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Nº 148 - TOMO 302 - 14 DE OCTUBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

57ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Día de la Antártida Uruguaya

- El señor Lacalle Herrera solicita que se reparta el proyecto venido con aprobación de la Cámara de Representantes.

5) Cunicultura. Actividad a desarrollar por granjeros en el departamento de Canelones

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Banco de la República.

6) Universidad de la República. Bases de concurso aprobadas por el Consejo Directivo Central Universitario

- Exposición del señor senador Batlle.

7) Escuela de lechería. Colonia Suiza

- Exposición del señor senador Gargano. Se resuelve enviar la versión taquigráfica al CODICEN, a la UTU y a la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

8) Parteras. Su actuación en Instituciones de Asistencia Estatales y Privadas

- Exposición del señor senador Tourné.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Salud Pública.

9) Proyectos presentados

- Procedimientos para las declaraciones juradas, los pagos de tributos, las devoluciones y las correspondientes registraciones de la Administración.
- Iniciativa del señor senador Aguirre.
- Seguro obligatorio contra riesgo de granizo en viñas.
- Iniciativa de varios señores senadores.

10 y 13) Rectificación de trámite. Planteamiento de la Junta Departamental de Durazno sobre juicio político a diversos Ediles

- Manifestaciones del señor senador Tourné.
- Se resuelve pasarlo a informe de la Comisión de Constitución y Legislación.

11) Pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional. Normas de seguridad en el Aeropuerto Nacional de Carrasco

- Manifestaciones del señor senador Tourné.
- Se resuelve que el Senado lo haga suyo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución.

12) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Batalla para faltar a la próxima sesión.
- Concedida.

14 y 16) Seguridad Social. Normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se aprueba en general.

15) Sesión extraordinaria

- Se resuelve celebrarla el día jueves 30 a la hora 17.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION.

"Montevideo, 13 de octubre de 1986.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 14, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 642/86 - Rep. Nº 135/86 Anexo I)

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones legales referidas a la Seguridad Social.

(Carp. Nº 350/85 - Rep. Nº 91/86)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se propicia la ratificación del Convenio Nº 19 sobre "Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas".

(Carp. Nº 455/86 - Rep. Nº 95/86)

4º) Por el que se modifica el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.330, de 4 de octubre de 1982, incluyendo en el mismo la posibilidad de compra de mercaderías decomisadas por parte de organismos del Estado.

(Carp. Nº 383/85 - Rep. Nº 101/86)

5º) Por el que se otorga asistencia y franquicias fiscales y se establecen normas para la promoción del libro.

(Carp. Nº 495/86 - Rep. Nº 124/86)

6º) Por el que se establece que las Juntas Locales a que hace referencia el artículo 287 de la Constitución de la República, serán designadas dentro de los sesenta días de instalados los Intendentes Municipales de cada departamento.

(Carp. Nº 504/86 - Rep. Nº 127/86)

7º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para exonerar de sus cargos a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública, tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Artículo 59 del Reglamento).

(Carp. Nº 385/85 - Rep. Nº 122/86 - Plazo constitucional vence 30 de octubre de 1986).

(Carp. Nº 573/86 - Rep. Nº 123/86 - Plazo constitucional vence 28 de octubre de 1986).

(Carp. Nº 577/86 - Rep. Nº 129/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986).

(Carp. Nº 355/86 - Rep. Nº 130/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986).

(Carp. Nº 310/85 - Rep. Nº 131/86 - Plazo constitucional vence 4 de noviembre de 1986).

(Carp. Nº 578/86 - Rep. Nº 134/86 - Plazo constitucional vence 3 de noviembre de 1986).

(Carp. Nº 581/86 - Rep. Nº 133/86 - Plazo constitucional vence 4 de noviembre de 1986).

(Carp. Nº 378/85 - Rep. Nº 138/86 - Plazo constitucional vence 10 de noviembre de 1986).

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Batalla, Batlle, Berro, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Ferreira, Martínez Moreno, Ortiz y con aviso el señor senador Paz Aguirre.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 14 de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que comunica el informe realizado por la Comisión Honoraría para el Estudio del Aprovechamiento Integral de la Cuenca del Río Santa Lucía, creada por la Ley Nº 15.783, de 20 de diciembre de 1985.

(Carp. Nº 649/86)

- A la Comisión de Transporte y Obras Públicas y a la Comisión de Hacienda.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solicita venia para exonerar de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carps. Nos. 646 y 647/86)

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solicita venia para designar los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo que representarán al Estado.

(Carp. Nº 648/86)

El Poder Ejecutivo remite Mensajes por los que solicita venia para exonerar de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que les fueran devueltas por resolución del Cuerpo de fecha 2 de julio de 1986.

(Carps. Nos. 311 y 312/85)

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la información solicitada por el señor senador Uruguay Tourné, en relación con las actuaciones cumplidas por esa Cancillería con referencia al Gerente de PLUNA en Israel.

- A disposición del señor senador Uruguay Tourné.

El Ministerio de Turismo remite la información solicitada por el señor senador Raumar Jude, con referencia a la aplicación de la Ley Nº 15.783, de reposición de funcionarios destituidos.

- A disposición del señor senador Raumar Jude.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota a la que adjunta el texto del Acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional Iraquí y la Asamblea del Pueblo Egipcio, referente a la organización de una asociación parlamentaria entre ambas Asambleas y nota de la Embajada de la República Arabe de Egipto en la que se solicita la remisión del texto de referencia a la Cámara de Senadores.

- Téngase presente.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, sobre el proyecto de ley por el que se estructura un régimen obligatorio de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se modifica el régimen pensionario que ampara el Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 477/86)

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 1985.

(Carp. Nº 545/86)

- A la Comisión de Presupuesto integrada con la Comisión de Hacienda.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se establece que los organismos estatales y paraestatales y las empresas privadas, cuyo personal esté organizado sindicalmente, están obligados a descontar de los salarios generados por el mismo la cuota sindical.

(Carp. Nº 650/86)

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Por el que se modifica el artículo 15 del Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977, referente a la estructura tarifaria que se debe abonar por la energía eléctrica.

(Carp. Nº 651/86)

- A la Comisión de Industria y Energía.

Por el que se desafectan del patrimonio de la Intendencia Municipal de Montevideo y se afectan al Estado (Ministerio del Interior) los inmuebles padrones Nos. 115.311 y 115.310 sitos en la 5ta. Sección Judicial del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 652/86)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se afectan a favor de la Intendencia Municipal de Colonia y del Ministerio del Interior, respectivamente, los inmuebles padrones Nos. 2 y 122, sitos en la 12a. sección judicial del departamento de Colonia.

(Carp. Nº 653/86)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Cámara de Representantes remite, aprobado en nueva forma, el proyecto de ley por el que se establece el 7 de octubre como "Día de la Antártida Uruguaya".

(Carp. Nº 177/85)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Defensa Nacional comunica que está en condiciones de informar el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para conferir ascensos al Grado de Comandante Mayor, en el Escalafón A del Cuerpo de Prefectura de la Armada Nacional.

(Carp. Nº 568/86)

- Repártase."

4) DIA DE LA ANTARTIDA URUGUAYA

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera para efectuar una moción referida a uno de los asuntos entrados.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Solicito que se ordene el repartido del proyecto de ley por el que se establece el 7 de octubre como "Día de la Antártida Uruguaya", a los efectos de que pueda aprobarse en algún momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

5) CUNICULTURA. Actividad a desarrollar por granjeros en el departamento de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa.

Están anotados para hacer uso de la palabra los señores senadores Lacalle Herrera, Batlle, Gargano y Tourné.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: hoy nos vamos a referir a un tema que tiene que ver con una actividad granjera que está adquiriendo gran desarrollo en nuestro país y que puede convertirse en una fuerte corriente productora y exportadora: la explotación del conejo, o sea, la cunicultura.

En distintos países de Europa, sobre todo en Hungría, Unión Soviética e Italia, la crianza de este animal, realizada en pequeños predios, es un importante rubro de producción granjera.

Al analizar la situación del sur del país, tal como es la del departamento de Canelones, se hace necesario repensar las formas de explotación de una de las actividades que aparece con gran futuro: la cunicultura. Realizada esta a una escala de nivel familiar, es de fácil ejecución, en lo que tiene que ver con las tareas que requiere pero, fundamentalmente conlleva la plantación de leguminosas, que es la mejor manera de utilizar esas tierras para volver a hacerlas productivas, pues debido a la agricultura intensiva se han vuelto verdaderos blanqueales.

A veces es necesario observar nuestra tierra panorámicamente; todo aquel que haya efectuado vuelos sobre nuestro territorio puede constatar cuando los aviones remontan desde el Aeropuerto de Carrasco y mientras toman altura el notorio deterioro de los pequeños predios lavados, luego de dos centurias y media de reja. Esos blanqueales que señalan las tierras que ya no sirven para nada, están demostrando hasta qué punto el recurso tierras se ha ido degradando.

La plantación de leguminosas representaría una doble solución para los granjeros si se convirtiera en base de esta explotación. Por un lado, incorporaría a su economía un ingreso sustancial mensual y, por otro, se daría comienzo a la impostergable tarea de recuperar determinado tipo de tierras.

En la zona de San Antonio, departamento de Canelones, hemos tenido oportunidad de visitar a compatriotas que se han lanzado a esta tarea. Por lo tanto, no estamos hablando a través de informes, sino de experiencias directas con los propios interesados.

Si fuese necesario hablar de las posibilidades comerciales que es indispensable conocer antes de emprender una actividad de este tipo, diríamos que la Comunidad Económica Europea tiene un déficit anual de 60.000 toneladas de carne de conejo. Es decir que estamos hablando de volúmenes muy importantes y de un producto cuyo valor supera largamente los U$S 2.000 la tonelada.

En un momento en que las operaciones de comercialización de carne roja muchas veces no alcanzan esa cifra, es necesario pensar en la importancia que tiene, desde el punto de vista de los ingresos de la República, la colocación de un producto como éste.

Se ha hecho mucha propaganda y, en este momento, se está difundiendo la práctica de la crianza de este magnífico animalito que tantos beneficios puede reportar.

Digamos también, como punto final de este planteamiento inicial, que la explotación en pequeña escala puede realizarse a nivel familiar. Basta que el campesino o su familia dediquen unas pocas horas a esta actividad -evitándose así el pago de un salario- para obtener un ingreso de alrededor de N$ 15.000 ó 20.000 mensuales con la explotación de 20 madres.

Todo esto -que representa una oportunidad real y verdadera- es de conocimiento público, aunque no está demás recordarlo, porque son demasiadas las noticias negativas que recibimos día a día acerca del país.

Este prólogo que hemos hecho responde a un planteamiento que queremos efectuar.

No es necesario señalar que la iniciación en una tarea de este tipo requiere dinero. Pensamos que el Banco de la República, que ha abierto líneas de crédito para explotaciones similares podría, en esta materia, dar un paso más, haciendo una experiencia sobre la base de lo que vamos a llamar "moneda de trabajo". Hemos utilizado ese término en varias oportunidades durante la campaña electoral, entendiendo por tal lo que, para los préstamos del Plan Agropecuario se denomina "moneda en producto". Inclusive, ese concepto ha sido introducido en la legislación positiva por este Senado. Cuando se aprobó la Ley de Refinanciación para determinados deudores, sostuvimos la posibilidad de que la deuda se convirtiera en moneda de trabajo, en canasta de producto.

Creemos, entonces -y en ese sentido vamos a mocionar para que se curse oficio al Banco de la República- que sería una interesante experiencia abrir una línea de crédito para este tipo de producción, pagadera en kilos de carne.

En este momento, la comercialización del conejo se efectúa al contado, directamente en las plantas que lo faenan. Por lo tanto, podría establecerse, inclusive, con toda facilidad, la retención por el Banco de las cantidades necesarias para evitar sobresaltos en materia de demoras de pago.

Creemos que, como el volumen todavía no es muy grande, el Banco no comprometería demasiado su capital. El retorno sería muy rápido, porque se amortizarían los préstamos en cada una de las operaciones. Sabido es que estos animales son de una reproducción muy rápida y creemos que todo ese conjunto de características posibilitarían que el Banco siempre presente en las actividades pioneras de las República- pudiera, en esta oportunidad, facilitar a los productores granjeros la incorporación de la cunicultura como rubro suplementario de su producción. Ello se lograría mediante la concesión de préstamos que, reitero, serían otorgados en "kilos de carne", lo que haría que no se depreciaran las cantidades prestadas, y se obtuviera un rápido retorno por la modalidad de venta. Asimismo, se tendría la certeza de que, mediante descuentos en las plantas frigoríficas, el Banco se aseguraría el pago correspondiente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Banco de la República a sus efectos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. Bases de concurso aprobadas por el Consejo Directivo Central Universitario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: quiero referirme hoy a un hecho que me parece extremadamente grave y sintomático de un estado de ánimo que creí había sido superado ya en la vida nacional.

Me refiero a las bases aprobadas por el Consejo Directivo Central Universitario en su sesión del día 5 de mayo de 1986, por las cuales se establecen las condiciones de los concursos de antecedentes y, eventualmente, de pruebas para designar a los titulares de los cargos de Director General de Hacienda, Director de la División Auditoría Operativa y Director de la División Servicios Contables y Financieros de la Universidad de la República.

En esas bases se establece que la provisión de cargos se hará mediante concurso y, eventualmente, de prueba abierta a todos los ciudadanos que posean título de contador y de licenciado en Administración.

Se agrega, además, a los efectos de establecer los puntajes correspondientes, la lista de los antecedentes que se tomarán en cuenta y los puntos que se le asignarán a los distintos cargos, los trabajos o experiencias que puedan haber desempeñado o exhibir los concursantes.

Me voy a permitir leer las tales bases, para que el Senado de la República y el país entero, conozcan que se han vuelto a restablecer las tristes categorías A, B y C que funcionaron en la época del proceso, del gobierno de la dictadura; que ahora se han vuelto a reimplantar en la Universidad de la República. Dice así: b) Por los antecedentes se otorgará en cada aspecto hasta el puntaje máximo que se señala a continuación: 1) cargos desempeñados en la Universidad de la República (con exclusión del período del gobierno de facto); 2) cargos desempeñados en instituciones oficiales (con la misma exclusión del numeral 1) o privadas; 3) trabajos científicos o técnicos, etcétera; 4) experiencia en el ejercicio de la profesión; y 5) experiencia en la implantación y administración de sistemas computarizados de información.

Quiere decir, señor Presidente, que la Universidad de la República, para tomar en cuenta los méritos de los ciudadanos que se presentan a estos concursos, ha hecho exclusión expresa del tiempo en el cual ellos desempeñaron cargos en la Universidad o en instituciones oficiales. Aquellos ciudadanos que se pudieron salvar de ser expulsados o sancionados o que, por su edad, se recibieron durante el período del gobierno de facto e ingresaron a la función pública, o que estando en ella culminaron sus estudios, siendo contadores en la Administración de Puertos o en el Banco de la República, tuvieron un ascenso o desempeñaron cargos durante estos diez años, por ejemplo, en la especialidad de estos puestos que se concursan, no tienen derecho a exhibir como mérito los diez o doce años trabajados en tales actividades. Naturalmente, eso se excluye para las actividades privadas. Quiere decir, entonces, que un contador del Banco de la República no puede exhibir los méritos acumulados durante el gobierno de facto porque se le excluyen específicamente; pero si tuvo la suerte de ocupar el mismo cargo en el Banco de Boston, puede presentarse sin ningún demérito porque no fue funcionario público.

Nunca creí que en este país, señor Presidente, después de lo que hemos pasado y vivido, nada menos que la Universidad de la República aplique este tipo de criterios de reglamentaciones totalmente antidemocráticas, injustas, arbitrarias y que demuestran que, evidentemente, la mayoría del Consejo Central Universitario que dictó, el 5 de mayo de 1986, este proyecto que se transformó en reglamento y ordenanza para la presentación de concursantes, no ha aprendido nada, no sabe lo que es democracia, no entiende lo que es el respeto a la dignidad humana y no tiene la más mínima conciencia de cómo deben ser sus funciones y cómo deben ejecutarse.

Es lamentable que en este país, a los ciudadanos uruguayos se les prive de la posibilidad de competir en igualdad con otros, por el delito de haber sido funcionarios públicos durante el tiempo del proceso.

Quiere decir que nosotros, los integrantes de los Partidos Políticos, teníamos que haberles dicho a los funcionarios públicos que renunciaran a sus cargos, que no aceptaran ascensos, que no cumplieran funciones para evitar, a posteriori, esta venganza que se practica desde el seno de la casa de estudios más importante con que cuenta la República y que debería ser, además, en su conducta, un claro ejemplo de lo contrario.

Lamento, señor Presidente, plantear este tema que llegó a mi conocimiento por un interesado, funcionario público, que fue a buscar las bases y se encontró con que los diez años que había trabajado y la experiencia que había adquirido en el ejercicio de la profesión en la dirección de un servicio contable, no le servían, porque estaba comprendido en los incisos cuarto y segundo por haber desempeñado un cargo en una institución oficial. Asimismo, la exclusión del numeral 1) lo alcanzaba por haber sido funcionario durante el gobierno de facto y por haberlo sido, por supuesto, mucho tiempo antes a este período. Por la vía de este interesado, llegó a mi conocimiento este documento que, por su naturaleza insólita, contraria a todo principio democrático, a nuestras leyes, a nuestras disposiciones constitucionales, a nuestra conducta democrática, a nuestra conciencia de hombres libres e iguales frente a la ley, no podíamos dejar de exponer ante el Senado y la opinión pública nacional.

Nada más, señor Presidente.

7) ESCUELA DE LECHERIA. Colonia Suiza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En la tarde de hoy queremos referirnos a la situación que atraviesa la Escuela de Lechería de Colonia Suiza, una dependencia perteneciente a la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es el único centro de enseñanza del país que forma técnicos en la industrialización de la leche.

Este es un centro de enseñanza de una trayectoria ejemplar. Ha sido el lugar donde se han formado técnicos de toda América Latina. Tiene casi 50 años de existencia y atraviesa una situación extremadamente delicada. Por eso queremos traer el tema al Senado y por su intermedio, trasladar a las autoridades de la Enseñanza, las impresiones recogidas por nosotros, así como también trasmitirles diversas inquietudes vinculadas con el funcionamiento en sí de la Escuela, especialmente en lo que tiene que ver con sus necesidades.

En primer término, debemos decir que quedamos muy gratamente impresionados con lo que vimos: la Escuela de Lechería, modernamente concebida, vincula en forma adecuada la teoría y la práctica. Sus alumnos viven, estudian y trabajan en dependencias de la propia Escuela, con lo cual se logra la más alta eficacia educativa.

Por tal razón, los técnicos egresados de la Escuela son altamente codiciados, tanto por la industria como por los propios establecimientos productores de leche.

Dado que, como es sabido, la producción de leche y derivados es uno de los rubros en expansión en el país, también ha ido en aumento la demanda de técnicos y, por consiguiente, la demanda de cupos en la Escuela. Debido a ello hizo crisis su falta de capacidad; según nos manifestaron sus autoridades, este año sólo pudieron matricularse la tercera parte de los aspirantes, estimándose que tal situación habrá de agravarse el año próximo.

Las limitaciones para acrecentar el cupo de la Escuela, son principalmente de índole material, dado que su capacidad docente actual es sumamente adecuada. Se estima que con sólo incorporar dos nuevos docentes al plantel existente, se podría duplicar la cantidad de alumnos, que hoy es de 50, entre los cuales, hay varios de ellos que no están en régimen de internado, es decir, gente relacionada con el medio, que estudia en la Escuela pero que vive fuera de ella.

Pero las limitaciones materiales, son múltiples y variadas, abarcando desde la insuficiencia y deterioro de las instalaciones que sirven de albergue a los estudiantes, hasta la irregular entrega de vales de combustible y otros insumos, pasando por la falta de rubros para reparación de la maquinaria existente y la insuficiencia de las instalaciones donde se imparte docencia.

A fin de que se tenga una idea de hasta qué punto las limitaciones materiales inciden en la normal capacitación del alumnado, diremos tan solo que por falta de rubros aún están sin instalarse equipos que fueron adquiridos y donados por el BID, en el año 1979. Es decir que hace siete años están en la Escuela, pero no se pueden utilizar.

Días pasados, en oportunidad de visitar la Escuela de Lechería de Colonia Suiza, sus autoridades nos hicieron entrega de un memorándum en el que se refleja, en forma elocuente, la actual situación por la que atraviesa dicha Escuela. En ese memorándum, que sabemos está en conocimiento de las autoridades de la UTU, se realiza un estudio detallado de las carencias, agrupándolas en tres órdenes de prioridades y se establecen las necesidades económicas para el funcionamiento básico anual de la Escuela, ubicado en el orden de los N$ 3:800.000. No vamos a ocuparnos aquí del conjunto de tales carencias, pero no podemos pasar por alto aquellas que consideramos de más fácil solución.

En primer lugar, en la sección Agricultura, es elemental la provisión en tiempo de los insumos, en especial, de los vales de combustible; asimismo, se impone la reparación de algunas de las máquinas actualmente paradas.

En segundo término, en la sección Tambo, sería necesario habilitar una nueva sala de "ordeñe de pasaje" -muy adecuada para fines docentes- así como asegurar el correcto abastecimiento de raciones.

En tercer lugar, en la sección Fábrica, se impone disponer de los rubros necesarios para la instalación de los equipos adquiridos por el BID, lo que posibilitaría adecuar la docencia a las necesidades de la industria actual; esto desembocaría, además, en la necesidad de implementar planes de compra de leche a fin de complementar la insuficiencia de la producción propia. Esto redundaría en la generación de una mayor masa de proventos con los cuales podría nutrirse la propia Escuela.

En la sección Laboratorio, además de la reparación de instrumental fuera de uso, se requiere el adecuado aprovisionamiento de los reactivos y material de vidrio necesarios para la labor docente.

A nivel del internado, cuyas instalaciones habría que redimensionar, es prioritaria la compra de algunos implementos como, por ejemplo, heladeras, etcétera, así como la reforma total del sistema de evacuación de aguas servidas.

Finalmente, queremos hacernos eco de algunos reclamos en materia de personal: se solicita la regularización del personal contratado, zafral y de los cinco becarios, así como el nombramiento de cuatro funcionarios de servicio y uno administrativo. Hay que señalar que la Escuela mantiene su actividad los trescientos sesenta y cinco días del año, debiendo realizarse vigilancia permanente las veinticuatro horas del día.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al CODICEN y al Consejo Desconcentrado de UTU, así como a la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

8) PARTERAS. Su actuación en instituciones de asistencia estatales y privadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: el día 16 de setiembre de 1986, en la órbita del Ministerio de Salud Pública, se ha dictado un decreto que, a nuestro criterio, excede sin duda la intención que tuvo en cuenta su formulación.

En el artículo 1º de este decreto, se expresa que todo establecimiento o institución donde se preste atención obstétrica, en cualquiera de sus etapas -embarazo, preparto, parto y puerperio- debe contar con parteras internas de guardia, ya sean instituciones de carácter estatal, paraestatal o privado. Pero, inmediatamente, se agrega que dicha obligación no será exigible en aquellas instituciones o establecimientos de carácter estatal, paraestatal o privado, en las que el respectivo servicio cuente con médico ginecotólogo de guardia interna y servicio de neonatología, con médicos y enfermeras universitarias capacitadas.

Es indudable, señor Presidente, que por este decreto en cierta manera se establece un ámbito reglamentario para la profesión de partera y, prácticamente, se la elimina, quitándole el campo específico de su actuación a nivel de las instituciones de atención de la salud, tanto estatales y paraestatales como privadas. Por esta norma, evidentemente, se altera lo que se reguló concretamente en el año 1971 mediante el decreto de 27 de julio. En él se establecía, precisamente, la obligatoriedad de que toda institución privada, estatal o paraestatal, debía contar con un cuerpo de parteras internas de guardia y que tal determinación obedecía a los objetivos básicos del estudio verificado por una Comisión Especial que tuvo el cometido de analizar el campo de actuación de la profesión universitaria de partera.

La reglamentación que en el año 1979 se estatuye, modificando el originario decreto reglamentario del año 1974, prácticamente valida el campo de actuación profesional de las parteras, en los mismos términos establecidos en 1971 y otorgándole la ambientación y determinación en todas sus etapas del cometido específico de esta actividad universitaria.

Lamentablemente, este decreto, de setiembre último que aparentemente contempla una situación especial, supone eliminar la profesión de partera del medio de la salud, puesto que las actividades propias y específicas de este sector de profesionales son asumidas por los médicos especializados en la materia -que, por supuesto, son del más alto nivel en ese campo- pero también por las enfermeras universitarias.

Quiere decir, señor Presidente, que por aplicación estricta de este decreto se eliminan para la profesión de parteras las posibilidades de actuación, tanto en instituciones públicas como en establecimientos de asistencia médica privada.

Deseamos que se esclarezcan adecuadamente estos hechos. Nos preguntamos cómo es posible que el Estado implemente a nivel universitario el desarrollo de una actividad profesional, la promueva a través de cursos con todas las exigencias y requisitos de egreso -como está estatuido dentro de la Escuela correspondiente- y, al mismo tiempo, por una vía elíptica e indirecta, se determine de un plumazo la eliminación del servicio de parteras en todas las etapas correspondientes de la actuación médica en las instituciones estatales o privadas. Salvo en lugares perdidos del interior del país en los que no exista presencia médica especializada en la materia, no se podrá ejercer la profesión de partera.

Creo que el objetivo de este decreto, que seguramente quiso contemplar un alcance muy estricto, fijando determinados niveles de actuación dentro de un sistema asistencial en sanatorios y hospitales del Estado, ha quedado excedido totalmente. No podemos entender que la función de este decreto sea establecer la liquidación de una carrera profesional universitaria.

Estamos seguros que ese no es el alcance que debe extraerse en relación al campo específico de actuación de esta importante actividad del conocimiento humano; por lo tanto, entendemos que debe hacerse una revisión y un replanteo a efectos de ajustar adecuadamente el alcance de este decreto, así como el mantenimiento y la afirmación de la importancia que tiene esta profesión.

Por todas estas razones, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se envíe al Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito a la Mesa que dé cuenta de dos proyectos de ley que se le han hecho llegar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta.

(Se da de los siguientes:)

"El señor senador Gonzalo Aguirre Ramírez presenta un proyecto de ley, con exposición de motivos, por el que se establece un procedimiento para las declaraciones juradas, los pagos de tributos, las devoluciones y las correspondientes registraciones de la Administración. (Carp. Nº 654/86)".

- A la Comisión de Hacienda.

"Los señores senadores Reinaldo Gargano, Hugo Batalla, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore, José Germán Araújo y Nelson Alonso presentan un proyecto de ley, con exposición de motivos, por el que se crea un seguro obligatorio contra riesgo de granizo en viña. (Carp. Nº 655/86)".

-A la Comisión de Agricultura y Pesca.

(Textos de los proyectos de ley:)

"Carp. Nº 654/86

A) DECLARACIONES JURADAS, PAGOS DE TRIBUTOS, DEVOLUCIONES Y REGISTRACIONES DE LA ADMINISTRACION.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Decreto-Ley Nº 15.327 estableció que los organismos públicos estatales y no estatales, bancos, casas de cambios, cooperativas de ahorro y crédito y compañías de seguros debían suprimir, en todas sus operaciones contables, el registro de las fracciones menores a N$ 0,10. A ese efecto, dispuso que se desecharan las fracciones menores a N$ 0,05 y que se tomaran como N$ 0,10 las fracciones superiores a N$ 0,06.

Esa modificación legislativa que, en su momento, se ajustaba a la realidad económica, ha sido superada por los hechos. En la actualidad, la registración de los centésimos en décimos ocasiona grandes complicaciones a nivel de transacciones corrientes, vueltos y cambios. El proyecto procura solucionar esa dificultad redondeando todo a pesos, modificación de gran simplicidad que, además, no encarece los pequeños gastos.

El proyecto reproduce todo el texto del Decreto-Ley Nº 15.327, al que sólo introduce las modificaciones indispensables y al que deroga, de modo de no remitirse a sus disposiciones y de no obligar, así, a su consulta. De esta manera se evita que un problema esté regulado en dos leyes distintas, lo que suele hacerse, pero es de mala técnica legislativa.

Montevideo, 14 de octubre de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Las declaraciones juradas, los pagos de tributos, las devoluciones y las correspondientes registraciones de la Administración se efectuarán suprimiéndose las fracciones menores de N$ 1.00 (un peso), de acuerdo al procedimiento que se establece en el artículo 3º.

Art. 2º - Los organismos públicos estatales y no estatales, así como los bancos privados, casas bancarias, casas de cambios, cooperativas de ahorro y crédito y compañías de seguros, suprimirán en la contabilidad y en los resultados de las operaciones que realicen, las fracciones menores de N$ 1.00 (un peso), de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.

Art. 3º - En la contabilidad y en los resultados de las operaciones que realicen las entidades comprendidas en el artículo anterior, las fracciones de hasta N$ 0,50 (cincuenta centésimos), se desecharán y las fracciones de N$ 0,51 (cincuenta y un centésimos) en adelante se tomarán como N$ 1.00 (un peso).

Art. 4º - Los saldos existentes a la fecha en que encuentre en vigencia esta ley, se ajustarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior, liquidándose por los respectivos balances de pérdidas y ganancias.

Art. 5º - De igual manera las empresas privadas podrán aplicar en toda su actividad comercial, en los precios, facturas, liquidaciones de impuestos o laborales, así como operaciones de cualquier género, el mismo mecanismo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Art. 6º - La presente ley entrará en vigencia el día primero del mes siguiente a su promulgación.

Art. 7º - Derógase el Decreto-Ley Nº 15.327, de 19 de octubre de 1982.

Art. 8º - Comuníquese, etc.

Montevideo, 14 de octubre de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Senador."

"Carp Nº 655/86

B) SEGURO OBLIGATORIO CONTRA RIESGO DE GRANIZO EN VIÑA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los días 8 de noviembre de 1984 y 2 de diciembre del mismo año, intensas granizadas afectaron las granjas del sur del país.

El poder político y los sectores sociales afectados señalaron, entonces, la necesidad de arbitrar medidas tendientes a proteger estos importantes sectores de la comunidad.

La Ley Nº 15.573, del 24 de junio de 1985, apoyada unánimemente por el conjunto de las fuerzas políticas y recogiendo la opinión generalizada de la producción, determinó la instrumentación de un seguro obligatorio sobre daños que afectan la producción de la granja nacional, provocados por fenómenos climáticos.

Existe en el país, a través del Banco de Seguros del Estado, una larga y rica experiencia en materia de cobertura de riesgo agronómico específico -como en el caso del granizo- para los diferentes cultivos agrícolas. En el sector granjero, esta experiencia se ha canalizado por medio de los cultivos vitícolas desde 1912, debiendo destacarse la pobre incidencia que han tenido los demás cultivos del sector.

El Frente Amplio, entiende que elaborar un proyecto que establezca una cobertura muy amplia en cuanto a riesgos y cultivos, y sin una base concreta en lo referente a experimentación nacional, corre el riesgo de crear expectativas que no lleguen a concretarse. En tal sentido, la no concresión de tales expectativas tendría un efecto negativo sobre un sector importante de productores llevándolo al descreimiento, cuando, en nuestra opinión, un sistema de seguros rurales bien estructurado y manejado con mesura, puede convertirse en uno de los pilares dentro de un proceso de transformación de nuestro agro.

En base a las consideraciones que anteceden, el Frente Amplio propone un proyecto de seguro para el sector granjero del sur del país, cuyos principales aspectos podrían sintetizarse así:

1) Obligatoriedad como instrumento que permita la cobertura a todo el sector, lo que permite pensar en un descenso importante en los costos del seguro.

2) Seguro contra riesgo específico "granizo", identificado como el principal riesgo a cubrir.

3) Seguro sobre viña, vista la necesidad de comenzar con un proyecto experimental en un cultivo del cual se dispone de información suficiente.

4) Participación de los usuarios, de modo que los productores tengan la posibilidad de exponer sus opiniones.

Es importante destacar que el proyecto propuesto, establecido para funcionar como plan piloto en la órbita del Banco de Seguros, deja las puertas abiertas para ampliar los alcances de la Ley a otros riesgos y cultivos.

El Frente Amplio a través de la presentación de este Proyecto de "SEGURO OBLIGATORIO CONTRA GRANIZO EN VIÑA", logra establecer, con profunda claridad, la premisa de conciliar los legítimos intereses sociales de los productores, con los objetivos políticos muy precisos de defensa y custodia de las Empresas del Estado.

Montevideo 14 de octubre de 1986.

Reinaldo Gargano, Hugo Batalla, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore, José Germán Araujo, Nelson Alonso. Senadores.

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA RIESGO DE GRANIZO EN VIÑA

PROYECTO DE LEY

1º - Declárase de interés general la promoción del seguro agrícola. Su contratación asumirá carácter obligatorio en cultivos vitícolas.

Art. 2º - Todos los productores vitícolas deberán contratar el seguro en el Banco de Seguros del Estado, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares establecidas en las pólizas respectivas.

Art. 3º - El seguro obligatorio contra granizo en los cultivos vitícolas, tiene por objeto resarcir al productor rural hasta el 100% de las inversiones reales efectuadas en el cultivo para obtener una cosecha, según se pierda total o parcialmente como consecuencia de la ocurrencia de granizo.

La cobertura del seguro obligatorio contra granizo, deberá calcularse por unidad de superficie y cubrirá el valor de las inversiones reales para obtener la cosecha esperada, incluyendo el valor del trabajo, los intereses del crédito y el premio del seguro.

Se fijará un aforo mínimo y otro máximo por hectárea, que se actualizarán anualmente.

Art. 4º - El Banco de Seguros del Estado actualizará y adecuará los actuales planes de cobertura contra riesgo de granizo en consideración a la obligatoriedad de este seguro. En la fijación de primas, no se tendrá en cuenta la obtención de lucro.

Art. 5º - En los años en que el seguro obligatorio contra granizo genere ganancias líquidas, éstas se aplicarán a la constitución de un fondo de reserva, administrado por el Banco, mediante la conversión de tales ganancias en valores de segura y fácil realización.

Art. 6º - El Banco de Seguros del Estado constituirá las reservas técnicas, separándolas desde el punto de vista contable de los demás riesgos similares.

Art. 7º - El premio del contrato del seguro obligatorio contra granizo, queda exonerado del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Art 8º - El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se controlará la contratación obligatoria de este seguro, a propuesta del Banco de Seguros.

Art 9º - Créase la Comisión Honoraria Asesora del Seguro Obligatorio Contra Granizo, en la órbita del Banco de Seguros del Estado. La misma se compondrá de seis miembros y sus respectivos suplentes, conforme a la siguiente integración: un delegado del Banco de Seguros del Estado, que la presidirá; un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; cuatro delegados de los productores, designados por las dos organizaciones de productores de segundo grado que acrediten la máxima representatividad de los sectores agrícolas y granjeros involucrados.

Integrarán asimismo la Comisión, con voz y sin voto, un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas y un delegado de la Dirección Nacional de Meteorología.

Art. 10. - El Banco de Seguros del Estado deberá solicitar el asesoramiento de la Comisión creada por la presente Ley: a) en todos los aspectos mencionados en los artículos 3º y 4º precedentes; b) en la reglamentación de la presente Ley.

El carácter del asesoramiento será preceptivo pero no vinculante para el Banco de Seguros. Se establecerán plazos dentro de los cuales la Comisión deba expedirse; vencidos dichos plazos, el Banco de Seguros podrá prescindir de su asesoramiento.

Art. 11. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a solicitud del Banco de Seguros del Estado, previo informe de la Comisión Honoraria Asesora creada en la presente Ley y pronunciamiento del Banco de Seguros: a) a ampliar el alcance del Seguro Obligatorio a otros riesgos sobre cosecha; b) a extender la obligatoriedad del seguro a otros cultivos agrícolas.

Art. 12. - Los Bancos Oficiales, como asimismo las Instituciones privadas de crédito, en forma previa a la concesión de préstamos a los productores agrícolas, deberán requerirles la pertinente constancia de haber contratado las respectivas pólizas y de hallarse al día en sus obligaciones con el Banco de Seguros del Estado, en relación a los cultivos sobre los cuales se haya establecido el seguro obligatorio.

En su defecto, de producirse el accidente climático cubierto por el seguro y de no haberse contratado el mismo o no hallarse en vigencia la póliza por mora en el pago de la misma, el Banco prestamista asumirá la responsabilidad sobre eventuales daños que sobrevengan al productor, hasta el límite del crédito que le hubiere concedido.

Art. 13. - Se considerará producido el siniestro, a juicio del Banco de Seguros, cuando ocurra el granizo en intensidad apreciable que dañe el cultivo por encima de la franquicia determinada en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Las inspecciones que deban realizarse con motivo de los siniestros, serán llevadas a cabo por el Banco de Seguros.

Art. 14. - Comuníquese, publíquese etc.

Montevideo, 14 de octubre de 1986.

Reinaldo Gargano, Hugo Batalla, A. Francisco Rodríguez Camusso, Luis A. Senatore, José Germán Araújo, Nelson Alonso. Senadores."

10) RECTIFICACION DE TRAMITE. Planteamiento de la Junta Departamental de Durazno sobre juicio político a diversos ediles.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a considerar el primer punto del orden del día.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: en realidad voy a referirme a dos mociones que en su oportunidad hice llegar, por escrito, a la Mesa.

La primera, en nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos, a los fines de realizar un cambio en el trámite o efectuar un trámite complementario.

En el mes de junio el Senado de la República recibió un planteamiento de la Junta Departamental de Durazno, en el que se resolvía promover juicio político a diversos señores ediles. En el artículo 2º de la resolución correspondiente se solicita se consulte al Senado sobre cuál es la interpretación auténtica o el verdadero alcance del artículo 292 de la Constitución de la República. Es decir en cuanto a si en todos los casos, aún cuando se hubiera comprobado por la Junta Departamental la inobservancia de los artículos 200 y 291 de la Constitución, corresponde la aplicación del artículo 296.

Este problema fue elevado a la Comisión de Asuntos Administrativos, como corresponde de acuerdo al Reglamento, a los fines del juicio político y para asesorar al Senado al respecto. Pero dicha Comisión estima que ese segundo aspecto que figura en la resolución de la Junta Departamental debe derivarse a la Comisión de Constitución y Legislación, para su pronunciamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase la moción formulada.

(Se lee:)

"Que se pase a informe de la Comisión de Constitución y Legislación el planteo de la Junta Departamental de Durazno, obrante en el apartado segundo de su Resolución de 27 de junio de 1986."

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cambio de trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

11) PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Normas de seguridad en el Aeropuerto Nacional de Carrasco.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra, el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - El segundo asunto tiene que ver con un pedido de informes que solicité en el mes de mayo al Ministerio de Defensa Nacional con motivo del fallecimiento del funcionario del Aeropuerto Nacional de Carrasco, señor Pedro Molinari, que se produjo en cumplimiento de su labor. La intención era conocer las circunstancias de dicho deceso, y si se había cumplido con las normas de protección determinadas por la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.

En el mes de setiembre formulé un nuevo pedido de informes al mismo Ministerio, pero éste con referencia a una denuncia que se me formuló sobre posibles colisiones entre aeronaves en el espacio aéreo uruguayo. Asimismo sobre los resultados de las investigaciones y las medidas tomadas para prevenir la posibilidad de este tipo de situaciones.

Dado el tiempo transcurrido, de conformidad con lo que dispone el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que el Senado haga suyo este pedido de informes, y que lo reitere ante el Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

12) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Hugo Batalla solicita licencia para faltar a la sesión del día de mañana".

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

13) RECTIFICACION DE TRAMITE. Planteamiento de la Junta Departamental de Durazno sobre juicio político a diversos ediles.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: no entendí bien el motivo por el cual mi distinguido amigo, el señor senador Tourné, pidió que este asunto vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación. El que se encontraba radicado allí, ¿no era éste?

SEÑOR PRESIDENTE. - El planteamiento de la Junta de Durazno tenía dos aspectos. El primero iba dirigido al juicio político y, entonces, era lógico que se le remitiera a la Comisión de Asuntos Administrativos. Esa fue la rectificación de trámite que se hizo en su oportunidad.

El segundo punto es una consulta sobre el alcance de dos aspectos constitucionales. Sobre ella parece lógico que informe la Comisión de Constitución y Legislación. Por otra parte, así fue votado.

14) SEGURIDAD SOCIAL. Normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social. (Carp. Nº 642/86. Rep. Nº 135/86, y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 642/86
Rep. Nº 135/86

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Los empresarios, contratistas y trabajadores del sector agropecuario, realizarán las contribuciones a la seguridad social conforme al régimen de la presente ley.

Art. 2º (Concepto de empresarios rurales). - Son empresarios rurales las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que en forma independiente desarrollen tareas o faenas agropecuarias, a cualquier título, sea propiedad, arrendamiento, medianería, aparceria, pastoreo, comodato o en cualquier otra situación jurídica o de hecho.

Art. 3º (Concepto de empresarios contratistas). Son empresarios contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambrados, montes, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general.

Art. 4º (Contribución patronal: concepto y monto). -A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 2º), por el período de ocupación del inmueble.

A partir de dicha fecha, la contribución patronal mensual será el equivalente a multiplicar el número de hectáreas, por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional, conforme a la siguiente escala progresional:

A) Por las primeras 200 hás. hasta 1 %.

B) Por las siguientes: de más de 200 a 500 hás.: hasta 1,1 %.

C) Por las siguientes: de más de 500 a 1.00 hás.: hasta 1,2 %.

D) Por las siguientes: de más de 1.000 a 2.500 hás.: hasta 1,4 %.

E) Por las siguientes: de más de 2.500 a 5.000 hás.: hasta 1,6 %.

F) Por las siguientes: demás de 5.000 a 10.000 hás.: hasta 1,8 %.

G) Por más de 10.000 hás.: hasta 2 %.

Los valores de la unidad básica de contribución se fijarán en relación a la hectárea de Indice de Productividad CONEAT 100.

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al índice de Productividad CONEAT de los predios respectivos.

La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la seguridad social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado.

La contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata.

Si en la superficie ocupada, como predio subsistencial, no se realizan tareas o faenas agropecuarias que generen obligaciones comprendidas en la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 14.

Art 5º - Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare.

En tal caso, así como en cualquier otra situación jurídica o de hecho que, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, implique la no explotación del predio el monto de la unidad básica de contribución se incrementará en hasta un 50% (cincuenta por ciento).

Art. 6º - Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a los directores.

Art. 7º - (Cotribución patronal trimestral de los empresarios contratistas: concepto y monto). A partir del día 19 de octubre de 1986, la contribución patronal trimestral será de cargo de los empresarios (artículo 3º).

Su monto será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío (artículo 10). Cuando no tuvieren dicho personal, equivaldrá al montepío correspondiente al del peón especializado plenamente ocupado.

Art. 8º - (Modo de computar servicios). Por cada empresa unipersonal, se computarán servicios, a los efectos jubilatorios y beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física, la que se denominará empresario titular.

Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de seguridad social.

En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos, los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares, cónyuges y hermanos. siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento, aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Se reputará que el 50 % (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales.

La asignación jubilatoria mensual mínima de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al 85 % (ochenta y cinco por ciento) del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado, a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición.

Art. 9º (Sistema de aportaciones) - Las empresas unipersonales aportarán en forma global y única. Las pluripersonales aportarán la contribución establecida en el artículo 4º, acrecida en un 10 % (diez por ciento) hasta tres personas físicas y en un 10% (diez por ciento) más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento.

Los directores de sociedades anónimas se considerarán integrantes efectivos y, por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista en el inciso anterior.

Art. 10 (Montepío: concepto y monto) - El montepío es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados y obreros) que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluidos los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias.

Queda comprendido en el régimen del inciso anterior, el personal de servicio doméstico que desempeñe tareas de esa naturaleza en el medio rural.

Las categorías ocupacionales de los trabajadores rurales de: tropero, peón jornalero, servicio doméstico, cocinero, menores de dieciocho años, peón chacarero, peón especializado, tractorista y sereno, aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). Las restantes categorías ocupacionales de los trabajadores rurales aportarán un montepío del 13% (trece por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales.

El empresario (artículos 2º y 3º) deberá retener dicha contribución del sueldo o salario total de sus dependientes y es responsable, en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social.

Art. 11º (Agroindustrias) - Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales, típicamente industriales o típicamente rurales, que se realicen o no en el propio establecimiento; dando cuenta en cada caso a la Asamblea General.

Art. 12 (Forma de pago) - Las contribuciones dispuestas en los artículos 4º y 10 se liquidarán en planillas trimestrales. A solicitud del interesado, el Banco de Previsión Social liquidará el monto de las contribuciones, sin cargo alguno para la empresa, debiendo esta proporcionar previamente todos los elementos de información necesarios.

Art. 13 (Epoca de pago) - El pago de las contribuciones se realizará por trimestre vencido dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del trimestre correspondiente.

Art. 14. (Declaración de ocupación). - Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 15. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario.

A solicitud del Banco de Previsión Social, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis y la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y sus dependencias departamentales, proporcionarán al Banco la información existente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 15. (Declaraciones juradas). - Dentro de los dos primeros meses de cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 2º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social, denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiendo -en el mismo acto- una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración.

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial u otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también la declaración jurada presentada ante la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967).

Art. 16. (Denuncia del personal). - Al vencimiento de cada trimestre y dentro de los sesenta días siguientes, toda persona física o jurídica de las indicadas en los artículos 29 y 39, deberá denunciar en planillas que suministrará el Banco de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre a que refiere su declaración, estableciendo cargo, naturaleza del trabajo fecha de ingreso y egreso y demás constancias que el Banco le requiera; recibiendo en el mismo acto una copia debidamente sellada, fechada y firmada.

Art. 17. - Créase una contribución especial, trimestral, equivalente al 1%o (uno por mil) de la UR (Unidad Reajustable) vigente al primer día de cada trimestre, por hectárea, a todos los establecimientos mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, que recaudará el Banco de Previsión Social conjuntamente con las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con destino exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de frontera del norte y noreste del país.

Art. 18. (Facilidades de pago, especiales). - El Banco de Previsión Social queda facultado para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles -o inmuebles, así como su producción, fueren afectados por fenómenos climáticos acorde a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 19. (Control indirecto). - Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero nacional, no podrán otorgar, so pena de hacerse solidariamente responsables de los adeudos que existieren, créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas acrediten cumplir regularmente el pago de sus contribuciones sociales mediante la exhibición del certificado que al efecto expedirá, con vigencia anual, el Banco de Previsión Social.

Art. 20. (Seguros). - El Banco de Previsión Social tomará a su cargo las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes.

Art. 21. (Asignaciones familiares). - Inclúyense en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan personal dependiente y se encuentren al día en el pago de sus aportes de seguridad social.

Art. 22. (Anticipo prejubilatorio). - Los trabajadores con cincuenta y cinco años de edad siendo mujeres o sesenta años de edad siendo hombres, una vez producido y acreditado el cese de la relación laboral y configurada la causal jubilatoria, percibirán un anticipo pre-jubilatorio equivalente al 70% (setenta por ciento) de la probable pasividad a juicio del Banco de Previsión Social.

Art. 23. (Deudas atrasadas). - Establécese un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos por contribuciones de seguridad social, devengados hasta el 30 de setiembre de 1986.

El régimen de facilidades aplicable a dichos adeudos será el previsto por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985, con las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 24. - Los adeudos por contribuciones de seguridad social de los empresarios rurales a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, titulares de explotaciones de hasta doscientas hectáreas de Indice CONEAT 100, se reajustarán, a partir del 1º de abril de 1987, por el 70% (setenta por ciento) del índice establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 25. - El Banco de Previsión Social reliquidará los convenios de facilidades de pago ya realizados, conforme a las normas de los artículos 23 y 24.

Facúltase al Banco de Previsión Social a establecer regímenes de cancelación de adeudos en base a cuotas variables de amortización, crecientes o decrecientes a opción del deudor.

Art. 26. (Nuevos empresarios jóvenes). - Exonérase, por el término de cinco años a contar desde la vigencia de la presente ley, del 50% (cincuenta por ciento) del pago de contribuciones a la seguridad social, a toda persona menor de treinta años que inicie actividades agropecuarias en predios que, en forma individual o en conjunto, no superen las doscientas hectáreas con Indice CONEAT 100.

Art. 27. - Dentro del plazo de ciento ochenta días siguientes a la promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones en que los trabajadores dependientes de empresarios y contratistas rurales, se incorporarán al régimen de seguro de desempleo, atendiendo a las especiales características del trabajo rural y del medio en el cual se desarrollan. Dicha incorporación se hará efectiva en la oportunidad que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 28. (Hogares de ancianos). - Autorízase al Banco de Previsión Social a invertir hasta un 2 % (dos por ciento) de los recursos que se crean por esta ley, en la construcción, reforma, ampliación y equipamiento de hogares de ancianos, en forma directa o mediante convenios.

Art. 29. - El Banco de Previsión Social construirá por lo menos en cada capital de los departamentos del interior del país, un hogar de ancianos.

En aquellos lugares en que el Estado tiene destinadas partidas o inversiones en obras que ya están en realización, el Banco de Previsión Social podrá contribuir con fondos propios para su terminación, equipamiento y puesta en funcionamiento, ajustándose siempre, estrictamente, a normas técnico geriátricas destinadas al bienestar físico-mental y social de los ancianos.

Art. 30. - Derógase el impuesto a los arrendatarios y propietarios, creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, el Decreto-Ley Nº 15.599, de 19 de julio de 1984 y todas las normas que se opongan a la presente ley.

Art. 31. - La presente ley rige desde el día 19 de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación.

Art. 32. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes en Montevideo, a 24 de setiembre de 1986.

Luis Ituño, Presidente, Héctor S. Clavijo, Secretario.

ANTECEDENTES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

- Proyecto de ley exposición de motivos del señor Representante Jorge Silveira Zavala.

- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

- Informe y proyecto de ley de la Comisión.

- Normas legales citadas en el proyecto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Reinstitúyese vigente la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968 que se refiere a las contribuciones de empresarios y obreros rurales y domésticos al sistema de Seguridad Social a partir del día 19 de julio de 1985.

Art. 2º. - A partir de dicha fecha la contribución patronal anual será el equivalente de multiplicar el número de hectáreas ocupadas por el índice CONEAT. La contribución patronal comprende las aportaciones referidas al fondo de jubilaciones y pensiones rurales, DISSE, impuesto a las retribuciones personales y por todo otro concepto que deban tributar dichos afiliados.

Art. 3º. - Fíjase el montepío del trabajador rural dependiente, y del servicio doméstico, en un 10% (diez por ciento) para el fondo jubilatorio, el 3% (tres por ciento) para el seguro de enfermedad, y el 1 % (uno por ciento) del impuesto a las retribuciones personales. Para el cálculo de dichas aportaciones, sólo se tendrán en cuenta las retribuciones percibidas por los trabajadores en efectivo.

Art. 4º. - Establécese un plazo de noventa días para que los empresarios rurales y domésticos deudores de obligaciones por aportaciones patronales y del personal ocupado regularicen sus situaciones ante la Dirección de la Seguridad Social.

Los contribuyentes que pagaren al contado sus obligaciones pendientes no pagarán multas, recargos e intereses por mora.

Dichas empresas podrán solicitar convenios de pago de hasta cinco años en cuotas trimestrales iguales y consecutivas. Las facilidades comprenderán las obligaciones adeudadas, más los recargos que fija ser pagadas con las obligaciones a que se refiere el artículo segundo de la presente ley, su no cumplimiento en dos trimestres sucesivos será pasible de la caducidad del convenio, pudiéndose exigir en dicho caso el pago total al contado.

Art. 5º - El sueldo básico jubilatorio de los comprendidos por la presente ley será el promedio de la aportación del último trienio generada, con un mínimo equivalente al salario mínimo nacional y un máximo de siete salarios mínimos nacionales.

Art. 6º. – Deróganse los artículos 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 34, 35, 37, 38, 45, 46, 47, 49, 54, 55, de la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968 y toda otra norma legal o reglamentaria que se opongan a la presente ley.

Art. 7º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 4 de junio de 1985.

Jorge Silveira Zavala, Representante por Cerro Largo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968 representó un serio avance en el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales, por cuanto por primera vez se comenzó a aportar en un sistema simplificado, que evitaba el deambular de oficina en oficina de los contribuyentes, pero esencialmente fijaba un principio de justicia al contribuir cada uno según el volúmen de su empresa. Esa ley aceptada generalmente como justa y de fácil aplicación, fue sustituida por un sistema que es exactamente lo contrario de lo querido por aquélla.

En la actualidad aportan los mismos montos quienes exploten 10 ó 10.000 hectáreas, lo que ha provocado que el pequeño y mediano productor se vea imposibilitado de cumplir sus obligaciones, y termina vendiendo su propiedad, dejando de aportar, o simplemente abandonando su predio, porque las obligaciones se llevan todos sus recursos y deja en la ventanilla de las oficinas de la Dirección de la Seguridad Social el fruto de su trabajo y también su capital.

La campaña que todos decimos debe recibir el estímulo que la haga producir, porque todos sabemos es la base de la riqueza nacional y el sostén de su economía, recibe en cambio este castigo fiscal de las contribuciones sociales que provocan que cada día sean menos los productores rurales, y cada día más trabajadores desesperanzados abandonen sus tierras y se dirijan a la ciudad a buscar otras fuentes de trabajo o simplemente a vegetar poblando las zonas de los marginados de la sociedad y de la justicia.

Queremos con este proyecto de ley volver a la contribución social de los empresarios y trabajadores, que sea a cada uno según sus posibilidades y devuelva la fe y la esperanza a tantos trabajadores rurales que por su dispersión no pueden hacer oír sus angustiosos llamados a la justicia que tienen derecho.

La ley propone la contribución patronal según la superficie que se ocupe multiplicada por el índice CONEAT, y para los trabajadores establece nuevos montepíos que son menores a los actuales, porque creemos que ha fracasado el cómodo y fácil expediente de aumentar las tasas de quienes aportan regularmente para aumentar las recaudaciones, en lugar de establecer los medios y mecanismos que detecten los morosos y localicen a todos quienes estén obligados al pago de las contribuciones.

Según cifras proporcionadas por la Direccción de la Seguridad Social a la Comisión de Previsión Social de esta Cámara, a noviembre de 1983, las cifras de cotizantes rurales era de 89.923 y el número de empresas 2.662. No se puede obtener cifras más actuales, porque no se conocen por la propia Dirección de la Seguridad Social, y es inaceptable que puedan existir en el país ese número de empresas rurales y ese número de cotizantes efectivos. Esas cifras son elocuentes en cuanto al fracaso del sistema actual, a la resistencia que provoca que conduce a la evasión, y nos convence que si bien hay otros factores que inciden en la despoblación de nuestra campaña, éste de las obligaciones sociales injustas y para pequeños y medianos productores confiscatorias, han contribuido a acelerar el proceso y es uno de los factores más importantes del desaliento de los trabajadores que los lleva a abandonar sus tierras.

Por otra parte, la ley favorece a quien da trabajo, porque aportará lo mismo el productor que tenga, por ejemplo, mil hectáreas sin personal, que el que tenga mil hectáreas ocupando mucha o poca mano de obra, y es además por el sistema de incrementar la aportación en determinado porcentaje, la forma de estimular el trabajo del núcleo familiar, la radicación del trabajador y su familia.

Proponemos un régimen de convenios de pagos para facilitar la regularización de los empresarios morosos según el sistema que establece para la aportación esta ley, y fijamos el cálculo del sueldo básico jubilatorio en forma más justa que permita a muchos productores alcanzar una pasividad digna y decorosa, que permita además que muchos puedan dejar en manos de sus hijos las explotaciones rurales, cosa que no hacen hoy provocando dos hechos; que las explotaciones sean rutinarias cumplidas casi por inercia, y que los jóvenes sientan que deben alejarse del campo porque no hay posibilidades de progreso y no quieren ellos también llegar a ser verdaderos esclavos económicos donde se proclama tantas veces la justicia social.

En síntesis, esta ley regresa a un sistema que demostró ser justo y positivo, para los trabajadores rurales y para la de Seguridad Social, y que estamos seguros que si se realiza una seria y organizada fiscalización de las empresas obligadas a las contribuciones, se podrán financiar perfectamente los servicios que deben devolver en justicia social nuestros organismos que por algo precisamente se denominan de justicia social, a los contribuyentes y a la sociedad.

Montevideo, 4 de junio de 1985.

Jorge Silveira Zavala, Representante por Cerro Largo.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 21 de mayo de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitirle el presente proyecto de ley que instituye un nuevo régimen de aporte del sector rural al sistema de seguridad social y un nuevo estatuto de prestaciones jubilatorias y de actividad para los trabajadores del referido sector.

Como es notorio, existe un consenso básico entre el Gobierno, las fuerzas políticas y los sectores gremiales interesados, respecto de la necesidad de estructurar un nuevo sistema de aportación rural basado en la capacidad contributiva de los patronos rurales.

Ya la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1966 había establecido un sistema basado en tales premisas. Dicho régimen fue sustituido durante el gobierno de facto, por otro que lo equiparó al aplicable a la industria y el comercio. Dentro del sistema vigente, la aportación patronal mínima equipara injustamente a quienes poseen muy diferentes capacidades tributarias, sea que se trate de pequeños productores de reducidas parcelas -para quienes el gravamen sobre esa base resulta insoportablemente oneroso- o bien, eventualmente, de un latifundista para quien el aporte en base al salario mínimo nacional implica un insignificante -cuando no inexistente- sacrificio.

Como puede apreciarse ese régimen ha tenido consecuencias sumamente desfavorables, desalentado la ocupación en el sector, la radicación del trabajador y su familia en el medio rural y estimulado la ya intensa e indeseable emigración del asalariado hacia los entornos de los centros poblados.

El Poder Ejecutivo ha comprobado -a través de contactos con prácticamente todos los sectores involucrados- que si bien existe consenso en torno al principio básico de aportar de acuerdo a la capacidad contributiva, no sucede lo mismo con los mecanismos concretos que se proponen para modificar el régimen vigente.

Por tanto ha estimado esencial, después de haber agotado el cotejo de las distintas posiciones sobre el punto, elaborar el presente proyecto de ley, que en materia tributaria, persigue objetivos muy concretos.

En síntesis, los fines a que aspira la ley en la citada materia, se concretan en la instauración de un régimen de aportes unitario, racional, justo y de ágil aplicación y fiscalización para el sector rural.

Se trata en definitiva de unificar los aportes que por todo concepto relativo a la seguridad social deben efectuar los empresarios rurales, evitando inútiles duplicaciones y superposiciones de gravámenes.

Asimismo, se hace incidir la carga tributaria sobre quienes demuestran mayor capacidad contributiva, en función de la extensión de los predios que explotan, o de que son propietarios, y de la productividad de los mismos. A tales efectos, se establece un mecanismo para determinar el quántum del tributo, que resulta de multiplicar la superficie de los predios por la denominada "unidad básica de contribución". Esta, a su vez, será fijada por el Poder Ejecutivo en un porcentaje, no mayor al 1,2% (uno con dos por mil) mensual, del salario mínimo nacional para los predios de índice CONEAT 100, ajustándola posteriormente al índice CONEAT de cada predio.

Con dicha aportación única se cubre la totalidad de las obligaciones correspondientes al titular de la explotación y a su cónyuge.

Tratándose de empresas pluripersonales se incrementa la aportación en forma directamente proporcional al número de integrantes adicionales siempre que cumplan con los requisitos que se determinan (art. 15).

En caso de explotaciones mixtas en que predominen los procesos de industrialización o transformación, el aporte se cumplirá a través del régimen establecido para las actividades de la industria y el comercio.

La ley también procura incentivar la utilización de mano de obra en las explotaciones rurales y, como consecuencia, la radicación del trabajador y su familia en el medio que le es propio, evitando el éxodo hacia las ciudades con su secuela de despoblamiento de la campaña y hacinamiento y marginación en los cinturones de la periferia urbana. A tales efectos estimula la explotación racional y rentable de los predios, desalentando la existencia de extensiones improductivas y sub-aprovechadas.

Para la consecusión de tales finalidades extrafiscales, grava aún a los predios no explotados, estableciendo que en tales casos será responsable del pago de los tributos el propietario del mismo; incluso incrementa en un cincuenta por ciento la cuantía del aporte en tal hipótesis (art. 5º). A los efectos de contemplar la situación de los productores relativamente modestos -titulares de predios cuyas superficies no excedan de determinadas extensiones- instrumenta un sistema sustitutivo de aportación basado exclusivamente en determinado porcentaje del salario mínimo nacional.

En lo que refiere al montepío obrero, se ha creído necesario mantenerlo sobre la base de una tasa fija y uniforme, con la finalidad de conservar la vinculación del trabajador dependiente con el sistema.

Cuando se trata de contratistas el régimen de aportación se equipara al establecido para las actividades de la industria y el comercio, ante la imposibilidad de aplicarle el previsto para los empresarios rurales, en virtud de que por definición los contratistas desempeñan tareas rurales sin vinculación necesaria con predios determinados o, más concretamente, sin utilizar predominantemente el factor tierra para el desempeño de su labor.

Se prevé también un sistema de facilidades de pago -por remisión a la Ley Nº 15.781- para la regularización de adeudos generados durante la vigencia del sistema que se sustituye y se estimula el pago puntual de las obligaciones del régimen proyectado posibilitando la puesta al día de los contribuyentes morosos en condiciones favorables para los mismos.

Para finalizar el análisis del aspecto tributario de la ley, corresponde agregar que se instituyen, a texto expreso, mecanismos tendientes a controlar la percepción de los respectivos recursos, complementarios de los establecidos por la Ley Nº 13.705 y demás disposiciones vigentes en la materia.

Corresponde referirse a continuación, a los aspectos del proyecto que dicen relación con las prestaciones de seguridad social de que son titulares los empresarios, contratistas y trabajadores rurales.

En lo que atañe a las prestaciones jubilatorias el proyecto introduce una nueva concepción global de la seguridad social. El Poder Ejecutivo entiende que en este aspecto debe superarse la clásica concepción contributiva o régimen "de respuesta" que vincula necesariamente el monto de las prestaciones a la actividad desarrollada y a los aportes efectuados.

Dentro de esta concepción la seguridad social debe asegurar a todo individuo prestaciones de retiro decorosas e igualitarias destinadas a cubrir los riesgos de vejez o incapacidad.

En consecuencia el proyecto determina que la asignación jubilatoria mensual de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos de un 85% del salario mínimo nacional vigente a la fecha del cese en la actividad, o, en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

No obstante, teniendo en cuenta legítimas expectativas de empresarios y contratistas rurales que hayan aportado por encima de los mínimos, o de trabajadores dependientes rurales que se encuentren próximos al cumplimiento de la edad necesaria para configurar causal y hayan percibido efectivamente retribuciones superiores al salario mínimo, se establece un régimen opcional de transición, permitiéndoles su amparo al anterior a la ley, dentro de determinado plazo.

Las prestaciones de que son titulares los activos, están reguladas por los artículos 18 a 21 del proyecto. Su artículo 18 declara que a los efectos del seguro de enfermedad, estatuido por las empresas unipersonales sin personal dependiente por el Art. 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, se entenderá que la existencia de cónyuge colaborador no altera aquella calidad, quedando amparados ambos cónyuges, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de seguridad social.

Asimismo, se incluye a los contratistas rurales unipersonales en la nómina de beneficiarios de asignación familiar regulada en el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, siempre que no tengan trabajadores bajo su dependencia y se encuentren al día en el pago de sus aportes a la seguridad social. La sanción del nuevo sistema de aportación rural, permite, además la futura inclusión del trabajador rural en el régimen de seguro de desempleo, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta las especiales características del trabajo rural y del medio en el cual se desarrolla.

Se trata de una importante conquista, particularmente valiosa para un sector de actividad tradicionalmente sometido -en lo que a mercado de trabajo se refiere- a oscilaciones económicas.

Por último, pone a cargo del Banco de Previsión Social extrayéndolos del ámbito de competencia del Banco de Seguros del Estado- la administración y servicio de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes a que alude el artículo 2º, literal F de la Ley Nº 10.004, de 28 de febrero de 1941, considerando que se trata de prestaciones típicas de seguridad social a efectos de unificar en un mismo organismo -recaudador de las contribuciones por todo concepto- el servicio de tales beneficios.

Dado el carácter trimestral del pago de aportes rurales, que el proyecto mantiene, y a efectos de evitar la superposición inconveniente de dos regímenes disimiles de tributación, se difiere su entrada en vigencia hasta el 1º de julio de 1986, fecha de comienzo del tercer trimestre de obligaciones por tal concepto.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Julio María Sanguinetti, Hugo Fernández Faingold, Ricardo Zerbino, Pedro Bonino Garmendia.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Los empresarios rurales y contratistas realizarán sus aportes de Seguridad Social conforme al régimen de la presente ley.

Art. 2º - Son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que desarrollen explotaciones agropecuarias cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que le sirven de asiento.

Art. 3º - Los empresarios rurales realizarán un único aporte de seguridad social que resultará de multiplicar la superficie de sus predios (padrones catastrales) por la unidad básica de contribución determinada en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Quedarán exoneradas de este aporte las primeras cincuenta hectáreas medias valor CONEAT de toda empresa rural, a las que se les aplicará el régimen del artículo 9º de esta ley.

Art. 4º - El monto de la unidad básica de contribución será fijado por el Poder Ejecutivo en relación al valor del Salario Mínimo Nacional, en un porcentaje de hasta el 1,2%o (uno con dos por mil) mensual de aquél, para la hectárea de índice CONEAT 100 y a los efectos de lo establecido en el artículo anterior se ajustará proporcionalmente, en cada caso, al índice CONEAT del respectivo predio.

Art. 5º - Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes. Sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare.

En tal caso, así como en cualquier otra situación jurídica o de hecho que implique, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, la no explotación del predio el monto de la unidad básica de contribución se incrementará en hasta un cincuenta por ciento.

Art. 6º - Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a los Directores.

Art. 7º - El pago se efectuará por trimestre vencido en la forma que determine la reglamentación.

Art. 8º - Los empresarios rurales están obligados a presentar en forma trimestral la nómina de su personal en las condiciones que determine el organismo recaudador.

Art. 9º - No obstante lo establecido en los artículos precedentes, todo empresario efectuará una aportación mínima equivalente al montepío que se establece en el artículo siguiente para el trabajador rural dependiente.

Art. 10.- Fíjase un montepío para el trabajador rural dependiente en un porcentaje de hasta un 15% del Salario Mínimo Nacional, independientemente de las retribuciones que efectivamente perciba. El Poder Ejecutivo podrá reducir dicho porcentaje dando cuenta, en cada caso, al Poder Legislativo. El empresario será responsable de su retención y pago al Banco de Previsión Social. La no versión de aportes retenidos tipificará el delito de aprobación indebida (artículo 351 del Código Penal).

Art. 11. - Son empresas contratistas rurales las personas físicas y jurídicas de cualquiera de las naturalezas y especies indicadas en el artículo 2º, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila, alambrado, monteo, jardinería y trabajos rurales en general.

Art. 12. - Las empresas contratistas definidas en el artículo anterior, realizarán sus aportes a la seguridad social conforme al régimen aplicable a las actividades industriales y comerciales.

Art. 13. - Establécese un plazo de 60 días, a partir de la vigencia de la presente ley, para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos por contribuciones de seguridad social, devengados hasta el último trimestre anterior a la promulgación de la misma.

El régimen de facilidades aplicables a dichos adeudos será el previsto por la Ley Nº 15.781, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 14. - Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero no podrán otorgar créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas justifiquen fehacientemente encontrarse al día en el pago de los aportes respectivos. Dicha justificación deberá realizarse mediante certificado que al efecto extenderá el Banco de Previsión Social con vigencia anual.

La institución financiera que transgreda lo dispuesto en el inciso anterior será solidariamente responsable de los adeudos que existieren.

Lo dispuesto en esta norma será sin perjuicio del cumplimiento por parte de instituciones públicas o privadas, Registros y profesionales actuantes, de exigir las certificaciones dispuestas por las leyes en la materia que acrediten el cumplimiento de los referidos aportes.

Art. 15. - La aportación establecida en el artículo 9º de la presente ley corresponde a empresas de carácter unipersonal, las que no perderán tal calidad por la inclusión del cónyuge del titular. Para las empresas pluripersonales, dicha aportación se incrementará en forma directamente proporcional al número de integrantes adicionales siempre que realicen de modo habitual y personal tareas agropecuarias en el establecimiento.

Para el caso de sociedades anónimas se considerarán como integrantes a sus directores a los efectos de dicho incremento, siempre que reúnan las condiciones establecidas en el inciso anterior.

Art. 16. - Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Art. 17. - La asignación jubilatoria mensual de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al ochenta y cinco por ciento del salario mínimo nacional vigente a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal, con las excepciones que se determinan seguidamente:

1º) Los empresarios y contratistas rurales que, de conformidad con las normas sobre aportación hasta el momento vigente, se encuentren cotizando en base a un ficto superior a un salario mínimo nacional.

2º) Los trabajadores rurales dependientes mayores de 50 años de edad -tratándose de mujeres- y de 55 años de edad -tratándose de hombres- que a la fecha de promulgación de la presente ley percibiesen retribuciones líquidas mayores al salario mínimo nacional.

En los citados casos, los titulares del derecho podrán optar por permanecer amparados al régimen jubilatorio anterior a la presente ley.

La opción deberá formularse dentro de los noventa días subsiguientes a la promulgación de esta ley, y en tal caso los afiliados deberán realizar sus aportaciones complementarias en base a la diferencia existente entre el salario mínimo nacional y el que realmente perciban.

Art. 18. - Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.703 de 9 de diciembre de 1980, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de Seguridad Social.

Art. 19. - Inclúyese en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084 de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan trabajadores dependientes y se encuentren al día con el pago de sus aportes de Seguridad Social.

Art. 20. - Dentro del plazo de ciento ochenta días siguientes a la promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones en que los trabajadores dependientes de empresarios y contratistas rurales, se incorporarán al régimen de seguro de desempleo, atendiendo a las especiales características del trabajo rural y del medio en el cual se desarrollan. Dicha incorporación se hará efectiva en la oportunidad que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 21. - El Banco de Previsión Social tomará a su cargo las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes a que alude el artículo 2º literal F) de la Ley Nº 10.004, de 28 de febrero de 1941.

Art. 22. - Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 23. - La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 1986.

Art. 24. - El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley.

Art. 25. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 21 de mayo de 1986.

Hugo Fernández Faingold, Ricardo Zerbino, Pedro Bonino Garmendia.

Comisión de
Previsión Social
integrada

INFORME

Señores Representantes:

Existe consenso nacional en el sentido de que el actual sistema de aportación de los empresarios y trabajadores dependientes, del sector rural -impuesto por el proceso militar desde noviembre de 1982 por el Decreto- Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982- que castiga con mayor carga tributaria a quienes hacen una utilización más intensiva de la mano de obra, sin tomar en cuenta la capacidad contributiva de los diversos establecimientos rurales, debe ser cambiado, pues resulta excesivamente gravoso para pequeños y medianos productores.

Es notorio el estancamiento que afecta, desde hace varias décadas, al sector agropecuario y la baja rentabilidad del sector.

Es sabido que no habrá desarrollo económico nacional, sin el necesario desarrollo, inicial, del sector agropecuario.

Por todo ello, vuestra Comisión de Previsión Social, integrada con miembros de la Comisión de Ganadería y Agricultura entiende unánimemente que, al crearse un nuevo sistema de aportaciones del sector a la Seguridad Social, se debe procurar una fórmula, de aceptación general, que sea generosa, amplia, liberal, sencilla en su aplicación seguramente factible y que, por atractiva, obtenga la incorporación o reincorporación al sistema de la Seguridad Social, del gran número de empresarios y dependientes hoy no afiliados, en provecho de una correcta recaudación de aportes y de la universalidad de las prestaciones para los trabajadores del medio rural.

En el análisis del proyecto de ley presentado por el señor Representante Nacional don Jorge Silveira Zavala el día 4 de junio de 1985, (Carpeta Nº 353/85) vuestra Comisión de Previsión Social designó una Sub-Comisión, integrada con el autor de la iniciativa y los diputados Jorge Andrade Ambrosoni y Héctor Lorenzo Ríos, la que -luego de recibir, en varias sesiones de trabajo, a delegados del Poder Ejecutivo y de diversas asociaciones de productores rurales- elaboró un anteproyecto de ley, que se pasó en consulta al referido Poder.

El Poder Ejecutivo, a su vez, envió el día 21 de mayo de 1986, a la Asamblea General, un Mensaje conteniendo un proyecto de ley (Carpeta Nº 1181/86), que la Cámara de Representantes pasó a estudio de esta Comisión de Previsión Social, integrada con miembros de la Comisión de Ganadería y Agricultura.

La versión taquigráfica de las sesiones de trabajo realizadas por la Comisión con señores representantes del Poder Ejecutivo, obran en los Repartidos Nos. 538, 559, 591, 594, 604, 610, 615 y 631 de la División Impresiones y Compaginación.

En ambos proyectos de fuente parlamentaria y en el proyecto del Poder Ejecutivo, se descubre una feliz coincidencia filosófica y metodológica en cuanto a la necesidad de operar prontamente los indispensables cambios para terminar con el actual injusto régimen de aportaciones, lo que constituye un clamor de todos los sectores.

En ninguno de los proyectos analizados se vincula la aportación con la cantidad de personal empleado, ni al tipo de explotación rural que se realice. Por el contrarío, en todos ellos se procura fomentar la ocupación de mano de obra y la creación de empleos en el medio rural.

Según el Censo General Agropecuario (año 1984), existen 68.362 establecimientos rurales. Sin embargo, sólo aportan a UREFI unos 43.000 y denuncian la existencia de tan solo 48.000 dependientes.

Se procura lograr la vinculación al nuevo régimen de aportaciones, a todos los empresarios rurales, contratistas y trabajadores dependientes, que hoy están marginados del sistema de Seguridad Social; estableciendo un tratamiento tributario generoso y un satisfactorio sistema de facilidades de pago de adeudos atrasados.

En los tres proyectos examinados por esta Comisión integrada, así como en el ánimo de todos los intervinientes en su análisis, hay coincidencia en la necesidad de instaurar un régimen de aportes unitario y global justo y sencillo en su aplicación y fiscalización, unificando los aportes que por todo concepto debe hacer el empresario rural, evitando así inútiles duplicaciones y superposiciones de gravámenes.

Se hace incidir la aportación sobre quienes exhiben mayor capacidad económica -retornando al designio de la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968- en función de la extensión de los establecimientos y de su productividad presunta, a través de una escala progresional, situando el "cuantum" del aporte, multiplicando la superficie de los predios por la denominada "unidad básica de contribución (artículo 4º).

Con tal aporte único se cubre la totalidad de las obligaciones correspondientes al titular de la explotación unipersonal y a su cónyuge colaboradora.

Tratándose de empresas pluripersonales se incrementa la aportación en un diez por ciento hasta tres personas físicas y en un diez por ciento más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento (artículo 9º).

En caso de explotaciones mixtas, en que predominen los procesos de industrialización o transformación la aportación se realizará conforme al régimen de las empresas industriales y comerciales (artículo 11).

Se grava a los predios no explotados, aumentando en un cincuenta por ciento la cuantía del aporte (artículo 5º) y haciendo responsable del pago al propietario del inmueble.

Respecto a los empresarios contratistas, la aportación patronal será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío y, cuando no tuvieren dependientes, equivaldrá al del monto menor vigente para un peón especializado plenamente ocupado (artículo 7º).

Con el fin de facilitar la radicación del trabajador y su familia en el medio que le es propio -evitando el éxodo hacia las ciudades y consecuentemente, el despoblamiento de la campaña y su hacinamiento en la periferia urbana- se crea una contribución especial, trimestral, a todos los predios mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, equivalente al uno por mil de la Unidad Reajustable vigente al primer día de cada trimestre; que deberá pagarse conjuntamente con las aportaciones sociales, y afectada en favor de MEVIR con destino a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de frontera (artículo 17).

El Banco de Previsión Social tomará a su cargo las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes, en atención a que se trata de prestaciones típicas de Seguridad Social; fórmula que -ya prevista en la Ley Nº 13.705- evita la duplicidad de oficinas recaudadoras y de planillados (artículo 20).

Para el pago de adeudos atrasados se propone un régimen liberal y generoso, contemplando especialmente al pequeño y mediano productor.

Para estimular el afincamiento y el trabajo en el medio rural de la juventud, se propone como estímulo o incentivo económico, la exoneración del cincuenta por ciento de las aportaciones a la Seguridad Social, durante los primeros cinco años, a quienes inicien la actividad siendo menores de treinta años de edad, en establecimientos no mayores a doscientas hectáreas con Indice CONEAT 100.

Finalmente, se deroga el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950 (impuesto a los alquileres, a cargo de los arrendatarios y propietarios), la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968 y el Decreto-Ley Nº 15.599, de 17 de julio de 1984, así como todas las normas que se opongan a la presente ley (artículo 30).

Asimismo, se extiende a los trabajadores rurales el régimen de Seguro de Desempleo, y a los empresarios contratistas el beneficio de Asignaciones Familiares.

En razón del carácter trimestral del pago de aportes rurales -que el proyecto de ley mantiene- y a efectos de evitar la superposición inconveniente de dos regímenes disimiles de tributación, se establece que la vigencia de esta ley será desde el día 1º de octubre de 1986, fecha de comienzo del cuarto trimestre de obligaciones (artículo 32).

El presente proyecto de ley sometido a consideración de la Cámara y cuya Comisión integrada aconseja su sanción inmediata, no consagra nuevas causales jubilatorias ni persigue fines fiscalistas.

Atiende, con realismo y prudencia, la grave situación de estancamiento y endeudamiento económico del sector rural y, en su mérito instaura un régimen de aportaciones generoso, sencillo y liberal, con el ánimo de favorecer el desenvolvimiento del sector, atraer a todos los trabajadores rurales al Sistema de Seguridad Social y fomentar la radicación de éstos y sus familias en su lugar natural.

Sala de la Comisión, 18 de setiembre de 1986.

Jorge Andrade Ambrosoni, Miembro Informante; Héctor Lorenzo Ríos, Miembro Informante; Jorge Silveira Zavala, Miembro Informante, José Cerchiaro San Juan, Walter Isi, Ricardo Rocha Imaz, Rolando Aguirre, Carlos M. Fresia, Baltasar Prieto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Los empresarios, contratistas y trabajadores del sector agropecuario, realizarán las contribuciones a la Seguridad Social conforme al régimen de la presente ley.

Art. 2º. (Concepto de empresarios rurales). - Son empresarios rurales las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, sucesiones o condominios, que en forma independiente desarrollen tareas o faenas agropecuarias, a cualquier título sea propiedad, arrendamiento, medianería, aparcería, pastoreo, comodato o en cualquier otra situación jurídica o de hecho.

Art. 3º (Concepto de empresarios contratistas). - Son empresarios contratistas las personas físicas o jurídicas de cualquiera de las naturalezas o especies indicadas en el artículo anterior, que en forma independiente se dediquen a tareas de conducción de ganado, esquila) alambrados, montes, silvicultura, jardinería y trabajos agrícolas en general.

Art. 4º (Contribución patronal: concepto y monto ). A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal establecida en el presente artículo es de cargo de los empresarios rurales (artículo 2º), por el período de ocupación del inmueble.

A partir de dicha fecha, la contribución patronal mensual será el equivalente de multiplicar el número de hectáreas, por el monto de la unidad básica de contribución que será fijada por el Poder Ejecutivo en relación al valor del salario mínimo nacional, conforme a la siguiente escala progresional:

A) Por las primeras 200 hectáreas: hasta 1 o/oo

B) Por las siguientes: de más de 200 a 500 hectáreas:
hasta 1,1 o/oo.

C) Por las siguientes: de más de 500 a 1.000 hectáreas:
hasta 1,2 o/oo.

D) Por las siguientes: de más de 1.000 a 2.500 hectáreas:
hasta 1,4 o/oo.

E) Por las siguientes: de más de 2.500 a 5.000 hectáreas:
1,6 0/00.

F) Por las siguientes: de más de 5.000 a 10.000 hectáreas:
hasta 1,8 o/oo.

G) Por más de 10.000 hectáreas: hasta 2 o/oo.

Los valores de la unidad básica de contribución se fijarán en relación a la hectárea de Indice CONEAT 100.

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, dichos valores se ajustarán proporcionalmente, en cada caso, al Indice CONEAT de los predios respectivos.

La contribución patronal comprende las aportaciones referidas a la Seguridad Social, impuesto a las retribuciones personales, seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso aporte patronal por el personal ocupado.

La contribución patronal mensual no podrá ser inferior al importe equivalente al aporte correspondiente a un peón especializado plenamente ocupado, vigente en el período de que se trata.

Si en la superficie ocupada, como predio subsistencial, no se realizan tareas o faenas agropecuarias que generen obligaciones comprendidas en la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes, no corresponderá el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 14.

Art. 5º- Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare.

En tal caso, así como en cualquier otra situación jurídica o de hecho que, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, implique la no explotación del predio, el monto de la unidad básica de contribución se incrementará en hasta un 50% (cincuenta por ciento).

Art. 6º. - Los integrantes de sociedades, cualquiera sea su naturaleza, serán solidariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Tratándose de sociedades anónimas, dicha responsabilidad afectará exclusivamente a los directores.

Art. 7º. (Contribución patronal trimestral de los empresarios contratistas: concepto y monto). - A partir del día 1º de octubre de 1986, la contribución patronal trimestral será de cargo de los empresarios (artículo 3º).

Su monto será igual a la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepío (artículo 10). Cuando no tuvieren dicho personal, equivaldrá al montepío correspondiente al del peón especializado plenamente ocupado.

Art. 8º. (Modo de computar servicios). - Por cada empresa unipersonal, se computarán servicios, a los efectos jubilatorios y beneficios que pudieran corresponderle, a una persona física, la que se denominará empresario titular.

Declárase que, a los efectos dispuestos por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa, quedando ambos cónyuges amparados por los beneficios correspondientes, siempre que la empresa se encuentre al día en el pago de los aportes de Seguridad Social.

En caso de empresas pluripersonales, computarán servicios a los mismos efectos, los socios, condóminos, ascendientes o descendientes directos de los titulares, cónyuges y hermanos, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento, aportando en la forma que se establece en el artículo siguiente.

Se reputará que el 50% (cincuenta por ciento) de la aportación patronal anual global, constituye contribución a fines jubilatorios patronales.

La asignación jubilatoria mensual mínima de los empresarios, contratistas y trabajadores dependientes rurales, será en todos los casos el equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado, a la fecha del cese en la actividad, o en su caso, de la configuración de la respectiva causal.

En ningún caso la asignación jubilatoria superará el equivalente a siete salarios a que se refiere esta disposición.

Art. 9º (Sistema de aportaciones). - Las empresas unipersonales aportarán en forma global y única. Las pluripersonales aportarán la contribución establecida en el artículo 4º, acrecida en un 10% (diez por ciento) hasta tres personas físicas y en un 10% (diez por ciento) más por cada uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas, siempre que habitual y personalmente realicen tareas agropecuarias en el establecimiento.

Los directores de sociedades anónimas se considerarán integrantes efectivos y, por tanto, obligados a la aportación en la forma prevista en el inciso anterior.

Art. 10. (Montepío: concepto y monto). - El montepío es de cargo de los trabajadores rurales dependientes (empleados y obreros) que realicen tareas agropecuarias cualquiera sea su calificación, incluidos los ubicados en zonas urbanas, suburbanas o balnearias.

Queda comprendido en el régimen del inciso anterior, el personal de servicio doméstico que desempeñe tareas de esa naturaleza en el medio rural.

Las categorías ocupacionales de los trabajadores rurales de: tropero, peón jornalero, servicio doméstico, cocinero, menores de dieciocho años, peón chacarero, peón especializado y tractorista, y sereno, aportarán un montepío del 10% (diez por ciento). Las restantes categorías ocupacionales de los trabajadores rurales aportarán un montepío del 13% (trece por ciento). En todos los casos se adicionará el impuesto a las retribuciones personales.

El empresario (artículos 2º y 3º) deberá retener dicha contribución del sueldo o salario total de sus dependientes y es responsable, en todos los casos, del pago de su importe al Banco de Previsión Social.

Art. 11. (Agroindustrias). - Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización o transformación sobre la explotación agropecuaria, la aportación se realizará conforme al régimen que corresponda a las empresas industriales y comerciales.

A tales efectos no se considerará industrialización la actividad meramente artesanal.

Al reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo determinará qué actividades se consideran agroindustriales, típicamente industriales o típicamente rurales, que se realicen o no en el propio establecimiento; dando cuenta en cada caso a la Asamblea General.

Art. 12. (Forma de pago). - Las contribuciones dispuestas en los artículos 4º y 10 se liquidarán en planillas trimestrales. A solicitud del interesado, el Banco de Previsión Social liquidará el monto de las contribuciones, sin cargo alguno para la empresa, debiendo ésta proporcionar previamente todos los elementos de información necesarios.

Art. 13. (Epoca de pago). - El pago de las contribuciones se realizará por trimestre vencido dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del trimestre correspondiente.

Art. 14. (Declaración de ocupación). - Todo propietario de inmuebles rurales deberá declarar al Banco de Previsión Social, dentro de los ciento veinte días a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. De ser empresario rural, podrá efectuar la declaración en la forma establecida en el artículo 15. Las variantes que se produjeren en el futuro, deberán comunicarse al Banco de Previsión Social dentro de los noventa días de producido el cambio. Su omisión constituirá contravención, conforme a lo establecido en el Código Tributario.

A solicitud del Banco de Previsión Social, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis y la Dirección del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y sus dependencias departamentales, proporcionarán al Banco la información existente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967 y Decreto Reglamentario Nº 88/968, de 1º de febrero de 1968).

Art. 15. (Declaraciones juradas). - Dentro de los dos primeros meses de cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 2º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social, denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza, ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiéndose -en el mismo acto de una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración.

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios, podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial u otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también el acta a que se refiere el artículo 4º del citado Decreto Nº 88/968, de 19 de febrero de 1968.

Art. 16. (Denuncias del personal). - Al vencimiento de cada trimestre y dentro de los sesenta días siguientes, toda persona física o jurídica de las indicadas en los artículos 2º y 3º, deberá denunciar en planillas que suministrará el Banco de Previsión Social, la totalidad del personal que trabajó en el trimestre a que refiere su declaración, estableciendo cargo, naturaleza del trabajo, fecha de ingreso y egreso y demás constancias que el Banco le requiera; recibiéndose en el mismo acto de una copia debidamente sellada, fechada y firmada.

Art. 17. - Créase una contribución especial, trimestral, equivalente al 1 o/oo (uno por mil) de la UR (Unidad Reajustable) vigente al primer día de cada trimestre, por hectárea, a todos los predios mayores de quinientas hectáreas valor CONEAT, que recaudará el Banco de Previsión Social conjuntamente con las aportaciones sociales, afectada en favor de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) con des tino, exclusivo a la construcción de viviendas para trabajadores rurales, preferentemente en zonas de frontera del Norte y Noreste del país.

Art. 18. (Facilidades de pago, especiales). - El Banco de Previsión Social queda facultado para acordar facilidades de pago a los productores cuyos bienes muebles o inmuebles, así como su producción, fueren afectados por fenómenos climáticos, acorde a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 19. (Control indirecto). - Las instituciones públicas o privadas del sistema financiero nacional, no podrán otorgar, so pena de nulidad de la operación, créditos a empresas comprendidas en la presente ley, sin que las mismas acrediten, mediante la exhibición del certificado que al efecto expedirá, con vigencia anual, el Banco de Previsión Social, cumplir regularmente el pago de sus contribuciones sociales.

Art. 20. (Seguros). - El Banco de Previsión Social tomará a su cargo las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes.

Art. 21. (Asignaciones familiares). - Inclúyese en la nómina de beneficiarios de las prestaciones establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a los empresarios contratistas rurales, unipersonales, que no tengan personal dependiente y se encuentren al día en el pago de sus aportes de Seguridad Social.

Art. 22. (Anticipo pre-jubilatorio). - Los trabajadores con cincuenta y cinco años de edad siendo mujeres o sesenta años de edad siendo hombres, una vez producido y acreditado el cese de la relación laboral y configurada la causal jubilatoria, percibirán un anticipo prejubilatorio equivalente al 70 % (setenta por ciento) de la probable pasividad a juicio del Banco de Previsión Social.

Art. 23. (Deudas atrasadas). - Los empresarios rurales (artículos 2° y 3°), deudores de obligaciones por aportaciones patronales y del personal ocupado, deberán regularizar su situación ante el Banco de Previsión Social, conforme al nuevo sistema de aportación establecido por la presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de su promulgación.

Los contribuyentes que pagaren al contado sus obligaciones atrasadas, estarán exentos de multas, recargos e intereses por mora.

Dichas empresas podrán suscribir convenios de pago de hasta cinco años, en cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. Las facilidades comprenderán las obligaciones adeudadas, con los intereses que fija el Código Tributario, sin multas ni recargos. El pago de las cuotas convenidas deberá efectuarse conjuntamente con las obligaciones referidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley. Su no cumplimiento en dos trimestres sucesivos, provocará la caducidad del convenio, haciendo exigible el pago total al contado.

Art 24. (Empresas con convenio de pago o de facilidades, vigente). - Las empresas con convenio vigente cuya reliquidación, de acuerdo a las normas de la presente ley, determinare la existencia de un saldo acreedor, podrán continuar con el convenio o cancelarlo, en el plazo indicado en el artículo anterior, acreditándose -en caso de cancelación- el 20 % (veinte por ciento) de dicho saldo acreedor, a las obligaciones generadas a partir del día 1º de enero de 1987.

Art. 25. (Bonificación especial al empresario buen cumplidor de sus obligaciones sociales). - Los contribuyentes que acrediten que sus obligaciones generadas al día 31 de diciembre de 1985 con la Seguridad Social, fueron canceladas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se beneficiarán con una bonificación del 10 % (diez por ciento) sobre sus contribuciones correspondientes a los Ejercicios 1987 y 1988.

Art. 26. (Nuevos empresarios jóvenes). - Exonérase, por el término de cinco años a contar desde la vigencia de la presente ley, del 50 % (cincuenta por ciento) del pago de contribuciones a la Seguridad Social, a toda persona menor de treinta años que inicie actividades agropecuarias en predios que, en forma individual o en conjunto, no superen las doscientas hectáreas con índice CONEAT 100.

Art. 27. - Dentro del plazo de ciento ochenta días siguientes a la promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones en que los trabajadores dependientes de empresarios y contratistas rurales, se incorporarán al régimen de seguro de desempleo, atendiendo a las especiales características del trabajo rural y del medio en el cual se desarrollan. Dicha incorporación se hará efectiva en la oportunidad que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 28. (Hogares de ancianos). - Autorízase al Banco de Previsión Social a invertir hasta un 2 % (dos por ciento) de los recursos que se crean por esta ley, en la construcción, reformas, ampliaciones y equipamientos de hogares de ancianos, en forma directa o mediante convenios.

Art. 29. - El Banco de Previsión Social construirá por lo menos en cada capital de los departamentos del interior del país, un hogar de ancianos.

En aquellos lugares en que el Estado tiene destinadas partidas o inversiones en obras que ya están en realización, el Banco de Previsión Social podrá contribuir con fondos propios para su terminación, equipamiento y puesta en funcionamiento, ajustándose siempre, estrictamente, a normas técnico geriátricas destinadas al bienestar físico-mental y social de los ancianos.

Art. 30. - Derógase el impuesto a los arrendatarios y propietarios, creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes.

Deróganse la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1968, el Decreto-Ley Nº 15.599, de 19 de julio de 1984 y todas las normas que se opongan a la presente ley.

Art. 31. (Transitorio). (Seguros). - Mientras el Banco de Previsión Social no se encuentre en condiciones de cumplir con las prestaciones que esta ley le impone en materia de accidentes de trabajo (asistencia médica, servicio de rentas temporarias o definitivas, etc.), las mismas continuarán de cargo del Banco de Seguros del Estado. Los créditos que se generen como consecuencia de estas prestaciones, podrán ser descontados mensualmente por dicho Instituto de sus obligaciones fiscales con la Dirección General Impositiva, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 32. - La presente ley rige desde el día 1º de octubre de 1986.

El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación.

Art. 33. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 18 de setiembre de 1986.

Jorge Andrade Ambrosoni., Miembro Informante, Héctor Lorenzo Ríos, Miembro Informante, Jorge Silveira Zavala, Miembro Informante, José Cerchiaro San Juan, Walter Isi, Ricardo Rocha Imaz, Rolando Aguirre, Carlos M. Fresia, Baltasar Prieto.

APENDICE

Normas legales citadas en el proyecto

NORMAS REFERENCIADAS EN EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY INFORMADO

TEXTOS INTEGROS

Ley Nº 11.167, de 20 de octubre de 1950. Caja de Trabajadores Rurales. Denominación. Organización y Recursos.

Decreto Reglamentario Nº 88/968, de 1º de febrero de 1968. Reglamentario de la Ley Nº 13.637 (artículos 20 a 23) Registro Inmuebles Rurales.

Decreto-Ley Nº 15 084, de 28 de noviembre de 1980. Asignaciones Familiares. Dirección. Compensación. Régimen.

Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1980. Patronos y trabajadores Rurales. Aportes y asignaciones familiares. Régimen.

Decreto-Ley Nº 15.599, de 19 de julio de 1984. Trabajadores rurales. Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. Seguro obligatorio. Régimen, inclusión.

DECRETO-LEY Nº 15.087, DE 9 DE DICIEMBRE DE 1980

(Artículo 1º)

DIRECCION DE LOS SEGUROS SOCIALES POR ENFERMEDAD

SE INCORPORAN DISPOSICIONES A LA LEY Nº 14.407 EN LO REFERENTE A ASEGURADOS Y RECURSOS FINANCIEROS. (*)

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Incorpórase al artículo 39 de la Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, el siguiente inciso:

"D) Los propietarios de empresas unipersonales, con actividades incluidas en el artículo anterior, siempre que no tengan trabajadores subordinados y estén al día con sus aportes al Sistema de la Seguridad Social."

LEY Nº 13.637, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1967

(Artículos 20 a 23)

Artículo 20. - Encomiéndase a la Dirección General de Catastro la formación de una Sección Especializada denominada "Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Inmuebles Rurales" dentro del Registro Nacional de Propietarios de Bienes Inmuebles (Catastro subjetivo), reimplantado por el artículo 231 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Se inscribirán en el Registro la totalidad de los inmuebles rurales o cuotas indivisas sobre los mismos que cualquier persona física o jurídica tenga en propiedad o posesión o a cualquier otro título que implique su uso o goce en calidad de arrendatario, aparcero o medianero.

El Poder Ejecutivo podrá ampliar el alcance de dichas inscripciones.

Por concepto de derecho de registro se abonará 1/1000 (un milésimo) del valor de aforo de las superficies inscriptas.

Art. 21. - Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles rurales, así como los titulares de derecho de uso o goce sobre dichos bienes deberán prestar declaración jurada ante la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales dentro del término de 180 (ciento ochenta) días a partir de la promulgación de la presente ley.

La omisión de la presentación de las declaraciones juradas será sancionada con multa de $ 100 (cien pesos) a $ 10.000 (diez mil pesos).

Art. 22. - No se podrán registrar contratos de arrendamiento ni de aparcerías en el Registro General de Arrendamiento y Anticresis si no se exhibe la constancia de haberse registrado previamente en el Registro Nacional de Propietarios y Arrendatarios de Bienes Inmuebles, el o los titulares de dichos contratos.

Art. 23. - Vencido el plazo establecido por el artículo 21 ninguna dependencia pública administrativa o judicial podrá dar curso a escrito, petición o solicitud que tenga relación con bienes inmuebles rurales, si previamente no se exhibe constancia de su inscripción en el Registro expedida por la Dirección General de Catastro.

LEY Nº 11.617, DE 20 DE OCTUBRE DE 1950

(literal B) del artículo 4º.)

Artículo 4º. - El "Fondo de Trabajadores Domésticos" estará integrado por los siguientes recursos:

A) El patrimonio actual creado por el Decreto-Ley número 10.197 de 22 de julio de 1942.

B) Un impuesto a cargo de los arrendatarios, sobre los alquileres de más de ochenta pesos mensuales en los departamentos del interior y de mas de ciento cincuenta pesos mensuales en el de Montevideo o sus equivalentes según el plazo del contrato, de las propiedades ubicadas en las zonas urbanas, suburbanas y balnearias, que podrá recaudarse por intermedio de los respectivos Municipios o por las oficinas de la Caja, o, en su defecto, en la forma que establezca la reglamentación, con arreglo a la siguiente escala:

Hasta

de

$

200.00

1

%

"

"

"

400.00

2

%

"

"

"

600.00

3

%

"

"

"

1.000.00

4

%

Superiores

a

"

1.000.00

5

%

Para los alquileres superiores a cinco mil pesos (pesos 5.000.00), la liquidación se efectuará sobre esa cantidad.

El impuesto se aplicará sobre decenas, no tomándose en cuenta la fracción hasta de cinco pesos ($ 5.00), y cuando sobrepase dicha cantidad, se tomará como una decena más.

Los propietarios que habiten sus fincas o las personas que lo hagan a título gratuito, abonarán también este impuesto, de acuerdo con la tasación de alquileres que se fije a ese fin.

Cuando haya de efectuarse esta tasación, el avalúo podrá realizarse por las oficinas dependientes de la Dirección General de Catastro, de los Municipios o de la Caja, a elección del Directorio, reputándose alquiler mensual el uno por ciento (1 %) del valor de tasación del inmueble, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al valor de aforo íntegro para el pago de la Contribución Inmobiliaria.

Mientras no se practique esa tasación, se tomará como base dicho valor de aforo.

Están exentos de este impuesto:

1º Las propiedades arrendadas para asiento de oficinas o dependencias del Estado y de los Municipios.

2º Los inmuebles de propiedad de Gobiernos extranjeros y destinados a sede de reparticiones diplomáticas, siempre que en el país respectivo se conceda igual franquicia a las reparticiones del Uruguay.

3º Los edificios que sirvan de asiento a instituciones filantrópicas, culturales, gremiales, deportivas y políticas previa justificación ante el Poder Ejecutivo de que están comprendidas en esta exención.

Los propietarios son responsables solidarios, en todos los casos, del pago de este tributo, teniendo derecho a repetir su cobro, conjuntamente con el alquiler.

C) Con el montepío a cargo de las personas comprendidas en este Fondo, que se pagará con arreglo a la escala del apartado C) del artículo anterior y que será del cinco por ciento (5 %) del salario que realmente perciban, para los trabajadores de este Fondo retribuidos a destajo, a jornal o por períodos menores de un mes, con aplicación de lo dispuesto por los incisos segundo y final del apartado C) del artículo 3º.

D) Con la contribución patronal mensual que en todos los casos será igual al montepío que abone el afiliado, de acuerdo con lo establecido en el apartado precedente.

E) Con el treinta por ciento (30 %) del impuesto de Sobretasa Inmobiliaria creada por el artículo 3º en la Ley Nº 6.874, de 11 de febrero de 1919, fijado en la escala establecida por el artículo 2º de la Ley de 13 de enero de 1949 y con igual porcentaje de la diferencia entre su escala y la que se fija en el apartado 1) del artículo 3º

F)Con los reintegros calculados sobre el monto de asignaciones que resulte del cómputo realizado por el reconocimiento de servicios anteriores a la ley, que se determinará de acuerdo con la escala de montepíos.

G) Con los intereses de los fondos acumulados y con las rentas de sus inmuebles.

H) Con los legados, herencias y donaciones.

I) Con las multas y recargos establecidos en la presente ley.

COMISION DE
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

INFORME

Al Senado:

El proyecto que se informa recoge una iniciativa lel diputado señor Jorge Silveira Zavala (Proyecto de ley de fecha 4 de junio de 1985). El tema presenta actualmente las siguientes características salientes:

1º) El Poder Ejecutivo ha hecho suyo el proyecto y la iniciativa alcanza a todas las disposiciones.

2º) En oportunidad de su discusión en la Cámara de Diputados se logró unificar la voluntad de todos los partidos políticos.

3º) Oportunamente se consultó a todos los grupos afectados, quienes también han dado su aprobación.

4º) Actualmente la aportación a la Seguridad Social, de empresarios y trabajadores rurales, está gravemente resentida porque se espera la sanción de la ley que ordene y que haga más justo el sistema vigente.

El proyecto establece como fecha para la entrada en vigencia del sistema que se propone, el 19 de octubre de 1986. Todo lo anteriormente expuesto justifica la consideración inmediata y urgente del tema.

La finalidad expresada es reestructurar el sistema de aportes a la seguridad social del sector agropecuario, aunque en realidad la aspiración es más ambiciosa y se busca fomentar la radicación rural de la población, tecnificar la producción rural, mejorar la productividad del sector, otorgar mayores beneficios, proteger al pequeño y medio productor, evitar que la actividad agropecuaria se concentre en cada vez menos manos, simplificar los procedimientos y contralores, desalentar el latifundio y detener la corriente de migración hacia la periferia de los centros urbanos.

Desde que comenzó a ser protegido por la seguridad social el trabajador del campo, el sistema de aportes a la Caja Rural fue siempre un fracaso. Recién la Ley número 13.705, de 22 de noviembre de 1968, significó una primera aproximación a un sistema viable, fijando los aportes en función de la capacidad contribuyente del patrono, expresada o indicada por la extensión de la tierra que ocupa el establecimiento. El gobierno de facto, con fecha 3 de noviembre de 1982, liquidó este sistema dictando la norma que llevó el N° 15.343. En ella se estableció que los trabajadores rurales aportarían por el mismo sistema que los de la industria y el comercio, vinculando el ficto al salario mínimo nacional. Se logró así una magnífica involución, por la que el trabajador aportaba por el mínimo, pero también lo hacia el gran productor, que por no tener expectativa jubilatoria optaba y declaraba un salario mínimo para determinar su aporte.

Por este camino se llegó al contrasentido de que el sustento del sistema está actualmente basado en aportes mayores de los trabajadores y menores de los patronos. Bastan estas cifras: 1984: aporte patronal 45,08 %, aporte obrero 54,92 %; 1985: aporte patronal 48 %; aporte obrero 52%.

El pequeño y mediano empresario rural, frente a una aportación social realmente confiscatoria, se vio obligado a abandonar el campo y radicarse en las periferias urbanas. Las cifras son elocuentes:

Año

Total pobladores rurales

Porcentaje

1951

454.000

100

1956

414.000

91

1966

328.000

72

1970

318.000

70

1980 (último censo)

264.000

58

Desde 1951 a 1980 el campo de la República Oriental del Uruguay perdió el 42 % de su población. Expresado en otros términos: 17 personas por día abandonan el medio rural para radicarse, en su mayor número, en los cinturones de las ciudades.

En 1951 había 85.258 establecimientos rurales y según cifras de DINACOSE en 1984 sólo llegan a 57.731, o sea 27.527 menos, lo que demuestra que la actividad empresarial rural se está concentrando cada vez en menos manos.

Es particularmente grave lo que ocurre con los establecimientos menores de 199 Hás. Según el Censo Agropecuario de 1951, dentro de esta categoría había 70.940 productores rurales, y según las cifras de DINACOSE en 1980 sólo quedan 42.382. En 30 años han dejado de existir 28.558 establecimientos agropecuarios, o lo que es lo mismo, los grandes se han beneficiado con la absorción de los chicos.

El proyecto que se informa establece como criterio para fijar la contribución patronal de los empresarios rurales la capacidad del contribuyente estimada conforme al índice de productividad CONEAT de la tierra que ocupa, con absoluta independencia del personal que trabaja. Atiende a la extensión y calidad de la tierra utilizada en la explotación.

El aporte, la contribución patronal, tiene naturaleza unitaria e incluye el impuesto a las retribuciones personales, las aportaciones a la seguridad social y las cantidades destinadas a amparar al trabajador frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El proyecto dispone que las prestaciones en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasan a estar a cargo del Banco de Previsión Social. El único alcance de la norma es el establecer quién es el ahora obligado al pago de las primas. No se pretende innovar o modificar el sistema vigente en materia de cumplimiento de la asistencia, prevención de accidentes, etc. La legislación actual establece que el Banco de Seguros del Estado es el único asegurador posible en esta materia y que el responsable está obligado a asegurar. Entre el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado deberán estudiar la póliza que regule sus relaciones. No está en el ánimo del legislador modificar un sistema que funcione, para crear costos adicionales y desperdiciar la especialización del Banco de Seguros del Estado. La finalidad perseguida es simplemente unificar aportes para simplificar la tarea del contribuyente.

Por este sencillo y eficaz camino, se extiende el amparo contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin exclusiones ni evasiones, a todos los asalariados. Ningún patrono puede tener interés en no incluir en sus planillas a alguien, desde que el costo para él es el mismo.

Por este simple procedimiento se logra promover fuentes de trabajo en el interior, ya que al no estar vinculado el aporte con la cantidad de personal ocupado, el patrono no tiene un mayor costo por aporte a la seguridad si recurre a un número más elevado de trabajadores. Ello puede devolver población al medio rural y directamente favorece la mayor productividad y tecnificación.

El aporte de los empresarios rurales, tratándose de empresas unipersonales configura la totalidad de las obligaciones del titular; tratándose de explotaciones pluripersonales se incrementa en forma directamente proporcional al número de integrantes adicionales; y tratándose de explotaciones mixtas en que predominen procesos de industrialización o transformación, se regirá por el régimen establecido para la industria y el comercio.

En el caso de los empresarios contratistas, el aporte patronal (que no puede vincularse al índice de productividad CONEAT) se equipara con la suma total que corresponda retener al personal dependiente por concepto de montepíos; si no existieran asalariados el aporte será igual al vigente para un peón especializado, plenamente ocupado.

La ley se propone desalentar la existencia de extensiones improductivas. Con esta finalidad, en el caso de predios no explotados, hace responsable del pago de los tributos del propietario de la tierra. También, en esta hipótesis de campo no explotado, se incrementa en un 50 % la cuantía del aporte.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social entiende que en el tema de garantías subsidiarias se debe ser muy preciso y cauto al reglamentar. El Poder Ejecutivo debería tener siempre presente el carácter subsidiario y excepcional de la responsabilidad. Particularmente preocupa que se tutele al pequeño propietario, de buena fe, no responsable de la no explotación de un predio que no está directamente bajo su poder.

Corresponde señalar algunas soluciones, típicamente finalistas, que favorecen la radicación del trabajador en el medio rural:

a) el nuevo sistema de aportes resulta muy favorable para el pequeño y mediano empresario rural, con lo que cabe esperar que incremente su número;

b) el sistema ficto propuesto lleva a que el empresario se sienta inclinado a utilizar más mano de obra, ya que su aumento no incide en el costo de la aportación social;

c) la ley crea el "predio subsistencial", dejando a la reglamentación los detalles, pero estableciendo en general el derecho de quien cese en su actividad, a retener una pequeña superficie (normalmente el casco y algo más del establecimiento) donde, si no realiza tareas agropecuarias con ánimo de lucro, no está sujeto a ninguna de las contribuciones establecidas por la ley. De esta manera podrá tener, con fines de subsistencia, una lechera, un caballo, una huerta, un gallinero, un chiquero... No se verá obligado a dejar el pago.

d) la ley crea recursos para que el MEVIR (Comisión Honoraria de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) construya viviendas para el asalariado del sector, preferentemente en las regiones fronterizas;

e) el empresario joven, de menos de 30 años, que inicie sus actividades agropecuarias en una superficie inferior a 200 Hás. índice CONEAT, queda exonerado del 50 % de sus aportes por el lapso de 5 años.

Otros artículos que merecen destaque son:

- el cónyuge colaborador con su existencia, no altera el carácter unipersonal de la empresa, pero sí está amparado a los beneficios correspondientes;

- se crea un sistema de seguro de desempleo que deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la ley;

- se suprimen todos los controles indirectos del pago de aportes con la sola excepción que deberá exhibirse el certificado que al efecto se expedirá con vigencia anual, para solicitar crédito de las instituciones públicas o privadas del sistema financiero;

- el certificado de vigencia, al ser anual, evita las molestias y pérdidas de tiempo que significaba el régimen previo con sólo 90 días de validez;

- el Banco de Previsión Social queda autorizado a invertir hasta un 2 % de los recursos creados por esta ley, en la construcción, ampliación, reforma o equipamiento de hogares de ancianos.

En materia de prestaciones de seguridad social se busca asegurar a todo trabajador un retiro decoroso. La asignación mensual jubilatoria mínima será siempre un 85 % del salario correspondiente al peón especializado plenamente ocupado a la fecha del cese o de configuración de la causal.

El proyecto crea un sistema de facilidades de pago para la regularización de los adeudos generados. Deroga el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, dé fecha 20 de octubre de 1750 (impuesto a los alquileres a cargo de arrendatarios y propietarios).

Concede a los empresarios contratistas el beneficio Asignaciones Familiares.

Por último es importante señalar que los aportes son fijados por la ley sin criterio fiscalista, mediante un sistema razonablemente progresional, correspondiendo mayores aportes a quienes trabajan mayor superficie de tierra de buena calidad. Tomando como ejemplo un productor de 5.000 Hás. CONEAT, deberá pagar mensualmente nuevos pesos 83.145,00; reducido en valores equivalentes en ganado, al precio de setiembre de N$ 105 el Kg. en pie, este productor paga su aporte mensual con dos novillos. Hablando en términos de personal ocupado, el aporte mensual dividido por N$ 13.749,00 (que es la retribución de un peón con sueldo, casa y comida), quien explote 5.000 Hás. paga su aporte mensual con la retribución de seis peones.

En síntesis el proyecto devuelve al medio rural la posibilidad de que se desarrolle una actividad agropecuaria acorde con las necesidades del país y del momento. Configura una importante conquista para el sector agropecuario, cuyo indispensable desarrollo es un presupuesto para el posterior desarrollo económico nacional.

La Comisión aconseja, por tanto, la aprobación del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 7 de octubre de 1986.

Bernado P. Berro, Miembro Informante, Eugenio Capeche, Carlos W. Cigliuti, Luis Bernardo Pozzolo, Uruguay Tourné, Alberto Zumarán, José Germán Araújo. Senadores.

Carp. Nº 642/86
Rep. Nº 135/86. Anexo 1

Montevideo, 9 de octubre de 1986.

Señores Senadores:

En la tarde de hoy el señor Vicepresidente del Banco de Seguros del Estado, Sr. Jorge Luis Franzini, me ha entregado personalmente la carta que transcribo a continuación, que pormenoriza las objeciones que el Directorio de la referida institución formula a la norma contenida en el artículo 20 del proyecto de ley, venido con aprobación de la Cámara de Representantes, sobre "Empresarios y trabajadores rurales. Normas de aportación a la Seguridad Social" (Rep. Nº 135/86), disposición por la cual las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasarán a ser de cargo del Banco de Previsión Social, quitándoselas, por consiguiente, al Banco de Seguros del Estado.

Debiendo considerarse el referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del martes venidero y pareciéndome de entidad y debidamente fundadas las observaciones del Ente mencionado a la norma proyectada, me ha parecido de utilidad ponerlas en conocimiento de los señores senadores en forma inmediata para darles el tiempo necesario para su examen y consideración.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarles con mi muy atenta consideración.

Enrique E. Tarigo. Presidente.

Montevideo, 1º de octubre de 1986.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Doctor ENRIQUE TARIGO.

PRESENTE.

Señor Presidente:

Se encuentra a consideración del Senado el proyecto de ley sobre Sistemas de Aportación a la Seguridad Social y prestaciones, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.

El punto que interesa al Banco en dicho proyecto de ley, es el que se refiere a la transferencia de los servicios relacionados con los accidentes del trabajo de los trabajadores rurales, de este Instituto al Banco de Previsión Social.

Este Directorio entiende que debe insistir en esta instancia, en el planteamiento formulado ante la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes.

En lo pertinente se expresaba sobre el tema en nota de fecha 26 de agosto de 1986:

"Sentimos la firme convicción, señor Presidente, y por ende nuestra obligación de expresarlo con énfasis, que el traspaso de los servicios que el Banco cumple actualmente a través del seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, perjudicará grandemente a los trabajadores rurales. Por tal motivo tenemos el deber de formular las siguientes precisiones:

1º) El servicio que el Banco presta a los accidentados del trabajo comprende varias etapas que están ineludiblemente entrelazadas unas con otras, lo que dificulta también la posibilidad de soluciones intermedias.

Las etapas a resaltar comprenden:

I)Prevención de los accidentes; II) Atención del accidentado y pago de temporarias; III) Internación en la Central de Servicios Médicos; IV) Determinación del porcentaje de invalidez; V) Prestación de la renta.

I. Prevención de los accidentes. - Muy importante, desde el punto de vista social, es la labor que se desarrolla referida a la prevención de accidentes y a la seguridad e higiene industrial. En pocas palabras: mediante la realización de cursos regulares (dirigidos a distintos niveles de los empleadores y empleados), y de inspecciones directamente en los lugares de trabajo, el Banco trata de minimizar la cantidad de accidentes y su importancia y consecuencias.

Es relevante consignar que en el transcurso del año 1985 se efectuaron alrededor de 10.000 inspecciones y se dictaron más de 700 horas de clase, con la finalidad de educar, aconsejar y prevenir accidentes.

II. Atención del accidentado y pago de temporarias. El Banco tiene contrato con cooperativas médicas del interior, que son quienes efectúan el primer diagnóstico y curación del obrero, y también quienes dictaminan si la lesión amerita un traslado a nuestra Central de Servicios Médicos.

Desde el momento de la admisión como accidentado del trabajo, el obrero comienza a percibir un porcentaje de su salario denominado renta temporaria. Además tiene derecho a alojamiento y comida de pensiones contratadas al efecto.

III. Internación en la Central de Servicios Médicos. El sanatorio del Banco ha alcanzado, a través de los años, un nivel óptimo para el tratamiento especializado del enfermo traumatizado, destacándose la sala de quemados, la de cirugía ósea, la de tratamiento de microcirugía, etc.

Se cuenta con personal médico y de enfermería de alta especialización, con servicio permanente, durante las 24 horas, todos los días del año, con cuatro quirófanos en condiciones de funcionar en urgencia simultáneamente, teniendo en su haber exitosas experiencias como la implantación de un brazo que se había separado totalmente del cuerpo y la aplicación de las técnicas más modernas en la reparación de fracturas óseas.

IV. Determinación del porcentaje de invalidez. -Finalizada la atención médica del accidentado, si hubieran quedado secuelas, se procede a determinar el porcentaje de incapacidad, el que sirve de base para fijar la renta vitalicia que recibirá el obrero por el perjuicio físico sufrido.

V. Prestación de la renta. - Las rentas vitalicias se abonan en las Agencias Departamentales con total regularidad, alcanzando en la actualidad los rentistas, una cifra de 20.000. Corresponde puntualizar que estas rentas se reactualizan y que se conceden anticipos para la atención de circunstancias graves y urgentes.

2º) La forma que el Banco tiene para financiar los costos del seguro esta basada en primas diferenciadas para cada riesgo o grupo de riesgos, en función de su peligrosidad y siniestralidad, de manera que un empresario que cumple con las normas de seguridad en su empresa, puede recibir rebajas en sus aportaciones y, de no cumplirlas, pueden elevarse las mismas.

Estas circunstancias hacen que el cálculo de las primas sea complejo y muy especializado, y por lo tanto no puede concebirse el montaje de la organización a ello tendiente, en otro u otros organismos cuya finalidad es la de amparar otros riesgos (vejez, desocupación, enfermedad), que no exigen financiación con tasas diferenciales.

Y como esas circunstancias pueden ir variando también en el tiempo, es claro entonces que es el Banco de Seguros quien debe calcularlas y fijar sus niveles.

3º) Para que el servicio que se presta continúe en los niveles actuales, es necesario asegurar que el Banco siga contando con la percepción de los costos. No es posible pensar en regímenes en que la prestación quede a cargo del Banco y la percepción de los recursos la haga otro Organismo. Ello sería reiterar situaciones como alguna ya vivida en este mismo tema que ha originado una deuda que el Banco no ha podido cobrar que, a valores actuales se sitúa en el orden de U$S 3:000.000,00 en última instancia y de no prever esta particularidad la consecuencia ineludible será una caída en el nivel de prestación de servicios, lo que redundaría en perjuicio directo de los obreros rurales amparados.

4º) Es por todo ello que el Banco de Seguros entiende que debe continuar administrando en todos sus efectos el seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de los trabajadores rurales. Pero en el caso de que se optara por modificar la situación actual, en atención a cualquiera de los proyectos presentados, planteamos como necesaria, para una buena atención de los trabajadores rurales, que el nuevo régimen se asiente sobre los siguientes principios:

a) La atención médica continuará, como hasta ahora, prestada por el Banco de Seguros.

b) El nuevo sistema legal de aportes, deberá prever en forma expresa que al Banco ingresen efectiva y regularmente los recursos necesarios para la prestación de los servicios. A esos efectos podría establecerse un sistema que permitiera compensar nuestros créditos con la Dirección de la Seguridad Social a través de los impuestos que nuestro Instituto paga a la Dirección General Impositiva.

c) La determinación del monto de esos recursos debe quedar en el Banco de Seguros.

d) Cuando en un establecimiento rural predomine el proceso de industrialización, la aportación se realizará conforme al régimen vigente para las empresas industriales y comerciales.

Hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente del Senado con las expresiones de mi más distinguida consideración.

Cnel. Nelson D. Costanzo, Presidente.

Nicasio del Castillo, Secretario General Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

SEÑOR BERRO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BERRO. - Señor Presidente: el proyecto de ley que seguramente vamos a votar hoy va a constituir una buena ley. Me atrevería a decir una muy buena ley. Sin embargo, no creo sea la panacea para todos los problemas que hoy día afectan a la sacrificada población radicada en el campo.

Tal vez podríamos estar votando con más gusto un proyecto sobre exoneraciones fiscales, o sobre créditos especiales o alguna forma de llevar al campo la tecnología de la que carece. Pero de cualquier manera vamos a aprobar un proyecto que recoge la iniciativa que presentó el 4 de junio de 1985 el hoy compañero de este Cuerpo, y el entonces señor representante, Jorge Silveira Zavala.

Después de un largo proceso el Poder Ejecutivo ha hecho suyas las soluciones que vienen a consideración de este Cuerpo y, en consecuencia, su iniciativa alcanza a todas las disposiciones que ya han sido votadas por la Cámara de Representantes y que pasan hoy a estudio del Senado.

Otro hecho destacable que se puso de manifiesto, no sólo durante el trámite en la Cámara Baja sino también en las sesiones de la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social del Senado, es que todos los partidos políticos representados en este Parlamento, sin excepción, están de acuerdo con las soluciones que se proponen.

También lo están los grupos contemplados en esta ley.

La consideración del tema es de una tremenda urgencia por cuanto en la actualidad está resentida gravemente la recaudación de los aportes. A todo nivel, se espera una norma que dé solución a los muchos problemas que no se pueden resolver con la legislación vigente. Tan grave y urgente es el tema que, en las disposiciones del proyecto referentes a su lecha de entrada en vigencia (en particular en el artículo 31), se dice que ello ocurrirá el 1º de octubre de 1986.

La finalidad de este proyecto de ley es reestructurar el sistema de aportes a la Seguridad Social en el medio agropecuario. Esa es la finalidad confesa del proyecto, pero en realidad -y aquí viene porqué decía al iniciar estas palabras que se va a tratar de una buena ley- el proyecto va más allá, e integra una de esas leyes que tienen el propósito de utilizar los medios fiscales para lograr metas como la radicación rural de la población, incrementar en lo posible el índice de productividad del sector, otorgar a los beneficiarios del sistema, mejoras y más amplios beneficios y, fundamentalmente, detener algo que es hoy día trágico en el mundo y particularmente, en nuestro país, es decir, la corriente migratoria del campo hacia los cinturones urbanos del interior de la República y, especialmente de nuestra capital.

El sistema por el cual se hicieron los aportes a la Seguridad Social del último de los incorporados a la misma, que fue el trabajador del campo, se inició con la creación de la Caja Rural. Desde entonces fracasó invariablemente, hasta que la Ley Nº 13.705, del 22 de noviembre de 1968 trajo una primera aproximación a lo que puede ser un sistema viable, estableciendo que los aportes se harían en función de la presunta capacidad contribuyente del patrono, estimada a través de la extensión de tierra que ocupa su establecimiento.

Este sistema marchó bien por primera vez, y se extendió hasta el 3 de noviembre de 1982, fecha en que el proceso dictó la norma Nº 15.343, derogando la Ley Nº 13.705 y estableciendo que la aportación para la Seguridad Social en el campo, se haría por el mismo sistema que en la Industria y el Comercio.

De esta forma se obtuvo una magnífica Involución. Se logró que el trabajador aportara por el mínimo y que el patrono rural también. Lógicamente, no teniendo una voluntad o una expectativa de jubilación, optaba por declarar un solo salario mínimo, aportando, en consecuencia, sólo por ese salario mínimo. Se logró así una situación realmente alarmante e injusta, ya que todo el sistema estaba basado en una recaudación de aportes del sector de trabajadores, mayores que los provenientes del sector patronal. Así, para dar algunas cifras, diré que en 1984 el aporte patronal significaba el 45.08 % del aporte total, mientras que el obrero era del 54.92 %. En 1985, el aporte patronal era el 48 % del total, y el obrero, el 52 %. De esta forma, el pequeño y el mediano empresario rural realizaron una aportación social que era realmente confiscatoria, por lo que debieron abandonar su lugar de trabajo y radicarse en las periferias urbanas.

Las cifras son realmente alarmantes. Nos muestran que desde el año 1951 a 1980, el campo de la República Oriental del Uruguay perdió un 42 % de su población total. Lo que es lo mismo, en términos muy gráficos y fáciles de entender, que 17 personas por día han dejado de estar radicadas en el campo y han venido a establecerse en centros urbanos o en la periferia de las ciudades.

Tal fenómeno, que surgió de una tributación mal entendida y mal encarada, sin criterio finalista, determinó que la propiedad rural se fuera concentrando cada vez más en menos manos. En 1951 había 85.258 establecimientos rurales, según dice el Censo de aquel entonces. Y si tomamos cifras de DINACOSE relativas a 1984, vemos que en este año los establecimientos rurales llegan sólo a la cantidad de 57.731. Es decir, que se han perdido 27.527 establecimientos rurales.

Pero esto es mucho más grave aún de lo que parece si tenemos en cuenta dónde se concentra esa pérdida. Si vamos a ver lo que ocurre con los establecimientos que tienen una superficie menor de 149 hectáreas, observamos que la reducción en ellos es mucho más importante. Han dejado de existir 28.558 establecimientos agropecuarios con una superficie menor de 200 hectáreas, en ese período.

El proyecto de ley que vamos a estudiar hoy cambia el criterio para tributar. En su artículo 4º establece que la contribución del empresario rural se vuelve a fijar en función de la capacidad del contribuyente, estimándose de acuerdo al índice de productividad CONEAT de la tierra que ocupa. Se vuelve a establecer un criterio para tributar, con absoluta independencia del número de integrantes del personal que está trabajando. Se vuelve a tomar como base para determinar la capacidad del contribuyente, la extensión -a lo que se agrega ahora la calidad- de la tierra utilizada en la explotación.

La contribución patronal de esta ley tiene naturaleza unitaria. Busca simplificar la actividad del hombre de campo, que debe estar preocupado en producir y no en llenar formularios. Incorpora en un solo aporte el impuesto a las retribuciones personales, las aportaciones a la Seguridad Social, las cantidades destinadas a pagar las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, e incluso el aporte patronal del trabajador por el personal que ocupa. El artículo 4º de la ley es el que consagra esta solución.

Viene aquí el tema -tal vez el único- que puede ser en algún aspecto discutible de la ley. Se dispone que en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las prestaciones pasan a estar a cargo del Banco de Previsión Social.

La Comisión ha entendido que el único alcance de esta norma es establecer quién es el obligado al pago de los aportes para las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se considera que el texto tiene un sentido exclusivamente económico y que con su redacción no pretende innovar ni modificar el sistema vigente.

La legislación actual, a través de las Leyes Nos. 10.004 y 12.949, de 28 de febrero de 1941 y de 23 de noviembre de 1961, respectivamente, crea un sistema de seguro obligatorio, por el cual todo patrono está obligado a asegurar, siendo el Banco de Seguros del Estado el único asegurador posible. Esta interpretación significa no desperdiciar ni tirar por la borda una importantísima experiencia y un capital que se ha ido formando con el trabajo de muchos años de un personal capacitado por parte del Banco de Seguros del Estado, en lo que tiene que ver con esta actividad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El proyecto inicial contenía una filosofía distinta: el Poder Ejecutivo entendía que las prestaciones debían pasar a ser efectivamente realizadas por el Banco de Previsión Social. Todas las prestaciones, incluidas la asistencia médica, el servicio de rentas temporario o definitivo y todos aquellos aportes en los que, tradicionalmente, el Banco de Seguros del Estado se ha comportado en una forma por demás satisfactoria.

En el proyecto se incluyó un artículo 31 transitorio, que establecía que mientras el Banco de Previsión Social no estuviera en condiciones de realizar directamente estas prestaciones, ellas quedarían de cargo del Banco de Seguros del Estado. Ello implicaba una voluntad y una filosofía del Poder Ejecutivo, en el sentido que todo lo que tuviera que ver con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fuera, en el futuro, una de las actividades que debería desarrollar directamente el Banco de Prevísión Social. Al decir "directamente", se entiende que, por ejemplo, la asistencia médica no necesariamente tenía que ser prestada por el propio Banco de Previsión Social, sino que esa actividad podría ser desarrollada en la misma forma que lo hace actualmente el Banco de Seguros del Estado. En muchas localidades del interior, contrata organismos asistenciales locales. Se pretendía que el Banco de Previsión Social debería ser quien realizara esa actividad, en forma temporaria por lo menos.

La Comisión ha entendido que, en la actualidad, parece exagerado e irreal pretender que un organismo, por más capacitado que sea, pueda brindar una asistencia médica integral.

A diario, apreciamos que la actividad médica y de diagnóstico, se está especializando e instrumentando a través de equipos especiales, de costos elevadísimos. Cada vez con mayor frecuencia, una serie de actividades médicas altamente especializadas. son contratadas con particulares o con organismos del Estado, que cuentan con los equipos y la experiencia necesaria. Lo que, en definitiva, no aporta ningún beneficio sino por el contrario acarrea graves perjuicios, es pretender que todos se capaciten y se equipen a fin de brindar una asistencia integral.

En tal entendido, resulta inconveniente apoyar la filosofía contenida en ese artículo 31 transitorio que, de más está decir, fue votado negativamente en la Cámara de Representantes. Lo lógico es establecer que el aporte debe seguir siendo unitario y estar en manos del propio Banco de Previsión Social; pero la efectiva prestación de los servicios asistenciales, el cálculo de las primas y el de las rentas -ya sean temporarias o permanentes- deben ser llevadas a cabo por el Banco de Seguros del Estado, porque de lo contrario, estaríamos desperdiciando una especialización que fue lograda después de mucho tiempo y a un costo que, necesariamente, fue elevado. Este precio deberíamos volver a pagarlo en la puesta en marcha del procedimiento por el que estos cometidos pasan a manos del Banco de Previsión Social.

Dentro de este tema -o sea el de establecer que es el Banco de Seguros del Estado quien va a continuar con la efectiva prestación de los servicios- quedarían, solamente, dos aspectos que no dejan de ser importantes.

El primero es que, al señalarse un aporte igualitario por parte de todos los establecimientos, que se vierte después de recaudado por el Banco de Previsión Social- al Banco de Seguros del Estado por concepto de pago de primas del seguro, no se tendría en cuenta algo que es muy importante y que es el tratamiento diferencial que hace el Banco. A través de primas diferenciales se contemplan las distintas situaciones en establecimientos donde ocurren mayor cantidad de siniestros u ofrecen mayor peligro. Es decir que el Banco no trata a todos de la misma forma. Por ejemplo, aquellos que se han preocupado por mantener un nivel de mayor seguridad y de lograr un grado menor de siniestros, tienen una bonificación en las primas, lo que cumple con un cometido finalista. Según entendemos, en oportunidad de reglamentarse la ley, este tema va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo o, eventualmente, del contrato por el cual el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado ajusten sus relaciones.

El segundo aspecto es el que ha planteado, reiteradamente, el Banco de Seguros del Estado a la Cámara de Representantes, y ahora al Senado, a través de notas dirigidas al Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y al Presidente del Senado. En estas notas reitera los mismos conceptos, transcribiendo un memorándum anterior.

El Banco de Seguros -como casi todos los organismos del Estado- se enfrenta al problema de recaudar las contribuciones que deben aportarle las demás instituciones públicas.

El Banco cita un ejemplo que, a nuestro juicio, es equivocado. Se trata de la existencia de una deuda, que no se precisa bien, pero que parecería ser que se entiende es del Banco de Previsión Social con el Banco de Seguros del Estado. Deuda que nunca fue pagada. En realidad, esa deuda no es con el Banco de Previsión Social sino con Rentas Generales.

Cuando el proceso derogó el sistema de aportes, dejó totalmente desfinanciado el pago de las prestaciones que debía realizar el Banco de Seguros del Estado. Por lo tanto no quedó nadie obligado a abonar esas prestaciones y, en consecuencia, el Banco de Seguros del Estado debió soportar un fuerte déficit por haber prestado, sin contraprestación alguna, todos los servicios asistenciales y las rentas vitalicias que se fueron devengando por la aplicación del régimen de seguridad social al trabajador del campo.

Entendemos que este tema va mas allá de lo que puede ser este proyecto específico. Consideramos que ahora debemos concretarnos exclusivamente a modificar el régimen de aportaciones en materia rural.

El tema de cómo deben cobrarse entre sí todos los organismos del Estado, es demasiado amplio. Al Banco de Seguros del Estado no sólo no se le pagaron los aportes por concepto de prima de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador rural, sino que muchos Municipios y organismos han dejado de pagarle las contribuciones que debían.

Consideramos, señor Presidente, que este tema debe ser objeto de otra ley que sea general y regule las relaciones entre todas las dependencias del Estado respecto de las compensaciones.

SEÑOR POZZOLO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERRO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - A manera de anticipo de voto, señor Presidente, y ya que el miembro informante, señor senador Berro, se estaba refiriendo a esta modificación, diría sustancial, que estaba en el espíritu del Mensaje del Poder Ejecutivo, quiero expresar cuál va a ser la conducta que vamos a seguir con respecto a este proyecto de ley.

El mismo debió ser objeto de diversos ajustes en Comisión y me complazco en reconocer que tuvimos un aporte muy valioso en su estudio, a través de la presencia del actual señor senador Silveira Zavala, quien siguió todo su proceso mientras estuvo en la Cámara de Representantes.

Una de las disposiciones del proyecto señala que su vigencia ha de iniciarse el 1º del mes en curso, con lo cual se nos señala la urgencia que todos tenemos en aprobarlo aquí en el Senado a los efectos de que se convierta en ley. Esto se planteó en Comisión y todos aceptamos esa urgencia. Decidimos que debíamos proceder a sancionar sin modificaciones aquello que había sido votado en la Cámara de Representantes para atender ese propósito, como asimismo atender el espíritu que inspiraba al proyecto de ley en el cual estamos de acuerdo.

Voy a hacer una relación sucinta de los hechos a los efectos de explicar cuál va a ser nuestra conducta con respecto a este proyecto de ley y el porqué nuestro cambio de posición con respecto a lo ocurrido en la mañana de hoy en Comisión.

Los artículos 20 y 31 transitorio -que no fue votado en la Cámara de Representantes indican por parte del Poder Ejecutivo una posición distinta a aquella que había inspirado su aprobación en la Cámara de Representantes y al espíritu con que en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social le habíamos dado su aprobación total.

Con respecto al artículo 20 debo manifestar que se nos planteó una serie de dudas en la mañana de hoy y tras consultas con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social nos dimos cuenta que sancionarlo así como estaba, puede dar lugar a interpretaciones totalmente distintas o a la ejecución de la ley en una forma que no es interpretativa del espíritu con que se había votado en la Cámara de Representantes y con la que lo habíamos recepcionado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En Comisión formulamos una redacción diferente a ese artículo 20, habida cuenta de que entendimos que no era posible aprobarlo tal como venía de la Cámara de Representantes. Entendimos que no teníamos más remedio -para marcar una inteligencia respecto al problema- que efectuarle algunas modificaciones urgentes para que, a su vez, la Cámara de Representantes con la premura del caso, pudiera recepcionarlas. Tras la consulta con el señor Ministro subsisten las interpretaciones distintas. Por lo tanto, frente a eso quiero anunciar que si este artículo 20 fuera propuesto en la forma en que está, no estaría hoy en condiciones de darle mi voto.

Por otra parte declaro que soy contrario a la forma en que fue redactado; pero, en su momento, voy a sugerir -y esto no significa ningún entorpecimiento al trámite del proyecto de ley- que este artículo sea desglosado y pase a Comisión, a los efectos de que allí podamos intercambiar opiniones con el representante del Poder Ejecutivo.

Me parece muy arriesgado, señor Presidente, que improvisemos a propósito de una ley que modifica un sistema de aportes rurales y transformar todo lo que es la estructura de una institución tan importante como es el Banco de Seguros del Estado.

Repito que inicialmente había prestado mi aprobación a un artículo sustitutivo de este artículo 20 -con el cual hoy estuvimos de acuerdo- pero, en función de lo conversado posteriormente con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, nos vamos a inclinar para que este artículo sea desglosado y enviado a Comisión sin entorpecer el trámite de la ley, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. El proyecto de ley puede volver a la Cámara de Representantes en la misma tarde de hoy y nosotros podemos discutir el problema de fondo creado por este artículo 20, en el sentido de si es el Banco de Seguros del Estado, o el Banco de Previsión Social quien tiene que resolver en este caso.

Anuncio desde ya, señor Presidente, que tendrán que ser muy poderosas las razones que se me den para aceptar el criterio de que el Banco de Seguros del Estado tiene que seguir en esta posición. Hay una gran experiencia detrás de esto, como asimismo una larga tradición y no podemos improvisar ni "engordar" un monstruo, a título de realizar pruebas que no creo le hagan bien al país.

Planteado el problema, señor Presidente, pido que se entienda la posición en que nos encontramos. Nuestro deber es escuchar las razones que se nos puedan ofrecer en Comisión y anuncio -y pido excusas al señor miembro informante por mi interrupción- que cuando lleguemos a la consideración del artículo 20 vamos a solicitar su desglose, como, asimismo, que todo el cuerpo de disposiciones se vote y se remita a la Cámara de Representantes. Nosotros debemos considerar, repito, si es el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros del Estado el que deba formular las prestaciones.

Pido disculpas al señor senador Berro porque nuestra conducta en Comisión fue totalmente diferente a la que ahora estamos sosteniendo. Hoy habíamos prestado aprobación a este artículo sustitutivo del 20 y, ahora, sostenemos una posición totalmente diferente.

Muchas gracias por la interrupción, señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERRO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre del Frente Amplio nos vamos a sumar a la solicitud realizada por el señor senador Pozzolo en el sentido de que en esta oportunidad se desglose el artículo 20 y pase a Comisión.

Naturalmente han surgido discrepancias -que hoy analizamos en el seno de la Comisión- con el Poder Ejecutivo. Su filosofía difiere sustancialmente de la que los representantes, en forma unánime, mantuvieron en aquella Cámara y a la que sostuvimos en Comisión los integrantes de todos los Partidos políticos.

Por esas razones señor Presidente, nos vamos a sumar a la solicitud realizada por el señor senador Pozzolo, pero, agregamos, que nuestra intención es sumar -en el análisis de este artículo 20- otro tema que nos preocupa fundamentalmente. En definitiva, todos los senadores estamos preocupados para que este proyecto se apruebe antes de la fecha límite que hemos establecido -me refiero al 31 de octubre- para que este tema tome vigencia de inmediato y por esta razón hemos dejado pasar algunas cosas con las cuales no estábamos totalmente de acuerdo.

En estos momentos tenemos la oportunidad de establecer en el artículo 20 que pasa a estudio de la Comisión, la forma o las fórmulas con las que podrá contar el Banco de Seguros del Estado para asegurarse el cobro por prima y prestaciones adeudadas por parte de la Dirección General de la Seguridad Social.

En definitiva, existe un temor que nosotros compartimos, en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, porque suele ocurrir que con contrataciones de este tipo los organismos del Estado no afrontan sus obligaciones con lo cual podría producirse un desfase en el aspecto financiero de dicho Banco.

Reitero que creemos que esta es la oportunidad para llevar adelante esa solución una vez que el artículo 20 pase a estudio de la Comisión respectiva.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERRO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: hemos compartido, desde el primer momento en que se planteó el problema, a través de una nota que el Banco de Seguros del Estado hizo llegar a la Comisión de Asuntos Laborales, y Seguridad Social la preocupación por la gravísima alteración que se introduce en el régimen de las actividades comprendidas en el propio campo dé la competencia del Banco de Seguros. Sin duda, este aspecto al igual que el artículo 20, es secundario y adjetivo a la Ley de Aportaciones Rurales. No se trata de algo imprescindible que esté unido necesariamente con el proyecto de ley.

Por el contrario, se trata de la regulación de una actividad lateral que puede quedar perfectamente comprendida en los términos actuales y si fuera preciso introducir alguna modificación, debería derivarse de las pautas adecuadas para un estudio en profundidad.

Observemos que con esta disposición del artículo 20 modificamos nada menos que el monopolio del Banco de Seguros del Estado e introducimos una modificación que afecta a su propia Carta Orgánica. Además de quitarle un monopolio al Banco de Seguros del Estado, establecemos uno en favor del Banco de Previsión Social, como es la aseguración de los riesgos emergentes de los accidentes y enfermedades profesionales.

Fuera de toda duda parece que una temática de esta naturaleza tiene que ser objeto de un tratamiento y un análisis en profundidad de toda la materia y creo que el Parlamento no lo puede votar incluido lateralmente en un proyecto de ley. Una modificación a la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado tiene que entrar por la puerta grande de un proyecto serio, pero no puede colarse por la ventana incluido en el texto de una ley de mayor alcance y de diferente naturaleza.

Hemos compartido esta preocupación y se trataron de arbitrar algunas soluciones por la vía de un artículo sustitutivo, pero realmente entendemos que esta propuesta que se formaliza por parte del señor senador Pozzolo en nombre del Partido Colorado, en el sentido de desglosar este artículo y enviarlo a Comisión, aprobando el resto del proyecto de ley, es un camino que elimina las dificultades existentes y permite cumplir con el objetivo central de llevar la Ley de Aportaciones de Empresarios y Trabajadores Rurales a una rápida y eficaz aprobación.

De esta forma el Parlamento da satisfacción a la aspiración que un importante sector de la actividad del país está reclamando y, al mismo tiempo, se arbitran, en el campo de la seguridad social, los medios para que todo lo relacionado con las jubilaciones y pensiones en materia rural, al igual que las aportaciones, tengan los debidos planteamientos -que se introducen en esta ley- con el fin de lograr los niveles adecuados de financiamiento.

Por lo tanto, señor Presidente, consideramos que la eliminación del artículo 20, que tiene como fin estudiar detenidamente esta materia, constituye un objetivo básico, que puede centrarse en los términos más breves posibles. De esta forma la Comisión podría considerarlos dentro de los plazos más estrictos, en días y con el acuerdo del Poder Ejecutivo y del Banco de Seguros del Estado -entiendo que debe haber una solución general para esta temática- podemos en definitiva poner un punto final en este importante asunto.

En consecuencia, damos a conocer nuestra posición y adelantamos posiblemente aspectos que son específicos de la discusión particular. Entendemos que este tema está incidiendo, prácticamente, en la aprobación del proyecto y nos parece importante que los señores senadores conozcan nuestro parecer en el sentido de que creemos que es una solución eficaz, que acompañamos por entender que resulta útil a la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERRO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: creo que el problema de las prestaciones del Banco de Seguros del Estado por parte del Banco de Previsión Social no es un tema nuevo ni entró por la ventana. Se trata del mismo régimen establecido por la Ley Nº 13.705. De esta forma se transfirió al Banco de Previsión Social la prestación de asistencia y el gobierno de facto por intermedio de la Ley Nº 15.599, la devolvió al Banco de Seguros.

Si existe un consenso generalizado en el sentido de desglosar el artículo y aprobar el resto del proyecto a los efectos de que pase a la Cámara de Representantes con el fin de que pueda ser tratado con urgencia en el día de mañana, no voy a hacer cuestión porque sería estéril ya que me encontraría en absoluta minoría.

Entiendo que nadie puede negarse a la solicitud que realizan algunos sectores políticos con el fin de estudiar profundamente la filosofía y finalidad del artículo, y estoy dispuesto a colaborar.

Entiendo que el mayor motivo para la aprobación urgente de este proyecto, es que el tema de deudas atrasadas está basado en el hecho de que existe un 30 % de bonificación en la indexación de la ley de facilidades de pago por la cual se transfiere el reajuste de octubre para el mes de abril del próximo año.

Este mes el Poder Ejecutivo tiene que fijar la indexación de aquellos que se acogieron a la ley de refinanciación de adeudos y, en consecuencia, esos seis meses de gracia van a favorecer a los pequeños y medianos productores, porque el beneficio se establece exclusivamente para aquellos que tengan hasta 200 hectáreas CONEAT. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales el proyecto tiene que ser urgentemente aprobado y si fuera posible, en la tarde de hoy. Además debemos tener en cuenta que entra en vigencia el 1º de octubre, por lo cual la aportación es la que se va a realizar en los meses de enero y febrero.

En consecuencia, señor Presidente, deseaba hacer simplemente esta aclaración, porque entiendo que se trata de un tema que no entra por la ventana, sino que ya estuvo en vigencia.

Con respecto a la deuda que el Banco de Seguros del Estado reclama al Banco de Previsión Social, debo manifestar que no es así. La deuda de N$ 3:000.000 -tengo en mi poder las versiones taquigráficas corresponde a Rentas Generales y no al Banco de Previsión Social. Desde octubre de 1979 a octubre de 1982, cuando fueron eliminados los aportes patronales y se cobraron por intermedio del IMAGRO, el Banco de Previsión Social no recaudaba los aportes y en consecuencia no vertía el 15 % de sus aportes patronales de acuerdo a la Ley Nº 13.705 al Banco de Seguros del Estado.

La deuda la generó Rentas Generales, que es el organismo que adeuda al Banco de Seguros. Me extraña que el memorándum que el Banco de Seguros del Estado envió a la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes insista en que esa deuda es del Banco de Previsión Social, cuando existe una comunicación oficial del propio Banco de Seguros del Estado dirigida a aquél, reconociendo que el deudor es Rentas Generales.

A favor del actual Directorio del Banco de Seguros debo decir que es muy loable su preocupación en el sentido de defender los intereses generales de la institución porque cuando se sancionó la Ley Nº 13.705, a pesar de que fue invitado el Directorio de dicho Banco en tres oportunidades para concurrir a la Comisión para discutir la transferencia del régimen de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no asistió ni una sola vez y ni siquiera se dignó a contestar por escrito.

Este Directorio del Banco de Seguros del Estado concurrió a la Comisión de Previsión Social y expuso su posición. Además, le envió un memorándum a ese grupo de Trabajo y otro a su par del Senado.

En consecuencia, reconozco que este Directorio del Banco de Seguros del Estado, ha actuado eficientemente en la defensa de lo que ellos entienden son sus intereses.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Berro.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BERRO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - No quisiera quitar tiempo al señor miembro informante que, por otra parte, para ser debutante, está actuando extraordinariamente bien y los más viejos lo envidian.

Este es un asunto de carácter particular que figura en el artículo 20. No obstante ello, después de haberse suprimido también el artículo 31, puede considerarse que se trata de un aspecto de orden general del proyecto. Me refiero a la sustitución del Banco de Seguros por el Banco de Previsión Social en la prestación de los seguros por accidentes de trabajo, atención médica, etcétera.

De los dos artículos que estaban relacionados con esta situación, y que reflejaban la filosofía original del proyecto, uno se suprimió en la Cámara de Representantes -el 31- y el otro, el 20, se pretende eliminarlo en el Senado.

La circunstancia de que la ley quede aprobada obliga a puntualizar que ello se logra con el rechazo de un aspecto en el que el Poder Ejecutivo tenía una posición muy firme. El propio señor Ministro me lo hizo saber esta mañana cuando lo consulté, un poco en representación de la Comisión de Asuntos Laborales. Todo dependerá, señor Presidente, de que ese aspecto sea tratado en Comisión y de margen a un nuevo proyecto de ley, porque desde el momento en que se desglosa, el artículo 20, puede condenarse que ha sido rechazado y que ese tema vuelve a Comisión. Si de ese ámbito -y luego de este Senado- no sale un nuevo proyecto de ley, el que resulte aprobado por el Senado y luego por la Cámara de Representantes, no contempla la posición del Poder Ejecutivo. A esta altura de la conversación, si no de la discusión, me parece que no es conveniente que se tome una resolución de esa naturaleza, porque puede dar margen a otras actitudes ulteriores del Poder Ejecutivo. Además, tampoco es conveniente que, al dictarse una ley que abarca tantos y tan importantes aspectos de la seguridad social, se vote un texto en el que no hay acuerdo en el Senado, sobre todo teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tenían posiciones coincidentes al estudiarse el tema en la Cámara de Representantes.

Llamo a la reflexión porque, indudablemente, el hecho es que aquí no se apruebe el texto tal como vino de la Cámara de Representantes, determina que vuelva a ésta, con lo que el trámite parlamentario se enlentece. Al tener que remitir nuevamente el proyecto a la Cámara de Representantes para que considere las modificaciones introducidas -en este caso, la supresión de un artículo- se da margen para que se discuta en Comisión, con el Poder Ejecutivo, el texto suprimido. ¿No sería más conveniente que todo el texto de la ley fuera objeto de un nuevo examen por parte de la Comisión, con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, para, de esa forma, restablecer el acuerdo al que se llegó en la Cámara de Representantes y que permitió la elaboración de este Proyecto venido con sanción al Senado? De una u otra forma se van a perder ocho días. Por otra parte, este Cuerpo va a tener necesidad de reunirse en virtud del Proyecto de Rendición de Cuentas. Entiendo que se puede hacer un paréntesis para tratar este texto.

Sin embargo, tengo temor de que por aprobar este texto sin el artículo 31 -que fue suprimido en la Cámara de Representantes- y sin el 20, que eliminaría el Senado, nos encontremos frente a una discordancia, que debe evitarse de todas formas, entre el Poder Legislativo que aprueba el proyecto, y el Poder Ejecutivo que no está de acuerdo con él.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Berro.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERRO. - Con mucho gusto concedo las interrupciones solicitadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa señala al señor miembro informante que se va a agotar el término de que dispone para realizar su informe.

Puede interrumpir el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Quiero señalar que el artículo 31 no fue votado en la Cámara de Representantes precisamente porque carecía de la iniciativa del Poder Ejecutivo; fue agregado en Comisión y, reitero, el Poder Ejecutivo no le prestó iniciativa. En cambio, el artículo 20 sí cuenta con dicha iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Muchas gracias por la interrupción, pero ya se ha manifestado en Sala lo que iba a expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Berro.

SEÑOR BERRO. - Este proyecto busca promover fuentes de trabajo en el interior, y lo hace a través de la forma en que se tributa. Dado que el aporte que debe hacer el patrono o empresario no está vinculado al número de trabajadores, sino a la extensión y calidad de la tierra, el contratar una mayor o menor cantidad de trabajadores rurales no significa incremento alguno en el aporte a la seguridad social. La solución posibilita que se aumente el número de trabajadores y que, por este camino, se llegue directamente a un incremento en la productividad.

En cuanto al aporte de los empresarios independientes que actúan en el medio rural -no ya de los patronos- debo señalar que en este caso no puede fijarse en función de la tierra. El proyecto recurre a establecerlo en razón de las retenciones que deben hacerse por concepto de montepíos de los trabajadores que estén afectados. Si no los hubiese, el aporte se establece en función del de un peón especializado plenamente ocupado.

Cabe destacar que entre los patronos rurales puede haber empresas unipersonales, pluripersonales y otras en las que el proceso de industrialización o transformación, dada la naturaleza mixta de la explotación, tenga una mayor predominancia. La ley, en su artículo 9º, establece que tratándose de empresas unipersonales, este aporte, fijado en el artículo 4º, configura la totalidad de las obligaciones que tiene el titular; tratándose de empresas unipersonales, el aporte se incrementa en una forma directamente proporcional al número de integrantes de la explotación; y en los procesos en que la industrialización o transformación tienen predominancia sobre la actividad realizada, se establece en el artículo 11 que para estos casos regirá lo dispuesto para la industria y el comercio.

En el caso de predios no explotados, los aportes tienen un tratamiento muy especial. La ley busca desalentar la existencia de extensiones improductivas por dos caminos. El primero de ellos es volver a consagrar el principio de que el propietario de la tierra es solidariamente responsable con quien no la explote, en los casos de predios improductivos.

La Comisión entendió que se debe ser muy cauto y preciso en el tema de las garantías subsidiarias. Se comparte la idea que, buscando con criterio finalista que los campos sean explotados -y de ser posible, por sus propietarios- se llega en definitiva a que el propietario tiene que ser responsable del pago de los tributos cuando el predio no está siendo trabajado. Pero se entiende que la reglamentación tendrá que ser muy precisa en cuanto a destacar el carácter subsidiario y excepcional de esta disposición. Además deberá tutelarse al pequeño propietario de buena fe, que no esté realizando directamente la explotación y sea sorprendido, por la falta de actividad de quien ocupa efectivamente su tierra.

El artículo 5º, también con la finalidad de evitar campos improductivos, establece un incremento de la cuantia del aporte de un 50 % para esta- hipótesis de tierras no explotadas.

Es particularmente señalable, señor Presidente, dentro de las soluciones típicamente finalistas que contiene este proyecto, el hecho de que se busca por varios medios y a través de distintos artículos fomentar la radicación de población en el interior de la República. Se puede expresar que el régimen de aportes para el pequeño y mediano productor o empresario rural es sumamente beneficioso. Las soluciones están contempladas en los artículos 4º, 24 y 25. De esta manera se busca incrementar el número de pequeños empresarios dentro del sector rural.

Otra norma -también contenida en el artículo 4º que ya la habíamos visto- establece que el sistema ficto propuesto lleva a que el empresario se sienta inclinado a incorporar a su explotación un mayor número de mano de obra, dado que ello no incide en el costo de la aportación social.

Otro beneficio interesante es el del llamado predio subsistencial. La ley propone -y el Poder Ejecutivo fijará los detalles en la reglamentación- que, en la hipótesis del trabajador empresario rural que deja su actividad, este tenga la posibilidad de conservar parte de la tierra, probablemente el casco y algo más, en una extensión que la reglamentación fijará de acuerdo a la calidad y ubicación de la tierra. Se busca que pueda permanecer en el campo, para que la tierra se beneficie de la experiencia de este patrono que ha cesado en su actividad y para que este hombre no tenga que abandonar el pago donde siempre ha realizado su labor productiva. En esa pequeña extensión, donde no debe realizar trabajos con ánimo de lucro y no tributará ninguno de los impuestos creados por este proyecto. Podrá tener, por ejemplo, una lechera, un caballo, una chacra, un gallinero, pero siempre con una finalidad típicamente subsistencial.

Otra de las soluciones que fomenta la radicación, es la contemplada en el artículo 17 que crea recursos para que la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural -MEVIR- construya casas para el asalariado del sector. Con muy buen criterio, se establece preferentemente que esto se realice en las regiones fronterizas, donde el país necesita más pobladores.

Tal vez la última norma que valga la pena citar dentro de esta finalidad de radicar trabajadores en nuestro agro, es la referida al artículo 26 que beneficia al empresario joven que tenga menos de 30 años y que inicie actividades agropecuarias utilizando una superficie de hasta 200 hectáreas. Este empresario joven queda exonerado del 50 % de sus aportes durante un lapso de cinco años.

Es de señalar también que el artículo 8º establece la figura del llamado cónyuge colaborador. En el caso de la explotación unipersonal, el cónyuge normalmente participa de la actividad creadora en el medio rural, pero hasta ahora estaba totalmente desamparado. Por este proyecto se establece que no se pierde el carácter unipersonal de la explotación por la existencia de un cónyuge que colabore, y que éste queda amparado por las normas de la Seguridad Social.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Silveira Zavala.

SI no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Berro.

SEÑOR BERRO. - Muchas gracias, señor Presidente.

Otra de las soluciones interesantes y buenas que contiene el proyecto es la referida al artículo 27 que crea un sistema de seguro de desempleo que deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Es de destacar, también, que se suprimen todos los controles indirectos del pago de los aportes, con una sola excepción. El artículo 19 mantiene la exigencia de que debe exhibir el certificado -que al efecto tendrá una vigencia anual- para solicitar créditos en las instituciones públicas o privadas del sistema económico financiero nacional.

Es importante destacar también la vigencia anual del certificado frente al régimen vigente de 90 días. Ello también implica una simplificación de la tarea del trabajador rural, dejándole que produzca y no que "papalee".

El Banco de Previsión Social es autorizado, por las normas que vamos a aprobar seguramente más adelante -me refiero a los artículos 28 y 29- a invertir hasta un 2 % de sus recursos en la construcción, ampliación, reforma o equipamiento de hogares de ancianos. Tal vez una de las innovaciones más importantes que se introducen es en materia de prestaciones de seguridad social: se busca asegurarle al trabajador un retiro decoroso. Eso se logra fijando una jubilación mínima que se establece en un 85 % del salario correspondiente al peón plenamente ocupado a la fecha del cese o configuración de la causal. También se fija un máximo, que es de siete salarios.

Uno de los logros obtenidos por este proyecto es el sistema de facilidades de pago, contemplado en los artículos 23, 24 y 25, que mejora sensiblemente con la reducción de ese 30 %, a que hacia referencia, en una interrupción, el señor senador Silveira Zavala. Ello va a ser fundamental para los trabajadores del campo a efectos de que puedan regularizar su situación de aportes a la Seguridad Social.

Por último, el proyecto contempla, como es natural y como ocurre en todas las leyes, una serie de derogaciones no sólo con relación a las que se establecen en forma genérica, "todas las que se opongan a la presente ley", sino, también, por ejemplo, el impuesto creado por el literal B) del artículo 4º de la Ley Nº 11.617, que es el impuesto a los alquileres y que ahora se financia con este único aporte.

Además, se contempla la situación de los empresarios contratistas unipersonales que pueden ser incorporados al beneficio de asignaciones familiares.

Tal vez la última observación que corresponda hacer es que el sistema, de razonable progresión en los aportes fijados por el artículo 4º, no tiene un criterio fiscalista, sino que contempla la realidad y las posibilidades de nuestro medio. Por ejemplo -para tomar un solo caso un productor que esté trabajando 5.000 hectáreas, índice CONEAT, deberá pagar mensualmente, por la aplicación de la tasa establecida, N$ 83.145.

Si reducimos esta cantidad a moneda contante, a lo que puede ser el equivalente al precio del ganado en pie, en setiembre de 1986 -que es la fecha en que se fija la contribución- o sea, N$ 105.00, se puede decir que un productor de 5.000 hectáreas paga su aporte mensual con el valor de dos novillos. En otras palabras, y vinculando el tema a la retribución- de los peones rurales, debemos expresar que la misma es de N$ 13.749, incluyendo casa y comida. Quiere decir, entonces, que este mismo productor rural que ocupa 5.000 hectáreas, paga su aporte mensual con el equivalente a la retribución de seis peones.

Concluyo, señor Presidente, manifestando que espero que la aprobación de este proyecto signifique un real aporte a nuestro agro y solucione una serie de problemas que son realmente acuciantes.

Por otra parte, agradezco a los integrantes de la Comisión el haberme permitido ser miembro informante en un tema que tanto preocupa al país, al partido político que integro, así como a mí mismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: tal como lo hemos adelantado, el Frente Amplio habrá de votar afirmativamente este proyecto de ley en general y planteará su voto negativo en algunos artículos, a la vez que habrá de sumarse a la moción anticipada por el señor senador Pozzolo, en el sentido de desglosar el artículo 20, por las razones ya indicadas, a las que sumaremos algún otro argumento.

Creemos estar enfrentados hoy a un buen proyecto de ley, aunque no excelente; pero esto es consecuencia natural de lo que ha significado el tener que transar con los distintos partidos políticos y el propio Poder Ejecutivo. Afortunadamente, hay más coincidencias que discrepancias. Por esas razones, entendemos que es un buen proyecto, tal como lo afirmaba el miembro informante, señor senador Berro.

Consideramos que era preciso corregir este lamentable sistema que han tenido que soportar los trabajadores y empresarios rurales durante el período de facto. Todos sabemos que durante décadas, la Seguridad Social no tuvo en cuenta, por lo menos, en la forma debida, a la gente de nuestro campo. Esto se corrige recién a través de la Ley Nº 13.705, de 22 de noviembre de 1966, cuando por primera vez se establece que los aportes a la Seguridad Social no podrán soportar un régimen similar al aplicado en la industria y el comercio, para poner un ejemplo, dado que en el campo la situación es muy diferente. Por lo tanto, era necesario establecer que cada uno de los patronos rurales deberían aportar en función del volumen de su empresa y no en el de la cantidad de trabajadores de la misma.

Es conocido que hay enormes extensiones de campo en los que frecuentemente trabajan dos, tres o cuatro peones y que, sin embargo, en pequeños predios de muy pocas hectáreas, lo hacen varias personas.

Recuerdo un caso del que se ha hablado bastante, que es el que tiene que ver con Bella Unión y el sistema cooperativo, donde en 4.500 hectáreas trabajan 6.000 personas, mientras que muy cerca de allí, en 27.000 hectáreas, lo hacen cuatro peones. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el régimen de facto, aporta lo mismo quien tiene 10 hectáreas que el que tiene 10.000 y, además, improductivas. Esta situación es la que se modifica, en sustancia, a través de este proyecto de ley.

Nos parece muy correcto que se castigue a quien no emplea suficiente mano de obra y, en cambio, se beneficie a quien lo hace. Es lo que se consagra en este articulado: se busca que cada uno aporte de acuerdo a su capacidad contributiva. De esta manera, se fomenta la creación y ocupación de mano de obra rural.

Conocemos muy bien cuál es la realidad que nuestro país soporta, desde que el 42 % de nuestra gente de campo abandonó sus tareas, yéndose a vivir a los cinturones de las ciudades del interior, de Montevideo o emigró.

Una de las razones para que esto ocurriera -no la única- es esta que señalamos y que fue establecida por el Decreto-Ley Nº 15.343, de 3 de noviembre de 1982 por la dictadura militar.

De acuerdo al censo general agropecuario, debemos recordar algunas cifras que asombran. En 1984 había 68.362 establecimientos rurales, de los cuales sólo aportaban 43.000. Por otra parte, denunciaban tener sólo 48.000 trabajadores dependientes.

Esto habla a las claras de una distorsión, ya que nuestra gente de campo no está amparada por la Seguridad Social. Por eso se hacía imprescindible corregir, a través de un proyecto de ley, esta situación.

El régimen propuesto establece un aporte unitario global, lo que nos parece mucho más justo; y, por otra parte, se contempla en él la sencillez, es decir, que los aportes se realicen por única vía, de forma tal de no complicar con complejos trámites, cuyo resultado ya conocemos. También encontramos muy adecuado que a través de ese aporte único se contemple al cónyuge. Ya sabemos que en el medio rural, la cónyuge siempre colabora, al igual que los hijos. En estos últimos tiempos, la situación ha variado un poco, porque la juventud ha emigrado debido a diversas causas.

Por esta vía, entonces, se establece que a través de esta única contribución queda amparada la cónyuge, y con un incremento de hasta el 10 %, uno de los hijos, si es que trabaja en el medio rural. Con un 10 % más, pueden ingresar otros familiares, siempre y cuando ellos también compartan el trabajo rural.

Por lo tanto, esto significa un marco de justicia que se hacía imprescindible.

Además, por este proyecto de ley estamos gravando con un 50 % a los propietarios que mantienen predios improductivos. Creemos que este es un lujo que el país no puede darse. Por consiguiente, por la vía del gravamen se verán compelidos a cambiar esta situación, lo que consideramos un paso importante.

También es bueno establecer una reducción del 50 % en los aportes de aquellos jóvenes menores de 30 años que, en el futuro, se sumen a la actividad rural. Esto implica la posibilidad de que los jóvenes no sigan emigrando y de que, tal vez, retorne alguno. El problema no se soluciona únicamente con esta medida -tendríamos que establecer otras complementarias- pero ello implica un avance significativo que tenemos que festejar.

Asimismo, es muy importante -y no voy a detenerme en el análisis de este aspecto ya que lo ha hecho en forma muy clara y extensa el señor miembro informante- llevar el seguro de desempleo a los trabajadores rurales, así como otorgar el beneficio de las asignaciones familiares a los empresarios contratistas, que hasta ahora no lo percibían.

Todo esto conforma un buen proyecto de ley.

Nuestras discrepancias -y no quiero extenderme sobre el tema porque, en esta materia, el Frente Amplio ha de presentar un proyecto de ley que solucione los problemas que nos presenta el actual- son con respecto a los artículos 23, 24 y 25.

Estos artículos son los que establecen las normas para la refinanciación de la deuda ya contraída con la Dirección General de la Seguridad Social por las empresas y los trabajadores rurales.

Hemos analizado el tema, al igual que nuestros técnicos, hemos dialogado con los productores y sabemos cuáles son los rendimientos actuales. Por consiguiente, podemos adelantar desde ya que el régimen que establece la iniciativa del Poder Ejecutivo -y seguramente la Comisión de la Cámara de Representantes se vio compelida a aceptarlo- no es el adecuado, ya que la deuda, en esas condiciones, resulta impagable. El pequeño y el mediano productor no van a poder enfrentar su pago. Esto fue bien aclarado por los representantes del Frente Amplio y por los de otras colectividades políticas en la Cámara de Representantes, pero existía un problema, que es el mismo que se nos plantea en esta oportunidad. Si detenemos este proyecto de ley hasta que se solucione esa dificultad, lo que haremos será mantener el régimen actual, que es absolutamente injusto y que queremos eliminar lo antes posible, más precisamente, el 31 de octubre.

Esa es la razón que nos impulsa a votar favorablemente el proyecto que tenemos a consideración, a pesar de considerar que la refinanciación que allí se establece es absolutamente impagable para los pequeños y medianos productores.

Como ya lo hemos dicho, el Frente Amplio ha de presentar un proyecto que desearíamos que no fuera iniciativa exclusiva de nuestra colectividad política. Nos gustaría dialogar con los demás partidos y firmarlo conjuntamente, porque sabemos cuál es el espíritu que anima a otros señores legisladores. Sin embargo, no lo haremos hoy, porque queremos que este problema se solucione a partir del 19 de noviembre próximo.

Podríamos traer al Cuerpo el análisis exhaustivo de cuanto hemos manifestado, pero creemos que eso es más bien trabajo de la Comisión a la cual, seguramente, se le va a encomendar el estudio del proyecto de ley que presentaremos en las próximas horas -ojalá que en acuerdo con otros sectores políticos- que habrá de solucionar la refinanciación de esa deuda.

El proyecto del Poder Ejecutivo nos merece algunas objeciones menores que en este momento no vamos a plantear. Pero tenemos una gran discrepancia, que tiene que ver con el artículo 20, que vamos a pedir que sea desglosado de este proyecto de ley, para su posterior estudio por parte de la Comisión.

Lamento mucho que en este momento no se encuentre en Sala el señor senador Cigliuti, porque, a través de sus palabras, interpretamos que de mantenerse o votarse esa propuesta que trajo al Cuerpo el señor senador Pozzolo y que nuestra colectividad política acompañó -al igual que el Partido Nacional, de acuerdo con lo expresado por varios de sus integrantes- ello aparejaría otras consecuencias y, aunque no habló de veto, aparentemente de eso se trataba.

A mi juicio, esa no es la vía, porque hasta el momento el Poder Ejecutivo y todos los partidos políticos hemos estado de acuerdo en que es necesario solucionar el problema de los aportes rurales del Banco de Previsión Social. Pero ocurre que, paralelamente, se introduce en este proyecto de ley un tema que no hace al problema que queremos solucionar y es el que se refiere al Banco de Seguros y al monopolio que hoy mantiene y que queremos que siga manteniendo. Este es un tema que se ha incluido lateralmente y que si se quiere plantear debería ser por otra vía, pero no en un proyecto de ley que hace referencia a los aportes al Banco de Previsión Social.

Si aprobáramos hoy el artículo 20 del proyecto que estamos considerando estaríamos, en definitiva, quitando el monopolio de los seguros al Banco que lo posee desde hace muchísimos años. Eso es algo que nos preocupa. De mantenerse el régimen actual, queremos que el Banco de Seguros siga siendo redituable y no llegue a la quiebra ante la imposibilidad de cobrar las primas de las prestaciones que brinda.

Eso tampoco está del todo claro y por eso nos parece conveniente que esto vuelva a Comisión, donde lo analizaremos detenidamente. No sabemos, por ejemplo, cuál es el monto que el Banco de Seguros paga a la Seguridad Social por aportes en esa materia. No conociendo ese monto, tampoco sabemos a cuánto ascendería esa prima a establecer para los trabajadores rurales. Pero quizás por la vía de compensación podamos asegurar el cobro por parte del Banco. Ojalá nunca ocurra, pero lo cierto es que si en el futuro se privatizan los seguros, cualquier empresa extranjera cobraría, por un vía u otra.

Luego se dice que no se está de acuerdo con que los seguros estén en manos del Estado, porque éste no cobra, cuando lo que hay que hacer es tratar de que cobre. El empleo de aquel argumento nos puede llevar a la privatización de los seguros.

Por eso creemos que el artículo 20 debe ser analizado en Comisión y discutido junto con los representantes del Poder Ejecutivo.

Hemos entendido varios de los argumentos expuestos por el mencionado Poder con respecto a esta materia. Se nos señalaba por ejemplo, que el Banco de Seguros del Estado tiene que contratar los servicios de terceros, como los del Instituto del Quemado, así como los de otras instituciones, para que se realicen, entre otras cosas, tomografías computadas y que entonces sería mejor que lo hiciera directamente el Banco de Previsión Social.

Entiendo, en primer lugar, que no podemos dar al citado Banco la conducción de todo esto. En segundo término, considero que el Banco de Seguros debería manejarse como lo ha hecho siempre y como lo hace cualquier institución privada o mutualista que no puede brindar todos los servicios y que para ello tiene que contratar a terceros.

Por lo expuesto, adelantamos nuestro voto favorable al proyecto en general, nuestro voto negativo a los artículos 23, 24 y 25 -que son los que se refieren a la refinanciación de la deuda contraída- nuestra promesa de elevar a la consideración del Cuerpo un proyecto de ley que ojalá podamos traer con la firma de todos los sectores políticos para que se apruebe rápidamente y nuestra intención de discutir el artículo 20 en el seno de la Comisión.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Quisiera llamar a reflexión al señor senador Araújo con respeto a lo que expresó en el sentido de que no dará su voto a los artículos 23, 24 y 25, que debo confesar que a mí tampoco me convencen.

El problema radica en que en estos antecedentes no figura el anteproyecto que había elaborado la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes.

Habíamos estructurado un sistema de refinanciación de las deudas más liberal y generoso que el que viene en el proyecto de ley.

Sin embargo, nos encontramos que esta refínanciación de las deudas atrasadas, debe tener iniciativa del Poder Ejecutivo, porque se trata de exoneraciones de tributo. En consecuencia, debe existir iniciativa porque, de lo contrario, no puede establecerse en el proyecto de ley.

Por esa razón, necesariamente tuvimos que llegar a una transacción, porque, de lo contrario, ¿cuál era el precio? Sancionábamos un proyecto de ley sin ningún sistema de refinanciación y, por lo tanto, dejábamos endeudados a los productores rurales, en total desamparo y a merced de la actual ley de refinanciación de deudas que, esa sí, es absolutamente impagable para los pequeños y medianos productores.

Los artículos 23, 24 y 25, no establecen un régimen liberal y generoso como lo propuso la Comisión; sin embargo, es un sistema que sí pueden abonar los pequeños y medianos productores, puesto que establece un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley para que los empresarios rurales y contratistas regularicen sus adeudos con el Banco de Previsión Social. Eso se aplica para los que ocupan hasta 200 hectáreas índice CONEAT, así como un reajuste a abril de 1987 por el 70% del índice de indexación. Eso quiere decir que se da un plazo de gracia de seis meses y se reduce en un 30 % la indexación que se tendría que producir en octubre -esta es una de las razones por las que hay que aprobar este proyecto de ley en forma urgente- que alcanzaría al 83 % de los saldos de las deudas que contrajeron compromisos de refinanciación.

Además, el artículo 25 en su parte final trae una disposición muy importante que favorece a los pequeños y medianos productores puesto que establece que se faculta al Banco de Previsión Social a establecer regímenes de cancelación de adeudos en base a cuotas variables de amortización, crecientes o decrecientes, a opción del deudor.

Esto significa que al productor que le vaya bien en su explotación le conviene liquidar cuanto antes la deuda en virtud de esa indexación anual de los saldos y capitalización de los intereses; y si le va mal en la explotación, o tiene una situación deficitaria económicamente, puede dirigirse al Banco de Previsión Social y manifestarle que aunque tiene una cuota de N$ 5.000 mensuales de amortización por su deuda sólo puede pagarle N$ 200. El Banco tiene que aceptar esa situación porque el régimen es a opción del deudor. En consecuencia, esta disposición del artículo 25 es muy importante. Sintetizando, se licúan un poco las deudas con los seis meses de gracia y se pasa a la indexación de abril de 1987. Económicamente esto significa que cuando se vaya a realizar ésta va a ser el 49 % de lo que sería en la actualidad. Desde luego que es para los que ocupan 200 hectáreas CONEAT, porque se hace un paralelismo con ciertas exoneraciones impositivas existentes en otras leyes que determinan que esa es la superficie para considerar a un productor como pequeño y mediano. Asimismo es importante el establecimiento de la cuota variable a opción del deudor. Esto fue lo mejor que se pudo conseguir.

El Poder Ejecutivo se aferra a su posición de la Ley Nº 15.781. Entonces, llegamos a una transacción, porque no podíamos pagar el precio de mutilar esta importante iniciativa que soluciona otros muchos problemas excluyendo un capítulo que es esencial a la estructura general del proyecto de ley.

Repito que es una transacción bastante buena; no es la mejor solución ni la que más me gusta a mí. Eso ya lo hemos dejado establecido; sin embargo, es a lo máximo que hemos podido llegar y creemos que puede facilitar el pago de la deuda de los pequeños y medianos productores.

Por estas consideraciones, exhortaría al señor senador Araújo y a su sector político a reflexionar en torno al tema, porque no existe otra salida, puesto que no podemos hacer otra cosa sin la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Nosotros hemos evaluado todo lo señalado por el señor senador Silveira Zavala. Incluso, creo que, a través de nuestras palabras, expresamos con claridad nuestro respeto a la fórmula a que habían llegado la Cámara y la Comisión de la misma cuando analizaron el tema. Sabemos que ella es consecuencia de una transacción, a la que hubo que llegar para aprobar el proyecto de ley. Creo que con estas mismas palabras lo dije al principio de mi intervención. Aquí no existe un desconocimiento de ello; también hemos dicho que acompañamos en general el proyecto de ley y queremos que él se apruebe.

Estoy absolutamente seguro que el señor senador Silveira Zavala -porque he leído sus intervenciones cuando era diputado- va a acompañar la iniciativa que traeremos a este Cuerpo en las próximas horas, dado que es posible mejorar y mucho, las condiciones de refinanciación de esa deuda.

Sabemos que es imprescindible llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo; pero tenemos la esperanza de poder convencerlo en el seno de la Comisión de la necesidad de introducir estas mejoras.

No quiero polemizar sobre el tema en estos momentos. Digo que, desgraciadamente, por causas que no vamos a discutir en esta oportunidad -y que el señor senador Silveira Zavala como diputado conoce en detalle- el Frente Amplio no tuvo oportunidad de acercar todos esos elementos de juicio a la hora de negociar con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este caso, esto nos exime del voto, señalando con toda claridad lo que hicieron nuestros diputados en la Cámara de Representantes. Si fuese imprescindible, igualmente lo aportaríamos con el solo objeto de aprobar este proyecto de ley en general. Dado que él no es necesario, la forma de señalar nuestra discrepancia es ésta, a la vez de adelantar, desde ya, que con ese nuevo proyecto de ley, seguramente, vamos a contemplar la aspiración de todos los sectores políticos que habían aprobado en el seno de aquella Comisión -que integraba el hoy senador Silveira Zavala- el espíritu que acompañaba esa refinanciación, pues es más amplia y generosa.

Además, debemos señalar que no perjudica a las arcas del Estado, en particular al Banco de Previsión Social.

Nos vemos enfrentados a una situación real. Todos sabemos cuál es la situación que soportan los productores rurales, porque hasta hoy ellos siguen emigrando, se ven enfrentados al no pago o al muy bajo precio de sus productos y están amenazados por la importación de productos que se pueden extraer de nuestra tierra.

Sabemos de todos sus inconvenientes y, por esa misma razón, estimamos que es necesario aportar una salida que no puede darse hoy -por las razones que se han indicado- pero que se va a poder conseguir en los próximos días si logramos un acuerdo a nivel de todos los partidos y, en particular, al del Poder Ejecutivo.

Esa solución se va a presentar y a debatir. Hoy preferimos no entrar en detalle de todas estas cifras que muestran con claridad que hay muchísimos empresarios rurales que no pueden enfrentar el pago de las deudas contraídas.

Con esta intervención, señor Presidente, nosotros adelantamos nuestro voto favorable al proyecto de ley en general.

Nada más.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Nosotros vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley que, sucintamente, vamos a fundamentar.

Compartimos íntegramente la filosofía de la iniciativa. Como se ha dicho en Sala por parte del señor miembro informante, ésta posee un sentido finalista y no fiscalista. No tenemos dudas de que va a aparejar un señalado beneficio a todos los sectores productivos del agro y a los trabajadores del mismo.

Creemos que estas razones son suficientes y que no deben reiterarse argumentos que ya han sido expuestos en el Senado.

Asimismo, queremos manifestar que vamos a votar afirmativamente la propuesta de desglosar el artículo 20 del proyecto de ley que refiere, en realidad, a una materia que no tiene relación directa con el problema de las aportaciones de la seguridad social en el medio rural. Compartimos las razones que, reiteradamente, se han expresado en Sala con respecto a esta disposición del proyecto de ley; son razones de hecho y de Derecho, que no es necesario volver a exponer.

Respecto a este aspecto concreto, se ha manifestado en Sala que puede correrse el riesgo -de insistir en el desglose- de tener un desacuerdo o un desencuentro de voluntades con el Poder Ejecutivo que puede derivar, en una instancia posterior, en la imposibilidad de sancionar inmediatamente este proyecto de ley, o sea, en un enlentecimiento de su entrada en vigencia, cuando existe acuerdo en su urgencia, es decir en la necesidad de que ello suceda prácticamente de inmediato.

Creo, señor Presidente, que el argumento va más allá de lo que, en realidad, se ha querido expresar. Con ese criterio, la actuación de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo estaría siempre supeditada al temperamento del Poder Ejecutivo porque siempre, si eventualmente hay un desacuerdo éste tiene una facultad constitucional que todos conocemos y no es necesario nombrar, por la cual puede detener la sanción de un proyecto de ley y obligar a su reconsideración por parte de la Asamblea General, mediante los mecanismos correspondientes. Cada Cámara y cada uno de sus integrantes es responsable de sus actitudes, de los votos que emite y si considera que alguna disposición es equivocada -como considerarnos, en este caso, la mayoría de los integrantes del Cuerpo- debe decir que no la va a aprobar o por lo menos propiciar una reconsideración en el seno de la Comisión respectiva, cosa que se ha propuesto en Sala con buen criterio. Todo ello con prescindencia de lo que después pueda hacer el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, como esto va a determinar que el proyecto no sea sancionado con el texto íntegro que viene de la Cámara de Representantes, yo, que estaba dispuesto a no exponer objeciones de otro carácter, voy a aprovechar la discusión particular para formularlas. Creo que la redacción de varias disposiciones adolece de diversos defectos desde el punto de vista jurídico. En particular, hay disposiciones de naturaleza tributaria que no se puede menos que calificarlas de heterodoxas, pero las objeciones correspondientes las voy a exponer en la discusión particular.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: compartimos la filosofía que inspira a este proyecto.

Resulta absolutamente claro y evidente que, dada la realidad de la actividad agropecuaria, debemos propiciar todo lo que tenga por objeto facilitar las normas de recaudación, a través de un sistema normativo que evite complejidades de cálculos y liquidaciones, que realmente no se compadecen mucho con lo que es el promedio del productor rural, dentro y fuera de Uruguay. De modo que una tributación sobre una base ficta parece -en este tema, como probablemente en otros que van más allá de las aportaciones a la Seguridad Social- lo más aconsejable para este importante sector económico y social del país. En ese sentido, no cabe ninguna duda que este proyecto de ley -cuyo origen, por un lado, es el proyecto del Poder Ejecutivo que entró por la Cámara de Representantes y, por otro un proyecto que figura en el repartido cuyo autor es el señor senador Silveira Zavala- tiene una referencia concreta a esas finalidades. Por otra parte, es compartible el criterio de separar lo que es la efectiva realidad laboral de cada establecimiento agropecuario, de lo que debería ser. Entonces, por este camino creo que la idea en la que se inspira este proyecto es correcta.

Sin embargo, creo que es menester reflexionar sobre varios aspectos que se han señalado en Sala y otros que surgen de ciertas referencias y objeciones que determinados miembros de este Cuerpo hemos escuchado recientemente sobre algunos de los artículos concretos en los que este proyecto reposa.

Haciendo un repaso de lo expresado en Sala, observo que parece existir un consenso en cuanto a retirar el artículo 20, que ha sido objetado -a mi juicio con total razón- por el Directorio del Banco de Seguros del Estado. Considero que no tiene ningún tipo de justificación el hecho de sustraer a dicho Banco una de las competencias que le atribuye su Carta Orgánica, es decir, su ley de creación y modificativas. Además, esto tiene que ver con una materia que no es estrictamente coincidente con el tema de este proyecto de ley. En ese sentido, he escuchado a algunos de los miembros de la Comisión que ha trabajado en este proyecto de ley, quienes adelantan sus puntos de vista favorables a la eliminación o desglose de este artículo del resto de las disposiciones que estamos considerando.

Por otra parte, he oído que la bancada del Frente Amplio presenta objeciones sobre los artículos 23, 24 y 25 del proyecto, que apuntan sobre el tema de las facilidades de pago para los deudores del Banco de Previsión Social.

Asimismo, el señor senador Aguirre acaba de señalar algunas reservas o dudas que tiene sobre aspectos concretos del proyecto. Demás está decir que la versación del señor senador Aguirre en algunos temas legislativos -especialmente en todo lo que tiene que ver con la materia constitucional- nos anticipa, aunque no haya fundamentado ese tipo de observaciones, que este proyecto seguramente va a ser mejorado en lo que corresponda y en el momento de analizarlo en detalle.

Señor Presidente: repito que comparto la filosofía del proyecto, y en general, lo señalado por parte del miembro informante, señor senador Berro. En ese sentido, entiendo que este proyecto debe ser consagrado como texto legal. Pero, no dejo de advertir -y lo quiero adelantar desde ya- que existen algunos desajustes en el texto que en este momento, no podrían ser obviados en la forma deseada.

Además, señor Presidente, creo que existen normas que en un análisis preliminar -porque no he tenido la oportunidad de profundizar en el estudio de este proyecto establecen quizás ciertas delegaciones que el legislador hace al Poder Ejecutivo que nos deben mover a reflexión, porque en algunas de sus normas, sin duda -al menos en una primera lectura- se está en presencia de un "cheque en blanco" o al Poder Ejecutivo o al Banco de Previsión Social, en temas que podrían ser materia propia de la actividad legislativa y no del Poder administrador.

Hay otras normas cuya justicia, aunque la buena intención se sobreentiende, quizá requiriera algún examen por parte de todos los miembros de este Cuerpo. Considero que en algún caso especial existe la omisión -desde luego, involuntaria- del cumplimiento de algunos requisitos que la propia Constitución establece, referentes a las normas vinculadas a la Seguridad Social.

Repito que todo esto es la consecuencia de un análisis no muy afinado, no muy profundo -aclaro que no formo parte de la Comisión- y que debería dar mérito a una pausa breve en la consideración del tema a fin de replantear lo señalado en Sala por parte de otros señores senadores, así como las observaciones que en forma muy esquemática acabo de expresar.

Solicito, señor Presidente -en base a lo que acabo de explicar y reiterando nuestro apoyo a la filosofía y finalidades de este proyecto y en nombre de la bancada del Partido Colorado- que el proyecto sea devuelto a la Comisión, para que tenga en cuenta estas observaciones y las que pudieran hacer los legisladores que se interesaran en el tema y luego vuelva a Sala a la brevedad.

Además debería ser escuchada la palabra del Poder Ejecutivo, a través del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca quien, según he comprobado, tendría algunas reflexiones para plantear en el seno de la Comisión, con carácter previo a la sanción de este proyecto de ley.

Si el pedido que formulo en nombre de mi bancada fuera compartido, me atrevería solicitar, señor Presidente, que se permitiera asistir a las deliberaciones de la Comisión a dos miembros de la de Constitución y Legislación.

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: el señor senador Ricaldoni plantea la vuelta a Comisión del proyecto a los fines de que se analicen diversos aspectos que han sido objeto de la atención de algunos señores senadores.

Sería útil que se concretara cuál es el motivo de ese planteamiento, porque en el curso de la deliberación sólo ha sido cuestionado el artículo 20. Al respecto, los distintos sectores políticos han compartido la opinión del señor senador Pozzolo, quien solicitó su desglose y su pase a Comisión a los fines de un análisis posterior por parte del Poder Ejecutivo y de las actuales autoridades del Banco de Seguros del Estado, que son las que han hecho caudal en torno a las graves consecuencias que esta disposición puede importar para el regular funcionamiento del propio Banco.

Además, con respecto a los artículos 23, 24 y 25, distintos integrantes del Frente Amplio dieron a conocer sus puntos de vista. Recuerdo, particularmente, el del señor diputado Ambrosoni. Es decir, hay un cuestionamiento frontal por parte del Frente Amplio con respecto a las facilidades de pago para los pequeños productores, lo que determinó que dichos artículos fueran votados negativamente en la Cámara de Representantes. Ahora se anuncia que lo mismo ocurriría aquí.

Las disposiciones que cité fueron fruto de un acuerdo político llevado a cabo por una subcomisión en la que, por una razón meramente circunstancial, no participó el señor representante Ambrosoni. En el curso de la discusión quedó aclarado que no hubo ánimo de excluirlo. En la deliberación final, cuando se entró a considerar algunos aspectos en los que había desinteligencia entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, no estuvo presente el representante Ambrosoni. En cambio lo estuvieron los representantes del Poder Ejecutivo, los señores representantes Silveira Zavala, Lorenzo Ríos, del Partido Nacional y José Cerchiaro San Juan, del Partido Colorado. Allí se elaboró lo que se aclaró perfectamente era una fórmula transaccional. Ninguno de estos integrantes estuvo de acuerdo con la solución, pero sí en aceptar que no había otro camino, a pesar de que, en cierta forma, implicaba privilegiar o bonificar a los pequeños productores, pero partiendo de la base de que esta temática no podía tener tratamiento parlamentario sin la iniciativa del Poder Ejecutivo. Además se reconoció que era más grave no dictar norma alguna, estableciendo un verdadero vacío o un caos, que dar una solución para los pequeños productores con respecto a los atrasos y consolidar un régimen de pagos mas adecuado que el de la propia ley de facilidades de pago.

Quiere decir que ya son conocidas todas las objeciones y que éstas son imposibles de superar en el seno de una Comisión.

El Frente Amplio discrepa con el contenido de los artículos 23, 24 y 25, por lo cual es difícil un arreglo. Por lo tanto, reitero que no alcanzo a entender cuál es la razón por la que se pretende solicitar la vuelta a Comisión de este proyecto. No hay nada que pueda ser objeto de un nuevo análisis. Eso se hizo en la forma debida y agotadoramente.

En consecuencia, nosotros consideramos que ha llegado el momento de adoptar una decisión, que es necesario votar este proyecto que el país aguarda y que también están esperando todos los productores rurales de la República. Entonces, no habiendo ninguna razón de peso que justifique otra posición, no podemos incurrir en una demora que, en definitiva, no aportaría ninguna solución a la problemática planteada.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no creo que puedan elevarse a la categoría de acuerdo político los consensos que surjan de una Comisión parlamentaria.

Alguna vez, en el Senado, nos hemos enterado, a través de la prensa, de acuerdos políticos surgidos en la Cámara de Representantes que después no eran tales. No hace mucho tiempo sucedió algo así con una ley de alquileres, lo que motivó una intervención del señor senador Pereyra.

Me parece muy bien, señor Presidente, que se busquen acuerdos. Es una actitud que practico fervientemente en las Comisiones de que formo parte. Casi nunca surgen disidencias visibles en el seno de las Comisiones. Pero creo que aquí de lo que se trata es de aportar lo que cada uno pueda, de acuerdo a su leal saber y entender, para que el producto final de la labor parlamentaria, que son las leyes, salga de la mejor forma posible.

Los desacuerdos pueden darse en dos terrenos: uno, en el filosófico, que admito que no son fáciles de superar, y, otro, que resulta de no haberse meditado suficientemente sobre los posibles inconvenientes, injusticias o inconstitucionalidades de un proyecto de ley.

No deseo, señor Presidente, que el Senado se embarque en una fatigosa prueba de paciencia para encarar la serie de reservas que me merecen algunas discusiones concretas del proyecto.

Creo que se gana tiempo si en vez de dar mérito a una larga discusión particular las discrepancias se plantean dentro del ámbito menos formal de una Comisión.

Además, me permito recordar las palabras que estaba pronunciando antes de que el señor senador Tourné me interrumpiera. En conversaciones que mantuve con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el ambulatorio, me señaló su interés de concurrir a la Comisión para hacer escuchar su punto de vista con respecto a algunas de las disposiciones que estamos considerando en Sala.

Me parece que también este argumento abona en favor de la tesis de postergar por algunos días el análisis en el plenario de este proyecto de ley, habida cuenta de que en consulta con la bancada -hablo en nombre de todos los sectores del Partido Colorado- solicitamos esa oportunidad para contribuir con algunas mejoras que parecen necesarias al proyecto de ley.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en la Comisión de la Cámara de Representantes se llegó a un acuerdo político, como ya ha informado el señor senador Tourné. Dicho acuerdo comprendía la aprobación de todos los artículos de este proyecto de ley, incluido el 20. Y ahora aquí, en el Senado, al eliminarse esta disposición y aprobarse el resto del articulado, se soslaya y deja de lado el acuerdo político.

Lo que yo dije -y lo repito ahora- es justamente eso, que así como vino bien que en la Cámara de Representantes se aprobara un proyecto mediante un acuerdo en el que también expuso su punto de vista y opinión concordante el Poder Ejecutivo, es de utilidad que en el Senado sea aprobado un proyecto de ley que tenga la misma base de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los distintos partidos.

Expresé -y tengo razón- que el trámite parlamentario se va a enlentecer, porque aquí se va a modificar el texto pendiente, eliminándose el artículo 20. Ya no es lo mismo, porque en la Cámara de Representantes este proyecto de ley originalmente contaba con el aval del Poder Ejecutivo, y ahora no se aprueba el mismo texto. Además, con el agregado de que otro señor Secretario de Estado -según dice el señor senador Ricaldoni- tiene, si bien no observaciones, por lo menos comentarios que formular al articulado.

Lo que yo sostuve hoy no es más que eso. Lo demás no es otra cosa que una deducción que no corresponde, porque si este proyecto se aprueba hoy sin el artículo 20, la sanción del mismo en la Cámara de Representantes va a dar mucho más trabajo del que daría sí de aquí saliera un texto que contara con el acuerdo de todos. No hay que ver otra cosa en mis palabras de hoy que esto que acabo de afirmar. Pero ahora, con más razón, porque si se integra la Comisión que estudió el asunto -la de Asuntos Laborales y Seguridad Social- con dos miembros de la de Constitución y Legislación, se puede mejorar el texto, como se ha dicho en Sala. Entonces podremos en cualquier momento -no hay necesidad de demorar mucho- votar un proyecto de ley que cuente con la aquiescencia común. Lo que yo dije no fue, ni de lejos, otra cosa que eso. Si hubo acuerdo en la Cámara de Representantes para votar un texto, que lo haya también en la Cámara de Senadores para aprobar otro; y no que la Cámara de Senadores vote un texto distinto del de la otra Cámara, dejando de lado la posición o punto de vista de uno de los factores que intervinieron en la consecución del acuerdo de la Cámara de Representantes.

Es nada más que eso, señor Presidente. No se trata de que mis palabras hayan ido más allá de lo que yo quise decir, sino que se interpreta lo que quise manifestar más allá del significado estricto de mis palabras.

Por esos motivos, señor Presidente acompaño la moción de pase a Comisión, agregando el pedido de que se lleve a cabo una reunión con representantes del Poder Ejecutivo e integrantes de la Comisión de la otra Cámara el jueves de mañana. Ello daría margen para que nos pusiéramos de acuerdo en relación a estos puntos; y el jueves de tarde, en la sesión extraordinaria que se anuncia para tratar ciertos asuntos que están pendientes, podría perfectamente incluirse la consideración de este proyecto de ley.

Era lo que quería manifestar, señor Presidente, y agradezco al señor senador Ricaldoni la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo preguntar a la Mesa cuánto tiempo me queda para concluir mi exposición, porque me han podido interrupciones los señores senadores Araújo y Silveira Zavala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Le quedan quince minutos para concretar la media hora, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Nunca me niego a conceder las interrupciones que se me solicitan, pero pido a los señores senadores que sus palabras sean lo más breve posible, porque la suma de dos interrupciones excede mi tiempo, y quiero redondear mi exposición.

Concedo una interrupción al señor senador Araújo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Agradezco al señor senador y le aclaro que se trata de una simple aclaración que me va a llevar menos de cinco minutos.

El Frente Amplio -creo que esto se ha entendido claramente a través de mis expresiones- va a votar en general favorablemente este proyecto de ley. Nosotros no hemos pedido en momento alguno que el mismo sea de vuelto a Comisión para estudiar los artículos 23, 24 y 25. De ninguna manera. Hemos dicho otra cosa: que esto hoy salga así, y luego presentaremos un proyecto de ley que contemple una refinanciación en otras condiciones.

Quiere decir que el voto del Frente Amplio no entorpece para nada la aprobación inmediata del proyecto de ley que estamos considerando. Digo esto como aclaración.

En segundo lugar, solicito que se reflexione sobre lo siguiente. Hoy se agrega a la solución propuesta por la bancada del Partido Colorado la necesidad de expresar algún comentario por parte del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el seno de la Comisión. La primera iniciativa sobre este proyecto de ley, perteneciente al señor senador Silveira Zavala, data del día 4 de junio de 1985. Creo que en este país todos hemos hablado sobre este proyecto de ley. El Poder Ejecutivo también ha expresado su punto de vista, porque incluso tuvo que enviar su propia iniciativa y debió estar presente a través de sus representantes, en todas las discusiones que se han llevado a cabo sobre el tema, tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. Y en esta sesión, cuando tenemos un plazo perentorio por delante, se dice que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quiere formular nuevos comentarios. Está en su derecho, señor Presidente, y nosotros lo podremos escuchar encantados; pero creo que no podemos detener, en modo alguno, la consideración de este proyecto de ley por esa causa.

Considero que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tuvo tiempo suficiente para expresar su pensamiento. Pero, además, como bien me lo señala el señor senador Rodríguez Camusso, él puede ingresar a Sala en este preciso instante, para formular los comentarios que considere pertinentes, porque no se trata de observaciones. En ese sentido, no tenemos inconveniente en escuchar sus comentarios; pero lo que sí creemos es que no se puede diferir la aprobación de este proyecto de ley.

Si todos hemos aceptado que el texto que estamos considerando no contempla las inquietudes de todos y hemos tenido que ir transando con tal de aprobar algo importante y bueno para el país, a efectos de eliminar lo actual, que es nefasto, pues vamos a cumplir con los plazos que nos hemos prometido a nosotros mismos.

Nada más, señor Presidente, porque no quiero excederme.

Agradezco al señor senador Ricaldoni la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que el señor senador Araújo no me ha comprendido bien. Yo no soy en modo alguno intérprete del Frente Amplio. No dije que esta coalición política acompañara un pedido de pase a Comisión; simplemente expresé que, por diversas razones, entre otras, observaciones que he escuchado en Sala como lo ha hecho la bancada de mi partido, todas eran argumentaciones coadyuvantes a esta idea que estoy expresando de que no estamos en condiciones de abocarnos al análisis a fondo de este proyecto de ley.

Creo que se gana tiempo -la experiencia del Senado lo demuestra- trabajando en Comisión y llevando a ésta las observaciones, objeciones y -si las hay- las críticas que puedan merecer una disposición u otra. Y yo en modo alguno hablé en nombre de nadie que no fuera integrante de esta bancada. En resumen, señor Presidente, termino reiterando cuál ha sido mi moción.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RICALDONI. - Veo que el señor senador Silveira Zavala me solicita una interrupción. Se la concedo con mucho gusto, aunque ya doy por terminada mi exposición solicitando que en el momento en que la Presidencia lo estime oportuno, se considere el pedido que acabo de formular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Telegráficamente, señor Presidente. quería señalar que este proyecto de ley no es el producto de un acuerdo de una Comisión Parlamentaria, sino el fruto de un entendimiento entre la Comisión parlamentaria y el Poder Ejecutivo. Este texto vino con Mensaje del Poder Ejecutivo en todas y cada una de sus disposiciones. El fue discutido desde agosto de este año, fecha en que el Poder Ejecutivo envió su iniciativa. Acá están todas las versiones taquigráficas de las discusiones llevadas a cabo con los representantes del Poder Ejecutivo. De manera que si el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene algún comentario que hacer sobre un tema de Seguridad Social, si bien me parece muy atendible su solicitud, no es oportuna porque el proyecto cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sin embargo, resulta que ahora hay un miembro del mismo que tiene que hacer comentarios sobre su texto. Por tanto, no entiendo su posición.

Muchas gracias

SEÑOR FRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Sobre este proyecto de ley, realicé en la Cámara de Representantes una larga exposición de la que voy a hacer gracia al Senado, al no reiterarla, en virtud de que me parece innecesaria y, además, porque el señor miembro informante de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social efectuó un magnífico informe sobre el mismo.

Por lo tanto, creo que es necesario entrar a la discusión particular del proyecto y, repito, considero que la exposición resultaría innecesaria.

Finalizo expresando que para la historia de la ley, en lo que me es personal, realizamos las precisiones necesarias en la Cámara de Representantes y, en consecuencia, reitero, no es imprescindible mi intervención en el Senado de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea señalar que hay una moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni, que interrumpe el debate.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para referirme a la moción de orden formulada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pediría al señor senador Ricaldoni si puede reconsiderar su moción, porque aquí ha surgido una sola dificultad y es en relación al artículo 20 que establece el problema de las prestaciones del Banco de Seguros del Estado, su monopolio, etcétera.

El proyecto de ley fue sancionado por la Cámara de Representantes, después de un año de consideración, aprobado por unanimidad en la Comisión del Senado y, además, existe una verdadera expectativa por su sanción. El mismo tiene consecuencias económicas muy importantes para los productores, y, a medida que pasa el tiempo -debemos tener en cuenta que llevamos más de un año discutiendo este tema- siguen corriendo las obligaciones de los productores ante la Seguridad Social. Cada trimestre que los pequeños productores tienen que enfrentar bajo el régimen legal establecido por la dictadura, es una verdadera tragedia. Lo cierto es que por discrepancias en la solución del articulado, llevamos más de un año prorrogando de hecho un régimen que todos estamos de acuerdo que es injusto.

En consecuencia, el pase a Comisión puede representar, a los efectos de la opinión pública y de los productores, una prórroga más de un régimen en el que todos coincidimos es tremendamente injusto y muy gravoso.

El señor senador Ricaldoni conoce, quizás más que yo, la zona de Bella Unión, la que tuve oportunidad de visitar este fin de semana. Debo decir que se acercaron productores con lágrimas en los ojos, ante lo que supone el hecho de asumir las obligaciones de la Seguridad Social bajo el régimen actual. Estos productores están dedicados a cultivos intensivos, como, por ejemplo, el de la caña de azúcar -que todavía está en zafra- algunos son horticultores de cultivos de primor, y tienen que hacer frente a obligaciones imposibles de pagar trimestre a trimestre.

Repito que en el tratamiento de este tema llevamos un año y varios meses, y en la tarde de hoy -esperada con singular anhelo e inquietud por miles y miles de productores de todo el país- cuando el Parlamento va a sancionar esta norma que, como todos hemos expresado, es de justicia, y se va a poner punto final a un régimen que es profundamente injusto, resulta que se pide el pase de todo el proyecto a Comisión. De esta forma seguimos prorrogando un régimen, cuya iniquidad es conocida y denunciada por todos.

Entonces, si aprobamos el proyecto en general, si comenzamos el análisis de sus artículos, y si en alguno de ellos -como parecería ser en el 20- hay dificultades, lo desglosamos, ya que no hace a la esencia del proyecto, ni rompe su unidad. Si procediésemos de esta manera, podríamos enviar hoy este proyecto a la Cámara de Representantes, a la que sólo le queda una sesión en todo el mes, que es precisamente la del día de mañana; por tanto, ésta sería la única posibilidad de que el proyecto quedara aprobado en el mes de octubre.

En aras de la inquietud que existe en el medio rural, especialmente en el de los pequeños productores y de los que se dedican a explotaciones intensivas, solicitaría al señor senador Ricaldoni si puede reconsiderar la moción del Partido Colorado, acerca de pasar todo el proyecto a Comisión. Pienso que si lo aprobamos en general, deberíamos analizar su articulado; sabemos que el artículo 20 es el que presenta dificultades, pero deberíamos seguir en la consideración del tema.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ya hablamos hecho conocer nuestra preocupación sobre el alcance del artículo 5º de este proyecto de ley. Sin embargo, con el propósito de no interrumpir el trámite de dicho proyecto, lo votamos favorablemente, porque sabemos que, en general, es muy beneficioso, y va a brindar una solución a los productores rurales que están esperando la vigencia de este proyecto para regularizar sus aportes con el Banco de Previsión Social.

Nuestra preocupación radica en lo que dice la parte final del artículo 4º, cuando expresa: "Si en la superficie ocupada, como predio subsistencial, no se realizan tareas o faenas agropecuarias que generen obligaciones compendidas en la Ley Nº 11.617, de 20 de octubre de 1950, sus modificativas y concordantes, no corresponden el pago de ninguna contribución a que se refiere esta ley, pero su ocupante deberá prestar la declaración jurada establecida en el artículo 14". Y también en el artículo 5º, que dice: "Cuando no existiere explotación agropecuaria, el propietario del inmueble no explotado será responsable del pago de los referidos aportes, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que, disponiendo del inmueble, no lo explotare".

No me parece justo, señor Presidente, que un pequeño productor que tiene parte de un predio arrendado a una persona que está ocupando el campo y que no lo explota porque abandona ese trabajo, si como la ley lo establece está sin explotar, el responsable sea el dueño. Con esto le haríamos mucho daño a los pequeños productores, ya que son éstos -y no los de grandes extensiones- quienes pueden verse enfrentados a este tipo de problemas.

En ese sentido, para no interrumpir el trámite de este proyecto de ley, lo aprobamos en general. Pero si ahora se considera que, con el pase a Comisión, el mismo se va a mejorar, la Unión Colorada y Batllista no tiene inconveniente en acompañar esa moción, con la urgencia que el caso merece.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse del tema, tiene la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI - Señor Presidente: la semana pasada estábamos todos de acuerdo en que lo que había que hacer con este proyecto de ley era, justamente, evitar que volviera a la Cámara de Representantes. Inclusive, más de una vez hablamos sobre esto con el señor senador Silveira Zavala. Es decir que si votábamos el proyecto con esa redacción, el Senado de inmediato lo ponía en vigencia, puesto que contaba con la sanción de la Cámara de Representantes. Pero hoy el problema cambió y tomó un cariz distinto, desde el momento en que comenzamos a hablar del alcance del artículo 20.

El proyecto volvería a la Cámara de Representantes no sólo porque nosotros hayamos observado el artículo 20, sino porque todos lo hemos hecho. Además, la Comisión redactó un artículo sustitutivo del 20, y la aprobación de este texto, que se podría haber hecho aquí, importaba el regreso a la Cámara de Representantes. En cambio, si como originalmente habíamos dicho, votamos el texto tal como viene, pasando por alto algunas deficiencias, errores que pueda tener desde el punto de vista jurídico e inclusive gramatical, conseguiríamos lo que todos deseamos, y que es a lo que se refiere el señor senador Zumarán, o sea, que hoy se aprobara una ley sobre este tema.

Si hoy no hay una ley en esta materia, no es por culpa nuestra, sino porque el artículo 20 no agradó a nadie. ¿Hay ambiente en el Senado para votar este proyecto? Lo hubo durante toda la semana pasada, así como también en Comisión; pero en cambio ahora no hay acuerdo porque el artículo 20 reclama algunas precisiones en un sentido o en otro.

Lo que expresamos, señor Presidente, es que el desglose del artículo 20 puede representar, para ese aspecto del proyecto, un relegamiento casi indefinido en el tiempo.

No sabemos cuánto tiempo va a demorar la Comisión en tratar y discutir este punto. En Comisión se debe esclarecer cuál de los organismos va a efectuar las prestaciones. El Poder Ejecutivo y muchos legisladores han creído que tiene que ser el Banco de Previsión Social, en cambio, otros sostienen que tiene que ser el Banco de Seguros del Estado.

Ya que hoy no se puede aprobar este proyecto de ley señor Presidente, y que, por lo tanto, tiene que volver a la Cámara de Representantes -no por culpa de nosotros sino de todos- lo que se podría hacer es pasarlo a Comisión y, posteriormente, con el acuerdo de todos los señores senadores, regresarlo a la Cámara de Representantes, ya que es el trámite constitucional ineludible.

La verdad es, señor Presidente, que el artículo 20 ha sido objeto de resistencia en la Comisión por parte de todos, y ese es el escollo que impide que el país tenga sancionado, con fuerza de ley, un proyecto sobre esta materia tan delicada, importante e impostergable, como aquí se ha dicho.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra, señor Presidente, para ocuparme de la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Creemos, señor Presidente -como se ha señalado en Sala- que este tema ha llevado más de un año de trabajo. Tanto los senadores, como los representantes de las diferentes bancadas, hemos intervenido en su elaboración, aportando articulados, trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo y logrando esforzadamente una solución respecto de la cual algunas bancadas tienen ciertas discrepancias, como, por ejemplo, la que el Frente Amplio ha planteado con respecto al problema de las deudas. Por otra parte, ahora se ha suscitado la relacionada con el Banco de Seguros del Estado; su propio Directorio ha hecho llegar a la Comisión del Senado sus observaciones, que son de gran entidad. No voy a extenderme sobre este punto, ya que ha sido explicado por varios señores senadores que han intervenido en el debate.

Considero, señor Presidente, que el solo hecho de que se elimine el artículo 20, no importa innovar sobre el sistema vigente, sino dejarlo pendiente a los efectos de que se estudie. Creo que este tema es de gran trascendencia porque se relaciona con todo el sistema de accidentes de trabajo de los trabajadores rurales. Por lo tanto, en el día de hoy podemos aprobar lo relacionado con la médula del problema de la seguridad social para los trabajadores rurales, detrás del cual -como muy bien se ha dicho aquí- hay decenas de miles de familias angustiadas tratando de resolver un asunto, que tiene acongojado a un sector importantísimo de los productores rurales.

Por esas razones, señor Presidente, reclamamos que la bancada del Partido Colorado reconsidere su actitud de solicitar el pase de este tema a Comisión, a los efectos de viabilizar el trámite de este proyecto a la Cámara de Representantes, con la seguridad de que todos nos vamos a poner a estudiar los temas que queden pendientes durante el tiempo que sea necesario.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: pienso que si seguimos el criterio que ha sido expuesto -y que anteriormente planteó el señor senador Zumarán- corremos el riesgo de aprobar un proyecto trunco y creo que de lo que se trata, es de aprobar uno que contemple todos los aspectos que están involucrados en el tema. El artículo 20 es, sin duda, muy importante porque, aparte de las consideraciones que formuló el Directorio del Banco de Seguros del Estado en la nota que distribuyó el señor Presidente, aquí hay de por medio otra cuestión que es preciso tomar en cuenta y se refiere a la necesaria facilidad que tienen que tener todos los productores -sobre todo los pequeños y medianos- para realizar una sola aportación y no estar dando vueltas pagando una parte en un lado y, otra, en otro, o sea creándole innumerables complicaciones que, en defintitiva, no sólo determinan trabas sino, inclusive, costos, porque tienen que trasladarse a la capital del departamento o a un lugar distante de su explotación. Todo ello genera costos, ya que tienen que acudir a intermediarios que les cobran.

Por lo expuesto, señor Presidente, se debe encontrar una fórmula que permita que sea uno solo el organismo recaudador y establecer los mecanismos necesarios para que la prestación del servicio la pueda hacer el Banco de Seguros del Estado. Antes ocurría así; los productores -entre los que me incluyo- pagábamos en un solo lado y el seguro por accidentes lo prestaba el Banco de Seguros. Por lo tanto, lo que hay que asegurar es lo que este organismo planteó en su nota, es decir que pueda recaudar lo que se debe.

Ese, como algún otro aspecto que se ha planteado aquí creo que amerita para que pasemos este tema a Comisión, con el encargo de que ésta, en el correr de dos o tres días -creo que no puede llevar más tiempo lo que queda pendiente de este proyecto- lo traiga nuevamente a Sala. Estos temas, señor Presidente, tienen gran complejidad y no podemos redactarlos aquí en Sala sin correr el riesgo de hacerlo en forma imperfecta. Por lo tanto, la Comisión en el correr de dos o tres días puede traer el problema solucionado.

Pienso -y en esto me permito discrepar con el señor senador Zumarán- que la Cámara de Representantes, dada la importancia de este asunto -que todos compartimos y tenemos conciencia de él- puede realizar una sesión extraordinaria en cualquier momento para aprobar este proyecto.

Por otra parte, señor Presidente, la fecha de vigencia, que es lo que realmente importa, no cambiaría porque en el artículo 4º de este proyecto de ley se implanta que es a partir del 1º de octubre.

Considero que por la seriedad con que tenemos que encarar este tema trascendente -y como se ha evidenciado es muy complejo- haríamos bien en pasarlo a la Comisión con el encargo de pronto despacho. Allí los representantes de todas las bancadas tendrán el cometido que le asignemos en el sentido de despacharlo rápidamente. No bien se llame a Comisión al Poder Ejecutivo, este va a venir y trabajará como debe hacerlo. Por lo tanto, en pocos días, en una sesión extraordinaria, podremos aprobar este proyecto de ley, enmendando lo que haya que corregir y, la Cámara de Representantes -también en una sesión extraordinaria- hará lo mismo. Si hacemos otra cosa, como por ejemplo no votar el artículo 20, creo que corremos el riesgo de aprobar un proyecto trunco y, de lo que se trata aquí es de implantar una solución que abarque el conjunto de los problemas que están de la producción agropecuaria y, como es obvio, a los pequeños productores, que son los que más han sufrido por la implantación del régimen vigente.

SEÑOR ZUMARAN. - Van a seguir sufriendo, señor senador.

SEÑOR SINGER. - No van a seguir sufriendo, señor senador, porque la fecha de vigencia no la vamos a modificar. El que aprobemos este proyecto de ley hoy o dentro de cinco días no cambia la fecha de entrada en vigencia del mismo. Este proyecto no va a regir desde el momento de su aprobación; tal cual lo establece el artículo a que he dado lectura, tendrá vigencia a partir del 1º de octubre. Y creo que hacemos bien si le recomendamos a la Comisión que lo despache rápidamente. Está en manos de sus miembros el hacerlo y, en consecuencia, nosotros aprobaremos un proyecto que no tendrá ninguna de las que se hicieron mención en Sala.

Reitero que la Cámara de Representantes no puede tener ningún inconveniente -ya que ha realizado tantas sesiones extraordinarias para otros temas- en hacer una para aprobar este proyecto de ley.

SEÑOR BERRO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. - Señor Presidente: se ha dicho que el proyecto de ley sin la inclusión del artículo 20, estaríamos sancionando un proyecto trunco. Quiero señalar mi absoluta discrepancia con este planteamiento.

El tema central es la restructura del régimen de aportaciones rurales; dentro de él –que es un todo orgánico y eso sí no podría modificarse sin tratarse de un proyecto trunco- se ha injertado una disposición de fondo sobre otro asunto que es el monopolio eventual del Banco de Seguros del Estado, que no tiene nada que ver con el de las aportaciones rurales.

Es decir que si hoy se vota el proyecto de ley en discusión particular sin incluir el artículo 20, lo que estamos haciendo no es sancionar un proyecto trunco, sino purificado y despojado de un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando esta noche. Creo que sería conveniente considerarlo en otra oportunidad, buscando el acuerdo de todos los sectores interesados.

El proyecto es un todo orgánico sin el artículo 20 porque éste es un injerto y un agregado ajeno a la esencia misma del tema. Vale decir que no estaríamos aprobando un proyecto trunco, sino todo lo contrario, pues estaríamos despojándolo de todo lo impuro.

En consecuencia, señor Presidente, no voy a votar la moción de pase a Comisión de todo el tema.

SEÑOR RICALDONI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse de la moción de orden, tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: deseo expresar mi coincidencia con las expresiones formuladas por los señores senadores Cigliuti y Singer. Se trata de razones absolutamente atinadas que respaldan la propuesta que formulé hace unos momentos.

Además, es bueno señalar que en la propuesta que presenta la bancada del Partido Colorado, en modo alguno se está buscando una forma directa o indirecta de evitar la consagración legal de un sistema que, tal como lo hemos manifestado en Comisión y fuera de ella, compartimos –se lo recordamos al señor senador Zumarán- ya que se originó en el Poder Ejecutivo. Por tal motivo no puede quedar entre líneas la suposición de que el partido Colorado no está de acuerdo con el proyecto de ley, y a partir de allí establecer poco menos que un enfrentamiento del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado con los productores agropecuarios, especialmente con los pequeños y medianos. Quiero señalar esto expresamente, porque la iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo, no sólo por mandato constitucional, sino porque lo quiso como voluntad política expresa.

En cuanto al segundo argumento que deseo objetar es el que se relaciona con el hecho de que la demora va a perjudicar a los productores. Entiendo que no es así. En primer lugar, porque el proyecto puede volver a la consideración del Senado en el correr de la próxima semana, ya que nadie está pidiendo que esto se postergue indefinidamente.

Se me ocurre que un buen trabajo de la Comisión puede dar mérito a una discusión en el Senado en el correr de una sesión extraordinaria que podría realizarse, repito, en el transcurso de la próxima semana. En ella se podría considerar un proyecto ajustado que elimine un debate estéril y excesivamente largo. Estas expectativas que se podrían ver frustradas, no reposan en ninguna afirmación concreta, porque este proyecto de ley, insistiendo con el sistema actual, establece que las aportaciones se hacen en forma trimestral y este régimen entra en vigencia a partir del 1º de octubre. Por lo tanto, el problema de saber cómo va a pagar los aportes de la seguridad social, al productor no se le va a plantear dentro de diez días.

En ese sentido, el argumento es aparente porque ya se apruebe el proyecto de ley en el día de hoy o en el correr de la semana que viene, de todas formas, los productores no se verían enfrentados al problema del pago.

Si en el Senado estamos de acuerdo en la realización de una sesión extraordinaria en los próximos días -dada la trascendencia del tema- no comprendo qué argumentos pueda tener la Cámara de Representantes para no actuar en la misma forma. De esa manera, a fines de la semana próxima tendríamos un proyecto pulido y sin las objeciones que algunos de los señores senadores pueden presentar respecto a su redacción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

- 13 en 26. Empate.

Se reabre la discusión.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

- 13 en 27. Negativa.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: hemos votado afirmativamente, tal como lo habíamos anunciado, por entender que en realidad no dilatábamos la sanción de la ley.

Evidentemente, si predomina el espíritu que se ha puesto de manifiesto y este proyecto de ley se vota extrapolando, segregando el artículo 20, seguramente va a volver a la Cámara de Representantes como un proyecto trunco. Si hay algo que creo debemos evitar es que miles y miles de medianos y sobre todo pequeños productores tengan que ir al Banco de Seguros o a sus agencias departamentales a contratar y pagar trimestralmente los recibos por los seguros de accidentes de trabajo rural.

Si procediéramos de esta forma le crearíamos una complicación inútil, innecesaria y costosa a decenas de miles de pequeños y medianos productores. Precisamente lo que tratamos de evitar es que suceda esto, y no quitarle al Banco de Seguros la prestación del seguro para los trabajadores rurales. Tratamos, sí, de establecer un régimen por el cual con un solo aporte, el productor rural cumpla con sus obligaciones y no este, como ahora, deambulando de un lado para otro.

Para conocer esto hay que tener presente las dificultades de aquellas personas que tienen pocas cuadras de campo y no están en condiciones de trasladarse para cumplir en tiempo y forma con este tipo de obligaciones. Una de nuestras principales preocupaciones debe ser facilitar su trabajo al productor rural, evitándole el papelerio inútil y las trabas que se le han puesto a esa gente, que lo único que desea tener es tiempo disponible para producir.

De lo contrario tendría que deambular por las oficinas llenando formularios, complicándose la vida, o, de no poder concurrir personalmente, tendría que contratar otras personas para realizar esos trámites.

Entiendo que eliminar el artículo 20, más que dejar trunco este proyecto, le deja una pata suelta, porque obligaría a los productores a que, aparte de realizar sus aportaciones en el Banco de Previsión Social, deban concurrir trimestralmente al Banco de Seguros del Estado para llenar formularios, hacer colas y pagar.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: he votado afirmativamente la moción con algunas reservas, porque como es notorio había formulado una propuesta concreta al inicio de la sesión.

He procedido de esa forma en función de que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, como lo manifestó el señor senador Ricaldoni, solicitó ser oído y dada la banca que ocupo, me vi obligado a acompañar el pase a Comisión.

Deseo dejar claramente establecido que entiendo que existe un error conceptual muy importante en el fundamento de voto del señor senador Singer. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sistema de aportación que queda resuelto por el resto del articulado.

(Apoyados)

El artículo 20 establece quién debe atender a aquella persona que sufra un accidente. Si este artículo no se incluye en la ley continuamos con un régimen de tributación modificado y con un sistema de asistencia como el que el país venía teniendo a través del Banco de Seguros.

Este artículo 20, tal como vino redactado de la Cámara de Representantes, se inclina por la posición del Poder Ejecutivo en el sentido de que sea el Banco de Previsión Social el que reemplace las funciones del Banco de Seguros -y lo expresé muy claramente en la sesión de hoy- en lo que tiene que ver con la prestación de servicios en caso de accidente. Había manifestado que tendrían que ser muy poderosas las razones del Poder Ejecutivo para que pudiéramos modificar, por medio de una ley de tributación, todo un sistema tradicional de asistencia que la legislación del país había adjudicado al Banco de Seguros.

Esto no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de tributación que, con el artículo 20 o sin él, queda mejorado con relación a lo manifestado por el señor senador Singer.

No puedo dejar de señalar que me causó cierta sorpresa el hecho de que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, haya concurrido hoy al Parlamento para solicitar ser escuchado, cuando hace más de un año que este proyecto de ley se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes y ahora en el Senado. Además como se ha dicho que esto surgió por un acuerdo entre las bancadas parlamentarias y el Poder Ejecutivo representado por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, me asombró saber que hoy se planteó esta situación.

Señor Presidente: atendiendo fundamentalmente a las razones expuestas, voté afirmativamente el pase de este asunto a Comisión y lo volvería a hacer, pero con la condición de que su estudio no demorase más de tres o cuatro días.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE. - Para fundar el voto, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Con relación a las expresiones del señor senador Singer, quería aclarar que la aportación es única, global, unitaria y unificada.

La aportación al Banco de Seguros del Estado por accidente de trabajo y enfermedad profesional, está contemplada en el monto de la contribución que va a realizar el patrono rural de acuerdo con la tasa que se establece. Lo único que hacía el artículo 20 era fijar quién efectuaba esa prestación a los siniestrados; todo el papelerío, la unificación y simplificación de la aportación están contemplados en el artículo 4º que establece que el aporte se realiza por el sistema del Banco de Seguros.

Quiero señalar además que el productor rural no tendrá que concurrir al Banco de Seguros, lo que por otra parte garantiza al trabajador que va a estar contemplado en la planilla trimestral, porque anteriormente se producía una evasión de aportes, ya que se presentaban planillas distintas al Banco de Seguros y al de Previsión Social. Aquí s establece el mismo régimen que el de la Ley Nº 13.705: comprende todas las aportaciones que tiene que realizar el patrono.

En cambio, el artículo 20 se refiere a quién es el que tiene que realizar la prestación. Además, existe un artículo que dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley. Por lo tanto de esa forma se podrá solucionar el problema o, de lo contrario, eso se podrá lograr por medio de un proyecto que estamos todos comprometidos a apoyar.

Por otra parte, deseo destacar que me extraña la posición del señor Ministro de Ganadería, Agrícultura y Pesca, por cuanto el proyecto del Poder Ejecutivo, que establecía esa situación, estaba firmado por él: las rúbricas son las de los señores Ministros Fernández Faingold, Zerbino y Bonino Garmendia.

Considero que queda subsanada la intranquilidad del señor senador Singer, que es la propia, porque nosotros tratamos de evitar el deambular de los contribuyentes de oficina en oficina. Cuando se sancionó la Ley Nº 13.705, los contribuyentes tenían que concurrir a tres oficinas: Caja Rural, Asignaciones Familiares y Banco de Seguros; ahora al unificar la aportación, tienen que ir a una sola. Además, cuando hay un accidente de trabajo, si el Banco de Previsión Social acredita que esa persona figura en la planilla patronal como obrero, el siniestrado va al Banco de Seguros del Estado, y allí se le presta la asistencia que corresponde.

El Poder Ejecutivo había agregado un artículo que por lealtad voy a votar -porque así lo hice en la Cámara de Representantes- pero adelanto que estoy dispuesto a estudiar el tema para encontrar una solución. Finalmente, vuelvo a señalar que este proyecto cuenta con la iniciativa total del Poder Ejecutivo en todas y cada una de sus disposiciones.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: simplemente quiero señalar que he votado negativamente la moción del pase a Comisión por las razones que reiteradamente ha expuesto el señor senador Zumarán.

Además, quiero agregar que este proyecto de ley, en caso de desglosarse el artículo 20, no puede crear ningún perjuicio a los trabajadores y empresarios rurales en cuanto a ocasionarles una nueva dificultad por tener que realizar un trámite más o pagar una prestación ante un ente público distinto, porque esa es la situación actual. Entonces, de ser ése el resultado del desglose del artículo 20, esta actitud en nada innovaría la situación existente.

Por otra parte, no me parece acertado, en manera alguna -aunque esto corresponde a la discusión particular- decir que el artículo 20 es una panacea; en mi concepto, en un análisis jurídico estricto, este artículo va a traer aparejadas complicaciones realmente importantes. No quiero exagerar la crítica, pero considero que desde el punto de vista jurídico -no ya en la intención de los redactores del proyecto- el artículo 20 no tiene ni pie ni cabeza, pero esto lo voy a exponer en forma más amplia en la discusión particular.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: considero que los señores senadores Pozzolo y Silveira Zavala han establecido con claridad el significado del artículo 20 y qué es lo que realmente estamos debatiendo.

Es evidente que el señor senador Singer no ha tenido la oportunidad de conocer exactamente el espíritu del Poder Ejecutivo en todo este tema, que difiere en mucho de lo que él señalaba.

Por otra parte, una de las cosas que festejábamos de este proyecto es la unificación del aporte. Es decir que esa situación a que se refería el señor senador Singer no se daría en caso de aprobarse esta noche este proyecto de ley.

Para recordar cuál es el espíritu que animó al Poder Ejecutivo en relación a este proyecto, vamos a leer lo que se establecía en el artículo 21 del texto original, que ahora pasó a ser 20. Dice -y esto es lo que está en discusión- que el Banco de Previsión Social tomará a su cargo las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores rurales dependientes a que alude el artículo 2º, literal f) de la Ley Nº 10.004, de 28 de noviembre de 1941. Es decir, que a través del artículo 21 del Poder Ejecutivo -que pasó a ser 20 luego de las modificaciones aprobadas en la Comisión y en la Cámara de Representantes- se altera un tema que nada tiene que ver con el que hoy nos reúne. Hoy estamos aquí para tratar un drama nacional que soportan los productores rurales de nuestro país. A medida que pasa el tiempo, se suman cifras hasta llegar a cantidades siderales que luego no pueden pagar, lo que les ocasiona trabas. Ya tienen bastantes problemas graves con la refinanciación de su deuda, que tampoco pueden pagar, para que les sumemos esto otro.

En la Cámara de Representantes se estudió este proyecto de ley durante largo tiempo, se discutió con el Poder Ejecutivo también durante largo tiempo, y fue así que los productores rurales tuvieron que pagar otros tres meses de aportes insólitos e inaccesibles. Si seguimos postergando la consideración de este tema, evidentemente nos va a acontecer lo mismo. Se ha dicho que no importa demasiado si esto se aprueba esta noche o más adelante porque, en definitiva, esta ley tendrá vigencia a partir del 1º de octubre. Sin embargo, todo empresario, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene que saber cuáles han de ser sus costos. Si ellos hubiesen estado seguros de que esto se aprobaba antes del trimestre pasado, habrían calculado que sus costos serían tantos y después se habrían encontrado con que tenían que seguir aportando lo mismo.

Ahora se plantea la misma situación. ¿Cómo sabe un productor rural cuánto le van a costar los aportes a la seguridad social en el próximo trimestre si nosotros continuamos sin resolver el problema?

Por las razones expuestas, creemos que es fundamental que el proyecto se apruebe esta noche. El artículo 20 no cambia la esencia del proyecto, como bien lo señalaba el señor senador Berro. Nosotros estamos tratando otro tema; lo importante es saber cuáles serán los aportes. Establecido el sistema, luego se determinará si la prestación la brindará el Banco de Seguros o el de Previsión Social. Eso lo podremos discutir a la brevedad, sin ningún inconveniente, pero reitero que esta noche es necesario que se apruebe el proyecto de ley.

Por otra parte, debo señalar que, pase lo que pase, el proyecto ha de volver a la Cámara de Representantes porque el artículo 20 no va a ser aprobado por la Comisión dado que así nos expresamos todos y cada uno de sus integrantes. En definitiva, de todas maneras deberá regresar a la Cámara de Representantes; sin embargo, una cosa es que lo haga mañana y allí se apruebe inmediatamente, y otra es que esto suceda dentro de mucho tiempo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Procuraré no aludir. Supongo que el fundamento de voto será sin alusiones de ninguna clase y que no borraremos ninguna palabra de la versión taquigráfica.

Simplemente quiero manifestar que no es sólo el artículo 20 el que ha motivado mi voto a favor del pase de este asunto a Comisión. El conjunto de argumentos que se hicieron por parte del señor senador Ricaldoni en el sentido de que el asunto pase a Comisión, son los que he tenido en cuenta para dar mi voto a favor de esa moción de orden.

Frente al artículo 20, sobre el que ya hablaremos en la discusión particular, lo que nosotros queríamos era que hubiera una resolución del Senado desde el momento en que se resolviera el otro problema, es decir, el relacionado con el régimen de aportes de los trabajadores rurales que reglamenta esta ley. Se puede aprobar el texto tal como viene de la Cámara de Representantes que tiene el mérito de contar con el consenso de todos los grupos, de los distintos Partidos políticos y del Poder Ejecutivo; o se toma posición modificando el texto y se adopta el de la Comisión que establece categóricamente que debe ser el Banco de Seguros el que continúa realizando esas prestaciones y que las del Banco de Previsión Social son únicamente de carácter económico; o se deja para considerar ese asunto y resolverlo juntamente con el resto del articulado. Personalmente considero que la mejor posición es esta última.

El Poder Ejecutivo no solicitó ser escuchado sobre este texto; pidió ser oído sobre el otro, es decir, sobre el proyecto que modificando el acuerdo de la Cámara de Representantes, establecía para este artículo una redacción, tan distinta que podía no contar con su aquiescencia. Ni siquiera el Poder Ejecutivo tuvo contacto con ese texto, y tampoco pudo emitir una opinión de fondo, ya que sobre el calor de las consultas hizo la argumentación de que seguía considerando como el más conveniente el texto que provenía de la Cámara de Representantes.

Por esa razón pensé y entiendo que la Comisión debe revisar todo el texto. Considero, eso sí, que sin una elección efectiva del Parlamento y en conjunto sobre el resto del articulado acerca de quién es el Banco que sigue haciendo las prestaciones por accidentes y seguros de trabajo, sea el Banco de Seguros o el Banco de Previsión Social, entonces sí, no estaría bien hecha la ley.

Por esas razones, considero que el proyecto debe ser objeto de un estudio en su conjunto.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Hemos visto que la actividad legislativa a veces nos ofrece situaciones totalmente imprevisibles. En el día de hoy concurrimos al Senado con el convencimiento de que este proyecto iba a tener una rápida aprobación en virtud de que, como aquí se ha señalado, lleva un largo proceso de estudio. Además, el régimen vigente en materia de aportaciones a la Seguridad Social por parte del sector rural viene mereciendo la unánime condena de todo aquel que se ocupa del tema.

Por otra parte, este proyecto viene aprobado por casi la unanimidad de la Cámara de Representantes. Como era lógico, nosotros esperábamos un trámite ágil y rápido para que se consagrara esta ley que está siendo largamente esperada por los contribuyentes.

No voy a abundar en razones para fundamentar mi voto negativo en el sentido de que el asunto vuelva a Comisión, pero simplemente me basta señalar que comparto plenamente las constancias dejadas por los señores senadores Zumarán y Aguirre.

SEÑOR BERRO. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERRO. - Quiero dejar constancia que lo que busca nuestra bancada en este momento, al igual que la Comisión, no es crearle problemas al trabajador rural haciéndolo correr de una oficina a otra para realizar los pagos, sino que buscamos simplificarle esa tarea con un aporte único. Las supuestas dificultades que se plantearon afirmando que las sufriría el trabajador rural, que debía ir de una oficina a otra, no son tales. Lo que ocurre en la realidad es que los únicos que pagan las primas por concepto de seguro de accidentes y enfermedades profesionales, son los grandes productores. Como dije, el pequeño productor no tiene el trabajo de ir corriendo de una oficina a otra, simplemente no paga, no realiza los aportes y por ende, tanto él como sus trabajadores dependientes quedan en el desamparo total. Hay una sola excepción que tiene que ver con la parte médica asistencial y que igualmente el Banco de Seguros la presta, aunque no se realicen los aportes. Lo que sí ocurre, es que se pierden los demás beneficios, al no realizarse los aportes correspondientes.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - He votado, junto con toda la bancada, a favor del pase a Comisión de este proyecto. Cuando abordemos la discusión particular, habremos de observar una serie de defectos en los que no hice hincapié en la noche de hoy. Pero cuando el proyecto sea aprobado en definitiva, habrá que hacer el balance de cuáles son esos errores. Seguramente en ese momento se advertirá, sin el apasionamiento de la sesión de hoy, los argumentos serenos y responsables que teníamos para plantear este pase a Comisión.

Insisto en que este proyecto contiene grandes inconstitucionalidades y fórmulas legislativas que más allá de la buena intención que el mismo tiene, indudablemente, existen muchas contradicciones. Quien piense que con esto se está ganando la adhesión de los productores, tendrá que esperar a que comiencen a plantearse los problemas de aplicación de la ley. Allí se podrá advertir que por no esperar una semana, se le proporcionará al productor rural un proyecto que adolece de defectos, y que podría haber sido mejorado.

Por otra parte quería expresar -como lo señalaba hace un rato el señor senador Ciglluti- que este proyecto no coincide como se ha dicho, con el del Poder Ejecutivo. En el momento oportuno, me encargaré de manifestar algunas diferencias que van mucho más allá de lo semántico entre el proyecto inicial y el que está hoy a consideración de la Cámara de Senadores.

Reitero que la apariencia de ganar tiempo, en definitiva, está conspirando con lo que reclaman los productores rurales y que muy bien señalaba el señor senador Singer, que es el saber cómo pagar y contar con una fórmula simple que evite las dificultades que actualmente tienen los interesados para cumplir con las obligaciones de la Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señores senadores: he votado afirmativamente el pase a Comisión de este proyecto, porque durante tres o cuatro horas, sin perjuicio de escuchar con atención el debate del Senado, he leído con detenimiento el proyecto. Creo que el mismo está mal redactado y que no solamente tiene errores jurídicos, sino también gramaticales.

La experiencia nos indica que este tipo de proyectos nos lleva posteriormente, en la discusión particular, infinitamente más tiempo que el que pueda demorar en una revisión por parte de la Comisión. De aprobarse la moción del señor senador Ricaldoni, la Comisión hubiera sido integrada con dos miembros de la de Constitución y Legislación que habrían podido advertir y superar algunos de los defectos que tiene este proyecto. Por ejemplo, para mencionar uno, debo decir que pasa por encima el principio de legalidad tributaria, que aquí no se respeta.

En fin; creo que hubiera sido un ahorro de tiempo el revisar este proyecto cuyas ideas todos compartimos pero su formulación nos parece muy defectuosa.

Han llegado dos mociones a la Mesa: la primera, es para que se prorrogue la hora de la sesión hasta terminar con la discusión general del proyecto y la segunda es para realizar una sesión extraordinaria el próximo día jueves.

Se dará lectura por su orden.

Léase la primera.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue el término de la sesión hasta terminar con la discusión general del proyecto que está a consideración. Firmado: Uruguay Tourné."

SEÑOR TOURNE. - Resulta claro que estamos prácticamente al final de la discusión general. Dada la inminencia del vencimiento de la hora, el propósito es el de hacer una pequeña prórroga a fin de que haya un pronunciamiento del Cuerpo sobre los aspectos generales del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

15) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase la moción por la que se solicita se realice una sesión extraordinaria.

(Se lee:)

"Formulo moción para que se realice una sesión extraordinaria el próximo jueves 16 del corriente a la hora 17, a fin de considerar el informe de la Comisión Investigadora sobre la intervención de INAC en la venta de carne a Israel y el informe de la Comisión Investigadora sobre el fallecimiento de la señora Cecilia Fontana de Heber. (Firma:) Raumar Jude."

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para ocuparse de la moción de orden tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE - Quiero hacer notar al Senado que seguramente el día jueves -o el viernes- haya que realizar una sesión de la Asamblea General debido a que vence el plazo constitucional de 60 días para considerar los vetos parciales interpuestos por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley de Prescripción de Acciones Laborales.

La Comisión correspondiente de la Asamblea General sesionó ayer y volverá a reunirse mañana a la hora 16. Como el plazo expira, es casi inevitable que se convoque a ese Cuerpo para el día jueves, o quizás para el viernes, aunque normalmente este último no es muy apropiado para la labor parlamentaria.

Hago notar esta dificultad, pero si se insiste en la moción de orden la voy a votar.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor Presidente: esta es una resolución que tomamos en la Comisión del Orden del Día. En dos oportunidades se decidió realizar sesión extraordinaria y no fue posible efectuarla. Si no se pudiera concretar el jueves, tendría que ser otro día. ¿Ya está determinada la convocatoria a la Asamblea General?

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador, pero es probable que se convoque.

SEÑOR JUDE. - Entonces, a nombre de la Comisión proponemos que se realice sesión el martes próximo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En realidad, tal cual lo informa el señor senador Jude, en la Comisión del Orden del Día, habíamos examinado esta posibilidad, pero no teníamos información sobre los elementos que adiciona el señor senador Aguirre Ramírez y que estimo son absolutamente compartibles.

Señalo sí que estos temas no podrían ser considerados, en mi opinión, hasta el jueves 30, porque no podemos olvidar que desde mañana en adelante, a lo largo de 15 días, el Senado estará abocado al examen del proyecto de Rendición de Cuentas. Seguramente, la Comisión va a tener que sesionar diariamente. Es un trabajo que efectúan dos Comisiones y que insumirá muchas horas; su plazo vence el día 29 a medianoche.

Por consiguiente, se me ocurre que si existe disposición del Senado para terminar cuanto antes la consideración de estos dos temas, el día adecuado podría ser el jueves 30 o durante la primera semana del mes de noviembre.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿El señor senador Jude acepta que se modifique su moción?

SEÑOR JUDE. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción con la modificación aceptada por el señor senador Jude.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) SEGURIDAD SOCIAL. Normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la Seguridad Social.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 59 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Berro, Capeche, Cersósimo, Gigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Mederos, Pereyra, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Singer, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.