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Nº 163 - TOMO 303 - 10 y 11 DE DICIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

72ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

y el SEÑOR EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN (h)

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Servicios a cargo del Estado. Se establecen diversas disposiciones relacionadas con el logro de su normal funcionamiento

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

5) Señora Cecilia Fontana de Heber. Informe de la Comisión Investigadora

- Se resuelve postergar la consideración de este asunto pasando a figurar en primer término del orden del día de la sesión de mañana.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de diciembre de 1986

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el logro del normal funcionamiento de los servicios a cargo del Estado.

(Carp. Nº 687/86 – Rep. Nº 183 y Anexo I)

2º) Informe de la Comisión Especial Investigadora tendiente a esclarecer las circunstancias que motivaron el fallecimiento de la señora Cecilia Fontana de Heber.

(Carp. Nº 47/85 – Rep. Nº 100/86)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: Los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Batalla, Bomio de Brun, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Batlle, Martínez Moreno y Ortiz.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 16 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de diciembre de 1986.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se desafecta del patrimonio del Estado la fracción de terreno ubicada en la 13ª Sección Judicial de Montevideo, empadronada con el Nº 409.489.

(Carp. Nº 697/86)

Por el que se desafecta del patrimonio del Estado Ministerio de Educación y Cultura, el inmueble Padrón Nº 2.594 sito en la ciudad de Salto y se autoriza su afectación a la Administración Nacional de Educación Pública.

(Carp. Nº 698/86)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se reglamenta la ejecución de un Plan de Promoción Granjera.

(Carp. Nº 699/86)

- A la Comisión de Agricultura y Pesca.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo por el que da cuenta de haber promulgado la ley por la que se dictan normas sobre la adjudicación de los premios que se otorgan a la labor literaria, derogándose el Decreto-Ley Nº 15.411, de 10 de junio de 1983.

(Carp. Nº 490/86)

- Téngase presente y archívese.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

del Banco de Seguros del Estado, por falta de disponibilidad en los rubros respectivos.

de la Corte Electoral, relacionada con los expedientes Nos. 135/1/86 y 1/1528/86.

del Banco de Previsión Social, referentes a varias órdenes de pago.

de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, por falta de disponibilidad en los rubros presupuestales.

del Ministerio de Industria y Energía, relacionados con las Ordenes de Entrega Nos. 100.784 y 100.056.

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con un adelanto de fondos.

de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, por falta de disponibilidad en los rubros respectivos y con las licitaciones públicas Nos. 006/86, 007/86 y 037/85.

del Ministerio de Turismo, relativos a varias órdenes de pago.

del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionados con las autorizaciones Nos. 87 y 88.

del Ministerio de Salud Pública, relativos a la licitación pública Nº 142/86 y con la contratación de vehículos.

de la Universidad de la República, relacionados con los gastos Nos. 90 y 67 de la Facultad de Medicina.

- A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda, respectivamente.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solícita venia para exonerar de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

(Carp. Nº 696/86)

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Educación y Cultura remite información relacionada con las manifestaciones formuladas por el señor senador Uruguay Tourné, relacionadas con la situación en que se encuentra la poetisa Solveig Ibáñez Iglesias y la restitución a su cargo como asesora literaria en la Biblioteca Nacional.

- A disposición del señor senador Uruguay Tourné.

El Ministerio de Defensa Nacional acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionadas con la situación de los funcionarios de la Administración Nacional de Telecomunicaciones en la localidad del Chuy

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, referente al porcentaje que dejan las rifas autorizadas por el mencionado Ministerio a las instituciones beneficiadas.

- A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

La Administración Nacional de Educación Pública pone en conocimiento los antecedentes e informes de la visita al Liceo "Agustín Indart Curuche" del señor senador José Germán Araújo.

- Repártase.

La Embajada de las Repúblicas Socialistas Soviéticas remite nota a la que adjunta la "Declaración de Nueva Delhi de principios del mundo desnuclearizado y no violento".

(Carp. Nº 700/86)

- A la Comisión de Asuntos Internacionales."

4) SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO. Se establecen diversas disposiciones relacionadas con el logro de su normal funcionamiento

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer lugar: "Proyecto de ley por el que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el logro del normal funcionamiento de los servicios a cargo del Estado. (Carp. Nº 687/86. Nº 183 y Anexo I)."

(Antecedentes:)

"Carp. 687/86
Rep. Nº 183/86

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE
EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA
MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE
GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO

Montevideo, 28 de noviembre de 1986.

Señor Presidente de la
Asamblea General.
Dr. Enrique Tarigo.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al señor Presidente de la Asamblea General a fin de remitir el adjunto proyecto de ley referente a diversas disposiciones relacionadas con el logro de un normal funcionamiento de los servicios a cargo del Estado. Se busca asimismo autorizar las asignaciones correspondientes que permitan efectuar las contribuciones subvenciones o ayudas para los gobiernos departamentales u otros entes públicos.

La no aprobación por parte de la Asamblea General de las modificaciones presupuestales que acompañaron el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1985, remitido el pasado 30 de junio, provoca serias dificultades al funcionamiento de la Administración que requieren, para ser superadas, la sanción del presente proyecto de ley.

En tal sentido, las normas incluidas son el resultado de conversaciones mantenidas entre representantes del Partido Colorado y el Partido Nacional, cuyas bancadas constituyen amplia mayoría en el Poder Legislativo.

Se ha sido cuidadoso en descartar la inclusión de todas aquellas normas que, de acuerdo con la Constitución, constituyen materia presupuestal exclusiva, las que serán enviadas al Parlamento en el plazo más breve posible.

Las normas propuestas incluyen los artículos referidos a redistribución y calificación de funcionarios públicos, autorizaciones para el cobro de tasas de servicios públicos, partidas de inversión incluidas en el articulado que acompañaba la Rendición de Cuentas, subsidios y subvenciones. Igualmente se incluyen las normas tributarias que habían tenido comienzo de aprobación en ambas Cámaras en el trámite de la Ley de Rendición de Cuentas, así como las referidas a tributación agropecuaria.

Finalmente, interesa resaltar el carácter excepcional de la iniciativa que se enmarca en la situación precedentemente descrita.

En la seguridad de que con las normas objeto de este proyecto de ley se atiende una sentida necesidad, saluda al señor Presidente atentamente.

Julio María Sanguinetti, Presidente de la República; Ricardo Zerbino, Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Alfredo Silvera Lima, Jorge Luis Presno, Pedro O. Bonino, Raúl Ugarte Artola, Hugo Fernández Faingold, Jorge Sanguinetti, Enrique V. Iglesias, Adela Reta.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas 1985 y a valores del 1º de enero de 1986. Dichas partidas se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 68, 69, 70 y 82 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 2° - Los proyectos de racionalización a que refiere el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 deberán ser presentados dentro de los treinta días de promulgada la presente ley y una vez aprobados por el Decreto del Poder Ejecutivo tendrán vigencia desde el 1º de julio de 1986.

Derógase el literal g) del artículo 53 de la Ley número 15.809 mencionada.

Art. 3º - Sustitúyese el artículo 29 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 29. - El Escalafón Técnico Profesional "A" comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden acceder los profesionales que posean título universitario de:

Ingeniero Agrónomo
Arquitecto
Contador Público
Economista
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración
Abogado
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
Escribano Público
Licenciado de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Ingeniero Agrimensor
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval
Ingeniero Electricista
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Químico
Doctor en Medicina
Doctor en Odontología
Químico
Químico Industrial
Químico Farmacéutico
Veterinario

Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria reconocidos o rivalidados por las autoridades competentes, así como los títulos legalmente equivalentes a los títulos profesionales citados precedentemente."

Art. 4º - Sustitúyese el artículo 30 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 30. - El Escalafón Técnico Profesional B, comprende los cargos y contratos de función publica de quienes hayan obtenido una especialización de nivel universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado. También incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente a tres años de carrera universitaria incluida en el Escalafón Técnico Profesional A."

Art. 5º - Sustitúyese el artículo 41 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 41. - El Escalafón "N" Judicial, comprende los cargos correspondientes al ejercicio de la función jurisdiccional, los de Secretario de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como todos los cargos y funciones legalmente equiparados a los mismos, cuando sus tareas tengan análoga naturaleza."

Art. 6º - Los grados máximos en los Escalafones a que refiere el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, serán: de Servicios Auxiliares, Grado 14; de Oficios, Grado 19; Especializado y Administrativo, Grado 20; Técnico y Docente de otros organismos, Grado 21 y Profesional Universitario, Grado 22.

Art. 7º - Los funcionarios presupuestados o contratados de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo que se encontraren prestando funciones en comisión en Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y el personal de éstos que estuviere cumpliendo tareas en la misma calidad de otro Ente Autónomo o Servicio Descentralizado o en los órganos y organismos del Poder Ejecutivo al 30 de junio de 1986, podrán optar por su incorporación a ellos, de acuerdo a las siguientes condiciones:

A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

B) Sólo podrán optar aquellos funcionarios que cuenten con más de seis meses de antigüedad en la oficina de destino, al 31 de diciembre de 1986.

C) Cuando se trate de funcionarios presupuestados, la incorporación se realizará mediante la habilitación de un cargo en el último grado ocupado del escalafón respectivo, suprimiéndose en la repartición de origen el cargo correspondiente.

D) Cuando se trate de contratados se suprimirá el monto necesario en el crédito de la oficina de origen, incorporándose a la de destino.

E) La incorporación no podrá significar disminución de la retribución del funcionario y, en su caso, la diferencia se considerará compensación inmodificada.

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo o por el organismo de destino cuando corresponda, previa conformidad expresa del jerarca de la oficina de origen, con informe favorable de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su caso.

Art. 8º - El cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Oficina Nacional del Servicio Civil por el artículo 4º literal j) de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, se regirá por las disposiciones siguientes.

Art. 9º - Las necesidades de personal de la Administración Central serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes por los Jerarcas de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, ya sean presupuestados o contratados con carácter permanente de los escalafones civiles. Exceptúase a los funcionarios incluidos en los escalafones docentes y del Servicio Exterior y a quienes revistan en cargos políticos y de particular confianza.

Art. 10. - Los jerarcas de los Incisos dependientes del Poder Ejecutivo y la autoridad competente en el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, comunicarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil la nómina de personal que, por resolución fundada emergente de reestructura o supresión de servicios haya sido declarado excedente.

Dicha declaración deberá contar además con la conformidad expresa del funcionario. De no existir conformidad del mismo, la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá evaluar las razones fundadas expuestas por el jerarca y por el funcionario y resolverá en definitiva en acuerdo con el Ministerio correspondiente, en un plazo de noventa días.

Art. 11. - Transcurrido un plazo de dieciocho meses a contar desde la fecha de la inclusión del funcionario en el registro de personal declarado excedente que lleva la Oficina Nacional del Servicio Civil, sin que el mismo haya podido ser reubicado, caducarán los efectos de la declaración de excedente.

Una vez producida la caducidad a que refiere el inciso anterior, el funcionario no podrá ser declarado excedente nuevamente hasta después de transcurrido un año a contar desde la fecha en que aquélla se produjo.

Art. 12. - El funcionario incluido en la nómina de personal a redistribuir deberá continuar trabajando en su Organismo de origen hasta que comience a prestar funciones en su nuevo destino.

La declaración de personal a redistribuir no afectará los derechos y deberes derivados de la vinculación funcional con su oficina de origen.

Art. 13. - Los funcionarios públicos que se encuentren cumpliendo tareas en comisión en un organismo comprendido en un Inciso presupuestal diferente a aquél en el que revistan, no podrán ser declarados excedentes hasta después de transcurridos seis meses a contar desde la fecha en que dicha comisión haya cesado.

Art. 14. - La formulación de necesidades adicionales de personal deberá ser comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que estará facultada a instrumentar los mecanismos para satisfacer las mismas, previo los estudios técnicos pertinentes.

Art. 15. - La redistribución de funcionarios se efectuará por la autoridad que corresponda, previa conformidad del jerarca de la repartición de destino. Tratándose del Poder Ejecutivo se requerirá el acuerdo del Ministro de Economía y Finanzas y de los Ministros que correspondan en su caso. La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración de las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones de incorporación.

Art. 16. - Cuando se realice la redistribución, el cargo o función redistribuido y su dotación deberán ser suprimidos en la repartición de origen, habilitándose en la de destino. La inclusión del funcionario en la respectiva planilla presupuestal de destino no podrá exceder el término de sesenta días a partir de la aprobación del acto administrativo de incorporación.

A los efectos indicados precedentemente, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aplicarán en su caso los mecanismos presupuestales correspondientes.

Art. 17. - En la oportunidad de la habilitación del cargo o función a que refiere el artículo precedente, la fijación de la retribución correspondiente deberá atender las siguientes bases:

a) En ninguna circunstancia la redistribución podrá significar disminución de la retribución que el funcionario percibe a la fecha de su incorporación.

b) Cuando se efectúe la adecuación presupuestal para incorporar el cargo o función, se comparará la retribución que le corresponde en la oficina de destino con la que el funcionario posee en la oficina de origen. Si la retribución que le corresponde al cargo o función en la oficina de destino es igual o superior a la que el funcionario percibía en la oficina de origen, se asignará a aquélla.

Si fuera menor, la diferencia resultante se entenderá como compensación al funcionario, y en todos los casos llevará los aumentos que se fijan para el sueldo básico.

Art. 18. - Si la redistribución Implicara cambio de la localidad donde tiene su sede la repartición de origen del funcionario, previamente se necesitará su conformidad expresa.

Art. 19. - Podrán solicitar su inclusión en la nómina de personal a redistribuir, los funcionarios que se detallan, pertenecientes a instituciones comprendidas en el sistema de redistribución regulado por la presente ley.

1º- Quienes reúnan las condiciones necesarias para ocupar cargo o funciones de los Escalafones A (Profesional Universitario) y B (Técnico) previstos en los artículos 29 y 3 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, poseedores de títulos habilitantes que no constituyan requisito para desempeñar el cargo o función en el que revistan y cuyos conocimientos no pudieran ser debidamente aplicados en el organismo donde cumplen funciones.

2º- Quienes posean los conocimientos, aptitudes o habilidades para desempeñar cargos o funciones de los Escalafones "D" (Especializado) y "E" (Oficios) previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y no los puedan aplicar debidamente en la institución donde prestan servicios.

3º - Los cónyuges de funcionarios públicos que, por razones de servicio, desempeñan funciones en localidades diferentes, y deseen prestar servicios en la misma localidad.

Asimismo, de ser necesario, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá requerir de los organismos la información sobre la existencia de tales situaciones y en caso afirmativo, proponer a éstos la inclusión del funcionario en la nómina citada previa su aceptación expresa.

Art. 20. - El Poder Ejecutivo o la autoridad competente en su caso, modificará en el acto administrativo de incorporación la denominación del cargo o función y el escalafón de los funcionarios redistribuidos conforme con el artículo anterior. En el caso del personal contratado con carácter permanente deberá establecer las nuevas funciones que le serán asignadas a dicho personal en la repartición de destino.

Las modificaciones señaladas se realizarán previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y según corresponda, de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Art. 21. - El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina del Servicio Civil reglamentará el presente régimen de redistribución de funcionarios públicos, dentro del plazo de sesenta días a partir de la promulgación de esta ley.

Art. 22. - Modificase el inciso segundo literal j) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La redistribución del personal excedente no podrá significar, en ningún caso, lesión de los derechos de los funcionarios".

Art. 23. - Derógase el inciso tercero literal j) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985.

Art. 24. - El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas de la República, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán aplicar el régimen de redistribución creado por esta ley.

Art. 25. (Transitorio). - El régimen de redistribución regulado por los artículos precedentes se aplicará en lo pertinente, a los funcionarios públicos que fueron declarados excedentes por sus respectivos organismos entre el 1º de noviembre de 1985 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya declaración haya sido comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Art. 26. (Transitorio). - Aquellos funcionarios comprendidos en la situación prevista en el artículo anterior que ya se encuentren cumpliendo funciones en otras reparticiones públicas y cuya aceptación expresa haya sido comunicada por éstas a la Oficina Nacional del Servicio Civil, serán redistribuidos definitivamente a dichos organismos, para lo cual deberán tomarse en consideración las tareas que actualmente desempeñan para la asignación del escalafón respectivo, previa conformidad del funcionario.

A esos efectos, la Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración de las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones.

Art. 27. - La redistribución de funcionarios dentro del Ministerio de Educación y Cultura, a unidades ejecutoras cuyos cargos estén equiparados a otras unidades del Presupuesto Nacional, no podrá efectuarse por grados superiores al último grado ocupado del escalafón y serie de cargos correspondiente de la unidad de destino.

Art. 28. -Los cargos presupuestales de carrera en los siguientes escalafones o grupos ocupacionales de los órganos y organismos del PE quedarán sujetos a la clasificación de cargos que se establece por la presente ley:

A) Personal Profesional Universitario
B) Personal Técnico
C) Personal Administrativo
D) Personal Especializado
E) Personal de Oficios
F) Personal de Servicios Auxiliares
J) Personal Docente de otros Organismos
R) Personal no incluido en escalafones anteriores

La misma se aplicará a los contratos de función pública en lo que sea pertinente.

Art. 29. - Cuando una especialización pueda estar comprendida en más de un grupo ocupacional o escalafón, se podrán agrupar en uno solo de ellos las correspondientes series de cargos, de modo de mantener una adecuada carrera administrativa a los funcionarios con tales especializaciones.

Art. 30. - Una serie de cargos es el ordenamiento jerárquico de clases de cargos de análoga naturaleza diferenciados entre sí por su nivel de complejidad, jerarquía y responsabilidad.

Art. 31. - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá la supervisión del sistema de clasificación de cargos, el cual será la base del proceso de equiparación de los funcionarios de la Administración Central.

A tal efecto los diferentes organismos elaborarán la clasificación de cargos primaria de acuerdo a las pautas y supervisión técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la presentarán a su consideración y posterior elevación al Poder Ejecutivo.

A la estructura de cargos clasificados en la forma establecida precedentemente, se asignarán en forma tentativa los grados que puedan corresponder de la tabla de sueldos, por parte de una Comisión Asesora integrada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Contaduría General de la Nación y será elevada a consideración del Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 32. - Decláranse comprendidos en el régimen consagrado en el artículo 21 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, a los funcionarios públicos presupuestados o contratados que, a partir del 15 de febrero de 1985, hayan ocupado cargos políticos o de particular confianza y que continuaron ocupándolos a la fecha de promulgación de la citada ley.

Art. 33. - Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y Legisladores Nacionales, a solicitud expresa de éstos y previa autorización del jerarca del Organismo donde el funcionario presta servicios.

Los Legisladores Nacionales, en ningún caso, podrán tener más de dos funcionarios en comisión simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud, salvo que éste o el jerarca del organismo de origen resolvieran dejar sin efecto el pase en comisión, por razones inherentes al servicio.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud, manteniendo el funcionario todos los derechos en la Oficina de origen y en particular los referidos a la remuneración y al ascenso.

Art. 34. - Derógase el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Art. 35. - Créase un fondo para apoyar la cooperación técnica económica internacional de hasta N$ 8.000.000 (nuevos pesos ocho millones) anuales, que será administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destinado a complementar el financiamiento de las contrapartidas nacionales, así como las obligaciones contrapartidas por el país para la ejecución de actividades vinculadas con programas de cooperación internacional, derivados de acuerdos bilaterales y multilaterales.

Art. 36. - Autorízase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a microfilmar los "Libros de Registración de Comunicaciones Iniciales y Complementarias del Registro General de Sumarios Administrativos".

Las copias de los microfilms tendrán validez legal de testimonio fiel.

Art. 37. - Establécese que la facultad otorgada por el artículo 362 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para contratar al personal eventual especializado, no administrativo, será aplicable a la "Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín", en las condiciones que se detallan en la citada norma.

Art. 38. - Créase una tasa a la expedición de las matrículas previstas en las Leyes Nº 12.091, de 5 de enero de 1954 y Nº 10.945, de 10 de octubre de 1947, la que tendrá vigencia anual y el monto en moneda nacional equivalente a los valores que a continuación se establecen:

A)

Para embarcaciones deportivas menores de 6 toneladas

1

UR

B)

Para embarcaciones deportivas mayores de 6 toneladas

3

UR

C)

Para embarcaciones de tráfico de puerto:

  

- hasta 20 TRN   

1,5

UR

  

- de 20 a 40 TRN   

2,5

UR

  

- más de 40 TRN   

5

UR

D)

Para embarcaciones de tráfico limítrofe:

  

- hasta 100 TRN   

25

UR

  

- de 100 a 250 TRN   

35

UR

  

- de 250 a 500 TRN   

50

UR

  

- más de 500 TRN   

75

UR

E)

Para embarcaciones de pesca:

  

- de 50 a 100 TRN   

7,5

UR

  

- más de 100 TRN   

10

UR

F)

Para embarcaciones de carga:

  

- hasta 50 TRN   

3

UR

  

- de 50 a 100 TRN   

5

UR

  

- de 100 a 250 TRN   

10

UR

  

- de 250 a 500 TRN   

15

UR

  

- más de 500 TRN   

25

UR

G)

Para embarcaciones de ultramar:

  

- hasta 1.000 TRN   

25

UR

  

- de 1.000 a 2.500 TRN  

50

UR

  

- más de 2.500 TRN  

75

UR

Lo recaudado por estos conceptos será vertido en el fondo "Salvaguarda de la Vida en el Mar", creado por el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, siguiendo los procedimientos y contralores establecidos en el mismo. La falta de la matrícula será causal de impedimento de despacho de las embarcaciones.

Las expresiones TRN y UR corresponden a "Toneladas de Registro Neto" y "Unidades Reajustables", respectivamente.

Art. 39. - Modifícase el artículo 53 de la Ley número 14.106, de 14 de marzo de 1973 y modificativos, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 53. - Autorízase a la Prefectura Nacional Naval a aplicar multas por infracciones marítimas, fluviales y portuarias, por hasta un máximo en moneda nacional equivalente a 1.000 UR (un mil unidades reajustables).

Art. 40. - Autorízanse las siguientes partidas al Ministerio de Defensa Nacional con destino a los proyectos que se indican a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya:

1. N$ 135.600.000 (nuevos pesos ciento treinta y cinco millones seiscientos mil), equivalente a U$.S 1.000.000. (un millón de dólares de los Estados Unidos de América) para el proyecto 779, "Overhaul para Aeronaves".

2. N$ 106.853.000. (nuevos pesos ciento seis millones ochocientos cincuenta y tres mil), equivalente a U$S 788.000, (setecientos ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) para el proyecto 828, "Adquisición de Aeronaves".

Art. 41. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder al Estado un crédito para financiar la compra del buque tanque, con destino a la Armada Nacional, autorizada por el artículo 188 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, así como a. emitir las garantías que puedan requerirse.

Asimismo se autoriza al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar garantías a ANEP y Univ. de la República relacionadas con las inversiones autorizadas por los artículos 607 y 612 de la Ley Nº 15.809 referida cuyo servicio del financiamiento externo es de cargo de Rentas Generales.

Art. 42. - El Poder Ejecutivo podrá autorizar a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar a los usuarios, como máximo, el costo de los servicios conexos u otros que por su naturaleza no son de su cometido específico, según las tarifas que fije la reglamentación, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 43. - Facúltase a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar el precio de los depósitos de bienes muebles que las autoridades judiciales ordenaren poner bajo su custodia.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente los montos respectivos. Cumplido un año sin que se verifique su pago el Ministerio del Interior podrá solicitar a quien ordenó el mismo, la venta de los referidos bienes en subasta pública, satisfaciendo con su producido el precio del depósito.

El saldo resultante quedará a la orden de la autoridad judicial respectiva y se depositará en institución bancaria del Estado, de modo que se asegure el mantenimiento del valor del depósito.

Art. 44. - El Poder Ejecutivo podrá establecer tiques moderadores por la asistencia que presta la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El importe de los referidos tiques no podrá exceder el 1% (uno por ciento) del sueldo básico perteneciente al cargo de Agente de 2ª. El producido de los mismos integrará el fondo creado por el artículo 86 de la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967.

Art. 45. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida anual de N$ 4.000.000 (nuevos pesos cuatro millones), destinada a solventar los gastos necesarios para atender los Patronatos Departamentales de Encarcelados y Liberados, sujeta a Rendición de Cuentas. Esta partida incrementa la fijada por el inciso cuarto del artículo 199 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en favor del Patronato de Encarcelados y Liberados.

Art. 46. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida de N$ 14.373.600. (nuevos pesos catorce millones trescientos setenta y tres mil seiscientos, que equivale a U$S 106.000 (ciento seis mil dólares de los Estados Unidos de América) con destino a la adquisición de inmuebles de la guardia de coraceros.

Art. 47. - Autorízase una partida de N$ 50.000.000, (nuevos pesos cincuenta, millones) con destino a obras en la cárcel de Canelones.

Art. 48. - Autorízase una partida de N$ 5.000.000 (nuevos pesos cinco millones), por única vez, con destino al "Ministerio del Interior", para reacondicionamiento del local de San Ramón,

Art. 49. - Agrégase al artículo 28 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 50. - El Escalafón "S" Personal Penitenciario, comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas las tareas relacionadas con los estados de reclusión y ejecución de las penas.

Art. 51. - Los funcionarios que, al momento de puesto en vigencia el Escalafón "S" se encontraren desempeñando tareas en dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, podrán optar dentro de los sesenta días siguientes, por pasar a revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario o continuar revistando en el Escalafón "L" Personal Policial. Si no se pronunciaren a título expreso, dentro del término indicado, se entenderá formulada la opción por revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 52. - Vencido el término establecido en el artículo precedente, se transformarán en cargo del Escalafón "S" Personal Penitenciario, los cargos policiales cuyos titulares hubieren optado por el mismo.

Los cargos vacantes en el programa 009 del Inciso 04 "Ministerio del Interior", se transformarán en cargos del Escalafón "S" cuando éste entre en vigencia.

Art. 53.- Los funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centro de Recuperación que permanecieran en el Escalafón "L" Personal Policial, serán redistribuidos en otras dependencias del Ministerio del Interior, pero seguirán desempeñándose transitoriamente en comisión en sus actuales destinos.

Art. 54. - El Poder Ejecutivo en la próxima instancia presupuestal incluirá, en el Mensaje correspondiente, la estructura del Escalafón "S" Personal Penitenciario, con previsión de los cargos requeridos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional.

Art. 55. - El Poder Ejecutivo determinará el momento en que cesará la comisión de todos o parte de los funcionarios que permanezcan en el Escalafón "L" Personal Policial, en consideración a los requerimientos del servicio.

Art. 56. - Hasta tanto se dicten las normas estatutarias respectivas, será de aplicación al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario, las normas relativas a los funcionarios policiales.

Art. 57. - Los funcionarios del Escalafón "S" Personal Penitenciario estarán afiliados al Banco de Previsión Social, con excepción de los indicados en el inciso siguiente.

Los funcionarios que de acuerdo con los artículos anteriores dejen de revistar en el Escalafón "L", mantendrán los derechos jubilatorios y beneficios sociales que correspondan al personal policial. A los fines del derecho a la jubilación o pensión el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales continuará sirviendo las prestaciones y considerará para el cálculo de los haberes como policiales, los servicios prestados como penitenciarios.

Art. 58. - Extiéndese la autorización establecida en el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Esta autorización no podrá implicar incremento de crédito presupuestal y entrará en vigencia simultánea mente con el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 59. - Autorízase en el Ministerio de Economía y Finanzas una partida anual de N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil) con destino a la realización de estudios de mercados y de productos y a solventar gastos que demande la participación de la República en ferias y exposiciones internacionales, para la promoción de nuestros productos exportables.

Art. 60.- La Contaduría General de la Nación aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los recursos a que refiere el artículo 5º de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, sustituido por el artículo 117 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la siguiente forma:

A) 50% (cincuenta por ciento) al funcionamiento y equipamiento del Servicio de Garantía de Alquileres de La Contaduría General de la Nación.

B) 50% (cincuenta por ciento) con destino a la capacitación y promoción social de sus recursos humanos.

Art. 61. - Las visitas de inspección, las auditorías y actuaciones que realice la Inspección General de Hacienda, sobre la actividad de personas físicas o jurídicas de derecho privado excepto cooperativas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados Comerciales e Industriales, u organismos públicos que dispongan de fondos no provenientes de Rentas Generales, serán abonadas por los mismos, salvo que se realicen de oficio.

El costo no podrá exceder del monto de las retribuciones de los funcionarios afectados por el tiempo que fueran destinados al cumplimiento de la tarea solicitada.

Artículo 62. - Autorízase a la Dirección General Impositiva a proceder a la destrucción y eventual venta de los residuos resultantes de los formularios de declaración jurada y de pago de tributos recaudados por dicha oficina, cuando hubieren transcurrido doce años contados a partir de la fecha del archivo de la mencionada documentación.

Art. 63. - Autorízase, por única vez, a la Contaduría General de la Nación, a realizar un concurso entre los funcionarios del Escalafón "F", Personal de Servicios Auxiliares, que a la fecha 30 de junio de 1986 se encontraren desempeñando tareas propias del Escalafón "C", Personal Administrativo.

Quienes aprueben el concurso que al efecto disponga la Oficina Nacional del Servicio Civil, ingresarán en los cargos inferiores del Escalafón "C", que resulten vacantes luego de efectuadas las correspondientes promociones.

Art. 64. - A los efectos de lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sin perjuicio de la facultad concedida al Poder Ejecutivo, declárase como servicio permanente y extraordinario, la solicitud de permiso de importación cualquiera fuere el horario que requiera el servicio.

A dichos efectos la Dirección Nacional de Aduanas percibirá de los usuarios por cada permiso de importación, la tarifa que corresponda a la siguiente escala:

De U$S

500 hasta

U$S

1.000

U$S

10

De U$S

1.001 hasta

U$S

2.000

U$S

25

De U$S

2.001 hasta

U$S

8.000

U$S

40

De U$S

8.001 hasta

U$S

30.000

U$S

90

De U$S

30.001 hasta

U$S

100.000

U$S

200

De U$S

100.001en adelante

U$S

500

Art. 65. - Fíjase en N$ 500 (nuevos pesos quinientos), el precio de las planillas de contralor que expida la Dirección Nacional de Subsistencias conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Dicho precio se actualizará anualmente en la oportunidad y forma que establece el artículo 277 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Art. 66. - Lo recaudado por concepto de cobro de la planilla de contralor establecido en el artículo anterior, será administrado por la Dirección Nacional de Subsistencias bajo los rubros que correspondan a la actividad a desplegar por dicha Dirección Nacional a través de sus Direcciones de Abastecimiento, Defensa del Consumidor, Comercial y Administrativa, no pudiendo en ningún caso imputarse a retribuciones personales.

Art. 67. - Establécese que los recursos previstos en el Decreto-Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, no están comprendidos en la limitación dispuesta por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 68. - Modifícase el inciso segundo del artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La convocatoria incluirá información sobre el número de estudiantes que serán admitidos cada año en los cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior y que no podrá exceder del doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la convocatoria".

Art. 69. - Agréganse al artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los siguientes incisos:

"Las disposiciones del inciso precedente referidas al régimen de trabajo bajo contratación, no regirán para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que resulten aspirantes seleccionados, quienes continuaran perteneciendo a sus cuadros presupuestales. Durante el tiempo en que asistan a los cursos de formación, prestarán funciones en las mismas condiciones que los demás participantes de dichos cursos".

Art. 70. - Modifícase la parte final del artículo 38 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, la que quedará redactada de la siguiente forma:

"El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido en la referida lista".

Art. 71. - Los funcionarios del Servicio Exterior vinculados por matrimonio, no podrán ejercer funciones permanentes en el exterior en forma simultánea, en la misma zona regional.

Cuando uno de los cónyuges sea destinado a desempeñar funciones permanentes en el exterior, el otro podrá solicitar licencia especial para acompañar al primero en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período que el cónyuge destinado al exterior permanezca en tal situación y sólo podrá autorizarse una sola vez a cada cónyuge.

El cónyuge que se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación. La presente disposición no alcanza a los cónyuges que hayan; contraído matrimonio antes de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 72. - Previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cónyuges de los funcionarios del Escalafón "M" a que se refiere el artículo 40 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y que prestan servicios en el exterior, podrán ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Art. 73. - El Ministerio de Relaciones Exteriores de terminará cuáles destinos en el exterior presentan condiciones de vida especiales. Transcurridos dos años de su toma de posesión en los destinos que se reglamenten, los funcionarios que así lo soliciten serán trasladados a otro país.

Art. 74. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar un concurso para acceder a cargos del Escalafón "C", entre los funcionarios del Escalafón "F", que actualmente cumplen funciones administrativas.

Exceptúase, por única vez, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974.

Art. 75. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores una partida de N$ 14:916.000 (nuevos pesos; catorce millones novecientos dieciséis mil) equivalente a U$S 110.000 (dólares de los Estados Unidos ciento diez mil) a fin de ser destinada a la adquisición de vehículos (Montevideo).

Tendrá el siguiente financiamiento:

Rentas Generales, N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil equivalentes a U$S 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América). Mediante venta de activos en desuso N$ 10:848.000 (nuevos pesos diez millones ochocientos cuarenta y ocho mil, equivalentes a U$S 80.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochenta mil).

Art. 76. - El personal contratado por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República en el exterior, podrá acogerse al beneficio de la pasividad en la forma y condiciones que establecen las leyes de la República.

En lo que respecta al personal actualmente contratado, el Estado tomará a su cargo las sumas devengadas por concepto de montepío, desde la fecha de su contratación hasta la entrada en vigencia de la presente ley, las que serán atendidas con cargo a Rentas Generales.

A partir de la vigencia de la presente ley, las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consultores actuaran como agentes de retención del montepío que deban aportar los funcionarios contratados y lo verterán a Rentas Generales por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En todos los casos, la prestación de servicios deberá ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 77. - Los recursos que obtenga el Ministerio Relaciones Exteriores, por concepto de arrendamiento de inmuebles en el exterior de propiedad del Estado afectados al mismo, podrá destinarlos a financiar inversiones y gastos de funcionamiento, excepto retribuciones personales.

Art. 78. - El Poder Ejecutivo podrá fijar, en forma anual, a propuesta de la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), en función de la variación del índice general de precios del consumo, los valores de costo de los formularios, fotocopias y carnés que expida dicha Dirección, en cumplimiento de sus cometidos específicos.

Art. 79. - La Dirección General de Servicios de Contralor Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tendrá las facultades previstas en el artículo 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.583, de 22 de junio de 1984.

Art. 80. - Declárase que el producido de la tasa creada por el artículo 112 de la Ley Nº 13.782, de 3 de noviembre de 1969, corresponde al Centro Nacional de Política y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Energía, al que se encomendaron los cometidos de la ex-Comisión de la Industria Automotriz.

Art. 81. - Los precios que la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria y Energía percibe en concepto de contraprestación por los servicios que presta a organismos oficiales y a particulares, serán fijados en base a su costo real de realización incluyendo los costos directos y los de amortización de equipos que se utilizaren en la prestación de los servicios.

No se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a los organismos oficiales del área de la salud y de la enseñanza.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Art. 82. - Autorízase una partida anual de nuevos pesos 1.000.000 (nuevos pesos un millón), para atender los costos de las consultas de Información Industrial y Tecnológica del Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial del Ministerio de Industria y Energía.

Esta partida será destinada a apoyar el desarrollo tecnológico de las actividades industriales consideradas prioritarias y los requerimientos de información industrial y tecnológica del sector oficial.

Las demás consultas que se procesen deberán ser cobradas por el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial, estrictamente a su costo.

Art. 83. - Asígnase al Ministerio de Industria y Energía, una partida por una sola vez de N$ 5.300.000 (nuevos pesos cinco millones trescientos mil), a ser utilizada como contrapartida de gastos nacionales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia técnica, en el campo del uso de la energía atómica con fines pacíficos, suscritos por el país con el Organismo Internacional de Energía Atómica, demás organismos internacionales y Comisiones nacionales de energía atómica.

Art. 84. - Créase el Ministerio de Turismo y convalídase su actuación desde el 2 de abril de 1986.

Art. 85. - Al Ministerio de Turismo corresponde lo concerniente a:

1) La política nacional del turismo.

2) Las cuestiones atinentes al turismo y lo que se relaciona con ello en materias atribuidas a otros Ministerios.

3) Fomento de las industrias del turismo.

4) Régimen, coordinación y contralor del turismo.

5) Fomento del turismo hacia el país y dentro de él.

6) Infraestructura turística.

7) Fomento, régimen y registro de hoteles, pensiones y afines, organizaciones promotoras de turismo, agencias de viajes, empresas de arrendamiento turístico y demás prestadores de servicios turísticos.

8) Las cuestiones atinentes a la atención del turista.

9) Zonas turísticas.

10) Congresos, conferencias, cursos, exposiciones, ferias y concursos referentes a su especialidad y promoción y estímulo de su realización.

11) Relaciones con los organismos internacionales de su especialidad.

Art. 86. - Los cometidos y funciones que las leyes y normas reglamentarias asignaban a la Dirección Nacional de Turismo, corresponderán al Ministerio de Turismo.

Asimismo, transfiérese a dicha Secretaría de Estado el personal de la Dirección Nacional de Turismo.

La Contaduría General de la Nación transferirá al Ministerio de Turismo las planillas de cargos y todos los créditos presupuestales correspondientes a dicha Dirección Nacional.

Art. 87. - Los bienes afectados al uso de la Dirección Nacional de Turismo, serán administrados por el Ministerio de Turismo, previo inventario e intervención de la Inspección General de Hacienda.

Art. 88. - Asígnase al Ministerio de Turismo una partida de N$ 13.137.000 (nuevos pesos trece millones ciento treinta y siete mil), destinada para mobiliario, equipos de oficina y remodelación de Sede Central y de nuevos pesos 8.000.000 (nuevos pesos ocho millones) con destino a la adquisición de vehículos.

Art. 89. - Declárase que el servicio público de transporte interdepartamental e internacional colectivo de personas por ómnibus, en líneas regulares, sólo puede ser objeto de tributos de carácter nacional.

Art. 90. - Los propietarios, prominentes compradores y, en general, quien acredite cualquier título de dominio de vehículos de carga con capacidad mínima de dos mil quilos, y de transporte colectivo de pasajeros en líneas nacionales, internacionales y de turismo, deberán comunicar, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cualquier modificación de los datos que consten en los respectivos permisos de circulación o de habilitación, expedidos por la referida unidad ejecutora.

Establécese una sanción de 3 UR (tres unidades reajustables) a quienes no den cumplimiento a la obligación dispuesta en el inciso anterior.

Art. 91. - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas suspenderá la expedición de autorizaciones, permisos y habilitaciones, a empresas transportistas que tengan adeudos pendientes con el mismo, emanados de resoluciones firmes y hasta que se regularice la situación de dichas empresas.

Art. 92. - Declárase obligatorio asegurar las responsabilidades emergentes del contrato de transporte colectivo de personas en servicios nacionales, internacionales y de turismo. Su incumplimiento será pasible de multas de hasta 50 UR (cincuenta unidades reajustables) por servicio, y de las suspensiones previstas en el artículo anterior.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición y establecerá los montos mínimos y riesgos a asegurar en cada tipo de transporte.

Art. 93. - El impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 15.315 de 23 de agosto de 1982, gravará la circulación en territorio nacional a los camiones, tractores con semi-remolque y remolque, con una capacidad de carga superior a los cinco mil quilos.

No están gravados por el citado impuesto aquellos vehículos matriculados en el país, respecto de los cuales se acredite, en forma fehaciente, que se ha hecho entrega de las chapas matrícula a los organismos municipales correspondientes, y ello por el período en que no estuvieron matriculados.

Art. 94. - Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer fictos mínimos para la determinación de los ingresos por prestación de servicios de empresas de ómnibus, a los efectos de la liquidación del impuesto creado por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, con la redacción dada por el artículo 159 de la Ley número 13.637, de 21 de diciembre de 1967.

Art. 95. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una partida anual, adicional a la actual vigente, de N$ 45.000.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones) para financiar gastos de traslados de docentes a centros de enseñanza de difícil acceso en el interior de la República.

Art. 96. - Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a otorgar un régimen de facilidades de pago a los deudores de multas, del Impuesto a los Ejes y del Impuesto del 5% (cinco por ciento) sobre la recaudación de los ómnibus interdepartamentales y de turismo (artículo 16 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, sus modificativas y concordantes), de las multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y por Impuesto a los Ejes, a los vehículos de carga (artículo 15 de la Ley Nº 12.950, sus modificativas y concordantes), al 31 de diciembre de 1985. Dicho régimen podrá otorgar facilidades de pago hasta en sesenta meses, pudiendo exonerar a los contribuyentes de multas y efectuar reformulaciones de convenios en vigencia de acuerdo a la reglamentación que se dictará por el Poder Ejecutivo.

Art. 97. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a conceder directamente, por el canon vigente, permisos precarios y revocables de extracción de áridos sub-acuáticos siempre que sean otorgados en forma no excluyente. Facúltase a dicho Ministerio a no cobrar canon, en los casos en que la extracción de los materiales se haga en zonas útiles para la navegación y en los de utilidad pública.

Art. 98. - Establécese que en los casos en que el Poder Ejecutivo cometa, asignándole los recursos necesarios, la realización de obras por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura, por el régimen de administración directa, dicha Dirección podrá contratar directamente y ordenar el gasto resultante de los servicios y suministros necesarios para la ejecución de las obras de que se trata.

El contralor de legalidad a que refiere el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República, se realizará únicamente previo a la autorización, del gasto por parte del Poder Ejecutivo, sin perjuicio del contralor posterior establecido en el literal C) del referido artículo.

Art. 99. - Créase para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de N$ 33.079.000 (nuevos pesos treinta y tres millones setenta y nueve mil), destinada a complementar la financiación autorizada para la construcción de la planta piloto, correspondiente a la contrapartida nacional en la ejecución del proyecto "Identificación de métodos de inactivación del virus de la fiebre aftosa en carnes y productos cárnicos", conforme a las obligaciones asumidas por el país en el convenio suscrito con el Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología. La obra será ejecutada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 100. - Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes necesarios para la construcción, instalación, ampliación, rectificación o ensanche de:

A)Obras de arquitectura, incluidas en las leyes de Presupuesto.

B)Construcción de puertos, escolleras, obras de drenaje, mantenimiento de costas de ríos y arroyos, obras de riego y canales.

Art. 101. - A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las actividades docentes prestadas por directores, profesores e instructores de las Escuelas de Danza, de Opera y del Centro de Capacitación y Producción, dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y de Música, dependientes de las Intendencias Municipales, así como las actividades específicas cumplidas por docentes con titulo habilitante en Casas de Cultura y Bibliotecas estatales o municipales, estarán comprendidas en la excepción prevista por el artículo 74, del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979.

En aquellas actividades o profesiones donde no se expidan títulos habilitantes, deberá acreditarse idoneidad específica mediante prueba supletoria.

Art. 102. - Asígnase, por una sola vez, una partida de N$ 20:000.000,00 (nuevos pesos veinte millones) a efectos de instrumentar y poner en funcionamiento el "Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas", la que será administrada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 103.- Los Agentes del Diario Oficial en el interior de la República deberán contratar, con el Banco de Seguros del Estado, seguros de fidelidad que respalden el manejo de valores, como condición indispensable para el ejercicio de su función.

Art. 104. - Fíjanse, para la ficha médica de aptitud deportiva creada por el Decreto-Ley Nº 14.692, de 29 de agosto de 1977, a partir de la vigencia de la presente ley, las siguientes tasas:

A) Exámenes de alta especialización (automovilismo, motociclismo, karting, pesca submarina, boxeo profesional, salvavidas y arbitros deportivos), N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

B) Exámenes no comprendidos en el literal anterior, N$ 30,00 (nuevos pesos treinta).

C) Reexámenes, N$ 30 (nuevos pesos treinta).

D) Test de entrenamiento, N$ 100 (nuevos pesos cien).

E) Exámenes a personas mayores de cuarenta años, N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

Exonérase del pago de las tasas fijadas por el presente artículo, a aquellas personas que posean certificados de aptitud vigente, expedido por autoridad sanitaria pública. La presente exoneración no regirá en caso de ser necesaria la realización de exámenes complementarios, en virtud de la naturaleza del deporte a practicar.

A iniciativa de la Comisión Nacional de Educación Física, el Poder Ejecutivo ajustará las tasas establecidas en el inciso primero, en forma semestral, en un monto no mayor al de la variación operada en el Indice de Precios al Consumo, en el período transcurrido desde la última fijación o ajuste, en su caso.

Art. 105. - Sustitúyese el artículo 192 de la Ley Nº 13.835 de 7 de enero de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 192. - Aquellos que no cumplan, en tiempo y forma, con la obligación de depósito establecida en la presente ley, serán penados con una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público del o de los ejemplares no depositados, con un monto mínimo de 5 UR (cinco Unidades Reajustables). En caso de reincidencia este monto mínimo será de 10 UR (diez Unidades Reajustables).

La imposición de esta multa no exime al infractor de la obligación de constituir el depósito del o de los ejemplares correspondientes.

Las multas serán impuestas y cobradas por la Biblioteca Nacional, siguiéndose para el procedimiento las normas de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947".

Art. 106. - Sustitúyese el articulo 29 del Decreto-Ley Nº 15.027 de 17 de junio de 1980, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La inscripción deberá realizarse dentro de los treinta días de dictado el acto inscribible, y caducará a los cinco años de efectuada. Lo establecido es sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 20 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y el artículo 223 de la Ley Nº 13.318 de 28 de diciembre de 1964".

Art. 107. - Suspéndese la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514 de 29 de diciembre de 1983, hasta el 1º de enero de 1989.

Art. 108.- A partir del 1º de enero de 1988, las inscripciones de los actos relativos a bienes inmuebles radicados en el interior del país, que actualmente se inscriben en los Registros de Hipotecas de la 1ª y 2ª Sección General de Arrendamientos y Anticresis y en el Registro General de Inhibiciones, Secciones Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos, Embargos y Reivindicaciones, se realizarán en los Registros Departamentales o Local de Traslaciones de Dominio donde estuviere radicado el bien objeto del acto.

Las cesiones, modificaciones, rescisiones y cancelaciones de derechos inscriptos se registrarán en la repartición originaria.

Art. 109. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 22. - La declaración de monumento histórico será inscripta en la Sección Reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones a los solos fines informativos, lo que se hará constar en el respectivo certificado. A estos efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a dicho Registro la declaración efectuada dentro del plazo de setenta y dos horas. La inscripción caducará a los treinta años, pudiendo reinscribirla por períodos iguales y sucesivos, mientras el Estado mantenga su interés en la afectación".

Art. 110. - Autorízase a la Dirección General de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura a expedir en forma gratuita recaudos y actuaciones de Estado Civil, cuando dicha expedición sea solicitada por el Consejo del Niño y Gobiernos Departamentales.

Art. 111.— Sustitúyese el artículo 222 del Decreto-Ley Nº 14.416 de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 222. - Autorízase a la Dirección Nacional de Correos a retener hasta doscientos sellos y hojitas filatélicas postales de cada emisión, con destino a intercambio, obsequio y difusión, dando cuenta de su utilización al Poder Ejecutivo".

Art. 112. - Modifícase el artículo 388 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 388. -. Los establecimientos privados que alberguen menores del Consejo del Niño percibirán, por el cuidado y mantenimiento de los mismos una retribución equivalente a los siguientes porcentajes del sueldo correspondiente al Escalafón Ab, Grado 1, de la citada Unidad Ejecutora, con treinta horas semanales de labor, por cada menor: preescolar, 40% (cuarenta por ciento); escolar, 46% (cuarenta y seis por ciento); liceal, 52% (cincuenta y dos por ciento); y anormal, 56% (cincuenta y seis por ciento)".

Art. 113. - Las guarderías privadas que atienden durante el día menores del Consejo del Niño, percibirán del organismo una remuneración equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), de las retribuciones que se abonan a los establecimientos privados que albergan menores a tiempo completo.

Dichas remuneraciones serán reglamentadas y atendidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Facúltase a la Contaduría General de la Nación a habilitar las sumas necesarias para atender dichas erogaciones y ajustarlas de conformidad a lo previsto por el artículo 389 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986.

Art. 114. - Créase en el Ministerio de Educación y Cultura, el "Fondo para el Peculio del Menor", que será provisto por la recaudación proveniente de los siguientes recursos:

A) El producido de la venta de planillas de trabajo del menor (artículo 237 del Código del Niño y Decreto Nº 485/978, de 22 de agosto de 1978).

B) El producido del porcentaje de las tutelas y curatelas dispuesto por los artículos 413 del Código Civil, 65 de la Ley Nº 9.539, de 31 de diciembre de 1935 y 1º de la Ley Nº 10.621 de 20 de junio de 1945.

C) El producido de los proventos a que se refieren los artículos 3º de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953 y 447 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

D) El producido de la participación en el impuesto a los bailes creado por los literales b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 10.853, de 23 de octubre de 1946, este último en la redacción dada por el artículo 469 de la Ley Nº 14.106 de 14 de marzo de 1973.

E) El producido de las multas a que hacen referencia los artículos 105, 106 (párrafo 2), 232, 240, 241, 244, 245, 246 y 248 del Código del Niño, 325 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y los Decretos Nº. 329/979, de 14 de febrero de 1979 y Nº 746/985 de 10 de diciembre de 1985.

Los recursos extrapresupuestales indicados en este artículo y afectados al "Fondo del Peculio del Menor", estarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El Consejo del Niño tendrá la disponibilidad del 100% (cien por ciento) del producido de los recursos mencionados.

El fondo será administrado por el Consejo del Niño. quien lo distribuirá entre los menores a su cargo, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, en un plazo de noventa días a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 115. - Incorpórase en el "Ministerio de Educación y Cultura" una partida de N$ 8:105.234,10 (nuevos pesos ocho millones ciento cinco mil doscientos treinta y cuatro con 10/100), a precios de enero de 1986, a fin de ser destinada a la remodelación y acondicionamiento del local de la calle Uruguay 933.

Esta incorporación no afecta lo dispuesto por el artículo 438 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986.

Art. 116. - Asígnase una partida anual de nuevos pesos 100: 000.000,oo (nuevos pesos cien millones) con destino a otorgamiento de becas de estudio en el territorio nacional, en favor de estudiantes cuya condición económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o universitaria.

La administración de dicho Fondo y el establecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, corresponden a la "Comisión Nacional de Becas", constituida por siete delegados honorarios designados por las siguientes instituciones: uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá; dos por la Universidad de la República; dos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dos por las Intendencias Municipales del Interior. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los funcionarios y los elementos materiales requeridos para su funcionamiento.

La Comisión será instalada dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 117. - Los Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública deberán cumplir un horario no inferior a cuarenta horas semanales.

Art. 118. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.263, de 5 de setiembre de 1974, a partir del 1º de enero de 1986, las contrataciones a término de practicantes de medicina designados por concurso para cubrir cargos en la circunscripción única conformada por el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina.

Art. 119. - Extiéndese la competencia de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en materia de seguridad, higiene, condiciones ambientales de trabajo y salud laboral en general, a la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas de Derecho Público no estatales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los procedimientos formales a seguir por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en el Ejercicio de sus funciones.

Art. 120. - Agrégase a las partidas establecidas en el artículo 516 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, un importe equivalente a la suma de U$S 10:000.000,oo (dólares de los Estados Unidos de América diez millones), con destino a la terminación de las obras del Palacio de Justicia (Padrones Nos. 5682, 5683 y 5684 del departamento de Montevideo).

Dicha partida se discriminará de la siguiente forma: año 1987, U$S 2:000.000,oo (dólares de los Estados Unidos de América dos millones); año 1988, U$S 4:000.000,oo (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones) y año 1989, U$S 4:000.000.oo (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones).

Art. 121. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay, las tasas de interés a abonar por esta Institución por los depósitos judiciales, los que tendrán el destino a que alude el artículo 550 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 122. - Establécese que el pago del tributo a que refieren los artículos 554 a 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se realizará, en todos los casos, mediante depósitos en la cuenta "Tesoro Nacional-Ejecuciones Judiciales", en dependencias del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Art. 123. - Exonérase a los organismos de la Administración Central y al Banco de Previsión Social, del tributo establecido por el artículo 554 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 124. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a modificar y redistribuir las jurisdicciones territoriales de los Juzgados de Paz Rurales, entre todos los juzgados de Paz del Interior de la República.

A los efectos dispuestos precedentemente, la Suprema Corte de Justicia deberá tomar en consideración el número de habitantes, las características y las necesidades de las distintas zonas del país.

Art. 125. - Declarase con carácter interpretativo que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.528, de 1º de junio de 1976, modifican el límite de competencia establecido por el numeral 1) del artículo 257 de la Ley número 13.318 de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 494 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, son de aplicación a los asuntos que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigencia de las respectivas resoluciones.

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.533, de 12 de agosto de 1976.

Art. 126. - Autorízase al Tribunal de Cuentas de la República una partida de N$ 1:200.000.00 (nuevos pesos un millón doscientos mil) para adecuación del edificio y una partida de N$ 2:300.000,00 (nuevos pesos dos millones trescientos mil) para mobiliario y equipamiento.

Art. 127. - Los funcionarios que, reuniendo las condiciones prescriptas en el inciso primero del artículo 7 de la presente ley, estén cumpliendo tareas en el Tribunal de Cuentas, quedan alcanzados por el régimen establecido en dicha norma.

Art. 128. - La Corte Electoral tendrá, respecto a sus funcionarios, la facultad a que refiere el Inciso final del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Art. 129. - Autorízase a la Corte Electoral, para los destinos que se indican, las siguientes partidas:

a) "Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina". N$ 7:023.632,00 (nuevos pesos siete millones veintitrés mil seiscientos treinta y dos).

b) "Adquisición de Sub-Estación de UTE", nuevos pesos 8: 758.883, (nuevos pesos ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres).

c) "Adquisición de Máquinas y Accesorios de Imprenta" N$ 8:924.145,00 (nuevos pesos ocho millones novecientos veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco).

d) "Adquisición de Equipos y Accesorios para Fotografía" N$ 2:313.667,00 (nuevos pesos dos millones trescientos trece mil seiscientos sesenta y siete).

e) "Reacondicionamiento de Inmueble Sede Central". N$ 3:098.661,00 (nuevos pesos tres millones noventa y ocho mil seiscientos sesenta y uno).

f) "Adquisición e Instalación de un Ascensor". Nuevos pesos 6.197.323,00 (nuevos pesos seis millones ciento noventa y siete mil trescientos veintitrés).

Art. 130. - Establécese una partida anual de nuevos pesos 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón), para equipamiento y alhajamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 131. - Establécese para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una partida por un importe equivalente a U$S 4.500,00 (cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), para la compra de una fotocopiadora.

Art. 132. - Autorízase a ANEP una partida anual de N$ 325.000.000,00 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones) con destino a sus inversiones autorizadas.

Art. 133. - Fíjase a la Universidad de la República una partida de N$ 110:000.000,00 (nuevos pesos ciento diez millones) para la construcción de 5.100 metros de aulas universitarias de los cuales se podrá invertir nuevos pesos 55:000.000,00 (nuevos pesos cincuenta y cinco millones en el año 1987.

Art. 134. - La Universidad de la República podrá disponer íntegramente del 100% (cien por ciento) de los ingresos previstos por los literales B), C) y D) del artículo 45 de la Ley Nº 12.549, de 16 de octubre de 1958. La utilización de proventos se ajustará a las previsiones que se realicen anualmente. Si no se tratara de ingresos periódicos, dicha previsión se efectuará en ocasión de concertarse o renovarse los convenios u otros instrumentos que generen ingresos y eventualmente establezcan obligaciones para la Universidad de la República. En todas las situaciones la utilización de los recursos se efectuará de conformidad con las Ordenanzas que dicte el Tribunal de Cuentas, e informando anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los ciento veinte días del cierre del Ejercicio. Dentro de lo que establezcan dichas Ordenanzas, los fondos extrapresupuestarios podrán destinarse al pago de gastos corrientes, inversiones o retribuciones personales.

Art. 135. - Auméntase a N$ 7:500.000,00 (nuevos pesos siete millones quinientos mil) y N$ 1:725.000,00 (nuevos pesos un millón setecientos veinticinco mil) las partidas previstas en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, destinadas al Movimiento de la Juventud Agraria y Fundación Pro Cardias, respectivamente.

Art. 136. - Inclúyense en la nómina establecida en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con vigencia a partir del 19 de enero de 1987, a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado y a la escuela para adultos "Federico Ozanam" de la ciudad de Montevideo, con una partida de N$ 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón) a cada una.

Art. 137. - Asígnase al Consejo de Capacitación Profesional creado por el Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979, un subsidio para el Ejercicio 1986, de hasta N$ 45:237.000,00 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil), para atender gastos de funcionamiento y de inversiones.

Art. 138. - Incrementase, para el Ejercicio 1986, el subsidio asignado para gastos de funcionamiento a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en N$ 325.768.000 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones setecientos sesenta y ocho mil).

Art. 139. - Asígnase al Instituto Nacional de Colonización una partida por una sola vez de N$ 272:000.000,00 (nuevos pesos doscientos setenta y dos millones), para inversiones en campos de recría lechera y recomposición de unidades productivas en la zona de minifundios del sur del país.

Art. 140.- Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay, a partir del Ejercicio 1987, un subsidio anual de N$ 3.390:000.000,00 (nuevos pesos tres mil trescientos noventa, millones). Esta partida se ajustará por el mecanismo previsto por el artículo 69 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 141. - Suprímese, a partir del 1º de enero de 1987, el Subsidio asignado para inversiones a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el literal a) del artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por un monto de N$ 165:696.000,00 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil)

Art. 142 - Deróganse el artículo 516 de la Ley número 13.892, de 19 de octubre de 1970 y todas aquellas disposiciones que pongan a cargo del Tesoro Nacional pagos a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), por concepto de déficit de pasterización.

Art. 143. - Destínase del producido líquido de la primera lotería siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previa deducción de la suma de nuevos pesos 300.000,00 (nuevos pesos trescientos mil), con destino al Plenario Nacional de Impedidos, un 25% (veinticinco por ciento) para la Cruz Roja Uruguaya y un 10% (diez por ciento) para el Patronato del Sicópata.

Art. 144. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a disponer de una partida de nuevos pesos 6:128.035,00 (nuevos pesos seis millones ciento veintiocho mil treinta y cinco), equivalente a U$S 45.192,00 (cuarenta y cinco mil ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América), como contribución al Convenio de Cooperación Técnica en materia de Investigación Agropecuaria (PROCISUR), celebrado entre los Países del Cono Sur, el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Art. 145. - Los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con gobiernos extranjeros requieren la aprobación de la Asamblea General.

No requieren ratificación legislativa los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con Organismos Internacionales de los que el país forma parte.

Respecto de los convenios o contratos que celebren los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la materia del Convenio o contrato deberá ser propia del giro que preceptivamente les asignen las leyes, conforme a los fines de sus actividades normales. El Poder Ejecutivo establecerá los casos que requerirán su autorización previa.

En todo caso, se dará cuenta a la Asamblea General dentro de los 10 días siguientes al de su celebración.

Art. 146. - Establécese una partida por una sola vez de N$ 542:400.000,00 (nuevos pesos quinientos cuarenta y dos millones cuatrocientos mil), equivalente a dólares 4:000.000,00 (cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América), para atender la contraparte local del contrato de préstamo Nº 786/SF-UR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con destino al Fondo de Preinversión.

Esta partida regirá a partir de la vigencia del citado contrato de préstamo.

Art. 147. - El organismo ejecutor del "Programa Global de Preinversión", a que refiere el contrato de préstamo mencionado en el artículo anterior, será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que administrará los recursos objeto del financiamiento. A tal efecto, suscribirá los contratos y convenios que fueren necesarios a fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa.

Art. 148. - Autorízase a los organismos públicos comprendidos en el Presupuesto Nacional a utilizar financiamiento del Fondo de Preinversión para estudios de proyectos.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá la apertura de los créditos correspondientes, con financiación de endeudamiento interno, en el Plan de Inversiones de los Incisos, a medida que se vayan concretando los desembolsos de los préstamos. De tales habilitaciones se dará cuenta a la Asamblea General. El servicio de deuda de los préstamos destinados a organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional y a Gobiernos Departamentales, será atendido con cargo a Rentas Generales.

Las contrataciones de los servicios de consultoría que utilicen financiamiento del Fondo de Preinversión, por los organismos del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales, tanto con personas físicas como jurídicas, se realizarán de acuerdo con los procedimientos previstos en el contrato de préstamo mencionado en el artículo 110 de la presente ley, así como en el Reglamento de Operaciones del Programa.

Art. 149. - El Banco de la República Oriental del Uruguay será el agente financiero del "Programa Global de Preinversión", en lo estrictamente relacionado con la actividad bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato de préstamo referido.

La comisión que deberá abonarse al Banco de la República Oriental del Uruguay, se atenderá con cargo a una partida estimativa por parte de Rentas Generales.

Art. 150. - Asígnase con cargo al "Plan Nacional de Interconexión Vial" las siguientes partidas para los siguientes destinos:

A) "Caminos Rurales del Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP)", la cantidad de N$ 487:340.000,00 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiación del FIMTOP, la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

B) "Caminos Rurales (Endeudamiento Externo)", la cantidad de N$ 487:340.000,00 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiamiento externo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

Las partidas financiadas con cargo a FIMTOP y Endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Estas partidas se ajustaran en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 151. - Asígnase al "Plan Nacional de Desarrollo para Obras Públicas Municipales" que atiende el Estado, las partidas y destinos siguientes:

A) "Obras Municipales (Rentas Generales)", las cantidades de N$ 155:949.000 (nuevos pesos ciento cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 107:215.000 (nuevos pesos ciento siete millones doscientos quince mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por Obras Sanitarias del Estado (OSE), en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

B) "Obras Municipales (Endeudamiento Externo)", la cantidad de N$ 623:795.000 (nuevos pesos seiscientos veintitrés millones setecientos noventa y cinco mil ), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 428:905.000 (nuevos pesos cuatrocientos veintiocho millones novecientos cinco mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por Obras Sanitarias del Estado (OSE), en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

Las partidas con cargo a Rentas Generales y Endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Estas partidas se ajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 152. - Disminúyese la transferencia para inversiones a favor de O.S.E. dispuesta por la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, en la cantidad de nuevos pesos 204:683.000 (nuevos pesos doscientos cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil) para 1987; nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1988 y nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1989.

Amplíase a partir de 1987, el renglón 7.3.1.262, Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), en la cantidad de N$ 165:696.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil), financiada con recursos de Rentas Generales.

Art. 153. - Amplíase, a partir del 10 de enero de 1987, la transferencia dispuesta por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 con destino al "Plan Desarrollo Integral para el área Tacuarembó-Rivera", en la cantidad de N$ 66:383.000 (nuevos pesos sesenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil).

Art. 154. - Establécese una partida, por una sola vez, de N$ 79:000.000 (nuevos pesos setenta y nueve millones), con destino a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), para atender los gastos de inversión que demande el abastecimiento de agua para el complejo carcelario de Santiago Vázquez.

Art. 155. - Se establecen, con destino a las "Obras para la Contención de Inundaciones en el Bajo Río Negro", las siguientes partidas: N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) y N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones), para los años 1986 y 1987, respectivamente.

Art. 156. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 5º del Titulo 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 5º - Territorialidad. - Estarán gravadas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional y la introducción efectiva de bienes, independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, y no lo estarán las exportaciones de bienes y servicios".

Art. 157. - Sustitúyense los literales a) y b) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, por los siguientes:

"a) Quienes realicen los actos gravados en el ejercicio de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, incluidos en el literal A) del artículo 2º del Título 2 del TO. 1982, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

b)Quienes perciban retribuciones por servicios personales no comprendidos en el literal anterior o por su actividad de profesionales universitarios con excepción de las obtenidas en relación de dependencia".

Declárase vigente desde el 1º de mayo de 1986, la sustitución del literal a) del artículo 6º del Título 6 del TO. 1982.

Art. 158. - Sustitúyese el literal b) del artículo 8º del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"b) En las importaciones las tasas se aplicaran sobre el Costo CIF, mas los recargos.

Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena o por no contribuyentes, se agregara un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) sobre el costo CIF, mas los recargos.

Art. 159. - Sustitúyese el literal k) del numeral 1) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"k) Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los pornográficos.

Estará asimismo exento el material educativo.

El Poder Ejecutivo determinara la nómina de los artículos comprendidos dentro del material educativo."

Art. 160. - Sustitúyese el artículo 33 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 33. - Recaudación. - El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y época de percepción del impuesto, pudiendo requerir en el curso del año fiscal pagos a cuenta del mismo, calculados en función de los ingresos gravados del ejercicio, del impuesto que hubiera correspondido tributar por el ejercicio anterior o de cualquier otro índice representativo de la materia imponible de este impuesto.

Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar períodos de liquidación mensual para aquellos contribuyentes que designe en función de características tales como el nivel de ingresos, naturaleza del giro, forma jurídica o por la categorización de contribuyentes que realice la administración. Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y exentas, la deducción del impuesto a los bienes y servicios no destinados exclusivamente a unos o a otros se efectuará en la proporción correspondiente al monto de las operaciones gravadas del ejercicio, sin perjuicio de su liquidación mensual.

En el caso de importaciones el impuesto deberá abonarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción."

Art. 161. - Agréganse al artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, los siguientes incisos:

"Para los sujetos pasivos que realicen a la vez actividades agropecuarias e Industriales, el ejercicio económico coincidirá con el ejercicio fiscal.

No obstante, mediando solicitud fundada del contribuyente, la Dirección General Impositiva podrá autorizar distintos cierres de ejercicio.

Esta disposición regirá para los ejercicios que cierren con posterioridad al 30 de junio de 1985."

Art. 162. - Agrégase al artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, con el texto dado por el artículo 6º de la Ley Nº 15.768, de 13 de setiembre de 1985, el inciso siguiente:

"Cuando quienes realicen a la vez actividades agropecuarias e industriales, cierren ejercicio en otra fecha que el 30 de junio, valuarán sus existencias por su valor en plaza, el que podrá ser impugnado por la Administración."

Art. 163. - Sustitúyese el artículo 16 del Título 8º del T. 0.1982, por el siguiente:

"ARTICULO 16. - Queda exonerada del impuesto la tenencia de obligaciones emitidas por empresas. La presente exoneración estará condicionada a que las obligaciones de referencia se coticen en la Bolsa de Valores."

Art. 164.- Derógase el artículo 10 del Titulo 8º del T.0. 1982.

Art. 165 - Sustitúyese el artículo 9º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 99 - Activo fijo. - Se entenderá por bienes del activo fijo los que constituyen el asiento de la actividad y los demás bienes de uso utilizados por el contribuyente o por terceros; los inmuebles se considerarán bienes de activo fijo, salvo los destinados a la venta.

La actualización de valores de los bienes del activo fijo y su amortización será obligatoria a todos los efectos fiscales. La actualización deberá realizarse anualmente, aplicando el porcentaje de la variación del índice de precios al por mayor producida entre los meses de cierre del ejercicio anterior y el que se liquida.

Para los bienes dados en arrendamiento, el Poder Ejecutivo podrá establecer coeficientes especiales atendiendo a su valor de mercado o su rentabilidad".

Art. 166. - Incorpórase al artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, los siguientes incisos:

"Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, destinados a capacitar su personal en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse entre una vez y medía y dos su monto real, según lo establezca el Poder Ejecutivo".

"El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos".

Art. 167. - Sustituyese el inciso segundo del artículo 16 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"En los casos de los literales A), B), C), D) y F) se podrá optar por determinar las rentas netas reales de fuente uruguaya, de acuerdo con las normas que determine la reglamentación".

Art. 168. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 27 del Título 9 del T.O. 1982.

Esta facultad sólo podrá utilizarse en la medida que hayan transcurrido seis meses de iniciado el ejercicio.

Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

Art. 169. - Sustitúyese el artículo 29 del Título 7 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 29. Valores imponibles. - Las tasas se aplicarán sobre los valores reales o sobre los valores fictos que fije el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los precios de venta corrientes al consumo.

Los valores fictos a que refiere el inciso anterior, serán fijados semestralmente como precios básicos.

La Dirección General Impositiva ajustará, cada bimestre, los precios fictos básicos, en función de la variación que experimenten los precios de los bienes gravados".

Art. 170. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.584 de 27 de junio de 1984, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 15.767 de 13 de setiembre de 1985, por el siguiente:

"Quedan exonerados los profesionales universitarios y los agentes auxiliares de comercio a que hace referencia el artículo 66 del Código de Comercio, con excepción de los corredores. Quedarán asimismo gravados los despachantes de aduana, rematadores y mandatarios en general, en tanto realicen los hechos generadores del presente impuesto".

Art. 171. - Derógase el impuesto creado por el artículo 650 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 172.- Créase un impuesto adicional del 2%o (dos por mil) al tributo creado por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 15.768 de 13 de setiembre de 1985.

El producido de este impuesto se destinará a la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).

Art. 173. - Deróganse los artículos 657 a 662 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 174. - Declárase que las normas de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que establecen tributos modifican los existentes o regulan los procedimientos administrativos (artículos 625, 627, 628, 630, 636 a 650, 652 a 654, 656 a 662 y 667 a 673), entraron en vigencia el 10 de mayo de 1986.

Art. 175. - Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales del Impuesto Específico Interno (IMESI) que regirán para los hechos generadores mencionados en los numerales 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 12) del artículo 19 del Titulo 7 del T.O. 1982.

La facultad indicada precedentemente estará limitada a las zonas geográficas de los departamentos de fronteras terrestres que determine el Poder Ejecutivo y a las enajenaciones gravadas de determinados bienes.

En todos los casos las tasas que se fijen no podrán exceder de los máximos actualmente establecidos en el artículo 1º del Titulo 7 del T.O. 1982, para los hechos generadores mencionados en el presente artículo.

El Poder Ejecutivo dispondrá la forma y condiciones en que operará la presente disposición a efectos de su funcionamiento y contralor, pudiendo limitar su alcance, inclusive basado en el domicilio, residencia o nacionalidad del adquirente de los bienes gravados.

Art. 176. - Sustitúyese el artículo 647 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 647. (TASA). - La tasa del impuesto será de hasta 1,5% (uno con cinco por ciento) anual excepto para los siguientes hechos generadores en que será de hasta el 0,75% (cero setenta y cinco por ciento) anual:

a) Créditos para financiar exportaciones e importaciones en admisión temporaria.

b) Préstamos otorgados a plazos no inferiores a tres años.

c) Préstamos a organismos públicos, incluyendo Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos que no realicen actividades comerciales e industriales.

d) Préstamos de crédito social del Banco de la República Oriental del Uruguay.

e) Créditos eventuales que se generen por el otorgamiento de fianzas, avales, garantías y aceptaciones.

La tenencia de deuda pública nacional estará exenta del presente tributo.

Previamente a la determinación de las tasas referidas, se oirá al Banco Central del Uruguay. El Poder Ejecutivo podrá aplicar tasas diferenciales, tanto para los distintos hechos generadores previstos en este artículo como para los diversos rubros gravados incluidos en dichos hechos generadores, siempre dentro de los limites máximos previstos en el presente artículo".

Art. 177. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. (Deducción). - Se considerarán gastos del ejercicio en que se realicen:

a) los cultivos anuales;

b) los de implantación de praderas permanentes;

c) alambrados;

d) los de construcción de tajamares, y

e) los de implantación de bosques protectores o de rendimiento".

Art. 178. - Sustitúyese desde su vigencia el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 11. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones legales genéricas de tributos establecidas en favor de determinadas entidades o actividades. Las rentas provenientes de las explotaciones de bosques y montes a que se refieren los artículos 33 a 37 del Título 2 del T. 0.1982, están exoneradas del presente tributo".

Art. 179. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 19 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"En caso de existir activos afectados a la producción de rentas no gravadas, el pasivo se computará en la proporción que guarda el activo afectado a la producción de rentas gravadas con respecto al total del activo valuado según normas fiscales".

Esta norma regirá para los ejercicios cerrados a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 180. - Inclúyese en el artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, el literal siguiente:

"g) Quienes sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias".

Art. 181. - Sustitúyese el literal A) del numeral 1) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"A) Frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural".

Art. 182. - Impuesto a facturar. El Impuesto al Valor Agregdo (IVA) correspondiente a la circulación de productos agropecuarios en su estado natural, no será incluido en la factura o documento equivalente, permaneciendo en suspenso a los efectos tributarios hasta tanto se transforme o altere la naturaleza de los mismos. En este último caso, los enajenantes deberán incluir el impuesto que resulte de aplicar la tasa que corresponda sobre el importe total neto contratado o facturado y no tendrán derecho a crédito fiscal por el IVA en suspenso.

El impuesto correspondiente a la prestación de servicios y ventas de insumos y bienes de activo fijo, excepto reproductores, realizados por los contribuyentes del literal

g) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, deberá ser incluido en la factura o documento equivalente.

Impuesto a deducir. El IVA incluido en las adquisiciones de servicios, insumos y bienes de activo fijo por los contribuyentes mencionados en el inciso anterior y que integren el costo de los bienes y servicios producidos por los mismos, será deducido conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente:

Art. 183.- Liquidación del Impuesto. El impuesto a pagar se liquidará partiendo del total del impuesto facturado según lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior descontando el impuesto correspondiente a las causas referidas en el inciso final del artículo 3º del Título 6 del T.O. 1982.

De la cifra así obtenida se deducirá:

A) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las adquisiciones referidas en el inciso tercero del artículo anterior, en la forma prevista en el inciso tercero del Literal B) del artículo 9º del Título 6 del T.O. 1982.

B) El impuesto pagado al importar los bienes referidos en el literal anterior.

Si mediante el procedimiento indicado resultare un crédito a favor del contribuyente, éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales, en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

En caso de ventas realizadas por quienes no sean sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), de bienes cuyo IVA ha permanecido en suspenso, no se podrá deducir el mismo de compras correspondientes a los bienes o servicios que integren, directa o indirectamente, el costo de los bienes de referencia.

Art. 184. - El período de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecido para los contribuyentes del literal g) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, será anual.

Su ejercicio fiscal coincidirá con el dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA).

Art. 185. - Los contribuyentes del IMAGRO; podrán deducir de su impuesto el Impuesto al Valor Agregado debidamente documentado, correspondiente al costo de los rubros que integran las deducciones de los artículos 11 y 12 del Título 1, del T.O. 1982, en la forma y condiciones establecidas en los artículos siguientes.

Si resultara un crédito a favor del contribuyente este será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 186. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido en los rubros del artículo 11, del Título 1 del TO. 1982, será deducido hasta un máximo equivalente al importe resultante de multiplicar el IVA de dichos rubros por hectárea de productividad media, por la superficie explotada y proporcionado al índice de productividad asignado a la misma.

Art. 187. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en el costo de los rubros del artículo 12 del Título 1 del T. O. 1982, se deducirá en la misma proporción que las deducciones condicionadas admitidas fiscalmente, guardan con el total de deducciones condicionadas realizadas.

Art. 188. - Agréganse al artículo 11 del Titulo 1 del T. 0.1982, los incisos siguientes:

"El costo de producción pecuaria, por hectárea de productividad media, será calculado con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido en los rubros que lo integran.

El IVA incluido en los rubros que integran el costo de producción pecuaria por hectárea de productividad media, también deberá calcularse a los efectos de su posterior deducción."

Art. 189. - Agrégase al artículo 12 del Titulo 1 del T. 0. 1982, el Inciso siguiente:

La deducción condicionada deberá computarse con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)."

Art. 190. - Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 1º (Estructura). - Créase un impuesto anual que gravará las rentas netas de fuente uruguaya obtenidas en el ejercicio de actividades agropecuarias. Dicho impuesto se denominará Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA)."

Art. 191. - Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 2º - Constituyen rentas comprendidas:

A) Las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria.

B) Las provenientes de arrendamientos.

C) El resultado de la enajenación de bienes del activo fijo que se determinará por la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los bienes enajenados.

No constituirá renta el resultado de la enajenación de inmuebles rurales (tierra y mejoras).

No estarán comprendidas las rentas derivadas de arrendamientos inscriptos antes del 31 de agosto de 1984 y por el plazo original de duración del contrato, hasta su primera revisión, ni los arrendamientos, inferiores a NS 500.000 (nuevos pesos quinientos mil) anuales, cifra que se actualizará en igual proporción en que varíe el tope a que refiere el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984".

Art. 192. - Agrégase al artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades, de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria."

Art. 193. - Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias en concepto de honorarios a técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico - Profesional) y Escuela Agrícola Jackson, por asistencia en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse por una vez y media su monto real.

El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos.

Art. 194. - Sustitúyese el artículo 3º del Título 1 del T. 0. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 3º - Constituyen rentas comprendidas las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria."

Art. 195. - Agrégase al artículo 29 del Titulo 1 del T. 0.1982, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental, o transitoria."

Art. 196. - Agrégase al Rubro de Deducción Condicionada a que se refiere el artículo 12 de Título 1 del Texto Ordenado 1982, el siguiente literal:

"G) Honorarios de los técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico -Profesional) y Escuela Agrícola Jackson que asistan al productor agropecuario en las áreas prioritarias que establezca el Poder Ejecutivo."

Art. 197. - Sustitúyese el Art. 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984 con la redacción dada por el art. 29 del Decreto-Ley Nº 15.726 de 8 de febrero de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 13. - Los contribuyentes que en el período 15 de octubre de 1984 a 30 de junio de 1985 obtengan ingresos netos que superen el monto de nuevos pesos 3:000.000 (nuevos pesos tres millones) actualizado por la variación experimentada en el índice de precios mayoristas agropecuarios en el período octubre de 1984 a junio de 1985 deberán tributar obligatoriamente el impuesto que se crea por el art. 1º de esta ley, a partir del ejercicio comprendido entre el 19 de julio de 1985 y el 30 de junio de 1986.

Para el Ejercicio 1º de julio de 1986 a 30 de junio de 1987 el Poder Ejecutivo fijará el monto a que se refiere el inciso 1º.

Para el Ejercicio 1º de julio de 1987 a 30 de junio de 1988 el monto será el equivalente al ingreso bruto de 1.750 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio 1º de julio de 1986 al 30 de junio de 1987 determinado de conformidad con lo que dispone el artículo 10 del título 1 del Texto Ordenado 1982.

Para los Ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1988 el Poder Ejecutivo fijará el monto que no podrá ser inferior al equivalente al ingreso bruto de 1.500 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio inmediato anterior determinado de conformidad con lo que dispone el Art. 10 del Título 1 del Texto Ordenado 1982.

A efectos de la aplicación del respectivo límite los ingresos por arrendamientos se computarán por seis veces los importes devengados en el período correspondiente y los ingresos netos provenientes de la venta de productos agropecuarios que no sean ganado, lana, cueros y cerdas se computarán por el 50 % (cincuenta por ciento).

El término ingreso neto comprende el monto de las ventas netas y los servicios prestados. Por ventas netas se considerará el valor que resulte de deducir, de las ventas brutas, las devoluciones, bonificaciones y descuentos comerciales u otros conceptos similares de acuerdo con las costumbres y usos de plaza."

Art. 198. - El primer reajuste de los convenios de facilidades celebrados conforme al régimen establecido por la Ley Nº 15.781 de 28 de noviembre de 1985, se efectuará al 30 de abril de 1987.

Art. 199. - Exonérase del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), a las radioemisoras del interior del país (AM), que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

A) Cuyas plantas emisoras se encuentren ubicadas en poblaciones de menos de diez mil habitantes.

B) Su potencia emisora no supere los 250 Watts.

Art. 200. - Declárase que las asociaciones de jubilados y pensionistas, de todo el país, con personería jurídica, están beneficiadas con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Art. 201. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 9º (Canalización de ahorro) - El Poder Ejecutivo podrá establecer que las personas físicas o jurídicas que efectúen aportes documentados en acciones nominativas por empresas comprendidas en la presente ley, puedan deducir para la liquidación del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) el monto de lo invertido antes del plazo de presentación de la respectiva declaración jurada. En caso de enajenarse dichas acciones antes de los tres años de adquiridas, deberá reliquidarse el impuesto correspondiente abonándose la diferencia resultante. El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual se otorga el beneficio de canalización de ahorro y el monto máximo de la integración de capital, generadora de la exoneración del impuesto a la renta."

Art. 202. - Derógase el Tributo de Sellos que grava la cancelación de obligaciones provenientes de retribuciones personales de los afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones a que refiere el inciso segundo del artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979.

Art. 203. - Establécense los siguientes contribuyentes y tasas de aportación al Fondo de Subsidio por Enfermedad creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

A) En el caso de los escribanos activos, el 3 % (tres por ciento) de los honorarios devengados de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 18 de la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

B) En el caso de los empleados activos afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 2 % (dos por ciento) del monto nominal de los sueldos respectivos.

C) En el caso de los jubilados de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 1 % (uno por ciento) del monto nominal de la pasividad.

Declárase que las obligaciones emergentes del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, no son de aplicación a los afiliados al Instituto creado por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

Art. 204. - Sustitúyese el artículo 643 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 643. - La recaudación del Impuesto estará a cargo del Consejo de Educación Primaria. Este Consejo convendrá con los organismos que estime conveniente, la recaudación del tributo, como asimismo acordar con tales organismos la comisión que eventualmente les corresponda por esa recaudación."

Art. 205. - Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 1987, lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, en la redacción dada por el inciso segundo del artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 206. - Autorízase a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, a disponer de una partida de hasta N$ 40:680.000 (nuevos pesos cuarenta millones seiscientos ochenta mil), equivalentes a U$S 300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) a fin de gestionar la adquisición de créditos laborales del personal de la Azucarera Río Negro S. A. (ARINSA), que tuvieran sentencia judicial basada en autoridad de cosa juzgada a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 207. - Amplíase en hasta U$S 150:000.000 (ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) la autorización concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, modificado por el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978, y por el artículo 1º de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985, con destino a financiar el déficit resultante del Presupuesto Nacional y rescatando Letras de Tesorería por un monto equivalente.

Art. 208. - A partir del 1º de enero de 1987, la contribución que el Estado prestará a los Gobiernos Departamentales del interior de la República, será del 5 % (cinco por ciento) del producido del Impuesto Específico Interno (IMESI), que grava la naftas (supercarburante, común y sin plomo) y del 5 % (cinco por ciento) del producido del IMESI, sobre los tabacos, cigarros y cigarrillos.

Los Gobiernos Departamentales deberán acreditar el mantenimiento de una situación regular de pagos con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y Obras Sanitarias del Estado (OSE), a efectos de percibir la contribución fiscal. En caso contrario, el importe resultante será aplicable en primer lugar a regularizar la situación con dichos organismos.

Tal contribución será distribuida en la forma prevista por el inciso 3º del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

En lo que tiene que ver con la participación en el 25 % (veinticinco por ciento), establecido en el literal b) del inciso mencionado, será necesario que la Intendencia deficitaria acredite no haber incrementado el número de funcionarios existentes al 1º de marzo de 1985. En caso de no cumplirse tal extremo, la partida correspondiente a dicha Intendencia incrementará el 75 % (setenta y cinco por ciento) a que refiere el literal a) del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 209. - Derógase, a partir del 1º de enero de 1987, lo establecido en el inciso primero del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 210. - Sustitúyese el numeral 30 del artículo 19 de la Ley Nº 9.515 de 28 de octubre de 1935, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley N° 14.979, de 24 de diciembre de 1979, por el siguiente:

"30. Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientos cincuenta unidades reajustables) en todos los Gobiernos Departamentales.

Las mayores de 70 UR (setenta unidades reajustables) y menores de 210 UR (doscientas diez unidades reajustables), sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legislativo departamental por mayoría absoluta de votos.

Las mayores de 210 UR (doscientas diez unidades reajustables) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización de dicho órgano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus componentes.

Las multas impagas podrán ser perseguidas judicialmente siendo aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.

Las sanciones se determinarán en consideración a la gravedad de la infracción y a la naturaleza del bien jurídico protegido.

Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar ordenanzas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional."

Art. 211. - El producido del Impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, corresponderá al Gobierno Departamental en cuyo departamento, de acuerdo al registro en la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encuentre inscripta la persona física o jurídica que emite la guía que acredita la transferencia de la propiedad.

A los efectos de este impuesto, estará gravada toda operación a título oneroso o gratuito en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que dé a quien lo recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario. Exceptúanse del pago de este impuesto, a las donaciones a entes públicos y de padres a hijos u otros descendientes en línea recta así como las particiones y cesaciones de condominio de semovientes.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción y a fijar el plazo para el pago del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

Art. 212. - La multa por mora para los agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas será del 100 % (cien por ciento) del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio de las demás responsabilidades tributarias y penales.

Art. 213. - Cuando los agentes de retención o de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700 de 4 de febrero de 1960 y modificativas, se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial de sociedad anónima, los Gobiernos Departamentales no estarán obligados a aguardar sus resultados para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos de naturaleza tributaria, emergentes de las obligaciones como agentes de retención o de percepción (artículos 1737 del Código de Comercio y 2381 del Código Civil).

Art. 214. - En los casos de quiebras y concursos, cuando la ejecución de créditos de naturaleza tributaría, emergentes de la calidad de agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, concurra con la de créditos laborales (artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974), éstos se cobrarán con preferencia a aquéllos.

Art. 215. - Facúltase a los Gobiernos Departamentales a dejar sin efecto la designación como agente de retención o de percepción, de quienes no hubiesen efectuado la versión del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, retenido o percibido, haciéndose pública en este caso la decisión respectiva.

Art. 216. - Los Gobiernos Departamentales, a solicitud del interesado, expedirán un certificado de vigencia semestral que acreditará que éste no tiene deudas pendientes por concepto de tasa bromatológica, de contribución inmobiliaria y de impuesto a los remates establecidos por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

El certificado deberá otorgarse dentro de los cinco días hábiles de haberse solicitado. Si en dicho plazo no se expidiera, el Gobierno Departamental entregará al interesado una constancia de ello, la cual lo habilitará a cumplir los trámites a que se refieren los siguientes artículos, tal como sí hubiera sido poseedor del certificado a que se refiere el inciso anterior.

Art. 217. - Las instituciones de intermediación financiera (bancos, casas bancarias y cooperativas de ahorro y crédito) no otorgarán ni renovarán créditos con destino a actividades industriales, comerciales, agropecuarias o de servicios, sin la previa exhibición del certificado a que refiere el artículo anterior, que expedirá el Gobierno Departamental correspondiente al lugar donde se desarrollan dichas actividades.

La Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), no expedirá Guías de Propiedad y Tránsito a quienes no exhiban el certificado a que refiere el artículo anterior.

Art. 218. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 216 deberá obtenerse un certificado especial en los casos de enajenación, liquidación o disolución total o parcial de los establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios o de servicios, o de inscripción de contratos de arrendamientos y aparcerías rurales, con igual constancia del Gobierno Departamental referido hasta la fecha del acto que motiva la solicitud.

La omisión de lo establecido precedentemente importa de pleno derecho la solidaridad del adquirente respecto de la deuda tributaria del enajenante a la fecha de la operación, la que se extenderá a los socios a cualquier título, directores y administradores del contribuyente.

Art. 219. - Facúltase a los Gobiernos Departamentales a suspender la vigencia de los certificados semestrales a que hace referencia el artículo 216, cuando el contribuyente se atrasara en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a dicho período.

Tal circunstancia deberá ser comunicada a las instituciones indicadas en el artículo 217.

Art. 220. - Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la obligación de las empresas, en las situaciones que considere conveniente, de exhibir el certificado de encontrarse al día con los Gobiernos Departamentales, para la realización de actos vinculados a la actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios.

Art. 221. - Los certificados a que refieren los artículos 216 y 218 no podrán negarse por la circunstancia de que el contribuyente haya interpuesto los recursos administrativos o las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República sin perjuicio de que el sujeto activo adopte las medidas cautelares o inicie las ejecuciones que correspondan.

Art. 222. - Al exclusivo efecto de la concesión de la refinanciación prevista en la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, no se exigirá la presentación de los certificados previstos en los artículos 216 y 218.

Art. 223. - Prorrógase hasta en doce meses el plazo establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986.

Art. 224. - Modifícase el plazo establecido en los artículos 4º y 9º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, fijándose en su lugar, el de cuatro años.

Art. 225. - Declárase, a todos los efectos jubilatorios, que el cómputo de servicios dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no implica en ningún caso la pérdida de la causal jubilatoria configurada por el acto de destitución (artículo 1º de la ley citada), pudiendo acogerse a la pasividad o reforma de cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley.

Art. 226.- Para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, se acumularán, además de las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares los beneficiarios, todas las demás asignaciones de carácter retributivo, liquidadas al cargo o a la persona, y en general toda retribución sujeta a montepío. Para la determinación de tales asignaciones, se considerarán las retribuciones que el interesado percibía cuando se produjo su cese, imputándosele, a marzo de 1985 o a noviembre del mismo año, según el caso, las que les habrían correspondido si, en vez de optar por la jubilación o la reforma, hubiera reingresado al cargo del que era titular a la fecha de su desvinculación.

Esta disposición regirá con retroactividad al 28 de noviembre de 1985.

Art. 227. - A las personas comprendidas por el Inciso segundo del artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no podrá corresponderles a partir del 1º de abril de 1986, una pasividad menor que la que le hubiere correspondido de serle aplicable el Insico primero de la misma disposición legal. El Banco de Previsión Social reliquidará de oficio las cédulas jubilatorias que se encontraren en dicha situación.

Art. 228. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1987 excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Art. 229. - Comuníquese, etc.

Ricardo Zerbino, Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Alfredo Silvera Lima, Pedro Bonino, Hugo Fernández Faingold, Jorge Sanguinetti, Adela Reta, Jorge Luis Presno, Raúl Ugarte Artola, Enrique V. Iglesias.

Carp. Nº 687/86
Rep. Nº 183 - Anexo I

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas 1985 y a valores del 1º de enero de 1986. Dichas partidas se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 2º - Los proyectos de racionalización a que refiere el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 deberán ser presentados dentro de los treinta días de promulgada la presente ley y una vez aprobados por el Decreto del Poder Ejecutivo tendrán vigencia desde el 1º de julio de 1986.

Derógase el literal g) del artículo 53 de la Ley número 15.809 mencionada.

CAPITULO II
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

Art. 3º - Sustitúyese el artículo 29 de la Ley número 15.809; de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 29. - El Escalafón Técnico Profesional "A" comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden acceder los profesionales que posean título universitario de:

Ingeniero Agrónomo
Arquitecto
Contador Público
Economista
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración
Abogado
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
Escribano Público
Licenciado de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Ingeniero Agrimensor
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval
Ingeniero Electricista
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Químico
Doctor en Medicina
Doctor en Odontología
Químico
Químico Industrial
Químico Farmacéutico
Veterinario
Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria.

Los títulos deberán haber sido expedidos, reconocidos o revalidados por las autoridades competentes, así como los títulos legalmente equivalentes a los profesionales citados precedentemente".

Art. 4º - Sustitúyese el artículo 30 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 30. - El Escalafón Técnico Profesional B, comprende los cargos y contratos de función pública de quienes hayan obtenido una especialización de nivel universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado. También incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente a tres años de carrera universitaria incluida en el Escalafón Técnico Profesional A."

Art. 5º - Sustitúyese el artículo 41 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 41. - El Escalafón "N" Judicial, comprende los cargos correspondientes al ejercicio de la función jurisdiccional, los de Secretario de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como todos los cargos y funciones legalmente equiparados a los mismos, cuando sus tareas tengan análoga naturaleza."

Art. 6º - Los grados máximos en los Escalafones a que refiere el inciso segundo del articulo 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, serán: de Servicios Auxiliares, Grado 14; de Oficios, Grado 19; Especializado y Administrativo, Grado 20; Técnico y Docente de otros organismos, Grado 21 y Profesional Universitario, Grado 22.

Art. 7º - Los funcionarios presupuestados o contratados de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo que se encontraren prestando funciones en comisión en Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y el personal de éstos que estuviere cumpliendo tareas en la misma calidad de otro Ente Autónomo o Servicio Descentralizado o en los órganos y organismos del Poder Ejecutivo al 30 de junio de 1986, podrán optar por su incorporación a ellos, de acuerdo a las siguientes condiciones:

A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

B) Sólo podrán optar aquellos funcionarios que cuenten con más de seis meses de antigüedad en la oficina de destino, al 31 de diciembre de 1986.

C) Cuando se trate de funcionarios presupuestados, la incorporación se realizará mediante la habilitación de un cargo en el último grado ocupado del escalafón respectivo, suprimiéndose en la repartición de origen el cargo correspondiente.

D) Cuando se trate de contratados se suprimirá el monto necesario en el crédito de la oficina de origen, incorporándose a la de destino.

E) La incorporación no podrá significar disminución de la retribución del funcionario y, en su caso, la diferencia se considerará compensación inmodificada.

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo o por el organismo de destino cuando corresponda, previa conformidad expresa del jerarca de la oficina de origen, con informe favorable de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su caso.

Art. 8º- El cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Oficina Nacional del Servicio Civil por el artículo 4º literal j) de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, se regirá por las disposiciones siguientes.

Art. 9º - Las necesidades de personal de la Administración Central serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes por los Jerarcas de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, ya sean presupuestados o contratados con carácter permanente de los escalafones civiles. Exceptúase a los funcionarios incluidos en los escalafones docentes y del Servicio Exterior y a quienes revistan en cargos políticos y de particular confianza.

Art. 10. - Los jerarcas de los Incisos dependientes del Poder Ejecutivo y la autoridad competente en el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, comunicarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil la nómina de personal que, por resolución fundada emergente de reestructura o supresión de servicios haya sido declarado excedente.

Dicha declaración deberá contar además con la conformidad expresa del funcionario. De no existir conformidad del mismo, la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá evaluar las razones fundadas expuestas por el jerarca y por el funcionario y resolverá en definitiva en acuerdo con el Ministerio correspondiente, en un plazo de noventa días.

Art. 11. - Transcurrido un plazo de dieciocho meses a contar desde la fecha de la inclusión del funcionario en el registro de personal declarado excedente que lleva la Oficina Nacional del Servicio Civil, sin que el mismo haya podido ser reubicado, caducarán los efectos de la declaración de excedente.

Una vez producida la caducidad a que refiere el inciso anterior, el funcionario no podrá ser declarado excedente nuevamente hasta después de transcurrido un año a contar desde la fecha en que aquélla se produjo.

Art. 12. - El funcionario incluido en la nómina de personal a redistribuir deberá continuar trabajando en su Organismo de origen hasta que comience a prestar funciones en su nuevo destino.

La declaración de personal a redistribuir no afectará los derechos y deberes derivados de la vinculación funcional con su oficina de origen.

Art. 13. - Los funcionarios públicos que se encuentren cumpliendo tareas en comisión en un organismo comprendido en un Inciso presupuestal diferente a aquél en el que revistan, no podrán ser declarados excedentes hasta después de transcurridos seis meses a contar desde la fecha en que dicha comisión haya cesado.

Art. 14. - La formulación de necesidades adicionales de personal deberá ser comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que estará facultada a instrumentar los mecanismos para satisfacer las mismas, previo los estudios técnicos pertinentes.

Art. 15. - La redistribución de funcionarios se efectuará por la autoridad que corresponda, previa conformidad del jerarca de la repartición de destino. Tratándose del Poder Ejecutivo se requerirá el acuerdo del Ministro de Economía y Finanzas y de los Ministros que correspondan en su caso. La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración de las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones de incorporación.

Art. 16. - Cuando se realice la redistribución, el cargo o función redistribuido y su dotación deberán ser suprimidos en la repartición de origen, habilitándose en la de destino. La inclusión del funcionario en la respectiva planilla presupuestal de destino no podrá exceder el término de sesenta días a partir de la aprobación del acto administrativo de incorporación.

A los efectos indicados precedentemente, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aplicarán en su caso los mecanismos presupuestales correspondientes.

Art. 17. - En la oportunidad de la habilitación del cargo o función a que refiere el artículo precedente, la fijación de la retribución correspondiente deberá atender las siguientes bases:

a) En ninguna circunstancia la redistribución podrá significar disminución de la retribución que el funcionario percibe a la fecha de su incorporación.

b) Cuando se efectúe la adecuación presupuestal para incorporar el cargo o función, se comparará la retribución que le corresponde en la oficina de destino con la que el funcionario posee en la oficina de origen. Si la retribución que le corresponde al cargo o función en la oficina de destino es igual o superior a la que el funcionario percibía en la oficina de origen, se asignará a aquélla.

Si fuera menor, la diferencia resultante se entenderá como compensación al funcionario, y en todos los casos llevará los aumentos que se fijan para el sueldo básico.

Art. 18. - Si la redistribución implicara cambio de la localidad donde tiene su sede la repartición de origen del funcionario, previamente se necesitará su conformidad expresa.

Art. 19. - Podrán solicitar su inclusión en la nómina de personal a redistribuir, los funcionarios que se detallan, pertenecientes a instituciones comprendidas en el sistema de redistribución regulado por la presente ley.

1º - Quienes reúnan las condiciones necesarias para ocupar cargo o funciones de los Escalafones "A" (Técnico Profesional) y "B" (Técnico Profesional) previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, poseedores de títulos habilitantes que no constituyan requisito para desempeñar el cargo o función en el que revistan y cuyos conocimientos no pudieran ser debidamente aplicados en el organismo donde cumplen funciones.

2º - Quienes posean los conocimientos, aptitudes o habilidades para desempeñar cargos o funciones de los Escalafones D (Especializado) y E (Oficios) previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y no los puedan aplicar debidamente en la institución donde prestan servicios.

3º - Los cónyuges de funcionarios públicos que, por razones de servicio, desempeñan funciones en localidades diferentes, y deseen prestar servicios en la misma localidad.

Asimismo, de ser necesario, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá requerir de los organismos la información sobre la existencia de tales situaciones y en caso afirmativo, proponer a éstos la inclusión del funcionario en la nómina citada previa su aceptación expresa.

Art. 20. - El Poder Ejecutivo o la autoridad competente en su caso, modificará en el acto administrativo de incorporación la denominación del cargo o función y el escalafón de los funcionarios redistribuidos conforme con el artículo anterior. En el caso del personal contratado con carácter permanente deberá establecer las nuevas funciones que le serán asignadas a dicho personal en la repartición de destino.

Las modificaciones señaladas se realizarán previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y según corresponda, de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Art. 21. - El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina del Servicio Civil reglamentará el presente régimen de redistribución de funcionarios públicos, dentro del plazo de sesenta días a partir de la promulgación de esta ley.

Art. 22. - Sustitúyese el inciso segundo literal j) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La redistribución del personal excedente no podrá significar, en ningún caso, lesión de los derechos de los funcionarios".

Art. 23. - El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas de la República, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán aplicar el régimen de redistribución creado por esta ley.

Art. 24. (Transitorio). - El régimen de redistribución regulado por los artículos precedentes se aplicará en lo pertinente, a los funcionarios públicos que fueron declarados excedentes por sus respectivos organismos entre el 1º de noviembre de 1985 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya declaración haya sido comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Art. 25. (Transitorio). - Aquellos funcionarios comprendidos en la situación prevista en el artículo anterior que ya se encuentren cumpliendo funciones en otras reparticiones públicas y cuya aceptación expresa haya sido comunicada por éstas a la Oficina Nacional del Servicio Civil, serán redistribuidos definitivamente a dichos organismos, para lo cual deberán tomarse en consideración las tareas que actualmente desempeñan para la asignación del escalafón respectivo, previa conformidad del funcionario.

A esos efectos, la Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración de las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones.

Art. 26. - La redistribución de funcionarios dentro del Ministerio de Educación y Cultura, a unidades ejecutoras cuyos cargos estén equiparados a otras unidades del Presupuesto Nacional, no podrá efectuarse por grados superiores al último grado ocupado del escalafón y serie de cargos correspondiente de la unidad de destino.

Art. 27. - Los cargos presupuestales de carrera en los siguientes escalafones o grupos ocupacionales de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo quedarán sujetos a la clasificación de cargos que se establece por la presente ley:

A) Personal Técnico Profesional
B) Personal Técnico Profesional
C) Personal Administrativo
D) Personal Especializado
E)Personal de Oficios
F) Personal de Servicios Auxiliares
J) Personal Docente de otros Organismos
R) Personal no incluido en escalafones anteriores

La misma se aplicará a los contratos de función pública en lo que sea pertinente.

Art. 28. - Cuando una especialización pueda estar comprendida en más de un grupo ocupacional o escalafón, se podrán agrupar en uno solo de ellos las correspondientes series de cargos, de modo de mantener una adecuada carrera administrativa a los funcionarios con tales especializaciones.

Art. 29. - Una serie de cargos es el ordenamiento jerárquico de clases de cargos de análoga naturaleza diferenciados entre sí por su nivel de complejidad, jerarquía y responsabilidad.

Art. 30. - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá la supervisión del sistema de clasificación de cargos, el cual será la base del proceso de equiparación de los funcionarios de la Administración Central.

A tal efecto los diferentes organismos elaborarán la clasificación de cargos primaría de acuerdo a las pautas y supervisión técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la presentarán a su consideración y posterior elevación al Poder Ejecutivo.

A la estructura de cargos clasificados en la forma establecida precedentemente, se asignarán en forma tentativa los grados que puedan corresponder de la tabla de sueldos, por parte de una Comisión Asesora Integrada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Contaduría General de la Nación y será elevada a consideración del Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 31. - Decláranse comprendidos en el régimen consagrado en el artículo 21 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, a los funcionarios públicos presupuestados o contratados que, a partir del 15 de febrero de 1985, hayan ocupado cargos políticos o de particular confianza y que continuaron ocupándolos a la fecha de promulgación de la citada ley.

Art. 32. - Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y Legisladores Nacionales, a solicitud expresa de éstos y previa autorización del jerarca del Organismo donde el funcionario presta servicios.

Los Legisladores Nacionales, en ningún caso, podrán tener más de dos funcionarios en comisión simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud, salvo que éste o el jerarca del organismo de origen resolvieran dejar sin efecto el pase en comisión, por razones inherentes al servicio.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud, manteniendo el funcionario todos los derechos en la oficina de origen y en particular los referidos a la remuneración y al ascenso.

Art. 33. - Derógase el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

CAPITULO III
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Art. 34. - Créase un fondo para apoyar la cooperación técnica económica internacional de hasta N$ 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones) anuales, que será administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destinado a complementar el financiamiento de las contrapartidas nacionales, así como las obligaciones contraídas por el país para la ejecución de actividades vinculadas con programas de cooperación internacional, derivados de acuerdos bilaterales y multilaterales.

Art. 35. - Autorízase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a microfilmar los "Libros de Registración de Comunicaciones Iniciales y Complementarias del Registro General de Sumarios Administrativos".

Las copias de los microfilmes tendrán validez legal de testimonio fiel.

Art. 36. - Establécese que la facultad otorgada por el artículo 362 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para contratar al personal eventual especializado, no administrativo, será aplicable a la "Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín", en las condiciones que se detallan en la citada norma.

Art. 37. - Créase una tasa a la expedición de las matrículas previstas en las Leyes Nº 12.091, de 5 de enero de 1954 y Nº 10.945, de 10 de octubre de 1947, la que tendrá vigencia anual y el monto en moneda nacional equivalente a los valores que a continuación se establecen:

A)

Para embarcaciones deportivas menores de 6 toneladas

1

UR

B)

Para embarcaciones deportivas mayores de 6 toneladas

3

UR

C)

Para embarcaciones de tráfico de puerto:

  

- hasta 20 TRN   

1,5

UR

  

- de más de 20 a 40 TRN  

2,5

UR

  

- más de 40 TRN   

5

UR

D)

Para embarcaciones de tráfico limítrofe:

  

- hasta 100 TRN   

25

UR

  

- de más de 100 a 250 TRN  

35

UR

  

- de más de 250 a 500 TRN  

50

UR

  

- más de 500 TRN   

75

UR

E)

Para embarcaciones de pesca:

  

- de 50 a 100 TRN   

7,5

UR

  

- más de 100 TRN   

10

UR

F)

Para embarcaciones de carga:

  

- hasta 50 TRN   

3

UR

  

- de más de 50 a 100 TRN  

5

UR

  

- de más de 100 a 250 TRN  

10

UR

  

- de más de 250 a 500 TRN  

15

UR

  

- más de 500 TRN   

25

UR

G)

Para embarcaciones de ultramar:

  

- hasta 1.000 TRN   

25

UR

  

- de más de 1.000 a 2.500 TRN  

50

UR

  

- más de 2.500 TRN  

75

UR

Lo recaudado por estos conceptos será vertido en el fondo "Salvaguarda de la Vida en el Mar", creado por el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, siguiendo los procedimientos y contralores establecidos en el mismo. La falta de la matrícula será causal de impedimento de despacho de las embarcaciones.

Las expresiones TRN y UR corresponden a "Toneladas de Registro Neto" y "Unidades Reajustables", respectivamente.

Art. 38. - Modifícase el artículo 53 de la Ley número 14.106, de 14 de marzo de 1973 y modificativos, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 53. - Autorízase a la Prefectura Nacional Naval a aplicar multas por infracciones marítimas, fluviales y portuarias, por hasta un máximo en moneda nacional equivalente a 1.000 UR (un mil unidades reajustables).

Art. 39. - Autorízanse las siguientes partidas al Ministerio de Defensa Nacional con destino a los proyectos que se indican a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya:

1. N$ 135:600.000 (nuevos pesos ciento treinta y cinco millones seiscientos mil), equivalente a U$S 1:000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América) para el proyecto 779, "Overhaul para Aeronaves".

2. N$ 106:853.000 (nuevos pesos ciento seis millones ochocientos cincuenta y tres mil), equivalente a U$S 788.000 (setecientos ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), para el proyecto 828, "Adquisición de Aeronaves".

Art. 40. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder al Estado un crédito para financiar la compra del buque tanque, con destino a la Armada Nacional, autorizada por el artículo 188 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, así como a emitir las garantías que puedan requerirse.

Asimismo se autoriza al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar garantías a ANEP y Universidad de la República relacionadas con las inversiones autorizadas por los artículos 607 y 612 de la Ley Nº 15.809 referida cuyo servicio del financiamiento externo es de cargo de Rentas Generales.

Art. 41. - El Poder Ejecutivo podrá autorizar a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar a los usuarios, como máximo, el costo de los servicios conexos u otros que por su naturaleza no son de su cometido específico, según las tarifas que fije la reglamentación, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 42. - Facúltase a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar el precio de los depósitos de bienes muebles que las autoridades judiciales ordenaren poner bajo su custodia.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente los montos respectivos. Cumplido un año sin que se verifique su pago el Ministerio del Interior podrá solicitar a quien ordenó el mismo, la venta de los referidos bienes en subasta pública, satisfaciendo con su producido el precio del depósito.

El saldo resultante quedará a la orden de la autoridad judicial respectiva y se depositará en institución bancaria del Estado, de modo que se asegure el mantenimiento del valor del depósito.

Art. 43. - El Poder Ejecutivo podrá establecer tiques moderadores por la asistencia que presta la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El importe de los referidos tiques no podrá exceder el 1% (uno por ciento) del sueldo básico perteneciente al cargo de Agente de 2ª. El producido de los mismos integrará el fondo creado por el artículo 86 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Art. 44. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida anual de N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), destinada a solventar los gastos necesarios para atender los Patronatos Departamentales de Encarcelados y Liberados, sujeta a Rendición de Cuentas. Esta partida incrementa la fijada por el inciso cuarto del artículo 199 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en favor del Patronato de Encarcelados y Liberados.

Art. 45. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida de N$ 14:373.600 (nuevos pesos catorce millones trescientos setenta y tres mil seiscientos), que equivale a U$S 106.000 (ciento seis mil dólares de los Estados Unidos de América) con destino a la adquisición de inmuebles de la guardia de coraceros.

Art. 46. - Autorízase una partida de N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) con destino a obras en la cárcel de Canelones.

Art. 47. - Autorízase una partida de N$ 5:000.000 (nuevos pesos cinco millones), por única vez, con destino al "Ministerio del Interior", para reacondicionamiento del local de San Ramón.

Art. 48. - Agrégase al artículo 28 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 49. - El Escalafón "S" Personal Penitenciario, comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas las tareas relacionadas con los estados de reclusión y ejecución de las penas.

Art. 50. - Los funcionarios que, al momento de puesto en vigencia el Escalafón "S" se encontraren desempeñando tareas en dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, podrán optar dentro de los sesenta días siguientes, por pasar a revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario o continuar revistando en el Escalafón "L" Personal Policial. Si no se pronunciaren a título expreso, dentro del término indicado, se entenderá formulada la opción por revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 51. - Vencido el término establecido en el artículo precedente, se transformarán en cargo del Escalafón "S" Personal Penitenciario, los cargos policiales cuyos titulares hubieren optado por el mismo.

Los cargos vacantes en el programa 009 del Inciso 04 "Ministerio del Interior", se transformarán en cargos del Escalafón "S" cuando éste entre en vigencia.

Art. 52. - Los funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centro de Recuperación que permanecieran en el Escalafón "L" Personal Policial, serán redistribuidos en otras dependencias del Ministerio del Interior, pero seguirán desempeñándose transitoriamente en comisión en sus actuales destinos.

Art. 53. - El Poder Ejecutivo en la próxima instancia presupuestal incluirá, en el Mensaje correspondiente. la estructura del Escalafón "S" Personal Penitenciario, con previsión de los cargos requeridos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional.

Art. 54. - El Poder Ejecutivo determinará el momento en que cesará la comisión de todos o parte de los funcionarios que permanezcan en el Escalafón "L" Personal Policial, en consideración a los requerimientos del servicio.

Art. 55. - Hasta tanto se dicten las normas estatutarias respectivas, serán de aplicación al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario, las normas relativas a los funcionarios policiales.

Art. 56. - Los funcionarios del Escalafón "S" Personal Penitenciario estarán afiliados al Banco de Previsión Social, con excepción de los indicados en el inciso siguiente.

Los funcionarios que de acuerdo con los artículos anteriores dejen de revistar en el Escalafón "L", mantendrán los derechos jubilatorios y beneficios sociales que correspondan al personal policial. A los fines del derecho a la jubilación o pensión el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales continuará sirviendo a las prestaciones y considerará para el cálculo de los haberes como policiales, los servicios prestados como penitenciarios.

Art. 57. - Extiéndese la autorización establecida en el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Esta autorización no podrá implicar incremento de crédito presupuestal y entrará en vigencia simultáneamente con el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 58. - Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas una partida anual de N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil) con destino a la realización de estudios de mercados y de productos y a solventar gastos que demande la participación de la República en ferias y exposiciones internacionales, para la promoción de nuestros productos exportables.

Art. 59. - La Contaduría General de la Nación aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº. 15.809, de 8 de abril de 1986, los recursos a que refiere el artículo 5º de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, sustituido por el artículo 117 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la siguiente forma:

A) 50% (cincuenta por ciento) al funcionamiento y equipamiento del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación.

B) 50 % (cincuenta por ciento) con destino a la capacitación y promoción social de sus recursos humanos.

Art. 60. - Las visitas de inspección, las auditorias y actuaciones que realice la Inspección General de Hacienda, sobre la actividad de personas físicas o jurídicas de derecho privado excepto cooperativas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados Comerciales e Industriales, u organismos públicos que dispongan de fondos no provenientes de Rentas Generales serán abonadas por los mismos, salvo que se realicen de oficio.

El costo no podrá exceder del monto de las retribuciones de los funcionarios afectados por el tiempo que fueran destinados al cumplimiento de la tarea solicitada.

Art. 61. - Autorízase a la Dirección General Impositiva a proceder a la destrucción y eventual venta de los residuos resultantes de los formularios de declaración jurada y pago de tributos recaudados por dicha oficina, cuando hubieren transcurrido doce años contados a partir de la fecha del archivo de la mencionada documentación.

Art. 62. - Autorízase, por única vez, a la Contaduría General de la Nación, a realizar un concurso entre los funcionarios del Escalafón "F", Personal de Servicios Auxiliares, que a la fecha 30 de junio de 1986 se encontraren desempeñando tareas propias del Escalafón "C", Personal Administrativo.

Quienes aprueben el concurso que al efecto disponga la Oficina Nacional del Servicio Civil, ingresarán en los cargos inferiores del Escalafón "C", que resulten vacantes luego de efectuadas las correspondientes promociones.

Art. 63. - A los efectos de lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sin perjuicio de la facultad concedida al Poder Ejecutivo, declárase como servicio permanente y extraordinario, la solicitud de permiso de importación cualquiera fuere el horario que requiera el servicio.

A dichos efectos la Dirección Nacional de Aduanas percibirá de los usuarios por cada permiso de importación, la tarifa que corresponda a la siguiente escala:

De U$S

500

hasta U$S

1.000

U$S

10

De U$S

1.001

hasta U$S

2.000

U$S

25

De U$S

2.001

hasta U$S

8.000

U$S

40

De U$S

8.001

hasta U$S

30.000

U$S

90

De U$S

30.001

hasta U$S

100.000

U$S

200

De U$S

100.001 en adelante

U$S

500

Art. 64. - Fíjase en N$ 500 (nuevos pesos quinientos), el precio de las planillas de contralor que expida la Dirección Nacional de Subsistencias conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Dicho precio se actualizará anualmente en la oportunidad y forma que establece el artículo 277 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Art. 65. - Lo recaudado por concepto de cobro de la planilla de contralor establecido en el artículo anterior, será administrado por la Dirección Nacional de Subsistencias bajo los rubros que correspondan a la actividad a desplegar por dicha Dirección Nacional a través de sus Direcciones de Abastecimiento, Defensa del Consumidor, Comercial y Administrativa, no pudiendo en ningún caso imputarse a retribuciones personales.

Art. 66. - Establécese que los recursos previstos en el Decreto-Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, no están comprendidos en la limitación dispuesta por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 67. - Modifícase el inciso segundo del artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La convocatoria incluirá información sobre el número de estudiantes que serán admitidos cada año en los cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior y que no podrá exceder del doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la convocatoria".

Art. 68. - Agréganse al artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los siguientes incisos:

"Las disposiciones del inciso precedente referidas al régimen de trabajo bajo contratación, no regirán para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que resulten aspirantes seleccionados, quienes continuarán perteneciendo a sus cuadros presupuestales. Durante el tiempo en que asistan a los cursos de formación, prestarán funciones en las mismas condiciones que los demás participantes de dichos cursos".

Art. 69. - Modifícase la parte final del articulo 38 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, la que quedará redactada de la siguiente forma:

"El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido en la referida lista".

Art. 70. - Los funcionarios del Servicio Exterior vinculados por matrimonio, no podrán ejercer funciones permanentes en el exterior en forma simultánea, en la misma zona regional.

Cuando uno de los cónyuges sea destinado a desempeñar funciones permanentes en el exterior, el otro podrá solicitar licencia especial para acompañar al primero en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período que el cónyuge destinado al exterior permanezca en tal situación y sólo podrá autorizarse una sola vez a cada cónyuge.

El cónyuge que se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación. La presente disposición no alcanza a los cónyuges que hayan contraído matrimonio antes de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 71. - Previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cónyuges de los funcionarios del Escalafón "M" a que se refiere el artículo 40 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y que prestan servicios en el exterior, podrán ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Art. 72. - El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará cuáles destinos en el exterior presentan condiciones de vida especiales. Transcurridos dos años de su toma de posesión en los destinos que se reglamenten, los funcionarios que así lo soliciten serán trasladados a otro país.

Art. 73. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar un concurso para acceder a cargos del Escalafón "C", entre los funcionarios del Escalafón "F", que actualmente cumplen funciones administrativas.

Exceptúase, por única vez, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974.

Art. 74. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores una partida de N$ 14:916.000 (nuevos pesos catorce millones novecientos dieciseis mil) equivalente a U$S 110.000 (dólares de los Estados Unidos ciento diez mil) a fin de ser destinada a la adquisición de vehículos (Montevideo).

Tendrá el siguiente financiamiento:

Rentas Generales, N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil) equivalentes a U$S 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América). Mediante venta de activos en desuso N$ 10:848.000 (nuevos pesos diez millones ochocientos cuarenta y ocho mil), equivalentes a U$S 80.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochenta mil).

Art. 75. - El personal contratado por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República en el exterior, podrá acogerse al beneficio de la pasividad en la forma y condiciones que establecen las leyes de la República.

En lo que respecta al personal actualmente contratado, el Estado tomará a su cargo las sumas devengadas por concepto de montepío, desde la fecha de su contratación hasta la entrada en vigencia de la presente ley, las que serán atendidas con cargo a Rentas Generales.

A partir de la vigencia de la presente ley, las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares actuarán como agentes de retención del montepío que deban aportar los funcionarios contratados y lo verterán a Rentas Generales por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En todos los casos, la prestación de servicios deberá ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 76. - Los recursos que obtenga el Ministerio de Relaciones Exteriores, por concepto de arrendamiento de inmuebles en el exterior de propiedad del Estado afectados al mismo, podrá destinarlos a financiar inversiones y gastos de funcionamiento, excepto retribuciones personales.

Art. 77. - El Poder Ejecutivo podrá fijar, en forma anual, a propuesta de la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), en función de la variación del índice general de precios

del consumo, los valores de costo de los formularios, fotocopias y carnés que expida dicha Dirección, en cumplimiento de sus cometidos específicos.

Art. 78. - La Dirección General de Servicios de Contralor Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tendrá las facultades previstas en el artículo 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.583, de 22 de junio de 1984.

Art. 79. - Declárase que el producido de la tasa creada por el artículo 112 de la Ley Nº 13.782, de 3 de noviembre de 1969, corresponde al Centro Nacional de Política y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Energía, al que se encomendaron los cometidos de la ex-Comisión de la Industria Automotriz.

Art. 80. - Los precios que la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria y Energía percibe en concepto de contraprestación por los servicios que presta a organismos oficiales y a particulares, serán fijados en base a su costo real de realización incluyendo los costos directos y los de amortización de equipos que se utilizaren en la prestación de los servicios.

No se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a los organismos oficiales del área de la salud y de la enseñanza.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Art. 81. - Autorízase una partida anual de nuevos pesos 1: 000.000 (nuevos pesos un millón), para atender los costos de las consultas de Información Industrial y Tecnológica del Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial del Ministerio de Industria y Energía.

Esta partida será destinada a apoyar el desarrollo tecnológico de las actividades industriales consideradas prioritarias y los requerimientos de información industrial y tecnológica del sector oficial.

Las demás consultas que se procesen deberán ser cobradas por el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial, estrictamente a su costo.

Art. 82. - Asígnase al Ministerio de Industria y Energía, una partida por una sola vez de N$ 5:300.000 (nuevos pesos cinco millones trescientos mil), a ser utilizada como contrapartida de gastos nacionales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia técnica, en el campo del uso de la energía atómica con fines pacíficos, suscritos por el país con el Organismo Internacional de Energía Atómica, demás organismos internacionales y Comisiones nacionales de energía atómica.

Art. 83. - Créase el Ministerio de Turismo y convalidase su actuación desde el 2 de abril de 1986.

Art. 84. - Al Ministerio de Turismo corresponde lo concerniente a:

1) La política nacional del turismo.

2) Las cuestiones atinentes al turismo y lo que se relaciona con ello en materias atribuidas a otros Ministerios.

3) Fomento de las industrias del turismo.

4) Régimen, coordinación y contralor del turismo.

5) Fomento del turismo hacia el país y dentro de él.

6) Infraestructura turística.

7) Fomento, régimen y registro de hoteles, pensiones y afines, organizaciones promotoras de turismo, agencias de viajes, empresas de arrendamiento turístico y demás prestadores de servicios turísticos.

8) Las cuestiones atinentes a la atención del turista.

9) Zonas turísticas.

10) Congresos, conferencias, cursos, exposiciones, ferias y concursos referentes a su especialidad y promoción y estímulo de su realización.

11) Relaciones con los organismos internacionales de su especialidad.

Art. 85. - Los cometidos y funciones que las leyes y normas reglamentarias asignaban a la Dirección Nacional de Turismo, corresponderán al Ministerio de Turismo.

Asimismo, transfiérese a dicha Secretaria de Estado el personal de la Dirección Nacional de Turismo.

La Contaduría General de la Nación transferirá al Ministerio de Turismo las planillas de cargos y todos los créditos presupuestales correspondientes a dicha Dirección Nacional.

Art. 86. - Los bienes afectados al uso de la Dirección Nacional de Turismo, serán administrados por el Ministerio de Turismo, previo inventario e intervención de la Inspección General de Hacienda.

Art 87. - Asígnase al Ministerio de Turismo una partida de N$ 13:137.000 (nuevos pesos trece millones ciento treinta y siete mil), destinada para mobiliario, equipos de oficinas y remodelación de Sede Central y de nuevos pesos 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones) con destino a la adquisición de vehículos.

Art. 88. - Declárase que el servicio público de transporte interdepartamental e internacional colectivo de personas por ómnibus, en líneas regulares, sólo puede ser objeto de tributos de carácter nacional.

Art 89. - Los propietarios promitentes compradores y, en general, quien acredite cualquier título de dominio de vehículos de carga con capacidad mínima de dos mil quilos, y de transporte colectivo de pasajeros en líneas nacionales, internacionales y de turismo, deberán comunicar, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cualquier modificación de los datos que consten en los respectivos permisos de circulación o de habilitación, expedidos por la referida unidad ejecutora.

Establécese una sanción de 3 UR (tres unidades reajustables) a quienes no den cumplimiento a la obligación dispuesta en el inciso anterior.

Art. 90. - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas suspenderá la expedición de autorizaciones, permisos y habilitaciones, a empresas transportistas que tengan adeudos pendientes con el mismo, emanados de resoluciones firmes y hasta que se regularice la situación de dichas empresas.

Art 91. - Declárase obligatorio asegurar las responsabilidades emergentes del contrato de transporte colectivo de personas en servicios nacionales, internacionales y de turismo. Su incumplimiento será pasible de multas de hasta 50 UR (cincuenta unidades reajustables) por servicio, y de las suspensiones previstas en el artículo anterior.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición y establecerá los montos mínimos y riesgos a asegurar en cada tipo de transporte.

Art. 92. - El impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.315, de 23 de agosto de 1982, gravará la circulación en territorio nacional a los camiones, tractores con semi-remolque y remolque, con una capacidad de carga superior a los cinco mil quilos.

No están gravados por el citado impuesto aquellos vehículos matriculados en el país, respecto de los cuales se acredite, en forma fehaciente, que se ha hecho entrega de las chapas matrícula a los organismos municipales correspondientes, y ello por el período en que no estuvieron matriculados.

Art. 93. - Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer fictos mínimos para la determinación de los ingresos por prestación de servicios de empresas de ómnibus, a los efectos de la liquidación del impuesto creado por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, con la redacción dada por el artículo 159 de la Ley número 13.637, de 21 de diciembre de 1967.

Art. 94. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una partida anual, adicional a la actual vigente, de N$ 45:000.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones) para financiar gastos de traslados de docentes a centros de enseñanza de difícil acceso en el interior de la República.

Art. 95. — Facultase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a otorgar un régimen de facilidades de pago a los deudores de multas, del Impuesto a los Ejes y del impuesto del 5% (cinco por ciento) sobre la recaudación de los ómnibus interdepartamentales y de turismo artículo 16 de la ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, sus modificativas y concordantes), de las multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y por Impuesto a los Ejes, a los vehículos de carga (articulo 15 de la Ley Nº 12.950, sus modificativas y concordantes), al 31 de diciembre de 1985. Dicho régimen podrá otorgar facilidades de pago hasta en sesenta meses, pudiendo exonerar a los contribuyentes de multas y efectuar reformulaciones de convenios en vigencia de acuerdo a la reglamentación que se dictará por el Poder Ejecutivo.

Art. 96. - Autorizase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a conceder directamente, por el canon vigente, permisos precarios y revocables de extracción de áridos sub-acuáticos siempre que sean otorgados en forma no excluyente. Facúltase a dicho Ministerio a no cobrar canon, en los casos en que la extracción de los materiales se haga en zonas útiles para la navegación y en los de utilidad pública.

Art. 97. - Establécese que en los casos en que el Poder Ejecutivo cometa, asignándole los recursos necesarios, la realización de obras por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura, por el régimen de administración directa, dicha Dirección podrá contratar directamente y ordenar el gasto resultante de los servicios y suministros necesarios para la ejecución de las obras de que se trata.

El contralor de legalidad a que refiere el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República, se realizará únicamente previo a la autorización del gasto por parte del Poder Ejecutivo, sin perjuicio del contralor posterior establecido en el literal C) del referido artículo.

Art. 98. - Créase para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de N$ 33:079.000 (nuevos pesos treinta y tres millones setenta y nueve mil) destinada a complementar la financiación autorizada para la construcción de la planta piloto, correspondiente a la contrapartida nacional en la ejecución del proyecto "Identificación de métodos de inactivación del virus de la fiebre aftosa en carnes y productos cárnicos", conforme a las obligaciones asumidas por el país en el convenio suscrito con el Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología. La obra será ejecutada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 99. - Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes necesarios para la construcción, instalación, ampliación, rectificación o ensanche de:

A) Obras de arquitectura, incluidas en las leyes de Presupuesto.

B) Construcción de puertos, escolleras, obras de drenaje, mantenimiento de costas de ríos y arroyos, obras de riego y canales.

Art. 100. - A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las actividades docentes prestadas por directores, profesores e instructores de las Escuelas de Danza, de Opera y del Centro de Capacitación y Producción, dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y de Música, dependientes de las Intedencias Municipales, así como las actividades específicas cumplidas por docentes con título habilitante de Casas de Cultura y Bibliotecas estatales o municipales, estarán comprendidas en la excepción prevista por el artículo 74, del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979.

En aquellas actividades o profesiones donde no se expidan títulos habilitantes, deberá acreditarse idoneidad específica mediante prueba supletoria.

Art. 101.- Asígnase, por una sola vez, una partida de N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) a efectos de instrumentar y poner en funcionamiento el "Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas", la que será administrada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 102. - Los Agentes del Diario Oficial en el interior de la República deberán contratar, con el Banco de Seguros del Estado, seguros de fidelidad que respalden el manejo de valores, como condición indispensable para el ejercicio de su función.

Art. 103. - Fíjanse, para la ficha médica de aptitud deportiva creada por el Decreto-Ley Nº 14.692, de 29 de agosto de 1977, a partir de la vigencia de la presente ley, las siguientes tasas:

A) Exámenes de alta especialización (automovilismo, motociclismo, karting, pesca submarina, boxeo profesional, salvavidas y arbitros deportivos), N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

B) Exámenes no comprendidos en el literal anterior, N$ 30 (nuevos pesos treinta).

C) Reexámenes, N$ 30 (nuevos pesos treinta).

D) Test de entrenamiento, N$ 100 (nuevos pesos cien).

E) Exámenes a personas mayores de cuarenta años, N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

Exonérase del pago de las tasas fijadas por el presente artículo, a aquellas personas que posean certificados de aptitud vigente, expedido por autoridad sanitaria pública. La presente exoneración no regirá en caso de ser necesaria la realización de exámenes complementarios, en virtud de la naturaleza del deporte a practicar.

A iniciativa de la Comisión Nacional de Educación Física, el Poder Ejecutivo ajustará las tasas establecidas en el inciso primero, en forma semestral, en un monto no mayor al de la variación operada en el Indice de Precios al Consumo, en el período transcurrido desde la última fijación o ajuste, en su caso.

Art. 104. - Sustitúyese el artículo 192 de la Ley N0 13.835, de 7 de enero de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 192. - Aquellos que no cumplan, en tiempo y forma, con la obligación de depósito establecida en la presente ley, serán penados con una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público del o de los ejemplares no depositados, con un monto mínimo de 5 UR (cinco Unidades Reajustables). En caso de reincidencia este monto mínimo será de 10 UR (diez Unidades Reajustables).

La imposición de esta multa no exime al infractor de la obligación de constituir el depósito del o de los ejemplares correspondientes.

Las multas serán impuestas y cobradas por la Biblioteca Nacional, siguiéndose para el procedimiento las normas de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947".

Art. 105. Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.027 de 17 de junio de 1980, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La inscripción deberá realizarse dentro de los treinta días de dictado el acto inscribible, y caducará a los cinco años de efectuada. Lo establecido es sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 20 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y el artículo 223 de la Ley Nº 13.318 de 28 de diciembre de 1964".

Art. 106. - Suspéndese la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983, hasta el 1º de enero de 1989.

Art. 107. - A partir del 1º de enero de 1988, las inscripciones de los actos relativos a bienes inmuebles radicados en el interior del país, que actualmente se inscriben en los Registros de Hipotecas de la 1ª y 2ª Sección General de Arrendamientos y Anticresis y en el Registro General de Inhibiciones, Secciones Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos, Embargos y Reivindicaciones, se realizarán en los Registros Departamentales o Local de Traslaciones de Dominio donde estuviere radicado el bien objeto del acto.

Las cesiones, modificaciones, rescisiones y cancelaciones de derechos inscriptos se registrarán en la repartición originaria.

Art. 108. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 22. - La declaración de monumento histórico será inscripta en la Sección Reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones a los solos fines informativos, lo que se hará constar en el respectivo certificado. A estos efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a dicho Registro la declaración efectuada dentro del plazo de setenta y dos horas. La inscripción caducará a los treinta años, pudiendo reinscribirla por períodos iguales y sucesivos, mientras el Estado mantenga su interés en la afectación".

Art. 109. - Autorízase a la Dirección General de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura a expedir en forma gratuita recaudos y actuaciones de Estado Civil, cuando dicha expedición sea solicitada por el Consejo del Niño y Gobiernos Departamentales.

Art. 110. - Sustitúyese el artículo 222 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 222. - Autorízase a la Dirección Nacional de Correos a retener hasta doscientos sellos y hojitas filatélicas postales de cada emisión, con destino a intercambio, obsequio y difusión, dando cuenta de su utilización al Poder Ejecutivo".

Art. 111. - Modifícase el artículo 388 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 388. - Los establecimientos privados que alberguen menores del Consejo del Niño percibirán, por el cuidado y mantenimiento de los mismos una retribución equivalente a los siguientes porcentajes del sueldo correspondiente al Escalafón Ab, Grado 1, de la citada Unidad Ejecutora, con treinta horas semanales de labor, por cada menor: preescolar, 40% (cuarenta por ciento); escolar, 46% (cuarenta y seis por ciento); liceal, 52% (cincuenta y dos por ciento); y anormal, 56% (cincuenta y seis por ciento)".

Art. 112. - Las guarderías privadas que atienden durante el día menores del Consejo del Niño, percibirán del organismo una remuneración equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), de las retribuciones que se abonan a los establecimientos privados que albergan menores a tiempo completo.

Dichas remuneraciones serán reglamentadas y atendidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Facúltase a la Contaduría General de la Nación a habilitar las sumas necesarias para atender dichas erogaciones y ajustarlas de conformidad a lo previsto por el artículo 389 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 113. - Créase en el Ministerio de Educación y Cultura, el "Fondo para el Peculio del Menor", que será provisto por la recaudación proveniente de los siguientes recursos:

A) El producido de la venta de planillas de trabajo del menor (artículo 237 del Código del Niño y Decreto Nº 485/978, de 22 de agosto de 1978).

B) El producido del porcentaje de las tutelas y curatelas dispuesto por los artículos 413 del Código Civil, 65 de la Ley Nº 9.539, de 31 de diciembre de 1935 y 19 de la Ley Nº 10.621, de 20 de junio de 1945.

C) El producido de los proventos a que se refieren los artículos 3º de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953 y 447 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

D) El producido de la participación en el impuesto a los bailes creado por los literales b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 10.853, de 23 de octubre de 1946, este último en la redacción dada por el artículo 469 de la Ley Nº 14.106 de 14 de marzo de 1973.

E) El producido de las multas a que hacen referencia los artículos 105, 106 (párrafo 2), 232, 240, 241, 244, 245, 246 y 248 del Código del Niño, 325 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y los Decretos Nº 329/979, de 14 de febrero de 1979 y Nº 746/985 de 10 de diciembre de 1985.

Los recursos extrapresupuestales indicados en este artículo y afectados al "Fondo del Peculio del Menor", estarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El Consejo del Niño tendrá la disponibilidad del 100% (cien por ciento) del producido de los recursos mencionados.

El fondo será administrado por el Consejo del Niño, quien lo distribuirá entre los menores a su cargo, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, en un plazo de noventa días a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 114. - Incorpórase en el "Ministerio de Educación y Cultura" una partida de N$ 8:105.234,10 (nuevos pesos ocho millones ciento cinco mil doscientos treinta y cuatro con 10/100), a precios de enero de 1986, a fin de ser destinada a la remodelación y acondicionamiento del local de la calle Uruguay 933.

Esta incorporación no afecta lo dispuesto por el artículo 438 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 115. - Asígnase una partida anual de nuevos pesos 100:000.000 (nuevos pesos cien millones) con destino a otorgamiento de becas de estudio en el territorio nacional, en favor de estudiantes cuya condición económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o universitaria.

La administración de dicho Fondo y el establecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, corresponden a la "Comisión Nacional de Becas", constituida por siete delegados honorarios designados por las siguientes instituciones: uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá; dos por la Universidad de la República; dos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dos por las Intendencias Municipales del Interior. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los funcionarios y los elementos materiales requeridos para su funcionamiento.

La Comisión será instalada dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 116. - Los Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública deberán cumplir un horario no inferior a cuarenta horas semanales.

Art. 117. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.263, de 5 de setiembre de 1974, a partir del 19 de enero de 1986, las contrataciones a término de practicantes de medicina designados por concurso para cubrir cargos en la circunscripción única conformada por el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina.

Art. 118. - Extiéndese la competencia de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en materia de seguridad, higiene, condiciones ambientales de trabajo y salud laboral en general, a la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas de Derecho Publico no estatales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los procedimientos formales a seguir por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones.

Art 119 - Agrégase a las partidas establecidas en el artículo 516 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, un importe equivalente a la suma de U$S 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones), con destino a la terminación de las obras del Palacio de Justicia (Padrones Nos. 5682, 5683 y 5684 del departamento de Montevideo).

Dicha partida se discriminará de la siguiente forma: año 1987, U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones); año 1988, U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones) y año 1989, U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones).

CAPITULO IV
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Art. 120. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay, las tasas de interés a abonar por esta Institución por los depósitos judiciales, los que tendrán el destino a que alude el artículo 550 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 121. - Establécese que el pago del tributo a que refieren los artículos 554 a 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se realizará, en todos los casos, mediante depósitos en la cuenta "Tesoro Nacional-Ejecuciones Judiciales", en dependencias del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Art. 122. - Exonérase a los organismos de la Administración Central y al Banco de Previsión Social, del tributo establecido por el artículo 554 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 123. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a modificar y redistribuir las jurisdicciones territoriales de los Juzgados de Paz Rurales, entre todos los juzgados de Paz del Interior de la República.

A los efectos dispuestos precedentemente, la Suprema Corte de Justicia deberá tomar en consideración el número de habitantes, las características y las necesidades de las distintas zonas del país.

Art. 124. - Los técnicos del Poder Judicial que, con arreglo al artículo 129 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, estuvieren autorizados a ejercer la profesión de escribano al sancionarse la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, seguirán bajo el régimen anterior.

Lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, será aplicable a los respectivos cargos al vacar o por opción de los interesados que, de efectuarse, será definitiva.

Art. 125. - Declárase con carácter interpretativo que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.528, de 1º de junio de 1976, modifican el límite de competencia establecido por el numeral 1) del artículo 257 de la Ley número 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 494 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, son de aplicación a los asuntos que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigencia de las respectivas resoluciones.

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.553, de 12 de agosto de 1976.

Art. 126. - Autorizase al Tribunal de Cuentas de la República una partida de N$ 1:200.000 (nuevos pesos un millón doscientos mil) para adecuación del edificio y una partida de N$ 2:300.000 (nuevos pesos dos millones trescientos mil) para mobiliario y equipamiento.

Art. 127. - Los funcionarios que, reuniendo las condiciones prescriptas en el inciso primero del artículo 79 de la presente ley, estén cumpliendo tareas en el Tribunal de Cuentas, quedan alcanzados por el régimen establecido en dicha norma.

Art. 128.- La Corte Electoral tendrá, respecto a sus funcionarios, la facultad a que se refiere el inciso final del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Art. 129. - Autorízase a la Corte Electoral, para los destinos que se indican, las siguientes partidas:

a) "Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina". N$ 7:023.632 (nuevos pesos siete millones veintitrés mil seiscientos treinta y dos).

b) "Adquisición de Sub-Estación de UTE", nuevos pesos 8:758.883 (nuevos pesos ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres).

c) "Adquisición de Máquinas y Accesorios de Imprenta" N$ 8:924.145 (nuevos pesos ocho millones novecientos veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco).

d) "Adquisición de Equipos y Accesorios para Fotografía" N$ 2:313.667 (nuevos pesos dos millones trescientos trece mil seiscientos sesenta y siete).

e) "Reacondicionamiento de Inmueble Sede Central". N$ 3:098.661 (nuevos pesos tres millones noventa y ocho mil seiscientos sesenta y uno).

f) "Adquisición e Instalación de un Ascensor" nuevos pesos 6:197.323 (nuevos pesos seis millones ciento noventa y siete mil trescientos veintitrés).

Art. 130. - Establécese una partida anual de nuevos pesos 1:000.000 (nuevos pesos un millón), para equipamiento y alhajamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 131. - Establécese para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una partida por un importe equivalente a U$S 4.500 (cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), para la compra de una fotocopiadora.

Art. 132. - Autorízase a ANEP una partida anual de N$ 325:000.000 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones) con destino a sus inversiones autorizadas.

Art. 133. - Fíjase a la Universidad de la Republica una partida de N$ 110:000.000 (nuevos pesos ciento diez millones) para la construcción de 5.100 metros de aulas universitarias de los cuales se podrá invertir nuevos pesos 55:000.000 (nuevos pesos cincuenta y cinco millones) en el año 1987.

Art. 134. - La Universidad de la República podrá disponer íntegramente del 100% (cien por ciento) de los ingresos previstos por los literales B), C) y D) del articulo 45 de la Ley Nº 12.549, de 16 de octubre de 1958. La utilización de proventos se ajustará a las previsiones que se realicen anualmente. Si no se tratara de ingresos periódicos, dicha previsión se efectuará en ocasión de concertarse o renovarse los convenios u otros instrumentos que generen ingresos y eventualmente establezcan obligaciones para la Universidad de la República. En todas las situaciones la utilización de los recursos se efectuará de conformidad con las Ordenanzas que dicte el Tribunal de Cuentas, e informando anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los ciento veinte días del cierre del Ejercicio. Dentro de lo que establezcan dichas Ordenanzas, los fondos extrapresupuestarios podrán destinarse al pago de gastos corrientes, inversiones o retribuciones personales.

CAPITULO V
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Art. 135. - Auméntase a N$ 7:500.000 (nuevos pesos siete millones quinientos mil) y N$ 1:725.000 (nuevos pesos un millón setecientos veinticinco mil) las partidas previstas en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, destinadas al Movimiento de la Juventud Agraria y Fundación Pro Cardias, respectivamente.

Art. 136. - Inclúyense en la nómina establecida en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con vigencia a partir del 19 de enero de 1987, a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado y a la escuela para adultos "Federico Ozanam" de la ciudad de Montevideo, con una partida de N$ 1:000.000 (nuevos pesos un millón) a cada una.

Art. 137. - Asígnase al Consejo de Capacitación Profesional creado por el Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979, un subsidio para el Ejercicio 1986, de hasta N$ 45:237.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil), para atender gastos de funcionamiento y de inversiones.

Art. 138. - Incrementase, para el Ejercicio 1986, el subsidio asignado para gastos de funcionamiento a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en N$ 325:768.000 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones setecientos sesenta y ocho mil).

Art. 139. - Asígnase al Instituto Nacional de Colonización una partida por una sola vez de N$ 272:000.000 (nuevos pesos doscientos setenta y dos millones), para inversiones en campos de recría lechera y recomposición de unidades productivas en la zona de minifundios del sur del país.

Art. 140. - Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay, a partir del Ejercicio 1987, un subsidio anual de N$ 3.390:000.000 (nuevos pesos tres mil trescientos noventa millones). Esta partida se ajustará por el mecanismo previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 141. - Suprímese, a partir del 1º de enero de 1987, el subsidio asignado para inversiones a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el literal a) del artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por un monto de N$ 165:696.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil).

Art. 142. - Deróganse el artículo 516 de la Ley número 13.892, de 19 de octubre de 1970 y todas aquellas disposiciones que pongan a cargo del Tesoro Nacional pagos a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), por concepto de déficit de pasterización.

Art. 143. - Destínase del producido líquido de la primera lotería siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previa deducción de la suma de nuevos pesos 300.000 (nuevos pesos trescientos mil), con destino al Plenario Nacional de Impedidos, un 25% (veinticinco por ciento) para la Cruz Roja Uruguaya y un 10% (diez por ciento) para el Patronato del Sicópata.

CAPITULO VI
DIVERSOS CREDITOS

Art. 144. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a disponer de una partida de nuevos pesos 6:128.035 (nuevos pesos seis millones ciento veintiocho mil treinta y cinco), equivalente a U$S 45.192 (cuarenta y cinco mil ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América), como contribución al Convenio de Cooperación Técnica en materia de Investigación Agropecuaria (PROCISUR), celebrado entre los Países del

Cono Sur, el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Art. 145. - Los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con gobiernos extranjeros requieren la aprobación de la Asamblea General.

No requieren ratificación legislativa los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con Organismos Internacionales de los que el país forma parte.

Respecto de los convenios o contratos que celebren los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la materia del Convenio o contrato deberá ser propia del giro que preceptivamente les asignen las leyes, conforme a los fines de sus actividades normales. El Poder Ejecutivo establecerá los casos que requerirán su autorización previa.

En todo caso, se dará cuenta a la Asamblea General dentro de los 10 días siguientes al de su celebración.

Art. 146. - Establécese una partida por una sola vez de N$ 542:400.000 (nuevos pesos quinientos cuarenta y dos millones cuatrocientos mil), equivalente a dólares 4:000.000 (cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América), para atender la contraparte local del contrato de préstamo Nº 786/SF-UR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con destino al Fondo de Preinversión.

Esta partida regirá a partir de la vigencia del citado contrato de préstamo.

Art. 147. - El organismo ejecutor del "Programa Global de Preinversión", a que refiere el contrato de préstamo mencionado en el artículo anterior, será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que administrará los recursos objeto del financiamiento. A tal efecto, suscribirá los contratos y convenios que fueren necesarios a fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa.

Art. 148. - Autorízase a los organismos públicos comprendidos en el Presupuesto Nacional a utilizar financiamiento del Fondo de Preinversión para estudios de proyectos.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá la apertura de los créditos correspondientes, con financiación de endeudamiento interno, en el Plan de Inversiones de los Incisos, a medida que se vayan concretando los desembolsos de los préstamos. De tales habilitaciones se dará cuenta a la Asamblea General. El servicio de deuda de los préstamos destinados a organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional y a Gobiernos Departamentales, será atendido con cargo a Rentas Generales.

Las contrataciones de los servicios de consultoría que utilicen financiamiento del Fondo de Preinversión, por los organismos del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales, tanto con personas físicas como jurídicas, se realizarán de acuerdo con los procedimientos previstos en el contrato de préstamo mencionado en el artículo 110 de la presente ley, así como en el Reglamento de Operaciones del Programa.

Art. 149. - El Banco de la República Oriental del Uruguay será agente financiero del "Programa Global de Preinversión", en lo estrictamente relacionado con la actividad bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato de préstamo referido.

La comisión que deberá abonarse al Banco de la República Oriental del Uruguay, se atenderá con cargo a una partida estimativa por parte de Rentas Generales.

Art. 150. - Asígnase con cargo al "Plan Nacional de Interconexión Vial" las siguientes partidas para los siguientes destinos:

A) "Caminos Rurales del Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP)", la cantidad de N$ 487:340.000 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiación del FIMTOP, la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

B) "Caminos Rurales (Endeudamiento Externo)", la cantidad de N$ 487:340.000 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiamiento externo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

Las partidas financiadas con cargo a FIMTOP y Endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Estas partidas se ajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986

Art. 151. - Asígnase al "Plan Nacional de Desarrollo para Obras Públicas Municipales" que atiende el Estado, las partidas y destinos siguientes:

A) "Obras Municipales (Rentas Generales)", las cantidades de N$ 155:949.000 (nuevos pesos ciento cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 107:215.000 (nuevos pesos ciento siete millones doscientos quince mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por Obras Sanitarias del Estado (OSE), en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

B) "Obras Municipales (Endeudamiento Externo)" la cantidad de N$ 623:795.000 (nuevos pesos seiscientos veintitrés millones setecientos noventa y cinco mil), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 428:905.000 (nuevos pesos cuatrocientos veintiocho millones novecientos cinco mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por Obras Sanitarias del Estado (OSE) en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

Las partidas con cargo a Rentas Generales y Endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Estas partidas se ajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 152. - Disminúyese la transferencia para inversiones a favor de O.S.E. dispuesta por la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, en la cantidad de nuevos pesos 204:683.000 (nuevos pesos doscientos cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil) para 1987; nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1988 y nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1989.

Amplíase a partir de 1987, el renglón 7.3.1.262, Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), en la cantidad de N$ 165:696.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil), financiada con recursos de Rentas Generales.

Art. 153. - Amplíase, a partir del 19 de enero de 1987, la transferencia dispuesta por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 con destino al "Plan Desarrollo Integral para el área Tacuarembó-Rivera", en la cantidad de N$ 66:383.000 (nuevos pesos sesenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil).

Art. 154. - Establécese una partida, por una sola vez, de N$ 79:000.000 (nuevos pesos setenta y nueve millones), con destino a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), para atender los gastos de inversión que demande el abastecimiento de agua para el complejo carcelario de Santiago Vázquez.

Art 155. - Se establecen, con destino a las "Obras para la Contención de Inundaciones en el Bajo Río Negro", las siguientes partidas: N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) y N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones), para los años 1986 y 1987, respectivamente.

CAPITULO VII
NORMAS TRIBUTARIAS

Art. 156. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 59 del Título 6 del TO. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 5º Territorialidad. - Estarán gravadas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional y la introducción efectiva de bienes, independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, y no lo estarán las exportaciones de bienes y servicios".

Art. 157. - Sustitúyense los literales a) y b) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, por los siguientes:

"a) Quienes realicen los actos gravados en el ejercicio de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, incluidos en el literal A) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

b) Quienes perciban retribuciones por servicios personales no comprendidos en el literal anterior o por su actividad de profesionales universitarios con excepción de las obtenidas en relación de dependencia".

Declarase vigente desde el lº de mayo de 1986, la sustitución del literal a) del artículo 6º del Título 6 del TO. 1982.

Art. 158. - Sustitúyese el literal b) del artículo 8º del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"b) En las importaciones las tasas se aplicarán sobre el costo CIF, más lo recargos".

Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena o por no contribuyentes, se agregará un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) sobre el costo CIF, más los recargos.

Art. 159. - Sustitúyese el literal k) del numeral 1) del artículo 13 del Titulo 6 del TO. 1982, por el siguiente:

"k) Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los pornográficos.

Estará asimismo exento el material educativo.

El Poder Ejecutivo determinará la nómina de los artículos comprendidos dentro del material educativo."

Art. 160. - Sustitúyese el artículo 33 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 33. Recaudación. - El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y época de percepción del impuesto, pudiendo requerir en el curso del año fiscal pagos a cuenta del mismo, calculados en función de los ingresos gravados del ejercicio, del impuesto que hubiera correspondido tributar por el ejercicio anterior o de cualquier otro índice representativo de la materia imponible de este impuesto.

Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar períodos de liquidación mensual para aquellos contribuyentes que designe en función de características tales como el nivel de ingresos, naturaleza del giro, forma jurídica o por la categorización de contribuyentes que realice la administración. Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y exentas, la deducción del impuesto a los bienes y servicios no destinados exclusivamente a unos o a otros se efectuará en la proporción correspondiente al monto de las operaciones gravadas del ejercicio, sin perjuicio de su liquidación mensual.

En el caso de importaciones el impuesto deberá abonarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción."

Art. 161. - Agréganse al artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, los siguientes incisos:

"Para los sujetos pasivos que realicen a la vez actividades agropecuarias e industriales, el ejercicio económico coincidirá con el ejercicio fiscal.

No obstante, mediando solicitud fundada del contribuyente, la Dirección General Impositiva podrá autorizar distintos cierres de ejercicio.

Esta disposición regirá para los ejercicios que cierren con posterioridad al 30 de junio de 1985."

Art. 162. - Agrégase al artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, con el texto dado por el artículo 6º de la Ley Nº 15.768, de 13 de setiembre de 1985, el inciso siguiente:

"Cuando quienes realicen a la vez actividades agropecuarias e industriales, cierren ejercicio en otra fecha que el 30 de junio, valuarán sus existencias por su valor en plaza, el que podrá ser impugnado por la Administración."

Art. 163. - Sustitúyese el artículo 16 del Título 8º del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 16. - Queda exonerada del impuesto la tenencia de obligaciones emitidas por empresas. La presente exoneración estará condicionada a que las obligaciones de referencia se coticen en la Bolsa de Valores."

Art. 164. - Derógase el articulo 10 del Título 8º del T.O. 1982.

Art. 165 - Sustitúyese el artículo 9º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. Activo fijo. - Se entenderá por bienes del activo fijo los que constituyen el asiento de la actividad y los demás bienes de uso utilizados por el contribuyente o por terceros; los inmuebles se considerarán bienes de activo fijo, salvo los destinados a la venta.

La actualización de valores de los bienes del activo fijo y su amortización será obligatoria a todos los efectos fiscales. La actualización deberá realizarse anualmente, aplicando el porcentaje de la variación del índice de precios al por mayor producida entre los meses de cierre del ejercicio anterior y el que se liquida.

Para los bienes dados en arrendamiento, el Poder Ejecutivo podrá establecer coeficientes especiales atendiendo a su valor de mercado o su rentabilidad".

Art. 166. - Incorpóranse al artículo 10 del Titulo 2 del T.O. 1982, los siguientes incisos:

"Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, destinados a capacitar su personal en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse entre una vez y media y dos su monto real, según lo establezca el Poder Ejecutivo".

"El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos".

Art. 167. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 16 del Título 2 del TO. 1982, por el siguiente:

"En los casos de los literales A), B), C), D) y F) se podrá optar por determinar las rentas netas reales de fuente uruguaya, de acuerdo con las normas que determine la reglamentación".

Art. 168. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 27 del Titulo 9 del T.O. 1982.

Esta facultad sólo podrá utilizarse en la medida que hayan transcurrido seis meses de iniciado el ejercicio. Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

Art. 169. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 7 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. Valores imponibles. - Las tasas se aplicarán sobre los valores reales o sobre los valores fictos que fije el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los precios de venta corrientes al consumo.

Los valores fictos a que refiere el inciso anterior, serán fijados semestralmente como precios básicos.

La Dirección General Impositiva ajustará, cada bimestre, los precios fictos básicos, en función de la variación que experimenten los precios de los bienes gravados".

Art. 170. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 15.767 de 13 de setiembre de 1985, por el siguiente:

"Quedan exonerados los profesionales universitarios y los agentes auxiliares de comercio a que hace referencia el artículo 88 del Código de Comercio, con excepción de los corredores. Quedarán asimismo gravados los despachantes de aduana, rematadores y mandatarios en general, en tanto realicen los hechos generadores del presente impuesto".

Art. 171. - Derógase el impuesto creado por el artículo 650 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 172. - Créase un impuesto adicional del 2% (dos por mil) al tributo creado por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 15.768, de 13 de setiembre de 1985.

El producido de este impuesto se destinará a la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).

Art. 173. - Deróganse los artículos 657 a 662 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 174 - Declárase que las normas de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que establecen tributos modifican los existentes o regulan los procedimientos administrativos (artículos 625, 627, 628, 630, 636 a 650, 652 a 654, 656 a 662 y 667 a 673), entraron en vigencia el 1º de mayo de 1986.

Art. 175. - Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales del Impuesto Específico Interno (IMESI) que regirán para los hechos generadores mencionados en los numerales 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 12) del artículo 1º del Título 7 del T.O. 1982.

La facultad indicada precedentemente estará limitada a las zonas geográficas de los departamentos de fronteras terrestres que determine el Poder Ejecutivo y a las enajenaciones gravadas de determinados bienes.

En todos los casos las tasas que se fijen no podrán exceder de los máximos actualmente establecidos en el artículo 1º del Título 7 del T.O. 1982, para los hechos generadores mencionados en el presente artículo.

El Poder Ejecutivo dispondrá la forma y condiciones en que operará la presente disposición a efectos de su funcionamiento y contralor, pudiendo limitar su alcance, inclusive basado en el domicilio, residencia o nacionalidad del adquirente de los bienes gravados.

Art. 176. - Sustitúyese el artículo 647 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 647. (TASA). - La tasa del impuesto será de hasta 1,5% (uno con cinco por ciento) anual excepto para los siguientes hechos generadores en que será de hasta el 0,75% (cero setenta y cinco por ciento) anual:

a) Créditos para financiar exportaciones e importaciones en admisión temporaria.

b) Préstamos otorgados a plazos no inferiores a tres años.

c) Préstamos a organismos públicos, incluyendo Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos que no realicen actividades comerciales e industriales

d) Préstamos de crédito social del Banco de la República Oriental del Uruguay.

e) Créditos eventuales que se generen por el otorgamiento de fianzas, avales, garantías y aceptaciones.

La tenencia de deuda pública nacional estará exenta del presente tributo.

Previamente a la determinación de las tasas referidas, se oirá al Banco Central del Uruguay. El Poder Ejecutivo podrá aplicar tasas diferenciales, tanto para los distintos hechos generadores previstos en este artículo como para los diversos rubros gravados incluidos en dichos hechos generadores, siempre dentro de los límites máximos previstos en el presente artículo".

Art. 177. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. (Deducción). - Se considerarán gastos del ejercicio en que se realicen:

a) los cultivos anuales;

b) los de implantación de praderas permanentes

c) alambrados;

d) los de construcción de tajamares, y

e) los de implantación de bosques protectores o de rendimiento".

Art. 178. - Sustitúyese desde su vigencia el articulo 11 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 11. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones legales genéricas de tributos establecidas en favor de determinadas entidades o actividades. Las rentas provenientes de las explotaciones de bosques y montes a que se refieren los artículos 33 a 37 del Título 2 del T.O. 1982, están exoneradas del presente tributo".

Art. 179.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 19 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"En caso de existir activos afectados a la producción de rentas no gravadas, el pasivo se computará en la proporción que guarda el activo afectado a la producción de rentas gravadas con respecto al total del activo valuado según normas fiscales".

Esta norma regirá para los ejercicios cerrados a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 180. - Inclúyese en el artículo 6º del Título 6 del TO. 1982, el literal siguiente:

"g) Quienes sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias".

Art. 181. - Sustitúyese el literal A) del numeral 1) del artículo 13 del Título 6 del TO. 1982, por el siguiente:

"A) Frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural".

Art. 182. - Impuesto a facturar. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a la circulación de productos agropecuarios en su estado natural, no será incluido en la factura o documento equivalente, permaneciendo en suspenso a los efectos tributarios hasta tanto se transforme o altere la naturaleza de los mismos. En este último caso, los enajenantes deberán incluir el impuesto que resulte de aplicar la tasa que corresponda sobre el importe total neto contratado o facturado y no tendrán derecho a crédito fiscal por el IVA en suspenso.

El impuesto correspondiente a la prestación de servicios y ventas de insumos y bienes de activo fijo, excepto reproductores, realizados por los contribuyentes del literal g) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, deberá ser incluido en la factura o documento equivalente.

Impuesto a deducir. El IVA incluido en las adquisiciones de servicios, insumos y bienes de activo fijo por los contribuyentes mencionados en el inciso anterior y que integren el costo de los bienes y servicios producidos por los mismos, será deducido conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 183.- Liquidación del Impuesto. El Impuesto a pagar se liquidará partiendo del total del impuesto facturado según lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior descontando el impuesto correspondiente a las causas referidas en el inciso final del artículo 3º del Título 6º del TO. 1982.

De la cifra así obtenida se deducirá:

A) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las adquisiciones referidas en el inciso tercero del artículo anterior, en la forma prevista en el inciso tercero del literal B) del artículo 9º del Titulo 6 del TO. 1982.

B) El impuesto pagado al importar los bienes referidos en el literal anterior.

Si mediante el procedimiento indicado resultare un crédito a favor del contribuyente, éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales, en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

En caso de ventas realizadas por quienes no sean sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), de bienes cuyo IVA ha permanecido en suspenso, no se podrá deducir el mismo de compras correspondientes: a los bienes o servicios que integren, directa o indirectamente, el costo de los bienes de referencia.

Art. 184. - El período de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecido para los contribuyentes del literal g) del artículo 6º del Título 6 del TO. 1982, será anual.

Su ejercicio fiscal coincidirá con el dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA).

Art. 185. - Los contribuyentes del IMAGRO, podrán deducir de su impuesto el Impuesto al Valor Agregado debidamente documentado, correspondiente al costo de los rubros que integran las deducciones de los artículos 11 y 12 del Título 1, del T.O. 1982, en la forma y condiciones establecidas en los artículos siguientes.

Si resultara un crédito a favor del contribuyente éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 186. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido en los rubros del artículo 11, del Título 1 del TO. 1982, será deducido hasta un máximo equivalente al importe resultante de multiplicar el IVA de dichos rubros por hectárea de productividad media, por la superficie explotada y proporcionado al índice de productividad asignado a la misma.

Art. 187. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en el costo de los rubros del artículo 12 del Título 1 del T. 0.1982, se deducirá en la misma proporción que las deducciones condicionadas admitidas fiscalmente, guardan con el total de deducciones condicionadas realizadas.

Art. 188. - Agréganse al artículo 11 del Titulo 1 del T.0.1982, los incisos siguientes:

"El costo de producción pecuaria, por hectárea de productividad media, será calculado con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido los rubros que lo integran.

El IVA incluido en los rubros que integran el costo de producción pecuaria por hectárea de productividad media, también deberá calcularse a los efectos de su posterior deducción."

Art. 189. - Agrégase al artículo 12 del Título 1 del T. 0.1982, el inciso siguiente:

"La deducción condicionada deberá computarse con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)."

Art. 190. - Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 1º (Estructura). - Créase un impuesto anual que gravará las rentas netas de fuente uruguaya obtenidas en el ejercicio de actividades agropecuarias. Dicho impuesto se denominará Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA)."

Art. 191. - Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 2º - Constituyen rentas comprendidas:

A) Las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria.

B) Las provenientes de arrendamientos.

C) El resultado de la enajenación de bienes del activo fijo que se determinará por la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los bienes enajenados.

No constituirá renta el resultado de la enajenación de inmuebles rurales (tierra y mejoras).

No estarán comprendidas las rentas derivadas de arrendamientos inscriptos antes del 31 de agosto de 1984 y por el plazo original de duración del contrato, hasta su primera revisión, ni los arrendamientos, inferiores a N$ 500.000 (nuevos pesos quinientos mil) anuales, cifra que se actualizará en igual proporción en que varíe el tope a que refiere el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984".

Art. 192. - Agrégase al artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria."

Art. 193. - Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias en concepto de honorarios a técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico Profesional) y Escuela Agrícola Jackson, por asistencia en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse por una vez y media su monto real.

El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos.

Art. 194. - Sustitúyese el artículo 3º del Título 1 del T. 0.1982, por el siguiente:

"ARTICULO 3º - Constituyen rentas comprendidas las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria."

Art. 195. - Agrégase, al artículo 2º del Título 1 del T.O. 1982, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental, o transitoria."

Art. 196. - Agrégase al Rubro de Deducción Condicionada a que se refiere el articulo 12 de Titulo 1 del Texto Ordenado 1982, el siguiente literal:

"G) Honorarios de los técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico -Profesional) y Escuela Agrícola Jackson que asistan al productor agropecuario en las áreas prioritarias que establezca el Poder Ejecutivo."

Art. 197. - Sustitúyese el art 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984 con la redacción dada por el art. 2º del Decreto-Ley Nº 15.726, de 8 de febrero de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 13. - Los contribuyentes que en el período 15 de octubre de 1984 a 30 de junio de 1985 obtengan ingresos netos que superen el monto de nuevos pesos 3:000.000 (nuevos pesos tres millones) actualizado por la variación experimentada en el índice de precios mayoristas agropecuarios en el período octubre de 1984 a junio de 1985 deberán tributar obligatoriamente el impuesto que se crea por el art. 19 de esta ley, a partir del ejercicio comprendido entre el 19 de julio de 1985 y el 30 de junio de 1986.

Para el Ejercicio 19 de julio de 1986 a 30 de junio de 1987 el Poder Ejecutivo fijará el monto a que se refiere el inciso 1º.

Para el Ejercicio 1º de julio de 1987 a 30 de junio de 1938 el monto será el equivalente al ingreso bruto de 1.750 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio 1º de julio de 1986 al 30 de junio de 1987 determinado de conformidad con lo que dispone el artículo 10 del titulo 1 del Texto Ordenado 1982.

Para los Ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1988 el Poder Ejecutivo fijará el monto que no podrá ser inferior al equivalente al ingreso bruto de 1.500 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio inmediato anterior determinado de conformidad con lo que dispone el art 10 del Título 1 del Texto Ordenado 1982.

A efectos de la aplicación del respectivo límite los ingresos por arrendamientos se computarán por seis veces los importes devengados en el período correspondiente y los ingresos netos provenientes de la venta de productos agropecuarios que no sean ganado, lana, cueros y cerdas se computarán por el 50 % (cincuenta por ciento).

El término ingreso neto comprende el monto de las ventas netas y los servicios prestados. Por ventas netas se considerará el valor que resulte de deducir, de las ventas brutas, las devoluciones, bonificaciones y descuentos comerciales u otros conceptos similares de acuerdo con las costumbres y usos de plaza."

Art. 198. - El primer reajuste de los convenios de facilidades celebrados conforme al régimen establecido por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, se efectuará al 30 de abril de 1987.

Art. 199. - Exonérase del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), a las radioemisoras del interior del país (AM), que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

A) Cuyas plantas emisoras se encuentren ubicadas en poblaciones de menos de diez mil habitantes.

B) Su potencia emisora no supere los 250 Watts.

Art. 200. - Declárase que las asociaciones de jubilados y pensionistas, de todo el país, con personería jurídica, están beneficiadas con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Art. 201. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 9º (Canalización de ahorro). - El Poder Ejecutivo podrá establecer que las personas físicas o jurídicas que efectúen aportes documentados en acciones nominativas por empresas comprendidas en la presente ley, puedan deducir para la liquidación del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) el monto de lo invertido antes del plazo de presentación de la respectiva declaración jurada. En caso de enajenarse dichas acciones antes de los tres años de adquiridas, deberá reliquidarse el impuesto correspondiente abonándose la diferencia resultante. El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual se otorga el beneficio de canalización de ahorro y el monto máximo de la integración de capital, generadora de la exoneración del impuesto a la renta."

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

Art. 202. - Derógase el Tributo de Sellos que grava la cancelación de obligaciones provenientes de retribuciones personales de los afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones a que refiere el inciso segundo del artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979.

Art. 203. - Establécense los siguientes contribuyentes y tasas de aportación al Fondo de Subsidio por Enfermedad creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

A) En el caso de los escribanos activos, el 3 % (tres por ciento) de los honorarios devengados de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 18 de la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

B) En el caso de los empleados activos afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 2 % (dos por ciento) del monto nominal de los sueldos respectivos.

C) En el caso de los jubilados de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 1 % (uno por ciento) del monto nominal de la pasividad.

Declárase que las obligaciones emergentes del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, no son de aplicación a los afiliados al Instituto creado por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

Art. 204. - Sustitúyese el artículo 643 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 643. - La recaudación del Impuesto estará a cargo del Consejo de Educación Primaria. Este Consejo convendrá con los organismos que estime conveniente, la recaudación del tributo, como asimismo acordar con tales organismos la comisión que eventualmente les corresponda por esa recaudación."

Art. 205. - Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 1987, lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, en la redacción dada por el inciso segundo del artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 206. - Autorízase a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, a disponer de una partida de hasta N$ 40:680.000 (nuevos pesos cuarenta millones seiscientos ochenta mil), equivalentes a U$S 300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) a fin de gestionar la adquisición de créditos laborales del personal de la Azucarera Río Negro S. A. (ARINSA), que tuvieran sentencia judicial basada en autoridad de cosa juzgada a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 207. - Amplíase en hasta U$S 150:000.000 (ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) la autorización concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978, y por el artículo 1º de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985, con destino a financiar el déficit resultante del Presupuesto Nacional y rescatando Letras de Tesorería por un monto equivalente.

Art. 208. - A partir del 1º de enero de 1987, la contribución que el Estado prestará a los Gobiernos Departamentales del interior de la República, será del 5 % (cinco por ciento) del producido del Impuesto Especifico Interno (IMESI), que grava la naftas (supercarburante, común y sin plomo) y del 5 % (cinco por ciento) del producido del IMESI, sobre los tabacos, cigarros y cigarrillos.

Los Gobiernos Departamentales deberán acreditar el mantenimiento de una situación regular de pagos con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y Obras Sanitarias del Estado (OSE), a efectos de percibir la contribución fiscal. En caso contrario, el importe resultante será aplicable en primer lugar a regularizar la situación con dichos organismos.

Tal contribución será distribuida en la forma prevista por el inciso 3º del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

En lo que tiene que ver con la participación en el 25 % (veinticinco por ciento), establecido en el literal b) del inciso mencionado, será necesario que la Intendencia deficitaria acredite no haber incrementado el número de funcionarios existentes al 1º de marzo de 1985. En caso de no cumplirse tal extremo, la partida correspondiente a dicha Intendencia incrementará el 75 % (setenta y cinco por ciento) a que refiere el literal a) del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 209. - Derógase, a partir del 1º de enero de 1987, lo establecido en el inciso primero del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 210. - Sustitúyese el numeral 30 del artículo 19 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto -Ley número 14.979, de 24 de diciembre de 1979, por el siguiente:

"30. Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientas cincuenta unidades reajustables) en todos los Gobiernos Departamentales.

Las mayores de 70 UR (setenta unidades reajustables) y menores de 210 UR (doscientas diez unidades reajustables), sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legislativo departamental por mayoría absoluta de votos.

Las mayores de 210 UR (doscientas diez unidades reajustables) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización de dicho órgano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus componentes.

Las multas impagas podrán ser perseguidas judicialmente siendo aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.

Las sanciones se determinarán en consideración a la gravedad de la infracción y a la naturaleza del bien jurídico protegido.

Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar ordenanzas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional."

Art. 211. - El producido del Impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, corresponderá al Gobierno Departamental en cuyo departamento, de acuerdo al registro en la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encuentre inscripta la persona física o jurídica que emite la guía que acredita la transferencia de la propiedad.

A los efectos de este impuesto, estará gravada toda operación a título oneroso o gratuito en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que dé a quien lo recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario. Exceptúanse del pago de este impuesto, a las donaciones a entes públicos y de padres a hijos u otros descendientes en línea recta así como las particiones y cesaciones de condominio de semovientes.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción y a fijar el plazo para el pago del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

Art. 212. - La multa por mora para los agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas será del 100 % (cien por ciento) del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio de las demás responsabilidades tributarias y penales.

Art. 213. - Cuando los agentes de retención o de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial de sociedad anónima, los Gobiernos Departamentales no estarán obligados a aguardar sus resultados para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos de naturaleza tributaria, emergentes de las obligaciones como agentes de retención o; de percepción (artículos 1737 del Código de Comercio y 2381 del Código Civil).

Art. 214. - En los casos de quiebras y concursos, cuando la ejecución de créditos de naturaleza tributaria, emergentes de la calidad de agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, concurra con la de créditos laborales (artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974), éstos se cobrarán con preferencia aquéllos.

Art. 215. - Facúltase a los Intendentes Municipales a dejar sin efecto la designación como agente de retención o de percepción, de quienes no hubiesen efectuado la versión del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, retenido o percibido, haciéndose pública en este caso la decisión respectiva.

Art. 216. - Los Gobiernos Departamentales, a solicitud del interesado, expedirán un certificado de vigencia semestral que acreditara que éste no tiene deudas pendientes por concepto de tasa bromatológica, de contribución inmobiliaria y de impuesto a los remates establecidos por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

El certificado deberá otorgarse dentro de los cinco días hábiles de haberse solicitado. Si en dicho plazo no se expidiera, el Gobierno Departamental entregará al interesado una constancia de ello, la cual lo habilitará a cumplir los trámites a que se refieren los siguientes artículos, tal como si hubiera sido poseedor del certificado a que se refiere el inciso anterior.

Art. 217. - Las instituciones de intermediación financiera (bancos, casas bancarias y cooperativas de ahorro y crédito), no otorgarán ni renovarán créditos con destino a actividades industriales, comerciales, agropecuarias o de servicios, sin la previa exhibición del certificado a que refiere el artículo anterior, que expedirá el Gobierno Departamental correspondiente al lugar donde se desarrollan dichas actividades.

La Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), no expedirá Guías de Propiedad y Tránsito a quienes no exhiban el certificado a que refiere el artículo anterior.

Art. 218. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 216 deberá obtenerse un certificado especial en los casos de enajenación, liquidación o disolución total o, parcial de los establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios o de servicios, o de inscripción de contratos de arrendamientos y aparcerías rurales, con igual constancia del Gobierno Departamental referido hasta la fecha del acto que motiva la solicitud.

La omisión de lo establecido precedentemente importa de pleno derecho la solidaridad del adquirente respecto de la deuda tributaria del enajenante a la fecha de la operación, la que se extenderá a los socios a cualquier título, directores y administradores del contribuyente.

Art. 219. - Facúltase a los Gobiernos Departamentales a suspender la vigencia de los certificados semestrales que hace referencia el artículo 216, cuando el contribuyente se atrasara en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a dicho período.

Tal circunstancia deberá ser comunicada a las instituciones indicadas en el artículo 217.

Art. 220 - Facultase al Poder Ejecutivo a establecer la obligación de las empresas, en las situaciones que considere conveniente, de exhibir el certificado de encontrarse al día con los Gobiernos Departamentales, para la realización de actos vinculados a la actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios.

Art. 221. - Los certificados a que refieren los artículos 216 y 218 no podrán negarse por la circunstancia de que el contribuyente haya interpuesto los recursos administrativos o las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República sin perjuicio de que el sujeto activo adopte las medidas cautelares o inicie las ejecuciones que correspondan.

Art. 222. - Al exclusivo efecto de la concesión de la refinanciación prevista en la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, no se exigirá la presentación de los certificados previstos en los artículos 216 y 218.

Art. 223. - Prorrógase hasta en doce meses el plazo establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 15.800, de l7 de enero de 1986.

Art. 224. - Modificase el plazo establecido en los artículos 4º y 9º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, fijándose en su lugar, el de cuatro años.

Art. 225. - Declárase, a todos los efectos jubilatorios, que el cómputo de servicios dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no implica en ningún caso la pérdida de la causal jubilatoria configurada por el acto de la destitución (artículo 1º de la ley citada), pudiendo acogerse a la pasividad o reforma de cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley.

Art. 226. - Para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, se acumularán, además de las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares los beneficiarios, todas las demás asignaciones de carácter retributivo, liquidadas al cargo o a la persona, y en general toda retribución sujeta a montepío. Para la determinación de tales asignaciones, se considerarán las retribuciones que el interesado percibía cuando se produjo su cese, imputándosele, a marzo de 1985 o a noviembre del mismo año, según el caso, las que le habrían correspondido si, en vez de optar por la jubilación o la reforma, hubiera reingresado al cargo del que era titular a la fecha de su desvinculación.

Esta disposición regirá con retroactividad al 28 de noviembre de 1985.

Art. 227. - A las personas comprendidas por el Inciso segundo del artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no podrá corresponderles a partir del 19 de abril de 1986, una pasividad menor que la que le hubiere correspondido de serle aplicable el inciso primero de la misma disposición legal. El Banco de Previsión Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias reliquidará de oficio las cédulas jubilatorias que se encontraren en dicha situación.

Art. 228. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1987 excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Art. 229. - Derógase el artículo 677 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, y restablécese la prohibición a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de carácter civil, comercial y/o industrial, otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos, cualquiera que fuere el procedimiento empleado para ello.

Art. 230. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, en Montevideo a 9 de diciembre de 1986.

Carlos W. Cigliuti, Miembro Informante verbal, Guillermo García Costa, Miembro Informante verbal, Manuel Flores Silva, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Eduardo Paz Aguirre, Carlos Julio Pereyra, A. Francisco Rodríguez Camusso (con salvedades), Luis A. Senatore (con salvedades), Jorge Silveira Zavala. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en los días de ayer y anteayer la Comisión del Senado, integrada con los miembros de la de Presupuesto, consideró el proyecto de ley que está ahora a consideración del Cuerpo. El mismo tuvo su origen ea el Mensaje y proyecto de ley remitido el 28 de noviembre por el Poder Ejecutivo, por el cual propicia la aprobación de un conjunto de disposiciones que, según el mismo lo dice en el Mensaje, vienen a resultar sustitutivas de similares disposiciones de la Rendición de Cuentas que el 14 de noviembre no tuvo aprobación en la Asamblea General.

Por consecuencia, señor Presidente, este proyecto de ley consta del conjunto de disposiciones de la Rendición de Cuentas que podían ser remitidas como ley común por el Poder Ejecutivo, por no formar parte de la ley Presupuestal no ser materia correspondiente a la misma ni a la Rendición de Cuentas.

Se sabe que una ley referida a esas dos cuestiones tiene que ser considerada en los primeros meses del año, de acuerdo con el precepto constitucional. En consecuencia, lo que se hizo fue enviar aquellas disposiciones que contenía la Rendición de Cuentas que no podían formar parte en este momento, de una ley de Presupuesto.

El Poder Ejecutivo destaca que los artículos sustitutivos de la Rendición de Cuentas que ha enviado, relacionados con la mejor prestación de servicios a cargo del Estado, tienen, además de esa aspiración de mejorar servicios, la de concretar ayuda a las Intendencias Municipales, como se había convenido por los Partidos y los Intendentes en la discusión de la Rendición de Cuentas en las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores y Representantes. Además, lo están con normas de redistribución y clasificación de funcionarios públicos, que habían sido originalmente remitidas por el Poder Ejecutivo, que fueron desglosadas en el Senado, por consejo de una Comisión Especial de la Comisión de Presupuesto Integrada, que consideró que no era la ocasión oportuna para incorporarlo al texto; pero posteriormente fueron consideradas, analizadas y votadas en la Cámara de Representantes. Posteriormente, no tuvieron oportunidad de ser consideradas por el Senado y la Asamblea General y ahora vienen como salieron de la Cámara de Representantes, con algunos aditamentos y artículos nuevos, pero que todos corresponden al propósito original que tuvo el Poder Ejecutivo cuando remitió su proyecto de Rendición de Cuentas.

Asimismo, este proyecto contiene autorizaciones para el cobro de tasas de servicios públicos y las partidas de inversión por subsidios y por subvenciones que estaban en la Rendición de Cuentas, que habían recibido aprobación, que después no fueron ratificadas en la Asamblea General y que luego se consideró que podían formar parte de este proyecto de ley.

Para su mejor comprensión la Secretaría de la Comisión ha dividido el articulado del proyecto en ocho capítulos que permiten la clasificación por materia del conjunto de disposiciones que contiene el proyecto de ley. Es decir, disposiciones generales, normas sobre funcionarios, Incisos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 de la Constitución, subsidios y subvenciones, diversos créditos, normas tributarias y disposiciones varias.

Las normas tributarias se refieren también a disposiciones que originariamente enviara el Poder Ejecutivo, las que luego fueron objeto de discusión y de ampliación en la Comisión del Senado, merecieron, más tarde, otras modificaciones en el plenario del Cuerpo y después de ser estudiadas por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, fueron retiradas del proyecto y desglosadas a los efectos de darle un tratamiento por ley separada.

Ahora, se encuentran incluidas en las disposiciones de este Mensaje.

Señor Presidente: la Comisión aprobó todos los artículos que contiene este proyecto, los que, en su inmensa mayoría fueron votados por los representantes de todos los partidos.

Estuvieron presentes en la Comisión el señor Ministro de Economía y Finanzas, el señor Subsecretario, el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Director de la Dirección General Impositiva, otros técnicos del Ministerio y los señores legisladores que la integran, así como varios representantes de la Comisión de Presupuesto del Senado.

No tengo nada más que decir, señor Presidente, sino que estos artículos han sido verdaderamente estudiados y muy discutidos, más en la Cámara de Representantes que en el Senado. Se corresponde -y tiene su origen- con el proyecto de Rendición de Cuentas que originariamente aprobó la Cámara de Representantes, con excepción, repito, de las normas tributarias del agro. En este momento han llegado, según lo indica el Mensaje del Poder Ejecutivo, con el acuerdo de los dos partidos. Reitero que salvo discrepancias en algunos artículos, no muchos, menos de media docena, el resto fue votado por los representantes del otro partido con representación en el Senado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Mucho más de media docena.

SEÑOR CIGLIUTI. - Mucho más de media docena, no, señor senador porque varios fueron ratificados y hay tres o cuatro que se considera son verdaderamente importantes, según oí decir en Comisión al señor senador Rodríguez Camusso.

Pero si hay más de media docena -no sé lo que quiere decir el señor senador- lo cierto es que la inmensa mayoría de los artículos que integran este proyecto de ley fueron votados en Comisión por representantes de los tres partidos.

Se pensó con respecto a algunas otras disposiciones, que podrían ser incluidas en el texto, pero la Comisión no tuvo oportunidad de considerarlas, e individualmente, no se han recogido opiniones. Por lo tanto, es posible que en el transcurso del debate se proponga la inclusión de algunos artículos adicionales.

Es lo que deseaba manifestar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: no tenemos mucho más que agregar a la información que brindara el señor senador Cigliuti, que también es miembro informante de este proyecto de ley.

En lo esencial, cuantitativa y cualitativamente, se trata de un proyecto que reedita disposiciones del fallido proyecto de Rendición de Cuentas que el Parlamento tuvo a consideración hasta hace poco.

En general, es notorio que en él no se hallan comprendidas algunas de aquellas disposiciones que hacían a los aumentos de retribuciones de funcionarios públicos.

Luego de la instancia en que no se aprobara el proyecto de Rendición de Cuentas, nuestro partido presentó otro en la Cámara de Representantes referente a ese tópico, de remuneraciones de funcionarios cuya presentación no fue compartida por el Partido Colorado por razones de inconstitucionalidad. No se consideró en esta oportunidad útil reabrir una discusión que podría ser estéril; por lo tanto, tenemos aquí para nuestro estudio las disposiciones sobre las que no hay objeciones.

Como diferencia con el último texto que se considerara de Rendición de Cuentas, señalamos que se han agregado algunas normas relativas a redistribución de funcionarios públicos, y a la tributación en el sector agropecuario.

Existe, también, una disposición referente a los convenios internacionales y a la forma de suscribirlos. Luego, hay modificaciones de orden meramente gramatical que no hacen, en ningún caso, al fondo de la norma.

Creemos que con la aprobación de esta inicitiva se cumple una etapa eficaz.

Importa señalar que, según se ha manifestado, es voluntad del Poder Ejecutivo -que conocemos y compartimos- enviar en la próxima Rendición de Cuentas un capítulo en el que además de las disposiciones del caso, se incluyan las normas relativas al aumento de los funcionarios que, habiendo estado en la Rendición de Cuentas 1986, no están contenidas en este proyecto. Dicha Rendición de 1987 será enviada al Parlamento -lo que ha sido expresado públicamente por el señor Ministro de Economía y Finanzas- antes del vencimiento del plazo constitucional, que será el 30 de junio, o sea en el correr del mes de abril.

Ese envío anticipado, obedece exclusivamente al ánimo de lograr que los aumentos de los funcionarios públicos -que debieron aplicarse a partir del 1º de enero- no se atrasen más allá de lo que parece razonable.

A esos efectos, nuestra bancada declara muy enfáticamente que tratará de procurar que el trámite de ese proyecto de Rendición de Cuentas se haga rápidamente, para que sea posible una reedición de lo que debió haber sido la Rendición de Cuentas de haberse aprobado en este año. Naturalmente, no se vincula esto de modo alguno con las disposiciones que eventualmente puedan estar contenidas en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, y que no atañen a las circunstancias que indicáramos precedentemente.

Pienso que en esta explicitación muy consisa, muy sintética, está cumplida, por lo menos, la primera parte de nuestra información. Seguramente, en el transcurso del análisis del proyecto, se nos requerirán explicaciones sobre algunas disposiciones, lo que en la medida de nuestra posibilidades, haremos con mucho gusto.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Voy a tratar de ser tan breve como los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto al comentario que a la bancada del Frente Amplio -aunque no será sólo mi expresión la que representará a la coalición que integro- le merece el proyecto de ley que está a consideración del Senado.

Algunas reflexiones nos hacen pensar que esta es la prueba más cabal, sobre todo después de conocer el articulado de este proyecto, de que la angustia que sufrimos en la Asamblea General el día que no se logró un acuerdo debido al Partido Colorado -diría que fundamentalmente fue a causa del Partido de Gobierno- para aprobar la Rendición de Cuentas, era un hecho que no estaba justificado. ¿Por qué? Porque todas las normas contenidas en este proyecto ya estaban acordadas en su mayoría, diría que en un 90%. Los que intervinimos en el estudio de la Rendición de Cuentas durante la última. etapa de la Asamblea General, aunque no integramos la Comisión designada por ese Cuerpo, pudimos captar que muchas de las normas que ahora aparecen en este proyecto estaban acordadas.

Recordamos, por ejemplo, que existía un acuerdo entre los dos Partidos tradicionales en cuanto a incorporar las normas que atendían los problemas que tienen las Intendencias Municipales, así como en materia del IMAGRO, que había presentado dificultades con la votación o con el sistema establecido en la etapa que cumplió la Rendición de Cuentas en el Senado. En aquel momento se había demostrado que la voluntad política estaba configurada para incorporar en la Rendición de Cuentas las normas que ahora vienen en este proyecto.

Esta reflexión lleva a afirmar que nosotros teníamos la sensación cabal y terminante de que el acto que quedó trunco de la Rendición de Cuentas y que sentimos con bastante angustia, se frustró deliberadamente, pues nada impedía la aprobación de un proyecto acordado y cuyas diferencias estaban salvadas. Desde luego, no sucedió asi; los hechos lo indican. Pero esto no impide que en el día de hoy señalemos que la Rendición de Cuentas no se aprobó el último día en que estuvo a consideración del Parlamento porque realmente no existió la voluntad política de hacerlo, ya que ese acuerdo se logró en esta etapa, pues estas normas que tenemos a consideración formaban parte de la Rendición de Cuentas, aunque han quedado por el camino otras disposiciones que por normativa de la Constitución no pueden ser incorporadas en este proyecto.

Al no ser sancionada la Rendición de Cuentas se perdió una serie de beneficios que allí se incorporaban, que permitían, por ejemplo, restablecer la situación de funcionarios mal pagados en algunas instituciones -especialmente los del Ministerio de Salud Pública y los de otros organismos que ahora no viene al caso citarlos- así como perjuicios para el desarrollo normal del Estado. Tampoco se logró el apoyo a la Universidad de la República para la que se había obtenido una cifra no totalmente suficiente, pero que sí mejoraba en mucho lo que va a resultar de este proyecto que en este momento no permite otra cosa. Repito que en la instancia de la Rendición de Cuentas, estos problemas se podrían haber solucionado, inclusive, en los últimos quince días, porque desde el momento en que nos enteramos de que los dos partidos tradicionales, el de Gobierno y el Nacional, estaban acordando sobre estos artículos que tenemos a estudio hasta obtener este proyecto, transcurrió mucho menos de ese plazo. ¿Por qué? Porque ya estaba en el ánimo político realizar esto.

Cuando a veces, ante alguna expresión, se escucha la crítica de que la Rendición de Cuentas se tomó de rehén por otros problemas que no tenían nada que ver con ella, digo que ello es cierto, que los hechos, el acto final que estamos cumpliendo hoy, da la razón a quienes siempre entendimos que ese proyecto no se aprobó porque el Poder Ejecutivo así lo decidió.

El Frente Amplio tuvo la posibilidad constitucional de votar afirmativamente la Rendición de Cuentas -lo que es cierto- y dar al Poder Ejecutivo la posibilidad, también constitucional, de vetar todo lo que quisiera, ya sea por vicio de inconstitucionalidad o razones de conveniencia, dejando la ley que deseaba. Al rechazar nosotros el proyecto, le abrimos al Partido Nacional la posibilidad en la instancia de la Asamblea General, de poder concretar en normas, lo que ya había sido acordado. Cuando culminó el trabajo de la Comisión que había designado la Asamblea General para el tratamiento de este asunto, figuras decisivas del Partido Nacional habían aceptado, por ejemplo, que en cuanto al IMAGRO se volviera al sistema que había propuesto la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado y no el aprobado por este Cuerpo.

De modo que al día de hoy no tenemos Rendición de Cuentas, pero sí este proyecto que va a servir porque tiene su utilidad para compaginar muchas normas que son necesarias para el funcionamiento del Estado que, de otra forma, quedaban sin establecerse. Lo cierto es que han sido perjudicados muchos organismos y funcionarios por la no aprobación de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, el proyecto que tenemos a consideración es la prueba cabal de que aquélla se pudo sancionar porque éste se logró acordar en unos pocos días más y contiene la mayoría, un 90%, de las disposiciones originales.

Nosotros no podemos callar esta circunstancia ni dejar de señalar -aunque no lo hacemos en un tono de queja ni con ese sentido- que cuando habilitamos el pasaje a la Asamblea General pensamos, honestamente, que se iban a mantener conversaciones en esa instancia de la Asamblea General, que permitirían llegar a un acuerdo, que ya se había llegado a concretar a nivel de la Comisión que ese Cuerpo había designado y que no pudo plasmarse en los artículos.

Nosotros pensábamos -con bastante razón- que el Frente Amplio no podía ser marginado de esos acuerdos, así como del estudio de las nuevas normas, permitiendo que aportara su criterio.

La Asamblea General no aprueba la Rendición de Cuentas y entonces se abre una nueva instancia de la que nos enteramos a través de la prensa. Se trata de un acuerdo, que me parece natural. Al respecto, quiero señalar que no estoy haciendo imputación alguna sino simplemente deseo manifestar que se siente que no era justo que se tratara la problemática sin el Frente Amplio que, durante todo el tiempo que el tema estuvo a consideración del Senado, de la Cámara de Representantes y luego en la Asamblea General, efectuó los mayores esfuerzos posibles para llevar el trabajo a buen término. Todos saben que algunas de sus ideas fueron incorporadas a las normas proyectadas.

De modo que el apartamiento que sufrió la coalición del Frente Amplio en la etapa de redacción de este proyecto, me parece que fue un error político. Además, no se justifica porque ni siquiera representa la retribución natural por el trabajo desarrollado y el esfuerzo brindado a efectos de intentar llevar a buen término aquellas gestiones que, infelizmente, no se concretaron.

Al estudiar este proyecto, nos encontramos con una serie de normas que contaban con el acuerdo de los dos partidos tradicionales.

Más allá de las amables expresiones de algunos señores senadores en el sentido de que estaban dispuestos a escuchar nuestra opinión e introducir algunos cambios, pienso que el proyecto era una estructura prácticamente inmodificable. Tan es así, que muy poco se pudo lograr. En ese sentido, puedo señalar que en más de una oportunidad se pretendió realizar alguna modificación, pero no prosperó. Por supuesto, éramos conscientes de que se estaba trabajando sobre la base de un proyecto que contaba con un acuerdo total, como lo señala el Poder Ejecutivo en su Mensaje. Los dos partidos mayoritarios habían llegado a un consenso en cuanto a la sanción de este proyecto, dado que se contaba con las mayorías necesarias. De modo que van a terminar aprobándose las disposiciones, tal como vinieron al Senado.

A pesar de todas estas consideraciones, quiero manifestar que votaremos gran parte de las disposiciones incluidas en este proyecto. Sin embargo, votaremos negativamente algunos de sus artículos por las razones que explicitaremos en su oportunidad. Reitero que todos estos artículos ya habían sido votados cuando se consideró el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento.

Con estas expresiones que se refieren a lo que denominaría un último acto de verdad relativo a la Rendición de Cuentas de 1985, termino mi exposición sobre este punto. Cuando llegue el momento de la discusión particular, haremos las consideraciones necesarias en los distintos capítulos y artículos de este proyecto de ley.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a hacer unas breves consideraciones para señalar que, por la urgencia de la tarea desarrollada, no se ha realizado un repartido comparativo del texto que presentó como proyecto de ley el Poder Ejecutivo, y de las modificaciones que le introdujo la Comisión de Hacienda, integrada con la de Presupuesto. Esto nos coloca en la imposibilidad material, por la escasez del tiempo, de saber en qué consistieron tales modificaciones. Creo que ellas no son ni de fondo ni muchas, pero de todas maneras estimo que será conveniente que, cuando entremos a la discusión particular, ellas sean señaladas y explicitadas por los miembros de la Comisión, para el debido conocimiento de los integrantes del Cuerpo.

Expresada esta reflexión o solicitud a los miembros de la Comisión, quiero hacer alguna consideración de carácter más general, que estimo de fondo, sin perjuicio de dejar establecido que comparto todo lo expresado por el señor senador García Costa en nombre de la bancada de nuestro Partido.

Como se sabe, este proyecto de ley ha extraído del de Rendición de Cuentas -que no pudo aprobarse por las razones por todos conocidas- más de la mitad de sus disposiciones, y ha excluido a otras por entenderse, con razón, que por ser de naturaleza o materia estrictamente presupuestal, vencidos los plazos constitucionales para aprobar la Rendición de Cuentas, no pueden ser sancionadas en esta instancia sin violar la Constitución. Quiere decir, que se hizo un análisis de todas las disposiciones que había en el proyecto original no aprobado y se llegó a la siguiente conclusión: unas eran de naturaleza presupuestal y no podían ser aprobadas en esta instancia, mientras las otras, por no ser de naturaleza presupuestal, sí podían ser aprobadas mediante otro proyecto de ley.

La conclusión que se extrae de este procedimiento que se ha adoptado, es que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas había disposiciones que no eran de naturaleza presupuestal. Por supuesto, esto no es ninguna novedad ya que ocurría en esta Rendición de Cuentas lo mismo que en la anterior y lo mismo que ha sucedido toda la vida en las leyes de este carácter. Y porque ha sucedido toda la vida, el constituyente, creo que desde el año 1967, introdujo una disposición en el artículo 216 que prohíbe expresamente incluir en este tipo de leyes disposiciones que exceden, en su vigencia, del mandato del período de gobierno correspondiente o que no refieran a la ejecución o interpretación del Presupuesto.

¿Por qué afirmo esto? Porque el hecho de que se haya llegado a la conclusión de que había más de doscientas disposiciones en la Rendición de Cuentas que no fue aprobada, que podían sancionarse por ley separada sin violar la Constitución, está diciendo a las claras, en forma incontrovertible, que dentro de la Rendición de Cuentas había una cantidad de disposiciones que no eran presupuestales y que, igualmente se incluían, violando a conciencia el artículo 216 de la Constitución.

Aquí hay un dilema de hierro: si las disposiciones eran presupuestales, no podemos aprobar este proyecto porque violamos la Constitución; y si no eran presupuestales, violábamos la Constitución cuando las incluimos dentro del proyecto de Rendición de Cuentas.

Como esto es de una claridad meridiana, lo señalo para que tomemos conciencia de ello.

En su momento, cuando se trató la ley de Presupuesto, señalé en Comisión, en el Senado y luego en la Asamblea General, que esa ley estaba llena de disposiciones que no eran presupuestales y que violaban el artículo 216 de la Constitución. Por supuesto, prediqué en el desierto. De acuerdo con la inveterada práctica existente en esta materia, a nadie le importó mucho ni poco el asunto y las disposiciones quedaron incluidas en la ley, con ese vicio clarísimo de inconstitucionalidad formal. En el caso de la Rendición de Cuentas lo reiteré en Comisión, pero ya no me tomé el trabajo de repetirlo en el Senado, porque comprendí que a nada conducía.

Ahora, los hechos han venido a demostrar de manera incontrastable la razón que me asistía. La ley estaba llena de disposiciones que no eran presupuestales. Por no tomarse el trabajo de considerarlas por ley separada, violando la Constitución, se las había incluido dentro de la Rendición de Cuentas.

Esto no sólo trae el problema o el grave defecto de sancionar disposiciones en forma inconstitucional, sino que además dificulta el estudio de las leyes presupuestales y distrae la atención de los problemas básicos con la consideración de normas referentes a derechos de los funcionarios, y a otras materias que no son presupuestales con un articulado interminable, que siempre arriesga, en el trámite de la Comisión, exceder en su estudio de los plazos constitucionales, llegándose al final del mismo con la angustia de su vencimiento,

Dicha Rendición de Cuentas, de acuerdo con las coincidencias actuales -porque de lo contrario no estarían en este proyecto de ley que estamos considerando- tenía mas de 200 disposiciones que constitucionalmente no podían estar en ella. Tanto es así, que en caso contrario, no las estaríamos considerando en este momento.

No quiero extenderme en esto, señor Presidente, y simplemente quiero dejar constancia de mi pensamiento -para lo cual hago esta reflexión sobre lo ocurrido- a los efectos de ver si en el futuro todos nos ponemos de acuerdo, los legisladores y el Poder Ejecutivo, en que no se incluyan más en estas leyes este tipo de disposiciones. Si es necesario aprobarlas, se envía otro proyecto de ley y se estudian por separado, como se ha hecho ahora.

Entiendo que, de procederse en esa forma, las disposiciones típicamente presupuestales se van a estudiar mejor y no vamos a incurrir en el vicio tradicional de aprobar normas que posiblemente habría que rechazar, por el simple hecho de que la Ley de Presupuesto debe aprobarse de cualquier manera. Lo mismo sucede con la Rendición de Cuentas, aunque en esta oportunidad se haya dado la excepción -esperemos que sea por primera y ultima vez- de que no se aprobó.

Creo que todo esto va a redundar en beneficio del Parlamento, de la Administración y, además, del cumplimiento de nuestro deber de no sancionar leyes inconstitucionales.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: hace instantes un estimado colega me comentaba -no sé si con cierto margen de ironía- que apreciaba, mientras escuchaba las exposiciones que se venían realizando, en mí, una expresión beatífica.

En rigor, ante esta sesión del Senado -me pregunto- si quisiéramos que alguien la pintara, tendríamos que recurrir probablemente a la mano de Fra Angélico. Recordando el 14 de noviembre y comparándolo con este día de hoy, me pregunto, evocando a Neruda: "¿Nosotros, los de entonces, seremos los mismos?" Porque al arrebol encendido de aquellos cuadros infernales, en cierta medida comparables con los que Dante veía junto a Virgilio, ha sucedido un hecho que hubiera sido la delicia de los pietistas del siglo XVII. Parece que aquí vamos de la mano de Beatriz ¡si hasta nuestros amigos periodistas nos han abandonado en el día de hoy! Aparentemente no pasa nada, porque ya todo sucedió entre el 14 de noviembre y el 10 de diciembre.

Como en la alegoría del Dante, también aquí entre el infierno y el paraíso, existe un Purgatorio y al mismo han ido centenares de miles de víctimas inocentes que nada tuvieron que ver con aquello ni con esto. Iban a disponer de beneficios a partir del 19 de enero, pero ya no los tendrán. No bajemos el tono, no quitemos importancia y no intentemos diluir responsabilidades. Aquello fue una calamidad, aunque rodeada por características muy peculiares: llamadas imprevistas, casi a media noche, corridas que demostraron admirables estados atléticos, rotura imprevista del reloj. En aquella oportunidad a un legislador creyente que en voz baja musitaba: ¡Milagro!, cuando no se sabía si la Rendición de Cuentas se iba a votar y el reloj interrumpió su curso normal a las 23 y 54 minutos, reanudándolo a las 23 y 59, pero con la hora en que se detuvo por primera vez. Se pudieron apreciar manos que se levantaban, órdenes, contraórdenes, manos que se bajaban, nerviosismo, corridas, impaciencia, frenesí y ausencia de una Rendición de Cuentas.

Todo aquello hoy desemboca en este clima de paz, armonía y al parecer, de satisfacción.

¿Qué vientos, venturosos o no, pasaron entre el 14 de noviembre y el 10 de diciembre? ¡Vaya uno a saberlo! No tengo ánimo de inquisidor, ciertamente. Pero aunque no soy mahometano, me veo inclinado a sentarme junto a mi ventana a esperar que algo suceda. Pienso que algo va a ocurrir, días más o días menos, y la respuesta para este cambio, naturalmente, llegará.

Nosotros, obviamente, tenemos, también, responsabilidades. No vamos a incurrir en la ligereza, mucho menos en la hipocresía de negarlo. Nunca lo hacemos. El Frente Amplio tiene en lo ocurrido una cuota de responsabilidad. Si actuó acertada o desacertadamente, no es este el momento de calibrarlo, pero asumimos, sí, la responsabilidad absoluta de cada una de nuestras decisiones.

A cierta altura, la Rendición de Cuentas no tenía acuerdo en algunos aspectos importantes -no en todos- pero algunos de ellos sí eran verdaderamente trascendentes. Los desacuerdos fundamentales registraban la imposibilidad de llevarla adelante a través de enfrentamientos conceptuales entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Pude, quizás debió -me lo pregunto, no lo respondo definitivamente todavía- el Frente Amplio aceptar ser el factor decisivo en aquella contienda? Entendió que no debía ser y no lo fue.

En definitiva, el Frente Amplio pensó que las diferencias que se habían planteado no eran tan hondas, tan significativas como para no poder ser superadas en el transcurso de los quince días que restaban. Optó por abrir esa instancia en la certeza de que con unas u otras fórmulas, en definitiva, habría dentro de esos quince días una solución armónica y transaccional. Sin embargo no la hubo, en un marco muy particular, porque prácticamente en los últimos días la Comisión no se reunía ya y cuando faltaba muy poco para resolver, fueron visibles dificultades que no referían solamente a la Rendición de Cuentas y un clima político creado determinó que este proyecto no se aprobara.

Vencido el plazo, condenados al Purgatorio esos ciento de miles de inocentes, al igual que esas instituciones del Estado que ya no van a poder recuperar lo que perdieron, los acuerdos surgieron. No por arte de magia, porque ella no se aplica a estos problemas. Lo que no se pudo lograr en 15 días se obtuvo en algunas horas y desde el punto de vista de los temas examinados, no había hechos nuevos. Esto es así, a menos que se nos quiera decir que el artículo 145 -que fija normas en materia de préstamos con organismos internacionales por el Poder Ejecutivo, los organismos autónomos o descentralizados y que para nada estaba examinado con anterioridades el factor nuevo que hizo posible el acuerdo. Lo demás es precisamente lo que se estaba discutiendo. Cuesta entender por qué lo que no se pudo lograr en meses y obtener en quince días decisivos, se acuerda en pocas horas.

En cierta medida, si fuera más joven, me sentiría inclinado a sacar pecho y asumir una actitud de vanidad. No es naturalmente nuestro caso.

Uno podría detenerse a pensar: ¡Pero si será importante el Frente Amplio que basta que no esté presente para que en unas horas se arregle lo que no se pudo hacer en quince días! Pero, nosotros pensamos que esto no es así, porque para nada molestamos, para nada perjudicamos y no enturbiamos las posibilidades de acuerdo. Entonces, tenemos derecho a colegir que no se trata de que el Frente Amplio estuviera presente o ausente, sino que se trata, visiblemente, de un clima diferente, porque debemos pensar qué elemento novedoso, renovador, trascendente, introduce esta solución que se logra -califíquesela como se quiera con respecto a las anteriores. ¿Cuál de las cosas que se examinan, que se introducen, están fuera de aquellos elementos que habían sido discutidos conjuntamente, a lo largo de estos meses, primero en el Senado, después en la Cámara de Representantes y luego en la Asamblea General?

Como no puedo imaginar que haya sido un propósito deliberado del Partido Colorado y del Partido Nacional el dejar a miles y miles de funcionarios públicos sin los beneficios que trabajosamente todos habíamos acordado conceder, ni que la finalidad del Partido Colorado y del Partido Nacional haya sido perjudicar a organismos del Estado, para los que hemos trabajado mucho a efectos de favorecer a lo largo de meses, tengo derecho a pensar que, naturalmente, hay elementos nuevos, hay una especie de duende "Puck", que está por allí, animando las escenas, y que cree que desde la platea no es visible. Sin embargo, probablemente lo sea. Y digo que no va a pasar mucho tiempo sin que lo veamos aletear a nuestro costado.

En definitiva, salvo el artículo 145, no hay aquí elementos sorpresivos; hay avances en algunos casos, retrocesos en otros según nuestro punto de vista, pero todo manejado sobre la base de elementos que ya habían sido examinados y discutidos largamente. A cierta altura, se entendió que no era posible el acuerdo y se dejó al país sin Rendición de Cuentas, a pesar de que todos habíamos hecho lo posible para que todas las fuerzas políticas participaran, en la máxima medida, en la elaboración de esa Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Nosotros, en su momento, entendimos que no era deseable que un proyecto de esta magnitud, de estas proporciones, saliera sobre la base de una mayoría accidental y con elementos que no habían sido plenamente discutidos dentro de todos los recursos que la Constitución concede. Pero este propósito fracasó porque el acuerdo, en apariencia, no era posible. Sin embargo, pocos días después nos enteramos de que luego de haber condenado a los funcionarios y a los organismos que aquella Rendición de Cuentas, por consenso de todos, tendía a beneficiar, el acuerdo surge como por arte de birlibirloque y crea este clima casi enternecedor en que hoy nos estamos manejando.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: confieso que no entiendo la lógica con que funciona el razonamiento del señor senador Rodríguez Camusso, ni el esquema de interpretación que tan elocuentemente presenta en este Senado, de la realidad nacional.

Hay dos opciones: o jugamos a los tontos, o nos damos por aludidos. Si nos sentimos aludidos por las metáforas de Fra Angélico y de los aleteos a sus costados, etcétera, nos tenemos que sentir agraviados.

Creo que a determinada altura del proceso político, teniendo en cuenta que estamos abocados a poner fin a la etapa de transición a la democracia y en el marco de una democracia plena, en la que debemos esforzarnos en la búsqueda de la instrumentación de las grandes soluciones nacionales, vamos a tener que poner fin a un estilo político muy perjudicial para la República. No puedo escuchar en silencio que se insinúen cosas que no se dicen con claridad. Nosotros no hacemos pactos secretos, ni proponemos cosas ocultas o lo que nos susurre al oído algún amigo, ni dejamos de asumir las responsabilidades que están a nuestro frente.

Cuando acusamos a otro de hacer esto, lo decimos con nombre y apellido y con todos los datos sobre la mesa, sin tener que recurrir a Víctor Hugo, a Miguel Angel, a Fra Angélico. No creo que éste sea un buen estilo para llevar adelante las cosas, porque le hace mal al país, manifestándose en todos los órdenes de la vida nacional. Aquí no hay hijos ni entenados. Somos todos ciudadanos uruguayos, electos por el voto popular y sujetos al mismo tipo de escrutinio público. No hay impunidad -para utilizar un término de moda- para algunos legisladores, ni un escrutinio especial para otros, por tener el estigma de pertenecer a partidos que celebran nada menos que sus 150 años de existencia.

Digo esto como ejemplo, porque me parece muy revelador de este estilo lo que manifiesta el señor senador Rodríguez Camusso. En el día de ayer recibí la visita de varios y muy representativos dirigentes sindicales, vinculados a un conflicto que está llevando al país al borde de una situación límite. Me expresaban que si un dirigente sindical que militara en mi Partido estuviera dispuesto a dar un paso atrás -y esto significaba flexibilizar su postura ante la negociación- iba a ser denunciado públicamente, como una suerte de traidor al movimiento obrero. Ese mismo dirigente sindical, me visita en mi despacho hoy de mañana y, sin ruborizarse, sin ponerse colorado, sin sentir vergüenza ajena, porque yo estaba presente en la reunión celebrada en el día de ayer y en la de hoy, me presenta una propuesta que luego es llevada al seno de la Comisión de Asuntos Laborales, que integrábamos junto a los señores senadores Araújo, Tourné, Zumarán y Capeche -que ahora no se encuentra en Sala- proponiendo no un paso atrás, sino quinientos pasos atrás, sugiriendo retomar la situación a partir del punto inicial. Ese era un acto patriótico, era la voz de la clase obrera, era la voz del pueblo uruguayo. Hasta ayer, a las doce de la noche, si un dirigente nacionalista quería flexibilizar las posiciones, era considerado un traidor; pero hoy, un dirigente comunista le dice al país que el conflicto se va a solucionar sobre la base de retrotraernos a siete días atrás, es decir, que vivimos siete días sin combustibles, en tensión, con los camiones apedreados al salir de la central de La Teja, y todo eso fue simplemente para que hoy digamos que se soluciona el conflicto, volviendo a fojas cero

Me imagino qué hubiera pasado en este país si un dirigente obrero de mi Partido hubiera sugerido esta hipótesis en el día de ayer, donde un paso atrás era una traición al movimiento popular.

Creo que hay derecho a exigir seriedad en los planteos a todos los partidos políticos que se sientan en este recinto. Todos vamos a ser medidos con la misma vara y de acuerdo a nuestras actitudes. Aquí, cuando hay un acuerdo, si participa el Frente Amplio, es un acuerdo patriótico y si intervienen los partidos que representan al 80 % de la población de este país, es un fraude a la opinión pública, una farsa y una traición a la historia. Aquí, cuando no hay acuerdo porque falta el Frente Amplio, es porque no se le ha consultado. Y cuando no hay acuerdo porque falta una de las dos grandes colectividades del país, es porque estamos payaseando, en vez de consolidar las instituciones democráticas.

Pido disculpas al señor Presidente por el exceso de pasión, pero no estoy dispuesto a escuchar de brazos cruzados este juego de imágenes, de metáforas y de retórica, donde a través de un barniz cultural, a mi juicio dudoso, se pretende poner en el banquillo de los acusados -con una cultura de "solapa de libro"- nada menos que a los dos Partidos que han construido este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: para empezar por el final, señalo que la expresión "solapa de libro" ya la había escuchado a una generación anterior aunque, naturalmente, no referida a mí. Por otra parte, los elementos culturales o las referencias que maneje cada uno son personales; yo nunca me entrometo con las de nadie y utilizo las que deseo.

Quiero establecer, en primer lugar, que no he formulado ningún agravio a personas ni a partidos y tampoco me propongo hacerlo. Lo que he hecho es examinar realidades políticas con el estilo y el lenguaje que me placen, a lo que tengo perfecto derecho siempre que no atribuya intenciones ni formule agravios. Y no las he atribuido ni las he formulado; menos aún cuando se manejan elementos que no tienen ninguna relación con lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en el país, en el plano sindical, o lo que se haya sostenido en entrevistas particulares con uno u otro senador, con lo que estoy expresando? ¿Qué conocimiento puedo tener al respecto, salvo por lo que acabo de escuchar? ¿Qué relación, directa o indirecta, tiene todo esto con los temas que estoy examinando? Absolutamente ninguna.

Si un señor senador está refiriéndose a un tema en términos que no son de mi agrado, le pido una interrupción y hablo de algo totalmente distinto, sobre lo que extraigo conclusiones- las mismas podrán compartirse o no- queda meridianamente claro que eso no tiene absolutamente nada que ver -y ahí sí, ni por la solapa- con lo que está mencionando.

En ningún momento me he aproximado, siquiera, al tema que ha centrado la interrupción del señor senador. Por lo tanto, por lo menos en este momento no voy a referirme a eso para nada pero dejo en claro que ello no avala ninguna consideración que formule el señor senador con respecto a mi intervención.

Otra cosa que quiero decir es que el señor senador ha hablado de fraude, de farsa, y de traición -y no voy a corregir ninguno de los términos de la versión taquigráfica de mi exposición- y estoy absolutamente seguro de que no he dicho nada de eso porque, ni siquiera lo pienso. De manera que mal puedo utilizar términos de esa naturaleza a propósito de un tema, cuando no pienso que sea un fraude, una farsa ni una traición lo que se ha estado haciendo.

También se esgrime el hecho de pertenecer a una fuerza política que tiene 150 años. ¿En qué medida he desconocido o atacado eso? Cuando tiempo atrás, en el Senado se rindió homenaje a ambas colectividades tradicionales y escuchamos dos intervenciones muy buenas, una nacionalista y otra colorada, un legislador del Frente Amplio realizó, brevemente, una constancia muy respetuosa hacia ambas colectividades tradicionales. Esa persona fui yo y no tengo que arrepentirme ni corregir nada de ello. En consecuencia, el que se nos ponga en un plano que no es el que nos corresponde me parece un elemento que no cabe en un intercambio de opiniones.

Lo que sí digo -y no preciso para ello apelar a ninguna referencia poética ni filosófica- es que el 14 de noviembre no hubo Rendición de Cuentas y sí un enfrentamiento muy notorio en el que, en una interrupción que le solicité al señor senador Cigliuti en la Asamblea General, dejé constancia de mi pensamiento por lo que luego recibí determinadas expresiones de parte de señores senadores del Partido Nacional que, naturalmente, son privadas y no cabe expresarlas ahora.

En este momento nos encontramos ante una realidad absolutamente distinta. Con el mismo respeto y objetividad me pregunto ¿por qué lo que no pudo arreglarse en 15 días, sí pudo hacerse en pocas horas, y por qué lo que no se discutió ni se examinó cuando estábamos en el límite de los plazos para la Rendición de Cuentas se hace cuando ésta ya no es posible y cuando centenares de miles de funcionarios y muchos organismos del Estado padecen, inexorablemente, las nefastas consecuencias de lo actuado el 14 de noviembre? Estos son los hechos y a ellos me refiero. Digo, simplemente, que alguna explicación debe tener y espero conocerla.

No hablo de fraude, de traición ni expreso nada agraviante para nadie. Señalo, simplemente, que hoy hay un clima absolutamente diferente al que existía el 14 de noviembre y que todo aquel color subido de los enfrentamientos de esa fecha, todo el nerviosismo y las corridas, hoy están sustituidos por un clima diametralmente opuesto. Pero lo que no se sustituye es la Rendición de Cuentas, porque ya no puede hacerse.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: la noche en que no hubo Rendición de Cuentas, esa noche negra y triste, fue un acontecimiento desgraciado en la vida del país y todos los que estamos aquí lo vivimos, como miembros de la Asamblea General. Producido ese hecho -sobre cuyas causas todos dimos nuestra interpretación política por diversos medios- el Partido Nacional, en una actitud constructiva, buscó salvar todo lo que se pudiera de esa Rendición de Cuentas, para beneficio exclusivo del país.

Esto es el fruto de ese trabajo. Se salvaron más de doscientos artículos de esa Rendición de Cuentas, reitero que para beneficio exclusivo del país.

Ese fue un acto constructivo y el Partido Nacional está orgulloso de haber contribuido a su gestación y concreción. Creo que esto debe quedar bien claro.

Si por alguna de las palabras pronunciadas por el señor senador Rodríguez Camusso -que con franqueza digo que no alcancé a entender- se quiere poner en tela de juicio esta actitud y sus resultados, lo rechazamos total y absolutamente.

El Partido Nacional está orgulloso -y quiero que lo sepa muy bien el señor senador Rodríguez Camusso- de este paso que ha dado a partir de la penosa experiencia de dejar al país sin Rendición de Cuentas -lo que es un hecho irreversible- extrayendo la fuerza de ánimo, el tesón y la voluntad para poder salvar lo que era posible y, este proyecto que hoy tenemos a consideración, es el fruto de esa labor.

No entendí lo que expresó el señor senador acerca de las soluciones, de lo que significa o va a significar, o de lo que va a sobrevolar al lado, por el costado o por arriba. No sé si él puede concretarlas; pero desde ya rechazo totalmente lo que represente atribución de intenciones. La única intención que hemos tenido aquí fue gestar para el país un acto constructivo.

Aquella noche de la Asamblea General, con todo lo que aquí se ha dicho, perjudicó al país. Supuso daños concretos para mucha gente, y algunos de ellos son irreparables; pero mucho más irreparables fueron para el sistema político uruguayo y para la democracia. En cambio, estoy seguro que este entendimiento ulterior prestigia a esa democracia.

Rechazo, absolutamente, toda insinuación directa o indirecta, o pretendidas sombras que se quieran volcar sobre este paso que es muy constructivo, así como muy clara la forma en que se procedió.

En ese sentido se tomaron todos los artículos que votaron los Partidos Nacional y Colorado pero, también el Frente Amplio, en las Cámaras de Representantes y de Senadores, o sea, todos los que podían ser objeto de una ley que no estuviera encuadrada en la previsión constitucional de ley Presupuestal o de Rendición de Cuentas, a los que se les agregaron tres temas: el de la tributación agropecuaria, que fue largamente discutido, el del traslado de funcionarios, que también fue examinado minuciosamente -en esos dos temas se introdujeron disposiciones nuevas porque se logró conciliar posiciones- y, también, se agregó el artículo 145 respecto de los organismos internacionales, que ya había sido debatido con objeto del acuerdo nacional, en el que no habíamos logrado un entendimiento.

Cuando consideremos ese artículo, voy a hablar expresamente sobre esa disposición y cuales son los fundamentos para incluirla en los términos en que fue hecha.

Ratifico, nuevamente, que de aquella instancia, de esa noche tan triste de perjuicios muy grandes para la República y para sectores concretos, y que supuso dejar al país sin Rendición de Cuentas -indudablemente no es hora de fijar las responsabilidades políticas pero ya todos las hemos establecido- nosotros logramos sacar y rescatar estos elementos. De ese entendimiento que dio lugar a este artículo, estamos plenamente orgullosos porque creemos haber contribuido a los intereses generales del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Ha vencido, también el plazo del señor senador Rodríguez Camusso para hacer uso de la palabra.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Agradezco la votación, señor Presidente, y me propongo terminar rápidamente.

Quiero significar lo siguiente. Insinuar que se insinúa es, también, naturalmente, una manera de insinuar.

Sigo siendo objetado por expresiones que de mí no han salido. No he insinuado; he dicho, he hecho afirmaciones concretas que no han sido rectificadas.

El señor senador Zumarán explica la posición de su Partido con todo derecho. El está orgulloso de la actuación de su Partido y rechaza cualquier ataque al mismo, con todo el derecho del mundo. Yo también me siento muy satisfecho con la tarea cumplida por nuestra agrupación política y rechazaría cualquier imputación que se le quisiera hacer. Sin embargo, con esto no avanzamos nada. El señor senador Zumarán sigue allá contento con su Partido -cosa muy legítima- y yo estoy acá contento con el Frente Amplio, del que formo parte, con igual legitimidad; pero, con esta discusión, el tema no adelanta un ápice.

El señor senador Zumarán expresa que entiende que la democracia se ha fortalecido con la aplicación de los procedimientos y del trabajo a que aludió. Yo digo que el Frente Amplio, luego de los sucesos del 14 de noviembre, apenas sesionó el Senado, presentó una moción -también hizo lo propio en la Cámara de Representantes, pero me refiero concretamente a la del Senado, en la que me tocó actuar directamente- para que la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda y con la de Constitución y Legislación, a los efectos del asesoramiento necesario en materia constitucional, examinara lo que dentro de la fallida Rendición de Cuentas podía ser aprobado de inmediato. En ese sentido, formulamos una moción, para que el Presidente de la Comisión planteara al Senado la realización de una sesión inmediata de la Comisión con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

¿Qué nos proponíamos hacer? Una cosa similar, es decir, que la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda y con señores legisladores especializados en materia constitucional, estudiara qué se podía rescatar de las ruinas de aquella Rendición de Cuentas no aprobada en plazo, contando, naturalmente, con la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo.

El señor senador Zumarán ha dado cuenta del procedimiento seguido por el Partido Nacional, que no califico; él está orgulloso de ese procedimiento y yo del que seguimos nosotros.

Vinimos al Parlamento y a las Comisiones que habían trabajado en el tema y procuramos que se examinara qué artículos podían ser objeto de una aprobación. Esa es la actitud que nosotros defendemos y que entendemos que es más constructiva desde el punto de vista institucional y democrático, o sea, que procuramos que todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria como consecuencia del grado de apoyo popular recibido, integraran la Comisión de Hacienda para examinar, discutir el tema y procurar las soluciones más rescatables.

El señor senador Zumarán se enorgullece de otro procedimiento. Hubo sesiones privadas sustraídas al conocimiento de la vía normal del Parlamento y producidos esos acuerdos parciales, se trajeron al mismo.

No estoy diciendo que esto sea inconstitucional, que constituya una traición ni ninguna de esas palabras fuertes que se han expresado. Estoy sí manifestando, que me parece mejor el procedimiento que nosotros habíamos adoptado, con el cual me siento muy satisfecho, porque pienso que hubiera sido superior. Incluso sí ese acuerdo que se logró en pocas horas en privado, se hubiera obtenido en el seno de la Comisión, desde el punto de vista democrático hubiera sido más constructivo y mucho más natural. Sin embargo, el entendimiento se encontró fuera del ámbito natural en que pudo y debió procurarse.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. – Sin ánimo de prolongar este episodio, debo insistir en algún concepto ya señalado aquí, porque daría la impresión, por lo que viene manifestando el señor senador Rodríguez Camusso, que el hecho que representantes del Gobierno, del Partido Colorado, se encuentren de modo privado con integrantes del Partido Nacional, es una suerte de sustracción –"sustraídas" fue la palabra que expresó y que dio motivo a mi solicitud de interrupción- al plano institucional y democrático, para repetir palabras por él utilizadas. Es decir que se habría seguido un camino que no tendría un grado de convicción institucional y democrático, una suerte de vía algo torturosa que, entre gallos y medias noches y, además, durando poco -el señor senador en cuatro oportunidades ha aludido a la cortedad del tiempo por lo que, aunque no soy protagonista de los hechos concluyo en que aparentemente, ponerse de acuerdo en poco tiempo es mucho más grave que hacerlo en un lapso más largo se logró un acuerdo. Esta lógica se puede advertir desde el principio de la exposición del señor senador.

Por supuesto, no es mi intención darle el menor consejo, sino expresarle durante el debate político, que cuando el señor senador comienza diciendo que el hecho de haber dejado al país sin Rendición de Cuentas fue fruto de un clima creado, ya aparece el elemento maléfico, artificioso y creador de un obstáculo nacional. ¿Qué consecuencias arrojó esto? Una gravísima: que quienes creamos artificialmente un clima, le estamos negando el aumento salarial a cientos de miles de trabajadores, etcétera, etcétera.

Y esto es una lógica, señor Presidente, que trata o da por sobreentendidas premisas no demostradas. Digo que no podemos seguir razonando -no quiero hacer alusiones porque creo que la versión taquigráfica del día de hoy estará abundantemente rellena de ellas- beatíficamente, sosteniendo como premisa incluida que el Frente Amplio actuó naturalmente en interés del pueblo y que los dos Partidos que representan la mayoría de la nación condenaron al hambre a los ciudadanos.

Eso no es así, señor Presidente, eso no está demostrado. Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es diferente. En la escasísima participación que tuve en los hechos recuerdo haber estado presente en una Comisión -que dicho sea de paso fue "ominosamente privada"- en la que nos reunimos con los señores senadores Rodríguez Camusso y Senatore que si no recuerdo mal eran quienes actuaron en nombre del Frente Amplio, y allí, en la discreción arcana a todo conocimiento de la opinión pública y seguramente culposa, en la lógica del señor senador Rodríguez Camusso, nos enteramos de que el Frente Amplio y nosotros -me estoy refiriendo a las instancias del Senado, en la segunda vuelta, cuando vino el proyecto de la Cámara de Representantes- no teníamos prácticamente diferencias.

No voy a relatar todo lo acontecido en esa reunión porque no creo que sea de gusto hacerlo; pero señalo que esa noche el Frente Amplio, no teniendo diferencias importantes con el Partido Colorado y habiendo obtenido de él algunas garantías con respecto a cómo proceder en etapas ulteriores al Parlamento con relación algunas observaciones del Poder Ejecutivo, resolvió, por sí mismo, no darle esa noche una Rendición de Cuentas al país.

Este es mi punto de vista, señor Presidente, que puede ser válido o no, erróneo o acertado, pero no puedo razonar ni le puedo plantear al Senado el sobreentendido de que aquí el Frente Amplio tiene alguna responsabilidad y que viene a ser una suerte de mala compañía entre los blancos y los colorados lo que llevó a este resultado.

La historia dirá quién tuvo razón en aquel episodio; pero yo simplemente digo que no podemos enojarnos porque antes no hubo acuerdo y luego también enojarnos porque ahora lo hay. Esa lógica nos lleva a estar siempre enojados. En consecuencia señalo que es muy importante habernos puesto de acuerdo ahora y que fue bastante lamentable no haberlo podido lograr antes.

El señor senador Rodríguez Camusso se refirió no solamente al pasado sino al futuro. No quiero emplear la palabra insinuación porque se me podría acusar de estar insinuando sobre insinuaciones, pero digo -abusando nuevamente de una cita literaria- que, como Casandra, aquel personaje homérico que conocía el futuro, el señor senador manifiesta que el futuro dará tiempo de comprobar algunas cosas que habrían modificado la realidad. No es así, no es con esa lógica de suspicacia que nosotros tenemos que afrontar este asunto. Este tema tuvo que ver con un desencuentro en el Parlamento y ahora tiene que ver con un encuentro. Por lo tanto, todos tuvimos una cuota parte de responsabilidad en ese desencuentro y ojalá todos tengamos una cuota parte en el encuentro. Por eso creo que no corresponde insertar esta discusión sobre aquel tema, en la hora de atribuir culpas sobre lo ocurrido en el pasado, porque desde mi humilde punto de vista no es lo que ha motivado la reunión de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: primero procuraré contestar al señor senador Flores Silva, luego concederé una interrupción al señor senador Ferreira, que me la ha solicitado, e inmediatamente después me propongo terminar mi exposición.

En primer término deseo señalar que cuando se está sosteniendo un punto de vista y se encuentran contradictores, el grado de razón que uno tenga puede buscarse en el examen de los fundamentos que abonan la propia posición y también en la índole de los razonamientos que formula el ocasional contendor. Ahora, cuando veo que una vez tras otra se deslizan adjetivos, calificaciones y consideraciones que no tienen nada que ver con lo que yo digo, y al mismo tiempo no se hacen referencias a lo que expreso, tengo derecho a pensar que hay cierta orfandad de respuestas posibles a lo que estoy afirmando.

¿Cómo puedo decir que está mal que se reúnan en privado los representantes de dos o tres sectores políticos?

Solamente si me hubiera vuelto loco podría haber sostenido una cosa como esa. Lo que hice, sí, fue el examen de una situación concreta.

El problema no radica en que una cosa no se pueda arreglar en 15 días y después se solucione en seis o siete horas. El problema es que, en el medio, nos quedamos sin Rendición de Cuentas. Esto es algo que se saltea en todas las respuestas. No hay explicaciones para ello.

¿Por qué tengo que enojarme porque los Partidos Colorado y Nacional se pongan de acuerdo en una forma de tributación agropecuaria, cualquiera ella sea? Cuando llegue el momento de su consideración, como senador podré votarla en parte, en todo, o no votarla si no estoy de acuerdo. Pero no enojarme. Lo que señalo es que el acuerdo es veloz, velocísimo, después que falló la Rendición de Cuentas, cuando el mal ya no tiene remedio, cuando el enfermo murió. Pero cuando alentaba y existían expectativas, no fueron suficientes 15 días para alcanzar lo que se logró en pocas horas. Eso es lo que censuro. No estuve enojado antes ni lo estoy ahora. El 14 de noviembre estuve triste por lo que sucedía, por los perjuicios que todos estábamos ocasionando, y hoy estoy expectante.

Si hay algo que no he hecho en ningún momento es anunciar sucesos futuros porque soy incompetente para ello. Señalo, simplemente, que tengo una inmensa expectativa y estoy mirando el horizonte. Nada más, señor Presidente. No he anunciado nada; ni regular, ni malo ni bueno. No he realizado ningún pronóstico, sino señalado que lo que no se puedo arreglar en 15 días en el Parlamento por la vía más lógica, cuando estaba en juego la aprobación de la Rendición de Cuentas, se pudo concertar fuera de él, por una vía también corriente, cuando dicha Rendición ya estaba enterrada sin remedio, así como todo lo que ella significaba. Esto es lo que expreso sin enojo, ahora como antes, y afirmo categóricamente que no anuncio, pronostico ni avizoro nada, sino que, simplemente, examino el panorama, cosa que, por otra parte, es deber de todo parlamentario y dirigente político. Es decir, mirar, otear el horizonte y a este respecto, nada más.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En primer término le cedo la palabra al señor senador Ferreira y luego al señor senador Paz Aguirre. Espero que después no se me soliciten más interrupciones porque deseo terminar con mi alocución.

SEÑOR PRESDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Mi propósito es aclarar algunos aspectos de la respuesta que dio a mi intervención el señor senador Rodríguez Camusso. Le hice saber que estaba dispuesto a esperar a que terminara para no hacerle perder el hilo de su exposición.

Culminada mi interrupción el señor senador expresó que la situación sindical que vive el país, a la cual me referí, no tiene nada que ver con la Rendición de Cuentas. Eso es obvio. No dije que fuera así. No me referí a ella sino a un clima, a un estilo de hacer política que esta noche se pone de manifiesto en las expresiones del señor senador Rodríguez Camusso. Lo que sí no tiene nada que ver, señor Presidente, son las leyes sustitutivas de la Rendición de Cuentas, que estamos considerando, con otras votaciones que se tomarán en el futuro con relación a otros temas. Aquí sí es que me voy a tener que remitir a la versión taquigráfica. El señor senador Rodríguez Camusso dice que él no ha hecho anuncio ni vaticinio alguno y que no se adelanta al futuro.

Yo le oí decir -puede ser que haya entendido mal, pero creo que todos lo escuchamos- que la explicación del acuerdo la iba a presenciar él dentro de pocos días, cuando sintiera a sus costados -y según yo puedo observar, a sus costados está, de un lado, el Partido Colorado, y del otro, el Partido Nacional- el aleteo de las manos votando otras soluciones a otros problemas que vive el país.

¿Cómo que no hizo ningún vaticinio? ¡Señor senador tendremos poca memoria, pero no tan poca como para no recordar estas palabras que fueron pronunciadas hace escasos minutos en esta Sala! Fue el señor senador Rodríguez Camusso, quien hizo el vaticinio, cuando dijo que la explicación de este acuerdo no estaba en el fondo de las propuestas que íbamos a votar, sino en el resultado que iban a tener otras votaciones que se iban a llevar a cabo y a cuyo resultado él se estaba adelantando y, además, las estaba caracterizando de "aleteo". A esto me atrevo a responder que mi Partido no acostumbra a votar con ruido de aleteos, ni tampoco saliendo de Sala. Cuando los legisladores de mi Partido votan, lo hacen levantando las manos y la cabeza bien alta; y a veces salen del Palacio Legislativo bajo insultos y escupitajos, no precisamente de quienes militan en mi Partido, también con la frente bien alta y muy orgullosos de su actuación, en el acierto o en el error.

Dice el señor senador Rodríguez Camusso que él no había utilizado las palabras "fraude" y "traición". Y es cierto señor Presidente; esas frases son mías. Creo que la explicación radica en que yo no he hablado con eufemismos, pero ¿de qué manera puede interpretarse, sino como fraude y como traición, el hecho de votar no en función de lo que tenemos arriba de la mesa, sino de compromisos que hemos asumido hacia el futuro, a los cuales rechazo y niego categóricamente esta noche? Es cierto que el señor senador Rodríguez Camusso no utilizó calificativos con la dureza - de los que yo usé; y prefiero hacerlo así, señor Presidente, porque creo que el país está harto de eufemismos, está harto de indirectas, está harto de metáforas, aunque sea citando a los más ilustres pensadores de nuestro tiempo, como se hizo esta noche. Creo que obviando los eufemismos y llamando a las cosas por su nombre, ahorraríamos a la opinión pública algunas situaciones de desconcierto como la que le provoca a la opinión pública ver en las pantallas de televisión que las cosas no eran como se las habían contado; o quizás se las habían contado así, pero con eufemismos y con fantasmas.

Y dice el señor senador Rodríguez Camusso que sus expresiones no fueron agraviantes para ninguno de los Partidos a que aludió. Puede ser que no lo hayan sido; no dudo que la intención del señor senador no haya sido la de agraviar a mi Partido o a otro. Lo que sucede es que quizás todos nos sentimos agraviados por cosas distintas. Que a mí se me diga que mi Partido no llegó a un acuerdo en torno al tema de la Rendición de Cuentas y ahora lo hace porque está dispuesto a pactar la impunidad -porque eso es lo que está insinuando el señor senador Rodríguez Camusso, aunque no lo manifieste- me resulta sumamente agraviante. Puede ser que estas cosas no lo hagan sentirse agraviado al señor senador Rodríguez Camusso cuando se expresan en relación a sus fuerzas políticas. Pero que a un blanco se le diga que por un pacto secreto vota a escondidas esta noche lo que no está diciendo que vota, es el peor insulto y es la peor injuria que se le puede inferir.

No dudo que el señor senador Rodríguez Camusso no haya querido agraviar, pero creo que es bueno y sano que sepa para el futuro cuáles son las cosas que agravian a los que militan en el Partido Nacional.

Finalmente, señor Presidente, digo que el señor senador Rodríguez Camusso termina su lista de reproches expresando que no sabe porque se llega más fácilmente a un acuerdo cuando no están presentes los representantes del Frente Amplio en la mesa de negociación. Yo afirmo, señor Presidente, que eso es abusar demasiado de nuestra paciencia. ¡Lo único que faltaba es que ahora nosotros tuviéramos que responder por la responsabilidad del Frente Amplio por su incapacidad de llegar a resultados concretos en las negociaciones! Lo que sucedió la noche que se votó la Rendición de Cuentas en el Senado, cuando el Partido Colorado anunció que la iba a votar afirmativamente, el Partido Nacional aclaró que lo iba a hacer en contra y el Frente Amplio nos tuvo varias horas esperando, mientras salía un emisario diciendo que sí y otro que no, y luego otro más que había veto, ¿es que ahora también es culpa del Partido Nacional? La imposibilidad real que tiene el Frente Amplio de llegar a acuerdos, por su incapacidad de tomar decisiones internamente, ¿es también culpa del Partido Nacional?

Yo pediría al señor senador Rodríguez Camusso, por lo menos, que del inventario de reproches que ha hecho esta noche, el que se refiere a la imposibilidad de llegar a acuerdos en presencia del Frente Amplio, no lo apunte para este lado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Esta vez el señor senador Ferreira ha ido muy lejos en su intervención.

El Frente Amplio, si de algo puede ser acusado es de haber realizado, durante muchas horas -y esto fue reconocido por dirigentes y legisladores de ambos lemas tradicionales- los máximos esfuerzos a su alcance para lograr una solución que permitiera que hubiera una Rendición de Cuentas. Puede haber acertado o puede haberse equivocado.

Y el Frente Amplio, además, no tiene ninguna imposibilidad, ni reglamentaria ni de ningún tipo, para tomar sus decisiones. Desde que existe, él ha tomado decisiones sobre todos los problemas, incluso los más difíciles de la vida del país; y lo que es más importante, las ha mantenido. Y se siente muy satisfecho con ello. Quiero que esto quede perfectamente en claro.

Naturalmente, se puede estar de acuerdo con nosotros o discrepar; todo lo que se desee. Pero nadie en el país tiene dudas, o puede legítimamente tenerlas, acerca de cuáles son los modos de pensar y de actuar del Frente Amplio frente a cada uno de los problemas del país, como asimismo de la permanencia y continuidad de las decisiones que el Frente Amplio ha tomado frente a cada uno de los problemas vitales en la vida del país.

Y digo también, señor Presidente, con absoluta claridad, que el Frente Amplio de ningún modo, por mi intermedio o de ningún otro legislador -hasta ahora hemos hecho uso de la palabra, el señor senador Senatore y yo- ha abordado los temas que han sido mencionados en el curso de la interrupción precedente. Yo no he hablado de manos levantadas; sí he hablado de expectativas y de curiosidad; y tengo derecho a sentir el aleteo de esa curiosidad y de esa expectativa a mi costado. ¿Por qué? Porque he mencionado hechos concretos que no han sido rebatidos.

En el seno de la Comisión de Presupuesto del Senado y en el Senado; en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes; en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea General y en la Asamblea General, el Frente Amplio siempre ha trabajado con intensidad y con denuedo; ha presentado decenas de iniciativas, ha examinado, ha participado y estudiado junto con los representantes de ambos lemas tradicionales los problemas del país. Y hay más de un centenar de versiones taquigráficas, que así lo documentan. En modo alguno puede decirse que el Frente Amplio fue incapaz de encontrar soluciones a los problemas que plantea una Rendición de Cuentas o un Presupuesto, en ninguna de las etapas de su consideración. Ahí están las versiones taquigráficas que lo documentan de modo acabado e incontestable.

Cuando al Frente Amplio se lo margina, es porque se desea marginarlo. Y yo no tengo aquí una respuesta cabal para ello. Me pregunto cuál es la razón, y tengo derecho a preguntarmelo, porque no se plantearon diferencias sustanciales de puntos de vista en torno a este tema, entre el Frente Amplio y los Partidos tradicionales. Particularmente nuestras diferencias mayores, en todo caso, se registraron con el Poder Ejecutivo y con la bancada colorada que lo apoya. Pero en el 90% -o más- de los temas analizados en todo el debate sobre el Presupuesto y la Rendición de Cuentas, hemos coincidido la bancada del Partido Nacional y la del Frente Amplio. No se puede entonces, a esta altura, sostener que sea una forma de incapacidad del Frente Amplio para resolver algún problema lo que determinó su exclusión. Yo no sé qué fue lo que determinó su exclusión pero espero saberlo y deseo saberlo; ¡y tengo derecho a saberlo en alguna oportunidad! No puede decirse en torno a la Rendición de Cuentas, corno puede haberse dicho en torno a otros problemas: "No podemos hablar con el Frente Amplio porque él tiene un punto de vista opuesto al nuestro y es imposible un acuerdo". ¡No es ése el caso de la Rendición de Cuentas y hay sobradas versiones que lo prueban! ¿Cuántas votaciones resultaron mayoritarias, en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas -en cada una de sus muchas etapas- gracias a la coincidencia de la bancada del Partido Nacional y la del Frente Amplío? ¿Cuántos vetos se nos han opuesto? ¿Cuántos se habían anunciado para esta Rendición de Cuentas, justamente como consecuencia de ello?

Ya había trascendido -y los legisladores colorados lo adelantaron en la Comisión y en la Asamblea General- que iba a haber no menos de veinte artículos que seguramente serían vetados. Y yo pregunto: ¿quiénes habían votado esos artículos en la Cámara de Representantes? El Partido Nacional y el Frente Amplio. Por su parte, el Partido Colorado, en minoría, discrepando con algunos de los artículos y entendiendo que otros requerían un Mensaje que no tenían, adelantaba su disposición a plantear observaciones. ¿Cómo, entonces, se puede sostener ahora que el Frente Amplio tenía que ser excluido por su incapacidad de decisión en esta o en cualquier otra materia? Eso es absolutamente insostenible.

En concreto, señor Presidente, quiero ratificar plenamente lo que he dicho: el Frente Amplío fue excluido en la consideración real del tema. Y lo fue no porque éste sea un hecho insólito, criminal o agraviante, sino por alguna razón que desconozco; espero la oportunidad, tengo la expectativa y abrigo la firme esperanza de conocerla, más tarde o más temprano, mal que le pese a quien quiera que sea.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Veo que se ha encendido la luz roja; ignoro si eso indica que ha expirado el término de que disponía el señor senador Rodríguez Camusso para hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - En efecto, la prórroga de que disponía el señor senador ha terminado.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Entonces, lamentablemente, no puedo hacer uso de la palabra por vía de interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Desafortunadamente, no se le puede conceder otra prórroga al señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. – Tal vez podría hablar por vía de una aclaración. No sé si el señor senador Rodríguez Camusso ha terminado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Mi deseo es conceder esta interrupción, de igual modo que lo he hecho en otras oportunidades, pero la necesidad de responder a otras interrupciones hizo que el tiempo venciera. De todos modos, estoy seguro de que la Mesa solucionará esta cuestión, de acuerdo con lo que indica el Reglamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR PAZ AGUIRRE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - No pensaba intervenir en este debate sorpresivo que se ha planteado en el Senado, porque creí que era el ánimo de todos ingresar al estudio de este proyecto de ley que tenemos a consideración y que ha merecido aprobación prácticamente unánime de los miembros de la Comisión de Hacienda Integrada, porque salvo algunos artículos o capítulos que han tenido votaciones contrarias en minoría, el resto ha sido aprobado mayoritariamente.

Aquí se ha planteado una discusión previa, de carácter lateral, en la que, como ya he dicho, no pensaba intervenir; pero como se ha hecho una especie de distribución de cargos o responsabilidades en relación con la no aprobación de la Rendición de Cuentas, de la que serían responsables, alternativa o conjuntamente, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y de la que estaría absolutamente excluido el Frente Amplio, quiero señalar que en mi concepto eso no es así.

Digo esto porque en la segunda etapa del Senado, cuando vino el proyecto de la Cámara de Representantes, como recordaremos, el Partido Colorado mantenía una discordancia absolutamente firme respecto de algunos temas, como por ejemplo el de la tributación en el agro, con el Partido Nacional que sostenía que debía tratarse en la Rendición de Cuentas, mientras que nosotros proponíamos que se considerase por vía de una ley separada. De esta manera, estábamos apartando algunos obstáculos del camino que gravitaban severamente en lo que hacia a la aprobación de dicha Rendición en la instancia del Senado y evitando el pase a la Asamblea General, con todos los riesgos consiguientes que luego quedaron fehacientemente comprobados.

En ese punto, estábamos de acuerdo con el Frente Amplio y, según recuerdo, estuvimos toda la tarde y hasta altas horas de la noche, prácticamente hasta el filo del vencimiento del plazo de que disponía el Senado, en distintas tratativas.

Fue así que luego de sucesivos intercambios de opiniones, el Frente Amplio tuvo en sus manos la posibilidad cierta de votar, el desglose -en lo que estaba de acuerdo- de algunos artículos que luego serían tratados por ley separada de que el país tuviera, esa misma noche, Rendición de Cuentas. Es decir, que no habría existido la instancia de la Asamblea General ni tampoco el riesgo de dejar a los funcionarios al servicio del Estado y sus servicios, sin las debidas compensaciones o sin las mejoras en sus retribuciones, o el aumento de sus rubros, caso por ejemplo, de la Universidad. Reitero que el país habría tenido Rendición de Cuentas, puesto que no hubiera sido necesario pasar a la Asamblea General, riesgo que señalamos una y otra vez en el Senado.

En ese momento, el fiel de la balanza era el Frente Amplío. Sí aquella noche hubiera decidido acompañar al Partido Colorado -en la mayor parte de los puntos de vista no había discordancia- ello habría garantizado al país la rápida aprobación de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, luego de muchas tratativas internas, el Frente Amplio resolvió no acompañar esa decisión con su voto y, en consecuencia, en lo que a responsabilidad se refiere el Frente Amplio tiene la suya. De haber votado esos delegados, como estuvo a punto de hacerlo y finalmente no hizo, habríamos tenido Rendición de Cuentas. Por lo tanto, digo que en esa instancia y no en otras, si no hubo Rendición de Cuentas fue por causa y responsabilidad del Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Brevemente, se ñor Presidente, quisiera decir que lo que señala el señor senador Paz Aguirre es objetivamente exacto. Tan es ello así, que en el comienzo de mí intervención expresé que también el Frente Amplio debía asumir la responsabilidad que en algún pasaje le correspondía y expliqué los fundamentos por los cuales adoptamos la actitud de entonces.

Verdad es que en nuestras manos estuvo el operar una decisión en la materia, pero también lo es que, a nuestro juicio, la actitud más constructiva, habida cuenta de que las diferencias no nos parecían insalvables, era la de abrir esa instancia de quince días. El hecho de que después de muerta la Rendición de Cuentas -y las resurrecciones no existen- se haya logrado en pocas horas el acuerdo que no se produjo en aquellos quince días demuestra que, en definitiva y en esencia, el Frente Amplio tenía razón. Es decir que de haber existido voluntad para ello, ese acuerdo pudo haberse registrado en los quince días de actuación de la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: quizás éste sea el momento en que todos debemos asumir nuestra posición con mayor responsabilidad y claridad, aunque algunas veces lo hagamos con irresolución o vacilación. Pero como aquí se han dicho algunas cosas respecto de estos temas, en nuestro concepto ello merece alguna explicación.

Tal vez el señor senador Rodríguez Camusso no dijo todo con respecto a este punto. Como es por todos conocido -no voy a decir ninguna cosa que sea novedosa ni original para el Senado- de los seis senadores que aquí representan al Frente Amplío, los tres que pertenecen al Partido Por el Gobierno del Pueblo fueron los que decidieron su voto contrario a la Rendición de Cuentas; los tres senadores restantes eran partidarios de votarla afirmativamente. Por lo tanto, asumimos la responsabilidad que nos cabe.

No sé si realmente vale la pena ahora señalar los argumentos del caso; todos estamos siempre condicionados por decisiones que debemos adoptar y que, en el acierto o en el error, asumimos plenamente.

Entendimos y seguimos entendiendo que en aquel momento, de acuerdo con el mecanismo constitucional y reglamentario, dar nuestro voto afirmativo, en lo que implicaba un pronunciamiento del Senado a través de una única votación, a las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes al proyecto originalmente nacido en el Senado -modificaciones en las que habían tenido participación importante algunos de nuestros compañeros- era, en definitiva, también, dar el voto a una Rendición de Cuentas que tenía una filosofía económica, presupuestal y tributaria que no era la nuestra.

Valoramos ese hecho, señor Presidente, y decidimos en definitiva, no votar. Todos los compañeros integrantes del Senado, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, son testigos de que todo el Frente Amplio realizó, ese día, largos y desesperados esfuerzos por obtener una votación a los efectos de que la Rendición de Cuentas fuera unánimemente aprobada en el Senado. ¿Qué implicaba el voto negativo? No significaba dejar al país sin Rendición de Cuentas, sino que simplemente implicaba abrir una última instancia en la misma, para que se dieran allí los acuerdos que pudieron no haberse dado en la Cámara de Representantes ni en el Senado.

Nuestra actitud -porque asumimos nosotros como partido Por el Gobierno del Pueblo, la responsabilidad de esa decisión- implicaba el riesgo de que el Frente quedara excluido del acuerdo final, en la medida en que la Asamblea General actúa -en caso de desacuerdo entre ambas Cámaras- por un régimen de votación de dos tercios, que podía, evidentemente, dejar fuera al Frente Amplio, implicando un acuerdo del Partido Nacional y del Partido Colorado, que necesariamente debían participar en él a los efectos de dar una solución.

Los hechos ocurridos durante los quince días de que disponía la Asamblea General para pronunciarse, en los que hubo acuerdo sobre gran parte de la Rendición de Cuentas, y los que sucedieron en esa noche, que no fue de alegría para nadie, señalaron que nosotros habíamos buscado una solución y había una decisión política que, más allá del tema concreto planteado impedía que la Rendición de Cuentas se aprobara.

No quiero referirme a problemas ajenos a esa Rendición de Cuentas porque considero que no tengo derecho a hacerlo. Lo que digo sí, con dolor, porque si hay algo en la vida política que hemos respetado siempre es la actitud de todas las fuerzas y los hombres a adoptar libremente sus decisiones, es que aspiramos a que en una etapa posterior en la que no hay Rendición de Cuentas y se busca un camino de solución para el país -que naturalmente queda sin Rendición de Cuentas y somos conscientes de ello por lo menos el Frente Amplio no sea marginado en la forma en que lo fue. Expreso esto no con ira sino simplemente con dolor, señor Presidente, y frente a esa actitud, tenemos que manifestar con verdad absoluta, que mucho más lo sentimos frente al Partido Nacional que frente al Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En principio, señor Presidente, no me voy a referir a los hechos que condujeron a que en el país se frustrara la posibilidad de que hubiera Rendición de Cuentas, ya que me parece que el asunto ha sido extensamente debatido en la tarde de hoy. Cada fuerza política someterá su comportamiento frente a la ciudadanía. Tampoco me voy a referir a la mecánica por la cual llegó el texto que hoy se somete al Senado para su consideración. Cada organización política, cada partido, tiene absoluta libertad de disponer los mecanismos que entienda convenientes para lograr los acuerdos políticos necesarios a los efectos de llevar adelante determinadas posiciones.

Me voy a limitar, sí, a señalar que el texto que se trae hoy al Senado, en la preocupación de darle al país, al Poder Ejecutivo y a la Administración la posibilidad de hacer funcionar determinados sectores, con disposiciones que no revisten carácter presupuestal y se puede legislar a través de la ley ordinaria, contiene, a nuestro juicio, elementos negativos que es necesario subrayar, porque oportunamente fueron debatidos en la Comisión respectiva del Senado y hubo acuerdo en torno a algunos de ellos en el sentido de desplazarlos del texto, justamente por la controversia que en torno a ellos se había suscitado. Me voy a referir específicamente a ellos porque nuestros compañeros que actuaron en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto estudiando el articulado en particular, van a emitir su opinión sobre cada uno de los puntos de desacuerdo que tiene el Frente Amplio con el texto sometido al Senado.

En primer lugar, debo señalar que se incorpora al texto lo que venía como proyecto del Poder Ejecutivo en relación al personal excedente en las distintas reparticiones de la Administración pública.

Cuando asistimos a las deliberaciones de la Comisión de Presupuesto del Senado, vimos cómo se había llegado a un acuerdo en el sentido de desplazar este tema y desglosarlo por las consecuencias que traía para el conjunto del funcionariado.

Hemos conversado con algunos senadores de distintas bancadas en torno a este tema y se nos ha dicho que el texto ha sido mejorado; no dudo de que haya sido así, pero creo que conserva, en esencia, lo que era malo del proyecto del Poder Ejecutivo, es decir, la absoluta disposición de resolver sobre este tema del personal excedentario y las facultades extraordinarias que se le brindan al mismo, lo que trae inseguridad para el funcionario público.

En el proyecto, señor Presidente, también se mantiene una disposición en torno al COCAP, organismo "sui generis", estructurado bajo la dictadura, cuyas características son tan peculiares que han merecido objeciones y análisis de la Comisión respectiva del Senado, que tiene también en este aspecto, la opinión contraria del CODICEN y al cual, por medio de estas disposiciones, se le otorgan nuevos pesos 45:000.000 para su funcionamiento.

Se incorporan también a este texto, convenios y contratos que no requerirán aprobación legislativa. Esperemos, señor Presidente, que en el debate en particular, podamos conocer las razones que llevaron a las bancadas del Partido Colorado y del Partido Nacional a limitar este texto.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Voy a ser muy breve, señor senador, y creo que vamos a tener oportunidad, durante la discusión particular, de debatir sobre cada uno de los puntos.

SEÑOR FLORES SILVA. - Acepto la discriminación, señor senador.

SEÑOR GARGANO. - No es mi voluntad discriminarlo, señor senador. El señor senador Senatore también me ha solicitado una interrupción que se la voy a conceder al igual que a usted.

Decía, señor Presidente, que en torno a la no ratificación por el Poder Legislativo de los convenios y contratos, se limita una facultad de éste, que desearía se examinara, inclusive de acuerdo con el texto constitucional, si es posible. Es de mi conocimiento que hay opiniones favorables en torno a la constitucionalidad de esta disposición.

Para mí, señor Presidente, lo que tiene más trascendencia desde el punto de vista económico y social, es lo que se dispone en materia de tributación agropecuaria. Cuando este punto se discutió en el Senado dimos nuestro punto de vista, que hoy vamos a ratificar plenamente. En cuanto a la tributación agropecuaria, se sanciona una disposición por la cual los que tributan de acuerdo a la renta agropecuaria, podrán descontar el Impuesto al Valor Agregado.

Los que tributan en este país de acuerdo a este Impuesto a la Renta Agropecuaria son, en general, los tenedores de predios o los productores llamados grandes propietarios. Este es un sector que, justamente en esta etapa de la vida del país, está realizando buenas ganancias al amparo de coyunturas favorables. El precio del ganado en pie está costando en este tiempo N$ 130 o N$ 140 el kilo; la lana se ha vendido a un precio excelente y, en consecuencia, son los sectores de mayores ingresos del área agropecuaria productiva nacional.

Justamente, en este momento, el Poder Ejecutivo, en una actitud rígida -diría que implacable- se niega a considerar la posibilidad de otorgar a determinados sectores de la administración pública, pequeños aumentos y a mantener esquemas de adecuación de los salarios de acuerdo a criterios de inflación programada.

Esto siempre resulta en perjuicio de los trabajadores del Estado.

Por medio de este mecanismo, a uno de los sectores más poderosos del país se le desgrava en una cantidad que nadie conoce con exactitud, porque el Ministerio de Economía y Finanzas ni siquiera ha dado una cifra estimativa del IVA que pagan estos sectores.

Tengo en mi poder unos datos referentes a la tributación en 1985. En materia de impuestos correspondientes al sector agropecuario, IRA, IMAGRO, impuesto transitorio a las ventas agropecuarias, los mismos ascienden a nuevos pesos 1.861:000.000.

Para el presente año, las estimaciones de los mismos impuestos ascienden a N$ 4.600:000.000. ¿Cuánto importará la desgravación de esta cantidad que se tributa? ¿Serán 1.000:000.000, 2.000:000.000 ó 3.000:000.000?. No sabemos cuánto es. Ni siquiera hay estimaciones o no han sido proporcionadas al Senado.

Justamente en este momento, cuando se asiste a situaciones conflictivas muy duras -sobre las cuales no voy a dar posibilidad de discusión, porque no me parece que éste sea el ámbito ni la oportunidad, aunque creo que ya se presentará la ocasión- erogaciones que no superarían los N$ 200:000.000 podrían ser eliminadas. Como esto se refiere a los trabajadores, surge la intransigencia.

En cambio, por este camino, desgravaremos 1.000, 2.000, 2.500 ó 3.000:000.000 de pesos correspondientes al IVA. Además, posibilitaremos que a través de ese impuesto se descuente no sólo el IRA, sino también lo que se paga a los servicios de la Seguridad Social, porque así se establece.

Por otra parte, en la propia ley existen mecanismos por los cuales se le permitirá al sector agropecuario, en aquellas zonas que sean prioritarias, contabilizar los gastos en que se incurra por el uso de servicio de profesionales universitarios, lo que es un sistema de desgravación.

El criterio, la filosofía a aplicar, parece ser que es el de facilitar las ganancias de los que tienen más y restringir los ingresos de los que poseen menos.

No hemos logrado desgravar el IVA de la canasta familiar, o sea, lo que la gente paga por alimentación. Sin embargo, aquí lo hacemos y en forma muy importante.

Le concedo una interrupción al señor senador Senatore.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - En esta sesión, que se va transformando ya en un largo debate, el señor senador Flores Silva me mencionó en el sentido de haber actuado en tratativas privadas. Quiero contestar ese punto para que quede claro.

Las tres personas que formamos la Comisión designada por la Mesa política del Frente Amplio -su órgano máximo de dirección corriente- estuvimos reunidas en la sala Juan Andrés Ramírez desde las 15 horas, deliberando sin adoptar posición.

Esta Comisión, además de estar integrada por quien habla, lo estaba también por el señor senador Rodríguez Camusso y el señor representante Díaz. El motivo de la reunión era a los efectos de lograr que la Rendición de Cuentas fuera votada por todos los partidos.

No puedo admitir que se exprese que actué en forma particular, sino que lo hice como legislador y al máximo nivel, ya que concurrimos a conversar con el señor Vicepresidente de la República y con el Partido Colorado, así como asistimos a la Sala Verde a dialogar con los representantes más importantes del Partido Nacional. Con mi expresión no quiero establecer distingos entre los señores senadores; sólo pretendo señalar que fuimos recibidos por legisladores muy representativos de ambos partidos. Es bien conocido que nuestra única intención fue la de buscar un acuerdo, tratando de salvar diferencias existentes entre el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Las diferencias estribaban en que el Partido Colorado quería que el proyecto de Rendición de Cuentas se votara tal como había sido enviado de la Cámara de Representantes para luego someterlo al criterio o a la observación del señor Presidente de la República. Por otra parte, el Partido Nacional no quería votarlo porque deseaba que fuera a la Asamblea General a los efectos de incorporarle allí algunas disposiciones. Las mismas se referían a los certificados de las Intendencias, que ahora vienen incluidos, las normas sobre el IMAGRO, sobre lo que existía desacuerdo.

En torno a ese problema se insumieron cuatro o cinco horas de tratativas por la Comisión designada por el Frente Amplio para tratar de acortar dichas diferencias. Señalo esta circunstancia porque el señor senador Ferreira manifestó que ello se debió a indecisiones e imposibilidad del Frente Amplio para definirse. No es así. El tiempo insumido en debatir estas cuestiones, no fue porque no hubiera decisión del Frente Amplio, sino que ella se demoró en aras del acercamiento entre los dos partidos, ya que cada uno mantenía su posición.

Inclusive, se llegó a redactar fórmulas para una garantía a aplicar posteriormente a la aprobación del proyecto de Rendición de Cuentas, a los efectos de dictar una ley que contemplara la posición del Partido Nacional.

Tal como lo manifestó el señor senador Batalla, los tres senadores que representamos aquí a un partido dentro de la coalición Frente Amplio, los señores senadores Batalla, Alonso y quien habla, teníamos una posición; pero también, los tres senadores restantes que representan a otros dos partidos sustentaban una contraria.

La decisión fue tomada por consenso, no impusimos nuestro criterio. Una vez, que la Mesa política recibió nuestra información en el sentido de que era imposible alcanzar un acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, se decidió votar el rechazo del proyecto de Rendición de Cuentas para habilitar el pase a la Asamblea General, porque sabíamos que de esa manera, en quince días era posible llegar a una solución.

En la Comisión que había designado la Asamblea General -que yo no integraba, pero a cuyas sesiones concurría- un señor senador del Partido Nacional aceptó volver a la fórmula que había establecido el Poder Ejecutivo, con respecto al IMAGRO, que fue traída por el señor Ministro de Economía y Finanzas, a raíz de un planteamiento de un legislador del Partido Nacional.

Inclusive, se nombró una Subcomisión, que yo también integré, para redactar las disposiciones referentes a las Intendencias.

De esta manera, afirmo que estos son los hechos reales; no hay necesidad de invocar la historia. Hace muy poco tiempo que los mismos tuvieron lugar. Esos hechos reales están diciendo que el proyecto de Rendición de Cuentas que no votamos en este Cuerpo, se pudo aprobar, con absoluta seguridad, con las incorporaciones reclamadas por el Partido Nacional en la Asamblea General, aunque nuestro voto no fuera decisivo.

Cuando se empiezan a distribuir responsabilidades me limito a decir que al Frente Amplio le correspondió sólo la de querer habilitar una etapa constitucional más, a efectos de posibilitar al Partido Nacional que junto con el Partido Colorado ajustaran lo que ya había sido aceptado.

No se pudo llegar en forma definitiva a un acuerdo por responsabilidad exclusiva del Partido de Gobierno. Lo que estoy diciendo son los hechos y espero que si no fui fiel a lo ocurrido, dado que relato hechos en los que participé, espero que algún señor senador pueda indicarme qué es lo que estoy olvidando o si estoy ocultando algo u omitiendo alguno de los tantos episodios en los que intervine en el correr de la noche en que se votó la Rendición de Cuentas en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR POZZOLO. - Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Decía que cuando se trató este tema en el Senado, nosotros, dada la celeridad con que se había procesado su resolución en Sala, ya que se había incorporado también la desgravación del IVA al IMAGRO, dijimos que íbamos a votar todo el paquete para que pasara a la Cámara de Representantes a efectos de que allí se estudiara con detenimiento. Pero en la Cámara se resolvió por consenso eliminar dicho paquete de la Rendición de Cuentas. Y ahora vuelve en esta situación.

Por lo tanto, adelanto que de acuerdo a los conceptos que a mí me parecen de elemental justicia impositiva, no es posible votar una disposición tal como viene con respecto a la materia.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - No es mi intención prolongar este debate político. Creo que hoy sólo estamos aquí para votar una ley importante para el país.

Pero a raíz de la extensión que ha tomado este debate, se empieza a hacer una serie de afirmaciones que por lo menos son sorprendentes. Me quiero referir solamente a una que ha hecho el señor senador Gargano, ya que creo que lo ha traicionado su pensamiento o su intención, en el calor de la exposición, porque, si no lo oí mal, al hacer referencia a las disposiciones que en materia de tributación agropecuaria aparecen en este proyecto de ley, ha hecho una crítica de carácter filosófico o conceptual a esas disposiciones. El señor senador ha dicho que, por las mismas, se permite descontar el IVA a los empresarios rurales y que, por lo tanto, el fisco va a perder entre N$ 2.000:000.000 y N$ 3.000:000.000 de recaudación; y que ese privilegio -no se si él lo calificó así- o ese beneficio o esa medida, no se acuerda, en cambio, sobre la totalidad de los contribuyentes que no tienen los recursos que poseen los empresarios agropecuarios. Si no lo dijo con estas palabras, ese fue el concepto.

Mi sorpresa viene de que cuando estas disposiciones se consideraron en el Senado, fueron votadas por toda la bancada del Frente Amplio, incluido el señor senador Gargano, desde la primera a la última; no lo fueron en la Cámara de Representantes, donde se desglosaron. Inclusive, fueron votadas algunas que propuso la bancada del Partido Nacional y que se incorporaron en Sala a propuesta de los señores senadores Pereyra y García Costa, las que, por el hecho de no haber sido acordadas en la Comisión del Senado, no fueron acompañadas por el Partido Colorado y motivaron el posterior agravio del señor Ministro de Economía y Finanzas, quien entendió que no se había respetado un acuerdo que se había hecho al respecto. Por lo tanto, sólo pudieron ser aprobadas en el Senado porque se contó con los votos del Frente Amplio. Por eso no entiendo que, ahora, el señor senador Gargano nos haga una crítica del contenido de esas disposiciones que fueron aprobadas en el Senado y pasadas a consideración de la Cámara de Representantes, porque el Frente Amplio las había votado.

Admito que se pudieran tener dudas en cuanto a si eran buenas o malas; pero tan malas no debían de ser cuando las votaron. Entonces, creo que hay que medir el alcance de las críticas que se hacen.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Cuando hablo, generalmente, soy bastante medido en el alcance de mis críticas y por lo menos trato de no contradecirme.

Cuando el tema se discutió en el Senado, me referí a él en dos oportunidades. En la segunda, dado que se habían discutido en Sala y los artículos sustitutivos se habían redactado también en Sala, afirmé lo que aparece en la versión taquigráfica de la sesión de ese día, donde expresé: "Señor Presidente: en mi exposición del día de ayer me refería al texto de este artículo. Dije que el Poder Ejecutivo no había explicado a cuánto ascendía la desgravación fiscal que se operaba a través de este artículo, y que parecía imprescindible conocer la cifra para poder votarlo a favor o en contra. Seguimos en la misma situación, aunque avancé algo en su estudio y advertí que el año pasado las recaudaciones por concepto del IRA fueron de N$ 1.000:000.000, y por el IVA, N$ 30.000:000.000. ¿Cuánto importa el IVA que se va a descontar de esos N$ 1.000:000.000? No lo sabemos. Hemos consultado con los compañeros de la bancada, y a los efectos de dar trámite solamente al tema -porque está encadenado con otras normas y otros sectores como los que pagan el IMAGRO, donde también se va a descontar el IVA- vamos a votar afirmativamente, pero no comprometemos igual posición en la Cámara de Representantes".

Eso es exactamente lo que dijimos, y me parece congruente sostener lo mismo al comprobar el texto definitivo.

Le concedo ahora la interrupción que me había solicitado el señor senador Flores Silva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Me llena de alborozo la nueva que me da.

Seguramente, el señor senador Senatore, que me acaba de aludir, no venía siguiendo con toda atención el debate cuando hice la intervención a que él se refiere, porque la palabra "privada", que es la que a él le afecta no la empleé yo, sino el señor senador Rodríguez Camusso, dando a entender que lo que no se trataba en el Plenario o en Comisión pertenecía a una esfera privada. Yo simplemente retomé esa palabra.

Con respecto a la negociación de ese día, se ha dicho reiteradamente que durante muchas horas el Frente Amplio estuvo esperando el acuerdo colorado-blanco, blanco-colorado.

Sucede que estamos en presencia, desde hace unos minutos, de una revelación que a mí me parece de fundamental importancia, que es la que acaba de hacer el señor senador Batalla. También ocurre que parte de ese tiempo habrá sido empleado, muy seguramente, en alguno de los debates internos del Frente Amplio.

SEÑOR SENATORE. - No, señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - El señor senador Senatore me dice que no, mientras el señor senador Rodríguez Camusso me indica con la cabeza que sí.

SEÑOR BATALLA. - Claro que sí, señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Me parece muy bien que se debata. Lo que digo es que esas largas horas se habrán destinado a esperar al Partido Colorado o al Partido Nacional, y en parte, para debatir.

SEÑOR SENATORE. - No, señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - El señor senador Senatore ya no me está contradiciendo a mí, sino al señor senador Batalla.

Lamento no poder concederle una interrupción, porque estoy en uso de una, a riesgo de que el señor senador Gargano me haga pasar las de Cain para darme una nueva.

Digo que la revelación que acaba de hacerse es de trascendental importancia, en primer lugar, porque a "contrario sensu" lo que acaba de decir el señor senador Batalla es que los otros integrantes del Frente Amplio, es decir, el sector de Democracia Avanzada y el Partido Socialista, estaban dispuestos a votar en acuerdo con el Partido Colorado. Entonces, cuando el señor senador Gargano se agravia de la votación sobre el COCAP y los nuevos pesos 45:000.000 -recuerdo ahora que ahí comenzaba mi intento de interrupción- le debo recordar que esa tarde él pertenecía -según lo revela el señor senador Batalla- al sector de senadores que estaba dispuesto a votar lo que ahora critica.

Como segunda conclusión, y como mero ejercicio de la lógica, hago la siguiente reflexión.

Si los señores senadores de Democracia Avanzada y del Partido Socialista estaban dispuestos a votar el acuerdo con el Partido Colorado, según la lógica que ha planeado o sobrevolado en este Senado al comienzo de la sesión, esa situación, ¿no sería suficiente para que el Partido Nacional sostuviera que esa votación estaba animada por otro objetivo que la mera coincidencia? Como lo ha señalado el señor senador Ferreira, cuando se nos acusa de un pacto por la impunidad, por el hecho de coincidir hoy, ¿qué sucede con esa coincidencia del señor senador que hoy hace esa acusación, a pesar de que estaba dispuesto a votar con nosotros?

Por estas razones se comienza a comprender la inconveniencia de atribuir segundas intenciones a los acuerdos que se dan en los partidos.

Confieso que me resulta muy difícil entender cómo los señores senadores Rodríguez Camusso, Araújo y Gargano estaban dispuestos a votar con el Partido Colorado para concretar una Rendición de Cuentas -porque seguramente sería por eso- según manifiesta el señor senador Batalla, y luego resulta que la culpa de todo fue de los demás. Francamente, no entiendo señor Presidente.

Para terminar, quiero señalar que admito que los señores integrantes del Partido Nacional pudiesen sentirse agraviados por esa coincidencia que se mencionaba entonces, al sostener que había una intención escondida en ella. Digo esto, porque parecería que es la lógica que se ha instaurado en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Voy a finalizar señor Presidente.

En cuanto a la pretendida contradicción que observa el señor senador Flores Silva en la conducta de quienes hoy objetamos el texto de la disposición sobre los nuevos pesos 45:000.000 para el COCAP, la actitud del senador del Partido Socialista que en aquel momento era mi suplente y la de los senadores de Democracia Avanzada que eran partidarios de votar el proyecto, tal como surgió en una negociación interna del Frente Amplio -y no me quiero extender más porque esto ya es muy claro- me parece que al señor senador se le escapa, nada más y nada menos, que el proyecto debía ser votado en bloque. Había que conformarse o no con el texto que venía de la Cámara de Representantes, aunque se estuviera de acuerdo con la mayor parte de los artículos y en discrepancia con algunos. No existía posibilidad de votar por separado.

En consecuencia, me parece que la contradicción aludida queda absolutamente salvada, en lo que tiene que ver con la conducta que hoy tenemos con respecto a este organismo y a lo que se le aporta como contribución por parte del proyecto a consideración del Senado.

Reitero, señor Presidente, que no hay contradicción sino coherencia. Existe una mecánica legislativa que debemos conocer para luego aplicarla y saber como funciona.

He terminado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo recordar, simplemente, que quien se defiende sin que lo ataquen, pierde un punto. Basta revisar aquí que es lo dicho y que es lo que no se ha manifestado, y cuáles son las respuestas de defensa ante acusaciones que no se han vertido, para deducirlo muy fácilmente. Esto, por una parte.

Por otro lado, cuando por segunda vez se trataba en el Senado la Rendición de Cuentas, durante muchas horas el Frente Amplio realizó innúmeras gestiones, procurando ayudar a resolver las diferencias de criterio que existían entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Nos reuníamos con uno y otro partido e informábamos permanentemente a la autoridad del Frente Amplio, constituida en el Palacio Legislativo. Discutíamos entre nosotros, ante una desavenencia que aparecía como difícil de superar, sobre la actitud a adoptar; cosa más natural, lógica y corriente, es imposible imaginar. Lo dije hace pocos días aquí cuando desde una banca de otro lema -no del nuestro- se objetó un cuarto intermedio solicitado por la bancada del Partido Colorado, cuando siempre concedemos los cuartos intermedios que se solicitan. Entendemos que cada bancada es dueña de hacer las deliberaciones que quiera y en el momento que lo estime pertinente.

De manera que esto es absolutamente natural. ¿Que tiene esto que ver con el hecho de que, en un tema que durante meses y meses se estudió en conjunto por la vía normal, y en el cual se registró una muy alta proporción de coincidencias, particularmente entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, después que la solución ya había sido enterrada, se haya producido, en horas, el acuerdo que, cuando hubiera evitado ese entierro no se pudo conseguir a lo largo de quince días?

Se habla de todo, se contesta todo, hay referencias a cosas que nadie mencionó, pero esto no se responde. Este es el hecho que está en pie. Para él no hay respuesta, así como tampoco para los centenares de miles de victimas, que van a lo que califiqué de purgatorio, y que van a perder los beneficios que todos habíamos acordado concederles. Para ellos no habrá solución. ¿Por qué? Porque lo que los hechos probaron, es decir que en pocas horas se podía arreglar cuando ya lo fundamental era irremediable, en quince dias no se logró cuando lo primordial tenía solución. Esto está en pie y no hay palabras, no hay respuestas, no hay argumentos, ni elucubraciones que puedan contestar lo que es un hecho absolutamente incontrovertible.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA.- Señor Presidente: el señor senador Gargano explica que estaba dispuesto a votar en contra de lo que pensaba con respecto al tema concreto del COCAP, en función de la mecánica legislativa que exigía el voto en bloque. Esa era una posición: la de quienes dentro del propio Frente Amplio discrepaban, que habilitaba no la necesidad de votar en bloque sino de aprobar en la Asamblea General lo que entonces pudiese resolverse.

De modo que por el argumento de la mecánica legislativa, el señor senador Gargano no nos explica por qué ha votado una cosa contraria a la que piensa. El señor senador Batalla nos revelaba que la alineación fue de tres a tres en el Frente Amplio.

Estoy muy de acuerdo con las manifestaciones del señor senador Batalla respecto a la libertad de voto, de conciencia, y de todos esos temas tan importantes. Entonces, me es aún más difícil entender cómo el señor senador Gargano votaba a favor de esto que ahora dice estar en su contra.

Por otra parte, el señor senador Rodríguez Camusso reitera la alegoría de Dante y nuevamente coloca en el Purgatorio, posiblemente enviados por los partidos tradicionales, a cientos de miles de víctimas, para emplear su lenguaje. Anteriormente, el señor senador se refería a que Dante y Virgilio leían, y me permito rectificarle, manifestándole que paseaban, más que leían.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara al señor senador Flores Silva que la alusión que intenta contestar no había sido formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR FLORES SILVA. - Entonces, he sido «multialudido», señor Presidente. No sé si eso figura en el Reglamento...

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Flores Silva había solicitado una interrupción antes de que interviniera el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR FLORES SILVA. - Termino, señor Presidente.

Iba a realizar una alusión acerca de la alegoría, pero considero que ha sido hecha con brillo por el señor senador Rodríguez Camusso. De todas formas, rechazo el sentido de esa alegoría cuando atribuye culpas. Además, considero que hoy no debió empezarse a hacer esta distribución poco democrática de las culpas.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: voy a hacer una breve reflexión.

Quiero recordar que el Senado fue convocado para estudiar un orden del día en el que figura un proyecto de ley, y sin embargo está discutiendo la Rendición de Cuentas.

Entiendo que ya venció el tiempo para estudiarla.

Todos hemos estado inclinados a dar nuestra opinión sobre ese episodio pasado, en el que de acuerdo a las expresiones vertidas en Sala, existen muchas culpas a repartir.

Pregunto si para subsanar esas culpas que todos hemos confesado esta noche, no sería conveniente comenzar a votar este proyecto de ley, que subsana aquellos problemas.

El plazo para discutir la Rendición de Cuentas venció hace ya bastante tiempo y creo que sería más útil para el Senado y el país que entráramos concretamente a considerar el orden del día, máxime cuando hace más de dos horas que hemos estado intercambiando ideas ajenas a la convocatoria de esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa le aclara al señor senador Pozzolo que el Senado está considerando el primer asunto del orden del día y nos encontramos en este momento abocados a su discusión general.

SEÑOR AGUIRRE. - Tenemos que votarlo en general.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así es, señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la postura que se gestó en la Cámara de Senadores, cuando llegó el proyecto de la Cámara de Representantes, obligaba a votarlo a favor o en contra, en bloque, porque no existía la posibilidad de conformar una tercera alternativa, es decir, votarlo en particular. Esto es absolutamente claro, y está en la mecánica legislativa.

En este momento reiteramos lo que expresamos en la Comisión y en el Senado, porque entendemos que es absolutamente congruente. En el día de hoy tenemos la posibilidad de votar en contra -en el momento de tomarse la votación en particular- actitud que vamos a adoptar. Creo que no existe incoherencia y la misma está en no interpretar ordenadamente la conducta que se debe seguir de acuerdo a la mecánica legislativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

La Mesa se permite sugerir, dado que se trata de un proyecto de ley con más de 200 artículos un método de votación que podría ser, por ejemplo, el tratamiento por capítulos.

SEÑOR FA ROBAINA. - Formulo moción para que se vote por capítulos.

SEÑOR CIGLIUTI. - Que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por los señores senadores Fá Robaina y Cigliuti en el sentido de que se vote por capítulos y se suprima la lectura en la discusión particular.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el Capítulo 1, Disposiciones Generales, que comprende los artículos 1º y 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II, Normas sobre Funcionarios, que comprende los artículos 30 a 33, inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: hemos recibido -al igual que otros señores senadores- un planteamiento por parte de técnicos en computación, que refiere a la exclusión de que son objeto en esta nómina.

En ese sentido, queríamos consultar a los señores miembros informantes verbales, que supongo tienen idéntica información respecto a la posibilidad de inclusión de dicha carrera que no está comprendida en la enumeración que se propone.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿El señor senador Rodríguez Camusso se refiere al artículo 3º?

SEÑOR RODRíGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: se discutió mucho en Comisión y en el Senado si se incluian a los técnicos en computación. Ellos presentaron una nota muy fundada y en un primer momento consideramos que dicha incorporación era correcta, en virtud de la extraordinaria importancia que tiene esa disciplina científica en el presente y para el futuro.

Más tarde se aclaró que se trataba de técnicos que cumplen un pequeño período de estudio y que están comprendidos en el Escalafón correspondiente a la B, y no a la A. En consecuencia no se incluían en la nómina de profesionales universitarios, ya que se tuvo en cuenta la incorporación que al efecto determinó -de acuerdo a una consulta que se le formuló- la Universidad de la República. En ese momento se tomaron en cuenta todos los títulos universitarios que actualmente se pueden obtener.

El defecto de este artículo quizá sea que al enumerar los títulos universitarios que se admiten en el escalafón Triple A, se dejen fuera, forzosamente, los que se van creando constantemente en las distintas Facultades. Lamentablemente, esto no tiene solución.

En cambio, la no inclusión de los graduados en computación, en mi concepto, está justificada, actitud que fue aceptada en Comisión.

Por lo tanto, señor Presidente, mantenemos el texto del artículo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: solicito la división de la votación, en cuanto nuestra bancada no va a acompañar los artículos 9º al 26, inclusive, pero sí los restantes.

A este respecto, deseamos expresar que éste es un tema que fue analizado detenidamente en el curso del trabajo realizado en el Senado, en la primera etapa de consideración del proyecto de Rendición de Cuentas. Tiene que ver con un conjunto de proposiciones formuladas por el Poder Ejecutivo, que solicitaba la aprobación de normas referidas a la redistribución de funcionarios.

En aquel momento, tanto la bancada del Partido Nacional como la del Frente Amplio, expresamos una serie de observaciones por entender que las competencias que se atribuían al Poder Ejecutivo en materia de redistribución de funcionarios, resultaban excesivas y no garantizaban adecuadamente los derechos de dichos funcionarios ni aseguraba la indispensable objetividad en la medida que se aplicara a los mismos.

Este conjunto de artículos, luego de un examen detenidamente realizado y después de escuchar las informaciones vertidas por el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, fue desglosado.

En esa oportunidad, hicimos constar que no nos oponíamos a la redistribución de funcionarios en sí. Inclusive, en aquella y en la más reciente oportunidad en que el tema fue considerado, formulamos algunas reflexiones vinculadas con la situación que se produce como consecuencia de la superpoblación de funcionarios en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional. Creemos que este Ministerio está en absoluto sobredimensionado con relación a las necesidades del país, y que existe allí mucha gente cuya presencia no se necesita. Resulta, en conjunto, más allá de que sus asignaciones presupuestales sean adecuadas o no, muy caro para la sociedad. Naturalmente, a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido que deban ser privados de sus fuentes de trabajo.

En consecuencia, pensamos que ante reiterados planteamientos, por ejemplo, del señor Ministro del Interior, aduciendo que en su Ministerio existen carencias de personal -que, por otra parte, son notorias, particularmente fuera del departamento de Montevideo- éste es un ejemplo claro de lógica redistribución de funcionarios.

Cuánta gente está en el Ministerio de Defensa Nacional innecesariamente! Pienso que podrían servir mucho mejor a la sociedad, en su misma categoría presupuestal, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, o desde otros sectores del Estado notoriamente provistos muy por debajo de sus necesidades. De manera, que en términos generales, no estamos opuestos a la aplicación de este criterio; sí lo estábamos a la discrecionalidad, en nuestra opinión excesiva, que se atribuía al Poder Ejecutivo por aquel conjunto de artículos. Luego de desglosados, naturalmente, el tema desapareció y no estuvo incluido, prácticamente, en el texto votado por la Cámara de Senadores, ni tampoco en el votado por la Cámara de Representantes, ni en lo examinado por la Asamblea General. Ahora ha retornado con algunas correcciones que, evidentemente disminuyeron la amplitud y la peligrosidad -desde nuestro punto de vista- de aquel conjunto de disposiciones. Pero de todas maneras, nos parece que esa reducción es insuficiente. Hubiéramos querido un examen más detenido y más pormenorizado. Pensamos que el desglose para considerar estos artículos a través de una legislación separada que pudiera examinarse con el tiempo necesario y con la meditación adecuada, hubiera sido más conveniente.

Por estas razones, señor Presidente, no vamos a dar nuestro voto favorable a los artículos comprendidos entre el 9º y el 26, inclusive, acompañando, en cambio, el resto del Capítulo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en primer término, deseo expresar que el señor Ministro del Interior hizo constar positivamente que no creía, sino que, al contrario, consideraba que no era conveniente para su servicio la inclusión de soldados procedentes de las Fuerzas Armadas. El señor Ministro expresamente se opuso.

En segundo lugar, todos estos artículos fueron incluidos en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes. Precisamente, redujo las facultades amplísimas que tenía el Poder Ejecutivo y estructuró, con una base lógica y previa, estos artículos que, necesariamente, tendrán que ser complementados por una ley posterior. Creo, incluso, que algunos representantes del Frente Amplio tuvieron participación muy activa e inteligente en la redacción de estos artículos. Recuerdo muy bien que en la Comisión de la Asamblea General se pidió el mantenimiento de esta disposición sobre el Servicio Civil. El Mensaje del Poder Ejecutivo, hasta donde yo lo entiendo, lo que hace es reproducir lo que al respecto redactó la Cámara de Representantes que aquí, efectivamente, en el Senado, se había desglosado y que allá, en la otra Cámara, fue notablemente corregido y simplificado en relación con el Mensaje original del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En primer lugar, se van a votar los artículos 3° al 8° y 27 al 33.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En segundo término, se van a votar los artículos 9° al 26.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: antes de pasar a considerar el Capitulo siguiente, voy a solicitar se vote la inclusión, en el artículo 3º, de los titulados en informática.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo a la solicitud del señor senador Rodríguez Camusso, se va a votar la reconsideración del artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Los títulos que han sido excluidos en esta enumeración son los de Computador Universitario, Ingeniero de Sistemas en Computación y Analista Programador. Los expide la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y son los únicos títulos universitarios en el área informática expedidos desde el año 1968 a la fecha. Existen más de seiscientos profesionales universitarios en informática, y este título, a los efectos de la necesaria preparación para obtenerlo, tiene exigencias similares, en su campo, a la de los que han sido incluidos en este artículo 3º.

Por las razones dadas, propongo que se agregue a la nómina que aquí ha sido incluida, que compartimos y hemos votado, la relativa a los títulos a que he hecho referencia.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: estamos de acuerdo en que se consideren las carreras referidas a la informática.

Pensamos que hay una diferencia sustancial en cuanto a la duración de las carreras, entre las de los Ingenieros en Sistemas de Computación y las de los demás. Obsérvese que el artículo 4º establece una duración mínima de dos años para ser incluido en el Escalafón B). Creo que lo racional sería incorporar al artículo 3º los Ingenieros de Sistemas, y los demás quedarían en el Escalafón B).

Me parece que esto es lo correcto, ya que son todos títulos universitarios, y los artículos 3º y 4º se refieren a ellos. Por la importancia y por la duración de los estudios, tendría que incluirse en el artículo 3º, el titulo de Ingeniero de Sistemas, y los demás en el artículo 4º.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Acepto la proposición que formula el señor senador Lacalle Herrera, sobre todo, porque prácticamente está acordado un nuevo plan de estudios que entrará en vigencia en 1987 y que determinará para las otras carreras, exigencias que seguramente en la próxima Rendición de Cuentas van a determinar su incorporación a este artículo.

Por lo tanto, incluiríamos al Ingeniero de Sistemas en Computación y con los nuevos programas y las exigencias que de ello derivan a la vista, en 1987 estaremos en condiciones, en la próxima Rendición de Cuentas, de examinar la inclusión de los demás títulos.

SEÑOR GARCIA COSTA - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creo que el señor senador Cigliuti ya ha explicado la forma en que llegamos a la redacción de este artículo. Sin embargo, creo que es bueno recordarlo a efectos de que el Senado tome una decisión con conocimiento cabal de causa.

En primer lugar, declaro que ni me opongo ni dejo de aceptar la propuesta que se hace. Me parece que no es la oportunidad de examinarlo, y voy a explicitar cuál es mi criterio. Cuando se estudió este artículo por la Comisión de la Asamblea General que consideró la Rendición de Cuentas lo hicimos sobre la base de una identificación de todas las carreras comprendidas. Pocos días después, la Universidad de la República nos hizo llegar una nota agregando, a la nómina que había enviado la Oficina del Servicio Civil, otra de profesiones universitarias -llamémosle faltante de la primera nómina- a fin de completarla. En esa nómina, a pesar de que en la Comisión se había conversado sobre el tema, no estaban incluidos estos títulos. Señalo pues que en aquella Comisión, la Oficina del Servicio Civil, que dispuso de tiempo -no fue una improvisación- nos trajo una nómina en la que no se hallaban estas profesiones. La Universidad de la República, en nota oficial dirigida a la Comisión, añadió otras profesiones universitarias, a los efectos del alcance de este artículo. Pero en ninguno de los dos casos, insisto, estaban incluidos estos títulos que, naturalmente, al no estar en este listado, pasan a integrar el Escalafón Técnico Clase B); esto significa que no los estamos dejando fuera del presupuesto.

Creo que no es del caso -por más que respete la opinión de los señores senadores preopinantes- que improvisemos en este terreno. Tengo la certeza de que la Oficina del Servicio Civil sigue estudiando el tema y ello me consta fehacientemente.

Es altamente probable que la próxima Rendición de Cuentas corrija el criterio expresado acá o, simplemente, que añada profesiones entre las cuales deben estar -con mucha lógica, a juzgar por las razones que se dan- las mencionadas por el señor senador Rodríguez Camusso y acompañadas por el señor senador Lacalle Herrera. No quiero decir que no vayan a figurar ni que el que habla esté en contra de su inclusión. Declaro que tengo mis dudas para hacerlo y por eso solicito que hagamos un compás de espera -y estamos hablando de unos pocos meses- para poder proceder a ello con mayores elementos de juicio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar el artículo 3º.

Se va a votar, en primer lugar, el mencionado artículo con la redacción propuesta por la Comisión.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III, Incisos de la Administración Central que incluye los artículos 34 a 119 inclusive.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Para tranquilidad de mis compañeros de bancada, declaro que las consideraciones que voy a realizar sobre algunos artículos no significan en modo alguno, que no los vaya a votar. Existe un acuerdo en el que ha participado mi partido y, en función de ello, debemos votar el proyecto, salvo que todos los senadores estemos contestes en modificar o incorporar alguna norma.

De todas maneras, quiero señalar que aquí hay dos artículos que creo tienen dificultades de interpretación, por errores u oscuridades en la redacción y que son fácilmente corregibles.

También hay algunos que pueden resultar inconvenientes o dudosos y voy a dejar sentada cuál es mi preocupación al respecto.

Los dos primeros artículos a los que me voy a referir son el 60 y el 109.

El artículo 60 establece el principio de que las actuaciones que cumpla la Inspección General de Hacienda, en determinados supuestos, deben ser pagadas. Se dice que deben abonarlas las personas físicas o jurídicas de Derecho Privado, e inmediatamente se expresa: "excepto cooperativas" -que, obviamente son de Derecho Privado-"Entes Autónomos y Servicios Descentralizados Comerciales e Industriales". Es evidente que los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no son personas de Derecho Privado y creo que no se ha querido decir tal cosa sino, simplemente, incluirlos entre las personas jurídicas que deben pagar estos servicios porque, a renglón seguido se dice: "u organismos públicos que dispongan de fondos no provenientes de Rentas Generales" que, por supuesto, lo son los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados Comerciales e Industriales. Creo que la redacción induce en error y se puede llegar a interpretar que están exceptuados del pago, cuando la intención ha sido incluirlos. Lo que hay que decir es: "la actividad de personas físicas o jurídicas de Derecho Privado, excepto cooperativas, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados". De esa forma queda clara que están incluidos y no excluidos.

Con respecto al artículo 109, me parece que el error es aún más claro. El mismo establece: "Autorízase a la Dirección General de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura a expedir en forma gratuita recaudos y actuaciones de Estado Civil, cuando dicha expedición sea. solicitada por el Consejo del Niño y Gobiernos Departamentales". Evidentemente, la conjunción copulativa está mal utilizada, porque no es un pedido acumulativo. Debería decir: ... "por el Consejo del Niño o Gobiernos Departamentales". Esto también parece obvio.

Las siguientes observaciones que deseo formular, señor Presidente, son de otro carácter, aunque reitero que voy a votar los artículos.

En el artículo 63 se establece un precio -y voy a decir por qué creo que es un precio- por la gestión que tienen que realizar los importadores ante la Dirección Nacional de Aduanas, para que se les expidan los permisos de importación. Se fija una escala que va desde los permisos de U$S 500 a U$S 1.000 hasta los de U$S 100.001 en adelante. En esta escala existen seis categorías o niveles y el precio que se cobra va de U$S 10, en el grado inferior de la escala, a U$S 500 en el superior.

Se dice que estos importes se establecen a los efectos de los artículos 253 y 254 de la Ley de Presupuesto. Tengo aquí dicha ley y observo que esos artículos, de acuerdo con la vieja Ley Nº 9.461, del año 1935, establecen que toda vez que se requieren servicios especiales o extraordinarios a la Dirección Nacional de Aduanas, hay que pagar el importe de los mismos. Quiere decir que, en realidad, es un precio. Es lo que en la doctrina de Derecho Financiero se conoce como precio público. No se trata de un tributo, porque no es un impuesto ni una tasa.

¿Cuál es el destino de este precio? De acuerdo con el artículo 254 de la Ley de Presupuesto, se destina -si no en todo, por lo menos en parte- a pagar una retribución especial a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que trabajen fuera de horario para prestar esos servicios extraordinarios. Luego se comete al Poder Ejecutivo establecer por reglamentación cuando esas tareas se cumplen en horarios especiales y cuáles son los funcionarios que tienen derecho a percibir esa retribución extraordinaria.

Mi reflexión es la siguiente. Si esto es un precio, no tiene sentido que se establezca una escala según la cual en un caso se paga U$S 500, en otro U$S 10 y en un tercero U$S 40, ya que el trámite y el trabajo para expedir un permiso de importación siempre es el mismo y no depende de que ésta sea por un valor de U$S 25.000, U$S 3.000, ó U$S 8:000.000. Por otra parte, si el destino es cubrir retribuciones extraordinarias para los funcionarios que cumplen esos servicios, no se comprende que se establezca un tributo de este nivel. Brevemente, voy a calcular cuál será el producido de la percepción del mismo. Porcentualmente, la escala va del 1,60% al 0,10%; si por todos los permisos de importación del país, el porcentaje promedio fuera del 0,5 % teniendo en cuenta que se importan alrededor de U$S 1.000:000.000 por año, se recaudarán U$S, 5:000.000 anualmente. Naturalmente, puede haber error en la estimación y quizás se recauden U$S 7:000.000, U$S 12:000.000 ó U$S 3:000.000, pero, evidentemente, esto no guarda ninguna relación con el destino de esos fondos. Si el mismo es cubrir una retribución extraordinaria para algunas decenas de funcionarios que trabajan en horarios fuera de lo normal, sobrará dinero o ellos percibirán retribuciones astronómicas. Reitero que bajo el concepto de precio se establece, en realidad, un impuesto a los importadores.

Por lo expuesto, creo que esta norma es inconveniente y así lo señalo, aunque reitero que la voy a votar en virtud del compromiso que se ha asumido.

Otra cosa que deseo señalar, señor Presidente, es que en el artículo 99 se efectúa una declaración genérica de utilidad pública para expropiar determinados bienes. Es sabido que, jurídicamente, se considera procedente y constitucionalmente admisible, que se hagan declaraciones genéricas. Existen antecedentes en favor de que no hay necesidad de hacer por ley una declaración de necesidad o utilidad pública para cada bien que se va a expropiar. Eso queda para el acto administrativo de determinación del bien. De todas maneras, me parece que la declaración que se hace en este artículo es de una generalidad tal que, en mi concepto, significa entregar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Con esto no quiero decir que hará mal uso de él, sino que creo que la norma es imprudente y exagerada.

El artículo expresa: "Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes necesarios para la construcción, instalación, ampliación, rectificación o ensanche de: A) Obras de arquitectura, incluidas en las leyes de presupuesto". Quiere decir que debemos tener conciencia de que, de aquí en adelante, cada vez que autoricemos una obra en una Ley de Presupuesto, implícitamente estaremos autorizando la expropiación de cualquier bien necesario para llevarla adelante. El artículo continúa: "B) Construcción de puertos, escolleras, obras de drenaje, mantenimiento de costas de ríos y arroyos, obras de riego y canales". Creo que esto es también de una tremenda generalidad y que es riesgoso dar una autorización de tal alcance.

Señalado lo que expresé, voy a hacer una última observación sobre un artículo con respecto al cual tengo dudas acerca de su constitucionalidad y voy a solicitar una aclaración.

En el artículo 118, se dice: "Extiéndese la competencia de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en materia de seguridad, higiene, condiciones ambientales de trabajo y salud laboral en general, a la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas de Derecho Público no estatales. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los procedimientos formales a seguir por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones

No tengo dudas de que esta competencia puede ejercerla la Inspección General del Trabajo en el ámbito de la Administración Central. Sin embargo, me parece dudoso desde el punto de vista constitucional -y yo diría más que dudoso, que es inconstitucional- en el ámbito de los Gobiernos Departamentales, bastante dudoso en el de los Entes Autónomos y quizás no en el de los Servicios Descentralizados, donde los mecanismos de contralor pueden ser más amplios.

Asimismo, no tengo un concepto claro de cuál es la competencia de la Inspección General del Trabajo en esta materia. Es decir, ¿puede ella decirle a un Gobierno Departamental que las condiciones en que se trabaja en su Intendencia o en su Junta Departamental no son correctas y debe cambiarlas porque está infringiendo o violando determinadas disposiciones legales o reglamentarias? ¿Puede hacer eso la Inspección General del Trabajo frente a un Gobierno Departamental? Tengo mis serías dudas.

Veo que el señor senador Fá Robaina me está diciendo que no.

SEÑOR CIGLIUTI. - Yo también le digo que no.

SEÑOR AGUIRRE. - Bien; si todos estamos de acuerdo, lo que debemos hacer es excluir de esta referencia, por lo menos, a los Gobiernos Departamentales.

SEÑOR CIGLIUTI. - Apoyado.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Naturalmente, muchas de las observaciones formuladas son válidas.

Me permito señalar que la labor se realizó en el entendido de trabajar sobre textos hechos y no innovar sobre ellos.

El que habla tuvo la oportunidad de realizar algunas objeciones; pero, en realidad, todos hemos tratado de obviarlas.

Este texto en particular sobre atribuciones de la Inspección del Trabajo que viene desde el proyecto inicial de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, pasó por el Senado y la Cámara de Representantes, volvió a este Cuerpo y ahora está reeditado en este proyecto de ley a estudio -es la quinta vez que lo examina el Parlamento y la tercera que lo hace el Senado- y a mi juicio, puede obviarse la objeción manifestada siempre que tenga la votación requerida por el artículo 64 de la Constitución, que dice: "La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos".

Siendo esta una norma que hace referencia a disposiciones a que deben atenerse los Gobiernos Departamentales, sobre sus funcionarios, higiene, salubridad, etcétera, estimo que si se cumple con los dos tercios establecidos en el artículo constitucional, es posible legislar en la materia.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor Presidente, para realizar una precisión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - No ha sido mi intención molestar a ningún integrante de la Comisión ni formular críticas.

Soy consciente de que es así y de que la manera de trabajar era esa, porque, de lo contrario, con los plazos que nos apremiaban y el receso por delante, esto no terminaba nunca. Sin embargo, si estamos todos conscientes en que ha existido un error y estamos todos de acuerdo, pienso que tenemos tiempo de corregirlo.

Además, no quería que se me hiciera la crítica de que yo había votado esta norma y ahora la objetaba. Creo que el artículo relativo a la expropiación no estaba en el proyecto cuando éste pasó por el Senado y se votó. No recuerdo que esta norma -que expresa el señor senador García Costa que estaba incluida- estuviera en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Quizás sea así y en este momento mi memoria flaquee; sin embargo, francamente, no lo recuerdo.

Durante toda la etapa en que la Comisión de Presupuesto trabajó, concurrí a sus sesiones y no recuerdo que esta disposición estuviera contenida en el proyecto. Además, ella se refiere no sólo a los funcionarios, sino a condiciones ambientales y salud laboral en general, o sea que se relaciona con el trabajo en todos los ámbitos, públicos y privados, de un departamento. Creo que el texto del artículo es de una generalidad muy grande.

No quiero crear un problema. Si el asunto se zanja con una votación de dos tercios, salvándose la objeción que he formulado, yo lo voto, porque reitero que voy a cumplir con el compromiso que existe.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores se incluía esta norma en el artículo 181. La planteó el Poder Ejecutivo y en la discusión de la Comisión no se consideró del caso modificarla. Naturalmente que hace referencia a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales, porque la otra competencia sobre funcionarios o empleados de la actividad particular la tiene ya la Inspección General del Trabajo y no precisa una norma específica.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Confieso que el tema no lo he estudiado. En realidad, no he examinado absolutamente nada a fondo de lo que se está tratando por razones de división de trabajo.

De cualquier manera, quiero decir que el caso de los Gobiernos Departamentales quizás sea más discutible que el de las otras personas públicas que se mencionan en el artículo 118.

Sin embargo me parece que nadie puede dejar de reconocer, porque es muy claro, que el artículo 64 de la Constitución no tiene mucho que ver con el tema del artículo 118, porque aquella disposición de la Constitución se refiere a normas vinculadas a la carrera administrativa, puesto que está dentro de la parte relacionada con los funcionarios. En cambio este artículo 118 del proyecto no se refiere a los funcionarios, sino a situaciones que tienen que ver con seguridad, higiene y condiciones ambientales, de trabajo y de salud laborales en general. Es decir que es una cosa distinta a aquella prevista por el constituyente en el artículo 64 de la Constitución.

Entonces creo que si hay una inconstitucionalidad -reitero que no lo he estudiado a fondo- no se va a salvar porque se logre una votación de dos tercios; será constitucional por consideraciones ajenas al quórum que tenga la aprobación de este artículo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Me quiero ocupar, rápidamente, del artículo 100 porque me parece que merece alguna pequeña corrección o ajuste para aclarar debidamente los conceptos a fin de que tenga un real sentido.

Dice así: "A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las actividades docentes prestadas por Directores, profesores e instructores de las Escuelas de Danza, de Opera y del Centro de Capacitación y Producción, dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y de Música, dependientes de las Intendencias Municipales, así como las actividades específicas cumplidas por docentes con título habilitante de Casas de Cultura y Bibliotecas...". Considero que las Casas de Cultura y Bibliotecas no expiden ningún título. Hay un error de redacción. Las que expiden no títulos sino certificados son las Escuelas de Arte Dramático y de Música, porque ningún estudiante se recibe de actor, sino que debe acreditar el cumplimiento de los cursos correspondientes.

Por lo tanto, para un debido ajuste este artículo debería decir: "dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y de Música, dependientes de las Intendencias Municipales, con certificados de estudios expedidos por dichas escuelas, así como las actividades específicas cumplidas por docentes en Casas de Cultura y Bibliotecas estatales o municipales...". De esta manera es mucho más lógico y tiene más sentido.

En el último párrafo se expresa: "En aquellas actividades o profesiones donde no se expidan títulos habilitantes, deberá acreditarse idoneidad específica mediante prueba supletoria". La acepción literal de este vocablo "prueba", puede interpretarse como que es un elemento probatorio o que debe rendirse una prueba concreta. A nadie se le ocurriría que un actor, por ejemplo, Alberto Candeau, tenga que subirse a un escenario para cumplir una prueba. Creo que esto se obvia poniendo: "Deberá acreditarse supletoriamente idoneidad específica". El concepto es el mismo, pero es más claro. Esta modificación aclara el sentido y hace más justa la disposición.

Propongo que se modifique en el sentido expresado.

SEÑOR TRAVERSONI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Creo que la modificación propuesta por el señor senador Paz Aguirre es correcta y la comparto porque, de ninguna manera, el artículo puede aludir a títulos expedidos por las Casas de Cultura. Entiendo que la referencia clara es que la actividad se realiza en Casas de Cultura y Bibliotecas, por gente que tenga título habilitante. Por consiguiente, cambiando la preposición "de" por "en", se soluciona el problema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el Capítulo III, artículos 34 al 119 inclusive con las correcciones gramaticales indicadas en los artículos 34 al 119, inclusive con las correcciones gramaticales indicadas en los artículos 60 y 109, y co la nueva redacción propuesta por el señor senador Paz Aguirre para el artículo 100.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Nuestra bancada desea señalar que, dentro de este Capítulo, no votará el artículo 39, el inciso 1º del artículo 40 y los incisos 2º y 3º del artículo 115. Por lo tanto, solicito que se voten por separado.

(Apoyados)

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En realidad, con respecto al artículo 100 hubo una propuesta inicial formulada por el señor senador Paz Aguirre y luego otra diferente de parte del señor senador Traversoni. Ahora, "soto voce" los dos señores senadores se han puesto de acuerdo -cometo la infidencia de decirlo- en que la más simple es la propuesta por el señor senador Traversoni, porque consiste en cambiar la preposición "de" por "en".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa había entendido que el señor senador Traversoni apoyaba las modificaciones propuestas por el señor senador Paz Aguirre. Pero ahora, a los efectos de que figure en la versión taquigráfica, solicita que se dé lectura al texto que se modifica, tal como quedaría redactado.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - La parte a que se refiere el señor Ricaldoni diría: "...así como las actividades docentes con título habilitante en Casas de Cultura y Bibliotecas". Perdón, antes diría .... dependientes de las Intendencias Municipales con certificados de estudios expedidos por dichas escuelas".

SEÑOR TRAVERSONI. - Lo que sucede es que está mal en la copia.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - En el Mensaje del Poder Ejecutivo decía "en". En la copia está mal.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: nosotros, además de las aclaraciones formuladas con respecto a este Capítulo por el señor senador Senatore, apoyamos decididamente los criterios expuestos en torno al artículo 100 por el señor senador Paz Aguirre y complementado por el señor senador Traversoni. Se me ocurre que tal vez conviniera aplazar el artículo por unos instantes hasta que se ajuste el texto si es que ya no se ha hecho. De todos modos, queremos dejar constancia, reitero, de que compartimos los criterios que informan las modificaciones propuestas.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: creo que este artículo 100 -también comparto la modificación propuesta por el señor senador Paz Aguirre- en la parte correspondiente debería decir: "así como las actividades específicas cumplidas por docentes con título o certificado de estudio habilitantes de Casas de Cultura, Bibliotecas", etcétera. Con eso quedaría solucionado el problema.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Tengo entendido que las Casas de Cultura y Bibliotecas no expiden certificados.

SEÑOR CERSOSIMO. - Sí, lo pueden hacer.

SEÑOR CIGLIUTI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la modificación que propuso el señor senador Traversoni es la que corrige el defecto original, porque hubo un error de copia. El actual artículo 100 era antes el 101 y en la parte pertinente decía: "así como las actividades específicas cumplidas por docentes con título habilitante en Casas de Cultura y Bibliotecas estatales o municipales". No de casas sino en casas, como lo propuso el señor senador Traversoni. Todo el problema viene por n error de copia que se deslizó en el repartido que se entregó a los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Subsanado el error de copia, ¿queda aclarado el asunto?

SEÑOR CIGLIUTI. - Queda aclarado con el cambio de preposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, se pondrá a votación con esa corrección.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo que propone el señor senador Cigliuti, pero me parece que el señor senador Paz Aguirre hizo otra observación inteligente con respecto al parágrafo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya se aceptó ese criterio.

Se van a votar los artículos, de acuerdo a lo solicitado por el señor senador Senatore.

SI no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 34 a 38 inclusive.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Se va a votar, por parágrafos, el artículo 40.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el parágrafo 1º.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el parágrafo 2º.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 41 a 114 inclusive.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CERSOSIMO. - Solicito que se reconsidere el artículo 107.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 107.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: el artículo 107 dice que, "A partir del 1º de enero de 1988, las inscripciones de los actos relativos a bienes inmuebles radicados en el interior del país" -en primer lugar los bienes inmuebles se ubican o se sitúan pero no se radican- "que actualmente se inscriben en los Registros de Hipotecas de la lª y 2ª Sección" -aquí tendría que ir una coma- "General de Arrendamientos y Anticresis y en el Registro General de Inhibiciones, Secciones Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos, Embargos y Reivindicaciones, se realizarán en los Registros Departamentales o Local de Traslaciones de Dominio donde estuviere radicado" -otra vez la palabra radicado- "el bien objeto del acto".

SEÑOR AGUIRRE. - El término está mal utilizado.

SEÑOR CERSOSIMO. - Ese no es el único problema sino que, además, hay que aclarar dos o tres aspectos con relación al 2º parágrafo.

En primer lugar, entonces, señalo que no corresponde la expresión "radicado" y que, en su lugar,habría que poner "situado" o "ubicado". Además debe aclararse que en lo que dice relación con la Sección Embargos del Registro General de Inhibiciones, se ha de tratar de aquellos casos en que los embargos sean específicos y no genéricos, porque, naturalmente, se está refiriendo a bienes ubicados en distintos departamentos del país. Solamente en esos casos podrán inscribirse en el lugar en que se encuentren situados. Pero sin querer, sin duda -esto tiene una denominación gramatical que ahora no me viene a la memoria- se coloca en este artículo 107 una expresión que cambia el sentido de la inscripción de este tipo de actos jurídicos. Dice que "se realizarán en los Registros Departamentales o Local de Traslaciones de Dominio".

SEÑOR AGUIRRE. - O locales.

SEÑOR CERSOSIMO. - Con "Local" se refiere al de Pando. Se trata de una disposición de la Ley de Registros de 25 de setiembre de 1946.-

Lo que deseo señalar es que el artículo debe querer que diga que, en todos esos casos, de Registros de Hipotecas de la 1ª, y 2ª Sección, General de Arrendamientos y Anticresis e Inhibiciones en las Secciones Promesas, Embargos y Reivindicaciones, se han de inscribir estos actos en el lugar de ubicación de los bienes, en los mismos Registros que quedarán de cargo de los Registros de Traslaciones de Dominio; pero no puede confundirse o llevarse la inscripción de un Registro de Hipotecas por ejemplo y unificarla en uno de Traslaciones de Dominio. Lo que quiere decir la disposición y no lo dice, es que se van a inscribir ahora -el Escribano Alberti asiente con la cabeza, porque es de mi mismo oficio- todos esos actos jurídicos en el lugar en que estén ubicados los bienes a que los mismos se refieren y quedarán, los Registros, de cargo de los de Traslaciones de Dominio Departamentales o Local, en su caso.

Y en el inciso segundo se agrega que "las cesiones, modificaciones, rescisiones y cancelaciones de derechos inscriptos...". Es de "actos inscriptos". Y continúa: "...se registrarán en la repartición originaria". No es claro lo que quiere decir esto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa sugiere que ya que el señor senador domina el tema, se sirva redactar el artículo para que después podamos considerarlo.

(Apoyados)

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido excusas por volver atrás, solicitando que se reconsidere el artículo 100, porque creo que también en él hemos incurrido en un pequeño error que es fácil de corregir.

Hemos decidido poner: «actividades específicas cumplidas por docentes con título habilitante en Casas de Cultura y Bibliotecas". Ocurre que la Escuela de Arte Dramático, la Escuela de Música, etcétera, no expiden títulos sino solamente certificados.

Creo que esto lo podemos salvar si ponemos: "con título o certificado habilitante". Con eso queda perfectamente claro el artículo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Es lo que yo había dicho, pero el señor senador contestó que no.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Lamento no haberlo escuchado porque yo siempre digo que sí a lo que sugiere el señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda corregida la redacción del artículo 100 que diría: "con título o certificado habilitante en Casas de Cultura y Bibliotecas...", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habíamos votado hasta el artículo 114, señores senadores.

En consideración el artículo 115.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite señor Presidente? Nosotros no vamos a votar el artículo 115 en su totalidad. Votaremos el inciso primero, pero no el segundo ni el tercero.

SEÑOR PRESIDENTE. Se va a votar el artículo 115 por incisos, a fin de permitir su votación por separado.

Se va a votar el Inciso primero del artículo 115.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Se va a votar el inciso segundo del artículo 115.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

Se va a votar el inciso tercero del artículo 115.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

En consideración los artículos 116 a 119.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo IV, artículos 120 a 134.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración, el Capítulo V, artículos 135 a 143.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite la palabra?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA: - Quiero dejar en Sala la misma constancia que dejé en Comisión, señor Presidente, y es que lamento profundamente que el Poder Ejecutivo no haya prestado la iniciativa que fue incluida en el artículo 317 del proyecto de la Cámara de Representantes para una partida por una sola vez, de nuevos pesos 200:000.000, que estaba destinada al Instituto Nacional de Colonización para que éste pudiera adquirir a la Universidad de la República un campo ubicado en el departamento de Cerro Largo de 6.206 hectáreas, que actualmente está destinado a la recría de ganado lechero, en un plan de extensión de la cuenca lechera al departamento de Cerro Largo.

La Universidad de la República no puede hacer otra cosa porque el campo le fue donado a ella con la condición de que, en caso de ser vendido, el fondo fuera destinado a reparaciones y equipamiento en la Facultad de Derecho. Ello permitiría al Instituto Nacional de Colonización hacer un plan para la recría de ganado para la cuenca lechera del departamento. Era una partida de N$ 200:000.000 que, en este mar de números, no significaba nada y, sin embargo, incorporaba al Instituto una superficie de 6.206 hectáreas que debe ser superior a lo que ha adquirido el Instituto en los últimos diez años, si no me equivoco. Y, además, prestaba al departamento de Cerro Largo la inestimable valorización que le aportaba un campo destinado nada menos que a recría de ganado de la cuenca lechera, que está en plena recomposición, en un departamento donde está instalada la cooperativa de lechería más vieja del país -por cuanto fue fundada en el año 1935- Coleme que está atravesando una situación económica nada favorable debido a un crédito internacional que contrató a efectos de la ampliación y modernización de la planta y que, si no tiene una extensión del área destinada a la cuenca lechera, no podrá incrementar su producción, que en este momento está dirigida al consumo interno del departamento, y también a diversos canales de exportación.

El señor Director de Planeamiento y Presupuesto dijo en la Comisión que esta partida que no tenía iniciativa del Poder Ejecutivo, había sido incluida en la Cámara de Representantes y en eso estamos de acuerdo. Pero podría haber sido incluida también en esta Cámara y es una lástima que no lo haya sido. El señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comprometió a estudiar el problema para ver si ella puede ser recogida en la Rendición de Cuentas que vendrá dentro de pocos meses al Parlamento.

Quiero señalar expresamente en Sala que vamos a ser cuidadosos de que esta partida venga en el mencionado proyecto de ley, porque tiene una alta finalidad económica y social, ya que favorece a la Universidad de la República, que puede destinar el importe de la venta de un bien a la reparación de su edificio; al Instituto Nacional de Colonización, que incorpora a su patrimonio una superficie que es mayor a la que suman los campos adquiridos por él en los últimos diez años; y al departamento de Cerro Largo, que también se verá favorecido con un campo para recría de ganado de la cuenca lechera, que permitirá la extensión de esa explotación, lo cual dará un gran beneficio económico y social a un departamento cuyo destino depende nada más que de la agro-industria.

Con estas palabras quiero recordar al Poder Ejecutivo que el señor Director de Planeamiento y Presupuesto dijo que esta partida podía ser incluida en la próxima Rendición de Cuentas. Me parece que éste es un reclamo que el Poder Ejecutivo tiene que atender necesariamente dadas las altas finalidades de esta partida de N$ 200:000.000 que vendría a solucionar un grave problema del departamento de Cerro Largo, así como otros tantos del Instituto Nacional de Colonización y de la Universidad de la República.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se encuentra en la Mesa un texto sustitutivo del artículo 140.

Léase.

(Se lee:)

"Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay para el Ejercicio 1987, un subsidio de N$ 3.390:000.000 (nuevos pesos tres mil trescientos noventa millones). Esta partida se ajustará por el mecanismo previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.666, de 9 de junio de 1977.

Encomiéndase a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en forma transitoria, las funciones que la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, asigna a la ex-Dirección Nacional de Viviendas.

Dentro de los treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo enviará al Poder Legislativo el Mensaje y proyecto de ley de Plan Quinquenal de vivienda período 1985-1989, de conformidad a los artículos 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968".

A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis Alberto Senatore. Senadores.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Simplemente, señor Presidente, es para hacer un fundamento previo muy breve, porque este tema ha sido muy extensamente considerado, especialmente cuando se discutió el proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes.

En este Capítulo V no vamos a votar el artículo 137 y hemos propuesto un sustitutivo del artículo 140. ¿Por qué? Para el artículo 140 actual el Poder Ejecutivo propuso inicialmente en su Mensaje el texto que actualmente resucita; pero, posteriormente, cuando el tema fue examinado luego de algunas observaciones que se le habían formulado ya en la Comisión respectiva del Senado, por la Cámara de Representantes, hubo un largo intercambio de opiniones. Se solicitaron asesoramientos y, finalmente, se produjo una coincidencia de puntos de vista al respecto entre la bancada del Partido Nacional y la del Frente Amplio. No estoy seguro en este momento de si esta decisión no fue también acompañada por la bancada de la Unión Cívica. Y sé que se estimó que sin perjuicio de votar para 1987 la partida que se propone para el Banco Hipotecario del Uruguay -elemento que no mereció objeción- era importante y positivo procurar que se afirmase una legislación en materia de vivienda, con la cual estaría vinculada la actitud a asumir a este respecto en el futuro.

De manera que se procuraba dar una solución inmediata asignando al Banco Hipotecario del Uruguay el subsidio en los términos en que lo planteó el Poder Ejecutivo. A este respecto no había modificaciones en cuanto al monto ni a las características de la partida, pero se incorporaban los tres incisos siguientes a los efectos que dejo explicados.

Entendimos que esta solución -que, reitero, fue aprobada en la Cámara de Representantes, porque tuvo el apoyo de los sectores que no integramos, el Poder Ejecutivo- es muy superior a lo que ahora nuevamente viene propuesto, que no hace sino volver a lo que inicialmente había manejado el Poder Ejecutivo y que fue objeto de un examen muy detenido y de sucesivas observaciones fundadas que se le formularon mientras el tema estaba a consideración de la Cámara de Representantes.

Por último, agrego que la moción presentada la hemos firmado el señor senador Senatore y quien habla -miembros de la Comisión- en nombre de toda la bancada del Frente Amplio.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En primer lugar, quiero señalar que el artículo 137 no ha sido presentado ahora por el Poder Ejecutivo; este artículo era el 315 del proyecto de la Cámara de Representantes, que ya había sido votado. No sé si contó con los votos del Frente Amplio, porque no estaba presente.

En segundo termino, señor Presidente, quiero hacer una referencia al último artículo de este Capítulo, el 143, que destina el producido líquido de la primera lotería siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la ley, en un 25% a la Cruz Roja Uruguaya y en un 10% al Patronato del Sicópata.

Ignoro realmente cuál es el monto del producido ordinario de una lotería, aunque supongo que no debe ser fijo. Pero lo que sí me parece, es que esta norma se debe haber pensado cuando se le incluyó en el proyecto de ley, para el caso de una lotería ordinaria. Como, de acuerdo con uno de sus últimos artículos, la ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1987, lo que va a suceder es que la primera lotería siguiente es la de Reyes, que es extraordinaria, ya sea en su colocación como en el número de billetes a vender.

No voy a hacer mayor cuestión por esto, pero me parece que se trata de una inadvertencia y, con seguridad, por este artículo se va a lograr un recurso mucho mayor que el que se pensaba destinar a estas entidades. No me parece mal que éstas reciban recursos de cierta importancia. Lo que creo es que se va a retraer, del producido de una lotería importante para el erario público, una cantidad que no estaba prevista. Me parece que esa no ha sido la intención.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se van a votar los artículos 137 y 140 inclusive, excepto los artículos 137 y 140 que se votarán por separado.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 137.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 140 con el texto propuesto por la Comisión.

-22 en 27. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo dejar constancia de que nuestro voto negativo a este artículo no representa una oposición a sus términos en sentido estricto, sino la preferencia que habíamos adelantado por el artículo oportunamente votado por la Cámara de Representantes, el que estimamos mucho más ajustado a los intereses generales en materia de política de vivienda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Capítulo VI, "Diversos Créditos", artículos 144 a 155.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Antes de referirme al polémico artículo 145, quiero hacer ver que en el 148, en su parágrafo tercero, hay una referencia equivocada al artículo 110 de esta ley.

Este parágrafo se refiere a las contrataciones de los servicios de consultoría que utilicen financiamiento del Fondo de Preinversión, y al final dice que éstas "se realizarán de acuerdo con los procedimientos previstos en el contrato de préstamo mencionado en el artículo 110 de la presente ley". Si nos remitimos a este artículo, vemos que él se refiere a la sustitución del artículo 222 del Decreto-Ley Nº 14.216 -que es una autorización a la Dirección Nacional de Correos- y que nada tiene que ver con el tema. De manera que habrá que averiguar a qué artículo se desea hacer referencia ya, que ésta está mal hecha.

Mientras se aclara por Secretaria la referencia, que evidentemente es equivocada, quiero hacer alguna mención respecto a este artículo 145, al que he calificado de polémico, porque evidentemente lo es.

No es ésta la primera vez que se plantea este problema, pues ya el año pasado, en la Comisión de Constitución y Legislación a raíz de la consideración de un préstamo a aprobar por el Senado, habíamos discutido el tema sin llegar a una conclusión clara. Fue así que los miembros de la Comisión aconsejamos que se concediera la autorización legislativa, sin adoptar definición sobre el fondo del problema.

Ahora, el Poder Ejecutivo ha propuesto y proyectado esta solución que viene en el proyecto de ley, la que voy a votar por la misma razón expuesta anteriormente, esto es, por haber sido objeto de un acuerdo. No obstante, deseo hacer algunas precisiones al respecto.

En mi concepto, el problema constitucional es profundamente discutible. Hay argumentos de carácter letrista, ateniéndonos al tenor literal de algunas disposiciones constitucionales, que pueden dar pie a la tesis que se consagra por este artículo. En ese sentido, el argumento mas fuerte es la referencia al artículo 185, numeral 7º de la Constitución, que versa sobre tratados, contratos y convenios con lo que allí se denomina "potencias extranjeras". Evidentemente, por "potencia extranjera" no podemos entender un organismo internacional. Si nos atenemos, pues, al tenor literal, esa sería la interpretación. Debe decirse que no es la tradicional, la que se ha aplicado en general desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1967, cuando se agregó el numeral 4º del artículo 185, que faculta al Poder Ejecutivo a señalar los casos en que se requiera su aprobación previa cuando quienes contratan son los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.

De todos modos, admito que este es un punto discutible, pero lo que creo que no se ha tenido en cuenta -y es lo que quiero hacer ver- es que el asunto no termina con esta interpretación legal de disposiciones constitucionales. Considero que lo que no se tiene en vista es que hay otros obstáculos, no de carácter constitucional sino legal, que pueden hacer, en muchos casos, que igualmente se requiera la aprobación legislativa, no porque lo exija la Constitución sino la ley, y en virtud de que ello obsta a la aprobación que debe prestar en muchos casos el Tribunal de Cuentas.

Voy a señalar cuáles son los obstáculos de orden legal que no obstan a la aprobación de esta norma, pero que igualmente pueden crear problemas en el futuro.

En los contratos de préstamo con la mayoría de estos organismos internacionales, tales como el BID, el Fondo Internacional de Reconstrucción y Fomento y otros similares, se establece un régimen de contratación que no respeta el principio de la licitación pública. En virtud de ello, si no media la aprobación legislativa del contrato, sucede que las obras a realizarse no cumplen con el procedimiento establecido por el proyecto de ley de Contabilidad y Administración Financiera que, como se sabe, está en vigor según el Decreto Nº 104 de 1968 y el artículo 512 de la Ley Nº 13.640 que convalidó esta delegación legislativa irregular.

El organismo prestamista, por lo general, no otorga los fondos si no se cumplen los procedimientos de contratación pactados, que son de muy inferior garantía y que no establecen el principio de la licitación pública. Ante la violación de esta norma legal, de obvia necesidad, que impone el requisito de la licitación pública, el Tribunal de Cuentas no da su visto bueno si no hay aprobación legislativa. Si bien se me puede decir que no en todos los préstamos se va a plantear este problema, sé que en muchos de ellos eso sí sucede.

Al mismo tiempo, estos contratos de préstamo tienen, generalmente, normas que violan el régimen de protección a la industria nacional y favorecen casi siempre a empresas extranjeras en las licitaciones derivadas del préstamo o, por lo menos, prohíben que se favorezca a las empresas nacionales.

Además, suelen tener normas que restringen los países cuyas empresas pueden presentarse a las licitaciones y aún establecen determinadas normas de reserva de bandera para la importación de mercaderías en barcos de marinas mercantes extranjeras, generalmente de los Estados Unidos.

Todo esto, señor Presidente, no puede hacerse sin ley expresa que lo autorice. Además, estos contratos de préstamo tienen habitualmente normas que establecen el arbitraje obligatorio para el Estado uruguayo. Y se ha interpretado que, sin ley expresa que lo exceptúe, no es posible el arbitraje obligatorio de los contratos del Estado, por así disponerlo diversas normas legales, entre ellas el artículo 550 del Código de Procedimiento Civil.

Además, estos contratos de préstamo con instituciones internacionales tienen normalmente disposiciones sobre jurisdicción y ley aplicable -por ejemplo, se dice: "se acepta la jurisdicción de los tribunales del distrito de Columbia"- que violan normas y leyes vigentes de Derecho Internacional Privado, en virtud de los artículos del apéndice del Código Civil. Obviamente, todas estas cláusulas contractuales son contrarias a normas legales de orden público y obligarían a observar el contrato y a oponerse a su aprobación y aplicación, salvo que el mismo cuente con ratificación por ley, naturalmente dictada por el Poder Legislativo.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Paz Aguirre)

Hago ver todas estas cosas, señor Presidente, porque estos problemas se plantean en la mayoría de los contratos y el Poder Ejecutivo cree salvar todos los inconvenientes con una ley que interpreta disposiciones constitucionales, pero no soluciona las otras situaciones de carácter legal. a los cuales no refiere esta autorización genérica que, simplemente, se limita a interpretar determinadas normas constitucionales.

Reitero, señor Presidente, que voy a votar el artículo, porque así se ha acordado, pero no quiero que se crea que no advierto todos los problemas que están atrás del mismo y que este artículo no soluciona.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: cuando ayer en la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto se trató este artículo, expresé mis dudas sobre la constitucionalidad y conveniencia del mismo. Las extensas y precisas aclaraciones que ha formulado mi compañero el señor senador Aguirre, me inhiben de profundizar en el tema. Por las mismas razones que él ha mencionado, voy a votarlo con las reservas expresadas.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en el comienzo de la consideración de este proyecto por parte de la Comisión respectiva, el señor senador García Costa, ante un planteamiento que le formuláramos, dejó constancia de que éste no era un trabajo que estuviera cerrado a modificaciones o a la reconsideración de algunos puntos. Estas no fueron sus palabras exactas –que en este momento no recuerdo- pero estoy seguro de que ése si es el criterio que el señor senador expresó.

Naturalmente, señor Presidente, pienso que este es un caso típico para poner en marcha la aplicabilidad de este criterio. En oportunidad de tratarse el tema en Comisión hicimos observaciones preliminares y no las referimos al aspecto constitucional porque, como es notorio, quien habla esta muy lejos de ser experto en la materia.

Por otra parte, me ha bastado consultar dos o tres opiniones autorizadas para encontrar respuestas que no son coincidentes y escuchando al señor senador Aguirre -de notoria versación en estos temas- se abonan todavía más esas dudas y reservas. No es un tema pasible de una solución fácil desde el punto de vista constitucional. Este es el primer elemento a tener en cuenta; pero hay un segundo punto que voy a mencionar. ¿Qué es este proyecto? Es la consecuencia de que la Rendición de Cuentas no haya sido aprobada dentro del plazo que la Constitución fija. A ese respecto, hoy hemos tenido un largo intercambio de ideas y cada uno de nosotros ha fijado su manera de pensar; pero más allá de que lo más ajustado haya sido una actitud u otra, el hecho real es que, si se hubiera votado la Rendición de Cuentas, este proyecto no hubiera nacido.

En él se han recogido disposiciones que ya habían sido aprobadas en la Cámara de Representantes, algunas con modificaciones leves y otras sin ellas. Asimismo, se han incorporado artículos que, habiendo estado incluidos a través de la iniciativa del Poder Ejecutivo o por inserción posterior en alguna de las etapas de la consideración del tema, habían quedado finalmente desestimados, tanto en lo que tiene que ver con redistribución de funcionarios, como en cuanto dice relación con normas en materia de tributación agropecuaria, que son temas que estuvieron incluidos en la discusión y examen llevados a cabo en la Rendición de Cuentas. Este es un hecho diferente; no ha estado ni estuvo nunca relacionado de modo directo con una Rendición de Cuentas. Entonces, no parece pertinente la inclusión de un asunto de esta envergadura y complejidad que plantea semejantes equívocos en un proyecto de esta naturaleza porque, además, pese a tener 229 o 230 artículos, lo consideramos rápidamente en un par de sesiones de la Comisión y, seguramente, lo vamos a terminar resolviendo en una sola sesión del Senado, porque casi todo él ya era conocido.

En consecuencia, señor Presidente, el tratamiento que se le da a los temas contenidos en el proyecto, no es el que normalmente le hubiéramos aplicado. Muchas de las disposiciones que están aquí contenidas, insumieron varias horas de debate en Comisión o en el Plenario del Parlamento y no hubieran podido ser aprobadas en los términos en que las estamos considerando, si antes no hubieran sido detenidamente examinadas; pero ahora nos encontramos con que hay señores senadores que, en medio de un mar de reservas y observaciones de verdadero fuste y significación, plantean la necesidad de votarlo de todas maneras, porque esto, después de todo, forma parte de un acuerdo.

Nosotros creemos que no le hace bien al proyecto la resolución de un artículo de esta naturaleza en estos términos. Reitero que no pretendemos hacerle observaciones desde el punto de vista constitucional, lo dijimos en la Comisión y lo reiteramos ahora; pero en los hechos, basta recordar lo que fue hace pocos meses atrás el examen de un contrato de garantía de UTE -si no recuerdo mal- para la Represa de Palmar por aproximadamente U$S 4:000.000 que, en definitiva, resultó aprobado luego de un largo debate en el que abundaron consideraciones que expresaban disconformidad con muchos de los aspectos contenidos en el mismo.

Por otra parte, a nuestro juicio, no es un argumento de recibo el hecho de que Uruguay sea miembro de un organismo internacional para que, cuanto provenga del mismo, deba escapar al análisis del Parlamento. En primer término, Uruguay no es un país que tenga peso decisivo en los organismos internacionales y, por otra parte, aún cuando así fuera, ello no debe necesariamente obligar a que salteemos la consideración por el Parlamento de textos que, aún proviniendo de organismos internacionales que integramos, puedan no resultar satisfactorios.

Sé que muchas veces el Parlamento ha considerado estos temas y que en muchas otras oportunidades no lo ha hecho; pero tomar una decisión de esta naturaleza, que recorta en grado considerable sus posibilidades de acción para el futuro en todos los casos, es un elemento altamente discutible.

Además, adoptarla a propósito de un proyecto de esta naturaleza, en las condiciones de rigor y de emergencia en que lo estamos considerando, nos parece excesivo.

Este proyecto debería ser minuciosamente examinado en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación y en la Comisión de Asuntos Internacionales de nuestra Cámara. Tendría que ser considerado detenidamente y ser objeto de los asesoramientos que se estimaren necesarios y, en la oportunidad adecuada, resolver sobre él.

Por otra parte, recuerdo que el señor Ministro de Economía y Finanzas, entre las explicaciones que dio, no acerca del contenido del artículo en sí sino de su inclusión en un proyecto de estas características y del deseo de hacerlo aprobar rápidamente sin un examen mayor, se contaba la circunstancia de que es inconveniente para el Gobierno que esta clase de asuntos se demore en el Parlamento.

Me formulaba entonces, y también ahora, dos interrogantes. En primer lugar, comprendo que les interese, en cierta medida, al Poder Ejecutivo y al Partido que lo apoya, pero no así, que esto sea un factor altamente aleccionador para quienes integramos fuerzas políticas que no están directamente representadas en el Poder Ejecutivo. Visiblemente, representa una disminución de la capacidad de contralor por parte del Parlamento, establecida en términos descuidadamente examinados.

También me preguntaba y me pregunto: en un proyecto que de modo bastante inusual, en su exposición de motivos hace caudal de que ha sido objeto de un recuerdo entre dos Partidos políticos que representan aproximadamente el 80% del Parlamento, ¿qué duda puede caber de que la reserva o la desconfianza con respecto a la celeridad de los pronunciamientos afecta directamente, de modo preciso, a los componentes de esas bancadas? ¿Cómo imaginar que al mismo tiempo, digamos, con visible satisfacción que se respira entre líneas, que esto ha recogido el apoyo del 80% del Parlamento, porque ha sido acordado con el Partido Nacional y que, el señor Ministro, para justificar un examen tan superficial e insuficiente de un tema tan importante, nos diga que lo que ocurre es que es inconveniente la demora que se produce en el Parlamento en el estudio de estos proyectos? ¿Cómo conciliar ese 80% con esas demoras?

Desde el 20% restante no acepto que se haga responsable de las demoras a ese 80 % de parlamentarios, porque en todo caso, si se producen, es por deficiencia de los textos que nos llegan y por elementos inconvenientes o presuntamente lesivos para nuestro país, que muchas veces se deslizan en los acuerdos que nos son propuestos desde organismos internacionales.

Por todas estas razones, reitero -sin ahondar y ni siquiera plantear el tema constitucional, y sin ir tampoco a la esencia del tema es que voy a proponer que el artículo sea desglosado y enviado a la Comisión de Constitución y Legislación integrada con la de Asuntos Internacionales. Creo que en una fecha próxima, con un estudio adecuado; con los ajustes que se estimen pertinentes y con el respaldo debido, el tema podrá ser considerado y defendido, sin duda, con plenitud de argumentos por quienes estén dispuestos a llevarlo adelante. Sacado así, en este proyecto y en estas condiciones, parece revelar un espíritu, con respecto a este tema, que no estimo, desde el punto de vista de la acción parlamentaria y de su necesaria amplitud, sea el más plausible ni el más adecuado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre} -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la Comisión que estudió este proyecto de ley sesionó dos veces, dedicándole un tiempo bastante superior al que pudo haberle dedicado al análisis de cualquier otro artículo.

En la sesión efectuada en el día de ayer, el contador Davrieux recordó que se han suscrito muchos convenios con organismos internacionales, sin la participación del Parlamento. Hizo referencia precisa a lo siguiente: "También se firmaron en los años 1959 ó 1960, en 1965, en los años setenta y en 1985 -me refiero a períodos democráticos- y el Poder Legislativo sabía que se firmaban esos contratos y se obtenían créditos, y no se levanto una sola voz, porque se entendía que no era necesaria su ratificación".

El señor senador Paz Aguirre agregó, reforzando esa posición, que "El Senado debe conceder, necesariamente, la venia para jefe de misión en el extranjero, cuando se trata de países, concepto asimilado a ‘potencia’. Sin embargo, en los casos en que se nombra embajadores ante organismos internacionales, nunca se discutió y se aceptó pacíficamente que los mismos no requerían venia del Senado.

Los embajadores ante Naciones Unidas, OEA y los organismos internacionales en Ginebra, son enviados por el Poder Ejecutivo sin la venia del Senado porque no se trata de una potencia extranjera sino, precisamente, de un organismo internacional.

Siguiendo el mismo criterio empleado por el Parlamento, no se requiere la venia, ya que un organismo internacional es diferente de una potencia Internacional o extranjera".

En la Comisión quedó entendido que el aspecto internacional aparecía claro frente a estos antecedentes.

El artículo agrega, además: "En todo caso, se dará cuenta a la Asamblea General dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hayan firmado los convenios".

Por otra parte, el Parlamento no abdica de ninguna de sus facultades porque, precisamente, las que no va a tener no las ha tenido ni las ha ejercido. Esto significa que hay un hecho nuevo en este proyecto de ley. Este artículo no figuraba en el proyecto de Rendición de Cuentas; recién se incorpora. También es verdad que se refiere a un caso constitucionalmente claro, a pesar de que puede haber cualquier género de interpretación en cuanto a la diferencia que tiene que existir, porque no han sido tenidos en cuenta los organismos internacionales, ni para la firma de convenios ni para la designación de representantes del país ante ellos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI - Señor Presidente: hace un rato, el señor senador Aguirre señalaba respecto a los alcances de las facultades parlamentarias en lo relativo a la concertación de convenios internacionales, que se han barajado en nuestro país, diversas interpretaciones. Eso es absolutamente exacto.

Sin embargo, creo que el artículo 145 que estamos analizando, recoge la buena tesis en la materia, tanto desde el punto de vista de lo que resulta del análisis de las normas de la Constitución vigente como en lo que tiene que ver con un criterio acotado a lo que es la realidad del mundo internacional actual.

Hace un momento, el señor senador Cigliuti o el señor senador Rodríguez Camusso, previamente -no recuerdo cuál de los dos- traía al Senado el recuerdo de las palabras vertidas en la Comisión por el señor Ministro de Economía y Finanzas en cuanto a la necesidad a veces, las oportunidades, que no son para el gobierno, como se ha dicho, sino para el país, no pueden esperar por meses- de contralor. Esa es una realidad absolutamente incontrovertible que debemos señalarla muy expresamente. En oportunidades el trabajo parlamentario, que muchas veces no es sobre legislación sino de contralor es preciso que controle y sepa de lo que se trata- puede desvirtuarse y convertirse en una especie de trampa burocrática, en la cual, por diversas razones que todos conocemos por la experiencia parlamentaria que poseemos, se conspira contra los intereses del país. No se trata de trabas para el gobierno de turno, sino de dificultades para la concreción de una cantidad de objetivos del más alto interés nacional.

No voy a entrar, porque me parece ocioso hacerlo cuando se discute un proyecto de ley como este, en toda una disquisición técnico jurídica acerca de los alcances que tienen las normas constitucionales aplicables, que son, fundamentalmente, el inciso 4º y último del artículo 185 y el numeral 7º del artículo 85 de la Constitución.

Digo sí que a mi juicio el artículo 145 recoge la buena tesis, y además, distingue adecuadamente hipótesis diversas en cada una de las cuales hay un tratamiento diferente.

Entiendo que corresponde agregar a esto dos consideraciones más. La primera tiene que ver con las facultades -que nadie puede discutir y que es deseable que el Parlamento las tenga- de saber qué pasa en materia de contratos Internacionales de los organismos públicos. La otra tiene que ver con algunas observaciones de otro orden que hacia el señor senador Aguirre respecto a la legislación interna del país. Pero se trata de dos cosas distintas.

Con relación a lo primero, el señor senador Cigliuti decía, exactamente, que el último párrafo del artículo 145, con arreglo a lo que establecen las propias normas constitucionales, coloca al Poder Ejecutivo o al órgano público firmante del convenio, en la obligación de dar cuenta a la Asamblea General dentro de los diez días siguientes a la celebración del acuerdo correspondiente. Esto significa que existe un contralor, y si a raíz de ese contralor ulterior el Parlamento determina la existencia de eventuales responsabilidades, están todos los demás mecanismos que la Constitución le confiere al Parlamento para juzgar la legalidad o conveniencia de los actos realizados en esa contratación internacional: llamado a Sala, interpelación, etcétera. Es decir que el Parlamento no queda ni puede quedar, contando con este marco legal previsto en este proyecto, desprotegido de esa facultad de saber qué, por qué, y cómo sucede.

En cuanto a la segunda reflexión vinculada con expresiones del señor senador Aguirre creo que lo que él plantea se puede dar en la práctica, porque al aprobarse esta norma adquiriría un rango legislativo similar al de otras que seguirán vigentes en tanto y cuanto no se entienda que en alguna medida pueda haber una derogación tácita de las mismas; pero entiendo que no le haríamos ningún bien al Senado si en este momento nos introdujéramos en una disquisición de este tipo.

quiero destacar que, en todo caso, esas dificultades que se señalan atentan contra la mecánica interna del orden jurídico del país, pero en nada afectan lo que signifique la potestad que legalmente se le reconoce a los órganos públicos mencionados en este artículo 145 de contratar con organismos a nivel Internacional, como aquí se prevé. Vale decir que una cosa es la aptitud para celebrar ese contrato internacional y otras son las eventuales consecuencias de posibles colisiones a nivel interno entre una y otra norma legal que tengan que ver con el obrar o con el quehacer del órgano estatal correspondiente o con el hacer, el obrar o las competencias del Tribunal de Cuentas, resulten éstas de leyes que se hayan dictado o de la propia Constitución.

Resumiendo, digo que esta norma resulta realmente beneficiosa para la marcha, no del Gobierno sino del país en su conjunto.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Voy a referirme a este tema desde diversos ángulos o puntos de vista, de la forma más sintética posible. En primer término, me referiré a la conveniencia o no de su inclusión en un proyecto como el que estamos tratando. Parece evidente que todas las normas contenidas en este proyecto se refieren al funcionamiento de la Administración Pública en todos sus capítulos.

El tema de la aptitud, capacidad o legitimación de las distintas personas públicas para celebrar, ya fuere tratados -que no es lo que está en discusión- convenios o contratos, me parece es lo que concretamente define la norma, porque esa interpretación dudosa dice relación claramente al funcionamiento de la Administración.

Es por todos conocido que a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante los últimos 40 años, asistimos a una proliferación de organismos internacionales. Entonces, el hecho de que personas públicas celebraran convenios o contratos con organismos internacionales, era una hipótesis naturalmente imprevisible en el siglo pasado o en la primera década de éste; hoy, 1986, es algo que ha pasado a ser poco menos que rutinario en la Administración Pública, ya se trate de los diferentes Ministerios, de los entes autónomos comerciales o industriales y aún los culturales, como ser la Universidad de la República o ANEP, porque todos ellos celebran convenios o contratos con ese tipo de organismos. Además, las disposiciones sobre los Gobiernos Departamentales tampoco plantean dificultades, para que los realicen, porque la Constitución establece una reglamentación más precisa al respecto.

Repito que la pertinencia de incluir este tema en el proyecto de ley que tenemos a consideración me parece obvio, para utilizar una palabra que ha estado presente en esta sesión.

El otro punto que me interesa destacar tiene que ver con algunas expresiones que se han vertido en Sala en cuanto a que este tema aparece en forma súbita, sorpresiva. Todos sabemos que no es así. El mismo ha estado en la discusión parlamentaria y política durante estos casi dos años que llevamos en democracia. El Senado se ocupó de él con motivo de algunos contratos que ha debido autorizar. Además, recuerdo muy claramente, ya que formé parte del grupo que intentó el Acuerdo Nacional que luego se expresó en la voluntad de llevar adelante una serie de iniciativas legislativas, que el Poder Ejecutivo también lo planteó. Como allí teníamos un sinnúmero de temas más que analizar y éste era difícil, no logramos una fórmula precisa; pero se planteó. En reiteradas oportunidades y en distintas comisiones del Senado fue traído por el Poder Ejecutivo.

Seguir eludiéndolo o dilatando un pronunciamiento no parece de ningún modo conveniente, porque -y es el tercer punto a que me quiero referir- la experiencia de estos dos años -lo mismo podríamos decir respecto a los años anteriores a 1973, en los cuales habría que manejar dos períodos: antes y después de la reforma constitucional de l966- ha demostrado algo curioso. Es verdad que el Poder Ejecutivo ha enviado a consideración del Parlamento algunos proyectos de contrato. Recuerdo uno respecto de UTE, del cual fue miembro informante mi compañero de bancada, el señor senador Tourné, que creo todavía no ha recibido aprobación legislativa, pues sólo la recibió del Senado.

No tengo la menor duda de que en el transcurso de estos dos años fueron muchos los convenios que se celebraron sin que el Poder Legislativo tuviera la menor noticia e intervención. Voy a citar algunos ejemplos que, por su resonancia pública, todo el país recuerda. Es el caso del convenio con el Fondo Monetario Internacional, firmado por el Gobierno y que, por lo menos en lo personal, me enteré a través de una publicación realizada en un periódico. Respecto a este convenio, ni siquiera se cumplió con la norma que aquí se establece en el sentido de que en diez días debe darse cuenta a la Asamblea General.

Apenas se repase la actuación, tanto del Poder Ejecutivo como de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, se comprobará que a lo largo de estos dos años, se han celebrado una serie de convenios respecto de los cuales carecemos de información y, por lo tanto, no hemos tenido la menor idea.

De modo que esta disposición, en la práctica, en lugar de limitar las facultades del Parlamento, precisa y ordena que todos los convenios o contratos tengan que ser comunicados en un plazo de diez días a la Asamblea General, lo cual significa una norma de contralor legislativo en cuanto a la decisión política. Me parece que, lejos de suponer un cercenamiento a las facultades legislativas, esto las reafirma. En los hechos, va a llegar al Poder Legislativo el texto de una serie de convenios, cosa que hasta el momento no ha sucedido.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en términos generales, coincido con lo que viene planteando el señor senador Zumarán.

Simplemente quiero señalar que en alguna instancia de la labor legislativa de este Parlamento habrá que afinar un poco más los conceptos. Una interpretación absolutamente piedeletrista del texto del artículo 145 -no iba a entrar en ese aspecto, pero el señor senador Zumarán ha ejemplificado a este respecto, por lo que me parece oportuna la expresión de mi punto de vista- puede implicar que cualquier compra de un insumo, cualquier adquisición que realice un Ente Autónomo ante un Gobierno extranjero, inclusive una compra de petróleo, debería ser comunicada a la Asamblea General porque se trata de un contrato internacional.

Estoy seguro de que ése no es el sentido de la norma. Quiero dejar esto expresamente sentado porque tomar las palabras fuera del contexto en el que se debe realizar una interpretación técnica un poco más amplia, luego puede llevar a dificultades que nos conduzcan a situaciones concretas, en términos específicos, a conyunturas absurdas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - En lo personal, lo que ha orientado mi decisión sobre el tema -aunque reconozco que es opinable- son las dos últimas consideraciones que quiero formular.

La primera de ellas es la siguiente. Me refiero a lo que establece la Constitución de la República, porque naturalmente no podemos aprobar una disposición legislativa interpretando la Constitución en contradicción con lo que ella dispone. En ese sentido, el pronunciamiento que me ha resultado más categórico, y que quiero citar al Cuerpo, es el que produjo la sala de abogados del Banco Central del Uruguay, por unanimidad de sus miembros, en oportunidad de considerar este tema. Es decir, si el Banco Central podía o no hacer convenios con un organismo internacional de crédito, a ciertos efectos que ahora no es del caso destacar. La sala de abogados se pronunció afirmativamente respecto de la competencia del Banco Central para celebrar estos convenios.

Se trata de un informe muy extenso, y no voy a fatigar al Cuerpo con su lectura. Simplemente voy a señalar algunos de sus puntos.

El primer Capítulo se refiere a la capacidad o no de un Ente Autónomo para celebrar convenios con los organismos internacionales. El segundo, se relaciona con la cuestión formal acerca del procedimiento para la concertación de convenios, acuerdos o tratados en el Derecho uruguayo. Allí es donde aparece como criterio formal, rector, el que figura en el texto legal. Me refiero a los distintos procedimientos que deben seguirse para que la República suscriba un tratado internacional con una potencia extranjera, en el que las partes celebrantes sean el Estado uruguayo y otros países, lo que crea relaciones jurídicas para la República, regidas por el Derecho Internacional Público. Para eso se exige entonces la previa autorización del Poder Legislativo.

La otra distinción, desde el punto de vista formal, es si la otra parte no es un Estado sino un organismo internacional. Entonces, la conclusión a que llega la sala de abogados del Banco Central, por unanimidad, es que no se requiere la previa sanción legislativa. Sin embargo, el texto que tenemos a consideración agrega un elemento, que aunque pueda parecer implícito en el dictamen de la sala de abogados, no lo estaba. Me refiero a que los convenios no son con cualquier organismo internacional sino con aquellos de los que el Estado uruguayo es miembro. Esto supone una decisión previa del Estado uruguayo de integrar un organismo internacional. Por lo tanto me parece que se trata de una salvaguardia la contenida en el artículo 145. Entiendo que es muy importante; no sea que el Poder Legislativo faculte al Poder Ejecutivo o a un Ente Autónomo a celebrar convenios con cualquier organismo internacional, sobre todo teniendo en cuenta la proliferación de ellos que se da actualmente en el mundo. Debe tratarse de un organismo internacional del que nuestro país forme parte. Por lo tanto, conoceremos su carta orgánica, sus objetivos y, al integrarlo, el Uruguay tendrá una participación -naturalmente reducida, de acuerdo con nuestro tamaño- en su gestión y administración.

Esto en cuanto al aspecto formal. Si algún señor senador lo desea, puedo proporcionar mayor información, puesto que este enjundioso informe consta de varias páginas.

Posteriormente, si se me permite, se va a lo que a mi juicio es lo más importante: la otra limitación en cuanto al contenido o materia del contrato o convenio. No sólo debe tratarse de un contrato con un organismo del que Uruguay forma parte, sino que además debe estar regulado por el principio de especificidad de las personas públicas. Un Ente Autónomo, por ejemplo, industrial o comercial, como la UTE, puede celebrar un convenio internacional cuya materia esté en relación al giro o especificidad propia del Ente. En este caso por ser la UTE, deberá ser por generación de energía eléctrica, trasmisión, etcétera. No puede celebrar un convenio para otras materias.

Si se trata de un Ente Autónomo de carácter cultural o educativo tendrá que realizar convenios sobre esa materia. Esto está claramente expresado en el texto que estamos considerando.

Además, se incluye -está incorporado en nuestro régimen jurídico pero en calidad de decreto- la exigencia que establece la Constitución de la República reservándole al Poder Ejecutivo la facultad de la previa autorización.

Parece prudente que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados realicen estos convenios o contratos con la previa autorización del Poder Ejecutivo. Aunque los decretos actualmente vigentes exigen que se proceda de esta forma, en este texto igualmente proponemos la transcripción de la disposición constitucional.

Entiendo que desde el punto de vista constitucional es innegable que se adopta la tesis que posee un fundamento doctrinario muy importante, al que me afilio a pesar de que admito que puedan existir hipótesis contrarias.

Hay un informe muy enjundioso de la sala de abogados del Banco Central integrada en esta oportunidad por especialistas de reconocida jerarquía intelectual, como los doctores Carlos Maggi, Luis Rodríguez Ituño, Tomás Brause Berreta y José Korseniak, quien estuvo encargado de su redacción.

Por último, señor Presidente, voy a señalar una finalidad de tipo práctico, atendiendo a la Administración. Es indudable que tanto el Poder Ejecutivo como los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebran gran cantidad de convenios y contratos internacionales y actualmente la tendencia es que se realicen en mayor escala.

Entiendo que es correcto el argumento formulado por el Poder Ejecutivo en el sentido de que eso lleva a una gran lentitud en los procedimientos de contratación. Estos convenios, en mi concepto prácticamente de adhesión, son discutidos cláusula por cláusula en el Parlamento y en realidad lo que interesa es la voluntad política de trabajar con el Banco Mundial o suscribir contratos con la FAO, en los cuales nuestro país no tiene posibilidad de alterar la redacción de los mismos. Esta es la realidad y el Gobierno uruguayo sólo tiene derecho a suscribirlos o no.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: entiendo que no tiene mucho sentido que se exija para realizar un convenio o un contrato de un Ente Autónomo con un organismo internacional del cual resolvió ser miembro, la previa autorización legislativa y no se pida en el caso de contratar con un particular.

Inclusive en los contratos de préstamo, la posición contraria a la tesis que estamos sosteniendo, llevaría a que un Ente Autónomo, habilitado por si y ante sí, pueda contratar, por ejemplo, con un Banco particular y no lo pueda hacer con el Banco Mundial o con el BID, lo cual no tiene mucha lógica. Entonces, sometemos todos los contratos de un Ente Autónomo a la previa autorización del Parlamento o tratándose de organismos internacionales de los cuales Uruguay decidió formar parte, hacemos esta autorización de carácter genérico. Esto no excluye el contralor parlamentario, sino que el texto dice expresamente que debe ser remitido dentro del plazo de diez días de celebrado, cosa que hoy no sucede.

He tenido conocimiento de la realización de varios convenios y contratos que ha celebrado la Administración con organismos internacionales y en el Poder Legislativo no se ha recibido la menor información.

Se trata de cinco razones que me han llevado a formar opinión en el sentido de la conveniencia de reglamentar este tema y crear un régimen general, uniforme, al que tendrán que ajustarse, tanto el Poder Ejecutivo como los Entes Antónomos y Servicios Descentralizados para realizar convenios con organismos internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -La Mesa, por inadvertencia, puso a votación la moción presentada por el señor senador Fá Robaina, desde que el artículo 69 del Reglamento no admite la prórroga del tiempo de que dispone el orador en la discusión particular.

Antes de aprobar el Capítulo VI, corresponde que se ponga a votación la moción de orden presentada por el señor senador Rodríguez Camusso, en el sentido de que el artículo 145 pase a Comisión.

(Se vota:)

-6 en 21 Negativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: hemos mantenido esta solicitud y deseo subrayar que tal cual lo adelanté en mi anterior intervención, no lo hicimos en atención a fundamentos vinculados con interpretaciones constitucionales.

Al comienzo referí que había hecho diversas consultas y las respuestas habían sido, entre sí, contradictorias. Una de ellas, cuyo resultado se conoce, se la dirigí al compañero frenteamplista, doctor Korseniak. No planteamos, en modo alguno, el tema constitucional referido a este artículo. Pero sí, consultamos sobre el contenido del artículo, la complejidad que encierra y las limitaciones que a su detenida consideración determina su inclusión en un proyecto de esta naturaleza. Han quedado, en nuestra opinión, absolutamente en pie las observaciones formuladas en conjunto y en detalle por el señor senador Aguirre. No solamente desde nuestra bancada han partido las objeciones, sino que hay, por lo menos, un mar de dudas vinculadas con un artículo cuya inclusión no está justificada y cuyo texto dista de ser convincente.

Por estas razones, señor Presidente, hemos insistido y mantenido la moción de pase a Comisión de este artículo. También en este caso el futuro dirá en qué medida el Parlamento a través de una comunicación posterior, no importa si de diez, veinte o treinta días, está en condiciones de rectificar o corregir aquello, que al enterarse de los textos, muchos de sus componentes puedan considerarlos lesivos o inconvenientes.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VI -Diversos Créditos- que comprende los artículos 144 al 155 inclusive, con la aclaración de que en el último párrafo del artículo 148, donde dice "artículo 110", debe figurar: "artículo 145".

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se desglose de dicho Capítulo el artículo 145.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 145 del Capítulo VI.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 144 a 155, inclusive, menos el 145 que acaba de ser votado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Tiene la palabra el señor senador Cersósimo para referirse a la redacción del artículo 107, del Capítulo III que había quedado pendiente.

SEÑOR CERSOSIMO. - El artículo 107, según lo que sugiero a la Mesa, quedaría redactado de la siguiente manera: "A partir del lº de enero de 1988 las inscripciones de los actos relativos a bienes inmuebles ubicados en el interior del país, que actualmente se realizan en los Registros de Hipotecas de la 1ra. y 2da. Sección General de Arrendamientos y Anticresis; General de Inhibiciones (Secciones Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos, Embargos y Reivindicaciones), se efectuarán en el lugar de ubicación del bien y, en calidad de Secciones separadas, quedarán de cargo del correspondiente Registro Departamental o Local de Traslaciones de Dominio. Las cesiones, rescisiones, cancelaciones y modificaciones, en general, de actos inscriptos, se efectuarán en el Registro originario".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 107 con la redacción propuesta por el señor senador Cersósimo.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el Capítulo VII -Normas Tributarias- que va desde el artículo 156 al 201, inclusive.

En consideración.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: este Capítulo se refiere a todas las normas tributarias comprendidas en el proyecto de ley que estamos considerando.

Deseo hacer precisiones con respecto a las disposiciones que no va a votar el Frente Amplio. También explicaré las razones de esta actitud, solicitaré, la separación de esas normas, al efectuarse la votación.

El artículo 175 se refiere a la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo para fijar tasas diferenciales del impuesto específico interno. Esa facultad estará limitada a la zona geográfica de los departamentos de fronteras terrestres que determine el Poder Ejecutivo. De esta manera, podrá establecer distintos porcentajes, tasas impositivas, no pasando de la máxima establecida por la ley.

Este artículo es, francamente, inconveniente -esto ya lo he expresado en Comisión, estando presente el señor Ministro de Economía y Finanzas- pues creo, además, que su finalidad no va a ser conseguida.

A mi modo de ver, tiene una objeción fundamental, porque se trata de una disposición legal que otorga amplísimas facultades al Poder Ejecutivo que no sólo podrá fijar tasas diferentes, sino que determinará las zonas territoriales -dentro de los departamentos de frontera terrestre- donde regirán impuestos mayores o menores. Cuando en materia tributaria la ley delega determinadas facultades en el Poder Ejecutivo por la imposibilidad de establecer todos los extremos en el texto legislativo, las disposiciones tributarias tienen acotaciones muy precisas.

No creo que con esta disposición el Poder Ejecutivo vaya a lograr todo lo que pretende. Además, pienso que la discrecionalidad dada al Poder Ejecutivo es una facultad excesiva que otorga la ley.

Reitero que no vamos a votar el artículo 175. Tampoco votaremos los artículos que van del 180 al 184, inclusive. Esta es una novedad que estructuró el Poder Ejecutivo en el proyecto originalmente presentado en el Senado. Se trata de incluir dentro del Título que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, como sujetos pasivos a quienes sean contribuyentes del Impuesto a la Renta Agropecuaria. Transformar en sujetos pasivos del IVA a los contribuyentes del IRA, significa establecer una devolución de impuestos a quienes hasta ahora los pagaban en calidad de consumidores finales. ¿Por qué se hace la devolución? De acuerdo a las disposiciones del IVA, se grava toda la circulación de bienes y la prestación de servicios y el ingreso de bienes al país. Ese Impuesto era soportado como consumidor final, por el contribuyente del Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

Ahora bien, en este esquema el IVA pagado actúa como un costo de la producción y, desde otro punto de vista, importa menores utilidades, por cuanto el pago del Impuesto disminuye los rendimientos. El sistema que contiene el proyecto en examen no es novedoso en el sentido de que lo haya inventado nuestro país, sino que en otros lugares también tienen este sistema del Impuesto en suspenso en materia del IVA. Esto significa saltear la documentación, estableciendo que el IVA no será incluido en las facturaciones, al ser transferidos los productos agropecuarios en su estado original. Esto quiere decir que el IVA va a empezar a funcionar nuevamente, para gravar esos productos, una vez que el industrial o quien los haya comprado y los transforme -en mayor o menor proporción- los vuelvan a la circulación. El precio de los productos industrializados o transformados estará formado por el precio pagado al adquirir el producto en estado natural, más el costo de la industrialización más la utilidad del empresario. Sobre el precio resultante se calculará el IVA al negociarse el producto industrializado.

Quiere decir, señor Presidente, que el IVA que hasta este momento estaba pagando el contribuyente del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, como consumidor final, va a ingresar en el sistema normal del Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con esto, cuando el productor agropecuario -que es contribuyente del IRA- compre artículos gravados por el IVA, podrá deducir este impuesto de lo que haya facturado por algún servicio prestado o por la venta de bienes que haya realizado en el desarrollo de su actividad, efectuando las operaciones pertinentes entre el impuesto cobrado y el pagado. Hasta ahora, el productor agropecuario no facturaba el impuesto pagado porque no era sujeto pasivo del IVA, pero por este proyecto se le incluye en el sistema y tendrá la posibilidad de deducir del impuesto pagado el que cobró. De acuerdo a esa ecuación sabrá si tiene, o no, crédito a su favor.

Señor Presidente: al tratar este proyecto nuestra coalición manifestó -tal como lo expresara el señor senador Gargano- que habilitaría con su voto el pase de este tipo de Impuesto proyectado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Representantes, a efectos de ver si era posible obtener datos estimativos -desde luego no se puede pretender datos precisos- de la suma a devolver por concepto de IVA pagado por los contribuyentes del IRA. Es decir, cuánto se transferiría hacia los productores que tributan el IRA de los ingresos fiscales. Hasta el momento no hemos podido obtener ese dato. Lo que podemos decir es que en el Ejercicio 1985 se recaudó, por concepto de IRA, N$ 1.000:000.000 y, por IVA, N$ 30.000:000.000.

Nos preguntamos señor Presidente, cuál será el monto que se transferirá a los productores agropecuarios por concepto de devolución del IVA pagado previa deducción del que cobró. Seguramente es una suma importante, porque más allá de las previsiones normales que establecen algunas disposiciones fiscales en el sentido de que cuando surge el derecho a una devolución de Impuestos, ese monto puede ser adjudicado o acreditado para el pago de otros impuestos, en el caso de la devolución que podrán obtener los productores agropecuarios, se dice que también puede ser destinado al pago de aportes previsionales, es decir, que puede ser volcado al Banco de Previsión Social. Esto hace pensar que la devolución puede ser importante.

Actualmente, la producción agropecuaria tiene un momento de auge y, tal vez, no necesita, para su reactivación, más incentivos de los que ya se le han otorgado por distintos conceptos. Creemos que esto puede significar una transferencia neta de los fondos fiscales -que, en definitiva, se logran por el aporte de toda la población- hacia el sector agropecuario o, mejor dicho, a los contribuyentes del IRA, que son los grandes productores. Puede transformarse, entonces, en una utilidad mayor de la que está obteniendo.

Al productor agropecuario, que hasta ahora era considerado como consumidor final del IVA, y que en alguna medida le será devuelto ese impuesto. Como va a significar un aumento de las utilidades lo único que tendrá que pagar será el 30 % con que se gravan las utilidades.

No quiero extenderme más, señor Presidente, pero debo decir que, no teniendo estimaciones de cifras ni otros datos necesarios de todo este proyecto puede resultar un incremento de las utilidades o ganancias de los grandes productores agropecuarios y no un incentivo para la reactivación de ese rubro de la producción nacional.

Cuando existe tanta dificultad para exonerar del IVA a los productos de la canasta familiar, parece que no es justo adoptar una decisión de esta naturaleza que, en vez de reactivar la producción agropecuaria, puede significar un importante aumento de sus utilidades de los grandes productores.

A diferencia de esto, señor Presidente, debo decir que vamos a votar lo relativo al IMAGRO, en primer lugar, porque comprende a los medianos y pequeños productores y, además, porque está establecido de otra forma. A quienes pagan el IMAGRO no se les incluye como sujetos pasivos del IVA, sino que se les autoriza a obtener la devolución del IVA pagado que puedan documentar, pero no por el sistema previsto en dicho impuesto sino por el que se fija en esta disposición legal. Desde luego, comparto lo expresado por el señor Ministro de Economía y Finanzas cuando en la Comisión algunos senadores del Partido Nacional -en este caso concreto, el señor senador Pereyra, a quien apoyamos- le sugirieron adoptar un sistema similar para los pequeños y medianos productores que eran contribuyentes de IMAGRO.

El sistema que se presenta para los medianos y pequeños productores, también es distinto, ya que no se devuelve todo el IVA pagado y, además se hace a través de cálculos bastante complicados lo cual se justifica porque el IMAGRO se establece sobre bases fictas y la devolución del IVA, en definitiva, va a beneficiar a los productores en una pequeña medida.

Señor Presidente: con estas consideraciones dejo señalado por qué no vamos a votar los artículos 180 a 184, inclusive, y tampoco el 175.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Dos precisiones, nada más, sobre el tema de la tributación agropecuaria.

En primer término deseo expresar que no soy partidario de la filosofía del Impuesto a la Renta Agropecuaria; prefiero el IMAGRO y aún más el IMPROME. Soy partidario de gravar una renta ficta y no una real.

Hecha esta precisión, digo, también, que heredamos de la dictadura el establecimiento del Impuesto a la Renta Agropecuaria, el IRA. Todos sabemos -lo hemos discutido en reiteradas oportunidades que el señor Ministro de Economía y Finanzas es partidario de esta imposición; yo soy contrario a ella.

¿Qué fue lo que logramos con estas disposiciones, señor Presidente? Que en la herencia que recibimos de la dictadura, el Poder Ejecutivo tenía una enorme discrecionalidad para aplicar el IRA, y al paso que veníamos, no iba a quedar productor agropecuario que no tuviera que tributario; por lo menos. la inmensa mayoría de ellos lo iba a tener que hacer. Eso es lo que hemos conseguido frenar. El IRA ha quedado para los grandes productores y yo diría que hasta los medianos porque existe una escala prevista por la cual se llegaría a las 1.500 hectáreas en ejercicios siguientes.

Este fue el objeto de la transacción: que no bajara de 1.500 hectáreas. Pero nuestro voto y nuestra aceptación de este sistema es consecuencia de esto que heredamos, porque el Poder Ejecutivo tenía facultades para reducir el límite indefinidamente y era por el camino que veníamos. En el último ejercicio se bajó de 2.700 hectáreas a 2.000; en un solo ejercicio descendió en 700 hectáreas el tope para tributar IRA.

Sin embargo nuestra transacción en esta materia -no tenemos más remedio que transar para legislar en el Parlamento- no quiere decir que renunciemos al principio de que, algún día, toda la actividad agropecuaria esté gravada con impuestos finalistas que consideren la renta ficta o presunta y no la real, como aquí se establece. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay 16:000.000 de hectáreas útiles para la actividad pecuaria y agropecuaria y por consiguiente, lo que debemos hacer es estimular para que esa cantidad de tierra produzca más bienes, cosa que puede hacer. Por tanto, el impuesto debe ser una herramienta destinada a aumentar la productividad de esa tierra, evitando su concentración, y esas dos finalidades no se logran con el Impuesto a la Renta Agropecuaria. Dejo esto como constancia y ya lo hemos discutido muy ampliamente.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Simplemente para señalar que lo que nosotros hemos establecido con respecto al IRA vinculándolo como sujeto pasivo del IVA, no quiere decir que estemos de acuerdo con el régimen del Impuesto a la Renta Agropecuaria.

Debo decir, además, que si nosotros hubiéramos redactado el proyecto no hubiéramos incluido algunas normas a las que ahora debimos prestar nuestra conformidad para ajustar determinados sistemas y tributos. Si estuviera en nuestras manos, desde luego, sin ninguna duda, cambiaríamos la tributación en forma fundamental.

Como el señor senador Zumarán, somos partidarios de un impuesto que tienda a una mayor productividad y beneficie a quien produzca más; pero ello, conjugado con otros Impuestos para que quien obtiene mayores utilidades pague más Impuestos por un sistema general de tributos que tengan en cuenta la real capacidad contributiva de cada uno de los habitantes del país.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre) -Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - El segundo punto al que quería referirme -y ya termino- es a la fórmula que propuso el señor Ministro de Economía y Finanzas, en el sentido de que el IVA que pagan los productores agropecuarios pueda ser descontado del IRA o de otros tributos y cargas Impositivas que ellos deben aportar.

Sobre eso deseo decir dos cosas. La primera es que lo que obtuvimos fue que lo mismo se planteara para el IMAGRO para que no quedaran en desigualdad de condiciones. La segunda -y en eso tengo un punto de vista diferente al manifestado por los señores senadores Senatore y Gargano- es que no considero que una desgravación de este tipo traiga más riqueza a ciertos sectores económicos o sociales del país. No es así y no tiene nada que ver con la desgravación de algunos artículos de la canasta familiar, que nosotros mismos hemos propiciado. Aquí, de lo que se trata es de justicia tributaria. Lo que ocurre es que el productor agropecuario, cuando adquiere insumos o servicios, paga IVA. Lo mismo pasa con un industrial o un comerciante; pero, en este caso, cuando él vende su producto lo grava con el IVA y ahí lo cobra, aportando a la oficina recaudadora nada más que la diferencia, el saldo, si lo hubiere, entre esas dos cuentas corrientes: entre lo que paga al comprar y lo que cobra al vender.

El productor agropecuario, desde que se estableció el IVA en el país, está sometido a la terrible injusticia de que paga IVA cuando compra pero no lo cobra cuando vende, porque el producto agropecuario no está gravado con ese impuesto. El productor agropecuario debe pagar IVA, pero nunca lo cobra.

Pienso que es atinado establecer que los productos agropecuarios no sean gravados con IVA: primero, porque básicamente se trata de productos alimenticios, encareciendo, de esa manera, aún más, la canasta familiar y, en segundo lugar porque obligaría al productor agropecuario a introducirse en un engranaje contable -que tiene el comerciante e industrial- que nos parece absolutamente inapropiado.

Para buscar justicia en este sistema tenemos dos posibilidades. Una es esto último que acabo de referir, es decir, que el productor agropecuario cuando venda, por ejemplo, el trigo a N$ 100, cobre el 20 % de IVA, es decir lo cobre a N$ 120 y se guarde ese IVA -como lo hacen los industriales y comerciantes- vertiendo a la oficina recaudadora el saldo que arroje la cuenta entre el IVA que pagó y el que cobró. Sin embargo, para eso debemos gravar con el Impuesto al Valor Agregado con un enorme perjuicio para las clases populares y con un complicadísimo andamiaje administrativo y contable para los productores agropecuarios absolutamente absurdo.

Reitero que la solución racional es esta, es decir, que el productor agropecuario que paga IVA cuando compra pueda hacer algo con ese IVA, restableciendo una igualdad con los industriales y comerciantes. Ese algo que puede hacer ahora, a partir de la promulgación de este proyecto de ley, es descontar las obligaciones fiscales, lo cual me parece de estricta justicia, y entiendo que lo es, además, por un tercer elemento que deseo señalar y es el siguiente: ¿Quiénes son los productores agropecuarios que pagan más IVA al comprar insumos en cantidades muy difíciles de determinar -yo diría imposible- y que preocupa a los señores senadores Gargano y Senatore? ¿El productor extensivo, al estilo latifundio -para recurrir a una expresión muy conocida- y que desarrolla una actividad agropecuaria sin mayor costo de insumos? Ese no.

Si no compra muchos insumos. Si todos sabemos que la explotación extensiva se basa no sólo en un bajo índice de productividad sino que éste está condicionado a la adquisición de pocos insumos.

El que genera gran cantidad de IVA es el productor altamente tecnificado, porque por ese motivo adquiere muchos insumos gravados con IVA. Es el productor progresista quien se va a beneficiar con la implantación de este sistema porque es el único que genera una gran cantidad de IVA. El productor puramente extensivo utiliza poco personal, que no genera IVA sino cargas sociales. Compra algunos productos veterinarios que normalmente no están gravados o lo están con una tasa mínima. A ese tipo de productor no le va a pasar nada. Al que nosotros estamos salvando de esta desigualdad es al productor altamente tecnificado, que adquiere muchos insumos y servicios. Me estoy refiriendo al agricultor -al agricultor intensivo- al fruticultor, al horticultor, al viticultor y al tambero. Estos son los productores que adquieren insumos, y que pagan IVA y hasta ahora ese IVA gravaba el costo pero no existía ninguna forma de obtener la otra parte que tiene el Industrial y el comerciante, que es vender un producto gravado también con IVA.

Me parece que no se ha entendido la filosofía de este Capítulo y por eso se la combate -con la mejor intención del mundo con expresiones que no son correctas y que no se adecuan a la realidad de lo que sucede.

SEÑOR SENATORE: - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Los señores senadores me solicitan una intervención. Si no se enoja el señor senador Senatore, como recientemente le concedí una, le cedo la palabra al señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: lo que acaba de explicar el señor senador en torno a la desgravación no oculta un hecho claro y terminante: habrá un impuesto cuyo producido no ingresará a las arcas del Estado. Es decir, hay una parte que se descontará del IRA y del IMAGRO que de ahora en adelante no ingresará a dichas arcas. Esto me parece que es de una claridad meridiana, porque si no ¿para qué se puso a consideración del Cuerpo? Además, el señor senador lo acaba de admitir. Dijo -como justificativo de la medida- que quienes pagan más IVA son los productores altamente tecnificados, que invierten en insumos, y que, por lo tanto, dicha medida es de justicia porque los alienta a producir más. Se supone que es así porque de otra manera la desgravación carecería de sentido. Cuando expusimos las razones por las cuales estamos de acuerdo con que, efectivamente, se le descuente el IVA a los que pagaban IMAGRO, dijimos que nos parecía justo que los pequeños y medianos productores fueran beneficiados por esta desgravación. Por consiguiente, estoy de acuerdo con la filosofía básica que esta exponiendo el señor senador Zumarán, en el sentido de que hay que extender ese sistema de imposición ficta y no mantener el régimen actual.

Lo cierto, señor Presidente, es que, al desgravar del IVA a los que pagan IRA, se les va a dar un beneficio adicional a los grandes productores agropecuarios. Y yo entiendo que ese sector, precisamente, no debe ser desgravado por su calidad de poderoso. En cambio, deberíamos liberar del IVA a otros sectores que actualmente se ven muy afectados por su causa. Cité, por ejemplo, que había un proyecto de ley -que creo ahora está radicado en esta Cámara luego de que después de un largo debate se aprobó en la Cámara de Representantes- que preveía desgravar de este impuesto a la canasta familiar, como un mecanismo para que el pueblo en general pudiera acceder a mercaderías más baratas.

Señalé que no se pudo lograr acuerdo para ello, pero sí se consiguió uno rápido para este tema. Además, no se conoce el monto que significará la aplicación de la desgravación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Quizá no fui claro porque esta hipótesis, señor senador, no tiene nada que ver con la canasta familiar. Además, con los señores senadores Ferreira y Tourné presentamos un proyecto en ese sentido.

Señor Presidente: si se quiere desgravar productos de primera necesidad tales como la yerba y el azúcar, se les quita el IVA. En cambio, en el caso a que nos referimos, no se le elimina, y eso es lo que he tratado de explicar.

Al productor que compra un insumo en N$ 100, le cobran el IVA y paga N$ 120. Esto sucede antes y ocurrirá después de la sanción de este proyecto de ley. En ese sentido no hay desgravación. Si en lugar de ser productor agropecuario fuera un industrial o un comerciante puede descontar esos N$ 20 que pagó al Estado en el momento en que vende su producto. Esto no lo puede hacer el productor agropecuario. De acuerdo a lo que dice este proyecto de ley paga el impuesto, pero eso le servirá para cancelar otras obligaciones fiscales.

Es de toda justicia porque el hombre ya pagó el impuesto. Pero, si luego resulta que tiene una capacidad contributiva determinada y debe pagar por concepto del impuesto a la renta, podrá computar el pago de ese impuesto.

A pesar de todo, señor Presidente, el régimen sigue siendo parcialmente injusto porque el productor que no recibe utilidades al final del ejercicio, igualmente pagará esos N$ 120 del ejemplo citado. O sea que se sigue "Comiendo" los N$ 20 de IVA. No tiene forma de sacárselo de encima, cosa que sí tienen los comerciantes y los industriales.

De manera que, si no genera impuesto a la renta ni IMPROME o IMAGRO -que los hay- o compró mucho pagando IVA, ese impuesto va a seguir gravando sus costos.

Entiendo que con esto se rectifica en algo una injusticia del sistema tributario. Cuanto más tecnificado es el productor más IVA va a pagar. Luego, si por IMAGRO o por IRA no tiene que contribuir -no es sujeto pasivo del impuesto- se queda con el pago de ese impuesto recayendo sobre sus costos y se embroma, cosa que no es justa.

Lo que tenemos a estudio es, simplemente, una aproximación al tema. Sobre estas cosas hay que ser cuidadosos y proceder en forma gradual. Pero estoy lejos de estar satisfecho en esta materia. Repito que no hay desgravación, sino saber qué hace el productor con ese 20 % de impuesto que pagó. Si en cambio fuera un comerciante, un industrial y hasta un profesional, simplemente lo cargaría en su cuenta. El profesional paga IVA y cobra IVA. La única excepción es el productor agropecuario. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en una categoría aparte? ¿Por qué tiene que carecer del beneficio que ahora se le daría?

Estoy de acuerdo en que habrá que estudiar las cifras; pero tengo la seguridad de que, en el futuro, se buscarán fórmulas más justas porque lo que me preocupa, reitero, es que el único que paga mucho por concepto de IVA es el productor altamente tecnificado, porque es el que adquiere insumos y servicios. Estos últimos siempre están gravados con el IVA.

Por lo tanto, considero que habría que llegar a la fórmula de que los insumos y servicios agropecuarios no estuvieran gravados con ese impuesto. Tal vez esa fuera la solución más justa.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -La Mesa lamenta, de acuerdo al artículo 69 del Reglamento, no poder darle la palabra al señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: en el razonamiento del señor senador Zumarán hay algún hecho que quiero señalar.

Es evidente que hasta ahora el productor agropecuario era el consumidor final del IVA y en el futuro no lo va a ser porque el producto natural, que es lo que él vende, no se va a gravar por la ficción del "impuesto en suspenso". Recién va a aparecer el gravamen cuando el producto originario que vende el productor agropecuario, sea transformado o industrializado. Allí va a aparecer de nuevo el IVA que no calculó el productor agropecuario. Pero ese IVA va a seguir corriendo y el producto agropecuario industrializado, que ahora también está gravado -porque, por ejemplo, está gravada la venta de carne que es el producto industrial- va a seguir el camino natural del IVA, pero ahora lo que va a tener el productor agropecuario es un crédito que no tuvo y que no se vincula con las utilidades, porque puede no tener utilidades en un ejercicio y puede tener un crédito por IVA, porque ha comprado más IVA que el que vendió.

En consecuencia, esto no tiene que ver con el Impuesto a las Rentas Agropecuarias que se paga sobre las utilidades. Si tiene pérdidas, no paga el 30 %, pero puede tener un crédito por el IVA comprado.

Para finalizar, agrego que considero que este sistema examinado así, en forma parcial, no sirve y quiero señalar al señor senador Zumarán que han sacado a los productos agropecuarios de las exoneraciones del IVA, pero han dejado las frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural, lo que quiere decir que el que produce frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural es el consumidor final del IVA, porque cuando vende estos artículos en su estado natural, ellos no están gravados. Y sigue este productor absorbiendo el IVA como consumidor final, en todos los productos que comercializa.

Por último quiero señalar algo vinculado con el tema de los profesionales que tocó el señor senador Zumarán. Dijo que el profesional que paga IVA, lo cobra y lo devuelve, haciendo su contrabalanceo entre, IVA comprado y vendido. Pero yo afirmo que, con alguna limitación, está peor tratado el profesional universitario que vende servicios exclusivamente, por cuanto todos los demás que están sujetos al IVA, en concreto los comerciantes y ahora los productores agropecuarios, por ejemplo, en los bienes de activo fijo, van a poder descontar como IVA comprado, la totalidad del IVA incluido en los bienes de activo fijo. En cambio, un odontólogo que compra la máquina con la cual realiza los tratamientos a sus pacientes, o un contador que compra su computadora, pueden solamente descontar el 50 % del IVA incluido en los bienes de activo fijo.

Termino expresando que sigo manteniendo que los hechos tal vez demuestren que la devolución del IVA va a ser, una utilidad agregada a los productores agropecuarios de mayores posibilidades económicas, pero como no tenemos datos que lo prueben, tendremos que esperar que ellos confirmen este hecho que casi tenemos la seguridad va a ocurrir.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Muy brevemente, deseo decir algo sobre el tema que se viene tratando, especialmente en lo que se refiere al apoyo que creemos tiene que tener la política de terminar con la discriminación que hasta ahora tenía el sector agropecuario y que se concreta en el IVA por costo. Sentimos que con un régimen de gravamen sobre la renta real ya no puede haber excusa para que el sector agropecuario siga teniendo el IVA como costo.

Sin embargo, nuestra intervención quería aludir mas bien a algo que ha señalado el señor senador Zumarán respecto al IRA y al IMAGRO, y a la calidad finalista o fiscalista de uno u otro. Creo que este es uno de los grandes temas que tiene pendiente el país y coincido en términos genéricos con la opinión de que el IMAGRO es un impuesto más finalista que el IRA.

Deseo dejar esta constancia, señor Presidente, a la vista de lo que en el futuro podrá ocurrir en términos de legislación. Pero, al mismo tiempo, quiero señalar que en algunas ocasiones como la que vivimos hoy como el presente año- desde mi punto de vista no es absolutamente cierto lo que se dice en relación al carácter finalista o fiscalista de uno u otro impuesto porque teniendo -como tenemos- en el IMAGRO un cálculo de ingreso de algún modo subvaluado para un sector del agro, en la medida en que la rentabilidad del sector pecuario ha aumentado grandemente en los últimos meses; teniendo, en consecuencia, un sector con buena e importante rentabilidad hoy que, en el caso de tributar exclusivamente por IMAGRO, lo haría -sobre todo los grandes productores- de un modo muy débil y, al comprobarse que de aplicarse el IRA en lugar del IMAGRO, el Estado estaría recibiendo mucho más dinero, de hecho no podemos sostener que no hay también un criterio finalista al aplicar un sistema que recauda más allá donde hay más, en un momento dado, como es el caso del IRA este año, sobre el IMAGRO, a nivel de grandes productores.

En consecuencia, deseaba simplemente señalar con espíritu de coincidencia con las expresiones vertidas por el señor senador Zumarán, que en determinado sector del agro -específicamente el agropecuario- en este período el IVA puede definirse como un impuesto con un sentido finalista.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). Se va a votar el Capítulo VII, que comprende los artículos 156 a 201 inclusive, con excepción de los artículos 175 y 180 al 184 inclusive, cuya votación se ha solicitado se haga por separado.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el artículo 175.

(Se vota:)

-18 en 23. Afirmativa.

Se van a votar los artículos 180 a 184 inclusive.

(Se vota:)

- 18 en 23. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VIII "Disposiciones Varias", que va del artículo 202 al 230 inclusive.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Voy a proponer que se agregue un inciso al artículo 208.

El inciso final de este artículo, tal como está redactado, se refiere a las contribuciones a los Gobiernos Departamentales; y dice que en lo que tiene que ver con la participación en el 25 % establecido en el literal B del inciso mencionado, será necesario que la Intendencia deficitaria acredite no haber incrementado el número de funcionarios existentes al 19 de marzo de 1985. "En caso de no cumplirse tal extremo, la partida correspondiente a esta Intendencia incrementará el 75 % a que refiere el literal a)", etcétera.

Creo que la finalidad de este artículo es impedir que se burocraticen aún más aquellos Gobiernos Departamentales o Intendencias que están desfinanciadas, pero no puede hacer, por ejemplo, que las Intendencias cuando tienen que reponer a un funcionario, se vean en la obligación de destituir a otro para no aumentar así su número.

Por lo tanto, en el caso de la reposición de funcionarios destituidos arbitrariamente, debe tenerse en cuenta esta situación. Lo mismo podría decirse en el caso de ciertas obras. No me refiero a las de bacheo -por ejemplo- o a las de carácter secundario, sino a los convenios realizados con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de acuerdo con los préstamos internacionales que se han contraído a esos efectos; otro tanto podríamos decir de las viviendas que se construyen en convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay.

En consecuencia, señor Presidente, he preparado un aditivo que, a fin de no aumentar el número de funcionarios del 1º de enero de 1985, diría lo siguiente: "A estos efectos, no se tendrán en cuenta los funcionarios destituidos, reincorporados ni los incorporados para la realización de obras públicas departamentales con financiamiento de organismos internacionales y para la ejecución de planes de vivienda en tanto estén afectados a las tareas respectivas".

Es decir que dejaríamos la excepción de poder aumentar el número de aquellos funcionarios que habría que restituir, de acuerdo con las leyes que hemos votado, o de aquéllos que realicen obras, tal como lo explícita este artículo, con fondos internacionales.

No sé si el miembro informante acepta la redacción que sugiero.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en Comisión estábamos de acuerdo en votar el agregado que ha propuesto el señor senador Pereyra con respecto a este artículo.

En cuanto al artículo 226, que dice que se aplicará lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 15.783, permitiendo la acumulación de asignaciones computables correspondientes al cargo de que eran titulares los beneficiarios, se señala que para la determinación de tales asignaciones se considerarán las retribuciones que el interesado percibía cuando se produjo su cese, imputándosele a marzo de 1985 o a noviembre del mismo año, según el caso, las que le habrían correspondido si, en vez de optar por la jubilación o la reforma, hubiera reingresado al cargo del que era titular a la fecha de su desvinculación.

Aquí se da el caso, señor Presidente, de que hay funcionarios de algunas dependencias del Estado -especialmente del Banco de Previsión Social- cuyos cargos que entonces desempeñaban ahora están sujetos a un régimen especial de retribución porque sus titulares han optado por el régimen de las ocho horas y cobran, en consecuencia, un 33 % más. Está entendido que aquéllos que hubieran podido optar si hubieran continuado en su cargo, merecen que se les liquide la pasividad conforme a esa norma. Esto es a lo que en concreto refiere el artículo. Es decir, que se haga la liquidación, conforme a este sistema, a los que ahora realizan los que desempeñan los cargos que ellos ocupaban en el momento de su desvinculación.

En lo que se refiere al artículo 229, agrego que luego de donde dice: "comercial y/o industrial", al final debe agregarse la preposición "de".

Asimismo, debo decir que el artículo 228 no puede estar antes del 229, porque estableciendo la fecha en que entra a regir la ley tiene que ser el penúltimo artículo. En ese sentido debe hacerse el cambio pertinente.

Finalmente, señor Presidente, creo que hay algún otro artículo aditivo presentado. En ese caso, pediría que se diera cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Dése cuenta de artículos aditivos y sustitutivos presentados.

(Se da de los siguientes:)

"Aditivo al artículo 208. - A estos efectos, no se tendrán en cuenta los funcionarios destituidos, reincorporados ni los incorporados para la realización de obras públicas departamentales con financiamiento de organismos internacionales y para la ejecución de planes de viviendas, en tanto estén afectados a las tareas respectivas. (Firmado: Carlos J. Pereyra. Senador."

"ARTICULO 225. - Declárase, a todos los efectos jubilatorios, que el cómputo de servicios dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no implica en ningún caso la pérdida de la causal jubilatoria configurada por el acto de destitución (Artículo 1º de la ley citada), pudiendo acogerse a la pasividad o reforma de cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, sin perjuicio del derecho a la opción por el régimen anterior, establecido por el artículo 83, inciso a), del acto institucional Nº 9. (Firmado: Guillermo García Costa, Carlos Cigliuti. Senadores)."

"ARTICULO 229. - El Banco de Seguros del Estado ajustará cada año, las rentas que sirve por Incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función de los índices medios de salarios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las rentas que comenzaron a servirse en el transcurso de un año, tendrán un factor de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del año.

Dicho ajuste se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de doce meses que finaliza en el mes de octubre anterior al del ajuste.

Los demás organismos que deban servir rentas por incapacidad permanente o muerte, por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las ajustarán en la misma forma, de acuerdo a los índices proporcionados por el Banco de Seguros del Estado. (Firmado: Guillermo García Costa, Carlos Cigliuti. Senadores)."

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: queremos dejar constancia de que apoyamos -y para hacer un planteamiento similar habíamos solicitado la palabra- la modificación que proponen al artículo 225 los señores senadores Cigliuti y García Costa.

En rigor, con el texto que ha sido propuesto inicialmente por la Comisión, se contempla la situación de los funcionarios docentes que pueden compatibilizar la percepción del ingreso derivado de su actividad como reingresado con la de la pasividad que tenían ya generada. Sin embargo, este texto puede excluir de ese justo beneficio a funcionarios que no tienen la calidad de docentes.

De manera que la modificación propuesta, en nuestra opinión, aclara perfectamente esa posible duda y es así que en ese entendido, le vamos a dar nuestro apoyo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: solicito que se me permita abstenerme de votar los artículos 225 y 226 porque, aunque no lo tengo muy en claro, puede suceder que algún familiar se encuentre comprendido por estas disposiciones.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: de acuerdo con el Reglamento del Senado, no puede haber abstenciones, por lo que corresponde autorizar al señor senador Gargano a que participe de la votación.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se autoriza al señor senador Gargano a participar en la votación de los artículos de referencia.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR ALONSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO. - Quiero referirme al texto previsto para el artículo 226, sobre el que también se expidió el señor senador Cigliuti. A este respecto, debo decir que mi punto de vista es totalmente coincidente con el suyo.

Tanto esta disposición como algunos aditivos que se han propuesto están vinculados con la preocupación que en su momento despertó la aplicación de la Ley Nº 15.783.

Como es sabido, esta ley llamada de Reposición de Destituidos, es un conjunto de normas que resultó sumamente trabajosa en cuanto a su elaboración, debido a la complejidad del problema que se procuraba resolver. Tuvo gran trascendencia, puesto que fue una de las leyes tendiente a la llamada pacificación nacional, junto con la ley de Amnistía de los Presos Políticos, la de Amnistía de Presos Comunes y la de Emergencia de la Enseñanza.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todas las fuerzas políticas por obtener una ley que resolviera en la forma más justa y ágil posible una serie de situaciones que quedaron pendientes del período de la dictadura, nos hemos encontrado que en algunos casos, por la complejidad del trámite y por la diversidad de situaciones que debían ser contempladas, así como por la propia demora que se operó por parte del Poder Ejecutivo para designar la Comisión Especial -Comisión que es un pivot fundamental para la aplicación de la ley- en algunos casos, los resultados de aquel esfuerzo legislativo, realmente no colman las expectativas en cuanto a la solución definitiva de gran cantidad de problemas.

Así vemos hoy, señor Presidente, cómo la Comisión Especial que, repetimos, es un resorte fundamental en la aplicación de la ley, se encuentra totalmente desbordada en cuanto a su capacidad de trabajo, con más de 6.000 expedientes en su consideración y con una estimación que hace su propio director, de que la dilucidación de todos los casos, podría insumir entre seis y siete años.

Esta inquietud que fue planteada en su momento en la Cámara de Representantes por el señor representante Martínez y por el que habla, provocó que desde la Comisión de Constitución, Código Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes invitáramos al señor Ministro Fernández Faingold y a sus asesores, así como al Director de la Oficina de Servicio Civil, a los efectos de intercambiar ideas buscando soluciones para los problemas planteados.

Estas normas -propuestas ahora como aditivos al proyecto de ley- así como el artículo 226 que propone la Comisión, justamente a lo que tienden es a resolver alguno de esos problemas. El artículo 226 recoge ni más ni menos lo que era ya el borrador o anticipo de la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo.

En una de las reuniones de la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración, de la Cámara de Representantes, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social nos entregó ese borrador del Mensaje del Poder Ejecutivo que es -ni más ni menos este texto propuesto como artículo 226.

Quiero señalar -sin intentar modificaciones en la redacción que pudieran entorpecer la votación en Sala- cuál es el alcance y el espíritu con que se ha redactado esta norma, fundamentalmente en lo que refiere a las situaciones de aquellos funcionarios que, si hubieran estado en actividad a marzo o a noviembre de 1985, hubieran podido hacer uso de la opción en cuanto al cumplimiento del horario de seis u ocho horas, lo que como es sabido por los señores senadores determina una importante modificación en sus remuneraciones.

Deseo destacar que lo que se pretende es que en el caso de que un funcionario en actividad, que hubiera podido optar efectivamente entre los dos horarios, se le compute el de ocho horas y lo mismo suceda con el que fue destituido. En su momento, el señor Ministro señaló -y esto consta en la versión taquigráfica- la justicia que implicaba esta solución y la inquietud que podía tener el Poder Ejecutivo en cuanto a determinar cuáles eran los casos en que efectivamente se había dado la opción al funcionario entre la posibilidad del horario de seis u ocho horas. Es decir, determinar que no podía ser un beneficio que con carácter genérico se aplicara a todos los funcionarios destituidos, pues habían casos en los cuales el titular del cargo del cual había sido destituido nunca había tenido la posibilidad de optar por el horario de seis u ocho horas. En ese caso era lógico que no se le computara ese horario.

En todas aquellas situaciones en que el titular del cargo en el que hubiera estado el destituido tuvo la posibilidad de optar entre el horario de seis horas y el de ocho, se debía reconocer como un horario de ocho horas, a los efectos de la modificación de la cédula jubilatoria.

Quiero señalar esto, señor Presidente, porque está en la historia -no precisamente de la ley- de ésta disposición concreta que tuvo su origen, repito, en el borrador de iniciativa del Poder Ejecutivo que el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social entregara a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

Pensamos que explicitar esto puede tener su importancia a los efectos de la futura interpretación de esta norma y de que conste en la historia parlamentaria de este artículo 226.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: deseo hacer una breve referencia sobre el artículo 204.

En la Ley Nº 15.809, a nuestra propuesta, pero con el beneplácito de todos los sectores, se reimplantó el Impuesto de Enseñanza Primaria que rigió durante muchos años y que, después, durante el período de facto, fue derogado .creando una serie muy grave de problemas para la escuela pública, de lo que el país es consciente y, en particular nosotros, los legisladores.

En esa ley, el artículo 643 establecía que la recaudación de ese impuesto quedaba en manos de las Intendencias Municipales y ahora se introduce una modificación, que era la originaria de la propuesta que hablamos formulado, para incluir nuevamente la vigencia de dicho impuesto con una modificación -no quiero emplear el término omisión- en el sentido de que no se establece un tope en lo que tiene que ver con la comisión que se puede pagar por su recaudación.

No deseo en esta instancia, señor Presidente, formular una propuesta modificativa; pero me parece importante hacer esta referencia porque pienso que en oportunidad de la próxima Rendición de Cuentas tendremos que introducir ese ajuste.

Este Impuesto de Enseñanza Primaria está destinado a la construcción de escuelas, al mantenimiento de sus locales, a la compra de útiles para su funcionamiento y a la adquisición de alimentos para los niños necesitados que concurren a las mismas. Este impuesto, para su recaudación, tiene que tener un tope que anteriormente estaba fijado en el 6 %. En esta disposición que ahora corregimos, que modifica sustancialmente la del artículo 643 de la Ley Nº 15.809, no se establece ningún tope, y repito que en oportunidad de la próxima Rendición de Cuentas tendremos que ajustar este punto, a los efectos de que quienes paguen este impuesto sepan que el producido del mismo está destinado a los altos fines para los cuales fue creado y que hay una limitación precisa en lo que se refiere al costo de su recaudación.

Era la constancia que deseaba formular.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: antes de que se ponga a votación este capítulo al que vamos a dar nuestra aprobación, deseo señalar las razones por las cuales vamos a votar afirmativamente el artículo 205. Asimismo, dejamos constancia de que siempre hemos negado nuestro voto a las normas que concedían al Poder Ejecutivo la facultad que ahora se le extiende hasta el 31 de diciembre de 1987.

El artículo 205 dice que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1987 lo dispuesto por el articulo 37 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, en la redacción dada por el Inciso segundo del artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Es decir que los organismos que cobran proventos, que por ley pueden disponer hasta el 50 %, sean autorizados por el Poder Ejecutivo a disponer del 50 % restante, es decir, tener la disponibilidad del 100 %.

Hay una disposición legal expresa que le establece al Poder Ejecutivo la obligación de hacer un estudio –y presentarlo al parlamento- de todos los proventos que ingresan por distintos conceptos a los diferentes organismos del Estado.

Esto es muy importante porque la cifra también lo es; sobre todo, este aspecto está centrado en algunos organismos muy particulares, no así en otros que tienen proventos muy escasos.

Queremos señalar que esta será la última vez que le votemos esta facultad al Poder Ejecutivo, que llega hasta el 31 de diciembre de 1987. La razón para proceder de esta manera, es que de no ser así, a partir del 31 de diciembre de 1986, careciendo el Poder Ejecutivo de la facultad legal para efectuar esa adjudicación del 50% de los proventos a los organismos recaudadores hay algunas instituciones que, seguramente se quedarían sin disponer de esa cifras. Tenemos como ejemplo el caso de la Dirección Nacional de Loterías que en su momento motivo el veto del Poder Ejecutivo, para después otorgarle por decreto los proventos que la ley le había adjudicado.

Por esta razón, vamos a votarle una prórroga al Poder ejecutivo por última vez, a los efectos de que pueda disponer, por decreto, de lo que debe ser establecido por ley.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn Eduardo Paz Aguirre). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.- Deseo dejar una constancia complementaria que apunta en dos direcciones.

En primer término apoyo lo expresado por el señor senador Senatore, en cuanto refiere a este artículo 205.

Vamos a insistir por todas la vías que en lo que respecta a determinación de competencias la Constitución nos acuerda, a efectos de obtener del Poder Ejecutivo todas las informaciones necesarias que permitan, con el esclarecimiento indispensable del producido y destino de proventos, tener una visión suficiente y completa de los gastos reales del Estado: particularmente, medir cómo se distribuyen los ingresos que por diversos vías se producen en el Ministerio de Defensa Nacional. Son cifras a las que queremos tener acceso y que, seguramente, vamos a obtener.

La otra consideración a que quiero referirme, es que también, dentro de este artículo, es necesario prever y solamente a través de la votación afirmativa puede hacerse- la difícil situación que viven los funcionarios de la Dirección Nacional de Correos.

Notoriamente, además, se han planteado allí situaciones conflictivas como consecuencia directa de la dificultad que ha existido para resolver un conjunto de problemas vinculados con las bajísimas asignaciones que perciben sus funcionarios.

El panorama que se vive en las oficinas de la Dirección Nacional de Correos es, desde nuestro punto de vista, consecuencia directa de un tratamiento presupuestal, en términos generales, absolutamente negativo para con estos funcionarios.

Al votar el artículo 205, hacemos constar nuestra firme disposición a brindar toda la colaboración que esté a nuestro alcance, para que la difícil situación planteada pueda ser rápida y pacíficamente resuelta a través del necesario diálogo y la más amplia comprensión.

SEÑOR CERSOSIMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn.Eduardo Paz Aguirre).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO.- Estimo que a esta altura de la discusión no va a ser posible efectuar modificaciones en relación con el planteamiento que voy a hacer respecto de los artículos 216 a 221 del proyecto de ley que tenemos consideración.

En relación a estos artículos voy a solicitar su eliminación, en cuanto van a traer enormes perjuicios, obstáculos e impedimentos a un importante sector de la vida del país, y van a crear más problemas que aquellos que tratan de solucionar.

Estoy absolutamente seguro de que, a poco de su vigencia, se traerá un proyecto de ley para derogar estas disposiciones -si no se eliminan hoy- porque son realmente infelices y van a complicar la existencia de mucha gente, fundamentalmente, van a trabar en buena medida la actividad productiva del país en muchos de sus más importantes sectores.

Certificados y constancias de esta naturaleza, generalmente son resistidos por la población y usuarios que de una u otra forma tienen que sobrellevar cargas de la índole de las que acá se tratan.

Por lo tanto, señor Presidente, pido que el Senado desgloce estos artículos y se estudien más detenidamente antes de aprobarse tal como vienen redactados. Aparte de la infelicidad de la forma en que están encarados en el texto del proyecto a consideración, van a traer -vuelvo a decirlo- más problemas que aquellos que tratan de solucionar, porque este tipo de disposición tiene que ser eliminado de la vida del país, en la medida que no coadyuvan, sino que dificultan la actividad esencial que los hombres de trabajo y de producción deben realizar en las distintas actividades de la República.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito la eliminación de los artículos 216 a 221, repito, por las razones expuestas. En caso contrario, declaro desde ya que no he de votarlos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Estos artículos responden a un trámite recorrido a lo largo del estudio del anterior proyecto de Rendición de Cuentas, y que ahora, se reiteran en este texto a estudio.

No existe el ánimo de ocasionarle problemas a los hombres de trabajo, como podrá imaginar el Senado. Se trata -por usar la misma expresión- de hombres que trabajan en las Intendencias del interior a los que hay que pagarles el sueldo.

Las Intendencias nos han informado reiteradamente que tienen grandes dificultades para cobrar aquellos tributos que responden a recaudaciones las más voluminosas, sobre todo, los de la Contribución Inmobiliaria Rural, que constituye uno de los más altos ingresos en todos los departamentos, con la probable excepción de los departamentos de Canelones y Maldonado.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - En relación con lo que manifiesta el miembro informante, señor senador García Costa, el artículo 216 expresa que esos certificados de vigencia semestral, acreditarán que el interesado no tiene deudas pendientes por concepto de Tasa Bromatológica, Contribución Inmobiliaria y de Impuesto a los Remates, etcétera.

Es sabido que la mayor parte de los contribuyentes ha suscrito convenios de pago. De manera que hay deudas pendientes. Tal como está redactada esta disposición, tiene que cancelarlas. Los contribuyentes están al día en los pagos; que no tengan atrasos en ellos es un cosa, pero que tienen deudas pendientes, es indudable.

Eso por un lado, pero fíjense los señores senadores que, aparte de ello, las instituciones de intermediación financiera -los bancos, las casas bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito- en tales casos no otorgarán ni renovarán créditos con destino a actividades industriales, comerciales, agropecuarias o de servicios. Este término que se emplea es genérico, amplio, lato, lo que va a dar lugar a un sinnúmero de interpretaciones. Además, si esto, fuera poco, se dice algo que naturalmente aparejará dificultades. Naturalmente, no podemos improvisar en Sala ni haremos aquí todas las argumentaciones que corresponde hacer en relación con estos artículos y menos a esta hora, porque merecen otro ámbito en cuanto a la tranquilidad y al descanso que los señores senadores deben tener, ya sea desde el punto de vista físico o espiritual, lo que a esta altura no poseen dado lo avanzado de la hora.

Esas dificultades se plantearán porque el certificado se deberá otorgar dentro de los cinco días de su solicitud; si no se otorga dentro de ese plazo, el mismo órgano requerido entregará al interesado una constancia que lo habilita a cumplir los trámites a que se refieren los artículos siguientes. No advierto cómo es posible que sí se solícita un certificado de que se debe o no, si en cinco días no se otorga, se extienda una constancia de que el mismo no se ha dado. Esto jamás lo he visto en los largos años que llevo en esta actividad y en alguna otra conexa con este tipo de documentación a expedirse.

Por otra parte, esto será muy fácil de observar -y lo podrán constatar los señores senadores en cuanto comience a aplicarse esta clase de disposiciones porque acerca de esto existe una larga y negativa experiencia en el país, y este caso no va a ser distinto; al contrario, va a dificultar todo el sistema que se trata de proteger.

Los funcionarios municipales -como muy bien decía el señor senador García Costa- tienen derecho a la protección -somos los primeros en reconocérselo, en otorgársela y en solidarizarnos con ellos pero también hay otras formas para que sean protegidos y amparados en ese derecho. Quizá de esta manera no lo sean.

Esta exigencia se va a aplicar a la gente del interior de los departamentos, a productores modestísimos que tendrán que trasladarse a las ciudades para solicitar estos certificados se argumentará que son semestrales que tendrán una vigencia de determinado tiempo, inclusive la constancia supletoria- y ellos deberán enfrentar un sin número de dificultades por la interpretación que puede dársele a cada una de estas disposiciones. Así tenga un convenio de pago respecto de cada uno o de cualquiera de esos tributos, el contribuyente podrá tener dificultades con las Intendencias a los efectos de obtener los certificados que los habiliten para ejercer las actividades señaladas en la norma. Y cuando tengan el certificado o la constancia negativa, a su vez se les podrán plantear otras complicaciones en las oficinas bancarias o de crédito, cuando vayan a requerir la asistencia de esa naturaleza que sea necesaria para ejercer su labor.

Entiendo que estos aspectos deben eliminarse de las disposiciones del proyecto a estudio, desglosándolos y pasándolos a Comisión a efectos de poderlos considerar más detenidamente, dándoles una instrumentación más adecuada que determine la supresión de los perjuicios que ellas pueden acarrear y que nosotros queremos evitar a través de estas palabras.

Agradezco al señor senador su gentileza al haberme concedido esta interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Lo que aquí estamos tratando es de proteger la capacidad de recaudación de las Intendencias. Esta es la única fórmula práctica que existe. Estamos tratando de proteger a las Intendencias, a quienes dependen de ellas, y además a la gente que paga los impuestos puntualmente.

Vuelvo a lo que decía en cuanto a que en materia de Contribución Inmobiliaria Rural, que es el más voluminoso de sus ingresos, los Gobiernos Departamentales, tienen una mora que se ubica, aproximadamente, entre el 40% y el 50%. Eso está indicando muy claramente que hay muchos contribuyentes que están significativamente demorados, algunos porque no pueden y otros porque no quieren. El único remedio práctico y legal que tienen ahora las Intendencias para evitar esos atrasos es el remate de los predios. Todos nos damos cuenta que así como hoy puede protestarse, eventualmente, porque hay que sacar un certificado, menudo incendio se provocaría en cualquier departamento del interior si las Intendencias Municipales remataran predios rurales para cobrar los impuestos, con lo que el medio legal que tienen las Intendencias para cobrar a los morosos en la práctica es inaplicable.

Esta es la única manera de igualar a todos los contribuyentes, a los buenos que pagan sus Impuestos y no tendrán por tanto ningún problema en sacar los certificados, y a aquellos que demoran años en pagar a la espera de la ley de consolidación de adeudos que tradicionalmente es aprobada cada 4 ó 5 años -y son muchos más de lo que cree el Senado y algún señor senador- ya que en la medida en que no hay que celebrar actos de disposición del inmueble rural concreto que adeuda Contribución, no hay necesidad de pagarla y es por tanto muy fácil atrasarse, mientras las Intendencias muchas veces no logran atender sus presupuestos. Esta es la solución legal a lo planteado, y es una síntesis de lo que se votara en Cámara y en el Senado cuando la Rendición de Cuentas. En la materia, el Senado fue mucho más allá que este texto, e inclusive mucho más severo. Sin embargo, en aquella oportunidad se votó por unanimidad -creo que en el momento de votar estábamos en Sala prácticamente todos los señores senadores- a pesar de que se trataba de una norma más severa. En cambio, la Cámara de Representantes optó por la otra punta, pues prefirió eliminar toda disposición y estableció "sin certificado", es decir, que hizo demasiado en favor de los contribuyentes, cuando quizás el Senado, en una primera instancia, había hecho demasiado por el recaudador. Creemos que ahora hemos puesto el tema en un debido punto medio, ni tanto ni tan poco; pero no olvidando que los impuestos que las Intendencias precisan deberán ser recaudados.

Los cinco días que se establecen para la expedición del certificado es una norma, precisamente, en favor del contribuyente, a efectos de evitarle las demoras insólitas. Naturalmente, si a los cinco días la Intendencia no entrega el certificado o la constancia de no expedirlo en tiempo, pues ésta estará violando la ley. En ese caso algún señor senador me podrá decir que bastará con llevar un escribano y levantar un acta donde se establezca que, habiendo presentado un pedido de certificado determinado día, la Intendencia se niega a otorgarlo, así como uno negativo, con lo cual quedará de manifiesto la violación legal y trabajará algún escribano que no tenga demasiada tarea en ese momento.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Quiero decir al señor senador -si es que ahí me puedo dar por aludido, aunque en estos casos me gusta darme por aludido, a pesar de que sé que él no la ha efectuado- que no puedo hacerlo porque la Constitución me lo impide. En la medida en que me es impuesto y en todo aquello en que tengo la obligación de acatamiento, trato de cumplir. Pero ese no es el caso.

No le dan el certificado ni tampoco la constancia. Entonces, lleva a un escribano, a diez, a la policía e igualmente no se lo dan. Mientras tanto, el interesado queda de manos cruzadas, con los brazos atados, sin poder realizar ninguna gestión. ¡Qué importa que se haga una intimación notarial; judicial, o de la naturaleza que fuere!

Si así ocurriere, los perjuicios que se causan al interesado durante ese lapso, sumados a otros que se presentan por distintos conceptos y las expoliaciones a que son sometidos en casi todas las Intendencias del país -por no decir en todas- la mayor parte de los contribuyentes, constituyen un elemento que determina efectos negativos en el espíritu y en el ánimo de trabajo, sobre todo en los productores medianos y pequeños, que es en los que pienso cuando emito este tipo de conceptos.

Además, quiero señalar al señor senador, para que no impresione al Senado con un argumento que no es real -me podrá manifestar que el impuesto a los semovientes es de escaso monto en relación con el inmobiliario, que voy a citar- y que él como el impuesto a los remates también de poco monto relativo no tienen hasta este momento, una sanción que impida que se pueda actuar ante oficinas públicas o cualquier órgano en que se vaya a realizar una gestión relacionada con ellos en caso de faltante de pago. Con respecto a la contribución inmobiliaria, el señor senador sabe muy bien que desde el 25 de marzo de 1934, cuando se promulgó la Ley de Contribución Inmobiliaria, existe una norma que establece que no se pueden efectuar gestiones ante organismos públicos relativos a bienes inmuebles si no se exhibe el recibo de pago de la última cuota que corresponda de este tributo. Tampoco se pueden llevar a cabo actos de enajenación o de gravamen con relación a bienes inmuebles si no se exhibe, en igual forma, el recibo de pago de la Contribución Inmobiliaria y se controla. Inclusive ahora, por una interpretación extensiva que hacen algunos Registros de Traslaciones de Dominio, sobre todo el de Montevideo, ni los certificados de resultancias de autos se pueden inscribir si no se exhibe el boleto del último pago correspondiente de la contribución inmobiliaria. Entonces, ¿qué es lo que se desea a través de esta norma?

Además de eso, quizá las Intendencias Municipales del interior del país, aparte de tener que expedir este certificado, van a cobrar a los interesados una tasa determinada por esa tarea. A todo esto se sumará el hecho de que es posible de que no lo vayan a otorgar en tiempo, así como tampoco el supletorio o el sustitutivo. Por más que el contribuyente acuda con actas notariales, no se lo van a dar, si no quieren, no pueden o no desean hacerlo y sí dicen que no están en condiciones de expedirlo.

Por otra parte, si los contribuyentes pagan regularmente sus tributos, igualmente cualquier intendente potencialmente puede negar el otorgamiento del certificado y de la constancia supletoria. De acuerdo con el texto legal, se dirá a los contribuyentes que tienen adeudos en el pago de los tributos. Eso es diferente a manifestar que se encuentran en situación regular de pagos. La mayor parte de los contribuyentes, precisamente, está en esas condiciones, pues ha firmado convenios en casi todas las Intendencias del país. No es porque no quieran pagar, sino porque no pueden hacerlo. No es bueno solamente aquel que paga sino que no deja de serlo, también lo es quien no paga porque no puede hacerlo. Es a ellos a quienes me refiero, señor Presidente.

Cada vez que se plantee un problema de esta naturaleza, como lo he hecho inveteradamente en este Senado y en otros órganos de similar naturaleza, haré las mismas manifestaciones: en lugar de beneficios, esto provoca perjuicios. Si esta norma llegara a aprobarse esta noche en el Senado y luego en la Cámara de Representantes, el Cuerpo recordará mis razones, porque no habrá de pasar mucho tiempo para que se intente su derogación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Ya he explicitado el alcance de los certificados, indicando un aspecto que el señor senador Cersósimo conoce: ninguno de esos "gigantescos" impuestos es departamental: ambos son nacionales. La Contribución Inmobiliaria Rural es un impuesto nacional con destino departamental. Lo mismo sucede con el impuesto del 3 % sobre el remate y venta de semovientes. Es decir, no fueron las Intendencias las que los crearon y aumentaron; en definitiva, entre otros, será este propio Senado el que no decida rebajar esos impuestos. No podemos adjudicarles responsabilidad a las Intendencias que lo único que hacen es recaudarlos trabajosamente; y por ello queremos darles las necesarias garantías para que puedan efectuar esa tarea.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En primer término, quiero manifestar que el asunto relacionado con los certificados municipales forma parte de un largo proceso de elaboración iniciado en el momento en que se comenzó a trabajar con la Rendición de Cuentas. Esto fue solicitado por todas las Intendencias Municipales del país, así como por los Congresos Municipales que se realizaron de entonces a la fecha.

El señor senador García Costa ha explicado con toda claridad la posición de los distintos órganos parlamentarios, el Senado primero y la Cámara de Representantes después. Este asunto vino a este Cuerpo luego de que los señores Intendentes de diversos departamentos y miembros del Congreso de Intendentes, especialmente enviados por resolución de ese órgano, se reunieron con algunos señores senadores.

Por supuesto que este asunto puede ser objeto de una larga discusión, pero queremos señalar que forma parte de la columna vertebral de este acuerdo político. Este proyecto no se convertiría en ley si las disposiciones relativas a las Intendencias Municipales no figuraran en ella.

Con respecto a otros artículos aditivos, deseo manifestar que el relacionado con la forma de pago de las pensiones en el Banco de Seguros ya fue incorporado al texto. Sin embargo, los que se refieren a la ley de destituidos no van a merecer nuestro voto afirmativo, porque cambian completamente el sistema, no han sido examinados en forma completa y no se pudieron estudiar debidamente en Comisión. Además, a esta altura de la sesión, realmente no podríamos discutir sobre este punto.

De modo que, con respecto a los artículos referidos a la ampliación a sesenta días del plazo fijado por el artículo 20 de la Ley Nº 15.783 y demás disposiciones que se han propuesto, relacionadas con esa misma ley, adelanto que no los vamos a votar.

Vamos a votar los artículos que fueron Indicados por la Mesa al tratarse este último capítulo, incluyendo, eso sí, este primer artículo que figura en el repartido y que tiene que ver con el pago de las pensiones en el Banco de Seguros.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Voy a proponer que se vote el capítulo VIII con las modificaciones sugeridas, y aceptadas por los señores miembros informantes, a los artículos 208, 225 y 226, así como la inversión del orden de los artículos 228 y 229, y el agregado a que se refirió el señor senador Cigliuti. Dejaríamos los restantes artículos aditivos, a los que se va a dar entrada ahora, para una instancia posterior. Hemos examinado el Capítulo VIII distribuido, pero prácticamente no hemos podido examinar los proyectos que ahora llegan a nuestro conocimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Dése cuenta de los artículos aditivos llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"A partir de la promulgación de la presente ley, todas las designaciones que determinen ingreso de personal a funciones públicas deberán ser precedidas de un llamado público abierto a todos los interesados sin distinción alguna. Tratándose de cargos o funciones de carácter técnico o administrativo -cualquiera sea su denominación- el procedimiento para la designación o contratación será siempre el del concurso, que deberá realizarse de conformidad a las respectivas reglamentaciones que se dictarán. Cuando se trate de llenar cargos de escalafones de servicio o de oficios y en general los que requieran como condición esencial el predominio de las labores manuales, las designaciones o contrataciones se realizaran de conformidad a un sorteo entre la totalidad de los interesados, el que no obstante deberá verificarse mediante un procedimiento que asegure la prelación de quienes tengan familia a su cargo, así como el adecuado control de los propios interesados. Reinaldo Gargano, Hugo Batalla, José Germán Araújo, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis Alberto Senatore y Nelson Alonso. Senadores.

Dése cuenta de otro aditivo llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Agrégase a la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985 el siguiente artículo: Las Juntas Departamentales serán competentes en la sustanciación y resolución de las reclamaciones de derechos otorgados por esta ley, formuladas por quienes fueran sus funcionarios al 27 de junio de 1973. Esta disposición será aplicable aún cuando, con posterioridad a esa fecha, el reclamante hubiere sido redistribuido o hubiere optado por ser redistribuido. Nelson Alonso. Senador".

SEÑOR ALONSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO. - Señor Presidente: con respecto al aditivo a que se ha dado lectura, deseo dejar constancia de que se trata de un borrador manuscrito que no pudo ser pasado en limpio. De haberlo hecho, recogería la firma de los distintos senadores del Frente Amplio. Lamentablemente no existió la posibilidad material de hacerlo y esa es la razón por la que solamente figura mi firma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -La votación del Capítulo VIII se ha tornado un tanto complicada.

 

No habría objeción para votar en bloque los artículos 201 a 207, puesto que no existen observaciones formuladas en torno a ellos. El artículo 208 debe ser votado por separado, porque existe un artículo aditivo. Con respecto a los artículos 216 a 221, debo mencionar que el señor senador Cersósimo ha solicitado su pase a Comisión. El 228 debería pasar a figurar en el penúltimo lugar, antes del artículo final de orden, puesto que se trata del artículo que establece el plazo de vigencia de esta ley. Con respecto al articulo 225 existe una modificación propuesta por los señores senadores Cigliuti y García Costa, así como con relación al 229, más todos los artículos aditivos que han sido leídos o de los que se ha dado cuenta al Senado.

A esta altura, la Mesa tiene dudas sobre el sistema de votación a adoptar, creyendo conveniente que se vote de a uno a los efectos de evitar confusiones.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: el último artículo, que se refiere al pago de las pensiones del Banco de Seguros del Estado ¿seria el 229 o el 230?

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Llevaría el número 229.

- En consideración los artículos 202 a 207, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración el artículo 208.

Con respecto a este artículo los señores miembros informantes han aceptado la propuesta del señor senador Pereyra.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con el aditivo propuesto por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración el artículo 209.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración el artículo 210.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 211 a 215 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- A continuación se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Cersósimo en el sentido de que los artículos 216 a 221 inclusive, pasen a Comisión.

(Se vota:)

-2 en 23. Negativa.

- En consideración los artículos 216 a 221 inclusive

(Se votan:)

-22 en 23. Afirmativa.

- En consideración los artículos 222 a 224 inclusive.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración el artículo 225.

Dése cuenta de una modificación llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Declárase, a todos los efectos jubilatorios, que el cómputo de servicios dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no implica -en ningún caso- la pérdida de la causal jubilatoria configurada por el acto de destitución (artículo 1º de la ley citada), pudiendo acogerse a la pasividad o reforma de cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, sin perjuicio del derecho a la opción por el régimen anterior, establecido por el artículo 83, inciso a), del Acto Institucional Nº 9".

- Se trata de un agregado al artículo 225.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración los artículos 226 y 227.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En consideración el artículo 228, que pasaría a ser último, previo al artículo final de orden.

Sí no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En consideración el artículo 229, que pasaría a ser propuesta por el miembro informante, señor senador Cigliuti, en el sentido de incluir la preposición "de" antes del verbo otorgar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta, por su orden, de los artículos aditivos llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"Artículo 229. - El Banco de Seguros del Estado ajustará cada año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función de los índices medios de salarios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las rentas que comenzaron a servirse en el transcurso de un año, tendrán un factor de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del año...".

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:)

"Artículo 229. - El Banco de Seguros del Estado ajustará cada año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función de los índices medios de salarios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las rentas que comenzaron a servirse en el transcurso de un año, tendrán un factor de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del año.

Dicho ajuste se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de doce meses que finaliza en el mes de octubre anterior al del ajuste.

Los demás organismos que deban servir rentas por incapacidad permanente o muerte, por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las ajustarán en la misma forma, de acuerdo a los índices proporcionados por el Banco de Seguros del Estado".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo tal como ha sido propuesto.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-Dése cuenta del siguiente aditivo.

(Se da del siguiente:)

"A partir de la promulgación de la presente ley, todas las designaciones que determinen ingresos de personal a funciones públicas, deberán ser precedidas de un llamado público abierto a todos los interesados sin distinción alguna. Tratándose de cargos o funciones de carácter técnico o administrativo -cualquiera sea su denominación- el procedimiento para la designación o contratación, será siempre el del concurso, que deberá realizarse de conformidad a las respectivas reglamentaciones que se dictarán. Cuando se trate de llenar cargos de escalafones de servicio o de oficios, y en general los que requieran como condición esencial el predominio de las labores manuales, las designaciones o contrataciones se realizarán de conformidad a un sorteo entre la totalidad de los interesados, el que no obstante deberá verificarse mediante un procedimiento que asegure la relación de quienes tengan familia a su cargo, así como el adecuado control de los propios interesados."

(Fdo.: Hugo Batalla, José Germán Araújo, Luis Alberto Senatore, Reinaldo Gargano, A. Francisco Rodríguez Camusso y Nelson Alonso) Senadores".

-En consideración.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: En oportunidad de la consideración del Presupuesto actualmente en vigencia, nosotros presentamos esta iniciativa que no tuvo andamiento.

Con posterioridad, hubo pronunciamientos reiterados de distintos sectores políticos: en algunos casos, a nivel de Partidos y en otros, a niveles sectoriales, en un sentido similar al que este artículo propende concretar. Cuando el tema fue considerado como Rendición de Cuentas, lo reiteramos. Particularmente en la Comisión respectiva de la Asamblea General hubo, junto con la propuesta del Frente Amplio, una expresión que formuló -si no recuerdo mal- el señor representante Rodríguez Labruna, en nombre de su Partido, adelantando que el Directorio del Partido Nacional había tomado una determinación orientada en idéntico sentido a esta que nosotros apoyamos.

Mientras tanto, la bancada del Partido Colorado hizo saber que aunque algunos de los sectores que lo componen, uno o más -no estoy seguro ha presentado también inicitivas en esta materia, como el o los proyectos se encuentran a estudio de la Cámara de Representantes, estimaron que no era necesario aprobarlo dentro de la Rendición de Cuentas.

Esto fue planteado en la Asamblea General, dentro de la cual, como es notorio, el proyecto requería dos tercios de votos, es decir, que al negar su apoyo el Partido Colorado o el Partido Nacional, el proyecto no tenía andamiento posible. Planteada, entonces, una razón de oportunidad para no votarlo por parte del Partido Colorado, naturalmente, hubo que retirar el planteamiento y no se pudo insistir en algo que no tenía viabilidad.

Ahora, la situación es distinta. Este proyecto no requiere dos tercios de votos; no es como el artículo 145; no es nuevo, sino que es un tema muy conocido, y con respecto al cual hay decisión tomada.

En la sesión de ayer, al adelantar el planteamiento de este tema, hicimos notar estos hechos, y terminamos estas expresiones, manifestando que, estábamos, dispuestos, entre hoy y el día de mañana, a procurar concertar con los señores senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional, una fórmula común, que permita que de una vez por todas, a través de este proyecto de ley, sean consagradas fórmulas legislativas que aseguren el ingreso a la Administración Pública por el sistema de concurso o por el del sorteo, según las características de los casos.

Según es notorio, tenemos representación en algunos organismos, pocos, de la Administración autónoma o descentralizada. En consecuencia, conocemos perfectamente cómo en esos organismos -y suponemos que también en los demás se efectúan normalmente las designaciones, es decir, por rigurosa cuotificación política. Aspiramos a que esos criterios sean examinados para la Administración Pública aplicando los que nosotros proponemos. El derecho al ingreso a la Administración Pública, lo tienen, en la medida en que deseen hacer uso de él, todos los ciudadanos. Por otra parte, son aplicables, en nuestra opinión, disposiciones constitucionales que establecen para situaciones como éstas, igualdad de derechos. No puede ser la relación de tipo personal o político con tal o cual gobernante, legislador, funcionario del Poder Ejecutivo o de un organismo autónomo o descentralizado, lo que establezca la posibilidad de ingreso a la Administración Pública, sino otro tipo de condiciones.

En conocimiento de que estos criterios han sido expuestos públicamente, de modo reiterado, por fuerzas políticas cuya suma asegura una votación ampliamente mayoritaria y favorable a esta iniciativa, la presentamos abiertos a examinar posibles fórmulas sustitutivas que se quieran proponer en este momento. Además como el proyecto va a la Cámara de Representantes, allí también está abierta la posibilidad de que quienes deseen efectuar alguna corrección, lo hagan.

Lo que importa, desde nuestro punto de vista, es consagrar definitivamente, un principio que en todas las tribunas públicas, prácticamente, representantes de todas las fuerzas políticas están defendiendo. No creo que en los tan numerosos reportajes que se nos hacen, en tantas intervenciones que efectuamos por radio, medios de prensa escrita o televisiva quienes ocupamos cargos de gobierno, haya nadie que defienda el criterio de la cuotificación política para las designaciones.

Esta es la hora de tomar una definición a ese respecto. Con satisfacción, decimos que somos conscientes de que no somos los únicos que lo estamos sosteniendo. Hay definiciones concretas, oficiales, de autoridades políticas que aseguran una definición mayoritaria. Por lo tanto, hemos hecho llegar este artículo aditivo a la Mesa a los efectos de que sea objeto de resolución en la noche de hoy.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: hemos sostenido que este es un asunto que merece un examen muy amplio y una discusión a fondo de un problema complejo e indudablemente actual. De ninguna manera puede ser canalizado por la vía de esta ley especial que el Senado está considerando.

Algunos compañeros nuestros han presentado en el Parlamento iniciativas en ese sentido; otros la han discutido, quizás no en sus intenciones o en sus propósitos, pero sí en la forma que se le ha dado a esa propuesta. Algunos tienen posición al respecto, pero aún no la han concretado en ninguno de los cargos que ocupan, ya sean senadores o diputados.

Por eso, nosotros sostuvimos en la Comisión que este asunto no podía estar incluido en la ley que estamos estudiando. Así lo dijimos. Después se admitió que este artículo, al igual que otros, girara entre los miembros de la Comisión e, incluso, se pudieran incorporar en Sala. Pero declaro, en nombre de nuestra bancada, con independencia completa del problema en sí, que no estamos de acuerdo y no votaremos la inclusión de ese texto en el proyecto de ley que se está discutiendo. En consecuencia, eso tendrá que ser objeto de otra ley, de otro examen, y nuestro partido, con respecto al fondo del asunto, no ha tenido ocasión, todavía, de pronunciarse en definitiva.

En consecuencia, anticipo nuestro voto negativo al artículo que se está considerando.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quería hacer notar, simplemente, que este no es un tema demasiado complejo para nadie. Eso es notorio. Por otra parte, el tema está planteado hace ya más de un año y, naturalmente, su no resolución no deja de generar consecuencias, porque los nombramientos continúan haciéndose y, mientras vamos estudiando ("a Dios rogando y con el mazo dando") por acá estudiamos y por allá nombran.

El tiempo transcurre, pasarán los meses del receso y los nombramientos según cuotificación política continuarán, mientras nosotros seguimos haciendo proposiciones que teóricamente cuentan con apoyo pero que no se sabe en qué momento van a poder concretarse.

Quería, simplemente, dejar esta constancia porque no paralizamos, siquiera transitoriamente, las designaciones por rigurosa cuotificación política mientras estudiamos el proyecto. Como es notorio, éstas se siguen haciendo prácticamente en toda la Administración. El estudio de este proyecto fue empezado hace más de un año y, en rigor, estamos exactamente igual que el primer día.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: lo que se dice es realmente asombroso.

La Comisión ha estudiado un texto y allí no se dijo una palabra acerca de exigir el ingreso por concurso a la Administración Pública. Ahora se afirma que este es un asunto conocido y estudiado que se puede votar con toda tranquilidad, como simple proyecto sin trascendencia, a las 12 de la noche, luego de siete horas de discusión. El planteo no parece serio, señor Presidente. No es posible admitir que después de que una Comisión Especial ha estudiado y aprobado más de 200 artículos, se quiera incorporar ahora semejante norma, que naturalmente es compleja y tiene mucha trascendencia a esta altura de la sesión; sin la posibilidad de una discusión a fondo del tema y sin que las bancadas tengan un conocimiento previo apropiado.

No creo, señor Presidente, que esto sea algo que se pueda siquiera discutir y estimo que no es el momento de pensar que una norma así pueda transformarse en ley.

Quería manifestar esto, señor Presidente, en forma completamente independiente a las otras consideraciones.

La situación que esto permita plantear en el futuro inmediato, es un asunto que nuestro partido está dispuesto a discutir en cualquier momento. Esto no significa que esté de acuerdo con la norma que se propone; eso es un asunto a estudiar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: este tema tiene un año de presentado. Fue anunciado inicialmente en el Senado y presentado en la Cámara de Representantes cuando se trataba el Presupuesto -no la Rendición de Cuentas- y durante mucho tiempo ha sido reiterado. Por otra parte, como ya dije, fue planteado otra vez en el seno de la Comisión de la Asamblea General, y no solamente por nosotros. Recuerdo que antes de que nosotros hiciéramos llegar el proyecto, el tema fue planteado por el señor representante Rodríguez Labruna en nombre de su partido e, inmediatamente, lo hizo nuestra bancada, en forma casi simultánea. Luego no pudo llevarse adelante porque se precisaban 2/3 de los votos. También en el día de ayer y en el transcurso del estudio de este proyecto, el asunto se planteó y ya se ha señalado que todo el proyecto, motivó sólo dos sesiones de la Comisión.

¿Cuándo se presenta un aditivo? Lógicamente, al final; no entre el artículo 17 y 18, por ejemplo.

De todas maneras, señor Presidente, también en este caso el tiempo dirá. ¿Cuál puede ser el momento oportuno, el día, la hora, la circunstancia o el lugar? Me remito a Virgil Gheorgiu y a "La Hora 25": cuando llegue la hora 25 tal vez podamos ver aprobada una norma en este sentido.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: el señor senador Rodríguez Camusso nos ha aliviado mucho la tarea de señalar nuestra posición sobre el tema.

Según es notorio, a través de un proyecto que se ha presentado en la Cámara de Representantes, el Partido Nacional ha manifestado claramente su decisión de que la provisión de los cargos de la Administración debe hacerse por un sistema que no sea el de la designación directa. En su lugar debemos buscar un sistema más apto, como puede ser el de concursos, sorteos, etcétera, para sustituir la designación directa que el país ha venido soportando desde hace muchos años.

Por otra parte, lo que ha dicho el señor senador Cigliuti complementa la posición de nuestro Partido. Cuando el Partido Colorado, por las razones atendibles que ha señalado, estima que no es el momento de votar, no parece ser hoy el momento y la circunstancia adecuada para hacerlo; más aun cuando el tema no ha sido considerado ni estudiado por el Senado, ni por ninguna de sus Comisiones.

En lo que tiene que ver con nuestro Partido, debo decir que fue presentado el proyecto en la Cámara de Representantes, y está a estudio de una de sus Comisiones.

En cuanto a la referencia que hace el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de que bastaría con que las fuerzas políticas que están de acuerdo con el sistema -y descuento que nosotros estamos involucrados en su expresión- procedieran a votar ahora para aprobar su propuesta, ello como argumento determina que en todos los proyectos en estudio puede invocarse puesto que nos encontraremos en la misma situación, y aún podría hacerse como aditivo de la Ley Forestal o de cualquier otra y siempre se podrá decir que si estamos de acuerdo y vamos a votar, lo hagamos conjuntamente en relación al proyecto de ley que estuviere en estudio.

Hemos presentado nuestro proyecto luego de estudiarlo; está a consideración de la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes y el Partido Nacional ha manifestado inequívocamente su voluntad. Todo ello define claramente nuestra actitud, pero sin perjuicio de ello consideramos que no es ésta la oportunidad ni el momento de votarlo.

Estamos considerando un proyecto de ley que, como se dice en su introito, ni siquiera es fruto de un acuerdo, pero sí de conversaciones sostenidas entre los dos partidos. Nos parece que estaría totalmente fuera de lugar que el Partido Nacional votara 228 artículos que son el producto de las conversaciones mantenidas con el Partido Colorado y, a renglón seguido, diera vuelta la página y se dirigiera a otro sector de los que se sientan en el Senado y le dijera que, a continuación, con ellos, va a votar 15 artículos. No es la manera adecuada de conducirse una colectividad política. Tenemos este proyecto que vamos a aprobar, tal como lo hemos convenido, con la amplia apertura que tuvimos en su discusión y consideración, lo que nadie podrá negar. Con respecto al tema que se plantea, sólo diremos que está en la Cámara de Representantes, y que el Partido Nacional ha manifestado inequívocamente su voluntad favorable. Seguiremos transitando nuestros criterios en la forma que fijemos nosotros y que no ha de ser la que se nos determine por parte de Legisladores que no pertenezcan a nuestra colectividad.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Simplemente deseo hacer una reflexión sobre este asunto.

No es mi posición la de exigir a ningún partido que vote sorpresivamente estas normas. Pero quiero señalar que cuando se empezó el estudio de este proyecto, frente al capítulo estructurado por el Poder Ejecutivo en relación a los funcionarios y su redistribución, cuando me tocó intervenir en la Subcomisión designada por la de Presupuesto integrada con Hacienda, hice notar ante el Director la Oficina del Servicio Civil, que ya que estábamos tratando esas normas -de las cuales hoy se incorporan todas las que envió el Poder Ejecutivo- era necesario incluir las relativas al ingreso a la Administración Pública. Todos estamos cansados de escuchar que ésta tiene funcionarios ineficientes y en exceso, pero nunca tomamos la medida para dignificar la función pública haciendo que los funcionarios que ingresen a ella en las distintas categorías, tengan las condiciones exigibles para que la Administración se desarrolle de la mejor forma posible. Esto lo dice quien integró la Administración, porque siempre sintió esas críticas como un agravio que se le infería a ella, cuando en realidad, todo dependía de la forma de ingreso. Digo esto, señor Presidente -y también lo expresé en la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la de Presupuesto- sabiendo que estos 228 artículos son inconmovibles.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: como se sabe, el tema que se aborda lleva años de reflexión en el país. Recuerdo algunas polémicas surgidas sobre él durante mi niñez. También recuerdo que en una oportunidad previa e inmediata a un cambio de Gobierno en mi temprana juventud, se habló mucho del asunto.

En el sector "Libertad y Cambio" del Partido Colorado existe un proyecto al respecto que, en términos generales, cuenta con el apoyo de la colectividad política a la que pertenezco. Sin embargo, por las razones que en nombre de mi bancada ha expuesto el señor senador Cigliuti, con la brillantez que le es característica, consideramos que no es el momento de resolver el punto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo en debate.

(Se vota:)

-6 en 24. Negativa.

Dése cuenta de otro artículo aditivo llegado a la Mesa.

Léase.

(Se lee:)

"Agrégase a la Ley Nº 15.783, del 28 de noviembre de 1985, el siguiente artículo: Las Juntas Departamentales serán competentes en la sustanciación y resolución de las reclamaciones de derechos otorgados por esta ley, formuladas por quienes fueren sus funcionarios al 27 de junio de 1973. Esta disposición será aplicable aún cuando con posterioridad a esa fecha el reclamante hubiere sido redistribuido o hubiere optado ser redistribuido".

SEÑOR ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO. - Muy brevemente voy a dar el fundamento de esta propuesta.

En ocasión de producirse el golpe de Etado el 27 de junio de 1973, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de facto, fue la intervención de las Juntas Departamentales y de todo órgano deliberante o parlamentario, así como lo hizo con el Poder Legislativo a nivel nacional. El funcionariado perdió el acceso físico al lugar de trabajo hasta que en algunos casos, muy pocos, se les autorizó a reintegrarse a las Juntas Departamentales.

En la mayoría de los casos se les redistribuyó con destino a las Intendencias Municipales respectivas y, en otros, pasaron a diferentes reparticiones del Estado.

A partir de ese momento, ya se había operado lo que llamamos la primera agresión a los derechos de los funcionarios en cuanto a ejercer sus labores dentro del ámbito y en las oficinas que les correspondía, amén de otros agravios sufridos desde el punto de vista escalafonario, de las retribuciones y de la naturaleza concreta de las tareas que cumplían. A posteriori, se produjeron otras redistribuciones por disposición de la autoridad. Incluso se dio la posibilidad de que esos funcionarios optaran por ser redistribuidos o no, opción que se producía, evidentemente, bajo un estado muy claro de compelimiento.

Hago esta referencia histórica porque tiene consecuencias muy graves en lo que se refiere a la aplicación de la Ley Nº 15.783, donde se da un fenómeno poco menos que kafkiano de un grupo de funcionarios de Juntas Departamentales que se encuentra con que ningún organismo asume competencias en relación a los derechos que pudieran tener con el amparo de la citada ley. Es decir que cuando concurren ante las Juntas Departamentales, éstas les contestan que no son competentes porque ya habían pasado a las Intendencias Municipales. Cuando se presentan ante éstas -por lo menos es el caso de la de Montevideo- por consejo de la Asesoría Letrada también declina competencias sosteniendo que eran funcionarios originarios de las Juntas Departamentales.

Estos funcionarios no sólo no tienen respuesta para su deseo de ser reintegrados a sus funciones sino que, en algunos casos, cuando no tendrían derecho al reintegro efectivo, sino a la jubilación, ni siquiera encuentran quién les diga que tienen derecho a ser jubilados de acuerdo al tenor de la Ley Nº 15.783.

Este problema se resuelve no con alguna disposición que pueda modificar o alterar lo que es la filosofía de esa ley, sino con un artículo que defina y clarifique lo que es el ámbito de competencias para entender y resolver con respecto a la solicitud de los funcionarios que se sienten agraviados y buscan su amparo.

Este es el sentido de esta disposición y, por lo tanto, no introduce modificaciones sustanciales en cuanto al alcance de los derechos que da la Ley Nº 15.783; simplemente define, de una vez por todas, quién debe entender y quién debe resolver en estos expedientes.

Es obvio que la solución más racional es darle competencias a las Juntas Departamentales, porque siendo esos funcionarios originarios de ellas, es allí donde se produce, digamos, el primer agravio a sus derechos como tales. Este es el sentido y la razón que tiene esta propuesta que hemos presentado ante el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto.

(Se vota:)

-6 en 23. Negativa.

En consideración el artículo aditivo que figura en segundo lugar del repartido que obra en poder de los señores senadores.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - A mí me parece que con todos los aditivos que figuran en este repartido, ocurre lo mismo.

Sobre este tema el Partido Nacional ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes pero sucede lo mismo que con los otros aditivos.

Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en votar aquellos artículos que estaban en la Rendición de Cuentas frustrada y que habían recibido aprobación en las Cámaras de Representantes y Senadores. Tomamos el texto de aquella rama del Poder Legislativo que ya había sido objeto de consideración y de debate durante el trámite de la Rendición de Cuentas.

En lo que respecta al Partido Nacional debo señalar en relación a estos artículos, que nosotros estamos de acuerdo con ellos, pero nos parece que estaríamos violando un acuerdo que hemos realizado con el Partido Colorado, en el sentido de votar los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas que no logró sanción. Francamente, más que su lectura y análisis, ese es el punto que interesa.

Luego de varias horas de discusión creo que lo que corresponde es someterlos a votación en forma conjunta sin la lectura ni análisis de los mismos, puesto que ya los tenemos repartidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -La lectura de estos artículos ya había sido suprimida por decisión del Senado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Como siempre, soy muy respetuoso de las posiciones que cada organización política o cada senador adopta con respecto a cada tema; pero tenemos la obligación de realizar alguna precisión cuando las afirmaciones que se hacen no coinciden plenamente con los hechos.

Los señores senadores que integran los Partidos Nacional y Colorado son dueños de realizar los acuerdos que deseen. Han hecho uno; no era, entonces, una disposición abierta para diversas consideraciones puesto que han sido presentados artículos cuyo contenido se comparte pero no se votan porque ello representaría dejar de costado el acuerdo.

Asimismo, este acuerdo no versa sólo sobre los artículos que podían ser rescatados de la fallida Rendición de Cuentas porque, de otra manera, no estaría en él el artículo 145 que nada tuvo que ver, nunca, con ninguna etapa del trámite de la frustrada Rendición de Cuentas.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Concordante con lo que acaba de manifestar el señor senador Zumarán debo señalar que se han tomado e incorporado a este proyecto, en cierta manera sustitutivo de la Rendición de Cuentas, aquellos artículos que hablan merecido la sanción de la Cámara de Senadores primero y de la de Representantes con posterioridad.

Entre otros artículos está el referido a lo dispuesto por el artículo 2º y literal B del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.206, que se relaciona con los límites de edad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Esta disposición fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes. Es seguro que no se incluyó por inadvertencia, en el texto de los que aprobamos.

Como sobre este problema hubo una manifestación de voluntad por parte de ambas Cámaras, considero que esa situación debe ser ratificada en oportunidad en que el Cuerpo va a votar este capítulo de disposiciones diversas referentes a los distintos servicios del Estado.

Por lo tanto formulo moción en el sentido de que se desglose su tratamiento del repartido en que figuran los artículos aditivos.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Se trata del penúltimo artículo aditivo que obra en el repartido.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador para que se voten todos los artículos en conjunto con excepción del que se ha hecho referencia.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los restantes artículos aditivos en conjunto con excepción del mencionado por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-6 en 21. Negativa.

(Los artículos aditivos que resultaron votados negativamente son los siguiente:)

"Artículo . - Amplíase en sesenta días a contar desde la entrada en vigencia de esta ley, el plazo fijado por el artículo 2º de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985. Dentro del mismo término, podrán también optar por la jubilación o reforma, las personas amparadas por la mencionada ley que ya hubieran reingresado a la administración pública.

Art. - Modifícase el artículo 28 de la Ley número 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 28. - Créase una Comisión Especial, de carácter honorario, que se integrará con los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Ley número 15.757, de 15 de julio de 1985). Ella se reunirá con la frecuencia que exija el rápido diligenciamiento de los asuntos sometidos a su consideración. A los solos efectos de la aplicación de la presente ley, dicha Comisión tendrá los siguientes cometidos:

A)Entender y resolver sobre las solicitudes de reincorporación que, conforme con esta ley, deben formularse directamente ante la propia Comisión y sobre aquellas que les sometan las autoridades administrativas competentes o los reclamantes, según lo dispuesto por los incisos segundo y cuarto del artículo 69.

B)Asesorar a los organismos respectivos, a requerimiento de éstos, sobre la aplicación de la presente ley.

C)Instruir informaciones sumariales y adoptar resolución, en los casos indicados por el artículo 3º.

Art. - Modifícase el inciso cuarto del artículo 29 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que quedará redactado de la siguiente forma:

"La resolución de la Comisión deberá dictarse dentro de los treinta días de efectuadas las audiencias correspondientes. En los casos de denegatoria, se expresarán precisamente los fundamentos de la decisión. Es preceptivo el informe previo de la Asesoría Letrada de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el que dará agregado al expediente."

Art. - Modifícase el artículo 31 de la Ley número 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 31. - Serán admisibles todos los medios de prueba previstos por nuestro ordenamiento jurídico. La prueba se apreciará de conformidad con el principio de la sana crítica. Excepcionalmente, la Comisión fundará sus decisiones en la convicción moral de sus integrantes. La valoración de las pruebas producidas se efectuará atendiendo a la situación imperante en la República durante el período en que, según las prescripciones de esta ley, la destitución debe haberse producido. En consecuencia, se tendrá por acreditado el derecho del reclamante cuando hubiere indicios suficientes para fundar la razonable convicción de que se verificaron los requisitos indicados por el artículo 1º, salvo que se demostrare por la Administración que ellos no se han cumplido en el caso concreto."

Los criterios indicados en el inciso precedente, son aplicables en todas las etapas procesales previstas por esta ley, cualquiera sea la autoridad actuante.

Art. - Agrégase al final del Capítulo V de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, el siguiente artículo:

"ARTICULO 33 bis. - Cuando resultare del expediente que el organismo inicialmente requerido omitió la recepción de pruebas, dejó de adoptar resolución, o decidió el asunto sin la correspondiente instrucción previa, la Comisión Especial procederá de oficio a devolver las actuaciones, notificando de inmediato al interesado. Procederá de igual modo a petición de parte, cuando mediaren las circunstancias antes indicadas. El organismo al que se haya devuelto el expediente, dispondrá sin demora el cumplimiento de los actos omitidos."

Art. - Declárase por vía interpretativa que las personas amparadas por la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no deberán en ningún caso acreditar extremos de asiduidad, permanencia, periodicidad ni de otro carácter, fuera de los expresamente determinados en las disposiciones de la propia ley.

Art. - Decláranse comprendidas en las prescripciones de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, a los funcionarios de la Compañía del Gas, de EFCSA y del Frigorífico Fray Bentos que, dentro de los plazos y en las condiciones determinadas por la citada ley, hubieran sido destituidos (artículo 19 de dicha ley), por motivos políticos, ideológicos, gremiales, o por mera arbitrariedad"

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en penúltimo lugar del repartido que obra en poder de los señores senadores y al que se refirió expresamente el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-12 en 22. Afirmativa.

(El texto del artículo aditivo aprobado es el siguiente:)

Artículo - Lo dispuesto por el artículo 20 y literal B) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, referente a límites de edad, no será aplicable a los funcionarios que hayan sido o sean restituidos al amparo de las Leyes Nº 15.737 y Nº 15.783, de 8 de marzo de 1985 y 28 de noviembre de 1985, respectivamente, durante un período de cinco años computables a partir de la fecha de su reintegro a dicho Ministerio, a los efectos de la recomposición de su carrera funcional prescrita por la última ley citada.

Verificada dicha recomposición, permanecerán en la condición presupuestal de su restitución, hasta tanto se dicte la norma legal pertinente de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985."

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Simplemente para dejar constancia de nuestro voto afirmativo respecto a la proposición que se formuló.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Reitero el criterio que ya expuse con respecto a que nosotros hemos votado todo lo que estaba contenido en el acuerdo al cual arribamos con el Partido Colorado y que se refería a todas las disposiciones que salieron aprobadas de la Cámara de Representantes -y ésta estaba incluida- así como los siguientes tres puntos: Tributación Agropecuaria, Redistribución de Funcionarios Públicos y los Contratos o Convenios con los organismos internacionales.

En eso consistió el acuerdo y es lo que hemos votado en la noche de hoy, más aquellos otros artículos sobre los cuales hubo conformidad en aprobar por parte de las tres bancadas.

Por consiguiente no hemos incurrido en incoherencia ni tergiversación alguna cuando no hemos acompañado con nuestro voto el aditivo respecto al ingreso a la función pública y el referido a los destituidos. Con relación a estos temas el Partido Nacional presentó las iniciativas correspondientes en la Cámara de Representantes. Sin embargo, como señaló el señor senador García Costa, no nos pareció serlo llegar a un acuerdo con el Partido Colorado para votar más de 200 artículos, y luego de haber cumplido con ello, continuar votando otros que no contaban con el apoyo de dicho partido.

En síntesis, ese ha sido el contenido del acuerdo, al que se llegó con el objeto de salvar importantes disposiciones para la administración pública de la frustrada Rendición de Cuentas, no sólo por su número sino por su contenido.

Nada más.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en acuerdo con los señores legisladores del Partido Nacional hemos votado estas disposiciones y hemos visto que muchas de ellas fueron también acompañadas con el voto de los señores senadores del Frente Amplio.

Nuestra bancada no votó los artículos aditivos propuestos por considerar -lo dijimos más de una vez- que éste no era el momento ni la oportunidad para tratar asuntos relacionados con materias específicas que están siendo objeto de análisis por parte del Parlamento.

De acuerdo a ese criterio tampoco votamos afirmativamente la propuesta formulada por el señor senador Tourné. Lo hicimos, no por no aceptar la Información de dicho señor senador, sino porque entendimos no correspondía la votación de ninguna disposición fuera de las que habían sido acordadas. Esa es la razón por la cual este asunto, que fue aprobado, no contó con los votos del Partido Colorado, así como tampoco contaron con nuestro voto los artículos que no fueron aprobados.

Nos complace señalar, señor Presidente, que se ha aprobado un proyecto de ley con el objeto de corregir lo más posible una situación creada. Además entiendo que marca un paso legislativo positivo en el sentido de solucionar otras situaciones. Asimismo pensamos que el acuerdo político alrededor de temas concretos, como el que ha cristalizado esta noche, debe ser considerado como un camino fructífero para lograr soluciones de conveniencia general.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Por Secretaría se procederá a efectuar la reordenación de los números de los artículos, según corresponda.

El artículo que figura con el número 230 en el proyecto de ley en debate, es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Las partidas establecidas en la presente ley son con cargo a los recursos de Rentas Generales previstos para financiar la Rendición de Cuentas 1985 y a valores del 1º de enero de 1986.

Dichas partidas se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 2º - Los proyectos de racionalización a que refiere el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 deberán ser presentados dentro de los treinta días de promulgada la presente ley y una vez aprobados por el Decreto del Poder Ejecutivo tendrán vigencia desde el 1º de julio de 1986.

Derógase el literal g) del artículo 53 de la Ley N° 15.809 mencionada.

CAPITULO II
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

Art. 3º - Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 29. - El Escalafón Técnico Profesional "A" comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden acceder los profesionales que posean título universitario de:

Ingeniero Agrónomo
Arquitecto
Contador Público
Economista
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración
Abogado
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
Escribano Público
Licenciado de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Ingeniero Agrimensor
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval
Ingeniero Electricista
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Químico
Doctor en Medicina
Doctor en Odontología
Químico
Químico Industrial
Químico Farmacéutico
Veterinario
Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria.

Los títulos deberán haber sido expedidos, reconocidos o revalidados por las autoridades competentes, así como los títulos legalmente equivalentes a los profesionales citados precedentemente".

Art. 4º - Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

ARTICULO 30. - El Escalafón Técnico Profesional "B", comprende los cargos y contratos de función pública de quienes hayan obtenido una especialización de nivel universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado. También incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente a tres años de carrera universitaria incluida en el Escalafón Técnico Profesional "A".

Art. 5º - Sustitúyese el artículo 41 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 41. - El Escalafón "N" Judicial, comprende los cargos correspondientes al ejercicio de la función jurisdiccional, los de Secretario de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como todos los cargos y funciones legalmente equiparados a los mismos, cuando sus tareas tengan análoga naturaleza."

Art. 6º - Los grados máximos en los Escalafones a que refiere el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, serán: de Servicios Auxiliares, Grado 14; de Oficios, Grado 19; Especializado y Administrativo, Grado 20; Técnico y Docente de otros organismos, Grado 21 y Profesional Universitario, Grado 22.

Art. 7º - Los funcionarios presupuestados o contratados de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo que se encontraren prestando funciones en comisión en Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y el personal de éstos que estuviere cumpliendo tareas en la misma calidad de otro Ente Autónomo o Servicio Descentralizado o en los órganos y organismos del Poder Ejecutivo al 30 de junio de 1986, podrán optar por su incorporación a ellos, de acuerdo a las siguientes condiciones:

A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

B) Sólo podrán optar aquellos funcionarios que cuenten con más de seis meses de antigüedad en la oficina de destino, al 31 de diciembre de 1986.

C) Cuando se trate de funcionarios presupuestados, la incorporación se realizará mediante la habilitación de un cargo en el último grado ocupado del escalafón respectivo, suprimiéndose en la repartición de origen el cargo correspondiente.

D) Cuando se trate de contratados se suprimirá el monto necesario en el crédito de la oficina de origen, incorporándose a la de destino.

E) La incorporación no podrá significar disminución de la retribución del funcionario y, en su caso, la diferencia se considerará compensación inmodificada.

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo o por el organismo de destino cuando corresponda, previa conformidad expresa del jerarca de la oficina de origen, con informe favorable de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su caso.

Art. 8º - El cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Oficina Nacional del Servicio Civil por el artículo 4º literal j) de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, se regirá por las disposiciones siguientes.

Art. 9º - Las necesidades de personal de la Administración Central serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes por los Jerarcas de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, ya sean presupuestados o contratados con carácter permanente de los escalafones civiles. Exceptúase a los funcionarios incluidos en los escalafones docentes y del Servicio Exterior y a quienes revistan en cargos políticos y de particular confianza.

Art. 10. - Los jerarcas de los Incisos dependientes del Poder Ejecutivo y la autoridad competente en el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, comunicarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil la nómina de personal que, por resolución fundada emergente de reestructura o supresión de servicios haya sido declarado excedente.

Dicha declaración deberá contar además con la conformidad expresa del funcionario. De no existir conformidad del mismo, la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá evaluar las razones fundadas expuestas por el jerarca y por el funcionario y resolverá en definitiva en acuerdo con el Ministerio correspondiente, en un plazo de noventa días.

Art. 11. - Transcurrido un plazo de dieciocho meses a contar desde la fecha de la inclusión del funcionario en el registro de personal declarado excedente que lleva la Oficina Nacional del Servicio Civil, sin que el mismo haya podido ser reubicado, caducarán los efectos de la declaración de excedente.

Una vez producida la caducidad a que refiere el inciso anterior, el funcionario no podrá ser declarado excedente nuevamente hasta después de transcurrido un año a contar desde la fecha en que aquélla se produjo.

Art. 12. - El funcionario incluido en la nómina de personal a redistribuir deberá continuar trabajando en su Organismo de origen hasta que comience a prestar funciones en su nuevo destino.

La declaración de personal a redistribuir no afectará los derechos y deberes derivados de la vinculación funcional con su oficina de origen.

Art. 13. - Los funcionarios públicos que se encuentren cumpliendo tareas en comisión en un organismo comprendido en un Inciso presupuestal diferente a aquél en el que revistan, no podrán ser declarados excedentes hasta después de transcurridos seis meses a contar desde la fecha en que dicha comisión haya cesado.

Art. 14. - La formulación de necesidades adicionales de personal deberá ser comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que estará facultada a instrumentar los mecanismos para satisfacer las mismas, previo los estudios técnicos pertinentes.

Art. 15. - La redistribución de funcionarios se efectuará por la autoridad que corresponda, previa conformidad del jerarca de la repartición de destino. Tratándose del Poder Ejecutivo se requerirá el acuerdo del Ministro de Economía y Finanzas y de los Ministros que correspondan en su caso. La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración de las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones de incorporación.

Art. 16. - Cuando se realice la redistribución, el cargo o función redistribuido y su dotación deberán ser suprimidos en la repartición de origen, habilitándose en la de destino. La inclusión del funcionario en la respectiva planilla presupuestal de destino no podrá exceder el término de sesenta días a partir de la aprobación del acto administrativo de incorporación.

A los efectos indicados precedentemente, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aplicarán en su caso los mecanismos presupuestales correspondientes.

Art. 17. - En la oportunidad de la habilitación del cargo o función a que refiere el artículo precedente, la fijación de la retribución correspondiente deberá atender las siguientes bases:

a) En ninguna circunstancia la redistribución podrá significar disminución de la retribución que el funcionario percibe a la fecha de su incorporación.

b) Cuando se efectúe la adecuación presupuestal para incorporar el cargo o función, se comparará la retribución que le corresponde en la oficina de destino con la que el funcionario posee en la oficina de origen. Si la retribución que le corresponde al cargo o función en la oficina de destino es igual o superior a la que el funcionario percibía en la oficina de origen, se asignará a aquélla.

Si fuera menor, la diferencia resultante se entenderá como compensación al funcionario, y en todos los casos llevará los aumentos que se fijan para el sueldo básico.

Art. 18. - Si la redistribución implicara cambio de la localidad donde tiene su sede la repartición de origen del funcionario, previamente se necesitará su conformidad expresa.

Art. 19. - Podrán solicitar su Inclusión en la nómina de personal a redistribuir, los funcionarios que se detallan, pertenecientes a instituciones comprendidas en el sistema de redistribución regulado por la presente ley.

1º - Quienes reúnan las condiciones necesarias para ocupar cargo o funciones de los Escalafones "A" (Técnico Profesional) y "B" (Técnico Profesional) previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, poseedores de títulos habilitantes que no constituyan requisito para desempeñar el cargo o función en el que revistan y cuyos conocimientos no pudieran ser debidamente aplicados en el organismo donde cumplen funciones.

2º - Quienes posean los conocimientos, aptitudes o habilidades para desempeñar cargos o funciones de los Escalafones "D" (Especializado) y "E" (Oficios) previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y no los puedan aplicar debidamente en la Institución donde prestan servicios.

3º - Los cónyuges de funcionarios públicos que, por razones de servicio, desempeñan funciones en localidades diferentes, y deseen prestar servicios en la misma localidad.

Asimismo, de ser necesario, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá requerir de los organismos la información sobre la existencia de tales situaciones y en caso afirmativo, proponer a éstos la inclusión del funcionario en la nómina citada previa su aceptación expresa.

Art. 20. - El Poder Ejecutivo o la autoridad competente en su caso, modificará en el acto administrativo de incorporación la denominación del cargo o función y el escalafón de los funcionarios redistribuidos conforme con e] artículo anterior. En el caso del personal contratado con carácter permanente deberá establecer las nuevas funciones que le serán asignadas a dicho personal en la repartición de destino.

Las modificaciones señaladas se realizarán previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y según corresponda, de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Art. 21. - El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina del Servicio Civil reglamentará el presente régimen de redistribución de funcionarios públicos, dentro del plazo de sesenta días a partir de la promulgación de esta ley.

Art. 22. - Sustitúyese el inciso segundo literal j) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La redistribución del personal excedente no podrá significar, en ningún caso, lesión de los derechos de los funcionarios".

Art. 23. - El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas de la República, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales podrán aplicar el régimen de redistribución creado por esta ley.

Art. 24. (Transitorio). - El régimen de redistribución regulado por los artículos precedentes se aplicará en lo pertinente, a los funcionarios públicos que fueron declarados excedentes por sus respectivos organismos entre el 19 de noviembre de 1985 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya declaración haya sido comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Art. 25. (Transitorio). - Aquellos funcionarios comprendidos en la situación prevista en el artículo anterior que ya se encuentren cumpliendo funciones en otras reparticiones públicas y cuya aceptación expresa haya sido comunicada por éstas a la Oficina Nacional del Servicio Civil, serán redistribuidos definitivamente a dichos organismos, para lo cual deberán tomarse en consideración las tareas que actualmente desempeñan para la asignación del escalafón respectivo, previa conformidad del funcionario.

A esos efectos, la Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará y someterá a consideración dé las autoridades pertinentes las correspondientes resoluciones.

Art. 26. - La redistribución de funcionarios dentro del Ministerio de Educación y Cultura, a unidades ejecutoras cuyos cargos estén equiparados a otras unidades del Presupuesto Nacional, no podrá efectuarse por grados superiores al último grado ocupado del escalafón y serie de cargos correspondiente de la unidad de destino.

Art. 27. - Los cargos presupuestales de carrera en los siguientes escalafones o grupos ocupacionales de los órganos y organismos del Poder Ejecutivo quedarán sujetos a la clasificación de cargos que se establece por la presente ley:

A) Personal Técnico Profesional
B) Personal Técnico Profesional
C) Personal Administrativo
D) Personal Especializado
E) Personal de Oficios
F) Personal de Servicios Auxiliares
J) Personal Docente de otros Organismos
R) Personal no incluido en escalafones anteriores

La misma se aplicará a los contratos de función pública en lo que sea pertinente.

Art. 28. Cuando una especialización pueda estar comprendida en más de un grupo ocupacional o escalafón, se podrán agrupar en uno solo de ellos las correspondientes series de cargos, de modo de mantener una adecuada carrera administrativa a los funcionarios con tales especializaciones.

Art. 29. - Una serie de cargos es el ordenamiento jerárquico de clases de cargos de análoga naturaleza diferenciados entre sí por su nivel de complejidad, jerarquía y responsabilidad.

Art. 30. - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá la supervisión del sistema de clasificación de cargos, el cual será la base del proceso de equiparación de los funcionarios de la Administración Central.

A tal efecto los diferentes organismos elaborarán la clasificación de cargos primaria de acuerdo a las pautas y supervisión técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la presentarán a su consideración y posterior elevación al Poder Ejecutivo.

A la estructura de cargos clasificados en la forma establecida precedentemente, se asignarán en forma tentativa los grados que puedan corresponder de la tabla de sueldos, por parte de una Comisión Asesora integrada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Contaduría General de la Nación y será elevada a consideración del Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General

Art. 31. - Decláranse comprendidos en el régimen consagrado en el artículo 21 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, a los funcionarios públicos presupuestados o contratados que, a partir del 15 de febrero de 1985, hayan ocupado cargos políticos o de particular confianza y que continuaron ocupándolos a la fecha de promulgación de la citada ley.

Art. 32. - Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y Legisladores Nacionales, a solicitud expresa de éstos y previa autorización del jerarca del Organismo donde el funcionario presta servicios.

Los Legisladores Nacionales, en ningún caso, podrán tener más de dos funcionarios en comisión simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud, salvo que éste o el jerarca del organismo de origen resolvieran dejar sin efecto el pase en comisión, por razones inherentes al servicio.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud, manteniendo el funcionario todos los derechos en la oficina de origen y en particular los referidos a la remuneración y al ascenso.

Art. 33. - Derógase el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

CAPITULO III
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Art. 34. - Créase un fondo para apoyar la cooperación técnica económica internacional de hasta N$ 8:000.000 nuevos pesos ocho millones) anuales, que será administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destinado a complementar el financiamiento de las contra partidas nacionales, así como las obligaciones contraídas por el país para la ejecución de actividades vinculadas con programas de cooperación internacional, derivados de acuerdos bilaterales y multilaterales.

Art. 35. - Autorízase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a microfilmar los "Libros de Registración de Comunicaciones Iniciales y Complementarias del Registro General de Sumarios Administrativos".

Las copias de los microfilmes tendrán validez legal de testimonio fiel.

Art. 36. - Establécese que la facultad otorgada por el artículo 362 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para contratar al personal eventual especializado, no administrativo, será aplicable a la "Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín", en las condiciones que se detallan en la citada norma.

Art. 37. - Créase una tasa a la expedición de las matrículas previstas en las Leyes Nº 12.091, de 5 de enero de 1954 y Nº 10.945, de 10 de octubre de 1947, la que tendrá vigencia anual y el monto en moneda nacional equivalente a los valores que a continuación se establecen:

A)

Para embarcaciones deportivas menores de 6 toneladas

1

UR

B)

Para embarcaciones deportivas mayores de 6 toneladas

3

UR

C)

Para embarcaciones de tráfico de puerto:  

  

- hasta 20 TRN   

1,5

UR

  

- de más de 20 a 40 TRN  

2,5

UR

  

- más de 40 TRN   

5

UR

D)

Para embarcaciones de tráfico limítrofe:  

  

- hasta 100 TRN   

25

UR

  

- de más de 100 a 250 TRN  

35

UR

  

- de más de 250 a 500 TRN  

50

UR

  

- más de 500 TRN   

75

UR

E)

Para embarcaciones de pesca:  

  

- de 50 a 100 TRN   

7,5

UR

  

- más de 100 TRN   

10

UR

F)

Para embarcaciones de carga:  

  

- hasta 50 TRN   

3

UR

  

- de más de 50 a 100 TRN  

5

UR

  

- de más de 100 a 250 TRN  

10

UR

  

- de más de 250 a 500 TRN  

15

UR

  

- de más de 500 TRN  

25

UR

G)

Para embarcaciones de ultramar:  

  

- hasta 1.000 TRN   

25

UR

  

- de más de 1.000 a 2.500 TRN  

50

UR

  

- más de 2.500 TRN  

75

UR

Lo recaudado por estos conceptos será vertido en el fondo "Salvaguarda de la Vida en el Mar", creado por el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, siguiendo los procedimientos y contralores establecidos en el mismo. La falta de la matrícula será causal de impedimento de despacho de las embarcaciones.

Las expresiones TRN y UR corresponden a "Toneladas de Registro Neto" y "Unidades Reajustables", respectivamente.

Art. 38. - Modifícase el artículo 53 de la Ley número 14.106, de 14 de marzo de 1973 y modificativos, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 53. - Autorízase a la Prefectura Nacional Naval a aplicar multas por infracciones marítimas, fluviales y portuarias, por hasta un máximo en moneda nacional equivalente a 1.000 UR (un mil unidades reajustables).

Art. 39. - Autorízanse las siguientes partidas al Ministerio de Defensa Nacional con destino a los proyectos que se indican a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya:

1. N$ 135:600.000 (nuevos pesos ciento treinta y cinco millones seiscientos mil), equivalente a U$S 1:000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América) para el proyecto 779, "Overhaul para Aeronaves".

2. N$ 106:853.000 (nuevos pesos ciento seis millones ochocientos cincuenta y tres mil), equivalente a U$S 788.000 (setecientos ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), para el proyecto 828, "Adquisición de Aeronaves".

Art. 40. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder al Estado un crédito para financiar la compra del buque tanque, con destino a la Armada Nacional, autorizada por el artículo 188 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, sí como a emitir las garantías que puedan requerirse.

Asimismo se autoriza al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar garantías a ANEP y Universidad de la República relacionadas con las Inversiones autorizadas por los artículos 607 y 612 de la Ley Nº 15.809 referida cuyo servicio del financiamiento externo es de cargo de Rentas Generales.

Art. 41. - El Poder Ejecutivo podrá autorizar a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar a los usuarios, como máximo, el costo de los servicios conexos u otros que por su naturaleza no son de su cometido específico, según las tarifas que fije la reglamentación, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 42. - Facúltase a las dependencias del Ministerio del Interior a cobrar el precio de lo depósito de bienes muebles que las autoridades judiciales ordenaren poner bajo su custodia.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente los montos respectivos. Cumplido un año sin que se verifique su pago el Ministerio del Interior podrá solicitar a quien ordenó el mismo, la venta de los referidos bienes en subasta pública, satisfaciendo con su producido el precio del depósito.

El saldo resultante quedará a la orden de la autoridad judicial respectiva y se depositará en institución bancaria del Estado, de modo que se asegure el mantenimiento del valor del depósito.

Art. 43. - El Poder Ejecutivo podrá establecer tiques moderadores por la asistencia que presta la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El importe de los referidos tiques no podrá exceder el 1% (uno por ciento) del sueldo básico perteneciente al cargo de Agente de 2ª. El producido de los mismos integrará el fondo creado por el artículo 86 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Art. 44. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida anual de N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), destinada a solventar los gastos necesarios para atender los Patronatos Departamentales de Encarcelados y Liberados, sujeta a Rendición de Cuentas. Esta partida incrementa la fijada por el inciso cuarto del artículo 199 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en favor del Patronato de Encarcelados y Liberados.

Art. 45. - Autorízase en el Ministerio del Interior una partida de N$ 14:373.600, (nuevos pesos catorce millones trescientos setenta y tres mil seiscientos), que equivale a U$S 106.000 (ciento seis mil dólares de los Estados Unidos de América) con destino a la adquisición de inmuebles de la guardia de coraceros.

Art. 46. -Autorízase una partida de N$ 50: 000.000 (nuevos pesos cincuenta millones) con destino a obras en la cárcel de Canelones.

Art. 47. - Autorízase una partida de N$ 5:000.000, (nuevos pesos cinco millones), por única vez, con destino al "Ministerio del Interior", para reacondicionamiento del local de San Ramón.

Art. 48. - Agrégase al artículo 28 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 49. - El Escalafón "S" Personal Penitenciario, comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas las tareas relacionadas con los estados de reclusión y ejecución de las penas.

Art. 50. - Los funcionarios que, al momento de puesto en vigencia el Escalafón "S" se encontraren desempeñando tareas en dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, podrán optar dentro de los sesenta días siguientes, por pasar a revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario o continuar revistando en el Escalafón "L" Personal Policial. Si no se pronunciaren a título expreso, dentro del término indicado, se entenderá formulada la opción por revistar en el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 51. - Vencido el término establecido en el artículo precedente, se transformarán en cargo del Escalafón "S" Personal Penitenciario, los cargos policiales cuyos titulares hubieren optado por el mismo.

Los cargos vacantes en el programa 009 del Inciso 04 "Ministerio del Interior", se transformarán en cargos del Escalafón "S" cuando éste entre en vigencia.

Art. 52. - Los funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centro de Recuperación que permanecieran en el Escalafón "L" Personal Policial, serán redistribuidos en otras dependencias del Ministerio del Interior, pero seguirán desempeñándose transitoria mente en comisión en sus actuales destinos.

Art. 53. - El Poder Ejecutivo en la próxima instancia presupuestal incluirá, en el Mensaje correspondiente, la estructura del Escalafón "S" Personal Penitenciario, con previsión de los cargos requeridos para el funcionamiento de Sistema Penitenciario Nacional.

Art. 54. - El Poder Ejecutivo determinará el momento en que cesará la comisión de todos o parte de los funcionarios que permanezcan en el Escalafón "L" Personal Policial, en consideración a los requerimientos del servicio.

Art. 55. - Hasta tanto se dicten las normas estatutarias respectivas, serán de aplicación al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario, las normas relativas a los funcionarios policiales.

Art. 56. - Los funcionarios del Escalafón "S" Personal Penitenciario estarán afiliados al Banco de Previsión Social, con excepción de los Indicados en el inciso siguiente.

Los funcionarios que de acuerdo con los artículos anteriores dejen de revistar en el Escalafón "L", mantendrán los derechos jubilatorios y beneficios sociales que correspondan al personal policial. A los fines del derecho a la jubilación o pensión el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales continuará sirviendo a las prestaciones y considerará para el cálculo de los haberes como policiales, los servicios prestados como penitenciarios.

Art. 57. - Extiéndese la autorización establecida en el artículo 53 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al personal del Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Esta autorización no podrá implicar incremento de crédito presupuestal y entrará en vigencia simultáneamente con el Escalafón "S" Personal Penitenciario.

Art. 58. - Autorízase en el Ministerio de Economía y Finanzas una partida anual de N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil) con destino a la realización de estudios de mercados y de productos y a solventar gastos que demande la participación de la República en ferias y exposiciones internacionales, para la promoción de nuestros productos exportables.

Art. 59. - La Contaduría General de la Nación aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los recursos a que refiere el artículo 59 de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, sustituido por el artículo 117 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la siguiente forma:

A) 50% (cincuenta por ciento) al funcionamiento y equipamiento del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación.

B) 50 % (cincuenta por ciento) con destino a la capacitación y promoción social de sus recursos humanos.

Art. 60. - Las visitas de inspección, las auditorias y actuaciones que realice la Inspección General de Hacienda, sobre la actividad de personas físicas o jurídicas de derecho privado excepto cooperativas, de los Ente Autónomos y Servicios Descentralizados Comerciales e Industriales, u organismos públicos que dispongan de fondos no provenientes de Rentas Generales, serán abonadas por los mismos, salvo que se realicen de oficio.

El costo no podrá exceder del monto de las retribuciones de los funcionarios afectados por el tiempo que fueran destinados al cumplimiento de la tarea solicitada.

Art. 61. - Autorízase a la Dirección General Impositiva a proceder a la destrucción y eventual venta de los residuos resultantes de los formularlos de declaración jurada y pago de tributos recaudados por dicha oficina, cuando hubieren transcurrido doce años contados a partir de la fecha del archivo de la mencionada documentación.

Art. 62. - Autorízase, por única vez, a la Contaduría General de la Nación, a realizar un concurso entre los funcionarios del Escalafón "F", Personal de Servicios Auxiliares, que a la fecha 30 de junio de 1986 se encontraren desempeñando tareas propias del Escalafón "C", Personal Administrativo.

Quienes aprueben el concurso que al efecto disponga la Oficina Nacional del Servicio Civil, ingresarán en los cargos inferiores del Escalafón "C", que resulten vacantes luego de efectuadas las correspondientes promociones.

Art. 63.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. y sin perjuicio de la facultad concedida al Poder Ejecutivo, declárase como servicio permanente y extraordinario, la solicitud de permiso de importación cualquiera fuere el horario que requiera el servicio.

A dichos efectos la Dirección Nacional de Aduanas percibirá de los usuarios por cada permiso de importación, la tarifa que corresponda a la siguiente escala:

De U$S

500

hasta U$S

1.000

U$S

10

De U$S

1.001

hasta U$S

2.000

U$S

25

De U$S

2.001

hasta U$S

8.000

U$S

40

De U$S

8.001

hasta U$S

30.000

U$S

90

De U$S

30.001

hasta U$S

100.000

U$S

200

De U$S

100.001 en adelante

U$S

500

Art. 64. - Fíjase en N$ 500 (nuevos pesos quinientos), el precio de las planillas de contralor que expida la Dirección Nacional de Subsistencias conforme a lo establecido por el articulo 52 de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947.

Dicho precio se actualizará anualmente en la oportunidad y forma que establece el artículo 277 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Art. 65. - Lo recaudado por concepto de cobro de la planilla de contralor establecido en el articulo anterior, será administrado por la Dirección Nacional de Subsistencias bajo los rubros que correspondan a la actividad a desplegar por dicha Dirección Nacional a través de sus Direcciones de Abastecimiento, Defensa del Consumidor, Comercial y Administrativa, no pudiendo en ningún caso imputarse a retribuciones personales.

Art. 66. - Establécese que los recursos previstos en el Decreto-Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, no están comprendidos en la limitación dispuesta por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 67. - Modifícase el inciso segundo del artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La convocatoria incluirá información sobre el número de estudiantes que serán admitidos cada año en los cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior y que no podrá exceder del doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la convocatoria".

Art. 68. - Agréganse al artículo 37 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 296 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los siguientes incisos:

"Las disposiciones del inciso precedente referidas al régimen de trabajo bajo contratación, no regirán para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que resulten aspirantes seleccionados, quienes continuarán perteneciendo a sus cuadros presupuestales. Durante el tiempo en que asistan a los cursos de formación, prestarán funciones en las mismas condiciones que los demás participantes de dichos cursos".

Art. 69. - Modifícase la parte final del artículo 38 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 297 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, la que quedará redactada de la siguiente forma:

"El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido en la referida lista".

Art. 70. - Los funcionarios del Servicio Exterior vinculados por matrimonio, no podrán ejercer funciones permanentes en él exterior en forma simultánea, en la misma zona regional.

Cuando uno de los cónyuges sea destinado a desempeñar funciones permanentes en el exterior, el otro podrá solicitar licencia especial para acompañar al primero en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período que el cónyuge destinado al exterior permanezca en tal situación y sólo podrá autorizarse una sola vez a cada cónyuge.

El cónyuge que se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación. La presente disposición no alcanza a los cónyuges que hayan contraído matrimonio antes de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 71. - Previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cónyuges de los funcionarios del Escalafón "M" a que se refiere el artículo 40 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y que prestan servicios en el exterior, podrán ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Art. 72. - El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará cuáles destinos en el exterior presentan condiciones de vida especiales. Transcurridos dos años de su toma de posesión en los destinos que se reglamenten, los funcionarios que así lo soliciten serán trasladados a otro país.

Art. 73. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar un concurso para acceder a cargos del Escalafón "C", entre los funcionarios del Escalafón "F", que actualmente cumplen funciones administrativas.

Exceptúase, por única vez, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974.

Art. 74. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores una partida de N$ 14:916.00 (nuevos pesos catorce millones novecientos dieciséis mil) equivalente a U$S 110.000 (dólares de los Estados Unidos ciento diez mil) a fin de ser destinada a la adquisición de vehículos (Montevideo).

Tendrá el siguiente financiamiento:

Rentas Generales, N$ 4:068.000 (nuevos pesos cuatro millones sesenta y ocho mil) equivalentes a U$S 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América). Mediante venta de activos en desuso N$ 10:848.000 (nuevos pesos diez millones ochocientos cuarenta y ocho mil), equivalentes a U$S 80.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochenta mil).

Art. 75. - El personal contratado por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República en el exterior, podrá acogerse al beneficio de la pasividad en la forma y condiciones que establecen las leyes de la República.

En lo que respecta al personal actualmente contratado, el Estado tomará a su cargo las sumas devengadas por concepto de montepío, desde la fecha de su contratación hasta la entrada en vigencia de la presente ley, las que serán atendidas con cargo a Rentas Generales.

A partir de la vigencia de la presente ley, las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consultores actuarán como agentes de retención del montepío que deban aportar los funcionarios contratados y lo verterán a Rentas Generales por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En todos los casos, la prestación de servicios deberá ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 76. - Los recursos que obtenga el Ministerio de Relaciones Exteriores, por concepto de arrendamiento de inmuebles en el exterior de propiedad del Estado afectados al mismo, podrá destinarlos a financiar inversiones y gastos de funcionamiento, excepto retribuciones personales.

Art. 77.- El Poder Ejecutivo podrá fijar, en forma anual, a propuesta de la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), en función de la variación del índice general de precios del consumo, los valores de costo de los formularios, fotocopias y carnés que expida dicha Dirección, en cumplimiento de sus cometidos específicos.

Art. 78. - La Dirección General de Servicios de Contralor Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tendrá las facultades previstas en el artículo 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.583, de 22 de junio de 1984.

Art. 79. - Declárase que el producido de la tasa creada por el artículo 112 de la Ley Nº 13.782, de 3 de noviembre de 1969, corresponde al Centro Nacional de Política y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Energía, al que se encomendaron los cometidos de la ex Comisión de la Industria Automotriz.

Art. 80. - Los precios que la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria y Energía percibe en concepto de contraprestación por los servicios que presta a organismos oficiales y a particulares, serán fijados en base a su costo real de realización incluyendo los costos directos y los de amortización de equipos que se utilizaren en la prestación de los servicios.

No se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a los organismos oficiales del área de la salud y de la enseñanza.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Art. 81. - Autorízase una partida anual de nuevos pesos 1:000.000 (nuevos pesos un millón), para atender los costos de las consultas de Información Industrial y Tecnológica del Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial del Ministerio de Industria y Energía.

Esta, partida será destinada a apoyar el desarrollo tecnológico de las actividades industriales consideradas prioritarias y los requerimientos de Información industrial y tecnológica del sector oficial.

Las demás consultas que se procesen deberán ser cobradas por el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial, estrictamente a su costo.

Art. 82. - Asígnase al Ministerio de Industria y Energía, una partida por una sola vez de N$ 5:300.000 (nuevos pesos cinco millones trescientos mil), a ser utilizada como contrapartida de gastos nacionales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia técnica, en el campo del uso de la energía atómica con fines pacíficos, suscritos por el país con el Organismo Internacional de Energía Atómica, demás organismos internacionales y Comisiones nacionales de energía atómica.

Art. 83. - Créase el Ministerio de Turismo y convalídase su actuación desde el 2 de abril de 1986.

Art. 84. - Al Ministerio de Turismo corresponde lo concerniente a:

1) La política nacional del turismo.

2) Las cuestiones atinentes al turismo y lo que se relaciona con ello en materias atribuidas a otros Ministerios.

3) Fomento de las industrias del turismo.

4) Régimen, coordinación y contralor del turismo.

5) Fomento del turismo hacia el país y dentro de él.

6) Infraestructura turística.

7) Fomento, régimen y registro de hoteles, pensiones y afines, organizaciones promotoras de turismo, agencias de viajes, empresas de arrendamiento turístico y demás prestadores de servicios turísticos.

8) Las cuestiones atinentes a la atención del turista.

9) Zonas turísticas.

10) Congresos, conferencias, cursos, exposiciones, ferias y concursos referentes a su especialidad y promoción y estímulo de su realización.

11) Relaciones con los organismos internacionales de su especialidad.

Art. 85. - Los cometidos y funciones que las leyes y normas reglamentarias asignaban a la Dirección Nacional de Turismo, corresponderán al Ministerio de Turismo.

Asimismo, transfiérese a dicha Secretaría de Estado el personal de la Dirección Nacional de Turismo.

La Contaduría General de la Nación transferirá al Ministerio de Turismo las planillas de cargos y todos los créditos presupuestales correspondientes a dicha Dirección Nacional.

Art. 86. - Los bienes afectados al uso de la Dirección Nacional de Turismo, serán administrados por el Ministerio de Turismo, previo inventario e intervención de la inspección General de Hacienda.

Art 87. - Asígnase al Ministerio de Turismo una partida de N$ 13:137.000 (nuevos pesos trece millones ciento treinta y siete mil), destinada para mobiliario, equipos de oficinas y remodelación de Sede Central y de nuevos pesos 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones) con destino a la adquisición de vehículos.

Art. 88. - Declárase que el servicio público de transporte interdepartamental e internacional colectivo de personas por ómnibus, en líneas regulares, sólo puede ser objeto de tributos de carácter nacional.

Art. 89 - Los propietarios promitentes compradores y, en general, quien acredite cualquier título de dominio de vehículos de carga con capacidad mínima de dos mil quilos, y de transporte colectivo de pasajeros en líneas nacionales, internacionales y de turismo, deberán comunicar, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cualquier modificación de los datos que consten en los respectivos permisos de circulación o de habilitación, expedidos por la referida unidad ejecutora.

Establécese una sanción de 3 UR (tres Unidades Reajustables) a quienes no den cumplimiento a la obligación dispuesta en el Inciso anterior.

Art. 90. - El Ministerio de Transporte y Obras Públicas suspenderá la expedición de autorizaciones, permisos y habilitaciones, a empresas transportistas que tengan adeudos pendientes con el mismo, emanados de resoluciones firmes y hasta que se regularice la situación de dichas empresas.

Art. 91. - Declárase obligatorio asegurar las responsabilidades emergentes del contrato de transporte colectivo de personas en servicios nacionales, internacionales y de turismo. Su incumplimiento será pasible de multas de hasta 50 UR (cincuenta unidades reajustables) por servicio, y de las suspensiones previstas en el artículo anterior.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición y establecerá los montos mínimos y riesgos a asegurar en cada tipo de transporte.

Art. 92. - El impuesto creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.315, de 23 de agosto de 1982, gravará la circulación en territorio nacional a los camiones, tractores con semi-remolque y remolque, con una capacidad de carga superior a los cinco mil quilos.

No están gravados por el citado impuesto aquellos vehículos matriculados en el país, respecto de los cuales se acredite, en forma fehaciente, que se ha hecho entrega de las chapas matrícula a los organismos municipales correspondientes, y ello por el período en que no estuvieron matriculados.

Art. 93. - Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer fictos mínimos para la determinación de los ingresos por prestación de servicios de empresas de ómnibus, a los efectos de la liquidación del impuesto creado por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961, con la redacción dada por el artículo 159 de la Ley número 13.637, de 21 de diciembre de 1967.

Art. 94. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una partida anual, adicional a la actual vigente, de N$ 45:000.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones) para financiar gastos de traslados de docentes a centros de enseñanza de difícil acceso en el interior de la República.

Art. 95. - Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a otorgar un régimen de facilidades de pago a los deudores de multas, del Impuesto a los Ejes y del impuesto del 5% (cinco por ciento) sobre la recaudación de los ómnibus interdepartamentales y de turismo (artículo 16 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, sus modificativas y concordantes), de las multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, y, por Impuesto a los Ejes, a los vehículos de carga (artículo 15 de la Ley Nº 12.950, sus modificativas y concordantes), al 31 de diciembre de 1985. Dicho régimen podrá otorgar facilidades de pago hasta en sesenta meses, pudiendo exonerar a los contribuyentes de multas y efectuar reformulaciones de convenios en vigencia de acuerdo a la reglamentación que se dictará por el Poder Ejecutivo.

Art. 96. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a conceder directamente, por el canon vigente, permisos precarios y revocables de extracción de áridos sub-acuáticos siempre que sean otorgados en forma no excluyente. Facúltase a dicho Ministerio a no cobrar canon, en los casos en que la extracción de los materiales se haga en zonas útiles para la navegación y en los de utilidad pública.

Art. 97. - Establécese que en los casos en que el Poder Ejecutivo cometa, asignándole los recursos necesarios, la realización de obras por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura, por el régimen de administración directa, dicha Dirección podrá contratar directamente y ordenar el gasto resultante de los servicios y suministros necesarios para la ejecución de las obras de que se trata.

El contralor de legalidad a que refiere el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República, se realizará únicamente previo a la autorización del gasto por parte del Poder Ejecutivo, sin perjuicio del contralor posterior establecido en el literal C) del referido artículo.

Art. 98. - Créase para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de N$ 33:079.000 (nuevos pesos treinta y tres millones setenta y nueve mil), destinada a complementar la financiación autorizada para la construcción de la planta piloto, correspondiente a la contrapartida nacional en la ejecución del proyecto "Identificación de métodos de inactivación del virus de la fiebre aftosa en carnes y productos cárnicos", conforme a las obligaciones asumidas por el país en el convenio suscrito con el Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología. La obra será ejecutada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 99. - Declárase de utilidad pública la expropiación de los bienes necesarios para la construcción, instalación, ampliación, rectificación o ensanche de:

A) Obras de arquitectura, incluidas en las leyes de Presupuesto.

B) Construcción de puertos, escolleras, obras de drenaje, mantenimiento de costas de ríos y arroyos, obras de riego y canales.

Art. 100. - A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las actividades docentes prestadas por directores, profesores e instructores de las Escuelas de Danza, de Opera y del Centro de Capacitación y Producción, dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y de Música, dependientes de las Intendencias Municipales, así como las actividades específicas cumplidas por docentes con título o certificado habilitantes de Casas de Cultura y Bibliotecas estatales o municipales, estarán comprendidas en la excepción prevista por el artículo 74, del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979.

En aquellas actividades o profesiones donde no se expidan títulos habilitantes, deberá acreditarse supletoriamente idoneidad específica.

Art. 101.- Asígnase, por una sola vez, una partida de N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) a efectos de Instrumentar y poner en funcionamiento el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, la que será administrada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 102. - Los Agentes del Diario Oficial en el Interior de la República deberán contratar, con el Banco de Seguros del Estado, seguros de fidelidad que respalden el manejo de valores, como condición indispensable para el ejercicio de su función.

Art. 103.- Fíjanse, para la ficha médica de aptitud deportiva creada por el Decreto-Ley Nº 14.692, de 29 de agosto de 1977, a partir de la vigencia de la presente ley, las siguientes tasas:

A) Exámenes de alta especialización (automovilismo, motociclismo, karting, pesca submarina, boxeo profesional, salvavidas y arbitros deportivos), N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

B) Exámenes no comprendidos en el literal anterior, N$ 30 (nuevos pesos treinta).

C) Reexámenes, N$ 30 (nuevos pesos treinta).

D) Test de entrenamiento, N$ 100 (nuevos pesos cien).

E) Exámenes a personas mayores de cuarenta años, N$ 200 (nuevos pesos doscientos).

Exonérase del pago de las tasas fijadas por el presente artículo, a aquellas personas que posean certificados de aptitud vigente, expedido por autoridad sanitaria pública. La presente exoneración no regirá en caso de ser necesaria la realización de exámenes complementarios, en virtud de la naturaleza del deporte a practicar.

A iniciativa de la Comisión Nacional de Educación Física, el Poder Ejecutivo ajustará las tasas establecidas en el inciso primero, en forma semestral, en un monto no mayor al de la variación operada en el Indice de Precios al Consumo, en el período transcurrido desde la última fijación o ajuste, en su caso.

Art. 104. - Sustitúyese el artículo 192 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 192. - Aquellos que no cumplan, en tiempo y forma, con la obligación de depósito establecida en la presente ley, serán penados con una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público del o de los ejemplares no depositados, con un monto mínimo de 5 UR (cinco Unidades Reajustables). En caso de reincidencia este monto mínimo será de 10 UR (diez Unidades Reajustables).

La imposición de esta multa no exime al infractor de la obligación de constituir el depósito del o de los ejemplares correspondientes.

Las multas serán impuestas y cobradas por la Biblioteca Nacional, siguiéndose para el procedimiento las normas de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947".

Art. 105. - Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.027, de 17 de junio de 1980, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La inscripción deberá realizarse dentro de los treinta días de dictado el acto inscribible, y caducará a los cinco años de efectuada. Lo establecido es sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 20 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y el artículo 223 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964".

Art. 106. - Suspéndese la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983, hasta el 1º de enero de 1989.

Art. 107. - A partir del 1º de enero de 1988 las inscripciones de los actos relativos a bienes inmuebles ubicados en el interior del país, que actualmente se realizan en los Registros de Hipotecas de la Primera y Segunda Sección; General de Arrendamientos y Anticresis; General de Inhibiciones; Secciones Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos, Embargos y Reivindicaciones, se efectuarán en el lugar de ubicación del bien y, en calidad de secciones separadas, quedarán de cargo del correspondiente Registro Departamental o Local de Traslaciones de Dominio.

Las cesiones, rescisiones, cancelaciones y modificaciones en general, de actos inscriptos, se efectuarán en el Registro originario.

Art. 108. - Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 22. - La declaración de monumento histórico será inscripta en la Sección Reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones a los solos fines informativos, lo que se hará constar en el respectivo certificado. A estos efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a dicho Registro la declaración efectuada dentro del plazo de setenta y dos horas. La inscripción caducará a los treinta años, pudiendo reinscribirla por períodos iguales y sucesivos, mientras el Estado mantenga su interés en la afectación".

Art. 109. - Autorízase a la Dirección General de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura a expedir en forma gratuita recaudos y actuaciones de Estado Civil, cuando dicha expedición sea solicitada por el Consejo del Niño y Gobiernos Departamentales.

Art. 110. - Sustitúyese el artículo 222 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 222. - Autorízase a la Dirección Nacional de Correos a retener hasta doscientos sellos y hojitas filatélicas postales de cada emisión, con destino a intercambio, obsequio y difusión, dando cuenta de su utilización al Poder Ejecutivo".

Art. 111. - Modifícase el artículo 388 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 388. - Los establecimientos privados que alberguen menores del Consejo del Niño percibirán, por el cuidado y mantenimiento de los mismos una retribución equivalente a los siguientes porcentajes del sueldo correspondiente al Escalafón Ab, Grado 1, de la citada Unidad Ejecutora, con treinta horas semanales de labor, por cada menor: preescolar, 40% (cuarenta por ciento); escolar, 46% (cuarenta y seis por ciento); liceal, 52% (cincuenta y dos por ciento); y anormal, 56% (cincuenta y seis por ciento)".

Art. 112. - Las guarderías privadas que atienden durante el día menores del Consejo del Niño, percibirán del organismo una remuneración equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), de las retribuciones que se abonan a los establecimientos privados que albergan menores a tiempo completo.

Dichas remuneraciones serán reglamentadas y atendidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Facúltase a la Contaduría General de la Nación a habilitar las sumas necesarias para atender dichas erogaciones y ajustarlas de conformidad a lo previsto por el artículo 389 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 113. - Créase en el Ministerio de Educación y Cultura, el "Fondo para el Peculio del Menor", que será provisto por la recaudación proveniente de los siguientes recursos:

A) El producido de la venta de planillas de trabajo del menor (artículo 237 del Código del Niño y Decreto Nº 485/978, de 22 de agosto de 1978).

B) El producido del porcentaje de las tutelas y curatelas dispuesto por los artículos 413 del Código Civil, 65 de la Ley Nº 9.539, de 31 de diciembre de 1935 y 1º de la Ley Nº 10.621, de 20 de junio de 1945.

C) El producido de los proventos a que se refieren los artículos 3º de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo, de 1953 y 447 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

D) El producido de la participación en el impuesto a los bailes creado por los literales b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 10.853, de 23 de octubre de 1946, este último en la redacción dada por el artículo 469 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

E) El producido de las multas a que hacen referencia los artículos 105, 106 (párrafo 2), 232, 240, 241, 244, 245, 246 y 248 del Código del Niño, 325 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y los Decretos Nº 329/979, de 14 de febrero de 1979 y Nº 746/985 de 10 de diciembre de 1985.

Los recursos extrapresupuestales indicados en este artículo y afectados al "Fondo del Peculio del Menor", estarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El Consejo del Niño tendrá la disponibilidad del 100% (cien por ciento) del producido de los recursos mencionados.

El fondo será administrado por el Consejo del Niño, quien lo distribuirá entre los menores a su cargo, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, en un plazo de noventa días a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 114. - Incorpórase en el "Ministerio de Educación y Cultura" una partida de N$ 8:105.234,10 (nuevos pesos ocho millones ciento cinco mil doscientos treinta y cuatro con 10/100), a precios de enero de 1986, a fin de ser destinada a la remodelación y acondicionamiento del local de la calle Uruguay 933.

Esta incorporación no afecta lo dispuesto por el artículo 438 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 115. - Asígnase una partida anual de nuevos pesos 100:000.000 (nuevos pesos cien millones) con destino a otorgamiento de becas de estudio en el territorio nacional, en favor de estudiantes cuya condición económica así lo requiera y para la realización de cursos regulares en la enseñanza media o universitaria.

La administración de dicho Fondo y el establecimiento de las condiciones de funcionamiento del sistema, corresponden a la "Comisión Nacional de Becas", constituida por siete delegados honorarios designados por las siguientes instituciones: uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá; dos por la Universidad de la República; dos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y dos por las Intendencias Municipales del Interior. El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los funcionarios y los elementos materiales requeridos para su funcionamiento.

La Comisión será instalada dentro del plazo, de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 116. - Los Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública deberán cumplir un horario no inferior a cuarenta horas semanales.

Art. 117. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.263, de 5 de setiembre de 1974, a partir del 1º de enero de 1986, las contrataciones a término de practicantes de medicina designados por concurso para cubrir cargos en la circunscripción única conformada por el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina.

Art. 118. - Extiéndese la competencia de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en materia de seguridad, higiene, condiciones ambientales de trabajo y salud laboral en general, a la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas de Derecho Publico no estatales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los procedimientos formales a seguir por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones.

Art. 119 - Agrégase a las partidas establecidas en el artículo 516 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, un importe equivalente a la suma de U$S 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones), con destino a la terminación de las obras del Palacio de Justicia (Padrones Nos. 5682, 5683 y 5684 del departamento de Montevideo).

Dicha partida se discriminará de la siguiente forma: año 1987, U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones); año 1988, U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones) y año 1989, U$S 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones).

CAPITULO IV
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Art. 120. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a convenir con el Banco de la República Oriental del Uruguay, las tasas de interés a abonar por esta Institución por los depósitos judiciales, los que tendrán el destino a que alude el artículo 550 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 121.- Establécese que el pago del tributo a que refieren los artículos 554 a 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, se realizará, en todos los casos, mediante depósitos en la cuenta "Tesoro Nacional-Ejecuciones Judiciales", en dependencias del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Art. 122. - Exonérase a los organismos de la Administración Central y al Banco de Previsión Social, del tributo establecido por el artículo 554 de la Ley Nº 15.809. de 8 de abril de 1986.

Art. 123. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a modificar y redistribuir las jurisdicciones territoriales de los Juzgados de Paz Rurales, entre todos los Juzgados de Paz del Interior de la República.

A los efectos dispuestos precedentemente la Suprema Corte de Justicia deberá tomar en consideración el número de habitantes, las características y las necesidades de las distintas zonas del país.

Art. 124. - Los técnicos del Poder Judicial que, con arreglo al artículo 129 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, estuvieren autorizados a ejercer la profesión de escribano al sancionarse la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, seguirán bajo el régimen anterior.

Lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, será aplicable a los respectivos cargos al vacar o por opción de los interesados que, de efectuarse, será definitiva.

Art. 125. - Declárase con carácter interpretativo que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14,528, de 1º de junio de 1976, modifican el límite de competencia establecido por el numeral 1) del artículo 257 de la Ley número 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 494 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, son de aplicación a los asuntos que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigencia de las respectivas resoluciones.

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.553, de 12 de agosto de 1976.

Art. 126. - Autorízase al Tribunal de Cuentas de la República una partida de N$ 1:200.000 (nuevos pesos un millón doscientos mil) para adecuación del edificio y una partida de N$ 2:300.000 (nuevos pesos dos millones trescientos mil) para mobiliario y equipamiento.

Art. 127.- Los funcionarios que, reuniendo las condiciones prescriptas en el inciso primero del artículo 7º de la presente ley, estén cumpliendo tareas en el Tribunal de Cuentas, quedan alcanzados por el régimen establecido en dicha norma.

Art. 128. - La Corte Electoral tendrá, respecto a sus funcionarios, la facultad a que refiere el inciso final del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Art. 129. - Autorízase a la Corte Electoral, para los destinos que se indican, las siguientes partidas:

a) "Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina". N$ 7:023.632 (nuevos pesos siete millones veintitrés mil seiscientos treinta y dos).

b) "Adquisición de Sub-Estación de UTE", nuevos pesos 8:758.883 (nuevos pesos ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres).

c) "Adquisición de Máquinas y Accesorios de Imprenta" N$ 8:924.145 (nuevos pesos ocho millones novecientos veinticuatro mil ciento cuarenta y cinco).

d) "Adquisición de Equipos y Accesorios para Fotografía" N$ 2:313.667 (nuevos pesos dos millones trescientos trece mil seiscientos sesenta y siete).

e) "Reacondicionamiento de Inmueble Sede Central". N$ 3:098.661 (nuevos pesos tres millones noventa y ocho mil seiscientos sesenta y uno).

f) "Adquisición e Instalación de un Ascensor" nuevos pesos 6:197.323 (nuevos pesos seis millones ciento noventa y siete mil trescientos veintitrés).

Art. 130. - Establécese una partida anual de nuevos pesos 1:000.000 (nuevos pesos un millón), para equipamiento y alhajamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Art. 131. - Establécese para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una partida por un importe equivalente a U$S 4.500 (cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), para la compra de una fotocopiadora.

Art. 132. - Autorízase a ANEP una partida anual de N$ 325:000.000 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones) con destino a sus inversiones autorizadas.

Art. 133. - Fíjase a la Universidad de la República una partida de N$ 110:000.000 (nuevos pesos ciento diez millones) para la construcción de 5.100 metros de aulas universitarias de los cuales se podrá invertir nuevos pesos 55: 000.000 (nuevos pesos cincuenta y cinco millones) en el año 1987.

Art. 134. - La Universidad de la República podrá disponer íntegramente del 100% (cien por ciento) de los ingresos previstos por los literales B), C,) y D) del artículo 45 de la Ley Nº 12.549, de 16 de octubre de 1958. La utilización de proventos se ajustará a las previsiones que se realicen anualmente. Si no se tratara de ingresos periódicos, dicha previsión se efectuará en ocasión de concertarse o renovarse los convenios u otros instrumentos que generen ingresos y eventualmente establezcan obligaciones para la Universidad de la República. En todas las situaciones la utilización de los recursos se efectuará de conformidad con las Ordenanzas que dicte el Tribunal de Cuentas, e informando anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los ciento veinte días del cierre del Ejercicio. Dentro de lo que establezcan dichas Ordenanzas los fondos extrapresupuestarios podrán destinarse al pago de gastos corrientes, inversiones o retribuciones personales.

CAPITULO V
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Art. 135. - Auméntase a N$ 7:500.000 (nuevos pesos siete millones quinientos mil) y N$ 1:725.000 (nuevos pesos un millón setecientos veinticinco mil) las partidas previstas en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, destinadas al Movimiento de la Juventud Agraria y Fundación Pro Cardias, respectivamente.

Art. 136. - Inclúyense en la nómina establecida en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con vigencia a partir del 1º de enero de 1987, a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado y a la escuela para adultos "Federico Ozanam" de la ciudad de Montevideo, con una partida de N$ 1:000.000 (nuevos pesos un millón) a cada una.

Art. 137. - Asígnase al Consejo de Capacitación Profesional creado por el Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979, un subsidio para el Ejercicio 1986, de hasta N$ 45:237.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil), para atender gastos de funcionamiento y de inversiones.

Art. 138. - Incrementase, para el Ejercicio 1986, el subsidio asignado para gastos de funcionamiento a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en N,$ 325:768.000 (nuevos pesos trescientos veinticinco millones setecientos sesenta y ocho mil).

Art. 139. - Asígnase al Instituto Nacional de Colonización una partida por una sola vez de N$ 272:000.000 (nuevos pesos doscientos setenta y dos millones), para inversiones en campos de recría lechera y recomposición de unidades productivas en la zona de minifundios del sur del país.

Art. 140. - Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay, a partir del Ejercicio 1987, un subsidio anual de N$ 3.390:000.000 (nuevos pesos tres mil trescientos noventa millones). Esta partida se ajustará por el mecanismo previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 141. - Suprímese, a partir del 1º de enero de 1987, el subsidio asignado para inversiones a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por el literal a) del artículo 615 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por un monto de N$ 165:696.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil).

Art. 142. - Deróganse el artículo 516 de la Ley número 13.892, de 19 de octubre de 1970 y todas aquellas disposiciones que pongan a cargo del Tesoro Nacional pagos a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), por concepto de déficit de pasterización.

Art. 143. - Destínase del producido líquido de la primera lotería siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previa deducción de la suma de nuevos pesos 300.000 (nuevos pesos trescientos mil), con destino al Plenario Nacional de Impedidos, un 25% (veinticinco por ciento) para la Cruz Roja Uruguaya y un 10% (diez por ciento) para el Patronato del Sicópata.

CAPITULO VI
DIVERSOS CREDITOS

Art. 144. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a disponer de una partida de nuevos pesos 6:128.035 (nuevos pesos seis millones ciento veintiocho mil treinta y cinco), equivalente a U$S 45.192 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta y cinco mil ciento noventa y dos), como contribución al Convenio de Cooperación Técnica en materia de Investigación Agropecuaria (PROCISUR), celebrado entre los Países del Cono Sur, el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Art. 145. - Los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con gobiernos extranjeros requieren la aprobación de la Asamblea General.

No requieren ratificación legislativa los convenios o contratos que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados celebren con organismos Internacionales de los que el país forma parte.

Respecto de los convenios o contratos que celebren los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la materia del convenio o contrato deberá ser propia del giro que preceptivamente les asignen las leyes, conforme a los fines de sus actividades normales. El Poder Ejecutivo establecerá los casos que requerirán su autorización previa.

En todo caso, se dará cuenta a la Asamblea General dentro de los 10 días siguientes al de su celebración.

Art. 146. - Establécese una partida por una sola vez de N$ 542:400.000 (nuevos pesos quinientos cuarenta y dos millones cuatrocientos mil), equivalente a dólares 4:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones), para atender la contraparte local del contrato de préstamo Nº 786/SF-UR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con destino al Fondo de Preinversión.

Esta partida regirá a partir de la vigencia del citado contrato de préstamo.

Art. 147. - El organismo ejecutor del "Programa Global de Preinversión", a que refiere el contrato de préstamo mencionado en el artículo anterior, será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que administrará los recursos objeto del financiamiento. A tal efecto, suscribirá los contratos y convenios que fueren necesarios a fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa.

Art. 148. - Autorízase a los organismos públicos comprendidos en el Presupuesto Nacional a utilizar financiamiento del Fondo de Preinversión para estudios de proyectos.

El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá la apertura de los créditos correspondientes, con financiación de endeudamiento interno, en el Plan de Inversiones de los Incisos, a medida que se vayan concretando los desembolsos de los préstamos. De tales habilitaciones se dará cuenta a la Asamblea General. El servicio de deuda de los préstamos destinados a organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional y a Gobiernos Departamentales, será atendido con cargo a Rentas Generales.

Las contrataciones de los servicios de consultoría que utilicen financiamiento del Fondo de Preinversión, por los organismos del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales, tanto con personas físicas como jurídicas, se realizarán de acuerdo con los procedimientos previstos en el contrato de préstamo mencionado en el artículo 145 de la presente ley, así como en el Reglamento de Operaciones del Programa.

Art. 149. - El Banco de la República Oriental del Uruguay será el agente financiero del "Programa Global de Preinversión", en lo estrictamente relacionado con la actividad bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato de préstamo referido.

La comisión que deberá abonarse al Banco de la República Oriental del Uruguay, se atenderá con cargo a una partida estimativa por parte de Rentas Generales.

Art. 150. - Asígnase con cargo al "Plan Nacional de Interconexión Vial" las siguientes partidas para los siguientes destinos:

A) "Caminos Rurales del Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP)", la cantidad de N$ 487:340.000 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiación del FIMTOP, la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

B) "Caminos Rurales (endeudamiento Externo)", la cantidad de N$ 487:340.000 (nuevos pesos cuatrocientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil), con financiamiento externo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la que será destinada a la construcción de caminos rurales en el año 1987.

Las partidas financiadas con cargo FIMTOP y endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Estas partidas se ajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 151.- Asígnase al "Plan Nacional de Desarrollo para Obras Públicas Municipales" que atiende el Estado, las partidas y destinos siguientes:

A) "Obras Municipales (Rentas Generales)", las cantidades de N$ 155:949.000 (nuevos pesos ciento cincuenta millones novecientos cuarenta y nueve mil), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 107:215.000 (nuevos pesos ciento siete millones doscientos quince mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por Obras Sanitarias del Estado (OSE), en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

B) "Obras Municipales (Endeudamiento Externo)", la cantidad de N$ 623:795.000 (nuevos pesos seiscientos veintitrés millones setecientos noventa y cinco mil), para la ejecución de obras de arquitectura y pavimentación urbana en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987 e igual cantidad para 1988, y N$ 428:905.000 (nuevos pesos cuatrocientos veintiocho millones novecientos cinco mil), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento por obras Sanitarias del Estado (OSE), en las Intendencias Municipales del interior, en el año 1987.

Las partidas con cargo a Rentas Generales y Endeudamiento Externo, serán administradas por el Ministerio de Transporte y obras Públicas.

Estas partidas se ajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se aplique, por parte del Poder Ejecutivo, la facultad prevista por el artículo 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 152.- Disminúyese la transferencia para inversiones a favor de O.S.E. dispuesta por la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, en la cantidad de nuevos pesos 204:683.000 (nuevos pesos doscientos cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil) para 1987; nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1988 y nuevos pesos 409:366.000 (nuevos pesos cuatrocientos nueve millones trescientos sesenta y seis mil) para 1989.

Amplíase a partir de 1987, el renglón 7.3.1.262, Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), en la cantidad de N$ 165:696.000 (nuevos pesos ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil), financiada con recursos de Rentas Generales.

Art. 153.- Amplíase, a partir del 1º de enero de 1987, la transferencia dispuesta por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 con destino al "Plan Desarrollo Integral para el área Tacuarembó-Rivera", en la cantidad de N$ 66:383.000 (nuevos pesos sesenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil).

Art. 154.- Establécese una partida, por una sola vez, de N$ 79:000.000 (nuevos pesos setenta y nueve millones), con destino a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), para atender los gastos de inversión que demande el abastecimiento de agua para el complejo carcelario de Santiago Vázquez.

Art. 155. - Se establecen, con destino a las "Obras para la Contención de Inundaciones en el Bajo Río Negro", las siguientes partidas: N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) y N$ 50:000.000 (nuevos pesos cincuenta millones), para los años 1986 y 1987, respectivamente.

CAPITULO VII
NORMAS TRIBUTARIAS

Art. 156. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 5º del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 5º. Territorialidad. - Estarán gravadas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional y la introducción efectiva de bienes, independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, y no lo estarán las exportaciones de bienes y servicios".

Art. 157. - Sustitúyense los literales a) y b) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, por los siguientes:

"a) Quienes realicen los actos gravados en el ejercicio de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, incluidos en el literal A) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

"b) Quienes perciban retribuciones por servicios personales no comprendidos en el literal anterior o por su actividad de profesionales universitarios con excepción de las obtenidas en relación de dependencia".

Declárase vigente desde el 1º de mayo de 1986, la sustitución del literal a) del artículo 6º del Título 6 del TO. 1982.

Art. 158. - Sustitúyese el literal b) del artículo 8º del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"b) En las importaciones las tasas se aplicarán sobre el costo CIF, más los recargos".

Si la importación se efectuara a nombre propio y por cuenta ajena o por no contribuyentes, se agregará un porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) sobre el costo CIF, más los recargos.

Art. 159. - Sustitúyese el literal k) del numeral 1) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"k) Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los pornográficos.

Estará asimismo exento el material educativo.

El Poder Ejecutivo determinará la nómina de los artículos comprendidos dentro del material educativo."

Art. 160. - Sustitúyese el artículo 33 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 33. Recaudación. - El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y época de percepción del impuesto, pudiendo requerir en el curso del año fiscal pagos a cuenta del mismo, calculados en función de los ingresos gravados del ejercicio, del impuesto que hubiera correspondido tributar por el ejercicio anterior o de cualquier otro índice representativo de la materia imponible de este impuesto.

Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar períodos de liquidación mensual para aquellos contribuyentes que designe en función de características tales como el nivel de ingresos, naturaleza del giro, forma jurídica o por la categorización de contribuyentes que realice la administración. Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y exentas, la deducción del impuesto a los bienes y servicios no destinados exclusivamente a unos o a otros, se efectuará en la proporción, correspondiente al monto de las operaciones gravadas del ejercicio, sin perjuicio de su liquidación mensual.

En el caso de importaciones el impuesto deberá abonarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción."

Art. 161. - Agréganse al artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, los siguientes incisos:

"Para los sujetos pasivos que realicen a la vez actividades agropecuarias e industriales, el ejercicio económico coincidirá con el ejercicio fiscal.

No obstante, mediando solicitud fundada del contribuyente, la Dirección General Impositiva podrá autorizar distintos cierres de Ejercicio.

Esta disposición regirá para los Ejercicios que cierren con posterioridad al 30 de junio de 1985."

Art. 162. - Agrégase al artículo 89 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, con el texto dado por el artículo 8º de la Ley Nº 15.768, de 13 de setiembre de 1985, el inciso siguiente:

"Cuando quienes realicen a la vez actividades agropecuarias e industriales, cierren ejercicio en otra fecha que el 30 de junio, valuarán sus existencias por su valor en plaza, el que podrá ser impugnado por la Administración."

Art. 163. - Sustitúyese el artículo 16 del Título 8 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 16. - Queda exonerada del impuesto la tenencia de obligaciones emitidas por empresas. La presente exoneración estará condicionada a que las obligaciones de referencia se coticen en la Bolsa de Valores."

Art. 164. - Derógase el artículo 10 del Título 8 del T.O. 1982.

Art. 165 - Sustitúyese el artículo 9º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º. Activo fijo. - Se entenderá por bienes del activo fijo los que constituyen el asiento de la actividad y los demás bienes de uso utilizados por el contribuyente o por terceros; los inmuebles se considerarán bienes de activo fijo, salvo los destinados a la venta.

La actualización de valores de los bienes del activo fijo y su amortización será obligatoria a todos los efectos fiscales. La actualización deberá realizarse anualmente, aplicando el porcentaje de la variación del índice de precios al por mayor producida entre los meses de cierre del ejercicio anterior y el que se líquida.

Para los bienes dados en arrendamiento, el Poder Ejecutivo podrá establecer coeficientes especiales atendiendo a su valor de mercado o su rentabilidad".

Art. 166. - Incorpóranse al artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, los siguientes incisos:

"Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, destinados a capacitar su personal en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse entre una vez y media y dos su monto real, según lo establezca el Poder Ejecutivo".

"El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos».

Art. 167. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 16 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"En los casos de los literales A), B), C), D) y F) se podrá optar por determinar las rentas netas reales de fuente uruguaya, de acuerdo con las normas que determine la reglamentación".

Art. 168. - El Poder Ejecutivo podrá exigir pagos a cuenta del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), con independencia del resultado fiscal del ejercicio anterior, pudiendo aplicar a tales efectos otros índices, además de los establecidos en el artículo 31 del Código Tributario y sin las limitaciones del artículo 27 del Título 9 del T.O. 1982.

Esta facultad sólo podrá utilizarse en la medida que hayan transcurrido seis meses de iniciado el ejercicio. Quedarán eximidas de dichos pagos a cuenta aquellas empresas que justifiquen, a juicio de la Administración, la inexistencia de utilidades fiscales previstas al fin del ejercicio.

Art. 169. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 7 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º. Valores imponibles. - Las tasas se aplicarán sobre los valores reales o sobre los valores fictos que fije el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los precios de venta corrientes al consumo.

Los valores fictos a que refiere el inciso anterior, serán fijados semestralmente como precios básicos.

La Dirección General Impositiva ajustará, cada bimestre, los precios fictos básicos, en función de la variación que experimenten los precios de los bienes gravados".

Art. 170. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984, en la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 15.767 de 13 de setiembre de 1985, por el siguiente:

"Quedan exonerados los profesionales universitarios y los agentes auxiliares de comercio a que hace referencia el artículo 88 del Código de Comercio, con excepción de los corredores. Quedarán asimismo gravados los despachantes de aduana, rematadores y mandatarios en general, en tanto realicen los hechos generadores del presente impuesto".

Art. 171. - Derógase el Impuesto creado por el artículo 650 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 172. - Créase un impuesto adicional del 2%, (dos por mil) al tributo creado por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 15.768, de 13 de setiembre de 1985.

El producido de este impuesto se destinará a la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).

Art. 173. - Deróganse los artículos 657 a 662 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 174. - Declárase que las normas de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que establecen tributos, modifican los existentes o regulan los procedimientos administrativos (artículos 625, 627, 628, 630, 636 a 650, 652 a 654, 656 a 662 y 667 a 673), entraron en vigencia el 1º de mayo de 1986.

Art. 175. - Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales del Impuesto Específico Interno (IMESI) que regirán para los hechos generadores mencionados en los numerales 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 12) del artículo 1º del Título 7 del T.O. 1982.

La facultad indicada precedentemente estará limitada a las zonas geográficas de los departamentos de fronteras terrestres que determine el Poder Ejecutivo y a las enajenaciones gravadas de determinados bienes.

En todos los casos las tasas que se fijen no podrán exceder de los máximos actualmente establecidos en el artículo 1º del Título 7 del T.O. 1982, para los hechos generadores mencionados en el presente artículo.

El Poder Ejecutivo dispondrá la forma y condiciones en que operará la presente disposición a efectos de su funcionamiento y contralor, pudiendo limitar su alcance, inclusive basado en el domicilio, residencia o nacionalidad del adquirente de los bienes gravados.

Art. 176. - Sustitúyese el artículo 647 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 647. (TASA). - La tasa del impuesto será de hasta 1,5% (uno con cinco por ciento) anual excepto para los siguientes hechos generadores en que será de hasta el 0,75% (cero setenta y cinco por ciento) anual:

a) Créditos para financiar exportaciones e importaciones en admisión temporaria.

b) Préstamos otorgados a plazos no inferiores a tres años.

c) Préstamos a organismos públicos, incluyendo Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos que no realicen actividades comerciales e industriales.

d) Préstamos de crédito social del Banco de la República Oriental del Uruguay.

e) Créditos eventuales que se generen por el otorgamiento de fianzas, avales, garantías y aceptaciones.

La tenencia de deuda publica nacional estará exenta del presente tributo.

Previamente a la determinación de las tasas referidas, se oirá al Banco Central del Uruguay. El Poder Ejecutivo podrá aplicar tasas diferenciales, tanto para los distintos hechos generadores previstos en este artículo como para los diversos rubros gravados incluidos en dichos hechos generadores, siempre dentro de los límites máximos previstos en el presente artículo".

Art. 177. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º. (Deducción). - Se considerarán gastos del ejercicio en que se realicen:

a) los cultivos anuales;

b) los de implantación de praderas permanentes;

c) alambrados;

d) los de construcción de tajamares, y

e) los de implantación de bosques protectores o de rendimiento".

Art. 178. - Sustitúyese desde su vigencia el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 11. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones legales genéricas de tributos establecidas en favor de determinadas entidades o actividades. Las rentas provenientes de las explotaciones de bosques y montes a que se refieren los artículos 33 a 37 del Título 2 del T.O. 1982, están exoneradas del presente tributo".

Art. 179. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 19 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"En caso de existir activos afectados a la producción de rentas no gravadas, el pasivo se computará en la proporción que guarda el activo afectado a la producción de rentas gravadas con respecto al total del activo valuado según normas fiscales".

Esta norma regirá para los ejercicios cerrados a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 180. - Inclúyese en el artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, el literal siguiente:

"g) Quienes sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias".

Art. 181. - Sustitúyese el literal A) del numeral 1) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"A) Frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural".

Art. 182. - Impuesto a facturar. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a la circulación de productos agropecuarios en su estado natural, no será incluído en la factura o documento equivalente, permaneciendo en suspenso a los efectos tributarios hasta tanto se transforme o altere la naturaleza de los mismos. En este último caso, los enajenantes deberán incluir el impuesto que resulte de aplicar la tasa que corresponda sobre el importe total neto contratado o facturado y no tendrán derecho a crédito fiscal por el IVA en suspenso.

El impuesto correspondiente a la prestación de servicios y ventas de insumos y bienes de activo fijo, excepto reproductores, realizados por los contribuyentes del literal g) del artículo 69 del Título 6 del T.O. 1982, deberá ser incluido en la factura o documento equivalente.

Impuesto a deducir. El IVA incluido en las adquisiciones de servicios, insumos y bienes de activo fijo por los contribuyentes mencionados en el inciso anterior y que integren el costo de los bienes y servicios producidos por los mismos, será deducido conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 183. - Liquidación del impuesto. El impuesto a pagar se liquidará partiendo del total del impuesto facturado según lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior descontando el impuesto correspondiente a las causas referidas en el inciso final del artículo 3º del Título 6º del T.O. 1982.

De la cifra así obtenida se deducirá:

A) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las adquisiciones referidas en el inciso tercero del artículo anterior, en la forma prevista en el inciso tercero del literal B) del artículo 9º del Título 6 del T.O. 1982.

B) El impuesto pagado al importar los bienes referidos en el literal anterior.

Si mediante el procedimiento indicado resultare un crédito a favor del contribuyente, éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales, en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

En caso de ventas realizadas por quienes no sean sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), de bienes cuyo IVA ha permanecido en suspenso, no se podrá deducir el mismo de compras correspondientes a los bienes o servicios que integren, directa o indirectamente, el costo de los bienes de referencia.

Art. 184. - El período de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecido para los contribuyentes del literal g) del artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, será anual.

Su ejercicio fiscal coincidirá con el dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA).

Art. 185. - Los contribuyentes del IMAGRO, podrán deducir de su impuesto el Impuesto al Valor Agregado debidamente documentado, correspondiente al costo de los rubros que integran las deducciones de los artículos 11 y 12 del Título 1, del T.O. 1982, en la forma y condiciones establecidas en los artículos siguientes.

Si resultara un crédito a favor del contribuyente éste será imputado al pago de otros tributos recaudados por la Dirección General Impositiva o aportes previsionales en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 186. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido en los rubros del artículo 11, del Título 1 del TO. 1982, será deducido hasta un máximo equivalente al importe resultante de multiplicar el IVA de dichos rubros por hectárea de productividad media, por la superficie explotada y proporcionado al índice de productividad asignado a la misma.

Art. 187. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en el costo de los rubros del artículo 12 del Título 1 del T. 0.1982, se deducirá en la misma proporción que las deducciones condicionadas admitidas fiscalmente, guardan con el total de deducciones condicionadas realizadas.

Art. 188. - Agréganse al artículo 11 del Título 1 del T. O. 1982, los incisos siguientes:

"El costo de producción pecuaria, por hectárea de productividad media, será calculado con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluido en los rubros que lo integran.

El IVA incluido en los rubros que integran el costo de producción pecuaria por hectárea de productividad media, también deberá calcularse a los efectos de su posterior deducción."

Art. 189. - Agrégase al artículo 12 del Título 1 del T. 0.1982, el inciso siguiente:

"La deducción condicionada deberá computarse con exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)."

Art. 190. - Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.648, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º (Estructura). - Créase un impuesto anual que gravará las rentas netas de fuente uruguaya obtenidas en el ejercicio de actividades agropecuarias. Dicho impuesto se denominará Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA)."

Art. 191. - Sustitúyese el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º. - Constituyen rentas comprendidas:

A) Las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria.

B) Las provenientes de arrendamientos.

C) El resultado de la enajenación de bienes del activo fijo que se determinará por la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los bienes enajenados.

No constituirá renta el resultado de la enajenación de inmuebles rurales (tierra y mejoras).

No estarán comprendidas las rentas derivadas de arrendamientos inscriptos antes del 31 de agosto de 1984 y por el plazo original de duración del contrato, hasta su primera revisión, ni los arrendamientos, inferiores a N$ 500.000 (nuevos pesos quinientos mil) anuales, cifra que se actualizará en igual proporción en que varíe el tope a que refiere el artículo 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984".

Art. 192. - Agrégase al artículo 39 del Decreto-Ley Nº 15.648, de 11 de octubre de 1984, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria".

Art. 193. - Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas Agropecuarias en concepto de honorarios a técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico - Profesional) y Escuela Agrícola Jackson, por asistencia en áreas consideradas prioritarias, podrán computarse por una vez y media su monto real.

El Poder Ejecutivo establecerá las áreas consideradas prioritarias a estos efectos.

Art. 194. - Sustitúyese el artículo 3º del Titulo 1 del T. 0.1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 39 - Constituyen rentas comprendidas las derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, tales como cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros y leche, producción agrícola, frutícola, hortícola y floricultura. Se incluirán, a los efectos de esta ley, las derivadas de actividades agropecuarias realizadas bajo formas jurídicas de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental o transitoria."

Art. 195. - Agrégase, al artículo 29 del Titulo 1 del T. O. 1982, el inciso siguiente:

"También serán considerados sujetos pasivos los núcleos familiares y quienes intervengan en actividades de aparcería, pastoreo y similares, ya sea en forma permanente, accidental, o transitoria."

Art. 196. - Agrégase al Rubro de Deducción Condicionada a que se refiere el artículo 12 de Título 1 del TO. 1982, el siguiente literal:

"G) Honorarios de los técnicos egresados de la Universidad de la República, de la "Administración Nacional de Educación Pública" (Educación Técnico -Profesional) y Escuela Agrícola Jackson que asistan al productor agropecuario en las áreas prioritarias que establezca el Poder Ejecutivo."

Art. 197. - Sustitúyese el art. 13 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984 con la redacción dada por el art. 2º del Decreto-Ley Nº 15.726, de 8 de febrero de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 13. - Los contribuyentes que en el período 15 de octubre de 1984 a 30 de junio de 1935 obtengan ingresos netos que superen el monto de nuevos pesos 3:000.000 (nuevos pesos tres millones) actualizado por la variación experimentada en el índice de precios mayoristas agropecuarios en el período octubre de 1984 a junio de 1985 deberán tributar obligatoriamente el impuesto que se crea por el art. 1º de esta ley, a partir del Ejercicio comprendido entre el 19 de julio de 1985 y el 30 de junio de 1986.

Para el Ejercicio 1º de julio de 1986 a 30 de junio de 1987 el Poder Ejecutivo fijará el monto a que se refiere el inciso 1º.

Para el Ejercicio 1º de julio de 1987 a 30 de junio de 1988 el monto será el equivalente al ingreso bruto de 1.750 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio 1º de julio de 1986 al 30 de junio de 1987 determinado de conformidad con lo que dispone el artículo 10 del Título 1 del TO. 1982.

Para los Ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1988 el Poder Ejecutivo fijará el monto que no podrá ser inferior al equivalente al ingreso bruto de 1.500 hectáreas de productividad básica media del país correspondiente al Ejercicio inmediato anterior determinado de conformidad con lo que dispone el art. 10 del Título 1 del T.O. 1982.

A efectos de la aplicación del respectivo limite los ingresos por arrendamientos se computarán por seis veces los importes devengados en el período correspondiente y los ingresos netos provenientes de la venta de productos agropecuarios que no sean ganado, lana, cueros y cerdas se computarán por el 50 % (cincuenta por ciento).

El término ingreso neto comprende el monto de las ventas netas y los servicios prestados. Por ventas netas se considerará el valor que resulte de deducir, de las ventas brutas, las devoluciones, bonificaciones y descuentos comerciales u otros conceptos similares de acuerdo con las costumbres y usos de plaza."

Art. 198. - El primer reajuste de los convenios de facilidades celebrados conforme al régimen establecido por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, se efectuará el 30 de abril de 1987.

Art. 199. - Exonérase del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), a las radioemisoras del Interior del país (AM), que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

A) Cuyas plantas emisoras se encuentren ubicadas en poblaciones de menos de diez mil habitantes.

B) Su potencia emisora no supere los 250 Watts.

Art. 200. - Declárase que las asociaciones de jubilados y pensionistas, de todo el país, con personería jurídica, están beneficiados con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Art. 201. - Sustitúyese el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º (Canalización de ahorro). - El Poder Ejecutivo podrá establecer que las personas físicas o jurídicas que efectúen aportes documentados en acciones nominativas por empresas comprendidas en la presente ley, puedan deducir para la liquidación del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) el monto de lo invertido antes del plazo de presentación de la respectiva declaración jurada. En caso de enajenarse dichas acciones antes de los tres años de adquiridas, deberá reliquidarse el impuesto correspondiente abonándose la diferencia resultante. El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual se otorga el beneficio de canalización de ahorro y el monto máximo de la integración de capital, generadora de la exoneración del impuesto a la renta."

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

Art. 202. - Derógase el Tributo de Sellos que grava la cancelación de obligaciones provenientes de retribuciones personales de los afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones a que refiere el inciso segundo del artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979.

Art. 203. - Establécense los siguientes contribuyentes y tasas de aportación al Fondo de Subsidio por Enfermedad creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

A) En el caso de los escribanos activos, el 3 % (tres por ciento) de los honorarios devengados de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 18 de la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

B) En el caso de los empleados activos afiliados a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 2 % (dos por ciento) del monto nominal de los sueldos respectivos.

C) En el caso de los jubilados de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el 1 % (uno por ciento) del monto nominal de la pasividad.

Declárase que las obligaciones emergentes del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, no son de aplicación a los afiliados al Instituto creado por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941.

Art. 204. - Sustitúyese el artículo 643 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 643. - La recaudación del Impuesto estará a cargo del Consejo de Educación Primaria. Este Consejo convendrá con los organismos que estime conveniente, la recaudación del tributo, como asimismo acordar con tales organismos la comisión que eventualmente les corresponda por esa recaudación."

Art. 205. - Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 1987, lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, en la redacción dada por el inciso segundo del artículo 75 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 206. - Autorízase a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, a disponer de una partida de hasta N$ 40:680.000 (nuevos pesos cuarenta millones seiscientos ochenta mil), equivalentes a U$S 300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) a fin de gestionar la adquisición de créditos laborales del personal de la Azucarera Río Negro S. A. (ARINSA), que tuvieran sentencia judicial basada en autoridad de cosa juzgada a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 207. - Amplíase en hasta U$S 150:000.000 (ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) la autorización concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, modificado por el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978, y por el artículo 19 de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985, con destino a financiar el déficit resultante del Presupuesto Nacional y rescatando Letras de Tesorería por un monto equivalente.

Art. 208. - A partir del 1º de enero de 1987, la contribución que el Estado prestará a los Gobiernos Departamentales del interior de la República, será del 5 % (cinco por ciento) del producido del Impuesto Específico Interno (IMESI), que grava la naftas (supercarburante, común y sin plomo) y del 5 % (cinco por ciento) del producido del IMESI, sobre los tabacos, cigarros y cigarrillos.

Los Gobiernos Departamentales deberán acreditar el mantenimiento de una situación regular de pagos con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y Obras Sanitarias del Estado (OSE), a efectos de percibir la contribución fiscal. En caso contrario, el importe resultante será aplicable en primer lugar a regularizar la situación con dichos organismos.

Tal contribución será distribuida en la forma prevista por el inciso 3º del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

En lo que tiene que ver con la participación en el 25 % (veinticinco por ciento), establecido en el literal b) del inciso mencionado, será necesario que la Intendencia deficitaria acredite no haber incrementado el número de funcionarios existentes al 1º de marzo de 1985. En caso de no cumplirse tal extremo, la partida correspondiente a dicha Intendencia Incrementará el 75 % (setenta y cinco por ciento) a que refiere el literal a) del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

A estos efectos no se tendrán en cuenta los funcionarios destituidos reincorporados ni los incorporados para la realización de obras públicas departamentales con financiamiento de organismos internacionales y para la ejecución de planes de viviendas, en tanto estén afectados a las tareas respectivas.

Art. 209. - Derógase, a partir del 1º de enero de 1987, lo establecido en el inciso primero del artículo 619 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 210. - Sustitúyese el numeral 30 del artículo 19 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, en la redacción dada por el artículo 19 del Decreto-Ley número 14.979, de 24 de diciembre de 1979 por el siguiente:

"30. Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientas cincuenta Unidades Reajustables) en todos los Gobiernos Departamentales.

Las mayores de 70 UR (setenta Unidades Reajustables) y menores de 210 UR (doscientas diez unidades Reajustables), sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legislativo departamental por mayoría absoluta de votos.

Las mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización de dicho órgano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus componentes.

Las multas impagas podrán ser perseguidas diariamente siendo aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código-Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.

Las sanciones se determinarán en consideración a la gravedad de la infracción y a la naturaleza del bien jurídico protegido.

Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar ordenanzas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional."

Art. 211. - El producido del Impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, corresponderá al Gobierno Departamental en cuyo departamento, de acuerdo al registro en la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encuentre inscripta la persona física o jurídica que emite la guía que acredita la transferencia de la propiedad.

A los efectos de este impuesto, estará gravada toda operación a título oneroso o gratuito en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que dé a quien lo recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario. Exceptúanse del pago de este impuesto, a las donaciones a entes públicos y de padres a hijos u otros descendientes en línea recta así como las particiones y cesaciones de condominio de semovientes.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción y a fijar el plazo para el pago del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

Art. 212. - La multa por mora para los agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas será del 100 % (cien por ciento) del tributo retenido o percibido y no vertido, sin perjuicio de las demás responsabilidades tributarias y penales.

Art. 213. - Cuando los agentes de retención o de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial de sociedad anónima, los Gobiernos Departamentales no estarán obligados a aguardar sus resultados para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos de naturaleza tributaria, emergentes de las obligaciones como agentes de retención o de percepción (artículos 1737 del Código de Comercio, y 2381 del Código Civil).

Art. 214. - En los casos de quiebras y concursos, cuando la ejecución de créditos de naturaleza tributaria, emergentes de la calidad de agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, concurra con la de créditos laborales (artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974), éstos se cobrarán con preferencia a aquéllos.

Art. 215. - Facúltase a los Intendentes Municipales a dejar sin efecto la designación como agente de retención o de percepción, de quienes no hubiesen efectuado la versión del tributo creado por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, retenido o percibido, haciéndose pública en este caso la decisión respectiva.

Art. 216. - Los Gobiernos Departamentales, a solicitud del interesado, expedirán un certificado de vigencia semestral que acreditará que éste no tiene deudas pendientes por concepto de tasa bromatológica, de contribución inmobiliaria y de impuesto a los remates establecidos por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas.

El certificado deberá otorgarse dentro de los cinco días hábiles de haberse solicitado. Si en dicho plazo no se expidiera, el Gobierno Departamental entregará al interesado una constancia de ello, la cual lo habilitará, a cumplir los trámites a que se refieren los siguientes artículos, tal como si hubiera sido poseedor del certificado a que se refiere el inciso anterior.

Art. 217. - Las instituciones de intermediación financiera (bancos, casas bancarias y cooperativas de ahorro y crédito), no otorgarán ni renovarán créditos con destino a actividades industriales, comerciales, agropecuarias o de servicios, sin la previa exhibición del certificado a que refiere el artículo anterior, que expedirá el Gobierno Departamental correspondiente al lugar donde se desarrollan dichas actividades.

La Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (DICOSE), no expedirá Guías de Propiedad y Tránsito a quienes no exhiban el certificado a que refiere el artículo anterior.

Art. 218. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 216 deberá obtenerse un certificado especial en 108 casos de enajenación, liquidación o disolución total o parcial de los establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios o de servicios, o de inscripción de contratos de arrendamientos y aparcerías rurales, con igual constancia del Gobierno Departamental referido hasta la fecha del acto que motiva la solicitud.

La omisión de lo establecido precedentemente importa de pleno derecho la solidaridad del adquirente respecto de la deuda tributaria del enajenante a la fecha de la operación, la que se extenderá a los socios a cualquier título, directores y administradores del contribuyente.

Art. 219. - Facúltase a los Gobiernos Departamentales a suspender la vigencia de los certificados semestrales a que hace referencia el artículo 216, cuando el contribuyente se atrasara en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a dicho período.

Tal circunstancia deberá ser comunicada a las instituciones indicadas en el artículo 217.

Art. 220. - Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la obligación de las empresas, en las situaciones que considere conveniente, de exhibir el certificado de encontrarse al día con los Gobiernos Departamentales, para la realización de actos vinculados a la actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios.

Art. 221. - Los certificados a que refieren los artículos 216 y 218 no podrán negarse por la circunstancia de que el contribuyente haya interpuesto los recursos administrativos o las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República sin perjuicio de que el sujeto activo adopte las medidas cautelares o inicie las ejecuciones que correspondan.

Art. 222. - Al exclusivo efecto de la concesión de la refinanciación prevista en la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, no se exigirá la presentación de los certificados previstos en los artículos 216 y 218.

Art. 223. - Prorrógase hasta en doce meses el plazo establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986.

Art. 224. - Modifícase el plazo establecido en los artículos 4º y 9º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, fijándose en su lugar, el de cuatro años.

Art. 225.- Declárase, a todos los efectos jubilatorios, que el cómputo de servicios dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, no implica en ningún caso la pérdida de la causal jubilatoria configurada por el acto de destitución (artículo 1º de la ley citada), pudiendo acogerse a la pasividad o reforma de cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, sin perjuicio del derecho a la opción por el régimen anterior, establecido por el artículo 83, inciso a), del Acto Institucional Nº 9.

Art. 226. - Para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de ,28 de noviembre de 1985, se acumularán, además de las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares los beneficiarios, todas las demás asignaciones de carácter retributivo, liquidadas al cargo o a la persona, y en general toda retribución sujeta a montepío. Para la determinación de tales asignaciones, se considerarán las retribuciones que el interesado percibía cuando se produjo su cese, imputándosele; a marzo de 1985 o a noviembre del mismo año, según el caso, las que le habrían correspondido si en vez de optar por la jubilación o la reforma, hubiera reingresado al cargo del que era titular a la fecha de su desvinculación.

Esta disposición regirá con retroactividad al 28 de noviembre de 1985.

Art. 227. - A las personas comprendidas por el inciso segundo del artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985 no podrá corresponderles a partir del 1º de abril de 1986, una pasividad menor que la que le hubiere correspondido de serle aplicable el inciso primero de la misma disposición legal. El Banco de Previsión Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias reliquidarán de oficio las cédulas jubilatorias que se encontraren en dicha situación.

Art. 228. - Derógase el artículo 677 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, y restablécese la prohibición a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de carácter civil, comercial y/o industrial, de otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos, cualquiera que fuere el procedimiento empleado para ello.

Art. 229. - El Banco de Seguros del Estado ajustará cada año, las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función de los índices medios de salarios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las rentas que comenzaron a servirse en el transcurso de un año, tendrán un factor, de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del año.

Dicho ajuste se realizará en el mes de enero de cada año, y a los efectos del cálculo se considerará el período de doce meses que finaliza en el mes de octubre anterior al del ajuste.

Los demás organismos que deban servir rentas por incapacidad permanente o muerte por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las ajustarán en la misma forma, de acuerdo a los índices proporcionados por el Banco de Seguros del Estado.

Art. 230. - Lo dispuesto por el artículo 20 y literal B) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, referente a límites de edad, no será aplicable a los funcionarios que hayan sido o sean restituidos al amparo de las Leyes Nº 15.737 y Nº 15.783, de 8 de marzo de 1985 y 23 de noviembre de 1985, respectivamente, durante un período de cinco años computables a partir de la fecha de su reintegro a dicho Ministerio, a los efectos de la recomposición de su carrera funcional prescrita por la última ley citada.

Verificada dicha recomposición, permanecerán en la condición presupuestal de su restitución, hasta tanto se dicte la norma legal pertinente de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 231. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1987 excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Art. 232 - Comuníquese, etc."

5) SEÑORA CECILIA FONTANA DE HEBER. - Informe de la Comisión Investigadora.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Se entra a considerar el segundo punto del orden del día: "Informe de la Comisión Especial Investigadora tendiente a esclarecer las circunstancias que motivaron el fallecimiento de la Sra. Cecilia Fontana de Heber (Carp. Nº 47/85 Rep. Nº 100/86)".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -En discusión.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: a esta altura de la sesión parecería sobreabundante referirme al cansancio impuesto por este exhaustivo régimen de trabajo determinado por el tratamiento y la consideración del asunto que acaba de votar el Senado. Por consiguiente, dado que muchos señores senadores van a ocuparse de este asunto e inclusive se harán manifestaciones de carácter político, formulo moción en el sentido de trasladar este punto al primer lugar del orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). -Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo las 0 hora y 15 minutos del día 11 de diciembre de 1986, presidiendo el señor senador Paz Aguirre y estando presentes los señores senadores Alonso, Araújo, Batalla, Bomio de Brun, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Mederos Pereyra, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Ubillos, Zorrilla y Zumarán).

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.