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Nº 49 - TOMO 62 - 20 DE NOVIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

17ª ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

Y EL SEÑOR EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL SEÑOR MARIO FARACHIO, EL DOCTOR HECTOR S. CLAVIJO, EL SEÑOR FELIX B. EL HELOU, EL DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN (h)

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores legisladores para considerar el asunto que en el mismo pedido se menciona.
- Se resuelve celebrar sesión.

4) Proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se establecen normas en materia de Comunicaciones. Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores legisladores.
- Se mantiene el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

5) Proyecto de ley sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Dirección General de la Seguridad Social. Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo

- De acuerdo a lo solicitado se pasan esos antecedentes a las Comisiones de Previsión Social de la Cámara de Representantes y a la de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 18 de noviembre de 1986.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores legisladores, el próximo jueves 20, a la hora 17 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se establecen normas en materia de comunicaciones.

Carp. Nº 29/86 - Rep. Nº 14/86

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Gonzalo Aguirre Ramírez, Nelson Alonso, José Germán Araújo, Hugo Batalla, Ercilia Bomio de Brun, Justino Carrere Sapriza, Pedro W. Cersósimo, Carlos W. Cigliuti, Juan P. Croce, Manuel Flores Silva, Reinaldo Gargano, José L. Guntin, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carminillo Mederos da Costa, Carlos Julio Pereyra, Luis Bernardo Pozzolo, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan C. Rondán, Luis A. Senatore, Jorge Silveira Zavala, Uruguay Tourné, Alfredo Traversoni, Francisco Mario Ubillos y Juan J. Zorrilla, y los señores representantes Rolando Aguirre, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Abayubá Amen Pisani, Nelson Arredondo, Roberto Asiaín, Héctor Barón, Javier Barrios Anza, Honorio Barrios Tassano, Juan A. Bentancur, Edgard Bonilla, Federico Bouza, César Brum, José F. Bruno, Cayetano Capeche, Tabaré Caputi, Carlos A. Cassina, Washington Cataldi, José Cerchiaro San Juan, Juan Pedro Ciganda, Jorge Conde Montes de Oca, Víctor Cortazzo, Walter Correa, Eber Da Rosa Viñoles, Julio E. Daverede, Ruben Díaz Burci, Yamandú Fau, Francisco A. Forteza, Carlos M. Fresia, Juan J. Fuentes, Ariel Gaione, Alem García, Washington García Rijo, Oscar Gestido, Hugo Granucci, Ramón Guadalupe, Arturo Guerrero, Luis Alberto Heber, Luis A. Hierro López, Walter Isi, Luis Ituño, Eduardo Jaurena, Daniel Lamas, Ariel Lausarot, Oscar Lenzi, Mario W. Long, Nelson Lorenzo Rovira, Ernesto Mc. Alister, Jorge Machiñena, Washington Maestre, Oscar Magurno, Julio Maimó Quintela, Miguel Manzi, Luis José Martínez, Orosmán Martínez, Eden Melo Santa Marina, Pablo Millor, Clemente Muñoz, Carlos E. Negro, Antonio Nión, Juan A. Oxacelhay, Francisco José Ottonelli, Ope Pasquet Iribarne, Ramón Paradiso, Ramón Pereira Paben, Juan Pintos Pereira, Lucas Pittaluga, Baltasar Prieto, Edison Rijo, Gilberto Ríos, Héctor Lorenzo, Ricardo Rocha Imaz, Carlos Rodríguez Labruna, Hebert Rossi Pasina, Guillermo Seré, Yamandú Sica Blanco, Carlos Norberto Soto, Guillermo Stirling, Héctor Martín Sturla, Víctor Vaillant, Gustavo Varela y Tabaré Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores, Jorge Batlle, Eugenio Capeche, Juan C. Fá Robaina, Juan Raúl Ferreira Sienra, Guillermo García Costa, Enrique Martínez Moreno, Dardo Ortiz, Juan A. Singer, y los señores representantes Alberto Brause, Mario Cantón, Raúl Cazaban Goncalvez, Ruben E. Frey Gil, Marino Irazoqui, Héctor Lescano, León Morelli, Alfonso Requiterena Vogt, Walter Santoro y Andrés Toriani, con aviso los señores representantes, Numa Aguirre Corte, Ernesto Amorín Larrañaga, Ruben Escajal, Rubens Francolino, Carlos Garat, Héctor Goñi Castelao, Oscar López Balestra, Néstor López Martínez, Carlos Pita Alvariza, Elías Porras, Yamandú Rodríguez, Raúl Rosales Moyano, Alfredo Ortiz Zaffaroni y Edison H. Zunini; sin aviso, los señores senadores Juan Martín Posadas y Alberto Zumarán y los señores representantes Carlos Bertacchi, José Díaz y Manuel Pérez Alvarez."

3) SOLICITUD DE SESION.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Está abierto el acto.

(Es la hora 18 y 58 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores legisladores solicitan se cite al Cuerpo a fin de considerar el asunto que en el pedido se menciona".

-Léase.

(Se lee:)

"Noviembre, 18 de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor Enrique E. Tarigo
Presente.

Solicitamos que se convoque a la Asamblea General para el próximo jueves 20 del corriente, a las 17 y 30 horas, a fin de considerar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se establecen normas en materia de comunicaciones.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Yamandú Fau, Carlos Julio Pereyra, Carlos Cassina, Alberto Zumarán, Juan Martín Posadas, Nelson Alonso, Juan Pablo Croce, Guillermo Seré, José Germán Araújo, Alfredo Zaffaroni, Guillermo García Costa, Ricardo Rocha Imaz, Elías Porras Larralde, Carlos Rodríguez Labruna, Héctor Goñi, Luis José Martínez, Gustavo Varela, Alem García, Luis A. Heber, Raúl Rosales, Héctor Sturla, Juan A. Oxacelhay. Legisladores.

-Se va a votar si la Asamblea General desea celebrar sesión.

(Se vota:)

-85 en 86. Afirmativa.

Habiendo número, está abierta la sesión.

4) PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DEROGA EL DECRETO-LEY Nº 15.671 Y SE ESTABLECEN NORMAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES. Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Se pasa a considerar el único punto del orden del día: "Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se establecen normas en materia de comunicaciones. (Carp. Nº 29/86. Rep. Nº 14/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 29/86
Rep. Nº 14/86

Montevideo, 18 de setiembre de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor don Enrique Tarigo
Presente

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al Poder Legislativo manifestándole que ha decidido observar en su totalidad el proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se establecen normas en materia de comunicaciones. (Art. 137 de la Constitución).

Razones jurídico-constitucionales y de política general motivan la decisión del Poder Ejecutivo. En síntesis, son las siguientes:

A) El Estado se halla obligado a ejercer una función de policía administrativa en relación con las frecuencias de radiodifusión utilizadas por estaciones en su territorio. Por ejemplo, la de velar para que las emisiones de radiodifusión transmitan con la potencia autorizada y no produzcan interferencias, sobre todo, a nivel internacional. Se advierte, también, que existe una responsabilidad estatal en este aspecto y que la representación del Estado, a tales efectos, la ostenta el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 185 de la Constitución, los Entes descentralizados sólo tienen competencia para llevar a cabo "servicios del dominio industrial y comercial del Estado".

La función de policía administrativa no queda englobada en la precedente conceptuación. Si a ello agregamos la vigencia del principio de especialidad de las personas públicas (artículo 190 de la Constitución) es fácil comprender que la ley no puede agregar al giro industrial y comercial -específico- el desempeño de funciones policiales.

Estas últimas son propias del Poder Ejecutivo (artículo 168, inc. 1º de la Constitución) y sólo en forma excepcionalísima y natural, por lo demás, proceden atribuirse a un Ente descentralizado (policía fiscal de ANCAP).

B) A las precedentes razones de naturaleza constitucional pueden agregarse otras que el Poder Ejecutivo calificará de políticas.

Ha de tenerse presente que, siempre, desde 1928, (Ley Nº 8.380) los servicios de radiodifusión estuvieron en la órbita del Poder Ejecutivo. Fue durante el gobierno de facto (Decreto-Ley Nº 14.235) que se desplazó esa competencia tradicional y se la colocó en el ámbito de ANTEL: nada aconseja mantener esta situación heredada.

"La función de contralor es sumamente delicada y el Estado es directamente responsable por el ejercicio de la misma ante la comunidad internacional. Parece obvio, por consiguiente, que esa función no debe ser cumplida por un organismo descentralizado sino por uno, a lo sumo, desconcentrado pero dentro de la órbita directa del Poder Ejecutivo".

Lo transcripto forma parte del Mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de ley sobre radiodifusión que fuera enviado al Poder Legislativo el 25 de setiembre de 1985. En dicho proyecto se derogaban todas las disposiciones inconstitucionales del sistema hoy vigente y se colocaban dentro de la competencia del Ministerio del Interior las facultades de policía en materia de radiocomunicaciones.

El Poder Ejecutivo tiene la esperanza de que el Poder Legislativo se digne considerar con la diligencia del caso las soluciones propuestas en el referido proyecto cuya exposición de motivos se permite reiterar, en lo pertinente, en este Mensaje.

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo devuelve el proyecto de ley adjunto, observándolo en su totalidad.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más distinguida consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI,
Presidente de la República.

Juan Vicente Chiarino.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

Artículo 1º. - Derógase el Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984.

Art. 2º. - Agréganse al artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, los siguientes incisos:

"4º) Administrar, defender y controlar el Espectro Radioeléctrico Nacional.

5) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas".

Art. 3º. - Agrégase al inciso 6º del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, el siguiente literal:

"a) Para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas, excepto emisoras de radiodifusión".

Art. 4º. - Restablécese la vigencia del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, cuyo texto es el siguiente:

"Las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de las estaciones de radiodifusión serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, previo informe de ANTEL".

Art. 5º. - Modifícase el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

"Corresponderá a dicho Ente la intervención previa, prestación y control de toda actividad vinculada a las telecomunicaciones, tanto públicas como privadas, en cuanto no hayan sido objeto de asignación expresa a otro órgano estatal. En ningún caso podrán los Entes y organismos estatales instalar servicios de telecomunicaciones para su uso propio, sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo, previo informe de ANTEL. Estas autorizaciones estarán condicionadas al aprovechamiento por parte de ANTEL".

Art. 6º. - Modifícase el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

"Las actividades a que refiere el artículo 4º, incisos 2º, 4º, 5º y 6º, constituirán una repartición cuyo director será designado conforme a los principios de la carrera administrativa, con calidad de técnico especializado en dichas actividades".

Art. 7º. - Modifícase el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

"El Directorio podrá sesionar con tres de sus integrantes, pero las resoluciones en materias comprendidas en el artículo 4º, incisos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, deberán tomarse por unanimidad de los componentes del Cuerpo. De no obtenerse ésta, deberán ser ratificadas por el Poder Ejecutivo".

Art. 8º. - Desaféctanse de su actual destino en el patrimonio del Estado (Ministerio de Defensa Nacional) y transfiérense a título gratuito a los servicios de ANTEL, los bienes inmuebles, muebles y derechos utilizados para la prestación de las actividades indicadas en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, incluyendo los de las dependencias de apoyo.

El Registro de Traslaciones de Dominio procederá a la registración correspondiente de las mutaciones dispuestas en el inciso anterior, con la sola presentación de los respectivos certificados notariales expedidos por escribanos de ANTEL, los que deberán contener referencias precisas a los datos individualizantes de los inmuebles transferidos, título y modo por los que oportunamente se adquirieron e inscripción de las respectivas escrituras.

Art. 9º. - Los funcionarios que, en virtud de la aplicación del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, pasaron a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa Nacional, volverán a desempeñarlas en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), en la misma forma y condiciones en que lo hacían antes de su traslado.

Art. 10. - El régimen presupuestal de los servicios a que refiere el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, será el mismo que tenían en la Administración Nacional de Telecomunicaciones antes de ser transferidos al Ministerio de Defensa Nacional.

Art. 11. - El Ministerio de Defensa Nacional remitirá, con la inmediatez posible, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), todas las actuaciones cumplidas y antecedentes e informaciones recabadas en cumplimiento del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984.

Art. 12. - El Ministerio de Defensa Nacional y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), tomarán todas las providencias necesarias a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Art. 13. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de setiembre de 1986.

Luis Ituño, Presidente
Héctor S. Clavijo, Secretario".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - En discusión.

Tiene la palabra el señor legislador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: como sabemos, estamos reunidos para considerar el veto que ha interpuesto el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 e introduce modificaciones al decreto-ley de creación de ANTEL Nº 14.235.

Creo que como esta iniciativa tuvo un largo trámite, conviene refrescar la memoria de la Asamblea General respecto a cual es el contenido concreto de la misma y cual fue el problema que intentó resolver.

En las postrimerías del régimen de facto, en lo que yo califiqué como la incontinencia legislativa del Consejo de Estado -que sancionó más de 100 decretos-leyes, en menos de dos meses- prácticamente entre bambalinas, en el momento en que todo el país, como no podía ser de otra manera, estaba pendiente de la campaña electoral que se desarrollaba, se sancionaron muchas disposiciones legislativas de contenido profundamente inconveniente. Una de ellas fue ésta. ¿A qué apuntó el Decreto-Ley Nº 15.671?

Durante la dictadura en el año 1974, se había creado ANTEL, por ley, por supuesto. Y la vieja Dirección de Telecomunicaciones, al crearse un Ente que iba a manejar todas las comunicaciones del país, naturalmente, pasó a ser un servicio de ANTEL. Pero de hecho, el contralor ideológico -no técnico- de las estaciones de radiodifusión, se ejerció por el gobierno militar. Los militares ejercieron sobre la radiodifusión, sobre los medios de comunicación, el mismo control que llevaron a cabo sobre todos los otros aspectos de la vida nacional. Pretendieron con el Decreto-Ley Nº 15.671 -y lo lograron, entre gallos y medias noches- reservarse ese contralor para cuando adviniera, en un plazo brevísimo, el régimen democrático.

Por consiguiente, le quitaron esas competencias a ANTEL y transfirieron a la que llamaron Dirección Nacional de Comunicaciones a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. La transformaron en un servicio dependiente de ese Ministerio. Y lo que es más grave aún -en el orden funcional y en el humano- les quitaron a los funcionarios de ese servicio su calidad de funcionarios de carrera, los declararon amovibles y, simultáneamente, los militarizaron, porque declararon en ese decreto-ley que les eran aplicables las disposiciones del decreto-ley orgánico de las Fuerzas Armadas de febrero de 1974.

Por esa razón, en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, a poco de iniciado el período legislativo, los cinco miembros que la integrábamos tomamos la iniciativa de corregir esa situación. Esos cinco miembros éramos -y digo éramos, porque, en ese momento teníamos el privilegio de contar integrando esa Comisión y en el Senado, al hoy Embajador Hierro Gambardella- los señores legisladores Traversoni, Araújo, Posadas, Hierro Gambardella y el que habla. Los cinco coincidimos en que esa situación no se justificaba y en que, además, era lesiva de los derechos de los funcionarios.

En consecuencia, preparamos un proyecto de ley que elevamos al Senado el día 22 de mayo. Ese proyecto de ley es el que posteriormente observó el Poder Ejecutivo, y es el veto que estamos considerando hoy en la Asamblea General.

Ese proyecto de ley, reitero, se presentó el día 22 de mayo con la firma de los señores legisladores Posadas, Araújo, Hierro Gambardella, Traversoni y el que habla.

Cuando el proyecto se iba a tratar en el Senado, el señor legislador Zorrilla trasmitió una preocupación personal y también del Poder Ejecutivo, y solicitó que volviera a Comisión a los efectos de escuchar la posición del citado Poder. Así se hizo -como no podía ser de otro modo- y en la sesión que celebró la Comisión del día 4 de junio, compareció en representación del Poder Ejecutivo, el señor Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Robaina Ansó, junto con el doctor Carlos Rauschart, asesor de dicha Secretaría de Estado.

En esa ocasión, el doctor Robaina Ansó manifestó que compartía la opinión de la Comisión en cuanto a que no debía corresponder a su Ministerio la Dirección Nacional de Comunicaciones, aunque debería permanecer en la órbita del Poder Ejecutivo, probablemente en la de otro Ministerio, ya que no estimaba correcto que perteneciera a ANTEL.

Es decir que en representación del Poder Ejecutivo, se postuló una solución distinta a la del proyecto de ley, pero también diferente a la que va a quedar vigente si se mantiene la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo.

En aquella oportunidad -y lo recordarán los compañeros de la Comisión- manifestamos todos y, en primer término, el señor Hierro Gambardella, que, con todo respeto por la opinión del Poder Ejecutivo, no compartimos su posición y manteníamos nuestro criterio.

Tanto era así que en la sesión que celebró el Senado el 11 de junio, el señor senador Hierro Gambardella, previendo que la posición del Poder Ejecutivo podía motivar opiniones encontradas dentro de la bancada del Partido Colorado manifestó: "Cuando hablamos con el Presidente de la Comisión sobre este tema, que lo era el señor senador Posadas, dije un poco en broma: ‘Mire, acá es probable que la bancada del Partido Colorado se divida’. Esto es algo natural y corriente que ocurra en bancadas democráticas, no por ello va a correr la sangre al río ni mucho menos. Hasta este momento no hemos tenido oportunidad, por obligación emergente de nuestra acción legislativa, de tener una reunión previa e indispensable de la bancada del Partido Colorado, que pienso se efectuará en el día de mañana. Creo que esto es tan claro como la luz del día".

Y agregó el señor senador Hierro Gambardella: "Por tanto, adelanto públicamente que la firma que estampé en aquel momento no la retiro, porque como ya dije, no me convencieron las expresiones del señor Subsecretario de Defensa Nacional. Asimismo, digo que mañana, en la reunión de la bancada del Partido Colorado voy a sostener esta tesis y voy a reclamar el derecho de seguir votando por esta solución. Pero creo que no se puede impedir que la bancada de Gobierno, cuando éste quiere ser oído, no establezca la necesidad de estudiar hasta los últimos extremos esta propuesta".

Por supuesto, accedimos a lo que solicitaba la bancada del Partido de Gobierno y esa reunión se realizó.

Recuerdo que un día antes de iniciar la sesión -lamento que en estas circunstancias se encuentre fuera del país- el señor legislador Batlle manifestó que él estaba totalmente de acuerdo con el proyecto de la Comisión y que quienes se oponían al mismo confundían los términos del problema. El y su padre me expresó, habían sido propietarios de una emisora y sabía bien cuál era el género de contralor que se debía ejercer por este servicio. No era un contralor ideológico, no se trataba de grabar lo que se decía por la radio, sino que era, como lo es, un contralor de carácter técnico, con el propósito de verificar que las emisoras transmitan en la frecuencia y potencia que les corresponda, sin interferir con emisoras extranjeras y sin violar los acuerdos internacionales que en la materia existen.

A pesar de la previsión que había hecho el señor senador Hierro Gambardella en la Comisión y en Sala, la bancada del Partido Colorado no se dividió. La opinión del señor senador Hierro Gambardella y seguramente de los señores senadores Traversoni y Batlle, fueron las que prevalecieron.

Al día siguiente, 12 de junio, el proyecto de ley se trató en el Senado y fue aprobado por unanimidad en la votación general por los 24 miembros presentes, y en la votación particular, artículo a artículo, por los 23 miembros presentes. Estaban en Sala, además de los señores senadores firmantes del proyecto, Hierro Gambardella y Traversoni, los señores senadores Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Flores Silva, Jude, Paz Aguirre, Pozzolo, Ricaldoni, Singer y por supuesto, el señor Presidente del Cuerpo, doctor Tarigo. Junto a los senadores del Frente Amplio y del Partido Nacional, votaron por unanimidad el proyecto de ley que hoy es observado por el Poder Ejecutivo.

En aquella sesión del día 12 de junio de 1985, luego de aprobado el proyecto de ley, el señor senador Traversoni manifestó, con carácter de fundamento de voto: "Señor Presidente: junto con toda la bancada del Partido Colorado he votado afirmativamente este proyecto de ley, primero en la Comisión de Educación y Cultura y ahora en la discusión general y particular. En esta fundamentación de voto creo que es conveniente hacer notar que en los pedidos de aplazamiento anteriormente formulados, no existía ningún ánimo dilatorio, sino un intento de darle mayor seriedad al estudio del proyecto, atento a los requerimientos del Poder Ejecutivo que quería hacer conocer su opinión, evaluando la situación para luego poder pronunciarnos en Sala. Ratificado lo hecho en la Comisión, ahora, al votar este proyecto que afirma la Administración Civil" -decía el señor senador Traversoni- "damos cuenta de cuál ha sido la posición del Partido Colorado".

De inmediato el señor senador Hierro Gambardella, con brevedad, expresó: "Deseo decir simplemente que hago mías todas y cada una de las palabras pronunciadas por el señor senador Traversoni en su fundamento de voto".

Quiere decir, señor Presidente, que fue muy clara la posición del Partido Colorado en la Comisión y en el Senado, donde votó por unanimidad, con la única excepción del señor senador Zorrilla, que tenía otra posición, respetable por supuesto, y que no estuvo presente en Sala, el proyecto de ley que ahora, sin embargo, veta el Poder Ejecutivo, contrariando el criterio de los señores senadores Hierro Gambardella y Traversoni -reitero, firmantes del proyecto- y de toda la bancada del Partido Colorado, en el Senado de la República.

El proyecto pasó a la Cámara de Representantes y tras una larga y lenta tramitación, fue sancionado en la sesión del día 3 de setiembre de este año. Luego, alrededor de 20 días más tarde vino el veto del Poder Ejecutivo, que hoy estamos considerando.

Esta es la historia de la presentación, la discusión y la sanción de este proyecto, historia que creo que es elocuente respecto de la situación que hoy tiene que resolver la Asamblea General.

Pero se podrá decir, señor Presidente, que lo que está en discusión no es la historia del proyecto, por más elocuente que ésta pueda resultar, sino las observaciones del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos que discutir es si las mismas son fundadas o infundadas.

A ello, por supuesto, me voy a referir, como no puede ser de otro modo.

El Poder Ejecutivo, en un breve Mensaje, ha hecho dos clases de observaciones: algunas de carácter jurídico, de carácter constitucional y otras de mérito, de conveniencia. El Poder Ejecutivo considera, por un lado, inconstitucionales las soluciones del proyecto y, por otro, las conceptúa inconvenientes.

Por su orden, me voy a referir primero a las objeciones de constitucionalidad.

Respecto de esto quiero expresar, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo, como siempre, es puntilloso en analizar la constitucionalidad de las leyes que sanciona el Parlamento. En varias oportunidades ha observado proyectos de ley por razones de constitucionalidad, lo cual me parece muy bien. Las leyes deben se constitucionales.

Pero al mismo tiempo, creo que hay que observar si las leyes que se derogan por aquellas que se observan, son constitucionales o no. Creo que el Poder Ejecutivo no ha advertido que el decreto-ley que estamos considerando, y que quedaría vigente si el veto no fuera levantado, tiene, antes de esta ley que ha sancionado el Parlamento, disposiciones inconstitucionales que parece que, esas sí, no le preocupan al Poder Ejecutivo.

El Decreto-Ley Nº 15.671, que este proyecto de ley quiere derogar, tiene en su artículo 3º, numeral 3, literal A, una disposición claramente inconstitucional. Esa disposición establece que a la Dirección Nacional de Comunicaciones le corresponde otorgar autorizaciones precarias para el funcionamiento de agencias noticiosas.

Advierto, señor Presidente, que nunca en el país se requirió autorización, como no puede ser de otro modo, para instalar agencias noticiosas. Las mismas son medios de comunicación, de difusión y están amparados por la libertad de información y de expresión del pensamiento, que en términos de total e inequívoca amplitud, consagra el artículo 29 de la Constitución.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, cuya observación estamos hoy considerando, se dice inequívocamente, que esa disposición es inconstitucional. Por eso la eliminamos del decreto-ley de ANTEL, que fue modificado en ese aspecto, entre otros, en este proyecto de ley.

Desde ese punto de vista los cinco miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Senado no tuvimos la mínima duda en cuanto a que esta disposición, que va a quedar vigente si el veto prospera, es inconstitucional.

SEÑOR LAMAS. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR LAMAS. - Señor Presidente: agradezco al señor legislador Aguirre que me haya concedido una interrupción.

Ya que él ha historiado el trámite que ha tenido esta ley, vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, debo decir que creo que ha omitido, tal vez por inadvertencia, que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento con fecha 25 de setiembre de 1985, un proyecto que está radicado actualmente en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes. Se rata del Repartido Nº 286, denominado "Radiodifusión, que regula su actividad y dicta normas sobre administración, defensa y control del espectro radioeléctrico nacional".

En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, el Poder Ejecutivo señala que durante el gobierno de facto se dictaron tres decretos-leyes que incidieron en el sistema de radiodifusión, hasta entonces vigente. Se refieren a la creación de ANTEL, Nº 14.235; de las normas sobre la radiodifusión, Nº 14.670 y a la Ley Nº 15.671.

Las dos primeras -dice el Mensaje que acompaña a este proyecto de ley, pero sobre todo la segunda- adolecen de graves vicios de inconstitucionalidad.

Esa es la opinión que tiene el Poder Ejecutivo sobre aquello a lo que está haciendo referencia el señor senador. Y cabe acotar que, en el Mensaje que ahora ha remitido dicho Poder, interponiendo este veto total, dice, en la página 3 del Repartido que obra en poder de los señores legisladores: "Lo transcripto forma parte del Mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de ley sobre radiodifusión que fuera enviado al Poder Legislativo el 25 de setiembre de 1985".

En otras palabras, señor Presidente, tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores que integran la bancada del Partido Colorado somos conscientes de que la normativa vigente en materia de radiodifusión contiene disposiciones claramente inconstitucionales y estamos dispuestos a votar su derogación.

En oportunidad de discutirse este proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que fue sancionado con el voto en contra de los legisladores del Partido Colorado, se señaló, por parte de los representantes Rijo y Forteza, entre otros, que existía una iniciativa del Poder Ejecutivo que debía ser considerada junto con la que en aquel momento dicha Cámara entendió que debía aprobarse. Es decir -y concluyo mi interrupción, agradeciendo al señor legislador Aguirre por el hecho de habérmela concedido- que la circunstancia de que existan normas inconstitucionales dentro del régimen vigente no significa que la única forma de suprimirlas sea sancionando un proyecto con las características que apoyan distintos señores legisladores, entre los que se encuentra el señor legislador que me ha precedido en el uso de la palabra.

Hay otros legisladores que consideramos que ellas pueden derogarse por la vía de establecer un régimen jurídico distinto.

En este sentido, señor Presidente, no puede haber una contradicción ni decirse que caemos en ella -creo que esa no es la intención pero ello puede deducirse de las palabras del señor legislador Aguirre- por el hecho de que, por no levantar este veto, estamos contribuyendo a que permanezca vigente una norma inconstitucional. Además, este proyecto de ley, sancionado por el Poder Legislativo, ofrece ciertas dudas en cuanto a su constitucionalidad y ha sido observado por razones de conveniencia.

Por otra parte el Parlamento tiene en sus manos la posibilidad de proceder a la derogación de las normas constitucionales vigentes, por otro camino que no sea éste. Asimismo debo señalar que ellas han sido convalidadas por una ley dictada por este Parlamento democrático.

Nada más y muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede continuar el señor legislador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: si el señor legislador Lamas tuviera la paciencia -que reconozco que tiene que ser grande- de escuchar todo lo que tengo que decir, se enteraría de que tengo presente el proyecto de ley, pues he estudiado el Mensaje del Poder Ejecutivo y sus argumentos y cuando corresponda, en el curso de mi exposición, me voy a referir al tema porque el Poder Ejecutivo hace caudal de un fragmento de ese Mensaje, en el fundamento de las observaciones que ha interpuesto a dicho proyecto.

De todas maneras, y variando en algo el curso de mi exposición, quiero decir que en el proyecto de ley remitido, creo, el 25 de setiembre de 1985, el Poder Ejecutivo dice que en algún aspecto es inconstitucional el decreto-ley de creación de ANTEL y que es groseramente inconstitucional el decreto-ley dictado en 1978 -cuyo número no recuerdo- como ley de radiodifusión, que derogó la antigua ley de 1928. Pero no dice que sea inconstitucional el Decreto-Ley Nº 15.671, si bien lo deroga en ese proyecto de ley, incurriendo en una contradicción porque ahora, con el veto, y si éste prospera, en lugar de derogarlo lo deja vigente.

Sobre este punto volveré más adelante, pero ahora deseo señalar que el Decreto-Ley Nº 15.671 tiene disposiciones inconstitucionales. Ya destaqué una de ellas. Hay otra de dudosa constitucionalidad y además profundamente inconveniente, arbitraria, lesiva de los derechos de los funcionarios de ANTEL, que pertenecían a esa repartición, que los declara amovibles, a pesar de que eran de carrera. Además, los declara comprendidos en el régimen del Decreto-Ley Orgánico de las Fuerzas Armadas, o sea que militariza a funcionarios civiles. Estos funcionarios han venido repetidamente al Parlamento a hablar con los legisladores, han golpeado todas las puertas, con el fin de reclamar, como es lógico, que se les devuelva a su oficina de origen y se les restituyan sus derechos para volver a ser de carrera y amparados por el régimen de inamovilidad, como corresponde constitucionalmente. De paso señalo que esta declaración de amovilidad se hizo, por supuesto, sin respetar el requisito constitucional del parágrafo segundo del artículo 60 de la Carta, que establece que para declarar amovibles por ley a determinados funcionarios se requiere mayoría absoluta en cada Cámara. Huelga decir que no se cumplió con él dado que en ese momento funcionaba el Consejo de Estado.

A continuación, señor Presidente, paso a ocuparme de las objeciones de constitucionalidad que ha hecho el Poder Ejecutivo.

En primer lugar, dice que el Estado, en relación con la frecuencia de radiodifusión, se encuentra obligado a ejercer una función de policía administrativa, porque hay convenios internacionales que comprometen su responsabilidad. Más adelante dice que, a tales efectos, la representación del Estado la ostenta el Poder Ejecutivo. Quiero que quede claro cuál es el argumento. Hay convenios internacionales a cumplir y su respeto requiere el ejercicio de una función de policía administrativa. Si en materia internacional hay responsabilidad estatal, quien representa al Estado es quien tiene que responder por ella. Y quien representa al Estado, se dice, es el Poder Ejecutivo. Este es a mi juicio, el primer error claro que comete el Poder Ejecutivo, que me parece que no ha leído la Constitución. La representación del Estado, tanto en lo interior como en lo exterior, no la tiene el Poder Ejecutivo sino la Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución.

Entiéndase bien. Un órgano es la Presidencia de la República Jefatura del Estado, y otro es el Poder Ejecutivo, que se integra con el Presidente de la República y sus Ministros. En el Poder Ejecutivo reside la Jefatura del Gobierno y en la Presidencia de la República, la Jefatura del Estado. Se trata de dos órganos y dos conceptos jurídicos distintos. La conclusión, de acuerdo con esta objeción del Poder Ejecutivo, es que estos servicios deberían ser manejados por la Presidencia de la República y no por el Poder Ejecutivo. Digo esto porque si por el hecho de que quien ejerce la representación del Estado tiene que controlar estos servicios, de ser ello cierto, entonces quien debería controlarlos tendría que ser directamente la Presidencia de la República, lo cual, evidentemente a todas luces es un absurdo.

Además, se parte de un error de concepto porque la Dirección de Comunicaciones no es un servicio que maneje relaciones internacionales ni que actúe representando al país en el exterior. Se trata de un servicio que, entre otras, cumple funciones de policía de la radiodifusión dentro del territorio nacional, o sea que actúa dentro del ámbito del Estado. En tal caso, si mi razonamiento no fuera así, que lo es, el servicio no podría nunca estar en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, que nada tiene que ver con las relaciones internacionales ni con la responsabilidad del Estado ante otros Estados, sino en la del Ministerio de Relaciones Exteriores. Salta a la vista el absurdo de la solución y ello demuestra la total carencia de fundamento de la objeción del Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, dicho Poder hace otra objeción de constitucionalidad. Dice que de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución los Entes descentralizados sólo tienen competencia para llevar a cabo servicios del dominio industrial y comercial del Estado. Esto es a todas luces -no quiero emplear un calificativo grueso- un error de magnitud tal, que rompe los ojos para cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento en materia de Derecho Público y que haya leído alguna vez los artículos 185 y 186 de la Constitución.

El artículo 185 dice que "Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por directorios o Directores Generales y tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las leyes que se dictaren con la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara".

¿Qué quiere decir esto, señor Presidente? Unicamente que los servicios del dominio industrial y comercial del Estado necesariamente no pueden ser centralizados, no pueden integrar el complejo orgánico de la Administración Central, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Y tienen un grado de descentralización variable, según la ley, de manera tal que pueden ser Entes Autónomos o Servicios Descentralizados. Son los que, desde la clásica obra de Demicheli, de 1924, sobre los Entes Autónomos, se conocen como "los Entes autónomos necesarios". Es decir, aquel tipo de servicios, aquel género de cometidos del Estado, que solamente pueden cumplirse bajo la forma jurídica del Ente Autónomo y ahora, desde la última Constitución del Servicio Descentralizado.

Los demás Entes Autónomos son los que el doctor Demicheli calificaba de Entes Autónomos contingentes, es decir, que pueden cumplir otro género de cometidos, pero pueden tener forma de Entes Autónomos, de Servicios Descentralizados, servicios desconcentrados, o estar directamente sometidos a la jerarquía del Poder Ejecutivo.

Por lo demás, la observación realizada por el Poder Ejecutivo no tiene el menor fundamento; ello surge de la lectura de la propia Constitución porque en ella, obligatoriamente, se determina la existencia de Entes Autónomos que no cumplen funciones ni tienen cometidos de naturaleza comercial ni industrial.

El artículo 202 de la Constitución, establece que los servicios docentes del Estado son autónomos, son los Entes Autónomos de Enseñanza y, por supuesto, los servicios de enseñanza no son comerciales ni industriales.

El artículo 195 de la Constitución crea el Banco de Previsión Social, que es un Ente Autónomo que no es comercial ni industrial y tiene el cometido de coordinar los servicios de Seguridad Social.

Asimismo, el artículo 196 de nuestra Carta crea el Banco Central, que no cumple actividad típicamente bancaria; es un Banco de Bancos, es decir, que ejerce la policía de los bancos privados y determina y dirige toda la política monetaria del país. El Banco Central no es un Ente Autónomo industrial ni comercial, el Banco de Previsión tampoco lo es y los Entes Autónomos de Enseñanza tampoco lo son.

Quiere decir, entonces, que lo que dice el Poder Ejecutivo en esta observación, carece del menor fundamento.

Hay en nuestro Derecho Positivo -puede y debe haberlos por imperio de las normas constitucionales- Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que no son industriales ni comerciales.

Tanto es así que el artículo 186 de la Constitución expresa: "Los servicios que a continuación se expresan: Correos y Telégrafos, Administraciones de Aduana y Puertos y la Salud Pública no podrán ser descentralizados en forma de Entes autónomos, aunque la ley podrá concederles el grado de autonomía que sea compatible con el contralor del Poder Ejecutivo".

Quiere decir, entonces, que este tipo de servicios no pueden ser Entes Autónomos pero sí Servicios Descentralizados. Y tanto lo pueden ser, que la Administración Nacional de Puertos es uno de ellos.

¿Cuál es este argumento del contexto constitucional que ha hecho toda la doctrina? Pues que si la salud pública puede ser un Servicio Descentralizado, que si las administraciones de Aduana también lo pueden ser, o sea, no estar sometidas a la jerarquía del Poder Ejecutivo, significa que hay servicios y cometidos que cumple el Estado que no son industriales ni comerciales y que no tienen que funcionar necesariamente dentro de la Administración Central bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo.

Cuando éste dice en su observación que las actividades que la ley comete a ANTEL no son de naturaleza industrial ni comercial y, por lo tanto, esto viola la Constitución en su artículo 185, está realizando una afirmación que, no sólo está desmentida por la doctrina sino, también, por el texto del artículo 186 de la Constitución.

Por otra parte, en nuestro Derecho Positivo y desde hace muchos años -creo desde 1947 ó 1948- existe un Ente Autónomo creado por ley, que no cumple actividad comercial ni industrial y nadie dijo jamás que esa ley fuera inconstitucional. Me refiero al Instituto Nacional de Colonización.

Además, toda la doctrina nacional -no la voy a leer toda, sino simplemente voy a hacer tres citas- está conteste en este punto de vista.

Empiezo por quien tiene mayor autoridad en esta materia que, por supuesto, es, como siempre, el doctor Enrique Sayagués Laso que en la página 176 del tomo II de su Tratado dice: "Toda actividad industrial y comercial del Estado  debe estar a cargo de Entes autónomos (artículo 185 de la Constitución) salvo el Correo, los Telégrafos y los Puertos que sólo pueden llegar a constituir Servicios Descentralizados (artículo 186 de la Constitución)".

Presten atención los señores legisladores porque agrega: "El legislador tiene discrecionalidad para atribuir a dichos Entes un solo renglón industrial o comercial simultáneamente. Pueden existir Entes Autónomos que ejerzan actividades ni industriales ni comerciales. Es el caso del Instituto Nacional de Colonización que tiene a su cargo un cometido evidentemente social. El artículo 185 de la Constitución no es obstáculo para la solución expresada pues simplemente establece que el dominio industrial y comercial del Estado será administrado por Entes Autónomos, sin excluir que otras actividades pueden estar a cargo de tales Entes".

El doctor Julio Agustín Prat -discípulo del doctor Sayagués Laso, sucesor de éste en la cátedra y, además, autor que debe ser grato al Partido Colorado porque notoriamente milita en sus filas y ha sido designado en su representación para integrar la Comisión Nacional del Servicio Civil- dice en su obra "Los Entes Autónomos en la Descentralización Funcional Uruguaya": "En primer lugar ingresan a cargo de los Entes Autónomos todas las actividades industriales y comerciales del Estado. Están expresamente excluidos por el artículo 186 de la Constitución, los Correos, los Telégrafos y los Puertos, que a lo máximo pueden estar organizados con una descentralización moderada, Servicio Descentralizado en sentido estricto. Algunos autores gustan distinguir, de acuerdo con la disposición constitucional del artículo 185, los Entes Autónomos necesarios de los contingentes, según surjan a la vida jurídica por imposición constitucional que conmine al legislador a crearlos o, simplemente, por exclusiva creación del legislador. Entendemos sin valor la distinción ya que el legislador fuera de las limitaciones que le impone la Constitución tiene discrecionalidad para crear Entes Autónomos que ejerzan otros cometidos que no sean industriales ni comerciales. El caso más patente, a nuestro juicio, lo constituye el Instituto Nacional de Colonización creado por la Ley Nº 11.029 de 17 de enero de 1948, con cometidos evidentemente sociales. Esto prueba que el alcance del artículo 185, si bien imperativo para lo referente a actividades industriales y comerciales que el Estado decide tomar a su cargo, no es limitativo. El legislador puede confiar otras actividades de las no comprendidas en el citado artículo a organismos estructurados como Entes Autónomos". Esto lo dice el profesor Julio Agustín Prat.

Y un autor aún más grato, por supuesto, al Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti en la obra que escribió en el año 1967 con el doctor Alvaro Pacheco Seré, ha dicho con total razón: "La Constitución precedente determinaba que los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por Consejos o Directorios autónomos (artículo 185 de la Constitución). Con ligeras variantes era la fórmula empleada desde el artículo 100 de la Carta del 18, es decir, que dichas actividades con las únicas excepciones del artículo 186, Correos, Aduanas y Puertos y Salud Pública, deberán tener la forma de Entes Autónomos. Armonizando ambos artículos, se interpretó, sin embargo, que era posible poner de cargo de Entes autónomos otras tareas, desde que Salud Pública, por ejemplo, no constituye un servicio industrial ni comercial".

Es decir, entonces, que el jurista doctor Sanguinetti, opinaba de manera muy distinta a lo que opina el Presidente de la República, doctor Sanguinetti.

Quiero terminar esta consideración sobre la observación de constitucionalidad del Poder Ejecutivo, diciendo lo siguiente. Sé que voy a expresar un juicio de gran severidad pero considero que es necesario formularlo. Esta objeción de constitucionalidad, serenamente analizada a la luz de los textos constitucionales y de la doctrina unánime que acabo de citar -y podría referirme a muchas obras más porque en materia de Entes Autónomos y de autonomía en nuestro Derecho Público es interminable la lista de autores que han escrito sobre el tema- carece del mínimo fundamento.

Pienso que el Poder Ejecutivo sabe perfectamente que en el Parlamento nos sentamos muchas personas que hemos pasado por la Facultad de Derecho y que tenemos el suficiente barniz de conocimientos jurídicos para entender cuando una objeción tiene fundamento y cuando carece de él.

Por lo demás, la Presidencia de la República tiene como Secretario a un distinguido jurista que fue profesor de Derecho Constitucional, que ejerció la docencia con brillo, con el cual alguna vez, en años pasados -hace más de 15- tuve el honor de compartir mesas examinadoras en la Facultad de Derecho.

Puedo afirmar que el doctor Semino, aparte de ser muy ocurrente, ameno y agradable en el trato, era un examinador bastante severo, mucho más que otros. No tengo dudas de que a quien hubiera afirmado en una mesa examinadora que en nuestro Derecho Positivo de acuerdo a la Constitución un Ente Autónomo no puede tener cometidos que no sean de naturaleza comercial e industrial, el doctor Semino lo hubiera "bochado" sin vacilaciones y sin formularle ninguna pregunta más.

Otra objeción de inconstitucionalidad que se hace por parte del Poder Ejecutivo es que las funciones de policía administrativa -como evidentemente son las de control de la radiodifusión privada- competen constitucionalmente, en régimen de exclusividad, al Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el artículo 168, inciso 1º, de la Constitución que, como todos recordamos, se refiere -y cito de memoria- al mantenimiento del orden y la tranquilidad en lo interior. Se trata de los clásicos cometidos de policía en la aceptación vulgar del término, es decir, aquellos que cumple la policía dependiente del Ministerio del Interior en todo el país.

Sin embargo, este concepto de policía administrativa no es el doctrinario ni excluye a otra cantidad de policías administrativas que desempeñan muchos otros órganos del Estado.

El doctor Enrique Sayagués Laso, en la Introducción al Tomo III de su "Tratado" -que desgraciadamente no pudo escribir porque falleció- sobre los cometidos estatales, que se ha editado en una obra del curso de Derecho Administrativo II, "Cometidos esenciales del Estado" -que era el texto utilizado en la Facultad de Derecho hace algunos años- publicada bajo la dirección del profesor Julio Agustín Prat, expresa -en la llamada 37 al pie de la página 18- que "La actividad policial abarca no sólo la policía del orden, seguridad, tranquilidad y salubridad, sino las demás policías especiales del fuego, industrial, del trabajo, de la enseñanza y de la moralidad, de los espectáculos públicos, de tránsito, alimenticia, etcétera".

Esta enunciación pone de manifiesto que hay policías que no son ejercidas por el Poder Ejecutivo. "Por ejemplo, la de la enseñanza privada la ejercen los Entes Autónomos de Enseñanza; la de tránsito, como sabemos, la ejercen los Gobiernos Departamentales, cada uno en la circunscripción territorial que le corresponde.

Además, señor Presidente, es bien sabido que los Gobiernos Departamentales -que por supuesto no dependen del Poder Ejecutivo- tienen un campo muy amplio de competencias y en todas esas materias tienen funciones de policía. Así, en esta obra que, como ya señalé, se publicó bajo la dirección del profesor Prat, se dice que "los Gobiernos Departamentales tienen cometidos de policía en diferentes materias: higiene, ruidos molestos, vialidad, moralidad, edificación, funeraria, espectáculos públicos, alimenticia, etcétera". Basta esta enunciación para poner de manifiesto que la objeción del Poder Ejecutivo que conduce a sostener que el servicio descentralizado ANTEL no puede tener funciones de policía carece del menor fundamento jurídico.

El maestro Sayagués Laso ha definido a la función de policía como "Una actividad administrativa, preventiva y eventualmente represiva, que tiene por objeto evitar acciones humanas o hechos ajenos a la voluntad humana contrarios a Derecho o nocivos para la comunidad, sin limitarse al mantenimiento del orden público". La función de policía no se limita al mantenimiento del orden público, lo que se cumple por el Ministerio del Interior, tal como lo podemos leer en esta obra del profesor Prat. Y en ella se afirma; ya hemos señalado anteriormente que el cometido de policía abarca múltiples materias y que, por ello, se halla distribuido en innúmeros órganos de una misma o de diferentes personas jurídicas públicas estatales.

Es indiscutible, pues, señor Presidente, que la función de policía no es patrimonio exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que se distribuye entre múltiples órganos estatales. La cumplen los Entes Autónomos docentes en la materia de enseñanza; la cumplen en forma muy amplia y en diversos órdenes, los Gobiernos Departamentales, y también la puede cumplir ANTEL en materia de radiodifusión.

No terminan aquí las objeciones de inconstitucionalidad que formula el Poder Ejecutivo. Por último, éste hace caudal del principio de especialidad orgánica consagrado a texto expreso en el artículo 190 de la Constitución que, como sabemos, dice en forma muy precisa que "Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales". ¿Qué significa este principio, que igualmente regiría aunque la Constitución no lo hubiera consagrado a texto expreso? Quiere decir únicamente que las personas públicas no pueden actuar fuera del campo que las normas por las que han surgido a la vida jurídica, por las que han sido creadas, les han asignado.

El Poder Ejecutivo cumple determinados cometidos por imperio de normas constitucionales; los Entes Autónomos docentes cumplen otros; los Gobiernos Departamentales, otros, el Banco Central, otros y, naturalmente, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, otros. ¿Qué cometidos? Los que la Constitución y las leyes les asignan. En el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, esos cometidos, ese campo de actividad, esas materias en que pueden actuar este tipo de personas jurídicas, están delimitados por sus leyes de creación porque, salvo el Banco Central y el de Previsión Social -que están expresamente previstos en la Constitución- los demás nacen cuando se dicta su Ley Orgánica o de creación, que es la que establece sus cometidos y atribuciones.

En consecuencia, como señala el artículo 190 de la Constitución, se viola el principio de especialidad orgánica cuando un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado sale fuera del campo de los cometidos que la asignan las leyes. Por ejemplo, la ley de creación de ANCAP le dio el cometido y el monopolio de la refinación de combustibles y de la destilación de alcoholes en el país. Si este organismo se dedica a industrializar azúcar -como lo está haciendo desde hace años- está violando el artículo 190 de la Constitución y el principio de la especialidad orgánica. ¿Por qué? Porque ejerce una actividad, un cometido que no figura no ya en la Constitución, sino en su propia ley de creación.

En este aspecto, es donde falla por completo la objeción del Poder Ejecutivo y su razonamiento. ¿Cómo se va a decir que se viola el principio de la especialidad orgánica porque en una ley se da el cometido de la policía de la radiodifusión privada a un Servicio Descentralizado? La ley no tiene ninguna limitación constitucional para establecer los cometidos, las competencias y atribuciones de este Servicio. Si no hay una norma constitucional que impida cometerle a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, por ley, la policía de la radiodifusión privada, una ley que le dé ese cometido no viola el principio de especialidad. Este sería violado por el Directorio de ANTEL si además de ejercer la policía de radiodifusión privada que le asigna la ley, explotara por sí, en forma comercial, una onda de radiodifusión. De esa manera si se violaría el principio de la especialidad orgánica, porque la ley no da ese cometido a ANTEL; en cambio, si la ley le asigna la competencia de controlar y verificar el funcionamiento técnico de las estaciones de radiodifusión y televisión privada, en modo alguno viola el principio de la especialidad orgánica.

De esta forma, señor Presidente, concluyo con el examen de las observaciones de inconstitucionalidad, diciendo que ellas son absurdas y hasta podría señalar que algunas son disparatadas. Considero que no han sido pensadas con seriedad y entiendo no son respetuosas del Parlamento, porque un somero análisis determina claramente que ninguna de ellas tiene el menor fundamento. No hay ninguna razón para tachar de inconstitucionalidad a esta ley que se ha vetado. El problema se halla en otra parte: el Poder Ejecutivo, por razones que podemos comprender aunque en nada compartimos, no quiere que este servicio se extraiga de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio del Interior. Ese es el problema. Entonces, expresando que considera inconveniente la solución por tal y cual razón y aclarando que en el Mensaje enviado en setiembre pasado para modificar las disposiciones legales vigentes en materia de radiodifusión, se proponía mantener el servicio dentro del Poder Ejecutivo, suprimiéndolo de la competencia del Ministerio de Defensa Nacional e incluyéndolo en la del Ministerio del Interior. Esa puede ser una solución, que no compartimos, pero que traduce el criterio del Poder Ejecutivo, que tiene derecho a pensar así. Por el contrario, no tiene derecho a inventar objeciones de inconstitucionalidad para disfrazar un veto porque ellas, reitero, carecen de todo fundamento.

Paso, señor Presidente -y pido disculpas por la extensión de mi exposición- a considerar las objeciones de mérito o de conveniencia que formula el Poder Ejecutivo que no son muchas; apenas dos: una de carácter histórico y otra de fondo.

La objeción de carácter histórico consiste en decir que desde 1928 hasta 1974 estos servicios estuvieron dentro del Poder Ejecutivo, en su órbita -como se estila decir ahora con imprecisión jurídica- y dependían, precisamente, del Ministerio de Defensa Nacional. Este argumento no es válido, no resiste el menor análisis. Decir que porque durante muchas décadas una cosa se hizo de determinada manera, aunque ahora se pueda hacer mejor, habría que seguir haciéndolo de la forma anterior, carece de lógica. Con un razonamiento similar, señor Presidente, habría que seguir andando en carruaje, porque durante siglos se hizo así. Con este criterio desde el punto de vista jurídico, como desde 1830 el Estado no monopolizó los seguros, ni refinó combustible, ni impartió, en principio, la enseñanza pública, y cuando comenzó a hacerlo los servicios eran centralizados, dependientes del Poder Ejecutivo, "razonando" -entre comillas- de esta manera nunca se debieron haber creado ANCAP, el Banco de Seguros del Estado y los Entes Autónomos docentes.

Los conceptos jurídicos, que deben traducir los usos sociales, las costumbres, las necesidades de las sociedades y la economía de las mismas cambian. Por eso el Derecho se va adaptando y va evolucionando. El Derecho es un instrumento plástico, maleable, que va buscando nuevas formas o cauces. No puede ser que porque en 1928 -cuando la radiodifusión estaba en pañales y se trasmitía y escuchaba a galena- se creó un servicio rudimentario en la órbita del Poder Ejecutivo, ahora que el país tiene un servicio técnico con la infraestructura y los técnicos necesarios, con carácter de Servicio Descentralizado, se diga "A este servicio le negamos una función específica de su especialización servicio técnico porque en 1928, cuando no existía ese servicio técnico ni esa persona jurídica estatal, esto estaba en una oficinita ubicada en una "covacha" del Ministerio de Defensa Nacional. Creo, señor Presidente, que este argumento no se ha meditado bien y es totalmente inválido.

El único argumento que cabe discutir es el último que hace el Poder Ejecutivo, el de fondo. Se trata de la cita del Mensaje del 25 de setiembre de 1985, que hace instantes nos leía el señor legislador Lamas, con más extensión que la referencia que hace el Poder Ejecutivo en el veto. Este, al interponer el veto, apenas ha transcripto una parte muy parcial de dicho Mensaje. El Poder Ejecutivo dice así, entre comillas: "La función de controlar es sumamente delicada y el Estado es directamente responsable por el ejercicio de la misma ante la comunidad internacional. Parece obvio, por consiguiente, que esa función no debe ser cumplida por un organismo descentralizado, sino por uno a lo sumo desconcentrado, pero dentro de la órbita directa del Poder Ejecutivo". Esto forma parte del Mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de ley sobre radiodifusión, que fuera enviado al Poder Legislativo el 25 de setiembre de 1985. En el mismo se derogaban todas las disposiciones inconstitucionales del sistema hoy vigente y se colocaban dentro de las competencias del Ministerio del Interior las facultades de policía en materia de radiocomunicación.

Esto es lo que proponía el Poder Ejecutivo y lo podríamos discutir. Pero ¿a qué conduce el veto? Siendo la opinión del Poder Ejecutivo que esto no debe estar dentro de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional sino del de Interior, el veto conduce a que este servicio quede bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional. Pero siendo, también, opinión del Poder Ejecutivo que debe derogarse el Decreto-Ley Nº 15.671 -en lo que todos estamos de acuerdo- el veto hace que siga vigente, continuando el servicio en el Ministerio de Defensa Nacional, teniendo sus funcionarios el carácter de amovibles y estando militarizados. Esto es algo que realmente no debemos permitir, porque esos correctos y competentes funcionarios del Estado, que son civiles, no lo merecen.

Esta es la conclusión lógica del veto del Poder Ejecutivo, si es que prospera.

Pero quiero decir señor Presidente, que además de esta incongruencia que conduce al mantenimiento del "statu quo", existen otras razones para oponerse a este veto del Poder Ejecutivo.

En su oportunidad, la Comisión de Educación y Cultura del Senado solicitó al Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones su opinión sobre el proyecto de ley que ha sido vetado por el Poder Ejecutivo. Con fecha 5 de junio de 1985, nuestra Comisión recibió una comunicación firmada por el Presidente del mencionado organismo, profesor Gilberto Acosta Arteta. La misma dice: "Habiendo tomado conocimiento del proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Decreto-Ley Nº 14.235, de creación de ANTEL, con el objetivo primordial de devolverle las competencias atribuidas a la actual Dirección Nacional de Comunicaciones, retornando este servicio a su seno, cúmpleme expresarle mi opinión favorable al respecto".

Quiere decir que ANTEL estaba totalmente de acuerdo con el proyecto que ahora veta el Poder Ejecutivo. Continúa la comunicación del Directorio de ANTEL: "Las tareas referidas al contralor de los servicios radioeléctricos comprenden aspectos de planeamiento, de ingeniería y de operación, que ante el avance de la técnica difieren cada vez menos de las tareas similares del resto de ANTEL, no justificándose en forma alguna mantenerlas en una unidad independiente. Buena parte de la administración de las frecuencias exige repetidos contactos internacionales, con concurrencia a reuniones técnicas y recepción y análisis de planteamientos esencialmente especializados que llegan del extranjero. Teniendo ANTEL una Gerencia Técnica de Relaciones Internacionales, no se justifica mantener abiertos dos canales de contacto con el exterior. La imagen del Uruguay quedó muchas veces comprometida por esta causa". Esta es la opinión del Ente, donde están representados los tres Partidos Políticos mayoritarios del país -en él también tiene representación el Frente Amplio- y en el cual, por supuesto, tiene mayoría el Partido Colorado.

Finalmente, señor Presidente, en vez de improvisar una opinión sobre el fundamento del proyecto de ley que seguimos defendiendo -por cuya causa nos oponemos al veto interpuesto por el Poder Ejecutivo- queremos expresar por qué para nosotros siguen teniendo total validez los fundamentos tenidos en cuenta por la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que constan en la exposición de motivos del proyecto que presentó a consideración del Senado.

Lamentablemente no puedo encontrar el proyecto de ley. Quería dar lectura a la exposición de motivos del mismo porque creo que es suficientemente elocuente, pero evidentemente éste es el riesgo que siempre corremos al manejar demasiados papeles.

SEÑOR CERSOSIMO. - La Mesa puede proporcionar el material que necesita el señor legislador.

SEÑOR AGUIRRE. - No creo que sea necesario; quizá hasta aburriría a los señores legisladores, leyendo una exposición de motivos algo extensa.

Lo que decía, fundamentalmente, la exposición de motivos -que creo que era el concepto que había manejado el señor legislador Posadas en la Comisión, que si no me equivoco también estaba en un proyecto anterior que había presentado el señor legislador Lescano en la Cámara de Representantes- era que el Decreto-Ley Nº 15.671 tenía una concepción anticivilista; que mantener este servicio dentro del Ministerio de Defensa Nacional significaba mantener un enclave militar dentro de lo que, por su naturaleza, es un servicio que corresponde a la administración o poder civil, y que ello responde a la doctrina de la Seguridad Nacional; y, por último, que en realidad esta modificación que se introdujo en nuestra legislación positiva sobre las postrimerías del régimen de facto obedecía y obedece, nada más que al deseo de las Fuerzas Armadas de mantener, de hecho -naturalmente avalado por una disposición legislativa que fue convalidada al instalarse el Poder Legislativo- un reducto de poder.

¿Qué es lo que ocurre en los hechos? ¿Qué finalidad tiene que este servicio dependa del Ministerio de Defensa Nacional? ¿Es el Ministerio en sí el que ejerce el control? No. Eso nos lo dijo el Subsecretario cuando concurrió a la Comisión. El Ministerio de Defensa Nacional no tiene la infraestructura ni los medios técnicos necesarios para ejercer el control. Por lo tanto, éste, en forma efectiva y la oficina, materialmente, siguen ubicados en ANTEL y no en Defensa Nacional; pero esos funcionarios dependen del Ministerio y están militarizados.

¿Qué es lo que hace el Ministerio de Defensa Nacional? ¿Controla si una emisora trasmite fuera de frecuencia o con una potencia que no tiene autorizada? No. No lo hace ni le interesa. Lo que hace es grabar, durante las 24 horas del día, lo que trasmiten todas las radios y todos los canales de televisión. De esa manera, las Fuerzas Armadas saben lo que se dice en todos los programas, políticos y no políticos, del país. Esto es algo que está fuera de lugar en el funcionamiento de un sistema democrático.

¿Por qué hay que estar grabando lo que se emite por todas las emisoras del país durante todo el día? ¿Con qué finalidad se hace eso? Si alguien dice algo que constituye una figura delictiva prevista por el Código Penal, si se difama, se injuria o se calumnia a través de una emisora de radiodifusión o de un canal de televisión, está la Justicia penal correspondiente y actuará la Justicia; en todo caso, no es el Ministerio de Defensa Nacional el que debe intervenir. De eso se trata.

Ese es el fundamento del proyecto de ley cuya exposición de motivos se me acaba de alcanzar, a la que no daré lectura, en virtud de las consideraciones que termino de hacer.

En conclusión, el veto es jurídicamente absurdo; las objeciones jurídicas carecen de todo fundamento. El veto es inconsistente en sus objeciones de conveniencia y, además, viene a mantener una situación que el Poder Ejecutivo quiso cambiar, es decir, quitar este servicio de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, pasarlo a la del Interior y derogar el Decreto-Ley Nº 15.671. La ley fue proyectada y presentada entre otros legisladores por dos distinguidos senadores del Partido Colorado. Ella fue compartida y votada afirmativamente por todos los senadores integrantes del Partido Colorado, con la única excepción del señor senador Zorrilla. La ley también fue apoyada por el Directorio de ANTEL, que es el organismo técnico que domina este tema. Y, además, es reclamada, con toda razón, por los funcionarios injustamente afectados, los que fueron militarizados por el decreto-ley mencionado.

La única explicación del veto es, pues, como se dice en la exposición de motivos: "Mantener un enclave de seguridad que encaja dentro de la concepción de la doctrina de la seguridad nacional". Reitero que es el acatamiento a una exigencia militar para mantener una parcela de poder de modo de continuar controlando a todos los medios de comunicación del país, como de hecho lo hicieron durante la dictadura. Es, en mi concepto, una situación incompatible, con el sistema democrático y lesiva de la libre expresión del pensamiento. Si no es así, si no es control del pensamiento, sino un control puramente técnico como debe ser, no hay razón para que lo ejerza el Ministerio de Defensa Nacional ni el del Interior, sino el organismo técnico: ANTEL.

He terminado, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: creo que aunque sea desde el punto de vista formal, debemos informar a la Asamblea General que la Comisión que tendría que haber tratado este tema no tuvo oportunidad de reunirse, por diversas razones de fuerza mayor. Por ese motivo, y si mal no recuerdo a iniciativa del señor senador Aguirre, resolvimos, visto el vencimiento del plazo constitucional y la conveniencia de no dejar que por la vía ficta se mantuviera el veto del Poder Ejecutivo, que se procediera a la convocatoria de la Asamblea General. No existe posición unánime de la Comisión, ni siquiera una en mayoría y otra en minoría, por la razón del artillero: porque la Comisión no se reunió.

En definitiva, quien habla no puede reflejar un punto de vista que resulte de los debates ocurridos en esa Comisión que no se reunió, sino el de la bancada del Partido Colorado -ojalá sea así- y en algunos aspectos el suyo personal. En cada caso trataré de hacer las precisiones pertinentes.

No he tomado notas de la exposición del señor senador Aguirre, entre otras razones porque temí perder algunas de sus expresiones. Me pareció un discurso muy documentado. Coincido en la forma en que él describe el proceso de gestación de este proyecto de ley, que primero fue aprobado por la Cámara de Senadores, luego por la de Representantes y que más tarde fuera vetado por el Poder Ejecutivo, lo que hoy nos convoca a esta sesión.

Creo que dentro de esa cronología tan cuidadosa que hizo el señor legislador Aguirre, tiene quizá más importancia de la que a primera vista aparece o por lo menos más de la que resulta de sus expresiones, el proyecto que el Poder Ejecutivo envió el año pasado, al que se le dio entrada en la Cámara de Representantes.

Cuando el Senado aprueba su proyecto, todavía no había entrado al Parlamento el perteneciente al Poder Ejecutivo, el que según se me ha informado no ha sido objeto de consideración por parte de la Cámara de Representantes, a lo que tiene su perfecto derecho. Me parece que en alguna medida ese texto del Poder Ejecutivo salva algunas de las objeciones que señaló en su exposición el señor legislador Aguirre.

Repito que ese proyecto entró al Parlamento y fue destinado a la Cámara de Representantes con anterioridad a que ésta se pronunciara sobre el suyo. Luego de recabar alguna información al respecto, pienso que tal vez se le debió haber prestado mayor atención, en virtud de algunas de las fórmulas que contiene.

Me parece que éste no es un problema de gran trascendencia como para que preocupe a la Asamblea General. El tema concreto es que el Poder Ejecutivo presentó objeciones, tanto desde el punto de vista constitucional como de la conveniencia. No parece ocioso señalar, porque es sabido por todos los señores legisladores, que el Poder Ejecutivo está en todo su derecho al ejercer una u otra calidad de observaciones o al acumular las dos, que es el caso de este veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

No quiero entrar a detallar todas las cuestiones que puede suscitar el análisis del aspecto constitucional del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo por dos razones principales. En primer lugar, porque considero -lo voy a decir francamente, porque es la forma en que entiendo debe actuarse- que algunas de las observaciones de tipo constitucional que emanan del Mensaje del Poder Ejecutivo no son necesariamente compartibles. En alguna medida -no deseo cuantificar- puedo estar muy cerca de ciertas observaciones hechas por el señor legislador Aguirre. Así como digo esto, con toda franqueza, y en el error o en el acierto, también debo señalar que quienes preparan estos Mensajes pueden cometer equivocaciones.

Desde un ángulo como el que acabo de mencionar, entendía que este punto merecía una aclaración. Estimo que sería ociosa mi introducción en el aspecto técnico jurídico, por lo menos en esta oportunidad, ya que sería derivar involuntariamente la discusión de fondo a un tema técnico jurídico, lo que haría inevitable una larga polémica que contribuiría a crear esa apariencia de esterilidad que a veces tienen los Parlamentos democráticos del mundo, donde parece que se soslaya el tema fundamental, enzarzándose en discusiones laterales que a la opinión pública, que sigue paso a paso lo que aquí acontece, podrían parecer cuestiones de un bizantinismo inútil.

También quiero referirme, al margen de las críticas y de las objeciones de tipo constitucional, a las observaciones que tienen que ver con la inconveniencia del proyecto sancionado por el Parlamento y vetado por el Poder Ejecutivo.

Hoy estoy de acuerdo en cuanto a la conveniencia de que sea el Poder Ejecutivo el que mantenga estas competencias directamente, dentro de su propia órbita, aún a sabiendas de que la palabra órbita no suele ser del agrado de algunos de los señores legisladores aquí presentes.

¿De qué se trata? Del argumento que maneja el Poder Ejecutivo en el Mensaje, sobre el que no voy a abundar en detalles. Creo que la transcripción en ese sentido es oportuna y pone el acento en el tema de las obligaciones internacionales del Estado.

Estoy de acuerdo -si es que lo interpreté bien- con el señor legislador Aguirre, en cuanto a que una cosa es la responsabilidad internacional del Estado -y de quien tiene la representación del Estado para demostrar esa responsabilidad- y otra, las funciones concretas que en lo interno se ejerzan. No veo ninguna objeción de tipo constitucional para delegar, por parte del Poder Ejecutivo, en lo interno, esa responsabilidad. Estoy de acuerdo en eso con el señor legislador Aguirre.

Pero desde el punto de vista de lo que es mejor, de lo que es más adecuado a los intereses en juego, entiendo -y es una reflexión sobre el punto- que esta materia, por su especial delicadeza, debe estar dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, precisamente por esa responsabilidad internacional que tiene, justamente, ese Poder en virtud de tratados internacionales y de otras normas de Derecho Internacional que lo obligan en una forma muy definida.

Además, desde el punto de vista de la conveniencia, creo en otra razón para apoyar el veto del Poder Ejecutivo, que no figura en su Mensaje.

En primer lugar, lo que tiene relación con esa policía administrativa de la que ya hemos escuchado un análisis muy exhaustivo del señor legislador Aguirre.

Me parece que si los intereses del país en materia de comunicaciones, de radiodifusión, son de la entidad que todos reconocemos que ellos tienen, esa policía administrativa -que puedo coincidir en cuanto a que puede ser delegada, por que hay antecedentes en el ordenamiento jurídico nacional, sin perjuicio, además, de que jurídicamente es posible- creo que es deseable que esté, en estos casos, en manos del Poder Ejecutivo.

Si el Poder Ejecutivo utiliza esos poderes llamados de policía administrativa incorrectamente, existen la Constitución y las leyes para llamarlo a responsabilidad oportunamente, lo que no va a ser necesario en este Gobierno, claramente, absolutamente democrático.

Además, señor Presidente, no hay ninguna duda de que si se trata de posibles riesgos en cuanto al manejo de las potestades que derivan de una policía administrativa, él existe, en igual forma en lo que tiene que ver con un Ente autónomo que pudiera ejercer esas facultades. Me atrevería a decir, aunque esto no lo considero fundamental, que el contralor parlamentario de esas facultades que posee una policía administrativa confiada a un Ente autónomo, es menos directo en ese caso que el referido al Poder Ejecutivo.

SEÑOR JAURENA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede interrumpir el señor legislador Jaurena.

SEÑOR JAURENA. - Tal como lo expresa el señor legislador Ricaldoni, el Poder Ejecutivo reclama tal facultad de ejercer la policía administrativa de radiodifusión. Sea. Lo grave es que reclama una facultad que no ejerce.

Hace pocos días he denunciado aquí una sociedad anónima que tiene bajo su férula -no sé si esto es muy jurídico o no- seis radiodifusoras: tres de onda media, dos de onda corta y una de frecuencia modulada, que está como barco a la deriva, a cuyo frente se hallan personas que son auténticamente usurpadoras. Su presencia, administrando esas seis radiodifusoras, viola el decreto del 20 de diciembre de 1978 y, lo que es más grave con referencia a este Gobierno, el decreto que se dictó el 8 de julio de 1986. Ello significa que el Poder Ejecutivo, lisa y llanamente, reclama el ejercicio en exclusividad de la policía administrativa en la radiodifusión y, sin embargo, no lo cumple adecuadamente.

Muchas gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Estaba señalando que considero que es absolutamente indiscutible la trascendencia que tiene para los más altos intereses de la República, el tema de radiocomunicaciones.

Retomando el hilo de lo que venía exponiendo, digo que no me caben dudas de que es esencial asegurar a través del ordenamiento jurídico, la inmediatez entre el ejercicio de la policía administrativa y la toma de decisiones destinadas a asegurar la preservación de esos altos bienes nacionales que están incluidos dentro del tema de radiocomunicaciones.

Entonces, es mejor incluir todas estas potestades que no son sólo de contralor -aunque también lo son- dentro de la órbita de la Administración Central.

En alguna medida, ya me he referido al tema de la responsabilidad internacional que tiene el Estado en esta área tan delicada.

Más allá de la posible dicotomía jurídica entre la policía administrativa ejercida por un ente autónomo o un servicio descentralizado y la responsabilidad internacional del Estado, más allá de eso, señor Presidente, hay un tema que no podemos ignorar en materia de las relaciones internacionales del Estado. Cuando el Estado, con razón o sin ella, es llamado a decidir en una materia que tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales, en este terreno, no sólo en el de la policía administrativa, la inmediatez -quizá no siempre, pero sí algunas veces- también es necesaria.

Desgraciadamente, no son casos de laboratorio, pero se pueden plantear de tanto en tanto y requieren de una maquinaria muy afinada, con engranajes muy bien aceitados para que la respuesta al desafío internacional, si es que se produce, sea de la eficiencia, de la energía y de la rapidez que exigen esas circunstancias.

Hay un tercer argumento que para mí tiene una particular importancia.

Todos, dentro y fuera del Parlamento, hemos pensado muchas veces -en lo que me es personal, es una preocupación permanente- en la relación indisoluble que existe entre la soberanía del país y los espacios de radiodifusión. Eso tiene dos aspectos: uno, mirado desde dentro del país hacia afuera y otro, observado desde fuera hacia adentro.

Si el señor Presidente me permite, deseo entrar en algo que quizá parezca menos, pero que no lo es.

En este momento, cualquier ciudadano de Montevideo que salga de la capital y recorra no más de 200 kilómetros del centro de Montevideo, va a encontrar tremendas dificultades para oír una radio uruguaya; escuchamos con más facilidad las radios argentinas o brasileñas que una uruguaya.

Esto es muy grave porque atenta contra la supervivencia del país, si es que por ese concepto entendemos un país real y no uno formal. Los legisladores aquí presentes habrán podido comprobar frecuentemente, cuando recorren el interior, la dificultad que tenemos para escuchar radioemisoras de Montevideo, para saber qué está pasando en la Capital, ya que esas radios no se escuchan, salvo cuando las mismas están trasmitiendo en cadena con alguna local, que no sé cómo se organiza. Eso sucede si estamos cerca de esas emisoras del interior.

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR ARAUJO. - Agradezco al señor legislador Ricaldoni esta interrupción.

Me adelanto a pronunciar estas palabras que las íbamos a referir más adelante, cuando expresáramos cabalmente nuestro pensamiento, porque el mejor argumento que quizás podamos hacer esta noche para que el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo sea levantado, es precisamente el que está analizando el señor legislador Ricaldoni.

El señor legislador señala un hecho cierto: en este país, a 200 kilómetros de la capital, las radios desaparecen. En la frontera, lo que se escucha o bien viene de Brasil o de la República Argentina. Apenas se sale de Montevideo un 65% de las emisoras capitalinas dejan de emitir y no como consecuencia de encontrarse en idéntica frecuencia con otra radio del país, sino porque esos espacios han sido invadidos desde el extranjero. Naturalmente que, frente a esto, uno piensa que hemos perdido soberanía.

Queremos referir un hecho cierto que muchos habrán comprobado cuando salen de nuestro país y es que países con más extensión que el nuestro, tienen, en su capital y en el resto de la República, menos emisoras radiales en AM y FM. Uruguay, en cambio, tiene una cantidad enorme de frecuencias radiales, ocupando todo el dial. Esto no acontece, por ejemplo, en la República Argentina y más concretamente en la Capital Federal. O sea, que Uruguay en este sentido demuestra que en su tiempo y oportunidad, tuvo grandes técnicos -hace ya unas cuantas décadas- que supieron defender su soberanía y la del éter, en el campo internacional, a la hora de los convenios. Es de conocimiento público que las frecuencias son universales. La misma frecuencia que una emisora radial uruguaya ocupa en nuestro territorio, es utilizada por otra en otro territorio, o por distintas emisoras en el resto del mundo. Inclusive, en un país, la misma frecuencia puede estar ocupada, por ejemplo, en la República Argentina, por una emisora que está en Tucumán, por otra de la Capital Federal y por otra situada en Comodoro Rivadavia. Todo depende de los ajustes de potencia que se le autoricen a cada una. A unas se les permiten 15 kilohertz, a otra 25 y a la otra 10, par que cada una cubra un área dentro del país y a la vez para que no invada territorio extranjero en la medida en que la emisora uruguaya tenga la potencia necesaria para contrarrestar la de aquéllas.

En los últimos años, señor Presidente, bajo el gobierno de facto, cuando esto estaba dirigido por la gente de la dictadura, en lugar de enviar al extranjero -a la hora de realizar los grandes convenios internacionales que se establecen en esta materia- a los técnicos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, se envió a un funcionario militar, que no sabía absolutamente nada de este tema. Esto es lo que explica que hoy estemos asistiendo a la invasión y a la pérdida de soberanía.

Observen los señores legisladores qué cosa extraña -y, personalmente, considero que no lo es tanto- ocurre en nuestro país. Precisamente el Ministerio de Defensa Nacional- que ya establece en su propia denominación qué es lo que debe hacer, o sea la defensa de nuestra soberanía- es el que permitió en los últimos años que por esta vía se nos invada desde fuera de fronteras.

En esos convenios internacionales realizados en Torremolinos, en Río de Janeiro y en Costa Rica, otros países pidieron aumento de potencia para sus emisoras; Uruguay no lo hizo. En consecuencia, cualquier radio de la República Argentina aumentó su potencia -otro tanto hicieron las emisoras brasileñas- y nuestra República, repito, no reclamó ese derecho. Estas son las razones por las cuales las emisoras vecinas nos han invadido y las nuestras se repliegan.

En algunos casos sí se logró ese aumento de potencia.

Posteriormente, señor Presidente -observen los señores legisladores qué mal se ejerce ese tipo de policía administrativa- la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, en manos del Ministerio de Defensa Nacional, no se ocupó de hacer cumplir esta orden. Nosotros tenemos que tratar que sean los técnicos los que defiendan la soberanía nacional en esta materia, como lo hicieron en su tiempo.

Esos son hechos ciertos, comprobados, tal como lo señaló el señor legislador Ricaldoni; pero las conclusiones a que arribamos son diametralmente opuestas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede continuar el señor legislador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: estaba señalando que si lo que queremos es un país real, el mismo -no solamente por ese camino- pasa por la afirmación de una serie de valores esenciales que tienen que ver con lo cultural, fundamentalmente. Creo que si los medios de comunicación se nos escapan de las manos, eso se hace con más facilidad cuando los mismos no llegan a donde deben. Eso es más fácil que conseguir, por medio de negociaciones comerciales, que una emisora o un canal de televisión -por citar ejemplos- sean adquiridos por intereses extranjeros. De esa manera, se nos está escapando de las manos la posibilidad de afirmar valores esenciales del país.

Repito, señor Presidente, que deseo un país real y no formal. No quiero un país que tenga teóricas fronteras políticas, dentro del cual una parte de él piense, actúe y se sensibilice con una mentalidad más o menos bonaerense y, la otra razone en términos más o menos riograndenses. Por supuesto que no tengo nada en contra de nuestros hermanos y pienso que hacen bien al reafirmar sus propios valores y defender sus intereses; pero pido para mi país, una réplica análoga a esa que estamos comprobando todos los días.

Hace unos momentos destacaba que éste es un problema que se puede enfocar desde adentro hacia afuera del país, porque nuestras emisoras no llegan -o lo hacen dificultosamente- fuera de fronteras. También remarco el hecho de que entran con gran facilidad a los receptores de radiotelevisión -especialmente en la zona de frontera e inclusive del centro del país- las emisiones de los países vecinos, no sólo de Argentina y Brasil, sino que, del Río Negro hacia el norte, también las paraguayas.

Entonces, ese es un tema que también nos debe preocupar.

Lo que señala el señor legislador Araújo es cierto, pero hay otras razones que ameritan un control absolutamente eficiente por parte de las autoridades nacionales, sobre la manera en que se administran esas concesiones que se obtiene. En más de una oportunidad, se me ha informado que no sólo es un problema -como señalaba el señor legislador Araújo- de potenciar que se pudieron haber aumentado en la negociación internacional -y en muchos casos es verdad que no se hizo- sino que también sucede otra cosa: que existe una potencia autorizada que, en la realidad, no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Algunas veces, por desinterés; otras, por bajar el costo de un insumo esencial como el de la energía eléctrica. Quien sepa algo de radiodifusión o de radiotelefonía, sabe que a mayor potencia de la planta emisora, mayor consumo de energía. Lo mismo sucede con un automóvil que, a mayor velocidad, consume más cantidad de combustible.

Y esto es muy grave, porque el Estado está dando concesiones en atención al rol particular que en lo social y en lo cultural, fundamentalmente, tiene un medio de comunicación. Tiene que haber un control eficaz en esa materia para afirmar esa nacionalidad que, de lo contrario, estaría seriamente amenazada. No es casualidad, señor Presidente, que en el tercer capítulo del programa de mi partido se sostenga la necesidad de afianzar la identidad nacional. Y yo digo que el mal uso de los medios de comunicación es una de las fórmulas que, sin duda, mejor conspira contra esa realidad nacional de un pequeño país en el que su volumen poblacional, porcentualmente, es cada vez sensiblemente más pequeño que el de sus vecinos.

Desde ese punto de vista, son muchas las amenazas que rodean al país, que no tienen que ver con la inestabilidad institucional ni con el comercio internacional, pero sí lo tienen, quizás, con un cáncer mucho más limitante y omiso como es el de la pérdida del control de nuestras decisiones nacionales, a través de una información que no llega, o a través de la difusión de una manera de ser y de pensar -no hablo de ideologías- en fin, de esas cosas menores de todos los días que se relacionan con el estilo de un país o de una región y que se nos escapan de las manos porque no podemos llegar eficientemente a la totalidad del territorio nacional. Eso sí, señor Presidente, tiene que ver con la soberanía; y no creo que sea necesario insistir más en ello: aquí no se trata de derramar fobias antinacionales a diestra y siniestra, por los cuatro puntos cardinales, sino simplemente de pretender -sencilla, pero también perseverantemente- ejercer la defensa de lo que considero son los valores esenciales del país, muy vinculados a una identidad nacional que, si se sigue comprometiendo por estos caminos, se llegaría a crear en el país la apariencia de un Estado, más allá de la realidad de su existencia.

SEÑOR JAURENA. - ¿Me permite una interrupción, señor legislador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR JAURENA. - Pido disculpas al señor legislador por volver a interrumpirlo, pero creo que los hechos demuestran que el Poder Ejecutivo no es eficaz en la defensa, en el campo internacional, de la soberanía nacional, en lo que tiene que ver con la potencia de las ondas radiales.

Integramos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene sede en Ginebra y depende de las Naciones Unidas. En mayo se realizó una reunión de este organismo en la ciudad de Duvrovnik, Yugoeslavia, a la que nuestro país no envió representación. Y aunque hubiera querido hacerlo algún tiempo después, no habría podido porque el Uruguay estaba atrasado en el pago de las cuotas correspondientes. Seguiría en esa situación, de no haberlas hecho efectivas justamente ANTEL, el organismo al que el Poder Legislativo quiso destinar esta área de la vida nacional.

Ello quiere decir, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo no es un buen defensor del interés nacional en este campo.

Gracias, señor legislador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Continúa el señor legislador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: las palabras finales del señor legislador Jaurena me llevan a enfocar otro ángulo de la cuestión que estamos considerando.

Radiocomunicaciones, dentro o fuera del Poder Ejecutivo, cumplirá o no sus funciones, entre otras razones, en virtud de los medios técnicos de que pueda disponer.

Esto es algo que es necesario decir muy claramente, porque este Poder Ejecutivo ha demostrado una extraordinaria capacidad de respuesta a todos los desafíos de la política internacional. Pero la actividad diplomática es una cosa; las relaciones internacionales, a veces ejercidas por los diplomáticos y, otras, por los sectores parlamentarios, son otra cosa. Y el control de los medios de radiodifusión, sin duda, tiene que ver con las relaciones internacionales, como así también todo aquello que contribuya a mantenerlas o a alterarlas. Sin embargo, esta actividad de la radiodifusión -entre otras cosas- además de la voluntad política, requiere medios.

Aunque soy radioaficionado, no me considero una autoridad para opinar sobre el tema, pero conozco las limitaciones de Telecomunicaciones, que se comprueban actualmente porque, a pesar de formar parte del Poder Ejecutivo, los fondos del Ente provienen básicamente de ANTEL. Entonces, tiene que haber sí -y la hay- una voluntad política; pero además deben existir medios para ejercerla. Hoy en día Telecomunicaciones no tiene, prácticamente, capacidad técnica, no por carencias de sus funcionarios -a muchos de los cuales conozco y sé la alta especialización que tienen- sino porque no cuentan con los medios técnicos para llevar adelante muchas de esas tareas de control o de policía administrativa a las que veníamos refiriéndonos hace unos minutos.

Por ese camino habrá que transitar, señor Presidente. No basta con enfrascarnos en una discusión sobre preferencias personales o partidarias, respecto a si Telecomunicaciones se queda en la Administración Central, en la órbita del Poder Ejecutivo, o se va para un Ente Autónomo, sea ANTEL u otro. Es necesario proporcionar al personal de Telecomunicaciones la infraestructura técnica de la que hoy, desgraciadamente, carece. Y esta no es una cosa pequeña, sino algo vinculado con el ángulo esencial de la cuestión. En estos momentos, no se puede controlar prácticamente ninguna radioemisión de todo el país, ya que los equipos están casi en desuso debido a que no han podido ser sustituidos. No existe posibilidad de controlar en forma eficiente esa potencia que les reclamamos a las radioemisoras, que la tienen autorizada y muchas veces no utilizan por las razones que acabo de explicar.

Otro tema fundamental es el de la modernización de algunos conceptos que se ejercen en esta materia, porque hay una serie de normas sobre las que no voy a entrar ahora, que son reglamentaciones para mí obsoletas que tienen mucho más que ver con la época de las radios a galena que con la época actual, que cuenta con una sofisticación abrumadora de los medios radioeléctricos, incluso dentro del país.

De modo que también el gran tema pasa por la infraestructura de Telecomunicaciones, así como también por otro aspecto, el de la carrera administrativa de sus funcionarios, al que me voy a referir a continuación.

Hace alrededor de 15 días recibí a un grupo de funcionarios de radiocomunicaciones; no sé si concurrieron a título personal o en representación de sus compañeros. Mantuve con ellos una conversación realmente interesante, a mi juicio, muy ilustrativa, en la que tratamos algunos de los puntos que acabo de mencionar, otros que voy a señalar a continuación y otros que quizá no sea hoy el momento adecuado para traerlos al seno de la Asamblea General.

Hago algo que resulta muy claro: este personal, en la situación actual, está sufriendo determinados perjuicios que este Parlamento -por supuesto que con la colaboración del Poder Ejecutivo- debe corregir a la mayor brevedad. Y en ese sentido creo interpretar, sin duda alguna, a todo mi partido representado en este Parlamento, cuando señalo que habrá que buscar medios que aseguren, a ese personal de radiocomunicaciones, no sólo su carrera administrativa a la que tienen todo el derecho del mundo, sino también una cantidad de beneficios que derivan del hecho de estar figurando en estos momentos en el Presupuesto de ANTEL, más allá de que estén asimilados al Ministerio de Defensa Nacional.

Quiero hacer hincapié en este problema, porque en la situación actual, parece existir una especie de valla ante las expectativas de ese personal. Creo que es fundamental que, de una vez por todas, comencemos a actuar, porque las soluciones no son en absoluto complicadas; lo único que adquieren es una voluntad política conjunta del Poder Ejecutivo y de este Parlamento.

No puede ser, reitero, que haya una especie de "techo", más allá del cual no tengan cabida las expectativas de ascenso de este personal en su carrera administrativa. Entonces, la controversia en este Parlamento -si es que de eso se trata- se centra en si estas competencias deben ser de resorte del Poder Ejecutivo o de un Ente Autónomo.

Admito que el punto es opinable y que en estos temas -y bueno sería que así no fuera- caben diversas posiciones.

No me preocupa -aunque he escuchado con mucha atención el punto de vista señalado precedentemente- que se sostenga que se defienden mejor todos estos valores esenciales, a los que me he referido anteriormente, a través de la transferencia de competencias de la Administración Central a ANTEL. Sin embargo, creo que es una actitud profundamente equivocada.

Señalo nuevamente que la única preocupación que en este momento me embarga con relación a este tema, es la que tiene que ver con el personal y con los medios de que dispone radiocomunicación. Creo -y lo reitero una vez más- que estos aspectos tenemos que tratarlos todos juntos, levantando la mira -y sé que todos lo estamos haciendo, porque este es un debate en que se están discutiendo por lo alto todas las cuestiones vinculadas con este gran tema- porque es por allí por donde debemos transitar.

Este es un problema esencial para el país. El tema no es la ubicación de la competencia por lo que en sí misma representa, sino por la relación que guarda con la eficiencia, con la inmediatez y con la protección de los intereses superiores del país.

Por lo tanto, señor Presidente, por algunas razones que no comparto y por otras a las que sí adhiero -y que creo he ampliado- anuncio mi voto favorable a la confirmación del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). - Tiene la palabra el señor legislador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: sé que todo el Cuerpo aspira a discursos breves, dado que existen otros muchos temas que a todos nos preocupan, por lo tanto, voy a tratar de contribuir en tal sentido.

Por otra parte, el brillante discurso del señor legislador Aguirre, hizo que muchos de los argumentos que íbamos a presentar en Sala, resulten innecesarios a esta altura del debate.

Sin embargo, en nombre del Frente Amplio, debemos hacer alguna reflexión sobre el tema.

Pienso que este veto debe haber sido el que más nos sorprendió, teniendo en cuenta que todos estábamos de acuerdo cuando votamos el proyecto de ley.

En la Cámara de Senadores fue aprobado por unanimidad de presentes y discutido largamente. No me voy a extender en la historia o en el proceso del mismo pero todos sabemos que así fue. Tan de acuerdo estábamos, que el día de su aprobación en el Senado, lo tratado fue muy breve: apenas un informe del Presidente de la Comisión de Educación y Cultura y los fundamentos de voto correspondientes, porque, reitero, estábamos totalmente de acuerdo. Y no sólo lo estábamos nosotros, los parlamentarios; había estado presente, en el seno de aquella Comisión el señor Subsecretario de Defensa Nacional, doctor Robaina Ansó, quien nos había dicho que no pretendía que esta Dirección de Telecomunicaciones quedara en manos de dicha Secretaría de Estado pero que le interesaba sí, que permaneciera en la órbita del Poder Ejecutivo, quizá en la del Ministerio de Educación y Cultura.

Por otra parte, consultamos a ANTEL y el Presidente de ese organismo, si bien a título personal, se expresa en términos, no similares a los del doctor Robaina Ansó, sino mucho más categóricos. A sus palabras, nos vamos a referir en forma particular, cuando mencionemos alguno de nuestros argumentos.

A pesar de que estábamos todos de acuerdo, sobrevino el veto del Poder Ejecutivo.

Creo que debemos recordar qué fue lo que pasó exactamente con la Dirección de Comunicaciones, durante todos estos años. Cuando las Fuerzas Armadas nos imponen la doctrina de Seguridad Nacional, cuando lo comandaban todo, hacen que Telecomunicaciones pase a ANTEL. Cuando nuestro pueblo logra por fin reconquistar la democracia, tratan de llevarse todo lo posible. Entonces, a través de un decreto-ley, se hace pasar a ANTEL al Ministerio de Defensa Nacional, con todo lo que ello ha significado. Todo esto forma parte de lo que ha sido el aparato de represión durante estos años, de la persecución a los medios de difusión, a la libertad de expresión, etcétera. Y aún más; como ya se ha dicho -y no vamos a reiterar en honor a la brevedad que prometimos- también es cierto que hemos perdido soberanía como consecuencia del pésimo trabajo realizado por Telecomunicaciones, dependiendo del Ministerio de Defensa Nacional. Hoy, desgraciadamente, otras emisoras radiales y canales de televisión invaden nuestro territorio a raíz de esa ineptitud, mostrada en todo instante o de esa falta de celo en defender nuestra soberanía, también en el espacio. Lamentablemente, así son las cosas. Y este veto del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que logra? ¿Pasar esta Dirección a la órbita del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura? No; directamente la deja en manos del Ministerio de Defensa Nacional.

Lamento tener que hacer esta referencia, pero me parece importante. Nadie ignora en nuestro país, porque muchos son los que lo dicen, que estamos virtualmente ante una inminencia de desacato por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Siento mucho decir esto, señor legislador Ricaldoni, y por su gesto sé que esto lo contraría. No es mi culpa, sino de este veto del Poder Ejecutivo.

Cuando se nos amenaza con desacatos, quitarle esto a ANTEL -organismo en el que están integrados y representados los tres partidos políticos más importantes del país- para devolvérselo al Ministerio de Defensas Nacional, que bien sabemos, por lo que se señala no las trae todas consigo, creo que es un absurdo.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a formular dos reflexiones con el fin de ayudar al señor legislador Araújo, para que no siga en esta línea de razonamiento.

Uno de los temas en los que ha hecho caudal en la Asamblea General, además de escucharlo con anterioridad, es el derivado de la circunstancia de que si los funcionarios de radiocomunicaciones forman parte del Ministerio de Defensa Nacional, están militarizados. Además, deseo recordarle a los estudiosos que existe un proyecto del Poder Ejecutivo que llega al Parlamento antes de que la Cámara de Representantes apruebe el del Senado -hoy vetado por el Poder Ejecutivo- en el cual, conforme a su artículo 8º -tengo en mi poder el repartido- se transfieren los cometidos de contralor de radiocomunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior. El artículo 8º dice lo siguiente: "Transfiérese el Programa 0.14, Asesoramiento en la Formulación de la Política, Coordinación y Control de los Servicios Radioeléctricos y de Televisión por Cable, del Inciso 0.3 Ministerio de Defensa Nacional, al Inciso 0.4 Ministerio del Interior, Programa Asesoramiento en la Formulación de la Política, Coordinación y Control de Actividades Radioeléctricas, cuya Unidad Ejecutora será la Dirección Nacional de Comunicaciones".

Si le prestáramos atención a ese proyecto del Poder Ejecutivo -que puede ser perfectible- se observará que en este punto en el que reiteradamente se hace caudal, como señalaba recientemente, se acoge una tesis que debería recibir el apoyo de todos.

En cuanto a la otra referencia del señor legislador Araújo, debo pedirle disculpas por el gesto, pues me pareció que se trataba de un tema que no tenía relación con el orden del día. Esto me hace acordar -lo digo amistosamente y con una sonrisa- a la anécdota de aquel personaje que razonaba de la siguiente manera. Tenía una mosca sobre un vidrio y al golpearlo, le ordenaba que saltara. La mosca saltaba. Luego, le arrancó una pata, volvía a dar la orden y la mosca saltaba nuevamente. Así sucesivamente, hasta que le quitó todas las patas. Vuelve a dar la orden y la mosca no saltaba. La conclusión que extrajo este investigador era que cuando se le sacaban todas las patas a la mosca, ésta quedaba sorda.

Este es el tipo de conclusión a la que se puede llegar en este momento, porque creo que lo expresado por el señor legislador Araújo escapa al tema que estamos considerando. Por lo tanto, entiendo que es preferible retornar a la cuestión central.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor legislador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: le agradezco al señor legislador Ricaldoni el aporte jocoso que formuló en forma amistosa y dado que él ha traído la imagen de la mosca, voy a tratar de aplicarla nuevamente.

A mi juicio, esta mosca se llama Doctrina de la Seguridad Nacional a la cual se le puso un montón de patas ortopédicas, artificiales, entre las que se puede citar, por ejemplo, el hecho de quedarse también con ANTEL y hacer de policía, aún en democracia. Entiendo que es necesario ir quitándole esas patas ortopédicas que se agregaron antes de llegar la democracia. De esta forma le devolveríamos a la democracia y al poder civil todo lo que a estos les pertenece y les corresponde.

No estoy reclamando que Telecomunicaciones pase a otra órbita que no sea la democrática de ANTEL, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país. Se trata de un organismo técnico que en su propia denominación establece cuáles son sus funciones.

Estoy seguro que a nadie le interesa que meneemos demasiado el tema. Por lo mismo, hagamos abstracción de él.

Vamos a recordar, eso sí, el momento en que la Dirección de Telecomunicaciones pasa a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.

Por allí nadie adujo la mayor o menor eficiencia del servicio que prestaba ANTEL; nadie habló de esto, por el contrario. En este sentido, entiendo que es bueno realizar algún aporte.

Hace un momento se habló de la falta de recursos, a pesar de los que hoy dispone la Dirección de Telecomunicaciones. Es cierto, absolutamente cierto, porque depende del Ministerio de Defensa Nacional. Los dineros de este Ministerio son destinados a cualquier otro fin, menos a la Dirección de Telecomunicaciones. En cambio, no hay más que observar lo que sucedió o preguntarle a cualquier funcionario, cuando se encontraban trabajando en ANTEL, se disponía de recursos. Reitero, que hoy la falta de recursos es total y absoluta.

Tengo en mi poder un documento reciente, que nos puede demostrar las condiciones en que trabaja esta Dirección Nacional de Comunicación. Se trata de una carta dirigida al señor Ministro de Defensa Nacional, que lleva la fecha del 27 de octubre de este año. Se podrá observar que es muy reciente. Observen, señores legisladores, cuál es la situación que actualmente se vive en esta Dirección. La carta dice lo siguiente: "Señor Ministro de Defensa Nacional: cúmpleme solicitar a usted, si lo estima pertinente, se gestione ante el Comando General del Ejército la posible colaboración con esta Dirección, a los efectos del uso del móvil con equipamiento apropiado con el fin de detección de interferencias en VHF y UHF. Motiva la presente la necesidad de llevar a cabo tareas de localización de interferencias, para lo cual la Dirección no está en condiciones, puesto que el receptor de UHF y el analizador de espectros se hayan fuera de servicio, en etapas de reparación, pero el tiempo que puede demandar excede la lógica expectativa de los afectados". Esta carta la firma el Coronel Luis Vázquez, de la Dirección Nacional de Comunicaciones.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este país es imposible que la Dirección Nacional de Comunicaciones controle las interferencias. ¿Qué significa? Que no dispone de equipos adecuados y si esto sucede, es porque no cuenta con recursos. El que los tiene y debe dárselos es el Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo éste destina esos dineros a otros fines y, entonces, ¿quién tiene, en este país, ese material? Lo tiene el Ministerio de Defensa Nacional para otros usos y no los emplea para detectar interferencias. Este es un hecho cierto.

Si por el contrario la Dirección Nacional de Comunicaciones se encontrase en la órbita de ANTEL, contaría con los recursos suficientes como para poder llevar adelante todo el trabajo porque dispondría de los equipos técnicos necesarios.

Se ha señalado que esta Dirección hoy no cuenta con una infraestructura propia, que lo poco que tiene y que heredó de ANTEL, viene de aquella etapa. El Ministerio de Defensa Nacional no le ha entregado nada ni nada adquiere en un campo que, desde el punto de vista técnico, mejora día a día. Sin embargo, Uruguay en ese terreno retrocede, también, día a día.

Los entendidos en la materia señalan que esta tarea exige un nivel técnico que sólo poseen los funcionarios de ANTEL, los hombres de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Sin embargo, no sólo están militarizados, si que han visto cortada su carrera administrativa porque cada vacante que se produce a ese nivel se llena, permanentemente, con personal militar y no civil técnico, para una labor que es, esencialmente, de ese tenor.

En Sala se ha hablado de lo que significa el tema de la radiodifusión y la soberanía nacional. Al respecto ya hemos hecho algún aporte y no vamos a reiterar conceptos. Simplemente mencionamos que si hoy Uruguay se ve invadido por emisoras radiales y de televisión extranjeras, ello se debe a que no se trabajó bien por parte de quienes debieron haber defendido nuestra soberanía en esos niveles.

Además, se habla de la policía administrativa. Uno tiene que pensar que ella debería comenzar por revisar o fiscalizar qué es lo que hace el propio Estado. El SODRE, que tiene tres emisoras radiales, no se escucha en el interior del país. Hay canales de televisión que no han sido puestos en marcha. El Estado tiene ondas cortas, que sólo deberían ser atendidas por el SODRE -la radiodifusión oficial- que ni siquiera están funcionando.

Se habla de defender la soberanía y esto está en manos del Ministerio de Defensa Nacional, pero las emisoras de onda corta del SODRE no emiten. Yo creo que ellas tendrían que estar todas -como los canales libres internacionales- en manos del Estado, del SODRE.

En Sala se ha señalado que no sólo no se ha defendido cada onda radial y el aumento de potencia necesario como para que nadie nos invada sino que, además, no todas las emisoras emplean la potencia autorizada o no todas han adquirido los equipos aptos que les permitan emitir con ella.

Entonces, si el país tiene que defender su soberanía, de la impresión que lo que habría que analizar es el costo de la energía que emplearían esas emisoras porque lo importante es que el Uruguay cubra ese espectro. El país tiene que abarcar todo su espacio y si el problema es de costos, habrá que estudiarlos.

Continuamente se escuchan quejas respecto a que la televisión extranjera invade nuestro territorio. Lo hace en dos formas: una, porque el propio país compra programas foráneos y otra, porque los canales extranjeros pueden ingresar libremente. Llamo la atención sobre el hecho de que éste no fue un problema planteado en la época de la dictadura, sino que venía de antes.

Nuestros canales de televisión no emiten durante la mayor parte del día y, como consecuencia, entran los extranjeros. Esta situación comenzó con aquellos famosos apagones que todos recordamos; fue necesario reducir los espacios de televisión para ahorrar energía. De paso, se presentó un buen negocio: menos personal y menos inversiones, aunque el país pierda soberanía. Fue así que las emisoras comenzaron sus trasmisiones en horas de la tarde y, como es natural, las de Argentina y Brasil, que lo hacen durante todo el día, comenzaron a cubrir nuestro espacio. Pero la realidad es que nosotros estamos admitiendo esa pérdida.

¿Cómo se arregla este problema, señor Presidente? ¿Manteniendo a la Dirección de Telecomunicaciones bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional que, precisamente, ha tolerado y promovido este tipo de cosas o, por el contrario, se arregla con una buena legislación en lo que hace a radiocomunicaciones y con una puesta al día en tecnificación que sólo ANTEL puede llevar a cabo?

Además, si lo que preocupa es el consumo de energía, también se puede legislar en esa materia; lo puede hacer el propio Ente.

A continuación me voy a referir a una de las cláusulas de la carta remitida a la Comisión de Educación y Cultura del Senado por el Presidente de ANTEL, profesor Gilberto Acosta Arteta. En determinado momento dice que, teniendo ANTEL una Gerencia Técnica de Relaciones Internacionales, no se justifica mantener abiertos los canales de contacto con el exterior. La imagen del Uruguay quedó muchas veces comprometida por esta causa.

Como vemos, esto lo reconoce, incluso, el propio Presidente de ANTEL.

Más adelante expresa: "Con respecto al proyecto de ley preparado por la Comisión de vuestra digna Presidencia, me permito plantear la posibilidad de los siguientes agregados y/o modificaciones. 1) Modificar el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.235, dando a ANTEL la condición de Ente Autónomo". Esto perfectamente podría ser. Si el Poder Ejecutivo lo que quiere es mantener el contralor, esta propuesta del Presidente de ANTEL podría ser una buena iniciativa. Lo que de ninguna manera corresponde, es que este tema quede dentro de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.

Se ha manifestado, también, que no hay dinero para mejorar los medios técnicos. Al respecto, hay que revisar la historia de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. En el único momento que contó con recursos fue cuando estuvo bajo la égida de ANTEL.

Prometimos ser breves, señor Presidente. Habría muchos argumentos más para agregar en favor del levantamiento de este veto. Es necesario hacerlo porque no podemos dar un paso atrás, no podemos dejar vigente este vestigio de la doctrina de la seguridad nacional, sino que tenemos que mejorar desde el punto de vista técnico y, salvaguardar nuestra soberanía. Si esta Asamblea General acepta el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, ello sería un retroceso para el país.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador Daverede.

SEÑOR DAVEREDE. - Voy a hacer una breve exposición al solo efecto de exponer la posición de la Unión Cívica sobre el tema.

Cuando el punto se trató en la Cámara de Representantes, la bancada del Partido Colorado solicitó el pase del proyecto en consideración nuevamente a Comisión, para que ésta pudiera estudiar también el que había enviado el Poder Ejecutivo.

En aquel momento expresamos que ese pedido debía acompañarse hasta por una razón de cortesía parlamentaria. Además, no votamos el proyecto porque sobre el particular tenemos una convicción muy acabada. Creemos que la solución que propicia el Poder Ejecutivo y que completa todo el cuadro en lo que tiene que ver con la materia, da la solución que, a nuestro juicio, es la más adecuada, o sea, el traslado o traspaso del servicio al Ministerio del Interior.

Entendemos, señor Presidente, que este servicio no debe salir del marco del Poder Ejecutivo, que es el que tiene las debidas competencias para actuar en la materia.

Hace unos instantes se hizo mención al problema técnico dándole una relevancia exagerada a ANTEL, diciendo que fuera de su esfera, el servicio descaece. No es así, señor Presidente, porque el problema técnico radica en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, cualquiera sea el lugar donde ésta se encuentre. De manera que este argumento no tiene la importancia que se le quiere dar.

Coincido con el señor senador Aguirre en su opinión respecto al texto con las observaciones enviado por el Poder Ejecutivo porque, evidentemente, no es feliz al realizar las objeciones de inconstitucionalidad.

Como conclusión reitero que vamos a votar por el mantenimiento del veto con el fin de que este tema se trate nuevamente reconsiderándose el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Ministerio del Interior tenga competencia en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor legislador Lorenzo Rovira.

SEÑOR LORENZO ROVIRA. - Señor Presidente: nosotros vamos a ser realmente breves tratando de sintetizar la exposición que pensábamos hacer, en virtud de que ya se han expresado muchos argumentos que íbamos a formular.

Las razones jurídicas e institucionales que se han barajado, han sido analizadas, desmenuzadas y yo diría que hasta vapuleadas por el señor senador Aguirre.

Sin embargo queremos subrayar que entendemos que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones es una entelequia y que la razón del veto del Poder Ejecutivo es su interés por todos los elementos que componen, aún inorgánicamente, dicha Dirección para el control de los medios de comunicación. No se puede pretender que cumpla la alta misión que le fue encomendada, cuando debe ser el único organismo que no figura en el Presupuesto ni en la fallida Rendición de Cuentas.

Asimismo, nadie puede discutir que se trata de un organismo técnico y, sin embargo, no cuenta con ningún ingeniero. El único que desempeñaba tareas allí, fue dado de baja por el jerarca de turno por conversar fuera de su oficina.

Este organismo del que se ha hablado tanto, produciendo una sensación de ampulosidad, no tiene nada más que ochenta funcionarios, de los cuales 15 son porteros. Si hacemos un análisis advertiremos que por lo menos se necesitan quinientos. Quiere decir que tiene carencias de todo tipo, porque tampoco posee oficinas de pago y la cobranza la realiza ANTEL. Tampoco cuenta con certificadores médicos.

Ese organismo del que hemos hablado tanto debe realizar una tarea muy importante en el contralor de las trasmisiones de todo el espectro de la radiocomunicación; a pesar de que individualmente todos sus elementos son muy trascendentes, su funcionamiento no es armónico.

Cuando se argumenta que debe haber un contralor por parte del Estado -función sumamente delicada- por ser éste el directamente responsable de la comunicación del país ante la comunidad internacional, nosotros preguntamos si ANTEL está fuera del Estado. En este organismo están representadas las tres fuerzas de mayor peso político de la República. Y yo digo si está obviado el riesgo de que quede fuera de la órbita del Estado.

Asimismo deseamos referirnos a la situación en que se encuentran los funcionarios sometidos a un sistema casi militar, donde han habido situaciones de violencia, aunque parece que en la actualidad la misma ha decrecido un poco. Entendemos, también, que no tenemos el derecho de truncar la carrera de los funcionarios de esta Dirección, algunos de los cuales cuentan con muchos años de trabajo muy eficiente superando, con gran esfuerzo, las carencias de material para la realización de su labor.

El señor legislador Ricaldoni hacía hincapié en las obligaciones internacionales, punto sobre el cual nosotros tenemos profundas discrepancias. En este aspecto debemos señalar que no ha habido ningún intento de integración internacional. A este respecto quisiera tomar unos minutos para desarrollar el punto porque entiendo que es muy importante que el Cuerpo tome conocimiento de esta temática.

Nuestro compañero de bancada el señor legislador Jaurena ya había adelantado algo al respecto. Nos referimos a la reunión realizada en Yugoeslavia por el Comité Consultivo Internacional de Radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Debemos señalar que con este motivo nuestra Cancillería recibió una nota de la Embajada de Estados Unidos, que deseo que el Cuerpo la conozca. Dice así: "La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus más atentos saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y tiene el honor de informarle que los Estados Unidos de América han decidido presentar la candidatura del señor Richard Kirby para su reelección como Director del Comité Consultivo Internacional de Radio (CCIR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la elección a ser realizada en la XIV Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 12 al 23 de mayo de 1986.

El gobierno de los Estados Unidos considera que la CCIR es una institución clave que merece la continuidad de la dirección que brinda al señor Kirby. Bajo su dirección, el CCIR ha promovido el desarrollo y elaboración de recomendaciones técnicas que han fortalecido la red mundial de comunicaciones por radio, especialmente en el área de las comunicaciones por satélite. Las deliberaciones y el trabajo técnico del CCIR han resultado beneficiosos para todos los miembros de la UIT.

Los Estados Unidos conceden especial valor al trabajo del CCIR y son un participante activo en las actividades de su grupo de estudio. Creemos que el CCIR, en su calidad de foro reconocido para asuntos internacionales referentes a comunicaciones por radio, continuará desempeñando un papel fundamental en cuanto a promover el mejoramiento y usos racionales del espectro de radio frecuencias y de la órbita geoestacionaria de satélites. A este respecto, el Gobierno de los Estados Unidos considera que la candidatura del señor Kirby para reelección es de especial importancia. La capacitación profesional y logros del señor Kirby se adjuntan a la presente nota.

Al informar al Ministerio de lo que antecede la Embajada de los Estados Unidos de América solicita que el Gobierno de Uruguay apoye la reelección del señor Kirby como Director del CCIR.

La Embajada de los Estados Unidos de América se vale de esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos de América. Montevideo, 29 de enero de 1986".

En esos momentos, también se recibe una nota sobre el mismo tema -y es obvia la importancia que todos los países asignan a los medios de comunicación- de la Embajada de Francia que dice: "Recibióse nota misión permanente de Francia comunicando la decisión de su gobierno de presentar la candidatura del ingeniero Marcel Thue para Director del Comité Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones (CCIR) en las elecciones de la Asamblea Plenaria del mes de mayo".

Nuestra Cancillería recibe luego un memorándum de la Dirección Zona III -señalo que no estoy acusando al señor Ministro de Relaciones Exteriores pues estoy seguro que él no sabe nada al respecto- de la que ni siquiera conocemos el jefe. Se trata del memorándum Nº 121/986 y fíjense los señores legisladores con que "objetividad" se informa. Dice así: "En el día de la fecha visitó esta Dirección Zonal el señor Richard Eason, funcionario del Departamento Económico de la Embajada de EE.UU. en Montevideo. La finalidad de la visita del diplomático norteamericano era presentar el "Aide Memoire" anexo a la presente solicitando el apoyo a la Candidatura del Sr. Richard Kirby de EE.UU. para su reelección como Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones. Cabe señalar que el ‘Aide Memoire’ ‘recuerda’ la presentación del Sr. Kirby lo que indicaría la existencia de algún planteamiento anterior, que no está registrado en esta Dirección Zonal. Esta Dirección informa que además de existir con EE.UU. cordiales relaciones, ese país se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de la República. Estados Unidos nos ha brindado asistencia financiera por un monto de U$S 14:355.000 en el corriente año y se espera un monto similar para 1987. Se destaca también que en el mes de junio de este año el Señor Presidente de la República realizará una visita oficial a los EE.UU. donde se buscará obtener, entre otras cosas, asistencia para diferentes sectores de nuestra industria, autorización para que PLUNA establezca líneas regulares a EE.UU., etc. El señor Eason también nos expresó el interés de su Gobierno en conocer la nómina de la Delegación Uruguaya a la Reunión del Comité. Con lo informado, pase a la Dirección de Organismos Internacionales, con la sugerencia de que al tomarse la decisión acerca del apoyo de referencia, se tengan en cuenta los antecedentes que hemos señalado".

Adviertan los señores legisladores lo obsecuente de este funcionario, no exento de sentido común, que resuelve trasladar esa sugerencia, así como la de la Embajada de Francia, a ANTEL. Entiendo que ese es el servicio encargado de recepcionar esa inquietud. El trámite seguido en el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a este asunto dice: "Pase a ANTEL a efectos de que tenga a bien comunicar a este Ministerio su posición respecto de la solicitud de la Embajada de los Estados Unidos de América, así como de la candidatura presentada por el gobierno francés que luce a fojas 10". Al pie luce la firma del señor Mateo Marques Seré.

A su vez, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, manifiesta: "Previo acuse recibo por Secretaría pase a la Dirección Nacional de Comunicaciones por corresponder". Como es lógico, va al Ministerio de Defensa Nacional. Allí, el señor Subdirector Nacional de Comunicaciones, con un gran poder de síntesis, dicta la siguiente resolución: "Archívese", como si estuviera diciendo, por ejemplo, "guarde arresto".

Se archivó todo el expediente por lo que nuestro país, tan interesado en las "obligaciones internacionales", no concurrió, no se integró y no participó en esa importante conferencia. No en vano Estados Unidos pretende continuar con la Secretaría de ese organismo; no se trata de una mera afición a tener Secretarías en todo el mundo.

Señor Presidente: tendríamos mucho más para manifestar, pero algunos compañeros nos hacen señas de intranquilidad porque tienen pendientes reuniones políticas de gran trascendencia. Simplemente queríamos señalar estos aspectos y deseamos tener más adelante oportunidad de desarrollar este tema y buscar soluciones al difícil problema de los trabajadores contemplados en el artículo 9º de este proyecto vetado. Consideramos que el Parlamento debe encontrar una fórmula adecuada porque creemos que existe voluntad política para resolver una situación que es en verdad lamentable.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos, corresponde pasar a la votación. Se ruega a los señores legisladores tomar asiento a efectos de controlar el voto con más facilidad.

La Mesa recuerda a los señores legisladores que, siguiendo la práctica habitual, el voto afirmativo es por el mantenimiento del proyecto de ley y el negativo por el mantenimiento del veto.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR AGUIRRE. - Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO. - Afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO. - Negativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Negativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Afirmativa.

SEÑOR JUDE. - Negativa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Afirmativa.

SEÑOR MEDEROS. - Afirmativa.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Negativa.

SEÑOR PEREYRA. - Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Negativa.

SEÑOR SENATORE. - Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Afirmativa.

SEÑOR ZORRILLA. - Negativa.

SEÑORA BOMIO DE BRUN. - Negativa.

SEÑOR CARRERE SAPRIZA. - Negativa.

SEÑOR GUNTIN. - Negativa.

SEÑOR RONDAN. - Negativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Negativa.

SEÑOR CROCE. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Negativa.

SEÑOR ALVAREZ. - Afirmativa.

SEÑOR AMARO. - Negativa.

SEÑOR AMEN PISANI. - Negativa.

SEÑOR ARREDONDO. - Negativa.

SEÑOR ASIAIN. - Negativa.

SEÑOR BARON. - Afirmativa.

SEÑOR BARRIOS ANZA. - Afirmativa.

SEÑOR BARRIOS TASSANO. - Negativa.

SEÑOR BONILLA. - Afirmativa.

SEÑOR BRUM. - Negativa.

SEÑOR CAPECHE (Dn. Cayetano). - Negativa.

SEÑOR CAPUTI. - Afirmativa.

SEÑOR CASSINA. - Afirmativa.

SEÑOR CATALDI. - Negativa.

SEÑOR CERCHIARO SAN JUAN. - Negativa.

SEÑOR CIGANDA. - Afirmativa.

SEÑOR CONDE MONTES DE OCA. - Negativa.

SEÑOR CORTAZZO. - Negativa.

SEÑOR DA ROSA VIÑOLES. - Negativa.

SEÑOR DAVEREDE. - Negativa.

SEÑOR FORTEZA. - Negativa.

SEÑOR GARCIA (Dn. Alem). - Afirmativa.

SEÑOR GARCIA RIJO. - Negativa.

SEÑOR GESTIDO. - Negativa.

SEÑOR GRANUCCI. - Negativa.

SEÑOR GUADALUPE. - Afirmativa.

SEÑOR GUERRERO. - Negativa.

SEÑOR HEBER. - Afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Negativa.

SEÑOR ISI. - Negativa.

SEÑOR JAURENA. - Afirmativa.

SEÑOR LAMAS. - Negativa.

SEÑOR LAUSAROT. - Negativa.

SEÑOR LENZI. - Negativa.

SEÑOR LORENZO ROVIRA. - Afirmativa.

SEÑOR MACHIÑENA. - Afirmativa.

SEÑOR MAGURNO. - Negativa.

SEÑOR MELO SANTA MARINA. - Afirmativa.

SEÑOR MILLOR. - Negativa.

SEÑOR NEGRO. - Afirmativa.

SEÑOR PASQUET IRIBARNE. - Negativa.

SEÑOR PEREIRA PABEN. - Negativa.

SEÑOR PINTOS PEREIRA. - Negativa.

SEÑOR PITTALUGA. - Afirmativa.

SEÑOR PRIETO. - Afirmativa.

SEÑOR RIJO. - Negativa.

SEÑOR RIOS (Dn. Gilberto). - Afirmativa.

SEÑOR RIOS (Dn. Héctor Lorenzo). - Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ LABRUNA. - Afirmativa.

SEÑOR ROCHA IMAZ. - Afirmativa.

SEÑOR ROSSI PASINA. - Negativa.

SEÑOR SICA BLANCO. - Afirmativa.

SEÑOR SOTO. - Negativa.

SEÑOR STIRLING. - Negativa.

SEÑOR VIERA. - Negativa.

SEÑOR BENTANCUR. - Negativa.

SEÑOR DIAZ BURCI. - Negativa.

SEÑOR GAIONE. - Negativa.

SEÑOR MANZI. - Negativa.

SEÑOR AGUIRRE (Dn. Rolando). - Negativa.

SEÑOR BRUNO. - Afirmativa.

SEÑOR CORREA. - Afirmativa.

SEÑOR MAESTRE DIAZ. - Afirmativa.

SEÑOR Mc ALISTER. - Afirmativa.

SEÑOR MUÑOZ. - Afirmativa.

SEÑOR NION. - Negativa.

SEÑOR OTTONELLI. - Afirmativa.

SEÑOR PARADISO. - Negativa.

SEÑOR SERE. - Afirmativa.

SEÑOR LONG. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proclámese el resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Félix B. El Helou). - Han sufragado 93 señores legisladores. Lo han hecho por la negativa 54 y por la afirmativa 39.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quedan aprobadas las observaciones cursadas por el Poder Ejecutivo.

5) PROYECTO DE LEY SOBRE SISTEMA DE APORTACION DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES RURALES A LA DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 137 de la Constitución de la República, por el que observa parcialmente el proyecto de ley sancionado el 5 de noviembre de 1986, referente al sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social. (Carp. Nº 32)".

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Solicito que este asunto pase a las Comisiones de Previsión Social de la Cámara de Representantes y la de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para que informen al respecto de manera que la Asamblea General se pronuncie oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que ese es el procedimiento de práctica si no existe el nombramiento de una Comisión Especial. De cualquier manera, vamos a votar la moción formulada por el señor legislador Tourné.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-93 en 93. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) SE LEVANTA LA SESION.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21 y 36 minutos)

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Dr. Héctor S. Clavijo Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.