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Nº 149 - TOMO 302 - 15 DE OCTUBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

58ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

y el DOCTOR LUIS A. LACALLE HERRERA 2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL PROSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN LLAMAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3, 9 y 15) Asuntos entrados

4) Exposiciones escritas

- La presenta el señor senador Lacalle Herrera, relacionada con la posibilidad de instalar una Oficina de Identificación Civil en la ciudad de Carmelo, para ser enviada al Ministerio del Interior.
- La presenta el señor senador Gargano, relacionada con la situación de la Educación Primaria en el departamento de Canelones, para ser enviada al CODICEN y al Consejo de Educación Primaria.

5 y 7) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Batlle, del 15 de octubre al 15 de diciembre.
- Concedida.
- La formula el señor senador Gargano por 31 días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Martínez Moreno por 31 días.
- Concedida.

6 y 8) Integración del Cuerpo

- Encontrándose en antesala la suplente del señor senador Batlle, señora Bomio de Brun, se le invita a pasar a Sala, y habiendo ya prestado el juramento de estilo, se la declara incorporada al Cuerpo.
- Los señores Ricardo Brum y Coronel (R) Juan O. Bové, suplentes del señor senador Martínez Moreno, comunican que por esta vez no aceptan desempeñar el cargo de senador, por lo que continuará ocupando la banca el señor senador Alonso.

10) Combustibles. Fijación de su precio

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Economía y Finanzas y a ANCAP

11) Situación de la Educación en el departamento de Canelones

- Exposición del señor senador Gargano.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al CODICEN y a los Consejos de Educación Primaria y Secundaria.

12) Trigo. Disminución del área sembrada

- Exposición del señor senador Pereyra.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

13) Rectificación de trámite

- De acuerdo a lo solicitado por el señor senador Cersósimo, el proyecto de ley de Defensa del Consumidor y del Usuario pasa a la Comisión de Industria y Energía.

14, 16 y 18) Seguridad Social. Normas sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales

- En discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Operación Unitas XXVII. Autorización para hacer escala en Montevideo a tres unidades de la Armada de los Estados Unidos de América. Modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Urgencia

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 13 de octubre de 1986.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria mañana miércoles 15, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 642/86 - Rep. Nº 135/86. Anexo I)

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones legales referidas a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 350/85 - Rep. Nº 91/86)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se propicia la ratificación del Convenio Nº 19 sobre "Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas".

(Carp. Nº 455/86 - Rep. Nº 95/86)

4º) Por el que se modifica el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.330, de 4 de octubre de 1982, incluyendo en el mismo la posibilidad de compra de mercaderías decomisadas por parte de organismos del Estado.

(Carp. Nº 383/85 - Rep. Nº 101/86)

5º) Por el que se otorga asistencia y franquicias fiscales y se establecen normas para la promoción del libro.

(Carp. Nº 495/86 - Rep. Nº 124/86)

6º) Por el que se establece que las Juntas Locales a que hace referencia el artículo 287 de la Constitución de la República, serán designadas dentro de los sesenta días de instalados los Intendentes Municipales de cada departamento.

(Carp. Nº 504/86 - Rep. Nº 127/86)

7º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al Grado de Comandante Mayor a los señores Comandantes (CP) don Walter Delgado y don Walter Sorrenti.

(Carp. Nº 568/86 - Rep. Nº 136/86)

8º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para exonerar de sus cargos a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública, tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Artículo 5º del Reglamento).

(Carp. Nº 385/85 - Rep. Nº 122/86 - Plazo constitucional vence 30 de octubre de 1986)

(Carp. Nº 573/86 - Rep. Nº 123/86 - Plazo constitucional vence 28 de octubre de 1986)

(Carp. Nº 577/86 - Rep. Nº 129/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986)

(Carp. Nº 355/86 - Rep. Nº 130/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986)

(Carp. Nº 310/85 - Rep. Nº 131/86 - Plazo constitucional vence 4 de noviembre de 1986)

(Carp. Nº 578/86 - Rep. Nº 134/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986)

(Carp. Nº 581/86 - Rep. Nº 133/86 - Plazo constitucional vence 4 de noviembre de 1986)

(Carp. Nº 378/85 - Rep. Nº 138/86 - Plazo constitucional vence 10 de noviembre de 1986)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Berro, Bomio de Brun, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Batalla, Batlle, Ferreira, Martínez Moreno, Ortiz; y con aviso el señor senador Paz Aguirre.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 15 minutos)

– Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 15 de octubre de 1986.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se adhiere a la Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, firmada el 23 de junio de 1979, en Bonn, República Federal de Alemania.

(Carp. Nº 656/86)

– A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo, por los que da cuenta de haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

Por la que se incrementan los créditos presupuestales de funcionamiento y de inversiones de los Incisos 02 al 26 del Presupuesto Nacional en un 17 % a partir del 1º de setiembre de 1986.

Por la que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre orden de entrega a favor de la Suprema Corte de Justicia por la suma de N$ 85.600.00 a fin de atender la deuda que mantiene por el arriendo del local que ocupa el Juzgado de Paz de la 10ª Sección Judicial del departamento de Florida.

Por la que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir orden de entrega a favor de la Oficina Nacional del Servicio Civil a efectos de atender el equipamiento necesario para iniciar las audiencias de la Comisión Especial creada por la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

– Ténganse presentes.

Por el que se aprueba el Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras y Plan Anual de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para el Ejercicio 1986.

Por el que se fija el presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones del Banco Hipotecario del Uruguay para el Ejercicio 1986.

– Repártanse.

La Presidencia de la Asamblea General remite notas del Tribunal de Cuentas de la República, por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

de la Universidad de la República, relacionados con la compra de artículos de papelería, pinturería y accesorios eléctricos.

de la Administración Nacional de Puertos, relacionados con las Licitaciones Públicas Nos. 2012 y 2010.

del ex Ministerio de Justicia, por falta de crédito presupuestal.

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relativo a la contratación del ingeniero Julio Abella para supervisar proyectos de firmas consultoras en las rutas 6 y 11.

del Ministerio de Educación y Cultura, relativos a certificación de varias deudas y al pago de horas a choferes de ese organismo por el mes de junio de 1986.

del Banco de Seguros del Estado, por falta de disponibilidad en los rubros respectivos.

de la Suprema Corte de Justicia, relativo a la contratación directa para la limpieza de los locales sitos en 25 de Mayo Nº 521 y 523.

de la Dirección General de la Seguridad Social, referentes a liquidaciones de complementarias de sueldos correspondientes a los meses de enero a junio de 1986.

del Ministerio de Defensa Nacional, relativos a la certificación de deudas que mantiene el mencionado organismo.

– A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda, respectivamente.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solicita venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

(Carp. Nº 368/86)

– A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por el señor senador Hugo Batalla, relacionada con una aparente intoxicación presentada por escolares que asisten al comedor infantil de la Escuela Nº 191 de La Paz, departamento de Canelones.

– A disposición del señor senador Hugo Batalla.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo del pedido de informes presentado por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionado con la venta por parte de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, de nafta supercarburante al precio de N$ 10.75 el litro.

– A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

La Corte Electoral remite nota por la que da cuenta de las transferencias efectuadas entre los proyectos del Programa 010, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

–Repártase.

El Congreso Nacional de Intendentes Municipales pone en conocimiento la resolución aprobada, relacionada con la recomendación a todas las Intendencias del país para que inicien el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley Nº 14.264, de 9 de setiembre de 1974.

–Téngase presente.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se desafecta del dominio del Estado –Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)– parte del inmueble padrón número 9887, sito en la Intendencia Municipal de dicho departamento y, asimismo, se desafecta del dominio de la Intendencia Municipal de Tacuarembó, afectándose a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) parte del inmueble padrón Nº 4071 sito en la 1ra. Sección Judicial del citado departamento.

(Carp. Nº 657/86)

– A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se crea una Comisión Nacional Honoraria para la Reforma del Código del Proceso Penal.

–Repártase.

La Junta Departamental de Soriano remite nota relacionada con los estudios de profesorado en los Institutos de Formación Docente.

La Junta Departamental de Salto remite notas relacionadas con el tema de los derechos humanos.

–Ténganse presentes.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota relacionada con el proyecto de ley forestal.

La Junta Departamental de Treinta y Tres envía nota referente a la venta indiscriminada de tierras a extranjeros en zonas fronterizas.

(Carp. Nº 235/85)

– Ténganse presentes y agréguense a sus antecedentes."

4) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento, el envío de una exposición escrita al Ministerio del Interior, relacionada con la posibilidad de instalar una Oficina de Identificación Civil en la ciudad de Carmelo."

– Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

(Se vota:)

– 17 en 18. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"EXPOSICION ESCRITA

Al Ministerio del Interior

Vecinos de la ciudad de Carmelo nos hacen llegar una inquietud que entendemos, no sólo justa, sino además de imprescindible urgencia en lo que se refiere al aporte de la solución por parte del Ministerio del Interior.

Ocurre que en la ciudad de Carmelo no hay oficina de Identificación Civil para expedir y renovar la cédula de identidad, por lo que para realizar el trámite hay que concurrir a Colonia. Esto genera para los habitantes de Carmelo una situación muy difícil por cuanto en Colonia sólo se expiden 20 números por día, a partir de las 12 horas, para realizar el trámite. Por lo tanto, un vecino de Carmelo puede salir de mañana hacia Colonia, llegar a la oficina respectiva, hacer la espera y encontrarse que al agotarse los 20 números, si no llegó su turno, tiene que retornar a Carmelo sin ser atendida, y volver al otro día para repetir la cruzada con la misma incertidumbre.

El planteo se complementa con el agregado de que, ciudades de menor cantidad de habitantes que Carmelo, como por ejemplo Dolores y Cardona, cuentan con los beneficios de la oficina.

Se solicita, en consecuencia, la instalación de una oficina de Identificación Civil para expedición y renovación de la cédula de identidad en la ciudad de Carmelo.

Montevideo, 14 de octubre de 1986.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador"

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de otra exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Reinaldo Gargano, solicita, de acuerdo con lo establecido por el artículo 166 del Reglamento, el envío de una exposición escrita al CODICEN y al Consejo de Educación Primaria, relacionado con la situación de la Educación Primaria en el departamento de Canelones."

– Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

EXPOSICION ESCRITA

SITUACION DE LA EDUCACION PRIMARIA EN EL DPTO. DE CANELONES"

El presente trabajo, ha sido elaborado en base a un relevamiento efectuado por los maestros nucleados en la filial Canelones de la Asociación de Maestros del Uruguay. Dicho relevamiento, cuyas principales conclusiones integran un memorándum que nos fuera entregado recientemente, resume la situación de la Educación Primaria que se imparte en las zonas de Aeropuerto, La Paz, Las Piedras, Balnearios Este y Oeste, Sauce, Pando, Canelones y Santa Lucía. La vastedad del área relevada, permite, con absoluta tranquilidad, hacer extensivas sus conclusiones a todo el Departamento.

1.– En materia de locales, las carencias son múltiples: en general, los locales carecen de la funcionalidad necesaria, su estado de conservación es regular o malo, su capacidad resulta crecientemente insuficiente. En este sentido, son varios los casos de clases que se imparten en ámbitos destinados a comedores, galpones, pasillos, etc.

Existen escuelas en total estado de abandono, como es el caso de la Escuela Nº 99 de Villa Alegría, Progreso, cuyos cursos inferiores fueran recientemente clausurados por el mal estado de sus servicios higiénicos. Ya es un lugar común, la solicitud de nuevos locales, especialmente en aquellos lugares donde la población escolar sigue en aumento. Un ejemplo de ello, es la Escuela Nº 101, de la ciudad de Canelones, con 6tos. años de más de 50 alumnos (esta Escuela, y la Nº 102, reclaman para uso escolar la casahabitación destinada a la Inspectora Departamental, ubicada dentro del edificio escolar).

2. – En cuanto a mobiliario y materiales, los mismos resultan insuficientes. El mobiliario es, además, muchas veces inadecuado: faltan bancos, mesa, bibliotecas, e incluso sillas y escritorios para los docentes. Hay niños que tienen que permanecer todo el horario escolar sentados en bancos sin respaldo, con las consecuencias imaginables

El material didáctico más costoso (equipos sonoros, proyectores, grabadores, etc.), es prácticamente inexistente, y si lo hay, ello se debe al aporte económico de las Comisiones de Fomento.

3. – En materia de Educación Especial, pocas escuelas cuentan con clases jardineras, en tanto que en los barrios la atención preescolar es prácticamente nula.

La atención del discapacitado intelectual, a su vez, es notoriamente pobre, y el servicio que se presta es lento y engorroso.

Pocas escuelas cuentan con clases diferenciales para niños con problemas de aprendizaje, y donde existen, se dan largas listas de espera, absolutamente atentatorias contra los derechos que asisten a los niños que deben aguardar cupo. Por otra parte, estas clases diferenciales generalmente son atendidas por maestros que carecen de la capacitación específica.

4. – La Educación de Adultos, adolece también de importantes defectos: quienes la imparten –maestros o directores– carecen de todo tipo de especialización, y son objetables los criterios pedagógicos sobre los cuales están organizados. Por otra parte, problemas de horario y dificultades de desplazamiento hacen que los cursos sean prácticamente inaccesibles para los interesados.

5. – En lo que respecta a alimentación y sanidad, la escasez de recursos determina que los mismos sean altamente insuficientes, cuando no, inexistentes, como es el caso de los servicios de salud. Como es sabido, en el rubro "alimentación" sólo se cuenta con escasos N$ 10.00 por alumno, lo que hace impensable el aporte de dietas balanceadas y suficientes.

6 .– Las Comisiones de Fomento escolares, verdadero sostén del funcionamiento cotidiano de las escuelas, cumplen un rol de carácter meramente económico –sin duda importante– pero, por diversas circunstancias, no constituyen factores de verdadera integración de los padres al proceso educativo de sus hijos.

7. – En cuanto a la situación de los maestros, la misma completa un cuadro nada alentador, por cuanto ya es un lugar común el decir que los maestros y docentes del país están pobremente remunerados. Sin embargo, esto no es todo lo que afecta al maestro, ni tal vez sea lo más importante: a juzgar por sus propias expresiones, los maestros también son ignorados en cuanto a su función docente, habiendo perdido gran parte de su función protagónica en la elaboración de planes pedagógicos.

La presente exposición no estaría completa, ni reflejaría cabalmente el sentido que la anima, si en ella no incluyéramos, siquiera en forma parcial, los múltiples reclamos que, en cada uno de los numerales arriba citados, hacen los maestros canarios:

1. – Locales: Se exige la inmediata adecuación y refaccionamiento de los locales en mal estado, así como la construcción de nuevos edificios, descongestionando los existentes y desechando aquellos locales alquilados que no reúnen las condiciones necesarias.

2. – Mobiliario y materiales: Se reclama la adquisición y pronta distribución del mobiliario adecuado, en cantidad suficiente como para cubrir las necesidades constatadas. Lo mismo en cuanto al material didáctico.

3. – Educación Especial: Se entiende necesario crear nuevos Jardines de Infantes y clases Jardineras, capaces de suplir la actual insuficiencia. También se reclama la creación de Clases de Recuperación Psíquica y Pedagógica, atendidas por maestros especializados.

4. – Educación de Adultos: De igual manera, se reclama la creación de Centros de Educación de Adultos, atendidos por maestros especializados y con programas, métodos y textos basados en las reales necesidades e intereses del adulto y primordialmente destinados a su integración al medio en que vive.

5. – Alimentación y salud: Es necesario contratar personal y presupuestar el existente; es necesario equipar cocinas y comedores; se requiere mayor cantidad de rubros para el menú escolar; debe hacerse la atención y control médico de los alumnos en la propia escuela; es necesario que la Educación Física esté a cargo de profesores de la CNEF.

6 y 7. – Comisiones de Fomento y situación del Docente: Se reclama la revisión del reglamento que rige las Comisiones, así como su elección democrática. Los maestros exigen sueldos decorosos y jerarquización de su función, así como perfeccionamiento permanente.

Reinaldo Gargano. Senador."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Jorge Batlle solicita licencia a partir del 15 de octubre al 15 de diciembre del corriente año.

– Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de octubre de 1986.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique E. Tarigo.

Por la presente solicito licencia a partir del 15 de octubre al 15 de diciembre del corriente año, por haber sido designado por el Poder Ejecutivo para integrar la delegación a las Naciones Unidas como Presidente Alterno de la misma.

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

Jorge Batlle. Senador."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. – Estando en Antesala la señora Ercilia Bomio de Brun, suplente del señor senador Batlle, y habiendo ya prestado el juramento de estilo, se le invita a incorporarse al Cuerpo.

(Entra a Sala la señora senadora Bomio de Brun)

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Reinaldo Gargano solicita licencia por treinta y un días."

– Léase.

(Se lee:)

Montevideo, 15 de octubre de 1986.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo.
Presente.

De mi mayor consideración:

Con motivo de tener que ausentarme del país, invitado por las autoridades nacionales de la República de Cuba, solicito a Ud. tenga a bien someter a la consideración del Cuerpo mi pedido de licencia por 31 días, a contar a partir del día 22 de los corrientes.

Asimismo, solicito sea citado el suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy Atte.

Reinaldo Gargano. Senador."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada, otorgándole a la invitación invocada el carácter de misión oficial.

(Se vota:)

– 17 en 20. Afirmativa.

– Dése cuenta de otra solicitud de prórroga de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Enrique Martínez Moreno solicita prórroga de licencia por treinta y un días."

– Léase.

(Se lee:)

"Nueva York, 15 de octubre de 1986.

Señor Presidente del Senado de la República
Dr. Enrique E. Tarigo

De mi consideración:

Por la presente mi dirijo a Ud. a los efectos de solicitar prórroga de la licencia oportunamente concedida por el término de 31 (treinta y un) días, dado que estoy integrando la delegación uruguaya que asiste a la deliberación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin otro particular, le saluda atte.

Enrique Martínez Moreno. Senador."

– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de prórroga de licencia formulada por el señor senador Martínez Moreno.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará al suplente respectivo.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de un desistimiento ante la convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

"El señor Ricardo Brum, suplente del señor senador Enrique Martínez Moreno, comunica que por esta vez no acepta ocupar la banca."

Léase.

(Se lee:)

Montevideo, 15 de octubre de 1986.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo

De mi consideración; ante la convocatoria que me ha sido formulada para cubrir la licencia solicitada por el señor senador Enrique Martínez Moreno, comunico a Ud. que por esta vez no puedo aceptar la misma.

Sin otro particular saludo a Ud. atte.

Ricardo Brum. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. – Se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otro desistimiento.

(Se da del siguiente:)

El Coronel (R) Juan C. Bové, suplente del señor senador Enrique Martínez Moreno, comunica que por esta vez no acepta ocupar la banca.

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 15 de octubre de 1986.

Señor Presidente del Senado de la República
Dr. Enrique Tarigo

De mi consideración:

Ante la convocatoria que me ha sido formulada para cubrir la licencia solicitada por el señor senador Enrique Martínez Moreno comunico a Ud. que por esta vez no puedo aceptar la misma.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Cnel. (R) Juan C. Bové."

SEÑOR PRESIDENTE. – Teniendo en cuenta los desistimientos a que se ha dado lectura, corresponde que durante el período de prórroga de la licencia del señor senador Martínez Moreno, continúe ocupando su banca el señor senador Alonso.

9) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de un asunto entrado llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"A pedido del sector, mientras dure la licencia del señor senador Batlle, el señor senador Fá Robaina pasa a integrar la Comisión de Hacienda, el señor senador Singer la de Agricultura y Pesca y la señora senadora Bomio de Brun las de Industria y Energía y Educación y Cultura."

– Tómese conocimiento.

10) COMBUSTIBLES. Fijación de su precio.

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra en la hora previa, para la que están anotados los señores senadores Lacalle Herrera, Tourné, Gargano y Pereyra.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: no extrañará al Senado que el que habla vuelva a ocuparse del tema de los combustibles, de su precio y de la tributación a que están sometidos de acuerdo con el régimen vigente.

Recientemente, la población se encontró con la noticia de que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland había vendido –licitación mediante– una importante partida de nafta supercarburante a un precio que hacía soñar a los automovilistas con tiempos pretéritos y mejores, porque el precio fue de N$ 10,75 el litro, es decir, prácticamente la décima parte de los nuevos pesos 103 que paga el consumidor en nuestro país.

Toda esta operación –de la que oportunamente recibiremos una explicación por parte de ANCAP, ya que hemos tramitado un pedido de informes– ha de servir de apoyo una vez más a la severa crítica que debemos hacer, tanto a la política de combustibles del Poder Ejecutivo como al sistema impositivo vigente.

Obviamente, comprendemos el estupor y el fastidio de quienes deben pagar el gasoil a N$ 58 y la falta a nuevos pesos 103 el litro. No debemos olvidar que cada vez que los productores o transportistas pagan N$ 58 por el litro de gasoil, abonan N$ 20 por concepto de IMESI y de los N$ 103 que pagan por litro de nafta supercarburante, N$ 52 corresponden a ese impuesto.

En el caso de la nafta supercarburante, es notorio que en el precio implica más el impuesto –que está establecido en una tasa del 102 %– que el propio producto.

Este tema ha sido objeto de varias jornadas parlamentarias y ha tenido mucha publicidad. Pero el precio de N$ 10,75 ha puesto nuevamente a la gente en pie de guerra. El público comienza a preguntarse si no está siendo sometido a una burla.

¿Qué fundamentos tiene un sistema tributario que lleva el precio de los combustibles a esos niveles, cuando en esta operación –que tendrá su justificación que, por supuesto, la oiremos, aunque desde el punto de vista de las relaciones públicas no ha sido del todo acertada– nos encontramos con la venta a N$ 10,75 del mismo combustible que vale N$ 103?

Tenemos una opinión acerca de la imposibilidad jurídica que tuvo ANCAP de buscar otra solución para ese combustible. El público se pregunta por qué no se aprovechó ese excedente de combustible, vendiéndolo a un precio menor y aumentando el consumo. Eso –como se diría vulgarmente– "está en la tapa del libro". Pero lo que sucede es que ANCAP y el país están prisioneros del sistema tributario del IMESI a los combustibles, que es diabólico y que convierte al Estado voluntaria o involuntariamente, en socio de un precio muy elevado, porque cuanto más alto es éste, mayor es la recaudación.

Además, sin lugar a dudas, es esa la razón fiscal que ha hecho que se pensara en algún tipo de retoque en el precio de los combustibles. Pero de ese tema nos ocuparemos en otra oportunidad.

Hoy queremos insistir en el hecho de que este acontecimiento da renovado vigor al planteo legislativo que hemos formulado y que en este momento está radicado en la Comisión de Hacienda del Senado.

¿En qué consiste este proyecto de ley? Sustituye el IMESI a los combustibles –que se calcula como una alícuota, como un porcentaje sobre el precio de venta y que, por ende, convierte al fisco en socio de mayor precio, porque por el porcentaje obtiene mayor recaudación– por un tributo aplicado a la persona jurídica ANCAP, con el mismo guarismo de recaudación que tuvo en 1985 y con un sistema perfectamente establecido para su adecuación a valores constantes.

¿Qué efectos tendría el proyecto de ley de que hablábamos, de ser aprobado por el Parlamento?

En primer lugar, permitiría que el fisco recibiera de esa empresa de todos que es ANCAP, la misma contribución. El señor Ministro Zerbino, por su parte, estaría tranquilo en el sentido de que la contribución a las arcas fiscales no se vería menguada en absoluto. Pero ANCAP, al no tener gravada cada enajenación de cada litro de combustible que se expende en los miles de surtidores del país –sino su actividad– podría tener una política de precios independiente y podría adecuarlos al mercado. Integrando parte del impuesto, pero "a piacere", porque sabe que tiene que cumplir con una cantidad fija, podría tener una política de combustibles que, en este caso, le hubiera permitido decir: ‘Tengo excedentes de nafta super; bajo el precio de la totalidad de ese tipo de nafta y la liquido". De esa manera se libera de ese combustible que, como en este caso, fue vendido fuera del país. Sé que este razonamiento no es fácil de comprender y puede no compartirse.

Sin embargo, mucho más difícil es compartir que el precio que se publica en los diarios sea de N$ 10,75 para una empresa que vende fuera del país, mientras que a un oriental que la va a echar en el surtidor le cueste nuevos pesos 103.

A través de nuestra propuesta, hacemos hincapié y levantamos una vez más la voz de protesta del consumidor por este sistema que es inicuo, regresivo y que se ha convertido en una rémora para que la producción y el comercio de nuestro país salga adelante.

Los precios bajos del petróleo se mantienen estables y nuestro país se perdió la oportunidad –y lo sigue haciendo– de utilizar esta baja como detonador de su desarrollo.

Vamos a insistir entonces en la consideración de nuestro proyecto y continuaremos reclamando una revisión –por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de ANCAP– de esta política que no le hace bien al país y menos aun al gobierno.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se envíe al Ministerio de Economía y Finanzas y a ANCAP.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 17 en 19 Afirmativa.

11) SITUACION DE LA EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE CANELONES

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: en el día de hoy queremos referirnos al tema de la Enseñanza en el departamento de Canelones y, principalmente, a la situación que viven quienes imparten docencia en dicho departamento, sustancialmente similar a la de docentes y maestros de todo el país.

En cierto sentido, estas palabras serán complementarias de la exposición escrita que, con destino al CODICEN y al Consejo de Educación Primaria, presentáramos al Cuerpo, específicamente relacionada con la situación de la Educación Primaria en el departamento de Canelones.

La referida exposición recoge lo medular de las conclusiones derivadas de un minucioso trabajo de relevamiento efectuado por los maestros canarios agrupados en ADEMU, el cual abarcó buena parte del departamento –más concretamente– las zonas de Aeropuerto, La Paz, Las Piedras, Balnearios Este y Oeste, Sauce, Pando, Canelones y Santa Lucía. Sintéticamente, se plantea: faltan locales, y los existentes son disfuncionales, de capacidad insuficiente y padecen variado grado de deterioro; faltan bancos-mesa, bibliotecas y aún sillas y escritorios para maestros; casi no hay materiales didácticos y los existentes han sido aportados por las Comisiones de Fomento; la Educación Especial es insuficiente y está a cargo de maestros no especializados; etcétera.

Nosotros, que confiamos en la idoneidad de los maestros que efectuaron el relevamiento, compartimos plenamente lo medular de sus conclusiones. Es más: creemos que las mismas, con pocas variantes, pueden extenderse no sólo al resto del departamento de Canelones, sino a todo el territorio nacional. En efecto, en cada una de las visitas frecuentes que hacemos al interior del país, conversamos con maestros, padres de alumnos e integrantes de Comisiones de Fomento, y los planteos y reclamos que recogemos suelen ser un calco de los que hoy efectúan los maestros canarios.

En materia presupuestal, los maestros de Canelones nos hicieron conocer una serie de reivindicaciones, oportunamente canalizadas por nosotros. De ellas, recogemos aquí principalmente las referidas al aumento del rubro destinado a la Enseñanza, así como las partidas correspondientes a la Salud y a sus propias remuneraciones.

De más está decir que, como legislador, nos sentimos profundamente responsables de esta situación pues está en nuestras manos –y en las del Poder Ejecutivo– apuntar a solucionar esta situación, que se resume en ese extendido reclamo de más y más rubros para cada una de las ramas de la Enseñanza.

En lo que respecta a Educación Secundaria, la situación no difiere demasiado. En ocasión de una reciente visita que efectuáramos al Instituto "Tomás Berreta" de la capital canaria, recibimos de manos de sus docentes un memorándum que así lo establece.

En materia de locales, los actuales son insuficientes, reclamándose nuevos liceos en Las Piedras, Pando, Progreso y Suárez.

Permanentemente faltan vidrios, los que deben ser repuestos por las Apal o por los propios alumnos; es enorme la carencia de libros; no hay rubros para arreglo de puertas y ventanas; no hay calefacción prácticamente en ningún salón de clase; faltan gimnasios, y en los que existen, las instalaciones de agua caliente no funcionan.

A título de ejemplo, digamos que el Coro del Liceo de Canelones –uno de los más importantes del país– debe solventar sus giras mediante rifas.

Los docentes reclaman salarios adecuados, el pago en fecha de los mismos, así como también que el Estado se haga cargo en su totalidad de la cuota médica.

A ello se agrega el alto costo de la locomoción en el departamento, que incide en sus ya reducidos ingresos. Esto ameritaría una solución de parte de las autoridades, del tipo de un "pase libre para docentes".

Por otra parte, los funcionarios administrativos y de servicio no tienen descuentos en el abono.

La situación del Centro Educacional visitado, en plena capital departamental, no escapa a la situación reseñada para todo el departamento.

Por estas razones, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al CODICEN y al Consejo Desconcentrado de Educación Primaria y Secundaria.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 16 en 18 Afirmativa.

12) TRIGO. Disminución del área sembrada.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. – Señor Presidente: hace unos cuantos años que el país viene presenciando la disminución constante del área de trigo que se cultiva para atender las necesidades nacionales, no digo ya para la exportación, porque es sabido que no tenemos poder competitivo en ese ámbito.

En una reunión realizada hace pocos meses en la ciudad de Mercedes y a la que concurrimos, tuvimos la oportunidad de recibir una serie de informaciones, muy bien presentadas y estudiadas por técnicos en la materia, sobre diversos aspectos del cultivo del trigo. Pero entre los datos que realmente nos impactaron –más allá de los referidos a variedades, rendimiento, mano de obra ocupada, etcétera– se encuentra el hecho de conocer que de más de 10.000 productores de trigo que había en una época, quedan tan sólo 1 400 y que en los últimos tiempos desaparecieron alrededor de 600 por año.

Esto, naturalmente, debe preocupar a todos los hombres públicos.

Tiempo después, en una reunión de la Federación Rural, realizada en la ciudad de Trinidad, los productores trigueros que habían hecho sus planteos al Poder Ejecutivo, recibieron una pequeña compensación, ya que hablan demostrado que el precio no alcanzaba a cubrir los costos de producción. Desde entonces, y pese al desaliento –porque la solución no sólo era transitoria, sino de escasa cuantía– los productores, o al menos una gran parte de ellos, volvieron a plantar este importante cereal.

En el día de ayer nos encontramos en los pasillos del Senado con un grupo de productores de las zonas próximas a la localidad de Young que, como se sabe, cultivan las tierras más fértiles del país. Se mostraban profundamente preocupados, puesto que el cultivo de trigo actualmente está siendo atacado por hongos que lo están destruyendo y se han encontrado con la desagradable sorpresa de que no hay en el país los productos adecuados para combatir esta plaga; es necesario importarlos. Por lo tanto, será difícil que la importación, aun cuando se efectúe rápidamente, pueda llegar a tiempo.

Sin embargo, han hecho el planteo correspondiente ante el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Posteriormente, se presentaron ante algunos miembros de la Comisión respectiva del Senado, entre quienes me encuentro, para reiterar sus reclamos.

El problema no es fácil pero creo que, frente a la magnitud del mismo y a las consecuencias que pueda tener en cuanto al gasto de divisas que va a significar la destrucción de una parte importante del cultivo de trigo, así como su incidencia en el consumo popular, tengo la esperanza de que el Ministerio tome las medidas necesarias para que por alguna vía urgente se introduzcan rápidamente al país los productos químicos imprescindibles para que estos productores puedan salvar sus cultivos.

Me parece que este es un problema de gran interés nacional. Por lo tanto, realizo esta exposición para que su versión taquigráfica sea cursada en forma urgente posible al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a efectos de que, de ser posible, se adopte alguna medida de emergencia que lo solucione.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra al orden del día.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, en ausencia momentánea de su Presidente, solicito que se rectifique el trámite dado al proyecto de ley de defensa del consumidor y del usuario (Carp. Nº 363/85), remitiéndosele a la Comisión de Industria y Energía.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la rectificación de trámite solicitada.

(Se vota:)

– 17 en 18. Afirmativa.

14) SEGURIDAD SOCIAL. Normas sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social. (Carp. Nº 642/86. Rep. Nº 135/86 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 57ª S.O.)

– En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CERSOSIMO. – Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Este artículo reincide en el vicio que hemos observado, sobre todo en las leyes de Presupuesto de comenzar su parte dispositiva con el anuncio de que el tema a que se refiere la ley se regirá "conforme al régimen de la presente ley". ¿Por cuál otra se va a regir? Este tipo de disposiciones carece de todo sentido; por lo tanto, mociono para que se suprima.

Voy a citar un ejemplo aclaratorio. Sería como si el Código Civil empezara diciendo que las relaciones de familia, las sucesiones, el derecho de propiedad, el derecho de las obligaciones y de los contratos se rigen por las disposiciones de este Código. Naturalmente que siempre será así, aunque el Código no lo diga en forma expresa ya que todas sus disposiciones se refieren a esas cuestiones jurídicas. Aquí sucede algo parecido, pues carece de todo sentido que se diga que los empresarios, contratistas y trabajadores del sector agropecuario, realizarán las contribuciones a la seguridad social conforme al régimen de la presente ley. Las contribuciones a la seguridad social las deben realizar en función de las leyes que están vigentes y que modifican por ésta.

Entiendo que lo que corresponde es pasar directamente a la parte dispositiva, como sucede en toda ley tributaria. El texto de las leyes tiene que ser breve; no deben incluirse disposiciones innecesarias y superabundantes. Por lo tanto, mociono para que se suprima este artículo inútil.

SEÑOR PRESIDENTE. – De cualquier modo, corresponde votar en primer término el artículo tal como fue propuesto por la Comisión, salvo que el señor miembro informante acepte la modificación sugerida.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BERRO. – El artículo 1º es tan innecesario como inocuo. En estricta Técnica Jurídica corresponde su supresión. No la había planteado en la esperanza de que el proyecto se aprobara sin modificaciones a efectos que no volviera a la Cámara de Representantes.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Comparto los conceptos que acaba de expresar el señor senador Aguirre. Pero, además, quiero formular una pregunta que más bien es una curiosidad. ¿Por qué algunos artículos de este proyecto tienen nomen iure" y otros no? ¿Algunos son mejores que otros o merecen una distinción? Por ejemplo, este no la tiene. ¿Hay alguna razón que lo justifique o simplemente se trata de una omisión?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Berro.

SEÑOR BERRO. – Teóricamente, no correspondería que la tuviera ninguno; de lo contrario, deberían tenerla todos. A mi manera de ver, carece de explicación. Lo que sucede es que el texto que está en discusión es el que fue aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa entiende que existe consenso para suprimir el artículo 1º.

Si no hay observaciones, se va a votar el artículo 1º tal como fue propuesto por la Comisión.

(Se vota:)

– 0 en 28. Negativa.

En consideración el artículo 2º que pasa a ser 1º.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BERRO. – Si bien desde el punto de vista técnico podría objetarse la redacción de este artículo, la misma tiene la virtud de ser clara en lo que quiere decir. Su alcance se entiende perfectamente y no da lugar a errores de interpretación. Repito que aunque su redacción podría mejorarse sensiblemente, puede aprobarse tal como está.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – En definitiva, este proyecto se transformará en una ley sobre materia tributaria porque las contribuciones a la seguridad social son eso, tributos, y están reguladas por el Código correspondiente y asimiladas a las contribuciones especiales por el artículo 13 de dicho Código. De modo que lo lógico sería que este proyecto tuviera la estructura de las normas impositivas, es decir que comenzara por definir el hecho gravado y luego se enunciaran los sujetos pasivos, los contribuyentes, la base de cálculo del tributo y sus alícuotas. En este caso se hace al revés; se empieza por los sujetos pasivos. De todos modos, no voy a solicitar que se invierta el orden de los artículos.

Hecha esta precisión, quiero señalar que en este artículo 2º, en el afán de hacerlo omnicomprensivo, de no dejar nada afuera, se cae en una serie de reiteraciones y, en mi concepto, en alguna inclusión que puede generar problemas en la práctica. De acuerdo con el artículo 17 del Código Tributario pueden ser contribuyentes, esto es, sujetos pasivos "strictus sensus", quienes no son personas jurídicas, según una elaboración doctrinaria que ha hecho camino en el Derecho Tributario, tanto en el Comparado como en nuestro propio Derecho Positivo y que necesidades prácticas de esta disciplina han hecho imposible eludir. Pero ello nos puede llevar a una enumeración de tal amplitud, que termine por ser reiterativa. Obsérvese que se mencionan "las personas físicas o jurídicas", luego las "sociedades civiles" que a veces pueden tener personería jurídica pero que en algunos casos no la tienen –por ese lado podrían incluirse y, luego, a las "comerciales de cualquier naturaleza". Las sociedades comerciales necesariamente son personas jurídicas. Entonces, ¿para qué se las menciona? Después se cita a las "sucesiones o condominios", lo cual está bien porque en el Derecho Tributario muchas veces ellos son sujetos pasivos.

Más adelante se pasa a otro aspecto en la definición del sujeto pasivo, que es su vinculación con el predio, con la propiedad o fundo donde se desarrolla la tarea o actividad agropecuaria. Allí se quiere comprender cualquier tipo de vinculación jurídica y se dice: "sea propiedad, arrendamiento, medianería aparcería, pastoreo, comodato", con lo cual –tal como señalaba anteriormente el señor senador Cersósimo– se entra en una cierta incongruencia desde el punto de vista del Derecho Rural –disciplina en la cual me confieso bastante ignorante– ya que tengo entendido que entre la medianería y la aparcería existe una relación de género a especie. De modo que una de las dos figuras estaría de más. Pero lo que me preocupa es que el artículo termina diciendo "o en cualquier otra situación jurídica", lo que se explicaría por el afán de que se hubiera omitido alguna figura jurídica, y, además, "o de hecho". Yo pienso en este último sentido, que las situaciones de hecho son lícitas o ilícitas. Si son lícitas o bien son una manifestación del dominio, o bien de sus formas, esto es un desmembramiento del dominio, o son algunas de las figuras contractuales en función de las cuales se puede tener derecho a ocupar y explotar un predio para realizar una actividad agropecuaria.

Pero, cuando la situación es de hecho no son lícitas no tienen forma jurídica, no tienen sustracto jurídico, y entonces, son ilícitas. Por lo tanto no pueden estar previstas en la ley como una forma de generar el hecho por el cual se debe tributar.

No sé si he logrado explicar mi posición. Creo que las situaciones de hecho no pueden estar comprendidas porque, o bien encuadran en una figura jurídica o son situaciones ilícitas.

Era lo que quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. – Continúa en consideración el artículo 2º, que pasa a ser 1º.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: vuelvo a decir que comparto, también, las observaciones del señor senador Aguirre. La medianería, como él decía muy bien, es una especie dentro del género aparcería. Es como si se dijera que están comprendidos los arrendamientos de casahabitación y los arrendamientos. El de casahabitación es una especie dentro del género arrendamiento. Medianería es una especie dentro del género aparcería.

Puede ser el tercio. . .

SEÑOR GARCIA COSTA. – No apoyado.

SEÑOR CERSOSIMO. – ¡No apoyado! Deseo fervorosamente, humildemente, que el señor senador García Costa me explique la diferencia que hay entre la medianería es decir, el repartir los frutos, el 50% a cada parte, por eso se llama medianería, del contrato que legisla el Código Rural o, sea la aparcería. Porque, el de aparcería, es el que comprende las distintas especies de ese tipo de contratación. Es decir, puede ser, por ejemplo, medianería o el tercio de los frutos para un aparcero tomador, etcétera, y por lo tanto, hay realmente una repetición innecesaria o un elemento que está de más en el inciso, por cuanto el término aparcería comprende todo.

Vuelvo a decir que, en mi concepto –y espero la aclaración del señor senador García Costa para rectificarme, en su caso– aparcería comprende todo. Digo, además que es como si el proyecto dijera contratos de arrendamientos de casahabitación, contratos de arrendamientos, o arrendamientos de casahabitación y arrendamientos. El de casahabitación estaría comprendido en la acepción de contrato de arrendamiento, o sea los casos generales de este tipo de tenencia. Y acá es lo mismo. Por lo menos, lo que tenía entendido hasta hace dos minutos, en que me dicen que no.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Señor Presidente: el texto es evidentemente impreciso pero tiene su fuente en el artículo 3º de la Ley Nº 13.705, que repite casi textualmente. No sé si hay una diferencia de comas.

El autor del proyecto simplemente copió un artículo de una ley anterior que estuvo vigente con todas las imperfecciones que ahora se imputan a éste.

Esa es la fuente y la explicación.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – En primer lugar, señor Presidente, quiero dejar sentado que, a pesar de que pueda parecer redundante o equívoco el texto del artículo 1º. entiendo que tiene un sentido y una razón.

El sucesivo dictado de leyes diversas ha venido afectando al sector rural en cuanto a su tributación por distintos mecanismos, formas o medios.

Por ejemplo, el sector rural contribuye a la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la ley de 1950, de creación del Fondo Rural y de la Caja Rural. Luego, se incorporaron otras disposiciones que, de alguna manera, lo gravaron con una finalidad distinta o similar.

Además, también nos encontramos ante este hecho: que se discute si el seguro en materia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales es o no un seguro social, si se rige por las vías comunes y normales de cualquier tipo de seguros como los que toma a su cargo el Banco de Seguros del Estado y tiene una tributación particular, específica y propia.

Cuando el artículo 1º determina que de ahora en adelante todas las contribuciones en materia de seguridad social. . .

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa llama la atención al señor senador. . .

SEÑOR TOURNE. – Sé que estoy refiriéndome al artículo 1º, pero enseguida me voy a ocupar del 2º.

SEÑOR PRESIDENTE. – Lo que sucede es que el artículo 1º se votó en forma negativa. ¿El señor senador desea solicitar su reconsideración.

SEÑOR TOURNE. – Fue eliminado del proyecto, señor Presidente, pero oportunamente voy a pedir la reconsideración. En realidad, estoy fundando las razones para ello.

SEÑOR PRESIDENTE. – Reglamentariamente, la reconsideración se pide y luego de votada favorablemente, se hacen las argumentaciones correspondientes.

SEÑOR TOURNE. – No tenía la intención de interrumpir la consideración del artículo 2º, pero si la Mesa entiende que debo proceder de otra manera, solicito ahora la reconsideración del artículo 1º.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 1º.

(Se vota:)

– 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión el artículo 1º.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. – Con respecto a este artículo entiendo que podrán hacerse las modificaciones necesarias de acuerdo con la exacta observación que ha formulado el señor senador Aguirre, pero no eliminarlo. Por el contrario creo que hay que mantenerlo porque en él se establecen la unidad contributiva de todos los que están comprendidos en la condición de empresarios, contratistas y trabajadores del sector agropecuario. Esa unidad contributiva se rige por las normas que figuran a continuación. Se podrá decir "conforme al régimen de la presente ley" o "conforme a las normas que siguen"; pero lo importante es que en este artículo hay un enunciado que significa la unidad contributiva en materia de seguridad social para el medio rural, para el futuro. Eso que puede parecer superfluo, no lo es tanto porque sirve para establecer la clara voluntad legislativa en cuanto a que no haya ningún otro tipo de contribución, vinculado a la seguridad social, fuera de los que se establecen en el contexto de este proyecto de ley.

En consecuencia, señor Presidente, de ninguna manera podrá sobrevivir –aunque no se realice una derogación expresa– ningún tipo de tributo o de contribución vinculado al sector rural fuera de lo que se estipula en el texto a estudio.

Estas son las razones que me llevan a considerar que esta norma que puede parecer ociosa no lo es tanto, en virtud de un mandato concreto y terminante de la ley, o sea, el de establecer la unidad contributiva del sector rural.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: como yo fui quien propuso la supresión del artículo me considero obligado a volver a fundar mi posición.

Declaro con todo respeto por la opinión de mi amigo el señor senador Tourné, que no me han convencido sus razones, porque si esta ley viene a establecer un régimen de unidad contributiva, como se dice, quedarán derogadas las leyes que establecían un régimen de dispersión contributiva, valga la expresión. Si alguna duda cabe lo que corresponde es, al final de la ley, decir: "‘Deróganse las leyes tales y cuales o los artículos tales y cuales de la leyes A y B". Eso es lo que generalmente se hace y es lo correcto. No empezar diciendo que el tema a que se refiere la ley se rige por la propia ley, lo cual es una redundancia sin sentido.

Además, señalo que este proyecto de ley no establece un régimen de unidad contributiva, porque hay muchos tributos, tasas e impuestos que están fuera de él. Este proyecto aspira a establecer un régimen de unidad en materia de contribuciones de seguridad social y nada más que eso.

Además, es un punto con el cual algunos no estamos de acuerdo, porque creemos que esto está muy para los aportes de seguridad social patronal "strictus sensus", y nada más. Así que se está partiendo de una premisa que va a estar en discusión a medida que avancemos en la consideración particular del proyecto.

En todo caso, si eso es lo que se quiere expresar, hay que decir: "Establécese un régimen de unidad contributiva en materia de aportes de seguridad social para los empresarios, contratistas y trabajadores del sector agropecuario". Punto. Y no decir nada de la presente ley, porque eso es completamente redundante. Y reitero creo que el artículo es por completo superfluo.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Comparto las expresiones del señor senador Aguirre, y, además, digo que la disposición respecto a las derogaciones está prevista en el artículo 30 del proyecto, donde se hacen derogaciones expresas y, asimismo, se reitera un principio –que también es redundante– por el que "queda derogado todo lo que se oponga a la presente ley".

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Fuera de las razones que acabo de expresar, creo que el Senado debe tener en cuenta, muy particularmente, que este proyecto de ley estuvo signado, a nivel de su análisis en Comisión, por el propósito de no entorpecer su tramitación y que llegara al pleno del Senado ratificándose una voluntad concorde de todos los partidos políticos y del Poder Ejecutivo, para que este proyecto fuera aprobado. Esto sucedió al punto de que no se establecieron correcciones, incluso entendiendo que muchas de ellas podrían ser útiles para el perfeccionamiento de la disposición legal.

Pero yo no creo que este artículo 1º sea ocioso.

Por otra parte, también pienso que debemos tener una adecuación, una forma de convivencia con la Cámara de Representantes. Entiendo que, salvo en las circunstancias realmente premiosas en que existan errores en el texto de la ley, no debemos entrar –y esta es una apreciación personal que no tienen por qué compartir los demás señores senadores– muchas veces en que es claro su sentido, a establecer correcciones que puedan ser perfeccionistas del texto pero que, en definitiva, nos llevan a algo que sucedió el año pasado y que nosotros veíamos corno una actitud no útil en las relaciones entre ambas Cámaras. Y es que comenzaba a generarse un proceso de enfrentamiento entre un Cuerpo y otro, verificándose correcciones que si bien podrían tener sentido, repito, en cierta manera eran consideradas como perfeccionistas o como una manera de enmendarle la plana a la otra Cámara.

Estas razones me llevan a expresar que, no existiendo error del texto sino meramente una razón de perfeccionamiento del mismo, prefiero mantener la norma tal como viene de la otra Cámara, a efectos de evitar que se perturben las relaciones entre ambas ramas legislativas. Esta es una razón que no puede dejar de considerarse cuando estamos tratando de aprobar un texto que viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 1º.

(Se vota:)

– 5 en 26. Negativa.

SEÑOR TOURNE. – Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

– 10 en 26. Negativa.

En consideración, el artículo 2º, que pasa a ser 1º.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: para concretar el pensamiento que expresé anteriormente, propongo que se suprima la palabra "comerciales", porque son personas jurídicas; y la referencia a "las situaciones de hecho", porque si no tienen "sustractum" jurídico, no pueden estar reguladas por el Derecho.

Quiero decir también, para satisfacción del señor senador Cersósimo, que se me acaba de alcanzar un Código Rural, anotado nada menos que por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Nelson Nicoliello, quien, como se sabe, fue el distinguido magistrado que puso en funcionamiento el primer Juzgado de lo Laboral, y es un notorio especialista en esta materia.

Dice, el doctor Nicoliello, al hablar de este problema de las medianerías y de la aparcería: "Nuestros hombres de campo suelen hablar de "medianería". La medianería, juntamente con la aparcería, aparecen mencionadas en el artículo 3º de la Ley Nº 14.495, del 29 de diciembre de 1975, como dos contratos diferentes. En realidad uno es el género –la aparcería– y el otro la especie –la medianería– la diferencia consiste en que, en el primero, puede establecerse una proporción cualquiera de los frutos para el dador del campo –o los medios de trabajo rural– y, en el segundo, los beneficios se reparten por mitades".

Quiere decir que el distinguido jurisconsulto que hoy integra la Suprema Corte de Justicia, da toda la razón a la observación que formulé el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. – Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: en la noche de ayer nosotros escuchamos, en reiteradas ocasiones, la afirmación de que este proyecto de ley coincidía con el del Poder Ejecutivo. Entiendo naturalmente, que eso se refería a los términos generales del mismo y no a algunas expresiones que fueron sustituidas.

Pero en este artículo 2º –estoy comparando el proyecto inicial del Poder Ejecutivo con el que viene de la Cámara de Representantes– hay una serie de diferencias que me parece van más allá de lo que puede ser un ajuste de los textos.

Comparto lo que señalaba el señor senador Aguirre, en cuanto a eliminar la referencia final del artículo. Pero también advierto que en esta disposición se expresa que son empresarios rurales las personas "que en forma independiente desarrollan tareas o faenas agropecuarias".

En el proyecto del Poder Ejecutivo, esa expresión "en forma independiente" no figuraba –y yo creo que con razón– porque supongamos, que se dé el caso de una sociedad entre dos sociedades o entre una persona física y una persona jurídica, que explota un predio no en forma independiente, sino de otra manera porque está en relación con otros socios. Entonces, me pregunto por qué no se vuelve al texto del Poder Ejecutivo que quiere decir lo mismo con más precisión, pero que evita estas dudas, algunas de las cuales ya hemos escuchado. El texto del Poder Ejecutivo señalaba, más sobriamente: "Son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios que desarrollen explotaciones agropecuarias, cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que les sirven de asiento". Agregar ahora: "cualquiera otra situación jurídica o de hecho", para mí, lisa y llanamente, significa no decir nada queriendo decir mucho y delegar ya ni siquiera en el poder reglamentario del Banco de Previsión Social, sino en los propios avaluadores del organismo, prácticamente la determinación de los contribuyentes con todas las incertidumbres y los inconvenientes que se van a plantear en cada caso concreto.

En lo que me es personal, señor Presidente, plantearía la sustitución de este artículo 2º, que ahora es 1º, por el texto del artículo 2º del proyecto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Evidentemente, la fórmula del proyecto del Poder Ejecutivo es técnicamente más perfecta y más precisa.

El artículo anterior, cuyas fuentes ya señalé, también tiene un alcance inequívoco, pero es más perfecta la fórmula que sugiere el señor senador Ricaldoni. Yo la acompaño.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Quiero señalar que el proyecto que estamos tratando no es el del Poder Ejecutivo, sino el que acordó la Comisión de Previsión Social, integrada con miembros de la de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Representantes y delegados de dicho Poder.

El proyecto que estamos considerando es el que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo en todas y cada una de sus disposiciones.

Cuando se establece que se debe realizar en forma independiente, es para diferenciar al patrón del dependiente. Hay que tener en cuenta que son dos actividades distintas, ya que el patrono desarrolla una tarea independiente, mientras que el que realiza la otra actividad lo hace en términos de subordinación.

Por otra parte, es muy común en el medio rural que, verbalmente, la gente establezca sociedades de hecho. El artículo se refiere, precisamente, a esos casos que no se han documentado ni hay un contrato registrado pero que, sin embargo, la sociedad de hecho existe. En el medio rural, repito, esto es muy común y se realiza de buena fe, a efectos de formular dicha sociedad. Estas situaciones son las que se quieren contemplar en el artículo.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Insisto en que la propuesta que hago –y lo reconoce el miembro informante, señor senador Berro– consiste en retornar al texto del Mensaje del Poder Ejecutivo.

En el repartido que tenemos sobre nuestras bancas, figura el texto que envió al Parlamento el Poder Ejecutivo; si posteriormente existió acuerdo dentro de la Comisión, es otra historia. Pienso que no interesa el origen de la redacción, sino saber si ella es correcta o no.

En cuanto a lo que se quiso decir, también he advertido que se ha tratado de deslindar lo que son las llamadas relaciones de dependencia, de lo que son situaciones en las que no hay empleador y empleado, o patrono y trabajador. Entiendo que cuando se dice "en forma independiente", se está expresando otra cosa, aunque se haya querido establecer lo que manifiesta el señor senador Silveira Zavala.

Por último, todos conocen que existen situaciones de sociedades de hecho dentro del campo, como ellas también se forman en la actividad urbana.

La cuestión es si se puede convertir en contribuyente a una sociedad de hecho, con todas las dificultades que significa tratar de ubicar al deudor. Si, por ejemplo, existe una sociedad de hecho constituida en forma verbal, quien deberá pagar será la persona física o jurídica que visiblemente está realizando la explotación agropecuaria, más allá de los acuerdos de palabra que se hayan hecho entre una persona y otra. Ello redunda en beneficio de la propia recaudación.

Aunque no quiero abundar en detalles sobre este aspecto, no puedo dejar de señalar que con esto se protege la seriedad del sistema de la seguridad social.

SEÑOR PRESIDENTE. – Dado que existen discrepancias, correspondería votar, en primer lugar, el artículo tal como viene de la Cámara de Representantes. De resultar negativo, procederíamos a votar la fórmula sustitutiva propuesta por el señor senador Ricaldoni, que es la contenida en la página 24 de este Repartido.

Si no hay observaciones, se va a votar el artículo 2º que pasa a ser primero, tal como viene de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

– 6 en 28. Negativa.

En consecuencia, se va a votar la fórmula del artículo 2º, tal como está contenido en la página 24 del Repartido, presentada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

– 27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º, que pasa a ser 2º.

Tiene la palabra el señor senador Berro.

SEÑOR BERRO. – Al solo efecto de señalar las fuentes, debo decir que el artículo 3º, repite lo que establece el 4º de la Ley Nº 13.705, con una sola modificación, que consiste en eliminar un paréntesis que comprende la palabra "empresas", que está después de "son empresarios contratistas". El artículo 4º de la Ley Nº 13.705 repito contenía este paréntesis con la palabra "empresas", y en el propuesto, aprobado por la Cámara de Representantes, dicho paréntesis no se incluye. En todo lo demás son idénticos.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa se permite señalar que en el artículo 2º se ha definido a las empresas rurales contribuyentes, y en éste, se establece que son "empresarios contratistas". Por lo tanto, habría que unificar el léxico y llamarlo como empresas o empresarios. No conviene usar en dos artículos seguidos, una terminología distinta.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: lo único que quería expresar en relación a este artículo –cuyo sentido comparto y creo es claro– es que, desde el punto de vista gramatical, no parece correcta la enunciación, que se hace al final del artículo, de las tareas comprendidas. Decir "de alambrados y de montes" no es lo más apropiado, porque dichas tareas no existen; en todo caso, serán tareas de alambramiento y de forestación. Pienso, repito, que gramaticalmente es una incongruencia y un evidente error.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Debe tratarse de un error de máquina, porque en el proyecto del Poder Ejecutivo decía "monteo", quizás alguien sustituyó la "o" final por la "s".

En realidad el sentido de mi intervención es otro. Compartiendo la sugerencia del señor Presidente, acerca de establecer, también en este caso "empresas" y no "empresarios", quiero llamar la atención que hay una expresión que me parece notoriamente equivocada, que figura en el proyecto del Poder Ejecutivo, que considero, debe suprimirse.

Se dice que son empresas contratistas las personas físicas o jurídicas de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior. Sin embargo, ello no es así, porque en el artículo anterior, además de personas físicas o jurídicas, se están mencionando sucesiones y condominios que, según entiendo, no son sociedades civiles, ni tampoco personas jurídicas. En virtud de ello, debería decirse que son empresarios contratistas aquellas de cualquier naturaleza o especie indicadas en el artículo anterior, o algo por el estilo. De lo contrarío, estamos diciendo algo que no es exacto. Por lo tanto, expresamos incorrectamente que los condominios y las sucesiones son, repito, o bien personas físicas, o bien personas jurídicas.

Las sociedades civiles no son personas jurídicas, ni tampoco lo son los condominios ni las sucesiones.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – La observación que formula el señor senador Ricaldoni es, jurídicamente, correcta. Podría obviarse, y en lugar de hacer referencia a personas físicas o jurídicas, se podría decir "los contribuyentes previstos en el artículo anterior". De esa forma, no se hace referencia a la naturaleza jurídica del contribuyente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Perdón, señor senador, pero la Mesa entiende que no son los contribuyentes del artículo anterior.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Lamentablemente, señor Presidente, la improvisación de fórmulas en Sala altera la estructura del proyecto de ley y su armonía.

SEÑOR SINGER. – ¡Vaya novedad!

SEÑOR TOURNE. – Entiendo que, en definitiva, lo que podamos ganar por un perfeccionismo en torno a un texto, lo vamos a perder en el contenido y en el desequilibrio de la ley.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo tuvo en vista una arquitectura totalmente distinta en cuanto a estas definiciones, de las que aportó la Comisión con el acuerdo de dicho Poder. Evidentemente, al introducir estas modificaciones, nos encontramos con que no hay textos similares ni comparativos.

Cuando el artículo 3º del proyecto de la Cámara de Representantes establece que son empresarios contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, está refiriéndose a las sociedades civiles o comerciales, sucesiones o condominios que a cualquier título realicen actividades agropecuarias.

Esto no se puede comparar ni tiene correlación con el texto del Poder Ejecutivo. Improvisando en Sala un texto complementario, no le hacemos mucho favor a este proyecto de ley y los primeros pasos en tal sentido nos revelan que la tarea de restructurarlo nos hace incurrir en la adopción de conceptos que no tienen un mínimo sentido de unidad sistemática. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, en definitiva, es cambiar totalmente el criterio legal, introduciendo una gran confusión respecto de su interpretación.

Dejo esta reflexión en torno a este tema.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. –– Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: las observaciones que se están efectuando indican que habría que votar el proyecto tal como vino o las consideraciones y modificaciones realizadas, requieren que sean analizadas en Comisión.

Quería dejar sentado este criterio a los efectos de que no se apruebe una ley en que los puntos de sutura sean muy notorios.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Sobre lo particular, creo que este artículo que pasa a ser segundo, se puede aprobar con el texto que tiene, haciendo las correcciones gramaticales en las palabras "alambrados" y "montes". La referencia a las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, no comprende a las sucesiones o condominios. En ese aspecto, discrepo con el señor senador Ricaldoni, porque sucesiones y condominios no son personas físicas ni jurídicas, por lo que el desajuste no existe.

En lo que respecta al problema de carácter general quiero decir lo siguiente. No comparto el criterio de que no se puede ajustar el proyecto de ley porque eso lo va a hacer incongruente. En mi concepto, y en el de otros señores senadores, el proyecto de ley es incongruente con el texto que tiene y lo que no podemos hacer es votarlo como viene. Como dijo ayer el señor Presidente, tiene múltiples errores jurídicos, porque esto se refiere a materia tributaria. Cuando los contribuyentes no paguen y luego haya que iniciar los procedimientos para cobrarles, las dificultades jurídicas para ubicarlos y determinar bien la naturaleza de las prestaciones, van a ser múltiples y mayúsculas.

Nosotros no tenemos la responsabilidad de que el proyecto de ley se haya redactado mal desde el punto de vista jurídico. Es decir, que se haya traducido en textos erróneos, confusos o imprecisos, cuando tiene el mejor de los propósitos y una filosofía –ayer dije que era muy buena– que reitero es excelente. Creo que persigue finalidades superiores y que es justísima, pero tal como está el texto no hay más remedio que corregirlo.

Voy a poner un ejemplo. En la página tres, en una parte del kilométrico artículo 4º se dice que la contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, se mezcla en una misma prestación de un contribuyente, un aporte o tributo que tiene naturaleza de contribución especial, otro que es de naturaleza impositiva y una obligación o prestación pecuniaria que se deriva de un contrato, regida por disposiciones del Derecho Privado, lo que no tiene nada que ver con el Derecho Tributario. Entonces, al mezclar "chicha con limonada", el resultado va a ser desastroso. Por lo tanto, no se puede decir que vamos a votar el proyecto tal como viene. Precisamente, no se puede proceder en tal sentido porque está mal estructurado jurídicamente y hay que corregirlo. Si se dice que no quiere corregirse en Sala, puede ser, lo admito; pero creo que podemos corregirlo en Sala. Más aún, pienso que debemos hacerlo así.

No estoy dispuesto a decir que el impuesto a las retribuciones personales, que tiene una tasa del 1 %, y un hecho gravado propio, sigue siendo impuesto a las retribuciones personales cuando va mezclado con una contribución a la seguridad social. Desde el punto de vista jurídico, eso es ya mucho menos que ortodoxo. No funciona jurídicamente. Si nos remitimos a las disposiciones del Código Tributario –que para algo se votó y está vigente– observamos que es totalmente incoherente. Por lo tanto, creo que no tenemos más remedio que corregirlo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tratando de aunar las posiciones, estaríamos de acuerdo, entonces, en poner "empresas" en lugar de "empresarios"; sustituiríamos a la vez, "alambrados" por "alambramiento"; y "forestación" o "monteo" en lugar de "montes".

SEÑOR ZUMARAN. – Monteo es la acción de cortar leña.

SEÑOR PRESIDENTE. – Confieso que esa materia no la conozco; nunca he cortado leña.

Por consiguiente, el artículo que pasa a ser segundo quedaría redactado así: "Concepto de empresas contratistas. Son empresas contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambramiento, monteo, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con las modificaciones.

(Se vota:)

– 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º que pasa a ser 3º.

SEÑOR ZUMARAN. – Mociono para que se trate por incisos, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – De acuerdo. Se va a considerar por incisos el artículo 4º, que pasa a ser 3º,

En discusión el inciso primero. "Contribución patronal: concepto y monto.

A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 2º), por el período de ocupación del inmueble."

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Hay que modificar el texto y donde dice artículo 2º debe ponerse 1º, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Así se hará, señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – De acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del Reglamento, debo pedir autorización del Cuerpo para intervenir en este asunto porque soy contribuyente de la Caja de Jubilaciones Rurales, con motivo de ser condómine de una sociedad familiar que trabaja una explotación rural en régimen de arrendamiento. Como se trata de un interés directo que tengo en el tema, el artículo 94 me impide hacer uso de la palabra si la Cámara no me autoriza previamente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la solicitud del señor senador Lacalle Herrera en el sentido de que se le autorice a participar de la votación de este proyecto de ley.

(Se vota:)

– 22 en 23. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: el artículo 4º, actual 3º, es uno de los núcleos conceptuales de la ley. Queremos destacar que a lo largo del año pasado, en distintas oportunidades, hemos abogado por la modificación del sistema de contribución patronal de los productores rurales. En varias ocasiones, durante la hora previa en que solemos hacer uso de la palabra, hemos planteado la requisitoria, muchas veces desesperada, de quienes se encontraban sometidos a un régimen de aportación incumplible. Señalo, particularmente, a los productores de pequeñas extensiones, que no se dedican a tareas intensivas, es decir, aquellos que todos conocemos y que vemos a la vera de las carreteras, especialmente en el sur del país, que explotan cuatro, cinco, diez, quince hectáreas que, reitero, no lo hacen en el régimen intensivo de horticultura, sino en el de la agricultura de subsistencia, donde se planta maíz que nace cada tantos metros y que servirá, simplemente, para hacer un poco de gofio.

Considero que detrás de las palabras explotador de predio rural, patrón o empresario se encubre una miseria peor del que fuera asalariado, ya que se trata de medios que ni siquiera dan una rentabilidad que no puede compararse a un salario mínimo nacional. Todos conocemos esa figura y no, por cierto, a través de lo abstracto de las estadísticas, sino con nombre y apellido, cara y nombre familiar atrás.

Por ende, señor Presidente, la modificación del sistema de aportación, nos parece no solamente necesario sino vital, complementada con una generosa fórmula para que, quienes en el pasado no pudieron pagar, puedan ponerse al día y de esa manera puedan ingresar al amparo de la protección de la seguridad social en el área rural. Expreso esto para señalar el total acuerdo –que creo que es unánime en la Cámara de Senadores– sobre el punto de la modificación del sistema actual que, cuanto antes cese, será mejor para los productores y para el propio sistema.

Por otra parte, –y sin mencionar sólo el inciso, porque creo que la moción del señor senador Zumarán debe interpretarse que es para votar el artículo inciso por inciso, ya que de lo contrario seria desgajar toda la disposición– es necesario decir, en primer lugar, que debe establecerse qué tipo de figura jurídica estamos analizando en este momento. Nos encontramos frente a una disposición legal que va a fijar un tributo con las características típicas del impuesto. Creo que estamos emigrando de la categoría tributaria "contribución a la seguridad social" e ingresando a la categoría del impuesto y considero que, de acuerdo a las definiciones del Código Tributario, ni en una ni en otra entraría perfectamente, y los matices acentúan el carácter de impuesto más que de contribución, sobre todo cuando se analizan las tasas cuya progresividad tiene un sentido finalista de "cargar" las extensiones mayores. Ahí se agrega un ingrediente –cuyo finalismo no entramos a juzgar en este momento pero que lo usamos como distintivo entre una figura jurídica y otra– que hace aproximar este artículo al carácter de impuesto y, por lo tanto, creo que tendría que llamarse así. De esa manera entraríamos en la claridad de las definiciones jurídicas que es tan cara a muchos señores senadores, sin lugar a dudas, con razón.

Por otra parte, señor Presidente, el establecimiento de este impuesto –y así lo llamaremos de ahora en adelante, por lo menos desde nuestro punto de vista– vendría a completar la cuarta figura impositiva que grava la explotación de los bienes rurales. Estos están afectados por la Contribución Inmobiliaria, por el impuesto llamado IMAGRO o IRA, según la opción, y por el Impuesto al Patrimonio cuando se ingresa a la categoría que corresponde. Es decir, lo que la ley va a establecer es un nuevo impuesto a la producción agropecuaria, con las características y consecuencias que ello puede tener para esta actividad cuya situación, desde el punto de vista tributario, no es floreciente ni nada que se le parezca.

Hacemos esa primera observación, señor Presidente, y queremos agregar que el establecimiento de este gravamen sobre la producción agropecuaria, va a representar en los estratos medios, fundamentalmente, una considerable transferencia de recursos hacia la protección al pequeño productor. Si se hacen los cálculos, indudablemente con las aportaciones del primer escalón, no se pagaría, ni siquiera, el monto del seguro de salud –DISSE– que va a usufructuar. Esa es la filosofía del proyecto que, en parte, compartimos; pero queremos llamar la atención acerca de la transferencia que se va a producir, especialmente de los sectores pecuarios. Vale decir que hay determinadas extensiones de campo que solamente pueden ser explotados de determinada manera. A veces esa limitante no es conocida ni tenida en cuenta; muchas veces se legisla y se piensa desde el país de papel, en lugar de inclinarse sobre la realidad del potencial productivo que tienen los predios. Entonces, aquellos que solamente toleran la explotación en materia pecuaria y aún así, con las dificultades que en determinados lugares tienen los campos, por el acceso y la categoría de los mismos, sin lugar a dudas los estratos medios –que por los volúmenes de producción no logran los resultados de los estratos superiores– van a ser los más gravados y se va a producir una transferencia importante de los recursos hacia la protección de los pequeños productores.

Creemos, señor Presidente, que este artículo hubiera requerido –junto con algún otro que más adelante mencionaremos– un estudio más profundo en Comisión, porque es muy difícil ahora, en el plenario, modificarlo en el sentido de si es el 1, el 1,2 o el 2,5. Este problema requiere ejemplos a los efectos de que cada uno sepa cuál es la realidad y cuáles son las consecuencias directas, en pesos contantes y sonantes, como asimismo las modificaciones que se van a establecer que, sin lugar a dudas, resultarán beneficiosas para los dos primeros escalones, pero luego se van a convertir en gravámenes que no sé si podrán ser satisfechos por los contribuyentes.

Por lo expresado. señor Presidente, este artículo nos sugiere una serie de interrogantes y, por lo tanto, requerirían mayor trabajo e información por parte de los que patrocinan el proyecto actual. He leído las palabras pronunciadas por el actual señor senador Silveira Zavala en la Cámara de Representantes, quien ha expuesto unos ejemplos que son sumamente ilustrativos en relación a cuánto se pagaba, cuánto se pagaría por el régimen del Poder Ejecutivo y cuánto por el régimen del proyecto. Estos ejemplos, en cierto sentido, satisfacen nuestras curiosidades, pero también nos han planteado algunas otras dudas en relación a los efectos reales de este artículo en su aplicación concreta a la realidad nacional.

Por el momento, señor Presidente, era lo que queríamos manifestar en cuanto a la consideración de este artículo.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Señor Presidente: creo que las palabras "contribución patronal" están referidas al hecho de que estamos estructurando un proyecto de ley que se refiere a las contribuciones de la seguridad social y está en un todo armónico, por cuanto en otro artículo posterior se trata de establecer cuál es la proporción de la aportación patronal en cuanto a la contribución respecto a los beneficios jubilatorios de los patronos

Los tributos, señor Presidente, están comprendidos por impuestos, tasas y contribuciones y, en materia de seguridad social, siempre se ha utilizado el concepto de contribución a la seguridad social en cuanto a las aportaciones que realizan las empresas.

En relación a la objeción que se realiza al artículo 4º, la escala que se aplica es proporcional a la capacidad económica contributiva de las empresas y está realizada sobre la base de estudios actuariales.

No hay transferencia de un sector a otro y esto queda claro a través de la redacción de otro inciso de este artículo que dice que la contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata. Es decir, ningún contribuyente rural va a aportar menos que un peón especializado. Se trata de un aporte mínimo que comprende a los productores que pueden explotar cinco o diez hectáreas.

La tasa de aportación está calculada respecto a un punto de inflexión que oscila alrededor de las 1.500 hectáreas

El proyecto del Poder Ejecutivo fijaba en primera instancia una aportación para las primeras 50 hectáreas, que era general para todas las empresas. Utilizaba la expresión "exoneración", pero creo que estaba equivocada porque todas las empresas debían aportar por las primeras 50 hectáreas, de acuerdo al salario mínimo nacional. De esto resultaba una tasa regresiva, porque de una hasta 50 hectáreas pagaba N$ 18.000 mensuales –en ese momento el salario mínimo era de N$ 10.000– y a consecuencia de ello el pequeño productor pagaba N$ 360 por hectárea; hasta 125 hectáreas pagaba N$ 230 por hectárea. Para generalizar, el propietario de 1.000 hectáreas pagaría N$ 154 por cada una y el de 5.000 hectáreas abonaría N$ 146 por hectárea.

Reitero que la escala resultaba regresiva porque a mayor superficie había menor aportación por hectárea. En consecuencia nos parecía absolutamente injusto que quien tuviera mayor superficie pagara una tasa menor que aquel que tuviera una superficie de hasta 50 hectáreas, que era la escala que proponía el Poder Ejecutivo.

Ante esa situación, solicitamos al Poder Ejecutivo si era posible establecer una tasa progresiva; dicho Poder nos remitió un proyecto y estuvimos de acuerdo en una tasa progresional.

De acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo resultaba que en los aportes de los extremos superiores, por ejemplo, el de 50 hectáreas, teniendo en cuenta el salario mínimo nacional actual de N$ 11.500, pagaba un promedio de N$ 34.50 por hectárea y el propietario de 10.000 hectáreas aportaba un promedio de N$ 13.58 por hectárea. En consecuencia, reitero que se trataba de una escala regresiva, porque a medida que aumentaba la superficie, la aportación era menor.

La tasa progresional que propusimos, está basada, en primer lugar, en una escala que va de menor a mayor y que se calcula por tramos, pero que, además, tiene en cuenta el índice de productividad CONEAT de la explotación. Quiere decir que si poseo 500 hectáreas con un CONEAT 100, en realidad tengo 500 hectáreas físicas y 500 hectáreas CONEAT 100, pero si tengo 500 hectáreas CONEAT 110, tengo 550 hectáreas CONEAT, aunque en realidad tenga 1.000 hectáreas físicas. Sobre las 1.050 hectáreas CONEAT se aplica la escala y no sobre la superficie física del establecimiento. En todo esto se tiene en cuenta la productividad y la riqueza del predio que se explota, porque, de lo contrario, resultaría una tasa uniforme, perjudicial para aquel que tuviera tierras de menor productividad. En consecuencia, al aplicar sobre el índice CONEAT, mejor dicho sobre la suma de índices CONEAT totales de la empresa, que es una unidad, lo que se está haciendo es aplicarla sobre la superficie CONEAT.

Se calcula tramo por tramo, es decir que para las primeras 200 hectáreas existe una escala; de más de 200 a 500 hectáreas, otra; de 500 a 1.000 hectáreas una diferente. Al tomarse la totalidad de hectáreas CONEAT del establecimiento, se aplica tramo por tramo. Se suman los tramos y, en consecuencia, esa es la aportación que va a realizar.

En un cálculo actual que realizamos con el asesoramiento de un experto en la materia, resulta que para 50 hectáreas el aporte mensual por hectárea es de N$ 29.04, o sea, que es menos 5.46 por hectárea la diferencia que existe con el proyecto del Poder Ejecutivo. Para 200 hectáreas la tasa es N$ 11.50, es decir, menos 1.44 por hectárea; para las 500 hectáreas es menos 0.92 por hectárea: en las 1.000 hectáreas la tasa es N$ 13.00, o sea, menos 0.23 por hectárea y aquí se produce el punto de inflexión En 2.500 hectáreas CONEAT es más 1.50 por hectárea con relación al proyecto del Poder Ejecutivo y en 5.000 hectáreas la tasa sería de N$ 16.63 que es más 3.16 por hectárea y para 10,000, la tasa sería de N$ 18.66 mensuales de aportación, lo que representa más 5.08% por hectárea.

Se trata de una tasa progresional en la medida que tiene en cuenta el índice CONEAT en relación con la mayor superficie del predio.

Puede argumentarse que existe una transferencia de recursos de los grandes establecimientos a los pequeños. En lugar de una crítica se trata de un elogio, porque si existiera una transferencia de recursos de las grandes explotaciones a los pequeños y medianos productores, que son los que nos preocupan– sería beneficioso para el país.

Entiendo que tampoco puede ser una crítica, porque si soy propietario de un auto Mercedes Benz último modelo, no puedo pretender que me cobren la misma patente que se cobra a una "cachila" del año 1930, por el hecho de argumentar que se trata de un mismo vehículo que utilizamos el mismo pavimento y estamos sujetos a similares reglamentaciones. Tampoco puedo pretender que me cobren la misma contribución inmobiliaria si soy propietario de un apartamento en Pocitos que si tuviera una casa en Casavalle, por el hecho de que ambas sean consideradas casa-habitación.

La escala está en función de la productividad y del medio, de la tierra, teniendo en cuenta la capacidad contributiva y económica de aquel que explota la tierra, referida a la superficie.

Todas las entidades agrarias –aquí tengo las notas– están de acuerdo con el principio. A último momento la Federación Rural se opone a la tasa progresional, porque ella representa mayor aportación para los propietarios de mayores superficies. Pero si se tiene en cuenta un estudio realizado sobre el significado de la existencia de los establecimientos rurales en el país, tenemos que hay 27.261 establecimientos de cero a 49 hectáreas, que ocupan apenas el 2.96% del total de la tierra. En el subtotal, hasta 200 hectáreas existen 42.382 establecimientos que abarcan el 12.72% de la superficie total de la tierra y que son el 73.42% de todos los establecimientos rurales existentes en el país. Sin embargo, en el subtotal de 200 a más de 10.000 hectáreas hay sólo 15.349 establecimientos que ocupan el 26.58% de los establecimientos y que representa el 87.28% del total de la superficie de la tierra del país.

La finalidad de este estudio es afincar al hombre en la tierra, permitiendo que trabaje el pequeño y mediano productor.

Si continuamos proponiendo un sistema de aportación igualitaria para todos los contribuyentes patronales, estamos realizando una injusticia, porque es absolutamente regresivo, ya que va a pagar proporcionalmente más el pequeño productor que el propietario de grandes extensiones de tierra.

Por otra parte, esto no significa castigar al propietario por el hecho de que posea grandes superficies de tierra. Depende del tipo de explotación que realice, porque, como la aportación es única, global y unitaria, si se trata de un productor eficiente, que trabaja con mucha mano de obra, se ve favorecido por el tipo de explotación y por la escala. El que no resulta beneficiado es aquel que tiene un candado en la portera y explota una estancia cimarrona y tiene un viejito jubilado para que le cuide el ganado, no aplicando ningún tipo de rectificación.

De acuerdo a un estudio que tengo en mi poder, en la propuesta del Poder Ejecutivo, en establecimientos de hasta 50 hectáreas, que ocupan en el país 585.216 hectáreas, que representan en el porcentaje de la tierra un 3.65%, el aporte proporcional sería el 24.11% y pagaría N$ 101.24 por hectárea. Pero los de más de 10.000 hectáreas, que ocupan 517.795 hectáreas, que en el porcentaje de la tierra representa el 3.23%, pagarían por hectárea 11.83.

SEÑOR RICALDONI. –. ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: le estoy prestando atención al razonamiento que realiza el señor senador Silveira Zavala y de alguna manera lo estoy comparando con las expresiones previas del señor senador Lacalle Herrera.

Creo que en este sentido hay que dejar en claro algo muy evidente.

Nadie está, por lo menos el que habla, defendiendo las grandes extensiones de tierra improductiva. Lo que pasa es que estamos ante un tema ajeno a la ley de la seguridad social

Yo puedo estar de acuerdo en establecer una política tributaria de carácter finalista, De hecho estoy de acuerdo con ello y lo expresé en el día de ayer en algún momento de mi intervención. Lo estoy por una cantidad de razones que atañen, no sólo a la justicia social sino también a la simplificación de los trámites o la liquidación de los tributos, De lo que se trata aquí es de señalar que cuando se habla de la aportación a la seguridad social, debe tenerse en cuenta un ángulo diferente.

El tema que plantea el señor senador Silveira Zavala, naturalmente que es compartible, pero considero que atañe al aspecto impositivo. Entiendo que no se puede hacer política impositiva finalista a través de los aportes a la seguridad social. El propio señor senador Silveira Zavala, permanentemente hace referencia a la capacidad contributiva, que es precisamente el ingrediente inevitable de cualquier imposición que se establezca.

Por otro lado, sin entrar a pronunciarme sobre la justicia o injusticia de estas escalas progresionales, porque realmente no tengo opinión sobre las mismas, sostengo que si el fundamento es el que se está expresando, me parece equivocado. En tren de hacer disquisiciones y razonamientos, dicho señor senador sostiene que si los predios mayores aportaran lo mismo que los menores, éstos estarían en ventaja y se establecería un sistema regresivo de aportaciones en perjuicio de los pequeños productores.

Esta es una forma de razonar que necesariamente no comparto, Por otro lado, todos sabemos que la gran virtud de esta ley que estamos considerando es la de evitar el drama, actual, ya que los pequeños establecimientos de explotación intensiva están aportando grandes sumas a la seguridad social, por el mero hecho de que por hectárea hay muchos más trabajadores ocupados que en una propiedad agropecuaria, dedicados a la ganadería o agricultura intensiva. Con una misma tasa igual para todos, de cualquier manera se está beneficiando al pequeño productor.

Con esto, señor Presidente, no digo que se deba volver al proyecto inicial del Poder Ejecutivo. Repito que no tengo opinión al respecto, porque no he tenido tiempo de realizar los cálculos; lo que sí afirmo es que no creo exacta la afirmación de que, a una tasa igual en todos los tipos de establecimientos rurales, se esté perjudicando al pequeño productor. Si por hectárea hay más trabajadores y se está aportando lo mismo, es evidente que la carga patronal es menor que en el caso de las grandes o medianas extensiones.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Creo no haber sido entendido. Lo que ocurre es que si la tasa es uniforme, se convierte en regresiva en función de la superficie que se ocupa. Un productor de 50 hectáreas, con la escala propuesta inicialmente por el Poder Ejecutivo, proporcionalmente tenía que hacer un aporte de N$ 360 por hectárea, pero el establecimiento mayor de 10.000 hectáreas, tenía que aportar N$ 146. De manera que no habría proporción alguna, por lo que evidentemente resultaba perjudicado el pequeño productor.

Lo que hay que tener en cuenta en estas disposiciones es que DIPRUSEDO, la seguridad social, está absolutamente desfinanciada. Hay informes de que existen 150.000 ó 170.000 trabajadores rurales en e1 medio, entre patronos y obreros. En estos momentos, DIPRUSEDO conoce 43.000 empresarios y 48.000 dependientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el régimen vigente, los que estaban afiliados dejaron de aportar y los que no lo estaban, no lo hacen porque tienen una opción de hierro: si pagan a la Caja no comen o se descapitalizan inexorablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Sucede que la aportación rural en estos momentos, la patronal, es del 1%, mientras que el aporte obrero es del 1,23%. Se ha llegado al contrasentido de que el aporte de los obreros sea mayor que el patronal.

En el año 1984, el aporte patronal significó el 45.8 % de los ingresos de los contribuyentes rurales, y el obrero fue del 54.92%. En 1985, el aporte patronal fue del 48% y el obrero del 52%. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto? Que cada vez hayan menos productores rurales en el campo, en el tramo de 1 a 199 hectáreas. De 1951 hasta la fecha, han desaparecido más de 28.000 establecimientos rurales. Las cifras son muy claras.

Si no estimulamos, a través de la capacidad contributiva económica, la radicación del pequeño y mediano productor en el campo, estamos creando una situación social explosiva. ¿Por qué? Porque la gente emigra hacia las ciudades al no poder realizar las aportaciones a la Caja Rural.

Hemos visto que el aporte patronal significa el 1% del total de ingresos de la seguridad social y el obrero el 1.23%. Sin embargo, las prestaciones de la seguridad social a los ya beneficiados por el sistema mencionado, significan el 20% de los egresos. Quiere decir que el sector rural no aporta absolutamente nada que pueda financiar el sistema de seguridad social.

El Poder Ejecutivo es consciente que aún con este proyecto que estamos sancionando el sistema va a seguir desfinanciado y lo acepta en esta primera etapa. Para financiar la erogación total del sector rural, habría que pensar en una tasa de N$ 45.00 por hectárea uniforme para los 16:000.000 de hectáreas que existen en el país. En consecuencia, la rentabilidad y la situación actual del agro no permiten que se establezca una tasa de esa naturaleza. El Poder Ejecutivo es consciente de ese aspecto, y lo admite en la propia versión taquigráfica que tengo aquí. En ella, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, afirma que sí que el Poder Ejecutivo sabe que, aún con este sistema de financiación, la seguridad social en lo que tiene que ver con el sector rural va a seguir desfinanciada.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Quiero manifestar que me parece justa la filosofía del artículo. Además, si lo trasladara al ámbito de mi vida privada, me resultaría beneficioso. Pero la reiteración de dos conceptos: capacidad contributiva y desfinanciamiento del sistema, indican que estamos más para sancionar un impuesto que una contribución. Diría que si lo que se busca es enjugar el déficit de la seguridad social, pienso que los que lo van a votar y apoyan este tipo de forma de contribución –eso entre comillas– estarán de acuerdo en que el aporte de industria y comercio se haga sobre las ventas o el potencial comercial o industrial que posea la empresa. Entonces, de esa forma seríamos consecuentes con ese criterio. Cuando se presente –y supongo que así se hará– una forma de enjugar el déficit del Banco de Previsión Social, votaremos, para ser consecuentes con ese criterio, paro que las aportaciones de industria y comercio se hagan sobre una base similar a la que hoy se va a aprobar.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa informa que ha finalizado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Que se le prorrogue el término de que dispone el señor senador para que pueda terminar su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. – En la discusión particular no puede haber prórroga, aunque sí podríamos declarar debate libre para discutir este artículo. Otra fórmula no hay.

(Apoyados)

SEÑOR LACALLE HERRERA. – De acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar si se declara debate libre para el artículo 4º, que pasó a ser 3º.

(Se vota:)

– 14 en 22. Afirmativa.

Puede continuar en el uso de la palabra el señor Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Sigo sosteniendo que no se trata de un impuesto, sino de una contribución. Me refiero a la capacidad contributiva, porque es la expresión que hemos encontrado para definir . . .

SEÑOR RICALDONI. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: mi interrupción será muy breve, porque una parte de lo que deseaba exponer lo acaba de decir el señor senador Lacalle Herrera, supongo que con cierta dosis de ironía, pero lo comparto.

Deseo referirme a otro aspecto. Me parece injusto hacer esa referencia al desfinanciamiento de la seguridad social con respecto al sector rural como si fuera la excepción dentro del sistema de previsión social que, precisamente, si por algo se caracteriza, es por la uniformidad de su desfinanciamiento. Como no sólo está desfinanciado el sector rural de la seguridad social sino todos, no me parece válido el argumento que acaba de mencionar el señor senador Silveira Zavala. El mismo podría ser esgrimido para discutir en general el tema de la seguridad social, pero dicho fuera de contexto parecería, para quien no está al tanto de estas realidades, que en el sector rural existe tal desfinanciamiento que lo coloca en una situación desfavorable si se le compara con el resto de la seguridad social, y no es así. Esto lo sabemos perfectamente. Rentas Generales tiene que asistir permanentemente al Banco de Previsión Social; en las Rendiciones de Cuentas y en los Presupuestos siempre discutimos cuánto es lo que se le debe dar como muleta andador a la seguridad social, porque con la recaudación no alcanza. Esto ocurre por una cantidad de razones que nada tienen que ver con la tenencia de la tierra, sino con una serie de factores entre los que, sin duda, deben figurar algunas causales que, en su momento, hemos discutido en el Senado y que no hablan en favor de una política seria en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Estamos de acuerdo en que la seguridad social está desfinanciada en su totalidad; pero el problema más grave es el del sector rural, porque ataca la base productiva y la riqueza nacional, alejando de la tierra a los pequeños y medianos productores.

El sector de industria y comercio se vio favorecido por la rebaja de su aporte del 38% al 25% a cambio del aumento del IVA del 14% al 20%. De esta forma se cubrió la asistencia de Rentas Generales a las insuficiencias de la seguridad social en esta materia. Sin embargo, las modificaciones realizadas por la dictadura, al derogar la Ley Nº 13.705, haciendo que el sector rural aportara por el mismo sistema que Industria y Comercio, condenaron a los pequeños y medianos productores, sencillamente, al no poder pagar. En consecuencia, de las empresas del sector rural que deben aportar a la seguridad social, no lo hace ni el 50%.

No estamos proponiendo que las empresas dejen de aportar a la seguridad social, sino que estamos pensando en un sistema que resulte atractivo, justo y racional, para que quienes están obligados a aportar, se hallen afiliados al sistema de seguridad social y contribuyan. Luego serán, además, beneficiarios de las contraprestaciones del sistema.

Si se mantiene el sistema vigente y seguimos comparándolo con el de Industria y Comercio, los pequeños y medianos productores del país continuarán desapareciendo porque no pueden pagar.

La finalidad del proyecto –que no puede ser considerada aisladamente, en un solo artículo– es lograr el afincamiento de la familia en el medio rural, conseguir que el pequeño o mediano productor pueda trabajar, y que sus hijos no se conviertan en esclavos económicos, como ellos, que actualmente apenas pueden subsistir y no están protegidos por la seguridad social porque no realizan los aportes correspondientes. Se enfrentan a una opción de hierro: comen o aportan, o se descapitalizan inexorable y crecientemente. Todos hemos visto a pequeños productores que para mantener el beneficio de DISSE o de Asignaciones Familiares, cada vez que llegaba un trimestre vendían un animal a fin de poder cumplir su obligación; pero llegó un momento en que ya no pudieron hacerlo porque quedaron sin medios económicos para continuar trabajando y debieron abandonar sus predios.

De acuerdo a las cifras oficiales, entre 1951 y 1984, los propietarios de 28.000 establecimientos de entre 0 y 199 hectáreas se fueron del campo. Nosotros tenemos que hacerlos volver.

Alguien escribió una vez que Calcuta había comenzado a salvarse porque un campesino regresó al campo evitando el hacinamiento de las ciudades. Con las contribuciones sociales vigentes actualmente, nosotros estamos empujando a la gente hacia las ciudades, porque al no poder pagar, deja la tierra; la vende a un vecino más poderoso o simplemente la abandona y queda inexplotada.

La expuesta es una realidad y está referida al desfinanciamiento de la seguridad social. Si damos a la gente un sistema atractivo, que le permita trabajar y por el cual la mano de obra no le signifique un mayor costo en la explotación, pudiendo emplear a más personas para tecnificar y mejorar la producción, estaremos brindándole a la seguridad social un número más amplio de contribuyentes y estaremos logrando que todas las empresas –pequeñas, medianas y grandes– se vinculen al sistema y realicen los aportes correspondientes. Por otra parte, como la contribución sería unitaria y global, y comprendería la obligación patronal y la del personal ocupado, la mayor toma de mano de obra no significará una mayor contribución. En consecuencia, si hoy pueden trabajar cinco peones, mañana podrán hacerlo siete u ocho.

En la medida que avancemos en el estudio del proyecto, veremos que existe una serie de beneficios, pero no los quiero mezclar en la discusión de este artículo que es la clave o la base contributiva del proyecto.

Pienso que la capacidad contributiva está directamente relacionada con la superficie ocupada, porque no se me puede decir que quien tiene 5.000 hectáreas valor CONEAT tiene la misma capacidad contributiva que quien posee 50 hectáreas.

Por otra parte, los beneficios que se establecen para esas personas en el futuro, van desde el 85% del salario del peón especializado común, como asignación mínima jubilatoria, hasta siete salarios. Quiere decir que el productor que aporte más, se verá favorecido con una mayor asignación jubilatoria; es decir quien de acuerdo a su capacidad económica contribuye más a la seguridad social, recibirá mejor beneficio de las contraprestaciones del sistema.

No quiero alargar el debate sobre el tema, pero me parece que el artículo es absolutamente justo y racional y está estudiado para que los beneficios sean proporcionales, de acuerdo a cálculos realizados estrictamente.

Deseo agregar un comentario. Un ingeniero agrónomo me escribe desde el departamento de Paysandú, y en sus líneas pone el siguiente ejemplo: "Yo tengo alrededor de 700 hectáreas en un campo de producción agrícola-ganadera; trabajan siete u ocho personas permanentemente, y podrían trabajar más si se cambiara la filosofía impositiva. Al lado tengo un vecino con 5.000 hectáreas; da trabajo a cinco peones, produce menos de la tercera parte de lo que se produce por hectárea en mi establecimiento, y paga mucho menos a UREFI". A este tipo de productor parece que está destinada cierta defensa.

La filosofía del proyecto se basa en la capacidad contributiva, en función de dos aspectos: primero, el índice de productividad CONEAT de la tierra y, segundo, el número de hectáreas que ocupa. Se favorece a quienes mejor trabajan y ocupan mayor mano de obra y, también, a los pequeños y medianos productores; –que es la visualización general del proyecto– a fin de que puedan permanecer en sus tierras.

Se han hecho críticas manifestando que esta es una tentativa de reforma agraria o de modificar la tenencia de la tierra. No creo que debamos ocuparnos de ellas, porque me parecen totalmente fuera de foco. Esto no tiene nada que ver con la reforma agraria o con el sistema de tenencia de la tierra en el país; está relacionado con la productividad y la extensión de la misma. Es el principio que rigió la Ley Nº 13.705 y fue apoyado por todas y cada una de las entidades rurales consultadas, pequeñas y grandes. Se establece una tasa progresiva de acuerdo a la superficie ocupada. Sólo una de las entidades rurales se agravia con esto, pero todas las demás están de acuerdo.

La expuesta es la filosofía del proyecto que la Cámara de Representantes votó por unanimidad y que espero que acompañe el Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Señor Presidente: en primer lugar, debemos decir que compartimos plenamente lo expresado por el señor senador Silveira Zavala. En segundo término, queremos señalar que, a nuestro juicio, lo que está en discusión aquí, es la universalidad del sistema. Con respecto a ella, hay quienes sostienen que para el agro deberíamos establecer lo mismo que se prevé para la industria y el comercio. Pero si analizamos el tema de la universalidad del sistema, eso es absolutamente secundario.

En realidad, lo que es universal, es el derecho que tienen los ciudadanos de este país a la seguridad social.

¿Cómo amparamos en la seguridad social al trabajador y al patrono rural? No podemos hacerlo si no buscamos, dentro del sistema la posibilidad de que ellos puedan afrontar el pago de sus aportes. De otra manera estaríamos precisamente, desconociendo el principio de universalidad. Creo que ése es el tema de fondo.

Necesariamente, tenemos que encontrar una salida a este problema porque es absolutamente cierto que la inmensa mayoría de los productores y trabajadores rurales de nuestro país no puede pagar sus aportes.

Por otra parte, para seguir hablando de universalidad, debemos tener en cuenta que en este país existe una inmensa mayoría de pequeños y medianos productores que posee el mínimo de tierras pero que son los que más producen.

En el otro extremo, existe un grupo muy reducido de productores que posee la mayor parte de las tierras del país, que no aporta a la riqueza nacional lo que debería aportar.

Entonces, con respecto al tema de la universalidad, lo que se debe buscar, antes que nada y en la medida de lo posible, es el financiamiento del sistema de la seguridad social, para que alcance a todas las mujeres y hombres que trabajan en este país. Y, en ese sentido, cada uno debe contribuir de acuerdo con sus posibilidades, en lo que hace al agro, porque no hay otra forma de financiar el sistema.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que el país depende de lo que produce –y esto al margen del tema de la seguridad social– basta mirar las cifras del último censo para comprobar que el campo se está despoblando, que muchas familias han tenido que emigrar, que el 42% de los habitantes de la campaña ha abandonado sus tierras, que son muy pocos los que pueden contribuir a la seguridad social, que muchas familias han tenido que optar porque paguen sólo aquellas personas que están próximas a jubilarse cuando, de pronto, son varias las personas que están trabajando en esa misma tierra y que, sin embargo, quedan marginadas de los beneficios de la seguridad social.

Debemos tener en cuenta, además, que hay sólo 48.000 trabajadores dependientes, de acuerdo con los resultados de aquella encuesta que se realizó en 1984. Quiere decir que sólo esa cantidad de trabajadores está incluida en la seguridad social y, entonces, ¿cuánta gente de campo está hoy marginada?

Considero, además, que no hay otra solución que ésta que se prevé en este proyecto de ley.

Por otra parte –y lo digo con total franqueza– no me alarma el hecho de que quien tiene más, tenga que hacer un aporte mayor, sobre todo si no produce lo suficiente. No me alarma en absoluto porque, en definitiva, estaríamos llevando adelante uno de los principios artiguistas que todos hemos sostenido siempre que es necesario impulsar: "Que los más infelices sean los más privilegiados". Nos parece que ello es absolutamente justo y, de esta manera, se logra dar un paso en ese sentido.

No creemos que esto constituya un impuesto, pero no contribuye de igual manera quien tiene una mansión que quien vive en un rancho. Del mismo modo, si el país está en crisis y alguien tiene que financiar la seguridad social –porque constituye un derecho humano ineludible– tendrán que hacerlo quienes más poseen. Además, de esa manera, los vamos a impulsar a producir más e, inclusive, a emplear más mano de obra, cosa que hasta ahora no se ha intentado.

Por las razones antedichas, estamos dispuestos a aprobar también este artículo del proyecto de ley.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – La expresión "predio subsistencial" contenida en el último inciso del artículo 4º –que ahora pasó a ser 3º– requeriría alguna explicación, porque se trata de un neologismo.

Creo advertir lo que quiere decir, pero entiendo que, para la historia de la ley, habría que aclararlo, ya que en el día de mañana podría entrarse a considerar –en un plano metafísico– si un predio es existencial o subsistencial –y éstos no son galimatías verbales que hacemos por gusto– y, como dice el señor senador Aguirre, alguien, para excepcionarse en un juicio ejecutivo por el no pago, podría argüir que el predio es subsistencial o no.

Por consiguiente, pediríamos alguna especificación por parte de los señores miembros informantes y por los redactores de este inciso.

SEÑOR PRESIDENTE. – Para aclarar el punto, tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con respecto a este artículo, en el acuerdo a que habíamos llegado con el Poder Ejecutivo, quedamos en darle una explicación lo más clara posible.

Me voy a permitir dar lectura a lo que manifesté en la Cámara de Representantes con relación a este punto, que conlleva una importantísima conquista social.

Con la expresión "bien de familia" tiene otras connotaciones en el Derecho Positivo, se prefirió emplear la de predio subsistencial" porque alude a la subsistencia.

Quiero leer lo que manifesté al respecto en la Cámara de Representantes: "Lo segundo a que quería hacer referencia en relación con este artículo 4º, es que cuando se discutió en Comisión con la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo, éstos objetaban una aparente contradicción que existía entre su inciso final y el artículo 5º. En esa oportunidad nos comprometimos a explicar muy claramente en Sala, en nombre de la Comisión, cuál es su correcta interpretación, así como la finalidad que se persigue con este último inciso. En él se señala que si en la superficie ocupada, como predio subsistencial, no se realizan tareas o faenas agropecuarias que generen obligaciones. . .’ , etcétera, no corresponderá el pago de ninguna contribución. . .’. Esto está especialmente dirigido al caso de un productor rural que cesa en su actividad por obligación de las circunstancias –jubilación, imposibilidad de continuar trabajando– a fin de que pueda ceder su predio en arrendamiento" –o venderlo– "y conservar una superficie prudente como para tener una quinta de autoconsumo, un animal de consumo, algún caballo, alguna lechera, y pueda continuar radicado allí, donde desarrolló toda su vida de trabajo. De esta forma aseguramos al trabajador rural –teniendo especialmente en nuestra visualización al pequeño y al mediano productor– la posibilidad de conservar el casco del establecimiento, así como una pequeña superficie que le permita realizar una explotación de tipo de autoconsumo familiar. No quisimos poner la denominación de "bien de familia", porque eso está codificado de otra forma y, a propuesta del señor diputado Andrade Ambrosoni, se encontró la feliz expresión de "predio subsistencial". Además, queremos señalar que el Poder Ejecutivo, al reglamentar la ley, va a determinar cuál es esa superficie. Porque en un departamento alejado de Montevideo se puede permitir contar con un predio de cinco hectáreas destinado a esos fines, pero no en un departamento limítrofe, como Canelones, en donde cinco hectáreas pueden dar lugar a una explotación con fines de lucro. Es decir, variará la superficie permitida según sea la explotación realizada, la ubicación del inmueble, etcétera. Entonces, deseamos que quede bien en claro que la finalidad del último inciso del artículo 4º es que aquella persona que cesa en su actividad pueda conservar una superficie que le permita seguir viviendo en el medio donde trabajó, contando con la posibilidad de tener bienes de autoconsumo, sin realizar explotación con fines de lucro. De esa manera, no corresponderá que pague ninguna contribución. Reitero que este último inciso se refiere a aquellas personas que cedan en arrendamiento una superficie equis y cuenten con la posibilidad de conservar cuatro o cinco hectáreas alrededor de la casahabitación. Eso permite que el hombre no emigre a la periferia de las ciudades, conserve el hogar paterno para sus hijos y, si se acoge a la pasividad, pueda gozarla mejor que si tuviera que trasladarse a los centros urbanos, pues tratándose de un pequeño o mediano productor, tendría que enajenar sus bienes para comprar una casa o, de lo contrario, pagar un alto alquiler, con lo cual reduciría en gran forma el poder adquisitivo de su pasividad. Creo que con esta explicación ha quedado muy claro el alcance de este último inciso del artículo 4º, que en nada incide en cuanto a una posible exoneración a quien ocupe un inmueble porque, por el artículo 5º; se castiga la posesión improductiva o especulativa de fracciones en el medio rural.

Además, por ejemplo, existen en el interior del país zonas en las que, con la finalidad de crear balnearios, se han realizado fraccionamientos que tienen una superficie de 500 ó 1.000 metros; éstos están ubicados en zonas rurales –porque aún no han sido declaradas zonas balnearias– y no les vamos a imponer una contribución. Por otra parte, existen predios de propiedad del Estado donde se encuentran ubicadas escuelas, juzgados de paz, comisarías, etcétera, y que, por lo general, cuentan con una pequeña superficie alrededor de la construcción donde realizan esas funciones."

Esta es la finalidad que persigue el inciso final del artículo 4º, porque la Caja Rural, cuando exigía el cese de la actividad a un pequeño o mediano productor, le pedía que vendiera o cediera en arrendamiento la totalidad de la superficie que poseía. Entonces, el propietario del inmueble, a los efectos de acogerse a la pasividad, debía alejarse totalmente de su predio en arrendamiento e ir a vivir en la periferia de la ciudad.

SEÑOR CERSOSIMO. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Es exacto lo que está manifestando el señor senador Silveira Zavala, puesto que hace muchos años la Caja Rural exigía que, a los efectos de la desvinculación, se hiciera un contrato de arrendamiento, generalmente entre padre e hijo, a fin de probar aquélla. El pasivo potencial, o sea el que solicitaba la pasividad, debía arrendar todo el inmueble, lo que le obligaba a trasladarse a la ciudad o a vivir casi sin recursos.

Según tengo entendido, desde hace muchos años –más de veinte, creo– esto que ahora se llama predio subsistencial, fue un temperamento aplicado por la Caja Rural y que ahora también se consagra en vía legal. Es decir que, sin menoscabo de acogerse a los beneficios de la pasividad, el gestionante podrá mantener en explotación –según el área que se determinara, de acuerdo con las características de subdivisión de la tierra del departamento o zona en la que estuviera ubicado el inmueble– esa pequeña extensión que ahora se legaliza, a los efectos de establecer una pequeña huerta con estos mismos elementos –animales, etcétera– que el texto indica.

Deseo expresar que esta no es una disposición que ahora surja sólo por consagración legal, sino que, asimismo, ya había sido acogida durante muchos años, a través de resoluciones de los organismos de previsión social. Pregunto si mi interpretación es correcta.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Esta disposición nació en la Ley Nº 13.705. Aquí se ha dicho que hay algunas disposiciones copiadas textualmente de dicha ley y, al respecto, debo decir que efectivamente es así. Considero que también tengo derecho a copiar algo de esa ley porque, siendo más joven, presidí la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes, fui uno de sus redactores y también uno de sus miembros informantes. Esta disposición estaba contemplada exactamente así en la Ley Nº 13.705. Lo que ocurre es que la dictadura, al modificar el sistema, cambió a su vez la interpretación. Exigía la Caja Rural, posteriormente a dicha ley, la desvinculación total del predio; no se admitía que el empresario rural que cesaba, conservara una pequeña superficie de cuatro o cinco hectáreas, por temor a que éste realizara una explotación con fines de lucro.

También es importante la ubicación de esas tierras, porque si esas cinco hectáreas se encuentran en la zona rural o suburbana del departamento de Montevideo, puede realizarse una explotación con fines de lucro, pero, si se encuentran en los departamentos de Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo o Treinta y Tres, es imposible una explotación con tales fines.

Lo importante es la finalidad social, o sea que el hombre conserve su hogar, la casahabitación, con una quinta de autoconsumo y pueda gozar mejor de su pasividad y pueda mantener el hogar paterno para sus hijos; que no se aleje del lugar donde trabajó toda su vida y no tenga que trasladarse a la periferia de la ciudad.

Esta es una de las tantas medidas que contiene el proyecto a fin de evitar la emigración de los habitantes del campo a las ciudades. Porque si el que se acoge a la pasividad, se va a la periferia y no tiene casa, debe comprarla, lo que le demanda enajenar su bien. De lo contrario, tendría que pagar un alquiler con lo que la capacidad económica adquisitiva de su pasividad se vería reducida.

15) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE, – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: solicito que se dé cuenta de un asunto ,entrado fuera de hora que oportunamente hice llegar a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a dar cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"El señor senador Uruguay Tourné solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el envío de un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con las contribuciones o sumas destinadas para la realización de obras de instituciones culturales, sociales y deportivas, en todo el territorio de la República en el período comprendido entre 1980 y la fecha."

– PROCEDASE COMO SE SOLICITA.

16) SEGURIDAD SOCIAL. Normas sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. – Continúa en consideración el artículo 4º que pasó a ser 3º.

SEÑOR CAPECHE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. – Señor Presidente: deseo hacer llegar al señor miembro informante nuestra total conformidad con lo que él ha expresado respecto a la faz social, pero considero que también es importante el otro aspecto. En realidad, podríamos considerar que hay muchos casos de propietarios de pequeños predios que han arrendado una parte de ellos, y que poseen una vivienda. Pero como no pagan los aportes correspondientes al campo no explotado, me parece que no sería justo que la Caja cobre un 50 % al propietario que no puede hacerse del bien. Considero que, para que la Caja no sufra ninguna pérdida de aportes, es conveniente que se le cobre ese porcentaje al propietario que tenga una propiedad en su poder y no la explote. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Pero no comparto el caso de otro propietario que realmente ha entregado una parte de su tierra en arrendamiento, que tiene una vivienda cuyo habitante no la explota a los efectos de que sea el dueño del predio el que pague los aportes, porque esto ocasiona un perjuicio y no va a existir una buena producción. Además, el patrón que no se puede hacer del bien, tiene el castigo de aportar un 50 % de tasa.

Estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que el productor no se vaya del campo, pero no debemos caer en extremos. Debemos ser razonables y respetar los derechos del productor. Todos pensamos que debe buscarse el mejor camino; pero que sea cobrando una sobretasa al dueño de la propiedad, que no puede hacerse cargo de su bien.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: tenía entendido que el articulado se discutiría inciso por inciso, pero veo que estaba en un error. En realidad, se está discutiendo todo el artículo y sólo se votará luego inciso por inciso. En ese sentido, voy a hacer algunas observaciones a este ex artículo 4º, que ahora es 3º.

Estoy radicalmente en contra de este concepto de "predio subsistencial" porque nadie sabrá jamás lo que se quiere decir con esto.

Hemos escuchado la exposición del señor senador Silveira Zavala y creemos que es altamente ilustrativa en cuanto a sus intenciones. Pero, pienso que ésa no es una interpretación que se acerca lo suficiente a la llamada interpretación auténtica que establece el Código Civil como principio interpretativo. En mi opinión, esto se presta a una tremenda subjetividad. Además, advierto el riesgo de que alguien pueda interpretarla indebidamente. Creo que este inciso, lisa y llanamente, debería eliminarse. Por lo tanto, no lo voy a votar.

Por otra parte, desde el punto de vista de la presunta justicia social que el mismo encierra –y lo digo con la mayor consideración– es una afirmación sin fundamento.

Tengo detallados ciertos cálculos –ignoro si se llaman "actuariales"– de cuánto representa por hectárea la aportación rural vinculada con la seguridad social. Según este estudio, los predios que tienen entre cero y cincuenta hectáreas, que son la mayoría –como se ha dicho en Sala– son alrededor de 28.000. Esto da un promedio de 18 hectáreas por productor y significa un aporte mensual de N$ 1.452, y por año, de N$ 17.424, suponiendo que ese predio tuviera 18 hectáreas.

De acuerdo a lo que he escuchado, advierto que este predio llamado subsistencial debe ser menor de 18 hectáreas, por lo que pagará menos de N$ 1.452 mensuales de aportes que es lo que corresponde a las 18 hectáreas. Probablemente esté pagando, en promedio, entre N$ 400 o nuevos pesos 506, cantidad muchísimo menor a la que se paga por concepto de agua corriente, energía eléctrica, queroseno o cualquier otro insumo. En realidad, ni siquiera advierto en esto una ventaja desde el punto de vista social. Me parece que es –si se me permite una expresión muy imperfecta– un "engaña pichanga" que sólo servirá para complicar la interpretación de este inciso del artículo que será 3º y, para terminar, dejando en manos de los evaluadores la estructura de la contribución a la seguridad social, tal como ha sucedido siempre, lo que obligará al contribuyente a presentarse a impugnar los aportes y a deambular durante meses o años por las oficinas sin que en definitiva nadie le preste atención.

Entiendo que este último inciso del artículo que será 3º está de más; por lo tanto, no lo voy a acompañar.

Este artículo me merece otras dos observaciones. La primera está vinculada con lo que establece su inciso 2º donde entiendo se hace una delegación de competencias legislativas que no corresponde.

Si se lee el artículo 2º del Código Tributario, cuyo título es "Principio de Legalidad", se comprobará que dice: "Sólo la ley puede" –el primer apartado no corresponde– ". . . 2) Establecer las bases de cálculo y las alícuotas aplicables".

Analizando este artículo, en definitiva, se observa que se está delegando en el poder administrador la facultad de establecer la tasa de aportación, porque se está diciendo que la contribución patronal mensual a partir del 1º de octubre de 1986 –en realidad, el inciso segundo dice: "A partir de dicha fecha"– será el equivalente a multiplicar el número de hectáreas, por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional. O sea que el Poder Ejecutivo tiene, por una delegación legislativa que creo no corresponde y que probablemente sea inconstitucional, la facultad de establecer, en dos etapas, lo que el Código Tributario dice que es materia de la ley, vale decir, establecer las bases de cálculo y las alícuotas aplicables.

También me merece reparos el inciso que establece: "La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado". Aunque de los antecedentes parecería que debieran figurar, aquí no aparecen, por otra parte, el seguro de enfermedad, que es algo distinto del seguro de enfermedades profesionales, ni las asignaciones familiares.

Me gustaría que los integrantes de la Comisión, y sobre todo el señor miembro informante, me aclararan si yo no tengo razón en cuanto a que los seguros por enfermedad y las asignaciones familiares deben estar mencionados a texto expreso, porque, de lo contrario, resultará que el criterio que todos compartimos de unificar la aportación, luego va a quedar desvirtuado por un texto que no pudo reflejar lo que se quiso decir.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Berro.

SEÑOR BERRO. – La última observación que formula el señor senador Ricaldoni es atendible. El seguro de enfermedad y la asignación familiar deberían estar incluidas a texto expreso.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Deseo que quede bien en claro que estoy totalmente de acuerdo con las expresiones del señor senador Silveira Zavala en cuanto a la intención que preside el establecimiento del concepto de predio subsistencial. Me parece que es una innovación importante de este proyecto el hecho de que la persona pueda permanecer allí una vez que haya accedido a la pasividad.

Entiendo que lo que falta es una definición jurídica más clara. Ese fue el sentido de nuestra pregunta y nuestro planteamiento originario sobre el alcance y el carácter de ese concepto.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Al igual que el señor senador Ricaldoni, creí que la discusión de este artículo se iba a hacer por inciso, porque uno de los defectos que tiene –no me refiero a su filosofía, que compartimos totalmente– es que mezcla distintas cosas, lo que hace muy difícil su análisis. Digo esto porque en lugar de referirnos al meollo del artículo, que son los dos o tres primeros incisos, en lo que se establece la forma de calcular el tributo y su cuantía, pasamos a la excepción del inciso final.

SEÑOR PRESIDENTE. – Lo único que está admitido reglamentariamente es la votación por inciso y no la discusión.

SEÑOR AGUIRRE. – Por eso voy a hacer lo mismo que el señor senador Ricaldoni, pero siguiendo el orden de los incisos.

Comparto en su casi totalidad las expresiones del señor senador Silveira Zavala en cuanto al fundamento de la disposición, aunque tengo serias discrepancias respecto de su redacción.

Además, creo que en esta oportunidad no es fundada la objeción que hace el señor senador Ricaldoni en cuanto a que el inciso segundo viola el principio de legalidad. Yo, que soy muy defensor del mismo y que siempre recuerdo el artículo 2º del Código Tributario, pienso que esta disposición no lo transgrede, por cuanto aquí no se da ninguna discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Lo único que tendrá que hacer ese Poder son operaciones aritméticas, de donde saldrá el monto del impuesto. Voy a explicar el porqué. Eso es así porque aquí se establece una tasa o una alícuota, en principio del 1º/oo, que luego llega hasta el 2 º/oo para los predios de más de 10.000 hectáreas; luego esa alícuota se multiplica por el número de hectáreas, que es otro dato de hecho en el que no tiene ninguna intervención el Poder Ejecutivo. Y a efectos de fijar la unidad básica de contribución se establece que esa alícuota sea una proporción del salario mínimo nacional. En realidad, en lo único que interviene el Poder Ejecutivo es en la fijación del salario mínimo nacional. Pero si se aplicara el criterio de que esto viola el principio de legalidad, todas las aportaciones de la seguridad social serían violatorias del mismo porque son un porcentaje de los salarios, ya sea del mínimo nacional o de los demás de la actividad privada o pública. De manera que en este caso no hay ninguna violación del principio de legalidad.

También quiero señalar que el segundo criterio que se establece, luego de fijar la tabla de alícuotas progresional, según la dimensión de los predios. . .

SEÑOR RICALDONI. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Quiero señalar que el ejemplo que pone el señor senador no es igual a los demás criterios que se aplican para determinar los aportes de la seguridad social, porque en los otros casos se establece un porcentaje que, como tal, recae sobre cantidades numéricas variables. Aquí se trata de algo diferente, porque en este caso la contribución patronal mensual será el resultado de una operación aritmética que está vinculada con algo que no tiene nada que ver con este proyecto, sino que depende de otros mecanismos que maneja el Poder Ejecutivo, ya que éste sube o baja el salario mínimo nacional –generalmente ese salario mínimo es absolutamente nominal, porque en todo el país, por lo menos entre la gente que tiene un sentido social, se paga por encima– regulando así a su antojo el aporte por hectárea de cada productor. De modo que esto no está vinculado con porcentajes, sino con pesos, que son los que se multiplican o dividen.

Y, justamente, lo que el Código Tributario dice es que sólo la ley puede establecer las tasas o las alícuotas.

Además de no haber tasas acá, sin duda alguna, tampoco hay ningún tipo de determinación, digamos, ajustada, respecto de lo que en definitiva significa esto. Queda librado a una política que no está vinculada con esta o con otros problemas u otras consideraciones del Poder Ejecutivo. Y para mí eso –admito que exista la controversia– no encaja dentro del concepto de legalidad.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. – Acepto el criterio del señor senador Ricaldoni de que el tema pueda ser opinable, pero mantengo mi punto de vista.

Violaciones del principio de legalidad, por delegar en el Poder Ejecutivo la fijación de las alícuotas, se han cometido varias en las leyes de Rendición de Cuentas y en la última Ley de Presupuesto, mucho más groseras que éstas y no he visto el menor escozor. Aquí, al igual que en todas las contribuciones de seguridad social se establece un porcentaje sobre la base de los salarios. Sea el salario mínimo nacional o cualquier otro, siempre es un porcentaje que depende de una suma que no la fija la ley, sino el Poder Ejecutivo o el empresario privado cuando establece los salarios.

De la misma manera, como me acota el señor senador Tourné, con respecto a aquellos tributos que recaen sobre los aforos de los inmuebles.

Pero no era esto lo que yo quería decir. Yo no objeto el 2º parágrafo, sino que estoy de acuerdo con él. Lo que ahora iba a mencionar es que luego de la tabla de alícuotas figura una referencia a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100, que es confuso, si bien su sentido es enteramente compartible. En el parágrafo 2º se dice que la unidad básica de contribución será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional. Más adelante se dice lo siguiente: "Los valores de la unidad básica de contribución se fijarán en relación a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100". Parece que hay dos relaciones y esto puede inducir a confusión.

Lo que se quiere decir, señor Presidente, es otra cosa. Una vez fijada la unidad básica de contribución ésta se aplicará a la hectárea que tiene un índice de CONEAT 100. De acuerdo a lo que dice el párrafo siguiente, las que tienen un índice mayor o menor variarán en su monto conforme a la relación que aquí se establezca, en una operación, naturalmente, aritmética.

Creo que este párrafo 4º, para aclarar el concepto, debería decir lo siguiente: "Una vez fijados los valores de la unidad básica de contribución, se considerarán directamente aplicables a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100". Después debería decir: "A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al Indice de Productividad CONEAT de los predios respectivos",

Entiendo que de esta manera se elimina la confusión que surge del párrafo, tal como está redactado actualmente.

Luego viene lo que para mí es el problema fundamental que surge en este artículo y que ha dado en llamarse el "régimen de universalidad de las contribuciones de seguridad social". Creo que no es tal, porque aquí se mezclan las aportaciones patronales –que esas sí son de seguridad social– con el impuesto a las retribuciones personales –que no son de seguridad social– con los seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, desde el punto de vista del contribuyente, tampoco son de seguridad social y que derivan de una relación contractual por la que se obliga al empresario a acceder de acuerdo a la ley respectiva.

Además como se ha dicho, se omiten las obligaciones del seguro de enfermedad y las asignaciones familiares, que esas sí tienen naturaleza de aporte de seguridad social.

Me parece que en este artículo se produce una confusión que puede traer graves problemas para el futuro, si las obligaciones no se cumplen y si hay que llegar a una ejecución judicial. Dentro del concepto de contribución patronal se involucran obligaciones que son de otra naturaleza.

Voy a plantear la siguiente interrogante. El impuesto a las retribuciones personales se creó por el Decreto-Ley Nº 15.294 El hecho gravado es el pago a los trabajadores por parte del patrón, y para el trabajador la percepción de su salario. La tasa, tanto para el empresario como para el trabajador, es del 1%. A mí me parece que es de toda evidencia que en este artículo se desvirtúa totalmente el hecho gravado. Esto ya no es más un impuesto por pagarle una retribución al trabajador. La tasa tampoco es el 1 %, no tiene nada que ver con la misma. Queda involucrado dentro de un tributo cuya base de cálculo se indica por el procedimiento que ya hemos visto y que no tiene nada que ver con el que estableció el Decreto-Ley Nº 15.294. Entonces, ¿por qué en lugar de decir que aquí se está pagando un impuesto no decimos la realidad y que el impuesto a las retribuciones personales desaparece? Es decir que los empresarios y contratistas rurales, a los cuales aluden los artículos 1º y 2º, dejan de tributar el impuesto a las retribuciones personales, dejan de ser sujetos pasivos de ese impuesto en cuyo carácter estaban incluidos en el artículo 26 del Decreto-Ley Nº 15.294.

Lo que habría que decir, señor Presidente, en un artículo por separado, es que los sujetos pasivos de estas contribuciones personales dejan de tributar el impuesto a las retribuciones personales y no mezclar un impuesto dentro de una contribución patronal, lo cual violenta todos los principios del derecho tributario.

Por otro lado, señor Presidente, yo me hago la siguiente reflexión.

Aquí se dice que junto con la contribución patronal se va a pagar el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este pago, de esta prestación? Es la de una obligación contractual. Se va al Banco de Seguros a contratar el seguro y, de acuerdo a los cálculos actuariales, se establece una prima. Luego habrá que pagar la prima correspondiente a la póliza de que se trata. ¿Qué tiene que ver esto con la contribución patronal al Banco de Previsión Social? Nada. Además, en esa relación contractual, el Banco de Seguros es el acreedor de esa prestación. Entonces, ¿cómo se le va a pagar la prestación al Banco de Previsión Social? Desde el punto de vista jurídico esto me resulta incomprensible. Entiendo que esto no se puede ni se debe hacer. Después surge el problema, del cual ya se habló el otro día, del artículo 20, cuando se dice que las prestaciones van a ser efectuadas por el Banco de Previsión Social, que es un Ente estatal ajeno a la relación contractual del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Estas son las reflexiones que me merece este párrafo del que creo que hay que eliminar el impuesto a las retribuciones personales y el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no tiene nada que ver con el asunto. Esa es mi opinión.

Además, señor Presidente, con respecto al párrafo siguiente me parece que debe aclararse qué es lo que se quiere decir cuando se habla de "peón especializado plenamente ocupado". Creo que esta expresión se presta a distintas interpretaciones, porque de lo que se entienda qué es se deriva la aplicación de un mínimo como contribución patronal mensual. Entonces, tenemos que saber exactamente qué es un "peón especializado plenamente ocupado" en el medio rural. Declaro que yo no lo sé y me gustaría que se aclarara.

Ahora en cuanto al inciso al que se refirió el señor senador Lacalle Herrera y que el señor senador Ricaldoni anunció que no iba a votar, comparto el concepto que defendió el señor senador Silveira Zavala. Pero creo, como el señor senador Lacalle Herrera, que la referencia a "predio subsistencial" es totalmente equívoca desde el punto de vista jurídico, por lo cual va a traer problemas. Además, en lugar de aclararlo por vía de una explicación en Sala, habría que hacerlo redactando un nuevo artículo y siguiendo los conceptos del señor senador Silveira Zavala. Desde ese punto de vista sugiero que ese inciso final se redacte de la siguiente manera: "Si en la superficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 14".

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Pienso, señor Presidente, que, con la claridad y facilidad de redacción que todos le reconocemos, el señor senador Aguirre ha hecho aportes muy valiosos con respecto a la unidad básica de contribución como Indice CONEAT 100 y con el llamado predio subsistencial.

Al señor senador le llamaba la atención la expresión "peón especializado plenamente ocupado". La ley se refiere al laudo para los trabajadores rurales que establece esa categoría.

Se trata de. . .

SEÑOR MEDEROS. – Que diga "trabajador". . .

SEÑOR ZUMARAN. – . . peón especializado, que tiene un laudo, que en este momento es cuatrimestral; y lo de plenamente ocupado supone 25 jornales mensuales. No sé si esto merece ser mejor aclarado en el texto legal. El laudo surge de la ley del trabajador rural.

En cuanto al problema del inciso anterior –la llamada "universalización"– pienso que desde el punto de vista jurídico tiene razón el señor senador Aguirre, como es costumbre. El problema radica en que estas retribuciones siempre se establecen –cuando se plantean estos impuestos de las retribuciones personales, el seguro por accidente de trabajo y enfermedades profesionales– legislativamente pensándolas en términos urbanos, en que el sujeto pasivo es un trabajador de la industria o de una empresa en la ciudad, y que existen todas las facilidades de documentación y papeles que esto trae aparejado. Pero se ignora la realidad del medio rural.

Acá lo que se quiere es que en el pago de esta contribución queden comprendidas las obligaciones emergentes por estos tributos. Pero cometeríamos un grave error y distorsionaríamos uno de los méritos de esta ley, si mantuviéramos subsistentes el impuesto a las retribuciones personales y al seguro por accidente de trabajo, llevando al patrono rural a que pague este tipo de tributos, no simplificándolos en uno sólo. Esa es la finalidad.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Comprendo el fundamento de lo que está expresando el señor senador Zumarán quien, desde el punto de vista de los hechos, tiene toda la razón. No veo cómo solucionar el problema del seguro por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, pero el impuesto a las retribuciones personales, en realidad, se deja de percibir. Lo que hay que hacer es un artículo separado que diga que los sujetos pasivos de esta contribución no pagan más el impuesto a las retribuciones personales.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR TOURNE. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Creo que hay que tener claro que hay dos situaciones perfectamente delimitadas, señor Presidente. En la vía normal del aporte a la seguridad social encontramos dos órdenes de tributantes: el patronal y el obrero. El aporte patronal queda englobado dentro de los términos de esta disposición, pero se mantiene totalmente la contribución que corresponde descontar y retener, por parte del patrón, del trabajador rural. Por ende, existe una retención establecida que alcanza porcentajes del 15 % o del 11 %, dentro de los cuales está calculado un 1% de retención personal del impuesto a los sueldos, o a otra clase de ingreso, cualquiera sea su naturaleza.

De manera que, en definitiva, debemos tener en cuenta que el patrón está incluido en esta norma, por todos los conceptos por los cuales debe pagar, entre otros, por supuesto, por lo que percibe el Banco de Seguros en virtud de la aplicación de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la contribución específicamente patronal, a los institutos de la seguridad social, y otros conceptos que se detallan. Eso, sin perjuicio de que, por su parte, respecto de lo que recibe el trabajador rural, se hagan las retenciones correspondientes para ser vertidas a la seguridad social. Son dos cosas completamente distintas.

De manera que la enumeración que se hace en la leyes, simplemente, a los fines de comprender que absolutamente todos los conceptos por los que debe pagar el patrón quedan comprendidos en el régimen de tributación establecido por este artículo.

Gracias, señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – La enumeración que se hizo en este inciso es a los fines aclaratorios de la tasa uniforme, que era lo que comprendía las aportaciones de la empresa. Lo que ocurre es que si tienen dependientes –incluso aportes por el personal ocupado– ellos no tienen derecho a DISSE, y a Asignaciones Familiares. Las que tienen derecho a estos beneficios son las empresas unipersonales referidas más adelante. Entre ellas se incluye a los empresarios contratistas unipersonales y, en el caso de las empresas agropecuarias de esta naturaleza, no se les hace perder la calidad de unipersonales por el hecho de incluir a la cónyuge, que percibirá los beneficios de DISSE. Por ese motivo no se incluyó a DISSE y Asignaciones Familiares entre los aportes y las contribuciones que comprendía la tasa que corresponde al patrón.

En cuanto al peón especializado, como decía el señor senador Zumarán, se refiere a la categorización de acuerdo al salario para el sector agropecuario, que en este momento, con un ficto de casa y comida, mensualmente está en la suma de N$ 13.749, siendo el sueldo de peón especializado de N$ 8.458. Hay diversas categorías, y se entiende que es un peón plenamente ocupado aquél que trabaja todo el año. Esa es la contribución mínima que debe realizar el pequeño aportador.

Ahora bien, como existe otra disposición más adelante, que establece que el 50 % de la aportación total que realiza el patrón es a la Seguridad Social como su aporte jubilatorio, entiendo que el Banco de Previsión Social tiene que hacer el cálculo de cuánto es el impuesto a las retribuciones personales y cuánto surge de las primas que se deben pagar al Banco de Seguros por la planilla trimestral que presenta del personal ocupado, porque allí, de acuerdo a la categoría del peón, las primas son diferentes. En consecuencia, de ahí surgirá el cálculo de cuánto se debe pagar al Banco de Seguros.

En mi concepto, el impuesto no desaparece. El objetivo del inciso fue enumerar las obligaciones que comprendía las aportaciones que va a realizar el personal, porque incluso el aporte patronal por el personal ocupado es una de las grandes virtudes de esta obligación, porque ella significa que el aumento del número de peones del establecimiento no implica un mayor costo de explotación. Es decir, la tasa de aportación es la misma según el establecimiento tenga uno o diez peones. Un explotador de 1.000 hectáreas con un peón aporta determinada cantidad; y otro, con la misma cantidad de hectáreas, con el mismo índice CONEAT, que tenga 10 peones, realiza la misma aportación que el primero. En consecuencia, resulta favorecido quien ocupa mayor cantidad de mano de obra. Por eso se dice: "Incluso aporte patronal por el personal ocupado", porque más adelante está fijado el Montepío que debe pagar cada obrero, que es el 10 % más el 1 % de impuesto a las retribuciones personales, que no desaparece y en otras categorías, es el 13 % más ese 1 %.

Eso fue lo que se quiso aclarar con respecto a lo que comprendía la tasa global unitaria y uniforme que pagan todos los empresarios rurales. Y no es ocioso decir "incluso aporte patronal por el personal ocupado", porque este aporte se descompone de dos formas: una parte que paga el empresario y otra que paga el obrero. La primera está incluida dentro de la tasa uniforme que va a pagar el patrón por la superficie explotada después debe retener la parte del obrero y verterla en las planillas trimestrales que tiene obligación de presentar al Banco de Previsión Social.

De ahí va a surgir, la seguridad de que toda el personal va a estar amparado por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que no va a haber dos planillas, porque en determinada oportunidad se comprobó la existencia de evasión de aportes porque el patrón que no quería correr el riesgo de las acciones civiles en caso de accidente de trabajo del personal, hacía una declaración en el Banco de Seguros y otra en el Banco de Previsión Social. Ahora no va a haber evasión de aportes, porque aún aquel trabajador que realiza tareas por pocos días –el caso del domador– que corre determinados riesgos, va a estar incluido en la planilla trimestral. En consecuencia, también va a estar protegido por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El que no está incluido en la planilla trimestral que se eleva al Banco de Previsión Social, no se encuentra comprendido en el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se quiso enumerar cuáles eran las aportaciones que abarcaba la tasa única.

SEÑOR ZUMARAN. – Pienso que se podría votar por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa está de acuerdo en proceder de esa manera, porque así ha sido solicitado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero.

(Se vota:)

– 13 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota:)

– 18 en 19. Afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. – Mociono para que se dé lectura, y se incluya como inciso tercero, el texto sustitutivo propuesto por el señor senador Aguirre.

SEÑOR PRESIDENTE. – Creo que existe consenso en ese sentido.

Léase el texto sustitutivo.

(Se lee:)

"Una vez fijados los valores de la Unidad Básica de Contribución, se considerarán directamente aplicables a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100."

– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto con la redacción que se acaba de leer.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto.

SEÑOR RICALDONI. – ¿Me permite, señor Presidente, antes de que se vote?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Había propuesto, señor Presidente –y el señor miembro informante estaba de acuerdo– que aquí se incluyeran las asignaciones familiares y el seguro por enfermedad.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa piensa que podría formar parte del mismo inciso, pero aquí se encuentran por separado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto.

(Se vota:)

– 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso quinto.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Propondría que este inciso estableciera: "La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo, enfermedad y enfermedades profesionales y asignaciones familiares, incluso aporte patronal por el personal ocupado".

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – No tengo ningún inconveniente en votar el artículo tal como lo propone el señor senador Ricaldoni.

Deseo advertir al señor senador que si tiene personal dependiente, no tiene derecho a Asignaciones Familiares ni a DISSE. Los que sí tienen derecho son los empresarios unipersonales. En consecuencia, si realiza aportación por personal ocupado, no tiene derecho a esos beneficios. Por tal motivo fue que no se influyó en la redacción del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Pero, ¿no hay una aportación patronal para el derecho que tiene el operario o el trabajador?

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Aquí no estamos hablando de quiénes son los beneficiarios, sino de quiénes son los contribuyentes, y puede darse el caso de que alguno de ellos no tenga derecho a Asignaciones Familiares.

En este inciso –y me parece que es lo que señala el señor Presidente– se dice que los contribuyentes son tales personas, y que esas contribuciones abarcan tales cosas. Eso no tiene nada que ver con los beneficiarios. Por eso, creo que es correcto establecer que se incluya –y según lo que se dijo reiteradamente en Sala, esa fue la intención del proyecto; además lo señalaba el señor senador Berro– seguro por enfermedades profesionales, seguro por enfermedad y Asignaciones Familiares.

SEÑOR PRESIDENTE. – La observación radicaría en que en Asignaciones Familiares y seguros por enfermedad, no hay aportes patronales.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – En el caso del patrono rural sin personal a sus órdenes, en el régimen vigente se establece que el aporte jubilatorio es del 25 %, el Impuesto a las Retribuciones Personales 2 % y DISSE, 7 %. Y para los patrones rurales con personal a sus órdenes, sobre el sueldo ficto paga aportes jubilatorios, e impuesto a las Retribuciones Personales; pero, en cambio, no aporta a DISSE, porque no tiene derecho al seguro por enfermedad. O sea, que el patrón con personal no aporta a DISSE ni a Asignaciones Familiares. Este es uno de los problemas que existe en la Seguridad Social y que pienso debe ser tratado en alguna oportunidad. Precisamente, la dictadura dejó desfinanciadas a DAFA, a DISSE y al Seguro por Desempleo, porque eliminó las contribuciones.

En lo que tiene que ver con la Caja de Industria y Comercio, el caso es diferente porque el patrono que tiene personal aporta, de ese 7 %, un 4 % y el 3 % restante le corresponde al obrero. Esto fue modificado en el sistema rural. Tengo en mi poder la planilla que establece la forma de aportes.

No tengo ningún inconveniente en votar lo que se ha propuesto, pero quiero aclarar que no se incluyó en el artículo, porque, sencillamente, no efectúa aportes.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Pienso que bajo el término "aportaciones referidas a la seguridad social", estarían comprendidas, inclusive, las evoluciones que en esta materia existan. Me refiero a las actuales y futuras aportaciones a la seguridad social. Este fue el criterio adoptado por la Cámara de Representantes. Las aportaciones referidas a la seguridad social que correspondan están todas comprendidas. Lo que se indica a continuación, no pretende ser excluyente de las aportaciones a la seguridad social. Las que luego están individualizadas, no son, precisamente, estas aportaciones. Por lo tanto, me parece que el texto que viene de la Cámara de Representantes es correcto, en lo que tiene que ver con este aspecto.

SEÑOR MEDEROS. – Apoyado.

SEÑOR GARGANO, – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – De acuerdo a la interpretación que ha hecho el señor senador Zumarán, si se modificaran en el futuro las disposiciones con respecto a las aportaciones rurales a Asignaciones Familiares, etcétera, podrían caber dentro de la denominación general. Esta sería la interpretación. Es importante, porque si en el futuro se legisla, quedaría abierta la posibilidad de introducirlo en ese sentido.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Quiero insistir en el problema del impuesto a las retribuciones personales.

El señor senador Lacalle Herrera me decía recién que, en realidad, si expresamos que no son más sujetos pasivos de este Impuesto, significaría una exoneración y no contamos con iniciativa del Poder Ejecutivo. Deseo hacer notar, que es lo sustancial en este problema. Si afirmamos que dentro de la contribución patronal está incluido el Impuesto a las Retribuciones Personales, de hecho, lo estamos derogando. Es decir, que ese sujeto pasivo no tiene que pagar más el Impuesto a las Retribuciones Personales, en cuanto él es deudor directamente del Impuesto. Pero como el Impuesto no se elimina por una disposición expresa en ese sentido, el acreedor sigue siendo el Estado y no el Banco de Previsión Social. O sea, que Rentas Generales va a poder reclamar contra el Banco de Previsión Social para que le restituya lo que corresponde a la parte del Impuesto a las Retribuciones Personales, cuyo sujeto activo no es el Banco de Previsión Social sino, repito, el Estado. Esto me resulta muy claro.

Lo que se quiere lograr con esto es una solución de comodidad para el contribuyente. Este no puede andar de la "Ceca a la Meca". Si el pobre, el mediano y el pequeño, no pueden estar pagando al Banco de Seguros del Estado y a la Dirección General Impositiva, entonces, que no paguen más el Impuesto a las Retribuciones Personales.

Pero se olvida que el Impuesto a las Retribuciones Personales tiene como sujeto pasivo no solamente al patrono sino al trabajador. De acuerdo a la reglamentación de ese impuesto, el patrono es agente de retención del impuesto que corresponde al trabajador. Por lo tanto, tiene que llevar planillas, efectuar las retenciones y pagar el impuesto en la Dirección General Impositiva. De esta forma, no veo la ganancia que se va a obtener desde el punto de vista de la simplificación de los procedimientos para el contribuyente. Si lo que se desea es que no pague más el Impuesto a las Retribuciones Personales, entonces que se diga y se eliminan todos los problemas jurídicos que se están creando por este motivo. Estoy haciendo ver este aspecto reiteradamente y no se me han refutado las afirmaciones que estoy haciendo desde el punto de vista jurídico.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – En el artículo 8º se dice que se reputará que el 50 % de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales. Esto quiere decir que el resto del 50 %, son las obligaciones que tiene el patrón en cuanto a seguros por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, Impuesto a las Retribuciones Personales, así como aportaciones patronales. El impuesto no desaparece, porque, además, cuando establecemos el montepío del personal, con concepto y monto, en el artículo 10, se fija el Impuesto a las Retribuciones Personales para el peón. Al señalarse que el 50 % de la contribución total, patronal, es a los fines jubilatorios del patrón, y el resto corresponde a las aportaciones tributarias o contribuciones mencionadas en este inciso, el Banco de Previsión Social tendrá que hacer el cálculo de cuánto es el impuesto del 1 % y vertirlo

SEÑOR PRESIDENTE. – Excediéndose en sus funciones, la Mesa se permite señalar que lo que aquí parecería estar faltando es cómo se distribuye el total de lo recaudado.

Recuerdo un antecedente que es el siguiente: una ley del 2 de enero de 1968 que sustituyó los aportes de las empresas periodísticas por un impuesto a la importación, en una de sus disposiciones establecía, de ese 100 % que se recaudaba, qué porcentaje se repartía entre el Banco de Previsión Social, Asignaciones Familiares y Seguro por Enfermedad. Es decir, una aportación patronal única sustitutiva de los regímenes normales que luego la ley dividía entre los cuatro o cinco organismos acreedores que prestaban los distintos servicios. En este proyecto estaría faltando algo de este tipo, o sea, sería preciso establecer un porcentaje para el Banco de Seguros y uno para el Banco Hipotecario, de manera que con cierta aproximación estos pudieran seguir percibiendo una cifra que fuera una retribución ficta, si se quiere, de los servicios que van a tener que continuar prestando. Parece ser la única solución, decir que esto está ligado con el artículo 20. En la medida que los servicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales los siga prestando el Banco, hay que establecer una fórmula de remuneración, aunque no sea estrictamente la misma, que si se realizaran los contratos individuales de seguros por accidente. Entiendo que es necesario determinar alguna fórmula.

SEÑOR CIGLIUTI. – Habría que desglosar los artículos 7º y 20.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Observo también la dificultad que tendría el Banco para organizar este aspecto y pienso que mediante un inciso podríamos autorizar al Banco para que distribuya y pague a las distintas reparticiones lo que corresponda según el cálculo.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – En el inciso se puede agregar que el monto de las retribuciones personales será el mismo que el del personal ocupado. O sea, el montepío por el personal ocupado, al igual que se hace con los empresarios contratistas.

En el caso de accidentes de trabajo, con respecto a la categorización del personal, el Banco dirá cuál es la prima que se debe verter.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – El alcance de este artículo es el de decir cuáles son las aportaciones o las obligaciones que quedan comprendidas en esta forma unitaria de aportar. Luego, en los artículos siguientes se establece esa distribución. Lo único que quedaría por discutir es la forma en que se le va a pagar al Banco de Seguros del Estado, si es que se acepta el criterio de que debe seguir prestando los servicios asistenciales.

En el artículo 20 sustitutivo que proyectaba la Comisión, está incluida, precisamente, la posibilidad de que el Banco de Previsión Social efectúe un contrato con el Banco de Seguros y, de esa forma, establezca la cantidad que se va a destinar al pago de las primas.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Como señalaba el señor Presidente, me parece imprescindible establecer la discriminación, dentro del ingreso global, de lo que corresponde a cada organismo, De lo contrario, nos enfrentaremos con problemas interadministrativos de imposible solución. ¿Quién sería el árbitro en todas estas contiendas, respecto de cuánto le corresponde, por un rubro u otro, a cada ítem de los mencionados en este inciso?

Me pregunto también si es posible que establezcamos aquí, en Sala, el porcentaje que le corresponde a cada uno. Considero que podríamos cometer un error involuntario de extraordinaria magnitud.

Es lo que quiero señalar haciendo una reflexión en voz alta.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Comparto la actitud de la Mesa. Parece necesario establecer desde ya qué porcentaje ha de corresponderle a cada uno de los organismos que intervengan y vayan a prestar servicios. El problema radica en que esto es prácticamente imposible, porque por esta vía estaríamos fijando el costo de los servicios que ha de prestar cada uno de los organismos.

Es verdad que a la Dirección General de la Seguridad Social le estamos fijando un tope de recaudación; también le adjudicamos la obligación de pagarle a cada una de esas instituciones. En realidad, creo que esto es lo que corresponde, que el propio Banco de Seguros establezca cuál es el costo de la prima. No creo que haya otra solución factible.

Considero que éste es un caso diferente al que el señor Presidente planteaba, referido al de las empresas periodísticas. Tengo la impresión que en esta situación no podemos establecer desde ya, a cuánto ascenderán las prestaciones a realizar a la Dirección General de la Seguridad Social por parte de los diferentes organismos.

En lo personal, estimo que deberíamos aprobarlo tal como está.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Quiero hacer una reflexión en voz alta. Este inciso ha sido objeto de observaciones, algunas de las cuales necesariamente van a dividir al Senado. Por otra parte, pienso que no podemos improvisar en Sala. Además, él está directamente conectado con el artículo 20, para cuyo desglose parece haber consenso. Da la impresión que yendo uno a la Comisión, éste también debiera ir, a los efectos de que la Comisión, integrada con representantes de la de Constitución y Legislación redactara apropiadamente este inciso y otros, así como el texto final que habrá de tener el artículo 20.

Considero que, en lugar de entorpecer la aprobación de este proyecto, este mecanismo lo va a beneficiar. Noto que no existe una convicción más que en algunos puntos.

La observación formulada por el señor senador Aguirre respecto al Impuesto a las Retribuciones Personales me parece que es incuestionable. Obviamente, cambia el propósito original, porque lo que aquí se buscaba era que se pagara en un solo lado lo que fuera necesario y parece que eso no va a poder ser.

Lo lógico sería, señor Presidente, que este artículo volviera a Comisión junto con el artículo 20 –para cuyo desglose hay acuerdo– a los efectos de que allí se le pueda dar la redacción que corresponda y se contemple la filosofía original del proyecto de ley.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – En el momento actual, señor Presidente, el patrono rural no paga independientemente Impuesto a las Retribuciones Personales. No va a la Dirección General Impositiva a efectuar las aportaciones correspondientes; paga en el Banco de Previsión Social cuando hace sus aportes trimestrales, calculados sobre la base del personal ocupado y de las retribuciones.

Por el artículo 4º no se innova en absoluto el sistema actual. El Banco de Previsión Social actúa como un agente de retención y en su cuenta con Rentas Generales –que como muy bien saben los señores senadores son muy difíciles de determinar– hará o no las compensaciones del caso; pero lo cierto es que no se cambia en absoluto. En el país hoy en día ningún empresario rural será sujeto pasivo –no he revisado todas las liquidaciones sobre el Impuesto a las Retribuciones Personales– no hace ninguna declaración aparte; simplemente paga trimestralmente en la vieja Caja Rural, que ahora se llama Banco de Previsión Social, pero que todos los productores siguen llamando Caja Rural.

No veo, señor Presidente, qué complicación desmesurada hay aquí, puesto que sigue el mismo régimen. ¿Qué cantidad le vierte el Banco de Previsión Social a Rentas Generales? No lo sé y lo digo con franqueza, como tampoco conozco lo que va a verter en el futuro, ya que ni sabemos cómo son las cuentas del Banco de Previsión Social, según es público y notorio. Pero, repito, aquí no hay nada que modifique el régimen actual.

En este momento el trabajador o el empresario rural tampoco paga en la Caja de Asignaciones Familiares, lo hace en la Caja Rural. Antes era así y es una conquista que se logró hace muchos años y que la dictadura mantuvo en el sentido de que el productor efectuara un solo pago por trimestre; simplemente se varió la base imponible, lo hizo por persona ocupada y nosotros lo realizamos por hectárea.

Sin embargo, señor Presidente, cada uno de estos puntos –que no modifican en absoluto el régimen actual– plantea problemas poco menos que insolubles, cuyo resultado inmediato es pasar el proyecto de ley a Comisión. Realmente no entiendo la observación.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: creo que no se han levantado las observaciones que he formulado a este problema del Impuesto a las Retribuciones Personales; pero, en aras de que el proyecto se siga votando, estoy dispuesto a retirarlas.

Ante la observación formulada por el señor senador Zumarán quiero hacer la siguiente precisión: ignoraba que el pago de este impuesto se está haciendo al Banco de Previsión Social, lo cual me parece completamente irregular, porque no es el acreedor del impuesto; pero admito que de hecho sea así. Sin embargo, me hago la siguiente reflexión, que me parece muy clara. Si en este momento se está pagando al Banco de Previsión Social, se hace en base a una declaración, a una planilla de trabajo en la cual consta el número de trabajadores, lo que perciben y lo que, de acuerdo a la tasa del impuesto, en el pago trimestral de cada contribuyente, va para el Banco de Previsión Social lo que a éste le corresponde, y lo que éste le debe al Estado por el impuesto de que no es acreedor.

Aquí, al englobarse todo en una única contribución y al desaparecer la base de cálculo del Impuesto a las Retribuciones Personales, pasa a ser una cantidad imposible de calcular. No se va a poder saber cuánto le va a deber, por ese concepto, el Banco de Previsión Social al Estado. Por eso considero que lo razonable es que el impuesto desaparezca.

De todas maneras, si de lo que se trata es de mantener el impuesto y buscar una forma de distribuir, yo, que soy contrario a las delegaciones en el Poder Ejecutivo, entiendo que la única manera práctica de salir de este problema, en este momento, es redactar un aditivo que diga: "El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de las diversas prestaciones comprendidas en la contribución patronal entre los distintos entes estatales acreedores".

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA, – . . ."dando cuenta a la Asamblea General".

SEÑOR AGUIRRE. – Me sugiere el señor senador Silveira Zavala que se agregue . . . "dando cuenta a la Asamblea General".

SEÑOR RICALDONI. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – ¿El señor senador Aguirre no cree que delegar en el Poder Ejecutivo la distribución de recursos que recauda el ente autónomo Banco de Previsión Social no viola la autonomía del Ente?

Por otra parte, le pregunto al señor senador en virtud de qué norma hay que rendir cuentas a la Asamblea General de un decreto que estructure el Poder Ejecutivo reglamentando la ley.

Debo manifestar que la solución no me convence. Creo que todo esto se hubiera obviado si este punto se hubiera pasado en su momento –como manifestó hace un rato el señor senador Lacalle Herrera– a Comisión, evitándose así este larguísimo debate sobre este artículo 4º, que está trabando la aprobación del proyecto de ley.

Apoyo la propuesta formulada por el señor senador Cigliuti y así podremos seguir considerando los demás artículos, que creo que no van a plantear dificultades, como lo ha hecho éste, que es muy polémico, complicado y, sin duda, el más importante de todos.

Pienso que si seguimos en esta tesitura, vamos a seguir improvisando en Sala justamente en el artículo que trata el cambio de régimen, en el que si bien estamos todos de acuerdo, discrepamos en cuanto a su formulación concreta.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. – El señor senador Ricaldoni me ha formulado una pregunta.

Creo que es inconducente volver a insistir en porqué este artículo no se pasó a Comisión. Es una resolución que se adoptó en el día de ayer y está vigente, por lo tanto tenemos que tratar de aprobar el proyecto de ley y no seguir insistiendo con su pase a Comisión.

En cuanto a la juridicidad de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿la tiene el Banco de Previsión Social para percibir prestaciones de las cuales son acreedores otros entes estatales y quedarse con ellas o distribuirlas por sí, según su criterio? Creo que esto no debe establecerse en el proyecto de ley; y si no estamos en condiciones de hacerlo en este momento considero que por lo menos el Poder Ejecutivo tiene constitucionalmente facultades para reglamentar las leyes. Al hacer esto, puede establecer la forma de distribución. Eso es lo que me parece menos lesivo de los principios jurídicos, vista la dificultad en que nos encontramos.

SEÑOR PRESIDENTE. – El texto de este inciso podría quedar redactado aproximadamente así: "La contribución patronal rural será la aportación única de las empresas rurales y contratistas –artículos 1º y 2º– destinada a la financiación de los siguientes servicios:".

A continuación habría que enumerarlos: jubilaciones y pensiones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Los contratistas no estarían comprendidos, señor Presidente, porque aportan distinto.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: creo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, que lo que se ha querido es, partiendo de la base de la unificación, señalar algún género de aportación que, hasta este momento, ha tenido independencia. Ni las asignaciones familiares, ni otras prestaciones, tienen independencia desde el punto de vista tributario, puesto que han quedado comprendidas en la aportación patronal u obrera de carácter general.

Nosotros señalamos muy claramente que existe algún otro tipo de aportación –como es el caso de los seguros por accidente de trabajo, enfermedades profesionales o las que se mencionan– que tiene una determinación clara y específica dentro de la legislación vigente. Entonces, partiendo de ese concepto de unificación, lo que se ha señalado son las grandes líneas que tienen un campo específico de aportación y que aquí se engloban en una única versión, que se verifica en base a las pautas que se señalan en este artículo, respecto a la contribución patronal. Con relación a la contribución obrera no sucede lo mismo, ya que sigue en los términos en que está actualmente regulada.

En definitiva, este inciso da origen a diversos cuestionamientos, entre los cuales se encuentran los señalados por el señor senador Ricaldoni, en el sentido de que no estaban comprendidas las asignaciones familiares. Estas como contribución por parte del patrón, no tienen vida autónoma ni se reflejan en la realidad como una contribución específica, porque están incluidas dentro de la contribución patronal general, desde hace muchos años.

No existe una contribución aparte que deba realizar el patrón sobre un porcentaje determinado y destinado a las asignaciones familiares. Aquí se señalan las grandes líneas que han tenido independencia y que ahora se engloban en este proyecto. Por lo tanto, creo que exigen una reliquidación posterior de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten.

Entiendo, señor Presidente, que la redacción puede ser vaga, pero para aquellos que tienen que aplicar la normativa vigente no lo es, fundamentalmente para los técnicos del Banco de Previsión Social, que son los que colaboraron en la redacción de esta norma. En estos momentos ellos están aplicando todas las pautas en materia de tributación que corresponde percibir por el Banco de Previsión Social.

Aquí nos encontramos con el fundamental aporte del contador Capellini, asesor en materia de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

Todo esto me da cierta tranquilidad, porque entiendo que, en este sentido, podemos tener la seguridad de que la redacción se realizó dentro de un ámbito muy especial y en ella intervinieron el contador Capellini, el doctor Tolosa –asesores directos del señor Ministro en esta materia– la que fue recogida por la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes.

En definitiva, me inclinaría, en el caso de que se realizara una modificación, a que ésta tuviera solamente el fin de aclarar el alcance de posibles términos dudosos. Entiendo que no debemos excedernos e introducir cambios radicales en la disposición, que tiene una connotación muy clara para aquellos que deben aplicarla.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Señor Presidente: quiero insistir en una explicación en la que tal vez no fui lo suficientemente claro.

Entiendo que este artículo establece una contribución patronal general con un tope. En el inciso que estamos estudiando se determina cuáles son los conceptos que incluye esa contribución general. En este artículo del proyecto no se pretende aclarar cuál es el porcentaje general de contribución que se va a aplicar, porque no corresponde. Sin pretender innovar, más adelante se establece qué porcentaje debe imputarse al aporte patronal, a los efectos jubilatorios.

Por último restaría definir el monto que se debe pagar, de lo recaudado por el Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del Estado en virtud de las prestaciones que realice. Esto va a ser objeto de un estudio especial en el artículo 20.

Reitero que en todo lo demás no se pretende innovar, pues quedará tal como está ahora. El Banco de Previsión Social dispondrá de las cantidades que recaude, algunas de ellas con derecho propio y otras actuando como simple recaudador.

Este inciso establece los conceptos por los cuales se realiza esa aportación única. En este momento no se pretende distribuir las cantidades de dinero a recaudar.

Creo que ese debe ser el sentido de la votación, ya que lo relacionado con el tope fue aprobado; los conceptos de la aportación serán votados ahora y la distribución se considerará en los artículos siguientes.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso 5º.

Como no existe un texto sustitutivo, se vota con la redacción venida de la Cámara de Representantes.

SEÑOR AGUIRRE. – Solicito que se vote el aditivo que propuse.

SEÑOR PRESIDENTE. – Primero, se va a votar el artículo tal como viene redactado de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

– 16 en 24. Afirmativa.

Léase el aditivo propuesto por el señor senador Aguirre.

(Se lee:)

"El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de las diversas prestaciones comprendidas en la contribución patronal entre los distintos Entes estatales acreedores dando cuenta a la Asamblea General".

– Se va a votar el aditivo propuesto.

(Se vota:)

– 21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Señor Presidente: por las razones que son de conocimiento general –la necesidad de aprobar este proyecto de ley y lo avanzado de la hora– mocionamos para que se prorrogue el término de esta sesión hasta que se apruebe en particular el proyecto de ley que tenemos a estudio.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Araújo.

(Se vota:)

– 13 en 24. Afirmativa.

17) OPERACION UNITAS XXVII. Autorización para hacer escala en Montevideo a tres unidades de la Armada de los Estados Unidos de América. Modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Urgencia.

SEÑOR ZORRILLA. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. – Es de conocimiento de todos los señores senadores que la Cámara de Representantes modificó el proyecto de ley relacionado con la Operación UNITAS.

Por ser ésta la última reunión del mes y como la autorización está concedida para el día 22 del corriente mes, mociono para que se trate con carácter urgente la modificación propuesta por la Cámara de Representantes a dicho proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada por el señor senador Zorrilla.

(Se vota:)

– 21 en 24. Afirmativa.

Repártase el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia se acaba de aprobar: "Por el que se autoriza la escala en el puerto de Montevideo de tres unidades de la Armada de los Estados Unidos de América para participar en la Operación UNITAS XXVII, (Carp. Nº 628. Rep. Nº 143)."

(Antecedentes)

"Carp. Nº 628/86
Rep. Nº 143
Octubre de 1986.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 16 de setiembre de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se autoriza las escalas en el Puerto de Montevideo, de tres unidades de la Armada de los Estados Unidos de América para participar en la Operación Unitas XXVII, a partir del 22 de octubre de 1983.

Tales unidades realizarán maniobras navales combinadas con buques de la Armada Nacional en aguas territoriales entre el 24 y el 26 de octubre de 1986.

El R.O.U. "18 de Julio" participará a partir del 30 de octubre en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y la República Federativa de Brasil, fuera de aguas jurisdiccionales, regresando al Puerto de Montevideo el 17 de noviembre de los corrientes.

Con tal motivo el Poder Ejecutivo solicita a ese Cuerpo Legislativo las autorizaciones que dispone el Artículo 85 numeral 11 y 12 de la Constitución de la República.

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

Julio María Sanguinetti, Presidente de la República; Juan Vicente Chiarino, Dr. Antonio Marchesano, Enrique V. Iglesias.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Autorízase la escala en el Puerto de Montevideo entre el 22 y el 30 de octubre de 1986, de tres unidades navales de la Armada de los Estados Unidos de América, con motivo de realizarse la Operación Unitas XXVII.

Art. 2º. – A partir del 30 de octubre de 1986, se autoriza la participación del R.O.U. "18 de Julio" en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, fuera de aguas jurisdiccionales, regresando al Puerto de Montevideo el 17 de noviembre de los corrientes.

Art. 3º. – Comuníquese, etc.

Juan Vicente Chiarino, Dr. Antonio Marchesano, Enrique V. Iglesias.

La Cámara de Senadores, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Autorízase la escala en el Puerto de Montevideo entre el 22 y el 30 de octubre de 1986, de tres unidades navales de la Armada de los Estados Unidos de América, con motivo de realizarse la Operación Unitas XXVII.

Art. 2º. – A partir del 30 de octubre de 1986, se autoriza la participación del R.O.U. "18 de Julio" en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, fuera de aguas jurisdiccionales, regresando al Puerto de Montevideo el 17 de noviembre del corriente año.

Art. 3º – Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de octubre de 1986.

Enrique Tarigo, Presidente; Mario Farachio, Secretario.

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Articulo 1º. – Autorízase la escala en el puerto de Montevideo y la realización de maniobras navales combinadas con buques de la Armada Nacional en aguas territoriales, entre el 22 y el 30 de octubre de 1986, de tres unidades navales de la Armada de los Estados Unidos de América, con motivo de realizarse la Operación Unitas XXVII.

Art. 2º. – A partir del 30 de octubre de 1986, se autoriza la participación del R.O.U. "18 de Julio" en ejercicios combinados con unidades de las Armadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, fuera de aguas jurisdiccionales, regresando al puerto de Montevideo el 17 de noviembre del corriente año.

Art. 3º. – Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Art. 4º. – Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de octubre de 1986.

Luis Ituño, Presidente; Héctor S. Clavijo, Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. – En discusión particular.

Léase.

(Se lee)

– En consideración.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: formulo moción para que se acepten las modificaciones propuestas por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada por el señor senador Cigliuti en el sentido de que el Senado se declare conforme con las modificaciones introducidas a este proyecto de ley por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

– 21 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: hemos votado en contra en virtud de las razones que expusimos en oportunidad de considerarse este proyecto en el Senado.

Dejo constancia que las observaciones que formulamos en el Senado con respecto al tema de las aguas jurisdiccionales y territoriales era pertinente, ya que el proyecto fue modificado en ese sentido.

SEÑOR ZORRILLA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. – El agregado que se hizo respecto de las aguas territoriales se refiere a que éstas van hasta las 200 millas de nuestras costas. Es la aclaración que deseaba formular.

18) SEGURIDAD SOCIAL. Normas sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. – Continúa la discusión particular del proyecto de ley sobre sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

Léase el inciso 6º.

(Se lee:)

"La contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata."

– En consideración.

No sé si algún señor senador desea proponer alguna modificación a este inciso.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Quisiera que se me explique. ya que no entiendo bien este inciso. ¿Lo que se quiere decir aquí es que el aporte patronal nunca va a ser menos que el correspondiente a un peón especializado?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Exacto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso 6º.

(Se vota:)

– 20 en 22. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

– 21 en 22. Afirmativa.

Léase el inciso final sobre el que hay un texto sustitutivo.

(Se lee:)

"Si en la superficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 13."

– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso referido con la redacción que acaba de leerse.

(Se vota:)

– 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º, que pasa a ser 4º.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Creo que este artículo da plenamente razón a lo que hace un rato decía el señor senador Lacalle Herrera, en el sentido de que este es un impuesto disfrazado y no una contribución especial.

Evidentemente, el hecho gravado de la contribución especial es el trabajo de la persona que hace el aporte. Se trata de un aporte patronal y para que éste exista debe haber una explotación agropecuaria en funcionamiento. En realidad, el hecho gravado es el trabajo en el medio agropecuario.

Pero en este artículo se establece que hay que pagar el mismo aporte y todavía con una tasa aumentada en un 50 % aunque no exista trabajo o explotación agropecuaria en funcionamiento. En consecuencia, se desvirtúa el hecho gravado. Entonces, pierde la naturaleza de contribución especial, de aporte de seguridad social.

Con esto, señor Presidente, no quiero decir que esté en contra. Lo que deseo manifestar es que, jurídicamente, esto es –iba a emplear una palabra no muy académica– una "melange", una forma de mezclar los conceptos jurídicos que realmente no corresponde.

Por lo demás, me hago la siguiente pregunta, dado que la consecuencia natural del pago de la contribución especial de la seguridad social es que ésta genera un derecho para el sujeto pasivo a recibir una prestación de pasividad cuando cesa en la actividad. Y si no cesa en el trabajo, porque no hay actividad, ¿cómo está pagando la contribución de seguridad social y cómo va a generar luego un derecho para jubilarse y tener una pasividad? Esto demuestra que aquí se está desvirtuando la naturaleza del tributo que, en realidad, es –sin ninguna duda– un impuesto.

No me opongo a que este aspecto sea así. Entiendo que persigue un propósito finalista, es decir, que en el medio agropecuario los predios no estén sin explotarse, que se produzca, que es lo que beneficia al país. Pero entonces, llamemos las cosas por su verdadero nombre jurídico. Vamos a calificar a los institutos como corresponde, porque esto no tiene nada que ver con una contribución de seguridad social, es un impuesto, repito, que no debe generar derecho a jubilarse, porque aquí la persona no está trabajando. Entonces, si no está trabajando, no veo cómo se va a jubilar por una tarea que nunca realizó. Me parece que esto es realmente absurdo.

En cuanto a la redacción de la norma en el segundo parágrafo, considero que es realmente incongruente. El primer inciso comienza diciendo: "Cuando no existiere explotación agropecuaria". El hecho de no existir explotación agropecuaria no es un concepto jurídico, sino que es una situación de hecho. Por lo tanto, me parece que no tiene sentido que en el segundo parágrafo o inciso se diga: "En tal caso, así como en cualquier otra situación jurídica o de hecho que, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo implique la no explotación del predio". No; no son las situaciones jurídicas las que implican la no explotación del predio; con cualquiera de ellas puede haber o no explotación del predio. La no explotación del predio es una situación de hecho, no jurídica. Aquí se dice: "situación jurídica o de hecho que de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo".

Pregunto: ¿el Poder Ejecutivo puede decir que hay situaciones de hecho que implican la no explotación del predio, si éste está explotado o viceversa? Creo que no tiene sentido.

Considero que lo que debe decir el inciso 2º es lo siguiente: "En tal caso, el monto de la unidad básica de contribución se incrementará en hasta un 50 %".

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Por los artículos 14 y 15 –que ahora pasarían a ser 13 y 14– todo propietario de inmueble debe hacer una declaración anual ante el Banco de Previsión Social, estableciendo cuál es la ocupación o destino del inmueble que posee.

En consecuencia, la filosofía del artículo 5º es castigar, diríamos así, los fines especulativos de propiedades rurales sin explotación, a efectos de incrementar sus precios, valorizarlas; buscan un mejor precio ya sea con fines de arrendamiento o de venta.

Cuando el artículo dice: "En caso de no ser explotado", está refiriendo que quien posee un bien no explotado, no tiene derecho a jubilación porque no puede demostrar que trabajó la propiedad. Si no la ha trabajado, no tiene derecho jubilatorio. Por ejemplo, si poseo un bien, lo doy en arrendamiento y no lo trabajo, no tengo derecho jubilatorio. Estoy de acuerdo con que, jurídicamente, podría considerarse no una contribución a la Seguridad Social sino un impuesto a la especulación de un bien que no ha sido explotado; pero la filosofía del artículo es esa.

Me parece absolutamente justa la iniciativa del Poder Ejecutivo, que la Comisión compartió y que nosotros entendemos tiene una alta finalidad social, ya que evita que el propietario de un inmueble rural especule con el mismo, teniéndolo años sin explotar.

(Ocupa la Presidencia el doctor Lacalle Herrera.)

– Esto sucede frecuentemente en la zona fronteriza, donde la tierra se valoriza como consecuencia de la compra por parte de extranjeros, pues este hecho incide en el precio de la hectárea. Por lo tanto, parecería que la contribución debe realizarse aunque el predio no sea explotado.

Por otra parte, denominar a este tributo como "contribución o impuesto" no hace ninguna diferencia porque la finalidad social es la misma. Sin embargo, al establecerse que el predio no está explotado, el interesado no tiene derechos jubilatorios ni ninguno de los otros beneficios que determina la ley.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: por un lado quiero prestar mi apoyo a las observaciones del señor senador Aguirre y por otro, agregar algunas consideraciones más. Concretamente, planteo al Cuerpo la posibilidad de suprimir lisa y llanamente la totalidad del artículo 5º.

En la sesión de hoy hemos podido advertir una vez más que muchas veces las intenciones no se corresponden con los textos en los que se pretende reflejarlas. El señor senador Silveira Zavala expresó algo que podemos compartir en el sentido de que quien no explota un predio tenga determinado tipo de sanción. Sin embargo, entiendo que la sanción impuesta en este proyecto no recae sobre quien no explota un predio sino sobre su propietario.

En el primer parágrafo se plantea la siguiente hipótesis: si quien ocupa el predio no lo explota, quien debe pagar es el propietario. Y, entonces, me pregunto, ¿no es más lógico y justo que quien deba pagar con multas sea aquel que, teniendo el predio –aunque no sea el propietario– no lo explota? De lo contrario –y solicito que se reflexione sobre este punto– ¿qué va a suceder? Un arrendatario, un medianero, un aparcero, o un subarrendatario –son muchas las figuras que se pueden dar– está ocupando un predio que no explota y lo abandona. En ese caso, el propietario se ve enfrentado a una serie de dificultades. Por un lado, debe tratar de recuperar su predio porque si no lo explota quien debería hacerlo de acuerdo con el contrato, es muy probable que tampoco pague la renta, lo que es muy habitual. Por otra parte, se castiga a ese propietario por algo que no le es imputable porque, ¿qué culpa tiene el propietario si el arrendatario no explota el campo por el que realizó un contrato? El propietario no tiene absolutamente ninguna responsabilidad y, sin embargo, es quien "paga los platos rotos" porque se trata de una situación que a mi juicio es tremendamente injusta.

Además, en el segundo párrafo –no sé si esto ya fue planteado por el señor senador Aguirre– se establece una solución que no me parece conveniente. Se encarga al Poder Ejecutivo que determine, de acuerdo con una reglamentación, cuáles son los casos que implican la no explotación del predio.

Considero que esta es una delegación de competencia que el legislador hace al Poder Ejecutivo, que no corresponde en manera alguna porque, en definitiva, se va a establecer un gravamen sin que quienes estamos estudiando la ley sepamos a ciencia cierta cuál es el hecho –no sé si imponible o punible– sobre el que estamos legislando.

Creo que para lograr una solución, el Cuerpo debe meditar en torno a este tema. En realidad, este artículo apunta a algo que es absolutamente injusto por lo que pienso que su supresión beneficiaría al texto. Repito que con esa redacción se le va a hacer pagar por actos ajenos a aquellos que han entregado su predio en una de las tantas formas contractuales que reconoce nuestro derecho.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Ratificando en parte las expresiones del señor senador Ricaldoni, quiero agregar que puede haber casos –y los hay– en que el propietario es absolutamente ajeno en su voluntad y en sus hechos a la circunstancia de que el predio no esté explotado.

Recuerdo más de un caso en que un predio rural fue comprometido en venta por el propietario a alguien que después resultó ser procesado por la justicia como sedicioso. Ese bien fue luego confiscado por la justicia militar, ocupado por un establecimiento militar que asoló la explotación rural y la sustituyó por un cuartel.

En casos como éste –que es real y verídico– no veo qué responsabilidad puede tener el propietario –que seguramente debe estar reclamando la devolución de su bien– por el hecho de que el Estado haya sustituido la explotación rural por la instalación de un cuartel.

Si no se establece como contrapartida la posibilidad del propietario de justificar su no culpabilidad en los hechos, parecería que se está creando una responsabilidad subsidiaria que no tiene sentido.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Considero que la finalidad de este artículo es castigar la posesión de bienes con fines especulativos.

El primer párrafo de este artículo dice que el propietario de un inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare. En este caso, el responsable de la contribución es el que dispone del inmueble de una u otra forma; el propietario tomará las previsiones necesarias para el cobro de los aportes, tal como lo hace en relación a las cuotas impagas.

El segundo párrafo se refiere a los casos en que el propietario tiene inmueble –no lo ha cedido en arrendamiento ni en ninguna otra forma– y no lo explota, con fines especulativos.

Este artículo responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo y lo comparto porque creo que es necesario evitar la especulación que se puede realizar al tener bienes rurales sin explotarlos. De todas maneras, si se quiere suprimir este artículo, no tengo inconveniente alguno, pero me parece que su finalidad social es clara y por ello lo acompaño.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Este artículo ha sido motivo de controversias, incluso, cuando se analizó en Comisión. Allí, el señor senador Capeche promovió y planteó la situación del propietario de buena fe que pudiera resultar víctima del abandono voluntario del tenedor del inmueble. Resulta que en virtud de esta disposición, frente a la no explotación del predio, ese propietario que aparece como responsable subsidiario, pasa a ser principal.

El hecho concreto es que la ley busca en cierta manera sancionar la no explotación de un inmueble. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, retrotrayendo y colocando en el grado de principal a quien tiene una responsabilidad subsidiaria. Entiendo que la ambivalencia en que se maneja el texto de este proyecto ocasiona esa incertidumbre acerca de qué es lo que se dice y cómo se debe interpretar.

En todas las situaciones en que alguien tiene la tenencia de un predio a cualquier título –ya sea arrendamiento, medianería, etcétera– y no lo explota, no se plantean problemas pues él es el responsable –me refiero al tenedor, al explotador, al empresario rural– del pago y la versión de la contribución.

Sin embargo, por obra de esta disposición, se deja de lado la figura del empresario rural; todas las definiciones que hasta el momento se han dado, desaparecen en este texto, con lo que se crea un vacío. Entonces, surge la figura del propietario que puede no ser el explotador del predio ni estar comprendido en ninguna de las definiciones que se han dado acerca del sujeto pasivo de la obligación tributaria. De acuerdo con las normas que determinan quién es empresario rural –que es quien está obligado al pago– esta persona es quien está a cargo de la titularidad de una empresa así como de su explotación. Por supuesto, puede no ser el propietario. Sin embargo, en este texto se hace lucir como tal a quien no tiene la condición de empresario, por lo que aparece como el responsable

Es indudable que la explicación está dada por lo que señaló el señor senador Silveira Zavala en cuanto a las maniobras que realizan aquellos propietarios que especulan con el incremento o el alza en el valor de las tierras, manteniéndolas totalmente inexplotadas, sin hacer inversión alguna. Esto trae aparejada una situación inconveniente, que al país no le sirve y que debemos rechazar. Pero sucede que el propietario que actúa con ese espíritu tan contrario al interés nacional, mediante un artificio hace aparecer como titular de la explotación a un arrendatario o a un medianero insolvente, evadiéndose así de toda responsabilidad. Previendo este tipo de situación, se trae al propietario a primer plano.

Si ése fuera el sentido, creo que tendríamos que dar otra redacción a esta disposición. Evidentemente, a pesar de que existe un titular que ha hecho abandono de la obligación de mantener el predio y de producir en él, no podemos convertir en empresario a quien no ha figurado ni tiene la condición de tal. No podemos admitir que el propietario, que tiene una responsabilidad subsidiaria, deje de tenerla, para aparecer como responsable principal sin tener la calidad de empresario.

Creo que en el afán de prever esa situación excepcional que puede darse, podemos causar graves daños.

En definitiva, la proposición que ha hecho el señor senador Ricaldoni, en el sentido de eliminar este artículo en términos generales, contempla mejor un criterio de justicia y el orden sistemático y lógico de un proyecto de ley, que la vía indirecta que prevé el artículo 5º. Por consiguiente, me inclino también por la eliminación del artículo.

SEÑOR ZUMARAN. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – En forma coadyuvante con lo que acaba de expresar el señor senador Tourné y en apoyo de la tesis del señor senador Ricaldoni –con quien hemos discrepado a lo largo de la discusión de este proyecto debo aportar un elemento más.

Llegará el momento en que el propietario de ese inmueble tenga que vender y, en esa oportunidad, tendrá que estar al día con sus obligaciones con el Banco de Previsión Social. Entonces, inexorablemente, va a tener que cumplir con sus obligaciones, que ahora no dependen del personal ocupado, sino de las hectáreas y pagar con multas y recargos. Entiendo que, en definitiva, este artículo va a beneficiar a ese propietario que, o no explota su predio –cosa muy difícil porque, por lo menos, tendrá ganado a pastoreo– o no se ha inscripto en la Caja, no ha hecho la declaración, o no está al día con sus obligaciones. Queriendo castigarlo, lo beneficiamos, porque le damos algunas posibilidades de escape, respecto a si existió o no explotación, etcétera.

Me parece que si se mantiene el régimen vigente –que establece la obligación de estar al día en el momento de vender, previéndose multas y recargos– llegará un momento en que ese propietario no explotador va a sufrir un grave perjuicio, porque, en todo caso, la liquidación se le podía hacer por el mínimo de personal; pero ahora que es por hectárea, si se trata de un propietario de una gran extensión –que me parece que es a ellos a quien apunta esta disposición– explote o no la tierra va a tener que hacer esta contribución por hectárea y, en el momento de vender y obtener los certificados, tendrá que regularizar la situación.

Por consiguiente, adhiero a la propuesta del señor senador Ricaldoni en el sentido de eliminar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. – El señor senador Zumarán ha aportado un argumento fundamental.

En los hechos, cualquiera fuere el tamaño o la extensión de la explotación agropecuaria, bastaría, por ejemplo, que se hiciera una mínima plantación o se introdujera una pequeña cantidad de ganado para que pudiera decirse que hay explotación.

De esta manera, la responsabilidad del propietario se desvía hacia ese testaferro que figura como empresario rural.

Así, aunque esta ley trata de prever una situación anormal, y de precaverse contra el propietario, va a ser muy difícil que pueda aplicarse esta norma que se refiere a la responsabilidad subsidiaria del propietario por el hecho de que resulta prácticamente imposible comprobar que en un predio no existe ningún género de explotación adecuado a lo que requiere la ley.

Por otra parte, otras normas impositivas prevén una tributación que recae sobre las explotaciones agropecuarias y que están referidas a determinados índices de productividad. Por esa vía, sin lugar a dudas, se está cumpliendo también, a través de mecanismos paralelos, con un objetivo de interés general.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Entendemos que, en algunos casos, podría resultar injusto ir contra el propietario, pero también consideramos que en este país hay muchos propietarios –inclusive extranjeros– que han comprado tierras sólo para especular con el valor de las mismas.

A nuestro juicio, esa gente tiene que contribuir. Nos parece muy bien que se establezca un recargo para quienes, en definitiva, sólo especulan con el valor de la tierra.

Estaríamos dispuestos a modificar, a mejorar el texto de forma tal que se pudiera ir contra el arrendatario, el medianero y, en caso de que éste fuera insolvente –porque allí podría estar la trampa– se pudiera proceder contra el propietario.

En ese sentido, reiteramos que estaríamos dispuestos a mejorar el artículo pero, de no ser así, preferimos votarlo tal como vino de la Cámara de Representantes, porque pensamos que su eliminación, no se compadece con el artículo de la ley y con lo que hemos venido aprobando hasta el presente.

SEÑOR CAPECHE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. – Señor Presidente: como muy bien lo ha señalado el señor senador Tourné, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social habíamos hecho conocer nuestra preocupación por la redacción dada al artículo 5º. Si bien .es cierto que la ley trata de que la Caja tenga los mayores aportes, de que los campos no permanezcan improductivos y de que no exista esa especulación a que se ha hecho referencia, también se comete una gran injusticia con mucha gente, como muy bien lo ha señalado, entre otros, el señor senador Ricaldoni, quien felizmente ha hecho comprender al Cuerpo la inconveniencia de que se vote el artículo 5º tal como figura en el proyecto.

Entiendo que hay muchos casos de productores que arriendan un predio y han dejado una parte del mismo sin explotar, a los efectos de no pagar los aportes.

Por tal motivo, el dueño de la propiedad no puede hacerse de ella a pesar de que la necesita porque quizás tenga una vivienda y quiera irse para su predio y no pueda hacerlo. Además, la ley lo castiga imponiéndole una tasa de hasta el 50 % de recargo.

Por eso, señor Presidente, celebro que las distintas manifestaciones de los señores senadores nos hayan hecho comprender que estamos en el acierto al preocuparnos por este tema en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR MEDEROS. – Apoyado.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Señor Presidente: deseo hacer una aclaración.

Acabo de dialogar con el señor senador Zumarán y considero que sus argumentos son absolutamente convincentes. No habíamos analizado en detalle la situación y, por lo tanto, vamos a modificar nuestro voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa se permite recordar a los señores senadores que el debate libre fue votado a los efectos de tratar dos artículos anteriores. Además, por su notoria benignidad, la Mesa ha permitido la violación del Reglamento.

Se va a votar el artículo 5º, que pasa a ser 4º.

(Se vota:)

– 2 en 19. Negativa.

Por otra parte, la Mesa desea fundar su voto negativo en el sentido de que siempre consideró que éste era un impuesto y que la forma jurídica que se ha elegido es errónea en cuanto a la finalidad que se quería obtener.

SEÑOR AGUIRRE. – Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – En consideración el artículo 6º, que pasa a ser 4º.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: le voy a enviar por un oficial de Sala una tarjeta con mi nombre, como lo acabo de hacer con el señor senador Capeche.

Tengo varias objeciones con respecto a este tema.

En primer lugar, me pregunto por qué no se incluye para las sociedades en comandita por acciones, la misma disposición que rige para los accionistas de las sociedades anónimas, en el sentido de que no son los responsables. En realidad, la misma filosofía debería inspirar un caso como el otro, porque no se entiende por qué el accionista de una sociedad anónima tiene una posición que lo privilegia en relación a los de las sociedades en comandita por acciones que exploten un predio rural.

Propongo que se establezca la misma referencia respecto a los accionistas de las comanditarias por acciones.

En segundo término, pienso que debería decirse algo con respecto a los integrantes de los condominios o sucesiones que figuraban en un artículo anterior.

Esta segunda observación es, naturalmente, mucho más discutible que la primera. Esta última me parece de estricta justicia.

En tercer lugar, considero que lo correcto sería que la responsabilidad afectara a los directores –mi propuesta sería a los de sociedades anónimas y de las comanditarias por acciones– así como incluir al administrador, porque en muchos casos éste es el verdadero eje de la explotación agropecuaria y, frecuentemente, los directores, por razones de tipo formal, no están al tanto del manejo de la explotación y del cumplimiento de las distintas normas legales Incorporar al administrador en este tipo de responsabilidad, creo que, en definitiva –y la experiencia profesional lo indica– constituye una tranquilidad para los directores, ya que los administradores van a ser, sin duda, más celosos en el cuidado de estas obligaciones que la ley pone de cargo de las explotaciones que administran.

De manera que, en el momento oportuno, voy a proponer un texto sustitutivo que haré llegar a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – A la espera de la sugerencia del señor senador Ricaldoni y, una vez que llegue a la Mesa, se pondrá a votación si el Cuerpo acepta el criterio de tal agregado.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – En el afán de ser práctico y ganar tiempo, creo que las objeciones del señor senador Ricaldoni quedarían contempladas si se expresa en la segunda oración: "Tratándose de sociedades anónimas y en comandita por acciones, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a sus directores y administradores".

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: confieso que no entiendo hasta dónde llegan las modificaciones propuestas por el señor senador Ricaldoni, porque en las sociedades de responsabilidad limitada hay serios administradores, así como en otro tipo de sociedades. En lo que respecta a las anónimas, habría que distinguir bien, quiénes son los administradores, que pueden ser los directores o pueden ser los gerentes o algún otro empleado de la sociedad que tenga esa calidad.

El asunto no es tan fácil. En lo que dice relación con las sociedades en comandita –hay socios comanditarios que pueden serlo por acciones– y hay socios solidariamente responsables por disposición legal y éstos no pueden tener la responsabilidad limitada a su aporte en la forma en que la tienen los comanditarios, sean, éstos, socios comanditarios por acciones, o con aportes en efectivo.

SEÑOR ZUMARAN. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSOSIMO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Creo que el señor senador Cersósimo tiene razón en la medida en que el administrador puede ser un empleado o un dependiente. Esto es muy común en una sociedad anónima con directorio. En el caso de las sociedades en comandita por acciones no es tan frecuente, pero sí es posible.

No me parece bien que un funcionario dependiente sea solidariamente responsable de las obligaciones de la empresa. Considero muy atinada la observación del señor senador Ricaldoni en el sentido de incluir a las sociedades en comandita por acciones en este artículo. En mi opinión lo correcto sería limitar la redacción a los directores que tienen la responsabilidad legal de administrar la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. – En una sociedad en comandita puede o no haber directores, puesto que esto no está establecido expresamente en la ley. Para limitar el problema a las sociedades en comandita –porque el tema de los administradores es más complejo en las sociedades anónimas– se diría que los socios que fueren comanditarios por acciones no tendrán responsabilidad solidaria. Con eso quedaría solucionado el problema.

El señor senador Ricaldoni –cuyo nombre sí recuerdo– asiente con la cabeza.

SEÑOR RICALDONI. – ¿Con qué quiere que asienta, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. – Puede asentir diciendo expresamente que sí. Es asentimiento o consentimiento. También puede consentir, por ejemplo, poniéndose de pie o, naturalmente, dirigiéndose a la Mesa.

En mi opinión, ésa sería la redacción más apropiada para este artículo. ¿Está de acuerdo, señor senador Zumarán?

Se trata simplemente de agregar al final del artículo, otro subinciso, que diga: "En las sociedades en comandita, los socios que fueren comanditarios por acciones no tendrán responsabilidad solidaria".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 6º, que pasó a ser 4º, con el aditivo propuesto por el señor senador Cersósimo.

(Se vota:)

– 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º, que pasa a ser 5º.

SEÑOR BERRO. – ¿Me permite, señor Presidente?

En este caso hay que corregir la referencia que se hace al artículo 3º, que pasó a ser 2º.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 7º, que pasó a ser 5º, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

– 17 en 19 Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – En el artículo que acabamos de votar, en su inciso segundo, se hace referencia al artículo 10 de este proyecto. Como todavía no sabemos qué número llevará, sugiero que se autorice a la Mesa para que realice la correlación correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Así se hará, señor senador.

En consideración el artículo 8º, que pasa a ser 6º.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – A quienes no somos versados en materia de seguridad social, muchas veces se nos plantean dudas cuando analizamos las disposiciones. Pero me siento en la obligación de señalar esos puntos que me preocupan y que desearía se me aclararan, ya que estoy dispuesto a que se me convenza de lo contrario de lo que voy a expresar.

Entre otras cosas, el artículo 86 de la Constitución determina que al Poder Ejecutivo le corresponde iniciativa privativa en materia de cómputos o de beneficios jubilatorios. El artículo 18 del proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo tiene el mismo texto que el inciso segundo de este artículo que estamos considerando, que fue aprobado por la Cámara de Representantes. Ahora bien; en el inciso tercero de este artículo 8º que pasó a ser 6º, se establece que: "En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos . . ." A primera vista, me parece que se está introduciendo un agregado relativo a cómputos que no aparecía en el texto del proyecto del Poder Ejecutivo, por lo que no contaría con la iniciativa de ese Poder.

La segunda observación apunta al inciso siguiente de este artículo que dice: "Se reputará que el 50 % (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales". Pienso que se plantea una situación análoga a la anterior.

El artículo 17 del texto original enviado por el Poder Ejecutivo establecía un determinado sistema con ciertas excepciones que figuraban en dos numerales. Ese artículo, en su introducción, decía: "La asignación jubilatoria mensual de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al ochenta y cinco por ciento del salario mínimo nacional... con las excepciones que se determinan seguidamente:".

Se eliminan, precisamente, esas dos excepciones. De ahí mi duda, porque entiendo que al eliminarlas se están aumentando las jubilaciones, con lo que se estaría incurriendo también en una violación del artículo 86 de la Constitución, que establece que para el aumento de las jubilaciones se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, habida cuenta de que en materia de beneficios jubilatorios tampoco se hacía ninguna referencia en el texto original enviado al Parlamento.

El último inciso del artículo 8º, que pasó a ser 6º, tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes, dice: "En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición". Me parece que en este caso también se está procediendo a un aumento, porque el tope que aquí se fija es mayor que el que proponía el texto del Poder Ejecutivo.

Por supuesto, no estoy en contra del tope aquí establecido; simplemente digo que me parece que es superior al que figuraba en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Por eso se me ocurre que en este caso también estaríamos olvidando que para dar un aumento se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

Aclaro que no estoy absolutamente seguro en cuanto a esto, pues quienes no integramos la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social no hemos tenido el tiempo necesario para estudiar el proyecto a fondo. Hago estos planteos por un sentido de responsabilidad y al solo efecto de que se aclaren estas dudas, no sea cosa que después, cuando este proyecto se convierta en ley, den lugar a problemas.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – En oportunidad de la discusión general de este proyecto establecimos que el mismo era producto de un acuerdo final entre la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes integrada con tres miembros de la de Ganadería y Agricultura y el Poder Ejecutivo. En la página 311 del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del día 23 de setiembre de 1986, aparece el texto del Mensaje que, con esa misma fecha, envió el Poder Ejecutivo con la iniciativa para todas y cada una de las disposiciones contenidas en este proyecto, cuyo texto tenemos a la vista, a cuyo pie figura la firma del señor Presidente de la República, y de los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas. El texto del artículo 8º que aparece allí es exactamente igual al de éste, que pasó a ser 6º.

SEÑOR RICALDONI. – ¿Ese antecedente está repartido?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – El Mensaje del Poder Ejecutivo, repito, fue incluido en el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes.

El error es que el señor senador está leyendo el texto del Poder Ejecutivo que es absolutamente distinto, así como lo es el anteproyecto que preparó la Comisión de Previsión Social y le envió al Poder Ejecutivo.

SEÑOR RICALDONI. – Pero en el repartido que tengo en mi poder eso no figura.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Precisamente por eso le aclaro que existen dos Mensajes: uno que se refiere a todo el articulado excepto los artículos 23, 24 y 25; y otro que fue remitido con fecha 23 de setiembre –después de un acuerdo a que se llegó alrededor de la medianoche– en el que se incluía la iniciativa para los artículos 23, 24 y 25. Dicho Mensaje figura desde la página 311 a la 314 del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes y tiene la misma redacción, en todos sus artículos, que el que estamos considerando.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa dispondrá que se distribuya la fotocopia del material de que dispone el señor senador Silveira Zavala, a efectos de que todos los señores senadores cuenten con la debida información.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Lamento que el repartido sea incompleto, nada menos que en algo tan importante como es el Mensaje complementario. Si en el repartido de la Cámara de Representantes figura el texto que se cita, reconozco que le asiste razón al señor senador Silveira Zavala. Resulta lamentable que el repartido que se nos proporcionó no nos diera un elemento de juicio tan importante como ese.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Esa falta se va a subsanar mediante las fotocopias que están en trámite.

Antes de que se proceda a votar este artículo, si se me autoriza a hacer una pregunta desde la Mesa, quisiera saber ¿cuál es el alcance de la expresión "cónyuge colaborador"? ¿Qué es lo que le da ese carácter?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Se es cónyuge colaborador siempre que, habitual y personalmente, realice tareas en establecimientos rurales, en empresas unipersonales. En lo que se refiere a empresas pluripersonales, en el caso de trabajar la cónyuge y el hijo, la aportación tiene que acrecer un 10 %. Se trata del cónyuge que siempre, habitual y personalmente, repito, realiza tareas en el establecimiento agropecuario. No se trata de todas las cónyuges. En el caso de ser colaborador debe afiliarse y estar comprendida dentro de la aportación patronal.

SEÑOR AGUIRRE. – También está el cónyuge entorpecedor.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º, que pasa a ser 6º, sobre la base de que cuenta con el Mensaje de iniciativa correspondiente, haciendo fe de la lectura realizada por el señor senador Silveira Zavala.

(Se vota:)

– 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración del artículo nono, que pasa a ser 7º.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – En el ex artículo "nono", según la terminología empleada por el señor Presidente, donde dice artículo 4º, debe decir 3º.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo con la corrección formulada por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

– 16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 10, que pasa a ser 8º, "Montepío: concepto y monto".

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: en el tercer parágrafo de este artículo, se desliza una norma contradictoria con respecto a lo aprobado en el artículo 4º, que pasó a ser 3º.

En el final de dicho parágrafo se dice lo siguiente: "En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales". Me parece que esto contradice lo que expresa el actual artículo 3º, en el cual se menciona que en el aporte está incluido este impuesto a las retribuciones personales.

Por un lado, en el artículo 3º se diría que está incluido y en el 8º en cambio se dice que se adicionará el Impuesto a las retribuciones personales. Puede ser que yo esté confundido, pero parece que hay una contradicción.

SEÑOR AGUIRRE. – Se trata de un aporte obrero.

SEÑOR RICALDONI. – Entonces, retiro mi observación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa sugiere al Senado que nombre un Presidente ad hoc o que se me autorice a hacer uso de la palabra desde aquí.

VARIOS SEÑORES SENADORES. – Está autorizado.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Quisiera saber a qué se debe la diferencia de porcentajes, del 10 y del 13 %, cuando por el solo hecho de tener ciertas categorías un sueldo mayor, la contribución también lo sería, aunque se aplicara el mismo porcentaje. Por consiguiente, entiendo que sería más igualitario establecer un aporte global de montepío del 10 %, 11 % o 13 %, para todos. De otra forma parece que se quiere castigar el ascenso de un trabajador, cuando pasa a ser capataz o mayordomo, fijándole un aporte mayor. Reitero que si es porcentual, la mayor retribución se va a reflejar en una mayor contribución por concepto de montepío.

Como muchos señores senadores que han hecho hincapié en el carácter justiciero del texto de este proyecto de ley, considero que esa intención estaría contemplada con una tasa de montepío uniforme.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – No se puede hacer lo que sugiere el señor Presidente, porque existe el escollo insalvable de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Lo que ocurre es que originalmente el Poder Ejecutivo había propuesto una categoría única de trabajadores, con una aportación también única, referida al salario mínimo nacional. Después se llegó a un acuerdo y se hizo, digamos, un corte en la categoría "peón especializado", disminuyendo el aporte. En realidad, los aportes se rebajan para ambas categorías. O sea que del peón especializado para abajo del 17 %, se rebaja al 10 % más el 1 % por retribuciones persónales, y en las categorías superiores, como tienen una mayor retribución, se les fija un montepío del 13 % Hay que tener en cuenta, entonces, que en un caso se rebajó el montepío del 17 % al 10 % y en otro, del 17 % al 13 %.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Hago hincapié en que la observación no ha sido hecha en cuanto a los montos, sino en cuanto a la diversidad de tasas, cosa que parece inexplicable desde todo punto de vista.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Creo que en materia de tasas, la iniciativa del Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. El artículo 86 de la Constitución no hace referencia a las tasas, por lo cual creo que podemos movernos sin esa iniciativa.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Apoyo plenamente lo que ha expresado el señor Presidente con respecto a la uniformidad de las tasas. Pero deseo formular otra observación referida al parágrafo 3º, donde se determinan las categorías ocupacionales que aportarán la tasa del 10 %. Creo que allí se incurre en una incongruencia cuando entre la mención de tropero, peón jornalero, peón chacarero, que representan las distintas actividades que se cumplen en el medio rural, se intercala la referencia a los menores de 18 años, lo que obviamente no es un género de ocupación, no es una forma de trabajo, sino que es una edad. . .

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Lo que ocurre es que cualesquiera de esas actividades, desempeñada por un menor de 18 años, generará una retribución distinta, de acuerdo al laudo. Por ende, es una categoría móvil, que se puede aplicar a cualesquiera de las otras. La edad, pues, es un nuevo componente que determina un salario menor.

SEÑOR AGUIRRE. – Se trata, entonces, de una incongruencia conceptual del laudo.

SEÑOR CERSOSIMO. – Estoy de acuerdo.

SEÑOR AGUIRRE. – Retiro, entonces, mi observación.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – En principio, deseo señalar que comparto la misma inquietud del señor Presidente en cuanto a lo que parece una discriminación artificial de las tasas de aportación; pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en el campo de una contribución que es fijada por el Poder Ejecutivo y que una rebaja implica una exoneración parcial de impuestos. Esto es algo que no podemos hacer sin que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa correspondiente.

Esta circunstancia de índole constitucional me impide acompañar un planteamiento a todas luces justiciero pero que el Parlamento no puede por sí apoyar, en atención a lo que dispone la Carta constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa se permite preguntar a los técnicos en la materia, cuánto es el aporte actual. Digo esto porque si en el artículo no se hiciera mención a ninguna tasa, quedaría vigente la actual.

SEÑOR ZUMARAN. – Si la memoria no me traiciona, era del 17 %.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Es el 17 % por concepto de montepío y el 3 % más por concepto de DISSE.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Para una aclaración, señor Presidente. El 17 % está gravando las remuneraciones reales efectivamente percibidas. No tiene nada que ver con lo que estamos tratando que son aportes sobre fictos.

SEÑOR AGUIRRE. – Estamos hablando de montepíos.

SEÑOR RICALDONI. – Pido disculpas, pero a esta altura de la noche, es fácil confundirse.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Me parece que aquí se están discutiendo dos cosas distintas. Una es el aspecto sustancial o conceptual respecto a si corresponde o no rebajar la tasa, que estaba fijada en un 17 %, es decir, si puede resultar excesivo bajarla al 10% para todas las categorías de trabajadores rurales.

Otro punto es si tenemos facultades constitucionales para hacerlo o no, que es lo que ha objetado el señor senador Tourné.

Creo que como ha dicho el señor senador Ricaldoni, en materia de tasas no rige el principio de la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo; y que la discrepancia que el Parlamento pueda tener con la tasa propuesta por el Poder Ejecutivo no significa disfrazar la fijación de dicha tasa, esto es, disfrazar por esa vía una exoneración tributaria, la cual significa declarar que una determinada categoría de sujetos pasivos, de contribuyentes de un impuesto, dejan de pagarlo. Con ese criterio, razonando en cierto sentido por el absurdo, si el Poder Ejecutivo nos propone, para un impuesto una tasa totalmente abusiva, desproporcionada, que trajera efectos económicos distorsionantes, por ejemplo, una tasa del IVA del 80%, y nosotros dijéramos que es una barbaridad, no la podríamos bajar al 20 o al 18% en que estaba, porque eso sería una exoneración tributaria disfrazada.

Creo que basta este ejemplo para comprender que la objeción de carácter constitucional no es válida. Otra cosa es determinar si es acertado bajar la tasa del 17% en que estaba, con carácter general, al 10%.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Falta hacer una aclaración. En el inciso final, la remisión a los artículos 2 y 3 pasa a ser a los artículos 1 y 2.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – En realidad, el aporte actual obrero es el 16%. Es el 17% con el impuesto a las retribuciones personales.

Quiero aclararlo, porque el montepío es el 13%, a lo que se agrega el 3% por DISSE. Cuando hablé del 17% cometí un error, porque este porcentaje era con el 1% de Impuesto a las Retribuciones Personales.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 8º, con la sugerencia de que sea una tasa uniforme del 10%.

(Se vota:)

– 14 en 18. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Se trata, evidentemente, de la fijación de la tasa de un impuesto. Ello requiere mayoría absoluta de votos de cada Cámara, por lo que la proclamación afirmativa debió haber sido negativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa proclamó el resultado matemático y no tuvo en cuenta –por no ser quien habla, jurista como el señor senador– las consecuencias jurídicas de su actitud.

SEÑOR TOURNE. – Se trata de una contribución y estamos fijando la tasa de un tributo, para lo cual, de conformidad con las normas constitucionales, se requiere la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – La contribución no es un impuesto; es una especie del género de los tributos, de la cual también es una especie el impuesto.

Para votar impuestos se requiere la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara; pero para votar contribuciones especiales, no. Las normas deben interpretarse de acuerdo a sus conceptos expresos. No podemos extender, por analogía, una exigencia especial que hay para los impuestos, a las contribuciones especiales.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: quiero señalar que es muy claro que cuando la norma constitucional se refiere a impuestos, tiene que ver con todas las disposiciones de carácter tributario. Ese ha sido el criterio mantenido por el Parlamento durante todo su funcionamiento. De manera que están comprendidas tasas, contribuciones de cualquier naturaleza, e impuestos, dentro de la norma en la que se requiere mayoría absoluta. Este criterio constitucional es el que determina mi voto.

Creo, señor Presidente, que si no hay quórum, debemos ponernos de acuerdo respecto a qué va a pasar. Para el caso de que no alcance el quórum indispensable para la votación, pienso que hay que volver a votar –como solución de descarte y única– la disposición que originariamente estaba incluida en el proyecto de la Comisión.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: creo que en modo alguno se puede compartir lo que ha expresado nuestro amigo, el señor senador Tourné.

El artículo 87 de la Constitución dice: "para sancionar impuestos". En ningún lado se expresa que es para sancionar tributos y en modo alguno se le puede hacer decir a la Constitución lo que ella no expresa.

Creo que la Mesa proclamó correctamente el resultado y que el artículo quedó aprobado.

Tampoco estoy de acuerdo en que, como se acaba de señalar, la tradición parlamentaria exige mayoría absoluta cuando se vota cualquier tipo de recursos. No tengo antecedentes a mano, pero creo que si hiciéramos el rastreo de éstos, la respuesta sería favorable a lo que estoy sosteniendo.

No sé qué opina sobre este punto nuestro asesor honorario en materia tributaria, el señor senador Senatore, pero me gustaría conocer su opinión.

SEÑOR SENATORE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. – Señor Presidente: la Constitución es muy clara. Habla de "impuestos". El impuesto es un tributo, pero también lo son las contribuciones especiales. De manera que lo que se requiere para impuestos, evidentemente no está exigido a texto expreso en la Constitución –y aquí no podemos guiarnos por analogía– para las contribuciones especiales, que son tributos pero no impuestos.

SEÑOR AGUIRRE. – Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a rectificar la votación del artículo, con la nueva redacción.

SEÑOR BERRO. – Se diría, simplemente: "Los trabajadores rurales aportarán un montepío del 10%."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar.

(Se vota:)

– 17 en 19. Afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Creo que el señor senador Berro tiene razón. Los obreros aportarán como montepío el 10% y, en todos los casos, se le adicionará el impuesto a las retribuciones personales. Y después quedaría el inciso final, porque ya lo de las categorías ocupacionales de los trabajadores rurales, etcétera, no iría.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a rectificar la votación con el texto que sugiere el señor senador Silveira Zavala, que parece de toda razonabilidad.

SEÑOR TOURNE. – Solicito que se ponga a votación, en primer término, el texto tal como viene de la Comisión; y luego el texto sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo con el texto que viene de la Comisión.

(Se vota:)

– 3 en 19. Negativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Brevemente, señor Presidente, aclaro que voté afirmativamente porque esto fue acordado en la Comisión de Previsión Social con el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, lo hice por una cuestión de lealtad.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Señor Presidente: volviendo sobre algo que fue considerado recientemente quisiera hacer una pregunta al señor miembro informante.

Se ha propuesto rebajar del 13% al 10% determinados aportes. ¿Existe Mensaje para dicha rebaja de aportes?

(Dialogados)

– Reitero para esta rebaja del 13 al 10 %, ¿hay Mensaje?

SEÑOR BERRO. – No lo hay.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Y entonces, ¿cómo votamos? Formulo la pregunta al señor miembro informante, que conoce las disposiciones vigentes.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Hay Mensaje solamente para el artículo tal como ha sido votado por la Cámara de Representantes. Es decir, para reducir las contribuciones de los montos actuales, al 10 y al 13 %, según los dos casos previstos en el artículo.

Para hacer una reducción de un montepío único al 10 %, no existe Mensaje.

(Dialogados)

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Pregunto cuál es la disposición constitucional que exige iniciativa del Poder Ejecutivo para determinar el monto de las tasas de una contribución de Seguridad Social. ¿Cuál es? ¿El artículo 86, o el 133? ¿Cuál es? Porque se está requiriendo Mensaje y no sé para qué se le reclama.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La discusión se está volviendo un poco barroca, señores senadores.

SEÑOR AGUIRRE. – Se estará volviendo barroca, pero se está objetando la constitucionalidad de lo que estamos haciendo; por lo tanto tiene importancia que precisemos los conceptos.

Si el Parlamento decide rebajar la tasa de un impuesto del 18 % al 16 %, ¿se requiere Mensaje del Poder Ejecutivo? Creo que no. Sucede lo mismo, si el Parlamento decide crear un impuesto, oportunidad en la que tampoco requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – No voy a entrar a una discusión tan compleja sobre puntos que desconozco, pero debo aclarar que también tengo la Constitución delante. La disposición en análisis está relacionada con establecimientos, modificaciones de causales, cómputos, o beneficios jubilatorios. ¿Que yo pague en lugar del 13%, el 10%, es o no un beneficio jubilatorio? Lo es, y el señor Presidente me indica que no es así. Queda pues establecido que a juicio de varios señores senadores –incluido el señor Presidente– no es un beneficio jubilatorio el que yo pague como montepío en lugar del 13%, el 10% de mi sueldo.

Por otra parte, y con el mismo alcance constitucional se afirma que no implica una exoneración impositiva rebajar el porcentaje de un impuesto por ejemplo, si se paga el 20% de IVA en la compra de este vaso que tengo delante, y luego el Parlamento rebaja la tasa al 13 %, ello no significa que sea una exoneración impositiva y por tanto no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, exoneración impositiva sólo sería cuando se determina la exención total del IVA sobre determinados artículos. A contrario sensu, el Parlamento estaría autorizado, sin Mensaje del Poder Ejecutivo, a decir que el IVA del 20% sobre, por ejemplo, los vasos, queda reducido al 0.0001 %. Esto sería constitucionalmente posible y no así la exención total, que sería la única disposición a la que refiere la Constitución.

Entonces, el Senado convendrá conmigo en que quien redactó esta norma de la Constitución, perdió el tiempo; porque, simplemente las exoneraciones completas, totales que hagan a un impuesto, son para los que el texto constitucional requiere iniciativa del Ejecutivo. Pero, aquellas que alcancen hasta una diezmilésima ava parte de la tasa vigente están dentro de las potestades del Parlamento.

Las Constituciones se redactan con criterios de sentido común. Si el Cuerpo está dispuesto a sostener otra interpretación no seré yo quien cambie su decisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – En consideración nuevamente el artículo. La Mesa recuerda que ha sido votada negativamente la redacción que venía en el proyecto originalmente presentado.

En consecuencia, se va a votar con la redacción propuesta por el señor senador Silveira Zavala, que unifica las categorías, desde el momento en que tendrían una sola tasa de aportación.

Léase la redacción sustitutiva.

(Se lee:)

"Los trabajadores rurales aportarán un montepío del 10%. En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales".

– Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar con el texto al que se ha dado lectura.

(Se vota:)

– 17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 11 que pasa a ser 9º.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: observo que en la parte final del artículo 11 se establece –luego de señalar que al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales– que se debe dar cuenta en cada caso a la Asamblea General. No veo cuál es el sentido; quizás desconozca alguna disposición especial de la Constitución. Pero, el numeral 4º del artículo 68 dice que el Poder Ejecutivo, entre otras competencias, tiene la de expedir los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución, y no agrega nada más. No veo claro qué fundamento constitucional tiene este mandato al Poder Ejecutivo. Además, me parece que es injusto, engorroso y que establece un precedente que no tiene el menor sentido.

Por lo tanto, propongo –y no creo que altere la sustancia del artículo– que se elimine la parte que precede a la palabra "establecimiento", o sea, las expresiones "dando cuenta en cada caso a la Asamblea General".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Si hay aquiescencia o acuerdo de parte de los señores senadores, se va a votar el artículo 9º con la supresión de las expresiones "dando cuenta en cada caso a la Asamblea General", que figuran al final del inciso.

(Se vota:)

– 14 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 12 que pasa a ser 10. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13 que pasa a ser 11. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14 que pasa a ser 12.

SEÑOR CERSOSIMO. – Ayer, cuando, respecto de la supresión de trámites inútiles y que tantos problemas traen a los trabajadores rurales, escuchábamos al señor senador Silveira Zavala, que defendía la nueva estructura legal, que, según sus expresiones, determinaba la eliminación de todos esos inconvenientes, que, con tanta razón, él ponía de manifiesto y pensábamos cuánta razón le asistía, por lo que, además, le apoyamos expresamente.

Hoy, tenemos que decir que no votaremos este artículo 14, que pasa a ser 12, por cuanto el vía crucis al que han sido sometidos los trabajadores rurales, vuelve a ponerse de manifiesto y a hacerse efectivo con esta disposición del artículo 14, y también con la del 15. Sobre todo, reviviendo disposiciones que están absolutamente perimidas y que no van a arrojar el más mínimo resultado, porque hace muchos años que no cumplen ninguna finalidad eficaz, como por ejemplo, el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales, a que se refiere la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967. Además, no existe rastro de él ni en la Dirección General del Catastro Nacional ni en el Registro General de Arrendamientos y Anticresis, porque naturalmente esa disposición en este momento no tiene vigencia por lo menos efectiva, y legalmente. Está suprimida, desde hace mucho tiempo, según creemos.

Por otra parte, si nos atenemos a la letra y al sentido de la disposición, los trabajadores rurales comenzarán a hacer de nuevo tremendas colas ante el Banco de Previsión Social para llenar estos formularios. Ellos no los van a poder llenar, sino que tendrán que pagar a oficinas especializadas que existen en todos los departamentos del interior –y estimo que también en Montevideo– para realizar estos trámites, que, además son particularmente onerosos.

Una posibilidad es que sean el Banco de Previsión Social o sus dependencias quienes vayan a cumplir con esta disposición, para estructurar el o los formularios del caso y otra posibilidad es que les den los formularios en blanco para que los interesados, los llenen, en este caso, van a tener que recurrir a las oficinas que están instaladas, prácticamente, linderas con el Banco de Previsión Social o con sus dependencias, sometiéndoseles allí a la exacción correspondiente, en el sentido de que las sumas que éstas cobran, vuelvo a decirlo, son prácticamente prohibitivas.

De lo contrario, si se resuelve que sean las dependencias del Banco de Previsión Social las que llenen esos formularios, aparte de las dificultades que todo trabajador rural va a tener para proporcionar esos datos, deberán someterse a las interminables colas que desde hace muchos años tenemos oportunidad de ver y que pensábamos, con vana ilusión, iban a desaparecer, según nos lo hizo saber ayer en su ilustrada intervención, el señor senador Silveira Zavala.

Ahora nos encontramos con estos dos artículos que justamente traen nuevamente al tapete situaciones que todos quisiéramos erradicar para siempre y no ver más en la legislación positiva del país.

Por eso, señor Presidente, a estos artículos hay que modificarlos o, diría más, hay que derogarlos. Yo, por lo menos, no los voy a votar, de ninguna manera, como están.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Comprendo la preocupación en la materia del señor senador Cersósimo, que es también la mía.

La finalidad de estos dos artículos es que el Banco de Previsión Social conozca por primera vez la totalidad de la situación de los inmuebles rurales en el país y por el sistema de ocupación pueda detectar quiénes son sus deudores.

Esta declaración que debe realizarse una vez al año, dentro de los 120 días a contar desde la fecha de vigencia de la ley, la va a efectuar cuando concurra a la Caja a hacer sus aportaciones. Además, tiene la finalidad de que la empresa puede aumentar o disminuir la superficie que ocupa. Por eso dice: "las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los 90 días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario".

SEÑOR CERSOSIMO. – ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. – El señor senador Silveira Zavala que es un notorio especialista en la materia –sé de su especialización y conocimientos que son desde hace muchos años, no de ahora; la misma sabiduría de este momento, la tenía hace 20 años cuando estaba en la Cámara de Representantes y éramos compañeros, incrementándola hoy– tendrá que buscar una solución que no sea esta. El Banco de Previsión Social puede pedir informes a Catastro o al Registro de Traslaciones de Dominio y para ello puede mandar a sus funcionarios.

Como decían muy bien hace un rato el señor senador Zumarán y el señor senador Berro, el trabajador rural está para trabajar y no para llenar formularios. Toda vez que al trabajador rural le endilguemos obligaciones de esta naturaleza, lo desviamos de su labor específica, que es la del trabajo de la tierra, la del incremento de la productividad, como expresaba el señor senador Silveira Zavala, determinando así que otros, previo pago, le llenen los formularios. Si esto lo realiza el Banco de Previsión Social, estará sometido el productor rural, a interminables colas, perdiendo el tiempo, sin aplicar todo su esfuerzo y su preocupación al cumplimiento de las tareas específicas, únicas para las que está preparado.

De manera que, toda vez que esto signifique un desmedro físico y espiritual para el trabajador rural –que estimaba que había sido definitivamente superado– estaré en desacuerdo. Me encuentro ahora con estas disposiciones de los artículos 14 y 15, que reeditan prácticas que queremos que se terminen para siempre.

SEÑOR ZUMARAN. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Silveira Zavala?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Antes de concederle la interrupción al señor senador Zumarán voy a agradecer las generosas expresiones sobre mi persona del señor senador Cersósimo, serpentinas que no le devuelvo, porque si no vamos a convertir esta sesión en un corso carnavalesco.

Le concedo la interrupción al señor senador Zumarán.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. – Quiero tranquilizar al señor senador Cersósimo, con quien comparto su inquietud. Esta declaración del artículo 14 se hace por una sola vez, a contar de la vigencia de esta ley. Es una única vez que puede coincidir con el momento en que tiene que hacer el pago, salvo cambios que son muy excepcionales en la superficie que explota. El problema es no comunicar el cambio a la Oficina.

El artículo 15 coincide con los pagos que se hacen dentro de los dos primeros meses de cada año. No observo un recargo de tareas para el productor. ¿Cuándo se aplicó esté sistema en la vida del país? ¿De qué modo se puede saber por qué cantidad de hectáreas hay que calcular la contribución patronal prevista en el artículo 4º, actual artículo 3º? Se hace a través de una declaración jurada en la que se expresa cuántas son las hectáreas que explota el empresario. Una vez por año, la ratifica.

Al final del inciso primero del artículo 15 se expresa que se limitará a ratificar su última declaración. Si no hubo cambios, prácticamente la declaración es por una única vez en la vida del productor.

De modo que este aspecto no debe intranquilizar al señor senador Cersósimo, aunque comparto su inquietud.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Finalizo, señor Presidente, señalando que es un importante contralor para el Banco de Previsión Social. Además, sería una forma de justificación del propietario que cede en arrendamiento su inmueble. Si no, no tiene otra forma de comunicarle al Banco que no explota el bien. De no hacer esta declaración tendría que ir al Banco con el contrato de arrendamiento manifestando que no explota el bien, que lo cede en arrendamiento. Es por una única vez que deberá realizar la declaración jurada. Si hay cambios en la explotación por ejemplo, si aumenta la superficie, aumenta la aportación que debe realizar y tendrá que hacer la denuncia dentro de los 90 días. Si la situación permanece incambiada dentro de los dos primeros meses de cada año, cuando debe hacer la aportación del trimestre que vence el 31 de diciembre, se limita a ratificar su declaración anterior Este es un contralor absolutamente necesario y yo, por lo menos lo voy a votar.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Voy a acompañar también las expresiones del señor senador Cersósimo.

Me doy cuenta de que lo que se persigue es asegurar la eficiencia de los medios de control de que dispone el Banco de Previsión Social. Pero, reiteradamente, hemos estado haciendo referencia a la necesidad de simplificar o que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de los productores.

Esta norma a quien realmente perjudica es a los pequeños productores. Los grandes, tienen asesoramiento que hace absolutamente irrelevante la previsión legal. Todos cuentan con estudios contables que les llevan perfectamente los libros y saben exactamente a qué atenerse con una norma de una ley o de un reglamento.

En esta ley estamos hablando permanentemente de la protección al pequeño productor, gente muy modesta y naturalmente, muchas veces con poca preparación, con poca familiaridad con estas obligaciones. Precisamente ellos son los que tendrán que caer en manos de todas esas gestorías, que ya conocemos el tipo de explotación que hace de la gente en base a su ignorancia.

Pienso que lo que signifique establecer mecanismos de contralor, al margen de esa obligación de los pequeños productores, está bien que se haga. En este caso, por un lado le decimos que va a tener que hacer un solo aporte para lo que contará con las facilidades que desde ahora le otorga la seguridad social.

A renglón seguido les decimos una vez al año, cada vez que se produzca una variante, que tienen que llenar declaraciones juradas a productores que de pronto poseen una hectárea o una hectárea y media, como es el caso de muchos productores de Canelones.

Me parece señor Presidente, que lo único que podría quedar de este artículo es el inciso segundo, por cuanto se establece que la colaboración al Banco de Previsión Social se da mediante el Registro General de Arrendamientos y Anticresis. Que se entiendan entre ellos, ya que son sectores de la Administración Pública y podrán asegurar la forma de controlar las cosas, a través de los organismos ya existentes, sin endosarles una obligación de este tipo a los productores, a los que hice referencia.

A eso se agrega la referencia, en cuanto a que la omisión de estos requisitos se considerará contravención conforme a lo establecido en el Código Tributario. En éste deben estar actualizadas las cifras ya que cuando el mismo se aprobó las sanciones eran con multas de dos mil a doscientos mil pesos.

Por lo tanto, señor Presidente, me parece que debe votarse solamente el segundo inciso de este artículo, ex 14 –cambiándole, naturalmente, el título al artículo– y adelanto que en su momento analizaré el artículo 15.

SEÑOR BERRO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. – Al haber suprimido el artículo 5º, señor Presidente, la declaración adquiere un sentido muy importante de protección al propietario porque, al decir que no lo ocupa, existe una manifestación expresa de su parte –no permitiendo que eso lo haga un organismo oficial que lo tendrá en cuenta o no, e inclusive lo podrá omitir– y está asegurando su posibilidad de ser excluido como contribuyente eventual. En ese sentido me parece que la declaración debe establecerse como garantía al pequeño propietario, que al decir que no está ocupando el predio, adquiere la garantía fundamental, repito, para ser excluido como eventual contribuyente.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: deseo hacer una reflexión que exprese, de alguna manera, no solamente una opinión personal sino que ponga el acento sobre la importancia de estas disposiciones, tanto del artículo 14 como del 15.

El hecho concreto es que todos estamos de acuerdo en cuanto a evitar todo lo que signifique entrar en el papeleo, en la burocratización y en que el productor pase prácticamente, detrás de una oficina pública a los fines de formalizar declaraciones y llenar formularios. Esto constituye un hecho que tenemos que eliminar en nuestro país.

Creo, señor Presidente, que entre esa situación extrema y la que nosotros estamos tratando de regular en este proyecto de ley, hay un enorme trecho. De estas disposiciones surgen responsabilidades muy graves en el orden económico para quienes tengan la calidad de empresarios rurales, de tenedores de inmuebles –a cualquier título la explotación que se realice– o en su condición de propietario.

Es indudable, señor Presidente, que el esclarecimiento de estas situaciones, de hecho va a significar un paso sumamente positivo para evitar graves complicaciones futuras, tanto para el tenedor como para el propietario y no va a permitir que se produzcan hechos conflictuales, que esos sí van a determinar que el propietario o el productor rural, tengan que vivir en una oficina, detrás de abogados, para esclarecer su caso. Entonces vamos a colocarnos en el plano adecuado, no buscando complicar la vida de un productor, ni estableciendo obligaciones artificiales. Aquí estamos obligando a una declaración mínima que constituye una manera eficaz y racional que permitirá la determinación, por la Administración, de los derechos.

SEÑOR CERSOSIMO. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. –– Se la concedo, señor senador, si es que el Reglamento me lo permite.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – De acuerdo al Reglamento, señor senador, se puede hacer uso de la palabra una sola vez.

Tiene la palabra el señor senador Cersósimo, en uso de una interrupción.

SEÑOR CERSOSIMO. – Quiero decir, señor Presidente –y esto es resultado de un cambio de impresiones con el señor senador Ricaldoni– que en este aspecto es necesario tener en cuenta que las disposiciones, tanto del actual artículo 12 –anterior 14– y del 13 –anterior 15– fueron introducidas en la Cámara de Representantes.

SEÑOR ZUMARAN. – Está equivocado, señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – El señor senador Ricaldoni me informó que se había fijado en el comparativo que tiene sobre su banca, y que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no tenía las referidas disposiciones.

En consecuencia –aun cuando no sea así– quiero agregar –y le agradezco al señor senador Zumarán que me alcanza el Mensaje del Poder Ejecutivo– que el problema es que ese famoso Mensaje no lo habíamos podido leer. Tenemos que estar corriendo el riesgo de equivocarnos.

El Banco de Previsión Social, señor Presidente ––que hasta hace pocos días dedicaba muchos de sus funcionarios, y creo que sigue haciéndolo, a inspecciones domiciliarias con el objeto loable de controlar la percepción de los tributos– puede mandar a sus funcionarios del interior del país, a la campaña –y puede efectuarlo, porque en muchas oportunidades van allí, a visitar a los trabajadores rurales, con propósitos de recabar pruebas– para que éstos determinen esas declaraciones, y no hacer que se trasladen los productores, vuelvo a decirlo, con sacrificio desde todo punto de vista, económico, espiritual y físico, porque es un tremendo desgaste, que, además, trae importantes perjuicios para su economía particular y la del país.

Por lo tanto, señor Presidente, entiendo que es el Banco quien debe tomar las providencias del caso, para tener, exhaustivamente, la prueba cabal de cómo se explotan los bienes, cuál es la titularidad de cada uno de los inmuebles y de qué manera todo ello se está llevando a la práctica si el propietario explota o no, si es un predio absolutamente "valuto", como se decía antiguamente –expresión que es del agrado del señor Presidente– y si hay otros ocupantes y a qué título. Todo eso lo puede saber el Banco, haciendo el interrogatorio del caso al productor, al trabajador en el propio establecimiento. Cuando hablo de estos productores, tengo en la mente a los pequeños y medianos productores porque los otros, los grandes –como muy bien decía el señor senador Ricaldoni– tienen a su disposición, buenos estudios y asesores desde todo punto de vista, y no sucede así con aquéllos que van a estar sometidos a esa presión de las circunstancias, que hay que eliminar de todas maneras.

El productor está para producir –como expone a veces el señor senador Aguirre en sus artículos periodísticos: "ya lo dijo Gedeón antes"– y, para esto –si es que lo está, como efectivamente así es– no tiene por que distraérsele llenando formularios, con lo que se hace descaecer su actividad específica.

Nuestro sector, señor Presidente –y el señor senador Capeche, que es miembro de la Comisión, oportunamente lo dijo allí y me lo ha repetido en la noche de hoy– no está dispuesto a apoyar este artículo y no lo va a votar si no se modifica la norma en el sentido que hemos indicado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede continuar el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: en primer lugar quiero señalar que en el proyecto del Poder Ejecutivo y en el Mensaje están incluidas ambas disposiciones, es decir, los artículos 14 y 15. Se trata del artículo 8º del proyecto del Poder Ejecutivo, relativo al cómputo de servicios y del 9º que se refiere al sistema de aportaciones y además a las declaraciones juradas que se encuentran en el artículo 15 del Mensaje del Poder Ejecutivo.

En definitiva, creo que el acto básico y fundamental en materia tributaria y de contribución está centrado en el "acertamiento" impositivo, es decir en la fijación por parte de la Administración de la obligación a cargo de cada contribuyente.

Esa obligación puede efectivizarse únicamente por las bases que proporcione el propio contribuyente. Constituye, pues, un acto imprescindible, que debe tomarse en cuenta; incluso no puede dejarse de lado la presentación anual que debe hacer el contribuyente con el fin de fijar las bases, estableciendo la situación, ubicación y ocupación del inmueble. Todo esto va a determinar, en definitiva, la tributación correspondiente.

La situación no es tan extrema como para requerirlo al productor que esté permanentemente en una oficina pública, ni tampoco debe colocárselo en una situación de riesgo como para que por el hecho de no concurrir a fijar las bases tributarias correspondientes, lo haga pasible de una situación conflictual que le pueda deparar una serie de dificultades.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Ricaldoni, el artículo 12 se va a tratar por incisos.

En consideración el inciso 1º del artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 14 en 19. Afirmativa.

En consideración el inciso 2º del artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 14 en 19. Afirmativa.

La Mesa y los señores senadores Capeche y Cersósimo –tal como lo habían anunciado– dejan constancia de su voto negativo.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: simplemente deseo dejar constancia de mi voto negativo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – En consideración el artículo 13 que anteriormente figuraba con el número 15.

La Mesa se permite opinar sobre el artículo que está en consideración y desea expresar que esta misma declaración se realiza todos los años.

Todos los productores rurales deben efectuar la declaración ante la antigua DINACOSE, actual DICOSE, donde consta el titular del derecho, la forma de explotación, la ubicación, el número de empadronamiento y la superficie.

Por lo tanto la Mesa sugiere que se tome alguna medida para evitar duplicar un trámite que ya se realiza.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Señor Presidente: entiendo que la afirmación de la Mesa es exacta respecto a aquellos productores que tienen vacunos y ovinos, pero los agricultores no comparecen ante DICOSE.

Además esto coincide con el período de pago, de modo que no representa una obligación más. Como dice la parte final del inciso 1º solamente se limitará a ratificar su última declaración, salvo que existieran modificaciones por venta.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Señor Presidente: en la discusión de los dos artículos existe un elemento que no se ha tenido en cuenta: en el momento de realizarse la declaración jurada, se aporta la cédula catastral y la superficie que ocupa, también debe proporcionar el índice CONEAT, a los efectos de fijar el monto de la aportación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 15, que pasa a ser 13.

(Se vota:)

– 13 en 19. Afirmativa.

La Mesa deja constancia de su voto negativo.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de que el señor senador Capeche y quien habla han votado en contra el artículo 13.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – En consideración el artículo 16, que pasa a ser 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17, que pasa a ser 15.

La Mesa sugiere que se aclare si existe o no iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: deseamos aclarar que no se trata de una contribución especial, sino de un impuesto, pues no cabe la mínima duda al respecto

El artículo 13 del Código Tributario dice que "La contribución especial es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente".

En consecuencia, quisiera saber cuál es el beneficio que le trae al contribuyente esta supuesta contribución del 1 % de la UR, vigente al primer día de cada trimestre.

El destino específico no tiene nada que ver con los beneficios que recibe supuestamente el contribuyente, porque está destinado simplemente a determinados trabajadores rurales de una zona específica del país y no para todos los que van a pagar el impuesto.

Por lo tanto, entiendo que debe llamársele impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa recuerda a los señores senadores que el MEVIR cuenta con una fuente tributaria que grava las enajenaciones de productos agropecuarios.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: sugiero que se mantenga el texto de este artículo sustituyendo la expresión "una contribución especial" por "un impuesto de pago trimestral".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 15 con las modificaciones propuestas por señor senador Aguirre.

(Se vota:)

– 16 en 18. Afirmativa.

La Mesa deja constancia de su voto negativo.

En consideración el artículo 18, que pasa a ser 16.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: con respecto al artículo 16, hace unos instantes se me hicieron llegar algunas sugerencias que entiendo son atinadas.

Se dice que el Banco de Previsión Social queda facultado para otorgar facilidades de pago a los propietarios de aquellos inmuebles que fueren afectados por fenómenos climáticos. En la sugerencia que se me hizo llegar, se dice –con razón– que aquí no se contempla el caso de aquellos inmuebles que fueren anegados por la apertura de las compuertas de las represas, especialmente la de Salto Grande, originada por fenómenos. Como consecuencia de esto, se han causado y pueden causarse daños a inmuebles de las inmediaciones, que han sido y podrían ser de gran importancia.

Quizá esta posibilidad no se tuvo en cuenta. Es muy factible que el caso referido pueda darse y se ha dado. Además, la prensa ha informado sobre el particular.

De manera que si la Comisión y el señor miembro informante, lo creen conveniente, podría hacerse la modificación en tal sentido.

SEÑOR ZUMARAN. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). –Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Le señalo al señor senador Cersósimo que en el Senado acabamos de votar un proyecto de ley estableciendo la indemnización para los ribereños damnificados. Es un proyecto que está en trámite en la Cámara de Representantes.

De modo que me parece que es duplicar sin conexión el tema. Pienso que la indemnización va a cubrir, precisamente, los gastos de las cosechas perdidas, por lo que se podrá hacer frente a estas obligaciones. Creo que no habría que mezclar ambas cosas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). –Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pregunto al señor miembro informante y al señor senador Zumarán –no recuerdo los términos que indica el señor senador– si esta indemnización se refiere a los daños ya producidos o también prevé el caso de que esos fenómenos puedan ocurrir en el futuro. Si no fuera así, no regiría esta disposición para el futuro. Por lo tanto, no entraría a determinar la misma situación que prevé el artículo 16 que estamos considerando. Quiere decir, entonces, que, si ese proyecto de ley encaja dentro del propósito de esta norma, no existiría ningún problema. Y por lo tanto, tiene absoluta razón el señor senador Zumarán. En cambio, si prevé una situación ya producida, la norma va a contemplar sólo aquellos casos, y no estos a los que me he estado refiriendo. En consecuencia las situaciones futuras quedarían fuera del elemento contemplativo que establece el proyecto.

SEÑOR ZUMARAN. – ¿Me permite una interrupción, señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – La norma establece indemnización sobre las cosechas anteriores a la sanción de la ley, pero para el futuro establece todo un régimen respecto no sólo de la evaluación del daño de las cosechas, sino también de la propiedad, de la tierra. Se establece una servidumbre de inundación y eventualmente la expropiación del predio. Creemos que en el futuro no se producirán siniestros que lleven a los productores a reclamar posibles daños.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Voy a proponer dos cosas. En primer lugar que se eliminen las últimas palabras que dicen: "dando cuenta a la Asamblea General". Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Considero que no corresponden dichas palabras. Supongo que no habrá discrepancias en el Senado. Se trata de una obligación que se le comete al Poder Ejecutivo y que no surge de la Constitución.

En segundo lugar quiero expresar que esta referencia a los fenómenos climáticos parece positiva en el sentido de que quienes han redactado la norma, comienzan a comprender que no sólo son fenómenos climáticos los provenientes del granizo, sino que también hay en el agro otros factores, por ejemplo, las sequías e inundaciones que también pueden causar graves perjuicios a los productores. Digo esto porque siempre he considerado absolutamente discriminatoria –sin perjuicio de lo que he votado hasta el momento– esa práctica legislativa consistente en entender que el único fenómeno climático que puede afectar seriamente a la producción es el granizo.

Por lo expuesto, expreso que esta es una mejora. Veo que el señor senador Silveira Zavala –uno de los padres de esta criatura– asiente con su cabeza. En consecuencia, propondría al Cuerpo la eliminación de la referencia "dando cuenta a la Asamblea General".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Con la eliminación de las expresiones a que ha hecho referencia el señor senador Ricaldoni, se pasaría a votar el artículo 16.

No hay número para votar, señores senadores.

Se está llamando a Sala.

(Así se hace por breves instantes)

Ahora hay número para votar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 con las modificaciones sugeridas.

(Se vota:)

– 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CERSOSIMO. – Solicito la reconsideración del artículo 17.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar la reconsideración del artículo 15, anteriormente 17.

(Se vota:)

– 17 en 18. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. – Agradezco al señor Presidente y lo hago extensivo al Senado.

Voy a pedir la modificación de la última línea del inciso único del artículo por un motivo muy simple que voy a manifestar.

Este artículo dice: ". . . las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con destino exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales . . ." –y luego agrega dos últimas líneas– . . . preferentemente en zonas de fronteras del norte y noreste del país". Nosotros consideramos que es negativo zonificar la región en la cual se construirán viviendas, debiendo ser su acción a nivel nacional.

Por esta razón, señor Presidente, sugerimos que el artículo quede tal como está, hasta donde dice: "la construcción de viviendas para trabajadores rurales". Se eliminaría la parte que ahora continúa. Entendemos que es todo el país el que debe tomarse en cuenta, no sólo las zonas de frontera del norte y noreste.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Quiero aclarar que fue una mano blanca la que estableció esto y no una mano negra.

Deseo expresar al Senado que dice "preferentemente en zonas del norte y noreste del país". La explicación es bastante lógica. Se trata de una razón de visión geopolítica, por cuanto estas fronteras del norte y noreste del país están absolutamente despobladas. Inteligentemente, nuestro vecino del norte ha llenado de centros poblados todas sus fronteras, entre ellos Rincón contestado de Artigas. En consecuencia se produce un hecho natural en la frontera terrestre de muy fácil acceso que es el contrabando de mano de obra. A las zonas especialmente arroceras y sojeras ingresan miles de trabajadores de países vecinos que habitan en los centros poblados del otro lado de la frontera. Cuando vienen a trabajar a nuestro país no aportan nada a la Seguridad Social.

Por lo tanto este artículo no va a solucionar lo que tiene que ver con el problema rural de las zonas fronterizas. De todas formas es una iniciativa de solución a un problema geopolítico para reafirmar la soberanía nacional en la zona fronteriza, con poblaciones nuestras. Por otra parte es una manera de detener el contrabando de mano de obra. Dice "preferentemente", porque MEVIR proporcionará los recursos que aquí se le dan, para aquellos lugares que se considere necesarios.

Recuerdo al Senado que si se construye la represa de Talavera sobre el río Yaguarón en la tercera sección del departamento de Cerro Largo –blanco, gracias a Dios– habrá una extensión de riego de 52.000 hectáreas donde no existe un solo centro poblado, mientras que del otro lado de la frontera hay tres poblaciones brasileñas.

En consecuencia, entendemos que es necesario construir nuevos centros poblados donde se puedan radicar los asalariados rurales en esa zona para evitar el contrabando de mano de obra que es muy perjudicial no sólo en la zona fronteriza del departamento de Cerro Largo, sino en todo el país. Además MEVIR –esto ya lo he dicho en la Cámara de Representantes y lo repito ahora– para la construcción de este tipo de viviendas rurales va a tener que prescindir de algún requisito, por ejemplo, la energía eléctrica. Por lo general MEVIR construye viviendas de tipo individual, con un pequeño jardín y un fondo, lo que constituye un espacio para la vida familiar y permite la intimidad y privacidad de sus moradores; no se trata de esos colmenares que se edifican en las ciudades.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15 –antiguo artículo 17– en primer lugar con la redacción original y, eventualmente, con la modificación propuesta por el señor senador Cersósimo en el sentido de suprimir la expresión "preferentemente en zonas de frontera del norte y noreste del país".

(Se vota:)

– 17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 19 que pasa a ser 17.

La Mesa propone que al final de este artículo se agregue la expresión "y estar al día con las facilidades oportunamente otorgadas".

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Quiero señalar al Cuerpo que este es el único contralor indirecto que dejamos establecido en el proyecto; se eliminaron todos los demás, como por ejemplo, la inscripción del contrato de arrendamiento o certificados para la venta de automotores y otros contralores que tenía el Banco de Previsión Social para verificar la regularidad de los pagos.

Cuando se establece que las empresas están al día, se comprende a las obligaciones corrientes así como a las que tienen que tienen pendientes convenios de pagos. Pero quiero aclarar que este certificado va a tener una vigencia anual, lo que significa una modificación importante en la ley, porque con ello se va a evitar una de las preocupaciones que planteó el señor senador Cersósimo en el sentido de que las empresas tengan que concurrir cada vez que hacen una operación, a solicitar un certificado al Banco de Previsión Social.

De manera que una empresa que cumple regularmente con sus obligaciones puede solicitar inmediatamente el certificado y el Banco de Previsión Social se lo otorga, con una vigencia anual, es decir, durante un año no va a tener necesidad de pedir nuevamente ese certificado. Además, es de señalar que basta con exhibirlo; no lo tiene que dejar en ninguna oficina.

Por otra parte, los créditos a que se refiere este artículo son aquellos destinados a las empresas rurales definidas en la presente ley. De manera que el texto es claro y, además reitero– constituye el único contralor indirecto establecido en este proyecto, por lo que es la forma que tendrá el Banco de Previsión Social de controlar la regularidad de los pagos. La otra manera posible sería por medio de los embargos a sus deudores, lo que es muy engorroso y costoso para el trabajador rural, porque tendría que levantar el embargo con todas las connotaciones que ello conlleva.

Vuelvo a repetir que este es el único control indirecto que dejamos en el proyecto porque nos parece necesario.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: tengo ciertas dudas en cuanto a las ventajas de este artículo, pero no voy a objetarle.

Simplemente, quiero proponer un agregado al comienzo del artículo porque he observado que se establece, lisa y llanamente, que sin el otorgamiento del certificado que expedirá con vigencia anual el Banco de Previsión Social no se otorgarán los créditos.

Esto quiere decir, que si al día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley un productor solicita un crédito, como puede suceder que el Banco de Previsión Social no le haya otorgado el certificado, va a tener que esperar treinta o sesenta diez para que se le conceda el crédito.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RICALDONI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Quiero señalar que la expedición del certificado es automática.

Por ejemplo: al entrar en vigencia esta ley, un deudor va a un Banco a solicitar un crédito. Basta con que firme el convenio de pago para que se considere que está cumpliendo regularmente con las obligaciones y se le otorga el certificado. Este es obligatorio y la firma del convenio de pago con las responsabilidades consiguientes que contrae el deudor con el Banco de Previsión Social, significa que éste está cumpliendo con sus obligaciones.

Por lo tanto, considero que este artículo está bien redactado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – Creo que no se ha comprendido lo que quise expresar.

En el artículo se dice que el Banco expedirá un certificado, pero quizá no lo pueda hacer inmediatamente porque debe redactar algún nuevo formulario. Entonces, como se supone que esta es una ley de fondo, me parece mucho más sencillo establecer al inicio del artículo, sin modificar el resto, lo siguiente: "A partir de los 90 días siguientes a la promulgación de la presente ley, las instituciones públicas. . .". De esa forma, se da un plazo para que se puedan preparar los formularios. Vuelvo a repetir que en un momento como el actual, con serias dificultades para todos los sectores, poner una traba más para el otorgamiento de los créditos me parece altamente inconveniente.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – El formulario en el cine el Banco de Previsión Social extiende el certificado ya está impreso, Se trata de un simple formulario en el que se llenan los espacios en blanco y se expide cada vez que el productor rural va a solicitarlo. Actualmente tiene una vigencia de 90 días y en el proyecto la extendemos a un año, con lo que le evitamos al productor el tener que ir periódicamente a solicitar el certificado. Como se podrá apreciar, no se trata de una innovación en esta materia.

SEÑOR CAPECHE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador,

SEÑOR CAPECHE. – Simplemente quiero aclarar que para firmar el convenio de pago el productor tiene que hacer una entrega anticipada; de lo contrario no puede firmar el convenio y automáticamente no obtiene el certificado que necesita para que se le otorgue el crédito.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 que pasa a ser 17.

(Se vota:)

– 15 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 20, que pasa a ser 18, sobre el que se había propuesto su desglose.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. – Por las razones expuestas en el día de ayer y compartidas por todas las bancadas, solicito que este artículo sea desglosado y se pase nuevamente a Comisión.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Estimo se debe aclarar que el desglose de este artículo no implica que todo el proyecto quede en suspenso, sino solamente que se pasa el tema contenido en el artículo 20 del proyecto original a estudio de la Comisión.

Que quede pues en claro que ese es el alcance del desglose porque de lo contrario quedaría detenido el proyecto hasta la remisión de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Con el alcance indicado por el señor senador García Costa, se va a votar el artículo 18

(Interrupciones)

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Sin necesidad de votar el artículo en uno u otro sentido, existe otra fórmula reglamentaria perfectamente viable que es la del desglose de la disposición y el pasaje a la Comisión.

Creo que ese es el sentido con el que el señor senador Pozzolo ha formulado su moción y en ello estamos todos de acuerdo. Además, se trata de una moción previa al sometimiento a votación de este artículo.

Insisto en que debe desglosarse este artículo para que el proyecto siga su curso, se sancione y se comunique; mientras tanto, la Comisión hará con el artículo lo que considere conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Hay acuerdo. La voluntad total del Cuerpo es que pase a Comisión, y con esa interpretación se va a votar.

SEÑOR POZZOLO. – Estamos votando la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar la moción de pase a Comisión.

(Se vota:)

– 18 en 19. Afirmativa.

El artículo pasa a Comisión y se modifica la numeración de los siguientes.

En consideración el artículo 21, que pasa a ser 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 22, que pasa a ser 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 23, que pasa a ser 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 15 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 24, que pasa a ser 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 15 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 25, que pasa a ser 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 15 en 19. Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Simplemente deseo señalar que, por las razones que expusimos cuando se discutió en general este proyecto de ley, hemos votado negativamente los últimos tres artículos que se han puesto a consideración,

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se corregirá, en este artículo que se acaba de votar, la remisión a los artículos 23 y 24 por los correspondientes.

En consideración el artículo 26, que pasa a ser 23.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A, Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Más allá de la finalidad que tenga el artículo, creo que indirectamente se está incurriendo en una violación constitucional.

Se exonera a determinadas personas, del 50 % del pago de contribuciones a la Seguridad Social. Pero por otros artículos, hemos advertido que esas contribuciones incluyen un impuesto. Es decir, que estamos exonerando del pago, por lo menos parcial, de un impuesto, sin la correspondiente iniciativa del Poder Ejecutivo, a menos que ella figure en el repartido que, a último momento, se nos ha hecho llegar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Así es, señor senador. Consta en ese repartido.

SEÑOR RICALDONI. – En ese caso, retiro mi objeción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26, que pasa a ser 23.

(Se vota:)

– 18 en 19. Afirmativa.

La Mesa ha votado afirmativamente este artículo, porque considera que es una decisión justa y, además, porque ha presentado un proyecto similar de eliminación de aportes a los menores de edad y espera que cuando el mismo se considere, sea también aprobado.

En consideración el artículo 27, que pasa a ser 24.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Debo decir –como le gusta expresarse al señor Ministro de Defensa Nacional– que esta disposición me produce profunda perplejidad.

El señor senador Tourné me acota que "no tiene conocimiento" de ella. Creo que nadie en este Senado puede tener conocimiento de cuál es la razón por la que se quiere facultar al Poder Ejecutivo a que, por la vía reglamentaria, por decreto, incorpore a los trabajadores dependientes de empresarios y contratistas rurales al régimen de seguro de desempleo.

Ese es un derecho que tiene que acordar la ley, pero no delegarlo en el Poder Ejecutivo. Además, se dice que la incorporación se hará efectiva en la oportunidad en que lo establezca el Poder Ejecutivo. Es decir, que dicho Poder podría determinar en qué forma y condiciones deben incorporarse estos trabajadores al seguro de desempleo. Y, además, podría decir que esa incorporación se hará efectiva de aquí a tres años o cuando venga la próxima granizada.

Francamente, creo que ésta, como disposición legislativa no tiene la menor seriedad. Por consiguiente, me voy a permitir sugerir que se vote negativamente.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Entiendo que lo que convendría, en todo caso, sería remodelar el artículo, pero no eliminar el beneficio, que es algo muy importante para el trabajador rural.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa se va a permitir opinar sobre este artículo, en uso de las facultades que le ha concedido el Cuerpo, diciendo que la aplicación de esta norma al medio rural es prácticamente imposible, porque hay trabajos que son esencialmente temporales, zafrales y que el empleo en ellos, es la excepción porque se trata de tareas que están vinculadas a los ciclos de la naturaleza.

Quien se haya detenido en la contemplación de la Rambla de Montevideo, habrá visto que hay algunas inscripciones en las que se señala el deseo de los salvavidas de que su trabajo sea anual, en lugar de zafral. Eso es algo similar a pretender que los trabajos vinculados con los ciclos de la naturaleza tengan otro destino que el de ser temporales, zafrales, que es una categoría aceptada por el Derecho Laboral y que está ampliamente regulada por las normas del Derecho Positivo, por sentencias, por amplia jurisprudencia y por decisiones de la Inspección del Trabajo.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: creo que las observaciones formuladas por el señor senador Aguirre son totalmente ajustadas. No obstante, debemos pensar que esta norma introduce un beneficio muy importante, del que van a gozar los trabajadores rurales, lo que constituye uno de los objetivos fundamentales de este proyecto de ley.

Indudablemente, no existe experiencia, por lo menos en términos adecuados, por parte del Banco de Previsión Social, como para implantar inmediatamente el seguro de desempleo en el medio rural, cuyas características peculiares, van a exigir un estudio exhaustivo de los técnicos, a los efectos de estructurar el sistema para que funcione debidamente.

Si efectivamente existe necesidad de dar al Poder Ejecutivo un plazo de 180 días como mínimo, para que reglamente este sistema de forma tal que comience a funcionar el seguro de desempleo, lo que no resulta claro es que el mencionado Poder pueda suspender su ejecución "sine die", o por el plazo que se le ocurra.

Considero, entonces, que sería conveniente eliminar la última parte de la disposición que dice así: "Dicha incorporación se hará efectiva en la oportunidad que establezca el Poder Ejecutivo". Evidentemente, por un lado consagra el derecho y, por otro lo deja en suspenso, por el plazo que se le ocurra al Poder Ejecutivo, cuando el que va a administrar todo este sistema es el Banco de Previsión Social.

De cualquier manera, creo que no se puede dejar esa facultad en manos del Banco de Previsión Social o del Poder Ejecutivo, limitando, prácticamente sin término, la posibilidad de aplicación.

Por lo expuesto, voy a proponer que se mantenga el artículo en los términos en que está propuesto, pero suprimiendo la última parte del mismo, por cuanto faculta al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación del seguro de desempleo.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Señor Presidente: comparto totalmente lo expresado por el señor senador Tourné. Por otra parte, considero que el mismo artículo tiene la suficiente latitud como para que en la reglamentación se establezcan las condiciones en que se abonará el seguro de desempleo y sus beneficiarios. Entre otras cosas, recoge la expresión "atendiendo las especiales características del trabajador rural y en el medio en el cual se desarrolla".

Se trata de una norma que, repito, tiene una gran latitud, Por lo demás, debo manifestar que no comparto la opinión de la Mesa en el sentido de que por el hecho de obedecer a ciclos naturales y de estar afectado a temporadas zafrales, tenga que excluirse a los trabajadores rurales, que es el sector más postergado del país, de un beneficio del que goza el conjunto de los trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – La Mesa se remite a la jurisprudencia que ha citado.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Señor Presidente: las expresiones del señor senador Gargano, de alguna manera, hacen que pueda obviar más comentarios sobre la materia.

Deseo manifestar que en reciente diálogo con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y con otros representantes del Poder Ejecutivo en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, hemos conversado sobre la necesidad de dar un tratamiento a este asunto, El Poder Ejecutivo ha prometido enviar un proyecto de ley en el que se establece un seguro de desempleo con carácter nacional, contemplando a los trabajadores zafrales. Por ejemplo, los de la bebida –su proyecto se ha postergado casi un año– que por razones de clima trabajan sólo seis meses se deben contemplar así como el caso de los trabajadores rurales.

Aceptamos las modificaciones al artículo propuestas por el señor senador Tourné. Si se elimina la última parte, no tendremos inconveniente en votarlo afirmativamente.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Señor Presidente: no soy partidario de votar el artículo tal como está redactado. Contamos con un seguro de desempleo que requiere ciertas condiciones, por ejemplo, un mínimo de seis meses de trabajo al año, para que se incorporen los trabajadores. En caso de que la zafra dure seis meses, lo trabajadores están incorporados, aunque con grandes limitaciones. La primera es esa: que la zafra dure seis meses; la segunda, que lo pueden hacer por un año, pero no por más tiempo. Ese es el típico caso de los trabajadores rurales de Bella Unión, cuya zafra de caña de azúcar, por un avance tecnológico, pudo extenderse a seis meses. Entonces, es común que trabajen medio año –por ejemplo, de 1986– estén seis meses en seguro de paro, más otros seis meses del siguiente año, luego de los cuales ya no tienen más derecho al seguro de paro. Entonces, están amparados un año sí y otro no.

Una situación similar se plantea en Salto con la cosecha citrícola, o en otros lugares con la esquila. Esto requiere un tratamiento cuidadoso. Advierto que en este texto, realmente, no se dice nada sobre este tema. ¿Que quiere decir el artículo 27? Nada. No se expresa sobre qué condiciones debe reunir el trabajador; cuántas jornadas debe trabajar al año; qué permanencia o antigüedad debe contar para acceder al seguro de paro. Considero que si dejamos todo esto librado a la reglamentación del Poder Ejecutivo que, por ejemplo, podrá establecer que la zafra de caña de azúcar en Bella Unión genera seguro de desempleo, pero no la esquila; o que la cosecha de cifras sí, pero la de tabaco no, no fijamos ningún criterio concreto. Si decimos que el Poder Ejecutivo reglamentará esta situación en 180 días, sin saber qué es lo que va a hacer, al leer el artículo comprobamos que no se agrega nada al respecto. El artículo 27 dice que se incorporarán al régimen de seguro de desempleo y aclaro que si se trata de una actividad normal, naturalmente que se van a incorporar. Es decir que no se agrega nada. El problema radica en que el trabajador rural necesita la incorporación no al régimen general de seguro de desempleo, sino a un régimen especial que debemos crear por ley. No podemos dejar esa función en manos del Poder Ejecutivo.

Este artículo, cuya redacción es muy compleja, significa dos cosas: que los trabajadores rurales se van a incorporar al régimen general –cosa que no es necesario decir porque si reúnen las condiciones para acceder al mismo lo harán– o que delegamos al Poder Ejecutivo fijar cualquier otra condición –más de seis meses de trabajo al año, tres o dos–; pero, en definitiva, no se dice absolutamente nada. Realmente esto me parece poco serio. Creo que aquí de lo único de que se trata es de una expresión de voluntad de legislar sobre esta materia.

A este artículo 27 no le encuentro sentido ni aplicación, salvo que algún miembro del Cuerpo me ilustre sobre alguna finalidad concreta que pudiera tener.

SEÑOR AGUIRRE – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – "Brevitatis causa", dado lo avanzado de la hora, voy a decir simplemente que ésta no es la manera más correcta de legislar, ni corresponde en buena técnica legislativa, insertar un artículo referente a una materia que, por su naturaleza, es ajena a la que se está regulando por la ley de que se trata, y que, además, es muy complejo. El seguro de desempleo es un instituto que tiene sus características propias y esta es una ley relativa a los aportes de los trabajadores rurales al sistema de seguridad social. Una cosa son los aportes al sistema de seguridad social y otra es el seguro de desempleo. Si querernos legislar sobre seguro de desempleo, estudiemos el tema, asesorémonos y hagamos una ley sobre el particular. En consecuencia, es evidente que no corresponde insertar esta disposición, como muy bien ha explicado el señor senador Zumarán.

SEÑOR ARAUJO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE Dr. Luis A, Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. – Señor Presidente: mantenemos la posición de votar este artículo con las modificaciones propuestas por el señor senador Tourné y voy a explicar por qué.

Reitero que hemos dialogado con representantes del Poder Ejecutivo sobre esta materia y hace un año se nos prometió enviar una iniciativa al Senado de la República sobre el gran tema del seguro de desempleo. Allí se contemplaría al trabajador zafral, tanto en la ciudad como en el campo. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Nosotros seguimos reclamando esa iniciativa y, francamente, cuando vemos que el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley con esta iniciativa, donde se compromete al menos a reglamentar la situación y establece "atendiendo a las especiales características del trabajo rural y del medio en el cual se desarrolla", pensamos que puede ser un avance. Es positivo que se contemple al trabajador rural por lo menos en un plazo de 180 días –cosa que hasta ahora no ha ocurrido– y, mientras tanto, seguramente vendrá el proyecto de ley, es decir, la iniciativa que nos ha prometido el Poder Ejecutivo. Pero, por lo menos, aquí se establece un compromiso de dicho Poder a reglamentar, sin ley, de "motu propio", por otra vía, el acceso de ir a trabajadores rurales al seguro de desempleo.

Repito que nos parece altamente positivo que esto acontezca, aunque no es lo óptimo, lo que hubiéramos deseado. Es decir, que ya estuviese en el Senado, para su análisis, la iniciativa propuesta.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: deseo manifestar brevemente que no voy a votar afirmativamente el artículo por las razones expuestas por el señor Presidente y por el señor senador Zumarán.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Señor Presidente: quiero recordar al Cuerpo que está vigente el Decreto-Ley Nº 15.180 por el cual el Poder Ejecutivo puede incorporar al seguro de desempleo a los trabajadores rurales. Voy a leer lo que dijo el señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, el 18 de setiembre de 1986, en oportunidad de discutirse el tema en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes. El propósito del Poder Ejecutivo me parece muy loable porque, en lugar de incorporarlo por decreto estructura el seguro de desempleo del trabajador rural contemplando las especiales características del medio. Dice así: "También deseo hacer mención al artículo 20 del proyecto del Poder Ejecutivo", no se trata simplemente de una disposición programática. El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Poder Legislativo un proyecto de ley que comprende servicios de empresas, seguro de desempleo y otra vertiente del proyecto que se refiere a la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal. En ese nuevo proyecto se incorporan nuevas modalidades al seguro de desempleo, como es la referida a los trabajadores zafrales. Pero es de advertir que no hemos podido acabar el estudio de cuál sería la forma de incorporar a los trabajadores rurales al régimen de desempleo.

Por lo tanto, sería conveniente que en esta ley estuviera incluida esa posibilidad, pues si bien es cierto que el Decreto-Ley Nº 15.180 todavía está vigente, no es menos cierto que este está pensado, en su estructura y por las prestaciones que da, para el trabajador urbano y no para el rural por lo cual si se incorpora, lisa y llanamente al trabajador rural al Decreto-Ley Nº 15.180, no se contemplarían sus especiales características y las especiales circunstancias como sí se toman en cuenta en el artículo 20 del proyecto del Poder Ejecutivo que dice: . . ."se incorporan al régimen de seguro de desempleo, atendiendo a las especiales características del trabajador rural y del medio en el cual se desarrolla. Sería conveniente incluir esta previsión, porque va más allá de ser meramente programática, y daría base legal para que el Poder Ejecutivo, atendiendo a estas especiales características del trabajo rural, pueda incluir a quien desarrolla tareas rurales, en el seguro de desempleo".

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. – Propongo que a este artículo le demos el mismo tratamiento que al ex artículo 20, es decir, desglosarlo y pasarlo a Comisión, por tres razones fundamentales.

En primer lugar, porque, en lo que a mí respecta, el señor senador Zumarán cumplió con su propósito y me convenció. En segundo término, las razones que dio el señor senador Araújo cuando señaló que existía el propósito, que fue concertado con el Poder Ejecutivo, de analizar el tema del seguro de desempleo en forma global, y a nivel nacional y no sólo con respecto a este nivel de trabajadores. El tercer motivo, que considero fundamental, porque en el día de hoy ha entrado un Mensaje del Poder Ejecutivo que en el Capítulo III propone regímenes de los seguros por desempleo para trabajadores zafrales. Quiere decir que aquel proyecto a que aludía el señor senador Araújo, aunque no en el tiempo que él lo ubicaba, sino ahora, ha ingresado al Parlamento en reunión de bancada, tal como lo había anunciado en la mañana de ayer el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, licenciado Fernández Faingold. Por todos estos motivos me parece que lo prudente es desglosar este artículo y pasarlo a Comisión a efectos de tratarlo conjuntamente con el proyecto que ingresó en el día de hoy.

SEÑOR ALONSO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO. – Deseo hacer una consulta al señor senador Pozzolo.

Me pareció entender que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo trataría sobre trabajadores zafrales. ¿Es decir que no estarían comprendidos todos los trabajadores que sí lo están en este artículo 27, que pasó a ser 24?

SEÑOR POZZOLO. – En realidad, se trata de un proyecto muy amplio y complejo, que comprende todos los temas a que se refirió el señor senador Araújo: régimen especial para barracas y depósitos de consignación de lana y cueros, lavaderos de lana y de cueros lanares, etcétera. Evidentemente, comprende a una vasta gama de trabajadores. De la rápida lectura que hemos hecho, no puedo precisar si están comprendidos estos trabajadores; pero si no lo estuvieran, esta sería la mejor oportunidad de hacerlo, así como de analizar el problema del seguro de desempleo en forma global. Eso sería mejor que aprobar ahora una disposición parcial, sobre todo en virtud de las objeciones planteadas en Sala, teniendo la posibilidad de discutir el tema en general a nivel de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pozzolo en el sentido de que se desglose este artículo y se pase a Comisión.

SEÑOR GARGANO. – ¿No correspondería votar primero el artículo tal como vino de Comisión?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – No, señor senador, porque se trata de una moción de orden cuya votación es previa.

Por lo tanto, se va a votar la moción del señor senador Pozzolo.

(Se vota:)

– 15 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 28, que pasa a ser 24.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – El artículo 24, ex 28, debemos considerarlo, necesariamente –y solicito del señor Presidente se sirva excusarme– en relación con el 29, que pasó a ser 25, porque sus disposiciones están vinculadas.

En el primero de ellos se autoriza al Banco de Previsión Social a invertir hasta un 2% de los recursos en la construcción, reforma, ampliación y equipamiento de hogares de ancianos en forma directa o mediante convenios. A este artículo le haría un agregado, teniendo en cuenta la finalidad específica de este proyecto, que diría: "teniendo en cuenta en forma preferente la atención que éstos brinden o se obliguen a brindar a los trabajadores rurales que necesiten del servicio que prestan".

De esa forma compensaríamos en parte, lo de aquella preferencia en zonas de fronteras del norte y noreste del país. Repito que es necesario establecer aquí que la intención es darle preferencia a los hogares de ancianos que brinden atención a los trabajadores rurales.

Lo mismo sucedería en cuanto al artículo 25, para la construcción, en cada capital de departamento del interior del país, de hogares de ancianos, lo que me parece absolutamente loable. En aquellos lugares para los que ya se hayan destinado partidas o se hayan hecho inversiones en obras que están todavía en realización, el Banco podrá contribuir con fondos propios, ya sea para su terminación, como para su equipamiento o puesta en funcionamiento, ajustándose a las normas técnicas que se determinan.

En concreto, mociono para que después de "o mediante convenios", se agregue "teniendo en cuenta en forma preferente la atención que éstos brinden o se obliguen a brindar a los trabajadores rurales que necesiten del servicio ,que prestan". Me parece que esto es de elemental justicia.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Estaría de acuerdo con este artículo y con el siguiente en la medida en que se refirieran a hogares de ancianos que atendieran a pasivos rurales, porque si no resultaría que la tributación que harán los patronos y los trabajadores rurales terminaría financiado a hogares de ancianos que atiendan a personas con otra procedencia laboral. En ese caso se produciría una transferencia de ingresos que me parece profundamente injusta. Además, teniendo en cuenta que estos hogares de ancianos se van a radicar fundamentalmente en las ciudades importantes del interior, quienes deberían tener mayores facilidades para usufructuarlos van a ser, en definitiva, los que tendrán mayores dificultades para beneficiarse.

Por lo tanto, sugiero que tanto en este artículo como en el siguiente se haga referencia a hogares de ancianos pasivos rurales, porque me parece que eso es de total justicia. Además, la redacción que propongo es más amplia que la del señor senador Cersósimo, aunque apunta a lo mismo, y no pone de cargo del sector rural toda la labor de financiamiento de los hogares de ancianos.

SEÑOR GARCIA COSTA, – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). –Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. – A efectos de contribuir al tema, debo informar a los señores senadores que en la Rendición de Cuentas, en el capítulo correspondiente al Banco de Previsión Social, se destinaron N$ 250:000.000, valores a enero de 1986, con este fin. Ese dinero sale de la recaudación e ingresos del Banco y no sólo del sector rural, que es el más deficitario de las Cajas.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Hasta ahora me he limitado a escuchar la opinión de quienes saben más respecto de las leyes en materia de Previsión Social y de organización de dicho Banco, así como de sus necesidades financieras.

Creo que este proyecto es necesario. Lo que no alcanzo a comprender es por qué se le adjudica al Banco de Previsión Social la responsabilidad de construir. Eso es materia de un plan de obras públicas. Me parece que esto es un disparate jurídico.

(Apoyado)

Es a Obras Públicas que corresponde realizar estas construcciones y no al Banco de Previsión Social, al que le estamos creando responsabilidades que jurídicamente no le caben. Que me rectifiquen los constitucionalistas que hay en este recinto.

SEÑOR AGUIRRE. – Que se desglose.

SEÑOR MEDEROS. – Que se desglosen los dos artículos.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. – Voy a votar tal como vienen los artículos 28 y 29 que figuran en el proyecto porque no me convencen las razones que se dan para modificarlos.

Un hogar de ancianos –por lo menos su inmensa mayoría en este momento de la vida del país– es el resultado del esfuerzo privado, realizado por gente que se reúne con la finalidad de hacer una obra de carácter social e instalar un refugio para personas de modestas condiciones.

Muchos ancianos sin recursos, que por la benevolencia de médicos y enfermeros eran mantenidos en los hospitales de los pueblos o de las capitales departamentales en calidad de enfermos, cuando en realidad no lo estaban, puesto que su única enfermedad es la vejez, pasan a esos hogares, obreros albañiles, gente del medio rural, envejecida, pasan a formar parte de los hogares de ancianos.

Yo digo que si hoy, por la vía que sea –y lo señalo a pesar de que comparto casi en su totalidad el criterio del señor senador Mederos– el Estado, a través del Banco de Previsión Social, va a entrar a estimular este tipo de construcciones, tendríamos que esperar un poco para ver como funciona y después adoptar posición. Me parece que decir que porque este recurso proviene de un fondo que se genera en el medio rural tendría que ser solamente para aquellos ancianos que provengan de dicho medio, sería sectorizar.

Hoy se votaría la legislación y después de que el plan haya sido puesto en ejecución se verá cómo adecuarlo. La realidad es que esto no cumple con el otro objetivo –y esta es una previsión que vamos a tener que tomar en cuenta para el futuro– así como tampoco lo que con muy buen criterio señalaba el señor senador García Costa.

En el país hay unos cuantos hogares de ancianos que han sido levantados en forma privada que están realizando una obra humanitaria de vastísimo contenido social que es muy poco conocida.

Hay establecimientos que tienen 40, 50 u 80 ancianos a los que todos los días hay que darles de comer, atenderlos, prestarles asistencia médica, etcétera. El Estado, en términos generales, no asiste a estas obras, las que tienen que seguir siendo sostenidas a través del esfuerzo particular. ¿Cómo se mantienen? A través de colectas y contribuciones privadas.

No alcanza, entonces, con decir que a través de este fondo se van a construir hogares de ancianos por todo el país. La dificultad que se plantea es cómo se van a mantener y funcionar esos hogares a través del tiempo. A mi juicio, se está creando un nuevo problema social.

Por ejemplo, el hogar de ancianos de la ciudad de Mercedes, hasta ahora se ha mantenido con donaciones o legados que dejaron familias muy bien inspiradas del lugar; pero eso se agota.

Quiero dejar establecido que me siento inclinado a votarlo hoy en estas condiciones para crear el precedente legislativo que me habilite a poner en funcionamiento una obra y a decir que dentro de un tiempo tendremos que revisar todo esto para ver de qué manera reacomodamos la situación.

Entiendo que todo lo que pudiéramos perfeccionar en esta noche, aún con la mejor buena intención, no alcanzaría para solucionar el problema. Lo único que haríamos sería teorizar porque no está dada la experiencia.

Por estas razones, señor Presidente, me voy a limitar a votar estos dos artículos sin ninguna modificación, pensando que hay motivos para realizarlas pero que este no es el momento oportuno para hacerlas.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – También nosotros, señor Presidente, vamos a votar los artículos tal como vienen.

Como señaló el señor senador García Costa, en oportunidad de la discusión de la Rendición de Cuentas, se le preguntó al Directorio del Banco de Previsión Social el destino y el manejo de los fondos que nos pedía para los hogares de ancianos.

Creo que eran N$ 300:000.000 los que se fijaban para esa finalidad.

Considero además, compartiendo la posición del señor senador Pozzol,. que es conveniente votar estas disposiciones a los efectos de crear el precedente legislativo y además, para conseguir una reglamentación del funcionamiento de estas instituciones. De otra manera, pueden crearse pero no llegar a funcionar.

A pesar de los inconvenientes entiendo que el precedente es positivo porque atiende a una importante realidad social.

Nada más.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Yo quería señalar, señor Presidente, que esta disposición fue creada por la Ley Nº 13.705 y que funcionó espléndidamente.

Por ejemplo en ]a ciudad de Melo, en convenio con el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal se construyó un hogar de ancianos que funciona muy bien.

El artículo se refiere a la construcción, reforma, ampliación y equipamiento de los hogares de ancianos. Después, tiene razón el señor senador Pozzolo, el mantenimiento y aún el alhajamiento de los hogares depende de la laboriosidad y dedicación de las comisiones de vecinos que se forman para colaborar.

Volviendo al ejemplo del hogar de la ciudad de Melo, señalo que se ha tenido el tino de nombrar como funcionaria administrativa superior a una persona con el título de enfermera jefe. De modo que está capacitada para prestar los primeros auxilios. Además, para los ancianos que reciben alguna pasividad, la reglamentación del hogar prevé una contribución con una determinada parte de esa pasividad a los efectos de colaborar con el mantenimiento del hogar.

Este tipo de instituciones protege a aquellos ancianos que no tienen familiares o que son abandonados por éstos,

Por último, señalo que hay experiencia positiva en la materia y que los dos artículos provienen de la Ley Número 13.705.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera) – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: con referencia a los dos artículos he dicho que la construcción de edificios para hogares de ancianos no es competencia del Banco de Previsión Social y que en realidad es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además los que propiciaron esas soluciones en ocasión del análisis del Presupuesto debieron solicitar su inclusión en el Plan de Obras Públicas.

(Apoyados)

En ninguna cabeza puede caber que yo esté en contra de la existencia y el funcionamiento adecuado de les hogares de ancianos, que cumplen una loable labor en todo el país.

En el departamento de Colonia hay cuatro o cinco hogares que trabajan bien. Creo que el más antiguo es el de la ciudad de Colonia Valdense. El vecindario de la zona, así como la Iglesia Valdense, mantiene ese hogar con la ayuda intermitente del Estado o del Municipio.

Muchos de estos institutos son modelos de eficiencia. Pero insisto en que la construcción no puede ser adjudicada al Banco de Previsión Social.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: creo que esta ley va más allá de lo que establecía la que recordaba el señor senador Silveira Zavala, la Ley Nº 13.705, cuyos artículos 50 y 51 autorizaron al Banco de Previsión Social a realizar una inversión del 2% de sus recursos para construir hogares de ancianos. Pero en el artículo 51 se decía que era una facultad para realizar convenios con otros organismos del Estado para la consecución de esos fines, de donde resultaba que la construcción en sí tenía que ser realizada por otros organismos del Estado, en base a esos convenios.

Creo, además, que es discutible que esto esté dentro de la competencia constitucional del Banco de Previsión Social, competencia que consiste en coordinar los servicios estatales de previsión social y en organizar la seguridad social. Y más que los cometidos del Banco de Previsión Social, me parece que exceden la facultad que tiene el legislador en la materia, cuando va más allá de autorizar o facultar al Banco de Previsión Social y lo obliga, por el ex artículo 29, a construir en cada capital de departamento un hogar de ancianos. Es decir, da una orden en ese sentido.

Me parece que esto no lo puede hacer la ley porque excede totalmente las competencias que tenemos y lesiona la autonomía del ente que es, en definitiva, el Banco de Previsión Social.

Por esas consideraciones, señor Presidente, voy a votar negativamente los dos artículos. Al final, esta ley es un tutti frutti".

SEÑOR PRESIDENTE. (Dr. Luis A. Lacalle Herrera) – Señores senadores: la Mesa se permite adelantar su voto negativo a ambos artículos, por los siguientes fundamentos.

En primer término, porque no está dentro de las competencias del Banco de Previsión Social la construcción de hogares de ancianos; en segundo lugar, porque se ha hecho hincapié en el desfinanciamiento de la seguridad social y ahora se desvía una importante parte de recursos hacia un fin que no es el primario, que es la prestación de pasividades; en tercer término, porque toda vez que el Banco de Previsión Social ingresó en este campo, ya sea para préstamos de compra o construcción de vivienda, inició su propia crisis; en cuarto lugar, porque lesiona la autonomía del ente; y en quinto término porque las palabras del señor senador García Costa indican que por otro medio más idóneo y con dinero en cantidades suficientes e inmediatas, se va a encarar este tipo de obra.

Se va a votar el artículo 28, actual 24.

(Se vota:)

– 8 en 20. Negativa.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera) – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – He votado en contra por las razones expuestas por el señor Presidente y el señor senador Aguirre y, además, porque en caso de contemplarse el tema de la ancianidad a través de un mecanismo legal como éste, se debió haber circunscripto al marco de los pasivos de la actividad rural, como lo dije anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – En consideración el artículo 29, que pasa a ser 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 13 en 20. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a rectificar la votación del artículo 29, actual 25.

(Se vota:)

– 9 en 20. Negativa.

En consideración, el artículo 30, que pasa a ser 24, porque hay dos artículos anteriores votados negativamente.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Es simplemente para hacer una corrección.

El artículo debe decir: "Derógase el impuesto creado por el literal B del artículo 4º de la ley tal". Eso de "arrendatarios y propietarios" no sólo está de más, sino que no es así.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – No; es que el impuesto lo pagan los arrendatarios y los propietarios.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar el artículo 24 con la modificación propuesta por el señor senador Cersósimo en el sentido de suprimir el término "Les arrendatarios y propietarios".

(Se vota:)

– 18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 31 que pasa a ser 25.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido que se reconsidere el artículo 24, señor Presidente, porque tengo una duda.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se va a votar si se reconsidera el artículo.

(Se vota:)

– 19 en 20. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Al haberse desglosado el artículo 20 del proyecto, no puede derogarse el Decreto-Ley Nº 14.599, que es el que adjudica nuevamente el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales al Banco de Seguros. Entonces, estaríamos derogando la ley que otorga a esta institución la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no puede ser derogada hasta que se resuelva el problema del artículo 20.

Se elimina el Decreto-Ley de 19 de julio de 1984 y quedaría redactado así: "Derógase la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968 y todas las normas que se opongan a la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Léase el artículo con la modificación propuesta.

(Se lee:)

"Derógase el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, y todas las normas que se opongan a la presente ley".

– Se va a votar nuevamente el artículo 30, actual 24, con la redacción que se acaba de leer.

(Se vota:)

– 19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 31 que pasa a ser 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

– 19 en 20. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Es para solicitar que el Senado comunique el proyecto de ley que acabamos de votar a la Cámara de Representantes, dentro de las 32 horas siguientes a su aprobación, porque hay propósito de solicitar una sesión extraordinaria con el fin de considerarlo.

No propongo que se comunique de inmediato, en atención al personal que ha trabajado hasta altas horas de la noche.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Así se hará.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Art. 1º – Son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que desarrollen explotaciones agropecuarias cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que le sirven de asiento.

Art. 2º (Concepto de empresas contratistas). – Son empresas contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambramiento, monteo, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general.

Art. 3º (Contribución patronal: concepto y monto). – A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 1º) por el período de ocupación del inmueble.

A partir de dicha fecha, la contribución patronal mensual será el equivalente a multiplicar el número de hectáreas, por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional, conforme a la siguiente escala progresional:

A) Por las primeras 200 hás.: hasta 1 %o

B) Por las siguientes: de más de 200 a 500 hás.: hasta 1,1 %o.

C) Por las siguientes: de más de 500 a 1.000 hás.: hasta 1,2 %o

D) Por las siguientes: de más de 1.000 a 2.500 hás.: hasta 1,4 %o.

E) Por las siguientes: de más de 2.500 a 5.000 hás.: hasta 1,6 %o.

F) Por las siguientes: de más de 5.000 a 10.000 hás.: hasta 1,8 %o.

G) Por más de 10.000 hás.: hasta 2 %o.

Una vez fijados los valores de la unidad básica de contribución, se considerarán directamente aplicables a la hectárea de índice de productividad CONEAT 100.

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al Indice de Productividad CONEAT de los predios respectivos.

La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la Seguridad Social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado.

El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de las diversas prestaciones comprendidas en la contribución patronal entre los distintos entes estatales acreedores, dando cuenta a la Asamblea General.

La contribución patronal mensual no podrá ser interior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata.

Si en la superficie ocupada sólo se realizan tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 12.

Art. 4º – Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a sus directores. En las sociedades en comandita los socios que fueren comanditarios por acciones no tendrán responsabilidad solidaria.

Art. 5º (Contribución patronal trimestral de los empresarios contratistas: concepto y monto). – A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal trimestral será de cargo de los empresarios (artículo 2º).

Su monto será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío (artículo 8º). Cuando no tuvieren dicho personal, equivaldrá al montepío correspondiente al del peón especializado plenamente ocupado.

Art. 6º (Modo de computar servicios). – Por cada empresa unipersonal, se computarán servicios, a los efectos jubilatorios y beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física, la que se denominará empresario titular.

Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de seguridad social.

En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos, los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares, cónyuges y hermanos, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento, aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Se reputará que el 50 % (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales.

La asignación jubilatoria mensual mínima de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al 85 % (ochenta y cinco por ciento) del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado, a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición.

Art. 7º (Sistemas de aportaciones) – Las empresas unipersonales aportarán en forma global y única. Las pluripersonales aportarán la contribución establecida en el artículo 3º, acrecida en un 10 % (diez por ciento) hasta tres personas físicas y en un 10% (diez por ciento) más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento.

Los directores de sociedades anónimas se considerarán integrantes efectivos y, por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista en el inciso anterior.

Art. 8º (Montepío: concepto y monto). – El montepío es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados y obreros) que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluidos los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias.

Queda comprendido en el régimen del inciso anterior, el personal de servicio doméstico que desempeña tareas de esa naturaleza en el medio rural.

Los trabajadores rurales aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales.

El empresario (artículos 1º y 2º) deberá retener dicha contribución del sueldo o salario total de sus dependientes y es responsable, en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social.

Art. 9º (Agroindustrias). – Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales, típicamente industriales o típicamente rurales, que se realicen o no en el propio establecimiento.

Art. 10 (Forma de pago). – Las contribuciones dispuestas en los artículos 3º y 8º se liquidarán en planillas trimestrales. A solicitud del interesado, el Banco de Previsión Social liquidará el monto de las contribuciones, sin cargo alguno para la empresa, debiendo ésta proporcionar previamente todos los elementos de información necesarios.

Art. 11 (Epoca de pago). – El pago de las contribuciones se realizará por trimestre vencido dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del trimestre correspondiente.

Art. 12 (Declaración de ocupación). – Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 13. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario.

A solicitud del Banco de Previsión Social, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis y la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y sus dependencias departamentales, proporcionarán al Banco la información existente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 13 (Declaraciones juradas). – Dentro de los dos primeros meses de cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 1º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social, denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza, ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiendo –en el mismo acto– una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración.

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial u otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también la declaración jurada presentada ante la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado (artículo 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 14 (Denuncia del personal). – Al vencimiento de cada trimestre y dentro de los sesenta días siguientes, toda persona física o jurídica de las indicadas en los artículos 1º y 2º, deberá denunciar en planillas que suministrará el Banco de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre a que refiere su declaración, estableciendo cargo, naturaleza del trabajo, fecha de ingreso y egreso y demás constancias que el Banco le requiera; recibiendo en el mismo acto una copia debidamente sellada, fechada y firmada.

Art. 15 – Créase un impuesto de pago trimestral, equivalente al 1º/oo (uno por mil) de la UR (Unidad Reajustable) vigente al primer día de cada trimestre, por hectárea, a todos los establecimientos mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, que recaudará el Banco de Previsión Social conjuntamente con las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con destino exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de fronteras del norte y noroeste del país.

Art. 16 (Facilidades de pago especiales). – El Banco de Previsión Social queda facultado para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles o inmuebles, así como su producción, fueren afectados por fenómenos climáticos, acorde a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 17 (Control indirecto). – Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero nacional, no podrán otorgar, so pena de hacerse solidariamente responsables de los adeudos que existieren, créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas acrediten cumplir regularmente el pago de sus contribuciones sociales mediante la exhibición del certificado que al efecto expedirá. con vigencia anual, el Banco de Previsión Social.

Art. 18 (Asignaciones familiares). – Inclúyense en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan personal dependiente y se encuentren al día en el pago de sus aportes de seguridad social.

Art. 19 (Anticipo prejubilatorio). – Los trabajadores con cincuenta y cinco años de edad siendo mujeres o sesenta años de edad siendo hombres, una vez producido y acreditado el cese de la relación laboral y configurada la causal jubilatoria, percibirán un anticipo prejubilatorio equivalente al 70 % (setenta por ciento) de la probable pasividad a juicio del Banco de Previsión Social.

Art. 20 (Deudas atrasadas). – Establécese un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos por contribuciones de seguridad social, devengados hasta el 30 de setiembre de 1986.

El régimen de facilidades aplicables a dichos adeudos será el previsto por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 21. – Los adeudos por contribuciones de seguridad social de los empresarios rurales a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, titulares de explotaciones de hasta doscientas hectáreas de Indice CONEAT 100, se reajustarán, a partir del 1º de abril de 1987, por el 70 % (setenta por ciento) del índice establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 22. – El Banco de Previsión Social reliquidará los convenios de facilidades de pago ya realizados, conforme a las normas de los artículos 20 y 21.

Facúltase al Banco de Previsión Social a establecer regímenes de cancelación de adeudos en base a cuotas variables de amortización, crecientes o decrecientes a opción del deudor.

Art. 23 (Nuevos empresarios jóvenes). – Exonérese, por el término de cinco años a contar desde la vigencia de la presente ley, del 50 % (cincuenta por ciento) del pago de contribuciones a la seguridad social, a toda persona menor de treinta años que inicie actividades agropecuarias en predios que, en forma individual o en conjunto, no superen las doscientas hectáreas con Indice CONEAT 100.

Art. 24 – Derógase el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, y todas las normas que se opongan a la presente ley.

Art. 25 – La presente ley rige desde el día 1º de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación.

Art. 26 – Comuníquese, etc.

Enrique E. Tarigo Presidente
Mario Farachio Secretario.

19) SE LEVANTA LA SESION.

SEÑOR PRESIDENTE. (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). – Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 23 y 45 minutos presidiendo el doctor Lacalle Herrera y estando presentes los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Berro, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, García Costa, Gargano, Mederos, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

Dr. Enrique Tarigo Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.