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N° 205 - TOMO 308 - 1° DE SETIEMBRE DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

37ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Ferreira por el término de 31 días.
- Concedida.

5 y 15) Exposiciones escritas

- Las presenta el señor senador Ferreira para ser enviadas al Ministerio de Educación y Cultura, relacionadas con distintos problemas que afectan al Hogar de Varones de la ciudad de Rivera y con planteamientos efectuados por los adscriptos y ayudantes del liceo de dicha localidad.
- Se resuelve afirmativamente.
- Las presenta el Señor Senador Cersósimo para ser enviada a UTE , Intendencia Municipal y Junta Departamental de San José, relacionadas con la iluminación del acceso a la ciudad de San José por Ruta ll; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Instituto Nacional de Alimentación y Junta Departamental de San José, la relacionada con la instalación de un comedor en Villa Rodríguez; y, a la Administración de Ferrocarriles del Estado la relacionada con la cesión de un vagón para instalar, con carácter provisorio, el taller de práctica del Liceo de Villa Rodríguez.
- Se resuelve afirmativamente.

7) Proyectos presentados

- De ordenamiento de la producción e industrialización de la leche.
- Iniciativa del señor senador Zumarán.
- Por el que se suprime la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) y se dan normas respecto a la redistribución de cometidos.
- Iniciativa del señor senador Lacalle Herrera.
- Contralor de la Enseñanza Pública.
- Iniciativa del señor senador Cersósimo.

8) Sesiones ordinarias del mes de setiembre

- Se resuelve, por moción del señor senador Ubillos formulada en nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, suspenderlas quedando en primer término del orden del día de la primera sesión del mes de octubre, la exposición a realizar por el señor senador Olazábal.
- Fundamento de voto del señor senador Tourné.

9) Artículos 86, 215 y 216 de la Constitución de la República. Su interpretación

- Planteamiento del señor senador Ubillos en nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
- Se resuelve, por moción del señor senador Lacalle Herrera que el asunto pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

10) ILPE. Rectificación de trámite de un proyecto de ley presentado oportunamente

- Planteamiento del señor senador Posadas al haber sido el mismo destinado por la Mesa a la Comisión de Constitución y Legislación.
- Se resuelve por moción del señor senador Batalla que el asunto pase a la Comisión de Agricultura y Pesca, integrada con tres miembros de la de Constitución y Legislación.

11) Integración del Cuerpo

- El señor senador Zumarán solicita se convoque al suplente del señor senador Ferreira, señor Crocce, que se encuentra en antesala.
- El señor Presidente invita al señor Crocce a ingresar a Sala y dado que oportunamente ha presentado el juramento de estilo, se le declara incorporado al Cuerpo.

12) Poder Judicial. Situación actual y perspectivas de futuro

- Exposición del señor senador Batalla.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a la Comisión de Constitución y Legislación.

13) Solicitudes de venia de destitución

- Se resuelve, por moción del señor senador Martínez Moreno, alterar el orden del día y pasar a considerar de inmediato los asuntos que figuran en 12 y 13 términos del orden del día.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió denegar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y conceder la solicitada para destituir a un funcionario de la Dirección Nacional de Correos, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

14) Contaminación de nuestros arroyos

- Exposición del señor senador Traversoni.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Industria y Energía, y de Salud Pública, así como a las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones.

16) Normas para el desarrollo forestal

- Se resuelve, por moción del señor senador Gargano, postergar su consideración para una sesión extraordinaria a realizarse después de la aprobación de la Rendición de Cuentas.

17) Permisos de Caza. Regulación de expedición

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

18) Señor José Germán Araújo. Juicio promovido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

- Se resuelve considerar de orden el planteamiento formulado por el señor senador Olazábal.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

"Montevideo, 31 de agosto de 1987.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 1º, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Exposición del señor senador Hugo Batalla sobre el tema "Poder Judicial. Situación actual y perspectivas de futuro".

(Carp. N° 751/87)

2) Exposición de treinta minutos del señor senador Alfredo Traversoni sobre el tema "La contaminación de nuestros arroyos".

(Carp. N° 862/87)

3) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal.

(Carp. N° 542/86 – Rep. N° 92/87)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4) Por el que se regula la expedición de los permisos de caza.

(Carp. N° 438/85 – Rep. N° 91/87)

5) Por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia el 2° de agosto de 1985.

(Carp. N° 342/85 – Rep. N° 96/87)

6) Por el que se designa al Liceo de Carmelo con el nombre de "Dr. David Bonjour".

(Carp. N° 838/87 – Rep. N° 100/87)

7) Por el que se sustituye el artículo 19 de la Ley N° 15.739, de 28 de marzo de 1985. (Ley de Emergencia para la Enseñanza).

(Carp. N° 828/87 – Rep. 105/87)

8) Por el que se aprueban las Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques.

(Carp. N° 645/86 – rep. 112/87)

9) Por el que se aprueba el Acuerdo Constitutivo de la Oficina Internacional de los Textiles y las Prendas de Vestir.

(Carp. N° 439/85 –Rep. N° 113/87)

10) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales sobre la creación de un grupo de amistad franco-uruguayo.

(Carp. N° 807/87 –Rep. N° 114/87)

11) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. N° 803/87 – Rep. 93/87 – Plazo Constitucional vence el 13 de setiembre de 1987.

12) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para exonerar de su cargo a un funcionario de la Dirección Nacional de Correos (Ministerio de Educación y Cultura).

(Carp. N° 805/87 – Rep. 111/87 – Plazo Constitucional vence el 23 de setiembre de 1987).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores: Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cérsosimo, Cigliuti, Crocce, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Ferreira y Jude.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 21 minutos.)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 1° de setiembre de 1987.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se consagra la delegación de atribuciones en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado.

(Carp. N° 876/87)

A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se aprueba la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su decimoséptimo período de sesiones el 16 de noviembre de 1972.

(Carp. N° 877/87)

A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por el que se aprueba el Protocolo de Prórroga del Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles, del 31 de julio de 1986, por el que se prorroga la validez de dicho Acuerdo por un plazo de cinco años hasta el 31 de julio de 1991.

(Carp. N° 880/87)

A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta de haber dictado los siguientes Derechos y Resoluciones:

Por el que se aprueba la racionalización presupuestal del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".

Por el que se aprueba el presupuesto de la Dirección General de Casinos, a regir desde el 1° de enero de 1987.

Por el que se aprueba la racionalización presupuestal del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Por el que se sustituyen partidas del presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al Ejercicio 1986.

Por el que se aprueba la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, correspondiente al Ejercicio 1985.

Repártanse.

Por el que se autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la trasposición de rubros dentro del Programa 003 "Servicios para Constitución de la Red Vial Nacional".

Por el que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) del pago de todo impuesto, para la importación de materiales para el servicio de Hemoterapia.

Por el que se exonera a la Embajada de la República de China, de pago de todo recargo, para importación de mercadería para la exhibición en la Muestra Agro-Industrial de la Rural del Prado.

Por el que se agregan varios items al Decreto N° 386/86.

Por el que se sustituyen partidas aprobadas del Presupuesto Operativo, de inversiones y de Operaciones Financieras del Banco de la República Oriental del Uruguay para el Ejercicio 1986.

Por el que se amplía un Proyecto de Inversiones del Inciso 07- "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Por el que se modifica la Tasa Global Arancelaria para distintos items.

Téngase presentes y archívense.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Suprema Corte de Justicia, relacionada con la Orden de Entrega N° 130.070 y 130.085; con el servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica.

De la Dirección Nacional de Correos, relacionada con la contratación directa con la firma Transegur S.A.

Del Ministerio de Industria y Energía, relacionada con la Orden de Entrega N° 10.028.

Del Ministerio de Turismo, relacionada con el gasto documentado en el expediente 873/87.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con arrendamiento de un procesador de palabras.

De la Contaduría General de la Nación, relacionada con autorizaciones para gastar, Nos. 009, 00 y 011 y la Orden de Entrega N° 102.150.

Del Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con la Orden de Entrega N° 316.222.

Del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionada con la Orden de pago N° 100.168.

Del Ministerio del Interior, relacionada con arrendamiento de obra.

De la Administración Nacional de Puertos, relacionada con la adquisición de conductores.

Del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con observaciones para gastar, certificación de deudas; contratación de servicios de limpieza; pago de horas extra y con la Orden de Entrega N° 503.258.

Del Banco Hipotecario del Uruguay, relacionada con la renovación de contrato y con el arrendamiento de un micro computador.

Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con Orden de Entrega N° 100.043 y con la contratación de Producción Sofware.

A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por el señor senador Carlos Julio Pereyra relacionada con el denominado "Proyecto de Desarrollo Integral Social Articulado" (PRODISA).

A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por los señores senadores Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Luis A. Senatore relacionada con situación de varios integrantes del movimiento Convergencia Democrática.

A disposición de los citados señores senadores.

El mismo Ministerio remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionada con el número de helicópteros con que cuenta la Fuerza Aérea.

A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por los señores senadores Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Luis A. Senatore relacionada con la requisitoria de varios ciudadanos por parte de la Justicia Militar.

A disposición de los citados señores senadores.

El mismo Ministerio remite la información solicitada por el señor senador Luis B. Pozzolo relacionada con la situación de los bomberos en ANCAP.

A disposición del señor senador Luis B. Pozzolo.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo del pedido de informes formulado por el señor senador F. Mario Ubillos relacionado con cortes de corriente eléctrica que afectan la población de Mercedes, departamento de Soriano.

A disposición del señor senador F. Mario Ubillos.

El mismo Ministerio acusa recibo del pedido de informes formulado por el señor senador Carlos Julio Pereyra, relacionado con la construcción de la Represa de Palmar.

A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El mismo Ministerio remite la información solicitada por el señor senador Reinaldo Gargano, referente al servicio de energía eléctrica en el Barrio Anglo de Fray Bentos.

A disposición del señor senador Reinaldo Gargano.

El mismo Ministerio acusa recibo de la exposición escrita del señor senador Juan Raúl Ferreira relacionada con la localidad 19 de abril, departamento de Rocha.

A disposición del señor senador Juan Raúl Ferreira.

El Ministerio de Economía y Finanzas, remite la información solicitada por los señores senadores Walter Olazábal y A. Francisco Rodríguez Camusso, relacionada a la recaudación por concepto de tributación del Sector Agropecuario desde 1970 al presente.

A disposición de los señores senadores Walter Olazábal y Francisco Rodríguez Camusso.

El Ministerio del Interior acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor senador Hugo Batalla referente a la clausura del periódico "La Escoba".

A disposición del señor senador Hugo Batalla.

El Ministerio de Turismo acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Juan Carlos Fá Robaina referentes a las Termas del Arapey.

A disposición del señor senador Juan Carlos Fá Robaina.

El mismo Ministerio acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor senador Luis. A. Lacalle Herrera referente a la realización de conciertos en la Fortaleza de Santa Teresa, departamento de Rocha.

A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Banco de Seguros del Estado acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones del señor senador Walter Olazábal, relacionada con el derrumbe en la Empresa Azucitrus en la ciudad de Paysandú.

A disposición del señor senador Walter Olazábal.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se autoriza a las empresas u organismos públicos o privados a hacer retenciones de sueldos a los afiliados de la Cooperativa de Consumo de Empleados de FAMOSA (COCEFA).

(Carp. N° 875/87)

A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se declara Monumento Histórico el "Molino Viejo", ubicado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

(Carp. N° 879/87)

A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se modifica el régimen de revaluación de las prestaciones de pasividades servidas por el Banco de Previsión Social.

(Carp. N° 881/87)

A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Gonzalo Carámbula, relacionadas con el cierre del frigorífico Cruz del Sur, con destino a la Comisión Especial que estudia el tema.

(Carp. N° 702/86)

A la Comisión Especial en materia de Industrialización y Comercialización de Carnes.

La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Oscar Gestido, relacionadas con la rehabilitación de los discapacitados en especial de los accidentados medulares.

(Carp. N° 179/85)

A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

Por el que se establece un plazo de seis meses para gestionar la inscripción en el Registro de Estado Civil, de las personas nacidas en el territorio de la República cuyo nacimiento no haya sido inscripto en dicho Registro.

(Carp. N° 766/87)

Por el que se aprueba el texto del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Venezuela.

(Carp. N° 709/87)

por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Corea.

(Carp. N° 579/86)

Por el que se aprueba el convenio sobre Cooperación Técnica No Reembolsable entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con el Banco Interamericano de Desarrollo relacionado con un programa de intercambio y apoyo mutuo en la investigación agropecuaria.

(Carp. N° 459/86)

por el que se establecen normas para el tratamiento legal de las retenciones efectuadas por las sociedades cooperativas en las remuneraciones personales de sus socios.

(Carp. N° 325/85)

por el que se autoriza las escalas en el puerto de Montevideo, de cinco unidades navales de los EE.UU. y una de Brasil para participar en la Operación Unitas XXVIII.

(Carp. N°. 822/87)

Téngase presentes y archívense.

El señor senador Alberto Zumarán presenta con exposición de motivos un proyecto de ley de Ordenamiento de la Producción e Industrialización de la leche.

(Carp. N° 874/87)

A la Comisión de Agricultura y Pesca.

El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera solicita de conformidad a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución se curse a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas un pedido de informes relacionado con declaraciones del señor Presidente de la República Federativa del Brasil, José Sarney.

Oportunamente fue tramitado.

La Bancada del Partido Nacional comunica que el señor senador Juan Raúl Ferreira sustituye al señor senador Alberto Zumarán en la Comisión Especial Encargada de Seleccionar y Publicar los Discursos Parlamentarios del señor senador Dr. Martín R. Echegoyen.

-Téngase presente.

La Intendencia Municipal de Montevideo, acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Dardo Ortiz, relacionadas con el monumento a Diego Lamas.

A disposición del señor senador Dardo Ortiz.

La Junta Departamental de Montevideo, remite nota a la que ajunta la exposición del señor edil Ariel Barrios, relacionada con el Frigorífico Nacional, para su remisión a la Comisión que estudia el tema.

(Carp. N°371/85)

A la Comisión de Industria y Energía.

El Congreso Nacional de Intendentes remite nota relacionada con los artículos 374, 375 y 376 del proyecto de Rendición de Cuentas.

Las Juntas Departamentales de Cerro Largo, Salto, Río Negro y Rocha, remiten notas relacionadas con la Rendición de Cuentas.

A la Comisión de Presupuesto integrada con la Comisión de Hacienda.

La Junta Departamental de Florida remite nota relacionada con los productores perjudicados por la Presa de Paso Severino.

La Junta Departamental de Canelones remite nota relacionada con el precio de los combustibles y sus consecuencia en la actividad agrícola.

La Junta Departamental de Cerro largo remite nota relacionada con la posibilidad de subsidio a los precios de los artículos de primera necesidad.

La Junta Departamental de Durazno remite nota relacionada con la situación del ferrocarril y la suspensión de la línea que sirve el Este del departamento.

La Junta Departamental de Rivera remite nota a la que adjunta la exposición formulada por la edil Alba Ferme relacionada con distintos problemas que afectan dicho departamento.

Téngase presentes.

El señor Presidente del Senado de la República del Perú, remite telex saludando a la Cámara de Senadores con motivo del 162 Aniversario de la Independencia de la República.

-Téngase presente.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor senador Hugo Batalla relacionada con la situación del ex-militar Daniel Rey Piuma.

-A disposición del señor senador Hugo Batalla.

El Mismo Ministerio remite la información solicitada por el señor senador Juan Martín Posadas referente a la designación de docentes en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.

A disposición del señor senador Juan Martín Posadas.

El mismo Ministerio remite la información solicitada por los señores senadores Hugo Batalla, Luis A. Senatore y Enrique Martínez Moreno referente a la concesión de canales de radio y T.V.

A disposición de los citados señores senadores.

El mismo Ministerio acusa recibo a la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Juan C. Fá Robaina referentes s las Termas del Arapey.

A disposición del señor senador Juan C. Fá. Robaina.

El mismo Ministerio acusa recibo de las palabras pronunciadas por el señor senador Luis A. Lacalle Herrera referentes a la realización de conciertos en la Fortaleza de Santa Teresa, departamento de Rocha.

A disposición del señor senador Luis A. Lacalle Herrera.

El mismo Ministerio acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Luis B. Pozzolo referentes a la posibilidad de designar al Aeropuerto Internacional de Carrasco con el nombre de Mario García CAME.

A disposición del señor senador Luis B. Pozzolo.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones del señor senador Carlos Julio Pereyra referentes a "Colonia Miguelete", en el departamento de Colonia.

A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El señor senador Luis A. Lacalle Herrera presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se suprime la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) y se dan normas respecto a la redistribución de sus cometidos.

(Carp. N° 882/87)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor senador Pedro W. Cersósimo presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se instrumenta el contralor de la Enseñanza Pública.

(Carp. N° 883/87)

A la Comisión de Constitución de Educación y Cultura integrada con dos miembros de la Comisión de Constitución y Legislación."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

El señor senador Juan Raúl Ferreira solicita licencia por el término de 31 días.

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1° de setiembre de 1987.

Sr. Presidente del Senado
Dr. Enrique E. Tarigo
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito licencia por 31 días por ausentarme del país, a partir del día de la fecha.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Juan Raúl Ferreira. Senador."

-Oportunamente de votará.

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos exposiciones escritas llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"El señor senador Juan Raúl Ferreira, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento solicita el envío de las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Educación y Cultura.

-relacionada con distintos problemas que afectan el Hogar de Varones de la ciudad de Rivera.

- y relacionada con planteamientos efectuados por los adscriptos y ayudantes del liceo de Rivera."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Sr. Presidente:

Uno de los últimos fines de semana de fecha 22 y 23 de agosto visité la ciudad de Rivera. La primer actividad que allí desarrollé de camino del aeropuerto a la ciudad, es decir antes mismo de comenzar a visitar la ciudad llegué hasta el Hogar Rural de Varones Juan Antonio Lavalleja, el Hogar de Varones de Rivera del Consejo del Niño allí recorrí todas las instalaciones acompañado de Freddy Silva de los Santos, el regente del Instituto, que con su familia en forma de internos, yo diría que son verdaderos padres de familia, porque si hay algo señor Presidente que quiera resaltar antes de comenzar mi exposición, es que más allá de la brillantez, el talento, el afecto la idoneidad técnica con que este funcionario público que honra a la administración desempeña su cargo, debo de señalar el especial cariño, el especial afecto con que en todo momento habló y el que en todo momento demostró, cuando se trataba del cuidado de los niños, algunos de ellos no tan niños, deberíamos de decir para ser más precisos, menores de edad.

Allí pude apreciar cosas ejemplares. En primer lugar el milagro que puede el valor del hombre combinado con el esfuerzo, el sacrificio, la ternura. Todo esto se ve de manifiesto en un lugar en el que con escasos recursos y con una serie de prejuicio sociales en contra se ha logrado construir un ámbito familiar que le da al menor, que llega allí por razones delictivas, un marco y un cuadro dentro del cual reinsertarse en la sociedad, con resultados absolutamente sorprendentes; y también a los menores que llegan allí por razones económicas, por razones sociales encontrar, a pesar de la convivencia de aquellos que llegan por razones delictivas y aquellos que llegan por razones sociales a un ámbito natural y normal de convivencia familiar, diría yo, entre unos y otros.

Visitamos los campos de recreo, visitamos el pequeño terreno que tienen para con gran sacrificio cultivar alguna cosita, visitamos los lugares donde ejercitan deportes, visitamos el taller que con gran precariedad permite en dos años desarrollar los conocimientos básicos técnicos para distintas habilidades de mano y visitamos naturalmente los dormitorios, vimos como estaban dentro de la gran modestia que imponen los recursos, como estaban acondicionados con todas las comodidades y facilidades. Entre las cosas absolutamente ejemplares que vimos, vimos como aquel menor que se hizo famoso acá en Montevideo por haber agredido al Director de la Colonia Berro, había logrado un grado de reinserción y de cohabitación normal y fecunda con sus compañeros, había ganado el cariño y el afecto de los que conviven con él, y había logrado irse insertando en la vida de otra manera, ganado extraordinarias competencias deportivas pero al mismo tiempo ganándose la confianza de las autoridades del Hogar que le permitieron su salida a Montevideo, estuvo por acá unos 15 días, regresó, viaja solo a competencias estudiantiles deportivas, etc.

Todo esto señor Presidente, lo digo para señalar con orgullo de uruguayo, porque me conmovió esta visita, quizás es lo que más me conmovió del departamento, ver como un lugar por donde antes la gente pasaba quizás atemorizada, ahora es un lugar a donde pueden llegar las autoridades nacionales para ver con orgullo, con emoción los logros que se van imponiendo a las faltas de recursos y de posibilidades. Oportunamente y cuando se discuta en la Rendición de Cuentas, plantearemos entonces la necesidad de reforzar las partidas para el Consejo del Niño, y en especial para que el Consejo del Niño brinde primordial atención a este centro que nos dejó tan admirados pero yo en el día de hoy señor Presidente, quería referirme a cosas muy concretas y muy pequeñas que pueden depender de nuestro esfuerzo. Cuando llueve los menores no tienen un lugar a donde recurrir, los menores no tienen un lugar adonde cobijarse, en el mismo dormitorio se ha creado un espacio para esparcimiento que solamente cuenta con una televisión. Necesitan de algunos entretenimientos para dentro de casa, para bajo techo, tales como un futbolito, un videocasete, una mesa de billar, cosas de este tipo que incluso están dispuestos a recibirlos de segunda mano aunque no estuvieran en excelentes condiciones, ya que con la habilidad de los jóvenes y con el taller de que disponen podrían acondicionarlos ellos mismos, lo que también les daría un valor especial.

Yo por mi lado he realizado, el mismo día que regresé de Rivera, algunas gestiones a nivel privado para recurrir a algunas instituciones humanitarias y a algunas instituciones privadas, deportivas sociales para ver si podemos conseguir estos materiales, no obstante seguir insistiendo con estos planteos, quisiera también dejarlos sentados aquí en el Senado de la República. Con gran emoción para mí señor Presidente, antes de irme del lugar, varios menores se acercaron a mí, me hicieron un obsequio que me emocionó muchísimo, un cenicero que ahora luce sobre mi escritorio en mi domicilio particular, un cenicero hecho allí en los mismos talleres. Pero también me elevaron un petitorio señor Presidente, que yo quiero adjuntar a esta exposición escrita, es el oficio 102/87 con la solicitud de donación correspondiente que me han hecho llegar y que yo quiero compartir con los demás miembros de este Cuerpo y que lleva la firma del Regente pero también de muchos de los internados. Aquí lo tengo en mis manos señor Presidente y lo hago llegar a la Mesa a los efectos de que se incorpore también a la versión taquigráfica.

Solicitaría por otra parte, que la versión de estas palabras señor Presidente, sea enviada al Ministerio de Educción y Cultura, al Consejo del Niño y al mismo tiempo que lo tengamos nosotros presente como manera de ver qué esfuerzo podemos sumar para solucionar algunos de los problemas allí planteados. Hago moción en ese sentido señor Presidente.

Muchas gracias.

CONSEJO DEL NIÑO

HOGAR RURAL DE VARONES

"JUAN ANTONIO LAVALLEJA"

RIVERA

Of. N° 102/87 asunto: Solicito donación.

Rivera, 22 de agosto de 1987.

Sr. Senador de la República. Juan R. Ferreira

Presente:

Cúmpleme dirigirme a Ud. Con la finalidad de, aprovechando su visita a nuestro establecimiento, realizarle una solicitud de donación teniendo en cuenta su influencia dentro del Partido Nacional y en el Senado de la República.

Como no escapará a su conocimiento, nuestra institución en una de las más carenciadas dentro del Ministerio de Educación y Cultura y por ende, de todas las de Estado. La misión que debemos cumplir se ve, muchas veces truncada por las dificultades que encontramos en el camino.

De acuerdo a ello es que nos atrevemos a solicitarle realice las gestiones pertinentes tendientes a la donación para este Hogar Rural de Varones Juan Antonio Lavalleja, de 1) un pequeño tractor para el trabajo de labranza de la tierra, con sus implementos, arado, rastra, disqueras, etc. 2) un videocasete, proyector de slides y series de slide para la actividad que cumple el maestro, 3) para recreación se hace imprescindible contar con uno o dos futbolitos de mesa, tipo billar, otros juegos destinados a días de lluvia, pelotas de todos los deportes y juegos de mesa y 4) en vestuarios y calzados tenemos muchas carencias, no contamos con stock de ropas para alumnos de 12 a 21 años ni, muchos menos, calzados, ya sea de vestir o deportivos.

Obviamente, como podrá deducir el señor Senador, no es nuestro interés que logremos, de vuestra parte, todas estas donaciones, ojalá ello fuere posible, pero hemos tratado de enumerarle cuáles son nuestros principales objetivos dentro de lo que pretendemos para nuestros alumnos internados.

Esperando contar con vuestra invalorable colaboración se despide atentamente:

Freddy Silva de los Santos, Regente

Alumnos: firmas ilegibles."

"Sr. Presidente:

Hace pocas semanas, con motivo de una visita al departamento de Rivera, recibí a una delegación de adscriptos y ayudantes preparadores del liceo de Rivera, y allí me plantearon una situación que se me ha venido planteando a lo largo de otras tantas salidas que he realizado al interior en relación al problema de los adscriptos que tiene vinculación, a mi juicio, muy directa con todo el problema de los nombramientos precarios que no se han efectivizado en Enseñanza Secundaria como resultado de lo que a mi juicio a esta altura una omisión del poder político, de aclarar y clarificar algunos aspectos de la Ley de Educación que fuera aprobada poco después de restablecida la Democracia.

Señor Presidente, en este caso en particular esta delegación se refirió a la circular del CODICEN número 92 de junio de este año, en el cual se llama a concurso para adscriptos y ayudantes preparadores solamente a los egresados del IPA. En la circular a la que hago referencia no se establece con claridad si el concurso es solamente un concurso para llenar los cargos vacantes o si también se van a llenar estos cargos que no han sido efectivizados, estos cargos precarios porque todos son provisionales hasta ahora, y por lo tanto señor Presidente, pende sobre la cabeza de estos adscriptos que en el interior yo diría que andan por el orden de los 1.600 y que ninguno de ellos es egresado del IPA , pero que vienen ejerciendo la docencia en algunos casos hasta 15, 16 años que viene ejerciendo la docencia. El plazo vence el 4 de setiembre y por eso señor Presidente la urgencia de hacer este planteo en esta primera sesión del mes de setiembre. Yo creo señor Presidente que a esta altura la solución definitiva solamente podrá venir por la vía de una ley , pero me parece oportuno que éstas mis palabras, se eleven al CODICEN y al Ministerio de Educación y Cultura a los efectos de que se clarifique, de que tengamos claro cuales son los cargos que se piensan llenar. Con todos los adscriptos con que yo he hablado he encontrado una gran disposición de someterse a un concurso de méritos previos para la efectivación de sus cargos; es decir que no rehusan a todo tipo de concurso, sino que rehusan todo tipo de concurso que de antemano excluya a quienes han venido ejerciendo la docencia durante tantos años, que por otra parte la mayoría son profesores en estos liceos, o sea que sirven para la enseñanza directa pero parecería ser que a menos que fueran graduados del IPA no sirvieran para la enseñanza indirecta, hay en ello un contrasentido muy grande. Por otra parte señor Presidente, yo debo decir que soy un firme partidario naturalmente de la profesionalización de la enseñanza y que aspiramos que en el Uruguay cada vez haya más graduados del IPA y cada vez haya más profesores que tengan su título. Pero que esto no sea para amenazar la fuente de trabajo de quienes ya la tienen, sino para crear nuevas plazas en un país que necesita revitalizar y fortalecer su sistema educacional. Quiere decir que yo deseo que se vayan preparando profesores para enseñar en tantos lugares del país que necesitan de la presencia de un profesor en el aula, pero nunca para poner en riesgo el cargo de quien ya lo ejerce, que a mi juicio ha adquirido la legitimidad que le da años y años de docencia calificada. Porque si bien es cierto que todos nos preocupamos por la defensa de la seguridad y la estabilidad de la fuente de trabajo, de cualquier fuente de trabajo de cualquier tipo, a veces nos olvidamos de esta situación irresuelta en la enseñanza que plantea que tantos profesores tengan un marco de incertidumbre muy grande sobre cual va a ser un destino y yo me pregunto señor Presidente, si no es esta una profesión en la cual por lo menos más que en ninguna otra nos debiéramos de preocupar por la seguridad de trabajo de estos profesionales, porque evidentemente la inestabilidad en el cargo, la inseguridad salarial incluso que provoca esta situación precaria de miles de profesores y de adscriptos en el interior del país y de ayudantes preparadores, es una situación que naturalmente trasmite una inestabilidad en el seno de la familia y una situación sicológica que, hasta inadvertidamente, los docentes van a ir trasmitiendo a los alumnos para perjuicio del resultado educacional.

Yo creo señor Presidente, que acá puede haber en este Senado opiniones muy diversas sobre este tema, todas ellas legítimas y respetables, aunque yo no comparta todas ellas naturalmente. Este es un punto de vista que yo creo acertado pero que admito pueda ser polémico y discutible, lo que si digo señor Presidente, es que en la medida que la polémica continúa, y la ley fue aprobada hace ya más de dos años, estamos demostrando con claridad que la ley es omisa en una cantidad de situaciones, no es clara en otra cantidad de situaciones, y yo creo señor Presidente que los políticos podemos equivocarnos cada vez que tomemos una decisión, lo que no podemos ser nunca omisos en tomar las decisiones en el momento oportuno. A mí no me importa equivocarme, me importaría mucho callarme cuando creo que tengo algo que decir y creo Sr. Presidente que el poder político tiene que reconocer que en materia de enseñanza todavía hay mucho para hacer, mucho para legislar porque estamos creando un estado de tensión innecesario en un ámbito tan importante para la redemocratización del país como es la enseñanza, como es la apuesta a las generaciones futuras en un momento en que estamos tratando de distender, de pacificar y de serenar espíritus de todos los ámbitos de la vida nacional.

Cuando me reuní con estos profesores y con estos adscriptos del liceo de Rivera, les dije que yo no podía comprometerme a resultados que no dependieran de mí, pero que sí creía que algún compromiso tenía que asumir y ese era el de hacer oír mi voz y mis puntos de vista, más allá de que los mismos fueran compartidos o no, y por lo tanto señor Presidente si yo no expresara estas palabras estaría siendo omiso a un compromiso que asumí formalmente ante ciudadanos de la República que están defendiendo sus fuentes de trabajo. Era todo lo que quería decir señor Presidente, mocionando para que mis palabras pasen a consideración del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo del CODICEN de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública.

Muchas gracias señor Presidente, hago moción en ese sentido."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Había quedado pendiente de resolución la solicitud de licencia formulada por el señor senador Ferreira.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) PROYECTOS PRESENTADOS

"Carp. N° 874/87

DE ORDENAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LECHE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puede afirmarse que la producción de leche comercial con controles sanitarios estatales así como la industrialización de la leche, comienzan en el país con la ley de creación de CONAPROLE en 1935.

A partir de allí la producción crece en base al abastecimiento del consumo interno, tanto de leche líquida pasterizada como de productos lácteos (manteca, queso, dulce de leche).

A fines de la década de los años cincuenta, la producción se estaciona cubriendo el consumo interno, aunque algunos años en épocas de invierno, es preciso recurrir a la importación de leche en polvo para cubrir el consumo.

En el segundo tramo de la década de los años sesenta, la CONAPROLE elabora el Plan de Desarrollo Industrial, descentralizando las instalaciones industriales de Montevideo. Es así que se instalan tres plantas (Rodríguez, San Ramón y Florida) que constituyen un semicírculo con una distancia de Montevideo de entre 80 y 100 kilómetros. De esta forma se incrementa significativamente el área de influencia de la cuenca lechera. Ello conduce a un aumento, tanto de las hectáreas como del número de productores remitentes, aumentando la producción en términos significativos y volcando esta producción incrementada al exterior.

En 1984,el Consejo de Estado sanciona el Decreto-Ley N° 15.640 por el que se consagra la apertura definitiva del abastecimiento lechero a Montevideo, para todas las plantas. En él se incluyen además, disposiciones que regulan la entrada al abastecimiento por parte de las plantas, tanto para Montevideo como para el resto del país. Asimismo, se establece el marco a través del cual se relacionan estas plantas con sus productores remitentes.

Por otro lado, la CONAPROLE continúa rigiéndose por su ley de creación promulgada en 1935 y por todas las normas complementarias y concordantes que junto con "ley madre" formaban un conjunto coherente y adecuado con la idea de monopolio en que se habían fundamentado. La existencia de estas legislaciones paralelas dentro del subsector lechero significa que, tanto plantas como productores remitentes, tienen distintos derechos y obligaciones, suscitándose así distorsiones que afectan el funcionamiento normal del subsector.

Asimismo, las normas vigentes están orientadas fundamentalmente a la regulación de una industria cuya actividad principal es el abastecimiento del mercado interno. La evolución de la industria lechera en la última década se orienta claramente con una vocación exportadora, circunstancia ésta que no ha sido tendida en cuenta por la legislación vigente.

A pesar del dinamismo de la industria lechera en varios puntos del país se expende todavía leche cruda, con todo lo que ello significa en materia de higiene alimentaria. La disponibilidad de leche pasterizada y la aplicación de controles rigurosos para la leche curda, permitirán extender el beneficio del acceso a un elemento de primera calidad a la totalidad de la población.

Pero además, el presente proyecto de ley busca eliminar la doble legislación hoy vigente; que tanto las plantas procesadoras como los productores remitentes a ellas se rijan por normas comunes y que se reconozca el carácter eminentemente exportador de esa industria.

Luego de la aprobación de este proyecto es nuestra intención estudiar una adecuación de la Ley N° 9.526, de 14 de diciembre de 1935 de creación de CONAPROLE y de todas sus normas complementarias.

Asimismo, se amplía las facultades conferidas en la legislación vigente a la Junta Nacional de la Leche, de forma tal de posibilitar que este órgano pueda realmente controlar la ejecución de las normas incluidas en el presente proyecto, como también intervenir activamente en el diseño de políticas relativas al subsector lechero.

Estando actualmente asegurado el abastecimiento interno de leche en el país, toda regulación, todo marco legal que busque incentivar la producción lechera, se traducirá necesariamente en una promoción de las tareas de industrialización y exportación.

En ese sentido exportar más implica preparar al subsector para ser más competitivo, y esto sólo se compadece con una legislación donde todos los productores y todas las industrias están regidos por idénticas reglas de juego, que sin dejar de considerar los aspectos sociales con la protección del pequeño productor, no se constituyan en una traba o en un obstáculo para el desarrollo tecnológico de la producción.

Alberto Zumarán. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo con el asesoramiento preceptivo de la Junta Nacional de la Leche determinará las localidades del territorio nacional en las que compruebe que se encuentra suficientemente asegurado el abastecimiento de leche pasterizada a la población.

A partir de los 180 días corridos siguientes a la publicación oficial del respectivo decreto, quedará prohibida la distribución y venta de leche cruda con destino a consumo directo en las localidades a que se refiere el inciso precedente.

En las localidades donde actualmente rija dicha prohibición la misma continuará vigente.

La violación de la prohibición será sancionada por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Cuando el Poder Ejecutivo disponga prohibiciones de venta de leche cruda concertará con plantas pasterizadoras o industrializadoras el régimen de absorción de dicha leche, a fin de minimizar los eventuales perjuicios a los productores,

Art. 2° - Las plantas pasterizadoras habilitadas para participar en el abastecimiento de las localidades donde rija o se establezca en el futuro la prohibición de distribuir y vender leche cruda con destino a consumo directo, deberán disponer de la capacidad mínima efectiva de recibir y pasterizar cien mil litros de leche diarios. Dicha capacidad deberá justificarse ante el Ministerio de Industria y Energía.

Por capacidad mínima efectiva afectada al abastecimiento se entenderá, a los efectos de esta ley, disponer de la capacidad industrial requerida para elaborar volúmenes mínimos establecidos y contar con los suficientes productores habilitados, capacitados para remitir regularmente los volúmenes suficientes para el pleno empleo de la capacidad requerida.

Los establecimientos que a la fecha de vigencia de esta ley participan en el abastecimiento de leche pasterizada o hubieren sido declarados de interés nacional, quedarán exceptuados de esta disposición.

Art. 3° - La habilitación de plantas elaboradoras para participar en el abastecimiento de leche pasterizada destinada a consumo directo en las localidades donde se establezca en adelante la prohibición de distribuir y vender leche cruda para consumo directo, se otorgará por el Ministerio de Industria y Energía oyendo previamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Será condición de la habilitación, la presentación de constancia expedidas por el Ministerio de Salud Pública, que certifiquen que la planta habilitada se ajusta a las disposiciones vigentes en materia higiénico sanitaria.

Las normas bromatológicas a aplicarse serán uniformes en el territorio del país y serán dictadas por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento preceptivo de la Junta Nacional de la Leche.

Art. 4° - El régimen de abastecimiento de leche pasterizada para todo el territorio de la República se regirá por las siguientes disposiciones.

a) Podrán participar en el mismo todas las plantas que a la fecha de sanción de esta ley producen y comercializan leche pasterizada para consumo directo de la población, que cumplan con las disposiciones higiénico-sanitarias y se inscriban en el registro que a los efectos abrirá el Ministerio de Industria y Energía. Dicho Ministerio reglamentará la información que las mencionadas plantas deberán aportar regularmente.

b) Cada empresa abastecedora podrá entregar trimestralmente al consumo un máximo de leche pasterizada de hasta un 25% de la cifra que resulte de la aplicación del cociente nacional sobre el promedio de la leche recibida por la planta en los tres últimos ejercicios.

El cociente nacional de cada ejercicio resultará de dividir el total de leche entregada para consumo directo en los tres últimos ejercicios por las plantas pasterizadoras habilitadas por el total de leche remitida a las mismas, también en los tres últimos ejercicios, incluyendo aquel cuyo cociente se quiere determinar.

c) Las plantas podrán sobrepasar el máximo establecido en el literal anterior, cuando las exigencias del consumo de las localidades donde están instaladas así lo justificaren. A fin de obtener la autorización correspondiente, las plantas interesadas la solicitarán en forma fundada a la Junta Nacional de la Leche, en un plazo de treinta días corridos a partir de la vigencia de esta ley, que resolverá en definitiva en un plazo máximo de sesenta días. Durante la sustanciación de estas solicitudes en la Junta, las plantas interesadas podrán continuar volcando al consumo las mismas cantidades de leche pasterizada que venían entregando y sólo deberán modificarlas en atención a la resolución de la Junta, cuando correspondiere.

d) Las nuevas empresas que accedan al abasto por aplicación de los artículos 2° y 6° de esta ley podrán entregar al consumo directo durante su primer ejercicio el máximo de leche pasterizada que fijará el Poder Ejecutivo con el asesoramiento preceptivo de la Junta Nacional de la Leche, de acuerdo con su capacidad efectiva para participar en el abastecimiento. Durante los ejercicios siguientes, el máximo se determinará en la forma prevista por los literales b y c de este artículo.

Art. 5°. – Cuando en una a varias localidades en las cuales haya regido o entre a regir la prohibición de venta de leche cruda, se produzca un desabastecimiento a juicio de la correspondiente Administración Municipal ésta deberá informar al Poder Ejecutivo.

En estos casos el Ministerio de Industria y energía previo el asesoramiento preceptivo de la Junta Nacional de la Leche cometerá el abastecimiento de las referidas localidades a la o las empresa que por su capacidad y proximidad se consideren más aptas para asegurar la continuidad del servicio hasta una cantidad que no supere el 30% (treinta por ciento) de su cuota de venta según el artículo 4°.

Art. 6° - No se otorgará la declaración de interés nacional prevista por la Ley N° 14.178 de 29 de marzo de 1974, a favor de proyectos de nuevas Usinas Pasterizadoras de Leche cuya capacidad de procesamiento a instalarse, con destino a consumo directo o para industria, sea inferior a cien litros diarios.

Art. 7° - A los efectos de esta ley, el ejercicio anual se computará del 1° de noviembre de cada año, al 31 de octubre del año siguiente.

Art. 8° - El precio de venta que deba pagarse a los productores por la leche para consumo directo, así como el precio de venta de leche pasterizada al consumo, en cualquier punto de la República, se regirán a partir de la vigencia de esta ley, por la Ley N° 14.791, de 8 junio de 1978 y por los precios que por aplicación de la misma efectúa el Poder Ejecutivo los que tendrán en ambos casos, carácter mínimo y máximo.

Art. 9°. – La distribución de las cuotas de leche para consumo entre los remitentes a cada planta se regulará por el convenio colectivo que celebrarán las respectivas empresas con las agremiaciones de productores que incluyan entre sus asociados a la mayoría absoluta de remitentes que representen un mínimo del 50% (cincuenta por ciento) en el ejercicio precedente o directamente con los productores que sumen la mitad más uno de los remitentes y presenten el mismo porcentaje del caso anterior.

Dichos convenios deberán ser únicos para cada empresa pasterizadora y regirán para todos los remitentes a la respectiva planta en forma obligatoria, debiendo ser homologados en cada caso por la Junta Nacional de la Leche.

Serán elementos necesarios de dichos convenios:

a) La obligación de las plantas de conceder una cuota mínima de 60 (sesenta) litros a todo productor que lo solicite;

b) Para adjudicar y redistribuir anualmente la cuota a cada productor se tendrán en cuenta el promedio de las remisiones efectuadas en los 36 meses anteriores al 1° de noviembre de cada año y el promedio de los tres períodos 1° de mayo al 30 de julio del último trienio.

c) Que la totalidad de la leche entregada para consumo directo por cada planta sea pagada al precio de cuota a los productores remitentes.

d) La existencia de una Comisión integrada por un delegado de los productores remitentes a la planta, un representante de la planta y uno de la Junta Nacional de la Leche, encargada de resolver todas las dudas o discrepancias que suscite la aplicación del régimen de cuotas, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días.

Las resoluciones que esta comisión adopte podrán ser apeladas para ante la Junta Nacional de la Leche, la que deberá expedirse en el plazo máximo de noventa días.

Los pagos por transferencia y compensaciones de cuotas entre los remitentes a cada planta en cada ejercicio se regularán igualmente por los mencionados acuerdos.

Para poner en prácticas el nuevo sistema de distribución de cuotas, los productores y las plantas tendrán un plazo máximo que vencerá el día primero de noviembre del año inmediato siguiente a aquel en que se sancione el decreto reglamentario de esta ley.

Art. 10. – Las empresas pasterizadoras habilitadas para participar en el abastecimiento de leche para consumo directo quedan obligadas a recibir la totalidad de la leche que, procedente de sus respectivos establecimientos, les envíen los productores registrados como remitentes a las respectivas plantas.

Por su parte, los productores quedan obligados a remitir la totalidad de su producción a un sola planta.

Art. 11. – La Junta Nacional de la Leche funcionará un órgano desconcentrado en el Ministerio de Ganedería, Agricultura y Pesca. Tendrá competencia en todo lo relativo a la proposición o iniciativa, asesoramiento y control de ejecución de la política de producción, industrialización y comercialización de leche y productos lácteos.

Podrá relacionarse directamente con autoridades públicas nacionales y extranjeras, entidades privadas y particulares, pudiendo a esos efectos otorgar poderes generales y especiales.

La Junta se compondrá de diez miembros designados:

a) uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

b) uno por el Ministerio de Industria y Energía.

c) uno por los Gobiernos Departamentales.

d) tres por los productores lecheros en la forma que indique la reglamentación.

e) cuatro por las empresas pasterizadoras o industrializadoras de leche, en la forma que indique la reglamentación.

La Presidencia recaerá en uno de los representantes de los Ministerios.

Los miembros de la Junta durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por más de un período.

Todos los miembros permanecerán en sus cargos hasta que asuman quienes deban sustituirlos.

Art. 12. – La Junta sesionará válidamente con seis miembros y las resoluciones se adoptarán por mayoría de miembros presentes.

Art. 13. – Serán recursos propios de la Junta Nacional de la Leche:

a) el aporte del 0,75 % (cero setenta y cinco por ciento) sobre el precio al productor de cada litro de leche librado al consumo establecido en la Resolución del Poder Ejecutivo N° 2291/74, de 8 de noviembre de 1974.

b) el importe de las multas y recargos que aplique de acuerdo a las normas pertinentes.

c) las donaciones y aportes que pudiere recibir.

Art. 14. – La Junta Nacional de la Leche, en la forma establecida en los artículos precedentes, deberá constituirse en el plazo máximo de sesenta días a contar desde la reglamentación de esta ley; mientras ello no ocurra, la Oficina de Planeamiento y presupuesto continuará prestando el apoyo materia y administrativo requerido para el funcionamiento de la Junta actual, a que permanecerá en funciones hasta que se integre la nueva Junta en la forma que preveen esta ley y su futura reglamentación.

La nueva Junta dictará su reglamentó orgánico y funcional, que someterá a la aprobación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 15. – Todas las empresas que participen en el abasto de leche quedan obligas a remitir a la Junta Nacional de la Leche la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de los plazos que la misma fije.

La violación de las empresas pasterizadoras, de normas de esta ley o reglamentarias de la misma, que no tengan sanción especialmente fijada, será sancionada por la Junta con multa de hasta mil quinientos unidades reajustables y, en casos graves, con suspensión del derecho a participar en el abasto hasta por ciento ochenta días o con el retiro de la habilitación a la planta que corresponda.

Art. 16. – Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley.

Art. 17. – Comuníquese, etc.

Alberto Zumarán. Senador."

"Carp. N° 882/87.

SE SUPRIME LA INDUSTRIA LOBERA Y PESQUERA DEL ESTADO (ILPE) Y SE DAN
NORMAS RESPECTO A LA REDISTRIBUCIÓN DE COMETIDOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando el 18 y 19 de setiembre de 1945, la Cámara de Senadores consideraba el proyecto del Poder Ejecutivo creando el Servicio Oceanográfico y de Pesca, fue el Partido Nacional quien se opuso enérgicamente –por razones que hoy no son del caso considerar- pero que sin duda, en tiempo no lejano, deberá nuestra colectividad replantearse.

Tenemos presente –lectura mediante- los argumentos de carácter filosófico pero esencialmente pragmáticos que contenía el informe en minoría que redactado con la jerarquía que lo distinguía por el senador Dr. Martín R. Etchegoyen y que signaran con él, los Senadores Gregorio Barañano y Avelino Brena.

La posterior exposición en Sala de este último constituye uno de los mejores antecedentes legislativos en la materia. Nos atreveríamos a afirmar que no debería legislarse en materia pesquera sin tomar en consideración –aún no compartiendo sus expresiones- lo señalado entonces.

No obstante participar integralmente de lo que surge de dicho informe, creemos que el SOYP y posteriormente ILPE, organismo sucesor del primero en lo que tiene que ver con captura, industrialización y comercialización, cumplió una tarea fundamental en materia pesquera en momentos en que el país no contaba con un sector privado importante, y los capitales, teniendo oportunidades más seguras y rentables, no encontraban en la industria pesquera el ámbito atractivo que le ofrecían otros rubros.

Coadyuvó a sostener esta realidad los bajos precios internacionales del producto y el desinterés del consumo interno. Como ejemplo decimos que en 1945 el consumo de pescado en nuestro país era de 1 quilogramo por persona por año. Hoy el consumo se multiplicó por 6.

Fundamental, insistimos, porque en alguna medida logró mantener un pequeño mercado interno al cual llegaban los productos en buenas condiciones sanitarias, permitiéndole al consumidor –por lo general inmigrantes europeos o hijos de ellos- mantener las normas de su dieta alimenticia.

También es cierto que al influjo de ILPE la comercialización privada en nuestra plaza debió mejorar sus condiciones sanitarias porque el servicio estatal significaba una competencia muy agresiva en esta materia, sumando dificultades s las que creaban las inspecciones que se realizaban por parte de las oficinas competentes.

Todo esto fue trayendo confianza en un producto que no era tradicional en nuestras mesas y que aún hoy no logró radicarse definitivamente en las costumbres alimenticias de nuestra gente.

También consideramos fundamental la tarea cumplida por ILPE como testigo en materia de precios internos, en una época en que casi no existía la competencia y los pocos mayoristas que comercializaban pescado, por su vinculación ya fuera de orden familiar o similar origen, tenían condiciones favorables para entenderse, por lo que la falta de un regulador hubiera encarecido el producto.

¿Quién puede ignorar la importancia del cometido de orden social que la ley le encomendara de suministrar pescado a expendios municipales, Consejo del Niño y Hospitales y que ha sido cumplido con eficiencia, aún a pérdida, para agregar al alimento de los sectores más desprotegidos, un producto tan rico en proteínas?

La ley de pesca y el Plan de Desarrollo Pesquero aún con las deficiencias que hoy el Parlamento y el Poder Ejecutivo estamos tratando de superar, modificando una y replanteándose el otro- dinamizó el sector el que contando con generosas líneas de crédito por parte de la Banca estatal no tuvo dificultad en crecer en forma acelerada durante la década de los años 70.

También entonces ILPE fue la escuela que permitiera formar los técnicos y obreros especializados que contribuyeran a llevar adelante la buena gestión de empresarios que , inexperientes en este rubro, basaron el accionar en sus recomendaciones. De los cuadros del Organismo en cuestión salieron los funcionarios que luego constituyeron la base y la esencia del éxito que coronó los esfuerzos privados en la industria de la pesca y que le permite al Estado el ingreso de más de U$S 70:000.000 por concepto de exportación.

Hoy nuestro país cuenta con una eficiente industria pesquera privada, base de la economía nacional, procesadora del total de la materia prima que le ingresa y con una planificación en materia de captura que está llegando al límite de las posibilidades que habilita el stock icticola. Podemos aseverar que- como en ningún otro rubro- estamos llegando al nivel óptimo de desarrollo, considerando como factor adverso la falta de tecnología que, en términos generales tenemos y que sin duda ha de ser el paso futuro que permita sumar valor agregado a nuestros productos del mar. Si bien en este aspecto existe alguna avanzada empresarial, todavía no ha tenido la repercusión esperada en todo el sector.

Cabe reflexionar entonces, sobre la situación actual de ILPE, independientemente del análisis que nos merecerían las Administraciones que el Organismo tuvo durante los últimos años.

En su trayectoria – SOYP/ILPE- el déficit ha sido la constante de su gestión, constituyendo posiblemente la empresa pesquera más asistida si queremos hacer un paralelo con el endeudamiento del sector privado.

La estructura de costos, la pesadez de los controles estatales y la atrasada y obsoleta infraestructura de la empresa, sumadas a la ineficiencia demostrada, a la imposibilidad de obtener materia prima y al excesivo número de funcionarios con que cuenta , hacen que ILPE hoy no sea no competitiva ni gestora de buenos técnicos y obreros, ni testigo de precios que la competencia actual no lo hace necesario ni en el adecuado cumplimiento de la ley, proveedor de pescado a precio de costo a los organismos estatales antes citados, sencillamente porque el costo de ILPE es mayor que el precio del producto en plaza.

Con un déficit anual de U$S 1:500.000, una influencia en el mercado exportador del l,22% y en el mercado interno del 7,4%, ha dejado de cumplir con los cometidos que el legislador le asignó en su momento.

Entonces, sin entrar, por ahora, en disquisiciones filosóficas que no descartamos, diríamos que el Estado como capturador, industrializador y comercializador de pescado ha dejado de tener razón de existir.

Estos hechos que hoy se plantean por parte del Poder Ejecutivo y del Partido de Gobierno son los que movieron a nuestro sector en agosto de l985 a votar y manifestarnos en contra de la recreación de ILPE planteada entonces por el mismo Poder Ejecutivo y el mismo Partido de Gobierno. Los acontecimientos actuales nos han dado la razón.

Pero en aquella oportunidad no planteábamos solamente el cierre del Servicio Estatal, sino su transformación en una cooperativa de productores, armadores independientes no comprometidos societariamente con plantas de procesamiento establecidas, que necesitaban, para poder cumplir con todo el ciclo que comprende esta compleja actividad, donde industrializar su captura, y exportarla con el mayor valor agregado posible.

Y alguien se preguntará, ¿ cómo y porqué una empresa altamente deficitaria puede pasar a ser rentable?, o como se ha dicho: si es tan deficitaria por qué quieren comprarla los capitales privados? Estamos en condiciones de hacer algunas afirmaciones al respecto.

En primer lugar, los socios- propietarios de barcos pesqueros todos ellos- estarían en condiciones de suministrarle la captura necesaria para llegar rápidamente al cupo de 12.000 toneladas asignado por INAPE a esa planta de procesamiento. Por otra parte la Dirección estaría en manos de empresarios experientes, altamente capacitados, los que han hecho escuela arriesgando sus bienes personales. También es cierto que la estructura actual del Organismo está compuesta por el 23% del personal administrativo y la actividad privada el 12%; sin embargo, entendemos que una sociedad cooperativa, por la propia naturaleza, puede reducir aún más este porcentaje. Los aportes a la Seguridad Social tampoco estarían incidiendo en forma tan importante en el costo final del producto ya que la actividad privada tiene que pagar porcentajes menores que el Estado. Pero tal vez lo que consideramos como más significativo para insistir en nuestro planteamiento es que nadie cuida mejor los intereses que aquel que los arriesga.

Este sector de armadores de buques pesqueros independientes está compuesto por 42 unidades y en ellas trabajan alrededor de 600 personas entre marineros, tripulantes, etc., y todo el personal es nacional. Cabe agregar que entre todas las unidades en l986 lograron una captura de alrededor de 60.000 toneladas y para l987 se estima que serán no menos de 75.000 toneladas entre todas las especies.

Esto nos asegura que el suministro de materia prima, a la planta que se propone cooperativizar, no perjudicará el cumplimiento de los compromisos contraídos por estos armadores con otras empresas.

Por otra parte el Poder Ejecutivo está otorgando permisos de buques pesqueros a aquellas plantas procesadoras que carecen de ellos con la finalidad de que cada empresa- según manifestaciones del señor Sub Secretario de la Cartera- pueda contar con un porcentaje de abastecimiento propio de materia prima, que le otorgue un accionar medianamente independiente.

Consideremos entonces los aspectos medulares del Proyecto de Ley.

El artículo primero suprime el servicio descentralizado ILPE, creado por la Ley N° 14.499 de 5 de marzo de l976, en sustitución del Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP).

Para evitar la interrupción de las actividades y hasta tanto no se concreta la transferencia, ya que es probable que una negociación de tal envergadura no sea de rápido diligenciamiento, se le trasladan a INAPE las competencias asignadas a ILPE por la Ley N° 14.499, para lo que podrá disponer de todos los recursos humanos y materiales de que dispone ILPE.

Obviamente que por la obligaciones que contrajo ILPE se debe responder, y es INAPE el organismo indicado para ello. Como contrapartida se subrogará en sus derechos.

Al suprimirse ILPE es necesario se efectúen las diligencias necesarias con la finalidad de realizar el valor de todos los bienes que integran el activo –mobiliario e inmobiliario- afectado a los servicios industriales que tiene a su cargo el organismo. Entendemos que se deben conciliar dos aspiraciones: por un lado, tratar de obtener el mayor precio y, por otro, tener en consideración que quien adquiera las instalaciones de ILPE jugará un rol importante en la actividad pesquera del país. Si bien la explotación comercial e industrial de la pesca debe salir de la órbita estatal, eso no puede significar que el Estado no indique los lineamientos de la política pesquera.

Si se efectuara un llamado a licitación pública, la inferioridad en que se hallarán los oferentes nacionales es evidente. Pero aún entre los posibles interesados nacionales creemos que se debe optar por una forma societaria que se abre camino cada vez con mayor intensividad: el cooperativismo.

Concebimos en nuestro proyecto la propuesta de una solución para que sea una organización cooperativa la que pueda sustituir la actividad de ILPE considerando que el sistema y la filosofía que las rige –que son perfectamente conocidas- aportarán los resultados necesarios y esperados para consolidar el desarrollo de la actividad pesquera que deberá atender.

El cooperativismo es una solución socio-económica cuyos beneficiosos resultados se están constatando en todos los sectores que desde hace muchos años prestan servicios en las distintas áreas.

Bien sabemos que en el cooperativismo cada socio tiene igual poder social –un voto- que los resultados habrán de distribuirse proporcionalmente y que, además, ha de existir un estatuto que conjuntamente con la legislación regirá su funcionamiento.

Damos al importante temas que estamos estudiando una solución que entendemos de equilibrio, valiéndonos de la solución cooperativa que consideramos una vía válida y que en definitiva, se adecua a las transformaciones que impone la nueva era que estamos transitando.

El cooperativismo por su doctrina, estructura y métodos, así como por el desarrollo alcanzado en el país, constituye una de las más dinámicas vías disponibles para aplicar las estrategias referidas al problema, constituyendo así un instrumento sustancial para el cambio estructural y el desarrollo capaz de encarar con eficiencia los grandes problemas como este de la hora presente.

Se promueve que la cooperativa desarrolle el ciclo completo de la actividad pesquera, desde la captura hasta la comercialización.

Por lo expuesto, entendemos que se debe autorizar al Poder Ejecutivo a negociar en forma directa con las sociedades cooperativas, obviando el llamado a licitación pública. Expresamos esto porque se instrumentará de tal forma que las garantías que deben rodear estos procedimientos no se verán afectados en lo más mínimo. Y a su vez, a través del cooperativismo, se logrará darle a la explotación comercial e industrial de la pesca un futuro próspero. Solamente si en el lapso de 180 días no existieran cooperativas interesadas o no hubiere entendimiento, se dispone llamar a licitación entre oferentes nacionales.

La empresa adquirente deberá realizar una inversión muy importante para poder lograr el grado de eficiencia deseado. Es en virtud de ello que la Administración Nacional de Puertos deberá asegurarle un periodo lo suficientemente prolongado en el uso del predio ubicado en el Puerto de Montevideo donde se encuentra el Terminal Pesquero.

Es importante señalar que los funcionarios de ILPE no perderán su empleo ni la calidad de funcionarios públicos, sino que serán redistribuidos en forma tal que no lesione sus derechos ni perjudique sus intereses.

Por último digamos que la función social que cumple ILPE al suministrar pescado a precio de costo a INDA, Ministerio de Salud Pública y otros organismos, deberá ser cumplida por el adquirente en las mismas condiciones que dispone la Ley N° 14.499, de 5 de marzo de l976.

Consecuentes con el planteamiento que hiciéramos en l985, cuando el Parlamento consideró la recreación de ILPE a través del Estado, hoy formulamos este proyecto de ley que, si bien no pretende solucionar todos los aspectos de un sector tan complejo de la economía nacional, apunta a superar algunos de sus problemas más notorios. Por otra parte, le proporciona al Estado la vía de canalizar su infraestructura de procesamiento de pescado que hoy es improductiva por las razones expuestas y que entendemos debe significar un factor generador de riqueza, trabajo y bienestar.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador.

Montevideo, 31 de agosto de l987.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1° - Suprímese el servicio descentralizado industrial y comercial denominado Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) creado por Decreto-Ley Número 14.499, de 5 de mayo de l976.

Art. 2° - El Estado a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sucederá en todos los derechos y obligaciones nacionales e internacionales que correspondan a ILPE..

La administración del Instituto Nacional de Pesca (INAPE) será responsable de todas las obligaciones legítimamente contraídas por ILPE, a la vez que se subrogará en sus derechos.

Art. 3° - INAPE ejercerá el contralor de la pesca comercial, industrial y deportiva en los cursos de agua, lagunas fiscales, embalses y represas, asesorando al Poder Ejecutivo en la concesión de permisos para la explotación del recurso, sin cuya obtención no podrá efectuarse la misma..

Art. 4° - INAPE tendrá el monopolio de la faena de lobos en todas las costas e islas del país y de su caza en las zonas de derecho exclusivo de pesca.

Para la ejecución de lo dispuesto en el inciso anterior, pasarán a INAPE los recursos humanos y materiales necesarios de que dispone ILPE para el funcionamiento de su lobería.

Art. 5° - Se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de la contratación directa para enajenar la planta industrial del Terminal Pesquero, cualquiera sea el monto que resultare, así como también la maquinaria e instalaciones industriales pertenecientes a ILPE, a condición de que los adquirentes sean una o más cooperativas de armadores de buques pesqueros de bandera nacional que no fueren propietarios de plantas de frío o procesadoras de pescado.

Art. 6° - A tales efectos el Poder Ejecutivo designará, dentro de los 30 días de promulgada esta ley, una Comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se encargará de negociar las condiciones de la venta. El plazo a otorgar para el pago en ningún caso podrá exceder los 5 años, pudiendo concederse 2 años de gracia.

Si transcurridos 180 días de integrada la Comisión no se llegara a un acuerdo con ninguna de las sociedades cooperativas señaladas en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo llamará a licitación restringida a oferentes nacionales.

Art. 7° - La Administración Nacional de Puertos deberá asegurar a la empresa adquirente que gozará de los derechos de uso del predio ubicado en el Puerto de Montevideo, en las mismas condiciones acordadas con ILPE, por un plazo no inferior a los 30 años.

Art. 8° - Los funcionarios de ILPE no perderán la calidad de funcionarios públicos, siendo redistribuidos en otros organismos del Estado de acuerdo a lo preceptuado por la Ley N° 15.851, respetándoseles todos los derechos adquiridos.

A tales efectos la Contaduría General de la Nación otorgará los créditos correspondientes conforme a las normas vigentes.

Art. 9° - La empresa adquirente deberá comprometerse a cumplir con el servicio social de suministro de pescado a precio de costo a organismos públicos, en las condiciones que actualmente lo hace ILPE.

Art. 10 – La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo que dispondrá de 30 días para su reglamentación.

Art. 11 – A partir de la entrada en vigencia de esta ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a la misma, y en particular el Decreto-Ley N° 14.499, de 5 de marzo de l976.

Art. 12 – Comuníquese, etc.

Montevideo, 31 de agosto de l987.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador."

"Carp. N° 883/87

CONTRALOR DE LA ENSEÑANZA PUBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El adjunto proyecto de ley establece, en base a principios inherentes a nuestro ordenamiento constitucional, precisiones e instrumentos indispensables para el debido contralor, por parte de la Nación, de la "Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística".

Dicho proyecto tuvimos el honor de estructurarlo y redactarlo, en setiembre de l971, cuando ocupábamos la titularidad del Ministerio de Educación y Cultura. El Poder Ejecutivo lo hizo suyo y lo remitió a la Asamblea General el 21 de setiembre de l971. El inminente vencimiento del último periodo de la correspondiente Legislatura (15 de octubre del mismo año) determinó que no pudiese ser considerado. Con las modificaciones que el tiempo transcurrido y las circunstancias actuales imponen, hemos conformado, ahora, un nuevo cuerpo normativo, que es el que acompañamos y sometemos a la ilustrada consideración del Senado.

Resulta necesario reafirmar, por vía legal, la plena vigencia de la disposición constitucional que impone, a las instituciones docentes, atender especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.

El Estado tiene la obligación de procurar que los centros de estudio constituyen lugares donde se forme la disciplina de la mente y la de impedir que no tengan cabida – en ellos – en ninguna forma, cualesquiera métodos o procedimientos que atenten contra el sistema democrático republicano que el país ha adoptado para su gobierno.

La soberanía existe radicalmente en la Nación y es ejercida directamente por el Cuerpo Electoral e indirectamente por los poderes representativos que establece la Constitución (Arts . 4 y 82).

Los Entes Autónomos de Enseñanza Pública son personas jurídicas estatales y sus potestades y cometidos son fijados por la Carta Fundamental y por las leyes, las que, también, establecen los correspondientes procedimientos de contralor a que los mismos están necesariamente sometidos. Como expone el Prof. Dr. E. Sayagués Laso ("Tratado de Derecho Administrador", T. II p. 198.9): "Es lógico que así sea, porque la autonomía no es independencia ni desvinculación absoluta del Estado. Ese contralor lo ejercen distintos órganos: el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, etc. Cada uno de ellos actúa dentro de ciertos límites según procedimientos y formas determinadas. Los procedimientos de contralor fundamentales están previstos expresamente en la constitución. La ley puede reglamentar dichos procedimientos, pero sin ampliar ni reducir su alcance, porque implicaría apartarse del texto constitucional. Esto no excluye que la ley pueda establecer otros procedimientos de contralor además de los mencionados en la Constitución. La enumeración de poderes de contralor en el texto constitucional no es taxativa".

El proyecto regula la intervención estatal – prevista en el inc. 1° del Art. 68 de la Carta- tendiente al mantenimiento, en la enseñanza, de la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Regula, asimismo, confirma y defiende principios básicos como el imperio del orden jurídico común en los institutos docentes; el de libertad y el de laicidad de la enseñanza; el que proclama la ilicitud de toda actividad dirigida a fines de proselitismo, de cualquier especie, en los centros educativos; el que asegura el libre acceso a las funciones docentes y la estabilidad en éstas, el que consagra que deben establecerse reglas fundamentales para el estatuto de los funcionarios de los entes de enseñanza; el que determina la inaplazable aplicación del voto secreto y obligatorio para la integración de los órganos que se indican y el que otorga único y exclusivo carácter representativo a los mandatos que se invoquen.

Las autoridades legítimamente constituidas están dotadas, en nuestro derecho positivo, de poderes y medios jurídicos asignados con la finalidad de cumplir, con eficacia, la función de contralor de la educación que imparte el Estado. Los Consejos Directivos de los entes de enseñanza pública deben ser fiscalizados constitucionalmente por el Poder Ejecutivo y el Senado de la República, en cuanto éstos pueden destituir a sus miembros "en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan" (Arts. 198 y 205) y por el Tribunal de Cuentas, a efectos de impedir que dispongan de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales (Arts. 190, 191, 193, 205 y 211).

Ninguna de las normas proyectadas desconoce, en lo mínimo, el principio de autonomía atribuido por la Constitución a los entes de enseñanza pública; los poderes de decisión de sus Consejos Directivos permanecen jurídicamente intactos.

La reglamentación legal de los mecanismos de contralor sobre los servicios estatales docentes, así como la reiteración de la vigencia de postulados expresa o implícitamente contenidos en los textos constitucionales, está orientada a posibilitar una más correcta defensa de "los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno", que imponen el Art. 2° de la Ley N° 12.549, de 16 de octubre de l958 y los principios fundamentales estipulados por la Ley número 15.739, de 28 de marzo de l987 (Arts. 1° a 4°) y que deben ser el fin primordial de todo ente de enseñanza.

El proyecto procura, en suma, que el Estado pueda prevenir e impedir, en su caso, el incumplimiento manifiesto de los objetivos de sus organismos docentes y la alteración grave, en ellos, del orden y la seguridad públicos. Y aspira a reivindicar el contralor de su vida financiera y de la gestión que cumplen en ese aspecto, a fin de que la Nación tenga conocimiento de ellas y sepa como se invierten y disponen los recursos, recaudados, en su mayor parte, por su contribución.

Montevideo, 1° de setiembre de l987.

Pedro W. Cersósimo. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1° - Declárese en vía interpretativa, que la autonomía conferida por la Constitución de la República a los Consejos Directivos de los entes de enseñanza pública, en ningún caso obstará a la plena vigencia de las normas jurídicas y al ejercicio de los cometidos y potestades que competen a otras autoridades estatales respecto del mantenimiento de la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.

Las autoridades de las Facultades, institutos, liceos escuelas y de todo otro servicio de enseñanza deberán requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos de comisión de delitos en todos los locales a su cargo, sin perjuicio de la formulación de la denuncia penal correspondiente.

El incumplimiento de la obligación impuesta por el inciso precedente configurará el delito previsto en el Art. 177 del Código Penal.

Art. 2° - Repútanse ilícitas en todos los institutos de enseñanza estatales, las actividades de sus funcionarios o alumnos, dirigidas a fines de proselitismo, militancia, agitación o adoctrinamiento de cualquier especie.

Los temas ideológicos, sociales y políticos, sólo serán objeto de análisis y estudio de carácter científico en lo cursos e investigaciones en que corresponda.

En los locales o en cualesquiera dependencias de los institutos de enseñanza estatales no podrán realizarse actividades de ninguna naturaleza con fines de proselitismo sea cual fuere su especie, por entidades o particulares. Repútanse incursos en omisión a los miembros de los Consejos Directivos de los Entes Autónomos de enseñanza pública, a de los miembros de sus órganos desconcentrados, o a los Directores de los institutos, liceos, escuelas y de todo otro servicio de enseñanza pública, que autoricen el uso de los locales estatales para el desarrollo de las actividades referidas en este artículo.

Art. 3° - Es obligación de todos los funcionarios de los entes de enseñanza pública, profesar el ideal democrático republicano conforme con las bases de nuestro orden constitucional.

Art. 4° - Las autoridades de las facultades, institutos, liceos, escuelas y de todo otro servicio de enseñanza, aseguraran plenamente: a) el libre acceso a las funciones docentes, el ejercicio de éstas y la permanencia en el cargo correspondiente, sin discriminación, por parte de quienes desempeñan o hayan desempeñado otras tareas públicas o privadas, cualesquiera fuere su naturaleza; b) a los funcionarios docentes, su libertad de enseñar; y c) a los alumnos, su libertad de aprender.

Se reputarán ilícitas las decisiones de las asambleas o reuniones de funcionarios o alumnos que desconozcan o limiten el ejercicio de dichos derechos constitucionales y los derivados de los pactos de derechos humanos aprobados por el Art. 1° de la Ley N° 13.751, de ll de julio de l969 y Art. 15 de la Ley N° 15.737, de 8 de marzo de l985.

Art. 5° - Quedan especialmente prohibidos: a) la realización de asambleas o reuniones en los locales de enseñanza, o en sus lugares de acceso, que tengan por objeto las actividades referidas en el Art. 2° incisos 1° y 3° de la presente ley; b) toda forma de compulsión, física o moral, que impida u obstaculice las libertades a que refiere el artículo precedente; c) toda actividad, en los locales de enseñanza, de personas ajenas a los mismos, que deliberadamente perturbe o pueda perturbar el normal desarrollo de las tareas docentes; y d) la invocación o ejercicio, expresos o tácitos, directos o indirectos y cualesquiera sean las denominaciones que se les asignen, de toda representación, mandato o apoderamiento que no tengan único y exclusivo carácter representativo.

Art. 6° - Los miembros de los consejos de las Facultades y los Directores de los institutos, liceos, escuelas y de todo otro servicio de enseñanza pública, serán responsables por su acción u omisión, ante los Consejos Directivos de los entes respectivos, del cumplimiento estricto de lo dispuesto en la presente ley, en el ámbito de sus competencias.

Los Consejos Directivos de los entes deberán, a su vez fiscalizar el correcto ejercicio de las funciones de contralor asignadas precedentemente a las autoridades de su dependencia.

En caso de ineptitud, omisión o delito en el desempeño de este cometido de vigilancia por parte de los miembros de los Consejos Directivos, el Poder Ejecutivo iniciará el procedimiento establecido en el Art. 198 de la Constitución de la República y pasará los antecedentes a la justicia competente en la última de estas situaciones.

Art. 7° - Los integrantes de los Consejos Directivos de los entes de enseñanza, que fueren destituidos conforme con lo dispuesto en el artículo l98 de la Constitución de la República, no podrán ser designados o electos para integrar los mismos, por tres períodos consecutivos a partir de la fecha de su destitución.

Art. 8° - Los Entes Autónomos de enseñanza publicarán, semestralmente, estados que reflejen claramente su vida financiera. Los mismos serán visados por el Tribunal de Cuentas y se confeccionarán con sujeción a las ordenanzas de contabilidad que éste dictará al efecto en un plazo de treinta días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 9° - Los Consejos Directivos de los entes de enseñanza pública cesantes, rendirán cuenta pormenorizada de su gestión al Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, en lo referente al aspecto financiero de la misma.

Art. 10 – Las designaciones y elecciones establecidas en el Art. 203 de la Constitución de la República y en la Ley N° 12.549 de 16 de octubre de l958, se harán, en todos los casos referidos en dicha norma legal, mediante el voto secreto y obligatorio del total de componentes de los órganos que establece la precitada ley, en la forma que determine la ordenanza respectiva.

Art. 11 – Establécense con carácter declarativo y como reglas fundamentales del estatuto del funcionario de los Entes Autónomos de enseñanza pública (Art. 204, inc. 2° de la Constitución), las siguientes: a) la imputación de falta de idoneidad moral para ocupar un cargo docente sólo podrá impedir el ingreso o la permanencia en él, cuando estuviere plenamente acreditada la responsabilidad subjetiva mediante una investigación o un sumario administrativo formalmente realizados, en los que el imputado haya podido presentar sus descargos y articular su defensa; b) sólo podrá reputarse carente de idoneidad moral al ciudadano o al no ciudadano que se encontrare comprendido en algunas de las situaciones previstas por los numerales 2°, 4°, 5°, 6° o 7° del Art. 80 de la Constitución de la República.

Art. 12 – Comuníquese, etc.

Montevideo, 1° de setiembre de l987.

Pedro W Cersósimo. Senador"

8) SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE SETIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE – No hay oradores inscriptos para hacer uso de la palabra en la hora previa.

El Senado entra al orden del día.

SEÑOR UBILLOS – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS – Señor Presidente; la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene plazo perentorio para la consideración del proyecto de Rendición de Cuentas y, por tanto, sus integrantes necesitan disponer de tiempo a los efectos de brindarle una dedicación total. Con este propósito, ha resuelto, por mi intermedio, solicitar al Senado la suspensión de las sesiones ordinarias del mes de setiembre, a partir de la de hoy. Hago moción en ese sentido.

SEÑOR BATALLA – Pido la palabra, para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA – Señor Presidente; no vamos a oponernos a la moción presentada; simplemente queremos preguntar si ella no impide que la Comisión que debe entender en el proyecto que vino con aprobación de la Cámara de Representantes relativo al tema de las pasividades – del que ya se ha dado cuenta- prosiga el estudio de esa iniciativa, que estimamos debe ser aprobada o, por lo menos, considerada rápidamente en el plenario del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE – Creo que queda entendido – de acuerdo con la moción formulada por el señor senador Ubillos- que lo que se suspende es sólo el trabajo del Senado como cuerpo y no el de las Comisiones.

SEÑOR UBILLOS. – Pido la Palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS.- Para la sesión del día de mañana, estaba prevista una exposición del señor senador Olazábal. Solicitaría, entonces, que en caso de suspenderse las sesiones ordinarias del mes de setiembre, de acuerdo con lo estipulado en la comisión de Presupuesto por moción del señor senador Rodriguez Camusso, el señor senador Olazábal pudiera realizarla en primer término de la primera sesión ordinaria del mes de octubre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va votar la moción del señor senador Ubillos en el sentido de que se suspendan las sesiones ordinarias del mes de setiembre a partir del día de mañana y que la exposición del señor senador Olazábal se realice en la primera sesión ordinaria del mes de octubre, en primer término del orden del día.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Deseo dejar constancia de que tal como surge de la moción que se acaba de aprobar, se trata solamente de las sesiones ordinarias. Por consiguiente, ello no supone que si alguna de las Comisiones o un grupo de legisladores, por razones de urgencia, desea convocar extraordinariamente al cuerpo, éste no se pronuncie a ese respecto. En ese sentido, dejamos, por supuesto, libertad de acción.

9) ARTICULOS 86, 215 Y 216 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Su interpretación.

SEÑOR UBILLOS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR UBILLOS. – Debo señalar asimismo, que la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda aprobó una moción del señor senador Ortiz en el sentido de que se solicitara, en la primera sesión ordinaria que realizara el Cuerpo, que una Comisión, permanente o especial, se abocara al estudio del alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 86, 215 y 216 de la Constitución de la República.

Formulo esta moción, en nombre de la citada Comisión, y lamento que no esté presente en Sala el señor senador Ortiz por si hubiera que brindar alguna explicación al respecto.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: tal como lo ha señalado el señor Presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor senador Ortiz, luego de hacer una serie de observaciones a determinados artículos, sostuvo que el Cuerpo debería –con vistas a las próximas Rendiciones de Cuentas- ocuparse del alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 85, 215 y 216 de la Carta –seguramente a través de la Comisión de Constitución y Legislación- porque permanentemente se han planteado problemas de interpretación constitucional.

Entonces, creo que lo que corresponde es que esta moción –que la Comisión hace suya, porque la aprobó- al igual que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Comisión con respecto a este tema, sean tenidas en cuenta por la Comisión de Constitución y Legislación, a la que creo que habría que referirlas.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se enviará a dicha Comisión la moción y la versión taquigráfica correspondientes.

10) ILPE. Rectificación de trámite de un proyecto de ley presentado oportunamente.

SEÑOR POSADAS. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. – Señor Presidente: deseo pedir una rectificación de trámite.

Como es notorio, existe un proyecto de ley relativo a ILPE, que ha ingresado al Senado y que ha sido destinado por la Mesa a la comisión de Constitución y Legislación.

En nombre de la bancada del Partido Nacional –que ha estado conversando sobre ese aspecto- solicito que se rectifique el trámite y que se destine el citado proyecto a la Comisión de Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con el reglamento, como el proyecto está referido a un Servicio Descentralizado, corresponde que lo estudie la Comisión de Constitución y Legislación.

La Mesa había pensado que sería oportuno, si el Senado está de acuerdo, integrar la Comisión de Constitución y Legislación con dos miembros de la de Agricultura y Pesca, por la materia del referido Ente.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – El ánimo no es discutir lo que la Mesa actuó, porque seguramente procedió como debía hacerlo. Simplemente le preguntamos que debemos hacer para cambiar el trámite dispuesto; si se requiere algún quorum especial, si debe disponerlo simplemente el señor Presidente del Cuerpo, o si el Senado puede votar al respecto.

Estimamos que por la índole del tema de que se trata la Comisión de Agricultura y Pesca es la más indica para estudiarlo. El tema del ILPE va a determinar necesariamente el estudio de la pesca como actividad nacional, más que en lo estricto relativo al ILPE y ese servicio Descentralizado s disuelve o no. Este último aspecto es muy importante, pero no va a ser el centro de las deliberaciones.

Esa es la razón que nos llevó a solicitar el cambio de trámite.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa no pretendía oponerse a la moción del señor senador Posadas, quien tiene todo el derecho de formularia. Sobre lo que quería dejar constancia, es que, de acuerdo al Reglamento, la Comisión de Constitución y Legislación se ocupa de la administración de justicia, lo referente a Código, organización de Entes Autónomos y Servicios descentralizados, etcétera.

Como el tema tiene que ver con los dos puntos, a modo de sugerencia –digo esto por si el señor senador Posadas quería recogerla- expreso que la otra posibilidad es mantenerlo en la Comisión de Constitución y Legislación, integrándola con dos miembros de la Comisión de Agricultura y Pesca. Por supuesto que el procedimiento puede ser a la inversa.

SEÑOR BATALLA. . Pido la palabra para ocuparme del asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – En la línea que estaba planteando el señor Presidente, pienso que quizás la solución podría ser la inversa, es decir, que funcionara en la Comisión de Agricultura y Pesca, integrada con dos miembros de la de Constitución y Legislación.

En cierto sentido, creo que el planteo de la Mesa es lógico, pero yo, que integro la Comisión de Constitución y Legislación –y lamento que no esté su Presidente, el señor senador Aguirre- me he encontrado con que ésta funciona, un poco, como Comisión embudo. Esto significa que prácticamente todos los temas que algo tienen que ver legislación, se estudian allí.

Considero que la solución puede ser, transaccionalmente, que el asunto se mantenga en la Comisión de Agricultura Pesca integrada con dos miembros de la de Constitución y Legislación. De esa manera, digamos, se respeta el espíritu del Reglamento, y también la realidad del espíritu formulado.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR POSADAS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. – Comprendo el razonamiento teórico que se ha dado, respecto a qué Comisión debe ir este asunto pero también, desde un punto de vista práctico y funcional, me parece que la idea era remitir este tema a la Comisión de Agricultura y Pesca. En realidad tengo poco espacio para moverme, el planteo lo formulo a nombre de la bancada, la que no ha considerado otra posibilidad que la de solicitar al Senado que se le adjudicara esta modificación de trámite a la moción.

SEÑOR BATALLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Hemos estado intercambiando ideas con algunos compañeros de bancada, por lo que voy a plantear una rectificación de mi moción, en el sentido de que la integración no se haga con dos miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, sino con tres, a efecto de que los lemas estén representados en dicha Comisión, que examinará un tema que para todos es muy importante.

SEÑOR POSADAS. – No tenemos ningún inconveniente en aceptar la moción tal como ha sido modificada, ahora, por el señor senador Batalla.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada por el señor senador Batalla, a los efectos de que el tema se envíe a la Comisión de Agricultura y Pesca, integrada con tres miembros de la Constitución y Legislación.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

11) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. –Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Solicito que se convoque al suplente del señor senador Ferreira, señor Juan Pablo Crocce –quien ya ha ejercido el cargo- y se le invite a pasar a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se invita al señor Crocce, suplente del señor senador Ferreira, a pasar a Sala, y habiendo prestado el juramento de estilo, queda incorporado al Cuerpo.

(Entra a Sala el señor senador Crocce)

12) PODER JUDICIAL. Situación actual y perspectivas de futuro.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Exposición del señor senador Hugo Batalla sobre el tema ‘Poder Judicial. Situación actual y perspectivas de futuro’ (Carp. N° 751/87.)"

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. – Pido disculpas por distraer algún tiempo la atención del Senado, sobre esta exposición que en su oportunidad solicitara, y que fundamentalmente busca realizar algunas reflexiones en voz alta, sobre lo que es la actuación actual del Poder Judicial y lo que puede ser su proyección de futuro.

Creo que éste es un tema en el cual todos tenemos una gran responsabilidad. No hay comunidad que no requiera norma jurídica, ni el funcionamiento de una justicia. Si hay algo que también es evidente, es que aquí no podemos hablar de mecanismos que tiendan a extraer de la órbita del Estado, la prestación de la justicia. Esta es una función esencialmente del Estado, en cualquier concepción que nosotros tengamos respecto al modelo de sociedad, a la estructura del Estado, sin duda, la prestación de justicia constituye uno de sus fines esenciales.

Por consiguiente, creo que nosotros tenemos que pensar que en el funcionamiento del Poder Judicial va también una parte de la legitimidad de toda la estructura social y del sentimiento que tiene toda una comunidad respecto a la forma en que es garantizada en el ejercicio de su libertad.

Sin lugar a dudas, la libertad sin justicia, es la mitad de la libertad. Si algo resulta evidentemente arbitrario en una estructura, cualquiera que ella sea, es el que la justicia no alcance a todos.

Por eso es que nosotros entendíamos importante, examinar esa realidad de hoy del Poder Judicial, en la medida en que nosotros también somos conscientes acerca de que, a su respecto, ha arreciado toda una crítica, producto de esta situación que el país ha vivido, y que un poco a través del imperio del orden, casi siempre ha significado que se lleve por delante al hombre, a la libertad y al respecto por el individuo.

Creo que el Parlamento, en general, el poder Legislativo, no se ha abocado a la consideración del Poder Judicial, como una globalidad. Casi siempre se ha examinado a través de soluciones de coyuntura de momento, o de mecanismos presupuestales, que significan esquemas parciales.

No es casual –y creo que es una responsabilidad muy grande de todos los que integramos un Parlamento democrático-que tengamos conciencia de que aquí, en este Uruguay, no hubo un cuerpo normativo, que fuera el resultado de una estructura democrática. Todos los Códigos, absolutamente todos los aprobados en el país, han sido siempre producto de decisiones de las dictaduras. Esto que naturalmente puede aparecer como profundamente rechazable, en la medida en que la Democracia no ha podido aprobar ni un Código Civil, Penal o de Comercio, también aparece condicionado y limitado, por cuanto, en líneas generales, las dictaduras siempre los han manejado con la frivolidad con que, muchas veces, a través de soluciones autoritarias, los problemas se manejan desde la dictadura, creyendo que como una construcción de técnicos, bastaba con que tres especialistas en una rama determinada de Derecho, asumieran una responsabilidad, y sobre esa base actuar y resolver.

Eso nos tiene que llamar a la reflexión. Por ejemplo hace muchos años –teniendo el inmenso honor de ser Presidente de la Cámara de Representantes- por intermedio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de dicha Cámara, bajo la presidencia del gran representante que fue el doctor Enrique Beltrán, en lo que fue una primera experiencia, se intentó aprobar el Código de Procedimiento Civil y el de Procedimiento Criminal, ambos pertenecientes al siglo pasado, totalmente vetustos y ajenos a nuestra realidad. Este esfuerzo se llevó a cabo integrando una Comisión extraparlamentaria, la que contó en aquel momento con los mejores especialistas del país en la materia. Estaban allí representados la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, el entonces Ministerio de Cultura, la Asociación de Magistrados y la Suprema Corte de Justicia; dos representantes por cada uno de estos Cuerpos intentaron, a través de más de un año de arduo trabajo, la confección de Códigos de Procedimientos.

Entendimos en aquel momento que era deseable empezar con lo que refería a problemas de procedimientos, por cuanto se creía que, naturalmente, no podía ser de ninguna manera un trabajo únicamente técnico, esto es, lo que podía referir a un Código Civil, a un Código de Comercio o a un Código penal –este era el más nuevo de todos- porque la creación de un Código Civil o de Comercio implica la determinación de valores, de principios, de estructuras y de institutos, los que están mucho más allá de lo que puede ser un trabajo técnico, la creación y armonización de un cuerpo normativo sobre el derecho de propiedad, sobre el arrendamiento o la servidumbre o sobre una cantidad de relaciones económicas implica naturalmente algo más que una labor esencialmente técnica.

En ese entonces se trabajó intensamente por intermedio de esos hombres que representaban sin duda lo mejor del foro nacional. En lo que hace la modificación del Código de Proceso Penal, se manejaron criterios distintos y allí intervinieron más penalistas que procesalistas; se pretendía transformar en Derecho lo que, a través de los años, la deformación del Código de Instrucción Criminal había llevado a crear como proceso totalmente ajeno a lo que era una realidad estrictamente normativa.

Por su parte, la Comisión que trabajó en la órbita del Proceso Civil realizó una labor de enorme originalidad, en la que prácticamente sustituyó el viejo proceso escrito, existente en nuestra tradición desde el nacimiento del lugar como colonia, por el oral, lo que cambiaba sustancialmente el funcionamiento de nuestra Justicia.

El tiempo –final del período parlamentario y luego, también, de la legislatura- terminó con las inquietudes y un Código quedó simplemente como base para una futura modificación del Código de Procedimiento Civil; el otro fue recogido por el Proceso y transformado en lo que hoy es el Código de Proceso Penal, que en líneas generales recogía aquellas estructura constituidas por la Comisión extraparlamentaria en 1970, pero a la que le quitó tal vez lo que más de positivo y de creativo tenía ese proyecto, que era la creación de la policía judicial.

Con el correr de los años, naturalmente la dictadura muy poco ha creado en esta materia y es lógico que de ella se salga con tensiones con problemas muy difíciles de resolver en el diálogo, en la tolerancia y en el respecto recíproco.

No podemos olvidar que en el período inicial de esta Legislatura prácticamente varios fueron los temas que provocaron la atención del Poder Legislativo. Ocho días después se sancionó la Ley de Amnistía de los presos políticos, de pacificación nacional, que implicó, entre otras cosas, la incorporación a nuestro derecho positivo del Pacto de Costa Rica, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir que esas normas, producto de la más moderna concepción de materia civil y criminal, fueron desde ese momento derecho positivo en el Uruguay, sin que muchas veces la gente llegara a darse cuenta de eso. Poco después, aparece la ley de modificación de la forma de prisión preventiva, tratada muchas veces por distintos medios de prensa con sensacionalismo y atribuyéndole la responsabilidad del auge de la delincuencia, auge éste mucho más artificial que real, mucho más producto del sensacionalismo que realmente de un aumento de la delincuencia. Lo que buscaba esa ley era simplemente instrumentar lo que ya era para nuestro país derecho positivo a través de la ratificación del Pacto de Costa Rica, que el Uruguay había signado en 1969 y que naturalmente la dictadura había ignorado olímpicamente.

No es casual que poco después el parlamento se aboque a través de largas sesiones de la Asamblea General –que impusieron una determinada interpretación sobre lo que habían sido actos e designación de la dictadura respecto a Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo-a la sustitución –a su juicio, imprescindible- de aquellos Ministros que habían sido jerarcas en el Poder Judicial durante toda la época de la dictadura por jueces de carrera, algunos de los cuales había sufrido la destitución y el desconocimiento de sus derechos en lo que fue toda una vida de aporte honesto, cabal y competente a la magistratura.

No es casual, tampoco, que el Parlamento se deba abocar prácticamente en los primeros meses de trabajo a la modificación de la Ley Orgánica de la Judicatura. No se trató de un análisis a fondo, profundo de todo el sistema orgánico del Poder Judicial, sino simplemente de adecuar algo a las normas constitucionales, es decir, lo que había sido funcionamiento durante la dictadura de todo un poder que en varias de sus normas jurídicas, orgánicas no tenia vinculación con lo que era el ordenamiento institucional del país.

Es también el Parlamento, en otras oportunidades, objeto de planteos en la materia, como fue uno que realizó el señor senador Lacalle Herrera, en el que también manifestó su preocupación por un Poder Judicial al que todos ya entonces sentíamos también con dificultades en su funcionamiento. Es así que esta legislatura comienza con una huelga del Poder Judicial.

Cuando sentimos la necesidad de plantear nuestra preocupación por el Poder Judicial, también pensamos en que los sucesos de cada día implican limitaciones que hacen necesario un esquema particular para ese planteo.

El Derecho, naturalmente, tiene tres etapas y no digo nada nuevo en la materia. Una de ellas es la de gestación, en la cual el legislador aparece como el constructor. Como es lógico y natural, las leyes repercuten a nivel público; muchas veces son aprobadas o apoyadas y, otras, son cuestionadas.

Pero también todo ese planteo se hace más dificultoso en sus soluciones cuando nos encontramos con que el proceso de gestación de la ley se da en un régimen en el cual el parlamento no es lo que debe ser sino que aparece teñido de ilegitimidad y, por ende, todo el esquema normativo que regulará, durante un largo tiempo, las relaciones entre los miembros de una comunidad.

Hay que tener en cuenta además, en lo sustancial, que las normas son muchas veces vetustas, que no se adecuan al presente y parecen vigentes para otra época. Me refiero, por ejemplo, a un Código de Comercio en el que al comienzo se habla de arrobas o varas y a un Código Civil que e refiere a una realidad totalmente superada en el tiempo con institutos e instrumentos que, en materias tales como "arrendamientos", nada tienen que ver con los cambios que dicha realidad ha ido imponiendo, año a año, en la normatividad del país.

También en lo orgánico hemos visto como las dificultades ha ido creciendo. Según la última información que tengo a disposición, el Poder Judicial cuenta con 3.003 funcionarios, de los cuales alrededor de 2.300 son administrativos, 250 jueces y, el resto, técnicos semitécnicos. Son estos funcionarios los que tienen la responsabilidad de prestar asistencia a la comunidad. Además, salvo en el caso de los jueces y algún otro pequeño sector, perciben sueldos que escasamente les permiten sobrevivir y realizan un trabajo que –todos los que hemos tenido no sé si la suerte o la desgracia de estar vinculados al Foro durante largo tiempo, lo entendemos así- es verdaderamente agobiante. Ahí no hay gente que vaya a marcar la tarjeta y luego irse; no hay funcionarios que vayan a sentarse a no hacer nada, sino todo lo contrario. Fíjense los señores senadores que estos funcionarios en el total del Presupuesto Nacional, durante el período anterior al primer Presupuesto de la democracia, representaban algo así como el 0,87 %, de total de gastos. Y en esta Rendición de Cuentas van a representar poco más del 2 %.

Hay que tomar en consideración, señor Presidente, la carencia de materiales que sufre el Poder Judicial. Todos la hemos experimentado. Quizás hoy las posibilidades sean mejores que en la época de la dictadura. Eso es natural y lógico porque para la democracia la justicia es importante y para la dictadura es un valor desechable. El Parlamento ha demostrado sensibilidad en este sentido. Así mismo creo que la Suprema Corte ha buscado con gran preocupación, mejorar la prestación de sus servicios. Pero en definitiva muchas veces ha faltado un enfoque global en las soluciones porque ha sido imposible realizar un examen pleno y total de lo que es un Poder Judicial en funcionamiento. Este, para lograr objetivos, requiere locales, funcionarios, jueces y también leyes. Entonces, desde el punto de vista sustancial podemos encontrarnos con que pese a toda nuestra preocupación, a que en este momento estamos examinando un nuevo Código del Proceso Civil y esté también en gestación un nuevo Código del Proceso Penal, no hemos podido examinar en profundidad lo que es el Poder Judicial como tal y su importancia. Para ello todos tenemos la obligación de reflexionar en voz alta.

Me veo en el deber de señalar que todos hemos cometido el error – no se si el error pero si nos hemos visto impuestos por las circunstancias- de examinar la realidad del Poder Judicial a través del análisis del Presupuesto. En el futuro tenemos que percibir claramente la necesidad de examinar la realidad de este Poder, globalmente, repito, más allá del Presupuesto. Hemos caído en el error de pensar que el problema se resolvía con recursos y, naturalmente, sin perjuicio de que son un elemento importante, para facilitar el funcionamiento de un servicio, no constituyen el único camino para mejorar una actividad esencial para la estabilidad de la comunidad.

Esto señor presidente, ocurre a todos los niveles. Por ejemplo a nivel civil, si se ofrece un trámite de divorcio largo y lento, se van a crear problemas no solamente en cuanto a las tensiones que pueden intensificarse dentro de la pareja, sino en algo que es mucho más importante, o sea, en las relaciones entre padres e hijos. Muchas veces hemos vivido esa realidad y entendemos que en el lugar donde menos debe estar la burocractizada la justicia es en cuanto refiere a las relaciones de la familia y en particular a los problemas del menor.

En el correr del tiempo, en materia penal, Código del 80 significó poca cosa más que traer al Derecho lo que era la rutina del procedimiento del proceso penal.

Todo este mecanismo lo hemos vivido como algo profundamente negativo; el Juez muchas veces sentencia habiendo visto al reo solamente una vez y también muchas veces el trámite de un proceso penal lleva años y años en el que el hombre que ha sido privado de su libertad, además tiene la incertidumbre de no saber cuándo puede salir.

Estoy absolutamente convencido de que en el proceso penal no hay garantías fuera del Estado de derecho. Recuerdo que en un escrito que presenté cuando defendía al compañero General Seregni ante la Justicia Militar, dije lo siguiente: "Soy consciente de que la única garantía del proceso penal lo constituye la existencia de un Estado de derecho". En aquel momento casi me cuesta el procesamiento, lo que era una verdad absolutamente indiscutible y lo que era un planteo que nadie, medianamente inteligente, puede cuestionar.

Acá nos encontramos ante un Código Penal de procedencia autoritaria, más allá de la relevancia del doctor Irureta Goyena, que nace en la Italia de Mussolini. Es un código proyectado por un insigne penalista italiano, en el que las soluciones no son las que hoy podemos obtener en la moderna política criminal. No hay política criminal – así lo planteemos sobre la base de la seguridad jurídica o de la defensa social- sin una política social detrás. No es que le creemos al Poder Judicial la responsabilidad inmensa de un problema de marginación social, atento a lo que puede ser hoy la característica del delincuente. Tal vez todo nuestro esquema, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, lleve a pensar que el delincuente es un enemigo público. Quizás tengamos que hacer esfuerzos para que se vea no solamente a nivel informativo sino de la sociedad, al ciudadano delincuente, es decir, al hombre que ha delinquido pero que no hay que marginar de la sociedad. Es esta la que debe buscar los caminos para reinsertarlo. Es lógico, natural y obvio que eso no es responsabilidad del Poder Judicial sino de toda una comunidad en la que nosotros quizás tenemos una obligación mucho mayor. ¿Dónde nace toda esa estructura que conduce al delito?

En gran parte nace de una marginación social, en el "cantegrill", en el niño sin amor, sin ternura, y como una familia sin hábitos de trabajo. Esta es la realidad que vivimos. Es importante señalar –aunque esto nos podría alejar de nuestra exposición, porque creo que hay valoraciones, que están insertas en la propia estructura social- que los medios de comunicación pocas veces hablan del delincuente de guante blanco y sin embargo, el infanto juvenil llena las páginas de los diarios. Quisiera saber cuál de ellos causa más mal a la comunidad, agravia, arremete lesiona más los valores de la convivencia. Todo eso es una realidad. Naturalmente vivimos insertos en ella y, si bien la responsabilidad también es nuestra, no es menos cierto que de ella forma parte un Poder Judicial capaz de resolver rápido, bien, con inmediatez y que en definitiva también siente que en esa comunidad hay un deber que es de todos.

Hacemos hincapié en esto que quizás haya sido producto de nuestra experiencia en el foro penal más que en el civil. Tenemos alguna experiencia civil, por ejemplo, en materia de arrendamientos. No hay juicio más deshonesto desde todo punto de vista que el de los arrendamientos.

El señor Presidente, que es un experto en la materia sin duda estará de acuerdo con esta afirmación. Todo eso es producto también, de una cantidad de factores que puede estar en la oposición permanente de arrendatarios y propietarios. Pero también lo es por una estructura procesal que hace del juicio de desalojo una permanente ficción en la que lo que juega es la chicana, la demora, el intento, por una parte, de impedir todo contradictorio y, por la otra, el de utilizar al máximo las posibilidades del proceso de tal manera que el juicio que debía durar ocho o quince días –o en el caso de juicio monitorio que ni siquiera llega a la contradicción efectiva- se transforma en un juicio en que el demandado gana en la medida en que se demore ese juicio.

Hay algo que está vinculado al desarrollo sustancial del proceso que es, como dijera el doctor Gelsi Bidart, desesperadamente escrito. Esa es una experiencia que el país ha vivido y forma parte de lo que, tanto el Poder Judicial como nosotros, tenemos que percibir, o sea, la necesidad de cambiar. Pero es necesario que el proceso escrito se haga en forma oral. Esto no implica que en 24 o en 48 horas podamos establecer todos los mecanismos necesarios para el funcionamiento de un juicio oral. Es imprescindible ir creando hasta la mentalidad en los protagonistas del proceso, y aún en la propia comunidad, para el ajuste y funcionamiento de ese nuevo proceso. Cuando uno habla del proceso por audiencia sustituyendo al actual proceso escrito, en cierto sentido nos manejamos con criterios hasta de rutina diciendo que se eliminan o disminuyen las garantías. Quizás se tenga también el convencimiento de la comodidad que es tener en nuestras casas la posibilidad de hacer un escrito tomando mate o charlando con la familia, más que estar días y días en audiencias y donde las partes se encuentran en otro clima.

Todo eso forma parte de algo que uno siente que, en lo sustancial y en lo orgánico, va a tener que ser modificado dentro del Poder Judicial.

Pienso que en grandes sectores de los protagonistas del proceso todavía no existe una mentalidad que le permita sentir como imprescindible el juicio oral. Este no puede ser impuesto abruptamente pero en lo civil va a implicar que el Juez tenga la inmediatez necesaria para el conocimiento de las partes y para el juzgamiento con cabal visión de las cosas.

En materia penal es necesario, que a través del juicio público haya una comunidad que sienta cómo se ejercita la justicia. Pero además es importante que el Juez tenga frente a si al inculpado en forma permanente.

No es que estemos diciendo verdades originales. Prácticamente en la mitad del mundo se está trabajando así. No recuerdo con exactitud, pero creo que una frase de Calamandrei decía que el Juez es el derecho hecho hombre.

Creo que en el Uruguay hay una cantidad de factores que han impedido que el Poder Judicial tenga la imagen y la fortaleza que deben tener.

Recientemente, en la Comisión de Constitución y Legislación conversábamos con los señores Ministros de Interior y de Educación y Cultura y con los representantes de la Suprema Corte de Justicia respecto de los problemas vinculados a lo que se ha denominado como "el auge de la delincuencia". En ese planteo señalamos algo que creemos es absolutamente indiscutible: la necesidad del juicio en lo que refiere al proceso para el menos. En cierto sentido, puede parecer incompatible que entendamos que el menor debe ser sometido a juicio y, al mismo tiempo, nos neguemos a disminuir la edad de imputabilidad para el mismo. Creo que es absolutamente inconveniente y significaría retrotraernos a etapas anteriores de nuestro desarrollo normativo, jurídico e institucional e incluso de nuestra concepción de política criminal, el bajar la edad nuestra concepción de política criminal, el bajar la edad de imputabilidad del menor; pero también pensamos que éste debe sentir la presencia de la sociedad a través de un juzgamiento.

Aquí se habla, casi siempre, de países como Francia o España, en los que la edad de imputabilidad es menor de 18 años, y es cierto; pero también lo es que esos países establecen una edad menor de los 18 años para determinar responsabilidad. Es difícil que pueda entenderse que realmente existe responsabilidad penal, por cuanto esos menores son sometidos a un tratamiento distinto de lo que puede implicar el carácter punitivo de una sanción.

En nuestro país nos hemos encontrado con que el menor es sometido a Juez, pero no a juicio, cuando comete un delito; es decir que queda sometido a la discrecionalidad judicial, pero no siente la presencia de una sociedad a través de un juicio formal en el que puede realizar su defensa, presentar pruebas y hacer todo aquello que, aun atendiendo a su calidad de menor, implica la relación de todo ser humano con la sociedad.

Esto no significa debilitar nuestra concepción claramente opuesta a bajar la edad de imputabilidad de 18 años sino, justamente, determinar la presencia de la sociedad. No debemos olvidar que, tal como lo ha dicho la señora Ministra de Educación y Cultura, esos niños no son más de 100 ó 150 y responden a sectores marginados de la sociedad. Si entendemos que el delincuente debe ser tratado como un hombre, como un ciudadano que delinque y que debe ser reinsertado en la sociedad, con más razón debemos plantear una solución similar cuando se trata de un niño –ni siquiera un adolescente- que comete un delito.

Con respecto al funcionamiento del Poder Judicial creemos que hay elementos que es necesario rescatar por encima de todo otro valor. Algunos de ellos son producto de declaraciones constitucionales que lo reconocen como poder del Estado, pero que también reconocen su funcionamiento plenamente autónomo, no sólo en lo orgánico –que es posible que lo sea- sino también en lo financiero y en lo económico. Creemos que el Poder Judicial debe tener recursos propios. En el curso de los años, hemos obtenido el reconocimiento de una Justicia gratuita; pero en definitiva, ésta la paga la comunidad y no la ejercen todos. Personalmente, no me preocupa la justicia gratuita para un banco que realiza una ejecución por U$S 1:000.000, pero sí es necesaria para alguien que pide un divorcio y no tiene recursos, para cualquier gestión de familia y para quien pide el amparo del Estado a través del Poder Judicial en una gestión determinada. Evidentemente, eso no puede significar un beneficio para todos. Por otra parte, de acuerdo a nuestro esquema tributario, la comunidad paga casi el 80 % de ese beneficio, con el impuesto al gasto. Se dice que en la Justicia existe garantía para todos por igual, pero en su ejercicio concreto sirve más a unos que a otros. Por lo tanto, no creo que podamos establecer como principio absoluto y para siempre, el de la gratuidad de la Justicia, porque aun así eso muchas veces puede resultar profundamente injusto. Naturalmente, esta afirmación puede ser polémica y quizá no sea compartida; para nosotros, los abogados, ha resultado un elemento muy positivo, pero pienso que una Justicia estructurada sobre otras coordenadas, en la que el proceso de audiencia señale una inmediatez de las partes con los abogados y con el Juez, y de todos –partes y Juez- con la sentencia –es decir, con el final del proceso- señalaría claramente la posibilidad de que esa onerosidad de la Justicia no implicara mengua de su universalidad, ni de la rapidez y tampoco algún tipo de discriminación.

En un segundo término, también entendemos que es importante que el Juez protagonista sea el resultado de una elección, pero no sólo a través de un concurso de oposición, porque no creo que esto sea un elemento suficiente para individualizar la personalidad del Juez. Declaro ante el Senado que en los años anteriores a la dictadura he respetado mucho a algunos Jueces a los que durante ese período dejé de respetar. Se trataba de hombres inteligentes y buenos técnicos del Derecho, pero fueron instrumentos de la dictadura, y no pudieron soportar la presión de todo el régimen. Esos hombres no sirven para Jueces. El concurso de oposición quizá pueda representar un buen índice –y considero que los elementos objetivos siempre son mejores que la cuota política- pero de cualquier manera no creo que sea el único elemento cabal para dar la dimensión de un buen Juez.

Considero que debemos luchar por la creación de una Escuela de Magistrados y tenemos que buscar caminos que tiendan a profesionalizar, no solamente en cuanto a la condición de dedicación total del Juez, sino también en lo que respecta a la orientación y a la canalización de la vocación del que aspira a ser Juez, a quien debemos darle los conocimientos suficientes, no para ser un Juez de proceso de sentencia, sino también de audiencia, que es distinto. Eso requerirá del Juez ciertas condiciones de preparación en Derecho, que deben ser más profundas y completas que las de aquel que tiene la tranquilidad de poder examinar en su casa todos los aspectos que se le plantean, con los libros en la mano. No creo que podamos manejarnos con una estructura jurídica que no le dé inmovilidad al Juez.

Entiendo que tanto para la carrera del Juez, como para los funcionarios del Poder Judicial, la inamovilidad es esencial y comprendo que, sin duda alguna, para ellos deben existir garantías que atiendan justamente al carácter especial de la función que desempeñan.

También considero que nosotros debemos buscar al corto plazo una solución a los efectos de la creación de una policía judicial. Creo que muchos de los problemas que hoy se plantean en el país no se suscitarían si existiera una policía judicial. Además, pienso que los principios que regulan el funcionamiento del presumario siguen siendo claramente inconstitucionales, ya que estimo que nadie puede firmar declaraciones si no es en presencia de su abogado; y como pienso que eso no es posible hacerlo en la vía policial –por cuanto estaríamos ante una indagación administrativa- también estoy absolutamente convencido de que no puede hablarse de una posibilidad de que los memorándum lleguen al Poder Judicial ya firmados, donde muchas veces –y eso sucedía en algunos juzgados que funcionaban mal; no sé si aún existen porque soy un abogado agonizante- simplemente se les pedía la ratificación de lo que era su declaración ante la sede policial.

Por otra parte, creo que debemos tomar conciencia de la necesidad de dotar al Poder Judicial no sólo de una normativa moderna y ajustada a la realidad del país y del mundo, sino también de la posibilidad de que, una vez aplicado el esquema punitivo, tengamos a un hombre readaptado a la sociedad y que las cárceles sean tal como realmente quiere la Constitución, es decir, instrumentos para la readaptación del hombre a la sociedad.

Esto es, señor Presidente, lo que quería señalar reflexionando en voz alta, porque siento que todos nosotros tenemos la enorme responsabilidad –creo que así lo entendemos y lo siente también la Suprema Corte de Justicia- de dar al Poder Judicial la dimensión que debe tener dentro de un esquema democrático. Eso lo lograremos facilitándole los recursos presupuestales con lo que debe contar pero, además, dotándola de una sustancia normativa con sentido moderno que le permita utilizar lo que la ciencia y la tecnología ponen hoy al servicio del hombre para hacer justicia.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. . Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. . Señor Presidente: lamento no haber podido escuchar en su integridad la exposición del señor senador Batalla porque, por razones ajenas a mi voluntad, no puede entrar a Sala antes de que él hubiera avanzado en el desarrollo de la misma. No obstante, quiero señalar mi total acuerdo con la intención que lo ha motivado a realizar esta exposición.

Comparto la gran mayoría de los conceptos que ha expuesto el señor senador sobre la situación –en mi opinión, verdaderamente lamentable- de nuestro Poder Judicial, de la que no son responsables las actuales autoridades de la Suprema Corte de Justicia, sino que ha sido heredado y se ha venido arrastrando durante décadas en la historia de la República. Dicha situación obedece a los textos legales vigentes y a prácticas casi seculares, arraigadas en las costumbres del Foro, de los abogados, de los funcionarios y de los magistrados, que fluyen de dichos textos legales, totalmente anacrónicos y arcaicos, que sin duda deben ser modificados. Tanto es así, que con los compañeros de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado estamos trabajando ahincadamente para poder sancionar, en el más breve plazo posible, el excelente –de ello no me cabe la menor duda- proyecto de Código que han redactado varios profesores que honran a nuestro país, cuyos conocimientos científicos han sido reconocidos a nivel internacional, al punto de que se les ha encomendado la redacción del Modelo de Código hispanoamericano del Proceso Civil. Ellos son el señor senador Decano de la Facultad de Derecho, doctor Gelsi Bidart y el doctor Enrique Véscovi, con quienes ha colaborado, en la redacción de este proyecto de Código, el señor Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, doctor Luis Torello.

Lo que el señor senador Batalla ha expresado en cuanto a la forma en que se brinda el servicio de justicia, los inconvenientes que trae aparejados, la importancia de un correcto funcionamiento del Poder Judicial para la vigencia efectiva del Estado de Derecho y otras consideraciones que ha hecho sobre la política criminal del Estado, lo compartimos plenamente.

En lo que hace el concepto de porqué se delinque en la sociedad y cómo se debe erradicar o moderar el fenómeno delictivo, coincido casi en un 100%. Y hemos tenido oportunidad de expresarlo así ante ciertos embates que últimamente se han operado para darle un acento draconiano a las leyes penales, como si con mayor rigorismo se llegara a reducir el ámbito del delito en una sociedad.

Dicho esto, queda expresado, por consiguiente que compartimos casi todo, lo que ha manifestado el señor senador Batalla y creemos que hay que en la necesidad de cobrar conciencia acerca de lo imperioso que resulta abocarnos, de una vez por todas, a una reforma de la Justicia en cuanto a su funcionamiento y de Código que la disciplinan, que desde más de un siglo sufrimos todos los habitantes de la República, porque realmente no es un instrumento eficaz para dictar justicia.

No obstante todas estas coincidencias, me ha preocupado una afirmación que en el curso de su exposición –quizás debido al calor de la misma- hizo el señor senador Batalla, cuando expresó que el Código Penal vigente es un Código que su inolvidable autor, el doctor José Irureta Goyena, tomó del modelo vigente en Italia durante la época fascista, es decir, del Código sancionado en 1930 y redactado por un gran penalista, que en el sistema institucional de la Italia de aquella época era conocido como el "guardasellos" Rocco. Esta crítica se le ha hecho muchas veces al código de Irureta Goyena, pero la verdad es que, leyéndolo desde el primero a su último artículo, no le encuentro nada de fascista ni de totalitario. Podrá decirse que algunas penas son algo severas, que alguna figura delictiva sobra y que otras faltan, así como, por ejemplo, que –con criterio acertado en mi concepto y por los fundamentos que él expuso- no estaba penado el aborto en los mismo términos que ahora, pues esa figura delictiva, no la consagró el doctor Irureta Goyena en el Código, sino que obedece a una reforma realizada en el año 1938.

Siempre se le ha hecho esta crítica a Irureta Goyena, porque en la exposición de motivos del Código, quizás con demasiada honestidad intelectual, dijo; "He seguido en general la sistematización del nuevo Código italiano, eliminando todo lo que me ha parecido en él excesivo y de corte demasiado fascista". Pero lo cierto es que el doctor Irureta Goyena, que sucedió en la Cátedra que honró durante dos décadas a Gonzalo Ramírez y a Martín C. Martínez, dejó una huella imborrable en su enseñanza, y todos los estudiantes que tuvieron la felicidad de ser sus alumnos sentían por él una extraordinaria admiración. Eso lo escuché de labios de mi padre, que fue su alumno. Además, guardo en mi casa, como un documento preciado, un ejemplar de la otra "El delito de homicidio" del doctor Irureta Goyena, que perteneció nada menos que a Carlos Quijano. En él hay algunas anotaciones de puño y letra, con lápiz "Faber", del doctor Quijano –que era compañero de mi padre- y en varias de las anotaciones constan juicios laudatorios, reveladores de la admiración que él sentía por aquel eminente maestro.

En la edición oficial del año 1955, que tiene un prologo del ex-catedrático de Derecho Penal, hoy fallecido, doctor Carballa, se lee lo siguiente: "Si esta vinculación con un texto de indudable filiación totalitaria fue motivo, en su hora, de ciertas reservas de opinión, ello se debió, fuera de dudas, a la falta de información comparada y al desconocimiento del nuevo texto uruguayo.

Inútil será buscar en nuestras disposiciones aquellas que caracterizaron como novedades de la Segunda Parte a los Códigos Penales totalitarios, en manera especial las contenidas en el Título X, hoy en camino de desaparecer. Y es prueba evidente –dicha por vía de ejemplo- de separación en los conceptos fundamentales, la naturaleza jurídica que atribuye el nuestro a los delitos contra los derechos políticos del ciudadano. En el régimen fascista, eran esos derechos del Estado y su violación –contenida en el Capítulo III del primer Título- lesionaba la personalidad del Estado; el codificador uruguayo los incluyó correctamente entre los delitos contra la libertad individual.

"Difícil sería" –agregaba el doctor Carballa- "también, determinar la mayor severidad del nuevo Código con la sola comparación de las penas concretas fijadas para cada delito, pues el sistema de su aplicación ofrece características diferentes. Otros elementos de juicio, como la retroactividad absoluta de la ley en cuanto a las penas, que desbordaba la tradicional solución italiana acercándolo al totalitario de la Rusia Soviética y la restricción de la libertad condicional, obedecían, el primero a una clara convicción doctrinaria y el segundo a la preconizada necesidad de hacer efectivo el cumplimiento de la pena.

"En más de una ocasión fluye de las palabras del Codificador su acendrada fe positivista. Todo el sistema del Código parece articulado en función del concepto rector de la defensa social, pero donde particularmente lo expresa, es en el apartado V de su exposición de motivos.

Empieza con estas palabras: ‘La función represiva no es más que una función de defensa social’, y continúa, en términos de indudable contenido positivista: ‘con este criterio resulta lógicamente inoficiosa la distinción entre sujetos punibles y no punibles siempre que sea necesario defenderse de su conducta en la sociedad’."

Además, el concepto del doctor Irureta Goyena es hoy de recibo en los problemas de política criminal que tenemos por delante. En mi concepto, ello que da de manifiesto en la nota explicativa que acompaña al tan discutido artículo 34, que estableció en los 18 años el límite de la inimputabilidad de los menores. Con conceptos que son perfectamente coincidentes con lo que expresó el señor senador Batalla, y que comparto –aunque no los comparten otros legisladores que toman asiento en este Cuerpo- el doctor Irureta Goyena, dijo: "El menor delincuente es la más de las veces un niño que no ha tenido hogar o que se ha formado en un hogar vicioso, moral y materialmente abandonado y al que lo único acertado y eficiente consiste en suministrarle la disciplina educativa de que se ha visto privado. El mismo Lombroso, autor de la tesis sobre el origen fisiológico del delito infantil ha acabado en sus últimos libros por reconocer la preponderancia de los factores sociales.

"La defensa social se obtiene plenamente, a su respecto, abandonando la vieja teoría del discernimiento y fijando con los datos que suministra la psicología, un limite de edad por debajo del cual resultan eficientes las medidas educativas".

Reitero que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha expresado el señor senador Batalla me felicito de que haya traído este tema al Senado. Pero pienso que no sería justo que quedara en la versión taquigráfica de esta sesión esa expresión, que quizás no traduzca fielmente sus pensamientos sobre los méritos y la filiación doctrinaria del gran Código que nos legó el doctor Irureta Goyena, que por algo prácticamente no ha sido modificado hasta el presente, a pesar de diversos intentos en ese sentido. Se trata, por otra parte, de una personalidad que, además de haber sido un jurista eminente, tuvo muchas otras aristas sobresalientes y actuaciones de relieve en la vida nacional, entre las que me complazco en recordar, en este momento, el hecho de que, en varias oportunidades, los partidos políticos le confiaron la delicadísima misión de presidir la Corte Electoral.

Es cuanto quería expresar, señor Presidente.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Señor Presidente: no recuerdo exactamente cuáles fueron mis expresiones. Creo que mencioné que se trataba de un Código de concepción autoritaria, surgido en la época de la Italia fascista.

Como el señor senador Aguirre, también siento un profundo respeto por el doctor Irureta Goyena. Pienso que este es un Código que evidentemente respondía de una concepción autoritaria. Todo el Capítulo de los delitos contra el Estado así lo señala, e incluso debió ser luego modificado el Código original –es decir, el Código Rocco- cuando Italia se tornó democrática, a los efectos de establecer determinadas concepciones modificativas respecto a la resistencia legítima a la arbitrariedad de la autoridad.

De todas maneras, no tengo ningún inconveniente en señalar que no era mi intención expresar que el Código es fascista; simplemente mencioné que es un Código de concepción autoritaria, pero eso es algo distinto.

SEÑOR BATTLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. – Señor Presidente: es notorio que puedo aportar poco a este tema, ya que pese a ser abogado, hace muchos años que no ejerzo la profesión. Es más, después de los tres primeros años de recibido por circunstancias conocidas me dediqué al periodismo y a la política, por lo que dejé de ejercer la profesión. Esto me ha alejado del conocimiento teórico y de la práctica de lo que ocurre en el sistema judicial. Por lo tanto, mal podría ser útil alguna reflexión sobre este tema.

Sin embargo, como ciudadano que presencia todos estos hechos, puedo pensar que esta es una de las áreas más sensitivas de la sociedad uruguaya de hoy y de las que más requieren una transformación profunda, no ya rápida –porque muchas veces las cosas rápidas no son las mejores- sino, por lo menos, dedicada.

Entiendo que de los muchos foros en los que se puede discutir este tema y elaborar soluciones, el de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado es, sin duda, uno de los más apropiados porque en él concurren legisladores con señalada competencia en el tema y con capacidad de trabajo y estudio. Ellos van a poder aportar al Senado soluciones cono las que acaba de mencionar el señor senador Aguirre; inclusive, podrán realizar una labor que dará sus frutos dentro de lo que nos queda de esta Legislatura, contando para ello con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia, cuyos integrantes poseen conocimientos teóricos y prácticos de cuanto allí ocurre.

He tenido oportunidad, señor Presidente, de leer alguna publicación extranjera, particularmente italiana, referida a la Justicia, no sé cómo estará organizada la Justicia en ese país, pero supongo que por su dimensión geográfica, será por regiones.

En la justicia napolitana existe un proyecto cuya denominación es similar a la de algunas operaciones, a las cuales se da un nombre para significar que son procesos globales. En este casos se procura una transformación administrativa muy importante. Con respecto a ella, tuve oportunidad de constatar que la velocidad y eficacia de la justicia habían aumentado, a través de la incorporación de una tecnología de avanzada, que se utiliza en otras actividades de orden administrativo, en el mundo moderno.

Esto, posiblemente, pueda aportar una ayuda fundamental para ordenar todo el fárrago de papeles heredados de la administración colonial y del orden administrativo impuesto a este continente por nuestra Madre Patria, vía Felipe II, tanto en la administración judicial como en la administración pública.

Supongo, señor Presidente, que todo el Cuerpo tiene conciencia de que la sociedad uruguaya necesita un Poder Judicial que actúe con diligencia y con acierto. Esta es una de las garantía fundamentales –no sé si la más importante- que no cede en rango a ninguna de las demás garantía que la sociedad necesita. Más que apoyo financiero, requiere un mejor uso y distribución de los recursos, tanto humanos como materiales.

El señor senador Batalla hacía referencias a una determinada cantidad de funcionarios –no sé si consideraba que eran muchos o pocos, ni sin estaban bien distribuidos o no- al tratar el problema de los recursos humanos.

De acuerdo a mi pobre experiencia y a las informaciones que recibo por parte de mis amigos, creo que el cuello de botella está situado, fundamentalmente, en la reducida cantidad de jueces...

SEÑOR BATALLA. – De acuerdo.

SEÑOR BATLLE. - ...y en el aumento muy sensible de asuntos que deben tramitarse todos los días.

Actualmente, los actuarios no decretan, por lo cual muchas veces los jueces deben ser campeones de resistencia física, a los efectos de dar cumplimiento, al cabo de una jornada, a las demandas de trabajo que se generan por el movimiento de los expedientes, la toma directa de las audiencias de los testigos, el decretero de las sentencias. En virtud de esto, no tienen días de descanso ni feriados, llegando incluso a llevarse los expedientes a sus casas, para trabajar sábados y domingos, a fin de que no se venzan los plazos procesales y poder dictar los autos en la fecha correspondiente.

Para mi, este es el problema más grave que padece el Poder Judicial en estos momentos, y creo que podría resolverse sin aumentar mayormente las erogaciones del Estado.

En la Rendición de Cuentas, que tenemos actualmente a estudio, existen disposiciones aprobadas por la Cámara de Representantes, que no sólo prohíben la designación de funcionarios, sino que, además, anulan las vacantes y la Comisión los ha desglosado a los efectos de su mejor tratamiento. Una de las posibilidades sería utilizar parte de esos recursos a los efectos de atender estas situaciones, que entiendo son las más graves, con lo que ganaríamos tiempo. Precisamente a una de ellas se refirió el señor senador Batalla, y más tarde, con acierto y conocimiento –mucho mayor que el mío- el señor senador Aguirre.

Las Comisiones de Presupuesto integrada con Hacienda y la de Constitución y Legislación tienen una tarea muy importante por delante, esta Legislatura le rendiría un servicio muy señalado a la República si realizara un esfuerzo con el propósito de resolver uno de los mayores problemas que, en este aspecto, vive la sociedad uruguaya. Sin justicia, se anula toda posibilidad del ejercicio pleno de los derechos personales, como de los patrimoniales.

Existen juicios que demoran decenas de años, basta citar el caso de un joven amigo, abogado –cuyo abuelo conocí tanto como a su padre- que había finalizado, por acuerdo de partes, un pleito que llevaba más de veinte años de duración. Problemas menores, también son difíciles de resolver con prontitud y celeridad, lo cual, inclusive, conspira contra las posibilidades de inversión en nuestro país, contra el desarrollo de la actividad industrial y comercial y contra la situaciones de índole familiar y penal, a las que ha hecho referencia con gran precisión, el señor senador Batalla.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR BATALLA. . Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – El señor senador Batlle señalaba que yo había indicado el número de funcionarios –poco más de 3.000- que integran el Poder Judicial. Simplemente lo mencioné como una cifra; no indicaba si eran muchos o pocos. Pero si estoy totalmente de acuerdo en que el número de jueces es absolutamente insuficiente.

Pienso que en la medida en que creamos un mecanismo procesal, que va a implicar una mayor participación del Juez, evidentemente, tendremos que triplicar el número actual de Jueces. Cuando se examina la realidad del Poder Judicial y se observa a los funcionarios escribiendo a mano, se comprende que allí aún no ha llegado, no la era de la informática, sino ni siquiera la de la máquina de escribir.

Estoy de acuerdo con el señor senador Batlle en que las necesidades no son solamente económicas, sino, también, establecer normas que permitan al Poder Judicial manejarse con esquemas más modernos. A ese nivel, prácticamente, no existe la delegación de funciones. El Juez atiende alrededor de 300 sentencias al año, lo que implica más de una sentencia por día. Además, ese mismo Juez interviene en 10.000 ó 15.000 decretos de sustanciación durante el mismo lapso, lo que hace prácticamente imposible cumplir cabalmente con el examen de cada una de las decisiones que se adopten.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: en buena parte coincido con las opiniones vertidas en Sala acerca de la situación actual del Poder Judicial y sus perspectivas de futuro.

En alguna medida, mis ideas están contenidas en las palabras pronunciadas por el señor senador Batlle. Con respecto a este tema, podemos adoptar tres tipos de actitudes, enfocándolo, los que tenemos una formación jurídica, desde la óptica del abogado, del hombre de Derecho.

Creo que también el tema lo podemos enfocar desde el punto de vista del habitante de esta tierra, que en algún momento ha tenido que transitar ante la Justicia o que piensa que en cualquier instante tendrá que acceder ante ella, y se me ocurre que una tercera óptica del asunto podría ser la de un ciudadano de este país, que no es un hombre de derecho, que no ha tenido que ver con los trámites judiciales ni espera tener que hacerlo.

He pensado mucho sobre qué es lo que le pasa al Poder Judicial; es algo que nos preocupa a todos y creo que el mejor enfoque que podemos hacer en una discusión –que es la consecuencia del planteo que no de nuestros compañeros del Senado trae a la consideración de todos nosotros- es tratar de quitarle especialidad al mismo y mirarlo desde un punto de vista más general porque, en alguna medida, la consideración técnico jurídica que, sin duda, corresponde a muchas de las cuestiones involucradas con el Poder Judicial, parece más apropiada para un debate en el seno de las Comisiones competentes.

Tiene razón el señor senador Batlle al decir que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado –que también integro- podría, en algún momento, tratar de traer al Plenario un informe que abarque, en cierta medida, la totalidad de los problemas que están involucrados con esto tan importante que es la administración de justicia.

En más de una oportunidad se me ha ocurrido hacer la comparación entre la prestación de justicia y la de los servicios de asistencia médica. Más de una vez me he preguntado dónde se pueden notar más las frustraciones que puede tener alguien en relación con un problema que lo acucia. Pienso que, sin duda, en estos momentos en el país, las carencias más grandes que el ciudadano corriente advierte, están dentro de lo que es capaz de prestar el Poder Judicial a quien reclama su auxilio.

Si tenemos un problema de salud, señor Presidente, podemos ir a un hospital del Estado, donde seremos atendidos o no. Si no lo somos, siempre hay otros caminos a donde recurrir para tener un servicio médico. En cambio, no podemos tener una alternativa similar cuando estamos reclamando una justicia que no se nos da.

Estoy convencido, señor presidente que, en muchos casos –diría que en la mayoría- que son los habituales en los que se reclama justicia, en este país se está frente, o a la denegación de justicia o ante algo que se le parece mucho. Basta analizar, como aquí se ha dicho, lo que significa un trámite de por si conceptualmente simple o sencillo y el tiempo que demanda, para advertir cómo muchas veces la justicia que tarda, equivale a su ausencia, porque cuando ella llega tarde es como si no hubiera llegado y, a veces, todavía es peor. No se trata, solamente, del problema del Derecho Penal o Civil, sino que la justicia, normalmente, por una cantidad de razones, no cumple en tiempo y forma y eso, sin duda, está creando una situación dentro del país que, en definitiva, atenta en muchos aspectos con lo que creo es la paz social.

Me parece que está bien que abordemos el tema de eventuales modificaciones al ordenamiento jurídico que tiene que ver con la prestación del servicio de la justicia. Estamos tratando de modificar viejas normas del Código de Procedimiento Civil; estamos aguardando aquí, en el Parlamento, la llegada del anteproyecto de un nuevo Código de Proceso Penal; hemos aprobado una Ley Orgánica de la Judicatura; está en trámite parlamentario la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; pero, para mi, señor Presidente, es indudable –creo que lo señalaba hace un rato el señor senador Aguirre- que debemos proceder a una modificación radical de todo lo que tiene que ver con el procedimiento civil y penal. Hay otros aspectos que hay que considerar, porque están obstando gravemente a que esa prestación de justicia sea lo que debe ser lo que debe ser: un servicio de justicia rápida y eficiente.

Hay carencias de carácter material que no pueden soslayarse. Es realmente vergonzoso el estado en que se encuentran la mayor parte de los locales judiciales; es lamentable la falta de material que tienen ellos para el cumplimiento de las tareas y sobre todos estos aspectos el Parlamento tendrá –y no puede postergar indefinidamente este tema- que estudiar hasta qué punto las soluciones que estamos votando permanentemente son suficientes y hasta qué punto, también, la administración de los recursos de que dispone, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal de lo contencioso Administrativo, se realiza con criterio acorde con las necesidades del país. Pero también creo que existen, dentro de las carencias que, indudablemente, tiene la justicia en el país, problemas vinculados, no con lo legal ni con lo que podría ser la infraestructura material del Poder Judicial, sino con el mal uso que se hace de lo que son las potestades administrativas de los órganos de justicia. En este momento podemos afirmar que, con el correr de los años, muchas veces –al margen de lo que las propias normas legales establecen- se han ido creando artificiosamente una enorme cantidad de trámites innecesarios en los propios juzgados, que están conspirando contra la celeridad en la administración de justicia.

De modo que, señor Presidente, existe un problema de papeleo, o de burocracia al que tampoco escapa el Poder Judicial y que honesta relacionado directamente ni con códigos anticuados, ni con la falta de una infraestructura material para prestar la justicia que todos reclamamos.

Por último, hay un obstáculo que para mi es tremendamente importante, al que todos tenemos que tratar de atender para eliminarlo, que es una especie de perspectiva indulgente que solemos tener cuando hablamos de Poder Judicial y que no la usamos cuando hablamos de otros servicios del Estado. Hay burocracia en el Poder Judicial, y si bien es cierto que los jueces están desbordados en sus tareas, también lo es que existe mucha ineficiencia en el trabajo administrativo del Poder Judicial. Cuando creemos que hay jueces que parecen no sentir lo que son las legítimas expectativas de quien concurre a reclamar justicia, del otro lado se levantan, invariablemente, voces que optan por una especie de "facilismo" que dicen que todo están está bien en el Poder Judicial y que la culpa es de las leyes o de los recursos que presuntamente faltan.

Cuando en un hospital tarda la atención médica, o no está el médico de guardia cuando llega el herido, todos alzamos nuestra voz y reclamamos que se tomen medidas para evitar esas omisiones. En cambio, cuando en el Poder Judicial ocurren hechos análogos, aparece esa indulgencia de la que yo hablaba y atribuimos exclusivamente lo que sucede a las leyes pasadas de moda, pensadas para otra sociedad o a las carencias que también tiene el Poder Judicial pero que, muchas veces, no explican esta actitud de indiferencia que, en algunas oportunidades, no es culpa de los jueces sino de los juzgados, donde nos encontramos con circunstancias o situaciones inexplicables, en las cuales los trámites más simples –donde todo se reduce a repetir, rutinariamente, trámites incomprensibles- demoran semanas o tal vez meses.

Si no encaramos con un criterio realista que sea, si, comprensivo de todos los aspectos de la situación, mediante el cual llamemos a las cosas por sus nombre, todo no pasará de lamentaciones sobre lo que ocurre, de remiendos, por lo que uno de los tres Poderes del Estado continuará creando en el país un creciente escepticismo que, a mi juicio, en modo alguno contribuye a prestigiar el sistema democrático en que vivimos.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ZUMARAN. . Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. . Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. .- Me parece realmente estupendo que el Senado se ocupe del tema del Poder Judicial través de la exposición del señor senador Batalla así como de los trabajos que se están orientando en la Comisión de Constitución y Legislación.

La materia es muy vasta, muy amplia, y no tengo la menor duda de que la misma debe verse en relación con la libertad y el estado de Derecho.

Es muy difícil sostener que vivimos en una democracia plena, en el amplio goce de nuestros derechos, si el acceso práctico, real, concreto, a la Justicia, muchas veces se frustra por malos procedimientos, por lentitud, por defectos de organización.

Creo que en esto no sólo está en juego la eficiencia de un servicio sino que, además, se tiene en cuenta la libertad de las personas. Esto ocurre, especialmente, en la Justicia Penal.

No ejercí como defensor penal, sino como abogado y, como tal, tengo poca versación en materia de Derecho Penal. Curiosamente, tengo una experiencia inversa. Durante la dictadura fui procesado, inclusive, por la Justicia común. Ahí, me quedaron grabada dos circunstancias, que hoy deseo aportar al Senado en aras de que la Comisión de Constitución y Legislación tome atención en estos dos temas, a los efectos de buscar entre todos alguna solución, ya que creo que afectan directamente la libertad de las personas.

Una primera es con respecto al presumario, al que ya se refirió el señor senador Batalla, emitiendo opinión sobre si inconstitucionalidad.

Deseo señalar otro aspecto con relación a este punto: el tiempo que insume.

Recuerdo haber estado bajo presumario aproximadamente durante un año. En la misma época, lo estuvo por igual período el doctor Ramón Díaz, director de "Búsqueda".

Una persona en esa situación está en absoluta indefensión. Está acusado, pero ignora la causa; no tiene acceso al presumario ni ninguna posibilidad de defensa. Simplemente conoce que hay una causa contra él, pero no sabe en qué consiste ni qué pruebas se están gestando.

En mi caso, cada tanto se me citaba a declarar, pero no tenía acceso al presumario ni, por supuesto, podía designar abogado. En esa situación estuve casi un año.

Es realmente un atentado a la libertad de la persona; es algo que no puede ocurrir de ninguna manera.

La otra situación es más conocida y se ha reiterado en muchas oportunidades.

Una vez dictado el auto de procesamiento, la primera sentencia, por la que un Juez declara si el procesado es o no culpable, puede demorar años.

El señor senador Tourné, que posee amplia experiencia en materia de Derecho Penal, me señalaba un caso en el que el sumario demoró siete años, recuerdo casos en que una persona sumariada debió esperar cuatro o cinco años.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Tal como ocurre con las acumuladas.

SEÑOR ZUMARAN. – El señor senador agrega, también, las sentencias acumuladas.

Quiero exponer ante el Senado cómo se ve esta situación desde el punto de vista de los detenidos. El preso es una persona que, a medida que transcurre el tiempo de su detención, ve que su horizonte vital se va limitando poco a poco; no tiene acceso al mundo exterior o éste es muy estrecho; lo propio le ocurre con la prensa.

Su tema principal es "la cárcel". Las conversaciones entre ellos se refieren siempre al carcelero de turno, a las providencias que se han adoptado, horarios, sanciones y, fundamentalmente, la marcha del sumario. Todo esto conforma una situación común porque es el único lazo de unión. Cada visita que reciben, aporta un nuevo elemento en el sentido de indagar a dónde fue el expediente, o cuándo se va a pronunciar el Fiscal.

Los presos catalogan a los Fiscales según la severidad de sus dictámenes y pedidos.

El procesado permanece en un estado de inquietud y zozobra, ya que a través de uno, dos o tres años no se les dicta sentencia. Yo estuve en la Cárcel Central con procesados que llevaban cuatro años de prisión esperando su sentencia, peleando por ella desde la cárcel, por su inocencia, pero en una situación de indefinición jurídica, donde falta certeza, puesto que la persona no está condenada; simplemente hay una presunción respecto de su culpabilidad. Sin embargo, está detenido por años. Eso crea un grado de inestabilidad, una situación de rebeldía, que hace extraordinariamente difícil el debido tratamiento carcelario de una persona que se siente jurídicamente insegura respecto de su culpabilidad. Todos los presos que conocí manifestaban ser inocentes y mal procesados. Supongo que eso no sería así en la mayoría de los casos, pero alguno, seguramente, fue después declarado inocente. Entonces. ¿quién devuelve a ese ciudadano los años en que estuvo privado de su libertad? ¡Qué sensación brutal de injusticia e impotencia va a llevar de por vida ese hombre que se vio en una situación de este tipo y al que, finalmente, la justicia declara inocente!

Considero que el presumario debe ser un trámite brevísimo –aparte de su inconstitucionalidad o no- en caso de que se mantenga; debe ser una rapidez extraordinaria porque un individuo no puede estar bajo acusación durante un año sin poder defenderse. Esto parece ser una práctica corriente. Me tocó vivirla y también el doctor Ramón Díaz hizo pública esta situación en un editorial de "Búsqueda".

Asimismo, sostengo que es absolutamente incompatible con la libertad, con el ejercicio del Derecho, el que alguien esté detenido durante cuatro años sin que exista la certeza jurídica de si es o no culpable.

Eso trastoca completamente la situación carcelaria y hace imposible el manejo correcto y racional del detenido que se encuentra en esa situación. Esto es el pan nuestro de cada día en nuestro sistema carcelario. En consecuencia, pienso que estos dos puntos merecen que se les preste una atención absolutamente prioritaria y desearía que no finalizara esta Legislatura sin que pusiéramos remedio a este mal.

Muchas gracias.

SEÑOR BATALLA. . Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Señor Presidente: no pedí que se siguiera ningún trámite, como consecuencia de mis palabras, porque entendí que éste era un tema que merecía la consideración del Senado.

Pienso que la deliberación posterior, que también ha aportado elementos positivos, puede dar lugar a un estudio de la Comisión de Constitución y Legislación. Por lo tanto pido que la versión taquigráfica de este debate se pase a dicha Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. Así se hará.

13) SOLICITUDES DE VENIA DE DESTITUCIÓN

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor senador Martínez Moreno.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Señor Presidente: quisiera pedir al alteración del orden del día. Los asuntos que figuran en decimosegundo y decimotercer lugar, tienen vencimiento constitucional el 13 y el 23 de setiembre del presente año, respectivamente.

Se trata de dos venias de destitución y, por lo tanto, deberán ser tratada en sesión secreta.

Por consiguiente pido que se les dé tratamiento urgente y que se consideren de inmediato alterando así el orden del día. Pienso que su estudio no va a insumir mucho tiempo y si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que estas solicitudes de venias de destitución reciban una concesión tácita.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Martínez Moreno en el sentido de que se altere el orden del día y se consideren en segundo y tercer términos, los puntos que figuran en decimosegundo y decimotercer lugares.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 27 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. –Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 33 minutos)

-Dése cuenta de los actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). El Senado, en sesión secreta, resolvió denegar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y conceder venia para destituir a un funcionario de la Dirección Nacional de Correos, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

14) CONTAMINACION DE NUESTROS ARROYOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Se entra a considerar el asunto que figuraba en segundo término del orden del día, que pasó a ser cuarto: "Exposición de treinta minutos del señor senador Alfredo Traversoni sobre el tema ‘La contaminación de nuestros arroyos’. (Carp. N° 862/87)".

Tiene la palabra el señor senador Traversoni.

SEÑOR TRAVERSONI. – Señor Presidente: luego de haber escuchado las exposiciones de los señores senadores –nada menos que acerca de la situación de uno de los tres Poderes del Estado- en momentos en que el Senado acaba de resolver la postergación de sus sesiones a fin de abocarse a la consideración plena de la Rendición de Cuentas y cuando la preocupación está también centrada en el proyecto de ley sobre pasividades que ha llegado a esta Cámara, me surge cierta preocupación en cuanto a la aparente falta de jerarquía que tendría el tema que motiva mi exposición, en comparación con los problemas que han sido tratados en Sala.

Sin embargo, voy a someterme al juicio de mis compañeros del Senado, insistiendo en el desarrollo de mi planteo porque entiendo que es de particularísima importancia.

Mientras la sociedad debate sus conflictos políticos, sociales y dirime la diversidad de sus puntos de vista sobre los problema institucionales, subterráneamente se va incubando un problema que padeceremos nosotros mismos o lo sufrirán nuestros descendientes.

El problema de la agresión indiscriminada que, individual y colectivamente, está llevando la sociedad respecto de la naturaleza, va creando el germen de un estallido que puede en algún momento comprometer su existencia.

En esta oportunidad, me he permitido innovar en cuanto al desarrollo habitual de estas exposiciones y, por lo tanto, solicito se me autorice incluir –ya que voy a centrar la exposición sobre el tema de los arroyos, particularmente sobre el arroyo Carrasco- un audiovisual, como modo de dar participación y, en cierta manera, homenajear a todos aquellos que silenciosamente vienen realizando un trabajo a fin de crear conciencia en torno a los problemas ambientales.

En consecuencia, reitero mi solicitud en el sentido de que se me autorice a llevar a cabo esta innovación, así como también a recurrir al auxilio del ingeniero Gustavo Sacco, funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y miembro de la Sociedad de amigos de la Preservación Ambiental, a efectos de que colabore en el pasaje de este audiovisual.

SEÑOR PRESIDENTE. – Entiendo que no es necesario someter a votación la solicitud formulada por el señor senador Traversoni, puesto que el mínimo de modernización del Senado implica que también se utilice el sistema audiovisual. Inclusive, existen antecedentes al respecto.

SEÑOR TRAVERSONI:. – Muchas gracias, señor Presidente.

Comienzo mi exposición señalando que hasta el presente hemos admitido con cierta familiaridad que los arroyos Pantanoso y Miguelete son dos fenómenos pestilentes que recorren una parte de la ciudad y con los que se convive de un tiempo a esta parte, sin que las protestas de los vecinos hayan tenido mayor eco.

Ahora, vamos a tratar en particular la situación de arroyo Carrasco, no porque sea la única –es más: podemos afirmar que la contaminación afecta a todas las vías fluviales de la República en mayor o menor grado- sino porque tiene mayor relevancia en cuanto afecta a lo que ha sido el tradicional prestigio de la playa de Carrasco, en cierto modo la primera vidriera de nuestro turismo internacional y, últimamente, con el desarrollo del transporte automotor, uno de los lugares de esparcimiento de cantidad de gente de otros barrios de Montevideo que pasan su fines de semana allí, y que antes estaba privilegiado para un determinado sector de la sociedad.

Entonces, nos preocupa que esa playa –y lo va a mostrar el audiovisual- como consecuencia del arrastre del arroyo Carrasco,sea una de las más contaminadas no ya del Uruguay, sino del mundo.

Asimismo, es conveniente señalar los tipos de contaminación que son más frecuentes en nuestros cursos de agua. Por ejemplo, la contaminación orgánica producida por compuestos orgánicos degradables que al superar la capacidad de autodepuración, desoxigenan el agua; la relacionada con compuestos orgánicos sintéticos, tales como pesticidas y detergentes, que afectan el material genético y son los responsables de la desaparición de las especies ícticas y demás comunidades acuáticas. Además tenemos la contaminación por metales y no metales tóxicos, responsables de la eliminación de eslabones de la cadena alimenticia, fluvial a marina, que puede acumularse en ciertos organismos provocando gravísimas alteraciones en la salud humana y en ciertos mamíferos superiores, como es el caso de aquella famosa contaminación mercurial de Minamata, Japón, que ha dado denominación a este fenómeno.

Los desechos orgánicos son biodegradables; pero se requieren alrededor de 10.000 litros de agua para biodegradar las excretas producidas por un ser humano en un día. El aporte de este residuo determina un ingreso de ingredientes nutrientes, principalmente el fósforo. Esto a su vez produce el fenómeno llamado de eutroficación, mediante el cual se activa la producción de materia orgánica –concretamente de las algas- al realizarse el proceso fotosintético, sobrepasándose, posteriormente, el límite de asimilación por los herbívoros, con lo cual las aguas se saturan de algas y la materia orgánica entra en descomposición liberando un consumo de oxígeno que continúa el ciclo de deterioro de ellas.

En el río Santa Lucía, por ejemplo, se ha dado el fenómeno de la descarga de cantidades apreciables de mercurio a través de un caño que desagua en el brazo Verde de la desembocadura, frente a la isla del Tigre.

El mercurio que se acumula en los sedimentos y es asimilado por las bacterias de comienzo a la bioacumulación en organismos de complejidad creciente, que constituyen al cadena trófica o alimenticia. Los compuestos metilados de mercurio no tienen funciones metabólicas normales y su presencia en vegetales y animales indica contaminación. En el hombre provoca alteraciones nerviosas, efectos mutagénicos y la muerte, mostrando un cuadro clínico verdaderamente terrible. Enfermos de este mal, ya conocido como "Enfermedad de Minamata" fueron mostrados en la Conferencia de Estocolmo en 1972 por organizaciones ambientalistas japonesas, como expresión de horror y de la insensibilidad moral de ciertos industriales.

En algunos afluentes del río Santa Lucía se detectaron concentraciones de mercurio de hasta 1.88, que sobrepasan los valores máximos establecidos en el Código de Aguas, es decir, 0.005 partes por millón. En los sedimentos, los valores oscilaron entre 0.1 partes por millón, en áreas alejadas del colector, y 1.140 partes por millón en las adyacentes al mismo, según informes técnicos de INAPE en 1983.

Las aguas de abastecimiento pueden ser contaminadas por excretas humanas y animales, desechos industriales y agrícolas y convertirse en vehículo de trasmisión de enfermedades. Y esto, no solamente en los cursos interiores sino, también, en las zonas costeras y playas. No es por mera casualidad que en Montevideo y Canelones se producen epidemias o numerosos casos de hepatitits, gastroenteritis, conjuntivitis, otitis y otras enfermedades.

Para tener una idea de la magnitud potencial del problema, basta mencionar un parámetro fundamental, desde el punto de vista biótico, es decir, el oxígeno disuelto que tuvo los siguientes valores promediales entre 1981 y 1983 en los arroyos y ríos que voy a mencionar a continuación.

En el arroyo Pantanoso, 1.4 miligramos por litro; en el arroyo Miguelete, 1.2; en el arroyo Carrasco, 3.2; en el arroyo Chacarita, 0; en el arroyo Manga, 4.6; en el río Santa Lucía, 2.4; en el río Uruguay, 1.4 y en el Río de la Plata, en Colonia, 1.1.

Los tres últimos son datos de OSE; los anteriores, de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Para que se vea la importancia de la coordenadas de tiempo y espacio en que se hacen los muestreos en cada caso, voy a señalar que el oxígeno disuelto en el arroyo Toledo, en sus nacientes con fondo de piedra, es de 8.4; en el arroyo Manga, en el canal izquierdo dentro de los bañados, de 0.77 y en el arroyo Carrasco, a la altura de la Avenida Italia, de 0.9. Observen los señores senadores que el mínimo vital es de 5 miligramos por litro y que lo mínimo normal es de 6 a 7 miligramos por litro.

A continuación, veremos un audiovisual sobre el arroyo Carrasco.

(Se exhibe audiovisual)

(Texto del audiovisual.)

"Un grupo de docentes de la Universidad del Trabajo y Educación Secundaria además de distintos profesionales, todos integrantes de la Sociedad de Amigos de la Preservación ambiental, y con el apoyo de UNESCO, han confeccionado este audiovidual con el propósito de difundir los problemas ambientales que pueden ocurrir en una cuenca fluvial, en este caso el arroyo Carrasco. La mencionada cuenca, ubicada en el límite de los departamentos de Montevideo y Canelones, ha sido estudiada preferentemente en el sector señalado desde los bañados hacia el sur, por el arroyo Carrasco hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Este arroyo de 12 kilómetros de longitud, recibe por su margen derecha el aporte de afluentes que como los arroyos Canteras, Chacarita, Manta y Toledo proceden de zonas muy urbanizadas en la mayoría de los casos. Todo esto contribuye a que los afluentes ingresen en el curso de Carrasco ya con altos índices de polución en sus aguas.

Con una pendiente aceptable, próximo a la Ruta 102 ésta decae hacia el sur, siendo casi nula a la altura de los bañados, lo que determina muy bajo caudal y en ocasiones numerosas incursiones de aguas del Plata en su cauce.

Hace apenas 30 años las márgenes del arroyo estaban cubiertas de abundante vegetación natural de tipo palustre, y sus límpidas arenas ocupadas con vegetación psamófila; sus aguas era habituadas por varias especies de fauna acuática, lo que permitía a los visitantes dedicarse a pescar en el arroyo. Sin embargo, la concentración industrial sin planificación adecuada convirtió a la cuenca del Carras en una de las áreas de mayores desechos industriales y orgánicos de Montevideo, siendo las aguas del arroyo las receptoras de estos desperdicios.

Su curso inferior es a su vez testigo de un fenómeno de acelerada urbanización por el crecimiento de la ciudad, aspecto claramente perceptible en estas fotos aéreas de 1966 y de 1982. también vemos arriba a la izquierda la erosión creciente de los suelos; en las márgenes la ubicación de cultivos intensivos en minifundios, y la aparición al sur de asentamientos marginales. Ya en la desembocadura del arroyo Canteras, los valores de contaminación biológica y química traídas por éste son alarmantes, siendo el número de coliformes, o bacilos coli, de 1500 millones por mililitros, cuando el valor máximo aceptable es de 5.000 por mililitro, esto produce taimen nauseabundos olores que son motivo de preocupación de los habitantes de sus proximidades, convirtiendo al arroyo en una inmensa cloaca "a cielo abierto" como en las proximidades del cruce con Camino Oncativo, donde la Cañada de las Canteras pasa por cientos de metros cuadrados de basurales. La desembocadura de este curso es una zona baja, de vegetación de bañaos, está rodeada de asentamientos sub-integrados, alrededor de los cuales proliferan grandes basurales formados por los mismos pobladores quienes obtienen su sustento comerciando con desperdicios; la gran cantidad de mosquitos existentes contribuye además a hacer de esa zona un área completamente insalubre. Las viviendas, construcciones precarias hechas de barro y paja extraídos del lugar, tienen además un alto grado de hacinamiento.

En suma, desperdicios de toda la ciudad de Montevideo contaminan las aguas superficiales y sub-superficiales, principalmente durante los períodos de lluvias; datos de cromo dan valores 100 veces superiores a lo aceptable.

La zona de erosión de suelos anteriormente mencionada, presenta terrenos bastantes estropeados como consecuencia de erosión antrópica debido a fábricas de ladrillos que utilizan la tierra como materia prima, produciendo este grave deterioro de las capas superiores, que el viento y el agua se encargan de complementar. Se pierden así valiosas tierras para el cultivo, que por lo menos sería importante tratar de rescatar con una forestación adecuada en esas zonas utilizadas para extraer material.

Aparecen también en las márgenes del arroyo Carrasco, áreas de cultivo moderadamente intensivo, que dado el largo tiempo que llevan allí, pueden estar produciendo un proceso de salinización del suelo por riego; se ha detectado valores de 3.000 miligramos por litro de cloruros, cuando el término aceptable es de 200 a 250 miligramos por litro. Además muchos de esos cultivos son regados con las aguas contaminadas del curso, que poseen exceso de coliformes nocivos para la salud.

En algunas zonas cercanas se han podido encontrar pequeños tajamares que han sido depósitos de grandes cantidades de aceite posiblemente de origen industrial, lo que es un serio factor de contaminación de la napa freática. Aguas abajo el arroyo ya muestra signos de bajo caudal lo que agrava más aún su degradación con desperdicios de todo tipo, registrándose valores de 85.000 estreptococos por cada 100 centímetros cúbicos, bacterias patógenas capaces de producir diversas infecciones. Existen además masas de barro flotando que propician el estancamiento ideal para la reproducción de larvas de insectos, grave problema sobre todo en el verano.

Al haberse hecho sin un criterio ecológico, las obras de canalización construidas por el hombre para aliviar este problema, han contribuido por el contrario a agravarlo aún más.

El deterioro en la zona ha afectado también los valores culturales existentes tal el caso del museo parque Fernando garcía, antigua casa quinta veraniega de aquel filántropo que formo una notable colección de antiguos carruajes, tranvías y coches de gran valor histórico y estético, importantes piezas de colección, tales como coches ingleses y los primeros de la industria nacional, junto a las ruinas de una auténtica pulpería del siglo pasado, se encuentran en un estado de total abandono. Todo esta área otrora muy visitada por el público debería ser restaurada como parque que sirviese de recreación y esparcimiento de la zona, aprovechándose estas instalaciones para museos , bibliotecas, paradores, sala de teatro y conciertos, los que podrían construirse aprovechando la infraestructura que aún permanece.

Algunas plantas industriales arrojan parte de sus aguas residuales en el arroyo Carrasco, constatándose valores nulos en cuanto a oxígeno disuelto en ellas, lo que limita la vida acuática. Se agrava así el mal estado de las aguas, sobre todo en cuanto a la contaminación biológica, donde los valores de D/B/O o sea Demanda Bioquímica de Oxígeno, superan los normales. Sin embargo algunas industrias intentan mejorar la situación instalando piletas de oxidación para tratar las aguas que utiliza, las que una vez oxigenadas son devueltas al curso de agua por medio de canaletas. Sería de esperar que todas las industrias ubicadas en la cuenca tuvieran sistemas de tratamiento similares, capaces de evitar la contaminación, pero para ello sería quizás necesario una financiación de tal proyecto.

El crecimiento de la ciudad unido a los problemas económicos, han derivado en la radicación de asentamientos marginales, en los últimos años, en las riberas del arroyo, en donde el 75% de sus habitantes son menores de 15 años. Además de lo insalubre de la ubicación de las viviendas, sus moradores han formado grandes basurales al arrojar desperdicios al arroyo. Los habitantes del lugar acarrean también basura de otros lugares de la ciudad para luego clasificarla tirando lo inútil al agua y guardando el resto para comercializar. Algunas de las necesidades básicas del hombre como vivienda, salud, educación y alimentación están allí por debajo del mínimo para mantener un nivel aceptable de calidad de vida. No hay saneamiento, la diarrea es la enfermedad más común en el 40 % del total de esa población marginal, junto con los graves problemas digestivos, consecuencia de los bacilos coli; son también frecuentes las quejas pro olores pestilentes y ratas en el asentamiento, además de que el 80 % de los que allí viven lavan la ropa con agua del arroyo.

Los colectores pluviales tienen toda clase de desperdicios que al llover son arrastrados hacia el cauce, factor que aumenta el deterioro ambiental.

Los niños del cantegril eligen estos lugares para bañarse en el verano, precisamente cuando el calor, la evaporación y el bajo caudal hacen que el agua esté más contaminada todavía. El baño en esta agua expone a la gente a serios trastornos de salud dado el alto grado de contaminación bacteriológica, hecho que se confirma con los testimonios de las policlínicas de las zonas cercanas. El arroyo continúa entonces su curso aguas abajo hacia su desembocadura llevando su peligrosa carga de materias orgánicas, inorgánicas y olores; los sólidos en suspensión llegan a valores de 490 mg. por litro.

Algunas zonas deforestadas aparecen en sus márgenes, producto de la depredación de los pobladores que utiliza la leña como combustible.

Próximo a su desembocadura una popular zona de la Playa Carrasco atrae en verano a un gran número de bañistas. Este hecho se agrava pues allí está ubicada una terminal de buses que hace que converja en ese punto, gente de todo Montevideo. Sin saberlo quizá, estas personas están recibiendo el efecto de todos estos factores contaminantes que llegan a ellas por vía acuática. Dada la gran cantidad de estreptococos mencionada, son probables la infecciones de garganta, oídos, nariz, etc.. Por causa de la deriva litoral, la Playa Carrasco es la receptora de toda esta polución, haciéndola la más contaminada de Montevideo desde este punto de vista, y convirtiéndola de hecho en un verdadero peligro para la salud humana.

Una situación como la planteada apareja problemas de diversa índole: afecta las posibilidades turísticas de una playa considerada hasta no hace tanto como una de las mejores de la capital y por ende, implica la desvalorización de propiedades próximas a la cuenca; esto último fácilmente comprobado ahora en el mercado inmobiliario. Es de esperar que en un futuro próximo la ciudadanía y en especial las autoridades, tomen conciencia de estos serios problemas, y que a través de un buen ordenamiento territorial y una adecuada educación ambiental, tengamos una cuenca en donde los obstáculos de este tipo sean superados con ingenio y voluntad.

La educación de las futuras generaciones construirá el camino para que el hombre y su ambiente estén en una armonía que permita entonces mejorar la calidad de vida de nuestro mundo".

SEÑOR PRESIDENTE. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Traversoni.

SEÑOR TRAVERSONI. – Frente a este panorama deprimente, desde luego que hay muchas responsabilidades. Creo que podemos comenzar con las de casa, porque la tarea legislativa a que deberemos abocarnos, tendrá que ser necesariamente muy importante.

Nuestra legislación es insuficiente; la que existe es mala, y además poco o nada se aplica.

Las piezas fundamentales de nuestra legislación son el Código de Aguas y el Decreto 253/979, de 19 de mayo de ese año. El Código tiene apenas cuatro artículos que se refieren a la contaminación, que son los números 144, 145, 147 y 148. no podemos hacer aquí una exégesis de los mismos, pero puede afirmarse que en la práctica se establece un régimen de virtual: impunidad, especialmente si se considera que sus disposiciones, muy generales, no han sido reglamentadas en forma de hacerlas operativas.

Es, por lo tanto, urgente y necesario proceder a una drástica revisión de este Código de Aguas, que de manera alguna responde a las necesidades, a la técnica y al grado de conciencia ambiental de nuestro tiempo.

En cuanto al Decreto 253/979, es realmente sorprendente que haya podido ser dictado, esto en cuanto a la legislación en sí. Pero si tenemos en cuenta que en nuestro medio las disposiciones que regulan los bienes de uso público y el medio ambiente en general, no se cumplen, o se cumplen mal, que existen dificultades considerables para lograr un control medianamente efectivo de la legislación que regula estos aspectos ambientales, entre otras cosas por falta de personal competente y bien pago y por la propensión al permisivismo reinante en nuestro medio, se advertirá la urgencia de tomar medidas y de establecer mecanismos realmente operativos.

De acuerdo a informes recogidos en fuentes oficiales, la tramitación de una denuncia demora un mínimo de tres años, y "la situación actual está lejos de ser satisfactoria". "A fin de mejorar esta situación, se han encarado inspecciones a industrias, por zonas, procediendo a intimar a todas, exigiéndoles la construcción de una plata de tratamiento, como forma, además, de disminuir su impacto sobre el curso receptor".

"Pero este sistema es de resultados lentos, ya sea por la norma burocracia de los trámites que enlentece cualquier acción como por la situación económico financiera que atravesaron la mayoría de las industrias en la última época".

Creo, señor Presidente, que la Comisión Especial sobre Problemas del Medio Ambiente tendrá, como tarea inmediata, el abocarse a la corrección legislativa de este problema. Pero en el caso particular –ya que lo hemos tomado para ejemplificar la exposición- del Arroyo Carrasco, pienso que podrían ser pertinentes algunas medidas de emergencia dada la naturaleza de la zona y el interés nacional existente por protegerla y darle una visión y una situación ambiental distinta de la terriblemente mala que vive, según vimos hace unos instantes.

Al respecto, entiendo que habría que extremar el rigor en las pocas disposiciones vigentes para que las industrias que viertan sus afluentes directamente sobre el arroyo o sus afluentes, modifiquen su estructura y se atengan, repito, a las pocas que ya existen, referentes a la decantación de las aguas.

En segundo término, señor Presidente, y sin que esto signifique privilegiar a un sector sobre otro, creo que debería darse un tratamiento especial al problema de los cantegriles ubicados en las márgenes del arroyo, los que contribuyen a agravar la contaminación de éste.

Asimismo, debería hacerse un esfuerzo serio de forestación en la zona y de desvío de los basurales hacia otros lugares. También llevar la terminal de ómnibuses más allá del Parque Roosevelt.

Como forma de concluir esta exposición de una manera un poco práctica y como en una oportunidad anterior, cuando hablé de los arroyos se hizo una referencia en Sala a los ríos, debo decir que éstos deberán ser encarados en el futuro en forma de negociación internacional, ya que nosotros, como puerta de salida de toda la Cuenca del Plata, sufrimos todos los actos de depredación que se cometen en los países vecinos; a veces llegan hasta nosotros en forma visible, a través de camalotes y víboras, pero normal y continuamente también lo hacen de otras maneras, menos visibles aunque no menos peligrosas.

En concreto, señor Presidente, desearía que la versión taquigráfica de mis palabras sea transmitida a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Industria y Energía y de Salud Pública y a las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. . Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de unas exposiciones escritas llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"El señor senador Pedro W. Cersósimo solicita el envío de las siguientes exposiciones escritas:

-a UTE, Intendencia Municipal y Junta Departamental de San José, relacionada con la iluminación del acceso a la ciudad de San José de Mayo por Ruta 11.

-al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación y Junta Departamental de San José, sobre la instalación de comedor en Villa Rodríguez;

-y a la Administración de Ferrocarriles del Estado, con respecto a la cesión de un vagón para instalar, con carácter provisorio, el taller de plástica del liceo de Villa Rodríguez".

-Se va a votar si se aprueba el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, 31 de agosto de 1987.

Al Sr. Presidente del Senado:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 166 del Reglamento del Cuerpo, cúmplenos efectuar la siguiente exposición:

En sesión celebrada por la Junta Departamental de San José, el señor edil Isabelino Gonzáles efectuó la exposición, que en lo pertinente, se transcribe: "...A la ciudad de San José de Mayo, se llega a través de distintos accesos, por la Ruta 3, desde Montevideo y Flores, por la Ruta 11, desde la localidad de Ecilda Paullier y Canelones

Nos queremos referir al acceso de la Ruta 11 que carece de iluminación adecuada. Es reconocida la importancia que desde el punto de vista turístico, tiene la manera de presentar al viajero una ciudad.

Quienes se trasladan desde el departamento de Canelones, no encuentran la iluminación adecuada al llegar a San José de Mayo, iluminación que prácticamente tienen todas las ciudades importantes del país. Recordemos, asimismo, que en el período estival la afluencia de viajeros por la ruta en cuestión, se ve notoriamente intensificada.

Esta situación afecta también a los vecinos de este barrio ya que se suma a la permanente neblina de ocasiona el río San José, a la carencia de aceras que dificulta el tranquilo desplazamiento, en horas de la noche.

Por todo lo expuesto se considera de significativa importancia la iluminación de este acceso a la ciudad de San José.

Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Directorio de UTE".

En función de que compartimos lo expuesto por el señor edil Isabelino González, solicitamos que la versión taquigráfica de esta exposición se envíe al Directorio de UTE, a la Intendencia Municipal de San José y a la Junta Departamental de San José, a los efectos solicitados en la misma.

Saluda a Ud. Atentamente.

Pedro W. Cersósimo. Senador."

"Montevideo, 31 de agosto de 1987.

Señor Presidente del Senado:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 166 del Reglamento del Cuerpo, cúmplenos efectuar la siguiente exposición:

En la sesión celebrada por la Junta Departamental de San José con fecha 23 de febrero de 1987, el Sr. edil Isabelino González efectuó la exposición, que en lo pertinente, se transcribe: "...Me han solicitado de la localidad de Villa Rodríguez, la posibilidad de instalar un comedor alimenticio, en esta localidad, dado que en la misma no existe ninguno, donde se puedan alimentar adecuadamente, las personas más modestas, a un costo razonable y con una comida balanceada, que signifique una buena alimentación, como se realiza en otros lugares. De esta forma las personas más necesitadas podrían acceder al comedor, estando al alcance del bolsillo de la mayoría de estos solicitantes y, con un costo relativamente adecuado, pudiendo alimentarse en mejor forma.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito que mis expresiones sean elevadas al señor Intendente Municipal, a los efectos de que por la vía que estime más oportuna, realice los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Alimentación INDA".

En función de que compartimos lo expuesto por el señor edil Isabelino González, solicitamos que la versión taquigráfica de esta exposición se envíe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Instituto Nacional de Alimentación y a la Junta Departamental de San José, a los efectos solicitados en la misma.

Saluda a Ud. Atentamente.

Pedro W. Cersósimo. Senador."

"Montevideo, 31 de agosto de 1987.

Sr. Presidente del Senado:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 166 de Reglamento del Cuerpo, cúmplenos efectuar la siguiente exposición:

Hemos recibido de las autoridades del Liceo de Villa Rodríguez –Dpto, de San José- el Oficio N° 226/987 de fecha 1°/8/1987 dirigido al Directorio de la Administración de los Ferrocarriles del Estado, cuya fotocopia se acompaña. En dicho oficio se expresa en lo pertinente:"Las dificultades locativas del Liceo de Villa Rodríguez, se ven acrecentadas día a día. En este momento sólo una solución de emergencia, no permitiría atender alguna actividad de Taller de Plástica, por ejemplo. La urgencia de la necesidad nos ha hecho imaginar una salida realmente provisoria. Y es la posibilidad de contar con un vagón de AFE que, trasladado al fondo del liceo pudiera cumplir con la función antedicha. Contamos con la posibilidad de realizar el traslado por generoso ofrecimiento de la Junta Local y la refacción de vidrios u otros deterioros, también correría por cuenta de la Comisión de Padres. En ese momento hay, en la Estación de Villa Rodríguez, un Salón concedido a la Colonia Martiriné, que no ha sido retirado. Esto nos permite abrigar esperanzas sobre una resolución favorable también para el Liceo de la zona. Sin otro particular, agradeciendo el interés y apoyo que pueda usted brindarnos, saluda atentamente. María Ana López. Directora".

En función de que compartimos el contenido del Oficio de referencia, solicitamos que la versión taquigráfica de esta exposición con la fotocopia mencionada, se envíen al Directorio de la Administración de los Ferrocarriles del Estado, a los efectos solicitados en el mismo.

Saluda a Ud. atentamente.

Pedro W. Cersósimo. Senador.

Villa Rodríguez, 1° de agosto de 1987.

Of. N° 226/987

Sr. Presidente del Directorio de AFE y demás miembros.
Contador Juan Francisco Berchesi.
Presente.

De mi mayor consideración:

Las dificultades locativas del Liceo de Villa Rodríguez, se ve acrecentadas día a día. En este momento sólo una solución de emergencia, nos permitiría atender actividad de Taller de Plástica, por ejemplo. La urgencia de la necesidad nos ha hecho imaginar una salida realmente provisoria. Y es la posibilidad de contar con un vagón de AFE que, trasladado al fondo del Liceo pudiera cumplir con la función antedicha. Contamina con la posibilidad de realizar el traslado por generoso ofrecimiento de la Junta Local y la refacción de vidrios u otros deterioros, también correría por cuenta de la Comisión de Padres.

En este momento hay, en la Estación de Villa Rodríguez, un Salón concedido a la colonia Martiriné, que no ha sido retirado. Esto nos permite abrigar esperanzas sobre una resolución favorable también para el Liceo de la zona.

Sin otro particular, agradeciendo el interés y apoyo que pueda usted brindarnos, saluda atentamente.

Mirta Ana López. Directora".

16) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer término del orden del día y que ahora pasó a ser quinto: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal. (Carp. N° 542/86 – Rep. N° 92/87)".

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: como quedan escasamente cincuenta minutos de sesión, pienso que lo pendiente en el tratamiento de este proyecto va a insumir varias horas, por lo que sugeriría –en ese sentido hago moción- que dejemos este tema para tratarlo en sesión extraordinaria a realizar a posteriori de la culminación del estudio de la Rendición de Cuentas y en el día de hoy consideremos los otros proyectos que estimo, no van a generar mayor controversia entre los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-14 en 19. Afirmativa.

17) PERMISOS DE CAZA. Regulación de su expedición.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día, que ahora pasó a ser quinto: "Proyecto de ley por el que se regula la expedición de los permisos de caza. (Carp. N° 438/85 – Rep. N° 91/87)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 438/85
Rep. N° 91/87

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANAZAS

Montevideo, 23 de diciembre de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración del Poder Legislativo el siguiente Proyecto de Ley por el que se sustituye el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935 y se establece que los permisos de caza serán otorgados por el Ministerio de Agricultura y Pesca en razón de los hechos que pasan a expresarse.

Desde el año 1935 a la fecha, los permisos de caza de especies silvestres ha venido siendo otorgados por las respectivas Intendencias Municipales, constituyen los ingresos provenientes de su expedición rentas propias de los departamentos. La norma cuya creación se impulsa a la vez que suprime un ingreso departamental crea otro de fuente nacional de indiscutible naturaleza tributaria. Al caracterizarse el presupuesto de hecho de dicho tributo por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente nos encontramos ante una tasa (artículo 12 del Código Tributario). Esta actividad del Estado se relaciona con la autorización bajo determinadas condiciones de ciertos actos que se hallan absolutamente prohibidos. Se trata del levantamiento de trabas jurídicas que impiden el desarrollo de una actividad (apertura y/o tenencia de especies silvestres) impuestos por una ley prohibitiva (Ley N° 9.481, de 4 de julio de 1935).

Tal cual lo prescribe el artículo 12, del Código Tributario el producido de la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente debiendo guardar una razonable equivalencia con las necesidades del mismo. Dentro de tal concepto el proyecto de ley que se remite ha establecido los parámetros aplicables para la determinación de la cuantía del tributo.

La competencia en materia de expedición de permisos de caza de especies de nuestra fauna silvestre (autóctona y exótica) ha sido genéricamente atribuida al Ministerio de Agricultura y Pesca para luego, en etapa posterior, determinar por acto administrativo la Unidad Ejecutora a cuyo cargo estará el desarrollo de la referida competencia, la que asimismo contará con todas las atribuciones en materia de fauna silvestre.

Es de señalar que el Congreso Nacional de Intendentes Municipales, se pronunció a favor de la iniciativa de transferir a la órbita del Poder Ejecutivo la expedición de los permisos de caza de fauna silvestre.

Esta transferencia apareja como consecuencia diversas connotaciones de enorme beneficio para la Fauna Silvestre. Así permite por un lado la centralización en una sola repartición de toda la información sobre población, productividad, habitat, etc. De las especies de nuestra fauna y de los ingresos provenientes por dicha actividad, lo que posibilitará un relevamiento integral de la misma y su posterior aplicación como fuente de los estudios y medidas respecto de la problemática de este recurso natural renovable. Por otro lado se llevará a cabo una verdadera racionalización en la entrega de los permisos otorgándolos a aquellas personas que cuenten con los medios e implementos adecuados para la caza de especies silvestres, logrando así un medio eficaz para la protección de nuestra Fauna Indígena y si Habitat. En función de lo expuesto se eleva al Poder Legislativo el presente proyecto de ley.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con toda consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Roberto Vázquez Platero, Carlos Manini Ríos, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, por el siguiente:

"D) Para Pescar"

Art. 2°. – Los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre serán otorgados por el Ministerio de Agricultura y Pesca. Este último determinará mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, la Unidad Ejecutora encargada de desarrollar el cometido que po la presente disposición se le atribuye.

Art. 3°. – Créase una tasa por la expedición de los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre, la que será recaudada por el Ministerio de Agricultura y Pesca en el momento de expedirse el correspondiente permiso.

El monto de la tasa se graduará:

a) para especies de caza menor entre un mínimo de N$ 5,00 (son nuevos pesos cinco) y máximo de N$ 10,00 (son nuevos pesos diez), por ejemplar de caza;

b) para especies de caza mayor entre un mínimo de N$ 150,00 (son nuevos pesos ciento cincuenta) y un máximo de N$ 600,00 (son nuevos pesos seiscientos), por ejemplar de caza.

Facúltase al Poder Ejecutivo a graduar el monto de la tasa entre los mínimos y máximos establecidos en el inciso anterior, en función de la especie a cazar y a exonerar de la tasa a la expedición de permisos de caza de las especies declaradas plagas, cuando sean considerados especialmente dañinas para la economía nacional.

Estará exonerada de la tasa creada por esta ley, la expedición de permisos de caza de las especies que se destinen a zoológicos, reservas de fauna o instituciones de carácter científico o educativo.

Los montos mínimos y máximos establecidos en los literales a) y b) de la presente disposición, serán actualizados anualmente por el Poder Ejecutivo en función de las variaciones que se produzcan en el índice del costo de la vida, determinadas por los servicios estadísticos de dicho Poder, redondeándose las cifras resultantes en el caso de especies de caza menor a la unidad superior y en el de los ejemplares de caza mayor a la decena superior.

Art. 4°. – Comuníquese, etc.

Roberto Vázquez Platero, Carlos Manini Ríos, Luis A. Mosca.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja la sanción del presente proyecto sustitutivo, del enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se modifica el apartado D) del numeral 21 artículo 46 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, que establece que los permiso de caza serán otorgados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Hasta el presente y por más de 50 años, los permisos de caza de especies silvestres, fueron otorgados por las respectivas Intendencias Municipales. La norma que se propone, al transferir a la órbita del Poder Ejecutivo la expedición de los citados permisos, traerá como consecuencia diversos cambios que serán de gran beneficio para la fauna silvestre; por un lado se centralizará en un solo organismo, toda la información sobre población, habitat y productividad de las especies, lo que posibilitará un relevamiento integral imprescindible como base, para los estudios y medidas respecto de la problemática de este recurso natural, renovable, por otro lado, se racionalizará la entrega de los permisos, concediéndolos únicamente a aquellas personas que cuente con los medios e implementos necesarios para la caza de especies silvestres, lográndose de esta forma una eficaz protección de nuestra fauna indígena.

Finalmente, es de destacar que el Congreso Nacional de Intendentes Municipales, manifestó su aprobación al propósito de pasar a la órbita del Poder Ejecutivo la expedición de los permisos de caza de fauna silvestre.

Por estas consideraciones, la Comisión aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1°. – Sustitúyese el apartado D) del numeral 21 del artículo 46 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, por el siguiente.

"D) Para Pescar"

Art. 2°. – Los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre serán otorgados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este último determinará mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, la Unidad Ejecutora encargada de desarrollar el cometido que por la presente disposición se le atribuye.

Art. 3°. – Créase una tasa por la expedición de los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre, la que será recaudada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el momento de expedirse el correspondiente permiso.

El monto de la tasa se graduará:

a) para especies de caza menor entre un mínimo de N$ 5.00 (son nuevos pesos cinco) y un máximo de N$ 10.00 (son nuevos pesos diez), por ejemplar de caza;

b) para especies de caza mayor entre un mínimo de N$ 100.00 (son nuevos pesos cien) y un máximo de N$ 300.00 (son nuevos pesos trescientos), por ejemplar de caza.

Facúltase al Poder Ejecutivo a graduar el monto de la tasa entre los mínimos y máximos establecidos en el inciso anterior, en función de la especie a cazar y a exonerar de la tasa a la expedición de permisos de caza de las especies declaradas plagas, cuando sean consideradas especialmente dañinas para la economía nacional.

Estará exonerada de la tasa creada por esta ley, la expedición de permisos de caza de las especies que se detienen a zoológicos, reservas de fauna o instituciones de carácter científico o educativo.

Los monto mínimos y máximos establecidos en los literales a) y b) de la presente disposición, serán actualizados anualmente por el Poder Ejecutivo en función de las variaciones que se produzcan en el índice del costo de la vida, determinadas por los servicios estadísticos de dicho Poder, redondeándose las cifras resultantes en el caso de especies de caza menor a la unidad superior y en el de los ejemplares de caza mayor a la decena superior

Art. 4°. – Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 16 de junio de 1987.

Carlos Julio Pereyra, Miembro Informante, Jorge Batlle, Eugenio Capeche, Reinaldo Gargano, Alberto Zumarán. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDNETE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Si bien no se encuentra en Sala el señor senador Pereyra, que es el miembro informante, puede adelantar que este escueto informe da las razones por las cuales se han introducido algunas modificaciones y, en general, acompaña el planteo hecho por el Poder Ejecutivo. La excepción la conforman, si no recuerdo mal, las multas a aplicar y los montos de las tasas que se han de pagar para obtener el permiso de caza.

Lo sustancial del proyecto es que se traspasa la responsabilidad de otorgar estos permisos de las Intendencias Municipales al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. – Se trata de una curiosidad que no sé si se me podrá satisfacer.

Me llama la atención que los Municipios, que siempre están necesitados de dinero, hayan consentido de buen grado, según dice el Mensaje y el informe, en dejar de percibir estos ingresos –que eran un recurso departamental- para que puedan ser recaudados por el Poder Ejecutivo. No sé si la Comisión sabrá algo al respecto, pero, reitero, me llama la atención que no sólo no protesten, sino que hayan prestado su aprobación. Ignoro si se los habrá compensado con algún otro ingreso.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: la comisión se atuvo, en general, a lo que era el informe y los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Con todo, hay una razón básica para entender por qué no han protestado. Seguramente no lo han hecho porque lo recaudado serían cifras ínfimas con las que no se resolvería absolutamente ningún problema y el hecho de traspasar la responsabilidad de la emisión de los permisos está basado en que el Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, podrá ejercer mejor control que las Intendencias Municipales, que no tienen organismos técnicos como para realizar esa tarea.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Quiero manifestar, señor Presidente, que en general no voto proyectos que sustraigan de la órbita municipal determinadas competencias. En este caso voy a hacerlo exclusivamente por lo que expresa el informe, que dice que es de destacar que el Congreso Nacional de Intendentes Municipales manifestó su aprobación con relación al propósito de pasar a la órbita del Poder Ejecutivo al expedición de los permisos de caza de Fauna Silvestre. Si el interesado, en este caso –a pesar de que no se trata de una persona jurídica- que es el que congrega a todas las Intendencias del País, está de acuerdo en desapoderarse de una competencia, nosotros no podemos ser más realistas que el rey. Por algo será. Por ese motivo, y exclusivamente en este caso –a pesar de lo que decía el doctor Juan Andrés Ramírez, "sin que importe precedente", aunque lo importa- voy a votar este proyecto de ley.

SEÑOR TRAVERSONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SENOR TRAVERSONI. – Señor Presidente: encuentro que este proyecto es insuficiente por cuanto no encara una realidad que es la depredación que se está realizando con respecto a toda la fauna indígena, para contener la cual se requeriría una legislación protectora más detallada. Por este proyecto se confía esa tarea a los organismo especializados en esa tarea. Pero hasta el presente parecería que la realidad ha desbordado sus previsiones y me refiero tanto a los Municipios como a los organismo de carácter nacional.

Por estos motivos no me siento habilitado para votar este proyecto de ley.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEIROS. – Señor Presidente: me encuentro en la misma tesitura que el señor senador Traversoni.

Primeramente, creo que ésta es un competencia municipal; lo ha sido tradicionalmente y además estoy de acuerdo, con el concepto vertido por el señor senador Ortiz: esta contribución, poca a mucha siempre ha sido en beneficio de los Municipios.

Acá no veo dónde dice que los Municipios han renunciado a esta potestad que tradicionalmente ha sido suya El Congreso de Intendentes, aunque lo haya hecho, no tiene potestad jurídica; es la reunión de todos los Intendentes, pero tampoco conozco que haya renunciado específicamente a esta competencia.

Por otra parte, ¿en manos de quién va a quedar’ Dice que del Poder Ejecutivo; de un burócrata de este Poder que en Artigas, Rivera o Cerro Largo, otorgará los permisos, me parece más razonable que sea el Municipio que siempre lo ha hecho.

Además, ¿qué seguridad se nos da para el contralor eficaz de la depredación que se está realizando sobre las especies indígenas del país?

Por lo que acabo de expresar, señor Presidente, tampoco voy a votar este proyecto de ley.

Concuerdo con el señor senador Traversoni en cuanto a que este proyecto no preserva nuestra fauna indígena en nada, ya que simplemente traslada una potestad de las Intendencias al Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: comparto lo que se ha manifestado en cuanto a que el proyecto no establece mecanismos para desarrollar una tarea que es imprescindible, la de la protección de la fauna indígena, pero por otra parte entiendo que se da un paso adelante con relación a lo existente. Por lo menos, se impone al Poder Ejecutivo la creación, en el Ministerio correspondiente, de una Unidad Ejecutora a través de la cuál se va a realizar el relevamiento y a determinar el proceso de desarrollo de nuestra fauna e incluso se deberán establecer, reglamentariamente, medidas que tiendan a su preservación.

Entiendo que en la actualidad, gran parte de la depredación se lleva a cabo y se materializa justamente porque, a nivel de las Intendencias Municipales, no existe ningún organismo especializado que trabaje en ese sentido.

El proyecto es deficitario, pero por lo menos impone una obligación en esa dirección.

Además, la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado ha recibido la visita de representantes de organismos internacionales que se dedican a buscar la preservación de la fauna y de la flora y seguramente va a tener la oportunidad de estudiar, en el correr de esta Legislatura, proyectos de ley que puedan contribuir a profundizar las disposiciones existentes en ese sentido.

Por estos fundamentos, porque entendemos que se da un paso adelante con respecto a los existente, es que vamos a votar el proyecto.

SEÑOR FA ROBAINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. – Entiendo, señor Presidente, que acá no se trata de que nos sintamos agraviados por el hecho de que aparentemente puedan resultar perjudicados, al quitárseles una fuente de recursos, los Gobiernos Departamentales, por dos razones fundamentales que resultan del Mensaje que remite el Poder Ejecutivo al enviar el proyecto de ley.

En primer término, por cuanto del Mensaje resulta con toda claridad, que hay un pronunciamiento del congreso Nacional de Intendentes, que si es cierto, como bien fue dicho hace instantes, no es una persona jurídica, sí es el conglomerado de todos los Gobiernos Departamentales. Existe, repito, un pronunciamiento a favor de la iniciativa.

Desde el punto de vista práctico o fiscal, diríamos, en mi opinión la explicación también aparece bastante clara en el Mensaje del Poder Ejecutivo por cuanto se establece que estamos frente a una tasa según la configuración que el Código Tributario establece para este tipo de gravámenes.

El Mensaje dice: "Al caracterizarse el presupuesto de hecho de dicho tributo por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente nos encontramos ante una tasa (artículo 12 del Código Tributario). Esta actividad del Estado se relaciona con la autorización bajo determinadas condiciones de ciertos actos que se hallan absolutamente prohibidos. Se trata del levantamiento de trabas jurídicas que impiden el desarrollo de una actividad (captura y/o tenencia de especies silvestres) impuestos por una Ley prohibitiva (Ley N° 9.481, de 4 de julio de 1935).

Tal cual lo prescribe el artículo 12, del Código Tributario el producido de la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente debiendo guardar una razonable equivalencia con las necesidades del mismo. Dentro de tal concepto el proyecto de ley que se remite ha establecido los parámetros aplicables para la determinación de la cuantía del tributo".

Vale decir que por más que pueda entenderse que el proyecto es un poco escueto, el fundamento que se da en el Mensaje es, en mi opinión, lo suficientemente claro en cuanto a lo que, desde el punto de vista estrictamente fiscal, configura esta tasa.

Se trata -y lo dice más adelante el Mensaje- de centralizar esta recaudación por parte de la oficinas competentes del Ministerio correspondiente.

En cuanto al otro problema de fondo que se ha mencionado acá, por supuesto que no es tema de este proyecto de ley. Todos tamos de acuerdo en que debemos defender la flora y fauna indígenas y el país tendrá que abocarse, por vía del órgano competente -en este caso el Parlamento- a legislar actualizando las normas que existen sobre el particular o crear aquellas de que carecemos en la materia.

Pero el proyecto en concreto lo que hace es cambiar el destino de una recaudación, tipificándola conforme a la normativa del Código Tributario, de modo que no podemos magnificar la entidad del asunto. No podemos hacer esto sobre todo, en lo que concierne al eventual despojo de un recurso municipal -no habría de ser quien abogara por despojar a los Municipios de recursos que le son propios- pero en el caso, no se trata de eso sino simplemente de una ordenación de las normas para que funciones acordes con la tipificación tributaria que en la materia existe. Parecería que el alcance del proyecto es ese y aquí no está en juego el tema de fondo, donde no hay dos opiniones en cuanto a la necesidad imperiosa de que se apliquen las normas que existen en la materia o que se legisle sobre el punto si hay deficiencias sobre el particular. Por lo tanto, debemos abocarnos a tomar conciencia de la responsabilidad de la defensa imperiosa e inaplazable de la flora y fauna nacional.

En consecuencia, considero que podemos votar el proyecto en las condiciones propuestas como aconseja la propia Comisión que lo analizó.

SEÑOR MEDEIROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEIROS. – Oigo con la atención que se merece el señor senador Fá Robaina pero no estoy convencido de sus expresiones. He visto durante esta Legislatura cierta intención de avanzar en muchos aspectos sobre las facultades de los gobiernos departamentales. Por lo tanto me pongo alerta ante todo lo que se haga al respecto. No creo que el Gobierno Central esté más capacitado que los gobiernos departamentales. Puede haber excepciones pudiéndose resolver más eficazmente este asunto, como otros en los cuales el Parlamento ha dado facultades especiales y se ha avanzado sobre las prerrogativas de los gobiernos departamentales que no son simplemente Entes Autónomos.

En el campo de la autonomía los gobiernos departamentales están en primera línea porque así lo define la Constitución de la República. Me doy cuenta que no se cree mucho en la capacidad del hombre del interior para resolver problemas que están en su ámbito. Eso lo sufrí en carne propia porque antes de ser legislador fui gobernante municipal y me vi enfrentado a esa situaciones. Creo que la Constitución de 1951 era la que más respetaba las autonomía municipales y era cuando los gobiernos departamentales tenían realmente facultades tributarias y gubernamentales para poder ejercer eficazmente sus labores. Hoy se cree que el Gobierno Central es el único capaz de resolver los grandes problemas del país, y en alguna medida lo es, pero no debe pasarse por encima de las facultades de los gobiernos departamentales. Esto es una competencia tradicional de los Municipios. Se invocó el Código Tributario -como lo hizo el señor senador Fá Robaina- y se dio una explicación. Pero debemos considerar el problema de las facultades de un organismo de gobierno y digo que me resisto a quitárselas.

No estoy de acuerdo con lo que ha expresado el señor senador Gargano en el sentido de que si se ha depredado la culpa la tienen los gobiernos departamentales. No; si se ha hecho eso, si se ha depredado, si se roba nuestra fauna indígena, la culpa es del Poder Ejecutivo, de la policía o los destacamentos que cuidan la frontera y no cumplen con su deber. Por lo tanto, repito, que es culpa del Gobierno Central que ha aflojado su vigilancia en ese aspecto. Entonces, no debe usarse ese argumento para convencerme de que vote esta ley. Digo que no la voto.

18) SEÑOR JOSE GERMAN ARAUJO. Juicio promovido ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Estando en la última media hora de la sesión habiendo llegado a la Mesa una moción de orden a las que se refiere el artículo 66 inciso D) del Reglamento, se va a proceder a su lectura por Secretaría.

(Se lee:)

"Montevideo, 1° de setiembre de 1987. Señor Presidente del Senado doctor Enrique Tarigo. Presente. De mi mayor consideración: por la presente solicito la palabra para plantear una cuestión de orden, manifestación de protesta sobre escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el juicio promovido por el señor José Germán Araujo de acuerdo a lo establecido por el artículo 66 apartado D) del Reglamento del Cuerpo. Sin otro particular saluda a usted atentamente. Walter Olazábal. Senador".

-Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Olazábal.

(Se vota.)

-19 de 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZÁBAL. –Señor Presidente: en el día de hoy, con cierto asombro de nuestra parte, nos hemos enterado a través del abogado patrocinante del recurso del señor Araujo, de que, en nombre del Poder Legislativo, se ha presentado un escrito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pidiendo, de alguna forma, que el Tribunal se declare incompetente para juzgar o para dictaminar en el caso.

Entendemos además que las argumentaciones que se vierten en ese escrito contradicen absolutamente toda la discusión que hubo en el seno de este Senado sobre el discutido –por lo menos dos veces- carácter de la remoción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Pensamos que la defensa de los actos de gobierno y toda la teoría desarrollada alrededor de la incompetencia del Tribunal, hubiera sido grave de por sí sostenerla por un abogado de este Poder Legislativo en nombre del mismo, en cualquier circunstancia en que ello se hubiera hecho, porque afecta en forma importante, o compromete en forma sustancial al Cuerpo en una determinada posición jurídico-doctrinaria por sus características y por la forma en que ha sido incluso juzgada dentro de este recinto. Pero además, por los elementos peligrosos que contiene se ha inviable de ser defendida en nombre del Poder Legislativo.

En el caso que nos ocupa es aún más grave porque, repito, fue discutido dos veces. En una primera instancia, si bien esa teoría de los actos de gobierno y de la imposibilidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de juzgar el hecho concreto de la remoción del senador, de alguna manera fue propuesta o defendida por alguno de los integrantes del Senado e incluso, en un informe de Comisión, quedó muy claro a la hora de la votación que el Cuerpo no tomó de ninguna manera como suya esta propuesta. Por lo tanto, debemos entender –y no hay otra forma de hacerlo- que la doctrina de los actos de gobierno bastara, en una oportunidad posterior durante una brillante exposición de señor senador Aguirre se defendió la tesis contraria con abundante argumentación jurídica que no voy a repetir por razones de tiempo y de capacidad. Esa exposición no fue controvertida y, por lo tanto, entiendo que también fue aceptada por el Cuerpo en su conjunto.

A la vez de protestar por lo que, en nombre del Poder Legislativo, se ha defendido en el escrito presentado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creo que es pertinente solicitar el retiro del mismo, pasando a la Comisión de Constitución y Legislación de esta Cámara todos lo antecedentes que tienen que ver con el asunto y pedir, además, que se inicie un sumario al doctor Andrés Mieres Muró, firmante del escrito, a efectos de que queden claramente deslindadas todas las responsabilidades del caso.

SEÑOR PRESIDENTE. – En discusión la moción propuesta por el señor senador Olazábal.

Creo que la Mesa tiene el derecho de hablar en primer término por haber sido claramente aludida.

La Mesa quiere dejar constancia que la responsabilidad del escrito no le corresponde al doctor Andrés Mieres Muró, que es el Jefe de la Asesoría Jurídica del Senado, sino al Presidente de este Cuerpo, que es quien invoca su representación a los efectos procesales. El escrito lo preparó el doctor Mieres Muró y lo consultó con quien habla, que participa plenamente de la solución que contiene. Por lo tanto, si el señor senador Olazábal desea iniciar un sumario, tendrá que hacer contra el Presidente de Senado.

En ese escrito se opuso la excepción de incompetencia de jurisdicción, lo cual es admitido por el Derecho Procesal; es decir que no se inventó nada sino que se utilizó una vía de defensa, con la cual se puede discrepar, pero que en todo caso es la solución propuesta en el informe de la mayoría de la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR AGUIRRE. – Eso no fue votado.

SEÑOR PRESIDENTE, - El señor senador Aguirre tiene razón; no fue votado pero si ampliamente considerado. Aunque no se pudieron contar los votos, era la solución aconsejada por el informe en mayoría de la Comisión.

En todos los casos de juicios contra el Senado o contra la Comisión Administrativa, que son varios -en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe haber no menos de veinte juicios de funcionarios que reclaman- el señor Presidente del Senado se ha manejado, hasta ahora, con la Asesoría Jurídica; de acuerdo a la resolución que se adoptó en los primeros días de esta Legislatura, la Presidencia otorga un poder para cada caso concreto, a fin de mantener así una cierta vigilancia sobre los expedientes. Es decir que no existe un poder general para pleitos que le permita a la Asesoría Jurídica manejar los asuntos con entera independencia técnica, sino que debe efectuar la consulta al señor Presidente del Senado.

Esa es la información que quería aportar.

SEÑOR FA ROBAINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. – Luego de lo acaba de manifestar el señor Presidente, quedan pocas cosas por agregar, porque los informes que dio son lógicos, coherentes y son los que corresponden al caso.

Sólo puedo decir que me parece que el planteo formulado en el Cuerpo está fuera del ámbito adecuado, por cuanto estamos opinando sobre algo que no nos corresponde por estar dentro de la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se ha trabado una contienda; el Senado seguramente recibió el traslado de la demanda del señor Araujo y, contestando a eso, ha interpuesto una excepción –como bien lo explicó el señor Presidente- de incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para tomar conocimiento en el tema.

En cuanto al fondo del asunto, creo que ahora no es el Senado el que debe pronunciarse, pues ya lo ha hecho en dos ocasiones.

Entiendo que el escrito presentado por el Senado -el cual desconozco- no hace otra cosa -y esto recién ha sido explicado por partes de la Mesa- que recoger una votación mayoritaria del Cuerpo...

SEÑOR AGUIRRE. – Eso no sirve.

SEÑOR FA ROBAINA. – En la última ocasión en que se consideró el tema, el Senado se pronunció a través de una votación mayoritaria, recogiendo lo que era el dictamen, también mayoritario, de la Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. - ¡Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FA ROBAINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Con todo respeto por la opinión del señor senador Fá Robaina, debo decir que no es exacto lo que expresa. Había un informe en mayoría, que contaba con el voto de cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, que no sostenía precisamente la tesis de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea incompetente para conocer de la demanda de anulación del acto de remoción del ex senador Araujo -porque se entendía unánimemente que eso no era algo que pudiera decidir el Senado- sino que sostenía la irrecurribilidad del acto en vía administrativa y que no procedía conocer de un recurso de revocación, sino que era necesario pronunciarse sobre el mismo como si se tratara de una petición interpuesta en el ejercicio del derecho reconocido por el artículo 30 de la Constitución de la República. El informe en mayoría de la Comisión no decía nada sobre la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tema se debatió, pero en dicho informe no se formulaba moción en ese sentido. Por otra parte, esa moción ni siquiera se votó. Porque luego de discutir muchas horas, con buen criterio, el señor senador Zumarán propuso una vía transaccional, diciendo que el Senado confirmaba la remoción del señor senador Araujo. Por lo tanto, no hubo pronunciado del Senado ni a favor ni en contra de esa tesis.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR FA ROBAINA. – Creo que la argumentación que acaba de exponer el señor senador Aguirre -que respeto- en su secuela final lleva al mismo resultado. El pronunciamiento reiterado del Cuerpo en dos ocasiones con respecto al planteo del ex senador Araujo, conduce a lo que en este caso es el escrito que ha presentado el Senado. Es decir, en la última oportunidad en que se trató el tema, el Cuerpo se expidió entendiendo que el acto no era recurrible.

SEÑOR AGUIRRE. – Debo decir al señor senador que no es así.

SEÑOR FA ROBAINA. – Pero el resultado es el mismo.

SEÑOR AGUIRRE. – El resultado confirma el acto.

SEÑOR FA ROBAINA. – Desde el momento en que el Cuerpo confirma el acto de remoción del entonces senador Araujo, el resultado es el mismo: confirma la remoción.

SEÑOR AGUIRRE. – El resultado no es el mismo.

SEÑOR FA ROBAINA. – Creo que es coherente la argumentación dada por el señor Presidente frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que el no es recurrible. No lo es, porque mantiene la decisión de la remoción del cargo del señor Araujo. Me parece que la defensa que la Presidencia del Cuerpo ha esgrimido en este caso, desde el punto de vista procesal -naturalmente, de acuerdo con las atribuciones que no le vamos a discutir, porque sería ilógico- es la correcta.

Pienso que no debemos magnificar el asunto diciendo que es menester sumariar al profesional que, en representación del Cuerpo y por el mandato correspondiente, actuó como lo hizo. Creo que la actitud que asumió la Mesa es correcta, por lo que no es pertinente la solicitud formulada por el señor senador Olazábal.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Estimo que debemos reducir el planteamiento de este tema a términos de sentido común.

Recapitulando el motivo que determina el planteamiento el cuerpo es objeto de una demanda Judicial; se le da traslado de la misma, por lo que debe necesariamente contestarla. Frente a ello se toman las disposiciones del caso. ¿Acaso se aspira a que cada juicio –e incluso cada escrito en los mismos- contra el Senado tenga que ser sometido a la consideración de los señores senadores?

SEÑOR CERSOSIMO. – Apoyado.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Acaso cada uno de nosotros –y los que somos abogados debemos olvidarnos de nuestra condición- cuando recurrimos a un abogado le decimos cómo debe ejercer la defensa?

Le instruimos en el sentido de que lo haga de la mejor manera posible. En este caso, que nos ocupa le hemos entregado la defensa de este Cuerpo esto a un apoderado –y el señor Presidente lo hizo correcta y legítimamente- a quien seguramente se instruyó de que el Senado de la República ejecutó un acto legítimo y que él debía defenderlo como abogado de la mejor manera posible. El señor Presidente agregó a tal defensa, de su cosecha- y sé que es buena- elementos de juicio como nos acaba de indicar. De no ser así es dable preguntarse: ¿Es que acaso se aspira a la indefensión del Cuerpo? El Senado no se puede defender, eficazmente si hay que revisar cuidadosamente cada una de las resoluciones que exige el trámite.

Si las actuaciones, por ejemplo, no hubieran merecido interponer algún recurso de índole procesar -y el señor Presidente bien que sabe que los hay muchos- es posible que algún defensor del ex senador Araujo nos diría, que ha sido mal interpuesta la excepción, porque este Cuerpo no autorizó a entablarla. De aceptar criterio como el expuesto, el resultado sería que este Cuerpo tiene que examinar y resolver puntualmente todos los escritos frente a todos los trámites que se le presentan. La peregrina tesis resultante cae por su peso, porque conduce a que el Senado de la República, frente a cualquier juicio que se le plantee –sea de esta trascendencia, o de menor- nada efectivo pueda hacer, porque el señor Presidente tendría que convocar al Cuerpo y dado el sistema de trabajo del mismo podría suscitarse hasta acuses de rebeldía, dado que es muy posible que quizás no haya habido tiempo de tratar el asunto por estar en época de receso y otra circunstancia imprevista a aún natural del régimen de labor de Senado. La realidad es que encomendamos a un abogado apoderado –y el señor presidente del Senado tiene derecho a nombrarlo- ejercer la defensa del cuerpo de la mejor forma que corresponda, y de acuerdo con su criterio. Eso es, precisamente, lo que se ha hecho y es legítimo, aunque los criterios del mismo que ello no le sirva a algunos integrantes del Cuerpo. Me anticipo a decir al señor senador Olazábal que cuando el señor senador Aguirre formuló una elocuente, sabia y erudita defensa de la inexistencia de los actos de gobierno, a algunos no nos convenció y entre ellos al que habla, que no estando de acuerdo con ella no consideró prudente, necesario, ni pertinente, entablar una polémica sobre un tema que en el momento le pareció intrascendente y porque era una muy legítima afirmación por el señor senador Aguirre de su tesis, pero nada más que ello.

El hecho de haberla oído no significa que la haya consentido. ¿Acaso cuando alguien afirma, aquí, algo, el silencio implica consentimiento? De ser así, todos los días tendríamos que realizar debates interminables.

Señor Presidente: me parece totalmente lógico que se realice la defensa de la posición asumida por el Senado y supongo que nadie está en desacuerdo en cuanto a que el Senado asumió una actitud, ya que el primero en reconocerla es el propio ex senador Araujo, cuando plantea un juicio. Por lo tanto hubo una actitud y existen motivos y legítimas razones ¿o al Senado sólo le resta guardar un silencio total y quedar indefenso? Resulta obvio decir que el Senado no dictó, naturalmente, resolución en el caso que da mérito a esta cuestión estableciendo que "para el caso que se plantee una eventual contienda judicial, el representante del Senado deberá contestar con los siguientes argumentos y citar o no a determinados autores".

Señor Presidente: a veces el razonamiento por el absurdo va más allá de lo deseable, pero lo esencial está dicho. El Senado no puede quedar indefenso y si legítimamente se encargó de ello a quien lo defendiera, éste –dentro de los elementos normales del derecho- tiene todas las facultades para ejercer la defensa en la forma en que mejor lo considere. Aquellos senadores a quienes dicha defensa les parezca improcedente, que cambien al Presidente del Senado, como él mismo muy bien lo ha dicho. Políticamente, yo también desearía cambiarlo, pero lo respetaré hasta el año 1990.

SEÑOR OLAZÁBAL. – Pido al palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZÁBAL. – En primer lugar, entiendo que no se puede decir que este tema está fuera del ámbito del Senado, porque, justamente, es éste quien está presentando escritos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En segundo término, también creo que no se puede hablar de una intención de poner al Cuerpo en estado de indefensión frente a un juicio, porque lo que he dicho claramente es que la teoría de que en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tenía competencia, figuraba en el informe en mayoría que fue debatido y, al no haberse aprobado, no hay otro modo de interpretar este fenómeno, que considerando que el Cuerpo rechazó dicha posición doctrinaria. Eso no significa de ningún modo, que cree una indefensión para el Cuerpo, porque perfectamente se podría haber presentado un escrito justificando la constitucionalidad de los actos del Cuerpo, lo que yo no hubiera objetado en absoluto. Pero resulta claro que lo que aquí se está defendiendo no es la constitucionalidad de las resoluciones del Cuerpo o la ratificación de la voluntad que él mismo ha expresado en cuanto a la remoción del senador Araújo, sino que se está introduciendo un elemento que es ajeno, es decir, un juicio paralelo, intentando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se declare incompetente, y argumento que esa posición había sido expresamente desmentida por toda la discusión que se produjo en el Senado.

Aunque hoy se pretendiera votar nuevamente y alegar que la posición del Senado es totalmente acorde con la teoría de los actos de Gobierno, eso no era así en el momento en que se presentó el escrito. Por el contrario objetivamente la situación tendía a contradecir una opinión de este Cuerpo y, por lo tanto, el referido escrito nunca debió haberse presentado, por más que el señor Presidente asuma la responsabilidad del caso. En realidad, de ser una responsabilidad jurídica o funcional, creo que pasa a constituir una responsabilidad política que tendremos ocasión de discutir en la vía pertinente.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: por orden, y con mayor claridad posible, debo decir lo siguiente.

En primer lugar, entiendo que no corresponde equiparar esta situación a la originada por otras veinte juicios contencioso-administrativos en los que el Senado haya sido demandado, porque ninguno de esos casos fue discutido en el Cuerpo por vía de una resolución, ante la interposición de un recurso administración y porque, en su enorme mayoría, esos recursos no son contra actos del Senado, sino contra actos de la Presidencia, de autoridades anteriores o de la Comisión Administrativa. Sólo en el caso de la impugnación de la designación de los señores secretarios, el acto es del Senado, porque éste, por sí, no ha destituido ni lesionado a ningún funcionario mediante sus decisiones, según tengo entendido.

SEÑOR PRESIDENTE. – Las reclamaciones son contra el Presupuesto del Senado, que ha sido aprobado por el Cuerpo. De manera que, en última instancia, son todos actos del Senado.

SEÑOR AGUIRRE. – En esos casos sí, pero reitero que en ningún momento hemos discutido los recursos interpuestos contra esos actos aquí en Sala, y supongo que deben haberse interpuesto porque de lo contrario, no se habría agotado la vía administrativa. No ha habido ningún debate sobre ningún caso que esté planteado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, salvo el relativo a la remoción.

En segundo término, la tesis de que ese escrito no podía presentarse será equivocada o acertada, pero en ningún caso conduce a la indefensión, porque el Senado resolvió confirmar el acto, es decir, declarar que el acto era arreglado a Derecho y que son infundadas las causales de ilegalidad invocadas por el recurrente. Por consiguiente, lo que el abogado defensor tenía que hacer -en mi concepto- era defender el acto como legal y oponerse a la demanda por las razones de fondo, que fueron las que el Senado confirmó al emitir su pronunciamiento sobre el recurso de revocación.

En tercer lugar, es exacto que, desde el punto de vista formal, el abogado defensor que inviste la representación del Cuerpo, apoderado por su Presidente, tiene plenas facultades para actuar como lo hizo, pero exclusivamente desde el punto de vista formal. Pero no puede hacer cualquier cosa, porque, con ese criterio, también podría haberse allanado a la demanda. Se me dice que en las leyes procesales está previsto que se puede interponer la excepción de incompetencia y replico que también se puede allanar a la demanda -con ese criterio- pero ello hubiera significado una violación de lo resuelto por el Cuerpo y el abogado no podía hacerlo. Creo que si no podía hacer eso, también debía haberse abstenido de hacer algo que se sostuvo en Sala, pero que no fue resuelto por el Cuerpo.

Creo que por una razón de correspondencia, de buenas relaciones con todos los integrantes del Cuerpo, si aquí hubo opiniones encontradas sobre este aspecto y al final no se adoptó resolución -es decir que hay miembros del Senado que sostiene enfáticamente que no es posible descoser la competencia del Tribunal de lo contencioso Administrativo- la defensa debió haberse encarado con respecto al problema de legalidad de fondo. Es cierto que no se ha violado ninguna norma y que, formalmente, esto se puede hacer.

Adelanto que no voy a votar la moción presentada por el señor senador Olazábal, pero señalo que si hubiera estado en el lugar del Presidente, y aunque hubiera pensado como él, que el Tribunal en este caso no tiene competencia, no habría hecho esto.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RONDAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. – Señor Presidente: comparto totalmente lo manifestado en Sala por el señor Presidente y por el señor senador García Costa, quienes, a mi juicio, han ubicado la cuestión en su verdadero lugar.

En este momento no es posible que el abogado que representa al Senado tenga dos contrincantes: por un lado, los abogados del señor Araújo y, por otro, algún defensor que al parecer le ha salido al señor Araújo dentro del Senado, lo que estaría subvirtiendo el instituto de la representación.

Creemos que cuando se designa a una persona como representante para que actúe y nos defienda en juicio es porque se tiene confianza en ella. Ese es uno de los elementos fundamentales del mandato y de la representación.

Consideramos que aunque no haya habido un pronunciamiento expreso aceptando o no la teoría del acto de gobierno dentro del Cuerpo, el representante del Senado, luego de consultar con el señor Presidente -que es quien nos representa en determinados actos- actuó según su leal saber y entender. Nos parece que de ninguna manera podía cometerse la herejía jurídica que significaría ir a retirar un escrito ya representado, provocando el vencimiento de los términos y, por consiguiente, la indefensión del Senado. Nuestro representante tampoco podía -digámoslo así- consultar a cada uno de los legisladores para conocer su opinión, disímil en muchos aspectos, según lo hemos podido apreciar, a fin de estampar esa diferencia de criterios en el escrito a presentar ante el Tribunal.

Pensamos que por el camino que estábamos recorriendo anteriormente, íbamos ganando tiempo, dando solución a un problema menor, como el de los permisos de caza. Sin embargo, en este momento estamos tratando de dar caza a alguien que sigue siendo tema en el Senado, ocupando momentos que son fundamentales para la atención de este Cuerpo que seguramente, no se va a volver a reunir en el transcurso de este mes, salvo en sesiones extraordinarias. Afirmo que estamos perdiendo un tiempo precioso, que debería ser ocupado en las grandes y no en las pequeñas cosas, como es el tema traído a colación en la noche de hoy.

Aclaro que no somos intolerantes. Cuando se trata de hechos que realmente merecen una defensa, porque están rodeados del atributo de la dignidad, del patrimonio, del don de gentes, estamos dispuestos a defender y a acompañar con nuestro voto lo que aquí se plantee. Pero no estamos dispuestos a perder tiempo, como lo hiciéramos en diciembre, en estos últimos meses en la Comisión de Constitución y Legislación y ahora, cuando estamos tratando un planteamiento que sólo puede ser realizado por personas que desconozca el procedimiento a seguir, los recursos y las excepciones relativas a los juicios.

Lamentablemente, estas son las virtudes de la democracia, que permiten que aquí en un régimen de plena libertad, se sigan planteando estos temas mientras que, en otros lugares que muchos en este país adoran y admiran, no se podrían mencionar y, en otra época, si lo hacían terminaban en el paredón.

SEÑOR FLORES SILVA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA.- Señor Presidente; quería referirme muy brevemente a una mención que ha realizado el señor senador Olazábal en su exposición inicial.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte al señor senador que si no se solicita la prórroga de la hora, corresponde levantar la sesión.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Como ya son las 21 horas, reglamentariamente quedaría levantada la sesión.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre,Batalla, Cersósimo, Cigliuti, Crocce, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pozzolo, Rodriguez Camusso, Rondan, Terra Gallinal, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán),

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.