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Nº 208 - TOMO 309 - 17 y 18 DE SETIEMBRE DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

40ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN (h.)

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Llamado a Sala al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

-El señor Presidente informa que se ha convenido la realización del mismo para el día jueves próximo a la hora 17.

5) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional

- Continúa en discusión particular.

6) Cuarto intermedio

- Se resuelve realizarlo por moción del señor senador Aguirre, modificada por el señor senador Rodríguez Camusso, hasta las 15 horas.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de setiembre de 1987.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 17 a la hora 15, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y se establecen normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional.

(Carp. Nº 842/87 - Rep. Nº 117 y Anexos I y II)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTA: con licencia, el señor senador Jude.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 28 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 17 de setiembre de 1987.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes por los que solicita venia para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura

(Carp. Nº 902/87)

y a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

(Carp. Nº 903/87)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica que ha dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 01, 02 y 03 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 04, 05, 06 y 07 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 004, 005 y 007 del Ministerio de Educación y Cultura.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 001, 002, 003, 004, 006, 007 y 011 del Ministerio de Economía y Finanzas.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 001, 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 015 y 016 del Ministerio de Defensa Nacional.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal del Programa 005 "Aeropuertos Nacionales" del Inciso 03 del Ministerio de Defensa Nacional.

por el que se aprueba la racionalización presupuestal de los Programas 009 y 012 del Ministerio de Economía y Finanzas.

-Repártanse.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica que ha dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por la que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre Orden de Pago a favor de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) por concepto de subsidios a los consumos de leche beneficiados correspondientes al mes de abril.

por el que se amplía el presupuesto de la Dirección General de Casinos.

por el que se aprueban los Convenios de Préstamos Nos. 2836/UR y 2843/UR.

por el que se aprueban las trasposiciones presupuestales dentro del Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

por el que se fijan los volúmenes físicos como capacidad productiva de la hectárea media del país, para el período 1º de octubre de 1987 - 30 de setiembre de 1990.

por el que se incorporan al Plan de Inversiones Públicas 1987 los proyectos de inversiones a financiarse con recursos extrapresupuestarios y se aprueban los Preventivos Anuales de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos Extrapresupuestarios de los Incisos Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de Educación y Cultura.

por el que se exceptúa a las Unidades Ejecutoras del Inciso 04 "Ministerio del Interior" del régimen establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 15.809.

por el que se autoriza la ampliación de partidas del presupuesto operativo de la Administración Nacional de Puertos.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar orden de entrega a favor de la Dirección General Impositiva a efectos de abonar la cuota de afiliación al Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT).

por la que se fija en el treinta y cinco por ciento el recargo aplicable a la importación de petróleo crudo y sus derivados.

-Ténganse presentes y archívense.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con contrato con la Compañía de Saneamiento do Paraná SANEPAR.

De la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, relacionada con la reiteración del gasto en Licitación Pública Nº 1/0656.

Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con Licitación Pública Nº 4/86.

De la Suprema Corte de Justicia, relacionado con el arrendamiento de teléfonos.

Del Ministerio de Industria y Energía, relacionadas con las Ordenes de Entrega Nos. 100.362 y 100.226.

Del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con el pago de horas extras y contratación del señor Enrique Echegoyen.

Del Ministerio de Educación y Cultura, relacionadas con el pago de horas extras, Orden de Entrega número 803.001 y con el pago de servicios de limpieza.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionadas con la Licitación Pública Nº 519 y con falta de disponibilidad.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionadas con las Licitaciones Públicas Nos. 091/086 y 002/85 y con la adquisición directa de material eléctrico a la firma ZSE de Checoslovaquia.

De la Universidad de la República, relacionada con la compra de vacunas.

Del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionadas con las Ordenes de Pago Nos. 100252 y 100253; con la contratación de un local por la Dirección de Loterías y Quinielas; con el arrendamiento de equipos de computación y con orden de pago a favor del señor Antonio Lacarte.

Del Banco de Previsión Social, relacionada con el pago de horas extras y sueldos.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionada con el servicio de mantenimiento de ascensores.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Timoteo Aparicio" la Escuela Nº 1 de Canelón Grande, 1ra. Sección Judicial del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 901/87)

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Andrés Toriani, con destino a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, referentes a la situación de un grupo de trabajadores pertenecientes al Establecimiento Frigorífico del Cerro S.A. (EFCSA), Planta Victoria, y con la cesantía de un centenar de obreros de la Planta Artigas de la misma empresa.

(Carp. Nº 904/87)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Junta Departamental de Florida remite nota relacionada con la problemática del saneamiento de la ciudad de Florida.

La Junta Departamental de Lavalleja remite nota relacionada con el planteamiento formulado por el señor edil Gonzalo Piana, referente al problema de la garrapata.

-Ténganse presentes."

4) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea dar cuenta que ha convenido con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca la realización del llamado a Sala propuesto en la tarde de ayer por el señor senador Gonzalo Aguirre, para el día jueves de la semana entrante, a la hora 17.

5) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 1986 Y NORMAS MODIFICATIVAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el único punto del orden del día: Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1986 y se establecen normas modificativas y complementarias del Presupuesto Nacional. (Carp. Nº 842/87, Rep. Nº 117/87 y Anexos I y II)".

(Antecedentes: ver 39ª S.O.E.)

-Continúa la discusión particular.

En la sesión de ayer habíamos aprobado el Capítulo III y había quedado pendiente la consideración y votación del artículo 53, a consecuencia de las observaciones formuladas al respecto por el señor senador Flores Silva.

En consideración el artículo 53.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - En la sesión de ayer había solicitado a los miembros de la Subcomisión de Ordenamiento Financiero una explicación -si era posible- del inciso final del artículo 53 que, correspondiendo al artículo 63 del proyecto de la Cámara de Representantes, significaba un agregado con respecto al artículo 181 del Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. Este agregado final no se refiere a lo mismo que todo el resto del artículo, o sea, a las trasposiciones de asignaciones entre proyectos de un mismo Programa, sino que se refiere a trasposiciones de asignaciones entre proyectos de diferentes Programas, como facultad que se le asigna al responsable de los Programas, al jerarca respectivo, en los Entes de la Enseñanza.

Se trata de una modificación cuyo alcance me parece muy importante. Como este artículo había pasado a estudio de la Subcomisión de Ordenamiento Financiero y en última instancia, la Comisión no tuvo el informe requerido sobre este artículo, solicito a los miembros de esa Subcomisión que expresen su opinión al respecto.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Rondán.

SEÑOR RONDAN. - Creo recordar -no tengo en este momento las actas de la Subcomisión- que en este artículo se eliminó la comunicación a la Asamblea General que figuraba en el segundo párrafo; además, no se presentaron mayores problemas ni cuestionamientos a lo dispuesto en el tercer parágrafo, que pasaría a ser el segundo, por lo que no habría mucho para relatar acerca de la evolución del texto.

Considero que en ese sentido nos tenemos que remitir a la versión taquigráfica de lo allí expresado. Sin embargo, si mal no recuerdo, este artículo contó con un informe del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y fue aprobado por dos votos en tres en la Subcomisión.

No sé si el señor senador Ortiz quiere agregar algo a lo que he expuesto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Voy a ratificar lo manifestado por el señor senador Rondán. Cuando se consideró este artículo, fue avalado por la opinión y la presencia en la Subcomisión de los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y no mereció ninguna reserva.

Confieso que no he podido atender exactamente las expresiones del señor senador Flores Silva. Parecería que cuando se trata de trasposiciones entre proyectos de distintos Programas, el asunto adquiere una relevancia tal como para merecer la aprobación por ley. No sé si el señor senador se refería a eso o a la excepción de los Entes de enseñanza.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite, señor senador?

Me preocupaba más el tema de la excepción. Entonces, ¿la opinión de la Comisión es favorable?

SEÑOR ORTIZ. - En lo que me es personal, si se quiere incluir la Enseñanza entre los organismos que requieren ley para hacer trasposiciones no tengo inconveniente en ello porque creo que de esa manera se daría un tratamiento parejo. Confieso que en la Comisión no se realizaron objeciones; no se habló ni a favor ni en contra. Ese artículo tampoco mereció observaciones por parte del Tribunal de Cuentas ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Voy a agregar mi opinión a lo ya expresado por los otros dos integrantes de la Subcomisión.

Este tema se trató con los integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el entendido de que es necesario dar una cierta flexibilidad y movimiento a lo relativo a los programas porque de lo contrario su cumplimiento sería muy rígido.

El tema de los Entes de enseñanza está vinculado con el carácter de autónomos que éstos tienen y lo que hace la ley es delegar funciones a esos Entes a fin de facilitar el cumplimiento de los programas.

Quiero reiterar que los miembros del Tribunal de Cuentas no formularon objeciones. Incluso uno de sus Ministros, que además es contador, habló de la necesidad de flexibilizar en algo los proyectos y programas para que no sean tan rígidos, aunque siempre deberán estar sujetos al contralor final de ese Tribunal.


De manera que entiendo que se puede votar este artículo tal como ha sido propuesto sin que por ello incurramos en desviaciones de lo que es la expresión normal tendiente a flexibilizar los Presupuestos por Programa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53 tal como vino de la Comisión.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo IV, Presidencia de la República.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Como me parece que es el método más práctico dadas las circunstancias, propongo que este Capítulo sea considerado no en forma global sino por incisos, de acuerdo con los criterios normales en el sentido de que cuando se solicite la separación de alguna disposición, naturalmente ello puede hacerse.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 02, Presidencia de la República, que comprende los artículos 59 a 73.

La Mesa aclara que la bancada del Frente Amplio ha propuesto un artículo aditivo para agregar al final de este Inciso.

Corresponde en primer lugar considerar los artículos tal como vienen de la Comisión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quisiera saber -porque quizás no lo encuentro en el fárrago de papeles que tenemos sobre las bancas- si ya se ha repartido el artículo aditivo propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En este momento se va a proceder a repartir ese artículo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: deseo formular una consulta relacionada con los artículos 66 y siguientes, porque en el transcurso del trabajo de la Comisión la bancada del partido Nacional había presentado artículos sustitutivos...

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto, porque supongo que aclarará la duda que iba a plantear.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Agradezco al señor senador, porque me encontraba enfrascado tratando de ordenar un poco este papelerío.

Efectivamente, creo que en este momento la Secretaría está preparando un repartido con artículos sustitutivos para el 66 y siguientes, hasta el 73 inclusive. Por esa razón, solicitaría que se aplazara la consideración de dichos artículos hasta que se efectúe el repartido del proyecto que, con algunas variantes, reproduce el presentado por los senadores nacionalistas en la Comisión. Cuando esto se realice, y luego de un tiempo prudencial para leerlo como corresponde, pediríamos su consideración. Esa es la propuesta concreta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aplazamos, pues, lo artículos 66 a 73 inclusive.

Se van a votar los artículos comprendidos entre el 59 y 65.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Correspondería considerar el artículo aditivo propuesto por la bancada del Frente Amplio.

Léase.

(Se lee:)

"Extiéndese a los funcionarios del Programa 003, Elaboración, Supervisión y Coordinación de las Estadísticas Nacionales, que presten servicios en el mismo, el régimen establecido en el artículo 111 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. A tales efectos, increméntase el Renglón 061, Retribuciones Adicionales del mencionado Programa, en la cantidad de N$ 32:000.000."

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: la situación vinculada con la Dirección General de Estadística y Censos tienen peculiaridades a las que nos hemos referidos en otras oportuniades y que no tenemos más remedio que replantear ahora, aun teniendo en cuenta las características especiales con que este proyecto se considera. Mencionamos a esta Dirección, pero la misma situación se da en muchas otras oficinas. Posteriormente, haremos simplemente la referencia, pero en este caso queremos explicar la esencia de la situación.

Cuando se consideró el Presupuesto Nacional, actualmente en vigor, una de las disposiciones equiparaba a los funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censos con los de las distintas unidades ejecutoras del Inciso "Presidencia de la República", estableciendo igual remuneración para igual función. Ese artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo y, como es notorio, la observación no pudo ser levantada en la Asamblea General, a pesar de que, en rigor, lo que procuraba era una redistribución más justa del Rubro 0 que había dispuesto el artículo 54 de esa ley. A raíz de ello, en la Dirección General de Estadística y Censos comenzó un paro de brazos caídos y se preveían medidas de carácter progresivo que, naturalmente, implicarían alteraciones en su normal funcionamiento. Se efectuaron negociaciones con las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se establecieron determinados compromisos y, como consecuencia, el levantamiento inmediato de las medidas de lucha que habían organizado estos funcionarios. Se daba la seguridad de que en la siguiente Rendición de Cuentas sería concretada la equiparación a que se alude, en virtud del régimen denominado "estar a la orden". No obstante, en la fallida Rendición de Cuentas del año pasado tampoco vino esta proposición por parte del Poder Ejecutivo.

La situación es muy peculiar. Los funcionarios dependientes de la Dirección General de Estadística y Censos no sólo perciben retribuciones un 30% menores que el resto de los que cumplen funciones dentro del Inciso "Presidencia de la República", sino que además en dicha Dirección hay funcionarios en Comisión, provenientes de otras oficinas del mismo Inciso, que trabajan en las actividades de estadística y censos, realizando el mismo horario y cumpliendo idénticas tareas, pero que cobran la retribución especial asignada a sus oficinas de origen, mientras los titulares de la Dirección General de Estadística y Censos no pueden percibirla.

En la mencionada Dirección se preparan índices de precios de consumo, índices medios de salarios, costo de la construcción, desocupación, horas trabajadas, remuneraciones, censos económicos, de población y vivienda, proyecciones depoblación, estadísticas demográficas, encuestas de hogares, de viviendas, cursos de capacitación estadística para todos los funcionarios públicos, etcétera. Se trata de tareas que requieren un buen grado de especialización, muchas veces adquirido en el exterior por medio de becas y, otras, por los propios cursos realizados en la Oficina e, inclusive, por la experiencia que se obtiene, porque el 50% de estos funcionarios tiene más de veinte años de permanencia y actividad en esa Oficina.

Estos funcionarios estan a la orden, porque la mayor parte de los trabajos que hemos señalado, como sabemos, debe ser entregada con fechas fijas, como por ejemplo el índice de precios, de salarios o de construcción y las publicaciones que se editan en la oficina. O sea que forzosamente deben realizar horas extras e incluso, con mucha frecuencia, trabajos en días feriados. En todos los casos, esas tareas se cumplen correctamente y se entregan en las fechas exigidas por la Administración.

A pesar de ello, habiéndose otorgado el beneficio mediante la Ley de Presupuesto, a los funcionarios del Programa "determinación y aplicación de la política de gobierno, Subprograma Administración General", a los funcionarios del Programa "Planifiación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el sector público de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto" y a los funcionarios de la Oficina del Servicio Civil, resulta que ese beneficio lo tienen todas las oficinas que constituyen el Inciso 02, con la sola excepción de la Dirección General de Estadística y Censos.

Este artículo, señor Presidente, fue votado -con el número 85- por amplia mayoría en la Cämara de Representantes y ha sido objetado desde el punto de vista constitucional, en términos que reconocemos que tienen un fundamento importante. Sin embrgo, queremos significar que el número logrado enla votación de la Camara de Representantes es muy superior, cuantitativamente, al de diputados que pertenecen al Frente Amplio. Entendemos que aquí juegan compromisos de carácter político, al igual que en muchas otras disposiciones de este proyecto de Rendición de Cuentas, con respecto a las cuales se ha discutido su constitucionalidad -se ha discutido por ejemplo, si es constitucional la inclusión de modificaciones al Código Penal y si son constitucionales muchas de las disposiciones incluidas, a pesar de lo cual permanecen- pero consideramos que en relación a este punto existe también un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, que no ha sido rectificado. Esto ha sido denunciado en Comisión en presencia de los jerarcas del Poder Ejecutivo, quienes no lo han negado; incluso, hay una situación conflictiva desde el punto de vista laboral, que a nadie interesa y menos aún a los propios funcionarios, que de ninguna manera desean cumplir paros ni detener una actividad que sienten profundamente. Sin embargo, cuando llega el momento, incomprensiblemente sus retribuciones siguen siendo diferentes a las del resto de los funcionarios de este Inciso, realizando el mismo trabajo, cumpliendo igual horario y teniendo similares responsabilidades.

Hace ya dos años que venimos discutiendo este tema, para el que nunca hemos obtenido una respuesta; nadie sostiene que estemos equivocados al respecto; nadie dice que faltemos a la verdad cuando afirmamos que existió un compromiso por parte del Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, para con estos funcionarios. Sin embargo, en los hechos se aducen argumentos de orden constitucional, que mucho respetamos, que hacen que los funcionarios de esta repartición continúen segregados de todo el resto del funcionariado que cumple similares tareas.

Debemos decir que prevemos cuál va a ser la decisión final con respecto de este tema. Ahora, simplemente queremos significar que no nos queremos encontrar, más tarde, con titulares en la prensa, con comunicados y con afirmaciones públicas en los que se señale a estos funcionarios, que no sé ya a qué recuirso van a apelar, o a dónde podrán dirigirse a fin de ganar lo mismo que otros funcionarios que tienen las mismas responsabilidades. Esta es la constancia que queríamos dejar, mostrando a este propósito -no quiero emplear calificativos; ya ayer utilizamos algunos que luego dieron lugar a debate, como tampoco quiero herir personal ni políticamente a nadie- se le llame intransigencia, o como se le llame, que aquí hay un hecho real y es que cuando se plantea una situación de conflicto, se hacen promesas que luego no se cumplen, manteniéndose una situación diferencial. Nos gustaría encontrar, en algún momento, a un jerarca que intente, siquiere, justificar el hecho de que el funcionariado de Estadística y Censos tiene que percibir una cantidad significativamente menor que aquellas personas que se encuentran en esa Dirección, en comisión, realizando el mismo trabajo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: como se sabe, no he participado en la Comisión de Presupuesto que estuvo tratando la Rendición de Cuentas, de modo que debo manifestar que estoy aprendiendo sobre la marcha cuál es el contenido real de muchas de estas disposiciones.


Sobre nuestros escritorios tenemos un artículo aditivo que propone la bancada del Frente Amplio y que, tal como señalaba el señor senador Rodríguez Camusso, extiende a los funcionarios de Estadística y Censos el régimen del artículo 111 de la Ley Nº 15.809.

Al respecto, tengo dos dudas. La primera es de tipo constitucional y debo decir que, en realidad, no es una duda, sino una convicción porque me parece que esta norma no se compadece con lo que, en materia de gastos, establece la Constitución de la República.

En alguna medida, el señor senador Rodríguez Camusso confirma este parecer que acabo de expresar. Sin embargo, pienso que desde el punto de vista de la justicia de la medida, el problema tendría que plantearse de otra manera. Este artículo aditivo del que hablamos, se remite al 111 de la Ley Nº 15.809, que a su vez tiene relación con un sector muy pequeño de funcionarios del Inciso 02, Presidencia de la República. Me refiero a aquellos que integran el Programa 011 del anterior Inciso. Considero que el razonamiento equivocado es que por haber funcionarios del Programa anteriormente mencionado, actuando en Comisión en la Dirección de Estadística y Censos, a todos los demás hay que aplicarles el régimen de los primeros.

Aquí no se trata de establecer un régimen general, sino uno especial más. Sin embargo, si éstos son los argumentos, por sí solos no tienen la fuerza suficiente como para que vote afirmativamente este artículo aditivo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: con respecto al primer punto, quiero señalar, como efectivamente lo ha expresado el señor senador Ricaldoni, que hemos marcado claramente las serias dudas que tenemos en cuanto a este tema constitucional. En lo que dice relación al segundo, no. Se hace una remisión al artículo 111 que incluye a un sector de funcionarios. Lo que sucede es que ese artículo surgió luego de otras disposiciones similares y, desde el punto de vista de la justicia de la reclamación, el argumento central dice que, en este momento, la única Unidad Ejecutora de todo el Inciso 02, que no percibe esa compensación por horas extras, es la de Estadística y Censos.

Por vía de ejemplo, mencionábamos que hay funcionarios de otras Unidades Ejecutoras que están en comisión, haciendo el mismo trabajo y que perciben dicha remuneración. Además, debemos señalar que ello también es percibido por todo el resto del Inciso Presidencia de la República, cosa que estimamos justa, porque se trata de personal a la orden.

Consideramos que con respecto al resto del personal que trabaja en las otras Unidades Ejecutoras, por las propias características de las funciones que cumplen y de cuya significación nos hacemos cargo, es lógico que cobren por esa obligaicón de estar a la orden. Pero hay que poner de manifiesto que la gente de Estadística y Censos, también lo está y no cobra. En este momento, luego de la aparición del artículo 111, es la única oficina que no percibe dicho beneficio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por la bancada del Frente Amplio.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: queremos decir que no hemos acompañado esta propuesta del Frente Amplio porque ella es inconstitucional. Estamos de acuerdo en la justicia del planteo y en el reclamo que se hace y, en consecuencia, estaríamos contestes en que se asignaran esos beneficios a los funcionarios de la Dirección de Estadística y Censos. Sin embargo, hay una disposición constitucional que prohíbe aumentar las dotaciones a los funcionarios, si no existe previamente Mensaje del Poder Ejecutivo. Acá, estamos frente a un caso claro en que se pretende aumentar los sueldos, sin Mensaje.

Se trata de una política privativa del Poer Ejecutivo que, de tomar dicho Poder la iniciativa, el Parlamento no puede hacerlo. En consecencia, esta disposición será completamente baldía ya que, si bien es cierto que puede haber disposiciones constitucionales oscuras, que no se pueden interpretar claramente -y para eso existe la Comisión propuesta por el señor senador Ortiz- ésta no ofrece ninguna duda en cuanto a su inconstitucionalidad.

Repito que todos sabemos que está prohibido, de no mediar la iniciativa del Poder Ejecutivo, adoptar este tipo de medida.

En este momento, levanto mi voz contra el hecho de reiterar planteamientos que ofrecen soluciones legislativas imposibles, ya que se encuentran impedidas por la Constitución.

Debo decir que no deseo que se me haga aparecer como contrario a la justicia del reclamo que se plantea, pero tampoco es posible que, abiertamente y a sabiendas, se viole la Constitución. Al respecto, no acepto que se me diga que otras veces se la ha violado, ya que con ese criterio no podríamos legislar. Repito que nuestra Carta prohíbe este tipo de artículo. Esa es la única razón por la que he votado en contra y señalo que lo haré todas las veces que se presenten situaciones similares. Considero que esto es crear, indebidamente, falsas expectativas a los funcionarios ya que este artículo recién votado por el Senado no obliga al Poder Ejecutivo, dado que es inconstitucional.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Señor Presidente: reitero los últimos conceptos vertidos en Sala por el señor senador Cigliuti a la vez que suscribo todo lo afirmado por él. Parecería que estamos asistiendo a un diálogo de sordos por cuanto en la Comisión, desde el primer momento, todos los integrantes de la misma nos pusimos de acuerdo en que todo aquello que significara una violación a la Constitución, como en este caso, sería rechazado y no se insistiría sobre ello. Todo indicaba que ese era un valor entendido. Sin embargo, no dejo de reconocer, y lo suscribiría en otras circunstancias, la validez de esta aspiración, que considero justa, de los funcionarios de la Dirección de Estadística y Censos.

También opino que cuando este tema trascienda este ámbito y llegue a la calle, la gente del Partido Colorado va a aparecer a los ojos de la población, y en cierta prensa, como la que se opone a las justas y legítimas reivindicaciones de determinado número de funcionarios. Esto, señor Presidente, debe ser desmentido con el mayor de los énfasis.

Aquí de lo que se trata es de respetar el texto constitucional, que en el artículo 215 es de una claridad meridiana y dice: "El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por Inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos". No me cabe duda de que en esta Sala hay señores senadores que manejan el texto constitucional mucho mejor que yo; pero a veces vemos levantar la mano para votar artículos -como éste que se ha aprobado- que violan clara y definidamente nuestra Constitución.

Por esas razones, señor Presidente, no le podemos dar nuestro voto a este artículo.

Lo que lamentamos es que mañana, repito, esos mismos funcionarios que se pretende beneficiar y que, naturalmente, no van a ver consagradas sus legítimas aspiraciones -si hubiera venido con Mensaje sería otra cosa- pensarán que puede ser un capricho nuestro y no es así, ya que los que han propuesto este artículo aditivo saben perfectamente que él es totalmente inconstitucional.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra, para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: como saben los señores senadores, mi especialidad no es el Derecho y cuando existe una posición que sostiene que algo es inconstitucional y otra lo contrario y se comienza a discutir sobre la interpretación, escucho con mucha atención y luego voto de acuerdo a lo que creo más acertado. Pero aquí estamos ante una circunstancia totalmente diferente. Nadie ha dico que lo que se ha votado es constitucional; se ha admitido que es inconstitucional y, en consecuencia, este Cuerpo está dando un voto a un artículo que se ha aceptado que es inconstitucional.

Al mismo tiempo de solicitar la rectificación de la votación, señor Presidente, quería dejar sentada esta constancia.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: hemos votado afirmativamente nuestra iniciativa y no voy a reiterar aquí -para no hacer perder tiempo al Senado- todos los argumentos que han dado el señor senador Rodríguez Camusso, que son los que realmente nos llevaron a proponer este artículo en Sala.

Podrá decirse que esta solución tiene elementos de inconstitucionalidad, como lo señalaron los señores senadores Flores Silva, Cigliuti y Rondán; pero a mi modo de ver, con este artículo pretendemos recordar al Poder Ejecutivo que no se puede seguir persiguiendo empecinadamente una solución que es totalmente injusta y deja sin protección a estos funcionarios. Confieso que comienzo a creer que detrás de esta tozuda negativa del Poder Ejecutivo debe estar el hecho de que, tal vez, estos funcionarios hayan cometido un grave pecado, que es el de constituir una asociación gremial, posiblemente, la única que existe en los organismos del Inciso.

Sabemos que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observar esta posición; pero, por lo menos, con esto le haremos saber cuál es la opinión del Parlamento y cuáles las razones que nos llevaron no a privilegiar u otorgar beneficios especiales, sino simplemente a igualar y evitar las injusticias que viene cometiendo el Poder Ejecutivo con estos funcionarios durante todo el período de reiniciada la actividad democrática.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: hemos votado con tranquilidad esta norma entendiendo que, fuera del reparo constitucional que ya había sido formalizado en la Cámara de Representantes y luego reiteradamente fundado en el curso de esta tarde por distintos señores senadores, las razones expuestas por los proponentes -particularmente por el señor senador Rodríguez Camusso- demuestran que estamos en presencia de un régimen que no instituimos. Se trata de una forma de retribución a los funcionarios, que ya está implantada y que se aplica con generalidad a la totalidad de los funcionarios comprendidos en los diversos Incisos de la Administración Central, pero particularmente en el Inciso 02, Presidencia de la República.

En este caso la norma, señor Presidente, tiene un carácter meracamente interpretativo; extiende los efectos de un sistema creado, estableciendo cuál es el alcance que tiene desde el punto de vista del ámbito personal, o sea, de bonificación o retribución especial por la permanencia a la orden.

Por esas razones, señor prsidente, hemos acompañado la propuesta que estaba contenida inicialmente en el proyecto de la Cámara de Representantes, que llegó al Senado y que hoy se ha vuelto a reiterar en el curso de esta tarde.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: hasta escuchar las palabras de mi estimado amigo el señor senador Tourné, estaba realmente sorprendido, porque advierto que todos los que habíamos participado en el debate -ahora lo hacemos por la vía de fundamentación del voto- estamos de acuerdo en que aquí se está produciendo una violación del texto constitucional. Ahora a eso se agrega una tesis distinta que también me parece -con los respetos debidos- totalmente equivocada. Acabo de oír que se vota con tranquilidad, porque esto es una interpretación de disposiciones legislativas preexistentes. Ni siquiera en el texto que estamos considerando, se ha permitido la posibilidad de decir "Declárase por la vía interpretativa tal o cual cosa", aquí simplemente se dice: Extiéndese a tales funcionarios ciertos beneficios, lo cual significa crear lo que en Derecho se llama un efecto constitutivo, que es exactamente lo opuesto al declarativo de una norma.

Advierto que si bien parece atendible -y lo acepto- el argumento del señor senador Rodríguez Camusso en cuanto a que todo el Inciso 02 dispone de este beneficio menos estos funcionarios -y ello apunta a la justicia de la medida- sin embargo me queda en pie la otra objeción, que es la de tipo constitucional. Por lo tanto, comparto integralmente lo manifestado por el señor senador Cigliuti; pero dentro de todo este debate que estamos haciendo en torno a esta disposición, hay algo que quiero señalar como inaceptable y es uno de los motivos que me mueven a hacer estas reflexiones.

Se admite que se viola la Constitución, pero se dice que ello se hace a sabiendas de que efectivamente es así, porque es una manera de señalarle al Poder Ejecutivo la injusticia de la situación creada en estos momentos. Creo que el Parlamento no puede -ni siquiera en una cuestión secundaria como puede ser considerada ésta, frente a lo que son las grandes líneas de una Rendición de Cuentas- aceptar esta filosofía política, que supone que el Parlamento, a sabiendas, viola la Constitución como forma de enviarle mensajes políticos al Poder Ejecutivo para indicarle las normas de conducta a las cuales una mayoría circunstancial entiende debe ajustarse.

No tengo nada más que decir a este respecto, señor Presidente; pero solicito que se rectifique la votación, porque tengo la impresión de no se computaron adecuadamente los votos en el momento de votarse este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo a lo solicitado por los señores senadores Flores Silva y Ricaldoni, se va a rectificar la votación del artículo aditivo propuesto por la bancada del Frente Amplio.

(Se vota:)

-10 en 27. Negativa.

En consideración los artículos 66 a 73 para lo cual han sido repartidos los textos sustitutivos a que hacía referencia el señor senador García Costa. ¿Se propone considerarlos en conjunto o por artículo?

SEÑOR CIGLIUTI. - En conjunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léanse.

(Se leen:)

"ARTICULO 66. - Sustitúyese la denominación de la Unidad Ejecutora 005 "Vértice Noroeste", del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República" por el de "Dirección de Proyecto de Desarrollo", que funcionará en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La "Dirección de Proyectos de Desarrollo" será la Unidad Ejecutora responsable de los proyectos de inversión que se aprueban por la presente ley (artículo 51), referidos a actividades de electrificación y de caminería rural de las Cuencas Lecheras y Arroceras; así como los denominados "Vértice Noroeste y el identificado en el artículo 71 de la presente ley (Grupo Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera). En tal sentido coordinará la ejecución de los mismos con los organismos dependientes de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. La ejecución de las actividades podrá realizarse, asimismo, con la participación del sector privado. Lo dispuesto será sin perjuicio de las atribuciones que por esa misma ley se atribuyen a las Comisiones Honorarias para el Desarrollo que respectivamente actuarán en cada uno de los proyectos.

ARTICULO 67. - La ejecución de los proyectos de inversión referidos en el artículo anterior, asignados a la Dirección de Proyectos de Desarrollo, podrá ser convenida entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y los organismos de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales. Dichos Convenios deberán prever las condiciones de la inversión y los aportes que correspondan a cada una de las partes.

En lo relativo a los proyectos de inversión de electrificación y caminería rural (Art. 51) los Convenios con las Intendencias podrán establecer las obras de caminería rural, y su mantenimiento en las condiciones pactadas en los Convenios Internacionales que lo financian, y la aplicación a dicho mantenimiento de los recursos correspondientes.

ARTICULO 68. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo definirá las condiciones de la ejecución de los proyectos de desarrollo cometidos a su cargo, con el asesoramiento de una Comisión Honoraria para el Desarrollo que se creará al efecto para cada uno de lo proyectos aprobados.

Sin perjuicio del asesoramiento referido dichas Comisiones se expedirán: A) Previamente a su suscripción sobre los Convenios que en aplicación de lo establecido en el artículo anterior, celebre a partir de la vigencia de la ley la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y B) Respecto del plan anual preventivo de aplicación de los recursos afectados a cada proyecto.

Trimestralmente evaluarán los informes que en tales períodos realice el director referidos al cumplimiento de los objetivos de los proyectos de su cargo.

La reglamentación establecerá los plazos de que dispondrá para el cumplimiento de sus funciones cada Comisión Honoraria actuante.

Las Comisiones Honorarias para el Desarrollo estarán compuestas por nueve miembros titulares y sus respectivos alternos, que desempeñarán honorariamente sus funciones. Estará integrado por un miembro designado por la OPP, dos por las Intendencias Municipales de las zonas a que refiere cada proyecto, dos designados por los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que representan al Estado en decisión adoptada con un mínimo de cuatro votos conformes, tres designados por las Instituciones Gremiales o Cooperarias representativas que actúen en los respectivos sectores productivos a lo que se destinarán los proyectos de inversión a realizar y, el noveno miembro, que presidirá, será designado por el director de la OPP a propuesta de los restantes miembros, propuesta que deberá contar con por lo menos cinco votos conformes.

El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para las designaciones previstas para cada Comisión. Determinará igualmente las condiciones para la designación sustitutiva, cuando no se realice en tiempo por las respectivas instituciones. En cada caso las designaciones deberán recaer en persona de reconocida vinculación a los ámbitos de actuacion de las instituciones en cuestión. La Comisión establecerá, en un plazo de 90 (noventa) días de instalada, su reglamento de funcionamiento.

ARTICULO 69. - La Dirección de Proyectos de Desarrollo será dirigida por un director, designado por el Presidente de la República, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A tales efectos se crea el cargo de director de Proyectos de Desarrollo Regional (Escalafón R) en el "Programa Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal del Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", Unidad Ejecutora 005, "Dirección de Proyectos de Desarrollo". Tendrá una retribución equivalente a la establecida en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de1986.

A fin de atender la administración y supervisión previstas en los Programas y proyectos de inversión a que refiere el inciso segundo del artículo 66 de la presente ley, el Poder Ejecutivo podrá contratar hasta 23 funcionarios con cargo a los créditos asignados a los proyectos de inversión autorizados.

La Dirección de Proyectos de Desarrollo determinará las condiciones, y forma de designación, de los funcionarios a contratar, los que cesarán automáticamente una vez finalizada la ejecución de las obras o servicios para los cuales se les contrató.

ARTICULO 70. - El Director de la Dirección de Proyectos de Desarrollo será ordenador primario de los fondos provenientes de préstamos así como de aportes o contrapartidas nacionales -públicos o privados- destinadas al desarrollo de los proyectos asignados a la Unidad Ejecutora.

ARTICULO 71. - Transfiérase al Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", Unidad Ejecutora 005, los recursos afectados al Grupo de Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera por el artículo 11 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985 y la ampliación establecida por el artículo 153 de la Ley número 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Los recursos que se asignan al Programa Nacional de Interconexión Vial se aplicarán para financiar el aporte de las cuotas partes de las Intendencias Municipales involucradas en la ejecución de los convenios que se establezcan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Asimismo, los que se asignen para programas de desarrollo del sector primario se distribuirán en los proyectos que se determinen en acuerdo de las Intendencias Municipales con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es la forma establecida por el inciso siguiente.

La aplicación de los recursos a que refiere este artículo por la Dirección de Proyectos de Desarrollo,se realizará mediante convenios con las Intendencias Municipales de Tacuarembó y Rivera, a cuyos efectos se autoriza a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a otorgar la documentación correspondiente.

ARTICULO 72. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en nombre del Estado, transferirá a la Administración Nacional de Trasmisiones Eléctricas (UTE) las obras de electrificación rural efectuadas por la Dirección de Proyectos de Desarrollo, conviniendo en esa oportunidad las condiciones financieras de la inversión realizada y sus criterios de amortización. Asimismo, procederá a entregar a las Intendencias Municipales correspondientes, las obras de caminería rural convenidas con las mismas, una vez cumplido el plazo del financiamiento externo de dichas inversiones.

ARTICULO 73. - Los artículos 66 a 73 de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación".

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El texto de los artículos acaba de ser repartido y hace referencia en su integralidad al Mensaje del Poder Ejecutivo, que fuera aprobado por la Cámara de Representantes, en lo que tiene que ver con el manejo, la ejecución, y la puesta en práctica de determinados proyectos de desarrollo vinculados a préstamos internacionales. En los casos específicos en análisis, préstamos del BID, para Cuenca Arrocera, Lechería y también dos sistematizaciones de desarrollo ya existentes denominadas "Vértices del Noroeste" -Bella Unión, etcétera, en el departamento de Artigas- y el grupo de trabajo Tacuarembó-Rivera.

De acuerdo al Mensaje del Poder Ejecutivo y a lo recogido por la Cámara de Representantes, esta sistematización de ejecución presupuestal se organiza a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante la creación de una nueva Unidad Ejecutora que coordina con mayor eficacia la serie de labores que tiene que realizar aquella Oficina.

¿Cuál es la novedad que se introduce, propuesta por los señores senadores que, por el Partido Nacional, formamos parte de la Comisión de Presupuesto Integrada, propuesta que ha sido recibida hasta ahora con beneplácito por los demás integrantes de la Comisión y, confiamos, también, por el Cuerpo? Lo esencial es la presencia en la marcha de esta organización estatal de los directamente interesados en el tema. En el caso, se formarían -es lo proyectado que los señores senadores tienen sobre sus escritorios- Comisiones Honorarias a actuar en cada uno de esos planes.

Me señala el señor senador Ricaldoni que no tiene el texto sobre su mesa. Creo que no se han repartido copias para todos los señores senadores. Mientras se repara la omisión, continuaré con mi explicación, a fin de facilitar la comprensión de este asunto.

A la fecha los planes, o proyetos concretos, son cuatro: dos que ya están en marchay dos que tienen un seudo-inicio, porque alguna cosa ha ido marchando. Ayer me informaba el señor senador Gargano que en la Comisión de Transporte y Obras Públicas obra el repartido completo de estos dos últimos que so los planes de lechería y arroz, que son aprobados en esta Rendición de Cuentas. Lo que aquí hacemos es instrumentar como esa aprobación se pone efectivamente en marcha.

Las Comisiones Honorarias estarán, en cada uno de los casos, integradas por nueve miembros titulares y sus alternos. Naturalmente, desempeñarán sus funciones en forma honoraria y en cada caso se integrarán de la siguiente forma: un miembro designado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; dos por las Intendencias Municipales de las zonas a que refiere cada proyecto -casi todos ellos incumben a más de un departamento, de modo que las Intendencias se pondrán de aceurdo para designar estos dos delegados- dos designados por los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que representan al Estado, como saben los señores senadores en la Corporación Nacional para el Desarrollo puede haber representantes de la actividad privada, todavía no los hay, así que los que voten serán sólo representantes estatales, en decisiones adoptadas con un mínimo de cuatro votos conforme, lo cual permite una mayor pluralidad en la designación.

Continúo en lo relativo a integración, tres designados por las instituciones gremiales o cooperarias representativas, que actúen en los respectivos sectores productivos a los que se destinan los proyectos de inversión a realizar: y el noveno miembro, que presidirá a propuesta de los anteriores, será designado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es fácil colegir que lo que se busca es una representación muy directa, local e inmediata.

Naturalmente, esta Comisión no reviste facultades ejecutivas; analiza, estudia, recibe informes preceptivamente y, si bien no toma decisiones, sus opiniones serán a nuestro juicio de enorme gravitación por la composición de las mismas, tanto cuanto a lo referido a la ejecución de las obras y a su planificación que ya está acordada, y que se va a ir cumpliendo, en etapas previstas, como sobre las evaluaciones y cambios en la marcha que han de suscitarse porque surgen circunstancias que obligan a adoptarlas.

En coordinación, pues, con la Unidad Ejecutora que se forma dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estas Comisiones Honorarias desempeñarán, a nuestro juicio, una ayuda invalorable.

Nos permitimos añadir, señor Presidente, que hace muy pocos días nuestra colectividad política presentó en ambas Cámaras un proyecto de descentralizacion y desconcentración territorial. Con este agregado específico que hacemos a las normas que tenemos a estudio, estamos efectuando la primera contribución al propósito que determinó al Partido Nacinal a presentar ese proeycto que fuera llevado al Directorio de nuestro Partido por el Presidente del mismo, señor Wilson Ferreira. Este es un primer paso en torno de eso, que se traduce -como lo acabamos de decir- por la presencia de los interesados, por su colaboración, en la búsqueda de las mejores decisiones, en el asesoramiento y, si se quiere, también, su adhesión a obras que sirvan al país, porque los están sirviendo a ellos en la medida que son de desarrollo productivo extraordinario.

Esos son los conceptos esenciales, señor Presidente. El resto del texto que los seores senadores tienen en sus bancas repite fórmulas que provienen del proyecto del Poder Ejecutivo, que fuera aprobado también por la Cámara de Representantes.

Sigo recibiendo señales, muy legítimas, del señor senador Ricaldoni expresando que no tiene sobre su banca una copia de esto, por lo que no se encuentra en condiciones, a pesar de lo prolongado de mi exposición, de tomar una decisión. Es lógico que no pueda hacerlo hasta que logre analizar el texto concreto, por lo cual pediríamos un nuevo aplazamiento, o bien que escuchemos al señor senador Rodríguez Camusso, quien había solicitado la palabra, para dar tiempo a que el repartido vaya llegando a las bancas de todos los senadores.

Mientras, discutimos los aspectos generales del tema que, esos sí, son de comprensión genérica, más allá del texto concreto.

Por ahora, nada más, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en primer lugar quiero dejar claramente establecido nuestro apoyo y nuestra preocupación por el contenido -en términos genéricos- de los planes de desarrollo propuestos.

En segundo término, deseo indicar que al tomar conocimiento de la propuesta que formuló en Comisión la bancada del Partido Nacional, nosotros entendimos en términos globales que es más completa y supera, desde varios puntos de vista, la inicialmente contenida en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Ello, sin embargo, no incluye una coincidencia plena en lo que tiene que ver con la integración del organismo que allí se prevé. Pero posteriormente fuimos informados por el señor senador García Costa y también hoy por el señor senador Batlle, de que habría existido el planteamiento de una tercera fórmula que procuraba conciliar los distintos puntos de vista expuestos. Ella ha llegado a nuestro conocimiento hace un instante, mientras escuchábamos la muy precisa exposición del seoñr senador García Costa. Pero nosotros, sin necsidad de solicitar un cuarto intermedio, deseamos hacer consultas entre los componentes de la bancada, por lo cual vamos a pedir que la consideración de estos artículos, en su conjunto, sea aplazada, mientras se van considerando otros Incisos.En el momento que tengamos opinión definida al respeto, lo comunicaremos para que pueda ser considerado.

En consecuencia, señor Presidente, solicito en nombre de la bancada que se aplace la consideración de estos artículos.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en la mañana de hoy estuvimos trabajando con el señor senador García Costa y el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux, sobre estos temas.

Es notorio que este proyecto, originalmente, se incorporó al Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, en el Inciso 02 correspondiente a la Presidencia de la República. Se trata de los artículos 193 y siguientes. En alguna medida, este cuerpo de disposiciones fue recogido por el proyecto que se sancionará en la Cámara de Representantes. En Comisión, el Partido Nacional presentó un proyecto por el cual se sustituía la forma de manejo de esta organización coordinadora ejecutiva por una comisión que, a su vez, designaría un director.

Esa estructura nos pareció un tanto contraria al sentido de ejecutividad que se buscaba en este tema, por lo cual se procuró buscar un texto común.

El proyecto del Poder Ejecutivo responde a la existencia de varios créditos en marcha, que son muy importantes, como por ejemplo los relativos a las cuencas arrocera y lechera. Uno de ellos transformaría el esquema de costo de la producción de arroz, significando un ahorro muy importante, porque la generación de energía a partir de la energía eléctrica es mucho más económica que la producción a partir de petróleo. En consecuencia, las 48.000 hectáreas que se piensan electrificar estarían en condiciones de competir, aun con prcios bajos, en el mercado internacional. Se eliminaría también, el subsidio que la sociedad uruguaya le está dando a un grupo reducido de ciudadanía, porque son pocos los que producen la mayor parte del arroz que se exporta.

En el área lechera este proyecto va a suponer para varios miles de pequeños productores de la zona de la cuenca lechera de los departamentos de Florida, San José y Canelones, una serie de mejoras en la capacidad para producir a mejores costos y con más eficiencia. Permitiría, entre otras cosas, acercar la mercadería que se produce a las carreteras, sin estar dependiendo del factor clima. En la actualidad resulta difícil hacer esto inclusive para aquellos que están a pocos cientos de metros de las rutas asfaltadas.

Deseo señalar, señor Presidente -y pongo en ello énfasis- que el proyecto del Poder Ejecutivo, en el literal c) del artículo 195 hace hincapié en la creación de comisiones asesoras regionales y sectoriales, integradas por representantes de la Dirección de Proyectos de Desarrollo de organismos estatales, de la Intendencia Municipal de la zona que corresponda, y delegados gremiales de los productores y de las agro-industrias respectivas, con el cometido de asesorar a la Unidad Ejecutora en todo lo concerniente a la realización de actividades de su competencia, así como de la aplicación del orden de prioridades de las obras de mantenimiento.

Lo que estamos votando y aquello que el señor senador García Costa ha considerado que es recoger la iniciativa del Partido Nacional, aprobada recientemente en un proyecto de ley que se presentó en ambas Cámaras, es la ratificación del Mensaje original enviado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Las reuniones para estudiar la forma de encarar la implantación de la electricidad en la cuenca arrocera, con la participación del BID, de los productores de arroz, de los representantes de las cooperativas de productores de la zona de Lascano y de COOPAR, como también representantes de UTE y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se han venido realizando con el objeto de llevar adelante proyectos que son beneficiosos para toda la zona.

El texto que hacemos llegar a la Mesa en carácter de sustitutivo de los artículos 66 y siguientes, cuenta pues con el voto favorable del señor senador García Costa, que en esta materia representa al Partido Nacional. Mi intervención, en este caso, se limita simplemente al hecho de haber reemplazado, en la mañana de hoy, al señor senador Cigliuti que no se encontraba en el Palacio Legislativo. Luego de que el señor senador Rodríguez Camusso y los señores senadores por el Frente Amplio hayan tomado contacto con la nueva redacción que se propone, creo que estaremos en condiciones de votarla e incorporarla en forma definitiva al Inciso 02, a partir del artículo 66, llevando la numeración sustitutiva que se hizo llegar a la Mesa.

En consecuencia, señor Presidente, entiendo que estaríamos en condiciones de votar los primeros artículos, aplazarlos o votarlos negativamente, con lo cual dejaríamos el camino expedito a efectos de la votación ulterior y continuar con la consideración de los artículos siguientes.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: muy brevemente deseo formular una consulta porque, tal como lo han señalado algunos señores senadores, nos encontramos rápidamente analizando el texto y comparando el original enviado por el Poder Ejecutivo, con las propuestas del Partido Nacional y, además, con el texto que en estos momentos se hace llegar a la Mesa.

Mi preocupación inicial -no he tenido tiempo de examinar el texto en profundidad- se refiere a la propuesta del Partido Nacional, que en su artículo 2º dice que la Unidad Ejecutora Dirección de Proyecto y Desarrollo, será dirigida y dependerá de la Comisión Honoraria para el Desarrollo.

La única modificación que percibo se encuentra en el hecho de que la Dirección de Proyectos de Desarrollo será dirigida por un director designado por el Presidente de la República. Por lo tanto, entiendo que se trata de una Comisión Honoraria asesora y no directora. Reitero que esta es la modificación sustancial que percibo.

Se observará que estamos leyendo varios textos sobre la marcha, por lo cual la situación nos supera, al punto que sentimos la necesidad de formular esta consulta.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en oportunidad de considerarse este tema en Comisión, se analizaron los artículos llegados de la Cámara de Representantes.

En ese momento, el señor senador García Costa -utilizando términos marítimos- desembarcó en la Comisión con una serie de artículos sustitutivos. A su vez, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en búsqueda de soluciones, aportó también un conjunto de textos.

En la última sesión decidimos, a los efectos de no interrumpir el trabajo y la posterior presentación en tiempo y forma del Mensaje, incorporar al texto que en estos momentos tenemos sobre la mesa, las disposiciones sancionadas por la Cámara de Representantes, posponiendo, además, la redacción definitiva. La misma se logró en la mañana de hoy con la presencia del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del señor senador García Costa y de quien habla.

Por lo tanto, el proyecto sustitutivo presentado por el Partido Nacional ante la Comisión quedó de lado, al igual que el presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero hay un tercer cuerpo de artículos que, con pequeñas alteraciones, mantiene la naturaleza de lo que se procura y que se establece a partir del artículo 66. Su texto ha sido comunicado a la Mesa y se han hecho algunos repartidos. Le he cedido el mío al señor senador Américo Ricaldoni para que lo vaya analizando. Asimismo, debo señalar que está siendo considerado también por el señor senador Rodríguez Camusso y los demás integrantes de la bancada del Frente Amplio.

Podemos decir que la naturaleza del tema no se ha modificado sustantivamente; simplemente se han incorporado algunas exigencias en cuanto a que es preceptiva y no facultativa la creación de comisiones y en lo que hace a la constitución de éstas, ya que se han agregado delegados de la Corporación y se ha establecido un número fijo de representantes de los Municipios así como de los sectores gremiales, que en cada caso tienen que participar de estas comisiones.

Por otra parte, se ha establecido preceptivamente que para cada proyecto que se vaya suscribiendo, se constituirá una comisión especial, que de acuerdo con un reglamento que la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto dictará, dará su opinión antes de la suscripción de la iniciativa.

Todo esto ha sido convenido con el redactor original, el contador Ariel Davrieux. Es más: en lo que tiene que ver con algunos proyectos que están ya en funcionamiento -como son los que se refieren a determinadas obras que están realizando en las Intendencias de Tacuarembó y Rivera con recursos de las Leyes de Presupuesto de 1985 y 1986- en el mes de abril el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto había hecho llegar a los respectivos Intendentes de Tacuarembó y Rivera los textos que la citada Oficina entendía debían incorporarse a esos proyectos, a los efectos de escuchar las sugerencias que quisieran hacer.

Quiere decir que ya en el mes de abril se estaba consultando a los mencionados Intendentes, para estar también a su opinión, con lo que se demuestra que en toda esta materia ha habido una tarea coordinada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un propósito muy claro del Poder Ejecutivo de dar participación a todos y una ratificación de todo ello a través de los textos que incorporan las modificaciones sugeridas por el señor senador García Costa en nombre del Partido Nacional y aceptadas por el Poder Ejecutivo a través de su representante, en este caso, el contador Ariel Davrieux.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería ahora votar la moción del señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de aplazar los artículos 66 a 73 inclusive, hasta un momento posterior de la sesión.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el Inciso 03, "Ministerio de Defensa Nacional", que comprende los artículos 74 a 88 inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: a los efectos de que sean considerados por separado, vamos a solicitar se desglosen en la consideracion de este Inciso, los artículos 76, 79, 84, 86 y 87.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 03, con excepción de los artículos 76,79, 84, 86 y 87.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 76.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: por un conjunto de razones que en su oportunidad hemos dado en la Comisión -y sobre las que no queremos abundar, dada la extensión de trabajo que tenemos hoy- queremos dejar constancia de que así como hemos votado afirmativamente los artículos ya considerados en bloque, no vamos a dar nuestro voto a los artículos 76, 79, 84 y 86.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 76.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 79.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 79.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: entiendo que este artículo consagra una solución jurídicamente equivocada.

El Servicio de Retiros y Pensiones Militares no es una persona jurídica estatal ni tiene patrimonio autónomo como dice, equivocadamente, esta disposición, al transcribir el texto que venía con sanción de la Cámara de Representantes. Sus recursos forman parte del patrimonio del Estado. Esto, en lo estrictamente jurídico.

En cuanto al fundamento de la disposición -como se señaló por parte de algunos colegas- es absolutamente excepcional. Si los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional, con la única excepción de la Universidad de la República, no pueden realizar este tipo de depósitos a que se refiere la norma -colocaciones o inversiones financieras sin la autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas- no se advierte por qué causa el Servicio de Retiros y Pensiones Militares sí puede hacerlo.

Por ejemplo, de acuerdo con la norma vigente, que es el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.867, no puede hacerlo el Banco de Previsión Social, la ANEP ni la Corte Electoral, pero sí el Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Esto no parece razonable. No es que se sospeche que se vayan a cometer irregularidades; lo que ocurre es que todos los organismos, en principio, deben estar sometidos a un mismo estatuto jurídico. Si se ha hecho tanto caudal en el sentido de que la Constitución de 1967 centralizó toda la dirección económica y financiera del Estado, porque ello se consideraba necesario, en el Poder Ejecutivo, con mengua, inclusive, de competencias tradicionales del Poder Legislativo, ahora, por esta norma, éste va a autorizar al Servicio de Retiros y Pensiones Militares a manejarse como si tuviera un patrimonio propio, cosa que no tiene. Lo que tiene son recursos que provienen de determinadas disposiciones legales destinadas a servir retiros y pensiones militares, pero no es un organismo financiero que deba hacer colocaciones e inversiones en valores públicos y en moneda nacional o extranjera. Esto, repito, no parece razonable y considero que no se debe votar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Deseo apoyar lo manifestado por el señor senador Aguirre.

En general, esta unidad, el Servicio de Retiros y Pensiones Militares se alimenta con recursos de Rentas Generales que sirven para pagar las jubilaciones y retiros.

Desde la sanción del Presupuesto, se habilitó, además, a que los aportes se realizaran directamente allí, de parte de los funcionarios militares. Es decir que tiene dos vertientes de recursos, como los otros organismos de Previsión Social. Y este manejo del patrimonio autónomo es tan objetado por el Poder Ejecutivo que, segun informaciones de la prensa del día de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud de que el Banco de Previsión Social había mantenido en su caja fuerte obligaciones hipotecarias por valor de N$ 1.600:000.000, remitió a ese organismo N$ 1.600:000.000 menos del aporte mensual que debía hacer. Por consiguiente, creo que no procede la sanción de este artículo.

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - El Servicio de Pensiones Militares es la continuación de lo que fue la antigua Caja de Retiros y Pensiones MIlitares que tenía determinados fondos propios. Eso lo explicó la señora contadora del Ministerio y el director de la Caja que hicieron un resume detallado de los fondos de ese organismo. A raíz de eso, en una subcomisión que se integró con el señor senador Zumarán y con quien habla, la Caja se comprometió que a partir del 1º de enero de 1986 se haría cargo de todos los retiros y pensiones que se produjesen desde esa fecha en adelante. El servicio, con los fondos propios que venían de la Caja, invirtiéndolos, se está haciendo cargo, repito, de todos los retiros y pensiones militares desde el 1º de enero de 1986 a la fecha.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Es verdad que en Comisión se hizo caudal -en diversas oportunidades, no simultáneamente- de dos tipos de argumentos que eran contradictorios. Uno de los argumentos decía que esto era excepcional y el otro era que esto lo hacían entidades similares.

No logré descubrir con exactitud cuál era la información correcta, pero en el día de hoy, en los periódicos de la mañana, leí que, a raíz de circunstancias que no vienen al caso discutir, el Banco de Previsión Social tuvo que vender títulos hipotecarios para poder atender sus obligaciones. Esto quiere decir que el Banco de Previsión Social está facultado para invertir en este tipo de papeles valores. De los dos argumentos que confieso me hacían vacilar, uno decía que esto era una excepción y el otro que esto se hacía en entidades similares. Hoy me inclino por admitir que si el Banco de Previsión Social, entidad que sirve pasividades, puede invertir sus fondos de esa manera, otra entidad similar también puede hacerlo.

Con esta información que se hizo pública, nos enteramos que el Banco de Previsión Social usa estos fondos y lo puede hacer.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: debemos señalar que el Parlamento para votar disposiciones de esta o similar naturaleza, es necesario que tenga un conocimiento real de la vida interna del organismo. En el curso de estos dos años -me podrán rectificar los señores senadores que integran la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y que han estado en contacto permanente con la problemática de la Previsión Social- tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes no se ha logrado tener la mínima información referente a este servicio del Estado. No se ha logrado obtener el quántum de los beneficiarios, ni qué sirve y qué representa, desde el punto de vista de los egresos, el contenido de la prestación total de estos servicios. De alguna manera, dentro de lo que es una desfinanciación crónica de todo el sistema de Previsión Social, que en el Banco de Previsión Social alcanza los niveles que son de conocimiento público, en el caso de otro tipo de prestación los superan muy largamente. Se han dado a conocer las estadísticas de la contribución de Rentas Generales para los distintos servicios de pasividades, y, estableciendo promedios, en el Banco de Previsión Social alcanzaría aproximadamente a los N$ 2.000 por beneficiario; para los servicios de retiros y pensiones militares supera los N$ 6.000 mensuales, y las contribuciones a los servicios de retiros policiales, está en el orden de los N$ 11.000 por beneficiario del sistema.

Quiere decir que tenemos un crecimiento en escala increíble dentro de este tipo de servicios que significa la asistencia financiera del Estado para que puedan realmente cumplir. Cuando se nos plantea la existencia por parte de uno de estos servicios deficitarios que pide autorización para colocar sus excedentes o su patrimonio autónomo, o los recursos con que cuenta que no están destinados más que a cumplir en el futuro algún tipo de servicio que le corresponde de acuerdo a las disposiciones legales, nos encontramos con verdadero asombro que se pida una autorización para poder operar dentro del sistema financiero estatal a los fines de hacer colocaciones en valores en moneda nacional, extranjera o en otra clase.

Creo que mientras el Parlamento no tenga un conocimiento cabal del contenido propio y específico de un servicio, y no sepa ni la mitad de lo que pasa internamente en la vida de él, y cuando se le ha negado, en forma reiterada y sistemática, información al Parlamento y tampoco la suministra el Poder Ejecutivo, creo que correspondería la supresión de este artículo, pues parecería ser simplemente una disposición literaria, porque si tomamos los elementos o las pautas sintomáticas nos encontramos con un servicio desfinanciado que no es presumible que pueda disponer de recursos propios en tal cuantía que haga necesario que los deposite en el sistema financiero.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Aparte de las razones que está expresando el señor senador Tourné, me entra la duda de si he sido claro, ante algunas manifestaciones de otros señores senadores. Lo que hay aquí es una excepción a una disposición terminante que está vigente para todos los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional. Aquí se exime a este servicio de cumplir lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.867. Lo voy a leer, porque es una disposición muy breve y de fácil comprensión. Dice así: "Los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional, no podrán efectuar depósitos y colocaciones a plazo o inversiones financieras sin previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas". Esto parece razonable, por lo que está diciendo el señor senador Tourné. Si hay organismos deficitarios y todo un problema en el área de la Previsión Social en el país y el Estado tiene déficit, no es razonable que, sin conocimeinto del Ministerio de Economía y Finanzas, organismos que tienen recursos excedentarios los coloquen para obtener garancias o réditos de esas colocaciones, cuando el Estado pasa penurias por otro lado.

Si hay una centralización de la política económica, lo lógico es que todo esto se haga con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y no tiene razonabilidad, en absoluto, que al Servicio de Pensiones y Retiros Militares se le diga que puede hacer las colocaciones que quiera, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas no sepa nada de esta situación.

Por otra parte, no es argumento, en absoluto, decir que por la prensa nos enteramos que el Banco de Previsión Social hace estas colocaciones porque, o bien lo hizo con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento de la ley, con lo cual no habría nada que objetar, o lo hizo violándola y sin conocimiento del Ministerio respectivo, en cuyo caso tampoco el argumento es tal, sino, simplemente, que estamos ante una violación de la ley.

Parece que no se quiere comprender que este artículo parte de una premisa inexacta, que es la de que este servicio tiene un patrimonio propio, como si fuera persona jurídica. Aquí se habla de colocaciones con cargo a sus recursos propios que integran "su patrimonio autónomo", y esto es un claro error jurídico. Este servicio no tiene ningún patrimonio autónomo. Los recursos del mismo pertenecen al patrimonio del Estado. Es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, que es otra dependencia del Poder Ejecutivo, y éste tampoco tiene personería jurídica, pues la persona jurídica es el Estado. El patrimonio, pues es del Estado; entonces, es un disparate lo que dice este artículo, desde el punto de vista jurídico.

Este servicio no tiene patrimonio autónomo ni es persona jurídica. Sí lo era la Caja de Retirados y Pensionistas Militares; pero desde que se suprimió por ley, es una dependencia administrativa a la cual, por disposiciones legales, están afectados determinados recursos para pagar las pensiones y los retiros militares.

Reitero, señor Presidente, que lo que dice aquí no tiene ningún fundamento jurídico y se trata de una excepción injustificada al artículo 10 del Decreto-Ley número 14. 867.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Las aclaraciones formuladas por el señor senador Aguirre son sumamente demostrativas. Pero es bueno que se sepa, con respecto a esta orden que dio el Ministerio de Economía y Finanzas al Banco de Previsión Social a los fines de convertir nuevos pesos 1.700:000.000, depositados en títulos de deuda pública o en otros valores del Estado, para pagar el Presupuesto del corriente mes, que nos estamos refiriendo a la época de las vacas gordas de dicho banco, cuando las cajas prácticamente nadaban en la abundancia y el Estado enjugaba su deuda a través del empapelamiento constante de los institutos de previsión social.

Esta es una vieja realidad, señor Presidente, que viene de 20, 25 ó 30 años atrás. El Banco de Previsión Social tenía olvidada una parte de sus recursos. Es por eso que la prensa -el cronista incidió particularmente en esta interpretación- se refirió a esta circunstancia de una forma que parece que el Banco hubiera tenido algo escondido. Pero, en la realidad de los hechos, reitero, se trata de un viejo empapelamiento que ahora, a través del análisis de los recursos que se estuvo haciendo, se encontró, se ordenó, se cambió y se le dio el curso de pago.

Vuelvo a insistir, señor Presidente, en que no tengo preconcepto alguno con que un instituto de previsión social -y para el caso concreto vale el servicio de retiros militares- si posee fondos que en el momento no va a utilizar, los deposite en valores diversos o en el sistema financiero estatal; por supuesto que ello con conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no me parece bien es que, dentro del aparato del Estado, existan servicios inaccesibles para la información; máxime cuando tiene que haber una gran claridad en la información financiera del Estado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Apoyado.

SEÑOR TOURNE. - No es posible que los legisladores tomemos ese hecho como algo natural.

Señalo que si se tuviera un conocimiento cabal de lo que se trata, acompañaría la proposición o, por lo menos, que lo que tiene que ver con los fondos debe ser puesto en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas; pero resulta que ese pequeño lazo, que para saber qué pasa sería el único que se ataría, también se rompe con esta ley. Entonces, ¿adónde vamos a parar?

En consecuencia, primero que se informe, que se conozcan absolutamente todos los detalles, tal como sucede con la totalidad del panorama del sistema de previsión social...

SEÑOR ZORRILLA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Zorrilla.

SEÑOR ZORRILLA. - Señor Presidente: en ocasión de tratarse el Presupuesto -no la Rendición de Cuentas- vino a la Comisión el director de la Caja y dio una detallada información sobre el origen de los fondos. Por lo tanto, si el señor senador solicita la información que desea, estoy seguro de que el Ministerio de Defensa Nacional se la va a suministrar.

Reitero que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que estudió el Presupuesto General de Gastos, el director de la Caja proporcionó un detalle de los fondos que poseía, así como de donde provenía.

Nada más.

SEÑOR TOURNE. - Si el señor senador Zorrilla lo manifiesta, no tengo por qué dudarlo; pero señalo que el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, licenciado Fernández Faingold, y los técnicos de ese Ministerio, que han trabajado incesantemente en esta materia, no han podido aportarnos una información precisa acerca del sistema de previsión social del servicio de retiros militares. Al respecto entendemos que no debe haber misterios. Por lo tanto, sin perjuicio de que sea como se me manifiesta, desde otro punto de vista -los señores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado podrán rectificarme si no es exacto lo que digo- no estoy dispuesto a votar esta disposición hasta tanto esté transparente y se conozca absolutamente todo lo que está sucediendo en todos los niveles del servicio.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 86.

La Mesa sugiere que los cambios de numeración sean realizados a posteriori, si el Cuerpo no tiene inconveniente. De otra manera, estableciendo en cada caso cuál será el nuevo número que tendrá el artículo, el trabajo que se está realizando va a enlentecerse.

(Apoyados)

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: el sistema que se aplica para la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica es muy especial. Además, acerca de su inserción en el Ministerio de Defensa Nacional, existen antecedentes que la hacen altamente equívoca.

Por otra parte, al considerar otras disposiciones de este proyecto de Rendición de Cuentas vamos a tener oportunidad de abundar con respecto a los recursos.

Nosotros consideramos, señor Presidente, que esto no tiene generalidad ni fundamentos precisos que justifiquen esta excepción, y es por eso que no vamos a votar el artículo.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Señor Presidente: creo que son públicas y notorias las dificultades por las que ha atravesado la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, las que han puesto durante mucho tiempo en riesgo -y últimamente ha hecho crisis- el mantenimiento de toda la red de aeropuertos de la República. Inclusive han impedido que se construyan nuevos aeropuertos en lugares donde son absolutamente necesarios.

Por consiguiente, entendemos que la eliminación del artículo 10 de la Ley Nº 11.925, que disponía verter a Rentas Generales lo que se conoce con el nombre de proventos, es absolutamente justificada. Es en ese sentido que la acompañaremos con nuestro voto.

A mi juicio, este punto fue suficientemente discutido en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Allí, sin perjuicio de esperar el informe que se había solicitado sobre los rendimientos de la recaudación de los proventos de determinada fecha, creo que fue aprobado por amplia mayoría.

En consecuencia, pensamos que no es necesario un estudio más profundo, por cuanto son evidentes las dificultades materiales por las que el organismo ha atravesado. Al respecto, creo recordar que en una información periodística de no hace muchos meses se señaló que estuvieron a punto de suspenderse los vuelos internacionales en el Aeropuerto de Carrasco, el principal de nuestro país.

Además, todos sabemos -cosa que fue explicada exhaustivamente por la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica- que con lo que se le entregaba, no estaba en condiciones de cumplir con sus cometidos. Me refiero al 50% del producto de los proventos, tal como lo disponía el artículo 10 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953.

Por lo tanto, no existe duda alguna en cuanto a la necesidad de que este organismo cuente con todos los recursos para estar en condiciones de disponer de los mismos y aplicarlos a los fines esenciales que el servicio debe cumplir.

Luego de visitar diversos lugares del interior del país, hemos comprobado las carencias de los aeropuertos locales, la suspensión de los vuelos que son controlados directamente por dicha Dirección, y que no ha podido construirse un aeropuerto en una zona limítrofe del país, a pesar de que el mismo es absolutamente necesario, dado que no hay otros medios para lograr una rápida comunicación con la capital.

Todo esto se debe a la carencia de medios con que cuenta la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica. De ahí, entonces, que nosotros le prestemos nuestro voto a fin de que disponga de los recursos necesarios a tales efectos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 86.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 87.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con respecto a este artículo, queremos hacer alguna consideración vinculada con la situación del personal civil no equiparado del Ministerio de Defensa Nacional.

Esta disposición no había sido objeto de Mensaje por parte del Poder Ejecutivo. Nació en la Cámara de Representantes y fue votada por amplia mayoría, con el número 100, en el proyecto que aprobó dicha Cámara.

Su texto inicial decía: "El personal civil no equiparado perteneciente al Inciso 03 Ministerio de Defensa Nacional, estará amparado por las normas laborales y disciplinarias y las que regulan los ingresos, calificaciones y ascensos vigentes para el resto de la Administración Central".

En rigor, este artículo no necesita mensaje; pero en oportunidad de su consideración por parte de la Comisión del Senado fue estudiado con la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, su subsecretario y un conjunto de asesores de dicha Cartera.

Fue objeto de diversas observaciones y los señores asesores del Ministerio de Defensa Nacional -fundamentalmente uno de ellos de quien no tengo conocimiento exacto acerca del grado de su cargo pero que, sin embargo, expresó sus puntos de vista en presencia del señor Ministro y del señor Subsecretario- dieron los fundamentos legales y administrativos en función de los cuales el texto que votó la Comisión de Defensa Nacional conducía a equívocos y a situaciones que podían determinar injusticias. No se opusieron al criterio en sí, sino a la redacción concreta que había votado la Cámara de Representantes.

Como consecuencia de ello y tras un largo debate -tengo aquí la versión taquigráfica de la sesión respectiva y las manifestaciones aparecen en la página 53- con el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el aporte de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional y de la Oficina Asesora de Servicio Civil, se propone por el Poder Ejecutivo un texto que se estima adecuado para resolver la situación, que dice: "El personal civil no equiparado perteneciente al Inciso 03 Ministerio de Defensa Nacional, estará amparado por las normas laborales y disciplinarias vigentes para la Administración Central".

Quiere decir, entonces, que se reconoce la justicia del intento de contemplar al personal civil no equiparado en sus derechos funcionales; se rectifica, con la opinión favorable del Ministeio de Defensa Nacional -a través del señor Ministro, del Subsecretario y de su Asesoría Letrada- y de la Oficina Nacional del Servicio Civil el texto y la Comisión del Senado acepta la nueva redacción que proponen las oficinas especializadas, que está recogido en el párrafo primero del artículo 87 -inserto en la página 30- que la Comisión somete a consideración del Senado.

Sin embargo, en el seno de la misma después se hace un agregado, que es el que motiva nuestra intervención y observación, porque se deja fuera de toda protección al personal del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada. Es decir, que cuando decimos que el personal civil no equiparado del Ministerio de Defensa Nacional esta amparado por las normas laborales y disciplinarias vigentes para la Administración Central, que los funcionarios civiles equiparados continuarán rigiéndose por el Estatuto del Funcionario y las normas en aplicación y se determinan procedimientos que satisfacen a todos en materia de calificación y ascensos, al personal civil no equiparado que está en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, lo dejamos fuera de todo esto y no queda amparado por las normas laborales y disciplinarias vigentes para la Administración Central.

No estamos de acuerdo con este criterio. Hemos apoyado la opinión inicialmente sostenida en la Cámara de Representantes por amplia mayoría, hemos aceptado las observaciones del Ministerio de Defensa Nacional y la corrección del texto realizada con participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil; pero, señor Presidente, no estamos de acuerdo con que después que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa Nacional, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la propia Comisión aceptamos la corrección del texto para mejorarlo, se deje fuera del beneficio y amparo a este personal civil no equiparado del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, que queda diferenciado del resto del personal civil no equiparado de dicha Cartera.

Por esas razones, hemos hecho llegar a la Mesa un artículo sustitutivo que tiene el mismo texto que el artículo 87 propuesto exceptuando la parte que dice: "con excepción del personal civil no equiparado del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada".

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Comparto las informaciones de los hechos ocurridos que ha dado el señor senador Rodríguez Camusso y a las razones aducidas agrego la siguiente.

El artículo 59 de la Constitución establece que las normas sobre funcionarios se aplicarán a aquellos que son dependientes del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos. De manera que para todos aquellos que no tienen esa calidad, deben regir las mismas normas en materia de ascensos y Estatuto del Funcionario.

Este personal no es militar porque no está equiparado. En consecuencia, de acuerdo con la norma constitucional, hay que aplicarle las mismas disposiciones que a todos los funcionarios de la Administración Central, y esto fue lo que votó la Cámara de Representantes, así como la Comisión del Senado. El artículo 87 que estamos tratando dice que el personal civil no equiparado estará amparado por las normas de la Administración Central, que es lo que corresponde, de acuerdo con el artículo 59 de la Constitucion. Sin embargo, luego se inserta la excepción para el personal del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada.

No estuve en la sesión de la Comisión en que se trató este artículo y no he podido leer los fundamentos por los cuales se excepciona a los funcionarios de este Servicio; no conozco la razón especial para que los funcionarios civiles no equiparados a militares no se rijan por las normas generales de los funcionarios públicos cuando el resto del personal civil no equiparado del Ministerio de Defensa Nacional está amparado en las disposiciones mencionadas.

En consecuencia, no encuentro justificativo y sí advierto lo que es para mí una poderosa razón, que es la Constitución de la República, que establece que los que no son militares -y, por consiguiente, los que no son equiparados a militares- deben regirse en toda la Administración Central por las mismas normas.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - La referencia hecha por el señor senador Rodríguez Camusso es correcta, en el sentido de que quienes representaron al Ministerio de Defensa Nacional y a la Oficina Nacional del Servicio Civil incorporaron al artículo que está en discusión -que venía con un solo inciso aprobado por la Cámara de Representantes- las normas de los incisos segundo y tercero.

La excepción se incorporó en la Comisión en función de un planteo que se formuló, en el que se nos manifestó que eran distintas las normas de contratación y de trabajo que se daban, en ese Servicio en particular, de acuerdo con el funcionamiento que tuvo desde siempre, que creo fue a partir de 1916. Esas fueron las razones por las que la Comsión, por mayoría, incorporó esa excepción.

Sabemos, sí, que ese no fue el planteo del Ministerio de Defensa Nacional ni de la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino que se formuló en Comisión en función del conocimiento personal y directo de algunos de sus miembros acerca de la naturaleza del funcionamiento de esa repartición del Estado.

Esto es cuanto conozco y recuerdo acerca del tratamiento de esta norma en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: este problema se planteó en Comisión a raíz de una serie de dudas que expresamos cuando se consideró este artículo que, como bien se ha dicho, era el 100 del proyecto remitido por la Cámara de Representantes.

Mi preocupación se refería, en principio, no a la situación del personal civil no equiparado, respecto del cual la norma en consideración era relativamente clara, sino a la del personal civil equiparado.

Recuerdo que pregunté al señor Subsecretario y a los asesores del Ministerio de Defensa Nacional cuál era el "status" jurídico del personal civil equiparado; si verdaderamente se les consideraba funcionarios civiles o militares, si se regían por el estatuto laboral de los civiles o de los militares.

Ahora me felicito de haber hecho ese planteamiento, porque a raíz de él se incorporó el que ahora es el inciso segundo de este artículo, que dice, como corresponde -en defensa de los derechos de todos estos funcionarios que son civiles y no militares- que se continúan rigiendo por el Estatuto del Funcionario público y las normas legales, especiales y reglamentarias en aplicación. Se ha defendido, pues, correctamente a los funcionarios civiles equiparados porque, con el texto anterior, a "contrario sensu", podía interpretarse, en el error o en el acierto, que el civil equiparado al militar no gozaba de las garantías del Estatuto del Funcionario. A raíz de las consideraciones que se hicieron y del asesoramiento brindado por el Ministerio y por la Oficina Nacional del Servicio Civil, se cambió también, de acuerdo con algunas observaciones que formulamos, la redacción del inciso primero.

Luego, no estando presentes -porque eso ocurrió en la Subcomisión- se excluyó al personal del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada.

Creo, señor Presidente, que esta exclusión es injusta e inconstitucional. Es decir, que ello no debe hacerse, ni por fundamentos de hecho ni de derecho. Los de hecho, son los mismos que se expresaron cuando en el día de ayer se admitió -en mi concepto con error- excluir a estos mismos funcionarios de lo dispuesto en el artículo 16 del proyecto, esto es de la presupuestación a que se da derecho a los funcionarios contratados en tareas permanentes, con más de tres años de antigüedad en la Administración Pública. Reitero que ayer se excluyó exclusivamente a esos funcionarios. Creo que es un error y una injusticia.

Además, señor Presidente, de que no debe reiterarse la injusticia, esto resulta claramente inconstitucional, como lo acaba de expresar el señor senador Ortiz -y yo lo señalé en la Comisión- porque el artículo 59, literal A), de la Constitución de la República es terminante en cuanto a que todos los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo están alcanzados por el Estatuto del Funcionario, de tal manera que no podemos dictar una disposición legal que expresamente los excluya.

Por otra parte, también creo que es inconstitucional porque viola el principio de la igualdad ante la ley: si todos los funcionarios civiles en general, así como los civiles no equiparados del Ministerio de Defensa Nacional están amparados por las normas laborales y disciplinarias vigentes para la Administración Central, ¿por qué tenemos que hacer un distingo con aquellos que tienen igual vínculo de naturaleza jurídica con dicha Administración? Esto me parece claramente violatorio del artículo 10 de la Constitución, además de serlo del 59.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: las claras razones expuestas por los señores senadores Ortiz y Aguirre y la historia inicial de este artículo que nos refirió el señor senador Rodríguez Camusso me eximirían de dar algún otro argumento corroborativo de la necesidad de votar el artículo tal como vino de la Cámara de Representantes, sin esta excepción inconstitucional que se le ha agregado en el curso de su tratamiento por la Comisión.

De todas maneras, deseo señalar que, a raíz de un planteo realizado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que preside el señor senador Pozzolo -quien recordará tan bien como yo lo que voy a manifestar- con relación al personal a que se refiere esta disposición excluyente, fue llamado el señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Chiarino, quien concurrió acompañado por el señor Subsecretario, doctor Robaina, y el señor Director General de Servicios de esa Cartera. Los tres fueron categóricos en cuanto a que a estos funcionarios se les aplicaba estrictamente -fuera de algunas disposiciones en el orden disciplinario, que eran distintas- el Estatuto del Funcionario y que como civiles estaban regidos por la normativa general del resto de los funcionarios públicos.

Entonces, no alcanzamos a entender -y me podrá rectificar el señor senador Pozzolo en cuanto a estas manifestaciones que formalizó el señor Ministro a la Comisión- que hagamos una excepción con este personal civil en la aplicación de claras normas y disposiciones que el propio Ministerio admite y ha reconocido ante el Parlamento, en distintas Comisiones, como la de Presupuesto y la de Asuntos Laborales y Seguridad Social. De modo que surge una exclusión no debidamente explicada.

De manera que resulta indudable que tenemos que rever esta norma, votando negativamente la propuesta de la Comisión y aceptando los términos en que vino desde la Cámara de Representantes, en el proyecto que llegó al Senado.

Pero debo agregar algo más. Creo que las mismas consideraciones que estamos formulando ahora, quizás con mayor amplitud y profundidad, nos deben llevar a la necesidad de que se reconsidere el artículo 16, por lo que formalizo moción concreta en el sentido de que una vez votada esta norma, luego de que el Senado decida lo que corresponda en cuanto a esta disposición, se reconsidere el artículo 16, del Capítulo II, a fin de que se elimine la imposibilidad de que estos funcionarios pasen a ser presupuestados cuando cumplan la condición de haber estado al servicio de la Administración durante más de tres años. Se trata de que acá nos encontramos con funcionarios que tienen 15 y 20 años cumpliendo correctamente con sus funciones y no podemos, por lo tanto, declararlos prácticamente marginados de las normas de carácter general que dictamos para la Administración Pública.

En concreto, señor Presidente formulo moción para que en el momento oportuno -inmediatamente después de votado este artículo- se reconsidere el artículo 16.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: apoyamos decididamente el planteo formulado por el señor senador Tourné. Justamente, habíamos pensado solicitar, inmediatamente después de resuelto este artículo -por lo que nos sumamos complacidos a la proposición del señor senador- la reconsideración del artículo a que hace referencia, que en la sesión de ayer fue votado, a pesar de nuestras explicaciones, en términos que estimamos completamente injustos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - He finalizado mi intervención.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: voy a agregar algunos argumentos a los aportados por los señores senadores Rodríguez Camusso, Ortiz, Aguirre y Tourné, que considero muy importantes, fundamentalmente porque, por distintas circunstancias, tengo una vinculación afectiva con el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada. Mi padre trabajó largos años, hasta que falleció, en el Dique Nacional. Eso nos creó, aún cuando ya había desaparecido él, una vinculación afectiva y en varias oportunidades, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, trabajamos sobre un tema que habíamos sufrido personalmente, en nuestra casa: la inestabilidad laboral, la inseguridad, la angustia frente a la terminación de cada trabajo.

En ese sentido, a fines de la década del 60 realizamos una intensa labor con autoridades civiles, militares, con el entonces Inspector de la Marina y el Comandante del Dique Nacional, el Capitán Puntigliano, hoy fallecido, a fin de formar una estructura funcional que, entre otras cosas, le daba al Dique Nacional prioridad para la realización de los trabajos sobre buques de bandera nacional, estableciendo al mismo tiempo, para los funcionarios estabilidad laboral. El sistema funcionó muy bien, y le dio a los trabajadores una estabilidad que hasta ese momento no tenían, así como le aseguró al dique el trabajo del que carecía, porque hasta ese entonces era natural que casi todos los buques de bandera nacional salieran a realizar sus reparaciones fuera del país. Debemos señalar que el proceso destrozó, entre otras tantas cosas, el buen funcionamiento de ese régimen imperante en el dique. Por lo tanto, lo que hoy intentamos otorgar es, simplemente, un acto de justicia retributiva: la reparación de algo que los trabajadores tenían y que la dictadura se los arrebató.

Creo que la excepción no tiene sentido y, en consecuencia, debemos otorgarle a estos trabajadores exactamente los mismos derechos, no ya por razones jurídicas -como bien lo señalaba el señor senador Aguirre- sino que por un sentido de justicia no tendría sentido quitarle a los trabajadores del S.C.R.A. lo que le damos a todos los demás que figuran en el Inciso del Ministerio de Defensa Nacional.

Creo que estos son elementos que uno recuerda tanto más por razones afectivas, que por las estrictamente políticas, y entendí importante que el Senado conociera. Esta solución que hoy se pretende dar a los trabajadores del S.C.R.A., es restituirles simplemente lo que ya tenían como estabilidad laboral, antes de la dictadura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Posadas.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: debo señalar que, a través del curso del debate, he coincidido con las exposiciones de varios señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, por lo cual quizás resulten superfluas las consideraciones que pensaba verter en Sala.

Me siento totalmente identificado con la posición expresada por el señor senador Aguirre, así como con lo manifestado por el señor senador Tourné, quien ha efectuado la moción de reconsiderar el artículo 16 tratado en el día de ayer, la cual estoy dispuesto a acompañar.

Sin embargo, deseo poner énfasis a las consideraciones de fondo -que me parece que han sido las que ha señalado el señor senador Ortiz- ya que constituyen la razón principal que ilumina el análisis de este asunto.

Es absolutamente claro que no puede haber una discriminación en un trato general respecto a los funcionarios del llamado Dique Nacional, en la medida en que tienen el carácter de civil, ya que no están insertos en ninguna de las tres categorías que la Constitución prevé como pasibles de tener un tratamiento diferencial.

En cierto sentido, son comprensibles las razones prácticas que se esgrimen para pretender ese tipo de discriminación. Pero esas razones prácticas no pueden pesar ni contravenir lo que es una razón de principio general, en cuanto al tratamiento igualitario, que es el que corresponde de acuerdo al cumplimiento del precepto constitucional. Dicha norma orienta, en ese sentido, a todos los funcionarios civiles en cuanto a que deben seguir normas generales para desempeñar la función pública. Es decir que no hay una razón de principio, ni jurídica, que pueda prevalecer contra esta disposición constitucional.

Por lo tanto, me afilio a lo manifestado por los señores senadores Aguirre y Ortiz, y reitero mi apoyo a la moción de reconsideración del artículo formulada por el señor senador Tourné.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Zorrilla.

SEÑOR ZORRILLA. - Quería manifestar que estos obreros del Dique Nacional, que tiene un carácter industrial y comercial -no se trata de una oficina- estuvieron y están amparados por un régimen laboral especial. Como lo ha señalado el señor senador Batalla, desde el año 1967 hay determinados leyes que se cumplieron y aún se siguen cumpliendo. Por ejemplo, cuando el personal civil hace un trabajo para terceros deja de cobrar el salario como funcionario público, y pasa a percibir el correspondiente al Grupo 13, o sea, para diques, varaderos y afines. Es decir que en vez de trabajar seis horas, cumplen ocho. Ese personal es contratado y pago con proventos del Dique. Hay contratados permanentes y otros son eventuales. Es decir que si el Dique tiene proventos para pagarles, esos obreros son llamados a trabajar, pero si no hay rubros eso pasará a engrosar los déficit, porque el Dique no tiene de dónde sacar los fondos.

En consecuencia, debo señalar que esos obreros nunca estuvieron desamparados y siempre tuvieron un régimen laboral especial. Dicho régimen, tal como lo manifesté, es de seis horas, y que cuando pasan a trabajar para un tercero -no es necesario que lo haga todo el personal, sino que basta que pase una Sección- todo el personal percibe el jornal del Grupo 13, Diques, Varaderos y Afines. Si no tienen trabajo, vuelven al horario de seis horas y a ganar el jornal administrativo.

(Manifestaciones en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa advierte a la Barra que no puede hacer manifestaciones. Si lo hace nuevamente, será desalojada.

No hay más oradores anotados para hacer uso de la palabra.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En la tarde de ayer he escuchado de parte del señor senador Zorrilla, conceptos parecidos a los que ha terminado de manifestar.

No sé si la información que dispongo es o no la correcta, pero se me ha informado que no se da de hecho el caso de que por falta de proventos dejen de trabajar o de pagársele, porque hace mucho tiempo que el Dique cumple funciones sin interrupción. Además, de ahora en adelante tiene asegurado el trabajo porque está en construcción un balizador para la Armada que, según se me informó, insumirá aproximadamente dos años.

De modo que lo que establecía el artículo 16 votado por la Cámara de Representantes, en el sentido de declararlos presupuestados, no implicaría ningún riesgo de que algún día se terminaran los proventos y, en consecuencia, no hubiera con qué pagar a esos funcionarios. Entiendo que esto no puede suceder porque, además de dedicarse a la construcción y reparación de buques, realizan trabajos de otra índole, como por ejemplo, para UTE, ANTEL, en conexiones de cables, en cajas, etcétera. De manera que felizmente para el país el Dique Nacional tiene trabajo permanente.

Repito que esta es la información de que dispongo; no sé si el señor senador Zorrilla cuenta con otra más completa que la que poseo.

Quería dejar constancia de esto, porque teniendo en cuenta esta información, me siento inclinado a reconsiderar al artículo 16 y a declarar, en consecuencia, presupuestados a los que tengan más de tres años de antigüedad.

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Cuando el personal trabaja en el Dique de la Armada, no genera proventos, pero sí cuando trabaja para terceros, o sea para unidades o barcos que no pertenecen a la Armada.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Lo que tiene que quedar claro es que a través de este artículo quienes planteamos la solución de que debe eliminarse la excepción del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamentos, no pretendemos establecer un determinado régimen laboral, ni el cobro de salarios que puede ser el que percibe el Grupo 13, o el de funcionarios públicos, sino el principio de la estabilidad laboral. Este principio es elemental tanto para mí, como para quienes sostenemos la eliminación de la excepción. Es decir que el trabajador permanezca aun cuando se termine el trabajo, tal como lo señalaba el señor senador Ortiz. Al respecto, debo señalar que no estoy muy interiorizado con estos problemas, porque no he participado en la Rendición de Cuentas. Evidentemente, ni siquiera puede preverse una terminación de los trabajos.

Digo esto porque también viví en mi casa este tipo de situaciones y, además, porque entiendo que tenemos que transformar al Estado en el mejor de los patronos, por lo menos, para que proceda con justicia dándole a los trabajadores la estabilidad laboral a la que tienen derecho, y especialmente en este caso en que lo tenían y les fue quitado por la dictadura.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - En torno a estos dos artículos hemos estado realizando argumentaciones tendientes a que esas excepciones no fueran aprobadas. Considerábamos totalmente injusta -y sabemos que lo es- la disposición que se votó en el día de ayer relativa a la discriminación que implica el no presupuestar a los trabajadores del dique. Actualmente podemos comprender mucho mejor esa situación, ya que los funcionarios a quienes se les niega la presupuestación tienen 15 ó 20 años en el ejercicio de su función. En definitiva, señor Presidente, se trata de funcionarios públicos y debería conocerse cuál será el régimen de retribución. Además, aquí se está argumentando que a la Armada Nacional no le alcanzan los proventos, pero en las arcas del Ministerio de Defensa Nacional ingresan, por concepto de proventos, casi N$ 3.000:000.000. Por lo tanto, cuando en una dependencia no existan proventos, creo que los que posea el mismo Ministerio a que pertenecen todos los funcionarios de que estamos hablando podrían ser racionalmente repartidos.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para formular una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Debemos considerar tres redacciones para el artículo 100: el texto originalmente votado por la Cámara de Representantes; el que actualmente lleva el número 87, tal como lo propuso el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina Nacional del Servicio Civil -o sea, con los incisos 2º y 3º- y la redacción final que incorpora esta excepción que fue votada por 10 miembros en 11 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Por lo tanto, para facilitar la votación, propondría votar, en primer lugar, el artículo 87 tal como viene, y, posteriormente, con la eliminación de la excepción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 87 tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-3 en 30. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 87 con la supresión del párrafo que expresa: "con excepción del personal del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada".

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

El señor senador Tourné ha solicitado la reconsideración del artículo 16, aprobado en el día de ayer.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no vamos a votar la reconsideración del artículo 16 porque en su momento nos opusimos a la votación afirmativa del mismo, por entender que se trata de una disposición que no cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Naturalmente, que mientras estamos sesionando y está abierta la discusión, está dentro de las facultades del Cuerpo el solicitar la reconsideración de cualquier artículo ya votado. En ese sentido, nosotros tendríamos también interés -según las circunstancias dadas en cada momento por las distintas mayorías presentes en el Cuerpo- en solicitar la reconsideración de algunos otros artículos. No obstante, habida cuenta de que tenemos muy poco tiempo para discutir tantos artículos y disposiciones y habiendo transcurrido ya casi tres horas de sesión durante las cuales hemos adelantado muy poco, no hemos propuesto la reconsideración de artículos que ya han sido votados con resultados adversos a nuestros puntos de vista.

En este caso concreto, votaremos negativamente la reconsideración del artículo 16, porque, precisamente, lo votamos en contra por entender que no tenía el Mensaje correspondiente del Poder Ejecutivo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En la sesión de ayer hablamos bastante acerca de este artículo y detallamos las razones por las cuales vamos a votar los tres primeros párrafos del mismo, pero no la excepción al personal civil del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada. Subrayamos que se trata de funciones permanentes y de funcionarios contratados que, por lo menos durante tres años, han desempeñado sus tareas, pero, generalmente, lo han hecho por más tiempo. Dadas las condiciones en que estamos trabajando, en el día de hoy no vamos a reiterar todos los argumentos que expusimos en la sesión pasada. Simplemente decimos que perfectamente procede la reconsideración, porque el Senado tiene un quórum suficiente. Quiere decir que en este momento, nosotros no estamos aprovechando una circunstancia ocasional en la que se hallen ausentes algunos señores senadores. En este momento, hay 30 senadores presentes en Sala. Por lo tanto, me parece perfectamente legítimo y procedente, realizar la reconsideración y la rectificación de la votación.

Nosotros, que ayer fuimos minoría, tenemos la esperanza de que, con el aporte de todas las informaciones que se han suministrado, podamos hoy obtener la rectificación de lo votado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 16.

(Se vota:)

-15 en 29. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 16, que, en sus tres primeros incisos, fue votado por 15 señores en 27 y, en su último inciso, por 17 en 27.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los tres primeros incisos del artículo 16.

(Se votan:)

-14 en 29. Negativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se rectifique la votación de los tres primeros incisos del artículo 16.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-15 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso 4º del artículo 16.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

En consecuencia, queda aprobado el artículo 16 con sus tres primeros incisos y se elimina el inciso 4º.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado en contra este artículo 16 tanto en la primera votación como en la segunda. En la primera oportunidad, lo hicimos porque entendíamos que al no tener Mensaje del Poder Ejecutivo, el Cuerpo no estaba en condiciones de incorporar al proyecto una norma de esta naturaleza. Este texto recibió nuestro voto en contra durante su tratamiento en la Comisión; salió aprobado por una mayoría de 6 votos en 10. En ese momento, precisamente, no lo votamos porque, reitero, este artículo carece de iniciativa. Más adelante, en esa Comisión se le incorporó un párrafo final que también fue aprobado por mayoría en función de las argumentaciones que se formularon en Sala a propósito de las condiciones excepcionales por las que atravesaban estos funcionarios.

Cuando se rectificó la votación y se reconsideró este artículo, lo volvimos a votar en contra por la misma razón de no tener iniciativa y porque entendíamos que, en consecuencia, iba a merecer la observación correspondiente por parte del Poder Ejecutivo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde entrar a considerar el Inciso 04, Ministerio del Interior, que comprende los artículos 89 a 106, inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: nuestro sector solicita el desglose a los efectos de su consideración separada de los artículos 100, 105 y 106.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

Pienso que antes de entrar a considerar este Inciso podríamos tomar resolución en cuanto al problema relativo al Inciso anterior, es decir, someter a votación los artículos 66 y siguientes.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite, señor Presidente?

Cabe señalar que estamos haciendo algunas consultas en nuestra bancada. Sin embargo, en el transcurso de la sesión seguramente vamos a estar en condiciones de pronunciarnos al respecto; no puedo indicar el momento preciso pero, reitero, durante la sesión de hoy podremos expedirnos en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en conjunto los artículos que integran el Inciso 04, con excepción de los artículos 100, 105 y 106, que serán considerados en forma separada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 100.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 105.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 106.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en Comisión habíamos hecho reiteradamente referencia a esta disposición, fundamentalmente en lo que tiene que ver con uno de los cargos de confianza que se crean.

En términos generales, nosotros no votamos la creación de cargos de confianza, pero hay uno que reviste una característica especial y a él me voy a referir. Está relacionado con la dirección del Hospital Policial.

Como es natural, para ocupar un cargo de director del Hospital Policial no se va a designar a cualquier ciudadano. De acuerdo con las normas que se mencionan, seguramente será un médico, pero el problema radica en que la Dirección del Hospital es un cargo que tiene una muy definida y exigente especialización; se requieren conocimientos muy precisos y profundos en materia de administración hospitalaria. Por otra parte, la determinación del cargo de confianza no asegura que a ese cargo de Dirección de un hospital -en este caso nada menos que del Hospital Policial que es grande e importante- acceda necesariamente el funcionario más calificado. Si se hace el llamado a concurso pueden presentarse cuatro, cinco, seis o más médicos especializados en la administración hospitalaria, como resultado de lo cual será designado para ocupar esa Dirección el que acredite mayores conocimientos y una más completa capacidad. Sin embargo, de esta manera, será designado un médico que tiene todas esas condiciones pero no será necesariamente el mejor dentro de los que estén en actitud y aptitud de acceder a ese cargo. Quiere decir que entre los médicos que poseen capacitación en materia de administración hospitalaria predominará no aquel que acredite mejores y mayores conocimientos sino el que cuente con la confianza del Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que esto no se aplica para la Dirección de ningún hospital de Salud Pública. Las Direcciones de los hospitales Pereira Rossell, Maciel y Pasteur, así como la de todos los hospitales departamentales se adjudica, naturalmente, a médicos que tengan condiciones para ello, pero por concurso. Esto es sin perjuicio de que mientras éstos se tramitan y se emiten los fallos, durante determinados períodos, esos cargos sean provistos interinamente.

En cambio, en este caso se da a la confianza la condición de elemento supremo en materia de designaciones, aunque no se trata del cargo de director de una oficina ni de un Ministerio; es el de director de un hospital.

Queremos dejar constancia expresa de que más allá de la reserva o puntos de vista genéricos que alimentemos con respecto a los cargos de confianza, en este caso concreto la inserción del concepto de confianza, a nuestro juicio, no corresponde.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Me parece que la naturaleza de los cargos de confianza puede ser objetada genéricamente por el señor senador Rodríguez Camusso y oponerse a ellos solamente por su carácter. En ese sentido, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero creo que precisamente en estas circunstancias la designación está totalmente acotada, porque en el inciso segundo se establece que el cargo precedentemente enunciado deberá ser desempeñado por un técnico con especial versación en materia hospitalaria. Quiere decir que no puede ser un médico cualquiera. Tiene que ser un profesional con especial versación en materia hospitalaria, que es una disciplina aparte.

Que el señor senador Rodríguez Camusso entienda que no deben existir cargos de particular confianza en ningún sector de la Administración Pública es discutible. Yo considero que en algunos sectores -y este es uno- debe existir este tipo de cargo.

Por lo tanto, con la acotación a la cual hace referencia el propio artículo, vamos a votar esta disposición favorablemente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Nosotros no consideramos que no deban existir en la Administración Pública cargos de confianza. Entendemos que el concepto "cargo de confianza" está perfectamente justificado en determinadas áreas. No tengo dudas que, de gobernar nosotros, tendríamos que aplicar, en algunos casos de la Administración, designaciones de confianza. Eso sí, creemos que en el caso concreto del actual Poder Ejecutivo, la extensión que se da a la condición de cargo de confianza es excesiva. Pero ese es un aspecto de orden cuantitativo más que cualitativo. Nosotros pensamos que el concepto de cargo de confianza debe aplicarse con extrema mesura. Consideramos que en el actual presupuesto se ha aplicado con demasiada extensión. Por eso, en términos generales, no votamos la creación de nuevos cargos de confianza.

En este caso, estoy haciendo referencia a la Dirección de un Hospital. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, no es suficiente con la acreditación de extremos vinculados con la especial versación en materia hospitalaria, sino que debe excluirse el concepto de cargo de confianza. Para nosotros, ser director del Hospital Pereira Rossell, del Hospital Departamental de Salto o de Paysandú, no tiene, desde el punto de vista de la exigencia técnica, ni de la responsabilidad expresa del funcionario que ejerza ese cargo, una diferencia con ser director del Hospital Militar o del Policial. En nuestra opinión, en ese tipo de cargos, no cabe el concepto de confianza.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para hacer una contraaclaración.

SEÑOR BATLLE. - Sí, señor Presidente, deseo hacer una contraaclaración.

Como el señor senador Rodríguez Camusso maneja el Reglamento mejor que yo, tiene la suerte de que siempre puede hacer aclaraciones. Yo, en general, no las hago para no extenderme en el debate, como lo venía diciendo recientemente. Como se insiste en el punto, formulo una aclaración.

Creo que es muy distinta la condición de ser director del Hospital Policial, del Militar, del de Treinta y Tres y del de Clínicas. Para algunos se precisa tener determinada condición técnica y, además, una circunstancia especial, natural y diferente, que hace a la categorización del Hospital, a la naturaleza de los servicios que debe prestar y a quién se los debe prestar. Por lo tanto, entiendo que en este caso, tratándose de una norma técnica acotada, hacemos bien en ratificar la condición de que éste también debe ser un cargo de confianza.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: participo de la opinión expresada por el señor senador Rodríguez Camusso en cuanto a que ha sido inconveniente la política seguida por este Poder Ejecutivo en materia presupuestal, que determina que en la consideración de cada ley anual de esta naturaleza, llámese Presupuesto General de Gastos o Rendición de Cuentas, se nos propone, y generalmente se obtiene, la creación de una cantidad de cargos de confianza. Creo que es una práctica profundamente inconveniente, que desestimula a los funcionarios de carrera y quita el incentivo de realizar la carrera administrativa en la Administración Pública.

Naturalmente que algunos cargos especiales de la Administración deben ser de confianza; por ello existe una previsión constitucional expresa en ese sentido. Pero, particularmente con referencia a los cargos que se crean por el artículo 106, nos parece, contra lo que se ha expresado, que precisamente por la naturaleza de estos cargos, no pueden ser de confianza. ¿Qué significa, desde el punto de vista del "status" jurídico, un cargo de confianza? Un cargo que no corresponde a la carrera administrativa, que puede ser nombrado y destituido discrecionalmente por el órgano administrativo correspondiente. ¿Cuál es la consecuencia de este "status" jurídico de los cargos de confianza? Que cada vez que cambia el jerarca, con él se van los funcionarios de confianza de la repartición administrativa de que se trate y el nuevo jerarca nombra otros funcionarios para cubrir esos cargos.

Un Hospital, por su condición de tal, debe tener estabilidad en su administración y en su dirección. No es concebible que la dirección de un Hospital cambie al socaire de los cambios políticos. Al venir un nuevo Ministro, cambia todos los cargos de confianza y, entre ellos, el director de un Hospital. Creo que esto no puede considerarse razonable. Esta objeción, decisiva en mi concepto, no se salva por el hecho de que se diga que estos cargos deben ser desempeñados por técnicos con especial versación en materia hospitalaria. De no ser así, ¿quién va a dirigir un Hospital? ¿Un carpintero? Esto me recuerda a algo que manifestó el contador Damiani cuando se objetaba, en los corrillos, su designación al Directorio del Banco de la República: "¿Quién va a dirigir un Banco?" "¿Un colchonero?". Naturalmente, que un Hospital lo debe dirigir alguien con especial versación en materia hospitalaria. ¿Pero no existen en la Administración Pública médicos de carrera con esta versación, a quienes les corresponda por su antigüedad y por sus méritos acceder a ese cargo? ¿Por qué se tienen que designar a dedo? El día que el Ministro se vaya, ¿se irá con él el Director del Hospital Policial para que el nuevo Ministro ponga a alguien de su confianza? Eso no es propio de la administración y dirección de un Hospital.

Por estas razones, vamos a votar en contra, no de la creación de los cargos, que son imprescindibles, sino de que se les dé carácter de particular confianza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar en primer lugar el texto tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: por las consideraciones formuladas oportunamente en la Comisión de Presupuesto, en las que me opuse a la aprobación de este artículo, es que he votado negativamente.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Quiero dejar constancia que hemos votado afirmativamente dadas las características de esta repartición sanitaria. Creemos que en este caso se hace necesario, por las características que describe el artículo, sin que esto sea sentar un precedente en cuanto a que todas las reparticiones hospitalarias de la Administración deban tener este carácter. Pero dadas las condiciones particulares de esta repartición creemos que es oportuno haber votado en ese sentido.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para formular una aclaración, que es posterior a los fundamentos de voto ya realizados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido excusas porque esto que voy a decir ahora debería haberlo expuesto al terminar la consideración del Inciso 03. Pero en todo este mar de papeles en que navegamos, a veces naufragamos.

En el proyecto que votó la Cámara de Representantes, dentro del Inciso 03, "Ministerio de Defensa Nacional", figuraba un artículo 89 que procuraba reconocer y regularizar la situación jubilatoria de un pequeño grupo de funcionarios del servicio de Intendencia del Ejército, que en el año 1968 optaron por ocupar el Escalafón militar, contando con más de 10 años de antigüedad.

La justicia de este artículo 89 fue reconocida por el señor Ministro de Defensa Nacional y por sus asesores en el seno de la Comisión. Como no tenía Mensaje del Poder Ejecutivo, las autoridades de dicho Ministerio nos adelantaron que se estaban realizando los estudios pertinentes para determinar el costo del artículo y que, habida cuenta de la justicia del propósito que incluye, se procuraría rápidamente la búsqueda de alguna solución por vías regulares. No hemos planteado al Senado la reincorporación de este articulo 89 en atención al planteamiento formulado por el propio señor Ministro de Defensa Nacional, en la certeza de que a la brevedad posible buscará la manera de contemplar el legítimo derecho de este pequeño grupo de ex funcionarios de la Intendencia del Ejército.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 05, que comprende los artículos 107 a 126.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: vamos a solicitar el desglose de este Inciso porque no daremos nuestro voto afirmativo -aunque no extenderemos el debate- a los artículos 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 124 y 126. En total son nueve artículos que no vamos a apoyar por las razones que ya hemos expuesto en la Comisión.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pediría que también fuera desglosado el artículo 125, porque personalmente no lo votaré, de acuerdo a la posición que mantuve en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el Inciso 05, con excepción de los artículos desglosados.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 107.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: este es uno de los tantos artículos en los que, por hacerse remisión a otras normas, resulta de difícil inteligencia todo su contenido dispositivo. Navegando entre las citas legales de este articulado, he encontrado que, aparte de la creación del cargo, la remisión al artículo 227 de la Ley Nº 15.809, significa que el mismo tiene una retribución superior en un 45% a la que corresponde a su categoría presupuestal. Se trata de un cargo del Escalafón Ab, Grado E7. Pregunto si los funcionarios del Escalafón Ab, Grado E7, tienen por norma el 45% más del sueldo que los demás funcionarios del Grado. Parecería que no es así, porque de lo contrario no se establecería expresamente en esta disposición. Si no es así, ¿por qué se le da esta compensación especial, que no son tres vintenes, sino el 45% más que el sueldo normal, a este cargo que se crea? Antes de votar, requiero una explicación por parte de los integrantes de la Comisión, porque supongo que esto se le habrá preguntado al Ministerio correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿No se otorgará ese porcentaje por dedicación total?

SEÑOR AGUIRRE. - No, señor Presidente.

El artículo 227 de la Ley Nº 15.809, establece: "El cargo determinado en el artículo 224 de la presente ley, será provisto dentro de los cuarenta y cinco días de su promulgación y tendrá una remuneración complementaria del 45% (cuarenta y cinco por ciento)". Y el artículo 224 de dicha Ley, dice: "Créase en el Escalafón Ac del Programa 017 ‘Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera’, el cargo de director especializado, Grado E7". Es decir que ya en el Presupuesto creamos un cargo ordinario de la Administración y le damos un 45% de sobresueldo -para expresarlo de manera clara- y ahora creamos otro cargo, al que también le damos ese porcentaje de sobresueldo. Pregunto por qué. Si se trata de un cargo del Escalafón Ab, Grado E7, debe ganar lo que ganan los funcionarios que se encuentran en ese Grado y Escalafón.

(Intervención del señor senador Cigliuti)

-Aunque el señor senador Cigliuti está hablando "sotto voce", como tiene incorporado un micrófono propio, lo estoy escuchando; él dice que le damos una retribución especial de acuerdo a la importancia del cargo, pero esa importancia es la que determina su Grado dentro del Escalafón. Este Grado E7 tiene la misma importancia que todos los Grados E7, y por eso se encuentran en la misma situación. Por lo tanto, no puede ser que haya funcionarios de ese Grado que ganen un 45% más que los restantes.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en este momento no podría dar una respuesta acabada sobre el tema al señor senador Aguirre e inclusive creo que el día que se consideró el Inciso 05, no estuve en la Comisión. Sin embargo, quiero señalar que este artículo es el que viene aprobado por la Cámara de Representantes, y en la Comisión recibió prácticamente la totalidad de los votos, ya que fue aprobado por 9 en 11. Supongo que cuando un Ministerio solicita una retribución especial, lo hace en función de la naturaleza del cargo.

Si el señor senador lo estima necesario, trataremos de buscar la documentación con la que nos hemos manejado -naturalmente, no podemos retener en nuestra memoria las razones y argumentos por las que se establecieron cada uno de los más de setecientos artículos que hemos tratado- pero creo que la procedencia del artículo, su mensaje original y la ratificación dada tanto por la Cámara de Representantes como por la Comisión correspondiente del Senado, con un número tan importante de votos y la naturaleza del cargo, ya nos están dando la razón de ser de la disposición que en este momento consideramos. Inclusive, creo entender que los dos votos negativos fueron, precisamente, los del Frente Amplio, que en este momento está reclamando el desglose de este artículo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Exactamente; así fue.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 107 tal como viene redactado por la Comisión.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Perdón, señor Presidente, pero me parece que no solamente los seis senadores del Frente Amplio hemos votado en contra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador.

Vamos a rectificar la votación.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 108.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 109.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 119.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 120.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he votado este artículo negativamente porque es violatorio de los principios constitucionales referentes a la carrera administrativa. Aquí se determina que pueden ser encargados de unidades, funcionarios que revisten en los tres Grados superiores de cada Escalafón y serie correspondiente. Sin embargo, en cada Grado de la administración, de acuerdo con los principios de la carrera administrativa, sólo puede ocupar el cargo correspondiente, quien está en el Grado inmediato inferior no puede ser que quien ocupe un grado inferior, figure por encima del de grado superior. Esto es algo elemental, pero como el artículo se vota igualmente, me veo en la necesidad de señalarlo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en aras de la brevedad que nos hemos autoimpuesto, no hemos querido abundar en consideraciones. Sin embargo, deseamos señalar que este artículo es la extensión inusitada del concepto de confianza, porque el jerarca elige, desde los Grados intermedios del Escalafón, a quien considera conveniente, desplazando desde el punto de vista de la responsabilidad funcional, de la determinación de méritos y de la percepción de complementos importantes en sus retribuciones, a los funcionarios a quienes, normalmente, les correspondería. No solamente se permite ser encargados de Unidad hasta a veinticinco funcionarios de Grados intermedios, sino que también habrá diez funcionarios más cumpliendo tareas de asesoramiento directo a los jerarcas. Si este criterio que se autoaplica el Ministerio de Economía y Finanzas se extendiese a toda la Administración, es fácil colegiar lo que de ello resultaría. Vemos, señor Presidente, que el tan conocido personaje de Juan Palomo se hace nuevamente presente, como suele ocurrir en algunas oficinas del mencionado Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 121.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 25. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: la atribución de la titularidad de funciones a que se refiere este artículo, en mi concepto, significa nada más ni nada menos, que la designación de funcionarios para determinados cargos aunque se les llame de una maneara "sui generis". De acuerdo con la Constitución, la designación de los funcionarios la debe realizar el Poder Ejecutivo y no el Ministerio a propuesta de una repartición subordinada. Por lo tanto, entiendo que este artículo es violatorio de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 124.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 125.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: el artículo 125 no figuraba en el Mensaje original del Poder Ejecutivo. Se refiere a la posibilidad de que la Dirección General del Catastro se entienda con las Intendencias Municipales a fin de realizar la puesta al día del catastro urbano, suburbano y rural, en los distintos departamentos. Actualmente, esta tarea se está llevando a cabo. Por ejemplo, en el departamento de Canelones se están reaforando las propiedades tanto urbanas como suburbanas y pienso que posteriormente se realizará la misma tarea con las rurales. Sin embargo, aquí se dispone que la Dirección del Catastro queda facultada para requerir de las Intendencias la colaboración material y las sumas de dinero necesarias para retribuir a los funcionarios por trabajos extraordinarios y horas extras que realicen.

Repito que no considero que sea constitucional establecer que las Intendencias Municipales podrán efectuar un pago a otros funcionarios del Estado a fin de que cumplan determinados servicios. Hasta ahora, y sin contar con esta disposición legal, las Intendencias han actuado en coordinación con la Dirección General del Catastro; han contratado profesionales en forma particular a fin de llevar adelante la tarea del reaforo. Es decir que las tareas se pueden realizar aunque no estén reguladas por la ley.

En consecuencia, me parece que desde ese punto de vista el artículo no es aceptable. Personalmente, no lo voté en Comisión y no pienso hacerlo en este momento por las consideraciones expuestas.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: pienso que podríamos votar este artículo con algunas pequeñas modificaciones, a fin de no entorpecer las facultades constitucionales que tienen los gobiernos departamentales.

En el primer párrafo se autoriza a la Dirección General del Catastro a hacer convenios con las Intendencias. Quiere decir que ahí no hay una obligación de parte de las Intendencias, a que no se les impone nada. En el último párrafo se establece que la mencionada labor se cumplirá, en cada caso, a solicitud de los respectivos Municipios, con lo cual se vuelve a reconocer la circunstancia que estamos tratando de puntualizar. Sin embargo, en el segundo párrafo se expresa que "queda facultada la mencionada oficina, a requerir", etcétera. Pienso que ese giro idiomático no es adecuado y que es el responsable de la resistencia que, en su tradicional actitud de defensa de la autonomía de las Intendencias, exhiben siempre los señores senadores Cigliuti y Mederos, quienes en este terreno nos llevan la delantera por su conspicua labor departamental.

Yo, que soy también bastante "municipal" en mis afectos, opino que este artículo podría votarse luego de introducirle una pequeña modificación. En lugar de decir "la facultad para requerir", habría que poner "podrá la mencionada oficina solicitar de aquéllas la colaboración material". De esta manera, mantenemos la independencia de las resoluciones que sobre este tema acuerden voluntariamente las oficinas que están incorporadas al artículo 125.

SEÑOR PRESIDENTE. - Parece que existe consenso a este respecto.

SEÑOR MEDEROS. - Estoy de acuerdo. No sé si lo está también el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Lo estoy en la medida en que las Intendencias mantengan su independencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 125 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 126.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he buscado en los repartidos que tenemos y donde se transcriben las disposiciones citadas, entre ellas el Decreto-Ley Nº 14.189, pero no figura el artículo 577. Por lo tanto, no sé lo que estamos sustituyendo. Por otra parte, al hablarse de tasas y dado el monto de las que se establecen, pregunto si, en realidad, este tributo tiene esa naturaleza jurídica, que es una contraprestación por un servicio jurídico que otorga el Estado. Para mí, esto parece tener, más bien, la característica de un impuesto.

Veo que el señor senador Senatore asiente. No es que le este invitando a hacer uso de la palabra, pero agradecería una explicación.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En la Comisión, señor Presidente, no votamos este artículo y tenemos la duda de que se trate de una tasa o de un impuesto. Es un servicio o un privilegio que el Estado otorga; pero cambia lo que está vigente, aumentando las tasas y llevándolas a las unidades reajustables que están a la vista. El artículo dice que pagan los sub-agentes de quiniela y tómbola pero, señor Presidente, no hay sub-agentes de quiniela y tómbola sino corredores de quiniela y es imposible que a ellos se les pueda imponer un centésimo más de obligación, ya que cobran apenas el 15% y trabajan cuatro días a la semana. La situación de ellos no es la ideal para poderlos obligar a que se disminuya la compensación que reciben. Si se le pone un impuesto o tasa, la tendrán que pagar con el 16% que cobran sobre el juego que levantan y presentan a la agencia.

Las agencias también tienen una situación muy peculiar, porque hay una diferencia importantísima entre el estado que tienen las agencias de Montevideo y las del interior.

Le manifesté a un alto jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas que me pareció un exceso modificar esta actitud y, consecuente con esa posición, no voy a darle mi voto, particularmente a este artículo; no se trata de un problema político sino personal, porque creo que esto no es conveniente ni apropiado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ha comprobado que en un anexo está repartido el texto del artículo 577 del Decreto-Ley Nº 14.189; de modo que la referencia parece estar perfectamente hecha.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 126.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo porque considero que es razonable y necesario ajustar los valores que por estas autorizaciones pagaban los agentes, sub-agentes y corredores del juego de loterías y quiniela; pero considero errónea la calificación jurídica que se da a este tributo. Esta no es una tasa, es un verdadero impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase un artículo aditivo propuesto.

(Se lee:)

"El régimen de encargados de unidad y de sector de la Dirección General Impositiva cesará con la vigencia de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1987, en la cual el Poder Ejecutivo deberá incluir las normas sobre racionalización administrativa de la Dirección General Impositiva dispuesta por el artículo 237 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore y Reinaldo Gargano. Senadores."

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE.- Señor Presidente: este artículo ya fue presentado en Comisión y no fue aprobado. En pocas palabras quiero señalar qué sentido tiene el mismo.

Por medio de él se quiere recordar al Poder Ejecutivo que tiene una obligación impuesta por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que no cumplió, en el sentido de incluir la racionalización administrativa de la Dirección General Impositiva en la Rendición de Cuentas que estamos considerando. Le reiteramos que ello debía hacerlo en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1987, en cuyo momento cesará el régimen de encargados de unidad y de sector.

En alguna medida, señor Presidente, en el artículo 121 hay una inconstitucionalidad, porque lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas no es designar sino atribuir titularidad de funciones. Aquí se han separado cargos de funciones y, en consecuencia, el régimen de la Dirección General Impositiva está transformado y en lugar de un Estatuto del Funcionario con cargos que desempeñan y siguen en la carrera administrativa -de acuerdo a un esquema determinado- son las funciones las que están determinando la ubicación de las distintas personas.

Este artículo tiene por fin terminar con ese régimen. El mismo -el de los encargados de unidad y sector- tiene su origen en la Ley Especial Nº 7, dictada durante el régimen de facto. Con esto no quiero decir que los funcionarios que están actuando ahora puedan tener las mismas características que tuvieron los que desarrollaron su labor durante el régimen de facto. Conozco algunos excelentes funcionarios de la Dirección General Impositiva que están perfectamente habilitados para desempeñar los cargos en los que actúan; pero esto no quiere decir que, en un momento determinado, no haya que proceder a la reorganización administrativa, sobre la base de crear una real carrera administrativa ajustada a un estatuto, que permite a los funcionarios que la integran, acceder a los puestos superiores, en función de sus condiciones y del tiempo en que estén actuando en la oficina.

Repito, señor Presidente, que este artículo aditivo tiene por finalidad imponer al Poder Ejecutivo que cumpla con las obligaciones legales; esperamos que ello se concrete para el año 1987 y, entonces, habrán cesado todos estos artículos a los cuales no dimos nuestro apoyo, porque están distorsionando la carrera administrativa y desalentando al buen funcionario que no tiene el respaldo de un estatuto y de un ordenamiento funcional que le permita saber que por su actividad, dedicación a la tarea y competencia, puede acceder a los cargos que le correspondan.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo aditivo propuesto por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.

(Se vota:)

-8 en 27. Negativa.

En consideración el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, artículos 127 a 143, inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: vamos a solicitar que sean desglosados los artículos 138 y 139.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: deseo preguntar a la Comisión el alcance real que tiene el artículo 130 que establece: "A todos los efectos legales se considerará como sueldo de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando desempeñen funciones permanentes en el exterior, el que percibirán en la República, sin la aplicación del beneficio del artículo 63 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960".

He estado leyendo el artículo y me asalta la siguiente duda. Existen normas del Derecho vigente que establecen determinadas obligaciones para las personas y de esta manera podría quedar reducidas en una forma considerable. Planteo, por ejemplo, el caso de la pensión alimenticia que un funcionario del servicio exterior debiera servirle a sus hijos que vivieran aquí en el país. Esto significa que la pensión -si estuviera fijada en términos porcentuales- estaría regulándose no por la retribución real de esos funcionarios, sino por un ingreso ficto, sensiblemente menor. Me llama a preocupación la generalidad de la norma, porque dice: "A todos los efectos legales", etcétera, etcétera.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Este artículo no figura en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Es una disposición enteramente nueva que viene de la Cámara de Representantes. La Comisión estudió el asunto y tomó la resolución concreta de pasarlo al Senado, pero no hubo una aclaración suficiente de parte del Ministerio, que tampoco expresó su solidaridad con el texto. Casi seguramente la primera de las dos interpretaciones que hace el señor senador sería la aceptable. Pero todo a beneficio de inventarlo, porque se trata de un artículo que no sé si en rigor lo podemos votar. Incluso se trata de una disposición no aceptada por el jerarca responsable del servicio.

No puedo decir otra cosa, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Solicité el desglose del artículo 130.

SEÑOR CIGLIUTI. - Los artículos 142 y 143 están en la misma posición del 130. Son disposiciones nuevas que tendrían que ser objeto de una votación particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del articulado con excepción de los artículos 130, 138, 139, 142 y 143.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 130.

Este artículo se referirá, quizás, a los efectos jubilatorios, pero no a todos los efectos legales. Esa consecuencia que señala el señor senador Ricaldoni sería absolutamente injusta; pero me animo a plantearlo como hipótesis, no como solución.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Yo lo votaría sin ninguna violencia si expresara algo como lo que propone el señor Presidente. Pero no me animo a proponerlo, porque no sé cuál es la intención real del artículo. Si esta es la reducción, yo no lo voto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo haber estado presente en parte de la discusión que se produjo en la Comisión sobre este Inciso del Ministerio de Relaciones Exteriores y, si no recuerdo mal -no estoy absolutamente seguro, porque hay muchas disposiciones confusas sobre las cuales se requirieron explicaciones- los asesores del Ministerio y en especial su Director General, el señor Embajador Castells, dieron una explicación satisfactoria sobre este artículo. Mi recuerdo no es que el Ministerio se opusiera a su sanción, pero no tengo absoluta certidumbre de ello. Creo que solamente recurriendo a la versión taquigráfica de la Comisión, se podría tener seguridad al respecto.

Si no hay inconveniente, propongo que se postergue la consideración de este artículo hasta que aclaremos el punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre, en el sentido de que se postergue la consideración del articulo 130 hasta obtener los antecedentes que obran en las actas de la Comisión.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Queda postergada la consideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre, en el sentido de que se postergue la consideración del artículo 130 hasta obtener los antecedentes que obran en las actas de la Comisión.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Queda postergada la consideración de este artículo.

SEÑOR ORTIZ. - Solicito que se reconsidere el artículo 136.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 136.

Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - En primer lugar quiero hacer una corrección gramatical. Como está hablando de actuaciones debe decir "financieras y contables". En segundo término, señalo que lo importante es que se dice que el microfilm y su copia tendrán validez legal a todos los efectos. Creo que tendría que decir "debidamente certificada", porque las fotocopias en nuestro Derecho, especialmente en Derecho Notarial, no valen por sí mismas si no está certificadas. Y para cosas tan delicadas como son las actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece que no corresponde otorgar plena validez a la simple copia fotográfica.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - El sistema fue discutido brevemente en la Comisión. El microfilm lo utiliza el Ministerio de Relaciones Exteriores como su propia prueba.

Comprendo la ansiedad un poco peculiar que asalta a los notarios en cuanto a la necesidad de estar presentes siempre, pero son funcionarios públicos los del Ministerio de Relaciones Exteriores, que van a acreditar que el microfilm es verdadero.

Además, me permitiría añadir que no hay fotocopia de algo que no existe; si hay fotocopia, es porque hay algo original. Toda la certificación a posteriori responde a otro concepto. Pero si una oficina pública como el Ministerio de Relaciones Exteriores exhibe una documentación que dice que es válida, no veo para qué además precisamos una certificación de otro "funcionario público" o de quien desempeñe una tarea "pública" así, entre comillas, que diga que es verdad lo que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, se trata de la documentación probatoria de actuaciones financieras y contables del Ministerio, no de terceros. Es para las Rendiciones de Cuentas y la tramitación interna.

SEÑOR PRESIDENTE. - No son para ser presentadas en juicio.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Si es así, que se diga, porque aquí dice "a todos los efectos", no a aquéllos a los que se refiere el señor senador García Costa. Si agregamos "a los efectos internos", queda claro que se trata de aquéllos que el señor senador explicó detalladamente.

Además, una fotocopia también se adultera; por eso se exige la certificación notarial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Podría decir "a todos los efectos en la órbita del Ministerio".

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite, señor Presidente?

Propongo que se vote de inmediato.

Cuando se nos dio la explicación de esto, se nos dijo que era un sistema que permite que una farragosa documentación sea reducida. Era ese el único objetivo y el Ministerio pidió permiso para poder intercambiar toneladas de papel por microfilmes. Creo que el tema no da para más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pienso que si agregamos "en la órbita del Ministerio"...

SEÑOR GARCIA COSTA. - Me parece poco conducente la propuesta del señor Presidente, porque entonces tendrían que microfilmar para la órbita del Ministerio, y para otros eventuales destinos tendrían que guardar el material original. Para ese resultado dejémoslos tranquilos. Que guarden todo o que microfilmen todo; decidamos una cosa u otra.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor Presidente?

Esto no tiene que ver con qué cosas se microfilman, porque pueden microfilmar todo lo que se le ocurra al Ministerio. El asunto está relacionado con la validez legal o no. Si tiene validez legal a todos los efectos, entonces mañana envían una fotocopia al gobierno argentino, y eso no puede ser. Tiene que ser como sugiere el señor Presidente, a los efectos de la vida interna del Ministerio.

En el caso de una partida del Registro Civil, la fotocopia no vale si no está certificada y por algo se exige dicha certificación: es porque hay posibilidad de una adulteración. Si es para la vida interna, no pretendo que para cada microfilm que vaya de una sección a otra tenga que estar presente un escribano para firmar; pero cuando la documentación sale del Ministerio, es diferente.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Reitero que solamente se refiere a actuaciones financieras y contables. A la República Argentina ni a ningún país extranjero le vamos a enviar las actuaciones financieras y contables del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR ORTIZ. - Se las van a mandar al Tribunal de Cuentas.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en esta oportunidad me permito discrepar con el señor senador García Costa.

El artículo es de una generalidad total. Se trata de actuaciones financieras y contables que tendrán validez legal a todos los efectos, es decir, a los contables, a los internos, externos y jurisdiccionales.

De acuerdo con el texto, se presenta una copia de un documento para acreditar que se efectuó un cobro, un pago o cualquier actuación administrativa en un juicio y tiene validez legal. No digo que esto sea bueno o sea malo, porque no tengo criterio notarial, pero sí expreso que esta es la consecuencia del artículo, tal como está redactado.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: entiendo que se debería aprobar la propuesta de la Mesa.

En el artículo 136 en lugar de "validez legal a todos los efectos" debería decir "validez legal a esos efectos". Con lo cual queda claro que no es a todos los efectos.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Señor Presidente: de acuerdo a la redacción original del articulo podría decirse "El microfilm y sus copias tendrán validez legal a esos efectos".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 136 cuyo último párrafo dirá: "El microfilm y sus copias tendrán validez legal a esos efectos".

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Voy a referirme al planteamiento formulado por el señor senador Ricaldoni que confieso, en su momento nos sorprendió un poco. De los 700 artículos, no se puede recordar exactamente lo sucedido con cada uno de ellos. Pero analizando los antecedentes no es extraño que haya habido un cierto vacío en la respuesta.

Este artículo responde a uno igual contenido en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Esta es una propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, hecha suya por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, cuando el articulado comprendido en el Inciso 06 fue examinado por la Comisión, el tema no fue objeto de observaciones y fue votado por unanimidad. Por lo tanto, no existe más antecedente que el Mensaje del Poder Ejecutivo, que no motivó observación por parte de ningún señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: insisto en que me parece que se trata de una norma profundamente inconveniente y totalmente discriminatoria en favor de ciertos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me he referido al problema relacionado con el derecho de familia. Supongo que los funcionarios que están trabajando en el exterior pagan, por ejemplo, un impuesto a los sueldos. Con esta norma lo van a hacer, no sobre los sueldos efectivamente percibidos, sino que lo harán sobre una cifra que debe ser diez veces menor. Lo mismo sucederá con los aportes al Banco de Previsión Social. En consecuencia, no voy a votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 130.

(Se vota:)

-3 en 25. Negativa.

Queda suprimido el artículo 130.

En consideración el artículo 138.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: a los efectos de ganar tiempo y con autorización de la mesa, simultáneamente vamos a fundar nuestra oposición a los artículos 138 y 139.

En estos artículos se propone la derogación de dos normas que estimamos perfectamente justificadas. El artículo 138 deroga el párrafo final del artículo 40 de un decreto-ley que allí se menciona. Dicho párrafo dice que los funcionarios del Servicio Exterior no podrán ser destinados nuevamente a prestar funciones en un mismo país hasta tanto no hayan cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Discúlpeme, señor senador.

Exhorto a los señores senadores a guardar silencio, teniendo en cuenta que esta jornada será extensa.

Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Se trata, señor Presidente, de excluir la posibilidad de que un mismo funcionario preste servicios durante más de un quinquenio en el mismo país, algo que no parece conveniente desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es la vinculación del funcionario con el país al que pertenece.

Recuerdo que hace muchos años, ya desde mis tiempos de liceal, se dio el caso de un Embajador uruguayo que prestó funciones en Chile durante aproximadamente 30 ó 35 años, en forma continuada. Existen antecedentes de situaciones de parecida naturaleza.


El artículo que estamos considerando, en su párrafo final, impide que el mismo funcionario pueda ser designado repetidamente en un mismo país hasta que no haya cumplido funciones en otro. Por lo tanto, no compartimos su derogación.

En el artículo 139 se deroga el artículo 19 de ese mismo decreto, que dice que las jefaturas de departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores podrán ser desempeñadas únicamente por funcionarios diplomáticos que posean categoría presupuestal mínima de Ministro consejero. Es decir que dichas jefaturas estén a cargo de funcionarios de jerarquía suficiente. Esta norma nos parece absolutamente justa, y su derogación, reitero, no la compartimos.

Por las razones expresadas no vamos a votar los artículos 138 y 139, que plantean la derogación de dos normas que estimamos razonables.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con las expresiones del señor senador Rodríguez Camusso sobre el artículo 138.

Se trata de una forma de jerarquizar las tareas del Ministerio de Relaciones Exteriores, reservando para determinadas tareas a funcionarios que tengan una categoría presupuestal mínima de Ministro consejero. Por tales motivos me voy a abstener de votarlo.

En cuanto al artículo 139, sin perjuicio de indicar que estoy de acuerdo con las expresiones vertidas por el señor senador Rodríguez Camusso, dado que es difícil improvisar en Sala, voy a votar la supresión propuesta porque entiendo que la norma vigente es excesivamente rígida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 138.

(Se vota:)

-13 en 22. Negativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-10 en 22. Negativa.

En consideración el artículo 139.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-1 en 22. Negativa.

En consideración el artículo 142.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-8 en 22. Negativa.

En consideración el artículo 143.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Es evidente que si resulta complicado para los miembros de la Comisión -que hace casi dos meses estamos en esto- considerar este fárrago de disposiciones que tenemos a estudio, mucho más lo será para los señores senadores que no la integran.

Quiero señalar que este artículo que defendimos -lo reconozco- con el apasionamiento de nuestra profunda convicción durante el trámite en la Comisión, responde a la siguiente situación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a diferencia de lo que sucede en el resto de la Administración, para cada una de las categorías de funcionarios, hay un límite de edad, pasado el cual el empleado pierde la posibilidad de permanecer en esa categoría.

La dictadura también hizo llegar sus garras a este Ministerio y destituyó funcionarios. En varios casos, el procedimiento posterior determinado por la legislación que aprobamos hizo que algunos de ellos fueran restituidos, después de haber estado destituidos por diez, once o doce años. Entonces, cuando vuelven a sus cargos, ocurre que están pasados de la edad.

Por consiguiente, lo que procura este artículo es reconocer esa situación y admitirá exclusivamente para esos funcionarios y sólo por cinco años, computables a partir de la fecha de su reintegro al citado Ministerio.

Nos parece que esta disposición es de una justicia indiscutible porque, como dije, está absolutamente limitada a los funcionarios que fueron destituidos y luego lograron su restitución. Es decir que se reconoció que la destitución operó por los motivos que la ley estableció y que se encuentran en una situación absolutamente excepcional. Se da el caso, por ejemplo, de funcionarios que salieron del Ministerio en una categoría determinada cuando tenían 32 años, porque la dictadura los echó -se reconoce que el acto fue arbitrario- y vuelven a sus cargos cuando tienen 43 ó 44 años, es decir, pasado el límite de edad establecido.

En síntesis, a través de este artículo, reconocemos esa situación, la legitimamos y damos cinco años de tiempo, exclusivamente para esos funcionarios, a efectos de que puedan realizar su reincorporación a los escalafones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, debo agregar que por otro artículo que figuraba en las disposiciones generales para los funcionarios, se procuró establecer un concepto de no limitación de edad para este Ministerio, que no compartimos y que no prosperó porque la mayoría, afortunadamente, no lo aceptó. Pero en este caso concreto son muy pocos los funcionarios amparados.

Nos parece que esta disposición es de una claridad meridiana y declaramos nuestro firme deseo de que un artículo tan justo y reparador de situaciones de funcionarios que durante más de una década padecieron las consecuencias de la persecución de la dictadura, pueda, en definitiva, ser aprobado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: este es un artículo nuevo que no tuvo la iniciativa del Poder Ejecutivo. En la Comisión se estudió el caso y nosotros no acompañamos esta solución. Parecería que -sean pocos o muchos- la entrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, (después de haber cubierto todos los plazos correspondientes a la vigencia de esta norma) de un conjunto de funcionarios que realmente están por encima de la edad fijada por la misma ley, sin el conocimiento y sin el consentimiento del Organo respectivo, está mucho más allá de lo permisible.

Creemos que no es tan fácil poder dar un voto en favor de esta solución, que contradice a la ley y a la situación actual del mencionado Ministerio. Por eso no votamos esta iniciativa en Comisión ni lo haremos ahora en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 143.

(Se vota:)

-12 en 27. Negativa.

Se pasa a considerar el Inciso 07, "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" que comprende los artículos 144 a 185 inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: vamos a solicitar el desglose del artículo 179, que votaremos negativamente.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Por mi parte solicito el desglose del artículo 156, a los efectos de sugerir alguna modificación.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: solicitaría el desglose de los artículos 149, 184 y 185.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 07, con excepción de los artículos 149, 156, 179, 184 y 185.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: debo señalar que he votado afirmativamente todos estos artículos que comprenden una serie de disposiciones referentes a la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura como persona pública no estatal, es decir, no comprendida en la estructura del Estado.

Como estas disposiciones tienen una unidad en su conjunto, responden a un propósito que comparto y fueron objeto de un detenido estudio y articulación por parte de nuestro compañero de bancada el señor senador García Costa, no hemos querido votar negativamente algo que distorsionaría todo el sistema. Sin embargo, dejo constancia de que la creación de la tasa prevista en el artículo 167 es irregular, por cuanto se trata de un tributo que percibe, recauda y administra una persona jurídica que no integra el Estado. El tributo es la prestación pecuniaria y coactiva que exige el Estado o las demás personas jurídicas estatales.

No tenemos manera de solucionarlo, pero quiero dejar constancia de que esto es irregular, no obstante lo cual lo he votado en aras del propósito general que persigue la creación de este Instituto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 149.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 156.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Mociono para que el artículo 156 se vote de dos manera. Tal como viene de la Comisión y suprimiendo la palabra "técnicos".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 156 tal como viene redactado de la Comisión.

(Se vota:)

-5 en 24. Negativa.

Se va a votar el artículo 156 con lo propuesto por el señor senador Lacalle Herrera, suprimiendo la palabra "técnicos".

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Se han votado en conjunto todas las disposiciones que incluyen la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En realidad, sobre algunos de estos artículos tendríamos que hacer algunas observaciones e incluso modificaciones de redacción. El señor senador Rodríguez Camusso y quien habla teníamos algunas observaciones que realizar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Hemos votado todo el articulado, salvo los que estamos votando por separado.

SEÑOR SENATORE. - Solicitaría la reconsideración de estos artículos para hacer algunas observaciones, es decir los artículos 159 al 173 inclusive.

SEÑOR BATLLE. - ¿Solicitan la reconsideración de todos los artículos o de alguno en especial?

Recuerdo que en la Comisión, el señor senador Rodríguez Camusso hizo observaciones a un determinado artículo. Si reconsideramos todos los artículos, tenemos que volver a votarlos.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en oportunidad de considerarse estos artículos en el seno de la Subcomisión de desglose, dejé constancia de que compartía, en términos generales, el sentido de este proyecto, que fue, por lo demás, calurosamente sostenido por todas las organizaciones vinculadas al tema, que son aproximadamente 8 ó 9 y que por primera vez han logrado unanimidad absoluta. Se plantea, con el texto sustitutivo que llegó a la Comisión y que mejoran la formulación de algunas disposiciones, un conjunto de elementos que estimamos altamente compartibles.

Nuestra observación fundamental estuvo referida a lo que hoy en este repartido es el párrafo 3º del artículo 169 y que se incluye en la página 57. Fundamentalmente, lo que se establece es que las infracciones o las violaciones posibles van a ser controladas por los propios particulares y solamente, en una segunda instancia tendría acción el Estado. De manera que el examen de la situación y la determinación de penalidades correría por cuenta del Estado, pero la localización de la infracción estaría a cargo de los particulares sin intervención del Estado. Este es un concepto que nos mereció una gran reserva. El punto de partida para determinar una infracción está a cargo exclusivamente de los propios participantes. Y esto, como principio general, nos merece muchas reservas. Al resto de lo que se propone damos nuestro apoyo porque, en términos generales, entendemos que es francamente plausible.

Por lo tanto, solicitamos la reconsideración de los artículos 159 a 173.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsideran los artículos 159 a 173.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

En consideración, el artículo 179.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 184.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El artículo 184 es nuevo y no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo. Aquí dispone que los excedentes del Rubro 0 de cada Ejercicio se destinen a la constitución de un fondo social para la instalación de guarderías y comedores del personal del Ministerio. Es un artículo inconstitucional, que no puede ser votado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 184.

(Se vota:)

-6 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 185.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Sobre este artículo existen las mismas razones que en el anterior, pues no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo; por lo tanto, vamos a votarlo en contra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 185.

(Se vota:)

-5 en 24. Negativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en la Comisión había propuesto tres artículos aditivos al Inciso 07, que tienen que ver con normas que, desde nuestro punto de vista, mejoran el funcionamiento interno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por razones de tiempo la Comisión no pudo tomar resolución sobre estos artículos. Al presentarlos, pedimos que se solicitara la opinión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que llegó -con sentido favorable, en términos generales- cuando ya el repartido había sido confeccionado. Por lo tanto, los artículos debieron ser incluidos en Disposiciones Varias -página 261- con los números 542 y 543.

No sé si la Mesa considera mejor tratarlos en el momento en que se ponga a consideración el Capítulo de "Disposiciones Varias" o ahora. Pero quería señalar que en ese Capítulo hay un par de artículos que cuentan con opinión favorable del Ministerio correspondiente, y que deberían figurar en el Inciso 07.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que quizá el criterio más ajustado sería considerarlos en el momento oportuno, y luego incorporarlos donde corresponde, porque han quedado números vacantes.

SEÑOR BATLLE. - Era lo que iba a sugerir.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 08 "Ministerio de Industria y Energía" que comprende los artículos 186 a 201 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se votarán en bloque.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Inciso 09 "Ministerio de Turismo" que comprende los artículos 202 a 208 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las disposiciones en conjunto.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: pido excusas, pero debido a una consulta que se me estaba formulando, no advertí que se ponía a votación el Inciso 08. En consecuencia, voy a pedir la reconsideración del artículo 201, porque deseo hacer un planteamiento al respecto. Además, tengo entendido que a la Mesa han llegado dos artículos aditivos -en ese Inciso 08- que reproducen los que llevaban los números 187 y 202 en el proyecto votado oportunamente por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 201 que pertenece al Inciso 08 "Ministerio de Industria y Energía".

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

La Mesa informa que no ha recibido los artículos aditivos a que se refirió el señor senador.

En consideración el artículo 201.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Solamente queríamos dejar constancia, señor Presidente, de que no le damos nuestro voto al artículo 201.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: como simplemente se señala que no se le va a dar el voto, quiero saber cuáles son los fundamentos de esa decisión. Si no estoy equivocado, este artículo tiene que ver con la Ley de Creación de ANCAP.

SEÑOR ZUMARAN. - Se modifica la Carta Orgánica, agregando un nuevo cometido.

SEÑOR BATLLE. - Exactamente.

SEÑOR AGUIRRE. - Entonces, creo que éste no es un asunto de menor cuantía, porque es violatorio del artículo 216 de la Constitución, porque, ¿qué tiene que ver la Carta Orgánica de ANCAP con la Rendición de Cuentas?

SEÑOR GARGANO. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: quisiera saber si para modificar la Carta Orgánica de ANCAP no es necesaria una mayoría especial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que no; que se requiere mayoría especial para modificar la Carta Orgánica de los bancos del Estado, de los entes autónomos financieros.

En este momento, señor Presidente, lo que me preocupa es obtener una explicación acerca de las motivaciones de esta disposición. ¿Por qué se modifica la Carta Orgánica de ANCAP, dándole un nuevo cometido al Ente? ¿Por qué hay colegas que no quieren votar?

Señalo que cuando se trató el Inciso correspondiente en Comisión, no estuve presente, pero entiendo que la disposición tiene su importancia. Claro que si nadie da una explicación, me manejaré de acuerdo con mi criterio; pero ya que ha sido objetado, no creo que corresponda votar el artículo al barrer.

Nada más.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: entiendo que, como se trata de una norma que incide directamente en la Carta Orgánica de un Ente industrial y comercial -se extiende la esfera de acción y el giro propio de sus negocios- corresponde la aplicación del artículo 189 de la Constitución de la República y, por lo tanto, se requeriría dos tercios de votos para aprobarla.

A mi juicio, la creación de un ente autónomo supone no solamente la configuración de un Directorio sino la atribución de actividades concretas. Por lo tanto, todo lo que esté vinculado con la Ley de Creación cae dentro de lo que dispone el artículo 189. En este caso se trata de modificaciones para ampliar el giro específico de su actividad.

En cuanto al fondo del asunto, señor Presidente, carezco de la información adecuada que me habilite a emitir un juicio válido. Pero, en principio, señalo que de acuerdo con esta disposición se va a permitir que ANCAP se asocie con una empresa petrolera equis para ir, por ejemplo, al Océano Indico a hacer perforaciones con el objeto de entrar en el gran negocio del petróleo mundial. Se le autoriza a participar, en el exterior, en cualquier punto geográfico del mundo, en forma directa o asociado con otras empresas públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Además, en esa competencia que se otorga, estarán comprendidas las actividades, negocios y contrataciones, en todas sus formas.

En consecuencia, entiendo que el artículo 201 no se puede votar sin un exhaustivo análisis previo. Por ejemplo, ANCAP tendría que venir a esta casa a expresar qué ha pasado con el petróleo en el Uruguay, qué ha sucedido con las perforaciones para las que necesita nada menos que el apoyo de YPF y de otros organismos. En una palabra: cuál ha sido el producido de esta actividad y qué perspectivas se tienen que justifiquen la iniciativa que se plantea. Me parece que esto no debe ser un invento del Ministerio de Industria y Energía, sino que debe haber un apoyo por parte del Directorio del Ente. Con respecto a esta disposición queremos saber cómo votaron los integrantes del Directorio y qué tipo de negociaciones se tienen en vista, porque, en teoría, no se puede, sin más, otorgar facultades de cualquier tipo. Además, con relación a las posibilidades del país, ellas están en la estratósfera. Entonces, no creo que se puedan ampliar las facultades de un organismo por vía de mera literatura jurídica, sino que esta resolución tendría que estar habilitada por hechos concretos.

Por consiguiente, señor Presidente, si se dan razones acerca de la necesidad de este cambio en la Ley de Creación de ANCAP, el Senado resolverá, por dos tercios de votos, si debe ponerse en vigor una solución de este tipo. Si ahora se pone a votación el artículo y la mayoría lo aprueba, lo hará basada en elementos de juicio desconocidos para el resto de los señores senadores que nos manifestamos totalmente ignorantes de sus propósitos y finalidades.

Sobre el fondo de esta autorización, señalamos que la consideramos sumamente peligrosa. Creemos que para este pequeño país es una aventura riesgosa plantear la posibilidad de que, asociados con cualquier tipo de empresa, se pueda perforar en busca de petróleo en cualquier lugar del globo.

Quiere decir, entonces, señor Presidente, que la visión que traduce este artículo es irreal, resulta absurda, no tiene sentido por lo que es ANCAP en estos momentos, por las posibilidades que tiene, al igual que el país.

Por consiguiente, señalamos que, de ninguna manera, vamos a prestarle nuestro apoyo a esta disposición.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Puedo informar al Cuerpo sobre cuál es el sentido de esta proposición que viene dentro de la Rendición de Cuentas.


Entiendo que, de ninguna manera, podría haber formado parte de la Rendición de Cuentas porque es un tema muy especial que modifica la Carta Orgánica de ANCAP y asimismo, está haciendo un planteo con una generalidad que no corresponde a lo que, concretamente, está manejando ANCAP en estos momentos.

Estimo que se está planteando un acuerdo con Petrocanadá y la empresa estatal chilena con miras a una prospección y explotación de petróleo en la República del Ecuador.

El plan que se viene estudiando no ofrece, para nosotros, bases suficientes ni para apoyarlo ni para rechazarlo. Pensamos que es un asunto a analizar porque todavía no está exhaustivamente considerado. En su oportunidad, concretado su estudio y teniendo los elementos necesarios a nuestra disposición para dar una autorización de este tipo, quizás, el Frente Amplio podrá apoyarlo.

Sin embargo, señor Presidente, dejo constancia de nuestra posición en el sentido de que este negocio concreto que, por otra parte, es relativamente pequeño con respecto al giro global de ANCAP, no puede justificar, en modo alguno, la aprobación de un artículo como éste sin ningún tipo de limitación en cuanto a asociados, áreas, negocios, etcétera. De aprobarse esta disposición, estaríamos dando una autorización con una amplitud absolutamente desmesurada en relación con lo que se intenta obtener a través de la misma.

Preferimos -y creemos que es así como debe hacerse- que si se va a encarar un negocio asociado con determinado proyecto y empresas en concreto, así se plantee y, en ese momento, con más seriedad, podremos discutir sobre la pertenencia o no de la iniciativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Voy a apoyar este artículo porque pienso que es una de esas disposiciones que, más allá de que, quizás, pudiera con un criterio formal y más técnico entenderse que debiera encuadrarse dentro de otra ley ajena al texto de la Rendición de Cuentas, va a coadyuvar muy eficazmente a la tarea de ANCAP y, en definitiva, en beneficio de los intereses del país.

Aquí se ha señalado una serie de objeciones que no comprendo. Se ha hablado de la amplitud que tiene la norma legal proyectada. Creo que está bien que sea así; no me parece necesario realizar un análisis elemental de lo que son las disposiciones de la Ley Orgánica de ANCAP para advertir que es correcto que tenga esa amplitud, puesto que ella es propia de la naturaleza del objetivo que contempla la hipótesis legal. Si no la tuviera, esta norma sería absolutamente inconveniente y no apuntaría a los objetivos que persigue.

Esta amplitud no significa, en modo alguno, darle una especie de cheque en blanco al Directorio de ANCAP para realizar cualquier tipo de fantasía en lo que tiene que ver con la actividad petrolera, sino todo lo contrario; significa permitirle moverse en función de los intereses nacionales dentro de criterios generales.

Se olvida que cuando una Carta Orgánica establece normas de este tipo está fijando los grandes lineamientos a través de los cuales se desarrolla la actividad de un ente industrial y comercial del Estado; pero esto no quiere decir que el Ente Autónomo pueda actuar dentro de un marco de arbitrariedad o inconveniencia, porque para eso hay una serie de contralores que están determinados en la propia Constitución que permiten: a cada uno de los legisladores, individualmente, solicitar las informaciones que considere del caso, según lo establecido en los artículos 118 y siguientes; a cualquiera de las Cámaras llamar a Sala a un Ministro para que informe sobre la actuación de un Ente -en el caso concreto ANCAP- a través de los artículos 147 y siguientes; y al propio Poder Ejecutivo, por intermedio de los artículos 197 y siguientes, a intervenir cuando considere inconveniente o ilegal la gestión de un Directorio de un Ente Autónomo.

En consecuencia, esta norma legal debe entenderse en un contexto mucho más amplio en el cual, en modo alguno, se puede sostener que el Directorio de ANCAP queda librado a su sola voluntad para el supuesto remoto de que quiera actuar en contra de los intereses del país.

Aquí no se le autoriza para ninguna actividad petrolera en ninguna región determinada del planeta, sino que se le está diciendo que lo puede hacer previa autorización del Poder Ejecutivo. En tren de especulaciones, si éste, a criterio de cualquier parlamentario o Cámara, diera una autorización que no debe otorgar, repito, están todas las disposiciones legales que permiten llamar a responsabilidad a quien corresponda.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El señor senador Ricaldoni está expresando que existen disposiciones constitucionales que permiten llamar a responsabilidad al Poder Ejecutivo en caso de que no se controle debidamente a ANCAP en el ejercicio de la atribución o cometido que se le quiere conferir por esta norma que estamos considerando.

Digo que cuando se habla de normas constitucionales, debemos considerarlas todas. Ya expresé algo similar en el seno de la Comisión, cuando se hacía tanto caudal -al igual que hoy en Sala- del artículo 215.

Pregunto si no es en sí mismo absurdo y demostrativo de lo inconveniente que es la inclusión de esta norma en una Rendición de Cuentas, en momentos en que todo el país espera que tratemos cuestiones presupuestales, que estemos discutiendo si ANCAP debe actuar o no en el Océano Indico, en el Mar de Omán, o no sé dónde. ¿Qué tiene que ver esto con la Rendición de Cuentas, con los sueldos de los funcionarios del Estado, con los programas presupuestales y con los tributos con los cuales hay que financiar el Presupuesto? Pregunto: ¿esto está permitido por el artículo 216 de la Constitución? Si estuviéramos tratando la Ley Forestal y apareciera un artículo que estableciera la modificación de la Ley Orgánica de ANCAP, ¿no lo resistiríamos? ¿No diríamos, de inmediato, que eso no puede ser, que ese artículo va en otra ley? ¿Y por qué debido a que se trata de la Rendición de Cuentas podemos introducir en ella una modificación de la Carta Orgánica de ANCAP?

Esto es tan irregular que, sin darnos cuenta, lo habíamos votado. Si no fuera porque alguien -creo que fue el señor senador Rodríguez Camusso- pidió la reconsideración, todos nosotros, incluso el señor senador Ricaldoni que está efectuando una encendida defensa de esta disposición, finalmente lo hubiéramos votado sin advertir que no correspondía. Esto sucedió porque no podemos leer todo el articulado en forma detenida, para saber que esta disposición habla de una ley del año 1931 y que esa ley es la Ley Orgánica de ANCAP.

No puede ser que se legisle de esta manera. Es absolutamente violatorio del artículo 216 de la Constitución. Si hay que modificar la Carta Orgánica de este Ente Autónomo para ampliarla en el sentido que propicia este artículo, se debe hacer por una ley separada. De esta manera no violaríamos la Constitución. Legislar de este modo significa no conocer lo que se está aprobando.

Perdóneseme, señor Presidente, que ponga un poco de calor en mis palabras. Por supuesto, ellas no van contra la posición del señor senador Ricaldoni, sino que son una reflexión de carácter general en el sentido de que estamos votando una modificación de la Ley Orgánica de un Ente Autónomo sin siquiera saber que lo que estamos haciendo es violar el artículo 216 de la Constitución que por algo expresa lo que dice en forma sabia, porque el constituyente del año 1966, que pensó esta reforma, sabía que en la Rendición de Cuentas y en las leyes presupuestales se incluían siempre otras cosas ajenas a la materia presupuestal y que después se aprobaran, sin conocer lo que se votaba, qué es lo que estaba ocurriendo hace pocos minutos con este artículo.

De modo, señor Presidente, que no debemos votar este artículo porque viola la Constitución. Vamos a considerarlo como proyecto de ley por separado, a recibir al Directorio de ANCAP, a escuchar sus razones, porque en esta forma no improvisaremos opiniones a favor y en contra, sin haber estudiado el asunto y sin saber un ardite de él.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no vamos a embarcarnos ahora en una explicación, tratando de exprimir los alcances reales o presuntos del artículo 216 de la Constitución, sino que vamos a hacer un análisis de los hechos: en esta Rendición de Cuentas creo que a todos nos duelen prendas. Todos los partidos políticos, todos los legisladores aquí presentes -incluso el señor senador Aguirre- han contribuido, con su voto, a aprobar una cantidad de disposiciones que notoriamente exceden los términos legales que fija dicho artículo de la Constitución.

En todo caso, entonces, se trata de un hecho o de un artículo más que podría entrar en esa encendida defensa de la interpretación de los artículos de la Constitución, como la que menciona el señor senador Aguirre.

Por mi parte, señor Presidente, lo que quiero decir en realidad es que esta disposición, en modo alguno, requiere ese tipo de averiguación o análisis, porque se trata de una norma de tipo general, que lo único que hace es permitir a un Ente Autónomo, que vive en el año 1987, que en cuanto a la actividad petrolera haga lo que debe hacer, lo que en este momento y para las necesidades del país corresponde, por lo menos si queremos que sea un organismo eficiente, competitivo y que se mueva, dentro de lo relativo, en un pie de igualdad con otras empresas que tienen que ver con las mismas actividades en el resto del planeta.

Quiero referirme, muy rápidamente, a la objeción formulada por parte del señor senador Tourné en cuanto a las mayorías requeridas.

Entiendo que la afirmación del señor senador -y que me disculpe- no resiste el menor análisis, porque si el artículo 199 de la Constitución dice que para modificar la Carta Orgánica de los Bancos del Estado se requiere la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, va de suyo que esa norma no se aplica a los demás organismos. Si se estableció esta norma, fue justamente para fijar un quórum mayor al normal y no para propiciar una interpretación extensiva tan equivocada como la que acabamos de oír al señor senador Tourné.

Por último, quiero decir que incluso hay hasta una contradicción en la filosofía política de todos estos enunciados. Cuando en el Parlamento estamos escuchando que la pesca debe extenderse poco menos que a todas las regiones del planeta por medio de la utilización de barcos de bandera uruguaya, que PLUNA debe pintar en la cola de todos sus aviones la bandera de nuestro país y llegar a cualquier lugar, o expresiones que en muchos casos podrán estar justificadas y en otros habrá que discutir, pero que demuestran un criterio que muchas veces parece formar parte de un lugar común en este Parlamento, en cuanto a que los Entes Autónomos deben crecer y crecer, no entendemos que en este caso estemos poniendo una nota de desconfianza ante una disposición que, repito, en modo alguno está introduciendo a la ANCAP en el reino de la arbitrariedad, sino que significa, lisa y llanamente, que se adecue su actuación a los tiempos que vivimos, permitiéndole que en ésta, así como en todas sus otras actividades -al igual que los demás Entes del Estado- se desarrolle, porque como todos ellos está sometida a una enorme cantidad de contralores que pueden dar la máxima de las tranquilidades a cualquiera que vote esta disposición.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - No voy a discutir las afirmaciones que hace el señor senador Aguirre a propósito de los artículos 215 y 216 de la Constitución, porque si no tendría que volver a la discusión, artículo por artículo, mirar y repasar la votación de cada uno de nosotros, inclusive, la del propio señor senador que, en alguna circunstancia, ha votado a favor normas que él mismo considera que son absolutamente inconstitucionales.

Pienso sí, que el señor senador Ortiz hizo un planteo en la Comisión a propósito de lo que expresara allí el señor senador Aguirre, que me parece que es procedente aplicarlo en el porvenir. Estamos de acuerdo en que se trate de estudiar este tema dando, en forma definitiva, una interpretación que nos comprometa a todos.

Por cierto que este artículo no nos ha pasado inadvertido ni a la Cámara de Representantes, ni a la Comisión. Lo consideró y votó la Comisión de la Cámara de Representantes y también lo aprobó la Comisión del Senado, con pleno conocimiento de lo que estaba considerando y lo hizo, prácticamente en forma automática, con la aceptación de los distintos sectores políticos que en ella votaron de la misma manera, parecería, que van a hacerlo acá.

Creo que más allá de la constitucionalidad, procedencia o no de la norma en función de la naturaleza del tema que trata, esta es una de las disposiciones más importantes que contiene esta Rendición de Cuentas.

Sin duda alguna ANCAP es el Ente más importante dentro de los comerciales e industriales del Estado y el que está vinculado por su tarea a la actividad más fundamental que es nada menos que todo lo que tiene que ver con el petróleo y la energía. Lo que le estamos dando es la facultad de extender su acción fuera de fronteras, dado que las inversiones, los conocimientos, las prospecciones y las informaciones que se tienen a propósito de las posibilidades de encontrar petróleo en nuestro país, nos indican que ellas no son tan claras y ciertas, sino que están muy lejos de nuestros medios de inversión como, en cambio, son claras y ciertas las posibilidades de inversión por parte de nuestro país en esa misma tarea fuera de fronteras. Quiere decir que en esta materia lo que estamos autorizando es que la acción de ese Ente Autónomo se extienda fuera de nuestro territorio, para buscar participar en un negocio que de lo contrario, si no lo hacemos en el exterior, nos obligará a pagar una cuota de importación de petróleo permanente, sin obtener en ello ningún tipo de beneficio, en el orden de la preparación y capacitación de nuestra gente, de la extensión de la acción de nuestros técnicos en una materia tan importante como la energía y todo lo que deriva de su explotación.

Una de las tareas más importantes en esta materia se viene realizando por parte de las organizaciones públicas del continente, como Petrobras, YPF, Pemex y Petrocanadá, que buscan vincularse entre sí para obtener fuera de fronteras los recursos que no poseen dentro de ellas. Cuando Canadá hace explotaciones junto con la empresa pública ecuatoriana en este país, no es porque no tenga petróleo en su territorio sino porque, evidentemente, le sirve más guardar el que posee en su país ya detectado, y explotar otros yacimientos de más fácil acceso, segura obtención y barato costo, que usar sus propios recursos no renovables. Lo que estamos tratando de hacer es colocar a ANCAP en esas condiciones, posibilitando que extienda su acción. En pocas palabras, lo que estamos buscando es flexibilizar y ampliar la acción del Estado a través de esta vía, fortificando y fortaleciendo la capacidad tecnológica y la riqueza que este Ente puede aportar al país y a sí mismo, con esa conducta, por medio de esta nueva facultad, digamos, que le otorgaremos, por una mayoría simple, como establece la Constitución de la República en el Capítulo que se refiere a los Entes Autónomos.

Además, señor Presidente, nos parece que si no le diéramos una posibilidad genérica de esta naturaleza a ANCAP, mal podría ese Instituto comenzar a tener ningún tipo de conocimiento, negociación o alternativa de hacer algo, porque si no entra en competencia, todo quedaría nada más que en simples conversaciones, como son las que hasta ahora ha venido sosteniendo precisamente con la compañía pública de la República del Ecuador. Uno de los aspectos más necesarios para fortalecer en lo que corresponde, conviene y resulta beneficioso, a los Entes Autónomos, es darle la flexibilidad operativa que tienen otras actividades similares, tanto públicas como privadas, en el mundo, para que puedan competir adecuadamente y así enriquecerse y beneficiar a la economía nacional.

Este es un paso importantísimo. Lo que ha podido hacer Petrobras, trabajando en el mundo entero en prospección de gas y de petróleo, con el desarrollo tecnológico que ha adquirido; la incorporación de la tecnología brasileña al desarrollo de estas actividades como, por ejemplo, las explotaciones "off shore" de petróleo, ha significado un bien para el país vecino, para su industria, para su gente y para la organización pública que maneja este tema. Sin embargo, nosotros no queremos que ANCAP se expanda, que haga lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que quede reducido a nuestro territorio, sin posibilidad de crear ninguna fuente de riqueza nueva, en un país donde sabemos que las opciones para buscar nuevas fuentes de energía en los hidrocarburos o en el gas son limitadas? Por el contrario, creo que esta es una de las disposiciones más importantes que trae el Proyecto de Rendición de Cuentas y que tanto la Comisión del Senado, como la de la Cámara de Representantes, la votaron a conciencia. Es una de las mejores y más importantes normas que hemos podido incorporar a esta Rendición de Cuentas y le hará enorme bien a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ya que le posibilitará nuevas fronteras de actividad, muy beneficiosas desde todo punto de vista y, por otra parte, le permitirá a Uruguay formar parte de una explotación de petróleo, materia prima que inexorablemente tiene que seguir importando. Entonces, no sólo simplemente remitirá al exterior divisas a compañías particulares, para comprar los productos, sino que quizás en el futuro podamos importar buena parte, de organizaciones de las que también forme parte Uruguay, junto con empresas públicas o privadas.

Por otra parte, señor Presidente, con esto no estamos innovando, sino simplemente copiando. Inclusive, copiamos con atraso, a los países socialistas, a los capitalistas, a los marxistas, a los países de economía mixta, a los de nuestro continente y a los de todos los lugares del mundo en que todos estos tipos de negocios se llevan a cabo normalmente, con beneficio para aquellos países que participan con su tecnología, con su pequeño o gran capital en la prospección petrolífera. ¿Es que queremos marginar de ello al Uruguay? ¿Por qué Uruguay no puede explotar un yacimiento petrolífero en Ecuador con la compañía privada, o pública, como es en este caso la ecuatoriana, o con la compañía pública canadiense? ¿En qué se perjudica el país? Entonces, cuando se extrae el gas en Siberia, en función de tecnología alemana, y solicitan a la Manesmann que haga todas las cañerías para conducir el gas hasta Francia, donde será consumido, ¿ese país está haciendo algo equivocado? No; está haciendo lo que corresponde. Está tratando de compartir -en ese caso- sus propios recursos, ya que no cuenta con capital ni tecnología suficientes para proceder a la extracción, y sirviéndose del capital de otros países, con cuyas ideas no comulga. En este caso, ni siquiera se trata de eso, sino de darle potestad a ANCAP para realizar una explotación petrolífera fuera de fronteras, en campos petrolíferos ciertos, junto con el esfuerzo de organizaciones públicas o privadas, o de quien corresponda, a los efectos de enriquecer al Instituto y de beneficiar al país.

Reitero que considero que esta es una de las normas más importantes de las que están incorporadas en la Rendición de Cuentas y afortunadamente se ha podido reconsiderar el tema. De no haber sido así, el tema hubiera pasado como si no tuviera mayor importancia. Quienes lo votamos en la Comisión, sabíamos perfectamente lo que estábamos votando y presumo que los señores senadores que votan otras normas -como ahora lo han hecho respecto de veinte o treinta- no las conocen y han depositado su confianza en lo que sus representantes ante la Comisión -los integrantes de su propio Partido- han aprobado con su voto. Me alegro de que este tema se haya reconsiderado, para que se manifiesten claramente cuáles son las distintas actitudes que se adoptan a propósito del asunto de fondo: quién es el que no quiere que ANCAP salga del país y quién es el que quiere -defendiendo al país- que ella trascienda las fronteras para realizar la prospección y la explotación que debe hacer.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en el curso del debate yo no he afirmado ni he reconocido haber votado ninguna norma inconstitucional. Es muy probable que haya dado un voto afirmativo a alguna norma que, en el criterio de algunos señores senadores, sea inconstitucional. Eso no me inhabilita -porque, en mi opinión, no he votado ninguna norma inconstitucional- a señalar que determinadas normas que se están votando, para mí, sí lo son.

En mi criterio, esta norma es claramente inconstitucional porque no tiene nada que ver con la materia presupuestal. Lo que señalo, señor Presidente, es que es incongruente que determinadas normas se voten masivamente en contra, por ser violatorias del artículo 215 de la Constitución de la República, con el argumento de que ello no hace al fondo de la cuestión. Es decir, que la norma puede ser buena en sus efectos, pero que no se puede votar porque el artículo 215 no lo permite. En cambio, cuando se trata de incluir normas que no son de materia presupuestal, se deja de lado olímpicamente el problema de la constitucionalidad y se alega que se trata de una norma importante o buena. Nadie afirma lo contrario. Ni yo, ni ninguno de los que ahora nos hemos opuesto a la aprobación de esta norma decimos que ella sea mala, ni que sea perjudicial que ANCAP proceda como lo hacen otros Entes estatales que tienen competencia en materia petrolera en otros países, socialistas o no, capitalistas o no. No se trata de eso; como dice el señor senador Batlle, esta norma debe ser una de las más importantes incluidas en este proyecto de ley, pero por esa misma razón es que no puede venir perdida entre 700 artículos, porque debe venir con un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que exprese: "Ampliación de la Carta Orgánica de ANCAP", para que sepamos que estamos ampliando su Carta Orgánica y de qué se trata. No basta que siete u ocho señores senadores lo hayan votado a conciencia en la Comisión; lo que no puede ser es que haya 23 señores senadores que lo voten con falta de conciencia, sin saber que están votando algo que, según se ha dicho, es importantísimo para el país, ni, en caso contrario si la norma es equivocada o resulta perjudicial para la economía del país. El señor senador Batlle dice: "por suerte se ha producido este debate, para poder expresar todo esto", pero eso mismo revela la inconveniencia de este sistema de legislación, porque el debate se produjo por casualidad. Se estaba aprobando una norma de fundamental importancia para la economía del país sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque esto tiene que venir en un proyecto de ley separado. La reforma de la Carta Orgánica de un Ente Autónomo no puede venir incluida dentro de la Rendición de Cuentas, porque no es materia presupuestal. Eso no significa que nos opongamos a que se amplíen los cometidos de ANCAP en este sentido. Quizá estemos totalmente de acuerdo con los argumentos que sobre el fondo del problema se han expuesto, pero eran argumentos que no habíamos tenido oportunidad de oír, de considerar, ni de estudiar, porque no hay ningún proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con exposición de motivos -como tiene que haber- para decir por qué hay que cambiar la Carta Orgánica de ANCAP, en este sentido. Además, no hay ningún informe de la Comisión de Industria y Energía, que es la que debería haber estudiado este asunto, que explique por qué hay que votar esta disposición. No hay nada, ni exposición de motivos, ni informe. ¿Por qué? Porque es un artículo de fundamental importancia, pero que viene perdido entre otros 750 que hay que votar a tambor batiente porque expira un plazo constitucional. Esto revela que es muy malo violar el artículo 216 de la Constitución, sobre lo cual mantengo mi opinión, a pesar de que la disposición sea importante para el país, y la voy a votar en contra, porque eso no inhibe que mañana se presente el proyecto de ley, como corresponde, y lo aprobemos tan rápidamente como sea necesario, pero luego de ser estudiado por la Comisión respectiva, como debe ser.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: nosotros vamos a votar negativamente este artículo por las razones que se han expuesto y por alguna otra más, ya que se ha entrado en el fondo del asunto, que deberá ser discutido cuando la Administración insista, si no logra esta vez los votos, en modificar la Carta Orgánica de ANCAP.

Este Proyecto de Rendición de Cuentas tiene dos artículos relativos a ANCAP: éste, y el 531 que, ante la inminencia de alguna acción judicial, interpreta las competencias del Ente para determinado tipo de tarea. Nos vamos a ceñir a hacer algunas consideraciones sobre este tema, señor Presidente.

En primer lugar, si el artículo no es aprobado y algún día la Administración plantea al Poder Legislativo un análisis de su Carta Orgánica, entonces podremos constatar que cuando se analiza a ANCAP, no se está ante un organismo típico, sino ante un conglomerado -como dirían los sajones- de compañías que giran alrededor de distintas actividades: la fabricación y venta de cemento, la elaboración de alcoholes en régimen de monopolio, la destilación y venta de bebidas alcohólicas, la importación, refinación y distribución de combustibles, en torno a la que, sin duda, es la principal empresa que tiene el país.

Señor Presidente: esta diversidad de cometidos que poco tienen que ver entre sí es una de las grandes dificultades con que se enfrenta quien quiera analizar ANCAP en su resultado económico. En las tantas veces que ocupamos el tiempo del Senado estudiando el precio de los combustibles, siempre pusimos especial énfasis en el aspecto tributario y, por lo menos lateralmente hemos hablado de lo que pueden llamarse los costos implícitos que tiene ANCAP. Estos hacen que más allá de la detracción que se efectúa al consumo por la vía de la norma tributaria -que es sustancial- se esté pagando a través del precio de los combustibles el costo de muchas actividades que realiza este Ente que, repito, son de características sustancialmente disímiles.

Quiere decir que no estamos analizando un órgano que tenga esta sola competencia petrolera. De ahí que no valgan las comparaciones con compañías petroleras de México, Brasil o Argentina. Aunque este Ente sólo estuviera relacionado con el tema petrolero, tampoco valdría como ejemplo de buena administración en materia de ese único rubro dado que es por todos conocido -según datos que obran en nuestro poder con respecto a la YPF- que el costo de extracción del barril para la compañía petrolera del vecino país oscila en los U$S 17 o U$S 18.

Otra observación a realizar es que ANCAP tiene entre manos bastantes aspectos importantes y no del todo bien efectuados como para que este Ente se incorpore a una actividad que es sin lugar a dudas de las más riesgosas que se llevan a cabo en el plano industrial y comercial. La prospección petrolera se realiza prácticamente al azar aunque existan normas técnicas, investigaciones geológicas y métodos varios para sospechar la existencia de hidrocarburos. Se trata de una actividad en la que el error o el fracaso pueden llevar a pagar costos tremendos. Francamente, señor Presidente, teniendo en cuenta las características de nuestro país, el criterio de prudencia que debemos utilizar con respecto a la Administración de este Ente nos aconseja que ANCAP no ingrese en el campo de la explotación al azar de posibles yacimientos petroleros. Esto requiere un capital de riesgo muy importante y tiene resultados totalmente aleatorios, por lo que no es lo que yo desearía para mi compañía la empresa nacional petrolera, que es ANCAP. Por el contrario, ubicándonos en las metas que pueda tener el país, haciendo un poco de prospectiva con respecto a este recurso esencialmente no renovable, cuyas limitaciones todos conocemos, desearía que el Ente se especializara en las fuentes alternativas de energía, posibles de obtener a partir de productos nacionales, sin ingresar en el mundo de la prospección, que ha dejado a compañías muy importantes -lamento no tener aquí los datos- en muy mala situación financiera debido a los fallos en las plataformas petroleras y en los lugares donde el acceso a los yacimientos se torna muy difícil.

Si bien en nuestro ámbito las cifras que maneja ANCAP son considerables, comparadas con los millones de dólares que podrían representar un fracaso prospectivo en materia de combustibles, no lo son tanto. No podemos actuar de esa forma porque podría ser -aunque la palabra es un poco fuerte- imprudente. Tenemos que realizar mayores estudios al respecto.

De todas maneras, creemos que el examen correcto de este tema no debe hacerse dentro de la Rendición de Cuentas. Si el día de mañana la Administración -y conocemos proyectos interesantes en cuanto a modificar la estructura interna de ANCAP...

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Quiero señalar que el estudio de otras fuentes de energía, modificando incluso la Carta Orgánica de ANCAP, ya le fue encomendado por este Cuerpo a dicho Ente cuando consideró el proyecto de Ley Forestal.

Precisamente, en ese texto incorporamos una disposición por la que se encomienda a ANCAP la investigación de otras fuentes de energía. Eso quiere decir que este propio Senado ya modificó la Ley Orgánica del Ente en el proyecto de Ley Forestal a consideración del Cuerpo. El señor senador Terra Gallinal fue quien consultó a un experto constitucionalista del Senado en cuanto a la forma de incorporar al texto una disposición por la que se encargara a ANCAP, modificando su Carta Orgánica, el estudio de otras fuentes de energía.

Esto significa que no hemos tratado ese tema en un proyecto con Mensaje del Poder Ejecutivo sino que el propio Parlamento, a iniciativa de los senadores reclamó lo que hoy reitera el señor senador Lacalle Herrera, es decir, que ANCAP realice el estudio e investigación de fuentes de energía locales. Reitero que eso ya ha sido considerado, al punto tal que el Senado ha incorporado esa nueva tarea a ANCAP, ampliando los objetivos establecidos en su Carta Orgánica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Como el proyecto de Ley Forestal no ha terminado su trámite en el Senado, la observación del señor senador Batlle permitirá, si es preciso, que solicite la reconsideración de la norma citada para que, llegado el momento, ésta sea analizada.

Más allá de todo esto, creemos que comparar la magnitud de lo que puede ser el estudio de los sustitutivos por medio de las materias alcoholígenas, no es un negocio similar a intervenir en la prospección petrolera. Entendemos que las razones dadas alcanzan como para decir que un voto contrario en este caso responde fundamentalmente al deseo de analizar la estructura de ANCAP y ver las posibilidades que existen de disociar esa enorme empresa en tres o cuatro más pequeñas en torno a los artículos y bienes tan disímiles que ésta produce. Sin embargo, este no es el momento para discutir todo eso y simplemente lo mencionábamos a cuenta del fundamento del voto que vamos a emitir en esta oportunidad.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: le voy a ahorrar al Cuerpo una exposición sobre este tema porque los señores senadores Aguirre y Lacalle Herrera han formulado consideraciones con las que coincido plenamente.

Dejando de lado el aspecto constitucional, sobre el que no voy a opinar, creo que esto no tiene nada que ver con la política presupuestal. Entiendo que no se trata de un asunto baladí sino de un tema de gran importancia y, por lo tanto, debe ser remitido en un proyecto de ley a tratar por separado y con el debido asesoramiento.

De esta manera soy consecuente con el voto negativo que di en Comisión a la creación del llamado "Seguro Estatal de Salud", por cuanto consideré que era un tema demasiado complejo, que nada tenía que ver con la materia presupuestal. Se trataba de un tema delicado, que requería asesoramiento y estudio profundo y ello no se puede hacer cuando viene incrustado en una ley que consta de centenares de artículos y que tiene plazo constitucional para definir la instancia parlamentaria.

De manera que, sin entrar al fondo del asunto, por estas razones de forma, no voy a acompañar con mi voto el mencionado artículo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Con relación al planteo de fondo de la investigación petrolífera y de los negocios de ANCAP, diría que en principio no está mal que este Ente uruguayo busque, a través de negocios de esta naturaleza -como el que está planteado con Ecuador que trata de una inversión muy pequeña según tengo entendido- apropiarse de tecnología que luego sirva para el trabajo a realizar sobre el territorio nacional. No creo que ANCAP esté en condiciones de embarcarse en negocios petrolíferos en el Golfo Pérsico o en otros lugares porque, por su propia dimensión, no tiene capacidad de penetración.

Lo que me preocupa es que la disposición que estamos considerando es absolutamente genérica: abre las puertas a cualquier tipo de negocios. Aparte de la consideración de orden constitucional que aquí se ha formulado, creo que el asunto es de tal trascendencia para el legislador y las consecuencias son tan importantes para el Ente, que merecen que este asunto se analice en forma separada de la Rendición de Cuentas.

Creo que la búsqueda de una solución que posibilite apropiarse de tecnología es buena y debemos abrirle camino. Pero reflexionando -como muy bien se decía acá- considero que es necesario poner un límite a la integración de capital de riesgo, que en esta materia es fundamental.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 201.

(Se vota:)

-13 en 26. Empate.

La resolución es seguir manteniendo el artículo 201, porque la votación anterior fue de 27 en 27. De modo que esta votación empatada no alcanza a modificar la decisión anterior.

SEÑOR AGUIRRE. - La resolución anterior era de la Cámara de Representantes, por lo que no se la puede imputar al Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado aprobó, anteriormente, el artículo 201 por 27 en 27.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - La reconsideración supone que la decisión anterior queda enervada en sus efectos. Por lo tanto, es necesaria una nueva votación para aprobar o rechazar el artículo. En este caso se trata de una votación empatada a la que se aplica la norma reglamentaria de carácter general.

SEÑOR PRESIDENTE. - La norma reglamentaria dice: "Acordada la reconsideración" -que es lo que hemos hecho hace un rato- "se reabrirá la discusión de inmediato". Para que la resolución pueda ser anulada o modificada se requerirá la conformidad de un número mayor que el que la sancionó...

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - O...

SEÑOR PRESIDENTE. - ...o más de la mitad de los votos del total de componentes del Cuerpo, según corresponda. En este caso no corresponde porque no es una votación que requiera más de la mitad de los votos.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Entiendo que la mayoría del Senado puede actuar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, "según corresponda", ¿qué quiere decir? ¿Cuándo corresponde una y cuándo la otra? La interpretación que hace el señor senador parece alternativa: o una u otra.

SEÑOR MARTINEZ MORENO- - Una u otra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pero si dice "según corresponda" no puede ser una u otra. Es según corresponda votación simple o mayoría especial de la mitad más uno. En este caso no se requiere mayoría especial.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. Reitero que entiendo que la mayoría del Senado puede actuar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe, señor senador. Si hubo una votación de 27 en 27, ¿cree que una de 13 en 26 puede modificarla?

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - No; pero una de 16 en 27 sí.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que pasa es que la votación ha sido de 13 en 26. Me parece que nos adelantamos a los acontecimientos, pero creo que tampoco una votación de 16 en 26 puede cambiarla.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Creo que sí.

Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite previamente señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No tengo inconveniente en votar lo que propone el señor senador Martínez Moreno, pero digo que con eso no invalida la interpretación que hace la Mesa, que comparto. Podemos seguir votando -y perdóneseme la expresión- pero ni Mandrake cambia el resultado anterior. El Reglamento es muy claro.

SEÑOR FERREIRA. - Mandrake sí, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Ni Mandrake, señor Presidente, que afortunadamente no forma parte del Cuerpo. Podemos votar lo que queramos pero el resultado ya está dado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aclaro que conozco a algún señor senador que cuando estaba interdicto firmaba artículos con el seudónimo de Mandrake. De manera que no es tan así la afirmación de que Mandrake no está en Sala.

SEÑOR AGUIRRE. - Además era hincha de Nacional.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

Hay dos artículos aditivos propuestos por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano. Se trata de aditivos al Inciso 08.

Léanse.

(Se leen:)

"ARTICULO 1º. - Agrégase al artículo 219 del Decreto-Ley Nº 14.416,de 28 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 335 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el siguiente Inciso: esta retribución no se considerará viático.

ARTICULO 2º. - A partir de la vigencia de la presente ley, las contrataciones de los funcionarios del Subprograma 002 ‘Inventario Minero’ de la Unidad Ejecutora ‘Dirección Nacional de Minería y Geología’, estarán a cargo del Rubro 1.1 ‘Créditos Presupuestales’, de la respectiva Unidad Ejecutora, el que se verá incrementado por la partida dispuesta para contrataciones del Subprograma 002 prevista en el Rubro 1.3 ‘Plan de Inversiones Públicas’.

Firman ambos proyectos los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano y Luis A. Senatore."

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: el primero de los artículos a que se ha dado lectura fue aprobado en la Cámara de Representantes y forma parte del proyecto que ésta nos comunicó, con el número 187. El segundo reconoce igual antecedente pero con el número 202. Ambos artículos fueron votados por una mayoría categórica, pero al parecer no perdurable. En la Comisión del Senado no tuvieron igual aceptación.

El artículo 187 especifica que la retribución llamada "prima por desarraigo", que perciben los funcionarios de la Dirección Nacional de Minería y Geología -ex Instituto Geológico- afectados a la tarea de perforación, no constituye un viático, y de este modo permite que los funcionarios "perforadores", cobren viático por traslado, que actualmente no se les paga, sobre la base de que la prima por desarraigo sustituiría dicho viático.

A nuestro juicio, está claro que el carácter de una y otra retribución es totalmente distinto. La primera por desarraigo compensa la separación del funcionario de su hogar por períodos continuos, no menores de 20 días y que incluyen sábados, domingos y feriados. Durante ellos el "perforador" permanece en el lugar de la perforación. El viático, en cambio, compensa los gastos que tiene el funcionario cuando se traslada para cumplir sus funciones.

La continuidad del servicio reclama un especial cuidado en la retribución a los perforadores. Con un sueldo promedial de N$ 34.000 y una prima por desarraigo de N$ 13.600 (40% del sueldo), han abandonado la tarea muchos funcionarios que pasan a la órbita privada o incluso a otros organismos del Estado como OSE, o pasan a cumplir otras funciones dentro del propio Ministerio.

Se trata de cuarenta perforadores que tienen gran experiencia en su especialidad, ya que el promedio oscila entre veinte y treinta años de trabajo y la mayoría tiene formación técnica en la Universidad del Trabajo; utilizan maquinaria de gran valor -perforadoras, con coronas de diamantes por ejemplo- y realizan su tarea con un nivel de eficiencia absolutamente satisfactorio, lo cual da una gran competitividad a la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Se observó que el pago de viáticos a los perforadores dejaría fuera de competencia a la Dirección del Estado. Nosotros no compartimos ese criterio. Las perforaciones se cobran entre N$ 10.000 y N$ 16.000 por metro, por parte del Estado; el pago de este viático incrementaría promedialmente en un 10% el costo del servicio, mientras que el viático diario por perforador sería de N$ 1.400, que es la mitad del viático común por el que se les proporciona carpa. Las empresas privadas cobran, como mínimo, un 25% más, o sea, N$ 20.000 por metro.

El artículo 202 se incorporó para regularizar la situación laboral y dar estabilidad a los funcionarios contratados por el programa de inversiones "Inventario Minero". Se trata de dieciséis funcionarios contratados, de los cuales sólo siete realizan tareas relacionadas con el Inventario Minero.

Las contrataciones empezaron a partir de 1980 y, en promedio, los funcionarios tienen entre cuatro y cinco años de antigüedad en calidad de contratados. Es de hacer notar, que no se trata de personal que disfrute de las condiciones del funcionario público contratado, en general, tal como ha sido manifestado. Promedialmente, sus partidas presupuestales se cobran con una demora no menor a cuatro meses, con respecto a la fecha en que cobra el resto de los funcionarios del Ministerio.

Sostenemos, por lo tanto, la conveniencia de que estos dos artículos votados -reiteramos- por mayorías que aparecieron como contundentes en la Cámara de Representantes, son mantenidos por nuestra Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, corresponde votar los dos artículos aditivos presentados.

Como no tienen número, para ser claro diré que se va a votar el artículo cuyo texto es más breve.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Deseamos dejar constancia de que la disposición nos parece de justicia por las circunstancias a que hace alusión el señor senador y porque no se trata de una remuneración, sino de una contraprestación particular a un funcionario que ejecuta una tarea muy específica y determinada, por lo que, reitero, no puede considerarse como remuneración, sino como contraprestación a un gasto extraordinario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el mencionado artículo.

(Se vota:)

-11 en 25. Negativa.

Se va a votar el segundo artículo aditivo propuesto por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.

(Se vota:)

-7 en 25. Negativa.

Se pasa a considerar el Inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que comprende los artículos 209 a 223, inclusive.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Obra en poder de la Mesa un aditivo que hemos presentado para el artículo 213.

SEÑOR SINGER. - Estimo que si se trata de un aditivo a un artículo debe votarse después.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creo que sería conveniente considerarlo en el contexto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

"Sin perjuicio de lo establecido, necesariamente deberá contenerse en dicha distribución, para cada uno de los Ejercicios, 1987, 1988 y 1989, las respectivas cantidades de N$ 200:000.000, con destino a los fines previstos en el artículo 311 de la presente ley (Hospital de Las Piedras)." (Firmado: García Costa. Senador).

-Correspondería votar el Inciso 10.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseamos solicitar el desglose del artículo 222.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con excepción del artículo 222.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 222.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - A raíz de la solicitud de considerar este artículo en forma separada, estoy leyendo su texto y me parece que es de tal latitud que anula el requisito de la licitación pública.

El artículo dice: "El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los períodos en que se verifiquen los incrementos en los precios o baja concurrencia de oferentes a las licitaciones de obras viales, podrá adquirir o arrendar, directamente, en plaza o en el exterior, maquinaria vial destinada a ser suministrada o arrendada a los oferentes de las referidas licitaciones de obras viales". Aquí no hay límite en la cantidad, no hay criterio para manejarse, y no se habla de período determinado en el tiempo, ni de casos concretos. Dice "en los períodos". ¿De qué extensión? Si discrecionalmente el Ministerio entiende que estamos en un período de baja concurrencia de oferentes a las licitaciones, prescinde, en adelante, del requisito de la licitación pública. Realmente, esto no parece un procedimiento adecuado de administración. El requisito de la licitación pública es de carácter general, por encima de determinados montos.

Esto surge de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera, que tenemos aquí, aunque no debería estar. En verdad, no me parece que corresponda dar esta latitud.

No sé por qué motivo se ha pedido que se desglose este artículo, pero seguramente se ha hecho por consideraciones similares a las que estoy expresando. Creo que en nuestro país siempre han sido claras, generales y rigurosas las normas en materia de licitación pública, y esta es una excepción que no es clara ni rigurosa, porque deja totalmente a criterio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el hacer licitaciones o no, en la materia de que trata este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea dejar constancia de que parecería distinta la interpretación que realiza el señor senador Aguirre. Lo que autoriza el artículo es el arrendamiento o la adquisición de maquinaria para suministrarla a los oferentes, pero no a prescindir de la licitación. La variante creo que es muy importante.

SEÑOR AGUIRRE. - Pero para adquirir o arrendar debe licitar. La Administración Pública no puede contratar directamente. Aquí dice que adquiere una maquinaria vial, que puede costar U$S 1:000.000...

SEÑOR PRESIDENTE. - Aquí no dice que la adquiera sin efectuar la licitación.

SEÑOR AGUIRRE. - El artículo dice que puede hacerlo directamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en nuestro afán de no tomar más tiempo en virtud de las circunstancias en las que estamos trabajando, estamos tratando de suprimir intervenciones, pero precisamente el artículo que no votamos dentro de este Inciso es el 222, porque es un ejemplo más -entre decenas y decenas- de lo que manifestábamos en el día de ayer en oportunidad de realizarse la discusión general del proyecto. Disminuye o limita competencias del Poder Legislativo y amplía infinitamente -y creo que este es un ejemplo concreto de ello- la discrecionalidad con que actúa el Poder Ejecutivo.

El texto establece: "períodos en que se verifiquen incrementos en los precios". No sabemos de qué duración son esos períodos, ni qué significan los incrementos en los precios, ¿serán del 1%, del 5% o del 28%? Luego habla de la "baja concurrencia de oferentes a las licitaciones de obras viales". ¿Qué se considera por "baja concurrencia"? ¿La mitad, un tercio o el 80%?

Se hace referencia, además, a la adquisición o arrendamiento directo en plaza o en el exterior. Es decir que esto es de una latitud tal que no lo podemos compartir y, en consecuencia, no lo vamos a votar.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la justificación dada a este artículo es la de que existe una baja concurrencia de oferentes a las licitaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una de las razones que explican esta situación es, justamente, el alto costo de la maquinaria que se utiliza para realizar las obras públicas. El Poder Ejecutivo, a través del citado Ministerio, considera que una de las maneras de incentivar la concurrencia a esas licitaciones sería el facilitar a las empresas que quieran participar, la maquinaria vial necesaria y que el Ministerio tiene necesidad, muchas veces, de arrendar dado que su alto costo no permite que lo hagan los licitantes. Es decir que se trata de una cuestión de excepción para un hecho permanente, ya que esto ocurre con frecuencia. Hay períodos en el año en los cuales no es posible conseguir oferentes para realizar obras viales.

El artículo 222 se votó en Comisión por mayoría, en presencia del señor Ministro y creo que el mantenimiento de esta disposición es conveniente y saludable.

Es posible que si no se empleara el término "directamente", el texto sería más claro; sin embargo, pienso que ésa es justamente la base del artículo en sí mismo. O sea, la posibilidad de que el Ministerio pueda actuar con rapidez, con agilidad, proporcionando estos elementos que son medios para lograr un fin, que es el de activar la licitación de las obras públicas.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en oportunidad de tratarse este artículo en Comisión, utilizamos argumentos similares a los que acaban de oírse en Sala, en contradicción con el texto tal como venía. Si la memoria no nos engaña, creemos que el Ministerio -representado en ese momento por el señor subsecretario- retiró varios artículos a fin de volver a redactarlos, a raíz de las objeciones que se habían presentado. Sin embargo, cuando regresó con la nueva redacción, pudimos ver que no se les había introducido prácticamente ninguna modificación y se habían dejado vigentes las objeciones sustanciales, que omite repetir por haber sido ya enunciadas en Sala. Por lo tanto, señalo que vamos a mantener nuestra posición negativa con respecto a este artículo.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: hay varios puntos que queremos poner de manifiesto. Según las conclusiones que sacamos de todo esto, alguien se va a presentar a una licitación sin la maquinaria apropiada para realizar los trabajos. Si bien no sabemos en qué condiciones lo va a hacer, suponemos que el hecho de que el propio Ministerio le arriende o suministre la maquinaria vial necesaria, formará parte del pliego de condiciones o de los servicios que ofrece la empresa. Consideramos que esto distorsiona todo el sistema de licitaciones y el equilibrio entre los diversos oferentes. Si el problema reside, justamente, en que en caso de que se verifiquen incrementos en los precios, se va a recurrir a un sistema como el proyectado, podemos tener a una empresa con su propia maquinaria licitando frente a otra que no la tiene y a la que el Estado le va a conseguir esa maquinaria que no posee.

Desde el punto de vista de las licitaciones, este sistema no es bueno. Consideramos, además, que ello no va a reducir el precio, porque al Estado no va a resultarle gratuito arrendar o comprar la maquinaria en el exterior y, en definitiva, el costo de las adjudicaciones licitadas puede no ser el más conveniente para el país.

A todo lo ya indicado, hay que agregar el hecho de que esa maquinaria puede quedar, después, indefinidamente en el país sin ser utilizada, lo que suma un inconveniente más a la mecánica propuesta.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLAZABAL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: el señor senador García Costa decía, con acierto, que había hecho hincapié en el término "directamente". A ello, el señor subsecretario contestó que no lo consideraba viable ya que justamente ese vocablo era el que determinaba el sentido del artículo. Actualmente, el Ministerio puede hacer esto por los mecanismos usuales. El Decreto 104 o las normas que ahora se aprobarían en su lugar otorgan la posibilidad de hacer la compra directamente por razones de urgencia. En el caso presente no hay una razón de urgencia, sino de mercado. Entonces, lo que estamos calificando es la posibilidad de hacer uso de la prerrogativa de comprar o arrendar directamente. Obsérvese que se trata de maquinaria que está en uso. Deseo señalar que una licitación normal le lleva al Estado aproximadamente dos años, lo que no constituye una solución en sí misma. No podemos perder dos años haciendo una licitación para arrendar una máquina para luego ofrecerla en una nueva licitación de trabajo. En la realidad, esto es impracticable. Pero como esto constituye, como ya dije un remedio puntual para cuando el mercado se satura, debemos tener, para ese momento, una respuesta rápida que nos permita, por ejemplo, ir a Brasil a fin de arrendar la maquinaria necesaria y ofrecerla en las licitaciones que se lleven a cabo.

De lo contrario, llamar a licitación para el suministro de esas máquinas, cumplir con todo el trámite administrativo y, recién después hacer una nueva licitación para los trabajos, se convierte en algo inadmisible en cuanto al tiempo que ello requiere. El hecho de comprar maquinaria de alto costo, no significa postergar un número importante de obras.

Por lo tanto, ésta es una situación que estaría contemplada en el presente artículo, ya que se trata de un mercado cuya oferta está restringida por la existencia de pocos oferentes, razón por la cual el Estado se ve sujeto a los precios sugeridos por unas pocas empresas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: considero que si los extremos que se prevén en este artículo se verificaran, y hubiera razones de urgencia para ello, podría realizarse la compra o el arrendamiento sin necesidad de este artículo.

Además, pienso que si lo que está presente en el país es una especie de oligopolio o empresas muy poco dotadas para realizar determinados trabajos -por lo cual el Estado está dispuesto a arrendar o a adquirir maquinarias- nada más lógico, para bajar el precio de las licitaciones o para lograr una mayor fluidez en el poder de negociación estatal, que traer esa maquinaria no para suministrarla o arrendarla a los oferentes, sino para que el Estado realice el trabajo por sí mismo. Considero que ésta es una solución racional y a la que recurre cualquier industrial o comerciante siempre que un tercero le cobra demasiado caro por un trabajo. Repito que considero más efectivo este sistema que recurrir a la vía indirecta que, en lugar de abaratar, puede llegar a encarecer el precio de las licitaciones, dando lugar a una serie de situaciones de reclamo poco claras u objetables.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: considero que los ejemplos que se han dado sobre la posibilidad de que este artículo pueda funcionar, va a ser muy limitada. Al respecto, debo decir que en el día de mañana, vamos a estudiar la Ley de Ordenamiento Financiero, donde se va a tratar la forma de contratar del Estado y la licitación pública en el caso de que se trate de recursos.

Pero cuando es una compra directa, el límite máximo de esa actividad está fijado en N$ 400.000.

El hablar de maquinaria vial, parece ser poco ajustado a una realidad, porque ello no se va a poder cumplir.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Señor Presidente: cuando solicité la palabra, fue precisamente para hacer referencia a este artículo 32 del proyecto de ley de Ordenamiento Financiero, que mañana vamos a analizar. No sé si estoy equivocado -si fuera así lo admito- pero la interpretación que ha efectuado el señor senador Senatore, a mi juicio, no es la que emana de uno de los incisos de ese artículo 32 proyectado. Allí se establecen una serie de casos en los cuales se puede acudir por cualquier monto en determinadas excepciones. Se contemplan varias de las situaciones previstas en este objetado artículo 222.

Repito que me refiero al artículo 32, ubicado en la Sección 2 de la Ley de Ordenamiento Financiero, de los contratos del Estado, en los cuales se establece el requisito de la licitación pública, cuando "se deriven gastos de funcionamiento y de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas y recursos". "No obstante podrá contratarse:" y ahí se establecen en tres numerales cuáles son los montos por los cuales podrá contratarse, sin el previo requisito de la licitación. Luego establece: "y por cualquier monto, en los siguientes casos de excepción", como por ejemplo, "las adquisiciones de elementos que no se produzcan en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación.

Para adquirir objetos cuya fabricación sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello".

También expresa que "Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los ordenadores primarios en los casos referidos en los literales G) a M)".

Vale decir, señor Presidente, que consideramos -salvo error de interpretación de nuestra parte- que si este artículo fuera aprobado, autorizaría ese tipo de situaciones.

Era lo que quería señalar, como un aporte a la interpretación del artículo 222 que, en coordinación con el 32, no parecería tan extraño, porque muchas de estas disposiciones se han tomado del decreto -luego transformado en ley- número 104 de 1968, por lo que en algunos aspectos estaría vigente en la contratación del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 222.

(Se vota:)

-11 en 26. Negativa.

Léase un inciso aditivo al artículo 213, que había propuesto el señor senador García Costa.

(Se lee:)

"Sin perjuicio de lo establecido, necesariamente deberá contenerse en dicha distribución, para cada uno de los Ejercicios 1987, 1988 y 1989, las respectivas cantidades de N$ 200:000.000 con destino a los fines previstos en el artículo 311 de la presente ley (Hospital de Las Piedras)".

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Se ha aludido a que el Hospital de Las Piedras figura para que el Poder Ejecutivo proceda a hacer los trabajos necesarios, conseguir un terreno e iniciar las obras en el Ejercicio siguiente, vale decir, en 1988.

En otra disposición, para 1987, figura el Hospital de Canelones. En la Comisión se discutió el punto y se resolvió de esa manera; pero como allí se dijo que el simple enunciado de que se iniciarían las obras para construir un Hospital en Las Piedras en el Ejercicio siguiente no era más que un sueño o una ilusión, el señor senador García Costa, ahora propone en este artículo N$ 200:000.000 a distribuir en los tres años: 1987, 1988 y 1989. En un total de N$ 1.700:000.000, incluye N$ 200:000.000 para el Hospital de Las Piedras. No soy yo, señor Presidente, quien me opongo a la construcción de dicho Hospital.

En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, en la que está incluida Salud Pública, plantée una reunión con los ministros correspondientes y con la presencia de los miembros del Comité que se constituyó en Las Piedras para bregar por la construcción de un Hospital. De allí salió la idea de incluir la construcción de este Hospital en la Rendición de Cuentas y, después, sin embargo, no tuvo la iniciativa de precepto, porque la construcción del Hospital de Las Piedras fue incluido en la Cámara de Representantes. En el Mensaje del Poder Ejecutivo venía la construcción del Hospital de Canelones. Por consiguiente, señor Presidente, se trata de un problema de prioridades.

El Hospital de Canelones no admite ninguna reforma; ha agotado sus años de vida útil y los informes técnicas correspondientes, de médicos, arquitectos e ingenieros, aconsejan construir otro Hospital ya que éste no admite refacciones. Se trata de un Hospital que tiene dos cuerpos edificados; el primero es el más antiguo y tiene que ser demolido para construirse otro allí o en lugar cercano.

La ciudad de Las Piedras no tiene Hospital. Es una ciudad con muchos miles de habitantes y es centro de una zona de influencia muy importante. Canelones también lo es y abarca el departamento de San José y las poblaciones vecinas de la zona.

En la Comisión, señor Presidente, propuse lo que dice el texto, relacionado con Las Piedras, cuya atención para la construcción de un Hospital podría empezar perfectamente en el Ejercicio siguiente, mientras que el de Canelones al ser incluido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, define una prioridad y una política.

Entiendo, en consecuencia, que la asignación de fondos para la construcción del Hospital de Las Piedras -al margen del Poder Ejecutivo, sin su Mensaje, cuando ya están distribuidas las cantidades para las obras previstas- parece una incrustación extemporánea, que no se acomoda con la realidad del texto que estamos considerando.

De ningún modo me opongo a que, de ese artículo que se menciona, se excluya el Ejercicio presente, de modo que sea para los Ejercicios siguientes que se voten los fondos.

¿Es constitucional que el Senado pueda destinar fondos, cuando están asignados expresamente por el Mensaje del Poder Ejecutivo? Me parece que si bien no habrá disposición constitucional que establezca que eso es privativo del Poder Ejecutivo, no pienso que el Parlamento pueda interferir en los planes ya establecidos.

Propongo, señor Presidente -con respecto a lo que sugiere el señor senador García Costa- que el Ejercicio 1987 no sea incluido y sí el de 1988 y 1989.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: deseo colocar el asunto en los debidos términos.

Al Parlamento ha llegado un Plan de Obras Públicas que contiene una partida presupuestal destinada a la construcción del Hospital de Canelones, obra loable, necesaria, imprescindible y que confiamos se realice.

Dicha partida y, por consiguiente, dicha obra, ha sido aprobada por este Cuerpo y por la Cámara de Representantes anteriormente, en la medida en que aprobamos el plan de obras públicas que el artículo 51 de la presente ley consagra.

En segundo lugar, me parece que la diferencia conceptual -si es que la tenemos- con el señor senador Cigliuti es que no tiene nada que ver este tema con analizar las alternativas de construcción de un hospital aquí y otro allá. Olvidémonos pues de esa obra necesaria e imprescindible como es el Hospital de Canelones y que ha de realizarse. Aparte de ella, hay una disposición aprobada en la Cámara de Representantes que establece la necesidad de la construcción del Hospital de Las Piedras y es una norma concreta en torno a tal tema. A dicha obra también es posible de calificarla de necesaria, imprescindible, y debemos por tanto llevarla adelante. Nada tiene que ver con la otra, porque aquí no hay alternativas planteadas. Se necesitan dos hospitales que están en el mismo departamento; como también podrán precisarse dos carreteras en un mismo departamento.

¿Cuál es el tema que ahora planteamos en relación al Hospital de Las Piedras? ¿Qué es lo que venimos a corregir o a agregar del impulso que recibió en la Cámara de Representantes este tema? Fondos específicos para el Hospital de Las Piedras y que no estaban indicados y deben ser legislados.

El señor senador Cigliuti señalaba, en cuanto a este tema en particular, que podría presumiblemente haber algo de inconstitucionalidad en su inclusión. Naturalmente que no la hay. El Parlamento es absolutamente libre de alterar el Plan de Obras Públicas; sólo si considera que hay mayores gastos, deberá aportar mayores recursos. El texto que proponemos soluciona el tema modificando el destino de partidas y por lo tanto no se requieren aumentos de recursos.

Yo he buscado, señor Presidente, un arbitrio que es el establecido en el aditivo que ha sido repartido. ¿En qué consiste? El artículo 213 del proyecto, que ya votamos, establece un tope de gasto en materia del Plan de Inversión Obras Públicas que limita el Ejercicio de 1987 a N$ 18.773:000.000; en 1988, N$ 19.297:000.000; y en 1989, N$ 20.841:000.000. Naturalmente que son valores constantes a enero de 1987, de ahí la poca diferencia que existe entre uno y otro.

A esas cifras debe limitarse el total de ejecución de obras públicas en el país, en los años 1987, 1988 y 1989. Y se encomienda al Poder Ejecutivo determinar por decreto la distribución por programa y fuente de financiamiento, porque estas cantidades no son el reflejo cabal y total de todo el plan y se hace necesario la adecuación de lo aprobado al monto permitido.

¿Qué procuramos mediante el aditivo? Determinar que al procederse a esa distribución, debe incluirse necesariamente esos N$ 200:000.000 este año, N$ 200:000.000 el que viene y N$ 200:000.000 en 1989, para el Hospital de Las Piedras. Si se quiere una traducción rápida en monto -porque está medido a valores enero 1997- equivale a U$S 1:000.000 cada uno de los tres años, cifra que es altamente prudente y que incluso no va a alcanzar.

Evidentemente, confiemos que con ese costo se pueda construir el Hospital de la segunda ciudad del Uruguay, con aproximadamente 50.000 habitantes directos y alrededor de 80.000 en el entorno. Podemos comenzar con ese monto, seriamente, a construirlo.

Este aditivo implica que cuando el Poder Ejecutivo -concretamente el Ministerio de Transporte y Obras Pública, que es a quien corresponde- comience a calificar, a recortar, a atrasar plazos, en la búsqueda de llevar toda la obra autorizada esa cantidad de N$ 18.773:000.000 tendrá que destinar para el Hospital "Las Piedras" nuevos pesos 200:000.000. Esta no es una cifra que sacrifique el Plan de Obras Públicas, ni nada parecido. Con pequeños recortes, con pequeñas postergaciones de obras se puede hacer. Serán todas obras públicas necesarias pero, evidentemente, ninguna responde a la desesperada necesidad de este hospital. Empezaremos esta obra quizás el mismo día que comencemos el Hospital de Canelones porque nada tiene que ver una obra con la otra. Lo que no es entendible es cómo, en función de qué -existe un gasto previsto para construir el Hospital de Canelones- lo traigamos a colación con relación al que se procura crear para destino similar en Las Piedras. Ambas cosas no tienen otro punto en común, excepto que son obras que pertenecen al mismo departamento y que se trata de hospitales. Pero con ese criterio, no podríamos construir dos liceos en Montevideo o dos escuelas en Canelones porque cada departamento debe tener estas obras de a una en los planes. Y no es así, obviamente sino que se procede en función de las necesidades.

Este aditivo pues recoge lo que viene de la Cámara de Representantes y le da financiación. La falta de esta quizás fue el error -si es que fue un error- de la otra Cámara, que proclamaba una voluntad concreta pero no indicaba rubro. El arbitrio que hemos usado es, si se quiere, ingenioso, pero eficaz. De N$ 18.773:000.000 del monto total de obra pública par 1987 se detraerán nuevos pesos 200:000.000 para comenzar a construir este año el Hospital de Las Piedras; el año que viene del monto correspondiente otros 200:000.000 a valores constantes de enero de 1987; y el tercer año, la misma cantidad sobre el rubro referido. Después de comenzado, seguramente, se podrá revisar si esta cantidad debe ser acrecentada. Como es usual otras obras públicas así lo van a requerir, y ésta también puede hacerlo, lo que se determinará en las revisiones del Plan de Obras Públicas.

Termino mis palabras declarando que nunca creí -lo digo con toda seriedad y formalidad- que la ciudad de Las Piedras no tenía hospital. Siempre pensé que la necesidad de la creación de esta obra se refería a la reforma o a la ampliación de un hospital; pero enterarme como me enteré hace pocas semanas de que en esa zona no hay hospital, confieso que me dejó asombrado. Basta conocer lo que es el Uruguay, para saber que Las Piedras necesita un hospital desesperadamente, igual que otras poblaciones; pero ésta, en particular, por ser la segunda población del país y por tener una inmensa zona de influencia altamente poblada, ya que todos conocemos los barrios y las chacras que la rodean.

Ese es el motivo del aditivo que proponemos que, repito, no es alternativa frente a ninguna otra obra. Es solamente, y es mucho para la construcción de un hospital en Las Piedras.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Nosotros también vamos a votar este artículo que estimamos absolutamente justificado.

Hay que tener en cuenta las características de toda la zona. No solamente Las Piedras es una población sumamente importante por el número de sus habitantes, sino que existen otras; tampoco es la segunda, sino la cuarta, ya que la segunda es Salto, la tercera Paysandú y la cuarta Las Piedras, de acuerdo con los censos oficiales. Se toma el total de la población y no solamente la división por secciones. Las Piedras está toda incluida en una sola seccional, mientras que Salto está repartida en tres y Paysandú en dos; por eso aparece en los censos con un total mayor.

A pesar de ello, Las Piedras es una ciudad excepcionalmente importante y cubre una vasta zona considerablemente poblada que en este momento, desde el punto de vista de construir un hospital, representa, sin duda posible, la primera prioridad.

Nosotros vamos a dar nuestro apoyo decidido a la proposición formulada.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Las últimas palabras pronunciadas por el señor senador Rodríguez Camusso hubiera preferido no oírlas. El dijo "la primera prioridad", pero yo no señalo prioridades en este asunto ya que soy tan partidario de un hospital como del otro. Y eso lo he conversado con habitantes de Las Piedras en alguna oportunidad.

Lo que yo digo es otra cosa; es que el Poder Ejecutivo envía un proyecto en el cual está incluido el Hospital de Canelones y el Parlamento aprueba otro en el cual está incluido el Hospital de Las Piedras.

Partidario como soy de la construcción de los dos hospitales, creo que debe privar en este caso el Mensaje del Poder Ejecutivo, porque los dos son necesarios, indispensables y urgentes.

En este caso, considero que no deben votarse los fondos previstos para el presente Ejercicio, pero sí para el siguiente. Esto no desdeña a Las Piedras, no la derrota ni aleja el momento de la construcción del mencionado hospital.

Lo único que hace es poner las cosas en su sitio. Es imposible que se pueda pensar que me oponga a la construcción de un hospital en la ciudad de Las Piedras. Estando en el Mensaje del Poder Ejecutivo todo previsto para la construcción del hospital de Canelones, temo, con justificada razón, que lo que se agrega en el Parlamento pueda transformar la situación y hacerla no aceptable. Uno, ya se encuentra en el Mensaje del Poder Ejecutivo y ya fue votado y el otro, que es el que propongo, que se prevea para el año próximo.

Así se votó y también se votará en su oportunidad porque se encuentra más adelante en el articulado.

En cuanto a las cantidades, y para ser congruente con mi pensamiento, entiendo que deben establecerse las correspondientes al Ejercicio 1988 para el Hospital de Las Piedras.

Por los motivos expresados solicito que se vote separadamente la propuesta del señor senador García Costa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: deseo ratificar que cuanto tiene que ver con la salud es absolutamente prioritario. El hecho de que tenga esta característica exime de todo otro comentario. Que dentro de esas prioridades consideremos a Las Piedras, justificando completamente la moción propuesta, no excluye en modo alguno el hecho de que todo lo vinculado con la salud tenga carácter de prioridad en nuestro concepto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para este aditivo hay dos fórmulas. Una de ellas es la propuesta por el señor senador García Costa. Si ésta no fuera aprobada existe otra del señor senador Cigliuti, por la cual habría que borrar el año 1987, quedando 1988 y 1989.

Se va a votar el aditivo propuesto por el señor senador García Costa.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una moción de orden tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Hemos formulado consultas con los integrantes de todas las bancadas, al igual que también lo hicimos con la Mesa, conviniendo que es oportuno efectuar un cuarto intermedio de una hora en atención al prolongado e intenso trabajo que estamos desplegando y al hecho de que nos restan por considerar muchos artículos en la noche de hoy.

En consecuencia, formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio por una hora.

SEÑR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 22.

(Así se hace. Es la hora 20 y 59 minutos)

(Vueltos a Sala)

-Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 22 y 14 minutos)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: voy a solicitar la reconsideración del articulo 185, que fue votado en momentos en que yo no me encontraba en Sala.

Este artículo fue propuesto por el que habla durante el trámite en la Comisión; se votó primero negativamente y luego se le pidió la opinión al representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que había llevado las dos propuestas que el que habla había formulado, a los efectos de estudiarlas. El representante de la Cartera era en ese momento el doctor Delpiazzo, ya que el ministro estaba ausente del país y el señor subsecretario había sufrido un quebranto de salud.

Como decía, se le pidió opinión al señor representante del Ministerio, quien manifestó lo siguiente: "Señor Presidente: respecto de este artículo, debemos decir que el Ministerio comparte la filosofía que lo respalda, pero tiene observaciones en cuanto a su formulación. Con el fin de superar dichas observaciones, hemos traído una redacción sustitutiva que tiene por efecto limitar y especificar el supuesto alcance de esta partida de alimentación, que tiene que ver con la definición de la expresión ‘personal de campo’ que, en general, es el que cumple directamente las labores del campo y normalmente lo hace lejos del lugar en que reside. Nos referimos en particular al caso de los funcionarios afectados a la lucha contra la fiebre aftosa, que efectúan sus labores en las islas del Río Negro, a los empleados de la Dirección Forestal, que lo hacen en las islas del Río Uruguay y al personal de campo de las estaciones experimentales, que cumple labores similares a las de cualquier peón de establecimiento rural. En ese sentido, hemos preparado, junto con los servicios respectivos del Ministerio, una redacción que, de considerarse conveniente, haríamos llegar a la Mesa en sustitución de la propuesta por el señor senador Pereyra, pero que recoge la misma idea de atender a este tipo de personal de campo".

Con la redacción propuesta por el Ministerio, el artículo se votó favorablemente con un resultado de 8 en 9.

Por consiguiente, este artículo tiene opinión favorable del Poder Ejecutivo.

Por otra parte -según se me ha dicho- la objeción que se hizo fue que no tenía iniciativa del citado Poder. Pero debo decir que es con cargo a los proventos y, siendo así, no parece que sea de aplicación la disposición constitucional, por cuanto si la Administración puede gastar los proventos de la manera que estime más conveniente, sin permiso del Poder Legislativo, mucho más si éste le dice cómo utilizarlos, como en este caso.

En consecuencia, pienso que quizá los señores miembros de la Comisión no recordaron la opinión favorable existente con respecto a este artículo -y el resto del Senado la desconocía- y por eso lo votaron negativamente.

Solicito, entonces, que sea reconsiderado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 185.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 185.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: creo haber hecho las consideraciones del caso, por lo que no voy a agregar mucho más, para no dilatar la aprobación de este asunto.

Señalo simplemente que es absolutamente conveniente -según me lo han hecho saber técnicos y personal del Ministerio- que se voten estas partidas para que el funcionario que va a cumplir una tarea inspectiva no dependa, para su alimentación y demás, de la atención de aquél a quien precisamente va a fiscalizar. De manera que me parece indispensable que se vote esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 185.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el Inciso 11, "Ministerio de Educación y Cultura", que comprende los artículos 224 a 271 inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: sin perjuicio de la consideración de cuatro artículos aditivos que hemos hecho llegar a la Mesa, voy a solicitar que se desglose para la votación, el artículo 226, con respecto al cual vamos a sugerir una pequeña modificación.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a solicitar que se separen para su consideración los artículos 240 a 242 que refieren a modificaciones del Código Penal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, artículos 224 a 271, inclusive con excepción de los artículos 226, 240, 241 y 242.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con respecto a este Inciso, con carácter general y en términos absolutamente sintéticos, una vez más, en atención a las características especiales en que nos vemos obligados a considerar este tema, queremos dejar expresa constancia de las circunstancias singulares que tienen que ver con la situación presupuestal del Ministerio de Educación y Cultura. Se da en él la característica peculiar de que se encuentra visiblemente postergado en la consideración de sus exigencias con relación a otras Secretarías de Estado. Es visible que distintas dependencias comprendidas en el Ministerio de Educación y Cultura no consiguen del Poder Ejecutivo un respaldo o un apoyo siquiera aproximado al que obtienen otras.

En diferentes condiciones podríamos establecer un paralelo no ya entre el Ministerio de Defensa Nacional sino, por ejemplo, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Educación y Cultura para mostrar la condición de reiterada y generalizada postergación a que este Ministerio es sometido. Tan es así, que permanentemente se da la circunstancia que han podido presenciar todos los miembros de la Comisión, incluidos, naturalmente, los señores senadores del Partido Colorado, que una y otra vez, los titulares del Ministerio de Educación y Cultura, la señorita ministro y el señor subsecretario, reconocen reiteradamente la justicia de los planteamientos que efectuamos. Y han admitido más de una vez el hecho de haber coincidido con postulaciones de sectores de funcionarios que luego no fueron recogidas en las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo.

Pensamos que al considerar el Inciso 11, es menester hacer notar que muchos de los servicios en él comprendidos, como Educación Física, Consejo del Niño -y éste en términos particularmente dramáticos- Imprenta Nacional, Diario Oficial, Correo y Biblioteca Nacional, entre otros, se encuentran entre los sectores peor atendidos en cuanto a los recursos de que disponen y a las retribuciones promediales de sus funcionarios. Bastaría establecer un paralelo entre lo que se destina a la Intendencia Municipal de Montevideo, al llamado Departamento de Cultura y lo que fija el Poder Ejecutivo a este Ministerio, que debiera ser una de sus primeras preocupaciones, para comprender que ésta es una materia que le motiva un escaso interés. Subrayo que no me refiero a concepciones que reflejen políticas diversas de las que el gobierno sustenta, sino que dentro del marco general que incluye al conjunto de la Administración Central, el Ministerio de Educación y Cultura registra prácticamente el último lugar.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El Ministerio de Educación y Cultura es muy complejo y amplio y atiende muchos servicios. Esto no quiere decir que el Poder Ejecutivo no lo haga. En la medida que el ministro quiere, ningún Ministerio es atendido. Es indudable que cuando un ministro sale de su Ministerio con la carpeta bajo el brazo y el proyecto de Presupuesto correspondiente, y se reúne con los demás colegas y con los miembros del Poder Ejecutivo, luego, todos se van desencantados, porque no consiguieron lo que cada uno reclamaba. Eso es más evidente en el Ministerio de Educación y Cultura. Primero, porque son muchos servicios; segundo, porque cada uno de ellos es un centro legítimo de presión que multiplica la vastedad del Ministerio y la aumenta grandemente. Además, la identificación que tiene con sus servicios la titular de este Ministerio, la lleva repetidamente a manifestar que ha ido con sus proyectos y que no ha tenido la suerte de conseguir la satisfacción plena de sus reclamos.

No creo que pueda pensarse que una parte del Poder Ejecutivo persiga a otra. Todos los miembros de este Poder tienen la misma jerarquía y es imposible sostener que porque un ministro no obtiene, en el Mensaje que va a llegar al Parlamento, todas sus reivindicaciones, o por la circunstancia de que alguno de estos servicios podría tener un tratamiento mejor debe llamársele perseguido. Puede ser así, o por el hecho de que hay algunas situaciones que se arrastran desde Ejercicios anteriores y que no han podido ser resueltas.

Expreso asimismo, mi solidaridad con los profesores de Educación Física porque tenían un tratamiento presupuestal que ahora no tienen. Han conseguido algunas mejoras pero no todas aquellas a las que creo podían aspirar.

No se puede dar a todos por igual y, naturalmente, unos reciben más que otros. Todos están autorizados a considerar que su planteo es prioritario o el que mejor debe ser atendido.

No deseaba dejar sin contestar las palabras del señor senador Rodríguez Camusso, porque, verdaderamente, no me parece que ése sea el extremo ni que haya un Ministerio peor tratado que otros. Y mucho menos puede quedar la sospecha, por más lejana que sea, de un mal tratamiento deliberado.

Simplemente, se trata de esa situación particular, que más que otros, ha sufrido el Ministerio de Educación y Cultura -soy el primero en reconocerlo- y que en la Comisión se reflejó porque sus servicios son importantes y todos necesitan un tratamiento preferencial. Eso es cierto. No es el Gobierno actual, sino el que estaba antes el que trató mal a este Ministerio. Y cuesta mucho trabajo recuperarlo y ponerlo a la altura en que estaba antes de que se produjera el golpe de Estado. No hay fórmulas mágicas ni milagros. En la Administración no hay más remedio que ir por etapas, muchas de las cuales son lentas y penosas.

Coincido en que el tratamiento que se le pueda dar al Ministerio de Educación y Cultura nunca será suficiente para satisfacer sus necesidades y de acuerdo a la importancia que tiene en la actividad normal de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos correspondientes al Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, con excepción de los artículos 226, 240 a 242.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 226.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración, el artículo 240.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Con referencia a los artículos 240 a 242, no voy a abundar en consideraciones, porque serían reiterativas de otras manifestaciones que he hecho anteriormente con respecto a la violación del artículo 216 de la Constitución.

Estas disposiciones refieren a ciertas reformas del Código Penal, cuyos fundamentos comparto; pero, a pesar de esto, digo que la reforma del Código Penal hay que hacerla en otra ley. Más adelante hay reformas al Código de Minería que hay que efectuarlas, también, mediante otra ley.

No voy a decir por qué estas disposiciones son violatorias del artículo 216 de la Constitución, porque creo que a esta altura, hasta el colega más profano en la materia constitucional, ya sabe de qué se trata. Lo que sí expreso, es que no hay un caso más flagrante en todo el articulado, de normas que no tengan nada que ver con el Presupuesto, con la asignación de recursos del Estado, con las inversiones y con las retribuciones de los funcionarios. Esto es aprovechar simplemente que hay una ley que va a salir, para incluir adentro una determinada disposición que nada tiene que ver con la propia ley.

Ya he dicho hasta el cansancio que esto no es serio, que complica la consideración de este tipo de leyes y que todos sabemos que es groseramente inconstitucional. Pero como se han aprobado otras disposiciones que padecen del mismo vicio, a esta altura del debate no tengo mayores esperanzas de que mi prédica tenga eco. Sin embargo, me siento en la obligación de decir que si esto se vota se van a violar, a conciencia, los preceptos del artículo 216 de la Constitución.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclarar que en la página 87, donde figura el texto del artículo 240, hay una omisión. Donde dice: "el artículo 298, 20 UR (veinte unidades reajustables) de multa", debe decir: "en el artículo 298, 20 UR (veinte unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables) de multa". La omisión se debió a un error de mecanografía.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 240 a 242; el 240 con la corrección mencionada.

(Se vota:)

-22 en 26. Afirmativa.

Léanse dos aditivos presentados por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano.

(Se leen:)

"ARTICULO. - A partir del 1º de enero de 1988 los cargos docentes del Consejo del Niño en ningún caso percibirán retribuciones inferiores a las correspondientes a cargos similares en Escalafón y Grado de la Administración Nacional de Educación Pública.

ARTICULO. - Los funcionarios de la Dirección Nacional de Correos afectados a tareas de distribución de correspondencia, percibirán un complemento en su remuneración mensual, equivalente al 30% (treinta por ciento) de su sueldo básico mientras desempeñen dicha tarea en forma efectiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, la que tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley."

-En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: las dos disposiciones puestas a consideración por la Mesa se relacionan con dos temas que obviamente son de corte presupuestal y proceden del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

El texto de la primera de ellas figuraba como inciso tercero del artículo 268. Pero el mencionado artículo tenía otro párrafo que decía: "En oportunidad de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1987, se deberá incluir las partidas requeridas para el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso anterior". Esto que acabo de leer no se recoge en la propuesta que el Cuerpo tiene a consideración, pero para el que habla hace una sustancial diferencia.

La disposición que se ha puesto en consideración en primer término constituye una evidente inconstitucionalidad, en la medida en que marca un aumento en las remuneraciones, sin fundamento alguno. A mi juicio, en cambio -admito que el tema puede ser controvertible- si se dijera, como en el artículo 268 del proyecto de la Cámara de Representantes, que en oportunidad de la Ley de Rendición de Cuentas deberán incluirse las partidas para tales efectos, el alcance sería otro.

Al respecto, señor Presidente, alguien podrá decir -y en algún momento se expresó- que esto transforma la disposición en una mera expresión declarativa, porque el legislador, de acuerdo con esa interpretación, expresara sinceramente: "Deben elevarse los sueldos pero reconozco que eso sólo será posible cuando se alleguen los recursos". Pero entre esa objeción -que comprendo y que a mi juicio es de tono menor- y la inclusión de los dos incisos, -el propuesto más el que figura en cuarto lugar en el artículo 268 del proyecto de la Cámara de Representantes- se logra, por lo menos, que el Parlamento abra un camino justo, cosa que de otra manera no puede hacer. Decir simplemente que "las remuneraciones del personal docente y no docente de Educación Física se equipararán con las del personal", etcétera, no tiene otro valor que una expresión de deseo; pero si lo vinculamos a una presunta -acepto lo que significa la palabra- obligación, o deseo de que en la próxima Rendición de Cuentas esa equiparación se cubra desde el punto de vista presupuestal, se abre una senda en la búsqueda de un margen de justicia para estos funcionarios públicos. Además, lo que se intenta lograr ahora, siempre lo han tenido, con justicia, pero en algún período lo perdieron.

Por consiguiente, me parece que podría obtenerse una votación favorable -y de esa forma estoy dispuesto a acompañarlo- siempre que la disposición contenga los textos de los incisos tercero y cuarto del artículo 268 del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

En oportunidad del análisis en Comisión, así como en la Subcomisión de desglose en la cual trabajé junto con los señores senadores Rodríguez Camusso y Cigliuti, nos encontramos ante presuntas situaciones de inconstitucionalidad porque se otorgaba a los funcionarios mayores sueldos que los que venían propuestos en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, violándose, así, lo que dispone el artículo 86 de la Constitución. En algunos casos todos convinimos en que dicha violación existía y, por lo tanto, rechazamos artículos que venían en el proyecto de la otra rama del Parlamento o que habían sido propuestos por algún integrante de la Comisión. Para otros casos, dudosos, se encontraron fórmulas útiles que permitan superar los cuestionamientos para unos, para otros no. Recuerdo que la solución que hace unos instantes mencioné, no fue compartida por el señor senador Cigliuti, y en lo que me es personal tengo dudas de que sea impecable. Sin embargo, llena un requisito y en alguna medida respeta la Constitución.

Ahora, con respecto a la segunda disposición, que dice, fríamente, que los funcionarios afectados a tareas de distribución de correspondencia percibirán un complemento en su remuneración mensual equivalente al 30% de su sueldo básico, ¿qué podemos alegar? Entre las disposiciones que se vinculan al tema de la inconstitucionalidad resultante de elevar sueldos por encima de los propuestos por el Poder Ejecutivo, atendiendo al artículo 86 de la Constitución, ninguna como la que se propone es de tal nitidez que es, prácticamente, imposible de defender. Me he devanado los sesos -porque hace días que este asunto anda en trámite- en busca del fundamento que permita levantar lisa y llanamente el sueldo de estos funcionarios. La disposición otorga lisa y llanamente un 30% de aumento en los sueldos, sin propuesta alguna del Poder Ejecutivo, o mediante un arbitrio menos directo y claro.

Si alguien tiene el fundamento -supongo que los proponentes deben tenerlo, porque, si no, no la habrían elevado a la Mesa- sería de interés que nos lo hicieran saber. Y sin que medie ironía de mi parte, señalo que en ese caso se abriría un vasto camino para solucionar muchas situaciones de injusticia. Si es posible aprobar esta disposición, entonces, también se puede hacer lo propio con cualesquiera otras elevando sueldos de cualquier categoría de funcionarios públicos sin la correspondiente iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre tantas similares no encuentro otra disposición que sea tan útil de interpretar como la que nos ocupa.

En consecuencia, agradecería se me dijera cuál es el camino conceptual que permita resolver este problema.

Desde luego que no nos corresponde interpelar a los colegas sobre el por qué de sus actitudes; sin embargo nos serviría a todos, puesto que, probablemente, podríamos hacer justicia no sólo en una situación como ésta que lo requiere, sino en muchas otras que también la están necesitando y que, lamentablemente, creíamos no poder hacerlo.

Era lo que tenía que decir con respecto a los dos artículos propuestos.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Lo primero que deseo establecer es una rectificación porque, en rigor, teníamos entendido que, a nuestro pedido, había sido retirado de la Mesa uno de los artículos enviados. No sé si existió un olvido, pero con respecto al artículo 268, que pasa a ser 262, debemos decir que nosotros habíamos retirado la propuesta de modificación y que lo aceptamos con los dos párrafos que actualmente tiene.

Nosotros lo hemos votado así y nuestra proposición incluye...

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Cuál es el aditivo que se retira?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - El que tiene que ver con el personal de la Comisión Nacional de Educación Física.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese no está; se han leído dos disposiciones: una con referencia al Consejo del Niño y otra a la Dirección Nacional de Correos.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - La primera es la que figuraba con el número 259 en el proyecto de la Cámara de Representantes.

Hemos propuesto artículos aditivos sobre la base de la numeración de ese proyecto. Me refiero a los que allá tenían los números 228, sobre Imprenta Nacional, 259, sobre Consejo del Niño, 234, relativo al SODRE y 263 que tiene que ver con la Dirección Nacional de Correos.

Para todos estos artículos es válida la consideración que hiciéramos al comienzo de esta sesión con referencia a la situación de los funcionarios de la Dirección de Estadística y Censos.

Admitimos la procedencia de todas las dudas y reservas que han sido planteadas en materia de reforma constitucional; pero lo que no creemos es que la Constitución sea un acordeón que pueda estirarse o acortarse según sea el tipo de disposiciones; o se cumple en todos los casos, en aquellos que admitan la posibilidad de discusión, o en ninguno.

A este respecto, no he escuchado respuestas válidas acerca de la inconstitucionalidad que se ha formulado, por ejemplo, en cuanto a la modificación al Código Penal.

Por otra parte, quiero significar dos cosas, sin ánimo de extender la polémica por mi parte en estos instantes. Aclaro que las mociones presentadas en este caso, responden a una resolución de la bancada de que formo parte. Asimismo, que los planteos que han sido hechos en relación a las explicaciones de los puntos de vista de los distintos legisladores, me crean una limitación, porque no me siento habilitado a inmiscuirme en las diferencias internas de criterio de las organizaciones políticas que no integro.

Como se sabe bien, la Cámara de Representantes está formada por 99 diputados y de ellos sólo 21 corresponden al Frente Amplio; es decir que, en ningún caso, se dio la situación de que el Frente Amplio, por sí solo, determinara una mayoría. Tampoco se dio la situación de que nuestra coalición fuera factor decisivo o preponderante para la obtención de mayorías.

Por lo tanto, consideraciones polémicas que se formulan con respecto al contenido de carácter constitucional, las dejo para el panorama interno de otras organizaciones políticas de las que no formo parte.

En lo que respecta a la nuestra, con acierto o sin él, el conjunto de la bancada ha dispuesto aquello de que damos cuenta.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Deseo dejar una constancia.

Como dije en su oportunidad, no voy a esgrimir el derecho -porque no lo tengo- para interpelar y preguntar razones.

Nuestro sector no está de acuerdo con algunas propuestas formuladas por varios de nuestros legisladores en la Cámara de Representantes porque consideramos que se equivocaron. Lo hemos conversado con ellos quienes nos han dado sus razones, pero no nos han convencido. Es decir: nosotros no forzamos la Constitución por disposición de bancada.

Utilizando las expresiones del señor senador Rodríguez Camusso, digo que cada partido se conduce como entiende. El nuestro no obliga a sus legisladores por una decisión de bancada cuando estiman que violentan el texto constitucional. Al contrario, conversamos sobre el tema y cada uno -no vamos a declararlo asunto político- vota de acuerdo a su criterio.

Por esas razones hemos señalado nuestro punto de vista acerca del tema, lamentando que sea diferente la manera de conducirse de otros legisladores; pero, cada uno, como expresó el señor senador Rodríguez Camusso, tiene su fórmula sobre el asunto. La nuestra es esa.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Simplemente, señor Presidente, como hubo una clara alusión política en las expresiones del señor senador Rodríguez Camusso quiero -además de solidarizarme totalmente con las expresiones del señor senador García Costa- señalar que nuestro sistema político es bicameral. Si bastara con la resolución de los legisladores de un partido para que, automáticamente, los que pertenecen a la otra Cámara votaran de la misma manera, habría una sola aprobación en cada proyecto de ley.

Además -a los efectos de aclarar un poco las cosas porque, quizás, a esta altura de la noche estamos un poco mareados- digo que no hay ningún lema representado en el Senado de la República que haya votado en idéntica forma que en la Cámara de Representantes.

Era lo que quería expresar, señor Presidente.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Reiteradamente se ha hecho la referencia a una violación constitucional que, aparentemente, se estaría impulsando desde el Frente Amplio.

Deseo dejar dos constancias. En primer término, que no tengo experiencia en lo que son los trámites parlamentarios de leyes presupuestales o de Rendiciones de Cuentas y, en segundo lugar, que tampoco poseo un conocimiento profundo acerca de la Constitución.

Pese a ello, entiendo que nadie podría controvertir en este recinto el hecho de que tanto en las Rendiciones de Cuentas como en los Presupuestos ha sido usual, no digo violar -después vamos a ver por qué- pero sí bordear permanentemente la Constitución.

Esto se hace mucho más claro y más necesario, quizás, cuando se trata de Rendiciones de Cuentas para las cuales no existen mensajes complementarios. Entonces, históricamente, nos podemos encontrar con errores flagrantes, omisiones indeseadas, en fin, con todo lo que puede constituir un error no querido y que tiene una única forma de ser validado, que es reconocer la existencia de ese error, esa omisión o esa injusticia flagrante logrando, por qué no, acuerdos que permitan apoyar determinada iniciativa con el fin de seguir el camino normal, constitucional.

En caso de no objetarse esa acción política, creo que no se puede hablar, estrictamente, de un deseo de violar la Constitución.

Lo que ocurrió en la Cámara de Representantes -diría que en el 90% de los casos que conozco- fue que a su Comisión vinieron representantes del Poder Ejecutivo a defender determinadas posiciones y, de alguna manera, quedó entendido que habían existido omisiones o errores en el Mensaje enviado por aquel Poder. En el ánimo de subsanarlos, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado en más de una instancia, votaron ciertos artículos con mayorías muy claras que no pueden achacarse al Frente Amplio ni tampoco al Partido Nacional y Frente Amplio.

Lo que en ese sentido estamos haciendo es ratificar que, a nuestro juicio, determinadas omisiones en el Mensaje del Poder Ejecutivo fueron sólo eso, es decir, omisiones, errores y que no se quiso deliberadamente suprimir -como es el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Correos- ciertas fórmulas de transacción para el levantamiento de un conflicto. Sin embargo, las hay en otros lados -y no es, precisamente, el caso de esta Dirección- donde el Poder Ejecutivo se comprometió públicamente a solucionarlos. Y esto salió en la prensa. Se trata de conflictos que se arreglaron con determinadas fórmulas.

A nuestro juicio reitero, esto no aparece en el Mensaje por un problema de error o de omisión. Por eso es que no hemos cambiado nuestro sentido de votación en la Cámara de Representantes y estamos dispuestos a mantenerlo en esta instancia.

De resultar en definitiva que esto no es un error y que la intención política del Poder Ejecutivo o del Partido de Gobierno es la que trasunta el Mensaje, en ese caso es claro que nuestra proposición, de sostener ese criterio, será derrotada ya sea en la votación que tendrá lugar en el Senado o en la instancia de veto del Poder Ejecutivo.

A la vez, quiero resaltar algo que me causa un poco de gracia y es que en cada oportunidad en que aparece una reivindicación laboral, o algo similar, se esté apelando permanentemente al argumento de la inconstitucionalidad.

SEÑOR BATLLE. - ¿Y a qué otro argumento se va a apelar? ¿Al de que no hay dinero?

SEÑOR OLAZABAL. - Alguien dijo hoy -y creo que con absoluta razón- que si quisiéramos hacer una lista de las inconstitucionalidades que están contenidas en este proyecto que está tratando el Senado, seguramente estaríamos toda la noche ocupados en ello. No obstante, voy a mencionar algunas: modificación de la Carta Orgánica de Entes Autónomos y del Código Penal. Es más: sobre mi mesa de trabajo tengo un Mensaje complementario del Poder Ejecutivo. Sobre el punto, la Constitución prevé muy claramente que en la Rendición de Cuentas no hay Mensaje complementario. Si bien en este caso no dice "Mensaje complementario", sino sólo "Mensaje", tengo entendido que el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Constitución, aun en las oportunidades de tratamientos de Presupuestos y no de Rendiciones de Cuentas, puede enviar Mensajes complementarios durante los primeros 20 días de la consideración del Presupuesto en la primera de las Cámaras; ni que hablar de las Rendiciones de Cuentas. Sin embargo, tenemos un Mensaje del Poder Ejecutivo que no sé si hay que interpretarlo estrictamente como aquel que prevé la Constitución o como un reconocimiento a un problema de hecho y que la maneara de salir de determinados planteos o situaciones políticas es mediante ese instrumento, que no nos corresponde calificar. De lo que sí no tenemos dudas es de que tiene muy poco que ver con la Constitución.

Si continúo con los ejemplos, me puedo encontrar con que hay reformas al régimen jubilatorio -tema sobre el que luego podremos hablar- sin iniciativa del Poder Ejecutivo, por las que se originan gastos. Por otro lado, estoy seguro que en esas reformas el Frente Amplio no tuvo nada que ver.

Por último, señor Presidente, quisiera destacar el hecho de que soy consciente de la forma en que está trabajando el Senado y, por ese motivo, no quiero distraer su tiempo. En ese sentido, en lo que fue la sesión de ayer y en lo que va de la de hoy he tratado de mantener una actitud de hablar lo menos posible. Sin embargo, creo que llegó el momento de dejar en claro que la constitucionalidad no puede estar flechada en uno u otro sentido; que trabajamos sobre la base de elementos sumamente pragmáticos y con la finalidad de superar problemas y escollos; y que si estamos estrictamente a la letra de la Constitución y fuera de los acuerdos políticos que se puedan hacer, la mitad de esta Rendición de Cuentas hay que devolverla al Poder Ejecutivo porque no puede ser aprobada.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea dejar constancia de que el proyecto de ley recibido el día 10 de setiembre, con el Mensaje correspondiente, es absolutamente autónomo. Como tal, reitero, fue recibido y luego cursado a la Comisión de Hacienda. Esta consideró, a su vez, que la oportunidad de estudiar la Rendición de Cuentas era propicia para intercalar alguna de estas disposiciones. Pero no puede razonablemente hablarse de Mensaje complementario del Poder Ejecutivo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Quisiera hacer, simplemente, una aclaración.

Cuando se dio entrada al Mensaje del Poder Ejecutivo, hice mención para que se tratara como urgente y se considerara de inmediato junto con este proyecto de Rendición de Cuentas, criterio que el Cuerpo votó por unanimidad.

Pido excusas a la Mesa por modificar un poco el curso del debate, pero es con la intención de aclarar procedimientos.

En cuanto a la apreciación que estaba haciendo el señor senador, la diferencia que existe es que en el tema de la constitucionalidad plena o inconstitucionalidad relativa de algunas disposiciones que estamos discutiendo, hay un margen bastante grande de opinión. Por eso es que quienes plantearon este tema -lo que tuvo lugar en Comisión- aceptaron el punto de vista señalado por el señor senador Ortiz, en el sentido de que la Comisión correspondiente, o acaso una especial, dictaminara para el futuro sobre estas cosas, aunque algunas de ellas parecen más claras que otras. Mientras ello no ocurra, estamos un poco, no digo al vaivén de las circunstancias, pero sí a lo que ha sido una norma que se pretendió corregir y que, sin embargo, en esta Rendición de Cuentas no se ha hecho. Tal como dije en mi exposición inicial, acá se suman dos factores: uno, es que la Rendición de Cuentas del año pasado no se sancionó, por lo que se han incorporado así una cantidad de artículos muy importantes que son el arrastre de esa circunstancia; y otro, que la proliferación de iniciativas en la Cámara de Representantes incluye la mayor parte de estas normas que generan gastos sin recursos. Ahí sí no puede caber duda en cuanto a que no procede por parte de este Cuerpo votar gastos sin el Mensaje correspondiente del Poder Ejecutivo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Lo que voy a decir es muy simple y no va a insumir mucho tiempo del que dispone el Senado.

Como aquí se está hablando de inconstitucionalidades y de otros aspectos conexos, debo decir que hace unos momentos, cuando se trató el problema de la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura -estoy de acuerdo con la instalación de este organismo, con sus cometidos y con una serie de puntos sobre los que, incluso, conversamos con el señor senador Zumarán- tenía algunas observaciones que formular, por lo que pedí se me concediera la oportunidad de señalarlas, lo que no pude hacerlo dado que se votó negativamente la reconsideración que solicité. En consecuencia, no pude exponer las objeciones y modificaciones que motivaron mi moción de reconsideración. Aprovecho ahora para expresar una de ellas, indicando que en el conjunto de normas hay un artículo que es inconstitucional. Se crea un impuesto de 1,50 por litro de vino, al que se le llama tasa.

Se dice que la alícuota del impuesto se ajustará en función de las variaciones que se produzcan el valor medio del vino nacional será determinado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este es un organismo que se crea, una persona jurídica de Derecho Público no estatal; se le delega la facultad de determinar cuál es el aumento del precio del vino y en esa forma la potestad de establecer el aumento de la alícuota del impuesto que estamos creando.

Termino, señor Presidente, reiterando que esto es una evidente inconstitucionalidad porque a lo sumo, y estirando mucho la interpretación, el Poder Legislativo podría decidir delegar en el Poder Ejecutivo la función de establecer, por medio de esos elementos de acotamiento, el aumento de la alícuota del tributo. En este caso lo que se consagra es una flagrante inconstitucionalidad, por cuanto es una delegación de competencia no autorizada por la Constitución. Además, señor Presidente, que esta es una de las tantas inconstitucionalidades que aprueban quienes están prestos a criticar normas como la que se considera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo referente al Consejo del Niño.

(Se vota:)

-5 en 29. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo referente a los funcionarios de la Dirección Nacional de Correos.

(Se vota:)

-5 en 29. Negativa.

Corresponde pasar a considerar el Inciso 12, Ministerio de Salud Pública, que comprende los artículos 272 a 311, inclusive.

SEÑOR TORUNE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Antes de entrar a la consideración de este Inciso, por ser un asunto breve, voy a solicitar que se reconsidere el artículo 143, referente a la eliminación de los límites de edad establecidos por el Decreto-Ley Nº 14.206 para los funcionarios reincorporados, en virtud de la Ley Nº 15.783, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 143, del Inciso correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 143.

SEÑOR TOURNE. - Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Me reservo el derecho de pedir nuevamente la reconsideración cuando crea que el resultado de la votación será diferente.

SEÑOR AGUIRRE. - Ese derecho lo tiene, aunque no se lo reserve, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Está en consideración el Inciso 12, Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En este Inciso, señor Presidente, voy a solicitar que se desglosen, a efectos de su consideración por separado, los artículos 283, 286, y un grupo que se refiere a un tema común, que son los que van del número 294 al 310. Estos últimos pueden ser tratados en conjunto, desde nuestro punto de vista, pero separados del resto del Inciso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los artículos del Inciso, a excepción de los que el señor senador ha solicitado que se desglosen.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el articulo 283.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En Comisión ya examinamos intensamente este artículo por lo que, muy sucintamente, queremos dejar constancia de que no vamos a darle nuestro voto afirmativo porque entendemos que expresa un sistema inconveniente. Se trata de técnicos, titulares de cargos obtenidos por concurso o interinos, que acceden a los cargos de Dirección interinamente y que mantienen en suspenso, hasta por cinco años, su cargo anterior. Es decir, un interino que mantiene la titularidad del cargo que no está desempeñando, hasta por cinco años.

Por razones que ya explicitamos largamente en la Comisión, entendemos que esta es una norma inconveniente desde el punto de vista de la organización interna del Ministerio y, en consecuencia, no le vamos a dar nuestro voto.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Quisiera saber si la Mesa tiene un aditivo al artículo 311, que fue presentado en el día de ayer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 283.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 286.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Respecto a este artículo, que también examinamos detenidamente en el seno de la Comisión, hemos establecido un criterio opuesto por la siguiente razón: las designaciones interinas son hechas, naturalmente, en forma directa. El señor Ministro de Salud Pública designa interinamente al profesional o técnico que desee, a lo que tiene derecho.

Lo que corresponde, lógicamente, es que se llame a concurso, y una vez cumplidos todos los extremos que la ley prevé, que el cargo sea provisto en titularidad y termine el interinato. Pero, ¿qué ocurre con lo que establece este artículo 296? Que aquel técnico que es favorecido por el titular con una designación de ese carácter, se ve considerablemente beneficiado en cuanto a su posibilidad de acceder posteriormente a titular, como consecuencia del puntaje que resulta de su desempeño como interino.

De manera que entendemos que está bien que el señor ministro de Salud Pública, cuando necesita un tiempo determinado para llamar a concurso, que éste se cumpla y se realicen todos los trámites necesarios, no deje el cargo sin proveer en ese ínterin; pero, naturalmente, la elección que él hace, por razones absolutamente subjetivas, que no está determinada por ningún elemento objetivo, sino por su voluntad, no puede, a nuestro juicio, influir y en grado preponderante, en el resultado del concurso posterior.

Quiere decir que no estamos de acuerdo con que se adjudique un puntaje con tal alto nivel, a efectos del concurso, al técnico que ha sido designado de modo directo, para el desempeño de un interinato.

Por estas razones, señor Presidente, no vamos a votar el artículo 286.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En oportunidad de discutirse en Comisión este artículo, el señor Ministro explicó extensamente por qué se establecía esto, por un breve lapso -sólo dos años- y luego volvía a tener vigencia el sistema que regía desde el año 39, sistema que expresó compartir por entero.

El señor Ministro nos dijo que en virtud de circunstancias ocurridas en los últimos años, se ha hecho necesario cambiar la norma por este breve período, aunque él acepta como válida la que siempre ha existido y que, si la memoria no me engaña, como el Ministerio de Salud Pública data del año 1938, debe estar incluida en la ley de creación. Con esta disposición se interrumpe la vigencia de esa norma por dos años, pero después la recobra.

El señor Ministro de Salud Pública dió una larga explicación que, por lo menos en ese momento -a juzgar por su inclusión acá- fue convincente para la mayoría de la Comisión y, en lo central, aunque lo excepciona por un período mantiene el criterio que manifiesta el señor senador Rodríguez Camusso. Eso significa que, por razones concretas y actuales, vale la pena interrumpirlo temporariamente y a eso nos remitimos.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En principio, la fundamentación realizada por el señor senador Rodríguez Camusso para votar en contra de este artículo me pareció convincente. No obstante, escuchada la explicación del señor senador García Costa y su afirmación de que el señor Ministro dio fundamentos suficientes para la vigencia transitoria de este régimen, declaro que lo voy a votar afirmativamente.

Lo que me parece bastante absurdo -y lo señala como uno más de los exotismos que, en materia jurídica, tiene este proyecto- es el decir que se sustituye un artículo, es decir, que se deroga, que queda sin efecto una norma y entra a regir otra, siendo que después se expresa que el régimen previsto caducará al cumplirse dos años de entrada en vigencia la presente ley, restableciendo su vigor el artículo 15 de la Ley Nº 9.982 mencionada, en su redacción original. Es decir que un artículo que perdió su vigencia revive después de dos años. Recuerdo -y también lo recordará el señor Presidente- un erudito estudio del doctor Bernardo Supervielle, creo que era en los Estudios Jurídicos en memoria del Presidente Amézaga, sobre el efecto de la abrogación de las leyes y todos los fenómenos derivados de la sucesión de normas jurídicas en el tiempo. Este fenómeno lo hemos vivido en ocasión del problema de las Leyes Fundamentales -o mamarrachos fundamentales, como con justicia las llamó en su momento el señor senador Batlle- Nos. 2 y 4, y todos conocemos el efecto que eso ha producido. Esas normas habían derogado algunas disposiciones de la legislación electoral. Ahora los miembros de la Corte Electoral nos dicen que tienen problemas, porque las normas derogadas no recuperaron su vigencia, no revivieron, tras la derogación de las Leyes Fundamentales Nos. 2 y 4. Esto es realmente absurdo. Se deroga -ya que sustituir es derogar- un artículo de una ley vigente y luego se dice que la misma tiene dos años de vigencia y que la otra revive. Si se suprime, no puede revivir. Lo que habría que decir -porque, a esta altura, esto se va a votar como está- es que se suspende la vigencia de ciertas normas durante determinado período. Tal como está redactado, esto es realmente más que heterodoxo desde el punto de vista jurídico.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: además de las consideraciones realizadas por el señor senador Aguirre, digo que el inciso final expresa: "el régimen previsto en el presente artículo" cuando, en realidad, el régimen está previsto en el artículo 15 de la Ley Nº 9.892, al cual se le da una nueva redacción. De lo contrario, no tendría sentido sustituir un artículo por otro para después remitirse, en lugar del artículo 15, a éste.

De todos modos, que quede en el vergel de las incorrecciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 286.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

Correspondería considerar en su conjunto los artículos 294 a 310.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Simplemente me voy a referir a la extensa exposición que nosotros formuláramos en el seno de la Comisión, con respecto a este conjunto de artículos.

Más que a su inclusión o a su contenido, en sí, nos hemos referido a lo que estimamos inoportunidad o inconveniencia de la inclusión de disposiciones de esta naturaleza dentro de un proyecto de Rendición de Cuentas. El tema de la salud es, naturalmente, de enorme importancia. Existe un cúmulo de informaciones estadísticas que así lo demuestran. La considerable diferencia que existe respecto a la situación de los habitantes de nuestro país, según el punto de su residencia, exime de mayores comentarios pero, naturalmente, así como todo esfuerzo tendiente a organizar y mejorar los servicios de salud debe merecer plácemes, también consideramos que la vía natural no debió ser ésta.

Hace tiempo fue presentado un proyecto en materia de Sistema Nacional de Salud. Y se integró una Comisión que prácticamente no pudo funcionar en espera de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pienso que, con respecto a este tema, ella es inminente, pero aún no ha llegado. En los hechos, una Rendición de Cuentas integrada por más de 700 artículos, que debe ser considerada en los términos ya reiterados en el transcurso de esta discusión, no nos parece el camino adecuado para insertar un conjunto de disposiciones de esta naturaleza y trascendencia. Más allá del grado de coincidencia o de rechazo que, en cada caso, cada uno de nosotros tenga con respecto a estas disposiciones -algunas de las cuales merecen serias observaciones; otras, no tanto- lo que sí discutimos y motiva nuestra discrepancia fundamental, es la imposibilidad para el Parlamento de considerar con detenimiento y detalladamente los alcances, los fundamentos y la factibilidad en cuanto a la proyección para toda la vida del país, en esta delicada y trascendente materia, de examinar un conjunto de artículos dentro de un proyecto de Rendición de Cuentas.

Si reiteradamente se ha hecho referencia a cuanto tiene que ver con modificaciones al Código Penal y a otras disposiciones que aquí se insertan, nosotros pensamos que junto con toda una Ley de Ordenamiento Financiero, con modificaciones a los Códigos y a las Cartas Orgánicas de los Entes Autónomos, este comienzo de plan en materia de servicios de salud debió ser objeto de una consideración distinta, más detenida y cuidadosa. Ese es, fundamentalmente, el motivo por el cual no acompañaremos con nuestro voto este conjunto de artículos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: aunque parezca un poco inusitado, creo que las razones por las que está incluido este conjunto de artículos son exactamente las inversas a las que plantea el señor senador Rodríguez Camusso.

Debe estar incluido, porque se trata de disposiciones típicamente presupuestales y atañen al diseño de Programas del Estado, cuya puesta en práctica hace necesaria su expresión a través de términos legales.

El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo el cumplimiento de diversos Programas, que sería innecesario leer porque abarcan muchas páginas y fueron aprobados en oportunidad de tratarse el Presupuesto Nacional. Entre esos Programas figura una serie de cometidos que realiza de una manera determinada y que hoy pretende modificar. ¿Qué es lo que se modifica, pues, mediante este articulado? Los Programas presupuestales a cargo de dicha Secretaría de Estado. ¿Cómo se expresa eso? Se puede expresar literalmente mediante una modificación programática. Pero más importante, conciso y real es hacerlo mediante la aprobación de textos legales que hagan de esa modificación algo determinado, que altere la legislación positiva del país. Si los señores legisladores han leído lo cuestionado -y descuento que lo han hecho- se darán cuenta de que lo que se está haciendo es modificar Programas del Ministerio, o alterando el alcance de algunos de ellos.

No hay, señor Presidente -y por eso digo que es, precisamente, a la inversa- ninguna oportunidad para modificar los Programas, que la que establece la Constitución de la República, al aprobarse el proyecto de Rendición de Cuentas y la modificación Presupuestal. Por lo tanto, su consideración está ajustada a derecho.

Se hace caudal de otro argumento: que no se ha tenido el tiempo necesario para estudiarlo. Todo depende, señor Presidente, del uso que cada uno haga de ese tiempo o de la trascendencia del tema.

El proyecto que tenemos a estudio, con pequeñas modificaciones, es el venido del Poder Ejecutivo. Llegó al Parlamento exactamente hace poco más de tres meses, teniendo en cuenta los días transcurridos antes de la entrada del Mensaje al Cuerpo. Entonces, no puedo comprender por qué se considera que 90 días no son suficientes para estudiar disposiciones que, además -me atrevo a decir- si bien son innovadoras, no significan un cambio total en el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública ni en el cumplimiento de los programas de atención, prevención y curación en materia de higiene y salud en el país. Son sí adelantos, pero no revoluciones históricas que requieran meses de análisis.

Estimo pues, que estas normas son de materia típicamente presupuestal, y lo debemos tratar ahora. La Constitución nos ha otorgado tres meses para hacerlo, tiempo que ha sido suficiente, sobre todo considerando que los artículos no son tan complejos o de tal magnitud que para su análisis sea necesario prolongar los plazos mucho más allá de lo que nos ha acordado la Constitución.

En lo que me es personal, he participado de la discusión en la Comisión respectiva, que fue muy extensa, pero también -y es una opinión subjetiva- muy completa. Me dio la impresión que no quedaba ningún otro argumento que plantear. Se mencionaron todos los pro y los contra de cada disposición, y la Comisión estuvo en condiciones de continuar hasta que culminó el análisis de esa disposición. Sin embargo, si ahora hubiera nuevos argumentos a tener en cuenta, esta sería la oportunidad de considerarlos.

Considero que estos artículos, en general son provechosos y figuran, precisamente, en el texto de una Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal tal como debe ser. En la discusión de cada uno de ellos podremos, si así corresponde, intercambiar opiniones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclarar que en el artículo 297 se cometió un error de copia. En el segundo párrafo, donde dice "capacitación", debe decir "capitación".

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor Presidente?

En el párrafo final del artículo 299, en lugar de decirse "revistirá" debe expresarse "revestirá".

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: no voy a acompañar la disposición por la que se crea este organismo desconcentrado Administración de los Servicios de Salud del Estado.

En primer lugar, vimos con enorme satisfacción que poco después de haber llegado al Ministerio de Salud Pública su actual titular, el doctor Ugarte, manifestó una muy clara preocupación por encontrar una solución general al gravísimo problema de la salud en el país. Como fruto de los estudios y análisis de la problemática de la salud, aportó un proyecto de Sistema Nacional de Salud que aparentemente, naufragó -en el curso del tiempo- en el mar de la burocracia de los informes. No sabemos a ciencia cierta qué razones determinaron su desaparición.

Este tema constituye para el Partido Nacional uno de los aspectos que acaricia con mayor entusiasmo y que originó una preocupación más intensa. Además, trajo aparejado, el hecho de que la totalidad de los senadores de nuestro Partido presentáramos al Cuerpo un proyecto de Sistema Nacional de Salud que consideramos constituye -se trata, empero, de un elemento de trabajo no cristalizado ni definitivo- un muy importante esfuerzo, quizás el más significativo efectuado hasta este momento en la materia.

Esa Comisión Especial no pudo contar con la presencia, lamentablemente, del señor Ministro de Salud Pública. Sin embargo, apenas transcurrido el tiempo e iniciado este período, se anuncia que de alguna manera el Poder Ejecutivo traduciría en la Rendición de Cuentas una solución que, si bien no tenía el contenido global de un Sistema Nacional de Salud, apuntaba en igual sentido.

Cuando tuvimos conocimiento de este, inicialmente denominado, Sistema Nacional de Salud, sentimos una gran frustración porque pudimos comprobar que aquí no se crea nada de lo anunciado. En este articulado que compone el proyecto que fue modificado en la Cámara de Representantes y en las Comisiones del Parlamento no se ha creado nada. El sistema estatal de salud existe así como los hospitales, los distintos centros, clínicas y toda una organización inmensa montada en el aparato mismo del Estado, que tiene como cabeza y vértice al Ministro de Salud Pública. Esto se estructura, prácticamente, en los niveles directos de la atención primaria en policlínicas, centros auxiliares, etcétera. Se trata, pues, de una gran red estatal administrada por el Estado y, en definitiva, por el Ministerio de Salud Pública.

En este artículo creamos un "consejito", con tres cargos de directores que estarían facultados para realizar la misma tarea que hasta este momento efectúa el Ministerio. Pensamos que esto se podría haber hecho por medio de la delegación de funciones a alguno de los directores de servicios o a los jefes, que componen un elenco de excelentísimos técnicos que acompañan al señor Ministro y que han tenido hasta el momento a su cargo la administración de este servicio estatal de salud en distintos niveles nacionales.

De manera que entendemos que no se efectúa ningún aporte serio a la problemática de la salud; meramente se cambia el nombre a algunas cosas y se agrega o adereza de alguna manera el contenido de este fenómeno. En definitiva, señor Presidente, consideramos que son más las cáscaras que las nueces y por ello con nuestro voto negativo queremos dejar sentado claramente cuál es la problemática fundamental y esencial del país, a la que se debió haber prestado atención por parte del Poder Ejecutivo y de los servicios especializados del Estado, sobre todo en la propuesta que el Ministerio de Salud Pública trajera a conocimiento del Senado. En estos términos adelantamos, pues, nuestro voto negativo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: cuando se trató este texto por el que se crea la Administración de los Servicios de Salud del Estado en la Comisión de Presupuesto expresamos que se trataba de una simple reforma administrativa, de una mera reorganización de escasa entidad.

Como bien lo señalaba el señor senador Tourné, se crea un Consejo y se le otorgan las facultades que hasta este momento tenía el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo con sus competencias, el Ministerio pudo y puede hacer todo lo que se establece como competencia de este Consejo.

Lo único que señalé es que esta competencia ya la tenía el Ministerio de Salud Pública. De manera que no se crea nada nuevo. Tal vez, podía estar formándose algo importante. Eso lo expresé en la Comisión de Presupuesto integrada. Pensaba que podía hacerse algo en el sentido de solucionar un problema muy importante para el país como puede ser el Servicio Nacional de Salud, pero con esas normas esa inquietud está muy lejana.

También, pensé y lo manifesté que se podría utilizar esa mera reforma administrativa para hacer una publicitación de todo eso dándole un valor que no tenía. Lamentablemente no me equivoqué porque, al día siguiente, los titulares de algunos diarios, en sus primeras páginas, decían que se habían creado el Seguro Nacional de Salud. Manifiesto que esto no tiene nada que ver ni siquiera con un Seguro de Salud. Simplemente, lo reitero se trata de una mera reorganización dentro del Ministerio de Salud Pública, que tenía todas las competencias al respecto. Por eso, me parece que no era necesario crear un organismo dentro de la órbita de ese Ministerio.

En consecuencia, queremos manifestar que este conjunto de disposiciones no mejora las actividades del Ministerio de Salud Pública.

Por esas razones y otras que explicitamos en su momento, no vamos a votar la creación de este Servicio de Salud, que ninguna mejora importante significa para nuestro deficiente servicio de atención a la salud humana.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Me voy a referir brevemente a este conjunto de artículos. Tengo la impresión de que, no siendo un Sistema Nacional de Salud, de algún modo, se ha generado una expectativa sobre algo que puede ser importante. Se trata de una modificación en la ejecución de un programa y, naturalmente, estamos de acuerdo con este conjunto de disposiciones. Por supuesto que tenemos algunas inquietudes sobre el sistema que se implanta y queremos señalarlas.

A pesar de no ser la creación de un sistema nacional de salud, quizá esta experiencia pueda, más adelante, servirnos. Las inquietudes que tenemos se refieren a la naturaleza de la Dirección que se crea como órgano desconcentrado. Me parece que tendremos que ir midiendo el éxito que tengan estos órganos porque la experiencia demuestra que desconcentran poco. Creo que en el conjunto de disposiciones hay cierta indefinición sobre los cometidos. Por un lado, se establece la administración de establecimientos médicos públicos y por otro, se fija como cometido el asegurar la correcta atención de los beneficiarios, dando una idea algo sistémica en el sentido de que se trataría de manejarse con un conjunto de beneficiarios.

Además, está la inquietud de que no está prevista la puesta en funcionamiento del sistema. Por ejemplo, los costos y las partidas especiales por única vez quizá serían necesarias. También se está imponiendo el sistema de la capitación o forma de pago, sin la experiencia debida.

Por supuesto que tenemos inquietudes con respecto a la naturaleza jurídica del instituto que se crea, a la definición de los cometidos, a la viabilidad misma en términos de puesta en funcionamiento y a los resultados de la capitación.

Frente a todos esos aspectos, entiendo que esto merece ser apoyado en el contexto de todo el rediseño de la política de salud que el país tendrá que abordar en el correr de los próximos años. En ese sentido y con esa filosofía, vamos a dar nuestro voto favorable a este conjunto de disposiciones.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Voy a fundar mi voto muy brevemente. Quisiera reiterar lo que manifesté en Comisión señalando que, a mi juicio, esto no es materia presupuestal y que constituye una medida de enorme gravitación sobre algo tan delicado como la salud de la población. Entiendo que este asunto merece un estudio más detenido fuera de la Ley Presupuestal, que siempre debe estudiarse apresuradamente. Hubiera preferido que este tema llegara por cuerda separada para poder realizar un estudio más meditado. No quiero reiterar conceptos, que figuran en las Actas de la Comisión. Eso significa que no acompaño, con mucho pesar, esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se van a votar los artículos 294 a 310.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo sustitutivo del artículo 311.

(Se lee:)

"Autorízase al Poder Ejecutivo a incluir en el Plan de Inversiones del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", en los Ejercicios 1987, 1988 y 1989, la adquisición de terrenos y la implantación y ejecución de obras con destino a la construcción del Hospital de Las Piedras. Los fondos a aplicarse resultarán de lo establecido en el artículo 213 de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE. - Esto es claramente sustitutivo del artículo que ya votamos. Tendríamos que reconsiderarlo y luego aprobarlo. Dice lo mismo. Simplemente agrega "Ejercicio 1987 y 1989", ya que el propuesto dice sólo 1988. Razonablemente me parece que tendríamos que votar la reconsideración del artículo 311 para luego votar éste, salvo que se busque otra redacción.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Podríamos agregar la frase final. Me parece que con eso alcanza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

"Los fondos a aplicarse resultarán de lo establecido en el artículo 213 de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE. - Habría que votar como aditivo simplemente este inciso final.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Léase otro aditivo llegado a la Mesa.

(Se lee:)

"Las partidas presupuestales del Inciso 12, Ministerio de Salud Pública, correspondientes a los Rubros 0 y 1 que no sean utilizadas hasta cubrirse las vacantes serán destinadas por el organismo para mejorar las retribuciones de los funcionarios del Inciso. (Firmado: Carlos Julio Pereyra)."

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: son conocidas las bajas retribuciones que perciben los funcionarios de Salud Pública, que cumplen una función tan importante para la sociedad. Es sabido que hay un gran número de vacantes que no se han llenado en este Ministerio y, por lo tanto, existe una suma de dinero que eventualmente no tiene destino. Pensamos que hasta tanto no se llenen las vacantes sería un estímulo si pudiera destinarse a pagar pequeños sobresueldos para todos los funcionarios del Inciso.

Naturalmente, esto no es iniciativa nuestra sino que venía en el articulado propuesto por el Ministerio, pero la Comisión no lo acompañó. Considero que la disposición es de justicia y no es inconstitucional, por cuanto las partidas están disponibles. Sería algo temporal que haría justicia con los funcionarios de este Ministerio.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: en la Comisión fue presentada y discutido una norma similar a la que propone el señor senador Pereyra, que no contó con el número suficiente de votos. Se entendió que de aprobarla, se generaría una suerte de colisión entre la suba de salarios y la provisión de vacantes. En consecuencia, lo que es una necesidad cada vez más importante del Ministerio, se vería desnaturalizada por la lógica que se plantea, naturalmente con buena intención administrativa, pero que creemos que llevaría a ese mecanismo perverso.

Durante el trabajo de la Comisión, el señor Ministro de Salud Pública declaró que a lo largo de estos dos años de democracia, se habían llenado dos mil vacantes, pero que aún restaban novecientas. Creo que lo más importante es que el Poder Ejecutivo disponga la provisión de las mismas, para que los hospitales tengan los servicios que requieren. El disponer de ese dinero para otros fines generaría una eliminación fáctica de las mismas.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FLORES SILVA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PEREYRA. - Creo que no son incompatibles las posiciones que se sustentan, por cuanto nada impide que se llenen las vacantes, en cuyo caso se dejaría de dar el estímulo correspondiente. Precisamente, para dar más claridad a la redacción, se estableció "hasta no cubrirse", lo que significa que al hacerse desaparece el Rubro, por lo que ya no habría dinero para continuar dando ese estímulo. Pensamos que mientras no se realizan las designaciones, ese dinero puede ser destinado para paliar, de alguna manera, una situación de evidente carencia en materia salarial.

No deseo entrar en polémica con el señor senador, pero me parecía necesario hacer esta aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Flores Silva.

SEÑOR RONDAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FLORES SILVA. - Con mucho gusto le concederé la interrupción al señor senador Rondán, pero antes quisiera expresar otro argumento en el que estoy pensando.

Comprendo lo que dice el señor senador, pero cada vez me afirmo más en mi posición, porque siento que el otorgar estímulos económicos al funcionariado para luego quitarlos, provoca, precisamente, lo que estamos previendo: que haya una presión o aspiración natural de quienes no quieren perder dicho estímulo para que no se llenen las vacantes. Creo que primero debemos llenar las vacantes. Creo que primero debemos llenar las vacantes. Pienso que no debemos instaurar un sistema que conllevaría un mecanismo de cierta discrecionalidad que podría alterar lo que es la política general de salarios que viene siguiendo el Poder Ejecutivo.

Concedo la interrupción al señor senador Rondán por una razón de cortesía, pero en realidad ya he concluido mi intervención. Seguramente lo que diga el señor senador suscitará en mi alguna reflexión, pero renuncio desde ya a efectuarla en Sala, a fin de no convertirme en árbitro de la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Agradezco al señor senador la interrupción que me concede, pero el pensamiento que ha expresado hace innecesario que reitere un concepto que ya fuera expuesto en Comisión.

No éramos partidarios de este artículo que fue eliminado, en virtud de que se prestaba, precisamente, a que por una displicencia natural y propia de ciertas administraciones públicas -que naturalmente no son las nuestras que son rápidas y diligentes- no se llenarían las vacantes si se destinara ese ahorro a otorgar un aumento salarial para los funcionarios. Tal como se le expresó al señor Ministro de Salud Pública, lo que interesaba era que se diera satisfacción a ese requerimiento popular de todo el país de llenar las vacantes, llevando médicos especialmente al interior de la República, que en este momento están haciendo falta.

A veces uno no se siente proclive a intervenir en estos debates porque tal como lo saben todos los señores senadores que intervinieron en la Comisión -que no fueron solamente sus integrantes- algunas disposiciones fueron rechazadas por una abrumadora mayoría y ahora se vuelve a insistir en ellas. Naturalmente, los señores senadores tienen derecho de hacerlo, pero este artículo fue uno de los que se rechazó con mayor claridad porque no se compartía el criterio de continuar "sine die" sin llenar las vacantes.

Por lo expuesto, creo que lo que ha dicho el señor senador Flores Silva -con lo que concuerdo- hace innecesario que me extienda en nuevas consideraciones.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero hacer notar que hemos hecho llegar a la Mesa un artículo aditivo similar que, al parecer, ha quedado traspapelado.

Deseo hacer algunas precisiones con respecto al alcance de este artículo. El mismo fue objeto de consideraciones en más de una oportunidad, la primera de las cuales fue en presencia del señor Ministro de Salud Pública con cuya palabra quedó perfectamente establecido algún aspecto que también ha sido rozado en el día de hoy. Por las propias características de este Ministerio, resulta absolutamente imposible que todos cargos estén provistos porque una alta proporción de ellos requiere un trámite que inevitablemente se prolonga en el tiempo, dadas las exigencias legales que rodean los llamados a concurso. Desgraciadamente, en muchos puntos de la República hay cargos que permanecen sin proveer por largos lapsos ya que no existen los funcionarios adecuados a fin de hacer posible dicha provisión. Aun con el Ministro más dispuesto a proveerlos todos, por la vía del concurso, es imposible -y me consta que ello es así desde hace muchos años- encontrar, en determinadas localidades, el número de técnicos necesario para la provisión inmediata de los cargos. Es decir que aun en el caso de que exista la mejor disposición para llenar los mismos, siempre ha habido, hay y habrá, en cantidad mayor o menor, un elevado número de cargos sin proveer por titulares en el Ministerio de Salud Pública.

En consecuencia, las economías que se producen siempre van a existir, en mayor o menor cantidad. Durante la década inmediata anterior se instrumentó, para Salud Pública, una política deliberada de no provisión de cargos, no llamando a concurso, y enlenteciendo considerablemente todo lo relativo a la cobertura de dichos cargos. Dentro del actual Ministerio de Salud Pública, el tratamiento del tema ha adquirido una agilidad considerable y se están desarrollando importantes esfuerzos a fin de llenar esos cargos. Sin embargo, es inevitable que exista un alto número de ellos que todavía demorarán en ser provistos. Entonces, el hecho de que esas economías puedan beneficiar a funcionarios que desarrollan tareas que, en general, requieren sacrificios, abnegación y entrega y que, a la vez, son muy mal remunerados, nos parece un principio de estricta justicia.

Subrayo el hecho de que el señor Ministro de Salud Pública entendió perfectamente justa esta disposición y de ello hay constancia en la versión taquigráfica de la Comisión. Agrego que este artículo fue objeto, por lo menos, de dos o tres votaciones. Recuerdo, incluso, que en la última oportunidad en que se consideró, fue votado favorablemente y, luego, a raíz de una solicitud de reconsideración, se produjo una votación negativa pero, en ambas oportunidades, la votación fue bastante reñida. Por lo tanto, debo decir que no fue una votación neta ni sostenida. Y, además, desde nuestro punto de vista, el presente no es un artículo que viole la Constitución en modo alguno y su contenido ha sido estimado como plenamente satisfactorio por el propio ministro de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-10 en 29. Negativa.

Léase el artículo aditivo que acaba de llegar a la Mesa.

(Se lee:)

"Increméntase con cargo a las economías a que refiere el artículo 289 de la presente ley, el crédito presupuestal del Renglón 041, ‘Dietas´, del Programa 003, ‘Servicios Especiales’, por un importe de N$ 2:450.000 (nuevos pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil) para el pago de obras docentes y material de apoyo a la Escuela de Sanidad ‘Dr. José Scosería’, a los efectos de financiar la ampliación de los cursos tradicionales al interior del país, incorporando las siguientes regiones al área de formación de cuadros técnicos, semitécnicos y de servicio: Centro Departamental de Paysandú, Centro Departamental de Tacuarembó, Centro Departamental de Rivera, Centro Departamental de Rocha, Centro Departamental de Florida, Centro Departamental de Flores, Centro Departamental de Cerro Largo, Centro Departamental de Maldonado, Centro Departamental de Treinta y Tres, Centro Departamental de Canelones, Centro Departamental de Salto y Centro Auxiliar de Río Branco. En el presente Ejercicio se podrá utilizar hasta dos tercios del referido aumento. Firman los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano y Luis A. Senatore."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto.

(Se vota:)

-9 en 28. Negativa.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: considero que se trata de una actividad fundamental para el interior del país ya que tiende a la formación de cuadros técnicos, semitécnicos y de servicio, relacionados con la salud, lo que significa implementar no solamente la atención de una necesidad básica, sino también formativa, desde el punto de vista docente, sumamente importante para esas zonas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar los artículos 312 a 322 del Inciso 13, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: solicito el desglose del artículo 313.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el Inciso 13, con excepción del articulo 313.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 313.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo V, Organismos del artículo 220 de la Constitución, Inciso 16, Poder Judicial, artículos 323 a 360, inclusive.

Se me acota que el inciso segundo del artículo 359 debe suprimirse, ya que fue incluido por error.

La Mesa desea saber si se solicita el desglose de algunos de estos artículos, ya que, de lo contrario, se votarían en bloque.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: aquí hay algunos artículos que no votaremos, tales como el 327, 329, 330, 331, 332, 345 y 346.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Inciso 16, Poder Judicial, con exclusión de los artículos 327, 329, 330, 331, 332, 345 y 346.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 327.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 329.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 330.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 331.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 30. Empate.

Se reabre la discusión.

Corresponde volver a votarlo.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Formulo moción, señor Presidente, para que se postergue la votación del artículo 331.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Se posterga la votación del artículo 331.

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en este cúmulo de asuntos y por inadvertencia, dí mi aprobación a un artículo que no podía votar, en razón de estar, de alguna manera, encuadrado en lo que el mismo establece.

Por lo tanto solicito la reconsideración del articulo 322 y me retiraré de Sala en el momento en que se vote.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: seguramente el resultado de la votación de ese artículo no ha sido decidido por el voto del señor senador Olazábal.

La aclaración que ha hecho nos exime de tener que volver a reconsiderar el tema.

(Apoyados)

-No tenemos ninguna necesidad de volver a reconsiderar el artículo y creo que está bien como se ha procedido.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 322, señor senador, no se votó por unanimidad.

En consideración el artículo 332.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 345.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 346.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: hemos estado votado en contra estas disposiciones porque entendemos y creemos que el Poder Ejecutivo no comparte los gastos por encima de determinado nivel, como ya lo explicamos en las expresiones de carácter general que hicimos en la sesión de ayer al considerar esta Rendición de Cuentas.

Señalamos que mientras hemos sido duros en cuanto a suprimir designaciones y a establecer normas muy estrictas, entendiendo que hay que ahorrar con respecto al Poder Ejecutivo, no lo somos con relación al resto de la Administración. Habida cuenta de que la Suprema Corte de Justicia precisa de sus funcionarios administrativos, podríamos siquiera haber puesto la norma de que ellos se pudieran elegir entre los funcionarios que la Oficina del Servicio Civil pudiera disponer del resto de la Administración Pública, de Entes Autónomos y de Servicios Descentralizados, donde habría la posibilidad de hacer un traslado de empleados. Creo que esto sería una norma saludable para aplicar en el resto de la Administración de los organismos pertenecientes al artículo 220 que, en todos los casos, crean cargos administrativos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: días pasados, cuando en la Comisión se trató este tema, el señor senador Batlle insinuó -no sé si era la Comisión o la Subcomisión- la posibilidad de que, en lugar de ir a la creación de estos cargos, se buscara alguna fórmula de redistribución de funcionarios, que existen en otros niveles de la Administración, habiendo una norma legal que autoriza a hacerlo.

Hemos hecho una consulta muy rápida entre los senadores del Partido Nacional y estaríamos dispuestos a considerar una fórmula como la que identificara el señor senador Batlle. Mañana tendríamos la oportunidad de votar un artículo sustitutivo cuya preparación dejaríamos en manos del señor senador Batlle, referido a cargos de la categoría y grado que solicita la Suprema Corte. Compartiendo las razones a que hace referencia el señor senador Batlle, tenemos un consenso en la bancada nacionalista en tal sentido.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Podría ser un inciso aditivo al artículo 346, que comprendiera los cargos de esta disposición más los del artículo 345 y toda otra creación de cargos administrativos o de servicio. No sería una cosa que obligara, pero por lo menos que fuera una opción de buscar funcionarios dentro de la administración. Me comprometo a traer el texto para mañana o quizás dentro de un rato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se pedirá la reconsideración.

Se va a votar el artículo 331, del Programa de Bienestar Social del personal del Poder Judicial.

(Se vota:)

-16 en 31. Afirmativa.

Léanse los artículos aditivos presentados por varios señores senadores del Frente Amplio.

(Se leen:)

"ARTICULO - Las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial y las de los titulares de cargos similares del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se indican se liquidarán en base al 100% (cien por ciento) de la dotación que perciban los miembros de la Suprema Corte de Justicia y de dicha Tribunal y conforme a la escala siguiente:

A) Escribano de Actuación de la Suprema Corte de Justicia, Director General de Defensoría de Oficio, director general del Instituto Técnico Forense e inspector general de Registros Notariales, el 85% (ochenta y cinco por ciento).

B) Director de los Servicios Inspectivos, director de Defensoría de Oficio y Secretario I Abogado, el 78% (setenta y ocho por ciento).

C) Inspector de Actuarías de Juzgados Letrados, defensor de Oficio de la Capital, subdirector general del Instituto Técnico Forense, subinspector general de Registros Notariales, secretario de Defensoría de Oficio (secretario II), y secretario del Instituto Técnico Forense (secretario II), el 75% (setenta y cinco por ciento).

D) Actuario de Juzgado Letrado, director de la Oficina Central de Notificaciones, inspector de Juzgados de Paz y defensor de Oficio del Interior, el 65% (sesenta y cinco por ciento).

E) Secretario III Abogado, el 60% (sesenta por ciento).

F) Actuario adjunto de Juzgado Letrado, actuario de Juzgado de Paz Departamental y subdirector de la Oficina Central de Notificaciones, el 55% (cincuenta y cinco por ciento).

Los funcionarios del Escalafón Técnico Profesional que no tengan prohibido el ejercicio de sus profesiones y a cuyos cargos les corresponda una remuneración determinada conforme a lo dispuesto precedentemente, percibirán solamente el 68.96% (sesenta y ocho con noventa y seis por ciento) de dicha remuneración."

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Voy a acompañar esta proposición, pero quiero dejar expresa constancia que considero debe estar referida al personal de la Defensoría de Oficio, por las razones que voy a expresar a continuación.

En primer lugar, entiendo que el personal de la Defensoría de Oficio prácticamente fue incluido entre aquel que ajustaría sus asignaciones de conformidad a la escala a que se refiere el acápite de esta disposición. Por consiguiente, hubo acuerdo del Parlamento en ocasión del ajuste del texto de esta Rendición de Cuentas que quedó frustrado, por lo que esta solución no pudo salir adelante. El hecho concreto es que el personal de la Defensoría de Oficio está integrando en el más alto nivel la estructura íntima del Poder Judicial. Se trata de un personal altísimamente calificado, quizás en los niveles de calificación que corresponden a los más altos cargos de este Poder del Estado. Además, representa funcionarios que cumplen una tarea que, a medida que el tiempo transcurre, va cobrando mayor valor: la abogacía social. Y desde otro punto de vista, ello se refleja en una tarea que va resultando sobrecargada por el imperio y el peso de los asuntos y por la cuantía de los mismos, redundando ello en el sacrificio y en el destino total del tiempo de estos funcionarios dedicados en exclusividad al cumplimiento de sus funciones.

Por consiguiente, declaro que daremos nuestro voto a estas disposiciones en lo referente a la equiparación del personal de la Defensoría de Oficio en sus distintos niveles y escalas, desde el director general del Servicio hasta el defensor de Oficio recién ingresado, que se encuentra en la escala más baja. En ese sentido, pediría se formalizara un desglose a fin de poder votarlo en esta forma, es decir, teniendo en cuenta exclusivamente los cargos de la Defensoría de Oficio.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Voy a tratar de aportar alguna información sobre el tema.

Creo que este artículo incluye única y exclusivamente a los defensores de Oficio, es decir, a toda la Defensoría de Oficio como tal. Todo el resto del personal está ya incluido en esta norma que establece la retribución sobre bases porcentuales de los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El principio que rige esta norma es elemental; está orientado a buscar la unidad de las partes en el proceso y a establecer un mecanismo remunerativo similar para los defensores, de modo que éstos queden equiparados en sus salarios a lo que perciben los fiscales y los jueces.

Esa es la razón de esta norma. La información que poseo es que solamente se modifica el texto para incorporar la Defensoría de Oficio a un sistema de retribución que, en nuestro concepto, es correcto.

SEÑOR SENATORE. - Aceptamos la modificación propuesta por el señor senador Tourné.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, el artículo quedaría reducido a su encabezamiento y al apartado b): director de los Servicios Inspectivos, director de la Defensoría de Oficio y Secretario I Abogado.

SEÑOR TOURNE. - Se seguiría la línea de la Defensoría de Oficio que está distribuida en los distintos ítems o apartados. En definitiva, la disposición comprendería exclusivamente la incorporación de la Defensoría de Oficio desde la línea a) hasta el final.

SEÑOR PRESIDENTE. - Todos los cargos referidos a la Defensoría de Oficio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto propuesto por los señores senadores Rodríguez Camusso, Senatore y Gargano, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-14 en 31. Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Había quedado pendiente el Inciso que comprendía los artículos 66 y siguientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habían quedado pendientes de consulta con la bancada del Frente Amplio los artículos 66 a 73.

SEÑOR BATLLE. - Creo que este Inciso va a ser de rápida consideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Los señores senadores del Frente Amplio tienen posición formada al respecto?

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: creemos que la redacción propuesta mejora notablemente la proveniente del Poder Ejecutivo.

En ese sentido vamos a acompañar la propuesta. A la vez, sugerimos que se incluyan como integrantes de las Comisiones Honorarias que se formen, a técnicos designados en las respectivas áreas a que se refieran los proyectos y que sean designados por la Universidad de la República. De esta manera se aportaría a esas Comisiones la capacidad técnica de aquellos que trabajan en dicha alta casa de estudios.

Con relación al carácter del seguimiento, deseo señalar que esta Dirección de Proyectos de Desarrollo tiene en sus manos proyectos que han sido votados en este mismo Presupuesto y otros provenientes de disposiciones similares anteriores. Naturalmente va a permanecer como una unidad en la cual se van a generar los nuevos proyectos y en ellas no solamente se va a realizar el seguimiento de los proyectos.

Una de las peculiaridades que han tenido especialmente los dos proyectos que hemos aprobado en esta Rendición de Cuentas es que los gastos son autorizados por el Parlamento y, por lo tanto, entendemos que los textos conteniendo los proyectos deben ser remitidos al Parlamento en forma simultánea con el anexo en el cual viene el renglón que solamente individualiza la cantidad que va a disponer el Estado para realizarlos.

En resumen, entendemos que se necesita mayor información, porque un gasto, por ejemplo, de la magnitud de los destinados a las Cuencas lechera y arrocera, necesitan ser analizados en profundidad por el Parlamento. Por lo que he podido constatar solamente a pedido de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, que se ocupó del Capítulo de Inversiones, éstos fueron remitidos para conocimiento de la Comisión.

Como norma de comportamiento futuro creemos que es conveniente que este procedimiento sea adoptado por el Poder Ejecutivo. Quien autorice el gasto debe saber el contenido del proyecto.

Hacemos moción en el sentido de que se incorpore a la Comisión Honoraria un técnico universitario designado por la Universidad de la República en el área respectiva a que se refiere el proyecto.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que podríamos seguir adelante con la consideración del proyecto de Rendición de Cuentas, correspondiente al Inciso del Tribunal de Cuentas, mientras se nos hace llegar el aditivo por escrito, a los efectos de estudiarlo para ver si estamos en condiciones de aprobar lo que se propone. Parece que se trata de una modificación a un artículo ya propuesto.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: una vez leído con más atención este conjunto de normas, desearía proponer un aditivo.

El artículo 80 del texto que tenemos a consideración, que se refiere a las atribuciones de la Comisión Honoraria, me provoca algunas dudas. Se crea una Dirección de Proyectos de Desarrollo, Unidad Ejecutora que coordinará su trabajo a través de convenios con Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales.


En este artículo se define a la Comisión como una figura de asesoramiento. Más adelante cuando se habla de sus atribuciones dice que dichas Comisiones se expedirán sin perjuicio del asesoramiento señalado, refiriéndose, por ejemplo, al Plan anual preventivo de aplicación de los recursos afectados a cada proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe, señor senador.

La Mesa desea aclarar que el señor senador Flores Silva se está refiriendo a un repartido que tenía una numeración diferente. El artículo 80 es el actual artículo 68 de este proyecto.

Se trata de un repartido constituido por cinco páginas fotocopiadas que se distribuyeron en la noche de ayer.

Ahora bien, si adoptamos la propuesta del señor senador Batlle, en el sentido de postergar este estudio hasta el día de mañana a los efectos de que se nos haga llegar una redacción que contemple la observación formulada por el señor senador Gargano, sería práctico no enfrascarnos en la discusión ahora. De esa manera el señor senador Flores Silva podría sumar su preocupación a la anterior. En consecuencia, los señores senadores Batlle, Flores Silva y Gargano podrían hacer llegar a la Mesa en el día de mañana una redacción sustitutiva.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Lamentablemente tuve que salir de Sala durante algunos instantes y dada la rapidez con que se está trabajando no pude estar presente en el comienzo de la discusión. Por lo tanto, no tenía la correlación de los artículos tal cual están en el texto resultante.

Simplemente quería proponer -acepto el criterio formulado por la Mesa- que la diferenciación de las funciones del director de Proyectos de Desarrollo y la Comisión Asesora, fuera un poco más clara.

6) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: estamos sesionando desde las 15 horas y en este momento son las 0 hora 30 minutos. Todos los senadores nos encontramos bastante cansados. Hace unos minutos había consultado a varios señores senadores y estaban dispuestos a levantar la sesión.

Creo que en el día de mañana, estando más descansados, podríamos tratar los Incisos 17 y 18 y luego continuar con el trabajo más complicado.

En consecuencia, hago moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 15 horas.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse de la moción tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: de común acuerdo habíamos establecido un plan de trabajo, pero admito que es razonable el planteamiento del señor senador Aguirre.

Me permitiría sugerir, dado que queda mucho por hacer -muchas disposiciones no fueron examinadas en el seno de la Comisión- que pasáramos a cuarto intermedio hasta la hora 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - No vamos a discutir entre las 14 y las 15 horas.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse de la moción, tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: sin perjuicio de que tenemos que ponerle un punto final a la sesión del día de hoy, consulto acerca de si los Incisos Tribunal de Cuentas y Corte Electoral dan lugar a alguna observación por parte de los distintos sectores representados en el Senado. Posiblemente los podamos estudiar y votar hasta el Inciso 25.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Sobre la Corte Electoral no hay observaciones. Pero sí para el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A la altura del articulado en que nos encontramos, quedan cien artículos para mañana que pensábamos estudiar en el día de hoy y cien más que teníamos previsto para el día de mañana.

Teniendo en cuenta el trabajo realizado entiendo que es lógico que levantemos la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Aguirre, en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 14 horas.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 14 horas.

(Así se hace, siendo la hora 0 y 30 minutos del día 18 de setiuembre de 1987, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán).

DR. ENRIQUE E. TARIGO. Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.