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Nº 160 - TOMO 303 - 2 DE DICIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

69ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR DON EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR DOCTOR LUIS A. LACALLE HERRERA 2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO, FELIX B. EL HELOU Y EL SEÑOR PROSECRETARIO ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN (h)

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 11) Excusación de inasistencia

- La formula el señor Presidente del Cuerpo doctor Enrique Tarigo para faltar a las sesiones de los días 2 y 3 de los corrientes.

5) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Carrere Sapriza relacionada con la Orden de Malta para ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Se resuelve afirmativamente el trámite solicitado.

6, 12  y 14) Integración de Comisiones

- De acuerdo a lo solicitado se resuelve integrar la Comisión de Hacienda con los señores senadores Cigliuti, Pereyra y Rodríguez Camusso, miembros de la Comisión de Presupuesto para el estudio de diversas disposiciones tendientes al logro del normal funcionamiento de los servicios del Estado.

7) Sanciones aplicadas por el CODICEN a estudiantes del IPA

- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.
- De acuerdo a lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN y a la Comisión de Educación y Cultura del Cuerpo.

8) Premios otorgados por las empresas productoras de bebidas refrescantes

- Manifestaciones del señor senador Tourné.
- De acuerdo a lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador a la Comisión de Presupuesto.

9) Ingreso del Reino de España a la C.E.E

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo a lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador a la Cancillería.

10) Suspensión de guías de exportación de carnes uruguayas al Brasil

- Manifestaciones del señor senador Carrere Sapriza.
- De acuerdo a lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

13 y 15) Juntas Locales. Plazo para la designación de sus miembros

- Continúa la discusión general. Intervención de varios señores senadores.
- Se aprueba en general.

16) Se levanta la sesión

1)TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de diciembre de 1986.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 2, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que las Juntas Locales a que hace referencia el artículo 287 de la Constitución de la República, serán designadas dentro de los sesenta días de instalados los Intendentes Municipales de cada departamento.

(Carp. Nº 504/86 - Rep. Nº 127/86)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se crea una Comisión Honoraria para la Reforma del Código del Proceso Penal.

(Carp. Nº 640/86 - Rep. Nº 144/86)

3º) Por el que se desafecta del patrimonio del Estado –Ministerio del Interior– y se afecta al Consejo de Educación Primaria, un predio ubicado en la 5ta. Sección Judicial del departamento de Rocha, localidad de Chuy, empadronado en mayor área con el Nº 247.

(Carp. Nº 424/86 - Rep. Nº 150/86)

4º) Por el que se denomina a las instalaciones del Regimiento de Caballería Nº 3, ubicado en el departamento de Rivera con el nombre de "Cuartel General Fructuoso Rivera".

(Carp. Nº 662/86 - Rep. Nº 162/86)

5º) Por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de El Salvador.

(Carp. Nº 636/86 - Rep. Nº 163/86)

6º) Por el que se aprueba el Convenio Sanitario-Veterinario entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Popular de Bulgaria.

(Carp. Nº 553/86 - Rep. Nº 169/86)

7º) Por el que se crea una tasa de abanderamiento modificando el sistema de garantías y simplificando el régimen de importación de buques mercantes.

(Carp. Nº 591/86 - Rep. Nº 171/86)

8º) Discusión particular del proyecto de resolución relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar Fiscal Letrado Suplente.

(Carp. Nº 672/86 - Rep. Nº 176/86)

9º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con las solicitudes de venias del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura y un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. Nº 620/86 - Rep. Nº 172/86 - Plazo constitucional vence 8 de diciembre de 1986.)

(Carp. Nº 318/85 - Rep. Nº 177/86 - Plazo constitucional vence 23 de diciembre de 1986.)

(Carp. Nº 644/86 - Rep. Nº 175/86 - Plazo constitucional vence 5 de enero de 1986.)

(Carp. Nº 647/86 - Rep. Nº 174/86 - Plazo constitucional vence 6 de enero de 1986.)

10) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

(Carp. Nº 621/86 - Rep. Nº 173/86 - Plazo constitucional vence 8 de diciembre de 1986.)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Batalla, Bomio de Brun, Capeche, Carrere Sapriza, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntin, Jude, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Batlle, Fá Robaina, Martínez Moreno, Ortiz y Singer; con aviso el señor Presidente, Dr. Tarigo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 2 minutos)

Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 2 de diciembre de 1986.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el logro del normal funcionamiento de los servicios a cargo del Estado.

(Carp. Nº 687/86)

– A la Comisión de Hacienda integrada con dos miembros de la Comisión de Presupuesto.

Por el que se conceden pensiones graciables a varias personalidades.

(Carp. Nº 688/86)

– A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo, por los que da cuenta de haber promulgado las siguientes leyes:

Por la que se dispone que los afiliados al Banco de Previsión Social, cuyos servicios fueran de naturaleza no dependiente, podrán acogerse a la pasividad no obstante su deuda de aportes.

(Carp. Nº 301/85)

Por la que se modifica el artículo 44 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, referente a beneficiarios de pensiones a la vejez.

(Carp. Nº 273/85)

– Ténganse presentes y archívense.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentes de la República, por las que pone en conocimiento las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

del Ministerio de Industria y Energía, relacionado con la orden de entrega Nº 100.752.

de la Universidad de la República, referente a la compra directa de varios artículos para la Facultad de Medicina.

de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con la Licitación Pública Nº 1666.

del Instituto Nacional de Pesca, relativo al arrendamiento y seguro del buque "Cruz del Sur", por los Ejercicios 1983, 1984 y 1985.

del Consejo de Educación Primaria, relacionado con la contratación de la señorita Irma Sugo.

de la Corte Electoral, relativo a la Licitación Restringida Nº 1/86.

– A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda respectivamente.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

Por el que se autoriza la salida del país de los destructores RO.U. "Uruguay" y RO.U. "Artigas" con sus respectivas tripulaciones así como instructores y alumnos aspirantes de la Escuela Naval para realizar la instrucción anual de fin de cursos.

Por el que se dispone que los afiliados al Banco de Previsión Social, cuyos servicios fueran de naturaleza no dependiente, podrán acogerse a la pasividad no obstante su deuda de aportes.

– Ténganse presente y archívense.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acusa recibo del pedido de informes realizado por el señor senador Justino Carrere Sapriza, relacionado con las pérdidas de hacienda ovina en todo el país.

– A disposición del señor senador Justino Carrere Sapriza.

El Ministerio del Interior remite nota en respuesta a la exposición escrita formulada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, referente a la instalación de una oficina de identificación civil en la ciudad de Carmelo.

– A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite las siguientes notas:

Por la que acusa recibo de las palabras pronunciadas por el señor senador Reinaldo Gargano, relacionadas con la situación actual de los pobladores del barrio "Nuevo Asencio", al no poder cumplir con sus obligaciones con el Banco Hipotecario.

– A disposición del señor senador Reinaldo Gargano.

Por la que remite información relacionada con la exposición escrita presentada por el señor senador Eduardo Paz Aguirre, sobre la actual situación en que se encuentra la faja costera del Balneario Neptunia.

– A disposición del señor senador Eduardo Paz Aguirre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite las siguientes notas:

Por la que acusa recibo de la Declaración emitida por la Cámara de Senadores sobre la difícil situación por la que atraviesa la República de Chile.

– Téngase presente.

Por la que remite la información solicitada por el señor senador Dardo Ortiz en relación con el Decreto del Poder Ejecutivo, por el que se establece que las Misiones Diplomáticas de la República deberán cursar directamente a la Dirección de la Biblioteca del Poder Legislativo, las publicaciones que se consideren de interés para la República.

– A disposición del señor senador Dardo Ortiz.

El Ministerio de Industria y Energía remite las siguientes notas:

Por la que remite la información solicitada por el señor senador Carlos Julio Pereyra, relacionada con empresas distribuidoras de productos de ANCAP.

– A disposición del señor senador Carlos Julio Pereyra.

Por la que remite la información solicitada por el señor senador Raumar Jude, sobre la aplicación de la Ley Nº 15.783, de reposición de funcionarios públicos destituidos.

– A disposición del señor senador Raumar Jude.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales remite información relacionada con las manifestaciones formuladas por el señor senador Pedro W. Cersósimo, sobre la asistencia técnica en la elaboración de leyes.

– A disposición del señor senador Pedro W. Cersósimo.

La Presidencia del Senado pone en conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la resolución del Cuerpo de 15 de abril de 1986, que ha dispuesto el incremento de un 21% en los sueldos de los funcionarios del Senado, a partir del 1º de noviembre y que en su calidad de Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, adoptó igual resolución para los funcionarios de esa dependencia.

– Téngase presente."

4) EXCUSACION DE INASISTENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de una excusación de inasistencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Cuerpo, doctor Enrique E. Tarigo excusa su inasistencia para las sesiones ordinarias del martes 2 y miércoles 3 del corriente mes."

– Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de diciembre de 1986.

Sr. 1er. Vicepresidente del Senado
Senador D. Eduardo Paz Aguirre.
Presente.

De mi mayor consideración:

En el día de hoy he de ausentarme del país para concurrir a la IV Conferencia de Presidentes de Parlamentos Iberoamericanos, a realizarse en el correr de esta semana en Madrid, de acuerdo con la invitación oportunamente recibida y con la resolución que, aceptándola, aprobara el Senado.

Vengo, pues, a excusar mi inasistencia a las sesiones ordinarias del martes 2 y miércoles 3 de diciembre.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. y al Cuerpo con mi más alta estima.

Enrique E. Tarigo."

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Justino Carrere Sapriza, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento del Cuerpo, solicita el envío de una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionada con la Orden de Malta."

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 1º de diciembre de 1986.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo.
Sr. Presidente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento, solicito se curse al Ministerio de Relaciones Exteriores la siguiente exposición escrita.

El diputado Sr. Honorio Barrios Tassano, en julio de 1985 dirigió una exposición al Poder Ejecutivo, destacando la situación anormal producida por el hecho de que la Orden de Malta tuviese un Embajador en Montevideo concurrente desde Paraguay, lo cual era indigno para nuestro país después de haber retomado el camino de la democracia en el que históricamente ha conseguido el respeto internacional.

He podido comprobar que la referida exposición ha tenido el correspondiente eco, y en efecto en junio próximo pasado presentó credenciales un nuevo Embajador de la Orden de Malta ahora con residencia en Montevideo, aunque las planillas de la Dirección de Migración dicen lo contrario.

Pero si nos parecía impropio que hubiese un Embajador de la Orden de Malta desde el Paraguay, mucho más nos sorprendió por impropio, que el actual Embajador haya sido Secretario de Estado en el Gobierno de Videla, actualmente condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, lo que plantea una duda para desempeñarse como Embajador en un país como el nuestro de preclaras tradiciones humanísticas y democráticas que fueron pisoteadas por el Gobierno que él integró.

Es sabido que los máximos dirigentes de la Orden de Malta son en su mayoría de clara extracción nazifascista como pone claramente de manifiesto "Cuadernos del Tercer Mundo" en su Nº 85 de abril de 1986 en el que aparecen nombres de sus integrantes que son hombres de la época hitleriana.

Todos recordamos las denuncias del Presidente Alfonsín sobre el intento de golpe militar de noviembre de 1985 en que aparecía como protagonista Suárez Mason miembro de la P 2 según las listas publicadas por el "Corriere della Sera"; pues bien, el Presidente Alfonsín en denuncia dijo que Suárez Mason estuvo previamente en conciliábulos con Humberto Ortolani en su residencia de San Pablo. Si recordamos que Ortolani fue Embajador de la Orden en Montevideo y número 2 de la P 2 después de Licio Gelii, queda claro la íntima conexión entre la internacional fascista con la P 2 y Orden de Malta integrada por aristócratas destronados que ansían ver restablecidos sus privilegios medioevales.

Resulta paradojal que nuestro gobierno, que tiene día a día, que luchar para mantener el sistema democrático, dé cobijo y privilegios diplomáticos a quienes representan el mayor peligro a esas mismas instituciones democráticas por estar juramentados con la Internacional fascista contra todo lo que signifique libertad y respeto a los Derechos Humanos.

En su exposición de julio de 1985 de Barrios Tassano la opinión de que la Orden de Malta no es soberana y solo una Ficción de D. Internacional. He quedado muy complacido al leer el dictamen del Profesor Jiménez de Aréchaga de abril de 1986 en el que llega a idénticas conclusiones cuando dice "La razón obvia para no reconocerle soberanía a la Orden de Malta, es que la soberanía constituye atributo exclusivo de los estados o sea de aquellos sujetos de Derecho Internacional que poseen una base territorial propia como ámbito de su poder soberano, y dentro de ese territorio cuentan con una población sometida a ese poder.

Dice en su dictamen el Profesor Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga que reproducimos literalmente.

"DICTAMEN

Es mi opinión que la Orden de Malta, aunque se autotitula soberana, no es tal soberana ni constituye tampoco un sujeto independiente de Derecho Internacional.

La razón obvia para no reconocerle soberanía, es que la soberanía constituye atributo exclusivo de los Estados, o sea de aquellos sujetos de Derecho Internacional que poseen una base territorial propia como ámbito de su poder soberano y, dentro de ese territorio, cuentan con una población sometida a ese poder.

Por tal razón, la doctrina más autorizada y la práctica internacional de mayor significación coinciden en negar soberanía y rehusar el reconocimiento de personalidad internacional a la Orden de Malta.

I

En cuanto a la doctrina, cabe citar la opinión del tratadista italiano Quadri, Profesor de Derecho Internacional en Nápoles, no sólo por su autoridad, sino también por ser la doctrina italiana la que se ha ocupado más detenidamente de la cuestión.

En su obra Diritto Internazionale Pubblico, 4ª ed., 1963, p. 427 (Anexo I) señala este autor que la propia Santa Sede, en la sentencia cardenalicia de 24 de enero de 1953 "negó que las prerrogativas inherentes a la Orden, reconocidas, siguiendo el ejemplo de la Santa Sede, por algunos Estados, constituyan el complejo de poderes y prerrogativas que es propio de los entes soberanos en el sentido propio de la palabra".

Agrega Quadri que "estas concesiones de los Estados tienen un puro carácter de cortesía. No puede seriamente pensarse en un Tratado Internacional que tenga como contrayente a la Orden en cuestión, como tampoco puede pensarse en la aplicabilidad de cualquier principio de Derecho Internacional respecto de ella ni tampoco en una contribución cualquiera de la Orden a la formación del Derecho Internacional General".

Concluye Quadri afirmando que el hecho que el Estatuto de la Orden la describa como soberana "es una nota pintoresca que a nadie daña", y observa que si los Estados que han recibido como Embajadores a representantes de la Orden, deciden "retirar esa concesión unilateral no cometerían violación alguna del Derecho Internacional".

II

En cuanto a la práctica internacional, es de sobra conocido que la enorme mayoría de los Estados, incluidos los más importantes, no han otorgado reconocimiento internacional a la Orden no han hecho tampoco las concesiones de cortesía que consisten en acoger a representantes de esa Orden con el rango y tratamiento de Embajadores.

En este sentido es categórica la respuesta dada por el Gobierno de los Estados Unidos a la pretensión de la Orden de participar con el estatuto de plenipotenciarios en las Conferencias de Ginebra sobre Derecho Humanitario.

Declaró entonces el Gobierno de Estados Unidos:

"Este Gobierno se opone firmemente a conceder a la Cruz Roja Internacional o a la Orden Soberana de Malta status plenipotenciario en la Conferencia en cuestión, y dado que esas organizaciones no son Estados soberanos se opone a cualquier propuesta destinada a permitir, ya sea que voten en la Conferencia o que firmen cualquier instrumento que emane de ella. Asimismo cree que dado que esas organizaciones no son Estados soberanos no se les debe asignar función alguna en la aplicación del código después de su adopción por las Potencias." (Hackworth, Digest of International Law, vol. I, pág. 50, Anexo 2) .

III

Es por ello que aquellos autores que siguen siendo partidarios de aceptar la personalidad internacional de la Orden avanzan ahora una tesis diferente como fundamento jurídico de esa pretendida personalidad internacional.

Así, por ejemplo, los autores Brechya-Vautier y Potulicki, en un estudio conjunto sobre "The Order of Saint John in International Law", publicado en el American Journal of International Law (vol. 48, octubre 1954. P. 554 a 565, Anexo 3) sostienen que es "una concepción jurídicamente errónea que la Orden constituya una especie de ex Estado que ha conservado como reliquias algunos privilegios". (Op. cit., pág. 561) .

En su lugar proponen que a la Orden se la considere "de hecho, como una organización internacional cuyo estatuto depende del carácter supranacional de sus miembros y de su actividad", agregando que, en cambio, "la existencia pasada de su variada soberanía territorial no tiene poder determinante". (Ibid)

Sugieren pues, que la Orden de Malta constituiría actualmente un sujeto de Derecho Internacional perteneciente a la categoría de los "organismos internacionales", de carácter funcional.

Dicen estos autores que esta "institución, cuyo propósito fundamental ha sido, y continúa siendo asistir al enfermo y al pobre sobre una base internacional, puede ser considerada como la más antigua después de la Santa Sede, de las organizaciones internacionales registradas en la Historia". (Op. cit., pág. 554)

IV

Esta tentativa de fundar sobre una nueva y distinta base jurídica la supuesta personalidad internacional de la Orden obedece al hecho de que, en el Derecho Internacional contemporáneo ha aparecido una nueva especie de Sujetos de Derecho Internacional: las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, las agencias especializadas y los organismos regionales. La característica fundamental de estos nuevos sujetos, de un punto de vista negativo, es que carecen de soberanía, al no tener base territorial y humana propia. Y la característica fundamental de un punto de vista positivo es que estos nuevos sujetos de Derecho Internacional han sido creados por los Estados por medio de tratados. El Estado no tiene ya el monopolio de la personalidad internacional, pero sí es el único sujeto capaz de crear, por medio de tratados con otros Estados, nuevos sujetos de Derecho Internacional.

V

Pero este esfuerzo por proporcionar un fundamento jurídico distinto a la pretendida personalidad internacional de la Orden no resiste al análisis crítico.

La Corte Internacional de Justicia, en su comisión consultiva sobre Reparación de Perjuicios causados a las Naciones Unidas, al reconocer la personalidad internacional de la ONU y de otras organizaciones semejantes, ha dicho que estos nuevos sujetos han resultado "del aumento progresivo de las actividades colectivas de los Estados que ha hecho surgir ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas entidades que no son Estados". (Sentencias y dictámenes de la Corte, año 1949, página 178, énfasis agregado) .

En otras palabras, estos organismos internacionales deben originarse y tener su partida de nacimiento en tratados celebrados por los Estados, en su carácter de sujetos de Derecho Internacional que crean, por medio de acuerdos entre ellos, nuevos sujetos.

En cambio, como reconocen Brechya-Vautier y Potulicki, "el carácter jurídico de la Orden no se origina en un acuerdo expreso o tácito entre dos o más Estados". (Op. cit. p. 559)

Es más, hay incluso una diferencia importante que señalan los mismos autores entre la Cruz Roja y la Orden y es que las tareas internacionales de la Cruz Roja le han sido asignadas por las Convenciones Internacionales sobre Derecho Humanitario, lo que no ocurre con la Orden de Malta. (Ibid)

Pero aún si, por hipótesis, se reconociera el carácter de organismo internacional a la Orden, ello no justificaría el rango de Embajador acordado a su representante. Basta señalar que los representantes en el país de la ONU, de la OEA o de otros organismos semejantes no ostentan ni pretenden el rango de Embajadores.

VI

Los autores cuyo artículo comento concluyen su estudio transcribiendo la sentencia cardenalicia de 24 de enero de 1956, citada por Quadri, que declaró que los privilegios acordados a la Orden por un número de Estados "no constituyen, sin embargo, para la Orden, el complejo de derechos y privilegios que están reservados para las entidades que son soberanas en el pleno sentido del vocablo". (Op. cit. p. 561) .

Esa misma sentencia declaró que la Orden es una "Orden religiosa aprobada por la Santa Sede. Su objeto es, además de la santificación de sus miembros, religioso, caritativo, y de conceder asistencia". "El Estatuto de la Orden es funcional, es decir, destinado a asegurar el cumplimiento de la órbita de sus actividades". Para ello no se requieren privilegios ni inmunidades diplomáticas. Y la sentencia termina señalando que "la Orden de Malta es la sujeta a la Santa Sede", lo que excluye toda posible idea de soberanía o aún de independencia.

Admiten los autores Brechya-Vautier y Potulicki que si ocurriera "la transformación definitiva de la Orden de San Juan en una institución religiosa exclusivamente, su personalidad distinta en derecho internacional desaparecería en tal eventualidad". (Op. cit. p. 562)

Eduardo Jiménez de Aréchaga."

Subrayamos del dictamen del doctor Jiménez de Aréchaga lo siguiente: "en cuanto a la práctica internacional, es de sobra conocido que la enorme mayoría de los Estados incluidos los más importantes, no han otorgado reconocimiento internacional a la Orden; ni han hecho tampoco las concesiones de cortesía que consisten en acoger representantes de esa Orden con el rango y tratamiento de embajadores.

Así no es reconocida la Orden de Malta por USA, Inglaterra, Alemania, Japón, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, etc.. pero en cambio sí es reconocida por Pinochet y Stroessner y yo pregunto ¿no está afectada nuestra dignidad nacional al formar filas con estas dictaduras?

Es muy significativa, dice Jiménez de Aréchaga, la respuesta dada por el Gobierno de USA a la pretensión de la Orden de participar con el estatuto de Plenipotenciario en la Conferencia de Ginebra sobre Derechos Humanitarios, al decir "Este Gobierno SE OPONE FIRMEMENTE a conceder a la Orden de Malta y a la Cruz Roja Internacional status plenipotenciario en la conferencia en cuestión, y dado que estas organizaciones NO SON ESTADOS SOBERANOS, se opone a cualquier propuesta dirigida a permitir, ya sea que voten en la conferencia o firmen cualquier instrumento que emane de ella".

Brechya-Vautier y Potulicki, en texto recogido por Jiménez de Aréchaga dicen "que hay una importante diferencia entre la Orden de Malta y la Cruz Roja Internacional y es que las tareas humanitarias de ésta, le han sido asignadas por las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanitarios, cosa que no ocurre con la Orden de Malta".

Es decir la Orden de Malta actúa por su cuenta sin ningún mandato internacional a diferencia de la Cruz Roja Internacional no tiene embajadores en ningún país humanitarias por las Convenciones sobre Derechos Humanitarios. Estamos ante un nuevo absurdo, pues la Cruz Roja Internacional no tiene embajadores en ningún país del mundo, y la Orden de Malta sí lo tiene en nuestro país, en donde por otra parte saca más de lo que en su caso aporta (esto es muy discutible si aporta algo) por medio del Convenio Postal que tiene con el Uruguay del que sólo la Orden de Malta se beneficia.

Tampoco puede ser considerada la Orden de Malta como un Organismo Internacional, pues como dice Jiménez de Aréchaga "Estos nuevos sujetos de Derecho Internacional han sido creados por Estados por medio de tratados" y cita la frase de Brechya-Vautier y Potulicki "El carácter jurídico de la Orden, no se origina en un acuerdo expreso o tácito entre dos o más Estados".

Una sentencia cardenalicia de 24 de enero de 1953 declaró "que los privilegios acordados por algunos Estados a la Orden, no constituyen sin embargo para la Orden, el complejo de privilegios y derechos que están reservados para las entidades que son soberanas en el pleno sentido del vocablo".

Quadri también citado por el doctor Jiménez de Aréchaga dice "en su Diritto Internacional Público, que el hecho de que el estatuto de la Orden la defina como soberana "es una nota pintoresca que a nadie daña" y observa que si los Estados que han recibido representantes de la Orden o como embajadores deciden "retirar esa concesión unilateralmente no cometerían violación alguna del Derecho Internacional".

Y este es el punto central del problema, pues así como en el anterior mensaje se pedía respeto para nuestro país con un Embajador residente en Montevideo, ahora tras haber mandado la Orden de Malta a Montevideo, embajadores que van desde delincuentes requeridos por Interpol hasta servidores de Videla, tomando en consideración que es contradictorio para nuestra democracia, que tantos sacrificios ha costado recuperar, mantener una relación diplomática altamente discutible.

Por todo ello vemos como única salida digna "proponer" que la Cancillería cancele cordialmente una relación diplomática" entrecomillado que copio de una revista argentina en artículo firmado por Héctor Ruiz Núñez, pues también en la Argentina opinan como nosotros y por iguales razonamientos.

Esperando un prudente y razonable análisis de nuestra Cancillería a la exposición que planteamos y que con los dictámenes de personalidades del mundo internacional sobre el tema aguardamos una decisión que mantenga intactos los sólidos prestigios del Uruguay en materia tan delicada.

Sin otro particular saludo al señor Presidente muy atentamente

Dr. Justino Carrere Sapriza. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar el envío de la exposición escrita presentada por el señor senador Carrere Sapriza al Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se vota:)

– 16 en 17. Afirmativa.

6) INTEGRACION DE COMISIONES

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. – Pido la palabra para referirme a un trámite dispuesto por la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. – La Mesa dio cuenta de la entrada de un proyecto, cuyo título no recuerdo, que tiene 229 artículos y dispuso su remisión a la Comisión de Hacienda, integrada con dos miembros de la de Presupuesto. Como en ésta están representados los tres lemas que, a su vez, integran el Senado, pediría que, a estos efectos, la Comisión de Hacienda se integrara con tres miembros de la Comisión de Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la proposición formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

– 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SANCIONES APLICADAS POR EL CODICEN A ESTUDIANTES DEL IPA

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado pasa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. – En el día de hoy, queremos realizar una referencia mesurada y cuidadosa a un tema que entendemos debe merecer la preocupación de todos, sea cual sea nuestra ubicación política.

Me refiero a la situación crítica que está planteada en torno a las sanciones resueltas por CODICEN y que afectan a un grupo de estudiantes del IPA, determinando una sucesión de repercusiones que son de conocimiento público.

Quiero expresar que mi propósito, con esta intervención, de ninguna manera refleja el deseo de propiciar una mediación en esta diferencia de opinión, ni tampoco de abrir juicio con respecto a la situación concretamente planteada.

Me merecen respeto todas las personas actuantes en el tema, tanto la señorita titular del Ministerio de Educación y Cultura como los señores miembros del CODICEN, así como todos los estudiantes afectados por estas medidas.

Lo que sí quiero afirmar es que en un momento muy particular de la vida del país, en que las formas de diálogo se extienden en las más variadas direcciones, alcanzando a los sectores menos previsibles; cuando se busca solucionar los conflictos más profundos, incluso cuando median situaciones extremadamente violentas, registradas en un pasado cercano, nosotros no podemos asistir en silencio al planteamiento de hechos que enfrentan posiciones en términos que pueden conducir a consecuencias seguramente negativas.

Las autoridades del CODICEN, por fundamentos que a su juicio han resultado convincentes, tomaron un conjunto de decisiones que afecta muy gravemente a los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas.

No podemos dejar de tener presente que Uruguay sale de un período de dictadura que abarcó más de una década, y que ésta se preocupó, con especial ensañamiento, de distorsionar todo lo que tiene que ver con la enseñanza en el país, dejando un reguero de fórmulas oscurantistas y persecutorias todavía peores que las que registró en el resto de la actividad nacional.

No podemos olvidar las dificultades de la integración posterior y las limitaciones con que se está operando, tanto en el área presupuestal, en la forma de docencia, en los recursos, así como ante enfrentamientos de diverso tipo que, naturalmente, todavía a esta altura se registran.

Entiendo que todo aconseja que exista ponderación en las decisiones y, junto con ello, la necesidad de un diálogo que, lógicamente, tiene que contribuir a la pacificación que todos deseamos, más allá de que en él puedan registrarse posiciones encontradas e incluso opuestas.

Lo actuado por el CODICEN ha provocado una respuesta inmediata del cuerpo docente del IPA, que adoptó un conjunto de resoluciones que fueran hechas públicas, afirmando este organismo, por nota que elevó al CODICEN, que la resolución adoptada por éste no se compadece con la realidad, que no existe el estado general de indisciplina a que el CODICEN se refiere; por el contrario, el clima de trabajo en el IPA es de total normalidad. Esto lo afirma públicamente el cuerpo docente de este Instituto.

Por su parte, la Asociación de Docentes hace una declaración en la que afirma que la resolución del CODICEN altera el funcionamiento del Instituto, puesto que distorsiona cursos y exámenes que se estaban llevando a cabo con total normalidad.

La señorita Ministra de Educación y Cultura, doctora Adela Reta, ha destacado que éste es un problema muy grave que debe ser resuelto a fondo, porque este es un año prácticamente perdido para los alumnos del IPA. Agrega que si las cosas siguen así, es probable que en el próximo año ocurra algo semejante. Considero que el CODICEN tendrá que buscar una solución definitiva a este problema.

Por otra parte, declaraciones de diversos sectores que agremian a distintos grupos de estudiantes, también rechaza lo que ellos entienden es una forma de autoritarismo y subrayan el hecho de que las sanciones se generan en el momento que la mayoría de los estudiantes están rindiendo y aprobando sus exámenes regularmente. Asimismo, destacan que las sanciones más graves implican la pérdida de dos años en la carrera de los estudiantes.

De modo que se ha creado un clima de enfrentamiento al que, por otra parte, se suma una declaración de la Mesa de la Federación Uruguaya de Magisterio, que también agrega opiniones de rechazo a lo actuado en la materia por el CODICEN.

Por lo tanto, existe un conjunto de opiniones que, evidentemente, reflejan puntos de vista opuestos sobre estos temas.

Como dije al comienzo no es nuestra intención procurar establecer desde aquí, en este momento, quién tiene la mayor proporción de la razón. Lo que sí nos importa es abrir caminos que conduzcan al diálogo, y a través de éste, a una forma de entendimiento y de pacificación.

No podemos entender que si hasta con los protagonistas de la dictadura se puede hablar, no se pueda hacer lo mismo con los estudiantes. Ello no significa que cada uno de ellos, en cada una de sus actitudes, tenga razón, no estamos afirmando eso; lo que sí decimos es que es necesario establecer un clima de diálogo y de comprensión recíproca y que el ejemplo o el primer paso en esa materia, tienen que darlo precisamente quienes enfrentan una mayor responsabilidad, como consecuencia de su mayor edad y de la importancia de los cargos que ocupan.

Podemos establecer algunos elementos que conocemos. Por ejemplo, se ha sancionado a estudiantes, acusándolos de ser responsables de tiradas mimeográficas realizadas en el Instituto. Esas tiradas mimeográficas responden a actos de solidaridad con las víctimas del terremoto que afectó la ciudad de México, tema con respecto al cual existió una comisión oficial para coordinar aquellos esfuerzos. Ha habido, en algunas de las sanciones, antecedentes que incluyen nombres equivocados, referencias a estudiantes que no se presentaron a declarar y por ello son sancionados sin que haya constancia escrita en parte alguna de que fueron citados. Asimismo, hay reiteradas referencias de enfrentamientos con un funcionario –cuyo nombre, en estos momentos, no interesa– que registra como antecedente, en sólo cuatro años, trescientos cuarenta y siete inasistencias.

He tenido en mi poder copias válidas de expedientes en los que consta la absoluta falta de cumplimiento de sus tareas por parte de ese funcionario.

Además, se ha registrado un hecho insólito, que no podemos silenciar. Un profesor adscripto del IPA ha salido a la prensa para señalar y acusar –entre comillas– a los estudiantes, por su carácter –según dicho profesor– de marxistas. Nosotros queremos rechazar categóricamente esta reminiscencia de los tiempos de la dictadura.

Cualquier estudiante, en su vida particular, tiene derecho a militar en el partido que desee; tiene tanto derecho un estudiante como cualquier ciudadano a ser marxista, batllista, nacionalista o cristiano, o a no ser ninguna de estas cosas. ¿Desde cuándo, en un régimen democrático, el profesar la filosofa marxista representa un elemento pasible de determinar acusación por parte de un profesor que, públicamente y sin ningún recato, se dedica a tomar fotografías en forma reiterada de todas las reuniones que realizan los estudiantes y a realizar, posteriormente, exposiciones con las mismas? Más valdría que en vez de fotografiar y acusar por su ideología, tan respetable como cualquier otra, a alguno de estos estudiantes, se dedicara a cumplir sus funciones, a las cuales ha faltado en el correr de cuatro años, en trescientas cuarenta y siete oportunidades.

Con todo respeto hacia la señorita titular del Ministerio de Educación y Cultura, y hacia los señores miembros del CODICEN, –con quienes podemos estar de acuerdo o discrepar en sus resoluciones o procedimientos, pero reconociendo que han sido legítimamente designados y tienen muy buenos antecedentes personales y en modo alguno queremos intentar agraviarlos– pero también con todo respeto para con los derechos de los estudiantes, de sus carreras, de la defensa de su vocación y, por sobre todas las cosas, con el profundo deseo de afirmar un camino de diálogo y de pacificación, voy a proponer que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a conocimiento de la señorita Ministra de Educación y Cintura, de los señores miembros del CODICEN y de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. A ésta le solicito que examine la posibilidad de invitar a su seno, sucesivamente a la señorita Ministro, a los señores miembros del CODICEN y a la gremial que agrupa a los estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, en la firme esperanza de que más allá de las posiciones que cada uno tenga, se creen fórmulas o caminos que puedan contribuir a la pacificación de los ánimos y a la resolución de un conflicto que, en definitiva, no beneficiará a nadie.

SEÑOR PRESIDENTE. – La solicitud del señor senador de que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a la Comisión de Educación y Cultura del Senado no requiere votación; por lo tanto; se va a votar si la misma se envía al Ministerio de Educación y Cultura y al CODICEN.

(Se vota:)

– 22 en 23. Afirmativa.

8) PREMIOS OTORGADOS POR LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS REFRESCANTES

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

El señor senador no se encuentra en Sala.

Tiene la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: las palabras que vamos a pronunciar están referidas a un hecho reiterativo de lo que sucedió hace 30 años en el país, y que podría resumirse titulándolo o calificándolo como "la guerra de las tapitas". Me refiero a la actitud que han asumido diversas empresas para promocionar la venta de sus productos, procurando obtener el favor del consumidor y de la población en general, estableciendo por diversos mecanismos el otorgamiento de premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos.

Este hecho genera una grave distorsión del mercado, y tiene un aspecto que la Comisión de Asuntos Laborales del Senado estuvo analizando muy atentamente por considerarlo fundamental: es el vinculado a la incidencia sobre el consumo de las clases populares. La actitud de las empresas de otorgar premios genera una expectativa, sobre todo para la gente de menores recursos, en torno al logro de determinados bienes a los que les es imposible acceder si no es por obra de una circunstancia excepcional. La esperanza de obtener un mejoramiento de su condición personal o familiar lo impulsa, realmente, a dedicarse a la búsqueda de una solución, a través de esta obra que en cierta manera es de azar. Aquellos recursos que están vinculados al sustento familiar, para la adquisición de productos básicos indispensables, como es la leche, el pan, los alimentos imprescindibles para la nutrición de una familia son destinados en forma elíptica a la compra de bebidas refrescantes, con la finalidad de obtener un resultado de esta naturaleza.

En enero de 1957, hace prácticamente 30 años, este mismo hecho llevó a que el legislador considerara el problema y dictara una norma prohibiendo –con carácter general para toda persona física o jurídica que desarrollara actividades civiles, comerciales e industriales– el otorgamiento de premios en efectivo o en especie a los consumidores de determinados productos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello. La ley establecía severas e importantes sanciones monetarias para sus infractores, y las mismas fueron ampliándose posteriormente por diversas leyes –una dictada en 1964 y otra en 1967– lo que reveló, inequívocamente, la persistencia de un único propósito asumido por el Parlamento Nacional y por los entonces Gobiernos de la República: erradicar definitivamente una forma viciosa que alteraba gravemente el mercado y que –repito– causaba efectos negativos en las clases más necesitadas.

Misteriosamente, señor Presidente, en la Ley de Presupuesto General, la número 15.809, de 8 de abril de 1985, que todos contribuimos a sancionar con nuestro voto, apareció un artículo perdido en el fárrago de este intenso trabajo legislativo –el artículo 677– que derogó el artículo 64 de la ley del año 1957 que era, precisamente, el que prohibía el otorgamiento de premios en todos estos casos y circunstancias.

Aún cuando todos los señores legisladores que integramos este Cuerpo y la Cámara de Representantes contribuimos, de alguna manera, con nuestro voto –y también lo hizo el Gobierno de la República– a que esto fuera positivamente un texto derogatorio, en los planteos formalizados con los distintos legisladores, inclusive con los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y con sus respectivos secretarios, no hemos logrado determinar como apareció esta norma en el Presupuesto, quién fue su autor y cuáles fueron las razones que promovieron esta derogación.

En la mañana de hoy, la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, reunida con la presencia del señor Ministro de Industria y Energía, doctor Presno, tuvo oportunidad de hablar sobre el tema y dicho Secretario de Estado señaló la posición categórica del Poder Ejecutivo en el sentido de restituir la prohibición del otorgamiento de premios para consumo de artículos o simplemente la venta de servicios.

Nos encontramos con que perdida entre las normas presupuestales de este período legislativo aparece una disposición cuya importancia es nula en un conjunto legislativo de la entidad de esta ley, por lo que no podemos alarmarnos de que a nadie se le haya ocurrido preguntar qué razones podían determinar esta derogación. Sin embargo, aunque aparentemente se trataba de una norma inocua, en realidad no lo era, ya que estaba encubriendo el lanzamiento de campañas promocionales y propagandísticas de una entidad y magnitud como no hemos conocido en el país, afectando, de esta manera, al mercado y especialmente a las clases más necesitadas.

Esto ha determinado que la Comisión de Asuntos Laborales me encomendara efectuar el planteamiento ante el Senado de la República a los efectos de que, a través de esta ley excepcional que se va a dictar, de la que ha llegado el Mensaje del Poder Ejecutivo en el día de ayer, a fin de enmendar la falta de la Rendición de Cuentas –a estos efectos, incluye un conjunto normativo de aproximadamente 200 artículos, que reproduce disposiciones del proyecto de Rendición de Cuentas que no fuera votado por la Asamblea General– se procure buscar solución a este problema.

La Comisión de Asuntos Laborales ha entendido que esta inquietud debe trasladarse a la Comisión de Presupuesto, a fin de que se restituya –aprovechando el dictado de esta ley– la prohibición existente en el artículo 64 de la ley de 8 de enero de 1957.

En ese sentido, formulamos moción en nombre de la Comisión de Asuntos Laborales a fin de que nuestras palabras pasen a la Comisión de Presupuesto, a los efectos de que la misma recoja esta iniciativa, para restablecer la prohibición a que me he referido.

SEÑOR PRESIDENTE. – Así se hará. La moción del señor senador no necesita ser votada por el Cuerpo.

9) INGRESO DEL REINO DE ESPAÑA A LA C.E.E.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: el 1º de enero próximo pasado, el Reino de España ingresó a la Comunidad Económica Europea. En dicha oportunidad, se cumplió una definitiva integración de nuestra Madre Patria a la comunidad política y económica que agrupa a las naciones europeas. También se daba en forma definitiva un rotundo mentís a aquella expresión que señalaba que Europa terminaba en los Pirineos.

Todos nos preguntamos en ese momento –particularmente, los habitantes de la antigua América española– si con esto España cortaba sus amarras espirituales, afectivas, con las antiguas Naciones que estuvieron bajo su égida, pasando a integrar esa comunidad, de la cual nos hemos quejado tantas veces –y con razón– y de cuya política económica frecuente y legítimamente nos hemos sentido víctimas.

Es necesario decir hoy en el Senado que la actitud de España, al integrarse a la Comunidad Económica Europea, ha sido la de mantener sus promesas –no diremos de compromiso, porque los mismos, formalmente asumidos, no existen– en el sentido de constituirse en defensora de los países iberoamericanos.

Esto ha salido del ámbito de la retórica para convertirse, desde hace pocos días, en un acto positivo y concreto.

El 11 de noviembre se reunió en Bruselas el Consejo de Cooperación de la Comunidad Económica Europea, asistiendo en su carácter de Ministro por el Reino de España, el señor Yáñez Barnuevo. Se trató allí un proyecto de enorme importancia para las Naciones Iberoamericanas: el sistema llamado Compex. Se refiere a la compensación por exportación.

En definitiva, y en "substractum", este sistema consiste en reglamentar el establecimiento de una forma de compensación por pérdida de ingresos por exportación de los países menos avanzados, que no integran la Comunidad Económica Europea. Tal como estaba redactado este importante proyecto, excluía a todos los países iberoamericanos, menos a Haití. Es decir, se había tomado como punto de partida para fijar la posibilidad de ingresar al Mercado Común Europeo, la renta per cápita de cada una de esas naciones. Esto hacía que las naciones iberoamericanas, con la exclusión señalada, no pudieran acceder a dicho Mercado.

El Reino de España, a través de la acción de su Ministro, utilizó por primera vez su derecho al veto para que esta resolución no fuera aprobada. De esa manera, se logró un primer paso en beneficio de nuestras naciones.

Además, al ser devuelto el proyecto, quedó establecido por la delegación española que el criterio a tener en cuenta no debería ser el de la renta per cápita, sino el grado de dependencia de las exportaciones que tuvieran las economías nacionales de cada uno de los países. De esta manera, se daba la diferencia razonable de que no importaría tanto cuánto se estuviera obteniendo, sino en qué grado necesitaban exportar países como los nuestros, para poder mantenerse en un mismo nivel.

Señor Presidente: en la vida de las relaciones internacionales es muy poco común encontrar este tipo de actitudes que, reitero, no están dictadas por una obligación de tratado o escritas, pero que, por ese motivo, tienen mucha mayor relevancia. Por tal razón nos gusta destacarlo en el Senado a los efectos de que podamos sentir que la presencia de España en la Comunidad Económica Europea puede constituir para la Patria de nuestros antepasados, no sólo una oportunidad de prosperidad, que todos deseamos, sino que sirve también para que contemos con un buen abogado, una voz, una presencia que en alguna otra ocasión, como ésta, haga valer los derechos de Iberoamérica ante ese importante foro que es la Comunidad Económica Europea.

Hago moción para que mis expresiones sean enviadas a la Cancillería.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

– 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SUSPENSION DE GUIAS DE EXPORTACION DE CARNES URUGUAYAS AL BRASIL

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Carrene Sapriza.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. – Señor Presidente: en el día de ayer, con motivo de la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales, tuvimos ocasión de plantearle al señor Canciller nuestra inquietud por la suspensión de las guías de exportación de carnes uruguayas a Brasil.

Como es natural, el señor Ministro tomó conocimiento de nuestro punto de vista, efectuó algunos comentarios y yo le expresé que estaba ahondando en el tema.

Efectivamente, voy a poner a consideración del Cuerpo algunos elementos de juicio que hacen que sea extremadamente grave para las exportaciones de carnes uruguayas –tanto vacuna como ovina– la situación planteada.

Previamente, deseo señalar que en el pasado, Brasil fue siempre un mercado difícil. Durante algunos períodos fue comprador, retirándose del mercado inesperadamente. CASEX es el organismo que regula las exportaciones de este tipo, no sólo para la carne sino para el arroz.

Recuerdo un episodio en el que durante un mes, aproximadamente, los camiones uruguayos estuvieron detenidos en las aduanas periféricas, básicamente en las de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo. Los mismos transportaban partidas muy importantes y se hallaban a la espera de una decisión de este organismo.

Brasil en el curso de estos últimos años, se constituyó en el exportador número uno de América del Sur, con gran sorpresa por parte de los argentinos que siempre fueron los que hicieron pesar su presencia en el mercado internacional de la carne; pero en un muy breve espacio de cuatro años este país los sobrepasó y alcanzó la importante cifra de 600.000 toneladas de exportación, colocándolo en una situación de gran importancia dentro del mercado aftósico y no aftósico. Con respecto al primero por la venta notoria de trozos cocidos de carne que entraban a Estados Unidos y sobre todo por las conservas –de gran importancia en esta nación– que han conjugado su presencia en este país.

Durante muchos años nuestro país ha vendido manufacturas que iban a parar a los frigoríficos brasileños, siendo reexportadas en forma de carne enlatada o envasada.

Al influjo de una política económica que aumentó el poder de consumo, se pasa de 13 kilos por habitante en 1984 a casi 24 kilos en 1986, haciendo que las cifras de exportación de Brasil se reduzcan considerablemente. Además el consumo interno ha tenido en varios estados vacíos importantes que no pueden ser atendidos por el mercado interno y tampoco por lo que se importó desde el Mercado Común y de los Estados Unidos.

Todos pensábamos, señor Presidente, que ningún país sudamericano iba a comprar en el Mercado Común, y sin embargo Brasil fue el primero que lo hizo, comprando la friolera de dos partidas de 300.000 toneladas al irrisorio precio de U$S 600 la primera y U$S 650 la segunda. Poco después Estados Unidos contribuyó con una partida de 90.000 toneladas –con idéntico precio de U$S 600– a los efectos de concurrir con su presencia a un mercado ávido de carne, sobre todo por su valor inmenso de proteínas, como tienen la carnes vacunas prioritariamente.

El hecho concreto, señor Presidente, es que no salimos de nuestro asombro. El Uruguay en el curso del año, ha llegado a casi 70.000 toneladas; exportadas a Brasil, pero si tuviera una cantidad mayor –dentro de las 200.000 toneladas evaluadas como cifra exportadora– seguramente iría a parar al mercado brasileño.

La semana pasada toda esta industria y su sector trabajador se llenó de inquietud, con la noticia de que CASEX había suspendido las guías de exportación.

Pensamos, señor Presidente, que este tema tiene que ser objeto de un muy detenido análisis por parte de la Cancillería y de los organismos que le pueden asesorar. La esperanza, que estuvo centrada en la reunión de los Presidentes Sarney y Sanguinetti –y que va a reiterarse el próximo 11 de diciembre– da la oportunidad de reafirmar lo que se dio como un hecho consumado, o sea que Brasil y Uruguay al cabo del tiempo por fin iban a consolidar el mercado de la carne, no sólo vacuna sino también ovina, a la que se le prorrogó la entrada en ese país hasta el próximo 30 de diciembre.

Creemos señor Presidente, que el tema no ha tomado la trascendencia que tiene, porque la esperanza está centrada en las conversaciones que van a efectuar ambos presidentes. Creemos que es necesario que se reitere públicamente que Brasil y Uruguay –que en materia de integración han abierto un nuevo capítulo de sus relaciones económicas básicamente– en este capítulo de la carne tienen que tranquilizar a todos aquellos que han realizado un gran esfuerzo técnico para poder aportar las mejores carnes, que antes eran objeto de admiración en otros mercados, y que sabemos que el brasileño está ávido de su consumo.

Noticias recientes del día de ayer señalan que los supermercados de Río Grande del Sur, San Pablo, Minas Gerais y Matto Grosso –que son junto con los de Río de Janeiro, los de mayor consumo –están absolutamente desabastecidos de todo tipo de carne. Las carnes que produce Brasil no alcanzan para el consumo, pese a las medidas drásticas que ha tomado el gobierno, a los efectos de que los productores se desprendieran de su materia prima.

Dejo planteada esta grave inquietud, señor Presidente, que ha ganado a todo el país y que obviamente va a tener una trascendencia muy grande en pocos días, de no resolverse favorablemente.

Asimismo, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y, especialmente, al de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Carrere Sapriza.

(Se vota:)

– 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) EXCUSACION DE INASISTENCIA

SEÑOR TOURNE. – ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: en relación a la licencia concedida al Presidente titular del Cuerpo, doctor Tarigo, a fines de la gestión y actividades que debe cumplir en España, queda planteado el problema de la integración del Cuerpo y del cumplimiento de las normas constitucionales. Deseo consultar respecto al primer titular de la lista más votada, a la que correspondería el ejercicio de la presidencia, en caso de la ausencia temporal del Vicepresidente de la República, en virtud de lo que indican los artículos 94 y 153 de la Constitución de la República, lo que supone, en definitiva, que quien debe desempeñar el cargo, en ausencia del titular, es el senador primer titular de la lista más votada del lema más votado, que reúna la calidad exigida por el artículo 151 de la Constitución.

Dejo formulada la consulta, señor Presidente, a los efectos de que por Secretaría se informe al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. – La referencia que hace el señor senador es correcta; pero ocurre que el señor Presidente titular del Senado no solicitó licencia, sino, simplemente, que se excusa de su inasistencia, faltando con aviso. O sea, que no hay planteada una licencia, ni el Senado la ha votado. Si así se hubiera hecho, correspondería el trámite que informa el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Tenía entendido, señor Presidente, que había habido un planteamiento en el Senado y que, en virtud de ello, se había dictado una resolución concediéndole la licencia correspondiente para faltar, por el lapso que insumiera el ejercicio de su cometido. Evidentemente, de lo que se trata es meramente de la comunicación que hace el Vicepresidente de la República, Presidente del Senado, de faltar simplemente con aviso; eso es otra cosa y, por lo tanto, no correspondería, aparentemente, la aplicación de la norma constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE. – Para mayor aclaración, vamos a dar lectura nuevamente a la nota enviada por el señor Presidente del Senado, doctor Enrique Tarigo.

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de diciembre de 1986. Señor 1er. Vicepresidente del Senado, señor senador Dn. Eduardo Paz Aguirre. Presente. De mi mayor consideración: En el día de hoy he de ausentarme del país para concurrir a la IV Conferencia de Presidentes de Parlamentos Iberoamericanos, a realizarse en el correr de esta semana en Madrid, de acuerdo con la invitación oportunamente recibida y con la resolución que, aceptándola, aprobara el Senado.

Vengo, pues, a excusar mi inasistencia a las sesiones ordinarias del martes 2 y del miércoles 3 de diciembre. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Ud. y al Cuerpo con mi más alta estima."

SEÑOR TOURNE. – Formalizada la aclaración en cuanto al alcance del planteo y del contenido de la nota del señor Presidente del Senado, es evidente que no ha solicitado licencia, por lo que la aplicación de la norma respectiva no corresponde.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. – Señor Presidente: en la noche de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado realizó una reunión y pasó a cuarto intermedio hasta las 18 horas del día de hoy, a efectos, como se ha hecho público, de dar a conocer su opinión a través de un comunicado de los sucesos políticos históricos que tuvieron lugar en el día de ayer. Deseo aclarar que algunos de los integrantes de la bancada del Partido Colorado componemos también el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido.

En consecuencia, voy a solicitar –y espero que se cumpla estrictamente con el horario en beneficio, naturalmente, de quienes tengan que aguardar la interrupción de la reunión, si así se decide– un cuarto intermedio a partir de las 18 horas por treinta minutos. De esta manera, quienes integramos dicho Comité Ejecutivo podremos asistir a esa reunión, para luego retornar inmediatamente a Sala.

En ese sentido, formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por lo tanto, el Senado pasará a cuarto intermedio a las 18 horas por treinta minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. – Mi intención era referirme al problema que figura en primer lugar del orden del día, pero como, simplemente, contaría con ocho minutos para ello, preferiría postergar mi intervención hasta inmediatamente después de reiniciada la sesión.

12) INTEGRACION DE COMISIONES

SEÑOR PEREYRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. – Quisiera realizar una consulta a la Mesa por lo siguiente. No sé si ésta dio entrada a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se suplirían algunas carencias que motivaron la no aprobación de la Rendición de Cuentas, es decir, qué destino tuvo y si se procedió a la integración de la Comisión de Hacienda con la de Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Sí, señor senador. Dicho punto figuraba en primer lugar de los asuntos entrados. La Mesa dio cuenta de él y lo remitió a la Comisión de Hacienda integrada con dos miembros de la de Presupuesto, que, luego, por moción del señor senador Rodríguez Camusso, votada favorablemente, se integró con tres miembros de esta última Comisión.

SEÑOR PEREYRA. – Sería conveniente de ser posible, dejarla integrada en la sesión de hoy a los efectos de poder comenzar a trabajar esta misma semana.

SEÑOR PRESIDENTE. – Así se hará.

SEÑOR PEREYRA. – Si me permite, señor Presidente, igual solicitud formularía en cuanto a la Comisión que propuse días pasados para estudiar todo lo relacionado con el tema de la comercialización de la carne, a fin de que la Mesa tome las providencias del caso y proceda a designar la mencionada Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Así se hará.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. – Señor Presidente: me veo en la obligación de pedir excusas a mi estimado amigo el señor senador Mederos por cuanto la moción que he presentado le ha impedido hacer uso de la palabra; supongo que lo mismo sucedería con los demás señores senadores que quisieran referirse al tema. En consecuencia, sería conveniente que el Senado pase a cuarto intermedio en este momento. De esta forma y una vez que reiniciemos la sesión las intervenciones de los señores senadores podrían tener continuidad.

Por lo tanto, señor Presidente, modifico mi moción en el sentido de que pasemos en este momento a cuarto intermedio hasta las 18 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace a la hora 17 y 55 minutos)

(Vueltos a Sala)

(Ocupa la Presidencia el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 12 minutos)

13) JUNTAS LOCALES. Plazo para la designación de sus miembros.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que las Juntas Locales a que hace referencia el artículo 287 de la Constitución de la República, serán designadas dentro de los sesenta días de instalados los Intendentes Municipales de cada departamento. (Carp. número 504/86. Rep. Nº 127/86) ".

(Antecedentes. Ver 67~ S.O.E.)

– Continúa a discusión general.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Estamos considerando un proyecto de ley informado por la Comisión respectiva que tuvo su origen en una loable inquietud de nuestro compañero de partido, el señor senador Lacalle Herrera.

Las dificultades por las que atraviesan los Gobiernos Departamentales se deben a algunas falencias de la propia Constitución –más adelante explicaré por qué me atrevo a hacer esta afirmación– y fundamentalmente a lo vetusto de la Ley Orgánica Municipal vigente que tiene cincuenta años de existencia y no ha sido modificada por el Parlamento durante toda esa larga vida, habiendo sorteado el cambio de cuatro Constituciones. Esa Ley Orgánica resulta totalmente anacrónica para facilitar el desempeño eficaz de los Gobiernos Departamentales.

Este proyecto de ley pretende llenar un vacío en lo referente a la integración de las Juntas Locales. Tengo algunas discrepancias en cuanto a algunos artículos del proyecto en cuestión.

Era más fácil que se pusieran de acuerdo y facilitaran el trabajo de los integrantes de una y otra rama del Gobierno departamental, cuando la vida política del país contaba con dos grandes partidos políticos, al partido ganador le correspondía la mayoría en la Junta Departamental y en las Juntas Locales y al otro la minoría. Pero actualmente el panorama político nacional ha cambiado, lo que ha determinado ciertas complicaciones en la integración de los órganos locales, dada la existencia de otra gran fuerza política, como es el Frente Amplio, que tiene representación en las Juntas Departamentales y, por consiguiente, en casi todos los departamentos le corresponde también representación en las Juntas Locales.

Creo que este proyecto debe ser aclaratorio de ciertas conclusiones a que han arribado algunos Gobiernos Departamentales, especialmente el del departamento de Colonia, de donde provengo.

El artículo 1º de este proyecto dice: "Los miembros de las Juntas Locales serán designados por los Intendentes Municipales, previa anuencia de la respectiva Junta Departamental, y respetando, en lo posible, la proporcionalidad de ésta en la representación de los diversos partidos (artículos 275 inciso 8º, y 287 de la Constitución) ".

Creo que este texto es insuficiente. A mi entender, para que quede bien claro hay que decir expresamente que al partido que gana la Intendencia le corresponde la mayoría absoluta de los miembros de las Juntas Locales no electivas, porque en algunos departamentos eso no se ha querido respetar, dificultando la integración de esos órganos locales. A esos efectos, si el Senado estuviera de acuerdo y el señor miembro informante lo aceptara, propongo agregar después de "la representación de los diversos partidos y entre paréntesis" ("artículo 272, incisos segundo y tercero"), manteniéndose el resto de la redacción. El artículo 272 es el que estatuye que al partido que haya obtenido el cargo de Intendente le corresponde la mayoría absoluta de la Junta Departamental, aunque desde el punto de vista proporcional no la alcanzare. Me parece que esto contribuiría a aclarar un concepto al que en muchos departamentos se le ha dado, a mi entender, una acepción equivocada, porque la expresión "en lo posible" ha determinado muchas dudas y equívocos.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MEDEROS. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. – Deseo decir, ante la pregunta formulada por el señor senador Mederos, que en mi calidad de miembro informante no tengo que hacer ninguna objeción a lo que él ha sugerido. Creo que, aunque en cierto sentido es superabundante, porque la interpretación correcta de la Constitución lleva a esa conclusión vistas las dificultades que se plantean en la práctica, me parece atinado lo que ha propuesto el señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede continuar el señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. – Me alegra que el señor miembro informante, dada su versación constitucional, haya aceptado esta proposición que, aunque puede ser obvia, para mi es aclaratoria porque define bien el concepto de que al partido que haya obtenido el cargo de Intendente le corresponde la mayoría en la Junta Departamental, así como en todas las Juntas Locales no electivas.

No quiero emitir ningún concepto referido a expresiones del señor senador Cigliuti sobre la conveniencia o no de la existencia de Juntas Locales autónomas.

Creo que el legislador que ha instituido las Juntas Locales autónomas no ha tenido en cuenta una realidad, esto es, que las rentas que provienen de sus respectivas jurisdicciones casi nunca –podría decir que nunca– alcanzan para atender las labores imprescindibles a que ellas deben hacer frente.

Los gobiernos departamentales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República, se encuentran en la imposibilidad de gravar la tierra, ya que la iniciativa debe provenir del Poder Ejecutivo y hacerlo el Parlamento, lo cual ha cercenado, considerablemente, a la economía municipal.

No ocurría lo mismo en la Constitución de 1951, para mí una de las mejores que ha tenido la República.

En mi concepto, las Juntas Locales Autónomas deben ser electivas y, al respecto, existe una única experiencia y es en Río Branco. Las de Colonia Suiza y Carmelo son dependientes, en lo económico, de la Intendencia Municipal y Junta Departamental, ya que sus rentas no alcanzan para cumplir con los fines para los cuales fueron creadas.

En el deseo de impulsar este proyecto y a los efectos de que se transforme en ley, debo realizar algunas observaciones respecto al artículo 5º. Todos saben que no soy hombre de Derecho, y por ello no comprendo el alcance constitucional de este artículo, que dice así: "Hasta que no estén designados los miembros de las Juntas Locales, continuarán en funciones sus anteriores titulares". En mi concepto, es inconstitucional, porque si bien los miembros de los Entes Autónomos, de acuerdo con la ley, pueden prolongar su mandato más allá del período constitucional de gobierno, no sucede lo mismo con los Municipios, ya que la norma no prevé nada en ese sentido. Además, debemos tener en cuenta que no se trata de un Ente Autónomo, sino de los gobiernos departamentales, cuyas competencias y atribuciones fundamentales las establece la propia Constitución, que al respecto no se pronuncia.

Por lo tanto, señor Presidente, tengo mis reservas con relación al artículo 5º.

Además, adelanto que no votaré el artículo 7º, en el caso de que no fuere anulado, ya que el mismo tiene un sentido admonitor contra los Intendentes y la responsabilidad de la no provisión de las Juntas Locales no corresponde sólo a los Intendentes, sino también a las Juntas Departamentales y, en último término, también a los partidos políticos que se desempeñan en cada uno de los departamentos.

Para resolver este problema, no se debe pensar en una Intendencia determinada, sino en los gobiernos departamentales en general, por los cuales experimento un verdadero cariño. Mi vida política se inició como gobernante municipal, siendo muy joven. Por lo tanto, conozco las tribulaciones de aquellos gobernantes que tienen responsabilidad política en la conducción de un gobierno departamental y la imposibilidad de entendimiento que muchas veces existe, aun con los integrantes de su propio partido, a los efectos de armonizar los intereses y aspiraciones de cada uno.

Desde esta banca rindo mi homenaje a aquellos compañeros de labor con los cuales tuve el honor de actuar. Muchas veces son feroces las luchas políticas en los departamentos, especialmente, dentro de nuestros propios partidos. Tuve que actuar en una época en que mi Partido Nacional estaba muy dividido y era muy difícil, luego de triunfar en una elección, tener que hablar con los dirigentes derrotados, todavía encrespados, a los efectos de formar el gobierno departamental.

Estoy dispuesto a dar mi voto afirmativo a este proyecto de ley, teniendo en cuenta las salvedades formuladas anteriormente.

Repito que el artículo 7º no cabe en el proyecto, por lo cual solicito su desglose.

Como he dicho, estoy dispuesto a votar esta ley, porque la misma llena un evidente vacío que, en realidad, debería ser ocupado por una nueva Ley Orgánica Municipal. Hemos reclamado insistentemente sobre el punto y nuestra inquietud fue pasada a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Seguramente, una ley de esta complejidad debe tener una etapa de maduración y estudio, dedicación que no se le ha podido prestar debido al arduo trabajo que ha tenido que enfrentar la Comisión. Entendemos perfectamente que la tramitación de una Ley Orgánica Municipal en el plano legislativo tiene inconvenientes y dificultades.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: en la última sesión que el Cuerpo destinó al estudio de este tema, tuve oportunidad de intervenir en la discusión general y daré por comprendidos los argumentos entonces formulados a los efectos de oponerme a la sanción de este proyecto de ley, por lo menos, en su redacción actual.

Entiendo que este punto requeriría un estudio de otro carácter que no voy a realizar. La designación de los miembros de las Juntas Locales, especialmente las llamadas Autónomas o de Gestión Ampliada, consagradas por la Ley Orgánica Municipal de 1935, actualmente no son de carácter constitucional, porque las normas posteriores derogaban la facultad legislativa al respecto. La disposición de 1952 establecía que el gobierno y la administración estarían confiados a los Concejos Departamentales y las Asambleas Representativas, suprimiendo la expresión "Juntas Locales" como establecían las Constituciones de 1934 y 1942. Estas otorgaban el gobierno y la administración de los departamentos a las Intendencias, Juntas Departamentales y Juntas Locales.

La creación de las Juntas Locales Autónomas, establecida en leyes posteriores, tomaba en cuenta la jurisdicción de las secciones geográficas que fueron trasladadas a las secciones judiciales, como existe, por ejemplo, en el departamento de Canelones. Para señalar un caso concreto, mencionamos que Pando puede originar un grave problema, ya que existe una Junta Local Autónoma en Atlántida, que corresponde a la jurisdicción geográfica de la Seccional 7º del departamento, que es Pando.

Nos encontramos con que el Intendente Municipal, que tiene una cantidad de facultades precisas por mandato constitucional, las ve cercenadas por una ley anterior, que sustrae de su administración cuatro o cinco regiones del departamento para el que fue elegido por la ciudadanía como gobernante. Por ejemplo, las Juntas Locales de gestión ampliada de Las Piedras, Santa Lucía, Pando, Atlántida y La Paz, constituyen otros tantos "departamentos" dentro del de Canelones. De esta manera, el Intendente Municipal pierde la administración del departamento, que por un mandato constitucional expreso le está confiada, en favor de una disposición muy anterior, de carácter legal, y que muy posiblemente ya no tenga fuerza jurídica porque ha sido derogada por las normas constitucionales posteriores.

Ese es otro caso. Si la ley de creación de esas Juntas Locales tiene defectos, lo que corresponde es derogar o modificar la ley o la Constitución, si es que está mal. A mi entender, no se puede legislar sobre Juntas Locales sin correr el riesgo de dictar leyes que, por ese mismo motivo, también sean inconstitucionales.

Por otra parte, pienso que en las circunstancias presentes, el hecho de fijar plazos a los Municipios para la designación de Juntas, constituye un error, porque la actual composición política de los partidos en los distintos departamentos determina que resulte muy difícil llegar a un entendimiento. El proyecto de ley que se está discutiendo es un mandato imperativo, preceptivo. Si el Intendente comete un delito, puede ser acusado en el Parlamento, aunque parece que eso se va a excluir. Tiene la obligación de hacer nombramientos donde quizás no pueda contar con los medios para hacerlo, porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo y él no puede resolver los conflictos internos de los propios partidos ni prescindir de los que están representados en la Junta, a los que debe dar participación en la designación de las Juntas Locales; o porque no puede nombrar de acuerdo a aquello que esté convenido y dejar sin hacer aquello que no lo esté, ya que las Juntas tienen cinco miembros que deben ser nombrados al mismo tiempo, respetando en lo posible, la proporcionalidad partidaria en la composición de las mismas. Además, es necesario tener en cuenta los conflictos internos de los partidos, que solo pueden ser resueltos por éstos, y el Intendente Municipal no puede aparecer en falta y tener responsabilidad por causas ajenas a su voluntad e, incluso, por hechos que tienen su desarrollo dentro de un partido político que no es el suyo. No es necesario ir muy lejos para saber eme eso ha ocurrido y que existen dificultades para poder nombrar las Juntas Locales.

En último término, reiteraré lo que expresé en la otra sesión: creo que legislar al respecto, por más buena voluntad con que se haga, por más patriótica que sea la intención con que se realice y por más que se considere que debe corregirse en caso de que no estén nombradas todas las Juntas Locales en todos los departamentos del país, un año y medio después o más de constituidos los órganos departamentales –a pesar de todo eso que me anticipo a reconocer– significaría establecer una norma imperativa y las dificultades para los nombramientos son de tal magnitud al fijar plazos concretos, obligando a los Intendentes a pronunciarse, que no solucionaría, sino que complicaría y agravaría el problema.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: entiendo las dificultades que expresa el señor senador preopinante. Por esa razón es que propuse –lo que el señor miembro informante aceptó– incorporar la referencia a los incisos segundo y tercero del artículo 272 que establecen que el Intendente que tiene mayoría en la Junta Departamental también tiene mayoría en cada una de las Juntas Locales.

Quiere decir que el problema que plantea el señor senador Cigliuti está referido a las dificultades del propio partido de Gobierno. ¿Cómo no va a poder manejarse un Intendente, por ejemplo, del departamento de Tacuarembó, del de Canelones o del de Colonia si tiene tres miembros de su propio partido que hacen mayoría absoluta en la Junta Local?

Tenemos el caso de Colonia en donde se cometió el error de darle dos cargos al Partido Colorado, dos al Partido Nacional y uno al Frente Amplio. Esto sucedió en algunas Juntas Locales y pienso que eso no corresponde porque está contrariando el principio establecido en los dos apartados del artículo 272. Si aprobamos eso, el Partido Colorado si tiene la Intendencia del departamento de Canelones, va a tener mayoría absoluta en cada una de las Juntas Locales, y las minorías estarán en ellas, con su representación proporcional. Eso es lo que propongo, y solucionaría el problema planteado por el señor senador Cigliuti.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. – Ese no es el problema. No estoy hablando aquí de determinados departamentos, el señor senador se refiere al departamento de Canelones. Poniendo el artículo que menciona el señor senador o no incluyéndolo se sabe que la ley dice "respetar en lo posible" –como manda la Constitución– la integración de las Juntas, por lo que el partido que tiene el Gobierno Departamental dispone de tres cargos en cada Junta, y eso nadie lo ha discutido.

Para conocimiento del señor senador, le diré que los tres cargos colorados, correspondientes a cada una de las veintidós Juntas Locales del departamento de Canelones, hace quince meses que están elegidos, y no existe dificultad de ninguna clase en poner en cada Junta de Canelones tres colorados, así como tres blancos en San José, en Treinta y Tres y en Paysandú. Ese no es el problema que está en los otros dos de cada Junta; en consecuencia, hay que nombrar cuarenta y cuatro personas. Y hay que escuchar en el caso de alguna Junta Departamental que tiene quince ediles –once nacionalistas que responden a diversas tendencias y cuatro del Frente Amplio– los reclamos del Frente Amplio que quiere varios cargos en las Juntas.

Se sabe donde ponerlos, a qué Junta van, porque hay algunas en las que otros Partidos reclaman tener su representación completa, es decir, tres colorados y dos nacionalistas, pero no es en una, sino en dos, tres, cuatro, cinco o nueve. De acuerdo con la representación proporcional estricta, tiene que haber tres colorados y un frenteamplista, por lo menos. Entonces, no ha habido acuerdo en saber cuáles son las Juntas, ni cuál es la proporción y la cantidad. También se puede aducir que quienes tienen representación en la Junta Departamental tienen derecho a la representación proporcional estricta, o no, ya que la Constitución dice "en lo posible". Si se trata de lograr un acuerdo político, hay que llegar a él por la vía de transacciones, en la que todos queden, después, conformes y satisfechos.

No estoy hablando de Canelones, ni de San José, ni de Durazno; me estoy refiriendo al problema concreto de este proyecto de ley. Como no se nombraron las Juntas el señor Presidente, con muy buen impulso patriótico y político, hizo una propuesta, y la Comisión respectiva, integrada por compañeros del Partido Colorado y por senadores de los otros partidos, confeccionaron un proyecto más amplio.

Sin ánimo de prolongar el debate o de ganar la discusión, y con el propósito de aportar ideas, ejemplos y hechos que pasan todos los días, digo que no es tan fácil nombrar Juntas Locales, por mandato de una ley. Es muy difícil realizar esto, y las Juntas Locales más importantes, las llamadas autónomas o de gestión ampliada, pueden ser ahora perfectamente inconstitucionales, porque no pueden existir Juntas Locales que tengan dentro de un departamento una autoridad y competencia tan grande que interfiera con la del propio Intendente Municipal. Es decir, que existan secciones "endeudadas", como se expresaba en 1904, que determinan que el Intendente no ejerza su autoridad en todo el departamento; pero esto no se aplica a uno determinado, sino a todos, a los diecinueve departamentos.

Esa es una situación muy especial y clara. Por esa razón es que propuse, sin éxito, que se estudiara nuevamente en Comisión, porque, como ya lo dijo muy bien el señor senador Mederos –en lo que coincido con él– esta es la oportunidad de revisar la Ley Orgánica Municipal.

Digo esto porque la Ley Orgánica Municipal, que en muchos aspectos es inconstitucional, lleva, desde el año 1935 al presente, más de cincuenta años de vigencia. Por consiguiente, es el momento de estudiar esa situación, cosa que ya se está haciendo en algunos departamentos a través de la confección de anteproyectos de leyes orgánicas con el objeto de enviarlos al Parlamento.

En consecuencia, en la disyuntiva de votar en general este texto –adelanto que no voy a darle mi voto y que en cambio hubiera aceptado que se reexaminara el asunto en Comisión, tal como propuse, sin éxito, en la sesión anterior– lo haré en forma negativa. Si se aprueba –no sé lo que ocurrirá– haré alguna sugerencia en la discusión particular.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: he escuchado al señor senador Cigliuti, por quien tengo un gran respeto personal, político e intelectual, con la avidez de comprender su razonamiento, pero realmente no lo logro.

Si el señor Intendente cuenta con mayoría absoluta en la Junta Departamental y no tiene problemas dentro de su partido para nombrar a los tres miembros de las Juntas Locales, sean autónomas o no, y la minoría tiene que estar representada proporcionalmente, el partido que tiene cuatro ediles no puede reclamar una representación de esa naturaleza en dichas Juntas. Podrá reclamar representación en las Juntas, de las ciudades y pueblos en las que realmente tuvo gravitación política. Creo que esto es fácil de entender, señor Presidente.

¿Qué dirigente político cuyo partido haya obtenido cuatro ediles en la Junta Departamental puede reclamar tener un representante en cada una de las 24 Juntas Locales? Si lo hiciera, no se ajustaría a la realidad.

Entiendo que si el Intendente no tiene dificultades para designar a los tres miembros de su partido y cuenta con la mayoría de los ediles departamentales, tiene que reclamarle una decisión a los demás partidos, teniendo en cuenta la representación proporcional y la gravitación política en los medios respectivos, pero planteándolo con un sentido racional, porque si en estos asuntos no razonamos y nos obcecamos, no podemos tener resultados. Si tenemos cuatro ediles no podemos decir que queremos 24 representantes en las Juntas Locales; eso no cabe en ninguna cabeza intelectualmente bien centrada.

Es por eso, distinguido amigo y señor senador Cigliuti, que no entiendo su razonamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – No hay más oradores inscriptos.

La Mesa desea hacer algunas consideraciones, por lo que sugeriría al Cuerpo que se realizará la elección de un Presidente Ad Hoc.

SEÑOR CIGLIUTI. – Puede hacerlas, desde la Mesa, señor Presidente.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Voy a ser muy breve, señores senadores porque el desarrollo del "inter criminis" –como acostumbra decir el señor senador Aguirre– de este proceso lo inició el Presidente del Senado en ejercicio, al presentar un proyecto de ley con un alcance mucho menor del que parece haber adquirido el que estamos considerando, para los ojos más experimentados de los demás señores senadores.

¿Qué era lo que ocurría? Había un mandato constitucional que no se cumplía y nos pareció inteligente como complemento de la buena administración, poner un plazo. De ello ha derivado una discusión en la que ha abundado sobre los defectos del sistema en sí; es decir hemos asistido a un análisis exhaustivo del artículo 267, cuando con el proyecto lo único que pretendíamos era, simplemente, ponerle un plazo a ese tan defectuoso artículo vigente desde hace tanto tiempo.

Ahora parece que el proyecto ha desencadenado críticas que en realidad se refieren a algo que no pretendió enmendar en ningún momento; simplemente se buscó perfeccionar el texto constitucional, evitando que el mismo fuera burlado, por la razón que fuera. Por supuesto que las dificultades de la proporcionalidad existen ahora, para la asignación de cargos en las Juntas a partidos divididos en distintas fracciones.

Nos parecía de buena administración poner un plazo perentorio para que aun existiendo esas divisiones se procediera, como ocurre cuando estudiamos el presupuesto –aunque ahora tenemos que decir a veces– o la Rendición de Cuentas, a buscar con madurez que las divisiones y las dudas sólo lleguen hasta el último día del plazo en que debemos sancionar una norma.

La Presidencia, en su carácter de patrocinador del proyecto quería hacer estas manifestaciones, creyendo que así pone en su debido contexto esta larga y erudita discusión que se ha escuchado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

– 13 en 21. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: en mi calidad de miembro informante ya he expresado extensamente mi opinión favorable a este proyecto de ley que contribuí a elaborar en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación. Pero, por vía de fundamento de voto, quiero formular una puntualización, ante la afirmación, en mi concepto grave y no ajustada a Derecho, de que es inconstitucional. Quiero hacerla, además, porque creo que el primer deber de todo legislador es respetar la Constitución de la República y, por consiguiente, no sancionar proyectos de ley que sean inconstitucionales.

En mi concepto, repito, este proyecto de ley es perfectamente constitucional, porque la Constitución de la República en ningún momento ha derogado las leyes anteriores que, con arreglo a las normas constitucionales entonces vigentes, crearon las Juntas Locales, ya fueran estas no autónomas, autónomas o electivas.

Digo que esto es así, porque si bien el artículo 274 de la actual Constitución, que entró en vigor el 15 de febrero de 1967, establece que las funciones ejecutivas y de administración, en lo departamental, corresponden al Intendente Municipal, la propia Constitución, en su artículo 287, prevé la existencia de las Juntas Locales y por el 288 comete a la ley –es decir al Poder Legislativo– determinar las condiciones para la creación de las Juntas y sus atribuciones. Es decir, que toda ley que le haya otorgado a las Juntas Locales atribuciones de carácter ejecutivo y de administración en su jurisdicción, es, en mi opinión, perfectamente constitucional.

Nada más.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Paz Aguirre)

SEÑOR TOURNE. – Quiero señalar que he acompañado con mi voto en general este proyecto de ley, en el entendido de que constituye una necesidad imperiosa de la modernización de las Intendencias la constitución de Juntas Locales u organizaciones que de alguna manera descentralicen la labor del Intendente y contribuyan al buen orden en las ciudades capitales de los distintos departamentos de la República.

Esta consideración, que en términos generales también valida el establecimiento, por medio del proyecto, de plazos a los fines del cumplimiento de la pauta que consideramos adecuada, únicamente ameritarían algún tipo de observaciones que constituyen las salvedades de las que voy a dejar constancia brevemente.

Entendemos que el mandato de los integrantes de las Juntas Locales no puede exceder del período de gobierno departamental porque, en esta materia, las normas constitucionales de fondo que regulan el término del mandato de los gobiernos municipales, establecen, expresamente, la imposibilidad de que la ley pueda validarlo para gobernantes cuyo mandato deriva de autoridades que cesaron en el ejercicio de su actividad.

Considero que hubiera sido conveniente que se aprovechara la redacción de una ley en materia de Juntas Departamentales, para regular el problema de los integrantes de las Juntas que, de conformidad con el inciso o apartado quinto del artículo 273 de la Constitución, se verifica por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta, a propuesta del Intendente. Reglamentar las facultades del Intendente y de las Juntas para la designación manteniendo, básicamente, esas pautas de la proporcionalidad en la integración de las Juntas, parecería desde todo punto de vista elemental, que no se pudiera frustrar, precisamente, esta proporcionalidad, por el hecho de que la mayoría de la Junta, por intermedio del mecanismo de la destitución de los integrantes de la minoría, permite contar con Juntas Locales que funcionen sin la correcta integración y representatividad que debe tener de acuerdo con la Constitución de la República.

Por todo esto, señor Presidente, creo que aún se está a tiempo para el dictado de una norma reglamentaria que en definitiva, globalice la situación y establezca con carácter general la integración de las Juntas Locales, así como su destitución en la forma y por las vías previstas por las normas constitucionales.

SEÑOR CAPECHE. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. – Señor Presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado en contra este proyecto de ley, porque consideramos que es conveniente –de acuerdo con la moción del señor senador Cigliuti– que pase a Comisión para que se realice un estudio más minucioso del problema.

Todos conocemos las dificultades que tienen los Intendentes para nombrar las Juntas Locales en un plazo tan pequeño de sesenta días.

Asimismo, si se pasara a Comisión tenemos la esperanza de que se pudiera quitar una parte de las facultades que poseen las Juntas Autónomas en los departamentos que retraen recursos en gran cantidad –creo que en un 70 %– al Intendente, que los necesitan para desarrollar las obras contenidas en el plan estructurado.

Es por eso, señor Presidente, que acompañamos el pase a Comisión de este proyecto de ley.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Como integrante de la Comisión de Constitución y Legislación –y a pesar de que ya he manifestado en la discusión general algunos conceptos en relación con el proyecto que está a estudio del Senado– deseo dejar determinadas constancias en este fundamento de voto.

Naturalmente, he votado afirmativamente su aprobación, porque entiendo que viene a integrar una norma constitucional que, en la práctica, muchas veces se cumple mal, se cumple tarde, se cumple poco o no se cumple nunca. Por lo tanto, la norma constitucional tiene que ser integrada y este proyecto de ley lo hace con verdadero beneplácito, por lo menos en mi concepto.

En cuanto a algunas objeciones que se han realizado, por ejemplo, entre otras, la que dice relación con que los miembros de las Juntas Locales designados durante el ejercicio de un gobierno departamental determinado continúen en funciones hasta que sean nombrados quienes habrán de sustituirles, en la Comisión de Constitución y Legislación, debatimos este punto y no encontramos ningún obstáculo o impedimento constitucional que establezca que no puede existir esta prórroga del mandato. Para ese efecto, sólo debe tenerse en cuenta que para ser miembros de las Juntas Locales, se exigen las calidades determinadas para ser integrante de las Juntas Departamentales pero no así en relación con el plazo del mandato, que, para estos últimos, es de cinco años.

Por lo tanto, con esta disposición, lo que la Comisión de Constitución y Legislación quiso –y por eso redactó la norma en la forma en que ha sido consagrada a través del artículo 5º– es que, precisamente, constituya un elemento que determine a las autoridades, sean Intendentes o Juntas Departamentales, que resulten electos y entren en funciones los 15 de febrero de cada cinco años, a abreviar el término de designación de las nuevas Juntas Locales, en función de que permanecen vigentes en su mandato las anteriores, de conformidad con el artículo proyectado.

En síntesis, creo –y no sólo creo sino que afirmo– que se trata de un proyecto que ha sido minuciosamente estudiado, redactado con cuidado, examinado detenidamente y que, repito, cumple una función de integración a todas luces beneficiosa para el sistema constitucional vigente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: este proyecto de ley acaba de ser votado por el Senado y estamos habilitados para pasar a la discusión particular y examinarlo artículo por artículo. Contiene siete disposiciones y me atrevería a decir que, salvo la primera y la cuarta, las demás van a requerir una larga discusión, porque los plazos –tomándolos con carácter general, por supuesto– verdaderamente son exiguos.

Es imposible que un Intendente, en el período del 15 de febrero al 15 de abril, pueda estructurar la integración de las Juntas. No se puede pensar que eso pueda suceder. No hay Intendente, sea quien sea el electo, que en sesenta días pueda nombrar las Juntas Locales en cualquier departamento, donde se presentan tantas dificultades. Lo mismo ocurrirá con el plazo que tiene la Junta para tratarlo y, después, con el nuevo período que cuenta el Intendente para considerarlo.

Pienso que la ley no pueda exigir al Intendente que arme una propuesta que no sea suficientemente responsable y cuente con el aval de los partidos interesados, que ahora son todos, porque todos, a pesar de la composición particular de la Junta Departamental, poseen representación en ella: los partidos Colorado, Nacional y Frente Amplio.

Entiendo que es el momento –después que se votó en general– de que este texto vuelva a Comisión para que ella lo reexamine y pueda redactar otro que acerque las posiciones encontradas que se han registrado en el plenario del Senado.

Por consiguiente, señor Presidente, me permito mocionar para que pase a Comisión a esos efectos, ya que ha sido votado en discusión general. El Senado, posteriormente, contando ya con un nuevo informe y a estudio de la Comisión, entraría en la discusión particular del mismo.

Reitero que mociono para que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – En la sesión anterior en que se trató este tema, el señor senador Cigliuti formuló esta moción que fue votada negativamente, porque todos los miembros de la Comisión que estábamos en Sala –si mal no recuerdo eran los señores senadores Ricaldoni, Cersósimo y Alonso además de quien habla– expresamos que no tenía sentido la vuelta del proyecto de ley a Comisión, porque ésta ya lo había estudiado extensamente y llegado a la conclusión y convicción de que las normas que lo integran eran las que correspondían.

Quizás estemos equivocados. Pero, si es así, para eso está la discusión particular. Es decir, para demostrar que una disposición es errónea y modificarla o votarla negativamente y no para intentar que los miembros de la Comisión –que ya estudiaron el proyecto– lo vuelvan a considerar sin consecuencias prácticas, porque no habrá la menor modificación en el mismo.

Quien discrepa con un proyecto de ley, lo que tiene que hacer es votarlo en forma negativa o demostrar que una disposición está mal. Por ejemplo, el señor senador Mederos ha demostrado que en el artículo 1º faltaba una referencia que determinara, claramente, la obligatoriedad de adjudicarle, también, al partido que tiene la mayoría en la Junta Departamental, la mayoría en las Juntas Locales.

Aquí se ha dicho –y creo que con argumentos que pueden compartirse, aunque es opinable– que es exagerado en su afán sancionatorio –o, por lo menos, injusta para el Intendente, en tanto no se prevé la misma sanción para la Junta Departamental– la norma del artículo 7º que establece una causal de promoción del juicio político.

En la discusión particular, probablemente, el artículo 7º no será votado. Ahora bien, si el plazo es exiguo y se demuestra que en vez de ser de 60 días tiene que ser de 90 o de 100 días, votaremos uno mayor.

La vuelta del proyecto a Comisión, con todo el respeto que me merecen las manifestaciones del señor senador Cigliuti, no tiene sentido, máxime cuando estamos sobre la expiración de este período de la legislatura. Todos sabemos que dentro de diez días entramos en receso y quedan nada más que tres sesiones ordinarias. De modo que volver el proyecto a Comisión es decretar, lisa y llanamente, que éste no se apruebe en el presente período de la legislatura.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Cigliuti a fin de que el proyecto pase nuevamente a Comisión.

(Se vota:)

– 9 en 24. Negativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MEDEROS. – Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se suprime la lectura de todos los artículos, en la discusión particular.

(Se vota:)

– 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: cuando me referí a este proyecto de ley en la discusión general, mencioné lo importante que sería hacer una referencia a los incisos segundo y tercero del artículo 272, para luego continuar con la mención del inciso octavo del artículo 275 y del 287 de la Constitución de la República. Consulto al señor miembro informante si es correcta mi observación.

SEÑOR AGUIRRE. – Había aceptado que, antes de la referencia al artículo 275 que se hace en el paréntesis, al final de este artículo 1º, se mencionaran los incisos segundo y tercero del artículo 272 de la Constitución.

SEÑOR MEDEROS. – Concretamente, propongo esa modificación, señor Presidente.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Tengo entendido –pude haberme equivocado– que la propuesta que hizo el señor senador Mederos, aceptada por el miembro informante, implica –y si no fuere así, solicito que se me corrija– que no puede haber ninguna proposición del Intendente que sea válida o legítima, si se quiere, si no se da la circunstancia de que en todas las Juntas Locales exista mayoría de integrantes del lema más votado en todo el departamento.

El señor senador Mederos me señala que es así. En función de ello, me formulo el siguiente interrogante. El Parlamento está determinando fórmulas de aplicación de la Constitución. Si mediante la mención del artículo 272, se consagra la tesis aludida; es decir, si por poner entre paréntesis ese artículo, necesariamente todas las Juntas deben estar constituidas en mayoría por integrantes del partido o lema más votado, implica que es la Constitución la que así lo determina y no la reglamentación legal que hagamos. Por lo tanto, pregunto: ¿qué pasa con las dos Juntas Locales del departamento de Colonia, donde no es mayoría el Partido Nacional, que sí es mayoría en el departamento? ¿Es inconstitucional la designación de esas Juntas?

Reitero la argumentación, señor Presidente. Aquí se señaló –y muchos señores senadores han seguido el debate y podrán confirmarlo– que mediante la cita del artículo 272 de la Constitución se quería lograr un objetivo: que necesariamente, en las Juntas Locales la mayoría tiene que ser del lema más votado en el departamento. Esta ley tendría muchas consecuencias, pero una de ellas es ésta la que me cuestiono: ¿qué sucede con las Juntas Locales que se hayan designado en violación de ese criterio? ¿Fue violación de la ley? Me indican que no lo pudo haber sido. Correcto; pero lo que se propone no es una norma legal, sino meramente la cita de una disposición constitucional, arguyéndose que con ello alcanza porque la Constitución es clara en el tema, y el artículo 272 impone ese criterio.

Voy a redondear mi pensamiento, porque tal vez me expresé mal. Se solicitó la inclusión del artículo 272 en este artículo 1º en estudio porque alcanzaría con ello para recordar legislativamente que necesariamente la mayoría debe ser del lema más votado. Por lo tanto, quiérase o no, es una interpretación auténtica de aspectos de la Constitución, al establecerse como será la proporcionalidad de los partidos en las Juntas.

Formulo entonces la siguiente pregunta: las Juntas y las Intendencias, los Gobiernos Departamentales que cometieron el error de violar la Constitución –tal como se entiende en esta hipótesis– ¿qué deben hacer?.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: a mi ,juicio hay dos puntos que están claros. Uno de ellos es que la proporcionalidad, es decir, la adjudicación de mayorías en las Juntas Locales al lema triunfante, estaba dada por el artículo 287, que establece la proporcionalidad en las Juntas; en ellas tiene mayoría preceptiva el partido ganador.

Como hasta ahora no ha habido una interpretación auténtica, pienso que las Juntas que se han designado no han caído en infracción alguna, pero sí lo harán quienes no actúen de acuerdo con la Constitución a partir de este momento, porque habría una interpretación auténtica de ella. Si en algo puede pesar en el día de mañana la opinión de quienes hemos participado en la facción de la ley, señalo que considero que debe ser de recibo que el partido triunfante tenga la mayoría, a mi juicio ya indicado por el artículo 287. En él se habla de "en lo posible", lo que era una válvula de escape o suerte de colchón matemático que puede ceder a cambio de lograr la formación de las Juntas. No me cabe la menor duda de que siempre debió haber sido con mayoría del partido gobernante.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Las palabras del señor senador Lacalle Herrera me confirman el criterio que he manejado.

Como es natural, la interpretación constitucional no puede ser sólo de ahora en adelante. Las Juntas Locales del Departamento de Colonia, fueron integradas en violación de la interpretación constitucional auténtica que estaríamos realizando con esta cita del artículo 272. No se puede decir que es válida la violación de la Constitución porque recién hoy el Parlamento interprete la disposición aplicable en una forma diáfana o terminante.

Me parece que todos entendemos el concepto. La Intendencia y la Junta Departamental de Colonia pueden aducir que se equivocaron porque todavía no se había pronunciado el Parlamento; ahora que éste se expidió, debieron disolver o modificar la composición de las dos Juntas Locales, ya que no se le prestó cumplimiento en su oportunidad a la interpretación auténtica.

Se manifestó que precisamente a esos efectos se ponía la cita; para señalar que alcanzaba con mencionar ese artículo de la Constitución para que indefectiblemente tuviera que haber mayoría del lema ganador y por tanto, que por disposición constitucional, hay mayoría necesaria en las Juntas Locales.

Pregunto, señor Presidente, ¿qué pasará si esa interpretación se ha violado? ¿Deberá ser revisto por el Gobierno Departamental? No sé que actitud se deberá tomar, pero señalo –y esta es la conclusión a la que quiero llegar– como el proyecto en estudio nos confirma, que estamos entrando en un tópico cerradamente departamental, esfera en la que no vemos necesidad de legislar.

Si hicieron esto en Colonia, pueden haber estado mal, pero es un problema de ese departamento. Quizás en Rivera lo hagan igual y en Rocha a la inversa. Cada uno está atendiendo a una realidad departamental. No debemos irrumpir legislando innecesariamente en materia tan sensible.

SEÑOR CERSOSIMO. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCIA COSTA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Digo, señor Presidente, que quizá la incorporación de la referencia al artículo 272 incisos segundo y tercero, a lo mejor hace todavía más amplio el criterio en lugar de restringirlo.

El agregado del artículo 272, incisos segundo y tercero, en la remisión entre paréntesis que contiene la norma, en realidad dice muy poco, según las reglas más recibidas de hermenéutica en ese aspecto. Aún así, digo, creo que la interpretación todavía es más favorable a la tesis que se ha sostenido en Sala –no la del señor senador García Costa, con los debidos respetos– porque si leemos detenidamente el artículo 1º ahora también con relación a la lista o las listas más votadas del lema más votado, etcétera –porque se le agrega en referencia al artículo 272, incisos segundo y tercero, que antes no la tenía, ya que en el proyecto figuran solamente los artículos 275, inciso 8º y 287– dice lo que dice, que "los miembros de las Juntas Locales serán designados por los Intendentes Municipales, previa anuencia de la respectiva Junta Departamental, y respetando, en lo posible, la proporcionalidad de ésta en la representación de los diversos Partidos". De manera que, si pueden respetarla, lo harán en todo lo que sea posible. Pero esto no es preceptivo; no tiene por qué haber, quizá, tres miembros del lema de la mayoría, porque dice "en lo posible" Según el proyecto, sería para la minoría, "en lo posible", pero ahora, con el agregado propuesto por el señor senador Mederos entra el artículo 272, incisos segundo y tercero, y tendrán que respetar, en lo posible, también los casos determinados en esas disposiciones. De manera que no puede haber ninguna violación porque no hay ninguna prescripción de carácter obligatorio, preceptivo o prohibitivo que si se incumple, haga que quede la norma totalmente enervada por una nulidad absoluta. Aquí la disposición dice: si "en lo posible" se puede respetar; de lo contrario no pasará nada, porque no hay ningún tipo de nulidad de clase alguna, ni en esas Juntas de Colonia –que no sé por qué las nombraba el señor senador García Costa– ni en ninguna otra que se hubiera designado hasta ahora, ni en las que se nombren de acuerdo con esta ley, porque será siempre "en lo posible" como podrá respetarse su proporcionalidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCIA COSTA. – Antes de concederle una interrupción al señor senador Mederos, señalo que lo que hice fue una observación y una pregunta con respecto al alcance que se le quiere dar al artículo. Pero lo que apunta el señor senador Cersósimo está en directa y frontal oposición con el motivo que llevó al señor senador Mederos a incorporar la cita y al señor miembro informante a aceptarla.

Permítame, señor Presidente, que comente las palabras del señor senador Cersósimo, pero el motivo que llevó a incluir la cita del artículo 272 no es coincidente con su criterio sino absolutamente contradictorio. No es que en virtud del principio de la proporcionalidad deba respetarse la mayoría, no. Es exactamente al revés. Ahora estoy más perplejo que antes. El señor senador Mederos propone la inclusión con un propósito determinado; el miembro informante, señor senador Aguirre, lo acepta con idéntico propósito; y ahora, el señor senador Cersósimo expresa que la inclusión no tiene, en modo alguno, el alcance que ambos quisieron darle.

Por lo tanto, pregunto: ¿qué significa la inclusión? Termino por ser el que pregunta, porque la respuesta es relativa y la tienen los que propusieron la inclusión y el que alude a la hermenéutica, que dice que no es esa la interpretación que corresponde darle.

Concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Mederos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: mi proposición se refiere al artículo 272, parágrafos segundo y tercero, que dicen lo que dicen. La mayoría tiene que tener coherencia, porque es el gran responsable del gobierno departamental.

El artículo 272, incisos segundo y tercero, dice lo siguiente: "Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas. Los demás cargos serán distribuidos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior". Quiere decir que el que gana la Intendencia tiene representación mayoritaria en todas las Juntas Locales, y la minoría posee representación proporcional.

No hacía referencia al departamento de Colonia sino que me refería a las tribulaciones e interpretaciones –muchas veces erróneas, en mi concepto– que distintos gobernantes le han dado en toda la República. La mención "en lo posible" ha complicado los hechos y la cita de los parágrafos segundo y tercero del artículo 272 deja bien en claro que la mayoría corresponde al partido del Intendente y la minoría obtendrá los dos cargos en la representación proporcional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Vuelvo a reiterar que la explicitación que ha hecho –como era lógico– el señor senador Mederos, es frontalmente opuesta a lo que nos dijera el señor senador Cersósimo. Por lo tanto, esta incorporación al texto del artículo 1º, no es una mera cita sin alcance virtual. Tiene un alcance que es muy diverso para el proponente que para el señor senador Cersósimo. En consecuencia, tengo el derecho a preguntar cuál es el que se le quiere dar a esta incorporación del artículo 272 de la Constitución. En caso de que sea una interpretación constitucional auténtica, ¿qué sucede con aquellos departamentos que cometieron, no una violación a la Constitución en sentido voluntario, pero sí una violación a la Constitución –como el caso concreto que mencioné– conformándose las Juntas Locales de otra manera?

Anteriormente he manifestado que estamos incursionando en un tema muy delicado, el que tiene que ver directamente con la política departamental. Y la hipótesis en estudio lo demuestra. Si en el departamento aludido no se respetó a los tres de la mayoría, seguramente fue por alguna circunstancia política actuante. Ahora viene el Parlamento –a través de nuestro proyecto– a decir: "Están equivocados. Deben reverlo porque es otra la solución".

Puede ser que tengamos razón, señor Presidente, pero es evidente que estamos interfiriendo considerablemente. Observo que hay una gran diferencia de opiniones, incluso sobre cómo interpretar la cuestionada cita. Si se estima necesario legislar, debe precaverse que se haga conociendo las consecuencias de la ley a aprobar, y con un criterio unívoco sobre el texto concreto que se apruebe.

SEÑOR CIGLIUTI. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – La discusión sobre este asunto reafirma más mi posición en el sentido de que este tema debía ser objeto de un examen más meditado en la Comisión. La cantidad de dudas que presenta el señor senador García Costa lo prueba.

En muchos departamentos se ha procedido de otro modo. Sin necesidad de esta ley, es obvio que el partido que gana la Intendencia, en cada Junta lleva tres representantes.

El señor senador expresa que en Colonia hay dos Juntas que no responden a ese planteamiento, porque fue producto del acuerdo necesario para tener los votos de la Junta Departamental y nombrar a las Juntas Locales.

Si le pedí una interrupción al señor senador no fue para entrar en la exquisitez del problema jurídico de fondo, sino simplemente, para decir que este es un asunto en el cual un legislador hace bien en dejarlo librado a la acción de cada Municipio, porque en cada departamento los problemas son diferentes.

Desde que actúo en política, he observado en el departamento de Canelones, ya sea en gobiernos colorados y blancos o viceversa –o sea, los partidos tradicionales que han ejercido el gobierno alternadamente desde, por lo menos, 1947, hace ya casi 40 años– que todas las Juntas Locales que se han nombrado han respondido a esta concepción previa. El partido que gana lleva la mayoría de cada Junta, porque por mandato constitucional, al ganar obtiene la mayoría de la Junta Departamental; y el otro partido no cuestiona esa situación. El acuerdo parte de ahí para adelante, o sea, que ya existe un convenio. Es lo que se considera pertinente, de acuerdo al mandato constitucional en su artículo 287 que dice: "…serán designados respetando, en lo posible, la proporcionalidad de la Junta Departamental en la representación de los diversos Partidos".

¿Por qué dice "en lo posible"? ¿Para introducir otros Partidos que no tengan representación en la Junta? ¿Para no dar tres a la mayoría de la Junta Departamental en cada Junta Local? ¿Por qué no se puede repartir exactamente? No todas las Juntas tienen la misma importancia, porque las localidades son diferentes. Pero todas esas situaciones se van zanjando a través del acuerdo político. Es ahora que esta solución no se ha logrado en algunos departamentos –ya lo he dicho varias veces– precisamente, porque ha cambiado el mapa político que existía cuando se dictó esta resolución de la Constitución vigente.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa lamenta comunicarle al señor senador García Costa que ha expirado el término de que disponía para hacer uso de la palabra.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Termino, señor Presidente.

Observo con consternación que hay dos interpretaciones totalmente antinómicas sobre nada menos que lo que significa, desde el punto de vista constitucional, la cita que se quiere incorporar al artículo 1º del proyecto en estudio.

Por otra parte, de derivarse en una de esas interpretaciones constitucionales, se plantea un tema de importancia y de relevancia, para el cual podría pensarse alguna respuesta. Como no se ha presentado, no la voy a exigir. Reitero sí que es una pregunta para la que la que no tengo respuesta, y que es trascendente, por los términos en que se planteara el tema.

14) INTEGRACION DE COMISIONES

SEÑOR PRESIDENTE. – Si el Senado me lo permite, vamos a dar cuenta de la integración de Comisiones en un asunto de orden interno, o sea, la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto para el estudio del proyecto que establece disposiciones para el normal funcionamiento de los servicios del Estado.

"La Comisión de Hacienda queda integrada con los miembros de la de Presupuesto, señores senadores Cigliuti, Pereyra y Rodríguez Camusso.

A propuesta del Partido Colorado, el señor senador Paz Aguirre sustituye en la Comisión de Hacienda al señor senador Guntin."

15) JUNTAS LOCALES. Plazo para la designación de sus miembros.

SEÑOR FERREIRA. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. – No sé qué tipo de consenso podrá obtener esta propuesta, aunque he estado consultando informalmente a algunos colegas.

Voy a decir con mucha franqueza, que tengo la impresión de que no todos –por lo menos, lo digo como autocrítica– estamos votando lo suficientemente informados respecto a la manera como se ha manejado políticamente este tema.

Además, creo que ha habido situaciones que han modificado el resultado final de algunas votaciones. Por ejemplo, el quórum ha sido muy fluctuante, muy cambiante; hay algunos señores senadores que en este momento están presentes, pero no lo estaban cuando el proyecto de ley se aprobó en general.

Cuando el señor senador Cigliuti planteó la posibilidad de que el tema volviera a Comisión, no obtuvo los votos suficientes. Acompañé su moción, pero la misma discusión en que estamos enfrascados demuestra que hubiera sido oportuno y sano que se reflexionara un poco más en el seno de la Comisión.

Por lo tanto, tengo la sensación de que estamos votando en forma apresurada. Creo advertir –aunque puedo equivocarme– que si en ese momento el sentido de la moción del señor senador Cigliuti no hubiera sido el de enviar el proyecto nuevamente a Comisión sino de rectificar la votación, ella hubiera sido negativa.

Por la manera como ha fluctuado el quórum, cuando se sometió a votación la moción del señor senador Cigliuti, me pareció que algunos señores senadores no se sentían inclinados a que el proyecto volviera a Comisión, pero que lo hubieran votado negativamente en la discusión general.

Todo esto me hace pensar que puede ser aconsejable un cuarto intermedio de diez minutos para hacer algunas consultas y reabrir luego el debate. Creo que el mismo no se prolongaría más de ese lapso porque estamos a media hora de la finalización de la sesión. Si todos nos comprometemos a volver a Sala respetando su duración y si hay consenso en Sala, me sentiría más cómodo si pasáramos a cuarto intermedio.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite, señor Presidente para ocuparme de la moción de orden?

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: no me opongo a que se haga un cuarto intermedio, pero hace largo rato que quería hablar sobre una serie de manifestaciones que se han hecho en Sala sobre este artículo 1º.

El señor senador García Costa, por vía de preguntas, efectuó una cantidad de afirmaciones.

Yo, que soy miembro informante y que accedí a lo solicitado por el señor senador Mederos, quisiera contestar esas preguntas, pero no me gusta hacerlo por la vía de la interrupción porque ella generó la contestación de la persona a la que se interrumpió, y entonces es el cuento de nunca acabar. Se ha visto en Sala que, por medio de ese mecanismo, el señor senador García Costa al final se quedó sin tiempo para hacer uso de la palabra.

Le solicito al señor senador Ferreira que me permita expresar mi opinión sobre las observaciones que se han hecho al artículo 1º. Eso no significa votar el artículo ni seguir con la consideración del proyecto. Luego, podemos pasar a cuarto intermedio.

SEÑOR FERREIRA. – No tengo ningún inconveniente.

Si el señor senador Aguirre quiere hacer uso de la palabra, pienso que puede contribuir a enriquecer aún más el debate.

Quizás, si realizáramos un cuarto intermedio de diez minutos y nos comprometiéramos a prorrogar la sesión hasta terminar con la discusión de este tema –o si el criterio del Senado es seguir con la consideración del articulado y proseguir el debate mañana– no vamos a tener tiempo de agotar la discusión del articulado y menos si se produce un cuarto intermedio de diez minutos, por más rigurosos que seamos en cuanto al tiempo para volver a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. – Perdón; ¿el señor senador mantiene o retira la moción?

SEÑOR FERREIRA. – A pedido del señor senador Aguirre, la postergo hasta que termine su aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa quiere aclarar que, por inadvertencia, le concedió la palabra al señor senador Aguirre porque la moción de cuarto intermedio es de las que el Reglamento establece que no dan lugar a discusión.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Para ocuparse del artículo 1º tiene la palabra el señor senador

SEÑOR AGUIRRE. – Agradezco mucho su deferencia al señor senador Ferreira.

Señor Presidente: reiteradamente se ha hecho una serie de afirmaciones que, desde el punto de vista jurídico, considero que son inexactas. Aún corriendo el riesgo de caer en la exquisitez jurídica de que hablaba el señor senador Cigliuti, creo que debemos precisar las cosas, porque –repito– se han hecho en Sala afirmaciones que son incorrectas.

En primer lugar, señor Presidente, se ha manifestado que esta ley es interpretativa y no es así. Este proyecto de ley es reglamentario de disposiciones constitucionales que, en algunos aspectos, tienen vacíos o imprevisiones. Es del mismo carácter, por ejemplo, el proyecto de ley que aprobó el Senado en materia de Comisiones Investigadoras, que es reglamentaria del artículo 120 de la Constitución. Este proyecto de ley viene a ser reglamentario de los artículos 287 y 288 de la Constitución, en algunos de los aspectos que éstos no prevén.

En segundo término, aunque fuera interpretativa, es un manifiesto error decir que es una interpretación auténtica, porque en la teoría jurídica ésta es la que se hace por medio de una norma del mismo rango, de la misma jerarquía, que la norma interpretada. Nunca puede ser interpretación auténtica de la Constitución la que se hace por ley.

En tercer lugar, señor Presidente, se ha dicho de manera reiterada qué es lo que ocurre con las designaciones hechas en el Gobierno Departamental de Colonia, si este artículo se votara con el texto que tiene. Debo decir que no ocurre absolutamente nada, porque el Senado –como el Parlamento en general– no tiene facultades –salvo el caso de los decretos a que refiere el artículo 303 de la Constitución, decretos de la Junta Departamental y resoluciones del Intendente Municipal– para tomar injerencia en actos administrativos o legislativos de los gobiernos departamentales. Si esas designaciones de dos Juntas Locales de Colonia no se hicieron con arreglo a la Constitución, es un problema que no tiene nada que ver con la ley. Si a ésta no se le da efecto retroactivo –y en principio nunca se le debe dar– regirá a partir de la fecha de su promulgación. Si el acto anterior de designación de esas dos Juntas Locales del departamento de Colonia es inconstitucional, desarreglado o no arreglado a derecho, solamente hay dos vías para impugnarlo. Es un acto administrativo de carácter complejo que requiere propuesta del Intendente, anuencia de la Junta y, posteriormente, la designación por el Intendente. Podía haber sido impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo cual, naturalmente, se vencieron los plazos constitucionales y legales. No creo que sea un acto de aquellos que por su naturaleza –porque requieren un interés directo, personal y legítimo en el impugnante– pueda ser recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por medio de la acción de nulidad. En todo caso, habría haber iniciado la vía administrativa y agotarla previamente.

La otra posibilidad que existe es la del artículo 303: que fuera una resolución del Intendente Municipal, "contraria a la Constitución y a las leyes, no susceptible de ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuyo caso sería apelable ante la Cámara de Representantes, dentro de los 15 días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el departamento." Esto no se ha hecho y la resolución está firme. De manera que lo que pregunta el señor senador García Costa, en mi concepto, no tiene sentido.

Es decir señor Presidente, que si la designación se hizo en forma incorrecta, ese acto está firme, porque nadie lo ha impugnado por ninguna de las dos vías constitucionales que existen al efecto. Si fuere una violación de la Constitución ¿qué otra posibilidad quedaría? Que un tercio de los ediles, con arreglo al artículo 296 de la Constitución denunciaren al Intendente de Colonia por haber violado la Constitución e iniciaren un juicio político, hipótesis que me parece bastante traída de los pelos y fuera de lo que es la realidad política.

Aparte de eso, señor Presidente, ¿qué puede ocurrir? Que si el acto no es arreglado a Derecho, si es irregular, el gobierno departamental podrá revocarlo como a cualquier acto administrativo ilegal.

En el artículo 275 de la Constitución se establece que la Junta Departamental se puede destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas. Si el Intendente y la Junta estuvieren de acuerdo en que la designación se hizo mal, para poner las cosas con arreglo a la Constitución, podrían destituirlos, aspecto sobre el cual no me pronuncio y me parece bastante discutible.

Lo que quiero hacer ver, señor Presidente, es que aquí el problema no es que en Colonia se hayan designado en dos Juntas a sólo dos miembros del partido que tiene la mayoría en la Junta Departamental. Este procedimiento creo que no es arreglado a la Constitución. Lo que sí lo es, es el artículo 1º del proyecto, que, con acierto, ha querido clarificar el señor senador Mederos. ¿Por qué digo esto? Porque si el artículo 287 ó 288 –no recuerdo bien– establece que la designación debe hacerse, en lo posible, con arreglo a la proporcionalidad existente en la Junta, es de toda lógica que si el partido que gana la Intendencia tiene la mayoría en la Junta, es decir posee la mitad más uno, por lo menos, de sus miembros, no puede tener la minoría en las Juntas Locales, porque eso no es respetar la proporción que existe en las Juntas. Nunca puede tener menos de la mayoría. El problema de la proporcionalidad es con respecto a las minorías y ahí es donde se justifica y se explica la expresión utilizada por el constituyente, ese giro al cual nos hemos referido tantas veces en el curso de la discusión. Siempre es posible y necesario, para respetar la Constitución, darle la mayoría a quien ya la tiene en la Junta Departamental por imperativo constitucional.

Lo que es difícil y no siempre posible, es hacer una proporción entre los partidos minoritarios, cuando sólo quedan dos cargos a distribuir. Ahí está la dificultad y la explicación de porqué la Constitución dice "en lo posible".

Lo que establece el artículo 1º es algo de toda lógica y perfectamente arreglado a la Constitución, que se clarifica aún más con el agregado propuesto por el señor senador Mederos.

Entonces, señor Presidente, no hay que preguntarse nada con respecto a lo que pasa en las Juntas de Colonia. Allí se hicieron dos designaciones equivocadamente, sin darle a quienes tienen la mayoría en la Junta Departamental la mayoría en la Junta Local. Este es un problema político del departamento de Colonia, que se arreglará o no allí. Pero no debe hacerse en el Senado de la República y la solución no se complica ni se anula por lo que establezca el artículo 1º.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – La interpretación que da el señor senador Aguirre a la disposición del artículo 287, en cuanto a cómo se aplica la proporcionalidad, me parece particularmente acertada.

Su opinión, que ha sido compartida por varios señores senadores, es de que la proporcionalidad comienza a partir de que el partido mayoritario tenga mayoría en la Junta Local. ¿Por qué? Porque, justamente, las Juntas Departamentales no se integran proporcionalmente. Este es uno de los órganos políticos cuya integración tiene una mayoría prefijada de 16 integrantes. Esta manera de mirar la proporcionalidad es un poco el espejo de la proporcionalidad o la falta de ella que se da en la Junta Departamental.

Quiero agregar esto, señor Presidente, para una interpretación futura de estas normas porque me parece que el argumento expuesto por el señor senador Aguirre Ramírez, está abonado por la forma en que la mayoría de la Junta Departamental se concede al lema triunfante.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Señor Presidente: respecto a las manifestaciones del señor senador Aguirre, impecablemente expuestas, debo decir que me encuentro en la misma posición inicial interrogante.

Se dijo en el debate que se introducía la cita del artículo 272 para que fuera criterio necesariamente obligatorio en la constitución de las Juntas. Las afirmaciones del señor senador Aguirre nos señalan cómo se puede impugnar un acto por parte de las personas u organismos con un interés legítimo; pero eso no estaba en análisis.

Lo que estaba en discusión es lo siguiente que vuelvo a expresar por quinta vez: el señor senador Mederos solicita que se incluya la cita del artículo 272 de la Constitución y nos indicó expresamente –en una tesis que puede ser perfectamente compartida– que su propuesta implicaba la necesaria mayoría en todas las Juntas Locales del lema mayoritario de cada departamento.

Después el señor senador Cersósimo expresó que no admitía ese alcance como una interpretación correcta y que por tanto la cita en cuestión no podía implicar lo que se pretendía.

SEÑOR CERSOSIMO. – No dije eso, señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Ahora el miembro informante nos explica que, aun cuando sancionemos la ley, se puede prescindir de respetar esa necesaria mayoría, y si así fuera, los organismos interesados tendrán los recursos constitucionales pertinentes. En una palabra volvemos a cero.

Me pregunto lo siguiente: ¿para qué estableceremos la norma? A juicio del señor senador Mederos para indicar que con la sola cita constitucionalmente es necesaria u obligatoria la mayoría del lema más votado en la integración de cada Junta Local. Según el criterio de otro señor senador se trata meramente de una expresión de buenos deseos, pero que la hermenéutica determina que no se pueda interpretar con el alcance del señor senador Mederos; y según el miembro informante, eso es una posibilidad que podrá ser impugnada. Pero, reflexiono, en ese caso no haría al tema la sanción de este proyecto de ley. Entonces, me pregunto para qué ponemos la cita.

SEÑOR AGUIRRE. – Yo no dije eso, no me atribuya cosas que no he dicho.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Si con incorporar la cita se entiende que se establece entonces el carácter obligatorio no se me podrá señalar, a manera de respuesta, cuáles son los métodos constitucionales existentes para que ciudadanos u organismos impugnen actos violatorios de la ley o de la Constitución.

En consecuencia, señor Presidente, reitero la pregunta: ¿qué significa incluir este agregado referido al artículo 272 de la Constitución? ¿La mera referencia a la existencia de una disposición constitucional? Parece innecesario. ¿Será para que tenga un alcance determinado, tal como lo desea y explicita el señor senador Mederos? Puede ser, pero tiene en tal caso, otra relevancia. Todo el tema es muy importante y es por eso que debemos interpretarlo claramente y no a medias, o confusamente.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PRESIDENTE. – Perdón, pero el señor senador García Costa no puede conceder interrupciones porque está respondiendo a una alusión. Quien está en uso de la palabra es el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. – He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Entonces, la Mesa le concede la palabra al señor senador Ferreira, que es el siguiente orador anotado.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FERREIRA. – Perdón, señor senador, pero reglamentariamente no estoy habilitado para concedérsela por que se me ha dado la palabra para formular una moción de orden. ¿Es así, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – En efecto, señor senador.

SEÑOR FERREIRA. – En concreto, señor Presidente, no insistiría con mi moción dado que faltan poco más de 15 minutos para finalizar la sesión. Para esto me baso en la necesidad que siento de que antes de terminar con el tratamiento legislativo de este proyecto debemos hacer algunas consultas que nos permitan esclarecer serias dudas que tenemos sobre este tema. A esta altura de la noche lo más apropiado, en la medida que no va a haber tiempo material, aunque lo quisiéramos, de terminar la discusión y la votación en particular, es que prosiga la sesión. En ese sentido, retiraría mi moción de orden. Lo que sí desearía es que no se prorrogara la hora, de tal suerte que este tema continúe siendo considerado en la sesión ordinaria del día de mañana, la que comenzará a la hora 17, lo que dará tiempo suficiente de reunirnos a aquellos sectores que estén interesados en el terna para efectuar las correspondientes consultas o intercambio de opiniones.

En concreto, señor Presidente, retiro mi moción en el entendido de que no habrá prórroga de la hora de finalización de la sesión y de que este tema se continuará debatiendo en la sesión del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. – ¿El señor senador formula nueva moción?

SEÑOR FERREIRA. – No, señor Presidente. Retiro la que oportunamente presenté.

SEÑOR PRESIDENTE. – En ese caso, tiene la palabra el señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: no sé por qué se complica este asunto. Lo que sucedió en Colonia y en otros departamentos de la República hace totalmente imprescindible que se mencionen los incisos segundo y tercero del artículo 272 de la Constitución, precisamente para que en el futuro ningún Gobierno Departamental, por ignorancia o por otro motivo, cometa el error de quitar a quien ganó el Gobierno Departamental la mayoría en las Juntas Locales. Me parece que eso está bien claro y ese fue el sentido de la modificación.

Por otro lado, me acotaba el señor senador Cersósimo que él fue mal interpretado en sus manifestaciones, ya que está de acuerdo con lo que he expresado; lo mismo sucede con el señor senador Cigliuti y el miembro informante.

De manera que pienso que esto habría que votarlo por supuesto que el Senado dirá cuál es su posición al respecto.

Reitero que la inclusión de estos incisos del artículo 272 imposibilitará en el futuro a cualquier Gobierno Departamental, que se quite a sí mismo, la representatividad que le corresponde en las Juntas Locales.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – En cuanto al artículo que estamos debatiendo y ante las manifestaciones del señor senador García Costa –y no digo esto con el propósito de que él, a su vez, me conteste, sino para dar por concluido este asunto, por lo menos en lo que a mí respecta– simplemente expresé que no había en él, sí se dejaba de cumplir lo que la norma del artículo primero dispone, ninguna nulidad de naturaleza alguna.

Lo que hace el artículo 1º es repetir lo que establece el 287 de la Constitución. Al decir "....respetando, en lo posible, la proporcionalidad de la Junta Departamental en la representación de los diversos Partidos" elimina toda duda en ese sentido, por cuanto si no se respeta no hay ninguna nulidad, pues allí se dice "respetando, en lo posible". De más está decir que si no es posible respetar, no es necesario hacerlo.

Esa era la distinción que quería señalar. El poner entre paréntesis la referencia a los artículos 272 y 273 –el señor senador García Costa lo sabe muy bien– no tiene valor jurídico alguno.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Lo cual señala su diferencia con lo que dice el señor senador Mederos.

SEÑOR CERSOSIMO. – De manera que desde ese punto de vista tampoco el hecho de que se haga la cita de referencia no pone ni quita absolutamente nada a lo que dice la norma, como es lógico y natural. El señor senador García Costa asiente con la cabeza. Insisto en que lo que digo es que no se produce ningún tipo de nulidad de naturaleza alguna, porque no hay preceptividad en la norma, sino la consagración de una aproximación. Es decir que en cuanto sea posible se cumplirá y si así no ha sucedido en Colonia, en Tacuarembó o en cualquier otro lugar, ello no trae aparejada la nulidad porque, repito, es "en lo posible". Cuando no es posible, no es necesario que se cumpla. Ese es el fondo del asunto.

Por lo tanto, señor Presidente, no hay que tener temor si en ese departamento o en cualquier otro –en casi todos han nombrado ya las Juntas Locales– no se cumplió con la disposición de los artículos 272 y 287 de la Constitución, pues no habrá nulidad; habrá un incumplimiento que no trae otra consecuencia que la que pueda resultar desde el punto de vista político. Y así termina el asunto.

Reitero que aquí no hay ningún tipo de ulterioridades de alguna otra naturaleza. Corresponde decir que eso también fue largamente analizado en la Comisión de Constitución y Legislación.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: la interpretación que tuve ocasión de dar cuando interrumpí al señor senador García Costa –y que después reiteró el señor miembro informante– es la que siempre hemos tenido como válida.

Los acuerdos necesarios que es necesario hacer para conseguir los votos en las Juntas Departamentales que permitan nombrar a las Locales parten siempre del principio previo de que el partido que ganó la Intendencia Municipal y que tiene 16 ediles en 31 en la Junta Departamental, tiene 3 en 5 en la Junta Local.

El caso que ha presentado el señor senador García Costa al Cuerpo me produjo sorpresa...

SEÑOR MEDEROS. – A mí también.

SEÑOR CIGLIUTI. – …porque no tenía conocimiento de que hubiera una situación semejante. Si bien he dicho que en el departamento de Canelones ha sucedido así repetidas veces, el problema consiste en que ahora se han planteado situaciones diferentes, porque los que tienen que tratar y resolver estas cuestiones no son dos partidos, sino tres.

Se me podrá decir –y es verdad– que en todas las Juntas Departamentales existe mayoría para nombrar las Juntas Locales teniendo en cuenta los miembros de las Juntas Departamentales emergentes de los partidos tradicionales; pero también es cierto que no se pueden hacer nombramientos de las Juntas Locales, donde deben tener cabida los tres partidos, por un acuerdo realizado entre la Junta Departamental y el Intendente Municipal, o sea entre dos. Es necesario que el acuerdo se haga entre los tres partidos; de ahí la dificultad.

Cuando la Constitución dice "en lo posible" lo hace porque no se pueden contemplar todos los casos cuando se trata de Juntas Locales; no se puede hacer una bolsa única. El Intendente Municipal de cualquier departamento tiene el mandato de que en dos meses debe designar las Juntas Locales. Podría proponer tres correspondientes a su partido político, pero ello no es posible porque debe designar cinco miembros y no tres. Sin que este proyecto de ley lo estableciera expresamente, eso es lo que se ha hecho. La otra posibilidad es que designe unas Juntas y otras no, pero ello tampoco se puede hacer porque se estaría quebrantando mucho más el sentido de la expresión "en lo posible" referente a la representación partidaria.

Por lo tanto, lo que debe hacer forzosamente el Intendente es tratar de conseguir, de acuerdo con los otros partidos, una representación que se acerque lo más posible a la proporcionalidad. Pero eso es lo más difícil de lograr.

El Senado, al votar este proyecto, no debe olvidar que la Constitución y la ley hablan de partidos, pero que cuando se hace reparto de los cargos por representación proporcional en la Junta Departamental, se hace entre los tres lemas. Al lema que ganó la elección le corresponden 16 integrantes en 31, pero esos 16 cargos hay que repartirlos proporcionalmente a todas las listas, según lo establece la Constitución, y no a todos los sublemas o a todas las agrupaciones, lo que quiere decir que hay muchas más posibilidades porque hay más listas que sublemas. Lo mismo ocurre con la minoría.

Supongamos que la elección la gana el Partido Colorado, entonces le corresponden 16 cargos, 11 a los nacionalistas y 4 al Frente Amplio, pero hay que tener en cuenta que representan a muchas listas, con las que hay que tratar, ya pertenezcan a la mayoría o a la minoría.

La expresión "en lo posible" le da al acuerdo político cierta flexibilidad y una mayor posibilidad de concretarse que si no se la hubiera incluido. Si no se hubiera establecido así hubiera sido imposible hacer una distribución matemática en todas las Juntas. Se trataría de un procedimiento muy complicado que no se podría alcanzar.

Teniendo en cuenta que el artículo pertinente de la Constitución que tanto hemos llevado y traído dice que en lo posible se respetará la proporcionalidad de la Junta Departamental, ello se hará así pero hay que prever que la proporcionalidad de la Junta Departamental es la representación de los diversos partidos.

No advierto de qué modo se puede hacer otra distribución tomando la integración de la Junta Departamental que darle al partido que le correspondió la Intendencia la mayoría en cada Junta Local, ya que la tiene en la Departamental.

Decíamos al principio del debate que no entendíamos del todo los argumentos que se hacían. Confieso con toda sinceridad que me parece que se incluya o no en el texto de este proyecto la cita de dos o tres disposiciones de la Constitución, no se podrá discutir, ni siquiera dudar, que cuando se instalen las Juntas Locales al partido que le correspondió la Intendencia Municipal se le deben asignar tres miembros.

(Apoyados)

– Si eso se agrega en la disposición legal, en buena hora, si es que la aclara. Pero es indudable que ese principio es previo.

Creo que lo que hace el artículo 1º de este proyecto es reproducir las disposiciones constitucionales, porque le asigna al Intendente Municipal algo que la Carta ya le dice, con la diferencia de que aquí se lo hace con tono imperativo –"serán designados por los Intendentes Municipales"– mientras que en la Constitución se establece que el Intendente tendrá dentro de sus facultades la de "Designar los miembros de las Juntas Locales", es decir, que tiene la atribución, la facultad o la potestad de nombrarlas, en acuerdo con la Junta Departamental. En cambio. este proyecto de ley le da un mandato al Intendente Municipal porque dice "serán", lo que ya no implica una facultad o una potestad.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. – Tal como decía el señor senador Mederos, escuchando al señor senador Cigliuti se aprende, dada su larga experiencia y sus conocimientos sobre el punto. Pero, en verdad, este argumento no termino de comprenderlo.

Parece ser que el señor senador está sosteniendo que la redacción de carácter preceptivo o imperativo que tiene este artículo colide con la Constitución porque ésta le da una atribución al Intendente. Pero en realidad, todas las atribuciones son lo que se llama un poder deber jurídico, es decir, le da al órgano de que se trate la facultad, la posibilidad de actuar, pero, al mismo tiempo, le crea el deber de hacerlo.

El Poder Ejecutivo, por ejemplo, no tiene la facultad de nombrar a los integrantes de los Directorios de los Entes Autónomos, y si quiere los nombra y si no quiere no lo hace. No es así; debe nombrarlos. En el caso de los Intendentes, éstos deben nombrar a los miembros de las Juntas Locales, porque si están previstas en la Constitución, y si la ley las crea, es para que funcionen. Por tanto, si no se hacen las designaciones, no podrán funcionar.

No sé si he interpretado mal el razonamiento del señor senador Cigliuti –si es así, le pido que me corrija– pero no se puede sostener que los Intendentes, por tener la atribución de hacer estas designaciones, si quieren las hacen y si no, no las hacen. Jurídicamente esto no es así; en todos los casos deben designarlas. Habrá dificultades políticas o de aplicación de la norma constitucional, pero es un deber, al mismo tiempo que una atribución.

Por lo tanto, la redacción del artículo 1º de este proyecto es arreglada a Derecho.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. – Precisamente, había hecho el argumento de que este artículo establece lo mismo que la Constitución, por lo que no era necesario hacer la cita que aparece entre paréntesis. En realidad, parece que el artículo 1º introduce el tema, porque dice que las Juntas Locales serán designadas por los Intendentes y luego recuerda lo que establece la Constitución de la República.

Me refería justamente a ese tema, para decir que me parece muy bien que se cite cuál es la obligación constitucional que tienen los Intendentes de nombrar las Juntas Locales serán designadas por los Intendentes y luego estimo conveniente que, a mayor abundamiento, se introduzca el argumento del señor senador Mederos.

El señor senador Aguirre dijo que no entendía mi argumento. Debo decirlo que no entiendo que sea indispensable o necesario citar ese artículo que ahora se agrega para que se cumpla el principio de que las Juntas Locales deben integrarse con tres miembros del partido que obtuvo la Intendencia Municipal. Ese principio es indiscutible ya se haga el agregado o no.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Repito nuevamente que, aunque parezca una redundancia la inclusión de la cita de los dos incisos finales del artículo 272 de la Constitución, hubo Gobiernos Departamentales que no entendieron esa disposición y cometieron errores, dejando al partido mayoritario, al que le correspondió la Intendencia, en minoría. Pienso que lo que abunda no daña. Tal vez el agregado no sea necesario para quien tiene la sabiduría del señor senador Cigliuti –no lo digo irónicamente, sino por que así lo entiendo– pero no sé si todos los gobernantes municipales –Intendentes o integrantes de las Juntas la poseen. Pienso que por eso es menester establecer lo expresamente en el texto de la ley.

Nada más.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. – Ha vencido la hora reglamentaria.

Se levanta la sesión.

Así se hace a la hora 21, presidiendo don Eduardo Paz Aguirre y estando presentes los señores senadores Aguirre, Alonso, Bomio de Brun, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Guntin, Mederos, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Tourné, Traversoni y Ubillos.

Don EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Juan Carlos Ferrando Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.