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Nº 53 - TOMO 62 - 17 DE DICIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

21ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

EL SEÑOR EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

y el  DOCTOR LUIS A. LACALLE HERRERA 2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y DOCTOR HECTOR S. CLAVIJO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores legisladores.
- Se vota afirmativamente.

4) Asunto entrado

5) Observaciones parciales formuladas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley referente al sistema de aportaciones de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social

(Véase 18ª y 19ª sesiones)
- Se resuelve: 1º) Aprobar la observación del Poder Ejecutivo relativa al inciso 3º del artículo 8º del proyecto sancionado, a cuyo efecto se aprueba el texto sancionado por la Cámara de Diputados que contó con iniciativa original del Poder Ejecutivo.
2º) Aprobar la observación del Poder Ejecutivo relativa a la constitución de un artículo independiente con el texto del inciso 2º del artículo 6º del proyecto sancionado.
3º) Rechazar la observación del Poder Ejecutivo relativa a la responsabilidad del propietario del inmueble, cuando no existiere explotación agropecuaria.

6) Asunto entrado fuera de hora

7) Discrepancias surgidas entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes respecto del proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, sobre Unidades Cooperativas de Vivienda

- Antecedentes: Repartido Nº 19, de diciembre de 1986. Carpeta Nº 28/86.
- Se presenta un proyecto de ley sustitutivo de la Comisión Especial de la Asamblea General, por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983.
- Intervención de varios señores legisladores.
- Se aprueba el proyecto de ley sustitutivo, presentado por la Comisión Especial.

8) Veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al artículo 230 del proyecto de ley denominado de "Servicios a Cargo del Estado"

- Urgencia.
- Se resuelve ratificar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a dicho artículo.

9) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de diciembre de 1986.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores legisladores, mañana miércoles 17, a la hora 17, a fin de hacer cesar el receso, y previa declaración de grave y urgente, considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión de las observaciones parciales formuladas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 32/86 - Rep. Nº 18/86)

2º) Discrepancias surgidas entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes respecto del proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, sobre unidades cooperativas de vivienda.

(Carp. Nº 28/86 - Rep. Nº 19/86)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIAS

ASISTEN: los señores senadores Gonzalo Aguirre Ramírez, José Germán Araújo, Hugo Batalla, Eugenio Capeche, Pedro W. Cersósimo, Carlos W. Cigliuti, Juan Raúl Ferreira Sienra, Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos da Costa, Eduardo Paz Aguirre, Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas, Luis Bernardo Pozzolo, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore, Juan A. Singer, Uruguay Tourné, Alfredo Traversoni, Francisco Mario Ubillos, Juan J. Zorrilla, Alberto Zumarán, Reinaldo Gargano, Jorge Silveira Zavala, Juan C. Fá Robaina y los señores representantes Numa Aguirre Corte, Nelson R. Alonso, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Abayubá Amén Pisani, Ernesto Amorín Larrañaga, Carmen Arana, Nelson Arredondo, Roberto Asiaín, Héctor Barón, Javier Barrios Anza, Honorio Barrios Tassano, Juan A. Bentancur, Carlos Bertacchi, Edgard Bonilla, Federico Bouza, Mario Cantón, Cayetano Capeche, Tabaré Caputi, Gonzalo Carámbula, Carlos A. Cassina, Washington Cataldi, Raúl Cazabán Gonçalves, José Cerchiaro San Juan, Juan Pedro Ciganda, Víctor Cortazzo, Eber Da Rosa Viñoles, Julio E. Daverede, José Díaz, Yamandú Fau, Francisco A. Forteza, Rubens Francolino, Carlos M. Fresia, Ruben E. Frey Gil, Juan J. Fuentes, Carlos Garat, Alem García, Washington García Rijo, Oscar Gestido, Héctor Goñi Castelao, Hugo Granucci, Ramón Guadalupe, Arturo Guerrero, Luis A. Heber, Luis A. Hierro López, Marino Irazoqui, Walter Isi, Luis Ituño, Eduardo Jaurena, Daniel Lamas, Ariel Lausarot, Oscar Lenzi, Héctor Lescano, Mario W. Long, Oscar López Balestra, Néstor López Martínez, Nelson Lorenzo Rovira, Jorge Machiñena, Oscar Magurno, Julio Maimó Quintela, Miguel Manzi, Luis José Martínez, Edén Melo Santa Marina, Pablo Millor, León Morelli, Carlos E. Negro, Juan A. Oxacelhay, Ope Pasquet Iribarne, Ramón Pereira Pabén, Manuel Pérez Alvarez, Juan Pintos Pereira, Carlos Pita Alvariza, Lucas Pittaluga, Elías Porras Larralde, Edison Rijo, Gilberto Ríos, Héctor Lorenzo Ríos, Ricardo Rocha Imaz, Carlos Rodríguez Labruna, Raúl Rosales Moyano, Hebert Rossi Pasina, Walter Santoro, Carlos Norberto Soto, Luis Suárez Veró, Guillermo Stirling, Héctor Martín Sturla, Andrés Toriani, Gustavo Varela, Tabaré Viera y Alfredo Zaffaroni Ortiz.

FALTAN: con licencia el señor senador Dardo Ortiz y los señores representantes Orosmán Martínez, Baltasar Prieto, Alfonso Requiterena Vogt y Víctor Vaillant.

FALTAN: con aviso, el señor senador Jorge Batlle y los señores representantes César Brum, Jorge Conde Montes de Oca, Rubén Díaz Burci, Rubén Escajal, Ariel Gaione, Yamandú Rodríguez y Edison Zunini.

FALTAN: sin aviso, los señores representantes Alberto Brause y Bernardo González.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierto el acto.

(Es la hora 18 y 10)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores legisladores solicitan se cite al Cuerpo, a fin de considerar los asuntos que en el pedido se mencionan".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de diciembre de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General,
doctor Enrique E. Tarigo

Los legisladores que suscriben solicitan al señor Presidente se sirva convocar a la Asamblea General para el día miércoles 17 próximo, a la hora 17, a fin de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continuar la discusión de las observaciones parciales formuladas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

2º) Diferencias surgidas entre ambas Cámaras respecto al proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, sobre unidades cooperativas de vivienda.

Saludan al señor Presidente muy atentamente,

Américo Ricaldoni, Luis Bernardo Pozzolo, Juan A. Oxacelhay, Bernardo Porras Larralde, Carlos J. Pereyra, Gonzalo Aguirre Ramírez, Luis J. Martínez, Javier Barrios Anza, Ernesto Amorín Larrañaga, Héctor L. Ríos, Rubens Francolino, Edgard Bonilla, Raúl Rosales Moyano, Pedro W. Cersósimo y Alfredo Zaffaroni Ortiz. Legisladores".

-Se va a votar la solicitud de sesión formulada por varios señores legisladores, que comprende el levantamiento del receso.

(Se vota:)

-75 en 76. Afirmativa.

4) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"La Suprema Corte de Justicia remite Mensaje dando cuenta de la sentencia recaída en autos "Cooperativa de Vivienda por ayuda mutua - Banrep/Inconstitucionalidad", por la que se declara que el Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983 es inconstitucional.

-Téngase presente.

5) OBSERVACIONES PARCIALES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY REFERENTE AL SISTEMA DE APORTACION DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES RURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE. - En la sesión anterior había culminado la discusión del primer punto del orden del día y estaba pendiente de votación una moción formulada por el señor legislador Aguirre en el sentido de que los numerales se votaran en el orden inverso al que habían sido presentados por la Comisión Especial que estudió el tema.

Por consiguiente, corresponde votar si se acepta el temperamento propuesto por el señor legislador Aguirre en la sesión anterior.

(Se vota:)

-78 en 78. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con lo resuelto corresponde votar en primer término el numeral 3º.

Léase.

(Se lee:)

"3º Aprobar, igualmente, la observación del Poder Ejecutivo relativa al inciso 3 del artículo 8 del proyecto sancionado, a cuyo efecto se aprueba el texto sancionado por la Cámara de Diputados, que contó con iniciativa original del Poder Ejecutivo".

-Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR AGUIRRE. - Por la negativa, y voy a fundar el voto.

He votado negativamente porque considero que constitucionalmente esta solución no es pertinente, por dos órdenes de razones.

La primera, porque la Asamblea General carece de iniciativa legislativa, y en esta instancia no puede modificar un proyecto ya sancionado. Ello violenta el sistema bicameral y anula al Senado como Cuerpo legislador. Por esta vía, no contándose con el voto afirmativo de ninguno de los treinta y un senadores, puede sancionarse un texto que no ha sido aprobado por el Senado.

En segundo lugar, porque esta manera de proceder anula la facultad del Poder Ejecutivo -que es una facultad constitucional, como todos sabemos- de observar proyectos de ley, porque al sancionarse por la Asamblea General un texto que no estaba en la ley, de acuerdo creo que al artículo 144 de la Constitución el Poder Ejecutivo no tiene otra alternativa que promulgar el que vino aprobado por ella. De lo contrario, si por considerarlo un texto nuevo, lo veta, luego la Asamblea General podría, a su turno, volver a sancionar otro nuevo texto, y así sería el cuento de nunca acabar, por los siglos de los siglos, como lo señalaban hace muchos años parlamentarios y jurisconsultos tan eminentes como José Espalter y Juan Andrés Ramírez.

SEÑOR BATALLA. - Voto por la negativa, por los fundamentos expuestos por el señor legislador Aguirre.

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR FA ROBAINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FERREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Por la negativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo aclarar que lo que está votando este Cuerpo es el texto de la moción formulada por unanimidad en una Comisión de la Asamblea General integrada con tres miembros de la Comisión de Constitución y Legislación. Esta consta de tres puntos y se está votando el tercero, que establece: "Aprobar, igualmente, la observación del Poder Ejecutivo relativa al inciso 3 del artículo 8º del proyecto sancionado, a cuyo efecto se aprueba el texto sancionado por la Cámara de Diputados, que contó con iniciativa original del Poder Ejecutivo".

Es por eso que he votado por la afirmativa, y eso significa que en lo que respecta a los tributos rurales se vuelva a la fórmula original del Poder Ejecutivo que, en su instancia aprobó la Cámara de Diputados, por la que se establece un sistema particular: el 10% para los peones especializados y el 13% para los demás.

Aclaro que he votado por la afirmativa porque lo que se vota es la moción de la Comisión de la Asamblea General. Aquellos que no están de acuerdo con esa resolución han votado por la negativa; nosotros lo hacemos por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Por la negativa.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Sinceramente pienso que en Sala reina una gran confusión. Porque los partidos políticos comprometieron opinión en la Comisión. Yo reposo en la opinión que puedan verter los demás miembros de la Comisión. Me tiene sorprendido esta votación. Recuerdo, por ejemplo, las expresiones del señor legislador Araújo quien dijo que podía comprometer la opinión del Frente Amplio con respecto a este tema. Sin embargo, ya van dos legisladores de esa bancada que votan por la negativa. De acuerdo a las expresiones del señor legislador Cigliuti, también me sorprende la votación negativa del señor legislador Flores Silva.

No sé si se puede borrar y empezar de nuevo, pero deberíamos aclarar qué es lo que se está votando y recordar el compromiso político que asumieron los partidos políticos en la Comisión. Reitero que recuerdo las palabras del señor legislador Araújo -Jaurena también estaba presente- haciendo hincapié en que hablaba en nombre de su partido y que no daba una opinión personal individual.

Señor Presidente, creo que estamos ante una confusión, porque parto de la base de que no existe mala voluntad por parte de nadie.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que luego de las precisiones formuladas por los señores legisladores Cigliuti y Ferreira el punto debe estar suficientemente aclarado, por lo que corresponde continuar tomando la votación nominal.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MEDEROS. - Por la afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Por la negativa y voy a fundar el voto.

Por los fundamentos expuestos por el señor legislador Batalla y, además -y con esto hago referencia a alguna incidencia producida en Sala- por los expresados por el señor legislador Aguirre Ramírez, del Partido Nacional, los cuales comparto, he votado por la negativa.

SEÑOR SENATORE. - Por la negativa.

SEÑOR SINGER. - Por la afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Por la afirmativa.

SEÑOR TRAVERSONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR UBILLOS. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZORRILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Por la afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALONSO. - Por la negativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Por la negativa.

SEÑOR AMEN PISANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ASIAIN. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARON. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS ANZA. - Por la negativa.

SEÑOR BARRIOS TASSANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR BERTACCHI. - Por la negativa.

SEÑOR BONILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CANTON. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPUTI. - Por la negativa.

SEÑOR CASSINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CATALDI. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAZABAN CONÇALVEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERCHIARO SAN JUAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGANDA. - Por la negativa.

SEÑOR CORTAZZO. - Por la afirmativa.

SEÑOR DA ROSA VIÑOLES. - Por la afirmativa.

SEÑOR DAVEREDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR DIAZ (don José). - Por la negativa.

SEÑOR FAU. - Por la negativa.

SEÑOR FORTEZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRANCOLINO. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRESIA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FREY GIL. - Por la negativa.

SEÑOR FUENTES. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARAT. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GESTIDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GOÑI CASTELAO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GRANUCCI. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUADALUPE. - Por la negativa.

SEÑOR GUERRERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR HEBER. - Por la afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR IRAZOQUI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ISI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ITUÑO. - Por la afirmativa.

SEÑOR JAURENA. - Por la negativa.

SEÑOR LAMAS. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Por la afirmativa.

SEÑOR LENZI. - Por la afirmativa.

SEÑOR LESCANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ BALESTRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MACHIÑENA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAGURNO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAIMO QUINTELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Por la negativa.

SEÑOR MORELLI. - Por la afirmativa.

SEÑOR NEGRO. - Por la negativa.

SEÑOR OXACELHAY. - Por la afirmativa.

SEÑOR PASQUET IRIBARNE. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PINTOS PEREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITA ALVARIZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITTALUGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PORRAS. - Por la afirmativa y voy a fundar el voto.

He votado afirmativamente en función de que mi partido ha realizado un acuerdo político. En consecuencia, por razones de disciplina partidaria, me veo en la obligación de cumplir. De no mediar esa circunstancia, hubiera votado en el sentido que lo hizo el señor senador Aguirre Ramírez, porque me parece que jurídicamente es inobjetable la tesis que sentó ante este Cuerpo.

SEÑOR RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS (don Gilberto). - Por la negativa.

SEÑOR RIOS (don Héctor L.). - Por la afirmativa y pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR RIOS (don Héctor L.). - Señor Presidente: con las reservas expuestas por el señor legislador Porras, que hago mías y además porque, en definitiva, se adoptó el texto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, voté afirmativamente.

SEÑOR ROCHA IMAZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSALES MOYANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Por la afirmativa.

SEÑOR SOTO. - Por la afirmativa.

SEÑOR STIRLING. - Por la afirmativa.

SEÑOR STURLA. - Por la afirmativa, señor Presidente, y voy a fundar el voto.

Respetando la autorizada opinión del señor senador Aguirre, debo manifestar que entiendo que la moción que la Asamblea está votando en este momento no contradice la tesis que se sostuvo y que yo personalmente apoyé en la reunión en que este Cuerpo discutió el tema.

Es en ese sentido, que voto en forma afirmativa la moción.

SEÑOR TORIANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR VARELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR VIERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZAFFARONI ORTIZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR CARAMBULA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREZ ALVAREZ. - Por la negativa.

SEÑOR BENTANCUR. - Por la afirmativa.

SEÑOR MANZI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Por la negativa.

SEÑOR LONG. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ MARTINEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR SUAREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR ARREDONDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - Han sufragado 110 señores legisladores: 88 lo han hecho por la afirmativa y 22 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - El resultado de la votación es: Afirmativa.

Queda, pues, aprobada la observación formulada por el Poder Ejecutivo y contenida en el inciso 3º de esta moción.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: como es obvio, mi voto fue emitido previo a la aclaración que formulara el señor legislador Cigliuti. En consecuencia, a partir de la reflexión que formulara el señor legislador, rectifico mi voto, y pido que se compute por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: creo que en alguno de los fundamentos de voto realizados fue aludida la aclaración que yo hiciera tras las palabras del señor legislador Cigliuti. En ese sentido, quisiera manifestar al Cuerpo cuál es el alcance del compromiso que asumimos los representantes de los distintos partidos en el seno de la Comisión.

Lo que entiendo importante -y que aquí fue distorsionado- es que de la Comisión todos salimos con la convicción -agradezco a algunos señores legisladores miembros de la misma que están asintiendo con la cabeza- de cuál iba a ser el resultado de la votación que se realizaría en Sala. Pero aquí nos llevamos una sorpresa. Si bien es cierto que le asiste razón al señor legislador Rodríguez Camusso cuando dice que fundamenta su votación negativa a esta moción por las mismas consideraciones que lo hace el señor legislador Aguirre, que es del Partido Nacional, no es menos cierto -y apelo una vez más a la memoria de los integrantes de la Comisión- que en dicha asesora quedó claro que el Partido Nacional dijo que el señor legislador Aguirre iba a votar en contra, porque tenía observaciones de orden legal que, a juicio del resto de nosotros, quedaban salvadas con las modificaciones que a su texto le introdujera, con el talento que lo caracteriza, el señor legislador Lorenzo Ríos.

Si los señores miembros de la Comisión hacen memoria, recordarán que se realizó una especie de "reunioncita" de bancada, en la cual los señores legisladores Araújo y Jaurena consultaron a efectos de poder emitir algo más que una opinión personal. En esto insistió reiteradamente el señor legislador Araújo. Confieso que en determinado momento hasta me sentí un poco incómodo, porque pensé si no se trataría de una alusión al hecho de que en mi partido un legislador iba a votar en contra, y los demás, a favor.

Este es un tema que, a mi juicio, tiene una gran vigencia, porque en la mañana de hoy un periódico que responde a las orientaciones del Frente Amplio me trató un poco duramente porque he insinuado que en las reuniones de negociación, no todos decimos lo mismo que manifestamos en los plenarios. Yo me remito a los hechos, y digo: esto es lo que quería decir cuando insinué esta hipótesis que hoy me critica un periódico del Frente Amplio.

Entiendo que en las instancias difíciles que vive la República es muy importante que respetemos determinadas reglas de juego. Apelo una vez más a los miembros de la Comisión que son testigos de que los representantes del Partido Nacional aclaramos que no podíamos comprometer en esta moción de consenso el voto del señor legislador Aguirre y que, acto seguido y en respuesta a su afirmación, el señor legislador Araújo dijo que comprometía el voto de la totalidad del Frente Amplio.

Era la aclaración que deseaba realizar.

SEÑOR JAURENA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR JAURENA. - Señor Presidente: debo hacer alguna aclaración.

En la Comisión, los hechos no ocurrieron tal como lo acaba de relatar el señor legislador Ferreira. A determinada altura del examen del problema, en el convencimiento general de que constitucionalmente no había solución posible, y frente a un pronunciamiento del señor legislador Araújo, yo dije -y tal vez no lo había advertido- que habíamos dos representantes del Frente Amplio. De manera que para pronunciarnos en la Comisión -lo que no suponía ningún compromiso de la bancada, pues no somos sus apoderados- era necesario que nos pusiéramos de acuerdo. Posteriormente, concurrí a una reunión de la bancada que en ese momento se estaba realizando para tratar otro tema y se formularon observaciones desde el punto de vista constitucional. La primera de ellas la hizo el señor legislador Batalla.

De manera que quiero aclarar -porque no soy persona de dobleces- que en ningún momento comprometí el voto de la bancada del Frente Amplio. Además, no hubiera podido hacerlo; habría sido un exceso de mi parte. Lo que dimos fue el voto de los legisladores del Frente Amplio integrantes de la Comisión de la Asamblea General. Por eso no firmamos. En este asunto hay un malentendido y quiero afirmar, de la manera más enfática posible, que yo no comprometería jamás, sin tener poderes para ello, la opinión de la bancada. Reitero que no lo he hecho.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Al señor legislador Jaurena le asiste razón y no contradice mis expresiones. En ningún momento manifesté que él hubiera formulado estas expresiones en Comisión, sino que lo había hecho el señor legislador Araújo.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - De conformidad con lo que acaba de votar la Asamblea General, el texto concreto de la disposición sería el del artículo 10, en su inciso tercero, de acuerdo con la redacción de la Comisión Especial de fecha 4 de diciembre de 1986. Digo esto a los fines de facilitar el trabajo de la Secretaría y que se tenga en cuenta que deberá determinar, en definitiva, un cambio de la numeración de la totalidad del proyecto, tal como fue presentado por esta Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el numeral 2º de la moción propuesta por la Comisión.

(Se lee:)

"Aprobar la observación del Poder Ejecutivo relativa a la constitución de un artículo independiente con el texto del inciso 2º del artículo 6º del proyecto sancionado".

-Tómese la votación nominal.

(Se toma en el orden siguiente:)

SEÑOR AGUIRRE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE (don Eugenio). - Por la afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR FA ROBAINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FERREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MEDEROS. - Por la afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Por la afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Por la afirmativa.

SEÑOR SINGER. - Por la afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Por la afirmativa.

SEÑOR TRAVERSONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR UBILLOS. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZORRILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALONSO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMEN PISANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ARREDONDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ASIAIN. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARON. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS ANZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS TASSANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR BERTACCHI. - Por la afirmativa.

SEÑOR BONILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CANTON. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE (don Cayetano). - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR CARAMBULA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CASSINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CATALDI. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAZABAN GONÇALVES. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERCHIARO SAN JUAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGANDA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CORTAZZO. - Por la afirmativa.

SEÑOR DA ROSA VIÑOLES. - Por la afirmativa.

SEÑOR DAVEREDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR FAU. - Por la afirmativa.

SEÑOR FORTEZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRANCOLINO. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRESIA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FREY GIL. - Por la afirmativa.

SEÑOR FUENTES. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARAT. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GESTIDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GOÑI CASTELAO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GRANUCCI. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUADALUPE. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUERRERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR HEBER. - Por la afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR IRAZOQUI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ISI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ITUÑO. - Por la afirmativa.

SEÑOR JAURENA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAMAS. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Por la afirmativa.

SEÑOR LENZI. - Por la afirmativa.

SEÑOR LESCANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ BALESTRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LORENZO ROVIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MACHIÑENA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAGURNO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAIMO QUINTELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MORELLI. - Por la afirmativa.

SEÑOR NEGRO. - Por la afirmativa.

SEÑOR OXACELHAY. - Por la afirmativa.

SEÑOR PASQUET. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREZ ALVAREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR PINTOS PEREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITTALUGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS (don Héctor L.). - Por la afirmativa.

SEÑOR ROCHA IMAZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSALES MOYANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Por la afirmativa.

SEÑOR SOTO. - Por la afirmativa.

SEÑOR STIRLING. - Por la afirmativa.

SEÑOR STURLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR TORIANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR VARELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR VIERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZAFFARONI ORTIZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR BENTANCUR. - Por la afirmativa.

SEÑOR MANZI. - Por la afirmativa.

SEÑORITA ARANA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LONG. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ MARTINEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR SUAREZ VERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - Han sufragado 110 señores legisladores. Todos lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda, pues, aprobada la observación correspondiente formulada por el Poder Ejecutivo.

Léase el numeral 1º de la moción propuesta por la Comisión.

(Se lee:)

"Rechazar la observación del Poder Ejecutivo relativa a la responsabilidad del propietario del inmueble, cuando no existiere explotación agropecuaria".

SEÑOR PRESIDENTE. - Tómese la votación nominal.

(Se toma en el orden siguiente:)

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Pido la palabra para una aclaración previa.

De acuerdo con el texto de la moción, interpreto que se debe votar por la afirmativa para rechazar el veto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Exacto.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR FA ROBAINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FERREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MEDEROS. - Por la afirmativa.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Por la afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Por la afirmativa.

SEÑOR SINGER. - Por la afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Por la afirmativa.

SEÑOR TRAVERSONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR UBILLOS. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZORRILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la afirmativa.

(Ocupa la Presidencia el señor legislador Lacalle Herrera)

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALONSO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMEN PISANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ARREDONDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ASIAIN. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARON. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS ANZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS TASSANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR BERTACCHI. - Por la afirmativa.

SEÑOR BONILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CANTON. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR CARAMBULA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CASSINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAZABAN GONÇALVES. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERCHIARO SAN JUAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGANDA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CORTAZZO. - Por la afirmativa.

SEÑOR DA ROSA VIÑOLES. - Por la afirmativa.

SEÑOR DAVEREDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR FAU. - Por la afirmativa.

SEÑOR FORTEZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRANCOLINO. - Por la afirmativa.

SEÑOR FRESIA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FREY GIL. - Por la afirmativa.

SEÑOR FUENTES. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARAT. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GESTIDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GOÑI CASTELAO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GRANUCCI. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUADALUPE. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUERRERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR HEBER. - Por la afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR IRAZOQUI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ISI. - Por la afirmativa, y voy a fundar el voto.

He votado afirmativamente el levantamiento de la observación formulada por el Poder Ejecutivo, atendiendo o razones de orden jurídico expuestas en este Plenario. Pero de cualquier manera quiero dejar constancia de que como la tierra es un bien social, no parece razonable que los propietarios de tierras productivas no las exploten por sí o por terceros. No creo que esta exoneración sea un mecanismo de justicia distributiva. Lo que este proyecto está buscando es, precisamente, resolver problemas económicos para atender los aportes de la previsión social y creo que por este mecanismo estamos haciendo una exoneración que no contribuye al mejor funcionamiento de la recaudación.

SEÑOR ITUÑO. - Por la afirmativa.

SEÑOR JAURENA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAMAS. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Por la afirmativa.

SEÑOR LENZI. - Por la afirmativa.

SEÑOR LESCANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ BALESTRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LORENZO ROVIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MACHIÑENA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAGURNO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MAIMO QUINTELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR MORELLI. - Por la afirmativa.

SEÑOR NEGRO. - Por la afirmativa.

SEÑOR OXACELHAY. - Por la afirmativa.

SEÑOR PASQUET. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREZ ALVAREZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR PINTOS PEREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS (don Gilberto). - Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS (don Héctor L.). - Por la afirmativa y voy a fundar el voto.

He votado afirmativamente, en razón de ineludibles motivos jurídico-constitucionales.

Hago mía las expresiones del señor legislador Isi al respecto y aclaro que, naturalmente, el Poder Ejecutivo no puede vetar un artículo que no existe en el texto sancionado por el Parlamento.

De todos modos, tengo la esperanza y el anhelo firme de que muy pronto llegará una iniciativa del Poder Ejecutivo a los efectos de consagrar una norma -como lo había hecho la Cámara de Representantes- en el sentido de gravar con un impuesto especial afectado a la Seguridad Social a los predios no explotados porque, de lo contrario, es favorecer la evasión tributaria, al inversor especulativo vernáculo y, lo que es aún más grave, al inversor extranjero especulativo.

SEÑOR ROCHA IMAZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSALES MOYANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Por la afirmativa y voy a fundar el voto.

He votado afirmativamente esta moción haciendo la salvedad de que acepto las observaciones constitucionales que se formularon en Sala y hago mío el fundamento de voto del señor legislador Isi. Al mismo tiempo considero que es necesaria una norma legal como la que fuera aprobada en la Cámara de Representantes al tratarse este proyecto de ley, a efectos de gravar aquellas tierras improductivas que han sido adquiridas con fines especulativos y que, por lo menos, deberían contribuir por lo menos aportando a los organismos de Seguridad Social del sector rural.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SANTORO. - Por la afirmativa.

SEÑOR SOTO. - Por la afirmativa.

SEÑOR STIRLING. - Por la afirmativa.

SEÑOR STURLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR VARELA. - Por la afirmativa.

SEÑOR VIERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR SAFFARONI ORTIZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR BENTANCUR. - Por la afirmativa.

SEÑOR MANZI. - Por la afirmativa.

SEÑORITA ARANA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LONG. - Por la afirmativa.

SEÑOR LOPEZ MARTINEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR SUAREZ VERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR CATALDI. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITTALUGA. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - Han sufragado 110 señores legisladores. Todos lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - En consecuencia, proclamada la votación afirmativa, queda rechazado el veto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Propongo que se realice la comunicación en el día al Poder Ejecutivo, dada la urgencia que existe para la reglamentación de esta ley que, de acuerdo con su texto, entra en vigencia el 1º de octubre del corriente año.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Así se hará, señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Me voy a referir a la primera observación efectuada que -de acuerdo con la numeración del proyecto de la Comisión- correspondería al inciso tercero del artículo 10. Y el inciso cuarto del mismo artículo hace una remisión a los artículos 2º y 3º de la ley. Este era el texto antes de ser sancionado por el Senado. Se ha advertido que la remisión correcta que se hace en este inciso final tiene que corresponder a los artículos 1º y 2º de esta ley.

En consecuencia, solicito, si es necesario con el pronunciamiento expreso de la Asamblea, que se corrija o correlacione correctamente el texto legal.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Si ningún legislador formula observaciones a la precisión que ha realizado el señor legislador Tourné, la ley se redactará de acuerdo con lo que ha expresado.

6) ASUNTO ENTRADO FUERA DE HORA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se lee:)

"El Poder Ejecutivo devuelve con observaciones parciales el proyecto de ley por el que se establecen normas para asegurar el funcionamiento de los servicios estatales".

-A la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuestos.

7) DISCREPANCIAS SURGIDAS ENTRE LA CAMARA DE SENADORES Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DEROGA EL DECRETO-LEY Nº 15.501, SOBRE UNIDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Continúa el orden del día con la consideración del asunto que figura en segundo término: "Discrepancias surgidas entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes respecto del proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, sobre unidades cooperativas de vivienda. Carpeta Nº 28/86. Repartido Nº 19/86".

(Antecedentes:)

"Rep. Nº 19

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983.

Art. 2º. - Agrégase al artículo 131 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el siguiente literal:

"J) Las elecciones de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal se efectuarán en votación secreta y obligatoria y si se hicieran por medio de listas, deberá aplicarse el principio de la representación proporcional integral".

Art. 3º. - Modifícase el artículo 133 de la Ley número 13.728, de 17 de diciembre de 1968, que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 133. - Los estatutos de estas sociedades establecerán necesariamente lo siguiente:

A) Denominación, con el aditamento "Cooperativa".

B) Domicilio y objeto social.

C) Capital social inicial y monto de las participaciones sociales.

D) Condiciones de admisión, suspensión, cesación y exclusión de los socios. Sus derechos y deberes.

E) Condiciones y plazo para el reembolso de las partes sociales.

F) Criterio de adjudicación de las viviendas.

G) Procedimiento fehaciente de convocatoria de los asociados para las Asambleas con plazo no inferior a diez días; cometidos y funcionamiento de las mismas. Formalidades y oportunidad de los actos eleccionarios. Número de integrantes de los órganos directivos y de fiscalización; cometidos y funcionamiento de los mismos. Mayoría de los órganos sociales para sesionar y resolver.

H) Forma de distribución de los excedentes y percepción de los mismos.

I) Causas de disolución de la sociedad y procedimiento a seguir para su liquidación.

J) Normas para la reforma de los estatutos. Mayoría absoluta de asociados, como mínimo, para la modificación del objeto social y para la aprobación o reforma de los reglamentos internos".

Art. 4º. - Las Unidades Cooperativas de Vivienda que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley número 15.501, de 21 de diciembre de 1983, hayan comenzado trámites para regirse por el artículo 145 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, o el Banco Hipotecario del Uruguay haya dispuesto que los comiencen, o se estén rigiendo por dicha norma legal, deberán decidir en Asamblea General Extraordinaria si continuarán o no dentro del régimen de propiedad horizontal. La Asamblea será fiscalizada por la Inspección General de Hacienda y el abandono del régimen de propiedad horizontal será resuelto en votación secreta por la mayoría absoluta como mínimo de los socios habilitados.

Art. 5º. - Los gastos y honorarios por planos, reglamentos de copropiedad y cualquier otro concepto, que demande el pasaje del régimen del artículo 144 al del artículo 145 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, o del de este último al de aquél, serán de exclusivo cargo del Banco Hipotecario del Uruguay. Dicho pasaje será resuelto en Asamblea General Extraordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 6º. - Los reglamentos de copropiedad otorgados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983, para el caso de que las cooperativas a que correspondan se mantengan en el régimen de propiedad horizontal deberán ser otorgados nuevamente en base a los respectivos planos de mensura y fraccionamiento. Las respectivas escrituras deberán ser otorgadas dentro de 60 días de inscriptos los planos de mensura y fraccionamiento.

Art. 7º. - En el caso de cooperativas que se mantengan en el régimen de propiedad horizontal, los planos de fraccionamiento que se hubieren confeccionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º inciso final del Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983, se considerarán planos proyectos de fraccionamiento previstos por el Capítulo III, artículo 34 del Decreto-Ley número 14.261, de 3 de setiembre de 1974, debiendo confeccionarse los respectivos planos de mensura y fraccionamiento (artículo 39 del Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974).

Art. 8º. - La incorporación al régimen de propiedad horizontal prevista en esta ley se hará de conformidad a lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 14.261, de 3 de setiembre de 1974, cualquiera haya sido el mecanismo por el cual se autorizó la construcción del edificio y cualquiera haya sido la fecha de ésta o del permiso de construcción.

Art. 9º. - Las Unidades Cooperativas de Vivienda previstas en la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, deberán expedir a sus socios recibos por los pagos que éstos les realicen para la amortización de los préstamos hipotecarios, destinados a la construcción de viviendas.

Art. 10. - Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley no afectará los derechos adquiridos durante la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983.

Art. 11. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación. La reglamentación establecerá un plazo no inferior a ciento ochenta días para que las cooperativas a que se refiere la presente ley adecuen sus estatutos a las disposiciones precedentes, las que serán aplicables desde su promulgación.

Art. 12. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Comisión, a 15 de diciembre de 1986.

Elías Porras Larralde, Miembro Informante, Américo Ricaldoni, Miembro Informante, Ruben E. Frey, Miembro Informante (con salvedades), José Germán Araújo (con salvedades), Luis Hierro López, Juan J. Amaro, Luis A. Heber. Legisladores".

-Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Señor Presidente: la Comisión bicameral realizó lo que me atrevo a calificar un eficaz trabajo con relación al proyecto de ley que originalmente propugnaba por la derogación del Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983.

Este tema había creado fundamentalmente en el sector afectado, una verdadera conmoción social y mereció una general repulsa de diversos sectores de la sociedad, toda vez que se alteraba por disposición de la ley la legítima voluntad de aquellos que habían concurrido a elegir determinados caminos, haciendo prevalecer la legítima y privada voluntad.

(Murmullos, Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera). - Hay exceso de murmullos en Sala, que impiden escuchar al señor legislador que está haciendo uso de la palabra. Por lo tanto, se ruega guardar silencio.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - En la Cámara de Senadores fue modificado el texto original aprobado por este Cuerpo. El procedimiento constitucional determina su posterior pase a la Asamblea General, dado que la Cámara de Representantes rechazó las modificaciones introducidas por la Cámara alta. El camino encontrado para dirimir esas diferencias fue la elaboración de un tercer texto procurando armonizarlas, que es el que hoy está a consideración de este Cuerpo.

Quiero destacar -exceptuándome de lo que digo, obviamente- la ponderación, el tino y la dedicación con que la Comisión se abocó a la elección del camino final que conduce a la redacción del texto que hoy está siendo considerado por este Cuerpo.

En su esquema general se mantiene el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores, con algunas enmiendas que surgen del propio texto y a las que nos referiremos en la discusión particular, destacando ahora sus rasgos más esenciales.

A través del artículo 2º se introduce una modificación, estableciéndose que las elecciones de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal se realizarán en votación secreta y obligatoria.

Nos parece destacable la importancia que posee este precepto, y no sólo desde el punto de vista del destino o de la forma jurídica que revestirá la cooperativa en cuestión. Es decir: la cooperativa será la propietaria y sus ocupantes meros usuarios con derecho al uso y goce de la vivienda, o si se optará por el régimen jurídico de la propiedad horizontal en que cada propietario o copropietario será dueño exclusivo de la vivienda en que habita. Este tema es lo suficientemente importante como para que la voluntad que decida en definitiva emane de una auténtica, legítima representación de todos los componentes de esas colectividades o corporaciones. Pero también tiene suma importancia -y no solamente en lo que se refiere a esta materia, sino a otras muchas que en diferentes órdenes afectan la vida del país- que los ciudadanos, sea cual fuere el ámbito en que actúen o la decisión que se deba adoptar, participen directamente en la conformación de esa voluntad colectiva. Consideramos que eso es de imperiosa necesidad, pues de esta manera estamos procurando evitar la desaprensión, la no participación, la abulia y muchas veces la incuria, que permiten que pequeños grupos que no son el fiel reflejo del pluralismo que debe existir cuando todos participan necesaria y obligatoriamente en la toma de la decisión final, sustituyan las reales, verdaderas y amplias garantías de esa voluntad colectiva, haciendo que ésta se reduzca a ser mala, parcial o equivocadamente representada por aquéllos.

Considero que esta es una conquista importante que, además, descongela una situación gestada en el Banco Hipotecario, que determinaba que en los últimos tiempos en éste se negaran, sucesiva e inexorablemente, todos los pedidos de concesión de personerías jurídicas realizados que estas cooperativas de usuarios por ayuda mutua. Y hay que tener en cuenta, señor Presidente, que a éstas recurren los ciudadanos uruguayos de menores recursos, como único medio de quedar comprendidos en el precepto constitucional que establece la voluntad de que la vivienda, digna y decorosa, sea accesible a todos los uruguayos. El artículo 45 de la Carta dice textualmente: "Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica,"...

Creemos que la política habitacional y de edificación impulsada por el Banco Hipotecario del Uruguay fue equivocada y que ella trajo como consecuencia, entre otras cosas, la aparición, fundamentalmente en Montevideo, de cosas de inquilinato o similares, en que la habitación se transformó en un instrumento que casi podríamos llamar de tortura por las condiciones de insalubridad, de falta de higiene, de promiscuidad, de insuficiencia en la utilización de servicios comunes, obligando a decenas de miles de familias uruguayas a vivir en condiciones inaceptables de acuerdo con los más elementales valores que conforman la dignidad del hombre.

Pensamos que la sanción de esta ley hará que quede sin efecto esta decisión del Banco Hipotecario y se concederán de inmediato las personerías jurídicas solicitadas por innumerables cooperativas de usuarios por ayuda mutua, que necesitan de este tipo de edificación como la sal en la vida. La vivienda debe dejar de ser en el Uruguay un drama cotidiano para los más desposeídos, para los más necesitados, para los niños, para los muchachos, para miles de familias; todos ellos deben poder acceder a esa vivienda, no obstante y a pesar de sus menguados -o menguadísimos- recursos económicos.

A mi entender, el texto elaborado por la Comisión es armónico y ponderado. En él, como en toda transacción, los partidos allí representados se hicieron mutuas y recíprocas concesiones. El texto final es suscrito por todos los integrantes de la Comisión bicameral, y todos los partidos han manifestado verbalmente el compromiso de votarlo, sin perjuicio de que el Frente Amplio haya expresado su intención de formular en Sala algunas salvedades -que, en cierto grado todos tenemos- sobre aspiraciones no contempladas por el texto legal o con elementos de detalle que en definitiva, no las satisfacían plenamente.

(Ocupa la Presidencia el señor legislador Tarigo)

-Consideramos, señor Presidente, que la aprobación de esta ley es necesaria y no colide con la sentencia de inconstitucionalidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia, respecto al Decreto-Ley Nº 15.501, por cuanto los efectos de ésta se agotan en la singularidad del caso para el que es pronunciada. Entendemos que la medida adoptada por ese otro Poder del Estado coadyuva la voluntad política de este Cuerpo y afirma la necesidad de derogar este decreto-ley, respetando los derechos adquiridos durante su vigencia, a fin de asegurar la continuidad del orden jurídico, contra el cual no debe atentar el Parlamento, pues cometería una grave injusticia. Repito, señor Presidente, que el pronunciamiento judicial, emitido por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia no hace otra cosa que ratificar que el Parlamento está recorriendo el buen camino al derogar este decreto-ley, que ocasionó tantos y tan graves perjuicios a los sectores económicamente más débiles de la sociedad uruguaya.

Si recién me refería a los inquilinatos y casas de pensión, ni qué decir del cinturón de "cantegriles" que rodea Montevideo como bochorno, y tal vez baldón de un sistema económico que atendió las necesidades -o no necesidades- de las clases adineradas, económicamente más poderosas, y dejó a los sectores más débiles, de menores recursos -que, por ende, son aquellos que prioritariamente requieren la ayuda del Estado- librados a su suerte en lo que tiene que ver con sus problemas de habitación.

Pensamos también que este proyecto de ley contribuirá a un cambio fundamental en la política habitacional hoy en manos del Banco Hipotecario del Uruguay. Es un breve y somero examen del articulado se podrá observar que son ínfimas las modificaciones introducidas al texto aprobado por la Cámara de Senadores. Entre ellas destaco como la más notoria, la eliminación de la parte final del artículo 9º, en tanto establecía un régimen compulsivo del cobro, singular para este tipo de deudores, diferente al que el Banco utiliza para los demás que han contratado con los mismos fines la adquisición o refacción de su vivienda. Cuando la ley realiza una distinción de este tipo y se parcializa en un aspecto, generalmente está cometiendo una grave injusticia, porque su bondad reposa en la contemplación, en términos idénticos a la generalidad de los casos que necesariamente debe comprender.

El proyecto de ley que hoy se somete a consideración de la Asamblea General contó con el apoyo expreso de todos los integrantes de los tres partidos allí representados. Creo que con su sanción, que aconsejamos en nombre de la Comisión bicameral, contribuimos a derogar uno de los derechos leyes más dolorosos dictados durante el proceso y que mayores perjuicios ha causado. De aquí en adelante abrimos una carta de crédito para que la política habitacional del país y los fondos necesarios para cumplirla, se destinen precisamente a esos sectores más débiles económicamente, que son los que sufren en carne propia y con mayor dureza quizás que ningún otro, el drama de la falta de vivienda o de la vivienda inadecuada.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: muchos de los conceptos que pensaba expresar se hacen innecesarios porque comparto las consideraciones generales realizadas por el señor legislador Porras Larralde.

Sin embargo, me parece importante mencionar un aspecto señalado con gran justeza al comienzo de su exposición, que tiene que ver con el espíritu con que los distintos miembros de la Comisión bicameral designada por esta Asamblea General desempeñaron sus tareas.

Como expresa el señor legislador Porras Larralde, es cierto que hubo espíritu compartido en cuanto a la búsqueda de una solución que, a través de un texto legal, significara de una buena vez una solución para llenar el vacío actualmente existente en el ordenamiento jurídico de las cooperativas de vivienda y que, en otros aspectos, sustituyera normas que repugnan no sólo al texto constitucional, sino también a nuestra propia conciencia de legisladores.

La base de ese espíritu es la que asegura que en la noche de hoy existan las mayorías necesarias para que el cooperativismo de la vivienda finalmente tenga esa solución que todos veníamos reclamando desde hace tanto tiempo.

Luego de esta introducción, se me ocurre recordar la gestación de este proyecto de ley. Naturalmente que arranca de una etapa anterior a la propia vida de este Parlamento democrático; me refiero a aquellos documentos surgidos de la Concertación Nacional Programática, en los que se puso el acento en este conjunto de normas contenidas en el Decreto-Ley Nº 15.501.

Respecto de este tema la Cámara de Diputados, en su primera etapa, estableció la derogación del Decreto-Ley Nº 15.501, y también fijó las normas jurídicas sobre los derechos adquiridos durante su vigencia, pero a criterio de muchos de los señores senadores quedaron sin tratar otros aspectos que nos parecían esenciales para asegurar que ese cooperativismo de vivienda tuviera la tutela legal que corresponde y que, sin ninguna duda, se justifica por distintas consideraciones; entre ellas, por el inocultable alto interés social y, yo diría más, por la necesidad social que existe en cuanto a que el cooperativismo de vivienda, que sólo puede estar proyectado hacia los sectores más necesitados de la población, tenga instrumentos que le permitan desarrollarse eficazmente. Esto es recogido por este proyecto de ley a través de las normas que tienen que ver con el voto secreto y obligatorio, como se ha establecido por parte de la Comisión bicameral. Deseo señalar este aspecto con toda satisfacción -porque creo que ningún legislador puede ser pequeño en sus apreciaciones- ya que ésa fue una iniciativa del Partido Nacional y particularmente del señor legislador Porras Larralde, lo que quiero que quede perfectamente establecido en Sala.

No me refiero sólo a normas de este tipo, porque, reitero, del Senado salió una disposición que establecía el voto secreto, pero ahora el proyecto determina que el voto sea secreto, pero además obligatorio.

La tutela legal que significa permitir que dentro de una cooperativa funcione efectivamente la democracia interna, también se manifiesta por otra consideración que me parece de extraordinaria trascendencia. El Estado, a través de los fondos públicos, dedica sumas importantes a todos los planes de vivienda que deben materializarse a través del cooperativismo, y está muy bien que así sea. Pero esa protección especial que a través de los dineros públicos se da al cooperativismo de la vivienda, por supuesto que también exige estructurar determinadas normas, sobre las que no voy a entrar en detalle, porque de ellas se ha hablado ya exhaustivamente en las distintas instancias parlamentarias en que se han analizado, y también fuera del Parlamento, a nivel de la opinión pública. Es bueno, entonces, que el tema haya trascendido las propias fronteras parlamentarias para que la población tomara conciencia de los bienes jurídicos que están en juego cuando se trata este tema.

Por otra parte, este proyecto también tiene la virtualidad de permitir que a esas cooperativas, que tienen un tratamiento privilegiado -justamente privilegiado, aunque quizás no sea lo suficientemente amplio como debería serlo, pero significa un aporte muy importante para terminar con el problema de la vivienda en el país- se les apliquen todas esas normas, que indudablemente requerían la contrapartida que este proyecto plantea tanto en lo que tiene que ver con la parte de la democracia interna -a la que me refería inicialmente- como con la buena administración de los fondos que el Estado les entrega para construir viviendas.

Quiero destacar otro aspecto importante de este proyecto: el de la neutralidad deliberada que tiene respecto a la posible dicotomía entre las llamadas cooperativas de usuarios y las cooperativas de propietarios. Por supuesto que cada uno de nosotros puede tener su punto de vista personal, así como su punto de vista político e inclusive ideológico en lo que tiene que ver con las ventajas o inconvenientes de un sistema u otro, pero aquí no se trata de eso, sino de que tiene que haber democracia y libertad. Por lo tanto, quienes se abocan a construir sus viviendas bajo los sanos principios del cooperativismo tienen también el derecho a optar por un sistema u otro.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - El señor legislador Ricaldoni ha manifestado que en este proyecto se ha incorporado, como una mejora importante, el voto obligatorio para la elección del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal, criterio que comparto. Pero quisiera que los señores miembros informantes me explicaran por qué, para mantener ese equilibrio entre las cooperativas de usuarios y de propietarios, de que habla el señor legislador, no se estableció también el voto obligatorio, ante la posibilidad de que las cooperativas puedan cambiar de un régimen al otro, tal como se dispone en el artículo 4º, porque el Banco Hipotecario del Uruguay así se lo impone, ya que le ha concedido un préstamo, o porque ellas mismas ya se estaban rigiendo por el artículo 145, que también establece el voto secreto dentro del sistema de garantías que se introducen en este proyecto de ley. Concretamente, quiero saber por qué no se estableció el voto obligatorio en este caso, tal como se ha hecho con relación a la elección de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dispuesto; y aclaro que fui miembro informante de este proyecto de ley cuando se trató en la Cámara de Representantes y también cuando el día 9 de setiembre de 1986 ésta devolvió a la Cámara de Senadores las modificaciones que había introducido, por 45 votos en 80, solicitando el pase a la Asamblea General, principalmente porque en ese artículo 4º se consagraba una limitación -a mi modo de ver bastante grande- al derecho de propiedad, sobre todo a las cooperativas que venían funcionando bajo el régimen de propietarios.

Simplemente, se requería la mayoría absoluta de votos, lo que provocó que una cooperativa ya hubiera planteado su caso y estuviera radicado en la órbita de la Justicia, tal como lo cité en aquel momento.

Reitero que concretamente quiero saber por qué no se establece también en este caso el voto secreto y obligatorio.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a tratar de contestar al señor legislador Aguirre Corte, aunque confieso que los murmullos que hay en Sala me impidieron captar totalmente el sentido de sus palabras. Pero de cualquier manera, creo que tengo la respuesta, aunque en modo alguno quiero asumir la personería de los miembros de la Comisión; en todo caso, ésta es una norma perfeccionada, que tiene su origen en la Cámara de Senadores.

Yo creo en la importancia del voto secreto, pero también creo que no funciona en todos los demás de la vida de las cooperativas, y como profesional tengo alguna experiencia en la materia. Tal como lo dice el artículo 1º, el voto secreto se ha establecido para la elección de las autoridades del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

Con respecto a los otros temas -que son muchos y entre ellos está, por supuesto, el que señala el señor legislador Aguirre Corte, que es la toma de decisión, ahora, sobre el pasaje de un régimen a otro- nos pareció que establecer el voto secreto era poco menos que hacer inútil la existencia de la asamblea de socios.

Estoy dando mi punto de vista, aunque estoy seguro que lo comparten muchos de los señores legisladores que acompañan este tipo de normas.

En cambio, buscando solucionar esos temas -y también contemplar la inquietud del señor legislador Aguirre Corte, que entiendo perfectamente bien- se exigen determinadas mayorías para la toma de decisiones, porque justamente uno de los problemas que puede presentársele a los órganos sociales es el de la coacción, que se soluciona con el voto secreto; pero otro problema puede ser el ausentismo. Por lo tanto, nos ha parecido que el camino del medio para la toma de ciertas decisiones es exigir determinado quórum.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RICALDONI. - Sí, como no.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - Señor Presidente: reitero mi pregunta al señor legislador Ricaldoni: ¿por qué la Comisión no estableció en este caso la obligatoriedad del voto secreto? Me llama la atención que para que una cooperativa cambie de régimen -o sea, para dar un paso tan importante como el que significa que una cooperativa que se inició bajo el régimen de propietarios pase el régimen de usuarios- se exija simple mayoría y no una más calificada.

Concretamente, pregunto por qué en este caso no se exigió, no sólo el voto secreto, sino también la obligatoriedad del voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - En primer lugar, quiero aclarar al señor legislador Aguirre Corte que no se trata de simple mayoría, sino que en el artículo 4º se habla de mayoría absoluta, como mínimo, de los socios habilitados.

En segundo término, admito que se trata de un problema de preferencias personales. Reitero que creo que en algunos casos está bien que exista el voto secreto dentro de la mecánica cooperativa, pero entiendo que en otros casos es inconveniente. Hablando en tren de aproximaciones, si estableciéramos el voto secreto con relación a prácticamente todos los temas que aborda una asamblea, ésta perdería su razón de ser, tendría muy pocas atribuciones y competencias; y cuando la asamblea en definitiva es casi un órgano decorativo, empieza a faltar algo que para mí es esencial -lo digo muy modestamente- la educación cooperativista, que requiere el intercambio de ideas, la votación enfrentando posiciones distintas, impidiéndose -eso sí- que sean minorías escasamente representativas o no representativas las que decidan.

Admito la discrepancia que sobre este punto tenemos con el señor legislador Aguirre Corte, pero señalo cuál fue, en el acierto o en el error, nuestro punto de vista al respecto.

Quería señalar, además, que pensamos que este proyecto de ley también pueda poner punto final a una inocultable irritación -por decirlo de alguna manera- en las relaciones que han regulado los distintos contactos existentes entre el Banco Hipotecario del Uruguay y algunos sectores cooperativistas, especialmente -lo quiero decir, porque me parece que corresponde- con FUCVAM. Y uno de los elementos de irritación ha sido la no derogación del Decreto-Ley Nº 15.501. El cooperativismo ha sostenido que el Banco Hipotecario del Uruguay debía aprobar trámites de personería jurídica iniciados hace mucho tiempo y concesiones de crédito o de préstamos, también iniciados hace largo tiempo. En más de una oportunidad he manifestado a algunos dirigentes cooperativistas que se trató de una interpretación injusta y profundamente equivocada de la normativa jurídica, porque si estaba vigente o si sigue estándolo -como al día de hoy- el Decreto-Ley Nº 15.501, el Banco Hipotecario del Uruguay, que tiene que cumplir las leyes, no puede reconocer la existencia de cooperativas de usuarios y, por lo tanto, tampoco puede otorgarles los préstamos que solicitan.

Naturalmente, con la derogación de este decreto-ley esa objeción desaparece y el Banco estará en condiciones de proceder de acuerdo al ordenamiento de libertad que se consagra por esta nueva ley.

Por último, y porque creo que las palabras huelgan en razón de la necesidad de terminar el año con este proyecto convertido en ley, quiero destacar que hace pocos días -como es de público conocimiento- la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de este Decreto-Ley Nº 15.501. Como es natural, no alcanza con esa declaración de inconstitucionalidad porque, como todos sabemos, ella tiene efecto particular sobre el expediente al cual se plantea.

Por lo tanto, el Banco y todas las demás autoridades públicas y privadas del país, mientras no exista una derogación expresa de este decreto-ley, tienen que seguirlo aplicando porque la acción o el recurso de inconstitucionalidad sólo tiene por objeto el asunto concreto en el cual se plantea, es decir, que no proyecta con efectos generales esa inconstitucionalidad, lo que coloca en un atolladero a los órganos del Estado que, para ser celosos cumplidores de la ley, deben tener una norma con un efecto distinto al fallo de la Suprema Corte de Justicia.

En definitiva, entonces, al derogar el decreto-ley se recoge, sí, un compromiso político anterior a la instalación de este Parlamento, se hace justicia dejando sin efecto una norma profundamente inmortal y antidemocrática -porque, como bien lo ha dicho la Suprema Corte, el conjunto de normas del Decreto-Ley Nº 15.501 era claramente inconstitucional- y se agregan otras disposiciones que, reitero, lisa y llanamente significan echar a andar algunas pautas generales pero imprescindibles que hacen a la democracia interna de este tipo de cooperativas.

Por el momento nada más, y quedo a disposición de aquel señor legislador que desee formular cualquier consulta.

SEÑOR FREY GIL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FREY GIL. - Señor Presidente: el texto de la citación en el tema que nos ocupa se refiere a las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras para la derogación del Decreto-Ley Nº 15.501. El 17 de setiembre pasado la Asamblea General resolvió designar una Comisión Especial a esos efectos, la que se reunió sólo dos veces en este mes de diciembre. Esto demuestra la voluntad que hubo en la Comisión de hacer un rápido acuerdo para sancionar por parte de esta Asamblea General un proyecto único, que nosotros anunciamos que íbamos a votar con salvedades.

Como saben todos los señores legisladores, el Decreto-Ley Nº 15.501 nació en diciembre de 1983 -cuando todavía imperaba en el país la dictadura, ya agonizante- pero en 1984, en la CONAPRO, todos los sectores políticos y fuerzas sociales acordaron su derogación.

El primer día que este Parlamento democrático tomó contacto con la normalidad, nuestro sector político -y lo decimos con orgullo- presentó un proyecto para derogar el Decreto-Ley Nº 15.501. Eso fue en febrero de 1985. Como es obvio, en aquella oportunidad la Cámara de Diputados acordó aprobar la derogación lisa y llana de este decreto-ley de la dictadura, pero como en el Senado de la República se le introdujeron modificaciones al proyecto y de acuerdo a lo que el Reglamento prevé tuvo que volver una vez más a la Cámara de Diputados. En el mes de setiembre pasado la Cámara de Diputados resolvió discrepar con las modificaciones introducidas en el Senado, y es así que ahora la Asamblea General tiene la oportunidad de discutir sobre las discrepancias surgidas por las variantes proyectadas por dicho Cuerpo.

El proyecto que ahora está a consideración de la Asamblea General es, obviamente, diferente del que hubiéramos deseado aprobar. Nosotros habíamos elaborado un proyecto en el cual sólo dos de los artículos que se mantienen en este texto hubieran sido suficientes, y ellos son el artículo 1º y el 10. Por lo tanto, repito, no se trata del articulado que hubiéramos deseado.

Nuestra posición fue claramente planteada en ambas Cámaras. En el Senado de la República la posición del senador Batalla fue acompañada por los senadores Aguirre y Williman. En este proyecto que está considerando la Asamblea General no vemos una declaración de apoyo al movimiento cooperativo, a pesar de que desde el Gobierno y desde la oposición siempre se hicieron manifestaciones al respecto.

En la oportunidad en que la norma que se deroga -hoy conocida como Decreto-Ley Nº 15.501- estuvo a consideración, técnicos e instituciones vinculadas a la problemática de la vivienda se manifestaron en ese sentido. Una publicación realizada el 7 de diciembre de 1983 ya hacía referencia a que el mencionado proyecto era claramente inadecuado a los fines que pretendía lograr. En segundo término, se decía que el citado proyecto aparejaba importantes perjuicios a las cooperativas y a sus socios, y que el cooperativismo generó una realidad de la que nos enorgullecemos como uruguayos y que el propio Gobierno presentó como ejemplo en la conferencia sobre vivienda en las Naciones Unidas en 1975.

Lamentablemente, no fue posible incorporar este artículo al proyecto que hoy la Asamblea General está considerando.

Sin querer extendernos demasiado, no podemos evitar hacer algunos comentarios al texto a estudio de la Asamblea General.

En el artículo 3º se establece una serie de normas modificativas que entendimos -y seguimos entendiendo- son innecesarias porque aparecen en el decreto reglamentario Nº 633, de 1969. Pero fundamentalmente nos interesa señalar el inciso J), que para la reforma de los estatutos establece como necesaria una "Mayoría absoluta de asociados, como mínimo, para la modificación del objeto social"... Hasta aquí estamos de acuerdo, pero continúa ese inciso J): ..."y para la aprobación o reforma de los reglamentos internos". Nos parece excesivo e inconveniente que para una simple modificación de reglamentos internos se exija una mayoría absoluta de asociados.

A su vez, el artículo 4º -a la luz del fallo de la Suprema Corte de Justicia- plantea una situación que nos acarrea algunos problemas que hubiéramos querido obviar. No somos partidarios de votar el artículo 4º, sobre todo cuando en él se establece que será una asamblea general extraordinaria la que deberá resolver si se mantienen o no en el régimen de propiedad horizontal, cuando todos sabemos que esas Unidades Cooperativas de Vivienda fueron llevadas en forma compulsiva a ese régimen, lo que hoy día ha sido declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia.

En cuanto al artículo 5º, entendemos que "Los gastos y honorarios por planos, reglamentos de copropiedad y cualquier otro concepto, que demande el pasaje del régimen"..., deberían ser restringidos a los casos en que fue aplicado el Decreto-Ley Nº 15.501 y no de ahora en más, puesto que de esta forma se establecería una situación diferencial que no quisiéramos consagrar.

El artículo 11 del proyecto que estamos considerando habla de que "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación" y que "un plazo no inferior a ciento ochenta días" las cooperativas deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones precedentes. Entendemos que este artículo debería aplicarse de ahora en adelante.

En ese sentido no entendemos cómo desde este punto de vista estamos solucionando un problema de las cooperativas, pero creándoles, por la vía de la reglamentación, modificaciones importantes.

En síntesis, pensamos que ha pasado más tiempo del necesario para que este Parlamento derogara el Decreto-Ley Nº 15.501. Por lo tanto, con las salvedades expuestas vamos a dar nuestra conformidad a este proyecto de ley, con la esperanza de que, una vez derogado el referido decreto-ley, el Banco Hipotecario y el Poder Ejecutivo en su conjunto den el impulso que necesita el movimiento cooperativo y que entonces las soluciones de vivienda que persiguen tantos conjuntos habitacionales se hagan una realidad en el menor plazo posible.

SEÑOR CANTON. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CANTON. - Señor Presidente: en forma muy sucinta y breve deseo expresar algunas de complacencia por el trabajo y la forma con que ha estudiado esta cuestión la Comisión designada por la Asamblea General y sobre todo por las conclusiones a que ha arribado. Frente a un problema particularmente embarazoso que había suscitado, a nivel de las diversas bancadas parlamentarias, disidencias graves e importantes, la Comisión -con un espíritu que es necesario en el país para buscar salidas de entendimiento- le suministra al máximo Cuerpo legislativo una solución ponderada, más allá de las salvedades manifestadas por los señores legisladores del Frente Amplio. Ella implica la derogación del Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983, así como el aporte de una serie de medidas importantes que aguardaba y aguarda la opinión pública.

Deseo expresar, como conclusión, mis congratulaciones a los integrantes de esa Comisión y manifestar mi particular complacencia -así como la de nuestro sector político- por lo establecido en el artículo 2º del proyecto, donde se establece lo siguiente: "Las elecciones de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal se efectuarán en votación secreta y obligatoria, y si se hicieran por medio de listas, deberá aplicarse el principio de la representación proporcional integral". En esta materia se consagran principios muy caros para la tradición nacional, que constituyen el comienzo de derroteros importantes y lúcidos ansiados por la opinión pública. Esperamos que ellos se vean extendidos a otros ámbitos del quehacer nacional, y terminamos estas breves palabras señalando que la votación secreta y obligatoria es la suprema garantía de la conciencia individual.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ROSSI PASINA. - En nombre de la Unión Cívica vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, en primer lugar porque deroga el Decreto-Ley Nº 15.501, de 21 de diciembre de 1983. Luego de un largo proceso alcanzamos esta meta, después de que fuera considerado y aprobada su derogación en la Cámara de Diputados. No vamos a repetir toda la argumentación que hicimos en aquel momento. Sin embargo debemos decir que hubiéramos deseado que ya que se demoró tanto la tramitación de este proyecto, debía haberse completado con normas que trataran toda la problemática de la vivienda. Pienso que el tiempo hubiera dado para ello. Nuestro partido considerara que es necesario recrear la Dirección Nacional de Vivienda con todas sus atribuciones y funciones, puesto que sería el organismo especializado a efectos de tratar toda la problemática, de la vivienda, como lo demostró al haber impulsado la aplicación de la Ley de Vivienda.

Al mismo tiempo, hubiéramos deseado que los aportes que se realizaban al Fondo Nacional de Vivienda no pasaran al Fondo de Inversiones sino que tuviesen su destino originario. Pensamos que esos aportes deberían ir a un organismo específico que pudiera administrar, distribuir y decidir sobre ellos.

Por último, aceptamos y apoyamos el agregado del inciso J) del artículo 131 de la Ley Nº 13.728, donde se establece el voto secreto y obligatorio a los efectos de la elección de los miembros de los Consejos Directivos y de las Comisiones Fiscales de las cooperativas, a pesa de que casi todas ellas -lo puedo afirmar- en sus estatutos tienen previsto este sistema y muchas lo aplican en la realidad.

SEÑOR LESCANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR LESCANO. - Muy brevemente, y a modo de fundamento de voto anticipado, queremos decir que creemos que al derogar el Decreto-Ley Nº 15.501 -que bien calificaba de inmortal y de antidemocrático el señor legislador Ricaldoni- el Parlamento democrático, la sociedad y el movimiento cooperativo uruguayo están removiendo, esperemos, el último obstáculo a los tantos que han debido derribar con su lucha permanente puesto que, por lo menos desde 1975, la política antipopular, anticooperativa y antisocial de la dictadura se ensañó con el movimiento cooperativista uruguayo en general, y de la vivienda en particular.

Desde el punto de vista de su aporte a la solución del problema de la vivienda, a la generación de mano de obra, a la utilización de los espacios, a la capacidad técnica, así como desde el punto de vista social, educativo, cultural, recreativo y tendiente a desencadenar las fuerzas de la solidaridad cooperativa, este movimiento ha demostrado ser por lejos el sistema más eficiente, como creo que a esta altura nadie puede discutir.

Como decía el señor legislador Frey Gil, debemos expresar que algunos de estos artículos los vamos a votar por acompañar el compromiso político asumido por los legisladores del Frente Amplio en la Comisión respectiva. Me refiero, en particular, a aquellos que hacen referencia a la facultad del voto obligatorio. No estoy hablando del voto secreto porque, como es de público conocimiento, adherimos a ese principio para todos los sectores organizados de la sociedad y porque de hecho, la gran mayoría de las cooperativas así lo vienen haciendo en un ejercicio democrático permanente. No estamos de acuerdo con el carácter de la obligatoriedad del voto porque creemos que con eso se está coartando la libertad personal y que se está malentendiendo el verdadero sentido del ejercicio democrático.

No estamos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º, y de no ser por el citado compromiso no lo hubiéramos votado, porque entendemos que es exactamente al revés de lo que se ha argumentado, en su momento, en esta Cámara. Deberían ser las cooperativas, en régimen de propietarias, las que tuvieran, mediante los quórum y procedimientos aquí referidos, la posibilidad de optar por su pasaje al sistema de régimen cooperativo, es decir, en realidad de usuarios.

Es con esos alcances -más los que señalaba el señor legislador Rossi Pasina- que vamos a acompañar este proyecto, en cuanto a la necesidad que tenemos de defender los atropellos -que es lo que estamos haciendo- y mejorar las relaciones con el movimiento cooperativo. Sin embargo, deberíamos estar introduciendo normas legales de fomento, de apoyo y de desarrollo al movimiento cooperativo, porque aquí se ha hablado de la necesidad de establecer garantías para los dineros públicos, pero no se ha señalado que lamentablemente del total del monto del Plan Quinquenal de Vivienda apenas se destina un 12% al fomento de la vivienda cooperativa de ayuda mutua. Eso es exactamente lo contrario de lo que entendemos debería ser una política de vivienda con sentido social.

Por esas razones de compromiso político y de disciplina con la palabra empeñada por nuestros compañeros en la Comisión respectiva -pero con los alcances mencionados- vamos a acompañar en su totalidad el proyecto en discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos corresponde pasar a tomar la votación.

La Mesa se permite señalar que con un criterio estrictamente reglamentario habría que votar artículo por artículo los proyectos de la Cámara y del Senado. En caso de resultar las votaciones negativas, habría que votar el proyecto sustitutivo presentado por la Comisión.

Dado el consenso que se ha generado en la Comisión, sin traicionar demasiado el espíritu del Reglamento podríamos realizar una única votación en relación al proyecto de ley sustitutivo preparado por la Comisión. Si la Asamblea General está de acuerdo, procederíamos así.

(Apoyados)

-Se va a votar el proyecto de ley sustitutivo presentado por la Comisión Especial.

(Se vota:)

-92 en 93. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: hemos sido representados por el señor legislador Porras Larralde, y los fundamentos por él expuestos los ratificamos ampliamente.

Simplemente deseamos señalar que el artículo 5º establece que para el caso de pasaje de los distintos sistemas, en uno u otro sentido, el Banco Hipotecario tomará a su cargo el pago de la totalidad de los gastos y honorarios profesionales que emerjan de esa situación.

Al respecto, deseamos manifestar que, por distintos conductos, representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay nos han hecho llegar su preocupación de que de alguna manera pueda verse afectado un criterio básico de esta profesión: el respeto al libre ejercicio profesional y el derecho de los escribanos de actuar en esta materia en forma totalmente imparcial.

Entonces, reflejando un punto de vista sobre este aspecto, dando una contestación afirmativa a esta inquietud planteada por la referida Asociación y recogiendo el sentir de numerosísimos integrantes de esta Asamblea, queremos señalar como aspiración que el Banco Hipotecario debe reglamentar esta facultad y, poniéndose en contacto con la Asociación de Escribanos del Uruguay, debe distribuir equitativamente los trabajos profesionales que surjan entre todos los escribanos integrantes de la matrícula o de los registros correspondientes de cada departamento.

Con esta constancia, dejo fundamentado mi voto sobre un aspecto que está ínsito en este proyecto, lo cual constituye un caso de total justicia desde el punto de vista de la aplicación de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa lamenta tener que advertir al señor legislador que no existe el fundamento de voto. De manera que sus manifestaciones han estado fuera de lo reglamentario.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR PORRAS LARRALDE. - Señor Presiente: luego de escuchar sus recientes manifestaciones, tengo la certidumbre de que me va a formular la misma observación que al señor legislador Tourné.

Deseo destacar que mi preocupación es idéntica a la del señor legislador. Entonces, por un deber de conciencia la hago pública, y concluyo mi intervención.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿El señor legislador pide la palabra para ocuparse de la moción de urgencia?

SEÑOR CERSOSIMO. - No, señor Presidente; solicito la palabra para referirme al proyecto que acaba de votarse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese proyecto está votado y terminado.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿No puedo hablar?

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor legislador; no hay fundamento de voto.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Y cómo hablaron los señores legisladores?

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que pasa es que antes de que hagan uso de la palabra, no sé a qué se van a referir. Advierto que no hay fundamento de voto. Si el señor legislador quiere fundar el voto, le digo que no.

SEÑOR CERSOSIMO. - Deseo decir algo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Reglamento no prevé que se pida la palabra para decir algo.

(Hilaridad)

SEÑOR CERSOSIMO. - Y ellos...

¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, si el señor legislador promete ser breve.

SEÑOR CERSOSIMO. - Brevísimo, señor Presidente, porque de lo contrario corro el riesgo de que no escuchen, como siempre.

(Hilaridad)

-La Asociación de Escribanos del Uruguay me ha hecho llegar su aspiración en el mismo sentido expresado por el señor legislador Tourné. Me parece muy bien la posición del señor legislador y la conclusión a la que arriba.

La Asociación de Escribanos dice que el artículo 5º de este proyecto de cooperativas -y dice con razón- afecta el principio de libre elección del escribano por el cliente, por cuanto el Banco Hipotecario toma bajo su conducción todo el costo de los instrumentos y escrituras que deben otorgarse.

Entendemos que con el procedimiento que propone el señor legislador Tourné se obvia esta dificultad, pudiendo aprobarse de la manera que aquí está establecido, teniendo en cuenta la distribución equitativa que realice el Banco Hipotecario entre los profesionales escribanos que ejerzan efectivamente en cada uno de los departamentos de la República.

Era eso lo que quería manifestar, y agradezco al señor Presidente, como siempre, la amplia generosidad de su espíritu, que ha hecho posible que pudiera decir esto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Muy bien, señor legislador, pero su fundamento de voto es tan antirreglamentario como los anteriores y no constará en la versión taquigráfica.

8) VETO INTERPUESTO POR EL PODER EJECUTIVO AL ARTICULO 230 DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO DE "SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO". Urgencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción de urgencia presentada por el señor legislador Forteza.

(Se lee:)

"Que se declare urgente y se considere de inmediato el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al artículo 230 del proyecto de ley denominado de Servicios a cargo del Estado".

-Se va a votar.

(Se vota:)

-84 en 91. Afirmativa.

(Antecedentes:)

"Montevideo, 17 de diciembre de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General
Dr. Enrique Tarigo

El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le conceden los artículos 137 y 139 de la Constitución, tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General observando el texto del artículo 230 del Proyecto de Ley denominado de Servicios a cargo del Estado aprobado por dicho órgano el 16 de diciembre pasado.

La observación se basa en similares fundamentos que los expresados en oportunidad de las objeciones formuladas el 21 de enero de este año en ocasión de la sanción del artículo 305 del entonces proyecto de ley de Presupuesto Nacional, que se transcriben:

"El mismo, al disponer que no se aplican a los funcionarios destituidos los límites de edad para el desempeño de tareas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206), crea entre los funcionarios del Ministerio una discriminación injustificada:

- En primer lugar, porque la no aplicación de los límites de edad aludidos hace posible que los funcionarios reincorporados al amparo de la Ley Nº 15.783 ocupen cargos y desempeñen funciones que en ningún caso habrían ocupado y desempeñado de haber permanecido vinculados en forma ininterrumpida al respectivo organismo: en ese caso, por aplicación del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206, dichos funcionarios habrían cesado automáticamente al llegar al límite de edad.

- En segundo lugar, porque en tanto que los funcionarios que continuaron desempeñando funciones cesaron al llegar al límite de edad, aquellos que fueron destituidos podrían continuar desempeñando tareas, aún cuando hubieran excedido tales límites, lo cual además de crear una desigualdad injustificada, representa una alteración del sistema en el que se basa la carrera diplomática que producirá efectos distorsionantes en el actual escalafón del Servicio Exterior".

Además de ello, cabe tener presente que este artículo 230 traerá aparejada una alteración del sistema en que se basa la carrera diplomática que producirá efectos distorsionantes en el actual escalafón del Servicio Exterior, y lesionará los derechos a la carrera administrativa, de aquellos funcionarios que actualmente revistan en dicho escalafón, en flagrante contradicción con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985: "Las reincorporaciones y reparaciones en la carrera funcional que resultaren de la aplicación de esta ley, no afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que actualmente ocupan y desempeñan cargos y funciones en los respectivos organismos".

Saluda al Señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI. Presidente de la República; Alberto Rodríguez Nin".

-Léase una moción llegada a la Mesa, suscrita por los señores legisladores Paz Aguirre, Forteza, Cataldi, Cigliuti y Arredondo.

(Se lee:)

"De conformidad con el artículo 139 de la Constitución de la República, proponemos la ratificación del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al artículo 230 del Proyecto de Ley denominado de Servicios a cargo del Estado".

-En consideración.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: voy a votar a favor del mantenimiento del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, porque considero que es un elemento clave en un esfuerzo muy serio que viene realizando el Canciller de la República a los efectos de lograr una verdadera profesionalización de los servicios.

No entendemos cómo se puede sostener un criterio distinto sobre límites de edad para los funcionarios que han sido restituidos y para los que han seguido en el servicio. Hemos sido firmes defensores de los derechos de los funcionarios destituidos, pero en ningún otro caso ello implicó un privilegio por encima de los funcionarios que continuaron en servicio. Cito un ejemplo que me parece muy elocuente. Si fuera correcta la lógica del artículo al cual le interpone una observación el Poder Ejecutivo y si la hubiésemos aplicado en el Senado cuando votamos la venia para el ascenso a general del entonces coronel Guillermo Ramírez, hubiésemos reclamado su pase a actividad y el Poder Ejecutivo hubiera dispuesto que comandara una unidad militar. Sin embargo, a nadie se le ocurrió sostener esa posición.

Entiendo que existen dos posiciones que son razonables: o hay un límite de edad para los funcionarios diplomáticos -porque es necesario, por razones de mejor servicio- o, de lo contrario, se levanta dicho límite. No entiendo por qué mecanismo de razonamiento se puede llegar a la conclusión de que a una determinada edad sigue siendo idóneo para ocupar un cargo un funcionario porque ha sido destituido, mientras que otro que ha seguido en funciones queda cesante con la misma edad.

En ese sentido quiero aclarar que, en el plano estrictamente personal, me duele la situación en que se van a encontrar algunos funcionarios que son amigos personales y -por qué no decirlo- militan en mi partido político. Debo señalar que la mayoría de los funcionarios contemplados en esta enmienda al artículo 230 son personas que, cuando no tenían la inhabilitación para ejercer la función política, militaron en mi partido, pero no podría votar con la conciencia tranquila una enmienda con nombre y apellido. El hecho de que la mayoría de estos funcionarios pertenezca a mi partido no puede hacerme cambiar un criterio que he sostenido en todos los casos.

Creo, señor Presidente, que todos quienes estamos en esta Sala hemos sido defensores entusiastas de la política que lleva adelante el Canciller de la República, contador Iglesias. Me parece justo entonces que lo dotemos de los instrumentos y de los mecanismos necesarios para llevar adelante esa política exterior.

En ocasión de la discusión del Presupuesto General de Gastos y de las distintas Rendiciones de Cuentas que hemos considerado, constantemente la Cancillería ha presentado iniciativas, enmiendas, propuestas, tendientes a una mayor profesionalización del Servicio Exterior, lo que ofrece una garantía a todos los ciudadanos de las diferentes creencias políticas y, al mismo tiempo, tiende al mejoramiento de un Servicio tan importante para la República.

Repito, entonces, señor Presidente -y con esto termino- que siento dolor al votar una medida que va a perjudicar a amigos personales y políticos, pero no quedaría tranquilo con mi conciencia si esa consideración me hiciera variar un criterio que creo es serio y fundamental para mantener cierta coherencia con lo que hemos sostenido en relación a otras ramas de la Administración Pública.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: originariamente, desde que se trató este asunto a nivel de la Cámara de Senadores, tuve oportunidad de conocer el punto de vista de mi querido amigo y compañero de bancada, el señor senador Ferreira. Desde ese primer momento mantuvimos una interpretación totalmente distinta a la que acaba de exponer el señor senador -que mucho respetamos- y que constituye, a nuestro criterio, la aplicación de estrictas normas de justicia.

No entramos a considerar las virtudes o no del sistema estatuido durante la dictadura mediante el decreto-ley del año 1974, que estableció un escalafón, a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, con límites de edad para la ocupación de los cargos en distintos niveles. No entramos a considerar si está bien o mal porque, desde otro ángulo y enfocándolo con otra visión, eso puede reflejar una situación en la que los planteos transcurren normalmente. Pero nosotros no podemos aplicar criterios de normalidad a una situación anormal; no podemos utilizar criterios que pueden perfectamente ser adecuados y útiles en el caso de una carrera administrativa que no se haya visto afectada por la erosión de la arbitrariedad y la injusticia profunda como la que significó la acción de la dictadura al perseguir a determinados funcionarios, porque no nos estaríamos ubicando en la vía de la normalidad que ahora tratamos de restituir.

Acá nos encontramos con dos criterios: el que se basa en la necesidad del mantenimiento de ese decreto-ley del año 1974, que lo dejamos de lado; no lo discutimos. Lo que nosotros estamos haciendo es, partiendo de una situación anormal, restituir la normalidad de los mecanismos de funcionamiento de un sistema. Por eso, para que se pueda operar el efecto restitutivo de la Ley Nº 15.783, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores donde existen vallas que ficticiamente se oponen al sentido profundo que tiene esta norma, es necesario implementar esa ley. ¿De qué valdría, entonces, decir que restituimos a los funcionarios destituidos por acto arbitrario de la dictadura -y así establecemos el principio general- si ello resulta luego frustráneo por un hecho adjetivo, por el establecimiento de límites de edad que impiden el cumplimiento de la aplicación estricta de ese principio general por algo accesorio, que no está dentro de la proyección de esto que tratamos de lograr, que es la restitución de límites adecuados en el funcionamiento de los servicios, eliminando la arbitrariedad?

Entonces, acá no se trata de analizar la bondad o no de un sistema. De lo que se trata, en definitiva, es de saber si estamos de acuerdo en borrar la arbitrariedad del acto de destitución realizado por la dictadura. Si estamos de acuerdo en hacerlo, para lograr ese efecto tenemos que eliminar barreras, vallas secundarias, de carácter mínimo, que pueden servir para evaluar criterios en un régimen de normalidad, pero que no sirven para restituirla, cuando está alterada tan gravemente por el acto arbitrario que queremos superar. Acá lo que está en juego no es cómo debe regularse el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la categorización de sus funcionarios del servicio interno o exterior, sino de retornar a la razón ínsita de este artículo. Esta norma no pretende alterar la mecánica del decreto-ley del régimen de facto. De ninguna manera; simplemente para poder cumplir con la restitución y el reintegro de los destituidos por acto de la dictadura y por arbitrariedad, es necesario que introduzcamos estas modificaciones para lograr el objetivo propuesto.

Este criterio fue sostenido en el Senado, el que se pronunció a su favor por mayoría. Lo mismo sucedió en la Cámara de Representantes, cuando la mayoría absoluta de sus miembros lo acompañó. Ahora ha sido ratificado por otro acto, y en el Senado de la República ha tenido el concurso y la voluntad de los legisladores que estuvieron presentes en la votación.

Por lo tanto, señor Presidente, por las razones expuestas y por los fundamentos dados extensamente en el curso de los distintos pronunciamientos legislativos que determinaron discusiones intensas y controversias con algunos grupos -que por supuesto no tuvieron mayoría, y su posición tuvo el voto adverso tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- es que nosotros volvemos a ratificar el rechazo de la observación y del veto del Poder Ejecutivo a esta norma, entendiendo que los fundamentos que se proporcionan en el Mensaje no tienen la entidad adecuada y ni siquiera la referencia al objetivo central que se tuvo en cuenta para lograr un acto de justicia elemental.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor legislador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: quizás no entendí bien al señor legislador Tourné, o él no se explicó claramente.

La última vez que el Senado trató este asunto fue cuando consideró el proyecto que venía a ser sustitutivo del de la Rendición de Cuentas que no aprobó la Asamblea.

En esa ocasión, el Partido Colorado no acompañó la moción formulada por el propio legislador Tourné. Nosotros consideramos que estaba fuera del acuerdo que se había realizado y, por lo tanto, no debía ser objeto de una votación del Senado, de la misma manera que habíamos coincidido con los señores senadores del Partido nacional en no votar otras disposiciones propuestas en Sala, porque sobre ella no había habido entendimiento, y ni siquiera se habían tratado en forma previa a la sesión.

Este artículo que ahora veta el Poder Ejecutivo fue aprobado en la sesión del Senado, pero con el voto expresamente contrario de los senadores del Partido Colorado.

Quería dejar esa constancia, porque no entendí claramente lo expresado por el señor legislador Tourné.

Agradezco la interrupción que me ha concedido el señor legislador Rodríguez Camusso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Rodríguez Camusso.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Melo Santa Marina.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Señor Presidente: no puedo discutir la circunstancia a que alude el señor legislador Cigliuti porque no estuve presente en aquella sesión del Senado, pero sí digo que no se repitió exactamente en la sesión celebrada en la tarde de ayer, en que la Cámara de Representantes aprobó el texto sustitutivo de la Rendición de Cuentas.

Si no recuerdo mal, la norma contenida en el artículo 230 fue votada por la inmensa mayoría de la bancada del Partido Colorado, con algunas excepciones que, según creo, no fueron de más de cuatro o cinco señores diputados. De manera que en la Cámara de Representantes no se repitió la situación a que aludía el señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En verdad, se están cruzando alusiones políticas y no puedo iniciar el breve fundamento que deseaba realizar.

SEÑOR FORTEZA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - El señor legislador Forteza me solicita una interrupción y se la concedo. Pero pido que después se me permita expresar mi pensamiento, más allá de las alusiones que puedan hacerse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Forteza.

SEÑOR FORTEZA. - Agradezco al señor legislador Rodríguez Camusso el haberme concedido esta interrupción. Mis palabras son consecuencia de las que acaba de formular el señor legislador Melo Santa Marina.

Es cierto, sí, que la mayoría del Partido Colorado votó afirmativamente, en la tarde de ayer, el artículo 230 que nos ocupa en este momento. Pero debe quedar claro que el señor legislador Pasquet hizo una aclaración muy precisa en el sentido de que la mayoría de la bancada del Partido Colorado -fuimos cinco colorados quienes votamos negativamente- lo hacía exclusivamente a efectos de evitar que una votación negativa hiciera necesario el regreso de este proyecto al Senado. Y precisamente, una de las consideraciones más importantes a tomar en cuenta era la necesidad de que ese proyecto de ley entrara en vigencia -tal como está previsto- el 1º de enero de 1987.

Por lo tanto, la aclaración del señor legislador Pasquet, dejó perfectamente a salvo la posición del Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - A manera de una constancia de voto, quiero significar que, al igual que lo hemos hecho en cada una de las oportunidades en que consideramos este tema, nosotros vamos a votar en contra del criterio que en la emergencia nos ha opuesto el Poder Ejecutivo. A este respecto deseo formular algunas consideraciones: la primera de ellas, de carácter general. Somos decididos partidarios de que todos los servicios comprendidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores puedan ser considerablemente mejorados en sus características, en su ordenamiento y en su eficiencia y sabemos perfectamente que el señor Ministro de Relaciones Exteriores está trabajando en pos de estos objetivos, en la medida de sus posibilidades. A tal punto somos partidarios de ese ordenamiento administrativo y técnico superior dentro del aludido Ministerio, que sostuvimos calurosamente un criterio que manejó el señor Ministro en su oportunidad, en la Comisión respectiva del Senado, previendo alteraciones -ésas sí de cierta importancia- que derivarían del tratamiento que se dio finalmente -por una mayoría que recogió votos de todos los sectores, incluido el que yo integro- en materia de traslados al exterior de funcionarios diplomáticos que son, a la vez, profesionales universitarios. Esa sí, en mi opinión, fue una norma que violentaba el orden interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo probó acabadamente el señor Ministro en oportunidad -reitero- de su concurrencia a la Comisión. Nosotros fuimos solidarios con los criterios expuestos por el señor Ministro.

Lo que en este caso nos preocupa es otra cosa. Ante todo, si no estoy equivocado, este artículo afecta a muy pocos funcionarios; es decir que, en rigor, sería mínima la alteración interna que pudiera producirle eventualmente al Ministerio. Pero, además, afecta a gente que fue destituida por la dictadura. Y aunque yo no creo que sean todos malos los funcionarios que se salvaron de ser destituidos -naturalmente, algunos buenos funcionarios no fueron destituidos- la destitución por la dictadura es un título de honor que distingue a cada uno de los afectados, cualquiera sea el sector político del que sean simpatizantes.

¿Qué ocurre? Si en el Ministerio de Relaciones Exteriores las limitaciones de edad se establecen en cada una de las categorías -no sólo se trata de que no se pueda estar en la carrera una vez pasado cierto límite, sino que en cada uno de los escalones hay un límite -naturalmente, que aquel funcionario que deja de estar en su categoría durante siete, ocho o más años, luego resulta que lo ha trascendido en edad. En definitiva, lo que se procura con la disposición que votamos oportunamente es reparar siquiera en pequeña medida, a aquellos funcionarios que resultaron perjudicados al haber sido indebidamente destituidos por la dictadura. Nada podrá compensar los daños que se les infligió, porque durante muchos años estuvieron fuera de la carrera, estuvieron indebidamente fuera de la actividad y sufrieron durante mucho tiempo, la sanción económica y moral que seguramente ninguno de ellos merecía. Procuramos reparar el daño y si en algún caso esto representase alguna pequeña distorsión -que nunca sería sustancial- en lo que respecta al escalafón, debemos superarla en la medida en que se trata de reparar, siquiera en mínima parte, a funcionarios que fueron objeto de una de las tantas aberraciones cometidas contra derechos fundamentales, por parte de los esbirros de la dictadura.

En consecuencia, voy a votar por el mantenimiento del artículo, tal cual lo hemos hecho en cada una de las oportunidades.

SEÑOR MORELLI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR MORELLI. - Señor Presidente: hace menos de veinticuatro horas, en este mismo recinto, estaba reunida la Cámara de Representantes tratando este mismo tema: el artículo 230. Y hace menos de veinticuatro horas yo estaba defendiendo su mantenimiento tal como había sido convenido entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Veinticuatro horas después de ser votado este artículo por una inmensa mayoría de la Cámara de Representantes -la totalidad de la bancada de la Unión Cívica, del Frente Amplio, del Partido Nacional, y una enorme mayoría del Partido Colorado- esta mañana nos sorprendimos con la noticia publicada en los diarios de que había veto. El Poder Ejecutivo reincidía con esta práctica del veto, contrariando una vez más el voto, inclusive, de sus propios legisladores.

SEÑOR FORTEZA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MORELLI. - Voy a ser breve, señor legislador.

Voy a reiterar los argumentos que esgrimí ayer. Votaré por el mantenimiento del artículo 230 de este proyecto por dos razones fundamentales: ante todo, por entender que estamos haciendo justicia. Así como el año pasado el Parlamento votó una ley de reposición de destituidos, dentro de cuyas normas estaba la reparación de la carrera funcional de los funcionarios destituidos -a los que eran jubilados se les recomponía la cédula jubilatoria; a los que podían reingresar a la Administración Pública, se les recomponía su carrera administrativa; en alguna medida se les recompensaba el daño económico que les había ocasionado la dictadura- con el mismo espíritu fue redactado este artículo que introdujo el señor legislador Tourné, cuando el asunto se consideró en el Senado. A los funcionarios del Servicio Exterior destituidos y sancionados por la dictadura, que sufrieron ocho o nueve años de falta del trabajo, ahora los restituimos pero, a causa del tope de la edad, les impedimos salir al exterior.

Entonces, de nada vale la restitución; aquí no hay justicia. Todos sabemos que el funcionario del Servicio Exterior se ha especializado, se ha preparado y trabaja representando al país en el exterior. Si el hombre o la mujer sancionados por la dictadura no pueden cumplir ese servicio, no hay funcionarios en el Servicio Exterior. Esas personas fueron sancionadas por la dictadura y no se les compensa, como ha sucedido con todos los demás funcionarios públicos destituidos con la ley que votamos el año pasado.

Digo, además, que también votaremos en contra, porque -como lo dijimos ayer- entendemos que los límites de edad que impuso el decreto-ley de la dictadura, del año 1974, son tremendamente injustos. En aquella oportunidad se establecieron límites de edad según el cargo presupuestal que tenía cada uno de los funcionarios del Servicio Exterior. Se daba el caso de empleados que llegaban a cuarenta y cinco años y tenían que cesar; no servían más para trabajar al servicio de la Administración Pública. En función del cargo que ocupaban tenían que dejar de ser funcionarios del Servicio Exterior a los cuarenta y cinco años. Una persona de cuarenta y seis años no servía más para representar al país.

Por eso, en consulta con el señor Ministro de Relaciones Exteriores y lamentando, además, profundamente, tener que discrepar en esta oportunidad con su criterio y con el de nuestro compañero de bancada y amigo, el señor legislador Ferreira, vamos a votar por el mantenimiento de la norma, porque creemos que de esa forma estamos salvando el último caso que nos quedaba para hacer justicia con los destituidos y los sancionados por la dictadura.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR FORTEZA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - No he advertido la alusión, señor legislador.

SEÑOR FORTEZA. - El señor legislador Morelli hizo referencia a que el Poder Ejecutivo interponía un veto contra la voluntad de nuestro propio sector político.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para contestar una alusión tiene la palabra el señor legislador Forteza.

SEÑOR FORTEZA. - Como lamentablemente no tuve el gusto de que el señor legislador Morelli me concediera una interrupción, quiero contestar una alusión política. Posiblemente el señor legislador Morelli no me haya escuchado, pero en una interrupción que me concedió el señor legislador Rodríguez Camusso señalé que, en la tarde de ayer, la bancada del Partido Colorado había votado mayoritariamente a favor del artículo 230 sólo por cuestiones de trámite, y cité en forma expresa la reserva formulada por el señor legislador Pasquet.

Me remito a lo dicho anteriormente y creo que de esa forma la referencia del señor legislador Morelli queda sin efecto.

SEÑOR ASIAIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ASIAIN. - En el día de ayer, en esta misma Sala, expresábamos que los uruguayos todos y el Poder Legislativo en particular se han congratulado en estos casi dos años de gestión gubernamental, de que este país haya podido edificar y consolidar una política exterior de consenso y de unidad nacional, generándose así una de las pocas áreas de entendimiento que a este país le quedan.

Todo supone que la formulación de la política exterior debe ser luego instrumentado a través de sus operadores, que son los funcionarios del Servicio Exterior. Nos consta -porque hemos tenido ocasión de dialogar largamente con muchos de ellos- que existe una gran preocupación entre el funcionariado del Servicio Exterior a propósito de este tema -adelantamos que vamos a votar por la ratificación del veto- porque de no ser así se lesionarían los intereses de infinidad de funcionarios.

Recién se mencionaba en Sala que la cuantía era escasa en lo que hace a los funcionarios que se proponía restituir. Pero debemos tener en cuenta que también es igualmente escasa la cuantía de las misiones que tiene el Uruguay en el exterior, en razón de problemas económicos, fundamentalmente por ser un pequeño país con menguados recursos. Por consiguiente, también son escasas las posibilidades que tiene el funcionario del Servicio Exterior para, luego de una carrera diplomática larga, trabajosa y cargada de empeño, de asumir las funciones que le corresponderán en alguna de las representaciones diplomáticas del país. De mantenerse esta disposición por consiguiente se estaría bloqueando la posibilidad de ascenso de un conjunto de funcionarios, tal vez no muy numeroso, pero que por poco numeroso no deja de preocuparnos, por estarse lesionando derechos adquiridos legítimamente.

Como lo expresa el Poder Ejecutivo, esto representa una alteración del sistema en el que se basa la carrera diplomática, que producirá efectos distorsionantes en el escalafón del Servicio Exterior. Yo diría más: estos efectos distorsionantes se viven hoy en la Cancillería, donde hay un clima de desasosiego entre infinidad de funcionarios que aspiran a sentirse protegidos y que su carrera diplomática no se vean obstaculizada por una disposición de esta naturaleza.

Estas razones, a nuestro juicio, son suficientes para votar por la ratificación del veto que ha llegado del Poder Ejecutivo.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: por la manera como se han referido a este tema algunos legisladores me da la sensación de que no sabemos exactamente qué es lo que vamos a votar. Se ha dicho, por ejemplo, que levantar el veto es en defensa de los destituidos; ergo, los que vamos a votar la ratificación del veto estamos en contra de los derechos de los destituidos. Y yo digo, categóricamente, que no es así.

SEÑOR RIJO. - ¡Apoyado!

SEÑOR FERREIRA. - Se dice acá que una de las razones por las cuales hay que levantar el veto es la de que esto tuvo mayoría en ambas Cámaras. Es evidente que fue aprobado por la mayoría de ambos Cuerpos, porque si no, el Poder Ejecutivo no podía haber interpuesto un veto, ya que no habría sido aprobado.

Se dice también que el número de funcionarios afectados es muy reducido. Señalo que lo que no es reducido son los años que tienen esos funcionarios. Acá se les levanta el límite de edad por el solo hecho de haber sido destituidos, perjudicando "in eternum", por lo tanto, al resto del funcionariado.

Quiere decir que durante años y años van a haber ocho, nueve o diez casos -no sé cuántos son- que van a quedar congelados e impidiendo el ascenso a funcionarios que están haciendo normalmente su carrera en el Servicio Exterior de la República, porque hay un determinado grupo de funcionarios que goza un privilegio que no tiene el resto.

El señor legislador Morelli, amigo y hombre de mi partido, ha dicho aquí, concretamente, que hay que votar el levantamiento del veto para hacer justicia. Yo digo, en primer lugar, que no creo que se haga justicia dotando de un privilegio especial a nadie. Y, en segundo lugar, creo que esta posición de levantar el veto implica una tremenda injusticia contra centenares de funcionarios. Además, es violatoria de la ley que votamos para la restitución de los funcionarios destituidos.

Confieso que no entiendo cómo se puede decir que la manera de defender a los destituidos es votar un privilegio especial para los funcionarios destituidos de la Cancillería. Pienso que esto lo debimos haber visto de este modo cuando votamos la ley de restitución de los funcionarios destituidos durante la dictadura. Y no lo hicimos así, sino que, por el contrario, votamos la Ley Nº 15.783, del 28 de noviembre de 1985, que dice que las reincorporaciones y reparaciones en la carrera funcional que resultaren de la aplicación de esta ley, no afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que actualmente ocupan y desempeñan cargos y funciones en los respectivos organismos. Pero nosotros decimos: "Ah... En el caso de la Cancillería no es así: los funcionarios que fueron destituidos no tienen límite de edad en el desempeño de sus cargos" y, por lo tanto, violamos abierta y flagrantemente el artículo 15 de la Ley Nº 15.783.

SEÑOR RIJO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERREIRA. - Con mucho gusto, señor legislador.

SEÑOR RIJO. - Deseo ratificar lo que expresa el señor legislador Ferreira, cuya valentía y sentido de justicia y ponderación me complazco en destacar por cuanto es muy difícil admitir un veto del Poder Ejecutivo cuando -como el señor legislador lo ha señalado- afecta a funcionarios de su partido. Sin embargo, lo hace por un interés superior y no solamente por consideración a la persona del Canciller Iglesias -del cual todos nos sentimos honrados- sino, fundamentalmente, por la calidad del Servicio Exterior, por cuya profesionalización todos debemos bregar.

SEÑOR TOURNE. - Funcionarios del país...

SEÑOR RIJO. - Dice muy bien el señor legislador Ferreira -perdóneme, señor legislador Tourné- cuando hace referencia a la Ley de Destituidos. En dicha Ley de Destituidos, en todo momento especificamos límites de edad para la posibilidad de reincorporarse a la función activa, y viceversa, estatuimos una cláusula por la cual -por el hecho de que la edad generaba beneficios jubilatorios- admitíamos una reforma de cédula de modo que los funcionarios que excedían los 60 años, en el caso de los hombres, y los 55 años, en el de las mujeres -me refiero al funcionario común- tuvieran la posibilidad de mejorar su pasividad. Esto fue así y quiero recalcarlo porque es de estricta justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Ferreira.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERREIRA. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Resulta útil destacar -por lo menos para que quede constancia en la versión taquigráfica- que los funcionarios, en todo caso, son funcionarios del Estado, del país, y no del Partido Nacional. La consideración que realizamos quienes sostenemos la virtud del artículo que ha vetado el Poder Ejecutivo, está inspirada en objetivos de carácter público nacional y no partidarios. Esta es la primera precisión que deseaba formular.

En segundo lugar deseo señalar que, como lo ha destacado el señor legislador Rijo, nosotros también consideramos que los únicos límites que deben regir en esta materia, estrictamente y sin caso alguno de violación, son los que establece la Ley Nº 15.783. Y por lo tanto, en el caso de las mujeres mayores de 55 años y de los hombres mayores de 60 años, corresponde la reforma de cédula y no la reincorporación al servicio público.

Lo que nosotros estamos planteando aquí es la existencia de una norma establecida durante el período de la dictadura que veta a los hombres mayores de 60 años y a las mujeres mayores de 55 años, el reintegro a la función pública y la recomposición de su carrera administrativa. Una legislación puede aplicarse normalmente para juzgar situaciones normales, pero de ninguna manera puede servir para juzgar situaciones excepcionales, respecto de las cuales únicamente deben validarse los límites de los 55 y 60 años.

De manera que, en definitiva, señor Presidente, ratificamos el criterio del señor legislador Rijo en el sentido de que deben respetarse exclusivamente esos límites. Toda otra norma de excepción que estatuya otros límites de edad que no sean los de la Ley Nº 15.783, no puede regir para la reincorporación de los funcionarios reintegrados a la función pública ni para la recomposición de su carrera administrativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Se ha expresado en Sala, señor Presidente, que los límites de edad que regulan la carrera de nuestro Servicio Exterior son injustos. Y yo digo, señor Presidente, que si fuera así hay que modificar la ley que los establece y no crear un privilegio especial para los que fueron destituidos. Es decir que en la propia afirmación está implícito que estaríamos convalidando una injusticia.

Consideramos que lo que es injusto no es la situación de estos ocho o diez funcionarios, sino el límite de edad que rige en la Cancillería. Pero sucede que lo modificamos exclusivamente para quienes fueron destituidos.

Se dice, además, que esta es una norma de la dictadura. Y yo deseo agregar, señor Presidente, que en este país no rigen normas de la dictadura. El Decreto-Ley Nº 14.206 fue ratificado por el Poder Legislativo y lo votamos nosotros y no la dictadura; de lo contrario, no estaría en vigencia. Vivimos en un Estado de Derecho. ¿Cómo se puede decir que esta norma no hay que respetarla porque es la dictadura? Si fuera de la dictadura, no tendría validez. Esta norma fue ratificada por el Senado y por la Cámara de Diputados mediante la ley que convalidó diversos decretos-leyes, derogó algunos y decretó la nulidad de otros. Es decir que fue este Parlamento el que votó esta ley que establece determinado límite de edad para la carrera en el Servicio Exterior.

Repito, señor Presidente, que si eso es injusto lo que habría que sostener es que hay que derogar el Decreto-Ley Nº 14.206 y no introducir en la ley sustitutiva de la Rendición de Cuentas un artículo que privilegie esta situación de justicia versus injusticia, es decir, para algunos funcionarios, sí, y para otros, no.

Se dice, además, que aquí hay un problema de justicia, y esto hiere la sensibilidad de los que sostenemos la tesis contraria, pues parecería que somos partidarios de la injusticia. Digo al respecto que, en primer lugar, está también a consideración el problema de la justicia con los funcionarios que no fueron destituidos, como también con aquellos que habiendo sido destituidos, luego fueron restituidos y no han cumplido el límite de edad. Es decir que el mantenimiento del artículo 230 no sólo perjudica a los funcionarios que no fueron destituidos, sino también a aquellos destituidos que, habiendo sido restituidos por aplicación de la Ley Nº 15.783, no han cumplido el límite de edad y ven postergado el normal desarrollo y de su carrera en el Servicio Exterior de laRepública. Y hay muchos de estos funcionarios.

El señor legislador Rodríguez Camusso ha señalado algo que es cierto: que no todos los que no fueron destituidos son malos pero que los que fueron destituidos llevan -nadie lo duda- una condecoración en su pecho. Pero hay muchos de esos destituidos que ahora llevan una condecoración en su pedo, que verían afectada su carrera diplomàtica debido a este raro privilegio que crearíamos por la vía legislativa.

Finalmente, señor Presidente, deseo manifestar, en relación con algunas expresiones que se han vertido en Sala en el sentido de que con esta norma estaríamos terminando con el último caso de injusticia, que ello no es así, porque si esto es una injusticia, entonces también es una injusticia la aplicación de la Ley Nº 15.783 en toda la Administración Pública. Nosotros, en este caso, estamos hablando de ocho funcionarios del Servicio Exterior de la República, pero no estamos diciendo nada de todos los demás funcionarios públicos que fueron restituidos a las respectivas entidades estatales y para quienes no estamos votando ningún artículo especial que los haga acreedores a un privilegio que los distinga de los demás funcionarios del organismo al cual han sido restituidos.

Quiere decir, señor Presidente, que entiendo que los argumentos de los derechos de los funcionarios destituidos, de los derechos de los funcionarios públicos en general, de la Cancillería y de las demás entidades del Estado, no estarían en juego salvo que estuviéramos aprobando un privilegio especial violatorio del artículo 15 de la ley de reposición de destituidos, que votamos todos como un instrumento indispensable para la reconciliación nacional.

SEÑOR DAVEREDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR DAVEREDE. - Señor Presidente: vamos a votar por el mantenimiento de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo.

He creído oportuno intervenir en el debate porque parecería que esta posición nuestra estuviera reñida con la adoptada ayer cuando votamos el proyecto de ley. Si lo hicimos fue, justamente, por las razones que muy bien exponía el señor legislador Forteza, para facilitar que la ley se aprobara y no tuviera que volver al Senado.

Por otra parte, voy a ahorrar argumentos, porque no podría exponerlos en forma tan brillante como lo han hecho el señor legislador Asiaín y, sobre todo, el señor legislador Ferreira.

De manera que, señor Presidente, con esta breve exposición, queremos señalar la posición de la Unión Cívica.

SEÑOR MARTINEZ (Don Luis J.). - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR MARTINEZ (Don Luis J.). - Señor Presidente: la norma sobre la que recae la observación del Poder Ejecutivo no es, ciertamente, novedosa. Es, por lo menos, la tercera vez que una norma similar recibe sanción parlamentaria: en la primera oportunidad, cuando aprobamos el Presupuesto en el año 1985 -la disposición fue objeto de una observación y, al no ser levantada, la norma quedó sin efecto- en la segunda ocasión, cuando se votó en el Senado y en la Cámara de Representantes la Rendición de Cuentas, finalmente no aprobada en la sesión del viernes 14 del pasado mes; y en la tercera oportunidad, cuando se sancionan estas disposiciones sustitutivas, en parte, de aquel proyecto de Rendición de Cuentas.

Con excepción de la votación en el Senado de la República unos pocos días atrás, en todas las oportunidades la norma contó con los votos prácticamente de todos los partidos políticos, y en algunos casos inclusive con la iniciativa de todos ellos; tal fue lo que ocurrió el año pasado, en ocasión de discutirse la Ley Presupuestal. No se advirtió en aquellas circunstancias ninguna de las razones de injusticia a que ahora se hace mención. Podrá cuestionarse la oportunidad o inoportunidad de la decisión, pero en todo caso la Asamblea General ha dado una y otra vez pruebas de que entendía mayoritariamente, con el respaldo de todos los sectores políticos representativos de los diversos matices de opinión, que esta norma merecía ser sancionada. No es nueva, pues, para nadie. Menos aún es nueva para nosotros. La bancada de Diputados del Partido Nacional presentó hace poco, con la firma de prácticamente la totalidad de sus integrantes, un proyecto de interpretación de la Ley Nº 15.783 y complementaria de sus disposiciones, en el que estaba contenida, precisamente, esta norma.

¿Por qué nosotros nos hemos sentido obligados a promover la sanción de una disposición especial para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y no hemos hecho otro tanto con relación a los funcionarios del resto de la Administración Pública? Porque los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por aplicación del Decreto-Ley Nº 14.206, están sometidos a un estatuto sustancialmente diferente al que rige para el resto de los funcionarios y, en consecuencia, viene a producirse a su respecto una situación que hemos considerado manifiestamente injusta. Por eso hemos intentado enmendarla por esta vía.

La Ley Nº 15.783 contiene un precepto que, inequívocamente, determina los límites de edad de 55 y 60 años -según se trate de mujeres u hombres- para tener derecho al reingreso a la Administración Pública. Eso no se modifica en esta disposición. Naturalmente, esos límites son infranqueables y no estamos intentando consagrar privilegios de clase alguna para que quienes por aplicación de la ley no pueden reingresar, puedan hacerlo como consecuencia de esta norma modificativa. De lo que se trata es de contemplar, precisamente, la letra y el espíritu de la Ley Nº 15.783, cosa que me parece no se ha advertido claramente, sobre todo por el Poder Ejecutivo, cuyo Mensaje dice, reiterando lo que en otra oportunidad señalara, que "la no aplicación de los límites de edad aludidos" -límites de edad que están establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.206, propio del Servicio Exterior y ajeno al resto de la Administración Pública, pero que nada tienen que ver con los límites de edad de la Ley Nº 15.783, que en todo caso se respetan- "hace posible que los funcionarios reincorporados al amparo de la Ley Nº 15.783 ocupen cargos y desempeñen funciones que en ningún caso habrían ocupado y desempeñado" -debió decirse "mi desempeñado"- "de haber permanecido vinculados en forma ininterrumpida al respectivo organismo: en ese caso, por aplicación del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206" ...Pero ocurre que el Poder Ejecutivo no advierte que el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.206 no es aplicable para la recomposición de la carrera administrativa. Se saltea, nada más ni nada menos que una norma de la propia ley Nº 15.783, que dice muy claramente que la recomposición de la carrera administrativa se verificará por aplicación de las normas estatutarias vigentes al 9 de febrero de 1973, bastante más de un año antes de que este decreto-ley fuera sancionado.

Ahora bien; ¿por qué, pese a esa norma clarísima se hace necesaria esta disposición aditiva? Porque la recomposición de la carrera administrativa puede desembocar en que, colocado el funcionario en el lugar que le habría correspondido de no mediar esta norma limitativa, deba sin embargo ser dado de baja por alcanzar un tope de edad propio exclusivamente de las particularidades de un estatuto atinente a los funcionarios de la Cancillería, no así al resto de los funcionarios públicos.

Ocurre, pues, que se ha advertido que la aplicación de la Ley Nº 15.783 vendría a se desvirtuada, en la realidad práctica, si no se dispusiera mediante una norma complementaria, en los términos en que aquí se pretende, la solución del caso. Se habla de que se vive -yo recogí las palabras del señor legislador Asiaín- una situación de sosiego que, de alguna manera, se podría ver alterada. Pero la Ley Nº 15.783, ¿acaso no tenía por efecto natural y -digo más- deseado, el de alterar el sosiego de aquellos que de una manera voluntaria o involuntaria gozaban de esa situación de paz circunstancial, aparente, como consecuencia de que habían sido diezmados los cuadros funcionales por la persecución de la dictadura? ¿Acaso no sabíamos que este género de desasosiego -que, por supuesto, nos tuvo y nos sigue teniendo sin cuidado- habría de producirse? ¿Acaso ese sosiego debe ser mantenido a ultranza, aún contra el natural resarcimiento en sus derechos y en la plenitud de sus prerrogativas funcionales, de las personas amparadas por la ley tuitiva de reposición de funcionarios públicos destituidos?

Acá no hay, pues, argumentos de justicia que puedan conducir a ninguna otra conclusión fuera de la necesidad de sancionar esta norma. Por eso la votamos una vez, y dos y tres veces; por eso la propusimos nosotros y hay otro proyecto que, si no estoy trascordado, fue presentado pocos días después y corresponde al señor legislador Melo Santa Marina, a quien le ruego me rectifique si estoy equivocado. Es decir, que en esto ha habido una permanente situación de entendimiento colectivo en cuanto a la necesidad de sancionar una norma de este tipo. ¡Y ahora se nos dice que esto es injusto! Se podrá argüir todo género de razones contra esta disposición, pero no podrá decirse que es injusta, cuando lo único que se quiere es amparar a aquellos funcionarios que, a diferencia del resto de los trabajadores del Estado están sometidos a un régimen establecido durante el período de la dictadura instaurada el 27 de junio de 1973, que vuelve ilusorios sus derechos basados en la aplicación de la Ley de Rendición de Destituidos. Mala suerte si hay algunos que puedan ver ligeramente entorpecida su carrera funcional. ¡Bueno fuera que nosotros, a la hora de aplicar la ley de reposición de destituidos, estuviéramos pensando que si vuelven como consecuencia de haber sido expulsados de la Administración Pública por razones políticas, ideológicas, gremiales o por mera arbitrariedad le van a hacer un mal a los que pudieron permanecer en ella -no entro a juzgarlos, porque naturalmente los hay, como señalaba el señor legislador Rodríguez Camusso, de excelsas condiciones morales- y que, naturalmente, están sometidos al hecho de que, restituidas las cosas al punto del que nunca debieron haber salido, puedan sufrir algún género de desmedro en posiciones que no habrían alcanzado si los funcionarios destituidos no hubieran pagado por sus ideas el duro precio de la cesantía dispuesta por la dictadura!

(Ocupa la Presidencia el señor legislador Paz Aguirre)

-Por todas estas razones que he expuesto y algunas otras que omito en homenaje a la brevedad, voy a votar, naturalmente, por el mantenimiento de la disposición observada.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MARTINEZ (don Luis J). - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: insisto en que a mí me preocupa mucho que el tema no se presente en sus verdaderos términos y se oponga a los funcionarios destituidos, víctimas, con los que no sufrieron ese estigma. Simplemente quisiera preguntar al señor legislador Martínez si él sabe cuál es el número de funcionarios destituidos que se verían beneficiados por esta norma y cuál el de funcionarios destituidos y restituidos por aplicación de la Ley Nº 15.783, que se verían perjudicados en su carrera diplomática por esta misma norma.

Es una pregunta concreta que formulo al señor legislador Martínez.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede continuar el señor legislador Martínez.

SEÑOR MARTINEZ (don Luis J.). - Prosigo, señor Presidente.

Debo contestar a la pregunta que me formula mi querido amigo, el señor legislador Ferreira, que no sé cuál es el número de funcionarios alcanzados por esta disposición, ni tampoco la cantidad de personas que podrían de alguna manera verse afectadas en el ejercicio de los cargos o funciones que actualmente están desempeñando, cuyos derechos adquiridos -señalo al pasar, por otra parte- son, precisamente, respetados por disposición de la propia Ley Nº 15.783.

Lo que sí sé es que eso no nos debe interesar. Aquí se trata de determinar si es preciso, para la correcta aplicación, tanto en su letra como en su espíritu, de una ley que tiene por objeto la reparación de iniquidades cometidas por la dictadura militar, dictar una disposición interpretativa o complementaria. Creo que eso es así, y en todo caso con independencia de la cantidad ínfima o cuantiosa de personas que puedan resultar afectadas por semejante disposición.

Concluyo estos breves razonamientos y adelanto mi posición en el sentido de mantener la disposición observada.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Vamos a ser sumamente breves.

Tal como lo adelantara momentos antes nuestro compañero de bancada, el señor legislador Rodríguez Camusso, vamos a votar el mantenimiento del artículo 230 de la ley que fuera sancionada en la tarde de ayer por la Cámara de Representantes, reiterando el temperamento adoptado en oportunidades anteriores en el Parlamento.

Suscribimos totalmente las palabras pronunciadas por el señor legislador Rodríguez Camusso, por el señor legislador Tourné, y especialmente las que acaba de pronunciar en forma por demás erudita -haciendo gala de los conocimientos que tiene en el tema- el señor legislador Luis José Martínez.

Finalmente queríamos señalar que tanto la presentación que hiciéramos de una norma de redacción similar a ésta que ha sido sancionada en la tarde de ayer -tal como lo señalara hace unos instantes también el señor legislador Luis José Martínez- como la votación que en forma favorable diéramos a esta disposición, estuvieron motivadas por la interpretación que hacemos del artículo 10 de la Ley Nº 15.783. Dicha disposición, a nuestro entender, está protegiendo sin ninguna duda los derechos de este pequeño número de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más: únicamente vemos como posible la aplicación de la Ley Nº 15.783 mediante la vigencia del artículo 230 del proyecto de ley sustitutivo de la Rendición de Cuentas.

Por tales razones, vamos a dar nuestro voto favorable al mantenimiento de la referida norma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - No hay más señores legisladores anotados para hacer uso de la palabra.

Léase nuevamente por Secretaría la moción presentada por los señores legisladores Cataldi, Cigliuti, Forteza, Arredondo y el que habla.

(Se lee:)

"De conformidad con el artículo 139 de la Constitución de la República, proponemos la ratificación del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al artículo 230 del proyecto de ley denominado Servicios a cargo del Estado".

-La Mesa desea aclarar que el voto afirmativo significa mantener el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite, señor Presidente?

Deseo consultar a la Mesa acerca de si en este momento existe quórum de senadores y diputados que permita tomar la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Actualmente hay diecisiete señores senadores y cincuenta o ocho señores diputados, de manera que hay quórum para votar.

(Ocupa la Presidencia el señor legislador Tarigo)

-Se va a proceder a tomar la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por la afirmativa.

SEÑOR FA ROBAINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FERREIRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Por la negativa.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Por la negativa.

SEÑOR POSADAS. - Por la negativa.

SEÑOR POZZOLO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Por la negativa.

SEÑOR SINGER. - Por la afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Por la negativa.

SEÑOR TRAVERSONI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZORRILLA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE CORTE. - Por la afirmativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Por la negativa.

SEÑOR AMARO. - Por la afirmativa.

SEÑOR AMEN PISANI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ARREDONDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR ASIAIN. - Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS ANZA. - Por la negativa.

SEÑOR BARRIOS TASSANO. - Por la afirmativa.

SEÑOR BERTACCHI. - Por la negativa.

SEÑOR BONILLA. - Por la negativa.

SEÑOR BOUZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR CANTON. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAPECHE. - Por la afirmativa.

SEÑOR CARAMBULA. - Por la negativa.

SEÑOR CASSINA. - Por la negativa.

SEÑOR CATALDI. - Por la afirmativa.

SEÑOR CAZABAN GONÇALVES. - Por la afirmativa.

SEÑOR CERCHIARO SAN JUAN. - Por la afirmativa.

SEÑOR CIGANDA. - Por la negativa.

SEÑOR CORTAZZO. - Por la afirmativa.

SEÑOR DA ROSA VIÑOLES. - Por la afirmativa.

SEÑOR DAVEREDE. - Por la afirmativa.

SEÑOR DIAZ (don José). - Por la negativa.

SEÑOR FORTEZA. - Por la afirmativa.

SEÑOR FREY GIL. - Por la negativa.

SEÑOR FUENTES. - Por la negativa.

SEÑOR GARCIA. - Por la negativa.

SEÑOR GARCIA RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GESTIDO. - Por la afirmativa.

SEÑOR GOÑI CASTELAO. - Por la negativa.

SEÑOR GRANUCCI. - Por la afirmativa.

SEÑOR GUADALUPE. - Por la negativa.

SEÑOR GUERRERO. - Por la afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Por la afirmativa.

SEÑOR ISI. - Por la afirmativa.

SEÑOR ITUÑO. - Por la afirmativa.

SEÑOR JAURENA. - Por la negativa.

SEÑOR LAMAS. - Por la afirmativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Por la afirmativa.

SEÑOR LENZI. - Por la afirmativa.

SEÑOR LESCANO. - Por la negativa.

SEÑOR LOPEZ BALESTRA. - Por la afirmativa.

SEÑOR LORENZO ROVIRA. - Por la negativa.

SEÑOR MACHIÑENA. - Por la negativa.

SEÑOR MAGURNO. - Por la afirmativa.

SEÑOR MARTINEZ (don Luis J.). - Por la negativa.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Por la negativa.

SEÑOR MILLOR. - Por la afirmativa.

SEÑOR MORELLI. - Por la negativa.

SEÑOR NEGRO. - Por la negativa.

SEÑOR OXACELHAY. - Por la negativa.

SEÑOR PASQUET. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Por la afirmativa.

SEÑOR PEREZ ALVAREZ. - Por la negativa.

SEÑOR PINTOS. - Por la afirmativa.

SEÑOR PITA. - Por la negativa.

SEÑOR PITTALUGA. - Por la negativa.

SEÑOR RIJO. - Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS (don Gilberto). - Por la negativa.

SEÑOR ROCHA IMAZ. - Por la negativa.

SEÑOR ROSALES MOYANO. - Por la negativa.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Por la afirmativa.

SEÑOR SOTO. - Por la afirmativa.

SEÑOR STIRLING. - Por la afirmativa.

SEÑOR VIERA. - Por la afirmativa.

SEÑOR ZAFFARONI ORTIZ. - Por la negativa.

SEÑOR BENTANCUR. - Por la afirmativa.

SEÑOR MANZI. - Por la afirmativa.

SEÑORITA ARANA. - Por la negativa.

SEÑOR SUAREZ. - Por la afirmativa.

-Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - Han sufragado noventa señores legisladores; cincuenta y cinco lo han hecho por la afirmativa y treinta y cinco por la negativa.

-De acuerdo con el resultado de la votación, queda aprobada por mayoría absoluta de presentes la observación formulada por el Poder Ejecutivo.

9) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 21 y 16)

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Dr. Héctor S. Clavijo Secretario

Don Roberto J. Zamora Director del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.