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Nº 201 - TOMO 307 - 11 DE AGOSTO DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

33ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

y el DOCTOR GUILLERMO GARCIA COSTA 2º Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 8) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Batalla para ser enviada al Ministerio del Interior, relacionada con la clausura definitiva del periódico "La Escoba".

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Batalla por el día de la fecha.
- Concedida.

6) Proyecto presentado

- Régimen pensionario o de asistencia previsional para los familiares de las personas desaparecidas en el territorio de nuestro país durante el gobierno de facto.
- Iniciativa de los señores senadores Batalla, Martínez Moreno y Senatore.

7) Invitación al señor Presidente del Senado a visitar Brasilia

- Se resuelve, por moción del señor senador Mederos aceptar la invitación cursada por el señor Presidente del Senado de la República Federativa del Brasil.

9 y 12) Artistas nacionales. Su estimulo

- Exposición del señor senador Pozzolo.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios y a los Directorios de los Entes Autónomos, así como a la Comisión de Presupuesto del Senado.

10) Armamentismo nuclear. Su proliferación

- Exposición del señor senador Olazábal.

11) Comisaría de Mujeres. Su implantación

- Exposición del señor senador Cersósimo.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio del Interior.

13) Pedido de informes. Endeudamiento del sector pesquero

- Se resuelve por moción del señor senador Gargano, que el Senado haga suyo el elevado por él, en el mes de marzo al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central y al Banco de la República.

14 y 16) Normas para el desarrollo forestal

- Continúa en discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

15) Señor senador Cersósimo. Excusación para integrar la Comisión de Industria y Energía en el tema relacionado con la comercialización del azúcar

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de agosto de 1987.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 11, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal.

(Carp. Nº 542/86 - Rep. Nº 92/87)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2) Por el que se regula la expedición del permiso de caza.

(Carp. Nº 438/85 - Rep. Nº 91/87)

3) Por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República y la República de Colombia el 2 de agosto de 1985.

(Carp. Nº 342/85 - Rep. Nº 96/87)

4) Por el que se introducen modificaciones a dos artículos de la Ley Nº 15.793, de 28 de marzo de 1985 (contralor de la obligatoriedad del voto en las elecciones universitarias).

(Carp. Nº 819/87 - Rep. Nº 98/87)

5) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. Nº 803/87 - Rep. Nº 93/87 - Plazo Constitucional vence el 13 de setiembre de 1987)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, Gargano, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor senador Batalla; con aviso el señor senador Jude.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 9 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 11 de agosto de 1987.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes por los que:

envía el expediente relacionado con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas que le fuera devuelto para ampliar antecedentes; y

(Carp. Nº 737/87)

por el que solicita venia para exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

(Carp. Nº 850/87)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con contratos de arrendamiento de obra con diversos técnicos.

Del Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con autorización para gastos Nº 9032.

Del Ministerio de Salud Pública, relacionada con la Licitación Pública Nº 27/87, para el suministro de frutas.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionada con certificaciones de deudas.

De la Suprema Corte de Justicia, relacionada con Orden de Entrega Nº 800.504 y contrato de arrendamiento con la empresa Computerworld.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionadas con las Licitaciones Públicas Nos. 076/87, 038/86, 037/85; con la contratación de una firma Consultora y con la adquisición de artefactos de iluminación.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionada con la Licitación Pública Nº 492; con el mantenimiento de controles de Télex y con la adquisición de equipos Multiplex Telegráficos.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensaje al que acompaña los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y a los departamentos del Interior, referentes al 2º trimestre del año 1987, en relación a desalojos, acciones de rebaja de alquiler y lanzamientos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

(Carp. Nº 217/85)

-Repártase.

El Ministerio de Defensa Nacional acusa recibo y remite información respecto de las palabras pronunciadas por el señor senador Carlos Julio Pereyra, relacionadas con la situación de funcionarios de la Dirección Nacional de Meteorología.

-A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

El mismo Ministerio acusa recibo y remite información respecto de las palabras pronunciadas por el señor senador Juan Martín Posadas relacionadas con la adquisición de Centrales Telefónicas por parte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

-A disposición del señor senador Juan Martín Posadas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionada con el revestimiento de la sede de dicho Ministerio.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia de los siguientes télex:

De la Embajada Uruguaya en Francia por el que comunica la visita a nuestro país de la señora Encargada de la Educación Sra. Alliot, entre el 15 y 18 del corriente mes.

(Carp. Nº 851/87)

-A la Comisión de Educación y Cultura.

De la Embajada Uruguaya en Suecia por la que comunica la visita a nuestro país de una misión parlamentaria entre los días 9 al 12 de setiembre del corriente año.

(Carp. Nº 852/87)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Del Licenciado Leonel Villalobos Salazar Diputado Presidente Coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, relacionado con la Reunión de la Comisión Permanente de Integración Educativa del Parlamento Latinoamericano.

(Carp. Nº 853/87)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

De la Embajada Uruguaya en Francia por el que comunica la visita a nuestro país de una delegación de parlamentarios, entre el 5 y el 8 de setiembre próximo.

(Carp. Nº 854/87)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Los señores senadores Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Luis A. Senatore, presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se establece un régimen pensionario o de asistencia previsional para los familiares de las personas desaparecidas en el territorio de nuestro país durante el gobierno de facto.

(Carp. Nº 849/87)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El señor senador Hugo Batalla de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la. Constitución solicita se curse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un pedido de informes relacionado con la aplicación por parte del Banco de Previsión Social, de la Ley Nº 15.840, de 26 de noviembre de 1986.

-Procédase como se solicita.

Los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso y Walter Olazábal de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, solicitan se curse al Ministerio de Salud Pública un pedido de informes relacionado con donantes de sangre de los departamentos ubicados al norte del río Negro.

-Procédase como se solicita.

La Cámara de Representantes remite aprobado los siguientes proyectos de ley: por el que se designa con el nombre de Andrés Martínez Trueba, el Liceo Nº 2, de la ciudad de Florida.

(Carp. Nº 847/87)

-A la Comisión de Educación y Cultura.

por el que se aprueban los Convenios Internacionales en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo, Nos. 148, 155 y 161.

(Carp. Nº 848/87)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio Cultural suscrito entre la República y la República de Venezuela.

(Carp. Nº 678/87)

por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Popular de Bulgaria.

(Carp. Nº 707/87)

por el que se aprueba el Convenio Nº 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas.

(Carp. Nº 455/86)

-Ténganse presentes y archívense.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Dr. David Bonjour" al liceo de Carmelo.

(Carp. Nº 838/87)

-Repártase.

El Secretario General de la Unión Interparlamentaria pone en conocimiento la realización de una reunión de parlamentarios en ocasión de la celebración de la 42 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

-Téngase presente.

El Presidente de la Asamblea Legislativa de Panamá remite notas a las que acompaña resoluciones de la Asamblea Legislativa:

por la que denuncia hechos sediciosos ocurridos en dicho país,

y por la que se solidariza con el pueblo y gobierno de Chipre en la reafirmación de su soberanía.

-Ténganse presentes.

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite nota en la que transcribe la moción presentada por los ediles del Partido Colorado que obtuvo 15 votos en 31, con el siguiente texto: "La bancada del Partido Colorado solicita que se ponga en juego el artículo 296 de la Constitución de la República elevando nota al Senado de la República y adjuntando copia certificada de la versión taquigráfica de esta sesión y del Decreto Municipal con que se designó la intervención."

(Carp. Nº 854/87)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El señor senador Reinaldo Gargano de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución solicita se curse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un pedido de Informes relacionado con el puente ferroviario en construcción sobre el río Negro, y manifestaciones efectuadas al respecto por el señor Ministro.

-Procédase como se solicita.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se transfiere al Banco Hipotecario del Uruguay, la casa del Virrey, padrón Nº 3322 de Montevideo.

(Carp. Nº 801/87)

-Repártase."

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Hugo Batalla de conformidad a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento solicita el envío de una exposición escrita al Ministerio del Interior, relacionado con la clausura definitiva del periódico ‘La Escoba’."

-Oportunamente se votará.

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Hugo Batalla solicita licencia por la sesión del día de hoy."

-Léase.

(Se lee:)

‘Montevideo, 11 de agosto de 1987.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo
Presente

Señor Presidente:

Por la presente solicito licencia para faltar a la sesión que realizará el Senado en el día de la fecha.

Saludo al señor Presidente muy atentamente,

Hugo Batalla. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PROYECTO PRESENTADO

"REGIMEN PENSIONARIO O DE ASISTENCIA PREVISIONAL PARA LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL TERRITORIO DE NUESTRO PAIS DURANTE EL GOBIERNO DE FACTO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley, para cuya sanción legislativa se requerirá la previa iniciativa del Poder Ejecutivo -al tenor de la disposición del artículo 86 de la Constitución de la República- se limita modestamente a establecer un régimen pensionario o de asistencia previsional para los familiares de las personas desaparecidas en el territorio de nuestro país durante el gobierno de facto.

Por cierto que la propuesta no se inspira en el propósito de aceptar como definitiva la situación de esas personas. Nada más lejos de ello. Sólo intenta atender, en mínima medida y con criterio previsional, las consecuencias que para sus familiares se deriven de esa situación, en lo que refiere a sus necesidades económicas inmediatas.

Quede claro entonces que los proponentes seguimos considerando imprescindible, para la realización de la Justicia y la afirmación de la salud moral de nuestra Democracia, que los hechos que motivaron la desaparición de esas personas sean exhaustivamente investigados y esclarecidos por los órganos independientes e idóneos de nuestro Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello y al efecto de la aplicación de las normas proyectadas, importa señalar que las indagaciones parlamentarias oportunamente cumplidas por la Cámara de Representantes, por medio de su Comisión Investigadora sobre situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, permitieron constatar que treinta y dos de esas desapariciones ocurrieron en nuestro país, aparte de las de otras ciento veintisiete de uruguayos producidas en Argentina, tres en Chile y dos en Paraguay, particularmente en el período comprendido entre los años 1973 y 1978.

Como constató dicha Comisión Investigadora -conforme a las pruebas por ella recibidas- en relación a la desaparición de personas ocurrida en nuestro territorio, la mayoría de éstas…tuvo lugar luego de la intervención de efectivos de las denominadas Fuerzas Conjuntas, que las detuvieron y retiraron de sus hogares y que muchas de ellas habrían sido vistas por última vez, detenidas en establecimientos militares (Informe preliminar de fecha 16 de julio de 1985, suscrito por la unanimidad de sus once integrantes, legisladores pertenecientes a los diferentes partidos y sectores políticos).

La misma Comisión en su Informe final de fecha 4 de noviembre de 1985 -aprobado por la Cámara de Representantes el día 7 del mismo mes- enumera todas las situaciones ante ella denunciadas, e investigadas y resaltando la clara vinculación existente entre los casos de desapariciones en Uruguay y de uruguayos en la Argentina, expresa: De ninguna forma la Comisión encuentra atenuantes para la modalidad empleada durante los procesos militares de Argentina y Uruguay, respecto a las desapariciones. Ellas tuvieron un trasfondo de crueldad, superior a la misma instancia de la muerte. La técnica de la desaparición, su entorno y sus consecuencias, conforman en efecto el perfil del crimen de ‘lesa humanidad’, en tanto al desprecio de la persona humana, el absoluto despojo de su identidad y de su autorespeto, el total desconocimiento de los más elementales derechos que la jurisprudencia universal reconoce al hombre, cualquiera sean las circunstancias. Esta violación se produce desde el mismo instante del secuestro, y se proyecta en el tiempo, no sólo en la persona agredida, sino también en su familia.

Existe además, en la aplicación de esos métodos, una marcada analogía entre los dos países, en el accionar de los servicios de seguridad del Estado, demostrando fehacientemente que la principal causa de las ‘desapariciones’, estuvo encuadrada en la represión política que ambos procesos desataron contra determinadas corrientes de opinión.

Muchos fueron víctimas de la brutalidad de un proceso que pretendió, en el uso de las torturas, de los secuestros, de las desapariciones y las muertes, revertir el orden y cambiar un Estado de Derecho por un régimen de terror.

Ambas orillas del Río de la Plata fueron sacudidas por el cambio. Seguramente la parte más numerosa estuvo en la Argentina, pero también nuestro país contempló asombrado e indignado, la práctica de métodos que creíamos desterrados para siempre.

La Comisión recibió abundante prueba testimonial que establece, sin lugar a dudas, que la mayoría de las desapariciones que hoy reclaman los familiares, ocurrieron en directa relación con el salvaje tratamiento a que fueron sometidos los detenidos.

Algunos testigos sobrevivientes, han relatado en forma pormenorizada los tratamientos utilizados, y que se incluye en la copiosa documentación reunida, la que se encuentra a entera disposición de los señores Representantes. (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes; Nº 1856; Tomo 620; pág. 511 y siguientes).

Expuesto lo que antecede, consideramos superfluo agregar fundamentos acerca de las normas proyectadas.

Montevideo, agosto 7 de 1987.

Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno, Luis Alberto Senatore. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Acuérdase derecho a pensión a los familiares de las personas desaparecidas en el territorio nacional a partir del año 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985.

Para la determinación de los derechohabientes, su orden de llamamiento y las cuotas partes pensionarias que les correspondan, se aplicará el régimen vigente en el Banco de Previsión Social.

Art. 2º. - La pensión a que refiere el artículo anterior será de un monto equivalente al importe nominal del Salario Mínimo Nacional, debiendo ajustarse en toda oportunidad que el mismo varíe.

Esta pensión será íntegramente acumulable a toda otra prestación de seguridad social que perciban sus beneficiarios.

Art. 3º - A efectos de esta ley se consideran personas desaparecidas las indicadas en el Informe de fecha 4 de noviembre de 1985 de la "Comisión Investigadora sobre situación de Personas Desaparecidas y hechos que la motivaron" de la Cámara de Representantes, aprobado por ésta en sesión del día 7 del mismo mes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se aceptarán todos los medios de prueba que permitan fundamentar razonablemente la convicción de que se ha configurado la misma situación en relación con otras personas.

Art. 4º - La prestación pensionaria que se establece por esta ley será servida por el Banco de Previsión Social y se liquidará a partir del 1º de marzo de 1985.

El Poder Ejecutivo proveerá al Banco de Previsión Social los recursos necesarios, con cargo a Rentas Generales.

Art. 5º - Comuníquese, publíquese, etc.

Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno, Luis Alberto Senatore. Senadores."

7) INVITACION AL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO A VISITAR BRASILIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado de la República Federativa del Brasil remite nota al señor Presidente del Senado invitándolo a visitar Brasilia."

-Léase.

(Se lee:)

"Brasilia, 27 de mayo de 1987.

Exmo. señor senador Enrique E. Tarigo.
Presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea
General de la República Oriental del Uruguay.

Señor Presidente: tengo la honra de invitar a Vuestra Excelencia en nombre del Senado Federal, para una visita a Brasilia en el período del 23 al 26 de agosto próximo.

Aseguro a Vuestra Excelencia que el Senado de la República Federativa del Brasil ve con gran simpatía y entusiasmo las iniciativas que permitan el estrechamiento de nuestras relaciones de entendimiento y colaboración con el Senado de la República Oriental del Uruguay, pueblo y nación con los que tenemos lazos y vínculos históricos de origen y fraternidad.

Acepte Vuestra Excelencia la expresión de la más elevada estima y distinguida consideración.

Senador Humberto Lucena, Presidente del Senado Federal."

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Hago moción para que el señor Presidente del Senado acepte y concurra en representación de este Cuerpo a la invitación que se le hace por parte del Senado Brasileño.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Mederos.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Muchas gracias.

8) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud del señor senador Batalla, en el sentido de enviar una exposición escrita al Ministerio del Interior relacionada con la clausura definitiva del periódico "La Escoba".

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 4 de agosto de 1987.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo
Presente

Señor Presidente:

De conformidad con la facultad que me confiere el artículo 166 del Reglamento de la Cámara de Senadores solicito se curse al Ministerio del Interior la siguiente exposición escrita, relacionada con la clausura definitiva del periódico "La Escoba".

1.- El 15-VI-1987 el Poder Ejecutivo dictó un Decreto disponiendo la clausura definitiva del periódico "La Escoba", reaparecido el día 4 del mismo mes. Dicho acto administrativo invoca como fundamento normativo el artículo 168 num. 1º de la Constitución de la República, y a sendos decretos de 9.IV-1954 y 31-X-1963 -cuya vigencia señala- por los cuales se disolvía al llamado "Movimiento Revolucionario La Escoba" y se clausuraba al semanario del mismo nombre.

2. - En nuestro régimen institucional el Poder Ejecutivo carece de la potestad de clausurar órganos de prensa por acto administrativo. La decisión del 15-VI-1987 es, pues, ilegítima.

3.- Esta conclusión se apoya en reglas de principio sobre la hermeneútica constitucional, y ella no se ve alterada o debilitada por la referencia a la "conservación del orden y tranquilidad en lo interior" prevista en el artículo 168 num. 1º de la Constitución. Porque obviamente esta atribución no implica potestad sancionatoria o punitiva. Y evidentemente el acto de clausura (sea temporal o definitiva) de un periódico supone un claro contenido sancionatorio, tanto como la restricción -a un extremo que la Constitución veda inclusive al Legislador- de un derecho fundamental (el consagrado en el artículo 29 de la Carta, a cuya protección apuntan los artículos 7 y 72 de la misma).

4. - Ambos aspectos (potestad de imponer sanciones a sujetos de derecho y limitación de derechos fundamentales), entran en la llamada "reserva de la ley, o sea, en un ámbito donde el administrador no puede incursionar sin previa habilitación legal. Más aún, el propio artículo 29 de la Constitución deja librado el ejercicio de la libertad de prensa a la responsabilidad del autor y, "en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren".

5. - Si el Poder Ejecutivo estima que el semanario en cuestión es medio para la comisión de conductas delictivas (o que, a tenor de la norma constitucional citada, hay "abusos" susceptibles de llamar a responsabilidad), lo que corresponde conforme a Derecho es dar intervención a la Justicia, o al menos al Ministerio Público. La suspensión o impedimento de la circulación de un medio de prensa sólo sería admisible por acto jurisdiccional, concebida como medida cautelar.

Por otro lado, en la muy excepcional hipótesis de que exista una grave e imprevista conmoción interior a la que esa publicación puede agravar (o en la más excepcional aún de poderse demostrar que la misma la provoca), lo procedente sería adoptar una medida pronta de seguridad (Art. 168 num. 17º), que por definición no puede ser de contenido sancionatorio. En otros términos, esa "medida pronta", por la provisoriedad que le es natural, no puede consistir en un acto punitivo (como lo es siempre la clausura), sino en decisiones de carácter preventivo (v. g. detener la circulación de la edición de que se trate), bajo control de la Asamblea General y en definitiva bajo la responsabilidad del Estado y de los gobernantes o funcionarios actuantes que ello pueda generar (Arts. 24 y 25 de la Constitución).

6. - La invocación del artículo 168 num. 1º de la Constitución como fundamento del acto que dispone la clausura de un periódico no sólo es jurídicamente equivocada. Es también un camino muy inconveniente en lo que hace a la preservación de los valores del sistema democrático y al perfeccionamiento de un Estado de Derecho todavía no suficientemente consolidado. En efecto, dicha invocación recuerda tristes precedentes (de los años 1969-1970), cuando el Poder Ejecutivo de entonces acudió a ese artilugio una vez que las mismas clausuras dispuestas bajo "régimen" de medidas prontas de seguridad encontraban el escollo de su levantamiento por la Asamblea General.

7. - Tampoco pueden significar fundamento valedero para el acto administrativo de clausura los recordados decretos de 1954 y 1963. En primer lugar, porque si -como se vio- el Poder Ejecutivo no ha recibido esa potestad del constituyente ni del legislador, es claro que la habilitación para ejercerla no puede radicar en otro acto administrativo, que seguramente ha de adolecer el mismo vicio. Análogas consideraciones merece la referencia del decreto cuestionado a que el periódico clausurado "propugna por la reorganización del Movimiento Progresista" que "se identifica con el disuelto Movimiento Revolucionario La Escoba", con indirecta remisión a la Ley número 9.936, de 18 de junio de 1940, cuya constitucionalidad siempre se objetó. Porque la protección del derecho de asociación y las limitaciones del poder público para restringir su ejercicio son similares a las ya referidas sobre la libertad de expresión (de acuerdo al principio recogido por el artículo 80 num. 6º de la Constitución) debería tratarse de "organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad". Pugna, pues, con la razonabilidad jurídica, la sanción que se impone por vía de consecuencia con una supuesta vinculación a una organización disuelta por actos de muy dudosa legitimidad.

Estimo que el Poder Legislativo no puede permanecer en silencio ante una violación clara de derechos constitucionalmente reconocidos.

Por ello, la presente exposición.

Saludo al señor Presidente muy atentamente,

Hugo Batalla. Senador."

9) ARTISTAS NACIONALES. Su estímulo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa para la que están anotados los señores senadores Pozzolo, Olazábal y Cersósimo.

Tiene la palabra el señor senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, el Senado, si así lo entendiera conveniente, podría introducir en las pocas horas que nos quedan de aquí al próximo 15 de agosto, algunas modificaciones a su Presupuesto de funcionamiento.

Si el criterio que a la postre la Presidencia del Cuerpo o la Comisión correspondiente resolvieran aconsejar al Senado fuera el de introducir algunas enmiendas o modificaciones al Presupuesto vigente, en ese sentido voy a bregar -y lo estoy haciendo desde ahora- para que aquí se restablezca una vieja orientación -por cierto hermosa y fecunda- por medio de la cual se estimuló a los artistas nacionales mediante el llamado a concurso en diferentes disciplinas del arte, en modo particular, la pintura.

Esta política estuvo en nuestro país en determinado tiempo muy difundida y los beneficios que arrojó para nuestra nación y su correspondiente acopio cultural son más que tangibles; alcanza con visitar cualquier dependencia oficial de la Administración Central o autónoma para distinguir a través de sus obras pictóricas, sus esculturas, etcétera, el largo aliento de esta orientación, que hoy advertimos parcialmente dejada de lado.

Entre los esfuerzos de este tipo, que sobreviven, merece un especial destaque aquel que anualmente realiza el Banco de la República, como es la organización de un Salón para el cual llama a concurso a los artistas nacionales cada año en una vertiente diferente del arte, es decir, la pintura, la escultura, el dibujo, las tallas en madera, etcétera. Las obras que son premiadas -y he visto salones con millares de estas obras- se adjudican después, por decisión del Directorio del Banco, en carácter de premio a las empresas nacionales que más se distinguen en aquello que importa vitalmente al país, ya se trate de exportaciones tradicionales o no tradicionales y otras formas de vigorizar lo que constituyen las vertientes fundamentales de la producción del país.

Aprovecho esta referencia para solicitar, una vez que termine esta breve exposición, que la versión taquigráfica de la misma sea cursada al Directorio del Banco de la República en la que sugeriría incluir, entre las diferentes corrientes artísticas que estimula por el procedimiento al que me acabo de referir la pintura sobre porcelana, disciplina esta que en los últimos tiempos se ha venido extendiendo de modo muy particular con señalado número de cultores, y prueba de ello la dio el año pasado con una muestra que se organizó en el Salón de Actos del Municipio de Montevideo. Ella tuvo grandes méritos y una gran resonancia de público y de crítica, habiendo tomado parte muchos artistas nacionales y destacados pintores extranjeros, quienes a la vez que exhibieron obras de gran talento -muchas de ellas fueron muy bien pagas por el público que allí asistió- dictaron cursillos de capacitación, cuyos resultados ya se están advirtiendo en el país.

En sustancia, señor Presidente, creo que el Estado -y esta es la razón que inspira estas manifestaciones breves que formulo- a través del mayor número posible de dependencias debe fortalecer inmediatamente los estímulos a la creación artística nacional. Pienso, concretamente, que los Ministerios y los Entes Autónomos, tal como lo hacían antes -otro tanto realizaba el Senado de la República- deberían disponer en sus presupuestos partidas para organizar concursos anuales en las diferentes disciplinas del arte. Detrás de la rutina diaria tan rumorosa de logros y también, por qué no decirlo, de frustraciones materiales, hay un mundo que siempre está en fermento, un pequeño mundo lleno de luces y de ideas que se va desalentando por la falta de comprensión de la sociedad; y esto continuará así si ella o el Estado, que la representa, no lo mira con especial interés. Cientos de jóvenes, como también aquellos que ya dejaron de serlo, se aplican a diario, silenciosamente y en el país todo, al apasionante universo de la creación, ya sea por la veta literaria, la pintura, la escultura, el tallado en madera, la pintura en cerámica, etcétera.

Estos son, en carácter de resultado, parte más que importante de la acumulación cultural de la República y volver, desde nuestro punto de vista, la mirada hacia ella con cariño, con decisión y con particular interés en el porvenir, es uno de los deberes más nobles y convocantes en el quehacer del Gobierno.

De ahí que proponga, señor Presidente, que la versión taquigráfica de estas palabras sea cursada a la Comisión de Presupuesto del Senado, por las razones que he expuesto inicialmente, y, por intermedio del Poder Ejecutivo, a los diferentes Ministerios y también a los Directorios de todos los Entes Autónomos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como no hay número para votar, se posterga la votación de la moción formulada por el señor senador Pozzolo.

Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

10) ARMAMENTISMO NUCLEAR. Su proliferación.

SEÑOR OLAZABAL. - En la semana anterior de este mes de agosto, más precisamente, los días 6 y 9, la humanidad entera conmemoró los sucesos acaecidos en Hiroshima y Nagasaki por el lanzamiento de sendas bombas atómicas.

El 6 de agosto de 1945 se arrojaba la primera bomba atómica sobre Hiroshima y de una población de 225.000 personas, murieron o desaparecieron 150.000. Alrededor de 37.000 recibieron elevadas dosis de radiación y las consecuencias genéticas de ese fenómeno aún no han desaparecido.

El 9 de agosto se lanzó sobre Nagasaki la segunda bomba atómica. Allí murieron inmediatamente 23.700 personas; desaparecieron unas 23.300 y muchas fueron afectadas por la radiación.

Se estima que el 84 % de las personas no protegidas, que en el momento de las explosiones se hallaban a 2 kilómetros del epicentro, murieron inmediatamente; a 20 días de esos sucesos, casi el 35 % de los sobrevivientes padecían de síndrome radiactivo; y el 26,6 % de los afectados tuvieron que ser hospitalizados. En los primeros cuatro meses murieron entre el 50 y el 90 % de los médicos y sólo menos de la mitad de los sobrevivientes pudieron ejercer sus funciones.

Desde el momento en que ocurrieron estos hechos hasta el presente, han transcurrido 42 años, que son pocos si pensamos en lo que es la historia de la humanidad y el desarrollo de la civilización pero que, sin embargo, son muchos si advertimos que la carrera armamentista es un camino que nos puede llevar fácilmente a la destrucción de la humanidad entera; y 42 años, también, son muchos si observamos que todavía no hemos podido reaccionar de acuerdo a los peligros que se ciernen sobre el conjunto de la humanidad. Hoy la guerra atómica es un problema que atañe a cada uno de los habitantes del planeta. La carrera armamentista ha llevado a situaciones límites de tal naturaleza que, inclusive, la respuesta a un ataque atómico requeriría decisiones que habría que tomar en los primeros cinco minutos. Se han acortado los tiempos de reacción y, en consecuencia, los tiempos de reflexión. Estamos entrando en un terreno de respuestas automatizadas que hoy, sin lugar a dudas, ya se han tomado ante cada uno de los acontecimientos que pueden surgir en materia de máximo riesgo de guerra nuclear. Nadie conoce perfectamente cuáles son esas respuestas, pero si se sabe que, eventualmente, un enfrentamiento atómico terminaría con lo que hay de civilización y de vida en el planeta.

Entendemos que no hay cordura suficiente en las decisiones para enfrentar este tipo de problemas y que la verdadera cordura de la humanidad debe demostrarse logrando el objetivo que creemos toda la humanidad anhela, de terminar con los peligros potenciales de guerra llevando a cabo la destrucción de todas las armas atómicas que en este momento colman los arsenales de distintos países en el mundo.

En un fragmento del discurso pronunciado por el escritor Gabriel García Márquez en la Reunión de los Seis de Nueva Delhi en México, éste decía: "Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a tensar en el mundo. Para tratar de impedir que esta ocurra estamos aquí, sainando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia."

Asimismo, parte de la Declaración del Grupo de los Seis, integrado por Argentina, Grecia, India, México, Suecia y Tanzania, dice así: ‘Tenernos fe en la capacidad del ser humano para superar las actuales divisiones y crear un mundo libre de la amenaza de la guerra nuclear. El poder y el ingenio de la raza humana deben ser usados no para perfeccionar armas de exterminio, sino para aprovechar los recursos de la tierra, para que todos los pueblos puedan gozar de una vida digna y segura, en un sistema internacional libre de guerras y basado en la paz y la justicia".

Hoy las armas acumuladas alcanzarían para hacer estallar varias veces nuestro planeta. En una eventual guerra nuclear, sin duda nadie sobreviviría. Se estiman en 50.000 las ojivas nucleares que existen en el mundo. La potencia total del arsenal mundial de armas nucleares equivale, aproximadamente, a un millón de veces la bomba de Hiroshima, que tenía una potencia de 13 quilotones. Se gastan U$S 1:500.000 por minuto en la carrera armamentista. En 1983, los gastos militares mundiales representaron U$S 800.000:000.000. En los países en desarrollo mientras tanto, 800:000.000 de personas viven en un estado de absoluta pobreza e indigencia y 500:000.000 sufren de desnutrición. Por cada saldado, el promedio mundial de gastos militares es de U$S 20.000; por cada niño en edad escolar, el promedio de gastos en educación pública es de U$S 380. Por cada 100.000 personas, hay 556 soldados, pero sólo 80 médicos. Con la quinta parte de las sumas dedicadas a gastos militares, se podría erradicar el hambre en todo el mundo, para el año 2000.

Señor Presidente: simplemente queremos sumar nuestra voz a las muchas que se alzan en el mundo, en este momento, reclamando cordura, el fin de la carrera armamentista, la destrucción de los arsenales nucleares, y bases justas para que, respetando la seguridad que cada país debe tener dentro de sus fronteras, se alcancen los objetivos de paz que se nos reclaman y que pesarán sobre nuestra responsabilidad si no se logran prontamente.

Creo, señor Presidente, que rompiendo una tradición que existe en el Senado de pedir el pase de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala a alguna Comisión o institución especial, tiene más valor, en esta oportunidad, considerar que lo manifestado es una modesta contribución -que sabemos muchos de los aquí presentes están dispuestos a hacer, en cada uno de los ámbitos en que pueden hacer uso de la palabra- para que se creen en nuestra población las condiciones necesarias de comprensión de los horrores y los peligros de la guerra, que permitan hacer realidad el deseo ferviente que todos tenemos de alcanzar la paz.

11) COMISARIA DE MUJERES. Su implantación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: en la hora previa de la sesión del día 2 de setiembre de 1986, planteamos una vieja aspiración, que reiteramos ahora -que habíamos pretendido concretar en 1969, cuando ocupábamos la titularidad del Ministerio del Interior- y consistía en el propósito de poner en funcionamiento una Comisaría de Mujeres.

Oportunamente se informó, en nuestro país, del éxito de la inauguración en San Pablo, de la primera Comisaría de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Seguridad Social. Dicho éxito fue de tal magnitud, que poco tiempo después, en el espacio de pocos años, se fue disponiendo la instalación de tales comisarías en la mayor parte de los Estados de Brasil.

Nosotros ponderamos ese propósito, que fue, sin duda, el resultado de la reivindicación de las mujeres, una victoria global de los movimientos feministas que movilizaron la opinión pública y que podrían correr el riesgo de desaparecer si no se adoptaba una decisión inmediata.

Es de desear, señor Presidente -decíamos en aquella oportunidad y lo manifestamos ahora- que una experiencia similar sea posible llevarla a cabo muy pronto, en nuestro país, para que éste -que ha exhibido la característica de destacarse a nivel mundial por el logro de importantes beneficios sociales- no quede relegado en un sector como el de la mujer, que es vital y decisivo en una sociedad democrática como la nuestra. Aportamos también una serie de datos y detalles en relación con los beneficios específicos que encerraba una iniciativa de esta naturaleza, con los importantes logros alcanzados en Brasil. De inmediato, se comunicó mi exposición al Ministerio del Interior y su titular manifestó, con fecha 17 de octubre de 1986 -en oficio 92/86- lo siguiente: "Al respecto, corresponde establecer que esta Secretaría de Estado se ha puesto en comunicación, por la vía diplomática correspondiente, con las autoridades policiales de la referida ciudad del Brasil" -o sea San Pablo- "a los efectos de recabar toda la información que resulte útil para la creación propiciada".

Transcurrió el tiempo y hoy está aquí, en nuestro país -como informa la prensa de ayer y de hoy- la señora Directora de la Comisaría de Mujeres de San Pablo, doctora Rosmary Correa, invitada por el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay. Repito que dicha Comisaría se fundó hace dos años y fue pionera a nivel mundial. Nosotros no tuvimos la suerte de que nuestra iniciativa, en tal sentido, de hace 18 años, pudiese concretarse en los hechos. Cabe mencionar que la disposición de crear esta Comisaría surgió como una reivindicación del Consejo Estadual de la Condición Femenina del Estado de San Pablo.

Voy a dar algunos datos, nuevamente, para que el Senado aquilate el verdadero valor que tiene una concreción de tal naturaleza, una realización de este tipo, que institucionalizó esta Comisaria de Mujeres, sobre la que hoy volvemos a ocupar la atención del Cuerpo. Desde el planteamiento de la idea a la concreción del proyecto, en Brasil, todo se logró solamente en un mes. Siendo abogada y policía desde hace 15 años, la doctora Correa, con una nutrida foja de servicios y méritos, su nominación para la titularidad del cargo que ocupa fue un hecho lógico. Se comenzó trabajando de la hora 8 a la hora 18, de lunes a viernes; y en menos de un año se inauguraron cuatro comisarias más en otros puntos de Brasil. La oficina central, que ella dirige, cuenta con un equipo de 35 especialistas, 10 de los cuales son asistentes sociales. En los dos años de su existencia -fue creada en 1985- prestó servicios a cerca de 100.000 mujeres. Cuando a éstas no es posible solucionarles sus problemas, se las deriva al lugar concreto al que deben acudir. Entre las especies consultadas, el 80% corresponde a los delitos de agresión física. Cuando se trata de casos in fraganti, de peleas de pareja, por ejemplo, se los atiende al instante, por la policía zonal, que conduce a las partes a la dependencia correspondiente. Como se trata de cónyuges que abusan, por alcoholismo, o machismo, etcétera, como se dice en Brasil, pero que llevan una vida normal en otros aspectos, generalmente no reinciden por temor a la acción judicial o por tener que presentarse en una oficina de esa naturaleza. El 20% restante corresponde a violaciones que no siempre son denunciadas, ya que las víctimas por prejuicios o sensibilidad prefieren mantener ocultos tales hechos.

En lo que respecta al incesto, cuyas víctimas son, en general, también allí, menores de tres a trece años de edad, ocurre con frecuencia en las clases media y alta, lo que no significa que no se presente en las clases paupérrimas, sino que, debido a la promiscuidad de ese ambiente, ese delito se ve como algo normal.

El menor es atendido según su edad y sexo, por medio del puesto de asistencia social que funciona durante las 24 horas del día. Generalmente, el poder judicial deriva la permanencia de aquél en casas de familiares, porque si bien la Fundación de Bienestar del Menor es estatal, ella se ocupa también del menor infractor, por lo que sería inconveniente internarlos en forma conjunta.

Hoy en día, 16 Estados brasileños cuentan con comisarías atendidas por y para mujeres. Y de las 500 mujeres que se atendían cotidianamente al principio, puede decirse que se ha registrado, a su respecto, una disminución de la violencia en más de un 30%. Al apoyo inicial brindado por toda la prensa brasileña se sumó luego la de Estados Unidos y la de Japón. Ahora hay intentos efectivos en Europa, en Alemania Federal, concretamente, para la instalación de reparticiones de la naturaleza de las que indicamos.

Advertimos ahora que quienes dudaban al principio de su eficacia hoy son los principales impulsores de este tipo de logros, en la forma en que hemos expuesto.

Reglamentariamente, en esas Comisarías todas las titulares son graduadas en leyes y desde enero de 1987 funciona, además, un albergue especial para asistir a las mujeres que no están en condiciones de volver a sus hogares. En ese albergue reciben asistencia y tienen una guardería para sus hijos. Este sistema ha tenido un éxito sin precedentes, porque 100.000 casos registrados en dos años significan un brillante testimonio de aquella institucionalización.

Desde el primer día -en que, como hemos manifestado, se atendió a 500 mujeres- hasta el momento, la labor ha sido de gran intensidad. Por ese motivo el sistema, como hemos dicho, ha sido extendido a muchos Estados brasileños y constituyó bandera política para los gobernadores; esa idea paulista, que cundió a otras partes del Brasil, traspasó fronteras y hoy es acogida en los principales países del mundo.

El Consejo Nacional de Mujeres, que considera la aludida experiencia paulista muy positiva, está realizando esfuerzos para trasladar la misma creación al Uruguay, por lo cual es necesario que insistamos, nuevamente, en el pronóstico que nos animó en 1969 -que pusimos de manifiesto en nuestra exposición del 2 de setiembre de 1986, que nos impulsa a hacer esta exposición- y solicitemos, como lo hacemos ahora, que se estudie en nuestro país la posibilidad de actuar en la forma que hemos señalado o dentro del mecanismo que hemos indicado a grandes rasgos.

Por consiguiente, formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Poder Ejecutivo, con destino al Ministerio del Interior, con el objeto de lograr, en esta oportunidad, un mejor resultado que el que hemos mencionado, en relación con la citada exposición de 2 de setiembre de 1986.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ARTISTAS NACIONALES. Su estímulo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde poner a votación la moción del señor senador Pozzolo en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a los Ministerios y a los Directorios de todos los Entes Autónomos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

13) PEDIDO DE INFORMES. Endeudamiento del sector pesquero.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: con fecha 7 de mayo de 1986 hicimos llegar a la Mesa -y se tramitó- un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco de la República y al Banco Central, con respecto al endeudamiento del sector pesquero.

Posteriormente, con fecha 17 de marzo de 1987, reiteramos ese pedido de informes. Todavía no hemos recibido respuesta al mismo, ni las razones por las que no se ha evacuado.

En consecuencia, solicitamos que el Cuerpo resuelva hacer suyo el pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central y al Banco de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-10 en 17. Afirmativa.

14) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal. (Carp. Nº 542/86 - Rep. Nº 92/87)".

(Antecedentes: ver 31ª S.O.)

-Continúa en discusión particular.

El Senado, en su última sesión, había aprobado hasta el artículo 11.

De manera que están a consideración los artículos 12 a 16, del Capítulo II del Título II.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: el artículo 12 establece que es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran.

Quisiera saber si en esos terrenos se plantan bosques de rendimiento, en lugar de protectores, ¿se considera cumplida la exigencia legal o, indefectiblemente, tienen que ser bosques protectores? No sé si un bosque puede servir para ambos propósitos; pero como la ley distingue tres clases de bosques -los dos principales son los de rendimiento y los protectores- y la exigencia es muy específica, en el sentido de que tienen que ser protectores, si una persona planta bosques de rendimiento, ¿se da por cumplida la ley o no?

Más adelante, dentro del mismo artículo, dice que la designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, se hará por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dando cuenta a la Asamblea General. ¿A qué efectos se da cuenta a la Asamblea General? ¿Este órgano podría dejar sin efecto la designación hecha por el Poder Ejecutivo? De lo contrario, ¿qué otra cosa puede hacer con respecto a esta designación?

Tengo, además, algunas observaciones con respecto a los artículos 14 y 16. No sé si los señores miembros informantes prefieren responder estas preguntas, o que yo exponga todo mi pensamiento.

(Ocupa la Presidencia el señor senador García Costa)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa). - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Preferiríamos ir respondiendo por orden, de acuerdo con las dudas que se vayan planteando en cada artículo.

Este Capítulo II trata de la Forestación Obligatoria.

Como señala el señor senador Ortiz, el artículo 12 -que es el clave en este Capítulo- establece la obligación de forestar, de plantar bosques protectores, exclusivamente. Esto es una innovación con respecto a la Ley Nº 13.723, que fijó la misma obligación de forestar, pero no sólo respecto de bosques protectores, sino también en relación a los bosques de rendimiento, que aquí aparecen excluidos. La mencionada ley era, en este sentido, más amplia, porque otorgaba a la Administración, la facultad de imponer obligatoriamente la forestación en ambos casos: bosques protectores y de rendimiento. En cambio el proyecto que la Comisión trae a la consideración del Senado, restringe esta facultad verdaderamente excepcional, en cuanto a que la Administración imponga la forestación sólo en el caso de los bosques protectores.

La diferencia entre el concepto de bosque protector y el de rendimiento, es clarísima. El primero, dice relación nada más que con aquellos terrenos que por una causa muy grave, requieren forestación a fin de preservar bienes colectivos, de la erosión del suelo.

Los casos típicos que se quieren prever, a través de este instrumento de la forestación obligatoria, son las comúnmente llamadas cárcavas, que es donde suele haber un intenso proceso de erosión, dañando el suelo y formándose enormes zanjones, sobre todo, en las laderas. Si no se toma alguna medida, todo lo que la naturaleza ha demorado millones de años en crear, termina desapareciendo, en virtud del mal uso que normalmente se hace de las técnicas agrícolas, o por algún fenómeno climático excepcional, como ser exceso de lluvias. En consecuencia, lo que está en juego es el bien público, representado por la fertilidad del suelo.

Otro caso típico donde puede aplicarse la forestación obligatoria, es en los terrenos arenosos. Debemos tener en cuenta que las dunas movedizas también logran deteriorar el medio ambiente y, entonces, la plantación de árboles es el instrumento más idóneo que se ha encontrado, a fin de darle firmeza al suelo.

Otro tanto puede decirse para el caso de construcción de lagos artificiales -hipótesis común en las represas- donde se aconseja la forestación obligatoria para preservar sus bordes y entornos.

También es aconsejable la forestación obligatoria en alguno de nuestros ríos que tienen grandes barrancas, debido a que cuando aumenta su caudal, modifican y arrastran una parte de esas barrancas, destruyendo su cauce natural.

Estas son las hipótesis que se quieren prever: darle al Estado la facultad de establecer la obligatoriedad de la forestación en aquellas áreas que lo requieran, tal como lo establece el texto. Este proviene de la Ley Nº 13.723, sancionado por la Cámara de Representantes, pero en su tratamiento por parte de la Comisión del Senado, sufrió modificaciones. La primera, a la que ya he hecho referencia, excluyó de esta hipótesis de forestación obligatoria, los bosques de rendimiento.

Otra modificación que me parece que ayuda a aclarar el sentido de la disposición, es la siguiente.

El texto de la ley del año 1967, proveniente de la Cámara de Representantes, decía que es obligatoria la plantación de bosques protectores y de rendimiento en aquellos terrenos que lo requieran.

La Comisión del Senado entendió que debía aclarar qué significaba "terrenos que lo requieran", porque en el futuro puede aparecer una administración un poco expansiva, que entienda que otros terrenos también requieren forestación. Entonces, la redacción que se le dio a este artículo en la Comisión del Senado, es la siguiente: "en aquellos terrenos que lo requieran para una adecuada conservación o recuperación de los recursos, naturales renovables".

Me parece que esta disposición es clave y aclara el sentido de la disposición, que está orientada a que la administración exija la forestación obligatoria, cuando están en juego la conservación y recuperación de los recursos naturales renovables. Es en ese sentido que dimos los ejemplos anteriores.

Con respecto a la posibilidad de que se incluyan en este artículo no sólo los bosques protectores sino también los de rendimiento, debo decir que la experiencia que tuvo el país fue mala. Como ya lo expresé, la Ley Nº 13.723 también estableció la forestación con bosques de rendimiento, recogiendo los antecedentes de legislaciones comparadas. Durante el período democrático, esta disposición ni siquiera pretendió aplicarse, pero durante la dictadura -en 1979 ó 1980- hubo una especie de brote a favor de la forestación y se quiso recurrir a la facultad otorgada al Poder Ejecutivo mediante la ley, en el sentido de exigir la forestación obligatoria, aun para bosques de rendimiento. Se intentó emprender una tarea forestal en forma compulsiva. Vino al país una misión de la FAO vinculada a estos temas y se hizo un proyecto muy ambicioso, basado en la creación de los famosos "tres polígonos", que eran tres áreas del territorio nacional en donde se imponía la forestación; pero detrás de todo esto había empresarios extranjeros. Una de las áreas mencionadas estaba radicada, precisamente, en la zona del noreste de Canelones.

Felizmente, por la actuación de la Dirección Forestal, que realizó los informes correspondientes, este peligro sólo quedó en eso y lo propuesto no se llevó a la práctica. De todas formas, lo que pretendo con esto es que los señores senadores conozcan lo que puede llegar a hacer un mal gobierno con una facultad excepcional como es ésta.

En atención a las consideraciones expuestas, la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado -o por lo menos la mayoría de sus miembros- consideró oportuno restringir esta facultad solamente para los bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran para conservar o recuperar adecuadamente los recursos naturales renovables con que cuenta el país, es decir, para aquellos casos en que se halla en peligro un bien público, como indudablemente lo son estos recursos.

Por último, se agregó en el artículo la obligación de dar cuenta a la Asamblea General. Esto se basa, precisamente, en el temor de que el Poder Ejecutivo pueda exigir la forestación obligatoria en forma discrecional o arbitraria, con graves consecuencias para los productores involucrados. El dar cuenta a la Asamblea General supone una información; de esta forma, el Poder Legislativo ejerce su función de contralor, analiza si esas forestaciones obligatorias obedecen al criterio rector establecido en la ley en el sentido de preservar la conservación y recuperación de los recursos naturales renovables; es decir, se estudia sí se trata de dunas movedizas, de cárcavas extensas o de tierras que se encuentran a orillas de ríos o lagos, en donde la ciencia y la técnica aconsejan la forestación. En definitiva, se observa si se cumplen los elementos o parámetros que establece el artículo 12 como justificativo para el ejercicio de una función tan delicada como es la de obligar a los particulares a desarrollar una determinada actividad, con la consecuencia de que, en última instancia, sus predios pueden ser expropiados.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Realmente, las explicaciones del señor senador Zumarán son sumamente ilustrativas, pero no responden exactamente a mi pregunta.

Comprendo que el bosque protector tiene por finalidad la preservación de los recursos naturales renovables. Lo que me interesa saber es qué diferencia hay entre un bosque protector y uno de rendimiento. ¿Es solamente el destino o también influye la clase de árboles que lo integran? Formulo esta pregunta por lo siguiente: si el Poder Ejecutivo me obliga a plantar un bosque protector con el fin de preservar, por ejemplo, las orillas de un lago artificial, quizá pueda plantar un bosque de rendimiento que sirva para detener la erosión pero también para explotar su madera. ¿Igualmente estaría cumpliendo con la ley o existen diferencias entre uno y otro? ¿Puede un bosque sustituir al otro en cuanto a la preservación de los recursos naturales? Esa es mi inquietud.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa). - Tiene a palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Me parece sumamente interesante la pregunta formulada por el señor senador Ortiz.

La definición de los bosques protectores o de rendimiento se incluye en el artículo 8º de este proyecto, pero no se tuvo en cuenta las especies que los integran; es decir que no se diferencian los bosques protectores o de rendimiento en función de las especies forestales que se planten y ambos pueden tener las mismas.

El bosque protector puede llegar a ser explotado comercialmente en determinado momento, pero esa explotación debe realizarse con una cautela especial a fin de que no pierda su carácter de protector. ¿En qué se diferencia, entonces, el bosque protector del de rendimiento. En que el primero tiene por finalidad la de conservar el suelo, el agua o el recurso natural renovable de que se trate, cualquiera sean las especies arbóreas que lo integren, pues ello dependerá de las características del suelo, de sus propiedades incluso de sus distintas condiciones. Si la forestación se hace en una duna, habrá que plantar las especies que se fijen en ella y que permitan conservar el suelo; si se hace en un terreno objeto de erosión, las especies serán -de acuerdo a la característica del suelo- aquellas que fijan el suelo e impidan el proceso de erosión; en las costas de los lagos se plantan especies que se adaptan a las condiciones de humedad, etcétera. El fin principal del bosque de rendimiento, en cambio, es la obtención de productos leñosos a aleñosos; por lo tanto, en este caso no interesa la fijación del suelo. En muchos casos, sin embargo, las especies serán las mismas que en los bosques protectores, pero los de rendimiento estarán ubicados en terrenos de prioridad forestal –que son los que determina el artículo 5º del proyecto- y los protectores en zonas en que la presencia del árbol es necesaria para preservar los recursos renovables naturales.

Reitero que ambos tipos de bosque pueden integrarse con las mismas especies y que además llega un momento en que el bosque protector puede y debe ser explotado, extrayendo su madera con técnicas especiales, como puede ser el corte en fajas, el raleo de los cortes de madera, etcétera, pero manteniendo siempre el carácter de protector de ese bosque. Sería incompatible que en un bosque protector se extrajera todo el árbol, incluyendo su sistema radicular, porque eso dejaría nuevamente el suelo desnudo.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Continúo con el estudio de este capítulo, señor Presidente.

El artículo 14 establece que, vencidos los plazos que se den a los interesados, sin que se haya efectuado la plantación, el Poder Ejecutivo podrá expropiar el campo. Me parece que esta medida es demasiado severa, sobre todo si se tiene en cuenta que lo que podrá expropiar el Poder Ejecutivo es la totalidad de un campo. Podría darse el caso de que en un campo de 3.000 hectáreas fuera necesario establecer bosque en una superficie de 50 hectáreas, y por no plantarlo se le expropien las 3.000. Pienso que sería más equitativo establecer primero una multa para el caso de incumplimiento. Ahora, si no se paga la multa, naturalmente, tendría que expropiarse el campo para castigar la infracción. Pero, de entrada expropiar el campo, me parece una solución demasiado severa, y muy especialmente teniendo en cuenta que, habiendo tantas superficies fiscales, no se impone al Poder Ejecutivo las mismas obligaciones y con la misma severidad. Considero que tendría que haber una disposición expresa que dijera -si no en primer término, por lo menos simultáneamente- que el Poder Ejecutivo dispondrá la plantación de bosques de rendimiento o de protección en todos los terrenos fiscales, y dentro de los mismos plazos que se dan a los particulares.

Digo esto porque podemos llegar a la conclusión de que, frente a la demora de un particular, el Poder Ejecutivo expropia la totalidad del campo, mientras al lado de éste hay un predio fiscal en el que no se ha cumplido con las obligaciones forestales. Por estas razones, manifiesto que me parece demasiado severa la sanción para una infracción que podría prevenirse aplicando, en primer término, una multa.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que hay que ordenar un poco el debate.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Como el señor Presidente estuvo ausente momentáneamente, quiero aclarar lo siguiente.

Como estamos tratando el tema por capítulos, manifesté que tenía que hacer observaciones a tres artículos. Entonces, pregunté si las hacía todas juntas o artículo por artículo. Se prefirió artículo por artículo. Por eso es que no hay más remedio que hablar alternadamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Zumarán, como miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Me parece que una lectura del capítulo permite afirmar que el proyecto sigue el temperamento expuesto por el señor senador Ortiz. Comprobado que existe un terreno donde están en peligro los recursos naturales renovables, el Poder Ejecutivo lo determina e intima al propietario la forestación obligatoria. Le establece condiciones y plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, según lo que dice el artículo 13. De modo que no le impone sólo la carga de realizar la forestación, porque esa disposición dice que será amparado por todos los beneficios tributarios previstos en esa ley y otras afines. Es decir que el propietario que deba realizar esta forestación con carácter obligatorio, va a recibir el financiamiento por parte del Fondo Forestal, así como también los beneficios tributarios que amparan esta actividad. De modo que, no sólo recibe la carga de hacer la forestación, sino los recursos necesarios para ello. Recuérdese que el Fondo Forestal puede financiar hasta el 100% del costo.

Aquí se abren varias posibilidades. Una de ellas es que el propietario ejecute voluntariamente esta obligación, en cuyo caso no habría problemas. Otra posibilidad es que el propietario sea omiso o renuente a realizar la forestación. Entonces, el artículo 15 establece que mientras no se hagan las plantaciones o no se llegue a la expropiación -es decir en el período en que el propietario está omiso en el cumplimiento de forestar obligatoriamente- el propietario pagará una multa del uno por mil mensual. De manera que está prevista la multa, que aquí tiene el carácter de intentar el cumplimiento por parte del propietario. Luego tenemos una tercera posibilidad, que está prevista en el artículo 16, el cual determina que el propietario puede plantear a la Dirección Forestal otras medidas que no sean las de forestar en forma obligatoria, pero que permitan cumplir con la finalidad de preservar los recursos naturales. Creo que aquí la hipótesis típica es la de movimientos de tierra, u otras medidas que la técnica aconseje para lograr la misma finalidad, y que no sea la de la forestación.

Recién vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, sin que el propietario realice la plantación, de acuerdo a lo que dice el artículo 14, vamos a la expropiación, que es la medida más extrema y radical.

SEÑOR BATLLE. - Se faculta.

SEÑOR ZUMARAN. - Sí, se faculta. Se ha detectado que existe un terreno donde corren riesgo los recursos renovables naturales del país; se ha exigido al propietario que foreste -éste no lo hace- se le aplican multas -no las paga- no propone ninguna medida sustitutiva y no enajena el predio para que otro foreste. Es decir que, en este caso, el Estado no puede permitir pasivamente que avance la erosión, que las dunas sigan moviéndose, que los lagos y las costas de los ríos continúen erosionándose, destruyéndose las barrancas, etcétera. Cuando ve que sigue deteriorándose el bien jurídico protegido -que son los recursos naturales renovables- recurriendo al Derecho Penal, se puede proceder, como última medida, a la expropiación de las tierras.

Creo que este es el análisis inteligente y correcto de este capítulo, que me parece disipa las dudas que le mereció al señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Insisto en que se es excesivamente severo por dos razones. En primer término, porque el Poder Ejecutivo va a aplicar con severidad la norma y en ningún lado dice que "podrá expropiar", sino que "expropiará a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Además, el Poder Ejecutivo no asume las mismas responsabilidades y obligaciones que el particular. Es decir, que para las tierras fiscales no se establece ninguna norma que obligue a forestar dentro de los plazos y condiciones determinadas por el presente proyecto.

Por otra parte, la ley anterior, la Nº 13.723, en su artículo 29 establecía dos excepciones que hacían referencia al hecho de que el Ministerio podría revocar la resolución que obliga a la forestación. La primera tiene que ver con las situaciones en que, tratándose de bosques protectores, el propietario presente soluciones sustitutivas. A fin de proteger de la erosión, dicha persona puede indicar medidas distintas a la de la plantación de un bosque protector y eso puede eximirla de la obligación de forestar. El segundo alude a los bosques de rendimiento, diciendo que si el propietario demuestra fehacientemente que los terrenos le resultan imprescindibles para subvenir a las necesidades propias y a las de su núcleo familiar directo, el Ministerio está facultado para eximirlo de la obligación de forestar.

Esta segunda hipótesis -recogida por el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes- fue suprimida por la Comisión y, por consiguiente, no figura en el proyecto actual. Me parece que cuando se demuestra, fehacientemente, que existe imposibilidad de forestar, es injusto condenar a una persona a que ponga en riesgo sus necesidades y las de su familia, por cumplir con una disposición legal. No advierto cuál es la razón de omitir esa segunda excepción, que figuraba ya en la ley anterior, y que había sido aceptada sin dificultades.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Respecto del último planteo que efectúa el señor senador Ortiz, debo decir que es verdad que se excluyó del proyecto la segunda de las excepciones que establecía la Ley Nº 13.723, y voy a explicar el motivo. La ley anterior -al igual que el proyecto de la Cámara de Representantes- establecía la forestación obligatoria, tanto para los bosques protectores como para los de rendimiento. En la Comisión del Senado, se hizo más restrictiva la facultad de la Administración, excluyéndose la posibilidad de la forestación obligatoria respecto de los bosques de rendimiento. Por lo tanto, si no es posible la forestación obligatoria, en esos casos, es lógico que se exceptúe la hipótesis prevista por la Ley Nº 13.723, o sea, que si no se puede imponer la forestación obligatoria en bosques de rendimiento, es pertinente que eliminemos la excepción. Esto en cuanto a la segunda manifestación a que aludió el señor senador Ortiz.

En lo que tiene que ver con la primera excepción a que el señor senador hizo referencia, debo expresar que la misma dice relación con el Estado. ¿Qué pasa cuando los suelos, en donde están comprometidos los recursos naturales renovables, son propiedad del Estado? De acuerdo con el texto de la ley, el Estado está obligado a hacer la forestación obligatoria, en igualdad de condiciones respecto de los particulares. En realidad, está más compelido, ya que se presume que tiene un interés mayor en preservar estos valores públicos. El artículo 12 -artículo clave en este capítulo- dice que es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran para una adecuada conservación o recuperación. Es decir, que la forestación obligatoria se da en los casos en que el terreno lo requiera, independientemente de quien sea su propietario o tenedor. De manera que si el propietario de los terrenos es el Estado, éste debe hacer también forestación obligatoria. Esto no rige solamente respecto de los particulares, sino que incluye al Estado a través de las distintas personas públicas que lo componen, ya sea el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Gobiernos Departamentales u otras formas jurídicas los propietarios de las tierras. Como vemos, no hay distinción en cuanto a la personalidad pública o privada del titular del suelo, sino que la obligatoriedad está dada en relación con los terrenos que así lo requieran para una más adecuada conservación o recuperación. Obviamente, los procedimientos expropiatorios tendrán que adaptarse al carácter público del expropiado, para lo cual se cuenta con los suficientes antecedentes y legislación referida al punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Si es así, supongo que los miembros de la Comisión no tendrán inconveniente en decirlo expresamente, y con eso se disipan todas las dudas.

En cuanto a la excepción del artículo 29 de la Ley Nº 13.723, no importa de qué tipo de bosque se trate, ya que la circunstancia es otra. Lo que importa es destacar que el mismo está ocupando una superficie que al propietario le es imprescindible para subvenir a sus necesidades y a las de su núcleo familiar, independientemente de la calidad del bosque. Por lo tanto, considero que la excepción tendría que mantenerse.

Considero que el argumento del señor senador Zumarán es válido en cuanto a lo que describe, o sea que la ley anterior hacía obligatoria la forestación en ambos tipos de bosque pudiendo eximir de dicha obligación, sólo cuando se trataba de bosques de rendimiento. Sin embargo, la causal sigue siendo la misma: se trata de un terreno imprescindible para subvenir a las necesidades del propietario o tenedor, quien lo demuestra fehacientemente.

SEÑOR POSADAS. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: sin pretender terciar en una materia en la que los señores miembros informantes tienen más versación que yo, quisiera hacer una observación en cuanto a lo que dice el señor senador Ortiz, respecto a que la disposición que prevé la expropiación es demasiado severa. Pensándolo bien, quizá sea la disposición que, en último término, puede resultar menos severa y más beneficiosa para los propietarios, ya que estamos hablando de bosques protectores, o sea, de aquéllos que es obligatorio plantar a fin de custodiar o preservar los bienes de la comunidad. Es decir, que se trata de bosques de los cuales el propietario del campo no va a percibir mayores beneficios, su naturaleza no es de rendimiento y están destinados únicamente a proteger un bien de la comunidad. De manera que si al propietario -que puede tener pocas ganas o magros recursos- se le obliga a plantar un bosque del cual va a obtener poco rendimiento, con la casi exclusiva finalidad de proteger un bien de la comunidad o, en caso contrario, se le cobra una multa, considero que la solución más favorable para esa persona es que se lo expropien, o sea, que le pague algo por ese bien al que él no puede o no quiere dedicar recursos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: con relación al artículo 12 queremos decir que la modificación que del mismo hizo la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado, en realidad le quita potencialidad a la ley en materia de proyección de la forestación. Como bien se ha señalado en el día de hoy, la disposición de la ley vigente permitía que se declarara de forestación obligatoria con bosques protectores todos los terrenos que lo requirieran. La Comisión hizo bien en calificar, de alguna manera, cuáles son aquellos que lo requieren, al agregar en la redacción que tenía por destino una adecuada conservación o recuperación de los recursos naturales renovados; pero eliminó la disposición de la ley vigente que recogía, además, el proyecto del Poder Ejecutivo y el sancionado por la Cámara de Representantes, diciendo que también es obligatoria la forestación con bosques de rendimiento en los terrenos ubicados en las áreas que se designen por razones de conveniencia pública, dándole al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, la competencia para declararlo.

Pensamos que la eliminación de ese apartado disminuye la potencialidad de la ley. Se explicaba aquí que durante la aplicación de la Ley Nº 13.723 no se utilizó este mecanismo y creo que había una razón casi esencial para ello. Era la de que no existían los recursos con los cuales se podía impulsar la forestación. Ahora, la propia ley establece un monto ficto de 10.000 hectáreas anuales, destinado a promover la forestación en esta dirección.

Creemos que el sentido que tenía la disposición en la Ley Nº 13.723 en el proyecto del Poder Ejecutivo y en el aprobado por la Cámara de Representantes, era el de promover planificadamente la implantación de bosques de rendimiento. Además de las características que menciona el artículo 8º que los califica, pienso, también -leyendo congruentemente el proyecto de ley- que un bosque protector además de tener las características de asegurar los recursos naturales renovables y demás, se diferencia del de rendimiento en que, naturalmente, por la dimensión del mismo puede llegar -y por ahí se expilca la excepción de que hablaba el señor senador Ortiz establecida en la Ley Nº 13.723- a abarcarle a un propietario de un predio terrenos que tendría que dedicar a la explotación agrícola-familiar. Una de las características diferenciales del predio de rendimiento con respecto al protector es la dimensión, aunque no esté explícitamente dicho.

Por estas razones y porque, además, la Ley Nº 13.723 había sido muy sabia, ya que aparte de proporcionar al dueño del predio que se designaba como de forestación obligatoria los recursos para poder realizar a forestación y la exoneración de los gravámenes para obtener todos los beneficios, establecía excepciones correctamente diferenciadas. Es decir, planteaba una tesitura equilibrada que permitía desarrollar adecuadamente la forestación y, al mismo tiempo, cautelar los intereses de los propietarios que necesitaran ese predio para la explotación agrícola-familiar.

Por este motivo, señor Presidente, hicimos llegar a la Mesa un artículo sustitutivo de este artículo 12, que recoge las disposiciones de la Ley Nº 13.723, las del proyecto del Poder Ejecutivo y la que sancionó la Cámara de Representantes.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en virtud de la forma en que se está desarrollando la discusión de este proyecto, me encuentra un poco confundido sobre la forma en que debo encarar mi intervención, porque se ha estado discutiendo extensamente el artículo 14 y ahora se propone un artículo sustitutivo del artículo 12. No sé, pues, como encarar mi intervención, pero voy a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo que me otorga el Reglamento para hacer tres observaciones a los artículos 13, 14 y 16.

Con respecto al artículo 13 deseo hacer una precisión con respecto a su redacción. El artículo dice: "La resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación que será amparada…" Considero que aquí debe decir: "la cual será amparada"

Más importante es lo que expresa este parágrafo al final, porque se habla de "…los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley y otras afines". Creo que este giro no es de estilo ya que se refiere a normas legales y se dice que son afines. ¿Afines a qué? ¿A esta ley? Esto creo que en el futuro puede traer una seria dificultad interpretativa, porque un beneficio tributario de financiamiento se deberá aplicar o no, según se considere que una ley es afín o no a ésta. Creo que si mañana una ley que regule la misma materia introduce o restringe los actuales beneficios tributarios y de financiamiento previstos por esta ley, será modificativa de ella y, por consiguiente, se va a aplicar. En consecuencia, o bien eliminamos esas dos palabras "otras afines", que están de más, o decimos: "previstos en esta ley y sus modificativas". Creo que esto sería innecesario pero en verdad hablar de posteriores leyes afines, creo que lo único que va a hacer es ocasionar una dificultad en el futuro.

Con relación al artículo 14, que es el que se ha discutido extensamente, pienso que si bien es defendible el criterio sostenido por el señor senador Ortiz, de todas maneras los argumentos que nos ha dado el señor miembro informante me parece que son atendibles. Considero que hay sucesivas etapas en las cuales el propietario puede ir tomando una determinación que no le haga sufrir perjuicios graves y, por otra parte, el artículo 13 le da una opción cuando el propietario no quiere realizar el trabajo, pudiendo optar por la venta del terreno a terceros o al Estado. Recién si no hace uso de esa opción, viene la posibilidad de la expropiación. Creo que este artículo, más que desde el punto de vista conceptual, es objetable jurídicamente. Para que se realice una expropiación primero la ley tiene que declarar la utilidad pública de la misma y si bien ello está previsto posteriormente en el artículo 22, ello no es de buena técnica legislativa. Si este es el artículo que se refiere a la expropiación de estos predios y en estas hipótesis, es allí donde hay que decir que es de utilidad pública la expropiación en esos casos. Además, hay que establecer que la misma sólo procede luego de cumplir con los requisitos del artículo 32 de la Constitución, es decir, después de realizar la previa y justa compensación.

Pienso que se podría establecer que la expropiación no es preceptiva, es decir, no darle la orden al Poder Ejecutivo para que expropie, sino facultarlo para hacerlo en esos casos.

Pasé, señor Presidente, una redacción sustitutiva a la Mesa, que aclara y contempla las objeciones que estoy realizando y a la cual voy a dar lectura, variando la redacción preceptiva en cuanto a la expropiación, por una facultativa. En mi opinión el artículo podría decir así: "Declárase de utilidad pública la expropiación de los predios cuyos propietarios, vencidos los plazos a que refiere el artículo anterior, no hubieren realizado la plantación. En tal caso, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 32 de la Constitución, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá expropiar total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al patrimonio forestal del Estado". Aclaro que "patrimonio forestal" debe ir con minúscula en todos los artículos en que está mencionado en el proyecto de ley.

En cuanto al artículo 16, brevemente expreso, señor Presidente, que entiendo que esta resolución de modificar la original que establece la forestación obligatoria, no debe ser competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por una razón de congruencia con el artículo 12 y por el principio jurídico según el cual el órgano competente para adoptar una resolución, lo es también para modificarla o revocarla. De manera tal que si de acuerdo al artículo 12 el órgano competente para declarar obligatoria la plantación de bosques protectores o designar esos terrenos, es el Poder Ejecutivo, no parece razonable que luego esa resolución sea modificada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Considero que la modificación de la resolución tiene que ser también competencia del Poder Ejecutivo a propuesta de dicho Ministerio, de la misma manera que ello es así en el artículo 12.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el que habla había querido intervenir antes para hacer algunas aclaraciones, como miembro informante -junto con el señor senador Zumarán- al señor senador Ortiz.

No voy a hacer uso de la palabra en forma extensa, porque pienso que los distintos aspectos están suficientemente claros. Simplemente deseo señalar al señor senador Ortiz que se padece un error general cuando se estima que el patrimonio fiscal del Estado en tierras es importante. Por el contrario, es muy pequeño y, además de serlo, está afectado en su casi totalidad a fines específicos.

Hace pocos días recibimos en la Comisión de Agricultura y Pesca a los señores representantes del Instituto Nacional de Colonización, con quienes analizamos esa situación de las tierras fiscales. Llegamos a la conclusión de que el patrimonio fiscal global del Estado no sobrepasa las 150.000 hectáreas, en las que están incluidas las áreas lacustres, y la mayor parte de ellas está destinada, como ya dije, a fines específicos.

Las obligaciones que tiene el Estado en esta materia surgen del Título III, que se refiere al manejo del patrimonio forestal del Estado.

Comparto el criterio del señor senador Zumarán en cuanto a que el artículo 12 incluye a todas las tierras, estén en propiedad del Estado o de particulares. Por consiguiente, considero que no es necesario señalarlo específicamente.

Si el señor senador Zumarán y los demás miembros de la Comisión están de acuerdo, aceptaríamos la proposición del señor senador Aguirre pues resolvería el problema, que quizá sea el más importante. Por mi parte, no tendría inconveniente en reemplazar el texto que viene de Comisión por el propuesto.

El hecho de que se eleve al Poder Ejecutivo la resolución de que habla el artículo 16, en lugar de limitarla a lo que actúe el propio Ministerio, implica una gestión más. Teniendo en cuenta la tendencia al exceso de trámites que existe en el país -y puesto que se trata de una solución más beneficiosa- nos pareció natural que no se requiriese la firma del Poder Ejecutivo; por otra parte, se trata de una resolución por la cual no se cambia el destino sino que se acepta que lo que se debe realizar por otra vía, se lleve a cabo por parte de los propios interesados, que en definitiva es lo que le sirve a la comunidad.

Entendimos que podíamos obviar ese paso y dejarlo en manos de la autoridad administrativa competente, que consideramos que brindaba suficiente garantía y respaldo legal.

Esa es la razón por la que a mi juicio no se exigió la firma del Poder Ejecutivo a través de un decreto, para dar marcha atrás en cuanto a la resolución anterior.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No recuerdo exactamente el texto propuesto por el señor senador Aguirre, pero me parece que si disipa una preocupación que me surgía con respecto a este artículo, en el que se hace una declaración genérica. Entiendo que la Ley de Expropiaciones establece que en cada caso debe determinarse concretamente el bien a expropiar. Hacer una declaración de utilidad pública así, en forma genérica, es como conceder una venia para ascender a todos los coroneles, sin mencionarlos uno por uno.

Considero que en materia de expropiaciones hay que cumplir con lo que establecen el artículo 32 de la Constitución y la Ley de Expropiaciones.

Si no recuerdo mal, la redacción dada por el señor senador Aguirre hacía una remisión a dicha norma de la Carta. Si en ella está comprendido lo que yo planteaba, en el sentido de que sin perjuicio de esta declaración genérica, el Poder Ejecutivo tendrá que señalar en cada caso cuál es el predio que se va a expropiar, adhiero a lo propuesto.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: es obvio que no se pueden hacer expropiaciones sin cumplir con lo que establecen la Ley de Expropiaciones y el artículo correspondiente de la Constitución de la República, es decir, sin individualizar el predio a expropiar y las razones por las cuales se va a proceder en tal sentido.

En consecuencia, creo que la preocupación del señor senador Ortiz está salvada con esta redacción que dice más claramente lo que la Comisión siempre entendió que debía expresar.

Si encontramos una redacción más adecuada que satisfaga a los distintos señores senadores que mantienen sus observaciones sobre este texto, no tendríamos inconveniente -creo que el señor senador Zumarán está de acuerdo- en aceptarlo y resolver este asunto en forma definitiva, salvando las objeciones de tipo gramatical e incorporando lo propuesto por el señor senador Aguirre con respecto al primer parágrafo del artículo 13.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Simplemente deseo referirme a la preocupación expresada por el señor senador Ortiz, que comparto, porque últimamente, inclusive en leyes presupuestales, se ha aprovechado para hacer declaraciones genéricas de utilidad de la expropiación de extraordinaria amplitud. Sin embargo, de acuerdo a los principios generales, es posible hacerlo.

En la página 333 del Tomo II de su Tratado, Sayagués Laso dice que en nuestro Derecho, la declaración de necesidad o utilidad pública requiere ley, es decir, acto del Poder Legislativo. Y agrega lo siguiente: "La declaración de necesidad o utilidad pública puede hacerse por ley especial para un caso concreto o por ley general para una o más categorías de casos. El artículo 4º de la Ley de 1912 establece una declaración genérica que abarca numerosas obras públicas, la cual ha sido ampliada por leyes sucesivas para comprender otras situaciones".

Por consiguiente, desde ese punto de vista no hay ninguna irregularidad jurídica en el texto del artículo 14. Lo que si creo, es que debe declararse expresamente allí la necesidad o utilidad pública y establecerse que previamente debe cumplirse con el artículo 32 de la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Ya he concluido, señor Presidente.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Quiero consultar a los señores miembros informantes desde qué fecha corre el plazo que tiene el propietario para realizar la plantación, antes de tener la obligación de pagar la multa del 1o/oo (uno por mil), que se establece en el artículo 15. Este dice lo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, mientras no se realicen las plantaciones o el Poder Ejecutivo no designe la totalidad o parte del inmueble a expropiar, vencidos los plazos referidos en el inciso primero del artículo 13, el propietario pagará una multa del 1o/oo (uno por mil) mensual sobre el valor real de la totalidad o de la parte expropiable del inmueble, según el caso, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado".

¿Qué sucedería si en alguna oportunidad es el Estado el que no ha cumplido todavía los plazos? ¿Es posible que se le haga pagar una multa al propietario? Entiendo que su responsabilidad correría a partir del momento que el Estado hace la expropiación. La redacción del artículo me resulta un tanto confusa; se remite al artículo 13 en el que se seña la que se determinarán los plazos. Si de acuerdo con esta disposición, se pondrán los plazos a posteriori de la expropiación del Estado, proceder de otra manera sería una injusticia.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Entiendo que la inteligencia del Capítulo es la siguiente.

El primer acto tiene que ser el señalado por el artículo 13 en el cual la Administración individualiza el terreno que debe forestarse obligatoriamente y determina las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación. Se deja una discrecionalidad a la Administración, por cuanto las hipótesis, como comprenderá el señor senador, son muy variadas y van desde tener que defender lo que comúnmente llamamos una "cárcava" hasta obras de más envergadura.

Imagine el señor senador lo que significarla forestar toda la orilla uruguaya del lado de Salto Grande o realizar obras de tal magnitud en nuestra costa atlántica, con las dunas que se extienden por kilómetros. Entonces, los plazos y condiciones dependerían, naturalmente, de la magnitud de la obra y de la extensión de cada predio que requiera forestación obligatoria.

De cualquier modo, esta primera parte finaliza estableciendo que el Poder Ejecutivo fija las condiciones en que se hará la forestación y los plazos. Hasta ese momento el particular no incurre en ninguna infracción, porque le está corriendo un plazo durante el cual debe realizar ciertos trabajos de forestación. Vencidos dichos plazos -y por eso figura la referencia a los plazos del artículo 3º- la Administración deberá verificar el incumplimiento del propietario a partir de lo cual comienza la facultad de establecer esta multa, es decir, desde que el propietario no hizo las obras en los plazos y condiciones fijados por el artículo 13.

Naturalmente, mientras están vigentes los plazos del artículo 13, es impensable que la Administración pueda decretar la expropiación, porque todavía el propietario tiene a su favor un plazo que está corriendo, en el transcurso del cual puede realizar la forestación. De modo que el punto de arranque de la multa es el vencimiento de los plazos, sin que se haya verificado la forestación. Es a partir de ese momento que corren las multas. ¿Cuándo terminan? En el momento en que el Estado -en virtud de la facultad prevista en el artículo 14, conforme a la ley de expropiación- inicia el procedimiento expropiatorio con la designación de la totalidad o parte del inmueble a expropiar. O sea que hay un momento inicial, que es el vencimiento del plazo sin dar cumplimiento al Plan Forestal; y hay un momento final, que es cuando se designan los inmuebles de acuerdo a la Ley de Expropiación.

Con esto, señor Presidente, espero haber satisfecho la inquietud del señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Capeche.

SEÑOR CAPECHE. - Quedamos plenamente satisfechos con la información brindada por el señor miembro informante, pero aclaramos que en varias oportunidades -si los plazos caen en un momento inoportuno- ese propietario que no pudo pagar porque en realidad se trata de una época no apta para la plantación de bosques, será castigado y estará pagando injustamente, en primer lugar, porque se le ha retenido la aclaración de la expropiación y, en segundo término, porque ya no está en condiciones de realizar la explotación.

No obstante, agradezco nuevamente la información dada por el señor miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar el Capítulo, artículo por artículo, porque ha habido observaciones y se han presentado varias redacciones sustitutivas.

El señor senador Ortiz ha propuesto que al finalizar la primera frase del artículo 12 se agregue: "…sean dichos terrenos de propiedad privada o pública". Asimismo, el señor senador Gargano ha propuesto un texto sustitutivo que expresa: "Es obligatoria la plantación de bosques protectores en todos los terrenos que lo requieran. También es obligatoria la forestación con bosques de rendimiento en los terrenos ubicados en las áreas que se designen por razones de conveniencia pública. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal".

La Mesa cree haber entendido que los señores miembros informantes aceptan la modificación propuesta por el señor senador Ortiz.

Léase el artículo 12 con el texto de la Comisión y el agregado propuesto por el señor senador Ortiz.

(Se lee:)

"Artículo 12. - Es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran para una adecuada conservación o recuperación de los recursos naturales renovables, sean dichos terrenos de propiedad privada o pública. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, se hará por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dando cuenta a la Asamblea General".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

Queda descartado el texto sustitutivo propuesto por la Comisión.

Con respecto al artículo 13 se habían planteado dos modificaciones, que creo habían sido aceptadas.

Léase el artículo 13 con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

"Artículo 13. - La Resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, la cual será amparada por todos los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley. El propietario que, comprendido en la situación del artículo 12, no quiera realizar el trabajo, podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; en el primer caso, lo ofrecerá con preferencia al ocupante. Si se trata de predios arrendados o en aparcería, el ocupante queda obligado a permitir al propietario la ejecución de los trabajos de forestación. Cuando la superficie forestada sobrepase el 5 % (cinco por ciento) del área total del predio se rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor senador Aguirre propuso un texto sustitutivo para el artículo 14, que fue aceptado por la Comisión.

Léase el artículo 14, con el texto sustitutivo.

(Se lee:)

"Artículo 14. - Declárase de utilidad pública la expropiación de los predios cuyos propietarios, vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, no hubieran realizado la plantación. En tal caso, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 32 de la Constitución, el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá expropiar total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al patrimonio forestal del Estado".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 en la fórmula sustitutiva a que se ha dado lectura.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se va a votar el artículo 15 tal como viene de la Comisión, porque no ha habido objeciones a su respecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La modificación propuesta para el artículo 16 expresa: "El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca…", quedando el resto de la redacción tal como está.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo.

(Se vota:)

23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: antes de finalizar la consideración del Capítulo, nosotros queremos plantear el tema relacionado con la eliminación del primitivo artículo 17 del proyecto venido de la Cámara de Representantes. Como se recordará, el mismo tenía relación con la plantación de bosques en los departamentos de Canelones, Colonia y San José, realizada con la finalidad de explotarlos comercialmente.

Esta disposición fue incorporada en el proyecto originario, dejando de manifiesto que podría efectuarse la forestación en las zonas a que se refiere el artículo 5º, debiendo mediar en tales casos autorización expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, etcétera. En el inciso 2º se añadía que igual autorización deberá mediar para la implantación de bosques de rendimiento de más de 10 hectáreas de extensión, a realizar en zonas predominantemente hortícolas, agrícolas o frutícolas. Finalmente, se plantea la sanción por infracción a lo establecido en este artículo.

La razón de la incorporación de este artículo era darle a la Ley Forestal definitiva las características de un planteo planificador que orientara la forestación, no sólo a los terrenos declarados de prioridad forestal, sino también para neutralizar de alguna manera el hecho de que, en terrenos aptos para la agricultura, la horticultura o la fruticultura y en los que tuvieran calidades excepcionales, se promoviera la forestación para destinarlos, justamente, a esas otras culturas.

En la Comisión del Senado se produjo una larga discusión y finalmente se resolvió eliminar dicho artículo. Nosotros creemos que no mediaron razones suficientes para ello y que la inserción del mismo mejora notablemente la ley, en el sentido de que preserva, para las explotaciones intensivas de carácter agrícola, hortícola o frutícola, tierras que son aptas para ese destino.

También establece que quien desea realizar forestación en estos departamentos debe atenerse a aquellos terrenos declarados de prioridad forestal. Es de señalar que en estos departamentos la forestación no está prohibida sino orientada por el Estado.

Se ha mencionado que la sanción de una disposición de esta naturaleza en cierta forma atenta contra el principio o el derecho de propiedad. Creemos que ello no es así sino que, por el contrario, se contribuye a planificar el desarrollo forestal y a mover equilibradamente los distintos factores de orientación de la producción en el agro. Es más; cuando en el seno de la Comisión, con la presencia del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca se estudió esta disposición, quedó establecido -tenemos en nuestro poder la versión taquigráfica de dichas sesiones- que en el momento actual en el departamento de Canelones -que es en el que se centró la discusión- existen más de cuatro mil hectáreas individualizadas por la Dirección Forestal como de prioridad forestal, y que no han sido forestadas. Vale decir que todavía hay un largo y extenso capítulo de tierras forestables en Canelones.

La prohibición establecida en el artículo 17 del proyecto venido de la Cámara de Representantes apunta justamente a orientar la forestación hacia esas zonas y a preservar las tierras agrícolas, hortícolas o frutícolas de una forestación indiscriminada.

Se ha dicho que la forestación en estas tierras no gozará de los beneficios que establece la ley porque se trata de terrenos aptos para la agricultura. Eso es cierto, pero como se señaló en la discusión general, ocurre que a veces no basta con negar los beneficios, porque un propietario de tierras en el departamento de Canelones, Colonia o San José, por el destino que puede dar a los materiales forestales extraídos de su plantación, puede incluso lograr un ahorro o ganancia superior al monto de los beneficios que establece la ley para la forestación, ya que el flete sería menos costoso.

En consecuencia, pensamos que la inserción del artículo 17 del proyecto venido de la Cámara de Representantes contribuye a orientar la forestación en el país y, sobre todo, a impulsarla hacia aquellos terrenos declarados de prioridad forestal.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - En el seno de la Comisión nos manifestamos contrarios a la inclusión del artículo 17 en el proyecto de Ley Forestal, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque nos parece que la redacción dada por la Cámara de Representantes se extralimita completamente con respecto a la finalidad que se anuncia. En segundo término, porque creemos que la solución al problema planteado, especialmente en la zona noreste del departamento de Canelones, no depende de la forestación. Esto fue discutido extensamente en la Comisión, por lo que voy a tratar de hacer un resumen -si la memoria me ayuda- de los diversos elementos allí sostenidos.

Los señores senadores tienen sobre su mesa el texto del artículo 17 aprobado por la Cámara de Representantes que, según creo, fue repartido en una hoja separada. Allí podrán apreciar el alcance de la disposición. En el primer párrafo se dice que en los departamentos de Canelones, Colonia y San José se puede forestar en las zonas a que se refiere el artículo 5º, es decir, las de prioridad forestal. Sin embargo, a renglón seguido se establece que en tales casos debe mediar autorización expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto significa que no están habilitados para forestar en esos departamentos, mientras que sí está permitido en todo el resto del territorio nacional. Más aún, fuera de estos tres departamentos ni siquiera se requiere el pesado trámite de tener que pedir permiso para forestar en los terrenos a que hace referencia el artículo 5º.

Por lo tanto, me parece que el alcance de este primer párrafo es realmente extraño. ¿Cómo es posible que en zonas de prioridad forestal haya que solicitar autorización para forestar y, si no se obtiene el permiso, se es objeto de sanción? De sancionarse este artículo 17 llegaríamos al absurdo de que un productor que desea forestar en zona de prioridad forestal no lo puede hacer si no obtiene autorización expresa del Ministerio. Esto supone subordinar una actividad que queremos impulsar a través de este proyecto de ley a un permiso que no rigió nunca. Nuestra intención es, por el contrario, ayudar a promover esas zonas de prioridad forestal.

Insisto en que estamos considerando un proyecto tendiente a promover la forestación en las zonas de prioridad forestal. Sin embargo, en estos departamentos en cuestión, se somete dicha actividad a la obtención de un permiso; si éste no es expedido, el productor resulta severamente sancionado, lo que demuestra que quienes redactaron esta disposición estaban inspirados por una actitud totalmente negativa respecto a la forestación en los departamentos de Colonia, Canelones y San José. De otra manera, resulta increíble que se obligue a estos productores a conseguir la previa autorización establecida en un permiso.

Quiere decir, entonces, que en estos tres departamentos está absolutamente prohibida la forestación en tierras que no sean de prioridad forestal.

Aunque las cifras son verdaderamente elocuentes, no deseo cansar a los señores senadores, pero si me permiten, voy a brindar algunos datos. Como podrán apreciar, las superficies que podrían ser declaradas de prioridad forestal en estos tres departamentos -es decir, que podrían ser forestadas sólo con autorización previa- representan una mínima parte del territorio. Vale decir que el 90 % o el 95 % de las superficies de estos departamentos no van a estar comprendidos dentro de lo dispuesto por el artículo 5º. De modo, pues, que por el primer párrafo del artículo 17 queda prohibida la plantación de árboles en la casi totalidad de las tierras de los departamentos de Colonia, San José y Canelones; solamente se podría forestar en un 5% de sus territorios, previa obtención del permiso correspondiente. Esto implica una limitación a la plantación de árboles en estos tres departamentos, incluida dentro de una ley que pretende promover, justamente, la forestación.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Señor Presidente: anteriormente había anunciado que cuando se tratara el artículo 17 iba a solicitar autorización para retirarme de Sala por estar vinculado a la plantación de bosques en el departamento de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que el señor senador no necesita autorización para retirarse de Sala.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - El señor senador Capeche ha tenido la delicadeza de solicitar autorización para retirarse. Sin embargo, entiendo -y formulo moción en tal sentido- que el Senado debe pedirle que permanezca dentro de este recinto durante el tratamiento de este tema, dada la versación que sobre él posee dicho senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción:

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la argumentación del señor senador Zumarán en torno a la barbaridad que significaría esto es más efectista que real.

Cuando se discutió este tema en el seno de la Comisión, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó una extensa exposición sobre la evolución de la forestación en el departamento de Canelones y, entre otras cosas, aclaró que en el término de casi diez años se habían forestado solamente 3.500 hectáreas de tierras de prioridad forestal, quedando pendientes cuatro mil hectáreas más.

Creo que en este departamento como en los de Colonia y San José, existen extensas áreas donde se pueden plantar bosques con fines protectores. Lo que el artículo intenta impedir es el establecimiento de bosques con fines de explotación comercial destinados, fundamentalmente, a la industria o a la producción de energía, que es para lo que habitualmente son destinados en esos departamentos, dejándolos limitados, por lo menos, a las dimensiones que tienen actualmente. Por lo tanto, es un problema de orientación de la forestación. Es más: la Comisión de Agricultura y Pesca recibió la visita de productores de los departamentos mencionados, quienes señalaron la importancia que tenía poner límites a una forestación indiscriminada.

Entonces, reitero, por este artículo se prohíbe la implantación de bosques con fines de explotación comercial, no de bosques protectores que se pueden plantar en muchos lugares. Los departamentos de Canelones, San José y Colonia tienen muchas zonas en donde se pueden plantar bosques protectores.

En definitiva, se trata de orientar correctamente a plantación forestal y de preservar tierras que son más aptas para la agricultura, la horticultura y la fruticultura, que se pueden ver afectadas por una forestación indiscriminada. Asimismo, se busca que en aquellos departamentos donde la tierra está muy subdividida, no existan las trabas burocráticas mencionadas por el señor senador Zumarán, que impedirían a toda la gente forestar de por vida.

Creemos pues, que este artículo tal como esta redactado es sabio ya que orienta a la forestación y la protege. Tiende, sí, a impedir que se foreste indiscriminadamente en zonas cercanas a la capital de la República, con el fin de que estas tierras sean destinadas a la agricultura intensiva, a la horticultura y a la fruticultura. Asimismo, esta disposición trata que la forestación, que tiene amplios sectores del país para desarrollarse, se implante en las tierras más aptas para ello que no son las que se encuentran ubicadas, precisamente, en estos tres departamentos.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Continúo con el análisis del artículo 17, con la redacción que viene aprobada por la Cámara de Representantes.

Ya habíamos visto el inciso primero que establece ha prohibición de forestar en los departamentos de Canelones, Colonia y San José. El mismo inciso establece que sólo se podrán forestar las zonas a las que se refiere el artículo 5º, que son una pequeña proporción dentro del departamento, cuando se cuente con la autorización expresa del Ministerio. Asimismo, está absolutamente prohibida la plantación de bosques de cualquier extensión en el resto de los tres departamentos.

Eso es lo que establece el artículo primero, que me parece que extralimita completamente la finalidad que se invoca.

En el inciso segundo se llega a algo que va mucho más allá todavía, y que me parece que no ha sido debidamente meditado por quienes defienden este artículo. Allí se establece: "En el resto del territorio nacional" –es decir, es decir en los 16 departamentos restantes; ése es todo el resto del territorio nacional- "igual autorización" – es decir que hay que pedir permiso para plantar árboles- "podrá mediar para la implantación de bosques de rendimiento de más de 10 hectáreas de extensión a realizar en zonas predominantemente hortícolas, agrícolas o frutícolas.

Reitero que esto involucra al resto del territorio nacional, a los otros 16 departamentos. Si estamos en zonas predominantemente hortícolas –que son pequeñas en el país- frutícolas –que también son de extensión reducida- o inclusive agrícolas –que son, prácticamente, más de la mitad del país- hay que pedir autorización previa para plantar árboles. O sea, aunque no se busque algún beneficio, por el simple hecho de plantar más de diez hectáreas de bosque se requiere el permiso previo para todo el resto del territorio nacional.

En definitiva, todo el resto del articulado parece ocioso. Por el artículo 17 transformamos la actividad de plantar árboles en algo peligroso para el resto del país. En vez de promover la forestación le ponemos un tono de peligrosidad, que exige que en el resto del territorio nacional haya que pedir permiso para forestar. Pienso que es algo que excede por completo la intención que han tenido los señores representantes cuando establecieron esta disposición.

Finalmente, en el inciso tercero, termina estableciendo las infracciones.

Ahora, quiero decir cuáles son las soluciones que se le puede encontrar al problema del departamento de Canelones.

SEÑOR GARGANO. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Deseo referirme a las afirmaciones que ha realizado el señor senador Zumarán con respecto al contenido del artículo 17. Estimo que cuando se hizo hincapié en el resto del territorio nacional, es porque no se ha entendido bien el espíritu que tiene la redacción de este artículo.

El señor senador Zumarán expresó que tanto las zonas hortícolas como frutícolas son reducidas mientras que las agrícolas son extensas, llegando a la mitad del territorio nacional. Por lo tanto, hay toda otra mitad del territorio nacional -más de ocho millones de hectáreas- donde se pueden plantar bosques de cualquier dimensión.

El artículo establece un criterio racional, o sea, que en cada predio se puedan establecer bosques de rendimiento de no más de diez hectáreas. Establece eso para que aquellas tierras que poseen determinadas cualidades sean destinadas, preferentemente, a aquellas explotaciones para las que son aptas. En contrapartida, la forestación se deberá orientar en aquellas tierras que son propicias para ello, para lo cual existen extensas zonas en todos los departamentos de la República, predominantemente en los del norte. Por lo tanto, estimo que es un criterio racional y que no se puede tildar de absurdo.

Si lográramos que la forestación se organizara en forma correcta en la mitad del territorio nacional y en todas las zonas de los departamentos del resto de la República, excluidos los tres mencionados en el inciso primero, lograríamos invertir durante veinte años todo lo que dispusiera el fondo forestal y todavía nos faltarían recursos.

Por consiguiente, el artículo pretende, contrariamente a lo que sostiene el señor senador Zumarán, orientar y planificar indicativamente, no en forma drástica, tratando de proteger el desarrollo agrícola, frutícola y hortícola del país.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que el señor senador no me ha entendido. Cuando digo que en el inciso segundo se prohibe la forestación en la mitad del país, incluyo en ella a las zonas de prioridad forestal.

De acuerdo con el mapa de suelos confeccionado, las areniscas de Paysandú, parte de Durazno, Rivera y Tacuarembó, que son las tierras de prioridad forestal, más las sierras que se van a agregar ahora como de segunda prioridad forestal, son tierras agrícolas. En Tacuarembó y en Rivera se cultiva el tabaco, el maní, el maíz. El citrus, por ejemplo, se planta en los mismos tipos de suelo.

Sin embargo, si aplicamos este artículo 17, en estos suelos de prioridad forestal queda prohibida la forestación; hay que pedir autorización para forestar, sin lograr ninguna ventaja, que es a lo que deseo referirme.

Por ello digo que, en primer lugar, el artículo va mucho más allá del propósito que se persigue. ¿Y cuál es éste? Se parte de la base de que la forestación le hace mal a las zonas agrícolas, frutícolas y hortícolas. Ese es el presupuesto de hecho que se tiene y me parece que es el error más grave en que incurren los propulsores de esta disposición.

Este artículo surge en la Cámara de Representantes auspiciado por un movimiento de naturaleza gremial en el que se aglutinan sociedades de fomento rural y cooperativas del nordeste de Canelones, impulsados por algunos dirigentes que plantean que la forestación es mala para esa zona y finalmente se termina concluyendo en que es mala para los departamentos de Canelones, San José y Colonia. Pero, además, si aprobamos el artículo 17, la forestación va a ser mala para todo el país, por lo cual pediría que no se sancione ninguna ley que promueva la forestación.

En definitiva, lo que tenemos que analizar con criterios científicos y objetivos es si la forestación es mala para las zonas -dejemos de lado las agrícolas donde me parece hay un exceso completo de lenguaje- hortícolas y frutícolas. ¿Cuáles son los argumentos que se han dado? En primer lugar, se ha dicho que la forestación trae sobre las zonas hortícolas y frutícolas así como para la agricultura intensiva, una serie de plagas. Ese es uno de los argumentos que más me impactó, porque si eso fuera cierto, estaríamos en una especie de competencia por el uso de la tierra. Allí donde se puede usar para la horticultura y la fruticultura resulta inconveniente plantar árboles, hacer montes. Se parte de la base de que la forestación es mala para la horticultura y la fruticultura. Se nos dice que lo es porque el bosque trae una serie de plagas.

Este proyecto de ley, en capítulos posteriores, contiene disposiciones que no existían respecto de la obligación del propietario de combatir plagas si las hubiera, es decir, se aplican sanciones o medios sucedáneos a quienes no cumplan con esto.

La tendencia, no sólo en nuestro país sino universal, es que se combatan las plagas que azotan a la agricultura, a la forestación o a la ganadería, y no prohibir la actividad. Felizmente hoy existen medios técnicos para combatir las plagas y en el articulado de este proyecto hay innovaciones al respecto.

Preguntamos a los técnicos cuáles son las plagas que se invocan. En primer término se nos habló de la lora, que es efectivamente una plaga para las producciones hortícolas y frutícolas, y diría que aún para la agricultura.

Asimismo, preguntamos a los técnicos qué se puede hacer para combatir a la lora donde hay bosques y si ello es posible o no. Entonces, nos enteramos, en la Comisión -hay abundantes páginas de versiones taquigráficas referidas a ello- por intermedio de los técnicos oficiales, que los bosques esos atraen a la lora, que por el contrario no vive allí. Por suerte, hay personas en el país que saben, que conocen el tema y han estudiado el comportamiento de estos animalitos dañinos y han llegado a la conclusión de que rechazan al bosque como elemento natural, porque allí no tienen comida. Me acota el señor senador Batlle, con precisión técnica, que se trata de un medio inerte y que por eso la lora no anda ni llega a donde hay bosques; busca otros lugares.

Precisamente, ratificando lo que dicen los técnicos oficiales, por la experiencia visual que tenemos, sabemos que anidan en las taperas, en árboles solitarios, sobre todo si son viejos e incluso si están muertos. En la Comisión agregué una verificación empírica que he hecho. En cada una de las torres de los cables de alta tensión que traen la luz desde las represas de Salto Grande, Palmar y Baygorria a Montevideo, hay varios nidos de loras, lo que demuestra que este animalito busca la soledad y rehuye los bosques, entre otros motivos, repito, porque con ellos no encuentra alimento.

De modo que la base sobre la que se gestó este movimiento sosteniendo que la lora afecta las producciones hortícolas y frutícolas, no tiene sustento técnico, ya que los especialistas afirman exactamente lo contrario: que el bosque no es el medio donde vive la lora.

La otra plaga es la de la paloma. También recurrimos a asesoramiento técnico y se nos dice que vive en montes naturales, que no las hay en los artificiales. Se las encuentra en los montes naturales de las costas de los ríos Uruguay y Negro. Tampoco vive, repito, en montes artificiales.

SEÑOR BATLLE. - Por el contrario vive en los montes que prohibimos que se talen.

SEÑOR ZUMARAN. - Exactamente.

De modo que la presunción sobre la que se basa el artículo 17 carece de sustento técnico e incluso, por el contrario, la ciencia y la técnica aconsejan exactamente lo inverso.

Nos queda el otro argumento que se ha hecho. Se dice que la forestación en los departamentos de Canelones, San José y Colonia, se hace por razones económicas, dada la cercanía con Montevideo. La diferencia en el costo de los fletes trae aparejada o promueve que la forestación se realice en estos lugares.

Entonces, decimos en primer lugar, que estamos de acuerdo en que hay que realizar una planificación, pero no sobre la base de prohibiciones sino, por el contrario, de estímulos. En este proyecto está previsto todo un paquete de estímulos destinados a que se foreste en las zonas de prioridad y no en las agrícolas como serían las de Canelones, Colonia y San José, así como en cualquier otro departamento con esas actividades. No sé por qué no se incluyó aquí al de Montevideo o al de Soriano en esos que también hay zonas hortícolas y frutícolas, mencionando sólo tres.

Vamos, entonces, a aplicar los incentivos allí donde es más conveniente la forestación, donde hay suelos de aptitud forestal y no en los agrícolas. Con la sanción de esta ley el empresario o industrial que estuvo realizando todos estos años, en Canelones o en San José, tareas de forestación, se va a encontrar con que cambia radicalmente la situación, porque ahora no sólo va a ver la ventaja en el costo de los fletes por forestar cerca sino que además va a tratar de compensar ésta con los incentivos que se aplican en las zonas de prioridad forestal. De modo que así esperamos que la forestación no se desarrolle en estos departamentos, aplicando un criterio de planificación indicativa, que no es la forma en que puede denominarse el que se aplica en el artículo 17 que prohibe la forestación en estos tres departamentos y en el resto del territorio nacional. Se la prohibe desde el momento que no es una actividad lícita si no media autorización expresa para realizarla.

Quiero hacer dos precisiones más. También están perfectamente señaladas o individualizadas las que hemos llamado tierras de segunda prioridad forestal, que son tierras muy próximas a Montevideo, como las de Minas, que terminan en Piriápolis o en Punta Ballena. Es una inmensa zona que va a ser declarada de prioridad forestal, según el artículo 5º, siendo tierras en las que podrá realizarse la forestación, por los incentivos que se establecen, y que están relativamente próximas al centro de consumo montevideano y a la vez, no son agrícolas, frutícolas u hortícolas.

Otra zona que ha sido detectada, aunque es más pequeña, se encuentra en las sierras de Mahoma y de Mal Abrigo, en los departamentos de San José y Colonia. Con ello también se abre una perspectiva que, me parece, va a corregir este fenómeno.

No quiero aburrir al Senado con cifras, pero creo que se ha cometido una exageración enorme al dar las de forestación. En Canelones, son zonas muy pequeñas y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como el señor senador Gargano, brindaron esas cifras. Pero, estas cifras de forestación en un departamento como el de Canelones, que no tienen un ritmo creciente, hay que ubicarlas dentro de una superficie total de 326.000 hectáreas, de las que prácticamente 200.000 son simplemente pastos porque no se dedican -ni nunca se dedicaron en la historia del país- a cultivos hortícolas ni frutícolas ni tampoco se labran.

De acuerdo al censo de 1980, las tierras de Canelones que comprenden unas 326.000 hectáreas, se subdividen, según su uso, en 199.000 hectáreas con pastos, 90.000 con agricultura y labranza; 18.000 con cultivos permanentes, que son los frutícolas y los viñedos y 14.500 con bosques. Evidentemente, el grado de forestación es muy bajo; se sitúa en el 4 % de la superficie del departamento.

No tengo la menor duda de que si se foresta una mayor parte del departamento de Canelones, ello no va a ir en desmedro de las zonas de labranza o de cultivos permanentes, sino que va a ir en perjuicio de esta superficie que tiene simplemente pasto, que se sitúa en las afueras de Montevideo y que comprende unas 200.000 hectáreas sobre las 326.000 que tiene el departamento. Es decir, representa la mayoría del departamento.

Por último, señor Presidente, quisiera decir que, a mi juicio, hay aquí una cuestión de filosofía. Si se quiere promover la forestación, busquemos pues incentivos y estímulos; solucionemos los problemas que la gente tiene para forestar. Si queremos promover la forestación, es incompatible con esta finalidad, terminar prohibiéndola, tal como se sugiere a través del artículo 17. Sostengo que la forestación no es dañina para la horticultura ni para la fruticultura; en todo caso, la dificultad cierta que tienen los productores, sobre todo, hortícolas del noreste de Canelones, deriva de la crisis de la horticultura y también de la remolacha. En ese sentido, no le hacemos ningún favor si además prohibimos que se planten árboles.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere ser lo más flexible posible, pero advierte que el tiempo de que disponía el señor senador Zumarán ha terminado hace rato. Por otro lado, estamos discutiendo un capítulo inexistente, porque si bien terminó el Título II no entramos a considerar el III. Además, hemos armado un debate alrededor de un artículo que no existe.

De todos modos, puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Si la Mesa entiende que no debe concederme el uso de la palabra, no hay inconveniente; no hablo. La cuestión es que no hablamos terminado de considerar el Título II, puesto que aún antes de pasar al III solicité la palabra para ocuparme del tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si es así, la Mesa no puede concederle la palabra. Si estamos aún considerando el Título II, la Mesa no puede conceder la palabra a los senadores que ya han hablado en el término correspondiente, puesto que en la discusión particular, cada senador puede hablar una sola vez.

De todos modos, podríamos forzar un poco el Reglamento permitiendo así que el señor senador Gargano haga uso de la palabra. Eso sí, vamos a tratar de poner coto a esta situación.

SEÑOR GARGANO. - Entonces, me atengo al Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se pasa a considerar el Título III.

SEÑOR GARGANO. - Perdón, señor Presidente, pero antes hay que votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Qué vamos a votar? ¿Un artículo que no existe en el proyecto de ley? ¿O acaso el señor senador formula moción para que esa disposición se incorpore al texto?

SEÑOR GARGANO. - No, señor Presidente. Presenté un artículo a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Perdón, señor senador. No tenía conocimiento de ello.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Entiendo que hay una propuesta sustitutiva del artículo 17 que viene de la Comisión. Por tanto, lo que corresponde es votar tal como viene de la Comisión, y si no hay votos, votar el artículo sustitutivo. No tiene sentido que el Senado vote primero el sustitutivo antes que uno que viene de la Comisión. El Reglamento lo indica tal como lo vengo sosteniendo.

Por otra parte, señor Presidente, han estado hablando el miembro informante, señor senador Zumarán, y el señor senador Gargano con respecto a este tema y, en ese sentido, yo también estoy anotado, como miembro informante, para referirme al mismo asunto. Por lo tanto, no entiendo qué es esto de solicitar que se introduzca un artículo para que se vote previamente al que viene propuesto de Comisión, contradiciendo lo que establece el Reglamento del Senado. Me parece que la cuestión es simple: el señor senador Gargano se ha hecho un Reglamento particular, personal.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor .senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que la interpretación del señor senador Batlle es errónea. Nosotros hemos propuesto un artículo aditivo al proyecto de ley y, por tanto, corresponde discutirlo y votarlo. La Comisión entendió que era conveniente informar sobre todo el proyecto sin este artículo, es decir, eliminarlo. Por su parte, el senador que habla planteó un artículo aditivo y, por tanto, reglamentariamente procede la discusión y que luego se vote.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que sucede es que la Mesa no tenía en su conocimiento la existencia de un articulo aditivo: en ese sentido, lo menos que puede hacer, en primer lugar, es leerlo.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 17. - La plantación de bosques en los departamentos: de Canelones, Colonia y San José, realizada con la finalidad de explotarlos comercialmente, podrá efectuarse en las zonas a que se refiere el artículo 5º, debiendo mediar en tales casos autorización expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo asesoramiento de la Dirección Forestal.

Igual autorización deberá mediar para la implantación de bosques de rendimiento de más de 10 hectáreas de extensión a realizarse en zonas predominantemente hortícolas, agrícolas o frutícolas.

La infracción a lo establecido en los incisos anteriores será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70".

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Este artículo aditivo que se pretende votar, ¿a qué Capítulo corresponde?

SEÑOR PRESIDENTE. - Al Capítulo II.

SEÑOR BATLLE. - Pero este artículo aditivo que se propone incorporar no tendría que ser discutido –si es que ahora se lo quiere votar- como incorporación al Título próximo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, habrá que concluir esta etapa, pero previamente y sobre este tema quiero hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para ocuparse del artículo aditivo.

SEÑOR BATLLE. - Como miembro informante, manifiesto que comparto todos los criterios expuestos en Sala por el señor senador Zumarán

Este tema fue largamente debatido en Comisión y realmente se resolvió elevar el proyecto tal como fue presentado en Sala.

En este asunto, hay dos casas o planteos bien claros y diferentes. Uno de ellos tiene que ver con la limitación de la plantación de bosques de rendimiento comercial o industrial en los departamentos de San José, Colonia y Canelones, ya que no recibirían ninguno de los beneficios otorgados por el proyecto de ley, es decir, aquellos que se plantarían en determinadas zonas.

Una segunda cuestión tiene que ver con disposiciones de carácter general para el resto del país.

Este tema surgió de una argumentación hecha por un grupo de ciudadanos que estaban vinculados a determinadas actividades agrícolas en algunas zonas del departamento de Canelones; y sin ninguna razón ni motivo esa argumentación se extendió a los departamentos de Colonia y San José. Es así que no entiendo por qué los que sostienen que ello es bueno para estos departamentos, no dicen lo mismo respecto de zonas de Florida, de Maldonado, de Soriano, de Tomás Gomensoro y otros lugares en donde también hay producción hortícola y frutícola.

La primera cosa que quería decir, señor Presidente, es que parecería que no nos hemos dado cuenta que plantar bosques es lo mismo que plantar trigo, verdura o vid. Es una forma de la agricultura, inclusive, puede ser mucho más rentable que la lechuga, aún en tierras donde no existan las posibilidades que da este proyecto de ley de obtener beneficios.

Por eso es que mucha gente así lo ha hecho durante mucho tiempo. Por lo tanto, si mañana tenemos una tierra que desde el punto de vista económico da más rendimiento al propietario y también a la comunidad, no veo por qué vamos a prohibir que se planten árboles en cualquier lugar de la República. Es una forma de la actividad agrícola que puede ser económicamente mucho más rentable que cualquier otra. De manera que esta prohibición no tiene sentido económico. Eso, en primer lugar.

En segundo término, esta prohibición, limitada a estos departamentos, tampoco tiene sentido práctico, dado que lo que se quiere proteger no se lo logra con la prohibición.

La forestación solamente va a crecer enormemente en las zonas donde los beneficios económicos permitan al propietario obtener una rentabilidad importante, en función de desgravaciones impositivas, sobre tierras que no tienen otro destino mejor. Pero en aquellas zonas donde las tierras tienen un destino mejor, solamente va a crecer la producción forestal en tanto haya una relación económica buena y beneficiosa no sólo para el que sea propietario del campo sino para el que, de una forma directa o indirecta, vincule esa explotación maderera a una actividad de carácter industrial. Y esto no es malo para el departamento de San José, ni malo para el departamento de Colonia, ni malo para el departamento de Canelones, ni para ningún departamento de la República. Por el contrario, es bueno; es absolutamente conveniente, desde todo punto de vista; da fuentes de trabajo, ahorra divisas, mejora muchísimo tierras que, de otra manera, son menos productivas, e inclusive, tratándose de tierras mejores, si se hace así es porque la ecuación económica es beneficiosa para todos los que participan de ella.

Finalmente, señor Presidente, se ha argumentado que esto disminuye o perjudica la actividad frutícola u hortícola. Debo decir que prácticamente no hay ninguna implantación de bosques frutícolas, sin que exista un bosque forestal de protección. No conozco, en ningún lugar del país, a nadie que plante un bosque de árboles frutales si no hay a su alrededor una plantación forestal de protección y, además, de industrialización, porque a medida que van creciendo los frutales, van creciendo también los álamos, que después se cortan para hacer las tablas para los envases. No hay ninguna plantación frutícola que no tenga, repito, una plantación forestal que la rodee, que la proteja, que la ampare e incluso, que sirva como recurso maderable a los fines industriales vinculados a esa plantación. Pensar lo contrario, es un sin sentido técnico.

Desde otro punto de vista, quiero señalar que tampoco existe una plantación hortícola en el Uruguay que se vea disminuida porque las zonas de la horticultura puedan ser invadidas por esta clase de forestación, porque estamos hablando de la forestación de las tierras que tienen una calidad baja, a cuyos explotadores esta ley beneficiará con créditos, con rebajas tributarias, a efectos de que allí puedan establecerse bosques. Son tierras diferentes, algunas de las cuales, en pequeñas cantidades, se han estado utilizando en Canelones; en grado muchísimo menor en San José, y menor aún en el departamento de Colonia. El valor de estas tierras ha sido bajo porque estas 199.000 hectáreas de Canelones están cubiertas de pastos, según el señor senador Zumarán. Lamentablemente, el señor senador Zumarán ha sido generoso en su apreciación; al decir "pastos", no ha expresado la verdad, no porque no la conozca, sino porque le ha hablado genéricamente al Senado. Estas tierras no están tapadas de pastos, sino de chirca y de carqueja, y no en la proximidad de las zonas hortícolas y agrícolas, sino dentro de ellas. hay cientos de hectáreas que son eriales, donde no puede pastar un buey, ni una vaca para dar leche, ni una oveja.

Y esas zonas, señor Presidente, son las que precisamente se van a recuperar por esta circunstancia, en la medida en que exista un interés económico, porque advierta, señor Presidente, que no estoy hablando de tierras que tengan el beneficio crediticio o de desgravaciones.

En cuanto a las disposiciones del proyecto de ley referentes a la forma en que se debe implantar los árboles, inclusive en los terrenos linderos cuando se trate de dos pequeñas fracciones dedicadas a la horticultura, determinan una observancia -a través del artículo 36, que modifica el artículo 20 del Código Rural- de la forma de llevar a cabo esa tarea respetando determinadas circunstancias en las que sí se afecta la plantación hortícola. He hablado de este tema largamente, en oportunidad de discutirse el proyecto de ley en general. Cuando se planta un bosque en la linde de un predio con otro, o un arbolado de protección contra vientos u otros problemas de orden climático, sin lugar a dudas se afecta una franja de tierra a ambos lados del mismo, disminuyéndose su capacidad productiva. Y eso está reglamentado por la modificación que introduce el artículo 36 de la disposición correspondiente del Código Rural. Y tampoco en ese caso, aunque se trate de grandes masas inertes o de pequeñas zonas boscosas, existe daño para el lindero.

Finalmente, señalo que las plagas no se combaten talando árboles, con el fin de evitar que las palomas puedan asentarse sobre ellos, ni limitando la instalación de montes en el departamento, como si las palomas no pudieran franquear volando las fronteras departamentales. Por el contrario, se combaten como se hace con todas las plagas. En cambio, parecería que este proyecto de ley estimularía las plagas, porque como es bien sabido las palomas que se instalan en los bosques naturales -particularmente en las islas de los Ríos Uruguay y Negro- son millones. O talamos esos bosques naturales que aquí protegemos, o buscamos formas más científicas de eliminar las palomas y las loras.

En mi barrio, en el departamento de San José, hacen bandadas de palomas insolentes que atacaban los plantíos de maíz, pero no se cortaron los árboles, sino que se mataron las palomas eliminando los nidos. Es la manera más sencilla y sensata, y ello lo saben mejor que nadie las comisiones vecinales a las que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca da los recursos y las escaleras para prender fuego a los nidos. Esta es una forma que se practica desde "illo tempore", desde siempre. Luego, las palomas vuelven porque son peleadoras y tercas para sobrevivir. A la terquedad de las palomas oponemos nuestra terquedad, pero no talamos los árboles para matarlas. Me parece que el argumento, por tanto, es al revés.

En consecuencia, señor Presidente, vamos a votar este proyecto de ley tal como viene de la Comisión, y no daremos nuestro voto al artículo aditivo propuesto por el señor senador Gargano.

La segunda parte de este artículo se refiere a la prohibición de plantar bosques en general.

15) SEÑOR SENADOR CERSOSIMO. Excusación para integrar la Comisión de Industria y Energía en el tema relacionado con la comercialización del azúcar.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: con fecha 3 de junio último, puse en conocimiento de la Comisión y después del Senado, mi situación en cuanto a un asunto que está considerando la Comisión de Industria y Energía, que integro; ésta y también el Senado me autorizaron en forma expresa, el mismo día y por unanimidad de votos, a intervenir en las deliberaciones. El motivo era mi vinculación profesional con alguno de los interesados en el problema de la comercialización del azúcar.

Hasta el día de hoy, la Comisión de Industria y Energía ha recabado información y asesoramientos de distintas partes interesadas en el asunto, pero debe entrar ahora a la consideración de la parte resolutiva, en la cual ella comprometerá opinión. Por consiguiente, entiendo de mi deber no participar en esas deliberaciones y decisiones. Razones de delicadeza muy personal así me lo imponen. He solicitado a la Comisión -ha quedado constancia de ello- que recibiera mi excusa; y ahora pido al Cuerpo que designe otro señor senador para entender en esa asunto.

SEÑOR ZUMARAN. - Que se actúe de conformidad con lo que solicita el señor senador, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

16) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular del proyecto de ley sobre desarrollo forestal.

Estaba en uso de la palabra el señor senador Batlle.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción. señor senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la interrupción que solicitamos al señor senador Batlle apunta en la misma dirección de la que, en su oportunidad, pedimos al señor senador Zumarán y que, por falta de tiempo, no nos concedió.

En primer lugar, es apropiado, para argumentar sobre la conveniencia o no de su aprobación, no razonar por el absurdo y atenerse al texto de lo que está planteado como artículo aditivo. Repito lo que ya he dicho: aquí no se prohibe la forestación sino que se la orienta hacia los terrenos en los cuales es prioritaria.

En segundo término, se dice que esa forestación va a afectar a aquellas plantaciones que como finalidad fundamental tengan la de ser explotadas comercialmente. Nadie ha dicho eso, señor Presidente, ni tampoco el artículo dice que se prohiba plantar bosques protectores, porque eso sería absurdo. De modo que el argumento sobre los terrenos frutícolas, que deben tener una cortina protectora, está absolutamente descartado y no debió haberse manejado. Por lo tanto, no cabe como argumento contrario, de acuerdo con la redacción del artículo.

En tercer lugar, entiendo que en la argumentación de los productores del departamento de Canelones se hizo mención de las plagas que, a su modo de ver, afectaban sus predios a raíz de la implantación de bosques en zonas que anteriormente habían sido predominantemente agrícolas. Todos hemos visto, fundamentalmente en el noreste de ese departamento, esas inmensas masas de bosques plantadas para producir leña con destino a alimentar las calderas de empresas de la región. Estos productores decían, además -algo que debe tenerse muy en cuenta- que era conveniente limitar la forestación porque esas tierras, que están degradadas, deben ser reconvertidas y recuperadas para la agricultura. Al respecto, debo señalar que esa degradación había llevado a que el valor de los campos fuera mínimo. Entonces, si no se formula un plan acelerado de reconversión y de ayuda, de subsidio directo por parte del Estado, para que esa gente vuelva a producir y no vea extenderse la chirca o pasto sobre sus campos, el problema no se va a solucionar.

Asimismo, comparto las expresiones del señor senador Batlle en el sentido de que muchos de esos pequeños productores tienen la mayor parte de sus campos cubiertos de chirca porque no cuentan con capacidad económica -aniquilado el tema de la remolacha o reducido a su mínima expresión- para explotarlos rentablemente y no reciben la ayuda necesaria para reconvertirlos. Eso sería posible mediante técnicas que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca ya ha expuesto en el seno de la Comisión.

Por supuesto, señor Presidente, que no es lo mismo plantar trigo o cebada que árboles. Lo que el país debe buscar es que se cultive trigo, cebada y árboles, pero también que se incentive el desarrollo de una ganadería específica para esos pequeños predios. Nosotros somos partidarios de una concepción equilibrada del desarrollo y deseamos promover la forestación porque el país tiene un déficit en ese rubro. Por tal motivo es que vamos a votar este proyecto de ley.

Frente a la argumentación de que se prohibe plantar en el resto del territorio nacional, debo decir que no es así. En el resto de nuestro territorio, incluso en las zonas predominantemente hortícolas, frutícolas o agrícolas, se pueden plantar bosques protectores -por supuesto- y de rendimiento. Estos últimos hasta diez hectáreas. El Uruguay tiene aproximadamente 6:000.000 de hectáreas de tierras aptas para la agricultura, de las cuales no se utiliza ni siquiera un millón.

En la década del 60 se llegó a plantar 1:500.000 hectáreas, pero esa cifra no se volvió a alcanzar.

De modo que me pregunto, señor Presidente, por qué disponiendo de la facilidad de poder plantar en todo el territorio nacional, no se orienta, a través de la ley, cómo y dónde hacerlo. Ello significaría un desarrollo equilibrado de la forestación y de otras actividades. De esa manera podríamos contar con un plan que impidiera la tragedia de encontrarnos un día, por ejemplo, sin trigo, arroz o tabaco. Insisto, pues, en la necesidad de un desarrollo coherente que impulse a los sectores retrasados, tales como la forestación. Ese es el criterio que orienta la inclusión de este artículo aditivo y no la intención de prohibir alguna cosa.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: vamos a ser muy breves porque han sido muy bien expuestas las disposiciones, absolutamente contrarias, con respecto a cómo encarar el problema agrícola del departamento de Canelones así como el análisis de cuando una forestación, hecha voluntariamente, sin ningún apoyo o recurso financiero, puede afectar su actividad hortícola, frutícola o cerealera. Esto mismo es aplicable para los departamentos de San José, Colonia, así como para otras regiones particularmente agrícolas de otros departamentos de la República.

Consideramos, señor Presidente, que este no es el camino adecuado, que no resuelve el problema y que, por el contrario, causa más daño a quienes supuestamente se pretende beneficiar. En consecuencia, estamos en contra de esa norma que se refiere al resto del territorio nacional, por la cual se trata de implantar la misma autorización a través de una disposición totalmente restrictiva, que va en contra del texto, espíritu y propósito del proyecto de ley. Además, no comparto la planificación que menciona el señor senador Gargano. De acuerdo con su tesis, debería establecerse, desde el inicio, una evaluación al detalle de cada hectárea de nuestro territorio para determinar cuándo, dónde y cómo se debe plantar un árbol, un monte de frutales o sembrar trigo o efectuar otro cultivo. Desde nuestro punto de vista, entiendo que no es así como se resuelven las cosas en materia económica y mucho menos en el aspecto agrario.

Por todas estas razones, entre otras que ya expusimos en la Comisión -y que creo es inútil repetir en este momento porque ya han sido largamente debatidas- preferimos dejar el texto como está y votar negativamente el artículo aditivo propuesto.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17, aditivo, propuesto por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-5 en 19. Negativa.

En discusión el Título III, patrimonio Forestal del Estado, que comprende los artículos 17 a 22 inclusive.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: antes que nada deseo hacer una observación al artículo 19 y, posteriormente, otra de menor entidad al artículo 21. Pero, previamente, deseo advertir que el régimen jurídico a que queda sometido el "patrimonio forestal del Estado", como se denomina este Título III del proyecto, es, en mi concepto, algo complejo, de acuerdo con la terminología que se emplea y también de acuerdo con los diversos organismos que intervienen, así como con las diferentes facultades y figuras jurídicas que se prevén o se estatuyen en los distintos artículos de este Título. En este sentido, señor Presidente, y a los efectos de ordenar el tema y de ver si los señores miembros informantes comparten mi interpretación, he elaborado el siguiente esquema que resulta del análisis de los artículos 17 a 19 inclusive.

En primer lugar, de acuerdo con el artículo 17, todos los bosques y terrenos forestales -es decir, todo el patrimonio forestal del Estado- están bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, excepcionalmente, bajo la tuición -se vuelve a utilizar el término- del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de los Gobiernos Departamentales. La primera pregunta que nos surge en qué significa, desde el punto de vista jurídico y gramatical, el término "tuición". El señor senador Ortiz -mi asesor en temas lingüísticos- que es experto en esta temática, me ha dicho que "tuición" es acción y efecto de guardar y defender. Esto hace suponer que esta facultad comprende la de administrar el patrimonio forestal del Estado.

Luego, el artículo 18 establece que la Dirección Forestal debe proveer a la conservación, protección, ampliación, mejoramiento y utilización racional de dicho patrimonio. En mi concepto, esto significa que la Dirección Forestal es la que efectivamente debe ejecutar ese cometido de administrar el patrimonio forestal del Estado.

Creo que todo esto debió haber sido dicho con más claridad y mayor uniformidad en los conceptos que se emplean que, en mi opinión, resultan un poco confusos.

Además, señor Presidente, se establece una excepción a texto expreso. Según el artículo 18, los parques nacionales de Santa Teresa y San Miguel están exceptuados de la administración -para decirlo más claramente- que compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que se ejecuto por la Dirección Forestal. Respecto de esos dos parques nacionales, es la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la Fortaleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel, la que debe dirigirlos y administrarlos.

Luego, en el último parágrafo del artículo 18, la ley establece otros criterios.

Por un lado, hay entidades sin fines de lucro que pueden dirigir y administrar determinados sectores del patrimonio forestal del Estado. Pero si lo hacen sin fines de lucro, ello, naturalmente, excluye la figura de explotación. Es decir que por vía de una concesión -y vendría bien explicar qué alcance jurídico tiene esa figura- hay personas jurídicas públicas y privadas que pueden intervenir u ocuparse de la dirección o administración de esos sectores del patrimonio forestal, pero no explotarlas.

Además, por el artículo 19, tenemos que respecto de ciertos bosques fiscales -antes están excluidos los parques nacionales- puede darse una figura de explotación que puede hacerse directamente por la Dirección Forestal -de acuerdo a un plan que debe aprobar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- o por medio de convenios con otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

En consecuencia, señor Presidente, en mi concepto, todo esto es bastante complejo y confuso, y debió haberse simplificado.

Más allá de la tuición, es evidente que la regla general es que todo el patrimonio forestal del Estado, salvo la excepción establecida en el artículo 17 y la que refiere a los parques nacionales de Santa Teresa y de San Miguel -artículo 18- está, en principio, bajo la administración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cometido que es ejecutado por su Dirección Forestal.

Posteriormente, encontramos una distinción entre parques nacionales y los demás bosques fiscales. Respecto de los parques nacionales, no puede haber explotación y, en cambio, en los demás bosques fiscales sí puede haberla. Cuando no puede haber explotación, la dirección y administración de los bosques se puede dar en concesión a entidades públicas o privadas, sin fines de lucro. Y cuando puede haber explotación respecto de los demás bosques fiscales, pueden realizarse convenios para que se efectúe esa explotación por otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

Exponer toda esta gama de figuras y posibilidades confirma lo que he aseverado acerca de que todo esto es bastante complejo y debió, en mi concepto, haberse realizado con mayor claridad y ahorro de posibilidades y figuras jurídicas. En definitiva, no voy a proponer su modificación; lo único que estoy haciendo es tratando de exponer todo el régimen jurídico de este Capítulo, para ver si estoy en lo cierto o, por el contrario, estoy interpretando mal.

En concreto, voy a hacer una observación al artículo 19 y es la siguiente: se combinan en este artículo dos tipos de criterios para clasificar los bosques, según el punto de vista del dominio -es decir, criterio estrictamente jurídico o patrimonial- y el de la protección -error que ya padeció la Ley Nº 13.723 y que ahora se repite- dejando de lado el establecido internacionalmente en la Convención para la Protección de la Flora y Fauna de América, realizada en Panamá el 20 de noviembre de 1940, y que es Derecho Positivo en nuestro país, pues se sancionó el 17 de octubre de 1969 por la Ley Nº 13.776.

Creemos que el criterio de clasificación es erróneo o, por lo menos, incongruente, porque se hace una clasificación que, por un lado, cuando se habla de bosques fiscales, atiende al criterio del dominio y, por otro, cuando se habla de los parques nacionales, atiende al rendimiento o a las características de los bosques.

Si nos atenemos al punto de vista del dominio, los bosques deberían ser clasificados en públicos o del dominio público del Estado y en bosques fiscales o del dominio privado del Estado. En verdad, los parques nacionales son también bosques fiscales del Estado.

Es cierto que en doctrina existen enormes discrepancias para calificar los bienes que integran el dominio público del Estado. Parece, pues, un error -y así lo sostengo- oponer los parques nacionales a los bosques fiscales, porque los criterios no son congruentes, sino que responden a conceptos distintos.

Por consiguiente, considero que no se debe clasificar a los bosques en parques nacionales y en bosques fiscales, ya que los primeros integran el patrimonio forestal del Estado y también son bosques fiscales.

Luego, debemos seguir con lo que establece el segundo parágrafo del artículo, que refiere exclusivamente a los parques nacionales, y, a continuación, en el tercer parágrafo, decir que los demás bosques fiscales estarán constituidos sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal del Estado, y seguir con el texto tal como está. Entiendo que ésta es la única manera de darle un sentido congruente al artículo 19 de este proyecto de ley.

Para finalizar, solicito al miembro informante, señor senador Zumarán, que me diga si el análisis que he hecho de todas las figuras jurídicas -que se mezclan un poco en este Título- es realmente la acertada, o si me he confundido en la interpretación de los artículos 17 al 19.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: en términos generales, la interpretación que ha hecho el señor senador Aguirre es correcta.

Voy a establecer parcialmente una única excepción, en cuanto él afirma que la Dirección Forestal sería la administradora, término sobre el que nos cuidamos de dar ese carácter general.

Creo que el señor senador Aguirre tiene razón en cuanto al orden lógico, jurídico, y que su interpretación descansa en la intención de aportar claridad a tema, lo que es compartido por todos.

Debemos tener en cuenta que ha habido un desarrollo histórico en cuanto al patrimonio fiscal del Estado, que no se ha creado por un simple acto, sino que ha sido a través del tiempo, en sucesivas manifestaciones, sin tener una organicidad.

La ley quiere dar un principio de relación para ese conjunto de bosques que pertenecen al Estado en algunas de sus personas jurídicas y por eso el artículo 19, establece que está bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la ley forestal.

Como dice el señor senador Aguirre, el término "tuición" es extraño al Derecho Público uruguayo, pero debo decir que viene de la Ley Nº 13.723 y su inclusión obedece a la intención del legislador -que nosotros hemos mantenido- de comenzar a poner un orden dentro del patrimonio forestal del Estado. Decimos, entonces, que todos los bosques de propiedad del Estado están bajo la tuición de la Dirección Forestal -es decir, bajo la guarda o el cuidado de dicha Dirección- con las excepciones previstas. Una de ellas es la que se refiere a los bordes de la carretera, con respecto a lo que se varía el criterio de la Ley Nº 13.723, pues allí parece predominar la opinión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cuanto al valor de la seguridad que deben tener las rutas en orden a la circulación de los vehículos: el valor prevalente en estos casos no es el patrimonio forestal del Estado sino la seguridad que debe existir en las rutas nacionales y la forma de acceso a las mismas. Los predios linderos a las rutas deben contar con una forma de acceso a las mismas, por lo que allí se pide el corte de los árboles, que también facilita la visibilidad en el tránsito. Es decir que interviene una serie de factores vinculados con la seguridad y esto parece ser el objetivo prevalente en la ruta nacional. Por ese motivo, en estos casos le quitamos esa función a la Dirección Forestal y se la atribuimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Otra de las excepciones que prevé la ley es la que señala el señor senador Aguirre con respecto a los parques nacionales de Santa Teresa y San Miguel. Esa Comisión honoraria tiene antecedentes legislativos desde hace años que nos hace mantener la situación.

La pregunta que debemos hacernos, entonces, es por qué establecemos la "tuición" y no un término más típico de nuestro Derecho Público, como alguno de los que enumeró el señor senador Aguirre entre los que incluyó el de "administración". Diría que hacemos esto por una razón de orden presupuestal. La Dirección Forestal es una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene una planilla muy reducida de funcionarios y no cuenta con abundantes medios materiales por lo que, si le diéramos la actividad de administración o explotación directa de todo el patrimonio forestal del Estado, incluiríamos este tema dentro de la organización presupuestal del Ministerio y terminaríamos creando, prácticamente, un Ente Autónomo. Por ese motivo, a efectos de la explotación directa o de la administración -como decía el señor senador Aguirre- se recurre a esta variación de posibilidades que dependen de la forma que determinó que ese bosque formara parte del patrimonio forestal del Estado. Por lo tanto, puede estar a cargo de un Gobierno Departamental, si el mismo está organizado para ello; puede depender de algún Ente Autónomo o puede explotarse mediante convenios con empresas particulares o con cooperativas que realicen ciertas gestiones. Hemos querido evitar que la Dirección Forestal tuviera a su cargo la tarea de administración o explotación del bosque, porque eso nos haría darle una estructura administrativa que no creemos que sea la más aconsejada en virtud de la organización actual del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o, por lo menos, no es de recibo en función do la orientación gubernamental.

Sin embargo, depende de la Dirección Forestal -y creo que este es el mérito del artículo- lo que aquí se denomina "tuición", es decir, la guarda, las normas técnicas del manejo del bosque. La Dirección Forestal puede decir cuándo y cómo se corta, con qué intensidad se hacen los raleos, con qué especies es más aconsejable replantar; pero no está organizada como para realizar la plantación con su personal o para efectuar ella misma los cortes. Inclusive, me permito discutir la conveniencia de que algún día lo haga porque, repito, tendríamos que concluir en una especie de Ente Autónomo forestal. Lo que interesa son las normas, la dirección de los trabajos, y no quién realiza las operaciones materiales.

Luego de explicar por qué se mantiene el término "tuición" que estaba establecido en la ley anterior y por qué se fijan las distintas modalidades de explotación a las que puede recurrir el Estado, creo que en lo demás la posición del señor senador Aguirre es enteramente compartible.

Con respecto al artículo 19…

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Veo que el señor miembro informante se va a referir al artículo 19, y debo decir que tengo dudas con respecto al uso de un término.

El tercer parágrafo del artículo 18 establece: "Por razones de conveniencia, el Poder Ejecutivo podrá conceder a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, la Dirección…

Creo que aquí el término "conceder" no se aplica en su acepción administrativa; sin embargo, luego se dice: "En el caso de Parques Nacionales, se deberá permitir el uso del público en general durante el término de la concesión. Me parece que la concesión tiene una connotación contractual específica que no es del caso aquí, pues antes se expresa que se trata de entidades sin fines de lucro.

Lo que deseo preguntar es si el empleo del término "concesión" no puede llevar a confusión. Parece claro que se hace referencia al lapso durante el cual se le otorga la administración de ese parque nacional, a una entidad, que pude ser publica o privada, pero que no tiene fines de lucro. Pero esto se contradice cuando se expresa que durante la concesión estará obligada a permitir el uso público del parque.

Pienso que esta observación está dentro de la línea de pensamientos que en determinado momento creo haber entendido en la exposición del señor senador Aguirre. Además, me parece que este término merecería una explicación, por lo menos para que quede expresamente establecido en los antecedentes de esta discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el Señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Estoy totalmente de acuerdo con el señor senador Fá Robaina en el sentido de que aquí no está previsto que esa concesión tenga consecuencias de explotación comercial con ánimo de lucro, sino lo contrario; puede tratarse de entidades deportivas o recreativas pero sin fines de lucro; simplemente tienen la concesión para el uso de ese bien.

No sé si el término se refiere exclusivamente a la concesión de un servicio público por un precio o si también puede aplicarse cuando se hace sin ánimo de lucro. Entiendo que sí, pero quizá ello se deba a mi ignorancia.

Pregunto: cuando el Estado o una autoridad municipal concede a la Asociación Rural una fracción del Prado para instalarse allí o un predio a un club deportivo en el Parque Batlle -hay varios clubes deportivos que tienen estadio allí- ¿qué hace el Estado? Hace una concesión de una parte de su patrimonio, de un bien de uso publico, para que su titular sea una asociación sin fines de lucro. Acepto este término en el entendido de que la expresión "concesión" no supone necesariamente que el concesionario sea una empresa comercial o industrial, sino que puede ser una organización sin fines de lucro, de carácter social o deportivo, etcétera. Ahora, si hay alguna disposición o si la doctrina de Derecho Público no admite el término "concesión", cuando el beneficiario es una organización sin fines de lucro, habría que buscar un sustituto.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Debo confesar que al principio, cuando leí este artículo, tuve la misma impresión que el señor senador Fá Robaina. Estamos habituados a referir la figura jurídica de la "concesión" a la concesión de un servicio publico, que es la más habitual y la que tiene mayor importancia y utilidad práctica. No obstante ello, después, leyendo a Sayagués, caí en la cuenta de que hay diversas figuras de concesión y me parece que la que se adecúa -o adecua, como se dice ahora en forma que a mí no me gusta- a este artículo, es la concesión de uso de bienes públicos. La concesión es un acto que tiene características más generales, es un acto administrativo que Sayagués Laso define como el acto de Derecho Público que confiere a una persona un derecho o un poder que antes no tenía, mediante la trasmisión de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la Administración.

Creo que aquí, evidentemente, hay una concesión o una transferencia del ejercicio de un poder propio de la Administración, respecto del patrimonio forestal y que la figura es la concesión de uso de bienes públicos.

Entiendo que para clarificar el sentido del artículo y no inducir a confusión en cuanto a que se trata de la concesión de un servicio público, podría suprimirse la parte final del artículo, cuando se habla del término de la concesión. Sin alterar el sentido del artículo, me parece que se podría decir: "En el caso de los Parques Nacionales, se deberá permitir el uso por el público en general".

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - En lo personal no tengo inconveniente. No sé lo que piensa el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. Puede interrumpir el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Soy práctico, señor Presidente. Estoy de acuerdo. Es una forma de ir resolviendo con un poco más de velocidad la consideración de esta extensa ley, porque, de lo contrario, vamos a continuar discutiendo durante todo el mes este tema, el que seguirá figurando como primer punto del orden del día. Todo lo que sea para ir resolviendo prácticamente las cosas, me parece correcto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Recogiendo la observación del señor senador Aguirre, la modificación sería la siguiente: "En los casos de los Parques Nacionales, se deberá permitir el uso por el público en general".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Trato de no interrumpir la velocidad sugerida por el señor senador Batlle en el tratamiento de esta ley, pero la lentitud está un poco de acuerdo con el ritmo en que crecen los árboles.

Tengo una duda, señor Presidente. En los artículos 19 y 20 se habla de que la explotación de los bosques estará a cargo de la Dirección Forestal. No advierto bien cuál es el alcance de la expresión "explotación". Este término tiene un sentido comercial, como el de cortar la madera y hacer tablones para venderla. De modo que se trata de la realización de actos comerciales e industriales. La Constitución dice que esos actos comerciales e industriales están reservados a los Entes Autónomos. Por eso, cuando veo repetida la expresión "explotación", con un sentido inequívoco -no se refiere a otra cosa que a una explotación comercial- se me plantea una duda jurídica. En el artículo 19, inciso segundo, se dice que "los bosques fiscales estarán constituidos, sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal del Estado que no se encuentre en la situación prevista por el inciso anterior. Podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras propuesto por la Dirección Forestal..."

Más abajo, el artículo 20 dice: "…los trabajos de forestación, mejora, manejo y explotación… No creo que tenga muchas interpretaciones la palabra "explotación".

De modo que planteo esta duda y me pregunto si no estaremos haciendo algo que la Constitución nos prohibe.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Frente a la interpretación del señor senador Aguirre, expresé que, para evitar esto, poníamos a los bosques pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La parte final del inciso tercero del artículo 19 dice que podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras propuestos por la Dirección Forestal, aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los efectos de esa guarda o tuición del Patrimonio Forestal del Estado, y que esa Dirección ejecutará, ya sea directamente, si tiene los medios, o por convenios con otros Organismos públicos, paraestatales, empresas particulares o cooperativas. De modo que va de suyo que si de esto se origina una actividad industrial, de carácter permanente, tendrá que ser bajo la forma de Ente Autónomo y no lo podrá realizar la Dirección Forestal. A ésta la quisimos preservar como un organismo rector, regulador, que no esté bajo una explotación comercial e industrial. Esto no quiere decir que, en algún caso, dicha Dirección no ejecute estas operaciones materiales, porque alguien las tendrá que hacer. Se supone que no dan origen a un giro comercial o industrial del Estado que, naturalmente, el Ministerio no puede hacer.

Me parece que hay aquí una experiencia administrativa muy concreta. Debo señalar que también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene viveros, vende algunas plantas, pero eso no es montar una empresa industrial y comercial. También a veces hay sobrantes de papeles o de vehículos. En un momento determinado, el momento final puede ser la venta, pero esto no se arma como una empresa comercial e industrial, sino que precisamente tiene la tuición la guarda de los bosques, en carácter normativo y de preservación. Cuando tenga lugar una explotación lo hará a través de una empresa pública, privada o cooperativa para poder desarrollar esa función. Me parece que el sentido de la disposición es claro. Conviene que quede registrado en la discusión parlamentaria, para que se entienda que no se pretende crear aquí una empresa pública.

SEÑOR ORTIZ. - Convengo en que vale la pena que esto conste en la versión taquigráfica. Sin embargo, me parece difícil que podamos disimular con palabras el hecho de que los bosques de rendimiento -y ya su nombre lo dice- explotados por el Estado, no tengan que serlo mediante operaciones de aserrar, de formación de tablones, de venta de los mismos, etcétera. Considero que el Estado no va a permitir que el bosque crezca sin ser explotado.

Precisamente, aquí estamos hablando del hecho de emprender esa tarea y en qué va a consistir.

SEÑOR ZUMARAN. -. ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que estos bosques no son propiedad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo que sí tiene dicho Ministerio -a través de la Dirección Forestal- es la guarda de estos bienes. Si bien en este momento no tengo el inventario de los que pertenecen al Estado, puedo decir que el Ministerio es propietario de una reducida superficie de ellos, mientras que el Banco de Seguros del Estado -que puede realizar operaciones comerciales e industriales- es quien posee la mayor parte de dichas tierras.

Además, en este proyecto, el término explotación del bosque -si bien no excluye que llegado el momento haya que vender o comprar algún bien- está utilizado en el sentido de manejo del mismo y es, en este caso, sinónimo de mantenimiento y conservación de las tareas agrícolas a que da lugar, o sea, raleos, combate de plagas, no sólo las que afectan a otros cultivos, sino las que pueden perjudicar al propio bosque.

Por lo tanto, considero que no debe tomarse el término explotación en el sentido que le dan otras acepciones del Derecho, que pueden inducir a pensar en una explotación comercial o industrial.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir- el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Creo que el tratamiento de este tema implica -y los señores senadores deben entenderlo así- la incorporación a un proyecto de ley, de una realidad que existe en el país -más precisamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la Dirección Forestal- desde que el Estado ha tenido bosques a su cuidado.

Por regla general, si los raleos son de menor cuantía, el Estado -ya sea a través de la Universidad del Trabajo, de la UTE, de OSE, organismos todos que poseen bosques utiliza peones pertenecientes a esos Servicios o bien contrata personal zafral. En cambio, cuando se trata de casos de mayor envergadura, se llama a licitación y las operaciones se realizan de acuerdo a normas técnicas.

El presente proyecto no pretende, con esto, crearle al Estado la obligación de transformarse en un forestador, en un explotador de bosques, con destino industrial o comercial. Por supuesto, cuando la leña se corta, se vende, es un provento y, por lo tanto, recibe ese destino. Lo mismo sucede durante la ampliación de las carreteras en que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ve obligado a hacer que la empresa que realiza la obra, corte los árboles, los que, una vez cortados, se venden y son, a su vez, proventos. Reitero que este proyecto, bajo ningún concepto pretende alterar lo que es de uso en la materia. Esta práctica es antigua en la vida del país; existe una tradición administrativa, que va desde los viveros que manejan los municipios del interior, el Ministerio de Obras Públicas, la Universidad del Trabajo o algunos Entes Autónomos, hasta el control, manejo, cuidado y tratamiento adecuado de las masas forestales a cargo del Estado.

La Comisión sólo pretende transferir al proyecto, funciones y obligaciones administrativas que ya existen y están en manos de la Dirección Forestal.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no había hecho ninguna observación a este artículo porque consideraba que íbamos a entrar en un tema que, desde el punto de vista jurídico, es de difícil o imposible solución.

Comparto en un todo lo que, en el plano de los hechos, ha señalado el señor senador Batlle. No creo que el proyecto quiera innovar nada sobre una situación que existe en nuestro país desde tiempo inmemorial, ya que el Estado es propietario de bosques desde hace muchísimo tiempo y siempre se debe haber realizado algún tipo de explotación. O sea, que la propia actividad forestal genera ingresos que no son regulares, es decir, que se realizan en forma aperiódica, si es que esta palabra corresponde.

Sin embargo, y ya que el señor senador Ortiz hizo una objeción de carácter constitucional, considero que, en puridad, tiene razón. Si hay ingresos es porque hay operaciones comerciales, porque hay ventas; si hay ventas, la actividad tiene esa naturaleza y, entonces, de acuerdo al artículo 185 de la Constitución, debería realizarla un organismo con cierto grado de descentralización, ya sea un Ente Autónomo o un Servicio Descentralizado. Creo que, desde el punto de vista jurídico, esto no se soluciona diciendo que si hay una explotación comercial, ésta la va a realizar un Ente Autónomo. En ese caso, yo preguntaría cuál. Pienso que, en tal caso, habría que crearlo o bien modificar la Ley Orgánica de alguno de los Entes Autónomos existentes a fin de darle ese cometido. Considero que esto sería complicar tremendamente las cosas. Por lo tanto, aunque no me gusta proceder de esta manera, creo que tenemos que aceptar una realidad que bordea lo que es estrictamente jurídico y constitucional ya que, de lo contrario, no tenemos manera de solucionar el problema. Si no procedemos de esta forma, ¿qué vamos a hacer con los bosques que ya son propiedad del Estado? Si se trata de bosques de rendimiento, no vamos a dejar que sigan creciendo, sin realizar las operaciones que corresponden y perdiendo los ingresos que su explotación implicaría. Ello sería absurdo. Repito que no advierto cuál es la solución jurídica para este problema. Si bien creo que, en puridad jurídica, tiene razón el señor senador Ortiz, no veo qué solución podemos proponer para resolver el problema. Repito, también, que no me gusta dar mi voto para aprobar una disposición que no sea constitucional, pero opino que aquí no existe la intención de violar la Constitución.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE - Señor Presidente: quisiera preguntar en función de qué disposiciones constitucionales, jurídicas o administrativas se generan proventos por parte de la Administración Central en el ejercicio natural de su función administrativa.

Pienso que éste es un caso típico de generación de proventos. No se trata de un contrato permanente, sino del ejercicio de la función. No es permanente porque no siempre en una masa forestal existe la necesidad de cortar los árboles. Tampoco se trata de una actividad comercial, porque el fin de plantar y de cuidar el bosque no es el de explotarlo. Esta tarea, o sea ralearlo o cortarlo, es la consecuencia del ejercicio de una obligación administrativa; es el objeto de la acción administrativa; no es un acto de comercio, sino el cumplimiento de los fines que tiene establecidos la Dirección Forestal relativos a un bien del patrimonio público.

Es como si dijéramos que los árboles de Montevideo tienen que ser podados por un Ente Autónomo, porque el objeto es para vender la madera. No se trata de eso, sino del cumplimiento de una función administrativa.

Hay un bosque que es del Estado, que necesita ser raleado y lo único que se podría hacer es ralearlo por su cuenta y hacer donación; pero esto tampoco se puede efectuar, si no es por una disposición administrativa. En este caso no se trata nada más que de eso. A mi juicio, no hay ninguna obligación de carácter constitucional, porque, ¿cuál es el objeto de un Ente Autónomo, comercial o industrial? Su función es ejercer actos de ese carácter.

¿Cuál es el cometido de la Dirección Forestal? Mantener y proteger el bosque ¿Cuál es la función inherente a dicha protección? Ralearlo, talarlo, cuando es necesario.

Esto genera un provento, de los muchos que se originan en la administración pública.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: me pongo en la misma posición del señor senador Aguirre y, además, voy a votar este artículo. Pero que no se nos diga que el objeto es otro. ¿Qué sentido puede tener la explotación de un bosque de rendimiento? Si la Dirección Forestal se limitara a cuidarlo, no estaría cumpliendo con el mandato de la ley, porque no es un bosque de conservación sino de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que explotarlo, extraer ganancias y venderlo. Eso es lo que tiene que realizar directamente la Dirección Forestal de acuerdo con este proyecto de ley, no por intermedio de una licitación. Entonces, está ejerciendo un acto de comercio y, si se quiere, uno industrial. Pero no hago cuestión y no hablo más de este asunto. Pero tampoco es mi deseo que se quiera hacer parecer que esta es una posición disparatadamente jurídica, porque para mí es bastante razonable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Deseo señalar muy brevemente, señor Presidente, que el entendimiento de la disposición está en la línea de lo que hacen otras Direcciones de distintos Ministerios. En el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay establecimientos, como, por ejemplo, La Estanzuela o Rubino, donde se producen semillas o se fabrican vacunas y las experimentan; pero existe un saldo que tienen posibilidades de comercializar. Ellos lo hacen y generan proventos que tienen un destino específico.

El inciso c) del artículo 53 del proyecto de ley dice: "El producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones o proventos que deriven de la gestión del Patrimonio Forestal del Estado". Para realizar esto hay un mecanismo que está establecido en el artículo en discusión. No sé si esto roza o no alguna disposición constitucional, pero es un hecho frecuente y múltiple en toda la administración pública.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: para finalizar, deseo efectuar una pequeña aclaración, a los efectos de ver si podemos disipar los temores.

Cuando se hace la calificación de los bosques y se establece los que son protectores, de rendimiento o generales, ello se debe a la relación que existe entre el bosque y la tierra en la cual se implanta. El bosque protector es aquél que se implanta sobre una tierra que se quiere cuidar a los efectos de que la erosión -u otros factores- no genere mayores pérdidas al suelo o a otros recursos naturales vitales; el de rendimiento es aquél que tenga por fin principal la producción de materia leñosa o aleñosa. Esto no quiere decir, necesariamente, que sean para ser explotados comercialmente. En mi propiedad puedo plantar 500 hectáreas de un bosque de rendimiento, porque no está en una zona caracterizada como destinada a ser conservada por el suelo, el agua u otros recursos renovables; y a tener un bosque calificado como de rendimiento a los efectos de este proyecto de ley y no transformarlo en un aserradero. Si mañana el Estado tiene una propiedad fiscal y ésta es una tierra normal -que no es de las calificadas como beneficiadas por este proyecto de ley, en cuanto a sus calidades- y la Dirección Forestal, el Estado, o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca entienden que es bueno y útil que dicha tierra sea plantada con 100 hectáreas de roble -o de cualquier otra variedad noble- lo hacen porque significa riqueza para el país. A los 25 ó 30 años es posible que haya necesidad de ralearlos. La diferencia consiste en la calificación de bosques de rendimiento o protectores, en función de su relación con el terreno y la condición sobre la cual se planta; pero no necesariamente -para el caso de este proyecto de ley- los bosques de rendimiento están unidos a una explotación comercial o industrial. Son calificados como tales porque no son bosques protectores. Cuando el Estado tiene un terreno fiscal -a lo que hacía referencia el señor senador Ortiz- que quizás podría ser destinado a una explotación ganadera pero que por alguna razón, como una donación modal, no puede desprenderse del patrimonio del Estado y no lo puede arrendar, lo planta y lo tiene que ralear y, en algún momento lo tiene que cortar y podar. Pero el objeto de esa plantación no es obtener un bosque identificado -a los efectos de la clasificación- como de rendimiento, sino hacer de eso uno destinado y plantado para una explotación comercial o industrial. Para mí hay una conjunción de dos interpretaciones que se superponen y dan lugar a esta inquietud formulada por el señor senador Ortiz. La calificación es así, pero el destino y el objeto no lo son. Quizás podríamos haber establecido una cuarta categoría de bosques: los plantados por el Estado en tierras fiscales con el objeto de enriquecerlas, que no sean bosques protectores. Esto se puede dar y existen algunos en el país.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: Creo que ha quedado muy clara cuál ha sido la intención de los textos que estamos considerando.

Para ser coherente y mantener el contexto de este proyecto de ley, propongo que en el artículo 2º de donde dice: "Los ingresos" diga "Los proventos", lo cual relacionaría esta disposición con el literal c) del artículo 53, que es el que habla de la formación del Fondo Forestal. Allí se indica expresamente la expresión "proventos".

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: propongo votar este capítulo con las siguientes modificaciones.

En el artículo 19 -atendiendo a las observaciones formuladas por el señor senador Aguirre- quitaría el inciso 1º que dice: "Los bosques que integran el Patrimonio Forestal del Estado serán parques nacionales o bosques fiscales". En el inciso 3º pondría: "Los demás bosques fiscales", es decir que le agregaría: "demás".

SEÑOR BATLLE. - De acuerdo.

SEÑOR ZUMARAN. - En el artículo 20, aceptando la sugerencia formulada por el señor senador Fá Robaina, sustituiríamos el término "ingresos" por "proventos".

Por último, pienso que el artículo 22 debería eliminarse, porque esta declaración de utilidad pública fue incluida cuando analizamos el artículo 14.

Considero, señor Presidente, que el capítulo se podría votar con las modificaciones que he mencionado.

Se había hecho alguna modificación más en el artículo 18, por la cual se diría: "En el caso de los parques nacionales se deberá permitir el uso por el público en general", suprimiéndose el resto de la frase. Entiendo que ese texto había sido aceptado para eliminar la utilización del término "concesión" que podría resultar equívoco.

Tengo también aquí una anotación con respecto al artículo 20. En el tercer renglón comenzando desde abajo, se diría: "a su vez con cargo al mismo fondo".

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor Presidente?

Advierto que en el artículo 21 se habla de las operaciones de deslinde y el señor Presidente recordará que cuando consideramos el artículo 10 se suscitó un gran debate con respecto a este problema del deslinde referido a las operaciones que, en su ejercicio profesional deben realizar los ingenieros agrimensores, por cuya causa, se resolvió hacer referencia simplemente a las "operaciones de calificación". Por consiguiente, creo que en el segundo parágrafo de este artículo habría que decir que "el patrimonio forestal del Estado será clasificado por la Dirección Forestal de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10", continuando luego con la misma redacción.

SEÑOR BATLLE. - Estamos de acuerdo con la sugerencia que acaba de hacer el señor senador Aguirre.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Entiendo que la supresión del artículo 22 que plantea el señor senador Zumarán es en el entendido de que lo dispuesto en el artículo 14 en cuanto a la expropiación incluye la declaración de utilidad pública. ¿Es así?

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Eso queda dicho en la nueva redacción que tiene el artículo 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el Título III, que comprende los artículos 17 a 21 -porque el 22 se suprimió- con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el Título IV, Capítulo 1, que comprende los artículos 23 -que pasa a ser 22- a 36, que pasa a ser 35.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo hacer una observación de carácter gramatical y formular una pregunta de fondo.

En varios artículos consecutivos se habla de la "corta". Me parece que debería hacerse alusión al "corto"’ Quizá la primera sea una expresión corriente en materia forestal, pero desearía que se me aclarara ese aspecto.

SEÑOR ZUMARAN. - Se trata de un término de uso corriente en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor secretario El Helou está consultando el diccionario y me señala que corresponde decir la "corta".

SEÑOR AGUIRRE. - En ese caso, retiro la observación.

Por otra parte, en el artículo 27, los Gobiernos Departamentales aparecen con minúscula, cuando deben figurar con mayúscula.

Pero el problema de fondo que me interesa plantear es el siguiente. En el artículo 23, la prohibición se refiere solamente a la destrucción de los bosques protectores. ¿No sería razonable que esto incluyera también a los bosques de rendimiento? ¿Se quiere decir que a "contrario sensu" está autorizada la destrucción de los bosques de rendimiento?

SEÑOR ZUMARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - El bosque de rendimiento esta plantado en tierras de aptitud forestal a efectos, fundamentalmente, de ser sometido a su explotación comercial e industrial. Con motivo de esa explotación, se puede llegar a hacer desaparecer el bosque. Lo normal es que cuando se corta un bosque, algunas especies rebrotan y otras no. Por eso, sería de desear que la tarea forestal continuara. Pero puede llegar el momento en que un bosque desaparezca y en su lugar no sea plantado otro. ¿Por qué? Porque la finalidad allí es la explotación. Sin embargo, en el caso de los bosques protectores, como preservan una utilidad pública que es la de conservar los recursos naturales renovables, su explotación, que es lícita y legítima, debe hacerse con características particulares, porque allí sí la destrucción no es posible. Por lo tanto, su explotación no puede llegar al extremo de la desaparición o destrucción del bosque.

No sé si con esta explicación he dado satisfacción a la inquietud del señor senador Aguirre.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Entiendo que la inquietud el señor senador Aguirre viene a cuento porque en la Ley Nº 13.723 estaban incluidos los bosques de rendimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12. Si se quiere ser congruente ahora, como se eliminó esa referencia a los bosques de rendimiento del artículo 12, que mandaba forestar obligatoriamente, deben quedar solamente los protectores.

SEÑOR ORTIZ.- En primer lugar, debo decir que me llama la atención el artículo 35 por el que se sustituye el inciso 3º del artículo 12 del Código Rural. La diferencia radica en que éste último establecía que los postes debían ser de madera dura, mientras que aquí -en una ley de estímulo a la forestación- decimos que podrán ser de madera o de otro material. Parecería, entonces, que en lugar de promover el uso de la madera, estamos facilitando que se empleen otros materiales.

En cuanto al artículo 30 y siguientes que se refieren a los incendios, no sé si la Comisión habrá oído por lo menos a la Dirección Nacional de Bomberos, que últimamente ha tenido intervención en incendios de bosques, en la zona de lo balnearios.

Pienso que en el estado actual esa Dirección no debe tener los medios para atender la prevención de siniestros de este tipo en los bosques de toda la República. De cualquier manera, estimo que la suya sería una opinión autorizada a tener en cuenta.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE.- La Dirección Forestal está en permanente contacto con la Dirección Nacional de Bomberos. Ambos organismos dependen del Poder Ejecutivo y las normas que se han de establecer serán consecuencia del acuerdo que de ellos resulte. Por lo tanto, no podíamos incorporarlas a la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Estamos apenas a dos minutos de la hora establecida para la finalización de la sesión.

Si no se hace uso de la palabra, podríamos aprovechar ese tiempo para votar los artículos 22 a 35 inclusive, en la nueva numeración.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa

SEÑOR OLAZABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en la sesión anterior en que tratamos esta ley, habíamos hecho una especie de compromiso en el sentido de terminar su consideración en el día de hoy. Creo que eso no va a ser posible pero de cualquier manera mocionaría para prorrogar el término de la sesión aunque sea por una hora más.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: lamentablemente no voy a poder permanecer en Sala por motivos particulares, pero pienso que mi presencia no es necesaria dado que está presente el miembro informante señor senador Zumarán. Por tanto, estoy a lo que el Senado resuelva. Sin embargo, creo que con el ritmo que llevamos, no vamos a poder finalizar dentro de una hora el análisis de este texto legal. Me parecería más adecuado, entonces, seguir el procedimiento natural y reanudar el estudio de este tema en la sesión de mañana, en la que procuraremos concluirlo.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - En el día de mañana debemos considerar las venias.

SEÑOR BATLLE. - En ese caso, terminaríamos con este proyecto y luego trataríamos las venias. De lo contrario, podríamos fijar una sesión extraordinaria para el día lunes o el viernes. Pero creo que lo más adecuado es mantener el orden que nos hemos impuesto dentro del horario de trabajo, dado que además debemos considerar la Rendición de Cuentas y cumplir otras actividades.

SEÑOR OLAZABAL. - Retiro la moción, señor Presidente.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. Se levanta la sesión.

(Así se hace siendo la hora 21, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los Señores senadores: Aguirre, Batlle, Capeche, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, Gargano, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pozzolo, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

DR. ENRIQUE E. TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.