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Nº 199 - TOMO 307 - 4 DE AGOSTO DE 1987

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

31ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE E. TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Defensa Social contra la delincuencia.
- Iniciativa del señor senador Cersósimo.

5 y 16) Recurribilidad de los actos del Parlamento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Exposición previa

- Solicitud del señor senador Aguirre para realizarla en la sesión del día martes 11 de agosto.
- Constancia de la Mesa.
- Se resuelve incluirla en primer término del orden del día de la sesión del próximo martes.

6 y 16) Poder Judicial. Su situación actual. Exposición escrita

- Solicitud del señor senador Batalla.
- Constancia de la Mesa.
- Se resuelve incluirla en segundo término del orden del día de la sesión del próximo martes.

7) Cultivo de remolacha azucarera en el sur del país. Reunión realizada en la localidad de Montes

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

8) Termas del Arapey. Plan director para el crecimiento armónico de la zona

- Exposición del señor senador Fá Robaina.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios de Defensa Nacional y de Turismo.

9) Endeudamiento externo de la República

- Exposición del señor senador Pereyra.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras.

10) Apicultura

- Exposición del señor senador Olazábal.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino al Plan Granjero y al Instituto Rubino.

11) Hogar Uruguayana

- Exposición del señor senador Batalla.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Montevideo.

12) Senador Francisco Terra Gallinal

- Manifestaciones del señor Presidente con motivo de su incorporación al Cuerpo.
- Agradecimiento del señor senador Terra Gallinal.

13) Operación Unitas XXVIII. Autorización para hacer escala en Montevideo a 5 unidades de la Armada de los Estados Unidos de América y una de la Armada de la República Federativa de Brasil. Alteración del orden del día

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado.
- Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) II Encuentro de Legisladores y Representantes Parlamentarios Provinciales y Nacionales de América Latina. III Jornadas de Informática al Servicio del Derecho. Invitación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires

- En consideración.
- Se resuelve, por moción del señor senador Lacalle Herrera, encomendar a la Mesa, para que en consulta con la Comisión Especial de Política, Informática y Prospectiva, designe el o los delegados que concurrirán a dicho evento.

15, 17 y 19) Normas para el desarrollo forestal

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

18) Término de la sesión

- Se resuelve, por moción del señor senador Ferreira, prorrogarlo hasta que finalice su exposición el señor senador Gargano.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de agosto de 1987.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 4, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) Por el que se establecen normas para el desarrollo forestal.

(Carp. Nº 542/86 - Rep. Nº 92/87)

2) Por la que se autoriza las escalas en el puerto de Montevideo de cinco Unidades Navales de los Estados Unidos de América y una de la República Federativa de Brasil, para participar en la Operación Unitas XXVIII, entre el 7 y 16 de setiembre de 1987.

(Carp. Nº 822/87 - Rep. Nº 95/87)

3) Por el que se regula la expedición del permiso de caza.

(Carp. Nº 438/85 - Rep. Nº 91/87)

4) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. Nº 803/87 - Rep. Nº 93/87 - Plazo constitucional vence el 13 de setiembre de 1987)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntín, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Olazábal, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra Gallinal, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTA con licencia el señor senador Cigliuti.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 12 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 4 de agosto de 1987.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta de haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se autoriza al señor Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Ricardo Zerbino, a suscribir los instrumentos propuestos por la Agencia para el Desarrollo Internacional, que constituyen una enmienda al Convenio de Asistencia Financiera Nº 528-K-601.

por el que se amplía el Presupuesto de Inversiones - 1987 - Ministerio de Economía y Finanzas - el Proyecto 752, por un monto de U.R. 6.096,79.

por las que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, del pago de recargos, excepto el mínimo, del Impuesto Aduanero Único a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos y de Tasas Consulares, a la importación de: 100 pares de pivotes con traba; partes para un ascensor; 12 cilindros de óxido de etileno; ocho cilindros de óxido de etileno de 135 libras y material para equipo de diagnóstico pulmonar.

por las que se exonera al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, del pago de todo recargo para la importación de 70 lámparas 24v/59w para uso en equipos dialíticos y para importación de un condensador de aire acondicionado y de material para equipo de diálisis renal.

por la que se libra Orden de Pago a favor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para atender la organización del XII Seminario Panamericano de Semillas a realizarse en el Uruguay en el mes de noviembre.

por la que se autoriza la transposición de rubros dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

por la que se libra Orden de Pago a favor de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE).

por la que se autoriza a la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Secundaria) a disponer de la suma de N$ 3:089.718,00 para hacer efectivo el pago establecido por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la Prof. Justa Celestina Trías.

por la que se autoriza a la Embajada de su Majestad Británica la exoneración de todo impuesto para la importación de bebidas destinadas a la degustación en la Muestra Agro-Industrial a realizarse en la Rural del Prado.

por la que se modifica el artículo 2º del decreto de 2 de julio de 1987, que modifica el Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional, en lo que tiene que ver con las Unidades Ejecutoras 073 y 080.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor del Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) para atender la reposición del equipo dañado por el incendio en los estudios y planta emisora del Canal 5; y a librar Orden de Entrega a favor de la Corte Electoral a efectos de atender los gastos que demande la realización de las elecciones en la Universidad de la República.

-Ténganse presente y archívense.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionada con la falta de disponibilidad de rubros.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionada con las Ordenes de Entrega Nos. 802.166, 100.133 y 100.603.

De la Universidad de la República: relacionada con la adquisición de productos químicos.

Del Ministerio de Educación y Cultura: relacionada con certificación de deudas.

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionada con certificación de deudas, contratación de la Dra. Genta y relacionada con la compra de 50 medidores de gas.

Del Banco de Previsión Social: relacionada con varias Ordenes de Pago y la liquidación de sueldos de los meses de enero, febrero y marzo del corriente año.

Del Banco de Seguros del Estado: relacionada con exceso sobre el duodécimo autorizado.

De la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland: relacionada con la Licitación Pública Nº 1/0064 y compra directa de mangueras a vapor.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionada con certificación de deuda; Orden de Entrega Nº 502.147; reserva de espacio de estacionamiento; Licitación Pública Nº 57/87 y compra directa de dos transformadores de potencia.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Juan Raúl Ferreira, sobre la situación en el Hospital de Trinidad.

-A disposición del señor senador Juan Raúl Ferreira.

El mismo Ministerio acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, sobre el precio de los combustibles para los grandes consumidores.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El mismo Ministerio acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Carminillo Mederos, relacionadas con la emanación de gases tóxicos de una planta recuperadora de sal en la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia.

-A disposición del señor senador Carminillo Mederos.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionada con el Seguro de asistencia médico hospitalaria de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y posible intervención del Banco de Seguros del Estado.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 1986.

(Carp. Nº 842/87)

-A la Comisión de Presupuesto integrada con la Comisión de Hacienda.

La Cámara de Representantes remite la fotocopia autenticada de la Resolución aprobada por dicha Cámara, adjuntando el Informe de la Comisión Especial para el Estudio de la Situación del Frigorífico Cruz del Sur, con destino a la Comisión Especial en Materia de Industrialización y Comercialización de Carnes.

-A la Comisión Especial en materia de industrialización y comercialización de carnes.

El Secretario General de la Unión Interparlamentaria remite nota relacionada con la realización de la Conferencia Interparlamentaria sobre Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas en el Hemisferio Occidental, a celebrarse del 9 al 13 de noviembre de 1987, en Caracas.

(Carp. Nº 844/87)

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, remite telex invitando al señor Presidente e integrantes del Senado al "II Encuentro de Legisladores y Representantes Parlamentarios Provinciales y Nacionales de América Latina", a realizarse entre los días 6 y 8 de agosto, en la Ciudad de la Plata, en el marco de las "III Jornadas de Informática al Servicio del Derecho".

(Carp. Nº 845/87)

-A la Comisión Especial de Política, Informática y Prospectiva.

El señor senador Pedro W. Cersósimo presenta con exposición de motivos un proyecto de ley sobre defensa social contra la delincuencia.

(Carp. N° 843/87)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor senador Gonzalo Aguirre, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, solicita se curse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un pedido de informes relacionado con la cantidad de máquinas necesarias para la ejecución de obras con que cuenta dicho Ministerio.

-Procédase como se solicita.

El señor senador Guillermo García Costa, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

Al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con texto de la Resolución por la que se autoriza a suscribir el "Convenio de Refinanciación de la Deuda Externa";

Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con los Convenios celebrados por ese Ministerio desde el 1º de marzo de 1985, a la fecha, y

Al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el ingreso de funcionarios en la temporada 84/85 en el Casino de Punta del Este.

-Procédase como se solicita.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República y la República de Colombia el 2 de agosto de 1987.

(Carp. Nº 342/87)

-Repártase."

4) PROYECTO PRESENTADO

"Carp. Nº 843/87

DEFENSA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un hecho inocultable el de que, en los últimos tiempos, ha proliferado la delincuencia.

En realidad, este auge delincuencial está presidido, sustancialmente, por una nota invariable: la violencia, la que no se detiene, muchas veces, nada más que en el homicidio.

Las rapiñas brutales y reiteradas, las violaciones, los homicidios para hurtar y -últimamente- la forma más novedosa incorporada al catálogo (el "copamiento" y rapiña en domicilios y comercios) amerita a una consideración urgente y descarnada del problema.

No puede contentarse la sociedad con las declaraciones académicas de algunas importantes jerarquías con responsabilidad en la especie, en el sentido de que la situación puede conjurarse con la mera aplicación de las medidas administrativas que afecten sobre todo al régimen penitenciario, o de que hay que tener en cuenta la proliferación de los espectáculos de violencia que se tramiten a través de los programas televisivos.

Sin perjuicio de tomar muy en cuenta las ponderaciones que hemos considerado, lo cierto del caso es que la legislación positiva se encuentra debilitada como sistema de lucha contra la delincuencia.

La Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, suprimió el instituto de las medidas de seguridad eliminativas, con lo cual el régimen dual (penas, más medidas eliminativas) para delincuentes peligrosos, sufrió el más certero golpe de muerte. Nuestro Código Penal integró los medios represivos de lucha contra la criminalidad, incorporando, junto a las penas, los medios de prevención de la delincuencia: las medidas de seguridad eliminativas.

Y precisamente estas medidas han sido erradicadas (Ley Nº 15.737: art. 19) lo que es inoportuno porque aumenta el estado de indefensión social que actualmente se percibe, movido por una delincuencia audaz y proliferante que florece por la desintegración de los medios de lucha que antes la gravaban.

Las medidas de seguridad eliminativas son una defensa contra el peligro de nuevos delitos por parte del sujeto peligroso autor del ilícito: las penas reprimen y previenen contra el peligro de nuevos delitos y se dirigen no sólo contra quien delinquió sino que advierten a toda la colectividad. Por ende, las medidas eliminativas refieren a la prevención especial mediante la eliminación social del sujeto peligroso que se considera que así obtendrá una adaptación. La pena atiende, también, a la prevención especial mediante la eliminación con adaptación pero, además, mira a la prevención general mediante intimidación.

El espectáculo de los delincuentes habituales (en la reiteración o en la reincidencia), esos que a veces cargan con 12 ó 15 rapiñas, por ejemplo, cuando son procesados por enésima vez, sin el freno de las medidas eliminativas, son el signo de la deficiencia. Las penas que se imponen a veces son irrisorias y otras veces entre libertades provisorias, amnistías y gracias, se reduce su margen de aplicación al punto de que su fin de intimidación se hace ineficaz.

Si en el pasado, los habituales no recibieron preceptivamente la declaración de habitualidad y la condigna aplicación de medidas de seguridad como lo ordenaba el Código Penal (Art. 48 inc. 3º), ello radicó en una falla humana y en el criterio de algunos jueces. Lo que se quiere evitar en el futuro.

Las medidas eliminativas representan la peligrosidad cristalizada; por eso su aplicación impidió, en una época, que prosperaran los institutos de política criminal de las libertades condicional y anticipada. Precisamente por eso es que pretendemos dar mayor prudencia a la consecución de estos beneficios.

Para la mejor inteligencia de lo expuesto nos hemos explayado sobre los diferentes puntos, según lo expresado por el español OLESA MUÑIDO en su excepcional monografía: "Las Medidas de Seguridad".

Todo lo que hemos expuesto conduce a la afirmación de que la erradicación de las medidas eliminativas de nuestro Código ha sido anticientífica y, además, de una clara inoportunidad. Los delincuentes se han sentido, sin duda, tonificados por esta derogación con que se consideran beneficiados. Por eso nos pronunciamos por el alcance de una disposición como la que contiene el artículo 1º, restableciendo el instituto.

El artículo 2º se vincula íntimamente con lo que ya expusiéramos. La benignidad que empezara a demostrar el art. 328 del Código del Proceso Penal, en 1980 y la acentuación de esta benignidad con la redacción del art. 21 de la Ley Nº 15.737, en realidad son aspectos contributivos a la proliferación de la delincuencia por el debilitamiento de la intimidación y de la enmienda de quien delinque.

Por eso preferimos el restablecimiento del texto y filosofía de la Ley Nº 10.753, por los que tanto bregara el inolvidable DARDO REGULES. Además de la sobriedad para la consecución de la libertad anticipada (concedida al penado privado de libertad al sufrir la sentencia), las medidas de seguridad eliminativas son obstáculos para el otorgamiento del beneficio.

Resulta obvio que si estamos frente a un habitual, frente a un profesional del delito o frente a un homicida de excepcional peligrosidad, esta situación debe merecer el apartamiento del grupo social, para defensa del mismo, del sujeto peligroso, lo que no se logra, en la situación actual, con el instituto de la libertad anticipada, tal como rige.

Nos decidimos, igualmente, por la rebaja del índice de imputabilidad penal, pero, para ello, sostenemos un criterio de flexibilidad en su determinación, con lo que recogemos, en este artículo 3º, requerimientos que fueron formulados en nuestro medio por conspicuos especialistas en minoridad y muy destacados juristas.

Sobre la cuestión ya decía, hace treinta años, el Dr. Evangelista PEREZ DEL CASTILLO, que, además de un muy destacado magistrado penal, fue Presidente del Consejo del Niño: "La solución no se haya en poner un límite fijo a la inimputabilidad para aplicar invariablemente a quienes no han alcanzado, solamente medidas educativas, sino establecer un período de tiempo que puede ser de los 15 a los 18 años, durante el cual podría considerarse imputable al que, además de ser peligroso e incorregible, haya demostrado poseer capacidad para apreciar el carácter ilícito del acto y de determinarse según su verdadera apreciación. (Art. 30 Código Penal).

"Ahora los menores logran el desarrollo mental, con más rapidez que antes por obra de la evolución de los tiempos modernos"... y prosigue el Dr. PEREZ DEL CASTILLO, "...es frecuente ver jóvenes que antes de los 18 años han alcanzado un porcentaje de capacidad delictual que los hace altamente peligrosos".

Y prosigue el distinguido compatriota: "Se contemplan mejor los fines de seguridad social de la legislación represiva, permitiendo el apartamiento total de los delincuentes incorregibles, aunque sean fisiológicamente menores. Igual sucede con los delincuentes mayores, pues, frente al delito, el primer deber de las autoridades es neutralizar a los autores e impedir que vuelvan a ser peligrosos". (ver. REVISTA DE CRIMINOLOGIA Año 2 Nº 4, 1956, pág. 39 y ss.).

Por su parte, el Dr. GUALBERTO PI, que fuera ilustre Ministro del Tribunal Penal, ha expresado: "La premisa de que los menores de 18 años deben ser apartados de toda pena es susceptible de observaciones y, en ciertos casos, peligrosas para la seguridad social". "Se trata" -prosigue- "de aclarar quienes son menores y quienes no lo son"... "bajo el aspecto moral y penal, de tal modo que la separación entre unos y otros muy bien puede estar dada con más exactitud por un período de tiempo".

"En efecto, existen situaciones en las cuales el menor requiere un tratamiento penal"... "como el que ha alcanzado un grado de madurez moral propia de los mayores, que le permite actuar como éstos y por lo tanto, conforme a su conducta, sólo cabe aplicarle penas". (REVISTA DE CRIMINOLOGIA CIT. Pág. 26).

El Dr. JUAN ANDRES RAMIREZ en un editorial de su diario "El Plata", de fecha miércoles 4 de abril de 1956 y que tituló: "De Urgencia", dijo, entre otras muchas tremendas verdades: "Bien puede suceder y sucedió en los últimos años, que menores de 18 años actúen con un discernimiento y una madurez tales que sería un error y una omisión, en la defensa social, no considerarlos como verdaderos delincuentes".

"Hay que darle, pues, al Juez, el instrumento legal necesario para apreciar, en cada caso concreto, si un menor de 18 años y mayor de 16, es o no psicológicamente capaz de ser sujeto de derecho penal. Tal reforma no sería revolucionaria porque el mismo Código, para los casos de mayores y, en principio, plenamente responsables, confiere al magistrado la facultad de declarar la inimputabilidad del que delinquió, si, a su juicio, concurren circunstancias que la justifican, como cuando se trata de un anormal o de un sujeto en estado de ebriedad absoluta".

El distinguido periodista y eximio jurista sostuvo que había que dar "...a la justicia, la facultad de rebajarlo (Se refiere al límite de inimputabilidad)... en las situaciones de jóvenes que alcanzan antes una madurez mental".

Por su parte, ya en monografía especializada, el maestro español CUELLO CALON, decía: "Entre los muchachos que se hallan en los últimos años de la adolescencia y en la frontera de la juventud, se encuentran jóvenes delincuentes peligrosísimos, asesinos, ladrones con violencia, profesionales incorregibles, contra los que la sociedad necesita defenderse con medidas de eficaz protección social que sólo es posible hallar en reclusiones de larga duración". ("Criminalidad Infantil y Juvenil", págs. 111 y 114).

Es por eso que sostenemos la rebaja del límite de la imputabilidad y aún lo flexibilizamos para que se acrimine el delito si -además- a los 15 años el menor fisiológico tenía capacidad de querer y de entender la ilicitud de su acto, lo que patentizaría su discernimiento de la criminalidad con la que pudiere haber actuado.

Centramos, en el artículo propuesto, la médula de la cuestión en el discernimiento y acogemos, para ello, las más modernas posiciones. "Este concepto es moral además de cognitivo, porque se espera que el sujeto con discernimiento sea capaz de conocer no sólo una realidad normativa objetiva, sino también de otorgar valor moral o de juzgar moralmente actos, situaciones o personas, aún cuando no se conozcan las normas respectivas. Apunta a una forma específica de distinguir el bien del mal; se refiere al valor moral orientado por las normas legales objetivas que rigen el orden social establecido y que consideran algunos actos como punibles". (BASCUÑAN VALDES: "La Responsabilidad del Menor", Vol II, págs. 355-6, Sgo. de Chile, 1974).

El colombiano ALFONSO REYES, desapareció trágicamente el año pasado, en un notorio episodio terrorista, adhiere a la tesis que sustentamos en nuestro proyecto y, respecto de nuestros conceptos -similares a los suyos en cuanto a discernimiento- expresa: "que debe entenderse también en sentido jurídico como capacidad de distinguir la licitud o ilicitud de la propia conducta y de obrar conforme a esa distinción, que supone, obviamente, comprensión de los valores ético-jurídicos, insitos en los conceptos de bueno y malo, lícito e ilícito" (REYES: "La Imputabilidad", Bogotá 1979, pág. 134).

Al igual que los juristas compatriotas ya citados, que se pronuncian en contra de límites rígidos e inflexibles en materia de inimputabilidad, afirma RAIMUNDO DEL RIO: "No es lógico ni científico fijar una edad determinada y precisa como principio de la irresponsabilidad o como límite entre ésta y la responsabilidad porque ello pugna con las leyes naturales, en cuya virtud no hay ningún ser que alcance un desarrollo mental dado el mismo tiempo que otros, o en una edad fija común a todos " (DEL RIO: D. PENAL, Nascimiento, Santiago 1935, tomo II, pág. 153)

Todo aconseja seguir, pues, el criterio mixto: entre los límites, fijados por texto legal, la imputabilidad o inimputabilidad del sujeto dependen del estudio que particularmente se haga respecto del discernimiento.

No es ocioso señalar, que el moderno Código Penal de Colombia, de 1980, establece la inimputabilidad sólo para quienes no hayan cumplido 16 años (art. 34), en tanto que el Código Penal de Portugal, de 1983, dice más o menos lo mismo: "Los menores de 16 años son penalmente inimputables" (art. 19).

Con relación al llamado criterio mixto por el que se decide el proyecto, recuerda ALFONSO REYES que utilizan este criterio, entre otros, los Códigos Penales de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela (ob. cit. pág. 136).

La razón de ser del artículo 4º es en respuesta, por la intensidad del dolo directo a delinquir, puesto de manifiesto por quienes, de una u otra manera, se prevalecen de menores inimputables en el delito, como forma de desviar su aparición en el hecho y la punibilidad del caso, dado que, de manifestarse, los menores irresponsables adquirirían el protagonismo penal. El merecimiento de una mayor culpabilidad (aquí agravada) es evidente.

El artículo 5º se explica porque la suspensión de la vigencia, de las normas que allí se indican, durante un lapso razonable, permitirá examinar la respuesta práctica que así se obtiene; todo sin perjuicio de proceder al examen completo sobre la conciliabilidad constitucional de ellas, particularmente con el art. 15 de la Carta.

Una virtud que, estimamos, se consigue con la medida adoptada, es que abarca a la Ley Nº 12.688, por lo que los conductores automovilísticos, que hoy en día causan verdaderos desastres por su imprudencia, deberán cuidarse de estar dentro del derecho. No podrán atropellar, matar y quedar libres.

Los artículos 6º y 7º, se explican por el contralor que debe tenerse sobre los jueces que no evalúan la peligrosidad por habitualidad y es la Suprema Corte de Justicia, a la que compete tal contralor.

Idéntico contralor se establece en el artículo 8º, que también debe ejercer la Corte, respecto de los jueces que no han procesado a sujetos remitidos por la Policía.

En el artículo 9º se dispone la aplicación retroactiva -a nivel procesal- del reimplantado régimen de medidas eliminativas y de la libertad anticipada, sustancialmente prohibida cuando existen dichas medidas de seguridad.

Esta aplicación retroactiva en todo lo concerniente a medidas eliminativas, se explica, porque, como dice MAURACH, en el más moderno finalismo alemán. "Las medidas de seguridad tienen por cometido conjurar la peligrosidad del autor, apreciada en el momento de la sentencia; por constituir puras instituciones ajustadas a un fin, merece ser preferida la medida más moderna, esto es, vigente al tiempo de dictarse sentencia". (MAURACH: "Tratado de Derecho Penal", tomo I, 1ª edición española). SEBASTIAN SOLER piensa exactamente lo mismo "Derecho Penal Argentino", tomo I, pág. 215).

El artículo 10 se explica, porque la finalidad de un buen reencauzamiento social, aún tratándose de delincuentes jóvenes pero peligrosos, corre el riesgo de frustrarse, si se permite su contacto con irreversibles profesionales del delito.

El artículo 11 establece un sistema de contralor público para las gracias que otorga la Suprema Corte de Justicia, dado que es preciso que la sociedad las conozca y, desde luego, los Poderes Públicos, como es natural, para saber si, efectivamente, se ha cumplido con las limitaciones legales del art. 109 del Código Penal.

Estas son las características más salientes de la fundamentación en que se basa el proyecto de ley que se acompaña, que sometemos a la ilustrada consideración del Senado y de cuya rápida sanción -que esperamos- depende, en buena medida, una mayor y más eficaz defensa de la sociedad uruguaya, tremendamente agredida por una delincuencia que exhibe y ejercita, cada vez más, una indeclinable violencia.

Montevideo, 3 de agosto de 1987.

Pedro W. Cersósimo. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Derógase el artículo 19 de la Ley número 15.737, de 8 de marzo de 1985, en la parte en que suprimió el instituto de las medidas de seguridad eliminativas, previstas en el Art. 92 Inc. 3º del Código Penal y en el Art. 115 del Código Penal Militar, restableciéndose plenamente, en lo pertinente, las disposiciones legales que lo regulan.

Art. 2º - Modifícanse los artículos 328 del Código del Proceso Penal, en la redacción dada por el artículo 21 de la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, así como el artículo 131 literal "A" del Código Penal, restableciéndose, para ambas fórmulas, el texto legislado por la Ley número 10.573, de 19 de diciembre de 1944, con la única excepción de que, en lugar del informe previo del Instituto Técnico Forense, requerido en el texto originario, éste se efectuará, en igual oportunidad, por el Instituto de Criminología.

Deróganse, en lo pertinente, las disposiciones legales que pudieren normatizar lo contrario de lo que se legisla en este artículo y en el anterior.

Art. 3º. - Modifícase el Art. 34 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma: "No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el mayor de 15 años y menor de 16 años, a no ser que conste que su capacidad de querer y de entender el carácter ilícito del acto, demuestran su discernimiento sobre la criminalidad del mismo. El juez, debidamente ilustrado por peritaciones psiquiátricas y criminológicas, que solicitará al Instituto de Criminología, hará declaración expresa sobre el punto, para incriminarle el hecho punible o declararlo irresponsable del mismo, actuando, consecuentemente, en cada supuesto".

Art. 4º. - La participación de menores inimputables, junto a personas mayores, en la comisión de un delito, será considerado para los imputables mayores de edad copartícipes en aquél, circunstancia agravante y los límites de la pena se elevarán al doble.

Art. 5º. - Suspéndense, hasta el 15 de marzo de 1990, la vigencia de las Leyes Nº 12.688, de 29 de diciembre de 1959, de 31 de marzo de 1987 y, consecuentemente, los artículos 71, 72, 73 y 74 del Código del Proceso Penal.

Suspéndese, por igual plazo, a todas las leyes que lo dispongan, el instituto de la prevención sin prisión, debiendo estarse, en su lugar, al mandato constitucional del procesamiento con prisión (Constitución de la República: Arts. 15 y 27).

Art. 6º. - Cuando la habitualidad preceptiva del delincuente, que obliga al Juez a adoptar medidas de seguridad eliminativas (Código Penal: Art. 48 Inc. 3º), no fuere tenida en cuenta por el magistrado al dictar sentencia, éste configurará, con ello, falta disciplinaria grave, con las consecuencias correctivas del caso, que apreciará, bajo su exclusiva responsabilidad, la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus funciones de superintendencia (Ley Nº 3.246, de 28 de octubre de 1907, Art. 17).

Art. 7º. - Los representantes del Ministerio Público en lo Penal, sin perjuicio del ejercicio de los recursos que corresponden dentro del proceso, comunicarán al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, los casos de omisión referidos en el artículo anterior y éste deberá poner el hecho en conocimiento directo e inmediato, de la Suprema Corte de Justicia y lo comunicará además, a sus efectos, al Ministerio de Educación y Cultura.

En todo caso, en la oportunidad de la consulta de causas penales, la Suprema Corte de Justicia, hará efectiva la potestad disciplinaria que estimare que corresponde al hecho.

Art. 8º. - Los jueces de la materia penal comunicarán trimestralmente a la Suprema Corte de Justicia, la correspondiente información sobre las remisiones hechas por la policía que no hubieren ameritado procesamiento, con la fundamentación, que podrá ser sucinta, de la clausura de procedimientos operada. Con dicha información se acompañará, en todo caso, fotocopia autenticada de lo actuado.

Art. 9º. - Los efectos de las normas de los artículos 1º y 2º, se aplicarán inclusive a los procesos pendientes a la fecha de promulgación de la presente ley y en los cuales no hubiere mediado sentencia definitiva que implicare terminación del proceso.

Art. 10. - Facúltese al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas que estimare convenientes a los efectos de que la pena que pudieren sufrir los delincuentes de 15 años y de 16 años, se cumpla en un lugar de carcelaje separado del común, aparte del contacto con los demás delincuentes mayores de la edad límite de la imputabilidad. En todo caso, sin perjuicio de la seguridad, prevalecerá el criterio de procurar fines pedagógicos, junto al efecto ejemplarizante, como funciones fundamentales de la pena.

Art. 11. - La Suprema Corte de Justicia, dentro de los 30 días de terminado el acto en que se ejerció la potestad de gracia de conformidad con lo dispuesto por el Art. 109 del Código Penal y demás leyes aplicables, hará publicar en el Diario Oficial un listado de gracias otorgadas, discriminándose a los graciados por su calidad de primarios o de sujetos con antecedentes. En este último caso, se especificarán tales antecedentes, así como la calidad y cantidad de éstos que no impidieron el otorgamiento de tal beneficio.

Art. 12. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 3 de agosto de 1987.

Pedro W. Cersósimo. Senador."

5) RECURRIBILIDAD DE LOS ACTOS DEL PARLAMENTO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Exposición previa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Montevideo, Agosto 3 de 1987. Señor Presidente del Senado, doctor Enrique E. Tarigo. Presente. Señor Presidente: Cúmpleme dirigirme a usted para solicitar por su intermedio al Senado que se me autorice, con arreglo al artículo 165 del Reglamento, a realizar, en la sesión del día martes 11 de agosto, una exposición por un término de 30 minutos sobre el tema `Recurribilidad de los actos del Parlamento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Saluda a usted muy atentamente. (Firmado) Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador".

-De conformidad con el artículo 66, literal D, numeral 3, se considerará en la media hora final.

6) PODER JUDICIAL. Su situación actual. Exposición previa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Asimismo, está pendiente de Resolución una solicitud que había formulado oportunamente el señor senador Batalla, para realizar una exposición sobre el tema "Poder Judicial". En ese sentido, la Mesa entiende que ello se podría votar también, en la media hora final.

7) CULTIVO DE REMOLACHA AZUCARERA EN EL SUR DEL PAIS. Reunión realizada en la localidad de Montes.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa para la que están anotados los señores senadores Lacalle Herrera, Fá Robaina, Olazábal y Batalla.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: en octubre del año pasado tuvo lugar en la localidad de Montes una reunión de singular trascendencia para el futuro de esa importante zona del departamento de Canelones, más concretamente en lo que tiene que ver con el cultivo de la remolacha azucarera en el sur del país.

Podríamos decir -si el término no fuera excesivamente procesal- que las partes asistentes eran la empresa RAUSA, el Sindicato de sus trabajadores la entidad denominada RODESUR -Remolacheros Organizados del Sur- y el Gobierno de la República, representado por el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Bonino.

Concurrimos además varios legisladores que durante todo el año habíamos seguido de cerca el tema, no solamente representantes provenientes del departamento de Canelones sino también senadores. Había sido un año movido -diríamos- alrededor del tema de la remolacha. Por un lado teníamos la situación de endeudamiento de la empresa que es la única compradora del producto y es también la que financia los cultivos. Por otro lado, el Banco de la República cuyo celo habíamos tenido que acicatear desde esta misma banca en el momento en que no se hacían efectivos los préstamos para iniciar los cultivos de la siguiente cosecha.

Con respecto a este tema el Banco de la República había manifestado claramente que consideraba que había llegado la hora de que ese cultivo fuera desapareciendo en la zona sur del país por pensarse que era ineficiente y no digno de ser ubicado dentro de las previsiones de política azucarera del país. Hubo señores representantes nacionales, con años de experiencia en el tema -no tengo ningún inconveniente en nombrarlos, al contrario lo hago con gran gusto- como el señor Santoro que ha recorrido muchos kilómetros en ese departamento y posee un acabado conocimiento del proceso que desde 1950 llevó a la creación en base a la Comisión Honoraria del Azúcar y de determinada política seguida por el gobierno de aquel entonces y que continúa luego, de esa suerte de región agro industrial. El tema no era fácil ni lo es y en estos minutos y en sucesivas intervenciones que tendremos, no vamos a pretender desatar el nudo gordiano que esto significa, que tiene connotaciones de todo tipo, que van desde los diversos cultivos hasta el problema del contrabando y de la intervención ilegal del Estado a través de ANCAP en dicho comercio y que se relaciona con la situación mundial de producción superabundante de tan importante producto.

Simplemente queremos decir que como testigos de un compromiso hoy debemos dar testimonio de lo que nosotros entendimos como obligación de todas las partes intervinientes en aquel momento. Hasta se nos ocurrió ponerle un nombre al compromiso llamándole "El Compromiso de Montes" a algo que no se escribió pero que se dijo. Hoy quiero dejarlo escrito aquí y formular al Gobierno determinadas preguntas sobre el cumplimiento del mismo. Se estableció que durante cuatro años quienes habían plantado en 1986 y se habían anotado para plantar en ese año, demostrando así voluntad de ser productores, podrían seguir siendo asistidos crediticiamente para plantar remolacha. Se dijo que se arbitrarían los métodos para que fuera económico poner en marcha el ingenio durante cuatro años. Pero este período en que se concedía un último aliento al cultivo de la remolacha en el sur, no significaría años de simple espera del acaecimiento del cumplimiento del 48 mes para decir que aquí terminó algo sino que se asumía el compromiso de iniciar, en aquel mismo momento, en serio y realista proceso de estudio de las posibilidades de reconversión de los predios que van desde 2 ó 3 hasta 50 ó 60 hectáreas o hacia formas de cultivo que permitan por un lado que la capacidad energética instalada se mantenga, por otro, la mano de obra del ingenio y los propietarios a cualquier tipo de explotaciones agropecuarias, lograran transformar el dogal, la coyunda que es el monocultivo en una forma organizativa coordinada con el apoyo del Estado pero con ejecución de los agentes privados en una zona agroindustrial que produjera algunas otras cosas.

Ya ha transcurrido casi un año de ese compromiso y, por lo tanto, tenemos que hacernos eco de las expresiones de productores agremiados en RODESUR, de los trabajadores del ingenio y de todos aquellos que están preocupados por el tema. Creemos que a pesar de todo esto existe un grave pecado que es el incumplimiento de un compromiso y la frustración de esperanzas de varios miles de personas que no digo que sea gente a la que haya que solucionarle la vida porque esa no es la función del Gobierno, pero sí, debido a lo que se le ha prometido, hay que ayudarlos, "paletearlos" -diríamos en criollo- apadrinarlos, para que, en un plazo de cuatro años, se pase de una producción a otra por la vía del riego, de la formación cultural, del establecimiento de condiciones de comercialización de crédito, que no hagan cundir la desesperanza en esa importante zona del país.

Por ello, solicitamos al Senado que, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 118 de la Constitución, se envíe -y esta vez sí pediríamos con el más pronto despacho- al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las siguientes interrogantes: en primer lugar, qué medidas se han adoptado para cumplir con los compromisos que contrajo el Gobierno de la República en octubre de 1986, relativos al mantenimiento de un determinado número de productores en el área de la remolacha; en segundo término, qué medidas de similar carácter se adoptaron en lo relativo a lograr un eficiente funcionamiento, durante el mismo lapso, de la industria allí instalada; y, en tercer lugar, qué planes, sugerencias o decisiones se han tomado destinadas a hacer operativo el compromiso, pública y rotundamente adoptado por el Gobierno, y que hasta ahora no ha tenido cumplimiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Lacalle Herrera en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

8) TERMAS DEL ARAPEY. Plan Director para el crecimiento armónico de la zona.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: deseamos ocuparnos de una gestión promovida por la Intendencia Municipal de Salto ante el Ministerio de Defensa Nacional, en relación con la posibilidad de obtener, de dicha Secretaría de Estado, la donación de una fracción de campo destinada a ampliar el predio de las Termas del Arapey.

El 29 de mayo último, la Intendencia Municipal de Salto cursó la nota a la que voy a dar lectura, en la que se hace la historia de la adquisición de ese inmueble.

Allí se dice lo siguiente: "Señor Ministro de Defensa Nacional. Doctor Juan Vicente Chiarino. Presente.

De nuestra mayor consideración. El suscripto, Intendente Municipal de Salto, viene a plantear al señor Ministro la solicitud de donación de un inmueble propiedad de ese Ministerio.

Los antecedentes que seguidamente se reseñarán ha de justificar, a nuestro juicio, el petitorio.

1º) El 20 de marzo de 1961, se otorgó la escritura de donación de 435 hectáreas correspondientes al padrón 166, de la octava sección judicial de Salto, de parte del Estado -Ministerio de Defensa Nacional- en favor del Gobierno Departamental de Salto.

La donación de referencia se efectuó en cumplimiento de la Ley Nº 12.794, de 22 de noviembre de 1960, que dispuso la transferencia, a título gratuito, de las fracciones del aludido campo, con destino a la formación de un centro turístico y estación termal por parte del Municipio salteño.

2º) A partir del momento en que el Gobierno Departamental de Salto, tomó posesión de la superficie donada ha promovido la construcción de obras según relevamiento adjunto.

3º) Con el transcurso del tiempo, la estación termal del Arapey ha adquirido un desarrollo muy intenso que la ha convertido en un polo de atracción de los más importantes del país.

4º) La planificación urbanística, la falta de una pista de aterrizaje para aviones de gran porte, la construcción de más y mejor hotelería, la necesidad de complementar la inversión privada en rubros que hacen a la infraestructura de una estación termal de categoría internacional, requieren de una superficie de terreno que, al momento, ya es insuficiente.

Por ello es que hemos considerado como solución ideal incorporar al actual predio termal la fracción Nº 5 del plano del Agrimensor Coronel Gabino Lalinde, correspondiente al padrón 166, de la octava sección judicial de Salto. La mencionada fracción, que linda con la superficie que fuera donada al Municipio de Salto en 1961, consta de un área de 245 hectáreas, 9.807 metros cuadrados.

5º) Es en consideración a las razones explicitadas precedentemente que consideramos justificado el pedido de donación, en favor del Gobierno Departamental de Salto, de la fracción de campo, compuesta de 245 hectáreas 9.807 metros cuadrados, identificadas con el Nº 5 de la fracción de campo en el plano del Agrimensor Coronel Gabino Lalinde y que obra en los antecedentes relativos al padrón 166, de la octava sección judicial de Salto, archivadas en ese Ministerio.

Agradeciendo al señor Ministro la atención que dispense al referido petitorio, le saludo con toda consideración, Esc. Eduardo R. Malaquina. Intendente."

Consideramos de interés, complementando este comentario, hacer conocer al Senado el anteproyecto de expansión de las Termas del Arapey, que han elaborado los arquitectos García da Rosa y Gerger. Dice así:

"ANTEPROYECTO DE EXPANSION

La Intendencia Municipal de Salto cuenta con 435 hectáreas en Termas del Arapey, de las cuales ocupa un total de 70 hectáreas para uso turístico. Esta área ha tenido un crecimiento continuo desde 1957 hasta nuestros días.

Esta evolución no ha sido enmarcada dentro de un plan de desarrollo general, creciendo a partir del asentamiento militar preexistente.

Puestos a planificar la expansión del Centro Termal creemos de importancia valorizar:

A) Localización: La implantación de las Termas se desarrolla en un área próxima al Río Arapey la cual presenta una movida topografía sobre suelo basáltico superficial.

Esta ocupación sobre una zona tan peculiar e interesante paisajísticamente hace de las Termas un lugar único en sus características, marcando su definida identidad.

B) Caminería y edificios: A pesar del crecimiento no planificado de Termas del Arapey se entiende que lo existente tiene una correcta adaptación a la naturaleza del lugar, preservando la presencia del Río, el campo y la predominancia de los espacios verdes sobre lo edificado. Esto se manifiesta en los trazados de las calles no regulares, en la existencia de jardines y bosques, la integración del río, los montes naturales y principalmente en la posibilidad de visuales sin límites hacia el campo.

C) Agua Termal: razón de ser y característica fundamental de Termas. Crea con su presencia un microclima único que se manifiesta en todo el conjunto.

Las características mencionadas posibilitan que las necesidades de recreo, descanso, y curativas, se satisfagan en un entorno de alta calidad ambiental.

Ante la necesidad de dar respuesta a la futura expansión del centro termal, se hace imprescindible la formulación de un plan director a los efectos de lograr un crecimiento armónico que racionalice la ocupación del área. Resaltando su característica, siendo socialmente compatible con las necesidades propias y económicamente viables.

Este Plan Director necesariamente debe ser un instrumento de defensa de las principales características de las Termas para lo cual se define:

1) Un uso del suelo que abarca toda el área propiedad de la Intendencia Municipal de Salto, posibilitándose mediante el mantenimiento de una gran superficie verde, la presencia del campo en el conjunto.

2) La implantación de las viviendas se propone como la natural continuación del trazado existente, valorizando la presencia de la Cañada del Sauzal del Tala y la variada topografía de la zona.

El trazado de las calles se realizará acompañando las curvas de nivel de modo tal de obtener recorridos horizontales que posibiliten cómodos paseos peatonales, en bicicleta, etc.

Estas calles definirán, entre ellas "terrazas" a distintos niveles, asegurando las aperturas visuales donde se implantarán las viviendas.

En forma transversal a ellas se trazarán calles, las que resultarán con fuertes pendientes, por donde se instalarán las principales cañerías de evacuación a mínimo costo.

Se conforman de esta manera "Manzanas" de trazado irregular, de cambiantes perspectivas, las que se lotearán en parcelas cuyas dimensiones promedio serán de 15 metros de frente por 40 de fondo, (600 m2).

Dichas parcelas o lotes estarán reglamentados en cuanto a su ocupación, la que no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del área del lote, y por retiros frontales, laterales y de fondo, de modo tal de mantener la predominancia del verde, reglamentándose además las características constructivas.

En forma baricéntrica al nuevo conjunto proyectado, en un lugar topográficamente destacado, se prevé la ubicación de un área comercial, de servicios generales, que incluirá la construcción de piscinas de agua Termal.

La cantidad de lotes en esta primera etapa es de 220 aproximadamente, en una superficie cercana a las 20 hectáreas.

3) Se define un área hotelera sobre el "quiebre" del Río Arapey, integrando a ella el actual Hotel Municipal, dando a éste uso una implantación privilegiada en lo visual, topográfico y en su vinculación con el actual centro termal.

Dicha área es de aproximadamente 7 hectáreas, lo que daría lugar a la construcción de dos o tres Hoteles o similares de mediana capacidad (200 camas).

4) En futuras actuaciones y cuando el grado de desarrollo lo justifique, se ocuparán nuevas áreas tanto por parte de la hotelería como por viviendas.

En este momento tomará su verdadera significación la "Laguna del Campamento", como centro de interés. En sus márgenes se producirá una nueva urbanización, dando cabida a viviendas, campamentos, etcétera, en un área aproximada a las 40 hectáreas.

Entre ambas zonas destinadas a viviendas, se prevé la segunda implantación hotelera, la que podrá albergar hoteles de gran capacidad, ya que por sus características propias de ocupación del espacio se aseguran las necesarias transparencias visuales. Conjuntamente con esta área se ubicará el campo de golf.

En el área verde central, imprescindible para efectivizar la presencia del campo en el conjunto, se desarrollarán actividades deportivas y recreacionales, entre ellas, es de destacar los actuales rodeos criollos.

En esta zona se podrán realizar únicamente construcciones complementarias de tales actividades, cuidando rigurosamente su implantación."

Tal es lo que se describe en el informe técnico preparado por los asesores de la Intendencia Municipal.

El señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Vicente Chiarino, a quien hemos interesado en este asunto, ha mostrado buena disposición para acoger la solicitud de donación que plantea la Intendencia.

Por lo expuesto solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea cursada a los Ministerios de Defensa Nacional y de Turismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Fá Robaina.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE LA REPUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: hace pocos días, cuando finalizaba el debate que en Comisión General realizó este Senado sobre el tema de la deuda externa, con la presencia de los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, al hacer su exposición el señor senador Batalla manifestó que había un aspecto de la cuestión que había estado ausente del debate y que era el de la validez o legalidad de la mencionada deuda.

En nuestra exposición, quisimos entrar en ese tema ya sobre el final del término de que disponíamos y, naturalmente, no pudimos extendernos demasiado. Pero consideramos importante que en algún momento se estudie el punto, a pesar de que existen hechos concretos por parte de nuestro Gobierno que indican el reconocimiento de esa deuda. De todos modos, entendemos que el analizar la cuestión podría facilitar algún tipo de negociación y prever el modo de evitar que en el futuro se repitan situaciones como ésta, que agobian al país.

Podrá decirse que entrar en este terreno -teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener el hecho de discutir el tema por las represalias de que pudiera ser objeto el país- constituye una ingenuidad. Sin embargo, actualmente existen pronunciamientos de entidades y juristas de relevancia en el mundo entero y normas -que no sé si pueden considerarse fuente del Derecho Internacional moderno- que regulan la convivencia de los Estados y que podrían servir de amparo a una decisión mediante la cual se impidiera que los pueblos sufrieran las consecuencias de estos endeudamientos contraídos por gobiernos ilegítimos así como la coacción ejercida para cobrar la deuda y los servicios de ésta por parte de los Estados poderosos del mundo.

El Derecho no es algo estático y, por lo tanto, frecuentemente surgen en el mundo nuevas concepciones. Seguramente, a ello apunta lo que las Naciones Unidas han votado con respecto a éste y otros temas. También puede haber parecido ingenuidad -y en alguna medida quizá lo fue- la creación de la Sociedad de Naciones al final de la Primera Guerra Mundial, pero nadie puede negar que constituyó un antecedente valioso para la concreción de la actual Organización de las Naciones Unidas.

Por consiguiente, creo que el tema planteado por el señor senador Batalla -y esbozado por mí- durante el debate en aquella sesión, podría merecer alguna reflexión más sin desconocer la doctrina de la continuidad de la vida del Estado por encima de las fluctuaciones, de los cambios y de las sucesiones de gobiernos que los países tienen.

En respaldo de la posición de que las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras dediquen algún análisis más a este tema, voy a citar algunas opiniones que me parecen interesantes.

El profesor Dalmao de Abreu Dalliari, Presidente de la Asociación Brasileña de Juristas Demócratas, ha expresado enfáticamente que la deuda externa es inmoral e ilegal. Al efecto ha manifestado: "Los gobiernos de estos países, debido a esta deuda y bajo la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional y los Bancos Internacionales, han debido adoptar programas económicos recesivos que generan un desempleo masivo y agravan la dependencia especialmente en el campo tecnológico.

Las inversiones públicas han sido reducidas. Los propios gobiernos propician a veces la inflación, a fin de forzar la reducción del consumo, inclusive el de bienes de primera necesidad. Se estimulan únicamente las actividades de exportación en perjuicio de todos los otros sectores, ya que éstas proporcionan a los gobiernos divisas que inmediatamente entregan a los acreedores".

Agrega luego: "Paralelamente a los efectos económicos, políticos y sociales, esta situación conlleva implicancias graves desde el punto de vista jurídico. Los "actos" que causaron e insuflaron la deuda externa, los acuerdos tendientes a determinar los plazos, la fijación de las tasas de interés y el pago de comisiones a los intermediarios son actos jurídicos que, teniendo en cuenta a las partes intervinientes, constituyen acuerdos internacionales. Por consiguiente, estos actos deberían estar sujetos a las normas constitucionales y a los principios jurídicos que rigen la concreción de los acuerdos internacionales y establecen las condiciones para su validez".

Acabo de dar lectura a las declaraciones del profesor Dalmao de Abreu Dailari, Presidente de la Asociación Brasileña de Juristas. No voy a leer otras, por su extensión.

Pero es evidente que al haberse contraído deudas en casi todos los países de América en estos últimos tiempos por gobernantes de facto, éstos no actuaron con consentimiento de los pueblos que ahora son, precisamente, los que deben constreñir su vida para pagarlas. Por la misma condición, la de ser gobernante de facto, no se cumplieron las exigencias legales y constitucionales expresamente establecidas para estos casos.

Y por otro lado, volviendo sobre las opiniones de peso, que naturalmente van mucho más allá de mis palabras, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en una reunión realizada en Atenas el 18 de octubre de 1984, ha establecido lo siguiente: "Considerando que el crecimiento de la deuda causa serios perjuicios y condena a millones de seres humanos al hambre y amenaza la seguridad mundial, que frena el desarrollo e impide la promoción de nuevas inversiones, el seguir el problema es de incumbencia de toda la comunidad internacional".

Señala, además, el perjuicio de la sucesiva baja de las materias primas, mientras las tasas aumentan, y que la estatización de la deuda privada se transforma en una deuda de los Estados. Agrega que "el volumen de la deuda externa depende de las políticas de las tasas de intereses y de una moneda -el dólar- cuyas fluctuaciones están determinadas por un sistema monetario de un solo país.

Asimismo declara que el acreedor no tiene derecho de exigir el pago de cargas suplementarias derivadas de las fluctuaciones monetarias; que el cumplimiento de los compromisos contractuales concretados con un Estado no debe lesionar los intereses legítimos del deudor como lo determinan los principios contenidos en la Carta de los Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados". Y finaliza diciendo "que la solución de la crisis implica el estudio de la validez de la deuda y la legitimidad de las autoridades signatarias de los respectivos compromisos".

La Asamblea de Naciones Unidas, con fecha 12 de diciembre de 1974, después de enumerar una serie de considerandos en favor de las mejores condiciones de vida económica para los pueblos, declaró: "Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir un sistema económico, así como un sistema político social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción y amenazas externas de ninguna clase".

Asimismo en su artículo 7º declara: "Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo". Y termina diciendo: "Todos los Estados tienen el deber, individual y colectivamente de cooperar, a fin de eliminar los obstáculos que entorpecen esta movilización y utilización".

Señor Presidente: pienso que las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras podrían reflexionar y considerar las variantes que las resoluciones de las Naciones Unidas podrían introducir en este tema. Si bien las conclusiones pueden no modificar el presente, sí pueden servir de base a futuras resoluciones de importancia; los países, ya sea a través de resoluciones internas o de acuerdos entre éstos o entre los partidos democráticos de América, deberían tomar una posición común para el caso de que puedan repetirse situaciones como las que padecieron estos pueblos que, entre otras consecuencias, trajeron el sobreendeudamiento externo que hoy nos preocupa.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a conocimiento de las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras y formulo moción en el sentido de que también sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE. - La versión taquigráfica de las palabras del señor senador Pereyra será puesta a disposición de las Comisiones mencionadas.

Corresponde, ahora, votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

10) APICULTURA

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Olazábal.

SEÑOR OLAZABAL. - Señor Presidente: en el medio agropecuario, hay una actividad de la cual rara vez se habla, y es la apicultura. Sin embargo, a poco que nos adentremos en ese tema, nos encontramos que desde el punto de vista técnico, de un 100% de beneficio, solamente un 20% se genera directamente de la colmena y el 80% está constituido por beneficios indirectos, derivados a otras actividades agropecuarias.

Son conocidos los resultados beneficiosos que tener colmenas provoca en praderas de semilla fina, como trébol y lotus o en cultivos de cereales, como el girasol e inclusive en montes de árboles frutales, como es el caso típico de manzanos y perales.

Esta actividad ha ido aumentando, sin que por ello se haya producido un apoyo específico en niveles significativos. Por ejemplo, en el año 1977 la producción de miel se estimaba en unos 400.000 kilos; en 1977 ya estaba en 1:600.000 kilos y actualmente se hace una estimación de 4:500.000 kilos anuales. Además, los rendimientos son sumamente aceptables y se ubican, frecuentemente entre los 20 y 30 kilos por colmena.

En materia de exportaciones, la de miel, en 1971, fue de U$S 200.000; en 1976, U$S 1:000.000 y en 1986 se alcanzó una cifra de casi U$S 2.300.000.

Por otra parte, este es uno de los pocos productos de exportación vinculado con el medio agropecuario, cuyos precios no han sufrido una caída apreciable. A modo de ejemplo podemos decir que en 1976 el precio internacional estaba ubicado en U$S 0,76; en 1979 el precio sufrió un gran incremento -el máximo hasta la fecha- llegando a U$S 1,56; en 1983, se situó en U$S 0,90 y hoy gira aproximadamente en torno a los U$S 0,80.

Hay que destacar que alrededor de cinco mil personas, directa o indirectamente, se ocupan de las colmenas. Hay 2.500 apicultores. A estas cifras se suman los sectores vinculados a la actividad tales como la industria, el comercio y los que se dedican a los trámites de exportación, etcétera.

Sin embargo, esta actividad no ha crecido más porque en el transcurso del tiempo se ha visto obligada a superar duras limitaciones; la principal, en un momento, fue el precio, fundamentalmente el del mercado interno. El mismo en un período estuvo pautado por una demanda demasiado concentrada, prácticamente oligopólica que se quedaba con una buena parte de las ganancias que producía. Además, hubo evidentes problemas de incomprensión de los dueños de los lugares de asentamiento de las colmenas. Hoy en día inclusive se da la situación de que en zonas donde se practican determinados cultivos, al dueño de las colmenas se le paga para que las lleve a los efectos de aprovechar lo que hoy mencionábamos: la rentabilidad derivada de la apicultura.

Por el contrario, en otros lugares y otros tipos diferentes de explotación, se cobra por concepto de medianería, porcentajes que alcanzan hasta un 20% de la producción de miel.

En este momento, los problemas de precio, fundamentalmente a través de una política de reintegro que dejó de existir pero que, sin embargo, logró regularizar los precios internos, han dejado de ser la preocupación fundamental. Lo que sí sigue siendo un problema son los volúmenes bajos de producción que muchas veces tiene nuestro país, lo que no le permite acceder en las mejores condiciones a los mercados externos. En consecuencia, aún no se obtienen los mejores precios que podrían lograrse con la exportación. Esto no se debe, de ninguna manera a la calidad, ya que nuestra miel es sumamente apreciada y requerida en el exterior, sino a factores de incumplimiento o bajas partidas que provienen de la insuficiente producción realizada en el interior del país.

Existe además un aspecto que significa una verdadera traba: no hay en nuestro mercado comercialización de reinas, venta de enjambres o de abejas. Es decir que quien empieza con la actividad de apicultura debe, necesariamente, ir consiguiendo en forma sumamente lenta, sus reinas a efectos de formar paulatinamente su propia producción que, por otra parte, recién se torna rentable después de tener cien o más colmenas. Esta falta de elementos de comercialización, determina que mucha gente se dedique a esta actividad en tiempo compartido, y no en forma exclusiva. Sin embargo, debo decir a este respecto, que está demostrado que se trata de una actividad perfectamente capaz de producir una forma normal de vida para quien se dedique en exclusividad a ella.

Por otra parte, hay problemas con el control eficaz de enfermedades y no existe una actividad suficiente de ningún instituto de investigación que permita detectar a tiempo las enfermedades que son, por supuesto, controlables. En ciertas oportunidades, escasean los medicamentos específicos para esta producción. Además, está el tema de las fumigaciones indiscriminadas, sin previo aviso a los apicultores que, muchas veces, hacen de éste un negocio aleatorio debido al peligro de que en una fumigación excesiva o imprudente se pueda terminar con todas las colmenas que son, en definitiva, el capital que los apicultores ponen en la producción.

Pensamos que desde el punto de vista estatal deberían encararse no sólo políticas de divulgación de la actividad para que resulte más conocida y apreciada, sino también fomentarla, jerarquizando y promoviendo un apoyo del Estado que sería mínimo ya que esta actividad se desarrolla por sí sola adecuadamente.

Entendemos que se deben estudiar políticas que tiendan a una planificación de la apicultura a efectos de que no se superpongan en un mismo campo o cultivo, las áreas de influencia de distintos apicultores o de diferentes colmenas.

Concluyendo, señor Presidente, pensamos que éste es un tema que vale la pena estudiar y que, por lo tanto, justifica la existencia de iniciativas que brinden un impulso mayor a la apicultura. En ese sentido, solicitamos que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Plan Granjero y al Instituto Rubino, dependiente de dicho Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) HOGAR URUGUAYANA

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: en esta hora previa, voy a dar cuenta al Senado de una pequeña y triste historia que ocurre en el Uruguay y, más concretamente en el departamento de Montevideo, en una zona muy cercana a mi casa. Allí funciona, en un viejo local industrial, donde durante muchos años existió una fábrica textil, lo que se llama -yo diría paradojalmente- Hogar Uruguayana.

Hace unos días acompañé a un grupo de ediles de nuestro Partido en una visita a dicho Hogar, hablamos con los vecinos y nos sentimos obligados a realizar algunas gestiones que tendieran a cambiar las condiciones en que allí se vive.

Habitan en el Hogar alrededor de 630 personas, de las cuales 400 son niños. En esa visita vimos una carencia absoluta de las más elementales condiciones de habitabilidad; cañerías obstruidas, toda la planta baja prácticamente inundada por materia fecal y orina, baños en las peores condiciones, absolutamente insoportables en su higiene y en su olor. Fuimos conscientes de que debía existir una responsabilidad que trascendiera la obligación de las autoridades comunales y entendimos que debíamos realizar gestiones para que esa situación no continúe.

Varias veces, vecinos de la zona, abogados amigos, algunas instituciones de carácter social, entre ellas la Parroquia cercana, habían solicitado nuestra intervención, pero siempre trasladamos, a nuestros representantes departamentales, las gestiones necesarias. En esta oportunidad, sentimos que también era importante nuestra participación.

Mantuvimos una entrevista con autoridades de la Intendencia y una larga y amistosa conversación con varios jerarcas de ese organismo, entre ellos, el propio Director del Departamento de Higiene que es, más allá de concordancias o discrepancias políticas, un viejo amigo.

En esa reunión todos decidimos no mirar hacia atrás, no encontrar cuota-parte de responsabilidad, sino tratar de modificar una situación que, en nuestro concepto, provocaba un inmenso mal a un gran número de niños que allí vivían, no sólo en la promiscuidad, sino también en las condiciones más insalubres que uno pueda imaginar. También decidimos no hacer pública ninguna expresión; tanto es así que teníamos preparada una nota sobre el Hogar Uruguayana a efectos de publicarla en la revista "Zeta", pero no la dimos a publicidad a la espera justamente de las soluciones que, en general, se adoptarían en esa reunión y en otras posteriores que mantendrían nuestros ediles con las autoridades municipales, en las que quedarían planteadas algunas bases que más o menos podrían ser las siguientes: a) Que para la reunión siguiente se diera a conocer un cronograma de actividades y de trabajos a realizar por parte del Departamento de Planeamiento Urbano, fundamentalmente en lo que dice relación con la red de energía eléctrica y sanitaria; b) Que para la misma fecha el Departamento Jurídico traería algunas propuestas para la modificación del Reglamento Interno y c) Que igualmente se buscarían procedimientos válidos para la elección de la Comisión que representaría a los residentes de la comunidad.

Se entendió que había algunos trabajos que tendría que realizar la Intendencia; pero que era indispensable que existiera alguna Comisión representativa de la Comunidad Uruguayana, con la que pudiera dialogarse y determinar en forma conjunta los trabajos a realizar.

Cuando al día siguiente -por ese lugar paso diariamente para venir al Palacio Legislativo- dimos cuenta a un grupo de vecinos de la comunidad de lo acordado, nos manifestaron que eso no se iba a cumplir, que iba a suceder algo que les haría perder alguna cosa. Ante esas expresiones, no digo que me molesté, pero sí sentí que en el pesimismo de esas personas -casi todas mujeres- había un algo de desconfianza y de desesperanza respecto de lo que nosotros pudiéramos haber acordado con la Intendencia Municipal. Lamentablemente, eso se dio: al día siguiente el Hogar Uruguayana quedó sin luz. De esto ya pasó un mes y el Hogar sigue sin suministro de energía eléctrica. No sé si es posible agilitar los trámites; a los vecinos se les ha dicho, por parte de algunos de los obreros que están reparando la red eléctrica, que el corte va a durar dos o tres meses. Creo que eso no puede ocurrir. Además, los vecinos tienen el convencimiento de que todas las tratativas y reparaciones pudieron haberse hecho mucho más rápidamente.

Quería poner en conocimiento del Senado estos hechos, aunque mi exposición sólo signifique una aproximación al tema. Además, he tratado de hacerlo en la forma más respetuosa posible y sin determinar responsabilidades a priori, porque creo que lo importante es cambiar las condiciones en que viven esas familias y, fundamentalmente, esos niños. Por supuesto, nos mantendremos vigilantes respecto al cumplimiento de lo acordado.

Creemos que en esta clase de problemas lo fundamental no es actuar sólo con buena voluntad sino con sensibilidad.

Se ha dicho que en ese Hogar vive gente que no debería; que viven intrusos. Pienso que para esa situación existen soluciones de tipo jurídico. También se ha señalado que allí viven algunos delincuentes. Yo no lo sé; es posible que algunos lo sean. Sin embargo, creo que es profundamente injusto y agraviante para quienes no lo son que se haga una acusación tan genérica, que alcance a todos.

Me parece que es una gran insensibilidad de parte de la comunidad toda -la que nosotros también integramos- no pensar que allí viven 400 niños que no son delincuentes y a los que se les obliga a criarse en un ambiente que no es el más conveniente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SENADOR FRANCISCO TERRA GALLINAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores senadores me permiten, antes de entrar al orden del día quisiera decir algunas palabras de bienvenida al señor senador Francisco Terra Gallinal, las que estimo van a compartir todos los integrantes del Cuerpo.

Ha sido, naturalmente, una circunstancia muy triste y dolorosa para todos nosotros la que hace que el señor senador Terra Gallinal se incorpore de manera permanente y definitiva a este Cuerpo que ya lo ha contado en varias oportunidades anteriores cumpliendo suplencias de carácter meramente transitorio. Esa circunstancia no puede impedirnos que lo acojamos con toda nuestra simpatía y solidaridad y que le deseemos el mejor de los éxitos en la labor legislativa que desarrollará entre nosotros durante el resto del Período.

SEÑOR FA ROBAINA. - Apoyado.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA GALLINAL. - Agradezco sus expresiones, señor Presidente.

Como todos saben y lo pueden imaginar, con la muerte de Lalo la vida me puso frente a una situación muy dura, pues tuve que despedir en pocas horas a un amigo de 30 años y, a la vez, asumir la responsabilidad y tener el honor de ocupar una banca en el Senado de la República. Por supuesto que nunca pensaré que estoy ocupando la banca de Lalo, porque para mí es algo imposible.

Conocí a Lalo en aquellos años duros previos a la elección de 1958 y mantuvimos durante 30 años una gran amistad. Nos conocimos en rueda de muchachas y muchachos y de allí salimos ambos con quienes luego fueron nuestras compañeras de toda la vida.

En aquellos días formamos con Lalo, espalda contra espalda, una defensa en aquel ambiente que no era precisamente luisista ni batllista. Allí surgió una amistad entrañable que mantuvimos durante toda la vida.

En cuanto a la responsabilidad, tengo la más absoluta confianza en las palabras que el señor senador Ricaldoni pronunciara en la noche del homenaje a Lalo, en cuanto a que la bancada le iba a brindar el mayor respaldo a quien en esta banca se sentara. También me da tranquilidad el hecho de que los señores senadores de la oposición me den apoyo, con lo cual espero que este escalón inevitable que el Senado de la República baja hoy, sea lo más suave posible.

Muchas gracias.

13) OPERACION UNITAS XXVIII. Autorización para hacer escala en Montevideo a 5 Unidades de la Armada de los Estados Unidos de América y una de la Armada de la República Federativa del Brasil. Alteración del Orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día.

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Señor Presidente: dado que es posible que la consideración del primer punto del orden del día insuma toda la sesión del día de hoy, y en virtud de que el asunto que figura en segundo término, relativo a la Operación Unitas, debe contar con la autorización de este Cuerpo y de la Cámara de Representantes, solicitaría que el mismo se tratara como urgente y se considerara en primer término.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Zorrilla en el sentido de alterar el orden del día, y considerar en primer término el asunto que figura en segundo lugar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se entra a considerar, entonces, el asunto que pasó a figurar en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza las escalas en el puerto de Montevideo de cinco Unidades Navales de los Estados Unidos de América y una de la República Federativa del Brasil, para participar en la Operación Unitas XXVIII, entre el 7 y el 16 de setiembre de 1987. (Carp. Nº 822/87 - Rep. Nº 95/87)".

(Antecedentes:)

Carp. Nº 822/87
Rep. Nº 95/87

"PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 7 de julio de 1987.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, el adjunto Proyecto de Ley, por el que se autoriza las escalas en el Puerto de Montevideo, de 3 (tres) Unidades Navales de los Estados Unidos de América y 1 (una) de la República Federativa de Brasil, para participar en la Operación Unitas XXVIII, entre el 7 y el 16 de setiembre de 1987.

Tales unidades realizarán maniobras navales combinadas con buques de la Armada Nacional, en aguas territoriales en los días antes referidos.

El R.O.U. 18 de Julio y una aeronave S-2G, participarán a partir del 7 de setiembre de 1987, en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, con una duración de 8 (ocho) días en aguas jurisdiccionales brasileñas.

Con tal motivo el Poder Ejecutivo solicita a ese Cuerpo Legislativo las autorizaciones que dispone el Artículo 85 numerales 11 y 12 de la Constitución de la República.

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI. Presidente de la República, Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Enrique V. Iglesias, Alberto Rodríguez Nin.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Autorízase la escala en el Puerto de Montevideo y la realización de maniobras navales combinadas con Buques de la Armada Nacional, en aguas territoriales, entre el 7 y el 16 de setiembre de 1987, de 3 (tres) unidades navales de la Armada de los Estados Unidos de América y de 1 (una) de la Armada de la República Federativa de Brasil, con motivo de realizarse la Operación Unitas XXVIII.

Art. 2º. - A partir del 7 de setiembre de 1987, con una duración de ocho días, se autoriza la participación del R.O.U. "18 de Julio" y de una aeronave S-2G, en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, fuera de aguas jurisdiccionales.

Art. 3º. - Comuníquese, etcétera.

Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Alberto Rodríguez Nin."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Mociono para que se suprima la lectura en la discusión general y particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Deseo que se me aclare una duda.

El segundo parágrafo del Mensaje del Poder Ejecutivo dice: "Tales unidades realizarán maniobras navales combinadas con buques de la Armada Nacional, en aguas territoriales en los días antes referidos"; pero al final del artículo 2º se establece: "fuera de aguas jurisdiccionales". No sé exactamente si las maniobras se realizarán en aguas territoriales o fuera de ellas.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - No quiero asumir la calidad de miembro informante, pero debido al fallecimiento del señor senador Paz Aguirre, que era quien presidía la Comisión, la misma ha quedado algo descompaginada, por lo que, en mi carácter de Vicepresidente, me veo en la necesidad de ejercer esa función y responder a las preguntas que se formulen.

Las maniobras se realizarán en aguas territoriales y fuera de ellas. Se especifica, por un lado, que se hará en aguas territoriales, a fin de permitir el ingreso de las naves extranjeras; y por otro se dice que se efectuarán en aguas de jurisdicción brasileña -es decir, en aguas extraterritoriales- para permitir la salida de los buques nacionales.

Debo decir que este tipo de maniobras se han llevado a cabo, sin interrupción, durante muchos años. Si no me equivoco -y el señor senador Zorrilla podrá corregirme- desde el año 1960 se realizan estas maniobras conjuntas entre los navíos de guerra de nuestra fuerza Naval y los de Estados Unidos, Brasil y Argentina. En algunas oportunidades se realizan con los tres países a la vez y, en otras, en forma alternativa.

A fin de refrescar la memoria de los señores senadores recuerdo que en cierta ocasión pasada, esta autorización dio lugar a controversias y dificultades, ya que se pretendía incorporar una modalidad distinta, incluyendo entre los ejercicios el desembarco en nuestras costas. Esto provocó una legítima reticencia, y fue retirado por el propio Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, las maniobras se realizarán en forma habitual, sin el ejercicio del desembarco. La Operación se efectuará junto con unidades de las armadas Brasileña y de Estados Unidos, pero no participará la de Argentina.

Cuando el tema fue discutido en Comisión no entramos objeciones y, por lo tanto, dimos nuestro voto afirmativo, de la misma forma que lo haremos en el plenario del Cuerpo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: cuando este asunto fue tratado en Comisión, en nombre de la bancada del Frente Amplio dimos nuestro voto contrario a la autorización solicitada por el Poder Ejecutivo.

Como bien lo ha explicado el señor senador Posadas, las maniobras se realizarán sin el aditamento del desembarco en nuestro territorio, como se solicitaba el año pasado...

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Deseo aclarar un error en el que ha incurrido el señor senador, a fin de que no quede constancia en la versión taquigráfica de algo que no es exacto. El año pasado no se incluía el desembarco en nuestro territorio, y fue por esa razón que contó con el voto unánime de la bancada del Partido Nacional. Ese tipo de maniobras se había solicitado hace dos años.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Rectifico lo dicho en el sentido de que esto no ocurrió el año pasado sino el anterior, pero reitero que no vacilamos en tomar una decisión negativa.

Aunque en nuestro recuerdo no se estuviera fresca la actitud adoptada por Estados Unidos en relación al conflicto de las Islas Malvinas, brindando su apoyo a una nación que agredía la indiscutida soberanía de nuestra hermana República Argentina, igualmente habría numerosas razones para oponerse a esta especie de burla sistemática que hace Estados Unidos a los pregonados principios e ideales panamericanos y a los tratados interamericanos de asistencia recíproca. La evocación del panamericanismo y de los tratados interamericanos de asistencia recíproca, solo se han traducido en respuestas al interés de la gran potencia y en nada han beneficiado a América Latina.

Por otra parte, nuestro país debe ratificar permanentemente su actitud pacifista preconizando el diálogo a fin de lograr la solución de los conflictos internacionales. Es notorio que esto no coincide con las actitudes de la gran potencia que agrede a Nicaragua, una de las hermanas naciones de Centroamérica. Debemos levantar cada vez con mayor fuerza y firmeza nuestra posición pacifista y la gran bandera de la unidad latinoamericana.

Por lo expuesto, señor Presidente, no daremos nuestro apoyo a estas maniobras conjuntas.

Además, debemos recordar que la Doctrina de la Seguridad Nacional surgió de las escuelas de Panamá y fue incorporada a algunos países como el nuestro, a través de sus ejércitos o fuerzas armadas. Creo que estos errores debemos corregirlos, por cuanto las teorías y conceptos que acabamos de señalar solo están establecidos e interpretados para beneficiar a la gran potencia.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - En virtud del sesgo que el señor senador Senatore le ha dado a la discusión, me veo obligado a efectuar algunas precisiones, rechazando enfáticamente las vinculaciones conceptuales que él pretende establecer entre la realización de estas maniobras y las posiciones de política exterior, que además estamos muy lejos de compartir.

En primer lugar, deseo manifestar que el recurso dialéctico de unificar esto con definiciones de política exterior, no nos parece que corresponda y rechazamos de plano cualquier vinculación que tenga nuestro voto favorable a la realización de estas maniobras con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue votado en contra por el Herrerismo y a favor por el Partido que entonces integraba el señor senador Senatore. Por lo tanto no nos duelen prendas de haber explicitado en tiempo y en su debida forma qué era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, así como el nacimiento de la OEA, y cuál fue la posición del Herrerismo y del Partido Nacional en materia internacional.

En segundo término, consideramos que no es correcto hacer esa referencia teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio de carácter técnico que necesitamos y que vamos a seguir apoyando en la medida en que creemos en la sentencia latina de que si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra. En ese sentido, nuestras fuerzas armadas, especialmente las marítimas, tiene un importante papel que cumplir. El país tiene 140.000 kilómetros cuadrados de soberanía marítima. de acuerdo con las obligaciones asumidas ante la Organización Marítima Internacional en el tema de búsqueda y rescate la responsabilidad de la República se interna 4.000 millas hacia el Este dentro del Océano Atlántico hasta la roca o el enclave de Tristán Da Cunha.

Nosotros necesitamos, no solamente una tecnificación de nuestra Marina de guerra, sino potenciar la defensa de la frontera más difícil que tiene la República, al tiempo de tener mayores posibilidades de crecimiento económico por parte del país a través de la explotación racional y efectiva de su riqueza marítima en todo nuestro territorio.

De ahí que concluyamos que todas las veces que sea necesario que nuestra Armada cumpla labores de entrenamiento, la vamos a apoyar.

Esto no quita ni pone una coma a nuestra posición política que es de sobra conocida en este Senado, en cuanto tiene que ver con la agresión a todos los pueblos del mundo, de nuestra permanente defensa del principio de no intervención que, contrariamente a lo que puede sostenerse, no es flechado y no existe solamente respecto del sujeto pasivo Nicaragua, sino que también tiene en cuenta al sujeto pasivo El Salvador porque, peculiarmente, hay sectores políticos de nuestro Senado que recuerdan determinado tipo de intervención pero no otro. Por lo tanto lo que vale para Pakistán vale para el resto del mundo y, entonces, debe ser condenado de la misma manera. Lo reiteramos hoy porque creo que interpreta la posición del Partido Nacional.

En relación a la inclusión del tema de las Islas Malvinas, señor Presidente, en aquel tiempo estuvimos impedidos, prácticamente, de opinar. Sin embargo, una vez más en el Senado, deseamos reiterar que, sin ninguna otra personería que la de creer interpretar lecciones recibidas de muy lejos, política y generacionalmente, inquiridos por un canal de televisión, sostuvimos que respecto del conflicto del Atlántico Sur nos cabían las siguientes reflexiones:

En primer lugar, nuestra condena a la agresión que, si la hubo, fue por parte de la dictadura argentina a una situación estatutaria jurídica, introduciendo el elemento bélico en el Atlántico Sur.

En segundo término -y sin que implique una contradicción con esto- nuestra reiterada defensa y apoyo a la reclamación argentina, que ha sido una constante de los gobiernos blancos y colorados.

Finalmente sobre el otro aspecto que es el trípode conceptual, nuestra total afiliación a la teoría, también constante de la República o, mejor dicho, del Partido Nacional cuando ha pretendido y podido influenciar en la política exterior del país, de la estricta neutralidad de la Nación en los conflictos de otros países.

Esta es nuestra posición que hoy sostenemos y pretender concluir de esto que, porque la Marina Nacional participe en estas maniobras estamos afiliándonos a determinado bando en lo que tiene que ver con el conflicto del Atlántico Sur, es estirar demasiado los conceptos.

Sabemos, señor Presidente, que el tema no daba más que para votar por sí o por no porque, prácticamente, es un asunto de trámite; pero hemos querido dejar estas constancias porque nos parece que no podemos seguir callando frente a determinado tipo de aseveraciones, porque luego aparecen versiones periodísticas que son las que entreveran los temas, cosa que no es posible y menos en esta oportunidad.

(Apoyados)

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Señor Presidente: quiero agregar que estas operaciones son combinadas con otras Armadas y que tienen el cometido de dar adiestramiento, de no vulnerar, en absoluto, ningún principio relativo a nuestra soberanía o a la integridad territorial.

En cambio, sirven para capacitar a todos los hombres de la Armada Nacional en la defensa de nuestras aguas; les da ocasión de operar con materiales y medios que, de otra manera, les sería imposible conocer, utilizando procedimientos y técnicas tácticamente muy avanzados. De lo contrario, nuestra gente no tendría acceso a todo esto.

Asimismo les da posibilidades de trabajar en combinación con buque-avión y con otras armadas para el caso de tener que intervenir debido al Convenio firmado sobre búsqueda y salvamento marítimo que recientemente acaba de ser aprobado por el Senado. De ser ratificado, vamos a tener que entrar en conversaciones con nuestros vecinos argentinos. Ellos ya lo han firmado y se les ha adjudicado el área de búsqueda y salvamento que se extiende a nuestras aguas jurisdiccionales hasta el Meridiano 10. Es decir que sobrepasa sus límites llegando hasta el Meridiano 10, dejándonos solamente nuestras 200 millas para búsqueda y salvamento. De allí en adelante otra vez es considerado por ellos como mar argentino.

Este es un problema de futuro, que tenemos que conversar una vez aprobado el Convenio. En esta área a la que me refiero en caso de accidente, entraría a operar en combinación la Armada argentina con la uruguaya. Si fuera el caso de Brasil, entrarían a actuar la Armada de ese país y la del nuestro. Reitero que estos ejercicios sirven para hacer el entrenamiento de las dos Armadas actuando en conjunto.

Es todo lo que tengo que manifestar.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: el señor senador Lacalle Herrera ha destacado que al Partido Nacional que él representa no le duelen prendas, porque eso fue convenido y apoyado por el Partido Colorado que yo integraba.

Yo, desde luego, integré el Partido Batllista y, seguramente, todo esto se ha aprobado con votos batllistas; pero eso ahora no me duele.

Creo que invocar ese elemento frente a la opinión que estoy dando ahora, a mi entender no disminuye el fundamento que estoy dando para establecer mi voto negativo y el de la coalición que integro.

Entiendo que esas manifestaciones a las que refiero no destruyen lo que he dicho. Lo que afirmo es que el paso de los años y lo que sucede en nuestro continente nos afirman en el criterio de que a la superpotencia ubicada al norte del Río Bravo, cada vez le interesan menos los problemas y las necesidades de nuestra América Latina.

Afortunadamente los países de nuestra América Latina están caminando por la senda de la unidad, oponiéndose a esa gran potencia que, simplemente, ha utilizado hasta ahora -cosa que se advierte si se realiza un examen de los tratados panamericanos y del TIAR- todos los convenios en su propio beneficio y no en favor de los otros países sufrientes que los suscribieron.

Experimenté la necesidad de fundar el voto en contra. No quise hacerlo diciendo simplemente que no lo votábamos.

Ese es mi fundamento, y, por consiguiente, el del Frente Amplio. Desde luego que algún senador que integra nuestra bancada tal vez pueda agregar algo distinto a lo que yo he manifestado.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Temo que mis palabras -que tal vez sean una repetición de lo que acabamos de escuchar- den mérito a un pedido del señor senador Senatore, para contestar una alusión.

Comparto los planteos que han formulado los señores senadores Lacalle Herrera y Zorrilla. Yo tampoco pensaba hacer uso de la palabra porque, en realidad, si nos moviéramos con un criterio realmente ecuánime para juzgar hechos y situaciones, esto debería haber dado lugar simplemente a una votación de rutina, por tratarse de un asunto casi de mero trámite de los que ocurren en el Parlamento, pero parece que en esta oportunidad -no es la primera vez que sucede pero ahora advierto un mayor énfasis que en circunstancias anteriores- la discusión en torno a la autorización para que entren buques extranjeros en aguas jurisdiccionales uruguayas y salgan naves de nuestro país a hacer maniobras con ellos, amerita toda una serie de reflexiones vinculadas con política internacional, que para mí significan un planteo absolutamente equivocado del tema.

Contra lo que se ha afirmado aquí, me parece que el problema de soberanía es exactamente el opuesto del que se señala.

Creo que la soberanía del país, en alguna medida, queda comprometida cuando le ponemos trabas a lo que es la práctica destinada a un perfeccionamiento técnico de nuestras Fuerzas Armadas -en el caso concreto, la Armada uruguaya- y cuando estamos expresando que esas unidades, que van a realizar ejercicios de entrenamiento y de capacitación técnica, están comprometiendo la soberanía uruguaya. Esa capacitación, justamente, le permite a la Armada uruguaya defender una superficie marítima de un tamaño prácticamente equivalente al de nuestra área terrestre.

Nuestra Armada tiene una tarea, que si no la cumple en la forma que todos deseamos, es básicamente por la falta de elementos para hacerlo como se debe. Nuestro mar territorial contiene riquezas explotadas y explotables, que requieren una vigilancia permanente. No me cabe ninguna duda que la Armada uruguaya debería contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas de este Parlamento para esa tarea que debe hacer, porque en más de una oportunidad ha tenido que encontrarse con la evidencia de la falta de equipos y de recursos para defender la soberanía marítima del país.

La depredación pesquera de nuestras aguas territoriales, es fundamentalmente, una consecuencia del poco equipamiento que tiene la Armada para cumplir con sus tareas.

La Operación Unitas le permite a la Armada uruguaya tomar un modesto contacto -como lo decía también el señor senador Zorrilla- con técnicas y con equipos de los que carece nuestro país en este momento.

En consecuencia, me pregunto si realmente se puede hablar con fundamento diciendo que está comprometida la soberanía uruguaya cuando de lo que se trata es de capacitar a quien la defiende.

Todas las otras referencias creo que también están fuera de lugar. Más de una vez hemos discutido en este Senado sobre un tema que no guarda ninguna relación con la Operación Unitas, como es la llamada guerra de las Malvinas. Soy de los que ha sostenido, desde el momento en que se produjeron aquellos tristes acontecimientos, que la República Argentina, más allá de su legítimo derecho a pretender soberanía sobre el archipiélago de las Malvinas, violó claramente el Derecho Internacional, haciendo la guerra para satisfacer sus reclamos.

De modo que vincular lo que pudo haber sido el papel del gobierno de los Estados Unidos en la guerra de las Malvinas, con el que tuvo el gobierno encabezado por el general Galtieri, es totalmente distinto. Además, relacionar esto con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, me pregunto en qué ayuda a esclarecer el entendimiento de estas maniobras navales, absolutamente claras, que no tienen ningún misterio, que no llevan ningún propósito oculto, y que no poseen otra finalidad que la que se ve a primera vista, y que involucran también a Armadas con las que, por fortuna, tenemos buenas relaciones, tales como la de Brasil, y la de los Estados Unidos.

Suponer que haya una complicidad de la Armada brasileña con la de los Estados Unidos para envolver en una telaraña a la Armada del Uruguay, es realmente crear una espectacularidad sobre algo que no la tiene.

En suma, señor Presidente, creo que no se hace bien cuando se pretende inscribir esto en una cruzada ideológica. Me parece que lo que nos corresponde es tener una voz, ecuánime, equilibrada, que es la que advertimos a través del ejercicio que hace la Cancillería en su papel de buenos oficios dentro de Contadora, y a través de todo lo que los partidos políticos hacemos y decimos en torno a lo que es la preocupante situación de Centroamérica, en la que, por supuesto, no hay un solo actor responsable de la crisis, sino que, como suele suceder, hay actores que están a un lado y al otro.

Por lo tanto, considero que no hay motivo para crear la sospecha en torno de la Operación Unitas. Este es un tema que ya se ha convertido en recurrente dentro del Parlamento, pero bueno es que se señale que se puede votar con toda tranquilidad porque se trata de la posibilidad de otorgarle una mejor capacitación a nuestra Armada nacional. Basta observar cuál es el nivel de sus recursos. Se advierte, a través de la lectura del Mensaje del Poder Ejecutivo, que sólo estamos en condiciones de aportar una embarcación y un avión para estas maniobras. En consecuencia, se puede ver que nuestras fuerzas navales se mueven con una tremenda escasez de recursos, a pesar de todos los trabajos que deben realizar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Como se ha dicho aquí, el tema no hubiera dado nada más que para votar en favor o en contra del proyecto en discusión, pero en Sala se han volcado algunas consideraciones sobre el tema que nos obligan a hacer algunas puntualizaciones.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Es simplemente para hacer una aclaración.

No quisiera mencionar al señor senador Ricaldoni para que no se sienta en la obligación de contestarme.

Simplemente quería aclarar que cuando hablé del problema de las Islas Malvinas, de ninguna manera quise justificar lo injustificable: el delirio alcohólico de un dictador que en aquel momento llevó a la Argentina a cometer un acto agresivo. Sólo quise decir que, a consecuencia de ello, se comprobó la actitud de los Estados Unidos quien, en lugar de aplicar las normas del TIAR, brindó su apoyo logístico a la nación imperialista. Indudablemente la dictadura argentina era responsable de iniciar un acto que constituía una agresión, pero ello debió motivar, por parte del Gobierno de los Estados Unidos algo que no fuera precisamente, del apoyo a Gran Bretaña. Esa es la razón por la cual yo mencioné, señor Presidente, el episodio de las Islas Malvinas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: el señor senador Senatore incurrió en el mismo error de interpretación en que se incurrió en su momento, cuando en el marco de la Organización de los Estados Americanos se pretendió aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a raíz de la invasión argentina al archipiélago de las Islas Malvinas.

El TIAR establece exactamente lo contrario de lo que manifiesta el señor senador Senatore. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca entra en funcionamiento -si se le aplica como corresponde- cuando un país del sistema interamericano es objeto de una agresión, pero de ninguna manera cuando es un integrante de dicho sistema el que agrede a otro país, sea de dentro del sistema interamericano, o de fuera de él. Eso fue lo que ocurrió con la Argentina, más allá del tema de fondo relativo a la soberanía sobre las Islas Malvinas. No hay ninguna duda de que el país agresor fue la Argentina y siendo ello así, mal podía pretenderse -como algunos lo hicieron- que se invocara el TIAR para apoyar a la Argentina que era, repito, el agresor.

Muchas gracias, señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la primera constancia que deseaba dejar sentada es que aquí no hay nada sospechoso; simplemente hay una decisión política de realizar maniobras navales entre las Fuerzas Armadas uruguayas, las de Brasil y las de los Estados Unidos. Se trata de una decisión política y no acepto que no lo sea, porque no se realizan maniobras conjuntas con navíos de guerra para entrenarse a los efectos de proteger el mar territorial y defender la pesca.

Considero, señor Presidente y señores senadores, que si nuestra Armada tiene carencias para resolver los problemas de protección del mar territorial y de sus riquezas ictiológicas, lo correcto sería que el Poder Ejecutivo envíe al Senado las medidas correspondientes a los efectos de dotar a la Armada de los medios necesarios para realizar esas tareas. Pero éstas son maniobras navales de navíos de guerra, destinadas a realizar ejercicios tácticos de guerra, puesto que con esos navíos no se van a realizar ejercicios deportivos. Esto se inscribe dentro de una política que me parece bien que puedan defender los señores senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional, pero que nosotros estamos firmemente decididos a no votar.

Reitero que no se trata de ninguna sospecha, sino que es una política que apunta claramente en esa dirección. No hay ningún inconveniente en reconocerlo así; los señores senadores que estén de acuerdo con esta tesitura política votarán a favor de ella y, quienes no lo estemos, lo haremos en forma negativa.

En segundo término, pienso que hay quienes pueden afirmar que hay miradas sesgadas sobre la realidad internacional. A nosotros no nos duelen prendas; hemos estado y estamos en contra de toda intervención de una potencia extranjera contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. También quiero decir claramente que no admito que se diga -por lo menos sin réplica en este Senado- que lo que ocurre en El Salvador es comparable a lo que sucede en Nicaragua y que lo que sucede en aquel país centroamericano constituye una agresión exterior. Creo que la comunidad internacional tiene bastante claro el problema. Lo que hay, si, es una intervención extranjera desde hace muchos años para reprimir a un pueblo que ha perdido más de 45.000 personas en esa lucha interna, dirigida por un ejército que, más que internacional, es de ocupación de su propia patria.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no deseo entrar en la polémica de fondo que se ha suscitado con motivo de la consideración de este proyecto de ley y adelanto que lo voy a votar afirmativamente en líneas generales, por los mismos fundamentos que han expresado los señores senadores Lacalle Herrera y Ricaldoni. Pero, a raíz de las referencias que se han hecho con relación a aquel hecho desgraciado que fue el de la guerra de Las Malvinas, quiero decir que comparto lo que al respecto han manifestado los señores senadores Lacalle Herrera y Ricaldoni, pero creo que el tema permite estribar -como le gusta decir a mi amigo Lacalle- para hacer una consideración más importante, relativa al Derecho Internacional.

El señor senador Zumarán me recordaba a "sotto voce" que en aquellos tiempos de la guerra de Las Malvinas compartimos la responsabilidad de escribir sucesivos y extensos editoriales en el semanario "La Democracia" -semana tras semana, mientras duraba el conflicto- fijando con claridad una posición cuyo eje o columna vertebral era la defensa del Derecho Internacional. Y porque era la defensa del Derecho Internacional nosotros, de manera terminante -y, por supuesto, el Partido Nacional o, por lo menos, todos sus principales dirigentes, entre ellos el señor senador Lacalle Herrera- estábamos absolutamente de acuerdo en que había que rechazar de manera terminante el acto de agresión de la dictadura argentina, porque era totalmente violatorio del Derecho Internacional y no podía ampararse -como bien se ha dicho en Sala- por su propia naturaleza, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

En segundo término, nosotros siempre dejamos bien en claro que ello no hacía al reconocimiento cabal, pleno e incondicionado, del derecho que asiste a la Nación Argentina en cuanto a su soberanía sobre el archipiélago.

En tercer lugar, condenamos -porque también era violatoria del Derecho Internacional- la reacción del Gobierno inglés de la señora Thatcher, que decidió contestar a la fuerza con la fuerza. Esto no fue condenado por las Naciones Unidas nada más que porque, en virtud del derecho que le confiere su Carta a determinados Estados, Gran Bretaña ejerció el veto en el Consejo de Seguridad.

A raíz de las consideraciones que vertemos sobre este problema -que podrán parecer fuera de tiempo, pero no fuimos nosotros quienes trajimos al debate el tema de las Islas Malvinas- aprovechamos para manifestar enfáticamente que creemos que el Derecho Internacional es un orden jurídico aún imperfecto porque, como todos sabemos, no tiene configurada de manera plena la nota de coercibilidad que es inherente a los ordenamientos jurídicos internos, es decir, a cada orden jurídico de los Estados soberanos.

No obstante, creemos que el Derecho Internacional ha venido evolucionando, lenta pero seguramente, desde los tiempos en que la guerra era un derecho de los Estados hasta la actualidad, en que ella constituye un acto o conducta ilícita para el Derecho Internacional. Aún no se han perfeccionado los mecanismos tendientes a establecer las sanciones y los medios que impongan las reglas del Derecho Internacional a todos los Estados y no sólo a los Estados débiles. Pero tenemos que tener confianza -sobre todo los Estados que no podemos ampararnos en nuestra fuerza material- en el progreso del Derecho Internacional y afirmar enfáticamente que, en la medida que se logre su perfeccionamiento, constituye la única garantía verdadera para la paz en el futuro. Naturalmente que no podemos ser tan ingenuos como para creer que este progreso y este perfeccionamiento logren hacer completamente obligatorio el Derecho Internacional en el curso de pocos años, y ni siquiera de pocas décadas. Pero tenemos que tener fe en que, con el correr del tiempo -y en esta materia el progreso debe medirse quizás por siglos- el Derecho Internacional terminará por imponerse a todas las naciones y será la única regla de convivencia válida, que asegurará la paz para todas las naciones en el futuro de la humanidad.

Nada más.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - A modo de fundamento de voto anticipado quiero hacer una reflexión sobre este tema.

Tal como lo he hecho en oportunidades anteriores, voy a votar favorablemente este proyecto, de acuerdo con un criterio que creo todos los señores senadores aquí presentes hemos desarrollado desde el 1º de marzo de 1985. Todos hemos condenado de manera categórica lo que fue la incursión de las Fuerzas Armadas en un terreno que está fuera de su papel institucional; absolutamente todos -con lo que reconocemos tácitamente la necesidad de que existan las Fuerzas Armadas- hemos dicho que queremos reinsertarlas a la vida del país bajo un criterio estrictamente profesional. Y de esto se trata, precisamente; nada tienen que ver la guerra de Las Malvinas ni el sexo de los ángeles. Es sobre eso, que tenemos que pronunciarnos.

Felizmente, parece que hemos avanzado algo. Acabo de escuchar al señor senador Gargano decir que si se trata de falta de recursos, lo que el Poder Ejecutivo debe hacer es enviar un Mensaje creándolos y nosotros los votamos. Entonces, parece que ahora estamos dispuestos a aumentar el porcentaje correspondiente a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional. Eso no me parecería mal si realmente fuera éste el objetivo que se persiguiera.

Por lo tanto, señor Presidente, tal como lo he hecho antes, ciñéndome estrictamente al principio que acabo de formular, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en oportunidad en que el Senado consideró la Operación Unitas XXVII el día 6 de octubre de 1986, votamos negativamente la autorización solicitada y desarrollamos con cierta extensión y referencias concretas, los fundamentos de esa actitud. Aquella intervención figura en el Boletín Informativo Nº 145 de 6 de octubre de 1986, páginas 75 y 76, y nos remitimos a ella y la ratificamos.

Los elementos que podrían haber determinado alteraciones en nuestra actitud dependían de modificaciones que, a su vez, se hubieran producido en la política exterior de los Estados Unidos de América. Ellas no se han registrado; por el contrario, el transcurso de este año ha confirmado una actitud guerrerista y de provocación, particularmente en lo que dice relación con la política latinoamericana. Las maniobras navales y aéreas realizadas en torno a la hermana República de Nicaragua y la campaña de agresión llevada a cabo contra ésta son a éste respecto demostraciones terminantes de que el espíritu que determinó la invasión de la República Dominicana en 1965 y la violación de la soberanía de Nicaragua muchos años después, no ha sido modificado y, por el contrario, se mantiene. La reticencia reiteradamente manifestada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a los trascendentes planteamientos en favor de una política de paz formulados por el denominado "Grupo de los seis" también así lo establece.

En consecuencia, nada abona la existencia de elementos que puedan determinar una modificación en nuestros puntos de vista. Aquí se han hecho reiteradas referencias a actitudes anteriores. Por lo que a nosotros respecta, podemos señalar que militando en el Partido Nacional, en la columna mayoritaria que dentro de él encabezara, en aquel tiempo, el doctor Luis Alberto de Herrera, ya en la década del cuarenta y comienzos de la del cincuenta, registramos nuestra frontal oposición a esta orientación política. Hoy, fuera del Partido Nacional y dentro del Frente Amplio, alentamos en lo fundamental similares concepciones. Nada nos une y todo nos separa de los elementos políticos sustanciales, inspiradores de aquellos que registran operaciones de esta naturaleza. Votaremos decididamente contra cuanto esto representa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Quiero señalar que días pasados la prensa dio cuenta de que en momentos de realizarse las maniobras del Pacto de Varsovia, fueron invitados a concurrir oficiales de las fuerzas de los países europeos y de los Estados Unidos, quienes pudieron comprobar de esta manera la estricta preparación de esa importante fuerza bélica. Supongo que habrán sacado apuntes, participado y comprendido mejor la técnica de un ejército con el cual poco tienen que ver.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero dejar una pequeña constancia que tal vez omití y, aunque me parece superflua, de todas maneras quiero dejarla establecida.

Los elementos que informan las posiciones políticas que adoptamos tienen una raíz, una esencia y una impronta intransferiblemente nacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

El artículo 3º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al informado.)

14) II ENCUENTRO DE LEGISLADORES Y REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS PROVINCIALES Y NACIONALES DE AMERICA LATINA. III Jornadas de Informática al servicio del Derecho. Invitación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: cuando se iniciaba la sesión del Senado, se dio cuenta por Secretaría de la llegada de una comunicación proveniente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires relativo al "II Encuentro de Legisladores y Representantes Parlamentarios Provinciales y Nacionales de América Latina", con respecto al tema de las relaciones entre el derecho y la informática. El título exacto de dicho encuentro es "III Jornadas de Informática al Servicio del Derecho".

Oportunamente, la Mesa dispuso el pase a la Comisión Especial de Política, Informática y Prospectiva. Como esa Comisión no se reunirá con la celeridad necesaria, porque este evento comienza el día 6 de agosto, solicitaría -no he hablado nada más que con el señor senador Traversoni, pero supongo que el señor senador Batalla, que me acompaña muy a menudo en estas votaciones no opondrá reparos- que la Mesa disponga lo necesario para designar a los parlamentarios que habrán de concurrir en la medida en que el Senado considere que se puede aceptar dicha invitación. Entonces, habría que determinar si se acepta la participación y dejar en las seguras y firmes manos de la Presidencia la designación de los delegados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Lacalle Herrera en el sentido de que se encomiende a la Mesa, en consulta con la Comisión Especial de Política, Informática y Prospectiva, la designación, de él o los delegados que concurrirán a la ciudad de La Plata entre el 6 y el 8 de agosto, para asistir a estas Jornadas de Informática.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a considerar el punto que figuraba en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal. (Carp. Nº 542/86 - Rep. Nº 92/87)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 542/86
Rep. Nº 92/87

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA.
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS.
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL.
MINISTERIO DE
EDUCACION Y CULTURA.
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.
MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA.

Montevideo, 4 de noviembre de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para someter a su consideración, el adjunto Proyecto de Ley Forestal.

En los lineamientos de desarrollo forestal aprobados por Resolución del Poder Ejecutivo del 11 de noviembre de 1971, se señalaban las principales carencias del sector forestal nacional, así como las posibilidades que el país tiene para su desarrollo.

Desde aquel momento hasta ahora el sector no contó con el tratamiento prioritario indispensable para su impulso.

La situación actual de los recursos forestales muestra que existe una superficie arbolada del orden de las 770.000 há. lo que nos coloca entre los países de menor índice de forestación de América Latina (4% de la superficie nacional). De la misma, 600.000 há. son bosques naturales de escaso valor maderable y que deben ser conservados dada su función protectora. Las restantes 170.000 há. son de baja calidad maderera, lo que dificulta su fluida comercialización.

Asimismo, el análisis actual del mercado forestal, revela un déficit en el abastecimiento que se agravará en los próximos años. La demanda proyectada de madera para los próximos cinco años es del orden de 2:400.000 toneladas anuales. Por su parte la oferta anual proveniente de los bosques disponibles asciende a una cantidad aproximada a 1:300.000 toneladas.

Estos cálculos nos demuestran que el balance oferta-demanda de materias primas forestales arroja un saldo negativo anual superior al millón de toneladas.

A este déficit de naturaleza industrial y energética, de sumársele la necesidad de forestar para la protección de cuencas hídricas y de fijación de arenas en la costa atlántica.

Como contrapartida, nuestro país dispone de suelos de nula y baja productividad, con inmejorables condiciones para el desarrollo forestal, posibilitando alcanzar en ellos crecimientos superiores a los registrados en los lugares de origen de las especies implantadas. Estas características permiten la producción de madera con enormes ventajas comparativas frente a los países vecinos, y en armonía con los demás sectores de la agropecuaria nacional, buscando el desarrollo forestal transformando arenales en bosques y sin invadir tierras de cultivo.

Para revertir esta situación deficitaria, resulta imprescindible crear los estímulos que impulsen la forestación, máxime teniendo presente que el Decreto-Ley de Reforma Tributaria Nº 14.948, de 12 de noviembre de 1979, suprimió el único estímulo que operaba en ese momento y que consistía en la posibilidad de reinvertir hasta el 100% del IMPROME en la implantación de bosques protectores y de rendimiento.

El Poder Ejecutivo efectuada una evaluación de la situación que presenta la forestación en el país y analizada la legislación vigente en la materia, estima conveniente propulsar un Proyecto de Ley que consagre una serie de instrumentos de índole jurídico y de financiamiento que posibiliten una dinamización y desarrollo creciente del sector.

Si bien el proyecto estructurado propone la derogación de la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, mantiene los lineamientos esenciales que inspiraron su dictado al recoger un gran número de las disposiciones allí implementadas.

La elaboración de un texto único en materia forestal, que conjugue en forma orgánica las disposiciones cuya permanencia se estima conveniente con las innovaciones propuestas por la Comisión Asesora integrada con delegados del sector gremial agrario e industrial, facilitará el manejo y conocimiento de la legislación forestal posibilitando un rápido acogimiento del sector productivo a los incentivos estructurados.

Dentro de las innovaciones que consagra este proyecto, merece real destaque, por la significación de orden conservacionista y proteccionista que apareja, la prohibición de la corta y cualquier operación que afecte la supervivencia del monte indígena.

La carencia de recursos forestales, agravada por el creciente incremento en los consumos de madera como sustituto de los combustibles líquidos, ha aparejado una agresiva e indiscriminada tala de los mismos con los consiguientes perjuicios que ello ocasiona.

Posee el monte indígena una importancia superior a su potencialidad maderera, en cuanto cumple vitales funciones en la regulación del clima, protección de suelos y cuencas hídricas, complemento natural y de defensa de la actividad agrícola ganadera, refugio de fauna y recreación, por lo que merece el imperioso dictado de normas que aseguren la supervivencia del mismo.

Respecto al Fondo Forestal creado por la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, en la actualidad se hace necesario dotarlo de recursos económicos que posibiliten desarrolle las funciones y cometidos para el cual fue implantado.

En ese aspecto, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo destinará una partida anual mínima igual al equivalente al costo ficto de forestación de 10.000 hectáreas.

Esto permitirá al Gobierno Nacional regular su asistencia financiera a la promoción del desarrollo forestal, en forma compatible con las necesidades y metas que se establezcan en los diversos planes y programas estructurados en la materia.

Se incluye como otra forma de financiamiento de plantaciones de bosques artificiales calificados como protectores o de rendimiento, la deducción parcial del costo de plantación de dichos bosques del monto a pagar en concepto del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias u otros que se establezcan con similares hechos generadores.

En concordancia con esos lineamientos y a efectos de propender a que el Fondo Forestal sea un instrumento ágil y de acceso para los beneficiarios, se crea en la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca una Comisión Administradora con el cometido básico y fundamental de la administración, dirección y contralor de los aspectos económicos financieros relacionados con el Fondo.

Estimándose que una gran parte de las posibilidades de éxito de una política de fomento de desarrollo de una actividad productiva a largo plazo como la forestación, depende de la continuidad y permanencia de los lineamientos que inspiran la misma, el proyecto determina la obligación del Poder Ejecutivo de estructurar un Plan Nacional de Forestación por un lapso de cinco años con posibilidad de actualización anualmente. Aunado a ello, la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca siguiendo las pautas demarcadas en dicho Plan Nacional, anualmente deberá elaborar un programa de promoción de actividades forestales.

Atendiendo a una concepción global del tema de la promoción y desarrollo de la forestación en el país, se incluye la autorización expresa para que Sociedades Anónimas y Comanditarias con acciones al portador, no financieras, puedan poseer o explotar inmuebles rurales con destino a forestación.

Se implementan a su vez los controles que aseguren el fiel cumplimiento de los destinos para los que se concede esta autorización genérica.

Con el objeto de garantizar financiamientos, se prevé la inclusión de los bosques calificados como de rendimiento dentro de los bienes sobre los cuales puede recaer el contrato de prenda rural o agraria. Dicho contrato se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918 y las establecidas con carácter expreso en el presente texto.

A estos fines, se establece un doble registro de los contratos de prenda aumentándose a 25 años el término de prescripción del derecho del acreedor prendario y el plazo de caducidad de la inscripción registral. Dicho lapso de tiempo se corresponde con el plazo máximo que pueden insumir determinadas especies para alcanzar su turno técnico de explotación.

El Poder Ejecutivo tiene la convicción de que el presente proyecto de ley será un instrumento que permitirá el desarrollo de un programa sostenido de plantaciones forestales, que además de revertir la situación deficitaria que presenta el sector, contribuirá con singulares beneficios desde el punto de vista ambiental, económico y social.

En lo ambiental, dado que el bosque cumple vital papel en la regulación del clima como así también de procesos erosivos, escurrimientos de agua, etc., y es factor de embellecimiento del paisaje, mejorando la calidad de vida de los pobladores y contribuyendo al desarrollo del turismo.

En lo económico porque el sector forestal tiene fuerte interdependencia con los demás sectores de la economía ya que sus productos son insumos de gran número de industrias.

Asimismo, el desarrollo forestal estimula la demanda por productos derivados de la madera y al mismo tiempo estimula la demanda de insumos para el propio sector.

Y en lo social por estar orientada la actividad forestal hacia las zonas rurales contribuyendo a solucionar problemas de centralismo y permitiendo el desarrollo regional en zonas que presentan mayores déficits de infraestructura. Debe recordarse que la actividad forestal es fuente de trabajo desde la producción de plantas hasta el consumo del producto final cubriendo ciclos que superan los veinte años, dando empleo a personas con diferentes grados de calificación durante un largo período.

Saludan al Sr. Presidente con toda consideración,

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Roberto Vázquez Platero, Carlos Pirán, Ricardo Zerbino, Adela Reta, Jorge Sanguinetti, Juan V. Chiarino.

PROYECTO DE LEY

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Declárase de interés nacional la defensa, el mejoramiento y la creación de los recursos forestales, y el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal.

Art. 2º - La política forestal nacional será formulada y realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca y deberá estar fundamentalmente orientada hacia el cumplimiento de los fines de interés nacional mencionados en el artículo anterior. En los aspectos que se relacionan con energía e industrias derivadas de la madera, requerirá la intervención del Ministerio de Industria y Energía.

Art. 3º. - Se regirán por las disposiciones de la presente ley, todos los bosques, parques y terrenos forestales existentes dentro del territorio nacional.

Art. 4º. - Para los efectos de la presente ley, son bosques todas las asociaciones vegetales en las que predominan el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo al ganado y a la fauna silvestre u otros beneficios de interés nacional.

Art. 5º. - Para los efectos de la presente ley, son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no:

a) por sus condiciones de suelo, altitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso, y

b) los que sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Agricultura y Pesca en función de la aptitud forestal del suelo, su uso alternativo, consideraciones que hagan al potencial de utilización de la madera o razones de utilidad pública.

A los efectos de los beneficios otorgados por esta ley, se tomará en cuenta el potencial de aprovechamiento económico de las áreas forestadas.

Art. 6º. - La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca será el organismo ejecutivo en materia forestal y estará encargada del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de la competencia que puedan tener en la materia otros Ministerios.

Art. 7º. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección Forestal tendrá los siguientes cometidos especiales:

a) Promover el desarrollo forestal en todas sus etapas productivas mediante actividades de investigación, extensión, propaganda y divulgación;

b) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía forestal nacional, analizar sus costos de producción, precios y mercados y censar los medios productivos silvícolas e industriales;

c) Fomentar y planificar la forestación en tierras privadas o públicas y desarrollar todas las actividades que, con este fin, se prevén en esta ley;

d) Incrementar y mejorar la producción y distribución de plantas y semillas para forestación;

e) Asistir a las instituciones públicas y a los particulares propietarios de bosques, en el manejo de formaciones naturales o artificiales y su explotación racional;

f) Planificar el desarrollo y promover la instalación y la tecnificación de las industrias elaboradoras de productos forestales madereros, pulpa, papel y de otro tipo, conjuntamente con la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria y Energía.

g) Administrar, conservar y utilizar el patrimonio forestal del Estado, de acuerdo con las disposiciones de esta ley;

h) Organizar la protección de los bosques contra enfermedades, parásitos, incendios y otras causas de destrucción;

i) Desarrollar tareas de experimentación en el campo de la ecología forestal, la explotación y las industrias forestales, en coordinación con las actividades que en este campo desarrollan otras instituciones;

J) Planificar y fomentar la forestación y explotación de bosques con fines y por razones energéticas, conjuntamente con la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía, y

k) Colaborar con la Junta Honoraria Forestal.

TITULO II
DE LOS BOSQUES PARTICULARES

CAPITULO I
CLASIFICACION Y DESLINDE

Artículo 8º. - Los bosques particulares se calificarán según sus fines en la siguiente forma:

a) Protectores, cuando tengan fundamentalmente el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables;

b) De rendimiento, cuando tengan por fin principal la producción de materias leñosas o aleñosas y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera y otros productos forestales que de ellos pudieran obtenerse; y

c) Generales, cuando no tengan las características de protectores, ni de rendimiento.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal, a su iniciativa o por solicitud de los interesados. En este segundo caso, éstos deberán presentar:

- un informe circunstanciado, cuando se trate de clasificar un bosque ya existente, o

- un proyecto de forestación, cuando se trate de crear un bosque protector o de rendimiento.

Art. 9º. - La Dirección Forestal llevará los registros en que se inscribirán los bosques que se clasifiquen como protectores o de rendimiento.

Art. 10.- La Dirección Forestal determinará los procedimientos técnicos que habiliten para efectuar las operaciones de deslinde de todo bosque a efectos de su calificación.

Art. 11. - La Dirección Forestal queda facultada para efectuar mediante los funcionarios técnicos e inspectivos, las inspecciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO II
FORESTACION OBLIGATORIA

Artículo 12. - Es obligatoria la plantación de bosques protectores en todos los terrenos que los requieran. También es obligatoria la forestación con bosques de rendimiento, de los terrenos ubicados en las áreas que se designen por razones de conveniencia pública. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, compete al Ministerio de Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal.

Art. 13. - La resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, que será amparada por todos los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley y otras afines.

El propietario que, pudiendo beneficiarse con el financiamiento mencionado, no quiera realizar el trabajo, podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; en el primer caso, lo ofrecerá con preferencia al ocupante. Si se trata de predios arrendados o en aparcería, el ocupante queda obligado a permitir al propietario la ejecución de los trabajos de forestación. Cuando la superficie, forestada sobrepase el 5% (cinco por ciento) del área total del predio se rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante.

Art. 14. - Vencidos los plazos establecidos en el artículo anterior, sin que el propietario realice la plantación, el Poder Ejecutivo , a proposición del Ministerio de Agricultura y Pesca, expropiará total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 15. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, mientras no se realicen las plantaciones o el Poder Ejecutivo no expropie el inmueble, vencidos los plazos establecidos en el inciso primero del artículo 13, el propietario pagará una multa del 1%º (uno por mil) mensual sobre el valor real del inmueble fijado por la Dirección General del Catastro Nacional.

Art. 16. - El Ministerio de Agricultura y Pesca, previo informe de la Dirección Forestal, podrá revocar la resolución que obliga a la forestación cuando:

a) Tratándose de plantación de bosques protectores, el propietario presente soluciones sustitutivas, totales o parciales, que permitan cumplir la misma finalidad; o

b) Ttratándose de plantación de bosques de rendimiento, el propietario demuestre fehacientemente que los terrenos le resultan imprescindibles para subvenir a las necesidades propias y de su núcleo familiar directo.

TITULO III
EL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 17. - Todos los bosques y terrenos forestales definidos en los artículos 4º y 5º que sean propiedad del Estado a la fecha de promulgación de la presente ley y los que adquieran en el futuro, integran el Patrimonio Forestal del Estado, quedando bajo la tuición del Ministerio de Agricultura y Pesca, con excepción del arbolado existente en las franjas de dominio público de las rutas nacionales y en las riberas de los cursos de agua y embalses de dominio público, que quedarán bajo la tuición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 18. - El Ministerio de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección Forestal, proveerá su conservación, protección, ampliación, mejoramiento y utilización racional. Quedan exceptuados los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, que continuarán dirigidos y administrados por la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la Fortaleza de Santa Teresa y Fuerte San Miguel (Ley Nº 8.172, de 26 de diciembre de 1927 y Art. 12 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960). Por razones de conveniencia, el Poder Ejecutivo podrá conceder a entidades públicas o privadas, la Dirección y Administración de otros sectores del Patrimonio del Estado.

Art. 19. - Los bosques que integran el patrimonio Forestal del Estado, serán Parques Nacionales o Bosques Fiscales. Los Parques Nacionales, serán así declarados por Resolución del Ministerio de Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal. Los Parques Nacionales serán destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales manteniendo el destino de interés general que motivó su creación. Los Bosques Fiscales estarán constituidos, sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal que no se encuentre en el caso del inciso anterior. Podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras preparado por la Dirección Forestal aprobado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y ejecutado por la Dirección, ya sea directamente o por medio de convenios con otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

Art. 20. - Los ingresos emergentes de la utilización de los bosques administrados por el Ministerio de Agricultura y Pesca serán vertidos directamente al Fondo Forestal. A su vez, el mismo Fondo financiará los trabajos de forestación, mejora, manejo y explotación que la Dirección Forestal realice en el Patrimonio Forestal. Dicha financiación tendrá prioridad sobre los préstamos a particulares.

Art. 21. - La Dirección Forestal calificará los bosques que integran el Patrimonio Forestal del Estado, aunque no sean protectores o de rendimiento y llevará registros especiales para todos ellos. El Patrimonio Forestal del Estado será deslindado en el terreno por la Dirección Forestal de acuerdo a los artículos 10 y 11 dentro de un plazo de treinta días a partir de su inscripción en el Registro.

Art. 22. - Declárase de utilidad pública la expropiación de las tierras que el Poder Ejecutivo designe en cumplimiento del artículo 14, o a efectos de ampliar el Patrimonio Forestal que regula el presente Título.

TITULO IV
DE LA PROTECCION DE LOS BOSQUES

CAPITULO I
PROTECCION DE LOS BOSQUES PARTICULARES

Artículo 23. - Queda prohibida la destrucción de los bosques protectores y de rendimiento creados de acuerdo al artículo 12. Será considerada destrucción de bosques cualquier operación que no se ajuste al plan mencionado en el artículo 49 y que atente, intencionalmente o no, contra el desarrollo o permanencia del bosque. Su eliminación sólo podrá efectuarse previa autorización y con las cautelas que fijará la Dirección Forestal en cada caso.

Quien haya destruido un bosque violando lo preceptuado en el inciso anterior, será obligado a la reforestación de acuerdo a las normas de los artículos 12, 13, 14 y 15 no gozando para tales efectos de los beneficios de financiamiento que confiere la ley.

Art. 24. - Prohíbese la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de los siguientes casos:

a) cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece;

b) cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen las causas que justifiquen la corta y los planes de explotación a efectuarse en cada caso.

Art. 25. - Queda prohibida la destrucción de los palmares naturales y cualquier operación que atente contra su supervivencia.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, por razones científicas, económicas o de interés general, podrá reglamentar el corte o la explotación de otras determinadas especies o ejemplares forestales, así como la utilización de resinas, cortezas, semillas, hojas u otras partes de árboles forestales nativos o exóticos.

Art. 26. - Los gobiernos Departamentales no podrán autorizar fraccionamientos en terrenos declarados de forestación obligatoria por el Ministerio de Agricultura y Pesca, sin previa autorización del mismo, la cual no será acordada mientras no sean forestados.

Art. 27. - Los bosques protectores o de rendimiento sólo podrán ser expropiados por el Instituto Nacional de Colonización en casos excepcionales, previa autorización del Poder Ejecutivo, cuando ello convenga al interés general.

Art. 28. - Cuando en un bosque aparezcan enfermedades o se desarrollen parásitos, que amenacen su conservación o la de los bosques vecinos, quienes tengan conocimiento de ello deberán enviar aviso inmediato a la Dirección Forestal. El dueño del bosque deberá ajustarse a las directivas que sobre el particular le imponga dicha Dirección.

Los propietarios de cualquier bosque podrán beneficiarse de los financiamientos previstos en el artículo 44 para efectuar los tratamientos fitosanitarios que se requieran.

Art. 29. - El Poder Ejecutivo establecerá las normas obligatorias de prevención de incendios y otras formas de protección de los bosques.

Art. 30. - Todo proyecto de forestación, manejo u ordenación de bosques, redactado en base a los artículos 8 y 49, deberá prever una red de calles anti-incendio, las que deberán conservarse libres de vegetación según las previsiones de esta ley y de la reglamentación a que se refiere el artículo anterior.

Los propietarios de bosques colindantes, con vías férreas o carreteras públicas, deberán mantener libres de vegetación las fajas cuyas dimensiones determinará la reglamentación.

En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la Dirección Forestal podrá proponer la supresión de dichos beneficios otorgados por los artículos 39 a 51 de esta ley.

Art. 31. - Los financiamientos para trabajos de protección forestal a que se refiere el artículo 44, se extenderán a las obras y los elementos que se necesiten para la protección de los bosques contra los incendios, como ser: torres de control, calles anti-incendios, equipos de comunicación, medios técnicos de señalamiento a distancia y para determinar índices de peligrosidad, así como útiles y máquinas para la intervención contra el fuego en los bosques.

Los financiamientos también podrán ser hechos a grupos asociados de interesados.

Las importaciones de elementos destinados a estos fines realizadas por los interesados gozarán del régimen de liberación que establece el artículo 69.

Art. 32. - La Dirección Forestal ayudará a la constitución y el funcionamiento de asociaciones de propietarios de bosques, que tengan por fin la prevención y la lucha contra los incendios y plagas forestales en forma asociada.

La Dirección podrá participar de dichas asociaciones cuando los bosques de los miembros en una de ellas se encuentren próximos a bosques o terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 33. - Toda persona está obligada a denunciar de inmediato a la autoridad más próxima la existencia de fuego en un bosque o sus proximidades, o cualquier infracción a las normas de protección que se establecen en los artículos anteriores.

Las autoridades gubernamentales adoptarán todas las iniciativas más rápidas y adecuadas en medios y personal, para organizar la extensión de los incendios forestales.

Art. 34. - Sustitúyese el inciso 5) del artículo 20 del Código Rural, el que quedará redactado en los siguientes términos.

"En los casos establecidos en el inciso anterior, si el vecino entiende que las plantaciones, aún en las condiciones indicadas, pueden perjudicar la propiedad, someterá la cuestión a resolución de la Dirección Forestal.

La Dirección Forestal determinará si existe o no daño y si existiese, fijará la distancia mínima a que deberá quedar la plantación".

Art. 35. - Sustitúyase el inciso tercero del artículo 12 del Código Rural, por el siguiente:

"La distancia entre los postes no excederá de quince metros y se colocarán los piques suficientes para que entre unos y otros no haya separación mayor de dos metros. Los postes deberán ser de madera u otros materiales que ofrezcan razonable durabilidad, natural o adquirida, y los piques y alambres de buena calidad.

El Poder Ejecutivo determinará, oyendo previamente a la Dirección Forestal, las maderas u otros materiales que pueden ser utilizados como postes".

CAPITULO II
PROTECCION DEL PATRIMONIO FORESTAL

Artículo 36. - Los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, serán sometidos a las normas de protección mencionadas en el Capítulo anterior, en lo aplicable.

Sin perjuicio de lo establecido por dichas normas, en los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, la Dirección Forestal podrá:

a) Prohibir temporalmente el tránsito, cuando hayan condiciones climáticas o de otra naturaleza particularmente favorables al desarrollo de incendios forestales;

b) Prohibir la ocupación o instalación permanente de particulares;

c) Prohibir la explotación y el corte parcial o total de árboles y arbustos aislados de cualquier tamaño y edad;

d) Prohibir, total o parcialmente, la utilización de la cosecha de todo producto además de la madera, cuando razones de conservación y protección de los recursos naturales así lo aconsejan;

e) Prohibir el pastoreo de animales domésticos, fijando cuando lo autorice, las condiciones de pago, el número y especie de animales que podrán ser introducidos, la superficie y los deslindes de la zona objeto de la concesión.

Las entradas que deriven de cualquier concesión a particulares en terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado ingresarán al Fondo Forestal.

Art. 37. - El que incumpliere las normas protectoras previstas en el artículo anterior, indemnizará al Fisco el daño directo o indirecto que hubiere causado al Patrimonio Forestal del Estado. El monto de dicha indemnización se verterá al Fondo Forestal.

El pago de la indemnización no exime al responsable de las otras sanciones previstas en esta ley, ni de las previstas por el Código Civil y el Código Rural.

Art. 38. - El Ministerio de Agricultura y Pesca podrá destinar hasta un 5% (cinco por ciento) de las recaudaciones anuales del Fondo Forestal a la organización y sostenimiento de un servicio de Guardería Forestal, que mantendrá la vigilancia permanente del Patrimonio Forestal del Estado.

TITULO V
FOMENTO DE LA FORESTACION

CAPITULO I
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Artículo 39. - Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores o de rendimiento según el artículo 8º y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural.

2) Sus respectivos valores o extensiones no se computarán para la determinación de: a) ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias. (IMAGRO u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores) y b) al monto imponible del Impuesto al Patrimonio.

3) los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el impuesto a las rentas agropecuarias (IRA, u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores).

Art. 40. - Los beneficios fiscales previstos en el artículo anterior, cesarán desde el momento en que el bosque sea destruido por cualquier causa. Si la destrucción fuera parcial los beneficios mencionados subsistirán sobre la porción del bosque que quedare. Cuando la destrucción total o parcial del bosque fuere causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad correspondiere al propietario, la administración exigirá el pago de los recargos por mora desde el momento que el impuesto hubiera sido diferido por aplicación del artículo anterior, sin perjuicio de lo previsto en artículo 23 y Título VII Capítulo I.

Art. 41. - Para la fijación de aforos y tasaciones, se determinará por separado el valor de la tierra y el de las plantaciones.

Art. 42. - El Ministerio de Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal establecerá anualmente los costos fictos de forestación y mantenimiento.

Art. 43. - El Estado garantiza que ningún nuevo gravamen fiscal salvo que así sea declarado expresamente, afectará directa e indirectamente las plantaciones forestales calificadas según el artículo 8º de la presente ley, ni los terrenos de su radicación.

CAPITULO II
FINANCIAMIENTO

Artículo 44. - El financiamiento establecido en el presente Capítulo se atenderá con el Fondo Forestal de que trata el Título VI de esta ley. Sin perjuicio de ello el Ministerio de Agricultura y Pesca gestionará y promoverá líneas de financiamiento que por sus montos, plazos y tasas de interés, se adecuen a las características de la producción forestal.

Dichos financiamientos serán concedidos por la Administración del Fondo para trabajos de forestación, regeneración natural de bosque, manejo y protección forestal. Entre los trabajos de forestación se comprenderán también la instalación y el desarrollo de viveros forestales.

Se acordarán los financiamientos para forestaciones existentes o proyectadas siempre que hayan sido calificadas como protectores o de rendimiento.

La implantación de bosques en los terrenos a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, podrá recibir financiamiento de la inversión directa calculada según el costo ficto de forestación aplicable, excluido el valor del terreno, con cargo a las disponibilidades del Fondo Forestal, en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 45. - La Dirección Forestal ejercerá el control técnico de los viveros forestales beneficiados por el financiamiento previsto en el artículo anterior, ya sean de uso propio o con finalidad comercial.

Art. 46. - En el caso de bosques creados con los financiamientos establecidos en la legislación forestal, serán solidariamente responsables del cumplimiento del proyecto de forestación y plan de manejo y explotación respectivos, el beneficiario y los sucesivos titulares del bosque. En consecuencia quedarán sujetos a la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, así como las que establece la legislación vigente en materia de infracciones tributarias.

Los beneficiarios y sucesivos titulares de los bosques, podrán eximirse de dicha responsabilidad, cuando previamente a la toma de posesión del bosque por el nuevo titular, se constate por la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca el correcto cumplimiento del plan de forestación y manejo del mismo.

Art. 47. - Cuando la destrucción total o parcial de un bosque beneficiado con los financiamientos previstos en el presente Capítulo fuera causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad corresponda al beneficiario, la Administración exigirá la restitución del monto de la financiación otorgada incluyendo su actualización según el costo ficto fijado por el Poder Ejecutivo quedando facultada para aplicar las sanciones previstas en el Título VII Capítulo I de la presente ley.

La restitución deberá ser concretada dentro del año de producida la destrucción y en relación con la superficie afectada.

Cuando la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca determine que la destrucción no se puede imputar directa o indirectamente al beneficiario de la financiación, podrá conceder un plazo razonable para su replantación o en su defecto para la devolución de los beneficios recibidos, actualizados según el costo fijado por el Poder Ejecutivo.

Art. 48. - En el otorgamiento de los financiamientos, tendrán prioridad aquellos que se soliciten para plantar en terrenos forestales que reúnan conjuntamente las condiciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 5º.

Art. 49. - Para gozar de los beneficios tributarios y de financiamiento establecidos en este título, los interesados deberán someterse a un plan de manejo y ordenación para las operaciones culturales, de explotación y regeneración de bosques. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección Forestal, la que establecerá con carácter general, cuándo deberá ser acompañado por la firma de Ingeniero Agrónomo, Técnico o Experto Forestal de la Escuela de Silvicultura de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

Art. 50. - Los sujetos pasivos del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, de Impuesto a las Rentas Agropecuarias u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores, podrán deducir del monto a pagar por dichos impuestos un porcentaje del costo de plantación de los bosques artificiales que sean declarados protectores o de rendimiento conforme al artículo 8º de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones a que deberá ajustarse el otorgamiento de dicho beneficio. A esos efectos, atenderá al valor que se establezca para el costo ficto de forestación y mantenimiento.

Art. 51. - El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el régimen de otorgamiento de los financiamientos previstos en esta ley. Se podrá exigir a los beneficiarios de los financiamientos la contratación de seguros y otorgamiento de garantías que se consideren necesarios.

CAPITULO III
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO FORESTAL

Art. 52. - Con el fin de atender las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, créase el Fondo Forestal, que se integrará con los siguientes recursos:

a) las sumas que le asigne el Poder Ejecutivo;

b) el reintegro a que eventualmente den lugar los financiamientos otorgados por el Fondo Forestal;

c) el producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones o proventos que deriven de la gestión del Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo a los artículos 20 y 36;

d) el monto de las indemnizaciones que reciba el Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al artículo 37;

e) el importe de las multas aplicadas por infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones;

f) los legados y donaciones que reciba;

g) los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concierten de acuerdo a la ley.

Art. 53. - El Fondo Forestal será administrado por una Comisión Honoraria denominada "Comisión Administradora del Fondo Forestal" que funcionará en la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca, el que brindará todo el apoyo necesario para su funcionamiento.

La Comisión estará integrada por 4 miembros,

1) El Director de la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca que la presidirá y tendrá doble voto en caso de empate;

2) un delegado del Ministerio de Agricultura y Pesca;

3) un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas;

4) un delgado del Ministerio de Industria y Energía.

Además será designado por los organismos representados un miembro alterno para cada titular. Sin perjuicio de los cometidos que le asigne la reglamentación, la Comisión Administradora que se crea, tendrá por cometido básico y fundamental la Administración, dirección, contralor y superintendencia de los aspectos económico financieros de los planes y proyectos forestales que se desarrollen con asistencia del Fondo Forestal.

Art. 54. - Las cantidades que se integren al Fondo Forestal serán depositadas en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo Forestal", cuyas disponibilidades se destinarán a atender los requerimientos del desarrollo forestal mediante financiamientos, según las disposiciones que el Poder Ejecutivo establezca por vía reglamentaria a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca.

Art. 55. - El Poder Ejecutivo destinará para el desarrollo forestal una partida anual mínima equivalente al costo ficto de forestación de 10.000 hectáreas la que se distribuirá de la siguiente manera:

1) el 95% de la partida para integrar el Fondo Forestal previsto en el artículo 52 de la presente ley. Con dicho fondo podrán atenderse además de los financiamientos previstos en el Capítulo II, las erogaciones que demanden las expropiaciones, adquisiciones y forestaciones de predios previstas en el Título III de la presente ley.

2) El 5% restante para atender gastos de contratación de personal, contratación de servicios y gastos del Programa 4, Sub-Programa 4 del Inciso 7 - Ministerio de Agricultura y Pesca.

Art. 56. - Las Sociedades Anónimas y Comanditarias por acciones no financieras podrán poseer o explotar inmuebles rurales con destino a forestación o sus derivados, aún cuando su capital accionario estuviese representado por acciones al portador. Asimismo, podrán adquirir tales inmuebles declarando su destino en las promesas de compraventa y/o escrituras traslativas de dominio. La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca controlará que la forestación comience en un plazo máximo de 18 meses a partir de la toma de posesión por la Sociedad del inmueble rural de que se trate y se termine con un ritmo mínimo de una cuarta parte de la superficie utilizable por año. En caso de incumplimiento, esas sociedades deberán ajustarse a lo dispuesto en el Art. 9º de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan conforme al Art. 71 de esta ley.

Art. 57. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la promulgación de esta ley, establecerá el Plan Nacional de Forestación por un lapso de 5 años, el que será actualizado anualmente al 30 de noviembre introduciéndose las modificaciones de acuerdo a la experiencia recogida en años anteriores. Dicho documento contendrá las metas a alcanzar por año, expresado en cantidad de hectáreas a forestar.

Art. 58. - Anualmente y dentro de los 30 días siguientes a la aprobación o actualización del Plan Nacional de forestación, la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca elaborará y publicará un programa de promoción a las actividades forestales.

CAPITULO IV
DE LA PRENDA DE BOSQUES

Artículo 59. - Inclúyese a los bosques que sean calificados como de rendimiento de acuerdo con lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la presente ley, dentro de los bienes sobre los que puede recaer el contrato de prenda rural o agraria (Artículo 3º de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918).

El contrato de prenda rural o agraria en el caso de prenda de bosques se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, salvo en lo dispuesto por esta ley.

Art. 60. - El derecho del acreedor prendario, en el caso de prenda de bosques, prescribe a los 25 años, contados desde la inscripción, sin perjuicio de lo que sobre esta materia dispone el Código Civil en sus artículos 1232 y siguientes.

El derecho del acreedor prendario se extiende a la indemnización del seguro en caso de siniestro, y a lo que tuvieran que abonar por cualquier concepto terceros responsables de daños y perjuicios sufridos por la cosa dada en prenda.

Art. 61. - Para la constitución de prenda sobre bosques por el propietario del bien al que están adheridos, en caso de existir hipoteca sobre éste, será necesario el consentimiento del acreedor hipotecario.

Art. 62. - La inscripción del contrato de prenda agraria sobre bosques en el Registro respectivo caducan a los 25 años desde que la misma se haya hecho efectiva, salvo que ésta haya sido renovada antes del vencimiento.

Art. 63. - El contrato de prenda establecido en los artículos precedentes además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, deberá inscribirse en el Registro General de Bosques de la Dirección Forestal en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

El Registro General de Bosques de la Dirección Forestal, expedirá a solicitud de parte un certificado donde conste la inscripción del derecho real de prenda, así como las demás especificaciones que establezca la reglamentación que se dicte.

Art. 64. - La venta de madera y demás productos forestales extraídos de un bosque afectado por un derecho real de prenda, podrá ser realizada cuando se cumplan las etapas y turnos previstos en el plan de manejo respectivo, por quien tenga derecho a la explotación del bosque, pero éste no podrá hacer tradición de tales productos, sin el pago previo al titular del derecho real de prenda de los valores a cuyo reembolso se encuentran aquellos afectados, o mediando su consentimiento, el cual deberá hacerse constar al margen del certificado de prenda.

Art. 65. - En caso de ejecución de la prenda que afecta un bosque, el adquirente deberá respetar el plan de explotación y manejo establecido para el mismo y aprobado por la Dirección Forestal.

Art. 66. - Cuando se produjera la ejecución de la prenda que afecta un bosque, el titular del predio en que se encuentra implantado el mismo, deberá permitir al adquirente el acceso al inmueble de forma que posibilite el cumplimiento del plan de explotación y manejo aprobado por la Dirección Forestal, constituyéndose las servidumbres de paso necesarias para ello.

Esta obligación del titular del predio y las servidumbres que se constituyan se extinguirán a los dos años de finalización del turno de explotación establecido en el plan de explotación y manejo aprobado por la Dirección Forestal.

Art. 67. - Derógase expresamente lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 4º de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, sobre limitación de intereses y capitalización de los mismos y el artículo 12 de dicha ley.

Deróganse, asimismo, las disposiciones de la citada ley que se refieran a sumas de dinero por cualquier concepto las que serán sustituidas en la forma que establezca la reglamentación de la presente ley. Exceptúase la que en el artículo 22 de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, fija el límite de diez mil pesos para el establecimiento de la pena de prisión, suma que se sustituye por la de nuevos pesos 100.000,’’ (son nuevos pesos cien mil).

TITULO VI
FOMENTO DE LAS EMPRESAS FORESTALES

Artículo 68. - Los productores y empresas rurales, industriales o agro-industriales dedicadas a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional gozarán durante quince años desde la promulgación de esta ley de las facilidades establecidas en el artículo 69 de la presente ley, para las siguientes actividades:

a) Producción de plantas forestales, plantación y manejo de bosques.

b) Explotaciones de madera o utilización de otros productos del bosque.

c) Elaboración de la madera para la producción de celulosa, pasta, papeles y cartones, madera aserrada, madera terciada y chapas de madera, tableros de fibra de madera y de madera aglomerada, destilación de la madera.

d) Preservación y secamiento de la madera.

e) Utilización de productos forestales como materia prima en la industria química o generación de energía.

Art. 69. - El Poder Ejecutivo, podrá exonerar a la importación de materias primas, equipos, maquinaria, vehículos utilitarios e implementos que requieran las empresas para el procesamiento de productos forestales de origen nacional, de todos o parte de los siguientes tributos y tasas: derechos adicionales y demás gravámenes aduaneros, proventos y tasas portuarias; recargos, depósitos previos y consignaciones, así como cualquier otro gravamen a la importación o aplicado en ocasión de la misma. Será condición indispensable para el otorgamiento de la franquicia.

a) que las materias primas, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos a importar no sean producidos normalmente en el país, en condiciones similares de calidad.

b) que la actividad realizada por la empresa beneficiada sea compatible con los fines generales de la política forestal.

TITULO VII

CAPITULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTROLES, SANCIONES

Artículo 70. - Los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que denieguen o eliminen los beneficios tributarios o de financiamiento establecidos tanto en el Capítulo I y en el Capítulo II del Título V de esta ley, tendrán efecto suspensivo.

Art. 71. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal serán sancionadas con multas que se graduarán atendiendo a la importancia de la infracción entre un décimo y cincuenta veces el monto ficto de forestación por hectárea vigente al momento de consumarse la infracción sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar. La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones.

La Dirección de Contralor Legal del Ministerio de Agricultura y Pesca, tendrá a su cargo la determinación, imposición y ejecución de las sanciones correspondientes, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Art. 72. - El Ministerio de Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, podrá implementar los mecanismos que se requieran a efectos de recabar la información necesaria para realizar los controles que el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de la presente ley requiera, pudiendo exigir para ello la formulación de declaraciones juradas.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 73. - Los peritajes y tasaciones en la materia regulada por esta ley, serán de competencia exclusiva de Ingenieros Agrónomos.

Art. 74. - La presente ley es de orden público.

Art. 75. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 76. Los decretos reglamentarios de la Ley número 13.723, de 16 de diciembre de 1968, se considerarán vigentes hasta su expresa derogación, salvo en cuanto sus disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley.

Art. 77. - Derógase la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, así como toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 78. - Comuníquese, etc.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Roberto C. Vázquez Platero, Carlos J. Pirán, Ricardo Zerbino, Adela Reta, Jorge Sanguinetti, Juan Vicente Chiarino.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Decláranse de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de los recursos forestales y el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal.

Art. 2º. - La política forestal nacional será formulada y realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y deberá estar fundamentalmente orientada hacia el cumplimiento de los fines de interés nacional mencionados en el artículo anterior.

Art. 3º. - Las disposiciones de la presente ley regularán lo concerniente a los bosques, parques y terrenos forestales existentes dentro del territorio nacional.

Art. 4º. - Son bosques las asociaciones vegetales en las que predominan el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional.

Art. 5º. - Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no:

A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso.

B) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en función de la aptitud forestal del suelo, o razones de utilidad pública.

Art. 6º. - La Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será el órgano ejecutor en materia forestal.

Art. 7º. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección Forestal tendrá los siguientes cometidos especiales:

A) Promover el desarrollo forestal en todas sus etapas productivas mediante actividades de investigación, extensión, propaganda y divulgación.

B) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía forestal nacional, analizar sus costos de producción, precios y mercados y censar los medios productivos silvícolas e industriales.

C) Fomentar y planificar la forestación en tierras privadas o públicas y desarrollar todas las actividades que, con este fin, se prevén en esta ley.

D) Incrementar y mejorar la producción y distribución de plantas y semillas para forestación.

E) Asistir a las instituciones públicas y a los particulares propietarios de bosques, en el manejo de formaciones naturales o artificiales y su explotación racional.

F) Administrar, conservar y utilizar el patrimonio forestal del Estado, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

G) Organizar la protección de los bosques contra enfermedades, parásitos y otras causas de destrucción.

H) Coordinar con la Dirección Nacional de Bomberos la protección contra incendios.

I) Desarrollar tareas de experimentación en el campo de la ecología forestal, la explotación y las industrias forestales, en coordinación con las actividades que en este campo desarrollen otras instituciones.

J) Colaborar con la Junta Honoraria Forestal.

K) Controlar la transferencia de dominio y el transporte de los productos forestales, que podrá realizarse mediante la utilización de guías de propiedad y tránsito en las condiciones que determine la reglamentación.

Asimismo estará facultada para exigir la formulación de declaraciones juradas a quienes sean tenedores de productos forestales, en las condiciones que determine la reglamentación.

TITULO II
BOSQUES PARICULARES

CAPITULO I
Calificación y deslinde

Artículo 8º. - Los bosques particulares se calificarán según sus fines en la siguiente forma:

A) Protectores, cuando tengan fundamentalmente el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables o de proporcionar abrigo u otros beneficios de interés nacional.

B) De rendimiento, cuando tengan por fin principal la producción de materias, leñosas o aleñosas y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera u otros productos forestales que de ellos puedan obtenerse.

C) Generales, cuando no tengan las características de protectores ni de rendimiento.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal, a su iniciativa o por solicitud de los interesados. En este segundo caso, éstos deberán presentar:

A) Un informe circunstanciado, cuando se trate de calificar un bosque ya existente.

B) Un proyecto de forestación, cuando se trate de crear un bosque protector o de rendimiento.

Art. 9º. - La Dirección Forestal llevará los registros en que se inscribirán los bosques que se califiquen como protectores o de rendimiento.

Art. 10. - Todo bosque a efectos de su calificación deberá ser deslindado. La Dirección Forestal determinará los procedimientos técnicos que habiliten para efectuar las operaciones de deslinde.

Art. 11. - La Dirección Forestal queda facultada para efectuar, mediante los funcionarios técnicos e inspectivos, las inspecciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO II
Forestación obligatoria

Artículo 12. - Es obligatoria la plantación de bosques protectores en todos los terrenos que los requieran. También es obligatoria la forestación con bosques de rendimiento, de los terrenos ubicados en las áreas que se designen por razones de conveniencia pública. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal.

Art. 13. - La resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, que será amparada por todos los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley y otras afines.

El propietario que, comprendido en la situación del artículo 12, no quiera realizar el trabajo, podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; en el primer caso, lo ofrecerá con preferencia al ocupante. si se trata de predios arrendados o en aparcería, el ocupante queda obligado a permitir al propietario la ejecución de los trabajos de forestación. Cuando la superficie forestada sobrepase el 5% (cinco por ciento) del área total del predio se rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante.

Art. 14. - Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, sin que el propietario realice la plantación, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expropiará total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 15. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, mientras no se realicen las plantaciones o el Poder Ejecutivo no expropie el inmueble, vencidos los plazos referidos en el inciso primero del artículo 13, el propietario, pagará una multa del 1%º (uno por mil) mensual sobre el valor real de la totalidad o de la parte expropiable del inmueble, según el caso, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Art. 16. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo informe de la Dirección Forestal, podrá modificar la resolución que obliga a la forestación cuando:

A) Tratándose de plantación de bosques protectores, el propietario presente soluciones sustitutivas, totales o parciales, que permitan cumplir la misma finalidad .

B) Tratándose de plantaciones de bosques de rendimiento el propietario demuestre, fehacientemente, que los terrenos le resultan imprescindibles para subvenir a las necesidades propias y de su núcleo familiar directo.

Art. 17. - La plantación de bosques en los departamentos de Canelones, Colonia y San José, realizada con la finalidad de explotarlos comercialmente, podrá efectuarse en las zonas a que refiere el artículo 5º, debiendo mediar en tales casos autorización expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo asesoramiento de la Dirección Forestal.

Igual autorización deberá mediar para la implantación de bosques de rendimiento de más de diez hectáreas de extensión a realizar en zonas predominantemente hortícolas, agrícolas o frutícolas.

La infracción a lo establecido en los incisos anteriores será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62.

TITULO III
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 18. - Todos los bosques y terrenos forestales definidos en los artículos 4º y 5º que sean propiedad del Estado a la fecha de promulgación de la presente ley y los que adquiera en el futuro, integran el Patrimonio Forestal del Estado, quedando bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con excepción del arbolado existente en las franjas de dominio público de las rutas nacionales que quedará bajo la tuición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipales que permanecerán en su órbita.

Art. 19. - La Dirección Forestal proveerá su conservación, protección, ampliación, mejoramiento y utilización racional.

Quedan exceptuados los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, que continuarán dirigidos y administrados por la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la Fortaleza de Santa Teresa y Fuerte San Miguel (Ley Nº 8.172, de 26 de diciembre de 1927 y artículo 12 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960).

Art. 20. - Los bosques que integran el Patrimonio Forestal del Estado será parques nacionales o bosques fiscales.

Los parques nacionales serán así declarados por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal. Los parques nacionales serán destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales y no podrán ser sometidos a explotación, salvo el destino de interés general que motivó su creación.

Los bosques fiscales estarán constituidos, sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal del Estado que no se encuentre en el caso del inciso anterior. Podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras propuesto por la Dirección Forestal, aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que ejecutará dicha Dirección, ya sea directamente o por medio de convenios con otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

Art. 21. - Los ingresos emergentes de la utilización de los bosques administrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca serán vertidos directamente al Fondo Forestal. A su vez, con el mismo Fondo se financiarán los trabajos de forestación, mejora, manejo y explotación que la Dirección Forestal realice en el Patrimonio Forestal del Estado.

Dicha financiación tendrá prioridad sobre los préstamos a particulares.

Art. 22. - La Dirección Forestal calificará los bosques que integren el Patrimonio Forestal del Estado, aunque no sean protectores o de rendimiento y llevará registros especiales para todos ellos.

El Patrimonio Forestal del Estado será deslindado por la Dirección Forestal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10, dentro del plazo de un año desde la fecha de promulgación de esta ley, y dentro de un plazo de treinta días a partir de su inscripción en el Registro, cuando ingresen otras porciones en el futuro.

Art. 23. - Declárase de utilidad pública la expropiación de las tierras que el Poder Ejecutivo designe en cumplimiento del artículo 14 o a efectos de ampliar el Patrimonio Forestal que regula el presente Título.

TITULO IV
PROTECCION DE LOS BOSQUES

CAPITULO I
Protección de los bosques particulares

Artículo 24. - Queda prohibida la destrucción de los bosques protectores y de rendimiento creados de acuerdo al artículo 12.

Será considerada destrucción de bosques cualquier operación que no se ajuste al plan mencionado en el artículo 50 y que atente, intencionalmente o no, contra el desarrollo o permanencia del bosque. Su eliminación sólo podrá efectuarse previa autorización y con las cautelas que fijará la Dirección Forestal en cada caso.

Queda prohibida la corta y destrucción de los bosques implantados en predios urbanos y suburbanos ubicados en las costas arenosas del río Uruguay, del Río de la Plata, del océano Atlántico y de la laguna Merín, así como los implantados en las costas de los ríos Negro, Yí, Tacuarembó Grande, Tacuarembó Chico, Santa Lucía y San José.

El Poder Ejecutivo previo asesoramiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de los gobiernos departamentales competentes, delimitará dichas zonas.

Los gobiernos departamentales podrán autorizar en forma fundada la corta parcial o total de los bosques referidos, previa autorización de la Dirección Forestal, con las cautelas que estimen pertinentes para cada caso y exigir la reforestación del predio en cuanto correspondiere.

Quien haya destruido un bosque violando lo preceptuado en los incisos anteriores, será obligado a la reforestación de acuerdo a las normas de los artículos 12, 13, 14 y 15, no gozando para tales efectos de los beneficios de financiamiento que confiere la ley.

Art. 25. - Prohíbese la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de los siguientes casos:

A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural a que pertenece.

B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse en cada caso.

Art. 26. - Queda prohibida la destrucción de los palmares naturales y cualquier operación que atente contra su supervivencia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, por razones científicas o de interés general, podrá reglamentar la corta o la explotación de determinadas especies o ejemplares forestales, así como la utilización de resinas, cortezas, semillas, hojas u otras partes de árboles forestales nativos o exóticos.

Art. 27. - Los gobiernos departamentales no podrán autorizar fraccionamientos en terrenos declarados de forestación obligatoria por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin previa autorización del mismo, la cual no será acordada mientras no sean forestados.

Art. 28. - Los bosques protectores o de rendimiento sólo podrán ser expropiados por el Instituto Nacional de Colonización en casos excepcionales, previa autorización del Poder Ejecutivo, cuando ello convenga al interés general.

Art. 29. - Cuando en un bosque aparezcan enfermedades o se desarrollen parásitos, que amenacen su conservación o la de los bosques vecinos, quienes tengan conocimiento de ello deberán enviar aviso inmediato a la Dirección Forestal. El dueño del bosque deberá ajustarse a las directivas que sobre el particular le imponga dicha Dirección.

Todo propietario de bosques estará obligado a adoptar las medidas conducentes a la erradicación de plagas, alimañas y predadores que causen daño a los plantíos, a las aves de corral y a los animales domésticos de predios vecinos.

Los propietarios de cualquier bosque podrán beneficiarse de los financiamientos previstos en el artículo 45 para efectuar los tratamientos fitosanitarios que se requieran.

Art. 30. - El Poder Ejecutivo establecerá las normas obligatorias de prevención de incendios y otras formas de protección de los bosques.

Art. 31. - Todo proyecto de forestación, manejo u ordenación de bosques, redactado en base a los artículos 8º y 50, deberá prever una red de calles anti-incendio, las que deberán conservarse libres de vegetación según las previsiones de esta ley y de la reglamentación a la que se refiere el artículo anterior.

Los propietarios de bosques colindantes con vías férreas o carreteras públicas, deberán mantener libres de vegetación las fajas cuyas dimensiones determinará la reglamentación.

En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la Dirección Forestal podrá proponer la supresión de los beneficios otorgados por los artículos 40 y 52 de esta ley.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los gobiernos departamentales y la Administración de Ferrocarriles del Estado mantendrán limpios de maleza y realizarán cortafuegos en los espacios ocupados por carreteras o líneas férreas próximos a bosques.

Art. 32. - Los financiamientos para trabajos de protección forestal a que se refiere el artículo 45, se extenderán a las obras y los elementos que se necesiten para la protección de los bosques contra los incendios, como ser: torres de control, calles anti-incendios, equipos de comunicación, medios técnicos de señalamiento a distancia y para determinar índices de peligrosidad, así como útiles y máquinas para la intervención contra el fuego en los bosques.

Los financiamientos también podrán ser otorgados a grupos asociados de interesados.

Las importaciones de elementos destinados a estos fines realizadas por los interesados gozarán del régimen de liberación que establece el artículo 60.

Art. 33. - La Dirección Forestal ayudará a la constitución y al funcionamiento de asociaciones civiles de propietarios de bosques, que tengan por finalidad la prevención y la lucha contra los incendios y plagas forestales, en forma asociada.

El Estado, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá participar en dichas asociaciones cuando los bosques de los miembros de una de ellas se encuentren próximos a bosques o terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 34. - Toda persona está obligada a denunciar de inmediato a la autoridad más próxima la existencia de fuego en un bosque o sus proximidades, o cualquier infracción a las normas de protección establecidas en los artículos anteriores.

Las autoridades gubernamentales adoptarán todas las iniciativas más rápidas y adecuadas en medios y personal, para organizar la extinción de los incendios forestales.

Art. 35. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 12 del Código Rural, por el siguiente:

"La distancia entre los postes no excederá de quince metros y se colocarán los piques suficientes para que entre unos y otros no haya separación mayor de dos metros. Los postes deberán ser de madera u otros materiales que ofrezcan razonable durabilidad, natural o adquirida, y los piques y alambres de buena calidad. El Poder Ejecutivo determinará, oyendo previamente a la Dirección Forestal, las maderas u otros materiales que puedan ser utilizados como postes".

Art. 36. - Sustitúyese el artículo 20 del Código Rural, por el siguiente:

"ARTICULO 20. - No podrán ponerse plantas o árboles sobre el cerco divisorio, sino de común acuerdo entre los linderos.

Cuando la divisoria sea una pared medianera, se podrán hacer plantaciones para formar espalderas, que no podrán sobrepasar la altura de la pared.

Podrán plantarse setos vivos a una distancia mínima de un metro cincuenta centímetros de la línea divisoria, con una altura máxima de dos metros y sin que las ramas laterales pasen el límite de la propiedad. Los árboles frutales deberán estar a una distancia mínima de cinco metros de la línea divisoria.

Las cortinas protectoras o de reparo no podrán tener más de siete metros de altura; regirá a su respecto la distancia mínima del inciso anterior, salvo las ubicadas en el límite sur de los predios, en cuyo caso dicha distancia será de diez metros.

Los montes forestales de cualquier naturaleza, públicos o privados, estarán situados a una distancia mínima de doce metros de la línea divisoria. Sobre el lado sur, la distancia mínima será de veinticinco metros.

En los casos establecidos en el inciso anterior, si el vecino entiende que las plantaciones, aun en las condiciones indicadas, pueden perjudicar la propiedad, someterá la cuestión a resolución de la Dirección Forestal, la que determinará si existe o no daño y, si existiere, fijará la distancia mínima a que deberá quedar la plantación.

Tratándose de divisorias con caminos públicos, las plantaciones, cualquiera sea su clase, estarán ubicadas hasta una distancia mínima de cinco metros de la divisoria".

CAPITULO II
Protección del Patrimonio Forestal del Estado

Artículo 37. - Los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado serán sometidos a las normas de protección mencionadas en el capítulo anterior, en lo aplicable.

Sin perjuicio de lo establecido por dichas normas, en los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, la Dirección Forestal podrá:

A) Prohibir temporalmente el tránsito cuando factores climáticos o de otra naturaleza pongan en riesgo su conservación.

B) Prohibir la ocupación o instalación permanente de particulares.

C) Prohibir la explotación y la corta parcial o total de árboles y arbustos aislados de cualquier tamaño y edad.

D) Prohibir, total o parcialmente, la utilización de la cosecha de todo producto además de la madera, cuando razones de conservación y protección de los recursos naturales así lo aconsejen.

E) Prohibir el pastoreo de animales domésticos, fijando cuando lo autorice, las condiciones de pago, el número y especie de animales que podrán ser introducidos, la superficie y los deslindes de la zona objeto de la concesión.

Las entradas que deriven de cualquier concesión a particulares en terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado ingresarán al Fondo Forestal.

Art. 38. - El que incumpliere las normas protectoras previstas en el artículo anterior, indemnizará al Fisco el daño directo o indirecto que hubiere causado al Patrimonio Forestal del Estado.

El monto de dicha indemnización se verterá al Fondo Forestal.

El pago de la indemnización no exime al responsable de las otras sanciones previstas en esta ley ni de las previstas por el Código Civil y el Código Rural.

Art. 39. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá destinar hasta un 5% (cinco por ciento) de las recaudaciones anuales del Fondo Forestal a la organización y sostenimiento de un servicio de guardería forestal, que mantendrá la vigilancia permanente del Patrimonio Forestal del Estado.

TITULO V
FOMENTO DE LA FORESTACION

CAPITULO I
Beneficios tributarios

Artículo 40. - Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores o de rendimiento según el artículo 8º y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural.

2) Sus respectivos valores o extensiones no se computarán para la determinación de: a) ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias (IMAGRO u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores) y b) el monto imponible del impuesto al patrimonio.

3) Los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el Impuesto a las rentas agropecuarias (IRA u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores).

Art. 41. - Los beneficios fiscales previstos en el artículo anterior cesarán desde el momento en que el bosque sea destruido por cualquier causa.

Si la destrucción fuera parcial los beneficios mencionados subsistirán sobre la porción del bosque que quedare.

Cuando la destrucción total o parcial del bosque fuere causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad correspondiere al propietario, la administración exigirá el pago de los recargos por mora desde el momento que el impuesto hubiere sido diferido por aplicación del artículo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24 y en el Título VII.

Art. 42. - Para la fijación de aforos y tasaciones se determinará por separado el valor de la tierra y el de las plantaciones.

Art. 43. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, establecerá anualmente los costos fictos de forestación y mantenimiento.

Art. 44. - El Estado garantiza que ningún nuevo gravamen fiscal, salvo que así sea declarado expresamente, afectará directa o indirectamente las plantaciones forestales calificadas según el artículo 8º de la presente ley, ni los terrenos de su radicación.

CAPITULO II
Financiamiento

Artículo 45. - El financiamiento establecido en el presente capítulo se atenderá con el Fondo Forestal de que trata el Capítulo III de este título.

Dichos financiamientos serán concedidos por la administración del Fondo para trabajos de forestación, regeneración natural del bosque, manejo y protección forestal.

Entre los trabajos de forestación estarán comprendidos también la instalación y el desarrollo de viveros forestales.

Se acordarán los financiamientos para forestaciones existentes de acuerdo con su grado de desarrollo. Los proyectos de forestación tendrán dichos financiamientos siempre que hayan sido aprobados y calificados como protectores o de rendimiento.

Sin perjuicio de los créditos que pueda otorgar el Banco de la República Oriental del Uruguay con cargo a sus recursos normales, la implantación de bosques en los terrenos a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, podrá recibir financiamiento de hasta el 100% (cien por ciento) del monto de la inversión directa, calculado según el costo ficto de forestación aplicable, excluido el valor del terreno, con cargo a las disponibilidades del Fondo Forestal.

Art. 46. - La Dirección Forestal ejercerá el control técnico de los viveros forestales beneficiados por el financiamiento previsto en el artículo anterior, ya sean de uso propio o con finalidad comercial.

Art. 47. - En el caso de enajenación de inmuebles forestales, la Comisión Administradora del Fondo Forestal, con el asesoramiento de la Dirección Forestal, podrá transferir total o parcialmente al adquirente, el financiamiento a que se refiere esta ley.

En el caso de bosques creados con los financiamientos establecidos en la legislación forestal, serán solidariamente responsables del cumplimiento del proyecto de forestación y plan de manejo y explotación respectivos, el beneficiario y los sucesivos titulares del bosque. En consecuencia quedarán sujetos a la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, así como las que establece la legislación vigente en materia de infracciones tributarias.

Los beneficiarios y sucesivos titulares de los bosques podrán eximirse de dicha responsabilidad, cuando previamente a la toma de posesión del bosque por el nuevo titular, se constate por la Dirección Forestal el correcto cumplimiento del plan de forestación y manejo del mismo.

Art. 48. - Cuando la destrucción total o parcial de un bosque beneficiado con los financiamientos previstos en el presente capítulo fuera causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad corresponda al beneficiario, la Administración exigirá la restitución del monto de la financiación otorgada incluyendo su actualización, según el costo ficto fijado por el Poder Ejecutivo, quedando facultada para aplicar las sanciones previstas en el Título VII de la presente ley.

La restitución deberá ser concretada dentro del año de producida la destrucción y en relación con la superficie afectada.

Cuando la Dirección Forestal determine que la destrucción no se puede imputar directa o indirectamente al beneficiario de la financiación, podrá conceder un plazo razonable para su replantación o, en su defecto, para la devolución de los beneficios recibidos, actualizados según el costo fijado por el Poder Ejecutivo.

Art. 49. - En el otorgamiento de los financiamientos tendrán prioridad aquellos que se soliciten para plantar en terrenos forestales que reúnan conjuntamente las condiciones previstas en los literales A) y B) del artículo 5º.

Art. 50. - Para gozar de los beneficios tributarios y de financiamiento establecidos en este título, los interesados deberán someterse a un plan de manejo y ordenación para las labores culturales, de explotación y regeneración de bosques. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección Forestal, la que establecerá con carácter general, cuándo deberá ser acompañado por la firma de ingeniero agrónomo, técnico o experto forestal de la Escuela de Silvicultura del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

Art. 51. - Los sujetos pasivos del impuesto a las actividades agropecuarias, del impuesto a las rentas agropecuarias u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores, podrán deducir del monto a pagar por dichos impuestos un porcentaje del costo de plantación de los bosques artificiales que sean declarados protectores o de rendimiento conforme al artículo 8º de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones a que deberá ajustarse el otorgamiento de dicho beneficio. A esos efectos, atenderá al valor que se establezca para el costo ficto de forestación y mantenimiento.

Art. 52. - El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el régimen de otorgamiento de los financiamientos previstos en esta ley, de acuerdo a las etapas de realización de los proyectos. Se podrá exigir a los beneficiarios de los financiamientos la contratación de seguros y otorgamiento de garantías que se consideren necesarios.

CAPITULO III
Recursos financieros del Fondo Forestal

Artículo 53. - Con el fin de atender las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, créase el Fondo Forestal, que se integrará con los siguientes recursos:

A) Las sumas que le asigne el Poder Ejecutivo.

B) El reintegro a que den lugar los financiamientos otorgados por el Fondo Forestal así como los intereses devengados.

C) El producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones o proventos que deriven de la gestión del Patrimonio Forestal del Estado.

D) El monto de las indemnizaciones que reciba el Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al artículo 38.

E) El importe de las multas aplicadas por infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones.

F) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concierten de acuerdo a la ley.

G) Los legados y donaciones que reciba.

Art. 54. - El Fondo Forestal será administrado por una Comisión Honoraria denominada "Comisión Administradora del Fondo Forestal" que funcionará en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que brindará todo el apoyo necesario para su funcionamiento.

La Comisión estará integrada por tres miembros:

1) El Director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la presidirá.

2) Un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

3) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además será designado por los organismos representados un miembro alterno para cada titular. Sin perjuicio de los cometidos que le asigne la reglamentación, la Comisión Administradora que se crea tendrá por cometido básico y fundamental la administración, dirección, contralor y superintendencia de los aspectos económico-financieros de los planes y proyectos forestales que se desarrollen con asistencia de Fondo Forestal.

Art. 55. - Las cantidades que se integren al Fondo Forestal serán depositadas en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo Forestal", cuyas disponibilidades se destinarán a atender los requerimientos del desarrollo forestal mediante financiamiento, según las disposiciones que el Poder Ejecutivo establezca por vía reglamentaria a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 56. - El Poder Ejecutivo destinará para el desarrollo forestal una partida anual mínima equivalente al costo ficto de forestación de diez mil hectáreas la que se distribuirá de la siguiente manera:

1) El 95% (noventa y cinco por ciento) de la partida para integrar el Fondo Forestal previsto en el artículo 53 de la presente ley. Con dicho fondo podrán atenderse además de los financiamientos previstos en el Capítulo II de este Título, las erogaciones que demanden las expropiaciones, adquisiciones y forestaciones de predios previstas en el Título III de la presente ley.

2) El 5% (cinco por ciento) restante para atender gastos de contratación de personal, contratación de servicios y gastos del Programa 004, Sub-Programa 004 del Inciso 07 -Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 57. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la promulgación de esta ley, establecerá el Plan Nacional de Forestación por un lapso de cinco años, el que será actualizado anualmente al 30 de noviembre introduciéndose las modificaciones de acuerdo a la experiencia recogida en años anteriores. Dicho documento contendrá las metas a alcanzar por año, expresadas en cantidad de hectáreas a forestar.

Art. 58. - Anualmente y dentro de los treinta días siguientes a la aprobación o actualización del Plan Nacional de Forestación, la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca elaborará y publicará un programa de promoción a las actividades forestales.

TITULO VI
FOMENTO A LAS EMPRESAS FORESTALES

Artículo 59. - Los productores y empresas rurales, industriales o agro-industriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional gozarán durante quince años, desde la promulgación de esta ley, de las facilidades establecidas en el artículo 60, para las siguientes actividades:

A) Producción de plantas forestales, plantaciones y manejos de bosques.

B) Explotaciones de madera o utilización de otros productos del bosque.

C) Industrialización de la madera por cualquier proceso que la ponga en condiciones de ser utilizada.

D) Utilización de productos forestales como materia prima en la industria química y como insumo en cualquier proceso industrial.

Art. 60. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá exonerar la importación de materias primas necesarias para el procesamiento de madera de producción nacional, equipos, maquinarias e implementos que se requieran para la instalación y funcionamiento de estas empresas, de todos o parte de los siguientes tributos y tasas: derechos adicionales y demás gravámenes aduaneros, incluso el impuesto a las importaciones; proventos y tasas portuarias; recargos, depósitos previos y consignaciones, así como cualquier otro gravamen a la importación o aplicado en ocasión de la misma. Será condición indispensable para el otorgamiento de la franquicia:

A) Que las materias primas, equipos, maquinarias e implementos a importar no sean producidos normalmente en el país.

B) Que la actividad realizada por la empresa beneficiada sea compatible con los fines generales de la política forestal.

TITULO VII
PROCEDIMIENTOS, CONTROLES Y SANCIONES

Artículo 61. - Los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que denieguen o eliminen los beneficios tributarios o de financiamiento establecidos en los Capítulos I y II del Título V de esta ley, tendrán efecto suspensivo.

Art. 62. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal serán sancionadas con multas que se graduarán atendiendo a la importancia de la infracción entre diez y cincuenta veces el monto ficto de forestación por hectárea vigente al momento de consumarse la infracción, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar. La Dirección Forestal tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones.

La Dirección de Contralor Legal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá a su cargo la determinación, imposición y ejecución de las sanciones correspondientes, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Art. 63. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, podrá implementar los mecanismos que se requieran a efectos de recabar la información necesaria para realizar los controles que el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de la presente ley requiera, pudiendo exigir para ello la formulación de declaraciones juradas.

TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64. - Los peritajes y tasaciones en la materia regulada por esta ley, serán de competencia exclusiva de ingenieros agrónomos y técnicos forestales mencionados en el artículo 50.

Art. 65. - Hasta tanto no se revea por la autoridad competente se mantendrá la prioridad forestal de las siguientes especies:

A) Género Pinus:

Pinus pinaster
Pinus elliottii
Pinus taeda

B) Género Eucalyptus:

Eucalyptus grandis
Eucalyptus saligna
Eucalyptus glóbulus y ssp.

C) Familia Salicaceac:

Populus deltoides x euroamericana I 214, 63/51 y 74 D Saliz alba, var, coerulea.

Art. 66. - La presente ley es de orden público.

Art. 67. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días a partir de su promulgación.

Art. 68. - Derógase la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, así como toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 69. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de junio de 1986.

WASHINGTON GARCIA RIJO, 1er. Vicepresidente.
HECTOR S. CLAVIJO, Secretario.

ANTEPROYECTO SUSTITUTIVO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Decláranse de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de los recursos forestales y el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal.

Art. 2º - La política forestal nacional será formulada y realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y deberá estar fundamentalmente orientada hacia el cumplimiento de los fines de interés nacional mencionados en el artículo anterior.

Art. 3º. - Las disposiciones de la presente ley regularán lo concerniente a los bosques, parques y terrenos forestales existentes dentro del territorio nacional.

Art. 4º. - Son bosques las asociaciones vegetales en las que predomina el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional.

Art. 5º. - Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no:

A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso.

B) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de la aptitud forestal del suelo, o razones de utilidad pública. En este último caso, se comunicará a la Asamblea General.

Art. 6º. - La Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será el órgano ejecutor en materia forestal.

Art. 7º. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección Forestal tendrá los siguientes cometidos especiales:

A) Promover el desarrollo forestal en todas sus etapas productivas mediante actividades de investigación, extensión, propaganda y divulgación.

B) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía forestal nacional, analizar sus costos de producción, precios y mercados y censar los medios productivos silvícolas e industriales.

C) Fomentar y planificar la forestación en tierras privadas o públicas y desarrollar todas las actividades que, con este fin, se prevén en esta ley.

D) Incrementar y mejorar la producción y distribución de plantas y semillas para forestación.

E) Asistir a las instituciones públicas y a los particulares propietarios de bosques, en el manejo de formaciones naturales o artificiales y su explotación racional.

F) Administrar, conservar y utilizar el patrimonio forestal del Estado, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

G) Organizar la protección de los bosques contra enfermedades, parásitos y otras causas de destrucción.

H) Coordinar con la Dirección Nacional de Bomberos la protección contra incendios.

I) Desarrollar tareas de experimentación en el campo de la ecología forestal, la explotación y las industrias forestales, en coordinación con las actividades que en este campo desarrollen otras instituciones.

J) Colaborar con la Junta Honoraria Forestal.

K) Coordinar con los organismos correspondientes del Estado, el contralor de la transferencia de dominio y el transporte de los productos forestales, que podrá realizarse mediante la utilización de guías de propiedad y tránsito en las condiciones que determine la reglamentación.

Asimismo estará facultada para exigir la formulación de declaraciones juradas a quienes sean tenedores de productos forestales, en las condiciones que determine la reglamentación.

TITULO II
BOSQUES PARTICULARES

CAPITULO I
Calificación y deslinde

Artículo 8º. - Los bosques particulares se calificarán según sus fines en la siguiente forma:

A) Protectores, cuando tengan fundamentalmente el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables.

B) De rendimiento, cuando tengan por fin principal la producción de materias leñosas o aleñosas y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera u otros productos forestales que de ellos puedan obtenerse.

C) Generales, cuando no tengan las características de protectores ni de rendimiento.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal, a su iniciativa o por solicitud de los interesados. En este segundo caso, éstos deberán presentar:

A) Un informe circunstanciado, cuando se trate de calificar un bosque ya existente.

B) Un proyecto de forestación, cuando se trate de crear un bosque protector o de rendimiento.

Art. 9º. - La Dirección Forestal llevará los registros en que se inscribirán los bosques que se califiquen como protectores o de rendimiento.

Art. 10. - Todo bosque a efectos de su calificación deberá ser deslindado. La Dirección Forestal determinará los procedimientos técnicos que habiliten para efectuar las operaciones de deslinde.

Art. 11. - La Dirección Forestal queda facultada para efectuar, mediante los funcionarios técnicos e inspectivos, las inspecciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO II
Forestación obligatoria

Art. 12. - Es obligatoria la plantación de bosques protectores en todos los terrenos que lo requieran. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal.

Art. 13. - La resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, que será amparada por todos los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley y otras afines.

El propietario que, comprendido en la situación del artículo 12, no quiera realizar el trabajo, podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; en el primer caso, lo ofrecerá con preferencia al ocupante. Si se trata de predios arrendados o en aparcería, el ocupante queda obligado a permitir al propietario la ejecución de los trabajos de forestación. Cuando la superficie forestada sobrepase el 5% (cinco por ciento) del área total del predio se rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante.

Art. 14. - Vencidos los plazos a que refiere el artículo anterior, sin que el propietario realice la plantación, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expropiará total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 15. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, mientras no se realicen las plantaciones o el Poder Ejecutivo no designe la totalidad o parte del inmueble a expropiar, vencidos los plazos referidos en el inciso primero del artículo 13, el propietario pagará una multa del 1o/oo (uno por mil) mensual sobre el valor real de la totalidad o de la parte expropiable del inmueble, según el caso, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Art. 16. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo informe de la Dirección Forestal, podrá modificar la resolución que establece la forestación obligatoria, cuando el propietario presente soluciones sustitutivas totales o parciales, que permitan cumplir la misma finalidad dentro de las condiciones y plazos que se establecen.

Art. 17. - La plantación de bosques en los departamentos de Canelones, Colonia y San José, realizada con la finalidad de explotarlos comercial o industrialmente, podrá efectuarse en las zonas a que refiere el artículo 5º, debiendo mediar en tales casos autorización expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo asesoramiento de la Dirección Forestal.

En el resto del territorio nacional igual autorización podrá mediar para la implantación de bosques de rendimiento de más de diez hectáreas de extensión a realizar en zonas predominantemente hortícolas, agrícolas o frutícolas.

La infracción a lo establecido en los incisos anteriores será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63.

TITULO III
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 18. - Todos los bosques y terrenos forestales definidos en los artículos 4º y 5º que sean propiedad del Estado a la fecha de promulgación de la presente ley y los que adquiera en el futuro, integran el Patrimonio Forestal del Estado, quedando bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con excepción del arbolado existente en las franjas de dominio público de las rutas nacionales que quedará bajo la tuición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipales que permanecerán en la órbita de éstos.

Art. 19. - La Dirección Forestal proveerá su conservación, protección, ampliación, mejoramiento y utilización racional.

Quedan exceptuados los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, que continuarán dirigidos y administrados por la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la Fortaleza de Santa Teresa y Fuerte San Miguel (Ley Nº 8.172, de 26 de diciembre de 1927 y Art. 12 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960).

Por razones de conveniencia, el Poder Ejecutivo podrá conceder a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, la Dirección y Administración de otros sectores del Patrimonio Forestal del Estado. En el caso de Parques Nacionales, se deberá permitir el uso del público en general durante el término de la concesión.

Art. 20. - Los bosques que integran el Patrimonio Forestal del Estado serán parques nacionales o bosques fiscales.

Los parques nacionales serán así declarados por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal. Los parques nacionales serán destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales y no podrán ser sometidos a explotación, salvo la necesaria para preservar el destino de interés general que motivó su creación.

Los bosques fiscales estarán constituidos, sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal del Estado que no se encuentre en la situación prevista en el inciso anterior. Podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras propuesto por la Dirección Forestal, aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que ejecutará dicha Dirección, ya sea directamente o por medio de convenios con otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

Art. 21. - Los ingresos emergentes de la utilización de los bosques administrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca serán vertidos directamente al Fondo Forestal. A su vez, con el mismo Fondo se financiarán los trabajos de forestación, mejora, manejo y explotación que la Dirección Forestal realice en el Patrimonio Forestal del Estado.

Dicha financiación tendrá prioridad sobre los préstamos a particulares.

Art. 22. - La Dirección Forestal calificará los bosques que integren el Patrimonio Forestal del Estado, aunque no sean protectores o de rendimiento y llevará registros especiales para todos ellos.

El Patrimonio Forestal del Estado será deslindado por la Dirección forestal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10, dentro del plazo de un año desde la fecha de promulgación de esta ley, y dentro de un plazo de treinta días a partir de su inscripción en el Registro, cuando ingresen otras porciones en el futuro.

Art. 23. - Declárase de utilidad pública la expropiación de las tierras que el Poder Ejecutivo designe en cumplimiento del artículo 14 o a efectos de ampliar el Patrimonio Forestal que regula el presente Título.

TITULO IV
PROTECCION DE LOS BOSQUES

CAPITULO I
Protección de los bosques particulares

Artículo 24. - Queda prohibida la destrucción de los bosques protectores.

Será considerada destrucción de bosques cualquier operación que no se ajuste al plan mencionado en el artículo 51 y que atente, intencionalmente o no, contra el desarrollo o permanencia del bosque. Su eliminación sólo podrá efectuarse previa autorización y con las cautelas que fijará la Dirección Forestal en cada caso.

Quien haya destruido un bosque violando lo preceptuado en los incisos anteriores, será obligado a la reforestación de acuerdo a las normas de los artículos 12, 13, 14 y 15, no gozando para tales efectos de los beneficios de financiamiento que confiere la ley.

Art. 25. - El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de los Gobiernos Departamentales competentes, delimitará las zonas en las que quedará prohibida la corta y destrucción de los bosques protectores implantados en los predios urbanos y suburbanos.

Los Gobiernos Departamentales podrán autorizar en forma fundada la corta parcial o total de los bosques referidos, con las cautelas que estimen pertinentes para cada caso y exigir la reforestación del predio en cuanto correspondiere.

Art. 26. - Prohíbese la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de los siguientes casos:

A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece.

B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse en cada caso.

Art. 27. - Queda prohibida la destrucción de los palmares naturales y cualquier operación que atente contra su supervivencia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, por razones científicas o de interés general, podrá reglamentar la corta o la explotación de determinadas especies o ejemplares forestales, así como la utilización de resinas, cortezas, semillas, hojas u otras partes de árboles forestales nativos o exóticos.

Art. 28. - Los gobiernos departamentales no podrán autorizar fraccionamientos en terrenos declarados de forestación obligatoria por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin previa autorización del mismo, la cual no será acordada mientras no sean forestados.

Art. 29. - Los bosques protectores o de rendimiento sólo podrán ser expropiados por el Instituto Nacional de Colonización en casos excepcionales, previa autorización del Poder Ejecutivo, cuando ello convenga al interés general.

Art. 30. - Cuando en un bosque aparezcan enfermedades o se desarrollen parásitos, que amenacen su conservación o la de los bosques vecinos, quienes tengan conocimiento de ello deberán enviar aviso inmediato a la Dirección Forestal. El dueño del bosque deberá ajustarse a las directivas que sobre el particular le imponga dicha Dirección.

Todo propietario de bosques estará obligado a adoptar las medidas de lucha contra las plagas, alimañas y predadores que causen daño a los plantíos, a las aves de corral y a los animales domésticos de predios vecinos, ajustándose a las directivas que sobre el particular fije el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de sus servicios especializados.

Los propietarios de cualquier bosque podrán beneficiarse de los financiamientos previstos en el artículo 46 para efectuar los tratamientos fitosanitarios que se requieran.

Art. 31. - El Poder Ejecutivo establecerá las normas obligatorias de prevención de incendios y otras formas de protección de los bosques.

Art. 32. - Todo proyecto de forestación, manejo u ordenación de bosques, redactado en base a los artículos 8º y 51, deberá prever una red de calles anti-incendio, las que deberán conservarse libres de vegetación según las previsiones de esta ley y de la reglamentación a que se refiere el artículo anterior.

Los propietarios de bosques colindantes con vías férreas o carreteras públicas, deberán mantener libres de vegetación las fajas cuyas dimensiones determinará la reglamentación.

En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la Dirección Forestal podrá proponer la supresión de los beneficios otorgados por los artículos 41 a 53 de esta ley.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los gobiernos departamentales y la Administración de Ferrocarriles del Estado mantendrán limpios de maleza y realizarán cortafuegos en los espacios ocupados por carreteras o líneas férreas próximos a bosques.

Art. 33. - Los financiamientos para trabajos de protección forestal a que se refiere el artículo 46, se extenderán a las obras y los elementos que se necesiten para la protección de los bosques contra los incendios, como ser: torres de control, calles anti-incendios, equipos de comunicación, medios técnicos de señalamiento a distancia y para determinar índices de peligrosidad, así como útiles y máquinas para la intervención contra el fuego en los bosques.

Los financiamientos también podrán ser otorgados a los grupos asociados de interesados, previstos por el artículo 34.

Las importaciones de elementos destinados a estos fines realizadas por los interesados gozarán del régimen de liberación que establece el artículo 61.

Art. 34. - La Dirección Forestal ayudará a la constitución y al funcionamiento de asociaciones civiles de propietarios de bosques, que tengan por finalidad la prevención y la lucha contra los incendios y plagas forestales, en forma asociada.

El Estado, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá participar en dichas asociaciones cuando los bosques de los miembros de una de ellas se encuentren próximos a bosques o terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 35. - Toda persona está obligada a denunciar de inmediato a la autoridad más próxima la existencia de fuego en un bosque o sus proximidades, o cualquier infracción a las normas de protección establecidas en los artículos anteriores.

Las autoridades gubernamentales adoptarán todas las iniciativas más rápidas y adecuadas en medios y personal, para organizar la extinción de los incendios forestales.

Art. 36. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 12 del Código Rural, por el siguiente.

"La distancia entre los postes no excederá de quince metros y se colocarán los piques suficientes para que entre unos y otros no haya separación mayor de dos metros. Los postes deberán ser de madera u otros materiales que ofrezcan razonable durabilidad, natural o adquirida, y los piques y alambres de buena calidad. El Poder Ejecutivo determinará, oyendo previamente a la Dirección Forestal, las maderas u otros materiales que puedan ser utilizados como postes".

Art. 37. - Sustitúyese el artículo 20 del Código Rural, por el siguiente:

"ARTICULO 20. - No podrán ponerse plantas o árboles sobre el cerco divisorio, sino de común acuerdo entre los linderos.

Cuando la divisoria sea una pared medianera, se podrán hacer plantaciones para formar espalderas, que no podrán sobrepasar la altura de la pared.

Podrán plantarse setos vivos a una distancia mínima de un metro cincuenta centímetros de la línea divisoria, con una altura máxima de dos metros y sin que las ramas laterales pasen el límite de la propiedad. Los árboles frutales deberán estar a una distancia mínima de cinco metros de la línea divisoria.

Las cortinas protectoras o de reparo no podrán tener más de siete metros de altura; regirá a su respecto la distancia mínima del inciso anterior, salvo las ubicadas en el límite sur de los predios, en cuyo caso dicha distancia será de diez metros.

Los montes forestales de cualquier naturaleza, públicos o privados, estarán situados a una distancia mínima de doce metros de la línea divisoria. Sobre el lado sur, la distancia mínima será de veinticinco metros.

En los casos establecidos en el inciso anterior, si el vecino entiende que las plantaciones, aún en las condiciones indicadas, pueden perjudicar la propiedad, someterá la cuestión a resolución de la Dirección Forestal, la que determinará si existe o no daño y, si existiere, fijará la distancia mínima a que deberá quedar la plantación.

Tratándose de divisorias con caminos públicos, las plantaciones, cualquiera sea su clase, estarán ubicadas hasta una distancia mínima de cinco metros de la divisoria".

CAPITULO II
Protección del Patrimonio Forestal del Estado

Art. 38. - Los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado serán sometidos a las normas de protección mencionadas en el capítulo anterior, en lo aplicable.

Sin perjuicio de lo establecido por dichas normas, en los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, la Dirección Forestal podrá:

A) Prohibir temporalmente el tránsito cuando factores climáticos o de otra naturaleza pongan en riesgo su conservación.

B) Prohibir la ocupación o instalación permanente de particulares.

C) Prohibir la explotación y la corta parcial o total de árboles y arbustos aislados de cualquier tamaño y edad.

D) Prohibir, total o parcialmente, la utilización de la cosecha de todo producto además de la madera, cuando razones de conservación y protección de los recursos naturales así lo aconsejen.

E) Prohibir el pastoreo de animales domésticos, fijando cuando lo autorice, las condiciones de pago, el número y especie de animales que podrán ser introducidos, la superficie y los deslindes de la zona objeto de la concesión.

Las entradas que deriven de cualquier concesión a particulares en terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado ingresarán al Fondo Forestal.

Art. 39. - El que incumpliere las normas protectoras previstas en el artículo anterior, indemnizará al Fisco el daño directo o indirecto que hubiere causado al patrimonio Forestal del Estado.

El monto de dicha indemnización se verterá al Fondo Forestal.

El pago de la indemnización no exime al responsable de las otras sanciones previstas en esta ley ni de las previstas por el Código Civil y el Código Rural.

Art. 40. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá destinar hasta un 5% (cinco por ciento) de las recaudaciones anuales del Fondo Forestal en inversiones para la prevención de incendios y en la organización y sostenimiento de un servicio de guardería forestal que mantendrá la vigilancia permanente del Patrimonio Forestal del Estado.

TITULO V
FOMENTO DE LA FORESTACION

CAPITULO I
Beneficios tributarios

Artículo 41. - Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores según el artículo 8º o los de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural.

2) Sus respetivos valores o extensiones no se computarán para la determinación de: a) ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias (IMAGRO u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores), y b) el monto imponible del impuesto al patrimonio.

3) Los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el impuesto a las rentas agropecuarias (IRA u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores).

Art. 42. - Los beneficios fiscales previstos en el artículo anterior cesarán desde el momento en que el bosque sea destruido por cualquier causa.

Si la destrucción fuera parcial los beneficios mencionados subsistirán sobre la porción del bosque que quedare.

Cuando la destrucción total o parcial del bosque fuere causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad correspondiere al propietario, la administración exigirá el pago de los recargos por mora desde el momento que el impuesto hubiere sido diferido por aplicación del artículo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24 y en el Título VII.

Art. 43. - Para la fijación de aforos y tasaciones se determinará por separado el valor de la tierra y el de las plantaciones.

Art. 44. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, establecerá anualmente los costos fictos de forestación y mantenimiento.

Art. 45. - El Estado garantiza que ningún nuevo gravamen fiscal, salvo que así sea declarado expresamente, afectará directa o indirectamente las plantaciones forestales calificadas según el artículo 8º de la presente ley, ni los terrenos de su radicación.

CAPITULO II
Financiamientos

Artículo 46. - El financiamiento establecido en el presente capítulo se atenderá con el Fondo Forestal de que trata el Capítulo III de este Título.

Dichos financiamientos serán concedidos por la administración del Fondo para trabajos de forestación, regeneración natural del bosque, manejo y protección forestal.

Entre los trabajos de forestación estarán comprendidos también la instalación y el desarrollo de viveros forestales.

Se acordarán los financiamientos para forestaciones existentes de acuerdo con su grado de desarrollo. Los proyectos de forestación tendrán dichos financiamientos siempre que hayan sido aprobados y calificados como protectores o de rendimiento.

Sin perjuicio de los créditos que pueda otorgar el Banco de la República Oriental del Uruguay con cargo a sus recursos normales, la implantación de bosques en los terrenos a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, podrán recibir financiamiento del monto de la inversión directa, calculado según el costo ficto de presentación aplicable, excluido el valor del terreno, con cargo a las disponibilidades del Fondo Forestal, en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 47. - La Dirección Forestal ejercerá el control técnico de los viveros forestales beneficiados por el financiamiento previsto en el artículo anterior, ya sean de uso propio o con finalidad comercial.

Art. 48. - En el caso de enajenación de inmuebles que tengan bosques creados con los financiamientos a que se refiere esta ley, la Comisión Administradora del Fondo Forestal, con el asesoramiento de la Dirección Forestal, podrán transferir total o parcialmente al adquirente, dicho financiamiento.

En el caso de bosques creados con los financiamientos establecidos en la legislación forestal, serán solidariamente responsables del cumplimiento del proyecto de forestación y plan de manejo y explotación respectivos, el beneficiario y los sucesivos titulares del bosque. En consecuencia quedarán sujetos a la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, así como las que establece la legislación vigente en materia de infracciones tributarias.

Los beneficiarios y sucesivos titulares de los bosques podrán eximirse de dicha responsabilidad, cuando previamente a la toma de posesión del bosque por el nuevo titular, se constate por la Dirección Forestal el correcto cumplimiento del plan de forestación y manejo del mismo.

Art. 49. - Cuando la destrucción total o parcial de un bosque beneficiado con los financiamientos previstos en el presente capítulo fuera causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad corresponda al beneficiario, la Administración exigirá la restitución del monto de la financiación otorgada incluyendo su actualización, según el costo ficto fijado por el Poder Ejecutivo, quedando facultada para aplicar las sanciones previstas en el Título VII de la presente ley.

La restitución deberá ser concretada dentro del año de producida la destrucción y en relación con la superficie afectada.

Cuando la Dirección Forestal determine que la destrucción no se puede imputar directa o indirectamente al beneficiario de la financiación, podrá conceder un plazo razonable para su replantación o, en su defecto, para la devolución de los beneficios recibidos, actualizados según el costo fijado por el Poder Ejecutivo .

Art. 50. - En el otorgamiento de los financiamientos tendrán prioridad aquellos que se soliciten para plantar en terrenos forestales que reúnan conjuntamente las condiciones previstas en los literales A) y B) del artículo 5º.

Art. 51. - Para gozar de los beneficios tributarios y de financiamiento establecidos en este título, los interesados deberán someterse a un plan de manejo y ordenación para las labores culturales, de explotación y regeneración de bosques. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección Forestal, la que establecerá con carácter general, cuando deberá ser acompañado por la firma de ingeniero agrónomo, técnico o experto forestal de la Escuela de Silvicultura del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

Art. 52. - Los sujetos pasivos del impuesto a las actividades agropecuarias, del impuesto a las rentas agropecuarias u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores, podrán deducir del monto a pagar por dichos impuestos un porcentaje del costo de plantación de los bosques artificiales que sean declarados protectores o de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal conforme al artículo 8º de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones a que deberá ajustarse el otorgamiento de dicho beneficio. A esos efectos, atenderá al valor que se establezca para el costo ficto de forestación y mantenimiento.

Art. 53. - El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el régimen de otorgamiento de los financiamientos previstos en esta ley, de acuerdo a las etapas de realización de los proyectos. Se podrá exigir a los beneficiarios de los financiamientos la contratación de seguros y otorgamiento de garantías que se consideren necesarios.

CAPITULO III
Recursos financieros del Fondo Forestal

Artículo 54. - Con el fin de atender las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, créase el Fondo Forestal, que se integrará con los siguientes recursos:

A) Las sumas que le asigne el Poder Ejecutivo.

B) El reintegro a que den lugar los financiamientos otorgados por el Fondo Forestal así como los intereses devengados.

C) El producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones o proventos que deriven de la gestión del Patrimonio Forestal del Estado.

D) El monto de las indemnizaciones que reciba el Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al artículo 39.

E) El importe de las multas aplicadas por infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones.

F) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concierten de acuerdo a la ley.

G) Los legados y donaciones que reciba.

Art. 55. - El Fondo Forestal será administrado por una Comisión Honoraria denominada "Comisión Administradora del Fondo Forestal" que funcionará en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que brindará todo el apoyo necesario para su funcionamiento.

La Comisión estará integrada por tres miembros:

1) El Director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la presidirá.

2) Un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

3) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además será designado por los organismos representados un miembro alterno para cada titular. Sin perjuicio de los cometidos que le asigne la reglamentación, la Comisión Administradora que se crea tendrá por cometido básico y fundamental la administración, dirección, contralor y superintendencia de los aspectos económico-financieros de los planes y proyectos forestales que se desarrollen con asistencia del Fondo Forestal.

Art. 56. - Las cantidades que se integren al Fondo Forestal serán depositadas en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo Forestal", cuyas disponibilidades se destinarán a atender los requerimientos del desarrollo forestal mediante financiamientos, según las disposiciones de la presente ley y las que el Poder Ejecutivo establezca por vía reglamentaria a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 57. - El Poder Ejecutivo destinará para el desarrollo forestal una partida anual mínima equivalente al costo ficto de forestación de diez mil hectáreas la que se distribuirá de la siguiente manera:

1) El 95% (noventa y cinco por ciento) de la partida para integrar el Fondo Forestal previsto en el artículo 54 de la presente ley. Con dicho fondo podrán atenderse además de los financiamientos previstos en el Capítulo II de este Título, las erogaciones que demanden las expropiaciones, adquisiciones y forestaciones de predios previstas en el Título III de la presente ley.

2) El 5% (cinco por ciento) restante para atender gastos de contratación de personal, contratación de servicios y gastos del Programa 004, Sub-Programa 004 del Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 58. - El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la promulgación de esta ley, establecerá el Plan Nacional de Forestación por una lapso de cinco años, el que será actualizado anualmente al 30 de noviembre introduciéndose las modificaciones de acuerdo a la experiencia recogida en años anteriores. Dicho documento contendrá las metas a alcanzar por año, expresadas en cantidad de hectáreas a forestar.

Art. 59. - Anualmente y dentro de los treinta días siguientes a la aprobación o actualización del Plan Nacional de Forestación, la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca elaborará y publicará un programa de promoción a las actividades forestales.

TITULO VI
FOMENTO A LAS EMPRESAS FORESTALES

Artículo 60. - Los productores y empresas rurales, industriales o agro-industriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional gozarán durante quince años, desde la promulgación de esta ley, de las facilidades establecidas en el artículo 61, para las siguientes actividades:

A) Producción de plantas forestales, plantaciones y manejos de bosques.

B) Explotaciones de madera o utilización de otros productos del bosque.

C) Elaboración de la madera para la producción de celulosa pasta, papeles y cartones, madera aserrada, madera terciada y chapas de madera, tableros de fibra de madera y de madera aglomerada, destilación de la madera.

D) Preservación y secamiento de la madera.

E) Utilización de productos forestales como materia prima en la industria química o generación de energía.

Art. 61. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, exonerará la importación de materias primas necesarias para el procesamiento de madera de producción nacional, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos que se requieran para la instalación y funcionamiento de estas empresas, de todos o parte de los siguientes tributos y tasas: derechos adicionales y demás gravámenes aduaneros, incluso el impuesto a las importaciones; proventos y tasas portuarias; recargos, depósitos previos y consignaciones, así como cualquier otro gravamen a la importación o aplicado en ocasión de la misma. Será condición indispensable para el otorgamiento de la franquicia:

A) Que las materias primas, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos a importar no sean producidos normalmente en el país, en condiciones adecuadas de calidad y precio.

B) Que la actividad realizada por la empresa beneficiada sea compatible con los fines generales de la política forestal.

TITULO VII
PROCEDIMIENTOS, CONTROLES Y SANCIONES

Artículo 62. - Los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que denieguen o eliminen los beneficios tributarios o de financiamiento establecidos en los Capítulos I y II del Título V de esta ley, tendrán efecto suspensivo.

Art. 63. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal serán sancionadas con multas que se graduarán atendiendo a la importancia de la infracción entre un décimo y cincuenta veces el monto ficto de forestación por hectárea vigente al momento de consumarse la infracción, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar. La Dirección Forestal tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones.

La Dirección General de Contralor Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá a su cargo la determinación, imposición y ejecución de las sanciones correspondientes, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Art. 64. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, podrá implementar los mecanismos que se requieran a efectos de recabar la información necesaria para realizar los controles que el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de la presente ley requiera, pudiendo exigir para ello la formulación de declaraciones juradas.

TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 65. - Sustitúyese el numeral 2º del artículo 85 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974 por el siguiente:

"2º. - Cuando la sociedad tenga por objeto la forestación, la fruticultura y la citricultura y sus derivados."

Art. 66. - Todos los peritajes o tasaciones de carácter judicial o administrativo en la materia regulada por esta ley, serán de competencia exclusiva de ingenieros agrónomos o ingenieros agrimensores, en sus materias.

Art. 67. - La presente ley es de orden público.

Art. 68. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte días a partir de su promulgación.

Art. 69. - Derógase la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, así como toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 70. - Comuníquese, etc.

CAMARA DE SENADORES
COMISION DE AGRICULTURA Y PESCA
(Integrada)

INFORME

Al Senado:

El proyecto de Ley Forestal que viene a consideración del Senado de la República tiene como finalidad promover la forestación en el país.

No es este el primer intento que el Uruguay realiza por invertir su crítica situación en materia de recursos forestales. En efecto, a través del diagnóstico de la CIDE, a principios de la década del sesenta, ya surgía la insuficiencia de nuestra forestación artificial y el peligro de depredación del monte indígena o natural. Atendiendo esa realidad, se redactó el proyecto de "Ley Forestal" como uno de los proyectos de "leyes de promoción agropecuaria" de la Legislatura 1963-67, que fuera posteriormente aprobado, con ligeras variantes, como Ley número 13.723 de 1967. Durante el período de facto, la Ley Nº 13.723 fue derogada y sustituida por orientaciones y criterios diferentes, que el Parlamento democrático juzgó inapropiados, razón por la que restableció la vigencia de la Ley Nº 13.723.

Como balance de todas estas marchas y contramarchas, resulta que ha sido muy pobre el desarrollo forestal del Uruguay en el amplio período de más de 25 años que van desde aquel informe de CIDE de 1961 hasta la realidad presente.

En efecto, en cuanto a bosques artificiales, pasamos de 143.000 hectáreas censadas en 1961 a aproximadamente 170.000 hectáreas en la actualidad. Como se ve, un crecimiento muy pobre en un cuarto de siglo.

En realidad la situación es bastante peor de lo que reflejan las cifras globales antes transcriptas, por cuanto, esas 170.000 hectáreas de bosques artificiales actualmente instalados en el territorio nacional, están compuestas por: 37.000 "islas" de hasta 1 hectárea; 7.684 "islas" entre 1 y 4 hectáreas y 1.103 cortinas, dispersas en pequeñas unidades por todo el país y de muy difícil aprovechamiento maderero, salvo el autoconsumo. Solamente hay 3.667 bosques mayores de 4 hectáreas que son susceptibles de una explotación de tipo agro industrial.

Estas 130.000 hectáreas con bosques artificiales mayores de 4 hectáreas y por tanto, en condiciones de ser explotados, pueden tener una producción de madera de 10 ton/há/año, o sea, representan una oferta de 1:300.000 toneladas año.

Por su parte, hoy el bosque indígena o lo que de él queda, sólo llega a las 600.000 hectáreas. Como se sabe, el monte indígena tiene, en nuestro país, muy pobre rendimiento maderero, de apenas 2 toneladas/año y por sus características, se utiliza fundamentalmente sólo para leña.

Frente a esta oferta de 1:300.000 toneladas/año de madera producida en bosques artificiales, el país tiene la siguiente demanda de productos madereros:

A) DEMANDA DE LEÑA (tonelada/año)

Consumo residencial  

1:259.500

Comercial e industrial

509.000

TOTAL

1:768.500

B) DEMANDA INDUSTRIAL (toneladas/año)

Aserrada y chapas

128.700

Postes y columnas

32.500

Pulpa

81.500

TOTAL

242.700

Demanda total 2:011.200 toneladas/año

El déficit maderero resultante de una oferta de 1:300.000 toneladas/año frente a una demanda de dos millones once mil doscientas toneladas/año se cubre recurriendo a la expoliación del monte indígena y a la importación de madera. El Uruguay es un importador neto de productos forestales del orden de los 15 a 20 millones de dólares anuales.

La tendencia es a un agravamiento de esta situación. La crisis del petróleo impulsó la sustitución, a nivel industrial, de los combustibles líquidos pesados por leña. Una reactivación industrial y una reactivación en la construcción aumentarán la demanda de productos forestales. El desarrollo de la industria de papel y cartón, en donde el país tiene equipamiento ocioso, también. La sustitución del petróleo puede no reducirse a la leña; ANCAP tiene estudios avanzados de producción de metanol a partir del eucaliptus. En fin, otros horizontes se abren a la industria forestal, apenas miremos, por ejemplo, el caso chileno, donde los productos forestales provenientes de bosques artificiales ocupan el segundo lugar en las exportaciones de ese país. Debe tenerse en cuenta que, en el plano internacional, la demanda mundial de producción forestal está en aumento y que de acuerdo a la información disponible, el crecimiento de la demanda internacional no está siendo acompañada por un crecimiento similar de la producción.

Uruguay tiene más de 2:000.000 de hectáreas de suelos arenosos, sueltos y profundos, ideales para la producción forestal, en donde han sido probadas distintas especies y variedades exhibiendo una velocidad de crecimiento y condiciones de manejo y explotación que nos colocan en posición altamente competitiva a nivel mundial.

Esas tierras de aptitud forestal registran, a su vez, bajo índice de productividad agrícola y ganadera. Debe recordarse que la forestación supone un empleo de mano de obra rural hasta seis veces más intensiva que la de un esquema agrícola ganadero.

Los objetivos de una política forestal nacional tendrían que ser:

A) En cuanto a la demanda interna, cubrir la actual carencia, sustituyendo importaciones de productos forestales hasta obtener el autoabastecimiento y también ahorrar divisas mediante la sustitución de combustibles derivados del petróleo.

Para lograr este primer objetivo, sería necesario pasar a un ritmo de 15 a 20.000 hectáreas de bosques instalados por año, en vez del raquítico crecimiento de 1.100 hectáreas/año de bosques que tuvimos en los últimos 25 años. Esto nos permitiría salvar al monte autóctono y dejar de ser un país importador de productos forestales.

B) Pasar a ser un país exportador de materias forestales, especialmente de celulosa de fibra larga.

La nueva Ley Forestal que se propone recoge los lineamientos básicos de la Ley Nº 13.723.

Sus objetivos fundamentales son:

PRIMERO: Defender el monte indígena. Obran aquí poderosos criterios ecológicos, tales como: la defensa del suelo ante la erosión, defensa de la flora y fauna. En el mismo orden de ideas está la defensa de los parques nacionales de alto interés botánico, recreativo y turístico. Asimismo, se impone la forestación obligatoria allí donde peligra el suelo.

En los casos de forestación obligatoria es menester encontrar fórmulas que conciliaran el interés de la sociedad, amenazado por la ruptura del equilibrio ecológico, con el derecho de propiedad privada. También fue menester conciliar la necesaria unidad de criterios nacionales con las facultades de los gobiernos departamentales en áreas urbanas y suburbanas.

SEGUNDO: Promover la forestación. Para lo cual se recurre a los siguientes instrumentos:

a) beneficios tributarios;

b) financiamiento, a través de la creación del Fondo Forestal; y

c) fomento a la empresa forestal.

Estos incentivos no se aplican indiscriminadamente en todo el territorio nacional, sino sólo para aquellas tierras de aptitud forestal, de modo que las nuevas masas arbóreas se instalen de un modo compacto en los suelos apropiados y no disminuyan los ricos suelos agrícolas del país que se han estado forestando por el incentivo de su proximidad a los centros de consumo, especialmente próximos a Montevideo. Se aplica entonces un modelo de planificación indicativa destinado a obtener un uso racional del suelo en el país y promoviendo la instalación de bosques allí donde el suelo tiene aptitud forestal, pero que no llega a la prohibición de forestar como se sostuvo en la Cámara de Representantes. Allí donde la forestación compite con la agricultura no rigen los incentivos, en nuestra solución.

Por estas consideraciones la Comisión aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO SUSTITUTIVO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Decláranse de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación y creación de los recursos forestales y el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal.

Art. 2º - La política forestal nacional será formulada y realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y deberá estar fundamentalmente orientada hacia el cumplimiento de los fines de interés nacional mencionados en el artículo anterior.

Art. 3º. - Las disposiciones de la presente ley regularán lo concerniente a los bosques, parques y terrenos forestales existentes dentro del territorio nacional.

Art. 4º. - Son bosques las asociaciones vegetales en las que predomina el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional.

Art. 5º. - Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no:

A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso.

B) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de la aptitud forestal del suelo, o razones de utilidad pública. En este último caso, se comunicará a la Asamblea General.

Art. 6º. - La Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será el órgano ejecutor en materia forestal.

Art. 7º. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección Forestal tendrá los siguientes cometidos especiales:

A) Promover el desarrollo forestal en todas sus etapas productivas mediante actividades de investigación, extensión, propaganda y divulgación.

B) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía forestal nacional, analizar sus costos de producción, precios y mercados y censar los medios productivos silvícolas e industriales.

C) Fomentar y planificar la forestación en tierras privadas o públicas y desarrollar todas las actividades que, con este fin, se prevén en esta ley.

D) Incrementar y mejorar la producción y distribución de plantas y semillas para forestación.

E) Asistir a las instituciones públicas y a los particulares propietarios de bosques, en el manejo de formaciones naturales o artificiales y su explotación racional.

F) Administrar, conservar y utilizar el patrimonio forestal del Estado, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

G) Organizar la protección de los bosques contra enfermedades, parásitos y otras causas de destrucción.

H) Coordinar con la Dirección Nacional de Bomberos la protección contra incendios.

I) Desarrollar tareas de experimentación en el campo de la ecología forestal, la explotación y las industrias forestales, en coordinación con las actividades que en este campo desarrollen otras instituciones.

J) Colaborar con la Junta Honoraria Forestal.

K) Coordinar con los organismos correspondientes del Estado, el contralor de la transferencia de dominio y el transporte de los productos forestales, que podrá realizarse mediante la utilización de guías de propiedad y tránsito en las condiciones que determine la reglamentación.

Asimismo estará facultada para exigir la formulación de declaraciones juradas a quienes sean tenedores de productos forestales, en las condiciones que determine la reglamentación.

TITULO II
BOSQUES PARTICULARES

CAPITULO I
Calificación y deslinde

Artículo 8º. - Los bosques particulares se calificarán según sus fines en la siguiente forma:

A) Protectores, cuando tengan fundamentalmente el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables.

B) De rendimiento, cuando tengan por fin principal la producción de materias leñosas o aleñosas y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera u otros productos forestales que de ellos puedan obtenerse.

C) Generales, cuando no tengan las características de protectores ni de rendimiento.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal, a su iniciativa o por solicitud de los interesados. En este segundo caso, éstos deberán presentar:

A) Un informe circunstanciado, cuando se trate de calificar un bosque ya existente.

B) Un proyecto de forestación, cuando se trate de crear un bosque protector o de rendimiento.

Art. 9º. - La Dirección Forestal llevará los registros en que se inscribirán los bosques que se califiquen como protectores o de rendimiento.

Art. 10. - Todo bosque a efectos de su calificación deberá ser deslindado. La Dirección Forestal determinará los procedimientos técnicos que habiliten para efectuar las operaciones de deslinde.

Art. 11. - La Dirección Forestal queda facultada para efectuar, mediante los funcionarios técnicos e inspectivos, las inspecciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO II
Forestación obligatoria

Artículo 12. - Es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que los requieran para una adecuada conservación o recuperación de los recursos naturales renovables. La designación de los terrenos declarados de forestación obligatoria, se hará por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 13. - La resolución mencionada en el artículo anterior determinará las condiciones y los plazos dentro de los cuales se ejecutará la forestación, que será amparada por todos los beneficios tributarios y de financiamiento previstos en esta ley y otras afines.

El propietario que, comprendido en la situación del artículo 12, no quiera realizar el trabajo, podrá optar por la venta del terreno a terceros o al Estado; en el primer caso, lo ofrecerá con preferencia al ocupante. Si se trata de predios arrendados o en aparcería, el ocupante queda obligado a permitir al propietario la ejecución de los trabajos de forestación. Cuando la superficie forestada sobrepase el 5% (cinco por ciento) del área total del predio se rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante.

Art. 14. - Vencidos los plazos a que refiere el artículo anterior, sin que el propietario realice la plantación, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, expropiará total o parcialmente el predio. La superficie expropiada ingresará al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 15. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, mientras no se realicen las plantaciones o el Poder Ejecutivo no designe la totalidad o parte del inmueble a expropiar, vencidos los plazos referidos en el inciso primero del artículo 13, el propietario pagará una multa del 1 o/oo (uno por mil) mensual sobre el valor real de la totalidad o de la parte expropiable del inmueble, según el caso, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Art. 16. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo informe de la Dirección Forestal, podrá modificar la resolución que establece la forestación obligatoria, cuando el propietario presente soluciones sustitutivas, totales o parciales, que permitan cumplir la misma finalidad dentro de las condiciones y plazos que se establecen.

TITULO III
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 17. - Todos los bosques y terrenos forestales definidos en los artículos 4º y 5º que sean propiedad del Estado a la fecha de promulgación de la presente ley y los que adquiera en el futuro, integran el Patrimonio Forestal del Estado, quedando bajo la tuición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con excepción del arbolado existente en las franjas de dominio público de las rutas nacionales que quedará bajo la tuición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipales que permanecerán en la órbita de éstos.

Art. 18. - La Dirección Forestal proveerá su conservación, protección, ampliación, mejoramiento y utilización racional.

Quedan exceptuados los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, que continuarán dirigidos y administrados por la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la Fortaleza de Santa Teresa y Fuerte San Miguel (Ley Nº 8.172, de 26 de diciembre de 1927 y artículo 12 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960).

Por razones de conveniencia, el Poder Ejecutivo podrá conceder a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, la Dirección y Administración de otros sectores del Patrimonio Forestal del Estado. En el caso de Parques Nacionales, se deberá permitir el uso del público en general durante el término de la concesión.

Art. 19. - Los bosques que integran el Patrimonio Forestal del Estado serán parques nacionales o bosques fiscales.

Los parques nacionales serán así declarados por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal. Los parques nacionales serán destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales y no podrán ser sometidos a explotación, salvo la necesaria para preservar el destino de interés general que motivó su creación.

Los bosques fiscales estarán constituidos, sin declaración expresa, por la porción del Patrimonio Forestal del Estado que no se encuentre en la situación prevista en el inciso anterior. Podrán explotarse solamente bajo un plan de manejo, ordenación y mejoras propuesto por la Dirección Forestal, aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que ejecutará dicha Dirección, ya sea directamente o por medio de convenios con otros organismos públicos o paraestatales, empresas particulares o cooperativas.

Art. 20. - Los ingresos emergentes de la utilización de los bosques administrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca serán vertidos directamente al Fondo Forestal. A su vez, con el mismo Fondo se financiarán los trabajos de forestación, mejora, manejo y explotación que la Dirección Forestal realice en el Patrimonio Forestal del Estado.

Dicha financiación tendrá prioridad sobre los préstamos a particulares.

Art. 21. - La Dirección Forestal calificará los bosques que integren el Patrimonio Forestal del Estado, aunque no sean protectores o de rendimiento y llevará registros especiales para todos ellos.

El Patrimonio Forestal del Estado será deslindado por la Dirección Forestal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10, dentro del plazo de un año desde la fecha de promulgación de esta ley, y dentro de un plazo de treinta días a partir de su inscripción en el Registro, cuando ingresen otras porciones en el futuro.

Art. 22. - Declárase de utilidad pública la expropiación de las tierras que el Poder Ejecutivo designe en cumplimiento del artículo 14 o a efectos de ampliar el Patrimonio Forestal que regula el presente Título.

TITULO IV
PROTECCION DE LOS BOSQUES

CAPITULO I
Protección de los bosques particulares

Artículo 23. - Queda prohibida la destrucción de los bosques protectores.

Será considerada destrucción de bosques cualquier operación que no se ajuste al plan mencionado en el artículo 50 y que atente, intencionalmente o no, contra el desarrollo o permanencia del bosque. Su eliminación sólo podrá efectuarse previa autorización y con las cautelas que fijará la Dirección Forestal en cada caso.

Quien haya destruido un bosque violando lo preceptuado en los incisos anteriores, será obligado a la reforestación de acuerdo a las normas de los artículos 12, 13, 14 y 15, no gozando para tales efectos de los beneficios de financiamiento que confiere la ley.

Art. 24. - El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de los Gobiernos Departamentales competentes, delimitará las zonas en las que quedará prohibida la corta y destrucción de los bosques protectores implantados en los predios urbanos y suburbanos.

Los Gobiernos Departamentales podrán autorizar en forma fundada la corta parcial o total de los bosques referidos, con las cautelas que estimen pertinentes para cada caso y exigir la reforestación del predio en cuanto correspondiere.

Art. 25. - Prohíbese la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de los siguientes casos:

A) Cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece.

B) Cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse en cada caso.

Art. 26. - Queda prohibida la destrucción de los palmares naturales y cualquier operación que atente contra su supervivencia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, por razones científicas o de interés general, podrá reglamentar la corta o la explotación de determinadas especies o ejemplares forestales, así como la utilización de resinas, cortezas, semillas, hojas u otras partes de árboles forestales nativos o exóticos.

Art. 27. - Los gobiernos departamentales no podrán autorizar fraccionamientos en terrenos declarados de forestación obligatoria por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin previa autorización del mismo, la cual no será acordada mientras no sean forestados.

Art. 28. - Los bosques protectores o de rendimiento sólo podrán ser expropiados por el Instituto Nacional de Colonización en casos excepcionales, previa autorización del Poder Ejecutivo, cuando ello convenga al interés general.

Art. 29. - Cuando en un bosque aparezcan enfermedades o se desarrollen parásitos, que amenacen su conservación o la de los bosques vecinos, quienes tengan conocimiento de ello deberán enviar aviso inmediato a la Dirección Forestal. El dueño del bosque deberá ajustarse a las directivas que sobre el particular le imponga dicha Dirección.

Todo propietario de bosques estará obligado a adoptar las medidas de lucha contra las plagas , alimañas y predadores que causen daño a los plantíos, a las aves de corral y a los animales domésticos de predios vecinos, ajustándose a las directivas que sobre el particular fije el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de sus servicios especializados.

Los propietarios de cualquier bosque podrán beneficiarse de los financiamientos previstos en el artículo 45 para efectuar los tratamientos fitosanitarios que se requieran.

Art. 30. - El Poder Ejecutivo establecerá las normas obligatorias de prevención de incendios y otras formas de protección de los bosques.

Art. 31. - Todo proyecto de forestación, manejo u ordenación de bosques, redactado en base a los artículos 8º y 50, deberá prever una red de calles anti-incendio, las que deberán conservarse libres de vegetación según las previsiones de esta ley y de la reglamentación a que se refiere el artículo anterior.

Los propietarios de bosques colindantes con vías férreas o carreteras públicas, deberán mantener libres de vegetación las fajas cuyas dimensiones determinará la reglamentación.

En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la Dirección Forestal podrá proponer la supresión de los beneficios otorgados por los artículos 40 a 52 de esta ley.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los gobiernos departamentales y la Administración de Ferrocarriles del Estado mantendrán limpios de maleza y realizarán cortafuegos en los espacios ocupados por carreteras o líneas férreas próximos a bosques.

Art. 32. - Los financiamientos para trabajos de protección forestal a que se refiere el artículo 45, se extenderán a las obras y los elementos que se necesiten para la protección de los bosques contra los incendios, como ser: torres de control, calles anti-incendios, equipos de comunicación, medios técnicos de señalamiento a distancia y para determinar índices de peligrosidad, así como útiles y máquinas para la intervención contra el fuego en los bosques.

Los financiamientos también podrán ser otorgados a los grupos asociados de interesados, previstos por el artículo 33.

Las importaciones de elementos destinados a estos fines realizadas por los interesados gozarán del régimen de liberación que establece el artículo 68.

Art. 33. - La Dirección Forestal ayudará a la constitución y al funcionamiento de asociaciones civiles de propietarios de bosques, que tengan por finalidad la prevención y la lucha contra los incendios y plagas forestales, en forma asociada.

El Estado, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá participar en dichas asociaciones cuando los bosques de los miembros de una de ellas se encuentren próximos a bosques o terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado.

Art. 34. - Toda persona está obligada a denunciar de inmediato a la autoridad más próxima la existencia de fuego en un bosque o sus proximidades, o cualquier infracción a las normas de protección establecidas en los artículos anteriores.

Las autoridades gubernamentales adoptarán todas las iniciativas más rápidas y adecuadas en medios y personal, para organizar la extinción de los incendios forestales.

Art. 35. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 12 del Código Rural, por el siguiente:

"La distancia entre los postes no excederá de quince metros y se colocarán los piques suficientes para que entre unos y otros no haya separación mayor de dos metros. Los postes deberán ser de madera u otros materiales que ofrezcan razonable durabilidad, natural o adquirida, y los piques y alambres de buena calidad. El Poder Ejecutivo determinará, oyendo previamente a la Dirección Forestal, las maderas u otros materiales que puedan ser utilizados como postes."

Art. 36. - Sustitúyese el artículo 20 del Código Rural, por el siguiente:

"ARTICULO 20. - No podrán ponerse plantas o árboles sobre el cerco divisorio, sino de común acuerdo entre los linderos.

Cuando la divisoria sea una pared medianera, se podrán hacer plantaciones para formar espalderas, que no podrán sobrepasar la altura de la pared.

Podrán plantarse setos vivos a una distancia mínima de un metro cincuenta centímetros de la línea divisoria, con una altura máxima de dos metros y sin que las ramas laterales pasen el límite de la propiedad. Los árboles frutales deberán estar a una distancia mínima de cinco metros de la línea divisoria.

Las cortinas protectoras o de reparo no podrán tener más de siete metros de altura; regirá a su respecto la distancia mínima del inciso anterior, salvo las ubicadas en el límite sur de los predios, en cuyo caso dicha distancia será de diez metros.

Los montes forestales de cualquier naturaleza, públicos o privados, estarán situados a una distancia mínima de doce metros de la línea divisoria. Sobre el lado sur, la distancia mínima será de veinticinco metros.

En los casos establecidos en el inciso anterior, si el vecino entiende que las plantaciones, aun en las condiciones indicadas, pueden perjudicar la propiedad, someterá la cuestión a resolución de la Dirección Forestal, la que determinará si existe o no daño y, si existiere, fijará la distancia mínima a que deberá quedar la plantación.

Tratándose de divisorias con caminos públicos, las plantaciones, cualquiera sea su clase, estarán ubicadas hasta una distancia mínima de cinco metros de la divisoria."

CAPITULO II
Protección del Patrimonio Forestal del Estado

Artículo 37. - Los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado serán sometidos a las normas de protección mencionadas en el capítulo anterior, en lo aplicable.

Sin perjuicio de lo establecido por dichas normas, en los bosques y terrenos forestales pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, la Dirección Forestal podrá:

A) Prohibir temporalmente el tránsito cuando factores climáticos o de otra naturaleza pongan en riesgo su conservación.

B) Prohibir la ocupación o instalación permanente de particulares.

C) Prohibir la explotación y la corta parcial o total de árboles y arbustos aislados de cualquier tamaño y edad.

D) Prohibir, total o parcialmente, la utilización de la cosecha de todo producto además de la madera, cuando razones de conservación y protección de los recursos naturales así lo aconsejen.

E) Prohibir el pastoreo de animales domésticos, fijando cuando lo autorice, las condiciones de pago, el número y especie de animales que podrán ser introducidos, la superficie y los deslindes de la zona objeto de la concesión.

Las entradas que deriven de cualquier concesión a particulares en terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado ingresarán al Fondo Forestal.

Art. 38. - El que incumpliere las normas protectoras previstas en el artículo anterior, indemnizará al Fisco el daño directo o indirecto que hubiere causado al Patrimonio Forestal del Estado.

El monto de dicha indemnización se verterá al Fondo Forestal.

El pago de la indemnización no exime al responsable de las otras sanciones previstas en esta ley ni de las previstas por el Código Civil y el Código Rural.

Art. 39. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá destinar hasta un 5% (cinco por ciento) de las recaudaciones anuales del Fondo Forestal en inversiones para la prevención de incendios y en la organización y sostenimiento de un servicio de guardería forestal que mantendrá la vigilancia permanente del Patrimonio Forestal del Estado.

TITULO V
FOMENTO DE LA FORESTACION

CAPITULO I
Beneficios tributarios

Artículo 40. - Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores según el artículo 8º o los de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural.

2) Sus respectivos valores o extensiones no se computarán para la determinación de: a) ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias (IMAGRO u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores), y b) el monto imponible del impuesto al patrimonio.

3) Los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el impuesto a las rentas agropecuarias (IRA u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores).

Art. 41. - Los beneficios fiscales previstos en el artículo anterior cesarán desde el momento en que el bosque sea destruido por cualquier causa.

Si la destrucción fuera parcial los beneficios mencionados subsistirán sobre la porción del bosque que quedare.

Cuando la destrucción total o parcial del bosque fuere causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad correspondiere al propietario, la administración exigirá el pago de los recargos por mora desde el momento que el impuesto hubiere sido diferido por aplicación del artículo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23 y en el Título VII.

Art. 42. - Para la fijación de aforos y tasaciones se determinará por separado el valor de la tierra y el de las plantaciones.

Art. 43. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, establecerá anualmente los costos fictos de forestación y mantenimiento.

Art. 44. - El Estado garantiza que ningún nuevo gravamen fiscal, salvo que así sea declarado expresamente, afectará directa o indirectamente las plantaciones forestales calificadas según el artículo 8º de la presente ley, ni los terrenos de su radicación.

CAPITULO II
Financiamiento

Artículo 45. - El financiamiento establecido en el presente capítulo se atenderá con el Fondo Forestal de que trata el Capítulo III de este título.

Dichos financiamientos serán concedidos por la administración del Fondo para trabajos de forestación, regeneración natural del bosque, manejo y protección forestal.

Entre los trabajos de forestación estarán comprendidos también la instalación y el desarrollo de viveros forestales.

Se acordarán los financiamientos para forestaciones existentes de acuerdo con su grado de desarrollo. Los proyectos de forestación tendrán dichos financiamientos siempre que hayan sido aprobados y calificados como protectores o de rendimiento.

Sin perjuicio de los créditos que pueda otorgar el Banco de la República Oriental del Uruguay con cargo a sus recursos normales, la implantación de bosques en los terrenos a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, podrán recibir financiamiento del monto de la inversión directa, calculado según el costo ficto de prestación aplicable, excluido el valor del terreno, con cargo a las disponibilidades del Fondo Forestal, en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 46. - La Dirección Forestal ejercerá el control técnico de los viveros forestales beneficiados por el financiamiento previsto en el artículo anterior, ya sean de uso propio o con finalidad comercial.

Art. 47. - En el caso de enajenación de inmuebles que tengan bosques creados con los financiamientos a que se refiere esta ley, la Comisión Administradora del Fondo Forestal, con el asesoramiento de la Dirección Forestal, podrá transferir total o parcialmente al adquirente, dicho financiamiento.

En el caso de bosques creados con los financiamientos establecidos en la legislación forestal, serán solidariamente responsables del cumplimiento del proyecto de forestación y plan de manejo y explotación respectivos, el beneficiario y los sucesivos titulares del bosque. En consecuencia quedarán sujetos a la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, así como las que establece la legislación vigente en materia de infracciones tributarias.

Los beneficiarios y sucesivos titulares de los bosques podrán eximirse de dicha responsabilidad, cuando previamente a la toma de posesión del bosque por el nuevo titular, se constate por la Dirección Forestal el correcto cumplimiento del plan de forestación y manejo del mismo.

Art. 48. - Cuando la destrucción total o parcial de un bosque beneficiado con los financiamientos previstos en el presente capítulo fuera causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad corresponda al beneficiario, la Administración exigirá la restitución del monto de la financiación otorgada incluyendo su actualización, según el costo ficto fijado por el Poder Ejecutivo , quedando facultada para aplicar las sanciones previstas en el Título VII de la presente ley.

La restitución deberá ser concretada dentro del año de producida la destrucción y en relación con la superficie afectada.

Cuando la Dirección Forestal determine que la destrucción no se puede imputar directa o indirectamente al beneficiario de la financiación, podrá conceder un plazo razonable para su replantación o, en su defecto, para la devolución de los beneficios recibidos, actualizados según el costo fijado por el Poder Ejecutivo.

Art. 49. - En el otorgamiento de los financiamientos tendrán prioridad aquellos que se soliciten para plantar en terrenos forestales que reúnan conjuntamente las condiciones previstas en los literales A) y B) del artículo 5º.

Art. 50. - Para gozar de los beneficios tributarios y de financiamiento establecidos en este título, los interesados deberán someterse a un plan de manejo y ordenación para las labores culturales, de explotación y regeneración de bosques. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección Forestal, la que establecerá con carácter general, cuándo deberá ser acompañado, indistintamente por la firma de ingeniero agrónomo, técnico o experto forestal de la Escuela de Silvicultura del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

Art. 51. - Los sujetos pasivos del impuesto a las actividades agropecuarias, del impuesto a las rentas agropecuarias u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores, podrán deducir del monto a pagar por dichos impuestos un porcentaje del costo de plantación de los bosques artificiales que sean declarados protectores o de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal conforme al artículo 8º de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones a que deberá ajustarse el otorgamiento de dicho beneficio. A esos efectos, atenderá al valor que se establezca para el costo ficto de forestación y mantenimiento.

Art. 52. - El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el régimen de otorgamiento de los financiamientos previstos en esta ley, de acuerdo a las etapas de realización de los proyectos. Se podrá exigir a los beneficiarios de los financiamientos la contratación de seguros y otorgamiento de garantías que se consideren necesarios.

CAPITULO III
Recursos financieros del Fondo Forestal

Artículo 53. - Con el fin de atender las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, créase el Fondo Forestal, que se integrará con los siguientes recursos:

A) Las sumas que le asigne el Poder Ejecutivo.

B) El reintegro a que den lugar los financiamientos otorgados por el Fondo Forestal así como los intereses devengados.

C) El producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones o proventos que deriven de la gestión del Patrimonio Forestal del Estado.

D) El monto de las indemnizaciones que reciba el Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al artículo 38.

E) El importe de las multas aplicadas por infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones.

F) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concierten de acuerdo a la ley.

G) Los legados y donaciones que reciba.

Art. 54. - El Fondo Forestal será administrado por una Comisión Honoraria denominada "Comisión Administradora del Fondo Forestal" que funcionará en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que brindará todo el apoyo necesario para su funcionamiento.

La Comisión estará integrada por tres miembros:

1) El Director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la presidirá.

2) Un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

3) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además será designado por los organismos representados un miembro alterno para cada titular. Sin perjuicio de los cometidos que le asigne la reglamentación, la Comisión Administradora que se crea tendrá por cometido básico y fundamental la administración, dirección, contralor y superintendencia de los aspectos económico-financieros de los planes y proyectos forestales que se desarrollen con asistencia del Fondo Forestal.

Art. 55. - Las cantidades que se integren al Fondo Forestal serán depositadas en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo Forestal", cuyas disponibilidades se destinarán a atender los requerimientos del desarrollo forestal mediante financiamientos, según las disposiciones de la presente ley y las que el Poder Ejecutivo establezca por vía reglamentaria a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 56. - El Poder Ejecutivo destinará para el desarrollo forestal una partida anual mínima equivalente al costo ficto de forestación de diez mil hectáreas la que se distribuirá de la siguiente manera:

1) El 95% (noventa y cinco por ciento) de la partida para integrar el Fondo Forestal previsto en el artículo 53 de la presente ley. Con dicho fondo podrán atenderse además de los financiamientos previstos en el Capítulo II de este Título, las erogaciones que demanden las expropiaciones, adquisiciones y forestaciones de predios previstas en el Título III de la presente ley.

2) El 5% (cinco por ciento) restante para atender gastos de contratación de personal, contratación de servicios y gastos del Programa 004, Sub-Programa 004 del Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 57. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la promulgación de esta ley, establecerá el Plan Nacional de Forestación por un lapso de cinco años, el que será actualizado anualmente al 30 de noviembre introduciéndose las modificaciones de acuerdo a la experiencia recogida en años anteriores. Dicho documento contendrá las metas a alcanzar por año, expresadas en cantidad de hectáreas a forestar.

Art. 58. - Anualmente y dentro de los treinta días siguientes a la aprobación o actualización del Plan Nacional de Forestación, la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca elaborará y publicará un programa de promoción a las actividades forestales.

CAPITULO IV
PRENDA DE BOSQUES

Artículo 59. - Inclúyese a los bosques dentro de los bienes sobre los que puede recaer el contrato de prenda rural o agraria (artículo 3º de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918).

Art. 60. - A los efectos de esta ley extiéndese a veinticinco años el plazo establecido por el artículo 10 de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918.

Art. 61. - Para la constitución de prenda sobre bosques por el propietario del bien a que están adheridos en caso de existir hipoteca sobre éste, será necesario el consentimiento del acreedor hipotecario.

Art. 62. - El contrato de prenda establecido en los artículos precedentes además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, deberá inscribirse en el Registro General de Bosques de la Dirección Forestal en la forma y condiciones que establezca la reglamentación que se dicte.

Art. 63. - La venta de madera y demás productos forestales extraídos de un bosque afectado por el derecho real de prenda, podrá ser realizada previa aprobación de la Dirección Forestal (artículos 64 y 65), cuando se cumplan las etapas y turnos previstos en el plan de manejo respectivo, por quien tenga el derecho a la explotación del bosque, pero éste no podrá hacer tradición de tales productos, sin el pago previo al titular del derecho real de prenda de los valores a cuyo reembolso se encuentran aquellos afectados o mediando su consentimiento, el cual deberá hacerse constar al margen del certificado de prenda.

Art. 64. - En caso de ejecución de la prenda que afecta a un bosque, el adquirente deberá respetar el plan de explotación y manejo establecido para el mismo y aprobado por la Dirección Forestal.

Art. 65. - Cuando se produjere la ejecución de la prenda que afecta un bosque el titular del predio en que se encuentra implantado el mismo, deberá permitir al adquirente el acceso al inmueble de forma que posibilite el cumplimiento del plan de explotación y manejo aprobado por la Dirección Forestal, constituyéndose las servidumbres de paso necesarias para ello.

Esta obligación del titular del predio, y las servidumbres que se constituyan se extinguirán a los dos años de finalización del turno de explotación establecido en el plan de explotación y manejo aprobado por la Dirección Forestal.

Art. 66. - Derógase a los efectos de esta ley el inciso 2º del artículo 4º de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918.

TITULO VI
FOMENTO A LAS EMPRESAS FORESTALES

Artículo 67. - Los productores y empresas rurales, industriales o agro-industriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional gozarán durante quince años, desde la promulgación de esta ley, de las facilidades establecidas en el artículo 68, para las siguientes actividades:

A) Producción de plantas forestales, plantaciones y manejos de bosques.

B) Explotaciones de madera o utilización de otros productos del bosque.

C) Elaboración de la madera para la producción de celulosa pasta, papeles y cartones, madera aserrada, madera terciada y chapas de madera, tableros de fibra de madera y de madera aglomerada, destilación de la madera.

D) Preservación y secamiento de la madera.

E) Utilización de productos forestales como materia prima en la industria química o generación de energía.

Art. 68. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá exonerar la importación de materias primas necesarias para el procesamiento de madera de producción nacional, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos que se requieran para la instalación y funcionamiento de estas empresas, de todos o parte de los siguientes tributos y tasas: derechos adicionales y demás gravámenes aduaneros, incluso el impuesto a las importaciones; proventos y tasas portuarias; recargos, depósitos previos y consignaciones, así como cualquier otro gravamen a la importación o aplicado en ocasión de la misma. Será condición indispensable para el otorgamiento de la franquicia:

A) Que las materias primas, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos a importar no sean producidos normalmente en el país, en condiciones adecuadas de calidad y precio.

B) Que la actividad realizada por la empresa beneficiada sea compatible con los fines generales de la política forestal.

TITULO VII
PROCEDIMIENTOS, CONTROLES Y SANCIONES

Artículo 69. - Los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que denieguen o eliminen los beneficios tributarios o de financiamiento establecidos en los Capítulos I y II del Título V de esta ley, tendrán efecto suspensivo.

Art. 70. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal serán sancionadas con multas que se graduarán atendiendo a la importancia de la infracción entre un décimo y cincuenta veces el monto ficto de forestación por hectárea vigente al momento de consumarse la infracción, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar. La Dirección Forestal tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones.

La Dirección General de Contralor Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá a su cargo la determinación, imposición y ejecución de las sanciones correspondientes, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Art. 71. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección Forestal, podrá implementar los mecanismos que se requieran a efectos de recabar la información necesaria para realizar los controles que el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de la presente ley requiera, pudiendo exigir para ello la formulación de declaraciones juradas.

TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 72. - Sustitúyese el numeral 2º del artículo 85 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974 por el siguiente:

"2º. - Cuando la sociedad tenga por objeto la forestación, la fruticultura y la citricultura y sus derivados".

Art. 73. - Todos los peritajes o tasaciones de carácter judicial o administrativo en la materia regulada por esta ley, serán de competencia exclusiva de ingenieros agrónomos o ingenieros agrimensores, en sus materias.

Art. 74. - La presente ley es de orden público.

Art. 75. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte días a partir de su promulgación.

Art. 76. - Derógase la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968, así como toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

Art. 77. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 7 de julio de 1987.

Alberto Zumarán, Miembro Informante, Jorge Batlle, Miembro Informante; Eugenio Capeche (con salvedades); Manuel Flores Silva; Reinaldo Gargano, (con salvedades); Luis Alberto Lacalle Herrera; Carlos Julio Pereyra, (con salvedades) Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Los miembros informantes de este proyecto son los señores senadores Batlle y Zumarán.

Tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: el proyecto de ley que tiene a consideración el Senado de la República en la sesión de hoy tiene por objeto promover la forestación en el país. Tenemos que partir de un dato clave: el Uruguay no está bien dotado de recursos forestales.

La naturaleza, que ha sido tan pródiga con el país en otros aspectos, no lo fue, en cambio, en materia de recursos forestales. El Uruguay no tiene un monte natural, indígena, de gran extensión ni tampoco de recursos madereros considerables. En esto nos diferenciamos de otros países dotados de bosques naturales de gran tamaño y de una riqueza maderera digna de destaque. Nuestro bosque indígena es pequeño, normalmente bordea los arroyos y ríos del país y es muy pobre, tanto en la producción de madera por hectárea, y en la velocidad de crecimiento -una vez que se cortan los árboles- así como en lo que respecta a la calidad de la madera. Se trata de árboles pequeños que, en su mayoría, ni siquiera merecen la categoría de tales, ya que son verdaderos arbustos de muy poco valor comercial.

El monte natural e indígena se utiliza prácticamente para leña y excepcionalmente para postes y alambrados. También se le usó en los antiguos corrales de la época de la colonia, anteriores al uso del alambrado.

Este tipo de monte se ha ido reduciendo en el país. Es difícil establecer cuantitativamente cuánto hemos perdido al respecto, pero quien haya tenido la dicha de releer las "Crónicas de Viaje" de Dámaso Antonio Larrañaga -a mi juicio el primer sabio que tuvo el país y científico de extraordinario nivel- habrá visto cómo este presbítero describía con lujo de detalles, la extensión y las condiciones forestales de nuestros bosques indígenas. Hoy, haciendo el mismo itinerario que él realizó hace ya 150 ó 160 años, encontramos un panorama completamente distinto.

Otro tanto puede decirse de algunas novelas literarias del siglo pasado que hicieron una descripción del país, del entorno natural de nuestros campos.

En lo que respecta a la forestación artificial -segundo gran rubro a través del cual un país puede acceder a tener una riqueza forestal y maderera de consideración- debemos decir que ha sido muy escasa. Prácticamente -en la exposición de motivos hemos establecido algunas cifras- en los últimos veinticinco años, en el país se forestó a un promedio de 1.500 hectáreas por año, cifra realmente insignificante.

Siendo un país de tierras fértiles y con 18:000.000 de hectáreas que admiten la existencia de bosques, Uruguay tiene hoy aproximadamente 600.000 hectáreas de bosques indígenas o naturales -lo que queda de lo que ya tuvimos- y apenas 170.000 hectáreas de bosques artificiales.

Los bosques artificiales existentes en el país no han sido en su mayor parte, proyectados, plantados teniendo como objetivo principal la forestación, la utilización de los recursos madereros sino que están dirigidos a obtener abrigo y protección para el ganado. Prueba de ello es que buena parte de los mismos tienen menos de una hectárea de superficie. Son como pequeñas islas que, desde luego, cumplen una función importante pero que, a su vez, presentan un gran inconveniente desde el punto de vista de la explotación industrial. Debo decir, que en la exposición de motivos a la que aludí anteriormente también nos referimos al número de bosques y a la superficie que ocupan estas islas de una a cuatro hectáreas, hecho que hace imposible pensar, sobre estas bases, en una explotación maderera a escala industrial.

Es decir, que si de aquellas 170.000 hectáreas de bosques artificiales consideramos solamente aquellos que tienen cinco hectáreas o más, veremos que la cifra de 170 mil hectáreas se reduce a 130.000 hectáreas de bosques artificiales susceptibles de explotación maderera a escala industrial. Eso nos da una idea del poco desarrollo que ha tenido la forestación en el Uruguay.

El presente proyecto de ley pretende revertir una situación que no es nueva en el país, que ya fue diagnosticada a principios de la década del 60, en aquel relevamiento de nuestros recursos naturales e industriales efectuados por el CIDE, que mereció la atención del Parlamento en el año 1967, que dictó la Ley Nº 13.723, que dio real impulso a la forestación en el Uruguay. Sin embargo, esta ley fue sustituida durante la dictadura y ese impulso forestal, que comenzó en el país en el año 1967, se vio frustrado.

Esta situación de escasez de recursos forestales va unida -agravando la situación- a una explotación creciente de los recursos forestales en el Uruguay y en el mundo. En nuestro país, concretamente después de las crisis petroleras de la década del 70, se dio, tanto en el aparato industrial como a nivel domiciliario, la sustitución de los combustibles líquidos derivados del petróleo por leña como fuente energética, aumentando así la demanda del producto natural.

Por otra parte, cada vez que el país ha tenido un empuje en la industria de la construcción, ello se reflejó en la demanda de maderas que esta industria requiere, así como en la no satisfacción, ya tradicional, que la producción uruguaya de madera tiene respecto de ella. Así, la casi totalidad de la madera que la construcción demanda es importada, lo que nos lleva a ser importadores tradicionales de productos madereros, cuando tenemos condiciones para producirlos. Por otra parte, en el mundo se nota claramente -y así lo señalan los últimos informes de la FAO- un aumento internacional en la demanda de productos madereros industrializados, especialmente de madera como materia prima para la producción de papel y cartón.

En la medida que en el mundo aumenten las publicaciones, diarios, revistas y libros, se exige mayor consumo de madera. y como el cartón se ha transformado, normalmente, en un material de embalaje de casi todos los productos alimenticios e industrializados, esto reclama, también, año a año, un aumento en la demanda de la madera. Esta necesidad creciente de productos forestales, no ha ido acompañada, en el mundo, con un aumento paralelo de la producción de madera, con lo cual tanto el comercio internacional de ésta como de productos forestales industrializados, registra un crecimiento importante.

Algunos países de América Latina, con condiciones naturales similares a las de Uruguay, por ejemplo, el caso de Chile, han logrado que sus exportaciones en este renglón representen el segundo rubro de su comercio exterior, siendo dicho país mal dotado como el Uruguay de recursos madereros naturales, y ello es debido al impulso de la forestación artificial.

Por otra parte, el Uruguay tiene condiciones naturales para la producción de madera verdaderamente excepcionales; ya hay suficiente experiencia en el país, de años, que demuestra en vastas zonas del territorio nacional, la presencia de suelos arenosos, sueltos y profundos, fundamentalmente en los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Durazno y las arenas y dunas del litoral este. Se han probado no menos de 10 ó 12 variedades forestales que demuestran que el país tiene condiciones óptimas para la creación de productos forestales.

En el Uruguay, 10 ó 12 variedades de buena madera, de primera calidad en el mundo, registran una velocidad de crecimiento superior a la que tienen países de larga tradición exportadora y además, condiciones generales de manejo, de explotación del monte forestal muy rentables. Normalmente los países de mayor tradición forestal tienen sus bosques en zonas montañosas, de difícil acceso; pasan los inviernos en condiciones climáticas muy duras, normalmente bajo nieve, todo lo cual dificulta el manejo y la explotación de un bosque, encareciéndolo. Sin embargo, nuestro país tiene velocidades de crecimiento muy superiores a Suecia y Noruega en materia de producciones forestales, en condiciones de acceso, de posibilidad de hacer la explotación y los trabajos resultan mucho más fáciles y, por lo tanto, más baratos.

De manera que eso indica que el Uruguay puede tener un futuro como productor de madera, tanto para abastecerse internamente -ya que es un país importador de productos forestales- como para acceder al mercado internacional en buenas condiciones y hacer de la exportación de los productos forestales, uno de sus rubros más importantes. Ya se está exportando madera uruguaya. En estos últimos años se han realizado exportaciones de madera de pino uruguayo proveniente de Rivera y Tacuarembó en muy buenas condiciones competitivas y de gran receptividad en el mercado internacional.

En consecuencia, señor Presidente, el objetivo de una ley forestal es, básicamente, la promoción de lo forestación en el país. Lo primero que hay que hacer es crear el recurso forestal y las hectáreas de bosques que sustenten una actividad industrial exportadora; pero naturalmente una ley de esta índole no puede reducirse a promover la plantación de bosques, tiene que apoyar a la empresa forestal, porque el mejor destino del país no va a ser la exportación en bruto de nuestras maderas, sino la de los productos manufacturados o industrializados que incorporen la mayor cantidad de trabajo nacional y de valor agregado a nuestras exportaciones. En ese sentido, también este proyecto de ley promueve el desarrollo de la empresa forestal.

De modo que, en síntesis, podemos concluir que se trata aquí de un proyecto agroindustrial por el cual el país producirá la materia prima de origen agrario, que es la madera, pero que también procurará incorporarle la mayor cantidad posible de valor agregado a través de la empresa industrial forestal.

Se trata, entonces, de promover la actividad forestal en el país así como la plantación de bosques. Es indudable que todo el territorio nacional es apto para instalar en él bosques e, inclusive, las tierras más ricas del país, las de mejor fertilidad, deben ser, sin lugar a dudas, aquéllas en las que se obtiene el mejor rendimiento forestal.

En la filosofía que inspira este proyecto de ley- recogiendo la de la Ley Nº 13.723- no se busca un desarrollo de la forestación en cualquier punto del país, sino uno selectivo de acuerdo con las características del suelo uruguayo.

La idea central, señor Presidente, es ésta: el Uruguay tiene aproximadamente 2:000.000 de hectáreas de tierras arenosas, sueltas y profundas, que son muy aptas para el desarrollo forestal y que, sin embargo, en ellas, la ganadería y la agricultura tienen un rendimiento menor. Entonces este tipo de suelos -que normalmente tiene un índice CONEAT bajo que oscila alrededor de 50 ó 60 y aún menos- tienen una gran aptitud forestal, pero bajas posibilidades en las producciones agrícolas y ganaderas. En consecuencia, un buen uso racional de nuestras tierras, de los 18:000.000 de hectáreas que hay en nuestro país, nos lleva a incentivar la forestación en zonas aptas para ello y de baja aptitud agrícola ganadera. Sobre esa zona debemos volcar los estímulos que la ley establece para la forestación, y preservar el resto del territorio nacional para otros usos que incluye también la forestación. No hay ningún inconveniente en que se foresten suelos ricos del país, o que estén fuera de la zona de aptitud forestal; pero ahí, entonces, no se reciben los incentivos.

Esta es la filosofía de la Ley Nº 13.723 y es la que repetimos en este proyecto que tiene en la noche de hoy a su consideración el Senado.

Por otro lado, quisiera decir dos palabras acerca de los instrumentos que nos hemos procurado a los efectos de promover la forestación en nuestro país.

El que más se utilizó, bajo el régimen de esa ley, es una batería de incentivos fiscales, de modo tal, que aquel productor que dedique total o parcialmente su predio a esta actividad -por supuesto que encontrándose en la zona de aptitud forestal- va a recibir una serie de exoneraciones que esta disposición establece como forma de impulsar la forestación. Sin embargo, la experiencia de esa ley demostró que, si bien este incentivo es muy importante y actúa como un motor promoviendo la forestación, no fue suficiente. La forestación es una operación económica que se desarrolla en el largo plazo; desde que se realizan los primeros trabajos en el vivero o desde su plantación, hasta que el productor obtiene un rendimiento económico del bosque pasan siempre muchos años, que dependerán de la variación y especie de que se trate. Pero la cantidad nunca será inferior a seis o siete años, normalmente, se debe pensar en 15 ó 20 años.

De manera que estas inversiones a muy largo plazo requieren, por lo general, apoyo financiero. Y este apoyo, bajo esa ley, estaba librado exclusivamente al Banco de la República, el que creó líneas de créditos promoviendo la forestación. En ese sentido, esta ley no lo prohíbe, sino que dice que corresponderá al Ente Autónomo Banco de la República establecer las líneas de crédito que a su juicio considere convenientes para impulsar la forestación en el país. Además, se crea un Fondo Forestal cuya finalidad consiste en dotar al Estado de recursos para que pueda aplicarlos al desarrollo de esta actividad, sin perjuicio de lo que de un modo coadyuvante pueda realizar el Banco de la República. No obstante, según este proyecto de ley, habrá un fondo forestal que permita el financiamiento de esta actividad.

En tercer término, habría estímulos, exoneraciones fiscales y créditos para la industria forestal, para que una vez que el país tenga esa masa mínima de recursos forestales puedan instalarse industrias que transformen esta materia prima nacional, dando así trabajo a nuestra gente.

Esos son los grandes lineamientos que contiene este proyecto de ley que traemos hoy al Senado. A este respecto, debemos decir que tuvimos un trabajo muy intenso en la Comisión de Agricultura y Pesca al tratar esta normativa.

Esta tarea se originó primariamente en un proyecto del que fui autor en el año 1985, que luego compartimos con el señor senador Batlle y que la Comisión aprobó a mediados de ese año. Creo que es de justicia destacar el asesoramiento con que contamos; en primer lugar, del que entonces era Director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Larrobla, un excelente funcionario, con muchos años en esta actividad. También tuvimos la colaboración del anterior Director de esa repartición, el ingeniero Laffitte, quien en reiteradas oportunidades asesoró a la Comisión en la confección de este proyecto.

Esta disposición legal partía de una base distinta, no en lo conceptual sino en lo formal.

El proyecto que aprobó finalmente la Comisión del Senado en 1985, modificaba determinados artículos de la Ley Nº 13.723, pero mantenía a ésta vigente. Naturalmente, como en esta materia están incluidas las exoneraciones fiscales, y también el Fondo Forestal, se requirió iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese entonces la Comisión procuró la presencia en su seno del entonces Ministro de Agricultura y Pesca, ingeniero Vázquez Platero y también del Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, en lo que hace a la parte de Hacienda. Fue así que a fines de ese año recibimos la iniciativa del Poder Ejecutivo .

Ese proyecto del Poder Ejecutivo conteniendo esa iniciativa, fue radicado en la Cámara de Representantes; y allí, en el primer semestre del año 1986, se sancionó un proyecto de ley forestal, pero con un criterio distinto del que habíamos sostenido en la Comisión del Senado. En lugar de modificar determinados artículos de la Ley número 13.723 y dejarla vigente, se optó en esa oportunidad por un texto completamente nuevo tal como lo enviara el Poder Ejecutivo.

De manera que en lo que hace a este tema teníamos, por un lado, un proyecto aprobado por la Comisión del Senado en 1985; por otra parte, el que envió el Poder Ejecutivo y, finalmente, el sancionado por la Cámara de Representantes, cuyo nuevo texto deroga esa ley.

La importancia de esto era más formal que sustancial, aunque las diferencias no eran tan abismales. Pero esta diferencia formal entre modificar o derogar la ley, trajo consecuencias prácticas que la Comisión tuvo que analizar detenidamente. En ese sentido, se tuvo en cuenta que desde 1967 hasta ahora, es decir, durante prácticamente 20 años, la Dirección forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, había llevado a cabo una labor muy importante tanto a nivel de la reglamentación de la ley como de una enorme cantidad de operaciones materiales; la mayoría de los bosques del país están clasificados, medidos y ordenados según su naturaleza. En fin, hay una gran labor desplegada. Es así que abrigábamos el temor de que derogando esa ley también cayesen todos los decretos reglamentarios y otra serie de medidas que a través de la disposición mencionada se había adoptado en esos 20 años, que todos teníamos interés de preservar.

Finalmente, después de muchas consultas con el actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Bonino, como así también con la Dirección Forestal -cuyos representantes concurrieron innumerables veces a la Comisión- se encontraron formas administrativas para subsanar esto rápidamente, de modo que de sancionarse una nueva ley, el país no quedara sin toda esa obra que durante 20 años se había hecho al amparo de la Ley Nº 13.723, obra que todos queríamos preservar.

Finalmente, para no demorar más la consideración de este proyecto de ley, optamos por avenirnos al criterio de la Cámara de Representantes y trabajar sobre la base del proyecto remitido por esa Cámara, pero siguiendo el criterio general de establecer una nueva ley. Con todo, debe decirse que la mayoría de los artículos de esta ley repiten los de la Nº 13.723, con diferencias muy pequeñas y sus innovaciones no son tantas.

Consideramos que no vamos a impulsar la forestación en el país por dictar una ley y nada más. Eso sería rendirle pleitesía a aquello del progreso manuscrito, es decir, que por la ley todo se soluciona. Aquí no habrá forestación si no hay un conjunto de compatriotas que se dediquen a plantar árboles, que es, en definitiva, de lo que se trata. Pero la ley los puede ayudar.

Con esa intención de crear un marco de referencia y estímulos a la forestación en el país, se ha hecho este trabajo. con todo, hemos notado -decimos con franqueza que fue el tema más polémico en la Comisión- que del texto que vino de la Cámara de Representantes algunas de las disposiciones parecían perseguir el objetivo contrario, por la redacción que se les dio. Incluso uno saca la conclusión, leyendo su texto, de que plantar árboles en el Uruguay es poco menos que una tarea delictiva, que está prohibido, que hay que pedir toda clase de permisos y de autorizaciones, cuando el objetivo tendría que ser el contrario: promover que buenos uruguayos se dediquen a forestar.

Esos fueron los temas de desencuentro en la Comisión. Naturalmente, a medida que se consideren los artículos que plantean con más claridad las distintas posiciones, nosotros informaremos el punto de vista que asumimos en la Comisión; otros miembros de ella expondrán su pensamiento y estaremos a lo que el Parlamento resuelva.

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: asigno enorme importancia a este tema porque considero que el país debe abocarse en serio a encontrar soluciones.

Hemos visto las cifras muy elocuentes que contiene el mensaje del Poder Ejecutivo y que el señor miembro informante ha reiterado. Es verdad que con la ley no vamos a solucionar un problema de esta entidad porque sería progreso manuscrito, como en tantas ocasiones ha ocurrido. Por mi parte traeré a colación otra afirmación no menos conocida y obvia -perogrullesca- de que para que tengamos forestación hay que plantar árboles. En definitiva, de eso se trata. El tema es ese.

No siendo especialista en el tema -apenas interesado, como cualquier uruguayo que conoce medianamente cuál es el esquema socioeconómico del país- la inquietud que tengo es si no obstante existir durante 20 años un texto legal que habilitaba, aparentemente, a que el país emprendiera una tarea de forestación que estaba haciéndole tanta falta y, en los hechos éste, no ha significado nada, los señores miembros de la Comisión piensan que este instrumento legal que tenemos a consideración en el Senado reúne los requisitos necesarios para encarar con esperanza esta tarea que por sí misma requiere optimismo.

De acuerdo a lo expresado por el señor miembro informante y según la variedad forestal de que se trate, se requerirán más de 7 u 8 años para ver el fruto de ese empeño.

¿La ley tiene los instrumentos, desde el punto de vista fiscal, para incentivar a la gente a que plante árboles? ¿Hay posibilidades de que ese fondo forestal previsto en la ley pueda estar alimentado suficientemente con los recursos imprescindibles como para que el país pueda encarar una tarea en la que evidentemente estamos atrasados y en deuda, no solamente con la generación actual, sino, también, en forma impersonal, con el país del futuro? A juzgar por las cifras que tenemos en nuestro poder, la superficie geográfica de nuestro país tiene el nada recomendable privilegio de ser de las menos forestadas de toda América.

Agradecería al señor miembro informante que me transmitiera ese halo de optimismo que todos debemos tener al enfocar este tema de tanta importancia para el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - He trabajado con esperanzas sobre este tema.

SEÑOR BATLLE. - ¿Es pesimista u optimista?

SEÑOR ZUMARAN. - Tengo esperanza. Creo es el futuro del país y pienso que si se da un marco adecuado, es importante que éste sea estable y perdure, que no se cambie. Estas obras son de largo aliento, requieren años; entonces, es imprescindible dar a los que se lanzan a esta aventura la seguridad de que van a tener por lo menos este apoyo y estímulo. Es decir que las exoneraciones aquí previstas se van a mantener, que el fondo forestal va a funcionar, va a ser bien cuidado y administrado. y por lo tanto, creo que si esas condiciones se mantienen, no un año ni dos, sino más allá de un período de gobierno, si manifiestan el criterio de una política nacional, entonces, el país tiene condiciones y quiero creer que también gente dispuesta a emprender la actividad forestal. De hecho ya la hay. En la zona este del país, en sus arenales, en las areniscas de Rivera y Tacuarembó, Paysandú y Durazno ya hay uruguayos instalados con empresas forestales, o sea que han tomado la forestación como una actividad. Me he enterado de que en el año 1987 han hecho exportaciones de productos madereros a Europa. Esto da la idea de la potencialidad de esta actividad en el país.

Creo que este marco es el adecuado y correcto. Además, recoge experiencias latinoamericanas. El caso más ilustrativo es el chileno, donde se han aprobado exoneraciones tributarias sobre la base de créditos a largo plazo para la forestación.

Reitero: Chile tiene, en la exportación de productos forestales, el segundo rubro de su comercio exterior. Teniendo en cuenta sus recursos naturales, no hay ningún motivo para pensar que Uruguay no pueda llegar a eso.

Creo, entonces, que vale la pena hacer el esfuerzo por impulsar esta actividad en el país, que estoy seguro va a resultar muy positiva.

Quisiera reiterar aquí un dato que figura en la exposición de motivos: la forestación brinda trabajo, emplea mano de obra, radica al hombre en la tierra. Los informes disponibles señalan que la hectárea forestal proporciona seis veces más trabajo que el esquema agrícola ganadero del país.

Por otra parte, se han hecho experiencias -el uruguayo es un hombre inteligente- en el sentido de combinar proyectos forestales con explotaciones ganaderas -concretamente en Rivera- y se ha comprobado que la productividad ganadera no ha bajado -me acota el señor senador Batlle que más bien ha subido- a pesar de que parte de la tierra está ocupada por los bosques; en la medida en que generan abrigo y otras condiciones beneficiosas para el ganado, el índice de productividad de los suelos no ha descendido, y además agregan el recurso forestal que representa una renta muy superior a la que devenga en el país la ganadería extensiva.

Si pensamos simplemente en la madera de eucalipto, que es la más barata, una producción de 15 toneladas por hectárea al año constituye un ingreso muy significativo para el productor rural. El proyecto está pensado también para que desde el punto de vista forestal, el beneficiario sea el productor rural; es decir, que tenga otro renglón de actividad, que entre otros rubros de producción -por lo menos allí donde las condiciones del suelo lo aconsejen- pueda dedicarse a la forestación. Por consiguiente, no está pensado solamente para la empresa forestal o para aquél que se dedique exclusivamente a la forestación.

No sé si con esto he dado respuesta a lo que planteaba el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: voy a ser muy breve porque, al igual que el señor senador Zumarán, miembro informante de este proyecto de ley, los demás señores senadores que lo hemos estudiado, hemos compartido en términos generales sus propósitos y objetivos. Tenemos la esperanza de que constituya un instrumento mejor que el que existía hasta ahora con respecto a un problema planteado desde hace años en el país. No pretendemos resolverlo en forma definitiva, pero sí crear un medio más adecuado para tender una situación deficitaria en la producción de madera, tanto la que tiene un destino industrial específico -para hacer pasta de papel- como la que se utiliza como fuente de energía o para otros fines.

De cualquier manera, debemos hacer algunas consideraciones, para que se advierta -y para que la opinión pública tome conocimiento de ello- el esfuerzo que desde hace tanto tiempo hemos hecho los legisladores y el Poder Ejecutivo con respecto a este tema.

El proyecto de ley que vamos a sancionar tiene un origen bastante antiguo. El señor senador Zumarán mencionó un proyecto presentado por él; al mismo tiempo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, existía, en elaboración, un anteproyecto que también estaba ajustado a las mismas líneas de pensamiento, porque intervenía en esa iniciativa el reducido número de ciudadanos vinculados desde siempre a esta actividad. Me refiero, entre otros, a técnicos como los ingenieros Laffitte y Larrobla, con gran experiencia en la materia.

Como es conocido por todos, no se han hecho aquí grandes plantaciones boscosas; de cualquier manera hay un conjunto de personas que sabe del tema en profundidad, a nivel de los mejores del mundo en esta materia. Los ingenieros Capdevilla, Larrobla, Pérez del Castillo, Laffitte -tanto el padre como el hijo- entre otros profesionales de primera línea que se han movido siempre con solvencia en esta materia, han acompañado los esfuerzos que se han hecho en este sentido en el país, que no fueron muchos, pero sí muy calificados.

Es bueno señalar, por ejemplo, lo que hizo el señor Lussich en Punta Ballena, que constituye un capital enorme desde el punto de vista botánico y como semillero para el Uruguay. Hasta allí llegan expertos de distintos lugares del mundo en busca de variedades, especies, semillas y a observar como se puede producir un cambio en el clima para alcanzar una aclimatación que parecía imposible en ese lugar.

Los que hemos tenido la fortuna de recorrer a caballo la parte más rica y densa de ese bosque, advertimos las maravillas que desde ese punto de vista se pueden lograr en el Uruguay.

Pero volviendo al tema al que me refería en el comienzo de mi intervención, quiero decir que desde diciembre de 1985 estamos en procura de sancionar el mejor instrumento legal posible en esta materia, que naturalmente no será perfecto y que tal vez pueda resultar incompleto para algún señor legislador. Por otra parte, deberá ser considerado nuevamente por la Cámara de Representantes, ya que le hemos incorporado algunas modificaciones que hemos estimado prudentes y necesarias, particularmente en el capítulo que tiene que ver con la prenda del bosque que entendemos que es un instrumento muy útil para hacer más efectivos los estímulos y las facilidades de orden financiero que deben acompañar este tipo de textos legales para que ellos sean más eficaces para alcanzar los objetivos que se procuran.

Este proyecto ha sido analizado y estudiado por los señores legisladores de ambas Cámaras, por los técnicos de la actividad privada, por delegados municipales interesados en la aplicación de los textos legales a las áreas urbanas donde el bosque -por ejemplo en el departamento de Maldonado- tiene un valor muy significativo y casi decisivo en el manejo comercial de toda la zona. Asimismo hemos contado con la presencia de representantes de distintas organizaciones profesionales que se han preocupado por analizar las disposiciones que se incorporaban a este proyecto.

Como resultado de todo ello, estamos considerando hoy un proyecto de ley que atiende a una de las áreas más importantes de la actividad agropecuaria. La Comisión de Agricultura y Pesca del Senado tiene la intención de llevarlo adelante, entre otras iniciativas de trascendencia, como el proyecto de ley de riego, el de investigaciones y tecnología agropecuaria, el que procura una reforma de todo el sistema de producción láctea.

Se trata de instrumentos legales, señor Presidente, que como éste, que perfecciona uno anterior, señalan un tiempo nuevo, marcan un hito nuevo, un adelanto en las materias que esas leyes abarcan. Es decir, se ponen al día las cosas a los efectos de que la ley recoja la realidad existente o, mejor dicho, se ponen al día los instrumentos que se manejan para atender estas circunstancias que para el Uruguay son muy importantes.

El señor senador Zumarán puso de relieve con toda precisión -como seguramente lo van a hacer los integrantes de la Comisión- la importancia económica de esta actividad. Asimismo lo que significa como ocupación de mano de obra. Hay áreas en las que la ocupación en esta actividad puede sustituir con ventajas a las que actualmente se realizan.

No voy a agregar mucho más porque no deseo demorar la consideración, en general y particular, de este proyecto de ley. Solamente señalo que hay un nuevo hecho económico. El tema de la energía. Este tema se vincula muy de cerca con los beneficios que este instrumento legal va a poner al alcance de los interesados en plantar bosques.

En un momento se creyó que los precios del petróleo iban a volver a su cauce natural, pero día a día se ve que se producen hechos inesperados que provocan alzas y bajas difíciles de absorber. Además, en lo que tiene que ver con la energía hidráulica, el país tiene una capacidad limitada de explotación. Aparentemente tampoco tiene recursos tales como gas o hidrocarburos, por lo cual la energía proveniente de la combustión de la madera cobra enorme importancia en cuanto significa un ahorro de divisas para el sistema general.

En la actualidad buena parte de las fábricas más importantes del país han comenzado a utilizar la combustión de la madera como forma de generar energía. Inclusive se ha desarrollado una importante industria de calderas. Todos los días, una generación de energía a "full oil" va siendo sustituida por una a madera. Y eso supone, de inmediato, plantaciones de bosques de rendimiento -como aquí se califican- con el propósito de suministrar la materia prima.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: a propósito del tema que en este momento está abordando el señor senador Batlle, confieso que no he tenido tiempo de estudiar el proyecto, de modo que quizá la inquietud que voy a plantear pueda estar contemplada en su texto. Señalo que tengo una nota, presentada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y por la Notarial de Jubilaciones y Pensiones, que como es notorio y según ellas mismas lo manifiestan, practican en forma muy importante la forestación, en la que se dice lo siguiente. Estas Cajas estiman que un principio ineludible para el desarrollo forestal reside en propuestas concretas que procuren el aumento del consumo de la madera nacional. La ampliación y la creación de los recursos forestales no se logrará sin una paralela activación de las industrias que tienen una relación directa con el aprovechamiento de esos recursos. Agregan que en estos momentos la oferta del producto forestal es muy superior a la demanda, la que se encuentra en un estado de estancamiento. Por lo cual, y después de mencionar otras consideraciones que omito, solicitan la inclusión en el proyecto de una disposición cuyo texto podría ser el siguiente: "Dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo determinará los beneficios a las industrias consumidoras de madera de producción nacional y las condiciones en que serán otorgadas".

No me parece desatinado, que se fomente el uso de la madera. Entonces, como el señor senador Batlle venía abordando el tema, entendí oportuno plantear la inquietud de si la solicitud de las dos Cajas estaría recogida en el proyecto o si se ha preferido no tomarla en cuenta.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE. - El texto a que se refiere el señor senador llegó a la Mesa de trabajo de los miembros de la Comisión y fue analizado adecuadamente. En lo que me es personal no comparto el criterio de los firmantes de la nota en cuanto a la realidad que en ella diseñan. Si hay algo que en este momento llama la atención es que existe un enorme aumento en la demanda de madera. A tal punto que su precio con destino al uso industrial, para proveer de materia prima a la generación de energía por parte de las calderas, ha subido enormemente.

Los señores legisladores que recorren el país advertirán que, hoy por hoy, el estímulo a la plantación de árboles va a surgir no solamente de la sanción de esta ley, sino fundamentalmente -como ya se está dando, en la práctica en todas las industrias- de la diferencia de precio que existe entre la generación de energía a partir del "fuel oil" y a partir de la madera.

Casi todas las industrias del país, entre las que podría citar a Metzen & Sena en el Sur, hasta las aceiteras en Paso de la Arena, RAUSA en Montes...

SEÑOR LACALLE HERRERA. - San Jacinto.

SEÑOR BATLLE. - ...y al mundo de los frigoríficos, han desarrollado plantaciones propias para atender sus necesidades de materia prima y así ahorrar una importante cantidad de divisas al país y bajar considerablemente sus costos de producción.

Por ejemplo, la Fábrica Nacional de Papel, que es netamente consumidora de madera para materia prima, ha ahorrado prácticamente el 95% del consumo de combustible, que se usa en márgenes muy menores para operaciones particulares.

Las industrias han hecho la conversión en un grado tal que la propia ANCAP ha sentido el impacto en la venta global de combustibles pesados. Ese cambio proviene del beneficio financiero y económico que genera la compra de madera. Además, en el tiempo en que han estado utilizando madera ajena, la mayor parte ha adquirido predios para forestar de acuerdo con las necesidades del consumo. Por ejemplo, una curtiembre importante como "El Águila", en Florida, ha estimado que 100 ó 150 hectáreas le alcanzan para abastecerse. Algo parecido ocurre con el frigorífico San Jacinto y esta situación se reproduce en todo el país.

Los que realizamos el estudio de este proyecto estimamos que la ley tiende a reforzar una realidad. La plantación de bosques se va a ver estimulada no solamente por parte de aquellos que están vinculados directamente con el tema, porque reciben un beneficio directo de carácter industrial, sino de otros sectores que, aún no teniendo una relación directa con la industria, sienten que hay un mercado ávido de esa materia prima. Inclusive, cuando esta ley comience a aplicarse, posiblemente surjan desfases en el mercado. Digo esto porque en este momento -como es de conocimiento de los que se dedican a la actividad agropecuaria- circulan permanentemente empresarios -pequeños grupos de gente con algunos implementos y nuevas máquinas de aserrar- adquiriendo y contratando la explotación de bosques naturales de las riberas de los ríos y arroyos de la República.

No hay zona del departamento de San José en donde no se presente ese caso. Lo mismo ocurre en mi propio establecimiento agropecuario, que es un pequeño tambo, y enfrente, en "Villa Desideria" que es una empresa muy importante de la zona, también se está realizando el mismo proceso de tala de eucaliptus. Esto se ve no sólo en el sur, sino también en todo el litoral y en el norte.

Debemos reconocer que tenemos otras ventajas, ya que en el momento actual hay grandes adelantos desde el punto de vista del manejo de la forestación, así como de las especies que se utilizan. A su vez, hay grandes avances en lo que tiene que ver con el punto óptimo de utilización, lo que determina que no haya que esperar tanto tiempo para obtener beneficios de él porque todas las maderas necesarias para el uso, por ejemplo, en fábricas de papel, de fibra larga o corta y, también, para generar energía, se pueden utilizar cuando el vástago más importante de la planta es aún pequeño. Por lo tanto, no es necesario que sea un tronco muy grande, lo que significa que con siete u ocho años el bosque entra en un proceso de rendimiento útil y de rápida renovación. Los mecanismos técnicos que se aplican para triturarlos, deshacerlos y quemarlos en suspensión con una inyección de oxígeno, para intensificar el calor cuando menor sea la partícula, determinan que no se tenga que poner grandes troncos en la caldera y, en consecuencia, la renovación se hace más rápidamente.

Por otra parte -como bien lo señaló el señor senador Zumarán- en el norte de la República existe un régimen de precipitaciones pluviales que excede al del resto del país en 400 milímetros, y si sumamos a ello la naturaleza de las tierras, vemos que el crecimiento de las especies es mucho más rápido que, por ejemplo, en Suecia.

Estas tierras y estos especímenes de pinos insignis, elliotii y taeda, han sido analizados por misiones japonesas que han llegado a nuestro país y que han advertido los beneficios de estas zonas para el crecimiento de dichas especies con referencia al desarrollo en su propio país.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: además de las consideraciones que ha efectuado el señor senador Batlle, y que comparto, debo señalar que hay, en primer término, un problema de relación de precios entre la leña y el combustible cuyo origen es el petróleo.

La preocupación de la Caja Notarial que nos transmite el señor senador Ortiz -que tuvimos en cuenta en la Comisión- está reflejada en los artículos 67 y 68 del Título VI del proyecto. En dichas disposiciones se prevé el fomento a las empresas forestales. Cuando la ley establece "empresas forestales" no sólo se refiere a aquellas agrícolas, sino que en los incisos C), D) y E) del artículo 67 se efectúa una enumeración de empresas destinadas a la industrialización de la madera. Por ejemplo, el inciso C) se refiere a la producción de celulosa, pasta, papeles y cartones, madera aserrada, madera terciada, chapas de maderas, tableros de fibra de madera y de madera aglomerada y destilación de la madera, todos ellos procesos de industrialización de la madera.

Por otro lado, el inciso D) se refiere a la preservación y secamiento de la madera.

Además, en el inciso C) se habla de utilización de productos forestales como materia prima en la industria química -que tiene un enorme desarrollo a nivel mundial- o generación de energía.

De modo que hay una concepción de la empresa forestal y los beneficios -lo dice el acápite del artículo 67- se extienden por quince años -esto tiene que ver con el aspecto de seguridad que debe tener una inversión a largo plazo- período que rige no sólo para el plantador de bosques, sino para todas las empresas industriales, de modo de poder generar la demanda de productos madereros a que hacía referencia el señor senador Ortiz.

Estimo que aquí hay un problema de muy difícil solución. ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo primero, el recurso forestal o la industria? Si no hay masas de bosques es difícil que la industria se instale en el país y, por otra parte, sería antieconómico porque tendría su capacidad ociosa por falta de materia prima.

También puede ocurrir que solamente se incentive la plantación de bosques y luego nos encontremos que, salvo el uso directo, como puede ser la leña, en lo referente a su industrialización, el país no tenga la infraestructura industrial como para procesar los productos madereros.

Naturalmente, va a llegar un momento en que ambos procesos coincidan. Pero el primero, en origen cronológico, es la plantación de bosques, generar la masa forestal y, entonces sí, se radicarán las industrias -que ya existen en el país, pero se necesitan muchas más- que demanden, que adquieran esos productos forestales.

Si en un futuro se da la situación de que se incentivó más la plantación de bosques que la infraestructura industrial para procesarlos, habrá que adoptar medidas más enérgicas par que estas empresas se desarrollen. Pero en el proyecto están previstas las dos manifestaciones: la plantación del bosque y la empresa industrial que demanda la madera. Debemos señalar que no estamos pensando solamente en madera para leña; ésa es una forma de disminuir las posibilidades de nuestros recursos forestales. Al respecto, en los artículos 67 y 68 del proyecto de Comisión hay una larga enumeración de actividades que van a ser las que demandarán la madera. Me parece que el verdadero concepto es el de un conjunto agroindustrial. Ambas cosas tienen que ir unidas y un aprovechamiento integral del bosque supone una concepción agroindustrial donde sólo el desecho se destine para leña y lo mejor de la madera se utilice para fines más nobles que no es quemarla, sino industrializarla.

Gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Estas disposiciones, a las que hacía referencia el señor senador Zumarán, ya venían incorporadas en un Mensaje del Poder Ejecutivo, así como en el proyecto inicial que él presentó en Comisión, y se mantienen en el proyecto sancionado en la Cámara de Representantes como en el que está a consideración de este Cuerpo.

Sin ninguna duda, estamos en una situación completamente distinta a la que nos encontrábamos cuando regía la ley anterior. En este asunto -me lo señalaba el señor senador Terra Gallinal que también tiene vinculación en esta materia por su experiencia y conocimiento en las cosas agropecuarias- hay un gran motor que es la modificación importantísima en el precio del petróleo. Evidentemente, esto transforma la generación de energía a partir de madera en un recurso financiero que ningún industrial puede desestimar.

También es necesario que exista un instrumento con claros beneficios porque cualquier otra actividad de carácter maderero con el destino de suministrar materia prima fundamentalmente para fabricar pulpa de celulosa, supone una plantación muy importante puesto que los niveles de escala de la plantación para la generación de una fábrica de pulpa de celulosa que tenga un precio de competencia internacional, necesita un volumen de materia prima muy importante. Naturalmente lo primero que hay que tener -como bien lo decía el señor senador Zumarán- es la materia prima. Hasta que no se disponga de ella en cantidad suficiente, no se puede llevar adelante ninguna instalación de una nueva industria.

Este proyecto intenta dar garantías, estabilidades y estímulos suficientes a quienes piensen en este tipo de soluciones que están siendo analizadas en el Cono Sur de nuestro continente, en forma particularmente intensa tanto en la República de Chile como en la vecina República Federativa de Brasil, donde existen proyectos para plantar a lo largo de las Lagunas Mangueira y Mirim hasta 200.000 hectáreas de variedades que, a poco de estar con un fuste más o menos interesante, pueden servir con destino a pulpa de papel, materia prima que tiene un consumo asegurado y que en el Uruguay podría transformar el Norte de la República, plantándose 20.000 ó 25.000 hectáreas en las areniscas de Tacuarembó, en la zona de Ataques y próxima a Tranqueras -donde ya hay experiencias, a una de las cuales se refería el señor senador Zumarán- en un área de crecimiento, de riqueza, de ocupación y de generación de valores industriales muy importantes.

En esa materia debo decir que no sólo se mejoran los campos, sino que se aumenta su capacidad, porque las mismas unidades ganaderas se sostienen con ventaja en la misma área anterior pero de la cual más del 50% está ocupada por bosques que luego de cierta edad permiten algún pastoreo. quiere decir que con menos campos empastados disponibles hay igual cantidad de cabezas de ganado; o sea que se aumenta la capacidad de zonas en las que es muy reducida y que sostienen muy poco ganado.

A lo largo de la discusión particular nos iremos extendiendo sobre las distintas particularidades de este proyecto; las formas de considerar y calificar los distintos bosques, la manera como se intenta proteger al bosque de interés nacional, las especies naturales y los beneficios y ayudas de todo carácter que este proyecto le da a quienes decidan emprender la estupenda tarea de plantar árboles, lo que se puede hacer a cualquier edad y que siempre da, además de buenos frutos materiales, tantas o mejores satisfacciones espirituales.

En aras de que este proyecto se sancione rápidamente y pueda pasar a la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva y se transforme en un instrumento útil como el que todos creemos será, me sumo a lo que ha manifestado el señor senador Zumarán y a lo que en términos generales van a expresar los señores senadores que han participado con nosotros en este trabajo.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador, antes de terminar su exposición?

SEÑOR BATLLE. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Compartimos lo expresado por los señores miembros informantes Batlle y Zumarán.

Una de las salvedades que dejamos está referida a uno de los puntos que trató el señor senador Batlle. Estamos de acuerdo con sus palabras, pero no con las consecuencias que pueda traer la aplicación de la ley, según el artículo 17, que favorece la forestación de las zonas más próximas a Montevideo en razón del interés industrial de ahorrar fletes. Creo que uno de los objetivos más interesantes que se hubiera logrado con este proyecto, aún cuando pueda parecer que roza ciertos derechos individuales, era forzar la forestación en aquellas zonas más aptas, las que muchas veces están en lugares apartados de la capital de la República y que el encarecimiento de los fletes fuera subsanado con algún estímulo suplementario. De otra manera, el artículo 17, que creo fue el más discutido de todos, favorecerá la implantación de bosques en las proximidades de Montevideo, desaprovechando terrenos de alta aptitud o de exclusiva aptitud forestal que existen en el Norte de la República, con las ventajas que señala el señor senador Batlle en cuanto a las precipitaciones fluviales.

En cuanto a la objeción que se hacía por parte de las Cajas Notarial y Bancaria -delegaciones que recibimos en dos oportunidades- pensamos que no hay colisión entre el interés que ellas tienen en comercializar su producción y el incrementar la forestación en el país. Todos sabemos que obtener resultados económicos de la forestación lleva varios años; por lo tanto, no se puede esperar a que haya una demanda intensa, a que se produzca escasez de madera para recién empezar a hacer planes forestales. Me parece que las observaciones planteadas no son de recibo.

Sí, sería de considerar -lo que haremos cuando lleguemos a la discusión particular- la posibilidad de impulsar de alguna manera la forestación en el Norte del país y de desestimularla en las zonas más próximas a Montevideo.

Una de las delegaciones que recibió la comisión fue una integrada por granjeros de Canelones, quienes nos informaban acerca de la cantidad de predios de este departamento -que hasta ahora se utilizaban para la agricultura intensiva, para la plantación de hortalizas, legumbres y frutas- que se compraban para forestar, perjudicando, por la proyección de los bosques, a estos cultivos que constituían el medio esencial de vida de pequeños y modestos productores rurales.

Repito que las observaciones que han planteado como aspiración las entidades a las que les reconocemos el gran esfuerzo que han hecho para forestar el país, creo que no son de recibo en este momento.

Pensamos que es conveniente aprovechar la circunstancia de la progresiva sustitución del petróleo por la leña como fuente de energía para estimular la forestación, no sólo en los terrenos más adecuados para este cultivo, sino en lugares donde sea necesario crear fuentes de trabajo, preparando en una primera etapa la madera para su industrialización.

Cuando se considere el artículo 17 insistiremos sobre este aspecto. Queríamos hacer estas puntualizaciones como firmantes del informe y a manera de adelanto de la única observación que nos merece el proyecto.

16) RECURRIBILIDAD DE LOS ACTOS DEL PARLAMENTO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Exposición previa. Poder Judicial. Su situación actual. Exposición previa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entrando a la media hora final de la sesión, correspondería votar la solicitud del señor senador Aguirre, en el sentido de realizar una exposición por el término de treinta minutos, sobre el tema "Recurribilidad de los Actos del Parlamento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo", en la sesión del día martes 11 de agosto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Si el Senado lo compartiera, solicitaría que en la misma sesión figurara la exposición que quien habla iba a realizar en el mes de mayo o junio -lo que me fue imposible debido a una lesión que padecí- referida al "Poder Judicial, su situación actual".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa iba a poner a votación por separado las mociones, pero entiende que pueden realizarse conjuntamente, pues no cree que existan objeciones.

Se van a votar las mociones presentadas por los señores senadores Aguirre y Batalla.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En la sesión del próximo martes se realizarán ambas exposiciones por su orden, en primer lugar, la del señor senador Aguirre y, en segundo término, la del señor senador Batalla.

17) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Prosigue la consideración del asunto que figuraba en primer término del orden del día, y que pasó a ser segundo "Proyecto de ley por el que se establecen normas para el desarrollo forestal".

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - A fin de no dilatar la consideración general de este proyecto de ley, diremos, simplemente, que quienes lo vamos a votar -y constituimos mayoría en la Comisión- daremos la explicación de nuestros puntos de vista, contrarios a los del señor senador Pereyra, en el momento en que se discutan estos artículos.

Deseo dejar constancia de que en el sur de la República, en los departamentos de Canelones, San José y Colonia, existen tierras muy pobres y degradadas y zonas arenosas, cuyo mejor destino no es otro que el de la actividad natural de las tierras, o sea, la forestación.

Con respecto a las dificultades que puede generar el monte lindero de reparo o de abrigo, a un vecino que planta verduras o que tiene una pradera, debo decir que el artículo 20 del Código Rural fue sustituido por el 36 de este proyecto de ley, estableciendo algunas disposiciones que defienden tales situaciones. La masa forestal no es más gravosa ni causa más daño al lindero, que la mínima barrera de defensa que pueda plantar su vecino. Es notorio que donde existe una línea de eucaliptos, aunque sólo sea de a dos, en los primeros treinta o cuarenta metros la cebada, alfalfa o avena es más débil y de muy bajo rendimiento. El perjuicio no se causa por tener cien hectáreas plantadas, sino que alcanza con una pequeña barrera de protección. Esto ha quedado contemplado en el artículo 36 de este proyecto de ley y será explicado con detalle en su momento, por quienes sustentamos el criterio establecido en el proyecto que la Comisión envió al Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: adelanto que vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley, que ha tenido un extenso tratamiento, pues hace aproximadamente dos años que figura en el orden del día de las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de ambas Cámaras.

A nuestro juicio, el proyecto de ley no innova excesivamente en relación a la ley vigente, tal como lo señalaba el miembro informante, señor senador Zumarán.

En determinado momento, en la Comisión se discutió acerca de la pertinencia de estructurar un nuevo proyecto de ley, estimando que quizás fuera conveniente, simplemente, incorporar algunos artículos que modificaran la ley vigente. Esta opinión fue sostenida por la Asociación de Ingenieros Agrónomos en su visita a la Comisión. Optamos por la nueva redacción porque entendimos que su estructura es mejor que la de la ley vigente y porque además se incorporaban nuevas normas.

En este proyecto de ley, por ejemplo, se crea el fondo Forestal, y su administración. También incorpora la obligación del Estado de destinar anualmente una masa de recursos equivalente al monto ficto de diez mil hectáreas de forestación, lo que representa una inversión importante en fomento forestal. Hasta ahora esto no se había planteado.

Por otro lado, se establece el contrato de prenda como una figura jurídica, lo que también beneficiará el dinamismo del crédito en relación a la forestación.

Se agregan, además, disposiciones o normas de protección al bosque indígena, que era estrictamente necesario ante el peligro de extinción que corre el mismo.

El proyecto de ley también establece beneficios tributarios y amplía el financiamiento a particulares para la implantación de bosque. Cuando lleguemos a la discusión particular de este punto, haremos una exposición más extensa, pero queremos adelantar que nos parece desproporcionada la extensión del financiamiento hasta cubrir el cien por ciento de la inversión. En este sentido, la ley anterior planteaba una asistencia financiera o crediticia del orden del 75% y en este proyecto se la lleva al total de la inversión. Pero además, se agregan beneficios tributarios de mucha importancia. De acuerdo a la Ley Nº 13.723, quienes plantaban bosques no debían abonar el IMAGRO y el IMPROME de aquel momento, y ahora se incluye la desgravación del Impuesto a la Renta Agropecuaria. Se establece una desgravación genérica a todo sujeto pasivo que se dedique a la explotación agropecuaria, quien podrá descontar de su masa impositiva los costos de la explotación de bosques. Este es también, un beneficio adicional al que ya existía.

A nuestro juicio, el tratamiento global del proyecto tiene ciertas reservas, porque entendemos que los beneficios crediticios -que son recursos aportados por la sociedad entera- son excesivos y van más allá de las exigencias que la ley plantea a quienes se dediquen a esta actividad.

De acuerdo a los argumentos manejados en la Comisión, este proyecto contiene algunos elementos de planificación indicativa, pero a nuestro juicio sólo lo hace por la vía del estímulo crediticio o de la exención tributaria, pero no marcando pautas para el desarrollo planificado de la forestación en el país. En el proyecto no existen disposiciones tendientes a planificar este desarrollo propendiendo, por ejemplo, a la implantación de masas forestales; no existen tampoco disposiciones que planifiquen el incremento del consumo del producto forestal en el plano industrial.

Quiero decir, al abordar este tema, que no va a ser fácil que en el momento en que los bosques estén crecidos se plantee la incentivación de complejos industriales destinados a la producción forestal.

Entiendo que en la propia ley debió haberse previsto un mecanismo para radicar esas industrias en los lugares vinculados a los centros de implantación de masa forestal, cosa que esta iniciativa ni siquiera roza.

Tampoco se analizan los problemas relacionados con la infraestructura de transporte. Las Cajas de Jubilaciones Bancarias y de la Caja Notarial -entre otros organismos- señalaban este aspecto como un elemento de tremenda importancia, dado el costo que el transporte tiene.

Con respecto al tema global de los déficit o la superproducción de los recursos forestales, convendría aclarar que en el país no existe déficit en la producción de leña para la combustión y producción de energía. En cambio, importa maderas con destino a usos industriales, maderas que no se producen en nuestro país por la característica de nuestro suelo, por un valor de U$S 6:287.000 para el año 1986 y para el período enero-junio de 1987, por una cantidad de U$S 3:100.000. Esta madera tiene fines específicos, especialmente, se destina a la industria del mueble o para otras que las necesiten; pero madera de leña hay suficiente en el país, no hay crisis de abastecimiento.

Por decisión de la mayoría de la Comisión, fueron eliminados algunos elementos de gran importancia para orientar la política de forestación contenidos en la Ley Nº 13.723, e, incluso, en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Una de las carencias importantes que tiene el proyecto de ley -que también estaban establecidas en la Ley Nº 13.723 y que recogió el proyecto de la Cámara de Representantes- era que estatuía la posibilidad de decidir la forestación obligatoria no sólo para bosques protectores sino también para los bosques de rendimiento, razones de conveniencia pública. Este es un elemento no de planificación meramente indicativa, sino real.

Hubo una extensa discusión en la Comisión y, finalmente fue eliminado ese aspecto de la disposición en relación a los bosques de rendimiento, creo yo, en perjuicio de la Ley Nº 13.723 y de lo que puede ser una correcta política de planificación forestal. Asimismo, la Comisión se movió con tanto tiento en materia de forestación obligatoria que en el último inciso del artículo 12 estableció que si se decretaba la forestación obligatoria de bosques protectores debía darse cuenta a la Asamblea General.

En todo esto estuvo en discusión un elemento central que era el de la pertinencia de que el propietario dispusiera con libertad de los objetivos de la explotación de su predio.

Naturalmente creemos que con las disposiciones que regían en la Ley Nº 13.723, con las que estaban contenidas en el proyecto del Poder Ejecutivo y con las del aprobado en la Cámara de Representantes, este derecho de propiedad quedaba a salvo y, además, se contemplaban los intereses públicos nacionales, permitiendo al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, orientar la implantación de masas forestales por razones de conveniencia nacional en aquellos terrenos declarados de prioridad forestal.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Con respecto al tema anterior a que se refería el señor senador Gargano, deseo hacer la siguiente puntualización de acuerdo con mi punto de vista.

El señor senador Gargano expresa que el abastecimiento de madera en el uruguay es satisfactorio especialmente para leña. Yo agrego que es verdad que no se ha percibido ninguna escasez; pero, también es cierto, que para abastecer una parte del consumo de leña, se recurre al bosque natural, cuya superficie va disminuyendo en forma paulatina.

Si tenemos 600.000 hectáreas de bosques naturales y les extraemos madera, no tengo la menor duda de que el país estará abastecido de leña, pero al mismo tiempo va a liquidar al monte natural.

En el balance de producción y demanda de maderas, en el país hay déficit que se cubre explotando más de su rendimiento normal al monte natural y, por lo tanto, disminuyéndolo progresivamente.

Independientemente de que a mediano plazo va a generar una crisis maderera, existe otra consecuencia mucho más grave y es que la desaparición del monte natural crea un problema ecológico en cuanto a la conservación del suelo fundamentalmente, pero también en relación a la fauna y flora autóctonas que debemos preservar.

Según mi opinión, es cierta la afirmación del señor senador Gargano en cuanto a que se satisface la demanda actual, pero también es verdad que eso se hace a costa de ir extrayendo del monte natural una cantidad tal de madera que, paulatinamente, lo va reduciendo produciendo efectos secundarios adversos en la ecología del país.

Esa era la precisión que deseaba hacer, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Deberíamos entrar al análisis de las cifras, dando por cierto que una parte del consumo de leña que se hace en el país proviene en forma importante del bosque natural. En ese sentido, como lo afirmé al principio, el proyecto de ley incorpora normas de protección que posibilitan que se vigile estrictamente el consumo de leña de los mismos, puesto que se prescribe en dicha iniciativa que sólo podrá ser destinado al uso del establecimiento agropecuario al que pertenece el bosque natural con fines de uso doméstico o de implantación de piques, postes de alambrado, etcétera. Entiendo que este es un buen criterio.

El tema que estaba en discusión es el de la producción y la carencia. En las sesiones de la Comisión escuchamos decir a los integrantes de las Cajas de Jubilaciones Bancarias y la Notarial que había un excedente de producción que no podía ser colocado en el mercado interno y que, por dificultades de comercio con los países vecinos, tampoco podía ser introducido al de Argentina, porque a pesar de que el CAUCE establecía que se podía llegar a abastecer hasta un 5% de la producción argentina con nuestros productos forestales, la verdad es que ese país denuncia unas cantidades tan ínfimas de producción de madera que, prácticamente, su colocación se hace imposible por parte de las empresas que están en condiciones de exportar. Si están en esas condiciones, yo digo que es porque existe un volumen tal de producción que le permite abastecer el mercado interno y, además, exportar.

18) TERMINO DE LA SESION

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Como estamos ya sobre el límite de la finalización de la sesión ordinaria, deseo consultar a la Mesa si hay muchos oradores inscriptos para hacer uso de la palabra en la discusión general.

Propondría -si esto no fuera a prolongar demasiado el debate- que se prorrogara el término de la sesión hasta que votáramos en general con el fin de que en la sesión de mañana pudiéramos comenzar ya con la discusión y votación del articulado. De lo contrario, si eso implica prolongar demasiado la sesión, haría moción para que se prorrogue el término de la misma hasta que termine su exposición el señor senador Gargano, de manera que la pueda hilvanar bien y comenzar mañana con las siguientes exposiciones. El anhelo es poder votar en general el proyecto lo antes posible.

Con la autorización del señor senador, formulo esa consulta a la Mesa.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - No sé cuántos senadores están anotados, pero yo soy uno de ellos. Por otra parte, debo señalar que tengo compromisos que me impiden quedarme mucho más allá de la hora 21.

Por lo tanto, no estaría a favor de la prolongación de la sesión hasta que se pueda votar el proyecto en general. En todo caso, puedo acceder a que el señor senador Gargano tenga el tiempo suficiente en la noche de hoy como para redondear su exposición.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite, señor Presidente, para ocuparme nuevamente de la moción?

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse de su propia moción, tiene la palabra el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Ya que el señor senador Posadas no estaría de acuerdo con la primera parte de la moción, pero accede a la segunda parte de la misma, solicito que se prorrogue el término de la sesión hasta que termine su exposición el señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la prórroga del término de la sesión hasta que finalice su exposición el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

19) NORMAS PARA EL DESARROLLO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - No voy a ocupar mucho tiempo en la exposición en general sobre el proyecto. Ya he dado a conocer una parte muy sustancial de lo que iba a aportar en la misma. Creo que es la discusión particular la que realmente nos va a ilustrar sobre el tema.

Señalaba el aspecto de la forestación obligatoria eliminada para los bosques de rendimiento como un elemento que, quitado de la ley, resta posibilidades de planificación al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si éste era un temperamento del Poder Ejecutivo, decía que cuando lleguemos a la discusión particular, vamos a replantear el asunto, porque entendemos que es beneficioso que se incorpore a la ley.

También estuvo en discusión en la Comisión, en forma bastante extensa y durante muchas sesiones, lo que tiene que ver con la forestación en los departamentos de San José, Canelones y Colonia y con respecto a otras zonas de la República, vinculadas a los suelos de aptitud predominantemente agrícola, hortícola y frutícola.

El famoso artículo 17 del proyecto venido de la Cámara de Representantes -no el actual, porque tomó su lugar otra disposición- establecía limitaciones a la forestación en estos departamentos. Se tenía el criterio de que, reglamentándolo estrictamente, se podía plantar árboles con bosques protectores y de rendimiento, dentro de aquellos terrenos declarados por la Dirección forestal, como de prioridad forestal, que los hay. En la extensa discusión que se realizó en la Comisión de Agricultura y Pesca, llegamos a comprobar que todavía en el departamento de Canelones, por ejemplo, hay más de 4 mil hectáreas de suelos de prioridad forestal que pueden ser utilizados.

A lo que llevaba el planteo del artículo 17 eliminado, era a que las limitantes que se ponían pretendían proteger suelos que hasta ahora habían sido predominantemente agrícolas, es decir, dedicados a la explotación fundamentalmente familiar para el consumo de la gran metrópolis que es Montevideo. Se trata de gente de los departamentos de Canelones, San José y Colonia, que tienen suelos destinados fundamentalmente a la agricultura. ¿Por qué digo esto? Porque se explicaba aquí por parte del señor senador Pereyra lo siguiente: la degradación de los suelos, por ejemplo en el nordeste de Canelones, ha llevado a que las tierras valgan muy poco y a que su productividad sea muy escasa. Entonces, la opción para el pequeño chacarero es muy clara porque no ve reconvertir sus tierras.

Hoy se habló aquí por parte del señor senador Lacalle Herrera en la media hora previa, del drama de estos pequeños productores de remolacha que no pueden reconvertir sus tierras porque tienen dificultades económicas, porque es gente que vive, a veces, con menos de un salario mínimo al mes como rentabilidad de su explotación y a la cual, a pesar de haber transcurrido más de 2 años y medio de discusión sobre el tema, no se le ha aportado ninguna solución. En última instancia, para las empresas que trabajan con esas calderas que consumen leña, es mucho más conveniente invertir comprando esos predios para generar leña de eucalipto en esa zona que era predominantemente agrícola, hortícola o frutícola. Se trata de leña que podría producirse, por ejemplo, en las sierras de Minas, pero que tendría el inconveniente de que debería pagar un mayor flete.

Aunque en el argumento para la eliminación de este artículo se dijo que esta implantación de bosques no tendría el auxilio de los beneficios tributarios y financieros, quiero decir que eso se solventa, y con exceso para estas empresas, con la reducción o el ahorro de flete, fomentando esos bosques en zonas muy cercanas a sus propias fábricas. Por supuesto que eso no redunda, naturalmente, en beneficio de estas zonas que deberían estar dedicadas, a nuestro entender, a la horticultura, agricultura o fruticultura, reconvirtiendo y afirmando esa pequeña producción familiar que hay allí y que no tiene otro destino que el de la emigración a la ciudad, si es que terminamos permitiendo la forestación en esos lugares.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Simplemente, señor Presidente, quiero dar una información que considero útil para el razonamiento que se está haciendo a propósito de esta circunstancia.

Los que necesitan predios para forestar, ya sean los que están vinculados a una actividad industrial en la zona de Canelones o los que los adquieren para implantar bosques en función de la proximidad a lo que se supone son las fuentes de mayor consumo, trabajan sobre áreas más importantes. Es lógico pensar que el costo de organizar, plantar y procesar pequeñas parcelas de 10 ó 15 hectáreas, no es algo que desde el punto de vista de una explotación sea coherente con lo que habitualmente se hace.

Por otra parte, en esas tierras degradadas se han dado algunas ventas, pero ha sido porque hasta entonces no hubo resoluciones en cuanto a instrumentos de créditos con que cuenta el país para aquellas personas que tienen que hacer una inversión importante en el mejoramiento de las tierras. Estas debían ser soluciones que los habilitara a quedarse en sus fracciones, en lugar de venderlas.

Por suerte, señor Presidente, el Banco de la República ha tomado disposiciones importantes en esta materia, otorgando créditos generosos a largo plazo y con importantes períodos de gracia. Además, se establece un porcentual que, en algunos casos, llega hasta el 40% y en otros hasta el 60% de créditos no reembolsables para productores de las zonas específicas a las que nos estamos refiriendo, es decir, en el departamento de Canelones, aunque dice zona sur, por lo que se podría pensar que eso abarcaría algún otro departamento, cuando el caso del departamento de Canelones es el que puede preocupar porque se trata de una situación fundamental que deriva del mal manejo de los campos que habilitan, por esa vía al productor, que antes seguramente vendía la fracción porque no tenía recursos propios para recuperar campos totalmente disminuidos, llenos de cárcavas muy importante4s, extenuado por el mal manejo de los mismos, a permanecer en el campo. Entonces, como no tenían capital, vendían la tierra, pero hoy tienen un mecanismo de crédito con excepcionales condiciones, al punto de que hay un 60% que no es reembolsable. Esto le va a permitir invertir y no tener necesidad de vender por incapacidad o carecer de recursos propios para trabajar en la zona a que hace referencia el señor senador Gargano. Por lo tanto se dan los instrumentos necesarios para poder afincar al individuo y para evitar esa despoblación generada por ese fenómeno. No me estoy refiriendo a una despoblación generada por otro tipo de circunstancias como puede ser la producción hortícola y las verduras frescas que en el Uruguay con un mercado muy pequeño, que se satura muy rápidamente.

Seguramente, los señores senadores Zumarán y Jude tienen mucho más conocimiento que nosotros al respecto, porque son viejos concurrentes, como productores, a ambos mercados y saben que éstos se saturan rápidamente ya que cualquier situación o el mejoramiento de la condición climática general, hace que aumente en un 10% la producción normal del país y con ello se abarrote el mercado. Pero creo que este es un mecanismo práctico y concreto que va a dar, a aquellos que no pueden hacer otra cosa que vender su campo de 15 ó 20 hectáreas, los instrumentos para quedarse allí e invertir.

Se trata de un crédito para pasturas, para semovientes, instalaciones, para cambio del destino, con los montos y en las condiciones que acabo de señalar de las nuevas líneas de crédito específicas de la Sección Desarrollo del Banco de la República, para la zona sur del departamento de Canelones.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Conocemos esa disposición y sabemos qué resultado ha dado hasta el día de hoy. Simplemente me remito a la exposición realizada por el señor senador Lacalle Herrera al iniciar esta sesión. Estos instrumentos crediticios son insuficientes para la reconversión de la zona; los conozco y he intervenido como miembro de la Comisión de Agricultura y Pesca en la búsqueda de estas soluciones coyunturales para poder atender a esa gente que se encuentra en una situación tan desesperada. Pero el tema de la forestación en el departamento de Canelones tiene esta implicancia y otra, que es la estrategia de la planificación del desarrollo de la forestación.

El artículo 17 del proyecto que venía de la Cámara de Representantes y que estaba en consideración de la Comisión, limitaba -con buen criterio a nuestro juicio- la implantación de masas forestales en el departamento de Canelones para proteger a estas tierras de un destino que no fuera el forestal, es decir, para tratar de mantenerlas dentro del ciclo de la producción agrícola y/o ganadera de pequeña y mediana propiedad, que puede implantarse de acuerdo a las técnicas de manejo de estos predios o suelos que están actualmente en funcionamiento.

Deseo expresar, señor Presidente, que en la discusión particular también haremos alusión, naturalmente, a los beneficios que no sólo se conceden a quien vaya a implantar un bosque -ya sea protector o de rendimiento- sino también al sector industrial. Dentro del proyecto de ley viene incorporada una disposición que amplía las exenciones tributarias de que gozaban algunos sectores de la industria -como los que tienen relación con las plantas forestales, las explotaciones de madera, la utilización de otros productos del bosque, la elaboración de la madera para la producción de celulosa, pasta, papeles y cartones, madera aserrada, terciada y chapas de madera, tableros de fibra de madera, madera aglomerada y destilación de la madera- a otros, como ser el de la industria química que utiliza la madera como materia prima e inclusive para la generación de energía. En cuanto a este último tema, nosotros manifestamos nuestra discrepancia, porque nos parece excesivo que se otorguen beneficios a quienes implanten calderas. Nos parece correcto que se implanten calderas, pero no vamos a propender a exonerar la importación de las mismas, si es que no se producen en el país, ya que lo consideramos excesivo. Hay empresas de gran poderío económico, que son las que hacen estas instalaciones, que no necesitan estas exenciones tributarias para poder implantar estas calderas; les basta con la conveniencia económica que implica el pasar de la combustión de petróleo a la de la madera.

Reitero que cuando entremos en la discusión particular realizaremos otras observaciones con respecto al texto del articulado, que no compartimos. Una de las cosas que queremos señalar es que en el articulado se incorporó una disposición que creo que el Senado debe discutir. Me refiero al artículo 72, relativo a una modificación del numeral 2º del artículo 85 del Decreto-Ley Nº 14.189, que permite que las sociedades anónimas se dediquen a la explotación forestal.

Este tema estaba planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero con un rigor y control mucho mayor. Hoy escuchaba al señor senador Zumarán decir que en el desarrollo de la forestación es posible combinar, por ejemplo, la explotación ganadera con la forestal. Me pregunto qué criterio se va a adoptar, es decir, si se va a dar la posibilidad al dueño del predio -que hasta ahora no la tiene-. de convertir la titularidad del mismo en la de una sociedad anónima, porque la ley que impidió que este tipo de sociedades funcionaran en el medio agropecuario, tenía como objetivo clarificar el sistema de tenencia de la tierra en función de que es la riqueza fundamental del país y de que interesaba tener un conocimiento directo de quienes la explotan y la detentan. Pienso que esta disposición tan general debe ser revisada en el Pleno del Senado, a los efectos de fijarle límites, porque no queda claro en qué consiste esta explotación combinada, ganadera y forestal: ¿es ganadera o es forestal? Si es ganadera, no correspondería excluirla del sistema de las sociedades anónimas, pero sí es forestal, estamos en condiciones de votar favorablemente que se incorporen, en la medida en que3 tengan como objetivo exclusivo la forestación.

Finalmente, deseo dejar constancia de que vamos a tratar de plantear modificaciones en la discusión particular en torno a las exenciones tributarias que son verdaderos subsidios, extremadamente altos, que permiten que quienes implanten bosques no corran prácticamente riesgos. Lo único que se requiere es tener la propiedad de la tierra para hacerlo. Tal como está estructurado el proyecto, éste no es un mecanismo que favorezca el libre juego de las fuerzas económicas -como se acostumbra a decir aquí- el capital de riesgo prácticamente no existe porque el 100% de la financiación puede obtenerse del fondo forestal. Además, a través de las disposiciones contenidas en el capítulo referente a las exenciones tributarias, consiguen beneficios que los liberan de casi toda la tributación impositiva existente, desde el Impuesto al Patrimonio, el IRA, el IMAGRO hasta los futuros que se establezcan. Creemos que hay que propender a la implantación de bosques y es necesario planificar dicha implantación, pero no debemos ser excesivos en la concesión de subsidios a un sector empresarial que está altamente concentrado en el país y que, a través de este mecanismo, no arriesgaría ningún capital.

Nada más, señor Presidente.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo resuelto oportunamente, se levanta la sesión.

(Así se hace siendo la hora 21 y 8 minutos, presidiendo el doctor Tarigo, y estando presentes los señores senadores Aguirre, Capeche, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntin, Jude, Martínez Moreno, Olazábal, Ortiz, Senatore, Terra Gallinal, Traversoni, Zorrilla y Zumarán.)

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.