuario Adjunto de Juzgado Letrado, y seis cargos de Actuario Adjunto de Juzgado Letrado, en seis cargos de Actuario de Juzgado de Paz Departamental de la Capital, sin que ello signifique aumento del crédito presupuestal.

Art. 344. - Créase una partida por única vez de N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones), para ser destinada a gastos de instalación de los tribunales y juzgados que se crean por la presente ley, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia.

Art. 345. - Amplíase hasta seis meses después de la publicación de la presente ley, el plazo establecido por el artículo 525 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 346. - Agrégase al artículo 523 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, el inciso siguiente:

"Dicha distribución será efectuada dentro de los noventa primeros días de cada Ejercicio. Por razones fundadas, la Suprema Corte de Justicia podrá modificar en el transcurso del Ejercicio la distribución original, sin que ello signifique aumento de los créditos presupuestales que para cada destino establezca la ley, lo que comunicará a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas".

Art. 347. - Sustitúyese el inciso segundo, del artículo 530 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, la Suprema Corte de Justicia podrá también designar directamente los titulares de los cargos para los que se exija título profesional universitario."

Art. 348. - Amplíase la facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia por el artículo 123 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, que comprenderá también la jurisdicción territorial de todos los Juzgados de Paz Departamentales y Juzgados de Paz del Interior.

Art. 349. - Sustitúyese el inciso segundo, del artículo 106 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"Los Jueces de Paz Departamentales y los Jueces de Paz del Interior, serán subrogados por el magistrado que indique quién les otorgue licencia."

Derógase el artículo 107 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Art. 350. - La Suprema Corte de Justicia, antes del 30 de noviembre de cada año, determinará los valores a que refieren los artículos 74 y 50 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, atendiendo al Indice General de Precios del Consumo y también a la mejor prestación del servicio judicial, pudiendo modificar los montos resultantes de la indexación prevista en las normas referidas.

Los valores que determine la Suprema Corte de Justicia por aplicación de esta disposición, regirán desde el 1º de febrero del año siguiente y deberán tomar estado público antes del 31 de diciembre del año de dictada la resolución.

Art. 351. - Créase por única vez una partida de nuevos pesos 10:000.000 (nuevos pesos diez millones), para gastos de conmemoración de los 80 años de creación de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 352. - Los créditos establecidos en la presente ley para sueldos, gastos e inversiones, son a valores del 1º de enero de 1987. Dichos créditos se ajustarán en la forma prevista en los artículos 6º, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 353. - Los asuntos judiciales de la materia de familia (artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985) que, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, se hallen en trámite ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, serán remitidos a los Juzgados Letrados de Familia que correspondan de acuerdo con las normas vigentes de distribución de competencia por razón de turno entre estos últimos Juzgados.

Los asuntos de aquella materia que, hallándose archivados en los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, fueran extraídos del archivo para proseguir su trámite, también serán remitidos en la forma establecida en el inciso precedente.

Art. 354. - Las precedentes disposiciones de este inciso regirán a partir del 1º de mayo de 1987, excepto en aquellas que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Art. 355. - Las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial que se indican, y de los titulares de cargos similares del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrán como base el 100% (cien por ciento) de la dotación que perciban los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del referido Tribunal, quedando fijadas de acuerdo a la siguiente escala:

A) Director General de Defensoría de Oficio, 85% (ochenta y cinco por ciento).

B) Director de Defensoría de Oficio, 78% (setenta y ocho por ciento).

C) Defensor de Oficio en la Capital, Secretario de Defensoría (Secretario II) 75% (setenta y cinco por ciento).

D) Defensor de Oficio del Interior, 65% (sesenta y cinco por ciento).

Los funcionarios del Escalafón Técnico-Profesional que no tengan prohibido el ejercicio de sus profesiones y cuyos cargos tengan una remuneración porcentual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior percibirán solamente el 68,96% (sesenta y ocho con noventa y seis por ciento) de las remuneraciones que resultan de la aplicación de dichos porcentajes.

INCISO 17
Tribunal de Cuentas

Artículo 356. - Las partidas de los Rubros que se elevan por la presente ley corresponden a valores de 1º de enero de 1987.

Art. 357. - Sustitúyese el artículo 568 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 568. - Establécense los cargos cuyo Escalafón, Grado y denominación se determinan a continuación:

ESCALAFON A

Grado

Denominación

22

Director de División Contador

22

Director de División Abogado

21

Sub-Director de División Contador

21

Sub-Director de División Abogado

20

Director de Departamento Contador

20

Director de Departamento Abogado

20

Director de Departamento Escribano

19

Sub-Director de Departamento Contador

19

Sub-Director de Departamento Escribano

18

Contador Auditor

18

Asesor Letrado

17

Técnico I Contador

17

Técnico I Abogado

17

Técnico I Escribano

17

Técnico I Médico


ESCALAFON B

Grado

Denominación


16


Analista Programador

14

Jefe Sección Biblioteca

14

Analista Programador

13

Ayudante Técnico

12

Técnico I Procurador


ESCALAFON C

Grado

Denominación


20


Director de División

19

Sub-Director de División

18

Director de Departamento

17

Sub-Director de Departamento

16

Jefe de Sección

15

Oficial

14

Administrativo I

13

Administrativo II

12

Administrativo III

11

Administrativo IV

10

Administrativo V


ESCALAFON D

Grado

Denominación


11


Ayudante Técnico


ESCALAFON F

Grado

Denominación


14


Intendente

13

Sub-Intendente

12

Encargado I

11

Encargado II

10

Auxiliar Servicio I

10

Chofer

9

Auxiliar Servicio

8

Auxiliar Servicio

7

Auxiliar Servicio

Las retribuciones de los cargos precedentes serán fijadas de acuerdo al artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986."

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 358. - Créanse los siguientes cargos en los escalafones que se detallan, con vigencia al 1º de mayo de 1987:

ESCALAFON A

Grado

Denominación

Nº de cargos

21

Sub-Director División Abogado  

1

20

Director Departamento Abogado  

1

19

Sub-Director Departamento Contador

1

19

Sub-Director Departamento Abogado

2

19

Sub-Director Departamento Escribano

1

17

Técnico I Contador  

24

17

Técnico I Abogado   

10

17

Técnico I Médico   

1

ESCALAFON B

Grado

Denominación   

Nº de cargos

14

Analista Programador  

3

14

Especialista en Organización y Métodos

1

13

Ayudante Técnico   

12

ESCALAFON C

Grado

Denominación   

Nº de cargos

20

Director División   

1

18

Director Departamento  

3

17

Sub-Director Departamento  

2

16

Jefe Sección   

8

13

Administrativo II   

2

12

Administrativo III   

12

11

Administrativo IV   

15

ESCALAFON D

Grado

Denominación   

Nº de cargos

11

Ayudante Técnico II  

1

ESCALAFON F

Grado

Denominación   

Nº de cargos

12

Encargado I   

3

11

Encargado II   

1

10

Auxiliar Servicio I  

4

10

Chofer   

4

Art. 359. - A efectos del ordenamiento escalafonario establecido por el artículo 357 de la presente ley, se aprueban las transformaciones de cargos establecidas a continuación:

ESCALAFON A

Cargo de origen      

Nuevo cargo

Nº de cargos

21

Director División   

22

Director División Contador Contador  

1

21

Director División   

22

Director División Abogado Abogado  

1

20

Sub-Director   

21

Sub-Director División Contador División Contador

2

20

Sub-Director   

21

Sub-Director División Abogado División Abogado

1

18

Director   

20

Director Departamento Departamento Contador Contador

6

18

Director   

20

Director Departamento Departamento Abogado Abogado

4

18

Director   

20

Director Departamento Departamento Escribano Escribano

1

17

Sub-Director

19

Sub-Director Departamento Departamento Contador Contador 

6

17

Sub-Director   

19

Sub-Director Departamento Departamento Abogado Abogado

1

16

Técnico I Contador  

18

Contador Auditor   

30

16

Técnico I Abogado   

18

Asesor Letrado   

7

16

Técnico I Abogado   

17

Técnico I Abogado   

9

16

Técnico I Contador  

17

Técnico I Contador  

40

16

Técnico I Escribano  

17

Técnico I Escribano  

3

16

Técnico I Médico   

17

Técnico I Médico   

2


ESCALAFON B

Cargo de origen

Nuevo cargo

Nº de cargos


12


Analista  


16


Analista Programador Programador  


1


ESCALAFON C

Cargo de origen

Nuevo cargo

Nº de cargos


15


Jefe de Sección  


16


Jefe de Sección  


15

14

Oficial   

15

Oficial   

37

13

Administrativo I   

14

Administrativo I   

39

12

Administrativo II   

13

Administrativo II   

18

10

Administrativo IV   

11

Administrativo IV   

20

09

Administrativo V   

10

Administrativo V   

42


ESCALAFON D

Cargo de origen

Nuevo cargo

Nº de cargos


10


Ayudante  


11


Ayudante Técnico Técnico II  


23


ESCALAFON F

Cargo de origen

Nuevo cargo

Nº de cargos


13


Intendente  


14


Intendente  


1

12

Sub-Intendente   

13

Sub-Intendente   

2

11

Encargado I   

12

Encargado I   

1

10

Encargado II   

11

Encargado II   

6

09

Auxiliar Servicio I  

10

Auxiliar Servicio I  

4

08

Auxiliar Servicio   

09

Auxiliar Servicio   

4

07

Auxiliar Servicio   

08

Auxiliar Servicio   

4

06

Auxiliar Servicio   

07

Auxiliar Servicio   

4

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 360. - A los efectos del ordenamiento escalafonario establecido por el artículo 357 de la presente ley se dispone la supresión al vacar de los cargos siguientes:

ESCALAFON C

Grado

Denominación

Nº de cargos

15

Oficial   

12

14

Administrativo I

9

10

Administrativo V

7

Art. 361. - Increméntase en un 10% (diez por ciento) la partida establecida en el artículo 565 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Dicho incremento se distribuirá en forma general entre todos los funcionarios.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 362. - Créase una partida del 5% (cinco por ciento), del Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", destinada a aquellos funcionarios que desempeñan tareas que sean calificadas por el organismo, como de alta especialización.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 363. - Otórgase a los funcionarios del Tribunal de Cuentas una compensación especial equivalente al 50% (cincuenta por ciento), de la cuota mutual mensual.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 364. - Facúltase al Tribunal de Cuentas a establecer el régimen de ocho horas diarias de labor para sus funcionarios.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 0 los créditos que correspondan para mantener la relación porcentual de la suma de las retribuciones por treinta y cuarenta horas semanales (treinta y tres por ciento). A estos fines realizará los incrementos necesarios en los subrubros con los que se atienden las remuneraciones ordinarias de los funcionarios (sueldo básico, compensación máxima al grado, y el aumento a que se refiere el inciso 2º, del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), con la sola excepción de las partidas que a la fecha de esta ley estuviesen congeladas.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 365. - Créase por una sola vez una partida de N$ 5:000.000 (nuevos pesos cinco millones), para el Ejercicio 1998, para reforzar el Rubro 2 "Materiales y Suministros", con destino a la atención del costo de los materiales de microfilmación de la documentación de archivo del Tribunal de Cuentas.

Art. 366. - Los funcionarios del Escalafón A, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrán optar por un régimen de cuarenta, treinta, veinte o quince horas semanales de labor y su remuneración se adecuará en forma proporcional a la dedicación horaria.

INCISO 18
Corte Electoral

Artículo 367. - Increméntase el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", en la suma de nuevos pesos 33:756.930 (nuevos pesos treinta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos treinta), a valores del 1º enero de 1987, a los efectos de contratar a los funcionarios que actualmente son retribuidos con cargo a partidas extrapresupuestales.

La contratación de estos funcionarios se regirá por lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 368. - Facúltase a la Corte Electoral para establecer las cuarenta horas semanales efectivas de labor para los funcionarios que opten por este régimen.

No podrán gozar del mismo:

A) Los funcionarios que cumplan sus tareas en horarios especiales.

B) Aquellos que estén en comisión en otros organismos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.

C) Los funcionarios que realicen permanentemente tareas de carácter externo.

D) Quienes no obtengan un puntaje de calificación superior al 50% (cincuenta por ciento) del máximo.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 0 los créditos que correspondan para mantener la relación porcentual de la suma de las retribuciones por treinta y por cuarenta horas semanales, 33% (treinta y tres por ciento). A estos fines realizará los incrementos necesarios en los subrubros con los que se atienden las remuneraciones ordinarias de los funcionarios electorales (sueldo básico, compensación máxima al grado y el aumento a que se refiere el inciso segundo, del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), con la sola excepción de las partidas que, a la fecha de la presente ley, estuvieren congeladas.

Se harán efectivas a los funcionarios que voluntariamente hubieren cumplido cuarenta horas semanales a partir del 1º de mayo de 1987, las retribuciones complementarias que correspondieren.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 369. - Fíjase la remuneración mensual de los cargos de Secretario Letrado, Director de la Oficina Nacional Electoral y Sub-Director de la Oficina Nacional Electoral, en los siguientes porcentajes, aplicados sobre la base del 100% (cien por ciento), de la dotación de los ministros de la Corte Electoral:

A) Secretario Letrado, 72% (setenta y dos por ciento).

B) Director de la Oficina Nacional Electoral, 65% (sesenta y cinco por ciento).

C) Sub-Director de la Oficina Nacional Electoral, 60 (sesenta por ciento).

A dichas remuneraciones sólo podrán acumularse el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y la prima por antigüedad.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 370. - Los funcionarios que ocupen cargos de Especialista I Dactilóscopo (D 15), percibirán la misma retribución, por todo concepto, que los de Jefe de Sector (C 15). La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito correspondiente.

Se efectuarán los siguientes pasajes de Grado en la escala del artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, Director de Departamento Contador (A 20 a 22); Sub-Director de Departamento Contador (A 19 a 21); Jefe de Imprenta (E 16 a 17); los cargos del Escalafón C (5 a 6).

Estas modificaciones entrarán en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 371. - Los funcionarios presupuestados y contratados de los Escalafones D a F que en forma continua y durante un lapso no menor de cinco años hayan desempeñado tareas propias del Escalafón C, podrán solicitar su regularización presupuestal mediante la incorporación en el Grado equivalente de dicho Escalafón.

Exceptúase de lo previsto en el inciso anterior, a aquellos cargos cuya provisión deba realizarse por concurso, de acuerdo a normas vigentes, salvo cuando el interesado acepte su incorporación a un cargo de Grado inmediato inferior al que deba proveerse.

El cargo se suprimirá en el Escalafón de origen y se incorporará al de destino.

La solicitud de regularización deberá presentarse dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente ley y caducarán todos los derechos al respecto para quienes no comparezcan en tiempo.

Esta disposición regirá desde la promulgación de la presente ley.

Art. 372. - Increméntase el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", en N$ 59:419.555 (nuevos pesos cincuenta y nueve millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos cincuenta y cinco), a valores del 1º de enero de 1987.

El organismo distribuirá dicha partida entre los distintos Programas, Rubros, Subrubros y Renglones.

Esta disposición entrará en vigencia el 1º de mayo de 1987.

Art. 373. - La Corte Electoral únicamente podrá conceder el traslado en comisión de sus funcionarios para desempeñar tareas de asistencia personal y directa de legisladores o de quienes ocupen cargos en el Escalafón político y a su solicitud expresa.

En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.

Declárase, con carácter interpelativo, que los funcionarios de la Corte Electoral están comprendidos en el régimen establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Esta disposición regirá desde la promulgación de la presente ley.

Art. 374. - La Corte Electoral podrá disponer del 100% (cien por ciento), de los ingresos que obtenga por renovaciones de credenciales, multas por no emisión del voto y venta de materiales en desuso.

La disponibilidad comprenderá igualmente a los ingresos como retribución de servicios que obtenga por la expedición de certificados no relacionados con el sufragio y por proporcionar las informaciones de archivo requeridas con fines privados.

La utilización de estos recursos no está limitada al Ejercicio en que se opere su ingreso y se efectuará de conformidad con las ordenanzas que dicte el Tribunal de Cuentas.

Estos fondos podrán destinarse al pago de gastos corrientes o inversiones pero no a retribución de servicios personales.

Esta disposición regirá desde la promulgación de la presente ley.

Art. 375. - Facúltase a la Corte Electoral para disponer las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello signifique aumento del crédito presupuestal. Esta facultad podrá ser ejercida hasta el 30 de junio de 1988, cumpliéndose los requisitos establecidos por el artículo 525 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Extiéndese hasta el 30 de junio de 1988, el plazo previsto por el artículo 576 de la ley citada.

Esta disposición regirá desde la promulgación de la presente ley.

Art. 376. - Créase en el Programa 001 "Justicia Electoral Nacional y Administración General", un cargo de Jefe de Sección (C 17) y un cargo de Sub-Jefe de Sección (C 16).

Dichos cargos serán provistos en forma que se asegure el contralor partidario, mediante concurso de oposición y méritos en el que podrán participar los funcionarios que sean titulares de cargos ubicados en los dos grados inmediatamente inferiores a los que se crean por la presente ley. La Corte Electoral reglamentará las bases del llamado a concurso.

Suprímense seis cargos de Administrativo VII (C 5) en el Programa 002 "Justicia Electoral Departamental, Inscripción Cívica Regular, Registros Cívicos (Nacional y Departamentales) y Organización del Acto Eleccionario".

Esta disposición regirá desde la promulgación de la presente ley.

Art. 377. - Increméntase el crédito anual para atender suministros del Programa 00 "Justicia Electoral Nacional y Administración General", para el Ejercicio 1987 y siguientes, Rubro 3 Renglón 3.1 derivado 809 (OSE), en N$ 400.000 (nuevos pesos cuatrocientos mil) y del Programa 002 "Justicia Electoral Departamental, Inscripción Cívica Regular, Registro Cívico (Nacional y Departamentales) y Organización del Acto Eleccionario" para el Ejercicio 1987 y siguientes, Rubro 3 Renglón 3.1 derivado 809 (OSE), en N$ 750.000 (nuevos pesos setecientos cincuenta mil).

Los créditos son a precios del 1º de enero de 1987 y se ajustarán de acuerdo al artículo 587 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.