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Nº 50 - TOMO 62 - 9 DE DICIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

18ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y DOCTOR HECTOR S. CLAVIJO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencias

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores legisladores.
- Se vota afirmativamente.

4) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que formula observaciones parciales al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social

- Proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo.
- Proyecto de ley sustitutivo de la Comisión Especial.
- Antecedentes: Repartido Nº 18 de diciembre de 1986.
- Carpeta Nº 32 de 1986.
- Intervención de varios señores legisladores.

5) Cuarto intermedio

- Se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 15 de diciembre, incluyendo en primer término del orden del día el asunto referente a discrepancias surgidas entre el Tribunal de Cuentas de la República y la Junta Departamental de Salto con relación a la Rendición de Cuentas para el Ejercicio 1985/1986.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de diciembre de 1986.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores legisladores, mañana martes 9, a la hora 18 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que formula observaciones parciales al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 32/86 - Rep. Nº 18/86)

2º) Discrepancias surgidas entre el Tribunal de Cuentas de la República y la Junta Departamental de Salto, con relación a la Rendición de Cuentas para el Ejercicio 1985/1986 y modificaciones al presupuesto vigente.

(Carp. Nº 31/86 - Rep. Nº 17/86

Anexos I y II)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

Asisten los señores senadores: Gonzalo Aguirre Ramírez, José Germán Araújo, Hugo Batalla, Eugenio Capeche, Pedro W. Cersósimo, Carlos W. Cigliuti, Juan Raúl Ferreira Sienra, Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carminillo Mederos da Costa, Eduardo Paz Aguirre, Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas, Luis Bernardo Pozzolo, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore, Juan A. Singer, Uruguay Tourné, Alfredo Traversoni, Francisco Mario Ubillos, Juan J. Zorrilla, Alberto Zumarán, Reinaldo Gargano, Nelson Alonso, Jorge Silveira Zavala, Ercilia Bomio de Brun, José L. Guntin y los señores representantes: Numa Aguirre Corte, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Abayubá Amen Pisani, Ernesto Amorín Larrañaga, Nelson Arredondo, Roberto Asiaín, Héctor Barón, Javier Barrios Anza, Honorio Barrios Tassano, Juan A. Bentancur, Carlos Bertacchi, Edgard Bonilla, Federico Bouza, César Brum, Cayetano Capeche, Tabaré Caputi, Gonzalo Carámbula, Carlos A. Casina, Washington Cataldi, Raúl Cazaban Goncalves, José Cerchiaro San Juan, Juan Pedro Ciganda, Jorge Conde Montes de Oca, Víctor Cortazzo, Eber da Rosa Viñoles, Julio E. Daverede, José Díaz, Ruben Díaz Burci, Ruben Escajal, Yamandú Fau, Francisco A. Forteza, Rubens Francolino, Carlos M. Fresia, Ruben E. Frey Gil, Juan J. Fuentes, Ariel Gaione, Carlos Garat, Jorge Gandini, Alem García, Washington García Rijo, Oscar Gestido, Héctor Goñi Castelao, Hugo Granucci, Ramón Guadalupe, Arturo Guerrero, Luis Alberto Heber, Luis A. Hierro López, Marino Irazoqui, Walter Isi, Eduardo Jaurena, Daniel Lamas, Ariel Lausarot, Oscar Lenzi, Mario W. Long, Oscar López Balestra, Néstor López Martínez, Nelson Lorenzo Rovira, Jorge Machiñena, Oscar Magurno, Julio Maimó Quintela, Miguel Manzi, Luis José Martínez, Orosmán Martínez, Eden Melo Santa Marina, Pablo Millor, León Morelli, Clemente Muñoz, Carlos E. Negro, Antonio Nión, Juan A. Oxacelhay, Francisco José Ottonelli, Ope Pasquet Iribarne, Ramón Paradiso, Ramón Pereira Pabén, Manuel Pérez Alvarez, Juan Pintos Pereira, Carlos Pita Alvariza, Lucas Pittaluga, Elías Porras Larralde, Baltasar Prieto, Edison Rijo, Gilberto Ríos, Héctor Lorenzo Ríos, Ricardo Rocha Imaz, Carlos Rodríguez Labruna, Yamandú Rodríguez, Raúl Rosales Moyano, Hebert Rossi Passina, Walter Santoro, Carlos Norberto Soto, Guillermo Stirling, Héctor Martín Sturla, Andrés Toriani, Gustavo Varela, Tabaré Viera, Alfredo Zaffaroni Ortiz y Edison H. Zunini.

Faltan con licencia los señores senadores: Jorge Batlle, Enrique Martínez Moreno, Dardo Ortiz, Juan C. Fá Robaina y los señores representantes: Alberto Brause, Mario Cantón, Luis Ituño, Héctor Lescano y Alfonso Requiterena Vogt.

Falta con aviso el señor representante Víctor Vaillant.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 50)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

"Varios señores legisladores solicitan se cite al Cuerpo a fin de considerar el asunto que en el mismo pedido se menciona".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 4 de diciembre de 1986.

Señor Primer Vicepresidente de la Asamblea General
Don Eduardo Paz Aguirre

Los legisladores que suscriben solicitan se cite al Cuerpo para el próximo martes 9, a la hora 18 y 30 a efectos de considerar las observaciones parciales del Poder Ejecutivo al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social, y considerar las discrepancias surgidas entre la Junta Departamental de Salto y el Tribunal de Cuentas de la República, por su presupuesto.

Saludan a usted atentamente.

Gonzalo Aguirre, Juan J. Fuentes, Walter Isi, Luis A. Senatore, Carlos Cassina, Federico Bouza, Guillermo Alvarez, Ope Pasquet, Luis José Martínez, Uruguay Tourné, Héctor Lorenzo Ríos, Lucas Pittaluga, Mario D. Lamas, Yamandú Fau, Guillermo García Costa, Andrés Toriani, Carlos Julio Pereyra. Legisladores".

-Se va a votar la solicitud de realización de una sesión extraordinaria de la Asamblea General en el día de hoy, presentada por varios señores legisladores.

(Se vota:)

-91 en 91. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO POR EL QUE FORMULA OBSERVACIONES PARCIALES AL PROYECTO DE LEY REFERENTE AL SISTEMA DE APORTACION DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES RURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que figura en primer lugar del orden del día: "Mensaje del Poder Ejecutivo por el que formula observaciones parciales al proyecto de ley referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social. (Carp. Nº 32/86). (Rep. Nº 18/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 32/86
Rep. Nº 18/86

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE
GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 20 de noviembre de 1986.

Señor Presidente de
la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de comunicar a la Asamblea General que en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 137 de la Constitución de la República, ha decidido observar parcialmente el proyecto de ley sancionado el 5 de noviembre de 1986 referente al sistema de aportación a los empresarios y trabajadores rurales a la seguridad social, en mérito a las razones que se exponen a continuación.

El proyecto de ley sancionado no recoge la previsión, contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo, de la obligación de aportar a la seguridad social por parte de los propietarios de inmuebles rurales inexplotados.

El Poder Ejecutivo advierte la inconveniencia de dicha solución. La tierra como elemento de producción es un bien social. El derecho de propiedad sobre un recurso queda limitado por el interés final de la comunidad lo cual se acentúa aún más en el caso de la tierra por ser un factor de producción limitado y no renovable.

Es en base a las consideraciones expuestas que al proyectar el Poder Ejecutivo el régimen de aportaciones del sector rural estableció en forma expresa la contribución a cargo de los propietarios de inmuebles no explotados. Este principio se consagra tanto en el artículo 5º del proyecto del Poder Ejecutivo como el que fuera sancionado por la Cámara de Representantes.

La no previsión de aportes por los inmuebles inexplotados favorece situaciones de defraudación y altera la filosofía misma del sistema diseñado que se basa en la capacidad contributiva y en principios de justicia distributiva, afectando la igualdad ante las cargas públicas y el principio de solidaridad social así como la seguridad fiscal.

Es del caso recordar también que ya la Ley Nº 13.705 preveía la aportación por los predios inexplotados apuntando a la misma finalidad expuesta.

A los efectos de alcanzar el objetivo propuesto es que el Poder Ejecutivo propone a la Asamblea General la inclusión del siguiente texto a continuación del inciso primero del artículo 3º: "Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare".

Se entiende además del caso interponer una observación parcial a la inclusión en el artículo 6º del Proyecto sancionado de la norma declarativa relativa a los beneficiarios del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980.

En efecto podría interpretarse que los integrantes de empresas pluripersonales, y sus familiares incluidos en el inciso 3º del artículo 6º se encuentran amparados por el régimen de los seguros sociales por enfermedad.

De ser cierta esta interpretación se altera el régimen general de prestaciones aplicable en materia de seguros de enfermedad, estableciendo para el sector rural un tratamiento diferencial en relación a los restantes sectores incluidos en dicho régimen.

Entiende el Poder Ejecutivo que la materia sobre la que versa la norma observada tiene que ser necesariamente objeto de tratamiento en el marco normativo que debe regular las prestaciones de salud de la sociedad en su conjunto a través de la consideración del Sistema Nacional de Salud.

A más de lo expuesto corresponde señalar que el Poder Ejecutivo en su Mensaje y proyecto de ley no prestó su necesaria iniciativa privativa para incluir a los beneficiarios que se incorporan ahora en la norma de referencia y que en consecuencia la ampliación de beneficiarios dispuesta colide con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución de la República.

Por esas razones el Poder Ejecutivo entiende que el inciso 2º del artículo 6º del proyecto sancionado debe constituir un artículo independiente tal como fuera presentado en los proyectos del Poder Ejecutivo de fecha 21 de mayo de 1986 (artículo 18) y de 23 de setiembre de 1986 (artículo 22) a fin de recoger la correcta inteligencia de la norma.

Por último el Poder Ejecutivo interpone una observación parcial al texto del inciso 3º del artículo 8º del proyecto de ley sancionado por el cual se establece en un 10% la tasa de aportación por concepto de montepío.

En la actualidad el aporte de los trabajadores del sector se sitúa en un 16% y su disminución más allá de la propuesta del Poder Ejecutivo constituye una exoneración por la vía de la reducción de aportes, que no cuenta con la necesaria iniciativa privativa del Poder Ejecutivo tal como está dispuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República.

Por otra parte no se considera adecuado establecer en las actuales circunstancias, una diferenciación tan significativa con el nivel del montepío vigente para los trabajadores de los restantes sectores de la actividad pública y privada.

En consecuencia se propone a la Asamblea General la adopción del siguiente texto para el inciso 3º del artículo 8º del proyecto sancionado: "Los trabajadores rurales aportarán un montepío del 13% (trece por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales".

Esperando que la Asamblea General comprenda las poderosas razones que han obligado al Poder Ejecutivo a observar el proyecto que se devuelve, saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti, Presidente de la República; Hugo Fernández Faingold, Ricardo Zerbino, Pedro Bonino.

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

Decretan

Artículo 1º. - Son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que desarrollen explotaciones agropecuarias cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que le sirven de asiento.

Art. 2º (Concepto de empresas contratistas). - Son empresas contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambramiento, monteo, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general.

Art. 3º (Contribución patronal: concepto y monto). - A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 1º), por el período de ocupación del inmueble.

A partir de dicha fecha, la contribución patronal mensual será el equivalente a multiplicar el número de hectáreas por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional, conforme a la siguiente escala progresional:

A) Por las primeras
200 hectáreas: hasta 1%o

B) Por las siguientes:
de más de 200 a 500 hectáreas: hasta 1,1%o

C) Por las siguientes:
de más de 500 a 1.000 há.: hasta 1,2%o

D) Por las siguientes:
de más de 1.000 a 2.500 há.: hasta 1,4%o

E) Por las siguientes:
de más de 5.000 a 10.000 há.: hasta 1,8%o

G) Por más de
10.000 hectáreas: hasta 2%o

Una vez fijados los valores de la unidad básica de contribución, se considerarán directamente aplicables a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100.

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al Indice de Productividad CONEAT de los predios respectivos.

La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado.

El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de las diversas prestaciones comprendidas en la contribución patronal entre los distintos entes estatales acreedores, dando cuenta a la Asamblea General.

La contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata.

Si en la superficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 12.

Art. 4º. - Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a sus directores. En las sociedades en comandita los socios que fueron comanditarios por acciones no tendrán responsabilidad solidaria.

Art. 5º (Contribución patronal trimestral de los empresarios contratistas: concepto y monto). - A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal trimestral será de cargo de los empresarios (artículo 2º).

Su monto será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío (artículo 8º). Cuando no tuvieren dicho personal, equivaldrá al montepío correspondiente al del peón especializado plenamente ocupado.

Art. 6º (Modo de computar servicios). - Por cada empresa unipersonal, se computarán servicios, a los efectos jubilatorios y beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física, la que se denominará empresario titular.

Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de seguridad social.

En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos, los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares, cónyuges y hermanos, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Se reputará que el 50% (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales.

La asignación jubilatoria mensual mínima de los empresarios contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado, a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición.

Art. 7º (Sistemas de aportaciones). - Las empresas unipersonales aportarán en forma global y única. Las pluripersonales aportarán la contribución establecida en el artículo 3º, acrecida en un 10% (diez por ciento) hasta tres personas físicas y en un 10% (diez por ciento) más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento.

Los directores de sociedades anónimas se considerarán integrantes efectivos y, por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista en el inciso anterior.

Art. 8º (Montepío: concepto y monto). - El montepío es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados y obreros) que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluidos los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias.

Queda comprendido en el régimen del inciso anterior, el personal de servicio doméstico que desempeñe tareas de esa naturaleza en el medio rural.

Los trabajadores rurales aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales.

El empresario (artículos 1º y 2º) deberá retener dicha contribución del sueldo o salario total de sus dependientes y es responsable, en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social.

Art. 9º (Agroindustrias). - Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales, típicamente industriales o típicamente rurales, que se realicen o no en el propio establecimiento.

Art. 10. (Forma de pago). - Las contribuciones dispuestas en los artículos 3º y 8º se liquidarán en planillas trimestrales. A solicitud del interesado, el Banco de Previsión Social liquidará el monto de las contribuciones, sin cargo alguno para la empresa, debiendo ésta proporcionar previamente todos los elementos de información necesarios.

Art. 11. (Epoca de pago). - El pago de las contribuciones se realizará por trimestre vencido dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del trimestre correspondiente.

Art. 12. (Declaración de ocupación). - Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 13. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario.

A solicitud del Banco de Previsión Social, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis y la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y sus dependencias departamentales, proporcionarían al Banco la información existente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 13. (Declaraciones juradas). - Dentro de los dos primeros meses de cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 1º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social, denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza, ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiendo -en el mismo acto- una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración.

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial u otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también la declaración jurada presentada ante la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 14. (Denuncia del personal). - Al vencimiento de cada trimestre y dentro de los sesenta días siguientes, toda persona física o jurídica de las indicadas en los artículos 1º y 2º, deberá denunciar en planillas que suministrará el Banco de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre a que refiere su declaración, estableciendo cargo, naturaleza del trabajo, fecha de ingreso y egreso y demás constancias que el Banco le requiera; recibiendo en el mismo acto una copia debidamente sellada, fechada y firmada.

Art. 15. - Créase un impuesto de pago trimestral, equivalente al 1%o (un por mil) de la UR (unidad reajustable) vigente al primer día de cada trimestre, por hectárea a todos los establecimientos mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, que recaudará el Banco de Previsión Social conjuntamente con las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con destino exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de frontera del norte y nordeste del país.

Art. 16. (Facilidades de pago especiales). - El Banco de Previsión Social queda facultado para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles o inmuebles, así como su producción fueren afectados por fenómenos climáticos, acorde a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 17. (Control indirecto). - Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero nacional no podrán otorgar, so pena de hacerse solidariamente responsables de los adeudos que existieren, créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas acrediten cumplir regularmente el pago de sus contribuciones sociales mediante la exhibición del certificado que al efecto expedirá, con vigencia anual, el Banco de Previsión Social.

Art. 18. (Asignaciones familiares). - Inclúyense en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan personal dependiente y se encuentren al día en el pago de sus aportes de seguridad social.

Art. 19. (Anticipo pre-jubilatorio). - Los trabajadores con cincuenta y cinco años de edad siendo mujeres o sesenta años de edad siendo hombres, una vez producido y acreditado el cese de la relación laboral y configurada la causal jubilatoria, percibirán un anticipo pre-jubilatorio equivalente al 70% (setenta por ciento) de la probable pasividad a juicio del Banco de Previsión Social.

Art. 20. (Deudas atrasadas). - Establécese un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos por contribuciones de seguridad social, devengados hasta el 30 de setiembre de 1986.

El régimen de facilidades aplicable a dichos adeudos será el previsto por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 21. - Los adeudos por contribuciones de seguridad social de los empresarios rurales a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, titulares de explotaciones de hasta doscientas hectáreas de Indice CONEAT 100, se reajustarán, a partir del 1º de abril de 1987, por el 70% (setenta por ciento) del índice establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 22. - El Banco de Previsión Social reliquidará los convenios de facilidades de pago ya realizados, conforme a las normas de los artículos 20 y 21.

Facúltase al Banco de Previsión Social a establecer regímenes de cancelación de adeudos en base a cuotas variables de amortización, crecientes o decrecientes a opción del deudor.

Art. 23. (Nuevos empresarios jóvenes). - Exonérase, por el término de cinco años a contar desde la vigencia de la presente ley, del 50% (cincuenta por ciento) del pago de contribuciones a la seguridad social, a toda persona menor de treinta años que inicie actividades agropecuarias en predios que, en forma individual o en conjunto, no superen las doscientas hectáreas con Indice CONEAT 100.

Art. 24. - Derógase el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, y todas las normas que se opongan a la presente ley.

Art. 25. - La presente ley rige desde el día 1º de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación.

Art. 26. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de noviembre de 1986.

Luis Ituño, Presidente
Héctor S. Clavijo, Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que desarrollen explotaciones agropecuarias cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que le sirven de asiento.

Art. 2º. (Concepto de empresas contratistas). - Son empresas contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambramiento, monteo, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general.

Art. 3º. (Contribución patronal: concepto y monto). - A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 1º), por el período de ocupación del inmueble.

A partir de dicha fecha, la contribución patronal mensual será el equivalente a multiplicar el número de hectáreas, por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional, conforme a la siguiente escala progresional:

A) Por las primeras:
200 hectáreas: hasta 1%o

B) Por las siguientes:
de más de 200 a 500 há.: hasta 1,1%o

C) Por las siguientes:
de más de 500 a 1.000 há.: hasta 1,2%o

D) Por la siguientes:
de más de 1.000 a 2.500 há.: 1,4%o

E) Por las siguientes:
de más de 2.500 a 5.000 há.: hasta 1,6%o

F) Por las siguientes:
de más de 5.000 a 10.000 há.: hasta 1,8%o

G) Por más de
10.000 hectáreas: hasta 2%o

Una vez fijados los valores de la unidad básica de contribución, se considerarán directamente aplicables a la hectárea de índice de productividad CONEAT 100.

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al Indice de Productividad CONEAT de los predios respectivos.

La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado.

El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de las diversas prestaciones comprendidas en la contribución patronal entre los distintos entes estatales acreedores, dando cuenta a la Asamblea General.

La contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata.

Si en la superficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 14.

Art. 4º. - Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare.

Art. 5º. - Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a sus directores. En las sociedades en comandita los socios que fueren comanditarios por acciones no tendrán responsabilidad solidaria.

Art. 6º. (Contribución patronal trimestral de los empresarios contratistas: concepto y monto). - A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal trimestral será de cargo de los empresarios (artículo 2º).

Su monto será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío (artículo 10). Cuando no tuvieren dicho personal, equivaldrá al montepío correspondiente al del peón especializado plenamente ocupado.

Art. 7º (Modo de computar servicios). - Por cada empresa unipersonal, se computarán servicios, a los efectos jubilatorios y beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física la que se denominará empresario titular.

En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos, los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares, cónyuges y hermanos, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento, aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Se reputará que el 50% (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales.

La asignación jubilatoria mensual mínima de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será de todos los casos el equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición.

Art. 8º. - Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de seguridad social.

Art. 9º (Sistema de aportaciones). - Las empresas unipersonales aportarán en forma global y única. Las pluripersonales aportarán la contribución establecida en el artículo 3º, acrecida en un 10% (diez por ciento) hasta tres personas físicas y en un 10% (diez por ciento) más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento.

Los directores de sociedades anónimas se considerarán integrantes efectivos y, por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista en el inciso anterior.

Art. 10. (Montepío: concepto y monto). - El montepío es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados y obreros) que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluidos los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias.

Queda comprendido en el régimen del inciso anterior, el personal de servicio doméstico que desempeñe tareas de esa naturaleza en el medio rural.

Las categorías ocupacionales de los trabajadores rurales de: tropero, peón jornalero, servicio doméstico, cocinero, menores de dieciocho años, peón chacarero, peón especializado, tractorista y sereno, aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). Las restantes categorías ocupacionales de los trabajadores rurales aportarán un montepío del 13% (trece por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales.

El empresario (artículos 2º y 3º) deberá retener dicha contribución del sueldo o salario total de sus dependientes y es responsable, en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social.

Art. 11. (Agroindustrias). - Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales, típicamente industriales o típicamente rurales, que se realicen o no en el propio establecimiento.

Art. 12. (Forma de pago). - Las contribuciones dispuestas en los artículos 3º y 10 se liquidarán en planillas trimestrales. A solicitud del interesado, el Banco de Previsión Social liquidará el monto de las contribuciones, sin cargo alguno para la empresa, debiendo ésta proporcionar previamente todos los elementos de información necesarios.

Art. 13. (Epoca de pago). - El pago de las contribuciones se realizará por trimestre vencido dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del trimestre correspondiente.

Art. 14. (Declaración de ocupación). - Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 15. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario.

A solicitud del Banco de Previsión Social, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis y la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y sus dependencias departamentales, proporcionarán al Banco la información existente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 15. (Declaraciones juradas). - Dentro de los dos primeros meses de cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 1º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social, denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza, ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiendo -en el mismo acto- una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración.

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial u otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también la declaración jurada presentada ante la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 16. (Denuncia del personal). - Al vencimiento de cada trimestre y dentro de los sesenta días siguientes, toda persona física o jurídica de las indicadas en los artículos 1º y 2º, deberá denunciar en planillas que suministrará el Banco de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre a que refiere su declaración, estableciendo cargo, naturaleza del trabajo, fecha de ingreso y egreso y demás constancias que el Banco le requiera; recibiendo en el mismo acto una copia debidamente sellada, fechada y firmada.

Art. 17. - Créase un impuesto de pago trimestral, equivalente al 1%o (uno por mil) de la UR (Unidad Reajustable) vigente al primer día de cada trimestre, por hectárea, a todos los establecimientos mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, que recaudará el Banco de Previsión Social conjuntamente con las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con destino exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de frontera del norte y nordeste del país.

Art. 18. (Facilidades de pago especiales). - El Banco de Previsión Social queda facultado para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles o inmuebles, así como su producción, fueren afectados por fenómenos climáticos, acorde a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 19. (Control indirecto). - Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero nacional, no podrán otorgar, so pena de hacerse solidariamente responsables de los adeudos que existieren, créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas acrediten cumplir regularmente el pago de sus contribuciones sociales mediante la exhibición del certificado que al efecto expedirá, con vigencia anual, el Banco de Previsión Social.

Art. 20. (Asignaciones Familiares). - Inclúyense en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan personal dependiente y se encuentren al día en el pago de sus aportes de seguridad social.

Art. 21. (Anticipo prejubilatorio). - Los trabajadores con cincuenta y cinco años de edad siendo hombres, una vez producido y acreditado el cese de la relación laboral y configurada la causal jubilatoria, percibirán un anticipo prejubilatorio equivalente al 70% (setenta por ciento) de la probable pasividad a juicio del Banco de Previsión Social.

Art. 22. (Deudas atrasadas). - Establécese un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos por contribuciones de seguridad social, devengados hasta el 30 de setiembre de 1986.

El régimen de facilidades aplicable a dichos adeudos será el previsto por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 23. - Los adeudos por contribuciones de seguridad social de los empresarios rurales a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, titulares de explotaciones de hasta doscientas hectáreas de Indice CONEAT 100, se reajustarán, a partir del 1º de abril de 1987, por el 70% (setenta por ciento) del índice establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 24. - El Banco de Previsión Social reliquidará los convenios de facilidades de pago ya realizados, conforme a las normas de los artículos 22 y 23.

Facúltase al Banco de Previsión Social a establecer regímenes de cancelación de adeudos en base a cuotas variables de amortización, crecientes o decrecientes a opción del deudor.

Art. 25. (Nuevos empresarios jóvenes). - Exonérase, por el término de cinco años a contar desde la vigencia de la presente ley, del 50% (cincuenta por ciento) del pago de contribuciones a la seguridad social, a toda persona menor de treinta años que inicie actividades agropecuarias en predios que, en forma individual o en conjunto, no superen las doscientas hectáreas con Indice CONEAT 100.

Art. 26. - Derógase el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, y todas las normas que se opongan a la presente ley.

Art. 27. - La presente ley rige desde el día 1º de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación.

Art. 28. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 4 de diciembre de 1986.

Uruguay Tourné, Miembro Informante; Eugenio Capeche, Carlos W. Cigliuti, Luis B. Pozzolo, Héctor Lorenzo Ríos, Juan A. Bentancur, José Cerchiaro San Juan, Walter Isi. Legisladores".

-En consideración.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: en la oportunidad en que la Asamblea General dio entrada al Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se formalizaban distintas observaciones al texto aprobado por el Parlamento, referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social, este Cuerpo decidió encargar a dos Comisiones legislativas competentes en la materia -la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes- que, en forma conjunta, realizaran los estudios pertinentes y elevaran un informe.

No escapa a nuestra comprensión que esta solución adoptada por la Asamblea General presentaba algunos obstáculos desde el punto de vista reglamentario -por cuanto este Cuerpo preveía la reunión de dos Comisiones Permanentes de ambas Cámaras para tratar determinados asuntos- de acuerdo con la terminología y la situación reglamentaria del siglo pasado, pues tal es el carácter y la naturaleza de las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea General. Esto supuso un cuestionamiento, que se hizo llegar a estas Comisiones, por cuanto hubiera correspondido que el informe fuera elaborado por una Comisión Especial designada a esos efectos, integrada por cuatro miembros de la Cámara de Representantes y tres de la Cámara de Senadores, que asumiera la competencia a la que acabamos de referirnos.

No obstante, se ha entendido que no viola de manera alguna ni el texto ni el espíritu del Reglamento de la Asamblea General entender -como forma natural del dinamismo que el tiempo va imponiendo en el Reglamento- que la mención es a las Comisiones Permanentes existentes en ambos Cuerpos.

En consecuencia, el pronunciamiento de esta Comisión bicameral se ajustaba estrictamente al contenido del Reglamento, por lo que consideramos que el procedimiento fue correcto. En la reunión conjunta de ambas Comisiones se procedió al análisis de las observaciones del Poder Ejecutivo y la posterior elevación de la Carpeta con el texto sustitutivo del Mensaje y proyecto de ley, en el entendido de que el informe sería hecho en forma verbal por los respectivos Presidentes de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado -en cuyo nombre estoy hablando- y de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes.

Desde el punto de vista formal, también debo señalar que el Poder Ejecutivo, al ser invitado expresamente, cometió al Director General de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contador Cappellini, la tarea de representarlo.

Por lo tanto, es en coordinación con el Poder Ejecutivo que se ha elaborado el texto que hoy tenemos a consideración.

En este sintético informe debo expresar que el Mensaje del Poder Ejecutivo contiene dos clases de disposiciones, que por parte de los integrantes de la Comisión de la Asamblea General determinaron planteos diversos en orden a su constitucionalidad.

El primero lo realizaron los integrantes del Partido Nacional y se refiere a que adoptando el texto del Mensaje del Poder Ejecutivo la observación a normas o disposiciones concretas del texto de ley, implementaba simultáneamente soluciones de carácter legislativo; proponía textos aditivos o sustitutivos que entendía representaban la conjunción de la voluntad del Poder Ejecutivo.

Esto ha determinado por parte del Partido Nacional referir una posición de principios que, en ocasión del anterior veto del Poder Ejecutivo, tuvo la oportunidad de traducir en este Cuerpo el señor legislador Sturla, en nombre del partido, en cuanto a que no aceptábamos en forma alguna que por imposición de las normas constitucionales los textos sustitutivos del Poder Ejecutivo pudieran interpretarse como aquellos que fictamente determinaran una aprobación de la Asamblea General debido al transcurso del término de sesenta días sin su pronunciamiento.

Se ha considerado -y esto integra, de alguna manera, un valor de consenso del Parlamento, y particularmente en esta reunión- que la dueña de las observaciones y quien debe determinar el alcance o la solución concreta que debe adoptarse es la Asamblea General. En ese sentido, como integrantes de esa Comisión -y particularmente en mi condición de integrante del Partido Nacional- reiteramos ese punto de vista de nuestro partido en cuanto a la solución constitucional de los textos aditivos o sustitutivos propuestos por el Poder Ejecutivo.

El segundo elemento considerado por parte de la Comisión, con implicaciones de orden constitucional, fue que el Poder Ejecutivo formaliza un veto a una disposición inexistente. Y voy a aclarar el alcance de esta referencia que acabo de expresar.

El Poder Ejecutivo formaliza un veto a la omisión del proyecto de ley en cuanto a no recoger una previsión contenida en el proyecto originario de dicho Poder, y luego el texto que aprobó la Cámara de Representantes y que se elevara al Senado, por la que se establecía la obligación de que aportaran a la Seguridad Social los propietarios de inmuebles rurales inexplotados, en forma sustitutiva, para el caso de que el titular de la explotación no lo hiciera. Esta disposición fue suprimida por el Senado de la República por razones de distinta naturaleza y, por lo tanto, no forma parte del cuerpo legislativo que pasó a consideración del Poder Ejecutivo.

Esta circunstancia determinaría que no pueda observarse, aparentemente, lo que no existe. Lo que no está en el cuerpo de un proyecto de ley, en su articulado concreto no puede ser objeto de una observación, de una impugnación, un veto o una objeción porque lo que en suma ameritaría la conducta del Poder Ejecutivo sería enviar un texto sustitutivo, un proyecto de ley ampliatorio que corrija la omisión padecida en el texto concreto de esa ley.

Esta observación mereció la consideración de los integrantes de la Comisión, quienes se encontraron frente a los dos espinosos y graves problemas de orden constitucional que hemos mencionado. El entendido de que existía una razón de interés general del Estado y una razón compartida por todos los partidos políticos y el Poder Ejecutivo en cuanto a la necesidad de implementar en los términos más inmediatos posibles la sanción de un proyecto de ley en materia de aportaciones rurales, ameritó que simplemente se encomendara a los miembros de dicha Comisión que cada uno de ellos dejara salvado ante la Asamblea General este orden de consideraciones que en el plano constitucional merecía el Mensaje y se trataran de estructurar los textos sustitutivos asimilando, analizando y recogiendo, de alguna manera, esa posición de consenso de la Asamblea General, de los legisladores y a su vez, del Poder Ejecutivo.

A fin de que los otros compañeros del Cuerpo, y fundamentalmente la Presidencia de la Comisión de Previsión Social, con la brillantez y erudición que la caracteriza, puedan aportar, en la forma más amplia posible, elementos de juicio a esta Asamblea General, me voy a referir sucintamente a las modificaciones que hemos introducido.

En primer lugar, la observación primaria del Poder Ejecutivo en cuanto a que se había excluido a los inmuebles inexplotados de la obligación de aportar a la Seguridad Social por parte de los propietarios, fue motivo de una controversia muy seria en la que se reflejó el punto de vista del Senado, en primer término. En este Cuerpo, el señor legislador Capeche se refirió a la conveniencia de la solución, y luego el señor legislador Aguirre planteó objeciones de carácter constitucional. La Comisión se enfrentó, entonces con un problema muy dificultoso. Pero la razón determinante o que, de alguna manera, condicionó el voto -sin perjuicio de entender las razones en sentido contrario que estaban jugando en el caso- fue la que proporcionaron tanto el Poder Ejecutivo como los integrantes de la Cámara de Representantes en esa Comisión en cuanto a que, fundamentalmente y en principio, lo que se buscaba era una protección del organismo fiscal frente a posibles entendimientos de tenedores de grandes extensiones de tierras, o adquirentes de tierras con mero sentido especulativo, que pudieran hacer frustráneo el interés del Estado y de la Seguridad Social desde el punto de vista financiero y de las aportaciones correspondientes a los predios que ocupaban.

En una palabra, y concretamente, lo que se señaló por parte de los integrantes de la Comisión de Previsión Social de la Cámara fue que el país se encontraba con la realidad, dentro de nuestro ambiente rural, de enormes extensiones, de campos en manos de terratenientes extranjeros que simplemente por razones de carácter especulativo compraban tierras en nuestro país y no las destinaban a la finalidad social que debe buscar el Estado en cualquier caso, y aunque no se trate específicamente en éste del análisis de un proyecto de ley referido a la tenencia de la tierra o a la implementación de condiciones para una explotación racional de este limitado recurso que para la economía del país es, quizás, el prioritario.

La Comisión entendió, con objetivos muy concretos, que era necesario aportar una respuesta a esas determinaciones que se formalizaban, y que en los casos de propiedades inexplotadas debía surgir un titular responsable, que no era otro más que el propietario de la tierra.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo presentó una fórmula intermedia entre aquella originaria, que establecía la responsabilidad del propietario en el caso de inexistencia de explotación y el derecho de repetición contra el que fuera titular jurídico de esa extensión de campo, y el inciso segundo de la norma originaria, que en estos casos fijaba un recargo del 50% en el gravamen. Se retiró este inciso segundo, y se mantuvo exclusivamente el inciso primero disponiendo la garantía sustitutiva, el aval del propietario en los casos de tierra no explotada, de parcelas del territorio rural del país no objeto de explotación.

Eso se incorporó en el texto que está a consideración del Cuerpo como artículo 4º, que dice: "Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare".

Tal es el alcance de la primera modificación que, como veremos con posterioridad por el agregado de otro artículo, implica una corrección del articulado meramente en el orden numérico, pero que en definitiva recogería la observación del Poder Ejecutivo.

La segunda observación del Poder Ejecutivo se refiere a la inclusión en el artículo 6º del proyecto que pasó para su promulgación, de una norma declarativa respecto a los beneficiarios del Decreto-Ley Nº 15.087, que en concreto incluye al titular de una explotación unipersonal y a su cónyuge en el sistema social de regímenes de seguros de enfermedad. Señala que no participa de esa inclusión, por cuanto este inciso segundo del artículo 6º origina una confusión, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero, que para el caso de empresas pluripersonales extiende el derecho a ser reconocidos como aportantes o como afiliados, a los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares -cónyuges y hermanos- siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento, aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

El Poder Ejecutivo considera que la extensión de los seguros de enfermedad al caso de las empresas pluripersonales, por las situaciones familiares y de socios significa un régimen privilegiado que no cuenta con su iniciativa. Esta extensión de beneficios de carácter social que no tiene iniciativa preceptiva del Poder Ejecutivo, estaría significando para el sector rural comprendido dentro de la Seguridad Social, un privilegio respecto a los restantes sectores de industria, comercio, etcétera. A los fines de dejar muy bien aclarado cuál es el alcance de esta norma, solicitaba el desglose de la disposición referida al cónyuge colaborador, que no altera el carácter unipersonal de la empresa -en el caso de las empresas unipersonales- quedando ambos cónyuges amparados por los beneficiarios correspondientes, inclusive el seguro de enfermedad.

La Comisión entendió que si por el simple medio de tomar el inciso correspondiente a las empresas pluripersonales y cónyuges colaboradores, y transformarlo en un artículo separado, aportábamos un esclarecimiento, y esto permitía que los administradores del Banco de Previsión Social y quienes tienen a su cargo el manejo de esta temática tuvieran despejado y con clara visualización el fenómeno, y no se originaban confusiones de futuro, desde ese punto de vista la observación imponía apenas una mera modificación en la arquitectura del proyecto, sin que afectara la letra y el espíritu del mismo. Por tal motivo se lo ha recogido incorporándolo como artículo 8º, desglosando del originario 6º la norma correspondiente en esta materia.

Por último, el Poder Ejecutivo vetó el texto del inciso tercero del artículo 8º del proyecto, que se refiere a "Montepío: concepto y monto" como "nomen juris" de esta disposición, por la cual el Senado estableció originariamente en un 10% la tasa de aportación por concepto de montepío para los trabajadores rurales, en cualquier caso.

El Poder Ejecutivo entiende que esta tasa, que de acuerdo con la legislación vigente está fijada en un 17% -16% más 1% de aportación personal- fue modificada en el texto de las iniciativas del Poder Ejecutivo de mayo y ratificada en setiembre de 1986, estableciendo una distinción según categorías: hasta peón especializado, el aporte se fijaba en un 10% y por encima de esa categoría en un 13%.

El Poder Ejecutivo veta por inconstitucionalidad esta norma que establece una rebaja de las aportaciones y de la contribución especial a la Seguridad Social, que significa una disminución, no solamente respecto a la legislación vigente en términos fijos, sino incluye en lo referente al texto sustitutivo propuesto por el Poder Ejecutivo y que había llegado al Senado de la República en el proyecto de la Cámara.

La Comisión ha entendido también razonables, desde todo punto de vista, los planteos del Poder Ejecutivo, y dejando de lado el texto que propone en el Mensaje -esto con el acuerdo del Poder Ejecutivo- toma el texto original incluido en el proyecto del Poder Ejecutivo del mes de mayo de 1986 -luego ratificado en setiembre, que fuera aprobado por la Cámara de Representantes- y lo incorpora como inciso tercero del artículo 10, en la nueva numeración del articulado y pasa a decir: "Las categorías ocupacionales de los trabajadores rurales de: tropero, peón jornalero, servicio doméstico, cocinero, menores de dieciocho años, peón chacarero, peón especializado, tractorista y sereno, aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). Las restantes categorías ocupacionales de los trabajadores rurales aportarán un montepío del 13% (trece por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales".

Tal el alcance y el contenido de las observaciones del Poder Ejecutivo que la Comisión promueve y plantea ante el Cuerpo a efectos de que con las previsiones, las normas y la nueva numeración, se ratifique el proyecto de ley originario ajustándolo a las observaciones, lo que impondría la incorporación, como artículos independientes, de incisos que estaban en el Mensaje del Poder Ejecutivo, así como la inclusión de normas que ya existían en el proyecto originario del Poder Ejecutivo y de la Asamblea General.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Voy a realizar una precisión, porque estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el señor miembro informante.

Debe modificarse el inciso final del artículo 10 del proyecto propuesto por la Comisión integrada, que hace referencia a los artículos 2º y 3º. La referencia debe hacerse con respecto a los artículos 1º y 2º, por cuanto, al eliminarse en el Senado el artículo 1º del proyecto enviado por la Cámara de Representantes, los empresarios -o sea, aquéllos que están obligados a retener las aportaciones de los obreros- están mencionados en los artículos 1º y 2º de la norma. Reitero que debe ser modificado el inciso final del artículo 10 del texto propuesto por la Comisión Integrada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - Consideramos acertadas desde todo punto de vista las observaciones realizadas por el señor legislador Silveira Zavala, porque se trata de ajustar el texto originario, que no fue corregido en el Senado ni en la Cámara de Representantes, siendo ésta la oportunidad de hacerlo, antes de que el proyecto sea sancionado. Por consiguiente, como miembro informante -puesto que se trata de una corrección o un ajuste de la remisión que se hace en el artículo 10- estoy en principio de acuerdo con lo propuesto por el señor legislador.

SEÑOR PRIETO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Prieto.

SEÑOR PRIETO. - Deseo esencialmente solicitar una aclaración al señor miembro informante.

Si bien en general estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta que se ha elevado a la Asamblea General como una solución a la problemática que tenemos entre manos, su pertinencia nos merece muy serias dudas. Nos referimos a la posibilidad de que este Cuerpo pueda aprobar un proyecto sustitutivo.

La Comisión debe haber analizado detenidamente esta cuestión y en virtud de ello solicitamos que el señor miembro informante tenga la gentileza de dar los fundamentos, con el fin de ver si podemos sumar nuestro voto a esta propuesta, si los argumentos que nos sean suministrados resultan lo bastante convincentes. Por el momento tenemos una gran duda con relación a su constitucionalidad, por lo que deseamos la aclaración correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR TOURNE. - La razón del procedimiento utilizado por la Comisión y los fundamentos constitucionales para aconsejar este mecanismo surgen de lo dispuesto en el artículo 139 de la Carta. Esta norma se refiere a las observaciones parciales interpuestas por el Poder Ejecutivo, señalando que si éstas se refirieran a una parte del proyecto, la Asamblea General, por mayoría absoluta de presentes, podrá ratificarlas ajustándose a aquéllas. Esto supone una doble operación: la Asamblea General puede aceptar o rechazar las observaciones parciales; si las acepta, se exige una mayoría absoluta de votos de sus integrantes; si las rechaza, se necesitan los tres quintos de votos de sus componentes. En el primer caso, si acepta las observaciones por mayoría absoluta, la Asamblea General ratifica el proyecto y luego ajusta su pronunciamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo. Esto implica una operación intelectual en la redacción del proyecto de ley, para establecer los mecanismos que viabilicen dichas observaciones; con ello, el máximo órgano legislativo queda en definitiva autorizado, como dueño de las observaciones y como expresión de su voluntad, a tomarlas y enmendar, crear un texto sustitutivo o ampliar el artículo con el que discrepa el Poder Ejecutivo. En definitiva, en la expresión "ratificarlo ajustándose a aquéllas", la palabra "ajustar" supone una operación -reitero- de carácter intelectual en torno al texto legal que ha sido objeto de veto y que implica que éste se adecue a las observaciones. Adecuar un texto legal puede implicar, a veces, cambiar meramente una palabra, o toda una frase, o todo el contenido de la disposición que ha sido objeto de la observación o discrepancia del Poder Ejecutivo.

Esas son las razones o fundamentos que, si bien podrán ser o no aceptados, la Comisión considera adecuados: que el sentido de la expresión de la disposición constitucional implica la posibilidad de un desarrollo subsiguiente: no sólo meras correcciones de tipo gramatical o ajustes a la significación, sino inclusive la sustitución del texto, siempre que se trate de ratificación de un texto legal y de ajuste en la norma concreta que es materia de la observación.

No sé si he sido claro, pero ese es el fundamento que ha sustentado la Comisión en la materia.

Deseo señalar que este tema podría haber sido objeto de una larga disquisición, e inclusive de una extensa polémica. No todos concordamos con que la solución constitucional en esta cuestión deba ser la que la Comisión ha entendido pertinente. Sin embargo, hemos partido del hecho de que la Asamblea General debe ser la dueña de la medida.

Pero hay otra razón fundamental: este texto legal no puede esperar el transcurso de sesenta días, porque ello produciría un trastorno profundo en la financiación de la seguridad social. Este proyecto de ley debió haber empezado a aplicarse el 1º de octubre de 1986. Es decir, vamos corriendo con un retraso de más de sesenta días, lo que significa complicaciones y dificultades de todo orden para la Administración, pero en grado extremo para los administrados, para el contribuyente, para el trabajador y para el empresario rural, por cuanto en el mes de febrero tendrán que comenzar a efectuar los aportes por el nuevo sistema legal.

En este proyecto se establece un plazo de equis días; por ejemplo, en materia de financiación se prevé la posibilidad de que el empresario rural opere mediante alguno de los mecanismos de financiación establecidos en este proyecto, o haga una opción por el sistema anterior, si es que se hubiera ajustado a la ley de financiación donde se establecieron determinados plazos.

Todas estas razones determinan claramente que el criterio con que se procedió -fuera de las discrepancias naturales y de las fundadas razones que pudiera tener alguno de los miembros de la Comisión- fue el de considerar que se dejaron salvadas las observaciones, aunque podría discutirse este tema en profundidad en otra ocasión. Entendíamos que hacíamos un aporte positivo y fundamental al país dando nuestro voto, precisamente -en función de las mayorías requeridas- a un proyecto de ley que está siendo aguardado por toda la nación pero, fundamentalmente, por el sector rural.

Por ahora nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: lamentablemente, voy a tener que oponerme al informe de la Comisión integrada, en virtud de la forma en que ha sido presentado. No se debe a que discrepe con la necesidad de que este proyecto sea aprobado de inmediato y promulgado por el Poder Ejecutivo, como sucederá, porque, cualquiera sea la resolución que adoptemos sobre estos vetos, como son de carácter parcial, aunque se los apruebe o se los rechace, en el día de hoy quedará aprobada la ley por la Asamblea General. Luego será comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo y éste la promulgará.

Lo que sí me merece objeciones es el camino que ha elegido la Comisión Bicameral -dicho esto con todo respeto por sus integrantes- por cuanto no está permitido por la Constitución.

Este problema es mucho más importante que el que se refiere al contenido concreto de las disposiciones observadas; es más trascendente que el hecho de si tiene razón o no el Poder Ejecutivo en querer hacer reaparecer, por vía de veto, la disposición original que estaba en el artículo 5º de su proyecto, o si tenía razón el Senado cuando, a instancias del señor legislador Ricaldoni, suprimió esa disposición al votarla negativamente por diecinueve votos en veinticuatro. Mucho más importante es establecer cuáles son los mecanismos constitucionales para elaborar las leyes y para sancionarlas, cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo cuando observa un proyecto de ley y cuáles las de la Asamblea General en tales casos. Es decir, que ante todo hay que determinar si la Asamblea General tiene iniciativa en materia legislativa, y si, por vía de la consideración de observaciones a un proyecto de ley puede votar nuevas disposiciones que no han tenido el trámite normal de elaboración de las leyes, de acuerdo a lo prescripto por la Constitución.

Afirmo categóricamente, señor Presidente, que ni una Comisión de la Asamblea General, ni ella misma, puede, con motivo de la consideración de observaciones del Poder Ejecutivo, presentar un nuevo proyecto de ley, que es lo que en este caso ha hecho la Comisión. Esta nos presenta, en el repartido anexo, un nuevo proyecto de ley. Esa nueva iniciativa, que no se puede considerar, no se limita a aceptar las observaciones del Poder Ejecutivo, a incluir un artículo que no figuraba en la ley, a desglosar un inciso que formaba parte de un artículo y transformarla en otro o a numerarlo de manera distinta, sino que también pretende modificar un artículo que estaba en la ley, para darle un contenido que no tenía el proyecto original del Poder Ejecutivo ni el artículo vetado. El artículo 10 de este pretendido nuevo proyecto, da al problema de las tasas de aportación de los trabajadores rurales una solución que no es la vetada ni la que proponía el Poder Ejecutivo. Esa facultad, ¿de dónde sale? La Asamblea General no tiene esa facultad, como tampoco tiene la Comisión la posibilidad de presentar nuevos proyectos de ley al aconsejar acerca de la resolución a adoptar sobre las observaciones a una iniciativa legal. Ello resulta del tenor clarísimo del artículo 141 de la Constitución y de la práctica que en observancia del mismo ha venido siguiendo rigurosamente la Asamblea General.

Dice el artículo 141 de la Constitución: "En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no". Luego se dice que "los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa". Esto último no interesa. Pero queda claro cuál es el procedimiento. Es decir, si vienen observaciones totales o parciales a un proyecto, sólo se puede votar por sí, lo que supone mantener el proyecto original, o por no, lo que implica aceptar las observaciones del Poder Ejecutivo. No podemos considerar nuevos proyectos de ley, artículos que no estaban en la ley sancionada, ni modificaciones a un artículo que no estaban en el texto vetado ni tenía ese alcance en las observaciones del Poder Ejecutivo. Eso es absolutamente irregular desde el punto de vista constitucional, y por lo tanto no es posible seguir el criterio que propone la Comisión.

Por otra parte, al plantear ese temperamento, la Comisión ha aceptado un criterio que tiene el Poder Ejecutivo en materia de observaciones, y eso es en mi opinión lo más grave en este problema. En efecto, el Poder Ejecutivo -como ha manifestado el señor miembro informante- en su primera observación a lo que era el artículo 5º del proyecto que él mismo había elevado al Parlamento, ha decidido vetar una disposición que no figura en la ley. Es decir, no veta la ley, sino algo que no está en ella. Aunque parezca un contrasentido o algo ridículo o absurdo, eso es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y lo que propone legitimar la Comisión al considerar un veto que no es tal. Entonces, al incluirlo en la ley, hace suyo el texto que sugiere el Poder Ejecutivo, que no estaba en la misma, porque había sido rechazado en el Senado de la República y que no llegó al Poder Ejecutivo a efectos de su promulgación. Esto es absolutamente inconstitucional y no puede ser aceptado.

Voy a tratar de explicarme con mayor claridad. Sostengo que este veto concreto a lo que había dejado de ser el artículo 5º del proyecto de ley es jurídicamente improcedente. ¿Por qué digo esto? Porque el Poder Ejecutivo sólo tiene dos maneras de ejercer su facultad constitucional de oponer observaciones a los proyectos de ley. La primera es lo que se conoce como el veto total, es decir, la observación a todo un proyecto de ley, atribución que está establecida y regulada por los artículos 137 y 138 de la Constitución. La segunda forma de ejercer esta facultad es a través del veto parcial, o sea mediante observaciones "a una parte" del proyecto, mecanismo que está autorizado por el artículo 139 de la Constitución.

Queda claro que, en todo caso, la regla es que se observa un texto sancionado por ambas Cámaras, ya sea en su totalidad o en parte, pero nunca un texto que no forma parte de la iniciativa sancionada. Esto es debido a dos razones. En primer lugar, porque no puede observarse algo que no forma parte de la ley, pues en ese caso no se observa toda la ley ni parte de ella. En segundo término, porque el Poder Ejecutivo, cuando se le remite un proyecto de ley sancionado por las Cámaras, puede hacer sólo una de estas cuatro cosas. Primero, promulgarla expresamente, con arreglo a los artículos 143 y 146 de la Constitución. Segundo, promulgarla tácitamente, dejando transcurrir el plazo de diez días previsto en el artículo 144 de la Carta. Tercero, observar toda la ley, procedimiento éste que, como ya dije, está establecido en los artículos 137 y 138 de la Constitución. Y cuarto, observar parcialmente la ley, con arreglo al artículo 139 de la Constitución. Quiere decir que el Poder Ejecutivo, toda vez que no veta, promulga, y sólo puede promulgar lo que, por estar en el proyecto sancionado, se encuentra en condiciones de llegar a ser ley. Esto no ocurre con una disposición que había sido rechazada por las Cámaras y no sancionada por éstas.

En resumen, sólo puede promulgarse lo que ha sido sancionado y, en consecuencia, puede vetarse... Dicho de otra manera, sólo puede vetarse lo que está en condiciones de promulgarse. De manera que una disposición no sancionada es de imposible promulgación y, por ende, no es susceptible de ser vetada. Sin embargo, una disposición que no fue sancionada y que por tanto es de imposible promulgación, ha sido vetada por el Poder Ejecutivo. Mejor dicho, lo que ha sido vetado en su rechazo por ambas Cámaras. Entonces, el Poder Ejecutivo pretende incluirla en la ley por la vía del veto, cosa que ha sido aceptada, con absoluto error desde el punto de vista Constitucional, por la Comisión Bicameral.

Por último, quiero hacer ver que este procedimiento violenta todas las reglas constitucionales existentes en materia de iniciativa legislativa y todo lo que hace al proceso por el cual una ley llega a sancionarse y promulgarse. ¿Cuál es ese proceso? La elaboración de la ley comienza por la iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno o más legisladores; sigue por su aprobación por una de las Cámaras; luego viene la sanción que puede producirse en la otra Cámara, en la de origen -si es que el proyecto le fue devuelto a ésta- o en la Asamblea General, si se mantienen las discrepancias entre ambos Cuerpos. Luego sigue la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, directamente o previo levantamiento de sus observaciones por la Asamblea General.

Quiere decir, señor Presidente, que no puede haber una iniciativa directa del Poder Ejecutivo tendiente a la sanción también directa por parte de la Asamblea General, sin que el proyecto de ley haya pasado antes por la etapa de aprobación en una y otra Cámara.

Esto que se quiere hacer hoy y que propone la Comisión niega y violenta el sistema bicameral. En este caso se pretende que una disposición que no cuenta con la mayoría absoluta de cada Cámara sino que, por el contrario, había sido rechazada primero por el Senado y luego por la Cámara de Diputados, adquiera fuerza de ley, pues el Poder Ejecutivo quiere introducirla por la vía del veto y la hace suya una Comisión Bicameral, asumiendo una facultad que no tiene.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR AGUIRRE. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR RICALDONI. - No quiero ser muy extenso, porque comparto todas las observaciones que acaba de formular el señor legislador Aguirre, de modo que no podré acompañar con mi voto la tesis que plantea el Poder Ejecutivo.

Creo sí que existen todos esos vicios de inconstitucionalidad que se han señalado en lo que tiene que ver con un texto que ahora se intenta poner a consideración de la Asamblea General y que no tuvo su origen en este Parlamento.

Considero que si el Poder Ejecutivo desea que determinadas normas legales existan como tales, tiene la iniciativa para, luego de aprobada una ley, enviar otro proyecto -en esta materia tiene la iniciativa que le da el artículo 86 de la Constitución- y, en base a ello, el Parlamento podrá luego tratar la materia que ahora se pretende incorporar sin haber tenido un trámite parlamentario previo.

No deseo abundar en estos aspectos, porque el señor legislador Aguirre lo viene explicando con un criterio muy compartible. Pero quiero agregar un argumento más, que para mí es decisivo, en cuanto a la imposibilidad, en esta instancia del trámite, de incorporar normas que no fueron aprobadas previamente por el Parlamento.

El artículo 135 de la Constitución regula una hipótesis distinta a la que estamos considerando, ya que hace referencia a las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras, que son ventiladas en la Asamblea General, y dice a texto expreso que se puede aprobar un proyecto distinto a aquel que una Cámara eligió y a aquel que la otra aprobó. El constituyente quiso abrir la posibilidad de que hubiera una tercera hipótesis legislativa, no emanada de una Cámara ni de la otra, sino por la sola formulación de la Asamblea General, a efectos de resolver el conflicto intercameral; y es a ese caso al que se hace referencia en el artículo 135 cuando se dice que puede aún aprobarse un nuevo proyecto. No se dice, sin embargo, lo mismo cuando se plantea el problema que actualmente estamos considerando, es decir, cuando el Poder Ejecutivo, en uso de un derecho constitucional, interpone un veto. Pero hay que tener en cuenta que se veta una norma emanada del Parlamento y que ese veto no puede ser entendido como una iniciativa legislativa, que en este caso no recorrería el trámite que la propia Constitución ordena a través de otros artículos que todos conocemos.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Agradezco al señor legislador Ricaldoni que me haya solicitado la interrupción, porque me ha ahorrado formular un argumento que reservaba para el final de mi exposición. Evidentemente, lo que él ha expresado es clarísimo, ya que, de acuerdo con el texto del artículo 135 de la Constitución, la única hipótesis en que por vía de excepción la Asamblea General puede modificar los proyectos existentes es cuando debe resolver discrepancias surgidas entre ambas Cámaras.

Desde el punto de vista jurídico, podría agregar que existen muchos antecedentes en la materia, provenientes de ilustres jurisconsultos que durante muchos años han integrado el Parlamento con brillo. Fundamentalmente, se puede hacer referencia a la clásica tesis de Espalter, que está recogida en sus trabajos parlamentarios. Voy a hacer gracia a la Asamblea General de leer lo que con brillantez expresaba el doctor José Espalter, porque creo que el problema es de una claridad meridiana y varios colegas me han expresado que comparten totalmente lo que estoy expresando; inclusive, antes de la sesión me manifestaron su preocupación ya que consideraban que se había elegido un camino totalmente errado desde el punto de vista constitucional.

Por lo expuesto, no voy a incursionar más en el problema jurídico. Pero como quiero ser práctico y contribuir a que se sancione este proyecto de ley -reitero que no está en mi ánimo impedir que ello ocurra, sino que, por el contrario, considero que es absolutamente necesario y urgente hacerlo- voy a dar mi punto de vista respecto al camino que creo debe seguirse.

Como siempre que hay observaciones del Poder Ejecutivo, lo único que hay que hacer es votar por sí o por no las observaciones, y no considerar textos distintos. En este caso, aparece una primera observación que es absolutamente inconstitucional y que no puede ser considerada, porque no se observó nada del proyecto de ley, sino que se pretende incluir un artículo que no figuraba en él. Ese veto no puede ser tenido en cuenta y ello significa su rechazo implícito. Con respecto a las otras dos observaciones, hay que votarlas; si hay mayoría absoluta para su aprobación, la observación queda aprobada y se incorpora al proyecto de ley, mientras que si hay tres quintos de votos para rechazarla, queda no aceptada y, por consiguiente, se mantiene el texto del proyecto de ley que había sido sancionado y remitido al Poder Ejecutivo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador Isi.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR ISI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: tuvimos oportunidad de señalar las dificultades que presentaba el Mensaje del Poder Ejecutivo que contiene las observaciones, en un doble orden de consideraciones, en cuanto a la conducta que debía seguir la Asamblea General frente a un texto en el que aparecen en forma conjunta las observaciones que plantea el Poder Ejecutivo al proyecto de ley y las soluciones legislativas. En este sentido, en forma clara y concreta expresamos que el dueño de las observaciones es la Asamblea General, que en definitiva determina cuál es el camino que debe seguirse en esta materia. Creemos que lo que debe ser objeto de un severo cuestionamiento es el hecho de que, por la vía del transcurso ficto de los sesenta días a partir de la presentación del Mensaje del Poder Ejecutivo sin que hubiera un pronunciamiento de la Asamblea General, pudieran quedar aceptadas las observaciones con los textos legales por él propuestos. Ello determinó oportunamente por parte de nuestro Partido un cuestionamiento en torno a este punto, decidiéndose dejar fijada una posición de principios y de acatamiento estricto al texto constitucional.

Otro asunto diferente es el referido a cómo debe proceder la Asamblea General con relación a las observaciones del Poder Ejecutivo. No tenemos el honor de compartir el punto de vista del señor legislador Aguirre, expuesto con la ilustración, erudición y sabiduría constitucional que lo caracterizan. Por el contrario, entendemos que hay un texto constitucional muy claro.

El artículo 141 hace referencia a lo que llamamos el veto en bloque a un proyecto de ley, es decir, la oposición a la totalidad de un texto legal, y no a observaciones parciales, que sólo abarcan algunas de sus partes. Cuando se trata de una observación global del Poder Ejecutivo, la Asamblea General la acepta o la rechaza, porque el texto legal ha sido observado en su totalidad en su contenido, en su filosofía y en sus consecuencias.

Hay en ese caso una incompatibilidad absoluta de uno de los Poderes del Estado, colegislador, con una norma legal, y esto determina que únicamente pueda seguirse el camino establecido en el artículo 141 en el sentido de reconsiderar la totalidad del proyecto en bloque y realizar la votación por sí o por no en un solo acto. En este sentido compartimos la objeción formulada por el señor legislador Aguirre.

Sin embargo, existe una norma concreta para el caso de que se formulen observaciones parciales, como el que en este momento está considerando la Asamblea General. Me refiero al artículo 139 de la Constitución, que establece que cuando medien observaciones parciales sobre algunas disposiciones del proyecto, la Asamblea General, por mayoría absoluta de presentes, podrá ratificarlo, ajustando -esta palabra es el quid de la cuestión constitucional- su texto a las observaciones.

Es decir que se expresa cuál debe ser el procedimiento a seguir por la Asamblea General en los casos en que se deban tratar observaciones parciales a un proyecto de ley formuladas por parte del Poder Ejecutivo. Indica el mecanismo de funcionamiento; señala que puede ratificar el proyecto originario, ajustando su texto a dichas observaciones, si es que las comparte. Y ese ajuste supone -reitero- un operativo legislativo tendiente a implementar las medidas para que se recojan en el texto del proyecto de ley las observaciones del Poder Ejecutivo, lo que supone, no un mero mecanismo de ajuste gramatical, sino una nueva redacción.

De manera que el procedimiento según el cual la Asamblea General establece textos sustitutivos que recogen las observaciones del Poder Ejecutivo, no tiene otro alcance ni otro fundamento que los expuestos. Además, ese operativo está validado expresamente por el texto constitucional.

Por otra parte, debemos pensar que en dos de los casos nos encontramos frente a observaciones que no alteran ni el texto del proyecto ni su contenido. En uno de los casos se trata simplemente de que lo que figura como un inciso pase a ser un artículo. No hay ningún cambio en el espíritu del proyecto de ley; se trata de un operativo esclarecedor, con el fin de que no puedan quedar comprendidas situaciones que no se quisieron contemplar. Y para que tanto el administrador como el administrado no tengan dudas en cuanto a sus contribuciones y los beneficios que los amparan, se solicita el desgloce, lo que es aceptado por la Comisión.

Se plantea la inconstitucionalidad de una conducta del Parlamento, originada en el Senado de la República, que estableció una exoneración tributaria que está prohibida por el texto constitucional si carece de la iniciativa del Poder Ejecutivo, y en este caso no la tenía. ¿Qué es lo que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo? Los proyectos y mensajes que en esta materia llegaron al Parlamento en mayo y setiembre de 1986, que originalmente fueron recogidos por la Cámara de Representantes y que pasaron luego al Senado. Allí fue que se produjo, digamos, la rebaja de la tasa de aportación, lo que evidentemente constituye una manera de establecer una exoneración tributaria parcial, porque disminuye el contenido o el monto de la obligación, lo que sin duda requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, en definitiva nos encontramos con un procedimiento por parte de la Asamblea General que representa, estrictamente, el ajuste a las normas constitucionales, con excepción de dos hechos que señalamos también en ocasión de la exposición que realizamos. En primer lugar, el referido al alcance de las observaciones, expresando un punto de vista que el Partido Nacional había exteriorizado ya por intermedio del señor diputado Sturla, en ocasión de tratarse el veto anterior, que fue el que determinó la convocatoria de la Asamblea General hace aproximadamente un mes.

En segundo término, está el hecho -en nuestro criterio, anómalo, pero que no podemos calificar de inconstitucional- referido a una observación por omisiones en el texto de la ley; no por la inclusión de una disposición. Se trata de un tipo de veto que yo calificaría como sui génesis, porque escapa de la doctrina, de lo que es habitual. Pero, ¿puedo afirmar que es inconstitucional? ¿Puedo afirmar que esta manera de proceder del Poder Ejecutivo es un exceso en el ejercicio de sus competencias, frente al que no corresponde otra actitud por parte de la Asamblea General que desecharlo "in limine"?

Creo que este es un problema que de alguna manera nos puede llevar a largos debates. Partiendo del criterio sustantivo de que la Asamblea General es dueña de las observaciones y que, operada su ratificación y siempre que se ajuste a ellas, puede introducir en el proyecto las modificaciones que permitan recogerlas, es que la Comisión aconsejó en el sentido que lo hizo, tanto con respecto a lo que mencionamos en primer lugar, referido a la modalidad de observación del Poder Ejecutivo y su forma de proyectar disposiciones legales, como en relación a aquella otra que está incita en el hecho de vetar una disposición, que no está expresamente contenida en el proyecto y que, como hoy se estila decir, está implícita o subyacente en la iniciativa, que si bien, de alguna manera, fue desechada por el Parlamento, por otro lado figuraba en el texto originario de la Cámara de Representantes.

Con todo el respeto que me merecen las fundamentadas exposiciones de los señores legisladores Aguirre Ramírez y Ricaldoni, me inclino por la prevalencia del artículo 139 de la Constitución de la República, que ordena como mecanismo instrumentador de las observaciones -cuando se está dispuesta a aceptarlas- el ajuste del texto de la ley, con la consecuencia de operar modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Isi.

SEÑOR LAMAS. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ISI. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Lamas.

SEÑOR LAMAS. - Señor Presidente: no vamos a entrar a analizar cada una de las soluciones contenidas en el proyecto desde el punto de vista del derecho jubilatorio, que en su momento motivaron la sanción de la Asamblea General y este veto parcial del Poder Ejecutivo.

Como muy bien lo expresaran los señores legisladores Aguirre Ramírez y Ricaldoni, aquí lo único que puede estar en juego es el alcance de este veto. Quiero señalar que no solamente comparto en su totalidad lo que ellos han expresado, sino que además debemos tener muy claro que el Parlamento o la Asamblea General, como uno de los órganos que lo integran, no son los dueños del procedimiento de sanción de las leyes. Es decir, para aprobar una ley, el Parlamento en cada una de las instancias tiene que ajustarse a lo que establece la norma constitucional. Todos sabemos que las leyes pueden ser inconstitucionales y declaradas como tales por la Suprema Corte de Justicia, por razones de forma o de fondo. Me inclino a pensar que, si esta ley se sancionara según la propuesta de la Comisión Bicameral, sería inconstitucional por razones de forma y pasible, por lo tanto, de ser declarada como tal por la Suprema Corte de Justicia, lo que crearía un sinnúmero de complejidades y complicaciones en el momento de su aplicación, elementos que no podemos olvidar.

Por lo tanto, no queda otro camino que el señalado por los legisladores preopinantes Aguirre Ramírez y Ricaldoni, en el sentido de que esta Asamblea General sólo puede pronunciarse respecto a cada uno de los tres vetos. Con respecto al primero, que lo es a una norma inexistente, el legislador Aguirre Ramírez propone que ni siquiera se considere. Le podría asistir razón, pero creo que, hasta por prolijidad, podríamos votar -y así lo sugiero- rechazar ese veto, a los efectos de que quede asentada, clara y expresamente, la voluntad de la Asamblea. Por último, habría que pasar a votar el segundo y tercer vetos -son tres las observaciones- sin entrar a la consideración del texto sustitutivo que nos plantea la Comisión Bicameral.

Entiendo que por esta vía estamos renunciando -aunque sea en forma inadvertida- a la potestad de legislar y dejando que lo haga el Poder Ejecutivo a través de los vetos. Puede acontecer que mañana se sancione otra ley, el Poder Ejecutivo nos envíe una norma que no estaba en el proyecto sancionado por las Cámaras, la Asamblea General la acepte y, entonces, en definitiva sería el Poder Ejecutivo el que estaría incorporando disposiciones que no fueron sancionadas por el Parlamento, lo cual me parece sumamente grave.

Pensamos que la tesis expuesta por la Comisión Bicameral con la mejor de las intenciones, que a lo mejor soluciona un problema de redacción que tenía el texto original -no soy experto en la materia- nos hace introducir en un camino sumamente peligroso, razón por la cual personalmente no comparto esa solución y creo que la Asamblea General, por razones de prolijidad y de ajuste al texto constitucional, debería proceder directamente a votar por su orden cada una de las tres observaciones. Se obtiene mayoría absoluta, queda convalidada la observación formulada por el Poder Ejecutivo; si no la obtiene, hay que ver si se logran o no los tres quintos para que quede rechazada.

Era cuanto quería expresar y agradezco al señor legislador Isi la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Isi.

SEÑOR STURLA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ISI. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR STURLA. - Señor Presidente: en primer lugar agradezco al señor diputado Isi que me conceda una interrupción, cuando aún no ha podido iniciar su exposición.

Simplemente deseo realizar tres breves reflexiones, motivadas en gran medida por la amistosa y coincidente alusión realizada por el señor legislador Tourné en relación a las palabras pronunciadas por mí, en nombre de la bancada del Partido Nacional, respecto a las potestades del Poder Ejecutivo en materia de formulación de observaciones a los proyectos de ley.

En primer lugar deseo manifestar que, según mi opinión, es absolutamente exacta la cita que él hace de lo expresado por mí en aquella ocasión. Pero no es menos cierto que mi interpretación -y entiendo que fue la de otros legisladores cuando este tema lo discutimos en el seno de la bancada nacionalista- era que el Poder Ejecutivo no sólo no podía, por la vía de los vetos parciales introducir nuevas disposiciones o modificar sustancialmente el contenido de un proyecto de ley, sino que tampoco la Asamblea General podía hacerlo por la vía que ahora pretende efectuarlo la Comisión.

Como segunda reflexión debo adelantar que este criterio se funda en los excelentes argumentos planteados por el señor senador Aguirre, que comparto en su totalidad y que me parecen de una contundencia demoledora.

También debo señalar que, a mi entender en caso de que por razones circunstanciales la Asamblea General no alcanzara a levantar la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo al artículo 3º del proyecto, la disposición -más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo- sería de una total y absoluta inconstitucionalidad, lo que habilitaría a la Corte a declararla como tal. El Poder Ejecutivo no puede inventar leyes sino que tiene que dictarlas, de acuerdo a los procedimientos constitucionales establecidos a esos efectos.

Quiero hacer otra reflexión sobre una de las expresiones del señor senador Aguirre. No me animo a decir que no la comparta, pienso que puede dar lugar a confusión en la interpretación de lo que aquí se diga.

No quiero calificar de histórica esta sesión, pero seguramente va a sentar un precedente de singular importancia en el momento en que otras legislaturas encaren problemas similares. No podemos olvidar que es la tercera vez en el curso de este período legislativo que se nos plantean estos problemas: una, en ocasión de tratarse la ley presupuestal; otra, en oportunidad de considerar el proyecto de ley sobre prescripción de acciones laborales; y esta que ahora tratamos. Además, es de pensar que sigan ocurriendo este tipo de problemas en el futuro.

El señor senador Aguirre decía -y decía bien- que el Poder Ejecutivo no puede vetar un artículo que no estaba en la ley. Creo que era similar a ésta la imagen que empleaba. Yo entiendo que siendo exacta esa imagen, no se ajusta de manera fiel a lo que aquí está pasando, la cual, si se quiere, es un poco más grave, por cuanto es probable que se reitere en el futuro. Lo que hace el Poder Ejecutivo por la vía de la observación parcial a un artículo es modificar su redacción agregándole un inciso. Esto es lo que no puede hacer. Según mi criterio, por esta vía no puede introducir modificaciones de ninguna naturaleza a los textos de los artículos de un proyecto, pues a lo único que está autorizado es a realizar supresiones. A eso, sí, está autorizado. Admito que la cuestión es discutible en sus extremos y puede serlo más aún si se razona por el absurdo. Recuerdo las discusiones que se suscitaron cuando considerábamos la ley de presupuesto en relación a una observación parcial de una partida concreta; y algún razonamiento similar puede hacerse respecto a la observación del artículo 8º, en cuanto el Poder Ejecutivo no propone el 16% original, ni el 10% que salió de este Parlamento, sino un 13%. Eso crea una duda adicional respecto hasta qué punto el Poder Ejecutivo puede proponer una modificación de esa naturaleza. Según mi criterio, el problema es sumamente discutible, ya que por un lado cabrían similares razonamientos a los que acabo de efectuar, y por otro podría entenderse que el simple ajuste de cifras puede estar entre las potestades del Poder Ejecutivo.

Reitero que, en lo personal, éste me resulta un problema sumamente difícil.

Agradezco al señor legislador Isi la interrupción que me concedió y concluyo expresando que los argumentos formulados por el señor legislador Aguirre en la tarde de hoy en Sala son de una contundencia tan absoluta que deben llevar a que esta Asamblea se pronuncie en la forma que exige la Constitución respecto a cada una de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, y rechazándolas por su absoluta y total inconstitucionalidad en los casos que he mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Isi.

SEÑOR ISI. - El tema en discusión fue analizado en profundidad en la Comisión Bicameral correspondiente, provocando distintas interpretaciones.

Compartimos totalmente las expresiones formuladas por el Presidente de dicha Comisión, señor legislador Tourné, quien ha realizado un análisis muy prolijo del tema, lo cual nos permite apreciar que, a pesar de las distintas posiciones que en el plenario se han expresado, no estamos cayendo en ninguna inconstitucionalidad.

Quiero recalcar que las observaciones parciales que formula el Poder Ejecutivo a este proyecto de ley son absolutamente válidas y se ajustan a lo que establece la Constitución de la República en la materia. De las tres observaciones interpuestas considero que la más importante es la que hace referencia a la eliminación de la previsión contenida en el proyecto original del Poder Ejecutivo y del aprobado por esta Cámara, referente a la obligación de realizar aportaciones que tiene el propietario de inmuebles rurales inexplotados. Teniendo en cuenta que la tierra es un bien social, no parece razonable exonerar de aportaciones a la seguridad social a quienes por su libre decisión no explotan la tierra productiva por sí mismos ni por terceros.

La segunda observación entiendo que es aclaratoria, para evitar la confusión que pueda darse entre los beneficios sociales de los titulares de empresas unipersonales y cónyuges colaboradores, con empresas pluripersonales, distinción que ha sido muy bien formulada por el señor legislador Tourné.

La tercera observación también parece fundada. El Poder objeta que se haya disminuido el montepío de los trabajadores del 16 al 10%, sin contar con su iniciativa, tal como lo establece el artículo 133 de la Constitución. En consecuencia puede ser observada por inconstitucionalidad.

La Comisión se ha avenido a la solución aprobada por la Cámara de Diputados, que establecía montepíos diferenciales -del 10% al 13%- de acuerdo a las categorías de los trabajadores, y que había contado con iniciativa del Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista legal y constitucional el tema está mostrando posiciones muy diferentes, pero nosotros nos avenimos a lo aprobado por la Comisión Bicameral, que ha expuesto claramente el señor legislador Tourné.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ISI. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: vuelvo a intervenir, porque deseo hacer una reflexión preliminar que en cierto sentido me resulta reconfortante. Advierto que por parte de las bancadas que han intervenido en la discusión de este proyecto no existe una posición única, sino que se aprecian legítimas discrepancias en un tema tan delicado como el que tiene que ver con el derecho relativo a la seguridad social. Y esa situación se puede ver tanto en el Partido Nacional como también en el Partido Colorado. Se trata de un hecho que considero digno de remarcar, y al mismo tiempo quiero aclarar que lo que expresé en mi interrupción anterior al señor legislador Aguirre no pretende reflejar el pensamiento de mi bancada, ni mucho menos, sino que simplemente es mi punto de vista personal. Considero que en estas observaciones interpuestas ante la Asamblea General, el Poder Ejecutivo ha incurrido en algunos errores.

En este momento, como aporte al tránsito de este debate hacia una votación, quizás conviniera separar las distintas observaciones o seudo observaciones contenidas en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Creo que el señor diputado Lamas manifestaba que en dicho Mensaje hay tres observaciones o, para utilizar una jerga más habitual en el Parlamento, tres vetos del Poder Ejecutivo.

El primero se refiere a la reinserción de una norma que fue expresamente descartada por el Parlamento, y creo que en ese sentido la mayor parte de quienes hemos intervenido- los señores legisladores Lamas, Sturla, Aguirre Ramírez y quien habla; no sé si me olvido de algún otro- consideramos que es improcedente. Lo es con arreglo a la Carta y también desde el punto de vista del mérito de la norma que se pretende incorporar nuevamente. En ese sentido, quiero reiterar en forma breve lo que expresé en el Senado cuando me opuse a esta norma, que si mal no recuerdo venía inicialmente proyectada por el Poder Ejecutivo y había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Me parece una tremenda injusticia que se consagre la responsabilidad solidaria del propietario de un predio que no explota, pero que, en definitiva, al consagrarse dicha responsabilidad solidaria termina siendo el sujeto castigado punible o imponible por una omisión en que incurre en cuanto a la explotación del predio. ¿Quién incurre en esta omisión? El que lo ocupa efectivamente, que no es un intruso, un invasor, sino que normalmente es un arrendatario, un aparcero o alguna de las otras figuras jurídicas que el derecho rural va creando permanentemente. ¿Qué sentido de justicia tiene crear un tributo de este tipo que no tiene en cuenta capacidad contributiva alguna, porque seguramente este propietario que no explota el predio se deteriora en su economía por la mala explotación que de éste hace quien lo está ocupando en virtud de un contrato. Honestamente, no lo entiendo. Me parece que este no es el mejor camino para conducir la actividad legislativa hacia determinados fines. Si se trata de combatir los predios inexplotados -con lo que naturalmente estoy de acuerdo- creo que hay otras soluciones que se logran por la vía impositiva y no por ésta, que no castiga a quien corresponde, sino a quien también está pagando los platos rotos de la situación. Creo que el responsable del aporte a la seguridad social es siempre quien ocupa el predio en forma legal. Por lo tanto, este artículo 4º, inconstitucional por razones de forma, no es menos objetable desde el punto de vista de la justificación de la filosofía que lo inspira. Tal como lo decía el señor diputado Lamas -recuerdo nuevamente sus palabras- creo que el pronunciamiento de la Asamblea General tendría que ser realmente claro.

Existen, además, otras dos observaciones. Una de ellas, es que el Poder Ejecutivo está proponiendo, en definitiva, un cambio de ubicación en el texto del proyecto de una norma que sí salió del Parlamento. Sobre esto admito que podemos ser relativamente puntillosos y que el tema es opinable pero, en beneficio de la incorporación de una norma que en definitiva no mereció resistencia en el Parlamento, ésta se podría aprobar.

Por otro lado, tenemos el problema planteado con el famoso cambio de la tasa de aportación. Tal como lo señalaba el señor diputado Sturla -tengo el mismo recuerdo que él; no estoy absolutamente seguro de ello, pero me parece que es lo que él manifestaba- el Poder Ejecutivo propone un aporte del 16%; el Parlamento lo reduce a un 10% y ahora el Poder Ejecutivo, por la vía de la observación, lo ubica en un término medio del 13%. Sobre esto también se pueden plantear dudas.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RICALDONI. - No puedo conceder una interrupción porque estoy en uso de ella.

Me pregunto cuál sería la consecuencia final de que no se aceptara esta última observación del Poder Ejecutivo. Me parece que sería la de que nos quedaríamos sin tasa de aportación, dentro de esta filosofía prevista en todo el proyecto. Entonces quizás tengamos que distinguir entre el primer supuesto y los otros dos. En ese sentido, pienso que el seguir transitando con las disquisiciones jurídicas no va a agregar mucho más a lo que ya se ha dicho en la Asamblea General.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Isi.

SEÑOR ISI. - Señor Presidente: con respecto a la observación que hacía el señor legislador Ricaldoni en cuanto a las garantías que podía tener el propietario que contrata su bien, y que no fuera explotado por un arrendatario, el artículo 14 establece las garantías correspondientes. Este dice: "Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 15. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario". Y luego continúa la disposición.

Creo que de esta manera, el propietario que no está explotando un bien, efectuando la declaración pertinente va a tener, por lo menos, un respaldo en su situación. Por esta razón, considero que puede existir un mejor planteamiento al respecto, pero de cualquier manera la ley trató de prever estas situaciones.

Naturalmente, no voy a entrar en situaciones de orden jurídico porque esto le corresponde a los juristas que tenemos en el Parlamento. Pero sí quiero expresar que hoy el sector agropecuario está esperando la aprobación de este proyecto de ley y su puesta en vigencia lo más rápidamente posible.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ISI. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: tal como lo acaba de expresar el señor legislador Isi, creo que hay un aspecto en el cual concordamos todos los integrantes de la Asamblea General. En términos generales, ésta es una buena ley que es necesario sancionar cuanto antes y ponerla en vigencia en el término más breve posible. Digo esto, entre otras cosas, porque de acuerdo a sus disposiciones esta ley estaría corriendo en su aplicación, ya que el nuevo régimen tributario empieza a partir del 1º de octubre de 1986. Por lo tanto, es imprescindible por parte de los órganos colegisladores, a fin de que el Banco de Previsión Social adopte las medidas necesarias para reglamentarlo, instrumentarlo y ponerlo en aplicación inmediata.

Ya estamos en el mes de diciembre, de tal modo que vencido éste los contribuyentes deberán aportar conforme a este proyecto de ley.

Aprecio que existen una serie de discrepancias entre distintos legisladores desde el punto de vista de la constitucionalidad de las observaciones del Poder Ejecutivo y de las propuestas que formula la Comisión Bicameral. Creo que a este respecto, ya que todos estamos de acuerdo en que este proyecto de ley debe ser sancionado, vamos a tener que adoptar un cambio práctico. Como se requiere la mayoría de la Asamblea General -y en caso de no aceptar las observaciones interpuestas se necesitan los tres quintos de votos- que han sido expuestas con claridad y las discrepancias se plantean, inclusive, en el partido de Gobierno, vamos a tener que ponernos de acuerdo para sancionar rápidamente aquellos artículos, en que -valga la redundancia- todos estemos de acuerdo. De otro modo no tendremos ley. Me parece que esto es muy claro y que deberemos proceder con sentido práctico. De lo contrario, no podremos sancionar definitivamente este proyecto de ley que, repito, debe ser sancionado sin demora, porque están corriendo los plazos para su aplicación.

Finalmente, quisiera hacer algunas breves consideraciones en relación con el mérito -no la constitucionalidad- de una disposición que propuso el Poder Ejecutivo, que votó la Cámara de Diputados, que el Senado rechazó y a la que se ha referido con su habitual elocuencia, el señor legislador Ricaldoni. Considero que la disposición por la cual se gravan los predios inexplotados es, desde el punto de vista de su conveniencia, de su mérito, una disposición plausible, es decir, una buena iniciativa. Al respecto no tengo la menor duda.

Creo que algunas hipótesis que se han manejado sobre perjuicios que injustamente podrían atribuirse a propietarios, según esta disposición, son prácticamente hipótesis de laboratorio, porque cuando un propietario arrienda u otorga -de acuerdo a algunos de los institutos previstos por el Derecho Rural- su campo a otra persona, está celebrando un contrato referido a una propiedad inmueble, que si bien está protegida por la Constitución de la República también la Constitución establece que podrá ser limitada en razón del interés general. La propiedad debe cumplir una función social y el Estado debe velar para que estas propiedades no queden inexplotadas. De modo tal que si, como consecuencia de un contrato, el arrendatario o el aparcero no cumple, y el predio queda inexplotado, no puede admitirse que el propietario se libere fácilmente de responsabilidad. De alguna manera, como propietario, tiene responsabilidad ante la sociedad a fin de velar para que su campo esté explotado.

Además, digo que creo que son hipótesis de laboratorio porque no cabe pensar, normalmente, que alguien que arriende un campo y pague por él una renta, no lo explote; realmente, parece una hipótesis de laboratorio. Pero esta disposición -la que proponía el Poder Ejecutivo y que votó favorablemente la Cámara de Diputados- permite salvar algunas situaciones en que sí se puede dar una maniobra. Sería muy fácil que un propietario simule un contrato de arrendamiento, o algo parecido, con un tercero de su vinculación a fin de que no lo explote para que él quede exonerado de la obligación de aportar que tienen los demás. ¿Cómo se prueba en este caso el fraude que existe en ese contrato? Entiendo que estamos legislando con un sentido social.

Alguien ha dicho que estas disposiciones constituían una tributación con sentido fiscalista. No; digo que es una tributación con sentido finalista, plausible desde todo punto de vista.

Me parece que se exageran las hipótesis en cuanto a que los propietarios podrían verse perjudicados. Considero que el propietario no se desentiende de su campo por el hecho de celebrar un contrato; está obligado a vigilar si su campo está debidamente explotado y tiene mecanismos legales para recurrir en caso de que el arrendatario viole las disposiciones del contrato y no lo explote. En definitiva, se arrienda para efectuar una explotación.

No pensaba hablar de este tema porque sostengo que, desde el punto de vista del mérito -no desde el punto de vista estrictamente jurídico, que puede ser opinable- ésta es una buena disposición.

Reitero, señor Presiente, lo que dije al principio: creo que en la situación en que estamos vamos a tener que ponernos de acuerdo para votar exclusivamente aquello en que todos estemos contestes. De otro modo, no tendremos ley, y es imperativo sancionarla rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Isi.

SEÑOR ISI. - Señor Presidente: con la interrupción formulada por el señor legislador Cassina redondeo, prácticamente, mi exposición porque hago mías sus palabras en el sentido de que debemos lograr un acuerdo, un consenso, a fin de aprobar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones que se han introducido, que entendemos no cambian el sentido ni el contenido de la norma. Debemos aprobar rápidamente este proyecto que, como dije, están esperando en forma impaciente, porque lo consideran positivo, tanto el sector agropecuario como los pequeños y medianos productores, que ven en él una solución en cuanto al sistema de aportación social y a los problemas económicos por los que atraviesan.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a volver a hacer uso de la palabra en forma breve, porque creo que está en el ánimo de todos los señores legisladores el votar rápidamente este proyecto.

Deseo señalar lo siguiente. En primer lugar, se ha vuelto a reiterar que si no llegamos a un acuerdo nos vamos a quedar sin ley. Con acuerdo o sin él vamos a tener ley. Vamos a no insitir más en eso como si estuviéramos ante un peligro que es inexistente. Ante el caso de un veto total, esto es, si hay un veto total a una ley, y no lo levantamos, nos quedamos sin ley. Pero ante un veto parcial, se vote de una manera o de otra, se vote como lo he sugerido yo o como lo quiere la Comisión, no pueden pasar más que dos cosas: se aprueban las observaciones, y entonces la ley queda como quiere el Poder Ejecutivo, o se rechazan, y entonces la ley queda como la había votado el Parlamento. O se aprueba una observación y se rechaza una u otras. De cualquier manera va a haber ley, y la va a haber dentro de un ratito, desde luego, después que la promulgue el Poder Ejecutivo. Así que no vamos a hablar de un peligro que, en realidad, es imaginario.

En segundo término deseo hacer dos o tres puntualizaciones sobre algunas consideraciones que se han hecho sobre el problema constitucional. Se ha dicho, señor Presidente, que el artículo 141 sólo se aplica en caso de veto y observación total al proyecto de ley. No es así. El texto es muy claro. No hay más que leer el artículo 141 que dice: "En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo". Si no estuviera utilizado el calificativo "todo", igualmente, por aquel principio interpretativo que dice que donde no distingue la ley, no puede distinguir el intérprete, siendo un caso de reconsideración debería aplicarse el artículo 141. Pero, como además se dice que es "en todo caso de reconsideración", no hay ninguna duda de que aquí se vota como dice el artículo 141, por sí o por no, y no hay otra forma de votar, introduciendo, por vía irregular, un nuevo proyecto de ley. Eso es de una claridad meridiana.

En tercer lugar, aquí se ha dicho que en esto rige el artículo 139 de la Constitución. Rige en cuanto a la mayoría, porque es un caso de observación parcial. Si hay mayoría absoluta en favor de las observaciones, éstas quedan aceptadas, lo que no ocurre en el caso de veto total o todo el proyecto de ley.

Se ha hecho caudal de que esta norma habla de que se puede ratificar ajustándose al texto de las observaciones. No; porque el artículo no dice que se debe ajustar al texto de las observaciones. Se le ha hecho decir al Constituyente palabras que éste no empleó en el texto del artículo 139. Esto de "ajustándose a aquéllas" quiere decir que si se ratifica un proyecto, éste queda aprobado con ajuste o aceptación de las observaciones. No quiere decir otra cosa. Pero, aún admitiendo que el empleo del verbo "ajustar" significara que habría que adecuar la redacción a lo que dice el Poder Ejecutivo en las observaciones, en todo caso ese ajuste siempre va a tener que ser con arreglo a las facultades que el Poder Ejecutivo tiene en materia de veto. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo cuando veta? Rechazar todo el proyecto o un artículo, pero no puede modificar el proyecto de ley. No puede tomar nueva iniciativa legislativa. Es decir, que ese ajuste debe hacerse, en todo caso, con arreglo a las facultades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo, porque si no por la vía de introducir nuevas disposiciones que no estaban en la ley, utilizando una iniciativa que ya no tiene, nos obliga a ajustarnos, en forma inconstitucional a una facultad de veto que no tiene ese alcance.

Me parece, pues, de toda evidencia que la tesis correcta, indiscutiblemente, es la que he sostenido con el apoyo de los señores legisladores Lamas, Sturla y Ricaldoni.

Además, quiero decir dos palabras sobre dos de los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, porque me he referido nada más que al problema general de carácter constitucional. En cuanto al veto a una disposición que no está en el proyecto, es decir, a la pretensión de introducir, por vía de veto, una disposición que había sido rechazada por el Parlamento, comparto el fundamento de lo que ha expresado el señor legislador Ricaldoni, más allá de si es justo o injusto, por otras consideraciones que hice en el Senado. Aquí se quiere introducir o darle carácter de contribución especial de seguridad social, de aporte patronal, a algo que no es ni contribución de seguridad social ni es aporte patronal, sino que es un impuesto disfrazado de aporte. Otra cosa es que ese impuesto pueda ser justificado por la no explotación de predios rurales, en forma similar a lo que antes era el impuesto al ausentismo; pero esto de ninguna manera puede ser de aporte a cargo de un patrono que no es tal, porque no está al frente del establecimiento y porque no trabaja. El hecho imponible, gravado, que se establece en el artículo 1º de este proyecto de ley es la existencia de explotación agropecuaria; si ésta no existe por el propietario ni por aquel que en virtud de una relación contractual tiene la posibilidad de explotarlo, ¿cómo va a haber aporte de seguridad social? ¿Cómo se va a hablar de un patrono si no existe contrato de trabajo con nadie? ¿Cómo se va a generar el derecho a una jubilación por haber aportado a la seguridad social si ahí nadie está trabajando? Eso no es un aporte de seguridad social. Es un impuesto.

Si hay que castigar esa conducta -que yo estoy de acuerdo en que es perjudicial para el país- se lo deberá hacer por vía de un impuesto, pero no inventando una contribución de seguridad social para un patrono que no es tal y cuando no hay nadie que trabaje. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre y decir que queremos castigar esta conducta que le crea perjuicios a la colectividad, que mantiene predios rurales sin explotar en perjuicio de toda la comunidad, por medio de un impuesto, pero vamos a darle a ese instituto la forma jurídica y tributaria que le corresponde, no llamándolo más incorrectamente aporte de seguridad social.

Quiero decir, también, que no comparto la observación del Poder Ejecutivo en cuanto a la rebaja del aporte de los trabajadores rurales, porque la objeción de carácter constitucional que realiza ese Poder, en mi concepto es equivocada. Dice el Poder Ejecutivo que allí se está estableciendo una exoneración y que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, las exoneraciones son de su competencia privativa en cuanto a la iniciativa legislativa respecto a las mismas.

Es cierta esta última parte de la afirmación del Poder Ejecutivo. Lo que no es cierto es que aquí se esté estableciendo una exoneración.

El artículo 2º del Código Tributario, incisos segundo y tercero, distingue claramente entre el establecimiento de las alícuotas de un tributo y la exoneración del mismo. La alícuota de un tributo es la tasa, es decir, el tanto por ciento que debe pagarse sobre la base imponible, se trata de un impuesto, de una tasa, o de una contribución de seguridad social. La exoneración es otro instituto del Derecho Tributario que nada tiene que ver con las alícuotas y que está referido a los sujetos pasivos, esto es, a aquellos que por determinación de la ley son contribuyentes de un tributo.

Cuando se vota una exoneración de un tributo, se dice que determinados sujetos pasivos dejan de pagar el impuesto, la tasa o la contribución de seguridad social. Por ejemplo, existe una determinada categoría de contribuyentes y viene el legislador y dice: "Dentro de esta determinada categoría de contribuyentes, hay algunos que dejan de pagar el impuesto; los exonero de ello".

Voy a poner un ejemplo concreto referido a este caso. Aquí habría exoneración si se dijera que de ahora en adelante de todos los trabajadores rurales que son sujetos pasivos de esta contribución de seguridad social -que deben pagar, para luego poder dejar de ser activos y pasar a ser pasivos, percibiendo una jubilación- los esquiladores y los zafrales dejan de pagar este aporte. No es que pasen a pagar el 10% o el 8%; pagan 0%; quedan exonerados.

Aquí se trata de otra cosa: de rebajar el aporte, que es lo mismo que rebajar un impuesto. Es como si dijéramos que el legislador rebaja el impuesto a la renta de industria y comercio que grava determinada categoría de contribuyentes, que actualmente creo que tiene una tasa del 30%, y lo lleva a un 27% para todos los contribuyentes. ¿Esto es una exoneración? No; es una rebaja del impuesto, que es otra cosa muy distinta, y que siempre puede hacer el Parlamento sin iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Aquí podemos presentar un proyecto de ley que cree o que suprima un impuesto -como ya se ha hecho- y, consecuentemente, podemos modificar los elementos constitutivos del impuesto. El Poder Ejecutivo nos puede proponer un impuesto con tasas del 18% y nosotros -el Parlamento- podemos elevarlas al 25% o rebajarlas al 10%.

Por tanto señor Presidente, creo que el Poder Ejecutivo está haciendo un argumento equivocado. Aquí no se trata de una exoneración, porque no se exonera a nadie, no se libera a ningún sujeto pasivo de su obligación de pagar este tributo que es una contribución de seguridad social definida en el artículo 13 del Código Tributario. Aquí lo único que se está haciendo -en el error o en el acierto- es rebajar la tasa de la contribución de seguridad social, es decir, la alícuota porcentual de este tributo.

Creo que esto es acertado, porque la tasa para los modestos trabajadores rurales estaba situada en un monto muy elevado, que el 16% es mucho para ellos y que hizo bien el señor legislador Lacalle Herrera cuando en el Senado propuso la rebaja al 10%, tal como lo aprobó primero ese Cuerpo y luego la Cámara de Representantes.

Por consiguiente, voy a votar en contra de esta observación interpuesta por el Poder Ejecutivo porque considero que es equivocada desde el punto de vista constitucional.

Volviendo al aspecto procesal -y termino- considero que hay que actuar de acuerdo con la Constitución y votar por separado cada una de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, por sí o por no, tal como lo determina su artículo 141, con lo que liquidaremos el problema.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: voy a intervenir muy brevemente a efectos de no reiterar argumentos.

Quiero centrar este último aspecto que señala el señor legislador Aguirre referido al hecho de que introducir una rebaja en las alícuotas o en las tasas de los impuestos implica el ejercicio de una facultad discrecional del Parlamento, que no está incluida en el texto del artículo 133 de la Constitución, que establece la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Estrictamente, creo que las exoneraciones son totales o parciales y que una forma de operar puede ser, simplemente, decir que en adelante -tal como lo señalaba el señor legislador- los trabajadores rurales no aportarán a la seguridad social. Ahí estaríamos realizando una exoneración total del tributo y de la contribución especial. Pero tiene el mismo valor que una exoneración -sólo que es parcial- la rebaja de las tasas.

Obsérvese a qué absurdo nos conduciría la tesis de que es posible introducir rebajas sin límite por parte del Poder Legislativo, cuando el mecanismo que prevé la norma constitucional es fundamentalmente tratar de mantener la ecuación económico-financiera cuya administración está a cargo del Poder Ejecutivo y que a veces, por responsabilidad de aquel primer poder, podría verse en la emergencia de no poder cumplir con las obligaciones. Ya en la Constitución de 1967 y en normas posteriores se fue tratando de delimitar las posibilidades de que el Parlamento -y esto tiene vieja data, pero el desarrollo estentóreo prácticamente se realizó en la Constitución de 1967- utilizara determinadas facultades, o retaceándolas, de alguna manera, de forma que el Poder Ejecutivo no se encontrara con sorpresas para cumplir con las obligaciones que le adjudica la Carta. ¿Qué situación tendríamos si tomáramos como valedero y cierto el argumento formulado por el señor legislador Aguirre y el Parlamento operara con el siguiente mecanismo: la tasa de contribución especial de un 16%, se rebaja a un 1%? De acuerdo al criterio del señor legislador, ahí estaríamos ante una rebaja y no ante una exoneración. Pero, ¿qué sucedería si continuáramos con otros impuestos y dijéramos que la tasa del IVA de un 20% pasa a un 2%; que la tasa del IMAGRO queda situada en tales y cuales niveles;...

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto se la concederé enseguida.

...que en el caso del impuesto al patrimonio la alícuota correspondiente será calculada con una rebaja de un 95% de la tasa actual? Esta forma de razonar por el absurdo nos revela claramente el valor y el sentido de los textos constitucionales.

Indudablemente, es exacta la observación del Poder Ejecutivo en cuanto a que exoneración tributaria significa tanto el acto en que se elimina un sujeto pasivo o que en forma absoluta y total se descarta la aplicación del tributo, como aquellos otros en los que se operan rebajas en las alícuotas, en el arancel tributario, o en el monto de la cantidad porcentual con que se debe contribuir a la seguridad social.

Concedo al señor legislador Aguirre la interrupción que me había solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: simplemente deseo formular una pregunta al señor legislador Tourné.

Concretamente, pregunto en qué disposición constitucional se establece que el Parlamento no tiene iniciativa para derogar impuestos.

¿Puede el Parlamento derogar o no un impuesto? Es decir, ¿puede rebajar la tasa al 0% y eliminar todos sujetos pasivos? ¿Puede el Parlamento derogar o no el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Existen disposiciones constitucionales expresas, que se acaban de citar. Es el caso del artículo 133 de la Constitución de la República que en su inciso segundo dice lo siguiente: "Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos", etcétera. El mismo artículo, en su inciso final dice: "El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos". Esto último se refiere a los precios, pero en materia de tributos esta norma también es clara.

Existen otras normas constitucionales que corroboran el mismo propósito, al coartar o limitar los poderes del Parlamento para el establecimiento de determinadas pautas. Por ejemplo, el artículo 86 de la Constitución, en su inciso segundo establece que todo lo que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Aunque desde otro ángulo, esta disposición se vincula a otra materia pero apunta en el mismo sentido. Me refiero a aquel sentido en que las facultades del Poder Legislativo tienen que estar centradas fundamentalmente en el aumento de recursos, disminución de gastos en materia presupuestal, y limitaciones en materia de iniciativa para las exoneraciones tributarias.

Entonces, nos encontramos con normas constitucionales concretas que reiteran una tesitura en cuanto a los límites a que está sujeto el Parlamento, lo que en concreto llevó al dictado de esta observación del Poder Ejecutivo, que creemos pertinente. En definitiva, creo que debemos insistir en esta tesitura.

Se dice que básicamente tenemos que tener cuidado con lo que hoy vayamos a hacer porque este asunto puede estar sujeto a un recurso de inconstitucionalidad. No hay ley de la República, por más perfecta e impecable que pueda resultar a los ojos de los observadores más exigentes y de los juristas más eximios, que no pueda ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, formulado por parte de quien se considere asistido de derechos legítimos como para cuestionar su constitucionalidad, y luego de un largo periplo a nivel de la Suprema Corte de Justicia, esta dictará un fallo indicando si la ley es o no constitucional. Pero, ¿desde ya podemos estar seguros de que esta ley va a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad? Creo que no, que hay que descartar esa posibilidad, porque como titular directo en esta materia tenemos al Poder Ejecutivo, en primer término. Y éste ha adelantado -a través del Ministro respectivo- que está conforme, que está de acuerdo con el texto de la ley y con las modificaciones que ha introducido la Comisión. El Banco de Previsión Social está en la misma tesitura, en el mismo orden de ideas. Entonces, ¿quién puede formalizar un recurso de inconstitucionalidad para alguna de estas normas? ¿Los encargados, los contribuyentes, los administrados? De ninguna manera: esta norma legal establece nada menos que una rebaja tributaria, en virtud de un acuerdo del Poder Ejecutivo con el Parlamento, que puede ser de un 10%, de un 13%, o de un 16%, según los casos. Por lo tanto, sería una insensatez pensar que alguien cuestione a esta norma que en lo tributario opera un beneficio desde el punto de vista patrimonial, otorga una ventaja a quien tiene que contribuir.

La otra norma que ha sido objeto de cuestionamiento es la que establece -a efectos de clarificar el alcance del proyecto de ley- el desglose de un inciso de un artículo que pasaría a ser un artículo separado. Pero no se ha tocado absolutamente nada. Se trata de la disposición referida a las empresas unipersonales y al cónyuge colaborador que, en vez de ser el inciso segundo de un artículo originario, pasaría a ser el artículo siguiente, por separado. Esta modificación obedece a que el Poder Ejecutivo entiende que el administrado podría verse confundido en lo relativo a los beneficios que en orden a los seguros de enfermedad se establecen únicamente para el empresario unipersonal y su cónyuge colaborador. Entonces, encontramos una objeción fundamental del Poder Ejecutivo en cuanto a exoneraciones impositivas, que tenemos que aceptar. Por otra parte, se trata del simple traslado de un inciso, que pasa a formar parte de un artículo independiente; no hay ningún cambio sustancial. Esa es una realidad.

La tercera disposición que motiva algún cuestionamiento tiene relación con los predios inexplotados, lo que puede merecer consideraciones filosóficas en cuanto a su alcance. Como señalaba el señor legislador Cassina, este puede ser un problema de laboratorio, para exquisitos, para juristas, pero que nunca se dará en la realidad, a la cual debemos atender quienes estamos preocupados por tratar de ordenar los textos legales de acuerdo con los fundamentos de las disposiciones que establecemos y no podemos, bajo la apariencia de un tributo o contribución especial, fijar un impuesto que debe tener otro fin y ser de otra naturaleza.

A esta altura de la discusión está claramente señalado que, dada la urgencia en que se vote y sancione el proyecto de ley, debemos actuar con sentido práctico, atentos a la realidad. No se trata de que transcurran sesenta días si es que no logramos un acuerdo, los tres quintos de votos para sancionar esta disposición referente a los predios inexplotados. Aunque validemos las otras dos normas, ¿pensamos dejar transcurrir sesenta días, para que llegue el mes de febrero, y el primer pago tendría que efectuarse el 1º de febrero, cuando la ley debió haberse aplicado a partir del 1º de octubre? Asimismo, tienen que operar otras disposiciones para las cuales van a estar vencidos los plazos, como ser para acogerse a los regímenes de pago por parte de los deudores por aportaciones regulares atrasadas.

De este razonamiento no puede emanar el hecho de quienes sostienen la necesidad urgente de aprobar el proyecto estén afirmando que no existirá ley si no adoptamos esta conducta. De ninguna manera: simplemente hay una urgencia real a la que debemos atender, y dictar un acto legislativo para que de una vez por todas, frente a un acuerdo generalizado en torno a una tercera, pasemos a votar para que en definitiva la Asamblea General marque las pautas correspondientes, haciendo ajustes al texto legal.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la Mesa tiene en su poder el texto de una moción presentada por algunos miembros de la Comisión de la Asamblea General que elaboró el informe que estamos discutiendo. En dicha Comisión se logró acuerdo sobre las posiciones originales, como bien lo señalara el señor legislador Tourné. Al decir que hubo acuerdo en la Comisión, también estamos diciendo que fue menester que las distintas opiniones coincidieran, por lo que todos los miembros de la Comisión tuvieron que dejar de lado algunas de sus convicciones a fin de lograr una solución única.

El aspecto constitucional que aquí se ha debatido extensamente fue discutido en la Comisión con argumentos semejantes a los que aquí se han dado.

Sostuve en la Comisión algo que ahora reitero, porque es cierto que muchas veces en la Asamblea General -en este y en anteriores períodos legislativos- se han redactado artículos o se llevaron redactados, que se correspondían con el alcance de las observaciones formuladas, razón por la cual cuando el Poder Ejecutivo interpone una observación parcial a determinado artículo también establece cuáles son las normas que se deben aceptar.

Y la Comisión de la Asamblea General, o la propia Asamblea se han ajustado muchas veces a esas disposiciones, especialmente en leyes de Presupuestos y de Rendiciones de Cuentas. Es decir que cuando viene la observación del Poder Ejecutivo la Asamblea retoma las facultades de redactar la ley, como tantas veces lo ha hecho, para ajustar su opinión a la que en su observación expresa el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo no veta; la palabra "veto" no figura en la Constitución. El Poder Ejecutivo interpone observaciones. Y en este caso, la que más se ha discutido de todas es aquella que se refiere a un texto inexistente en el proyecto; el Poder Ejecutivo consideró un artículo y lo observó por estimar que faltaban algunas disposiciones complementarias. El Poder Ejecutivo, a su vez, hizo observaciones al monto establecido para los aportes, que fue fijado en el 10% y en Comisión quedó convenido que podía ser el 10% para unos y el 13% para otros. Si se consintiera el veto del Poder Ejecutivo, sería el 13% para todos y si el veto de dicho Poder se levantara, entonces quedaría el 10% para todos.

Pero acá es el punto justo en que debe meditar la Asamblea. Nosotros presentamos, en ejercicio de un derecho incuestionable, una moción por la que se establece que la Asamblea General se allana a las observaciones del Poder Ejecutivo y propone el ajuste contenido en su informe, repartido número tal.

Por otro lado, algunos señores legisladores han expresado que votarán a favor de unos vetos y en contra de otros. Si la Asamblea rechaza la moción de la Comisión porque o tenga la mitad más uno de votos de los presentes, el proyecto que nosotros hemos presentado y que acepta las observaciones del Poder Ejecutivo no quedaría aprobado. Pero eso no quiere decir que las observaciones del Poder Ejecutivo queden rechazadas, porque para rechazar esas observaciones se necesita una votación concreta y por un quórum mayor: 3/5 y no la mitad más uno de los presentes. Y puede darse fácilmente el caso de que la moción que hemos presentado conjuntamente con el Presidente de la Comisión, señor legislador Tourné, tenga la mitad más uno de los votos y que tampoco el levantamiento de los vetos del Poder Ejecutivo cuente con los 3/5 de votos reclamados. Nos vamos a encontrar entonces en la situación, que ningún legislador quiere, de que hoy no haya ley porque siempre está abierta la posibilidad de que se tomen resoluciones concretas de aquí hasta el veinte de enero. Se entiende que de ese modo quedarían levantados los vetos porque no fueron rechazados en forma expresa. Y la moción que hemos formulado en el sentido de que se acepten los vetos, si no tiene la mayoría exigida de la mitad más uno también queda rechazada.

Pienso, señor Presidente, que cualquier solución que surja en la noche de hoy no va a ser la mejor, en virtud de la división del Cuerpo. Y temo que pueda no haber resolución. En ese caso parecería que lo más adecuado sería que este asunto fuera reestudiado. No es cuestión de que todos echemos en saco roto lo que hemos oído.

He escuchado argumentos en favor de una tesis y también en favor de otra, y he visto que los partidos están divididos. He oído opinar contradictoriamente a legisladores de un partido y de otro. No creo que eso esté mal ni tampoco creo que eso no sea una virtud de la democracia. Pero entiendo que en este asunto, de tanta importancia, entregarnos al juego de las mayorías, sin otro examen, puede llevarnos a las soluciones menos buenas. Todos están esperando la aprobación de este proyecto, pero no se me dirá que es lo mismo que la Asamblea vote una tributación determinada para empleados, trabajadores rurales, a que consiga una solución que realmente pueda considerarse constructiva.

Entonces, señor Presidente, creo que corresponde que este asunto vuelva a la Comisión de la Asamblea General que, por otra parte, nunca actuó totalmente integrada. Por tratarse de un problema constitucional controvertible, esa Comisión se debería integrar con miembros de la Comisión de Constitución y Legislación del Cuerpo, estudiándose y reexaminándose allí el punto. El lunes habrá tiempo suficiente, antes de la clausura del Período parlamentario, para que la Asamblea General pueda aprobar una solución de consenso. Formulo moción en ese sentido, señor Presidente.

SEÑOR RIJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

5) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR RIJO.  - Señor Presidente: complementando lo que acaba de expresar el señor legislador Cigliuti, conjuntamente con algunos legisladores del Partido Nacional -en este momento también están deliberando sobre el punto los sectores del Frente Amplio- hemos redactado una propuesta.

Nuestra moción consiste, lisa y llanamente, en pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 15 a la hora 17. Se me ocurre que la propuesta del señor legislador Cigliuti se podría conjuntar con la nuestra y, en ese caso, no habría inconvenientes.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CERSOSIMO. - No tengo inconveniente en que el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, tal como se ha propuesto. Hace unos minutos el señor legislador Pasquet me había planteado esa posibilidad que, según parece, ya se está por concretar. Pero quiero significar a la Asamblea General, en mi carácter de Presidente y miembro de la Comisión que ha estudiado las modificaciones presupuestales relativas al Gobierno Departamental de Salto y las discrepancias surgidas entre la Junta Departamental de dicho departamento y el Tribunal de Cuentas, que el día lunes próximo vence el plazo constitucional para que esta Asamblea General se expida sobre esas discrepancias. En caso omiso, se tendrán por aceptadas las modificaciones presupuestales y quedarán rechazadas las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Deseo dejar esa constancia, porque creo que deberíamos contraer el compromiso de estar presentes en esa oportunidad, y al respecto me permito recordar que la Comisión había resuelto traer un informe a la Asamblea General con el tiempo suficiente de modo que no llegara a expirar el término de que dispone ésta sin expedirse.

Reitero, entonces, para que quede bien claro, que la Asamblea debe reunirse el próximo lunes porque vence el plazo constitucional para resolver respecto a las discrepancias surgidas entre el Tribunal de Cuentas y la citada Junta Departamental, en relación con las modificaciones presupuestales del Gobierno Departamental de Salto.

SEÑOR ROSSI PASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR ROSSI PASSINA. - Señor Presidente: aceptamos el pase a intermedio que se ha propuesto, pero previamente consideramos que el proyecto debe volver a Comisión, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en Sala y, por sobre todas las cosas, la voluntad que han expresado todos los legisladores en el sentido de llegar a la sanción de esta ley.

Entendemos que esta es una ley necesaria que está esperando todo el sector rural, que la requiere desde el momento que tiene que regir a partir del 1º de octubre y, como muy bien lo ha expresado el señor miembro informante, en el mes de febrero deberán realizarse los aportes correspondientes.

Por lo tanto, adherimos al cuarto intermedio para el día lunes, pero pasando a Comisión el proyecto.

SEÑOR CAZABAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR CAZABAN. - Ratificando lo que termina de expresar el señor legislador Cersósimo, quiero hacer notar la urgentísima necesidad que hay -dado que la Asamblea General tiene que pronunciarse sobre las discrepancias entre el Tribunal de Cuentas de la República y la Junta Departamental de Salto- de que dicho punto deba necesariamente estar incluido en el orden del día de la sesión del lunes próximo.

Hago esta advertencia, porque también se ha formulado moción para que el primer asunto pase nuevamente a Comisión. En ese caso, de resultar aprobada esa moción -aunque no lo creo- sería necesario de cualquier modo que se realizara la sesión de la Asamblea General para considerar ese segundo punto.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CAZABAN. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Propongo, entonces, para evitar el riesgo de que luego de que se trate el asunto que ahora se está considerando se reduzca el número u ocurra alguno de esos imprevistos que a veces suelen suceder, que ese punto referente a las discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental de Salto, que la Asamblea General debe resolver, se trate en primer término en la sesión del próximo lunes.

SEÑOR CAZABAN. - Continúo, señor Presidente.

SEÑOR ISI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CAZABAN. - Sí, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR ISI. - Realmente considero lamentable que no se haya logrado aprobar las observaciones que efectuara el Poder Ejecutivo y no se haya atendido la posición asumida por las Comisiones de Previsión Social de ambas Cámaras, que fuera tan claramente formulada desde el punto de vista constitucional por el señor legislador Tourné.

Considero que estamos transitando por un camino de dilaciones que naturalmente no contribuye a la tranquilidad social de todos los trabajadores y empresarios del campo, que están esperando la sanción de esta iniciativa que ha sido considerada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y ahora vuelve con observaciones. Esto constituye una nueva dilatoria, luego de que este proyecto ha sido analizado durante meses -casi diría un año- por la Comisión de Previsión Social.

Por lo tanto, si las diferencias son de orden jurídico o de interpretación, creo que se podrían solucionar con un intermedio por pocos minutos que realizáramos en la misma noche de hoy, para ver si podemos concretar una solución que nos permita aprobar el proyecto en esta sesión. Como vemos que además hay otros asuntos que figuran en el orden del día, que también son importantes, podríamos entrar en el camino de las dilatorias y estaríamos provocando una intranquilidad general en el sector agropecuario.

En consecuencia, mociono concretamente para que se haga un cuarto intermedio, a los efectos de ver si podemos llegar a una solución con las distintas bancadas que están representando a los partidos políticos en este Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Cazaban.

SEÑOR CAZABAN. - Señor Presidente: estaría de acuerdo con lo que expresa el señor legislador Isi si el intermedio fuera breve y este asunto se dilucidara hoy, pero que se continúe con el segundo punto, porque es muy probable que luego de aprobar el tema referente a las aportaciones de los empresarios rurales no hubiera quórum el próximo lunes para tratar el asunto referente a las discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental de Salto. De manera que desearía que ambos temas se trataran juntos.

También me parece razonable la posición del señor legislador Cersósimo, que propone que el asunto que figura en segundo término pase a primer lugar, porque evidentemente va a ser de una más fácil y rápida solución que el relacionado con las aportaciones de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

De modo que comparto la posición del señor legislador Cersósimo y si nadie hace uso de la palabra pido que se vote lo que proponemos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar, en primer término, la moción que ha llegado a la Mesa, firmada por los señores legisladores Rijo, Lorenzo Ríos, Aguirre, Cassina y Fau, en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo.

Léase la moción.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Asamblea General pase a cuarto intermedio hasta el lunes 15 a la hora 17".

-Se va a votar.

(Se vota:)

-78 en 78. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor legislador Cersósimo había propuesto, como moción complementaria, que se altere el orden de los dos asuntos comprendidos en la citación.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR TOURNE. - Comprendo perfectamente la inquietud del señor legislador Cersósimo, pero este es un proyecto prioritario, fundamental y decisivo que el país está esperando. Esa circunstancia, y el compromiso de que para el lunes puede venir una solución para un proyecto que hemos discutido en profundidad, va a determinar que pasemos a un rápido pronunciamiento y en términos muy breves vamos a concluir con esta temática, lo que permitirá que entremos a considerar con toda la extensión necesaria las discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental de Salto.

Por esa razón nos oponemos a una alteración del orden del día a tratarse en la sesión del próximo lunes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor legislador; pero de cualquier manera corresponde votar.

Se va a votar la moción del señor legislador Cersósimo en el sentido de invertir el orden de consideración de los dos asuntos que figuran en el orden del día de la sesión del lunes.

(Se vota:)

-61 en 81. Afirmativa.

Correspondería votar, en tercer lugar, la moción que se ha presentado para que de aquí al lunes el tema vuelva a la Comisión Especial integrada con miembros de la de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

-72 en 77. Afirmativa.

6) SE LEVANTA LA SESION

La Asamblea General pasa a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, a la hora 17.

(Es la hora 21 y 4)

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Dr. Héctor S. Clavijo Secretario

Don Roberto J. Zamora Director del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.