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Nº 142 - TOMO 302 - 28 DE SETIEMBRE DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

51ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

y el DOCTOR LUIS A. LACALLE HERRERA 2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU Y EL SUBSECRETARIO SEÑOR ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN LAMAS

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Amnistía de delitos cometidos por funcionarios militares y policiales (Proyecto del Poder Ejecutivo). Defensa de la democracia y de los Derechos Humanos (Proyecto presentado por senadores del Partido Nacional)

- En consideración.
- Se resuelve aprobar el informe de la Comisión Especial por el que se desecha el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se aprueba en general el presentado por senadores del Partido Nacional, pasando a cuarto intermedio hasta el viernes tres de octubre a la hora 17.

5) Se levanta la Sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 25 de setiembre de 1986.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria y permanente (artículo 168, inciso 7º, literal d) de la Constitución de la República), el próximo domingo 28, a la hora 18, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley, con declaratoria de urgente consideración, por el que se establece la amnistía de los delitos cometidos en el período comprendido entre el 1º de enero de 1962 y el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados. (El plazo constitucional para la consideración por el Senado del presente proyecto de ley, vence el 12 de octubre de 1986, inclusive).

(Carp. Nº 608/86 - Rep. Nº 115/86)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA.

ASISTEN: los señores senadores: Aguirre, Alonso, Araújo, Batalla, Batlle, Berro, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Silveira Zavala, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores: Ferreira, Martínez Moreno y Ortiz; y, con aviso los señores senadores Paz Aguirre y Ubillos.

3) ASUNTOS ENTRADOS.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 4 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 28 de setiembre de 1986

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se crea una Comisión Nacional Honoraria para la Reforma del Código del Proceso Penal

(Carp. Nº 649/86)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se deroga el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.846, de 27 de noviembre de 1978, que excluyó a determinados arrendatarios del Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia.

(Carp. Nº 641/86)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se establecen normas sobre el sistema de aportación de los empresarios y trabajadores rurales a la seguridad social.

(Carp. Nº 642/86)

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Comisión de Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 6 de junio de 1975, incluyéndose la electrificación rural entre las mejoras que establece dicho decreto-ley sobre arrendamientos rurales.

(Carp. Nº 583/86)

La Comisión de Asuntos Administrativos comunica que está en condiciones de informar los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas

(Carp. Nº 565/86)

- dos funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura (Carp. Nos. 367/85 y 422/85)

- un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

(Carp. Nº 408/85)

- y un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. Nº 566/86)

- Repártanse."

4) AMNISTIA DE DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS MILITARES Y POLICIALES (Proyecto del Poder Ejecutivo). DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS (Proyecto presentado por senadores del Partido Nacional).

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el único punto del orden del día: "Proyecto de ley, con declaratoria de urgente consideración, por el que se establece la amnistía de los delitos cometidos en el período comprendido entre el 1º de enero de 1962 y el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados. (Carp. Nº 608/86. Rep. Nº 115/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 608/86
Rep. Nº 115/86

Montevideo, 28 de agosto de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor don Enrique Tarigo
Presente

El Poder Ejecutivo envía, con el presente, un nuevo proyecto inspirado en el propósito y la esperanza de alcanzar la completa pacificación del país por la vía de superar para siempre las contiendas que durante dos largas décadas enfrentaron a la sociedad uruguaya. Aquellos años en que se sufrió la violencia política, llegaron incluso a la guerra interna -así declarada por los poderes constituidos- y a la caída de las instituciones, desembocando en doce años de gobierno de facto. Restaurado el régimen democrático desde el 1º de marzo de 1985, la sociedad ha realizado un magnífico esfuerzo de reconstrucción que se aprecia hoy en un funcionamiento normal de todos los poderes civiles, un ejercicio pleno y garantido de las libertades públicas, un creciente prestigio internacional del país, una ampliación de mercados mediante convenios con países amigos, un crecimiento de la actividad económica, una mejora del nivel salarial y ocupacional y una progresiva reducción de los déficit fiscales que amenazaban la estabilidad nacional. En medio de ese panorama sin duda promisorio subsisten viejos problemas y zonas de conflicto. Algunos que pueden llevar tiempo superar, pero otros que es imprescindible y urgente enfocar de inmediato. El Poder Ejecutivo entiende referirse a lo que considera la necesidad nacional de extender la amnistía que oportunamente se legisló para los integrantes de las organizaciones violentistas que asolaron el país desde los años 60, a los militares y policías que tuvieron que enfrentarlas y en muchos casos pudieron excederse en sus atribuciones. Otra idea tenía el Poder Ejecutivo al respecto, pero el apasionamiento que en el tema han puesto algunos sectores y el enfrentamiento a que se está insensiblemente llegando, obligan a una medida política que dé por concluida esa situación. Aún cuando se sabe que el proyecto de ley que se formula es polémico, se estima imprescindible precipitar una definición urgente y de naturaleza política, como lo han reconocido todos los dirigentes con los que el Poder Ejecutivo ha efectuado consultas.

El Poder Ejecutivo no desea tener que arrepentirse mañana de no haber hecho todo lo necesario para evitar que vuelvan a reproducirse en el país enfrentamientos como los que, en otros tiempos, condujeron al desastre. El país tiene hoy libertades políticas para discutir todo -y así lo hace- e instituciones para decidir libremente. Estas deben actuar, antes de que el lenguaje de la asonada, la coacción o la injuria, desgraciadamente ya insinuado, lo arrastren a un clima que el pueblo entero rechaza y que ninguna persona o grupo que se sienta iluminado, que los hay, tiene el derecho de volver a reproducir.

Con el mismo espíritu con que en marzo de 1985 se sancionó una amnistía, hoy estima el Poder Ejecutivo que debe dictarse otra, inspirada también en la más sólida tradición nacional, y que permita proseguir el esfuerzo de recuperación que convoca a todos los habitantes de esta tierra. Muchas son las razones que justifican esta propuesta y se pasa a explicitarlas.

I) Con fecha 1º de marzo de 1985, el nuevo gobierno envió al Poder Legislativo un proyecto de ley de amnistía, que comprendía a quienes habían cometido delitos políticos o conexos.

La principal fundamentación de la iniciativa consistió en la búsqueda de un clima de pacificación espiritual para el país. Expresamente se decía: "El país ha atravesado un largo y penoso período durante el cual se han quebrantado los principios básicos de la convivencia democrática y desconocido los derechos inherentes a la persona humana. El clima de violencia social y la represión inmoderada han generado odios y dividido a los habitantes de esta tierra. Pese a haberse superado la crisis institucional, se mantienen abiertas las heridas y es necesario llevar a cabo acciones tendientes a restablecer un clima de concordia y el espíritu de fraternidad, indispensables para el normal juego de los mecanismos democráticos que reposan en el mutuo respeto de todos los integrantes de la comunidad política".

II) El Parlamento consideró la iniciativa y aprobó finalmente una ley de amnistía que fue mucho más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo: se decretó la libertad de quienes habían cometido delitos de sangre, aun cuando no se concediera la amnistía con la consiguiente eliminación del delito; se excluyó expresamente a los funcionarios militares y policiales, pese a que no estaban en consideración en el proyecto.

En definitiva, el Poder Ejecutivo promulgó dicha ley, a pesar de las reservas que le merecía. Esa actitud fue otra contribución a un clima nacional de paz que debía consolidarse y que, ante la duda, debía inclinarse siempre por la generosidad.

III) La ley de amnistía funcionó eficazmente y produjo importantes efectos. Entre ellos se destaca: 1) la liberación de todos los presos, cualesquiera fueran sus delitos; 2) la posibilidad de retorno al país de todos quienes en algún momento fueron requeridos; 3) el cierre de la investigación de numerosos crímenes nunca esclarecidos ni penados; 4) la posibilidad de recuperación de empleos públicos para todos los procesados y su reinserción sin reservas en la vida civil; 5) la constitución de una Comisión Nacional que ha apoyado al desexilio.

IV) Paralelamente a ese proceso de pacificación efectiva, se iniciaban una serie de investigaciones relativas a situaciones producidas durante el gobierno de facto y de las que se desprendían posibles violaciones de los derechos humanos o crímenes, sin específica atribución de responsabilidad. El Poder Legislativo y el Poder Judicial actuaron en esa temática. Se abstuvo de hacerlo, en todo caso, el Poder Ejecutivo.

Ninguna de esas investigaciones concluyó, por lo que se conoce, con el esclarecimiento de la autoría de delito ni condujo a conclusiones verosímiles sobre ello.

VI) El Poder Judicial, por su parte, tramitó varias denuncias pero ninguna de ellas aportó, en principio, elementos de convicción suficientes para decretar procesamientos. Se comenzaron así sumarios que no llegaron a ninguna conclusión o enlentecieron su trámite en función de contiendas de competencias planteadas con la Justicia Militar. En una apreciación política de la cuestión este es un hecho fundamental. No se han encontrado pruebas serias sobre responsabilidades claras en ninguno de los episodios que más conmueven la sensibilidad social del país. Es evidente que muchos años después de los acontecimientos, esa búsqueda resulta una tarea casi imposible. ¿Tiene sentido, entonces, que presumiéndose que nada se encuentre, se siga con una herida abierta, transformada en un factor permanente de conflicto? ¿Y si mañana se tiene que lamentar nuevas desgracias del mismo signo de las que hoy se quiere investigar, pero ahora por responsabilidad de todos quienes no encontraron el camino para evitarlo?

VI) A dieciocho meses de instalado el nuevo gobierno persiste sobre esas denuncias, un clima de indefinición, que se ha ido progresivamente impregnando de un claro sentido de confrontación política. A esta altura se advierte que el país está ante un debate político enconado y no ante un riguroso proceso de búsqueda de la verdad histórica con fines judiciales o morales. En este ambiente resulta cada vez más verosímil -lamentablemente- la reproducción de enfrentamientos violentos entre diferentes núcleos de la sociedad que, aún minoritarios, son más que suficientes para producir una grave perturbación.

VII) Se ha argumentado que no habiendo conclusiones judiciales definitivas no debe adoptarse ningún acto de inspiración política que suponga eludirlas. Tal afirmación no es compartible:

a) porque la ley de amnistía que benefició a organizaciones violentistas clausuró numerosos procedimientos, sea por la vía de reducción de penas como por la de anulación de los requerimientos, impidiendo las consiguientes investigaciones. De hecho, numerosos crímenes quedaron impunes y sin posibilidad de averiguación. Ejemplo: muerte de diez agentes policiales, cuatro militares, dos obreros, un reputado científico, entre otros veintidós homicidios.

b) En consecuencia, lo que se trata es de decidir si el afán natural de justicia de la sociedad debe perseguirse indefinidamente a cualquier precio, aún el de mantener un clima de enfrentamiento que puede eventualmente perturbar la convivencia pacífica del país, o si se cubren con un manto de perdón -ya que no de olvido- los delitos a que se hace referencia, en aras de esa misma convivencia. El Poder Ejecutivo, consciente y meditadamente, opta por esta última solución.

VIII) ¿Cómo es posible que la justicia, el esclarecimiento de la verdad y la persecución de crímenes contra los derechos humanos , pueda eventualmente alterar la institucionalidad? Por la sencilla razón de que hay momentos en la vida de los países en que es preciso dar vuelta la hoja y reconquistar el futuro, creando un clima de paz que deje atrás las confrontaciones anteriores. De ahí la amnistía del mes de marzo de 1985, que exoneró a quienes cometieron sin duda delitos y aún a quienes ni siquiera estuvieron detenidos por ello. De ahí la necesidad de pensar, ahora, en extender el ámbito de aquella medida también a los funcionarios militares y policiales que persiguieron a las organizaciones violentistas y que a veces extralimitaron su actuación.

La tradición del país en la materia es concluyente, y ella ha sido ampliamente examinada en la obra de Pivel Devoto "La amnistía en la tradición nacional", que sustenta que "la amnistía ha sido la solución tradicional en nuestro país" luego de los períodos de convulsión. Allí se cita, asimismo, la opinión de Francisco Bauzá: "Los errores políticos son errores disculpables cuando se operan dentro de las contiendas civiles; porque nadie tiene suficiente calma y desapasionamiento para ser actor y juez imparcial en una cuestión política. De manera que eso cae de suyo bajo el criterio común de una amnistía o de un indulto que siempre es acto necesario después de las grandes conmociones".

IX) El Poder Ejecutivo no puede menos que aludir en este momento -por su excepcional relevancia- el ejemplo español, que, en muchos aspectos, admite ser comparado con las realidades nacionales. Para ello, habrá de tenerse en cuenta que el franquismo fue superado por una progresiva evolución que se produjo a partir de sus propias instituciones. Se llegó entonces a la democracia en forma pacífica y no violenta.

En cuanto a la concepción jurídica, el texto español es categórico: se amnistiaron todos los delitos y faltas de intencionalidad política, sin distinguirse entre sus autores. De esa manera fueron liberados, entre otros, militares y policías procesados por torturadores. A juicio del Poder Ejecutivo, tanto o más importante aún que la redacción de la ley y su alcance omnicomprensivo, es la fundamentación que diversos sectores de la sociedad española dieron a su voto favorable. Por tanto se permite transcribir algunas de estas opiniones altamente ilustrativas. Así, el diario "El País", bajo el título "Amnistía al fin", escribía: "... La amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil -una guerra entre hermanos- y una larga dictadura. La España democrática debe desde ahora mirar hacia adelante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los cuarenta años de dictadura. La mirada hacia el pasado sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica; pero ésta debe servir para alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado".

Así, el Diputado Marcelino Camacho, en nombre del Partido Comunista dijo: "Nosotros considerábamos que la pieza capital de esa política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?. . . Queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros los comunistas, precisamente, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores... Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie".

Así, un diputado del Partido Nacionalista Vasco, manifestó: "Para nosotros, la amnistía no es un acto que atañe a la política, atañe a la solución de una situación difícil, en la que de alguna manera hay que cortar de un tajo un nudo gordiano. Es simplemente un olvido, como decía el preámbulo de nuestra ley, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos…

Aquí hemos reunido personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros. Y esto que pasa en este hemiciclo…es la imagen de la realidad de nuestra sociedad. No vale en este momento aducir hechos de sangre porque... ha habido por ambas partes, también por el poder... Olvidemos, pues, todo".

Un senador del Partido Socialista Obrero Español, entonces oposición y hoy gobierno, manifestó: "La minoría que represento propone, y así lo anuncia, votar a favor de la ley que nos ha remitido el Congreso. Y con nuestra pobre voz, en este acto queremos recordar a tantos compañeros socialistas que no pueden estar aquí presentes, que murieron en el exilio, que murieron en las cárceles, que sufrieron tortura, que sufrieron las vejaciones que hoy definitivamente vamos a amnistiar".

Así dieron vuelta la página los españoles y dejaron atrás tres años de guerra civil y cuarenta años de dictadura cruel y represiva. Admirable ejemplo, que la opinión pública uruguaya ya conoce y valoriza especialmente.

X) Un argumento muy usual -y de reconocible intención moral- es el de que es preciso prevenir los excesos represivos y que ello necesariamente pasa por condenar a quienes puedan haberlos cometido. La experiencia histórica muestra que no es así, como lo ha reconocido en términos generales la doctrina penal. Por esa causa países como el nuestro eliminaron la pena de muerte, ante la evidencia absoluta -entre otras razones- de que la severidad de la pena no eliminaba los crímenes de mayor magnitud, como lo demuestra la frecuencia de éstos en países que mantienen tal castigo.

Es preciso entender a este respecto que el único modo de evitar los excesos represivos es prevenir la reaparición de la violencia, sea de finalidad política o social. Si no hay violencia no habrá represión. Infortunadamente, la violencia -especialmente en su moderna concepción terrorista- es tan perturbadora que concluye creando situaciones en que el exceso es muy posible. La experiencia latinoamericana es, en ese sentido, concluyente. La encomiable preocupación de evitar la reproducción de excesos sólo tiene, entonces, un remedio efectivo: prevenir la reaparición de todo fenómeno violentista.

XI) El razonamiento anteriormente contestado llevaría entonces a pensar si una ley tan generosa de amnistía para quienes cometieron delitos por pertenecer a organizaciones de guerrillas no representa un estímulo a la reproducción de hechos violentos, condenables, especialmente cuando esa amnistía se ha acompañado -en muchos medios de opinión- de una prédica dirigida a idealizar a esas personas que comprometieron la paz del país, y en definitiva, su estabilidad institucional.

El Poder Ejecutivo no obstante, cree que no es así y por eso -aún con reservas- compartió la anterior amnistía, imaginándola como un acto definitivo de pacificación que le permitiría a la República mirar hacia adelante y sólo hacia adelante, dejando las sobrevivencias del pasado al juicio sereno de la historia. Desgraciadamente, no ha sido así, y a aquella medida de pacificación ha seguido una campaña propagandística, a veces violenta y siempre agresiva, que ha politizado la situación.

No se ha esperado el desenlace de las denuncias, el examen de las presuntas pruebas. Se ha acusado públicamente, se ha juzgado por anticipado, se han usado constantemente los medios de comunicación para criticar los excesos de la represión sin una palabra para los violentos que la provocaron. Se llega a la distorsión lógica de atribuirle toda la intención moral a la amnistía a los subversivos y negarla drásticamente a la que extienda el mismo espíritu a militares y policías. En fin, mientras el país en general se pacifica, este asunto -como una isla-se ha mantenido en un clima de confrontación que llevaría a repensar si aquella amnistía fue un acto de sabiduría.

El Poder Ejecutivo sigue creyendo que sí, pero advierte que a esta altura no es suficiente y reclama una correlativa actitud para aquellos que pueden haberse excedido en la represión.

XII) La amnistía proyectada se propone con carácter general. Puede decirse que esa característica es consustancial a medidas de esta naturaleza. Se ha discutido en nuestro país y existe importante jurisprudencia de otros países latinoamericanos declarando la inconstitucionalidad de aquellas amnistías que carecieron de la nota de generalidad. En este caso, se extiende y generaliza la amnistía acordada en marzo de 1983 y se procura darle un efecto total. El Poder Ejecutivo estima que la situación impone terminar con esta área de conflicto y no deja, para más adelante alguna parte de ella, que prolongaría perniciosamente esa enconada oposición.

XIII) Se ha puesto en duda la eficacia pacificadora de una amnistía como la que se propone. Subyace bajo esta afirmación la nefasta idea de que quienes reclaman "juicio y castigo" persistirán en su propósito más allá de la definición legal. El Poder Ejecutivo rechaza con vehemencia ese argumento. No puede aceptar ni en hipótesis que una amnistía a los subversivos sea pacificadora, como lo ha sido parcialmente, y otra a los militares y policías desate por el contrario un clima de enfrentamiento. Que se discuta con rigor y hasta apasionamiento en buena hora, pero que se esté insinuando desde ya que si alguna amnistía es aprobada por la ley, no será pacificadora es un argumento de naturaleza antidemocrática que de ningún modo puede ni siquiera considerarse. Si bien todo órgano o ciudadano tiene en su poder recursos constitucionales para deducir, en ninguna situación puede reconocerse la oposición por la fuerza, la asonada o el escándalo. Los poderes constituidos son, en una democracia quienes tienen la facultad de decisión, conforme a las reglas. Ellos y sólo ellos ejercen la legítima representación del pueblo. Nadie puede invocar representación alguna para amenazarlos o desconocer de antemano sus pronunciamientos.

XIV) Al presentar esta iniciativa, el Poder Ejecutivo estima que da un paso definitivo para la pacificación de la República. Así como se fue generoso en extremo con quienes atentaron contra la vida institucional y hundieron al país en la violencia, éste ha de serlo también con aquellos que -reprimiéndolos en nombre del Estado— se excedieron y cayeron en una situación de facto que amparó y exageró, a su vez, esos excesos. La amnistía recíproca salda definitivamente todas las cuentas de esos años de confrontación que la sociedad desea dejar atrás. El lapso de vida democrática transcurrido muestra esa indudable voluntad pacificadora sin perjuicio de la presencia -indiscutible también- de sectores extremistas que suelen hacerse oír desde diversos ángulos. Unos, que no renuncian al ejercicio de la violencia como método de acción y continúan dando consejos políticos con arrogancia de salvadores. Otros que siguen creyendo que la necesaria lucha contra los anteriores obliga a la instauración de un Estado represor y poco respetuoso de la esencia liberal que impregna las instituciones democráticas de la República.

No se puede dejar crecer esos antagonismos; no se puede permitir que ellos enfermen la vida social y un día comiencen a pasar del dicho al hecho. Ha de terminarse definitivamente esta situación con generosidad y grandeza de espíritu, y se dice definitivamente porque dejar para el futuro parte de la cuestión, es dejarla toda sin resolver. Se piensa, sobre todo, en el futuro del país, en las nuevas generaciones, a las que nadie tiene el derecho de legarles los enfrentamientos del pasado.

El Poder Ejecutivo desearía fervientemente tener los medios jurídicos para asumir toda la responsabilidad política de la propuesta que hace. No es así, y requiere del concurso parlamentario que por este Mensaje solicita. Lo hace, sin embargo, expresando claramente que ante el país asume toda la responsabilidad moral y que todo ataque o cuestionamiento será asumido por él como protagonista fundamental de este paso. Por encima de incomprensiones y apasionamientos fáciles, el tiempo dirá si sirvió efectivamente. De no ser así, nadie podrá dudar de que la intención ha sido solamente de pacificar, la misma intención que tuvo el Poder Ejecutivo en marzo de 1985 cuando propuso amnistiar a los subversivos y aceptó una ley que iba todavía más allá de su voluntad y propósito.

Se hace constar que el proyecto anexo se presenta con declaratoria de urgente consideración, conforme al artículo 168, inciso 7º de la Constitución, por resolución del Consejo de Ministros del 28 de agosto de 1986.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Adela Reta, Alfredo Silvera Lima, Pedro Bonino. Jorge Fresno, Jorge Sanguinetti, Ricardo Zerbino, Hugo Fernández Faingold, Alberto Rodríguez Nin.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Decrétase la amnistía de los delitos cometidos en el período comprendido entre el 1º de enero de 1962 y el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados, en acciones directa o indirectamente vinculadas a la lucha antisubversiva.

Art. 2º. - Quedan comprendidos en esta amnistía los autores, coautores y cómplices de los delitos amnistiados y los encubridores de los mismos, hayan sido o no condenados o procesados y aún cuando fueren reincidentes o habituales.

Art. 3º. - Decrétase la clausura de todas las indagatorias o procedimientos en curso respecto de actos comprendidos en la amnistía que se otorga por la presente ley.

Art. 4º. - La presente ley entrará en vigencia con el cúmplase del Poder Ejecutivo.

Art. 5º. - Comuníquese, etc.

Juan Vicente Chiarino, Antonio Marchesano, Adela Reta, Alfredo Silvera Lima, Pedro Bonino, Jorge Fresno, Jorge Sanguinetti, Ricardo Zerbino, Hugo Fernández Faingold, Alberto Rodríguez Nin.

Carp. Nº 608/86
Dist. Nº 477/86

COMISION ESPECIAL DE AMNISTIA

INFORME

de los senadores del Frente Amplio

Los senadores que suscriben, integrantes de la Comisión Especial en representación del Frente Amplio han votado, conjuntamente con el Partido Nacional, aconsejar al Senado se deseche el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el inciso g) del numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República.

Es notorio que el tema al que se refiere esta iniciativa ha dado lugar a tomas de posición y confrontaciones de ideas en todos los ámbitos y niveles de la vida nacional. Por la propia trascendencia de la cuestión y de los valores que están en juego, el análisis de las razones expuestas en favor del proyecto y de las objeciones que suscita -que la Comisión examinó con detenimiento- ha concitado un interés singularmente intenso de la opinión pública.

Por otra parte, el tema de que se trata es objeto de preocupaciones que se remontan a la propia época del gobierno de facto, y durante el último período de éste dio lugar a estudios y definiciones de todas las organizaciones políticas y sociales del país, que fueron entonces de total coincidencia. Es convicción de los senadores suscritos que las principios unánimemente acordados entonces conservan hoy una validez íntegra y plena; que ningún hecho ulterior da motivos para alterarlos; y que siguen representando el sentir igualmente consensual de la ciudadanía.

El objetivo de la pacificación nacional se presenta como meta esencial que inspira este proyecto. Se afirma que serviría, en ese sentido, para cerrar las profundas heridas dejadas por hechos del pasado y, a la vez, para hacer viable la concentración del esfuerzo nacional en objetivos constructivos.

La inmensa mayoría del país comparte la convicción exactamente contraria. Los crímenes que se cometieron usando medios y poderes del propio Estado fueron de tal gravedad, ofendieron en tal grado la conciencia ética y despreciaron de modo tan palmario la dignidad esencial del ser humano, que en la opción entre su castigo normal y su impunidad sólo ésta puede alterar la convivencia pacífica y sólo la justicia puede restaurar el sentimiento de confianza sin el cual la paz nunca podría ser auténtica. La paz que se desea no es la de la sumisión impuesta, como la que el régimen de facto quiso instaurar al precio, justamente, de una sangrienta represión. Es la paz basada en la confiada aceptación de un orden jurídico igual para todos.

La amnistía que se propone no puede fundarse en dificultades de prueba que pudieran obstaculizar el esclarecimiento de los hechos y la dilucidación de las responsabilidades personales. No hay fundamentos para prejuzgar la existencia ni el grado de tal dificultad que, por otra parte, sólo debería inspirar esfuerzos para superarla. Pero, además, este argumento es particularmente inaceptable porque resulta forzoso observar que el Poder Ejecutivo no ha aplicado una política encaminada a contribuir a la urgente dilucidación de los hechos irregulares ocurridos en su esfera y al pronto y eficaz deslindamiento de responsabilidades. El Poder Ejecutivo no ha utilizado con ese fin las potestades administrativas de que está investido y también en el desempeño de sus deberes de ejecución al servicio del Poder Judicial ha aplicado una política que contribuyó a dificultar el curso regular de la justicia. Estos factores, mucho más que las limitaciones propias de nuestro sistema procesal penal, hicieron que no haya sido posible encauzar la normal aplicación de la ley en el lapso transcurrido desde la reinstalación de las instituciones democráticas.

Los delitos que se propone amnistiar no se refieren a hechos que en la conciencia viva de la población estén superados por el tiempo transcurrido. El sentimiento de ultraje que esos delitos suscitaron pervive nítidamente por efecto de su propia inaudita gravedad. La conciencia moral está sacudida y escandalizada por el horror que despierta la idea de que se instalaran locales y equipos para la tortura masiva, de que se planificara el terror deliberado, de que se matara y se encubrieran organizadamente todos los crímenes. Es una realidad objetiva incuestionable que la herida abierta por ellos en la sociedad permanece. En este sentido, y en cuanto toda amnistía debe fundarse indispensablemente en un real ánimo general de perdonar, la amnistía que este proyecto propone es absolutamente improcedente. Una amnistía impopular es un contrasentido, porque la única legitimidad posible de la amnistía es un sentimiento general que la ley se limita a recoger.

Por otra parte, existen numerosos delitos que por sus características siguen causando, aún hoy, una lesión permanente a valores supremos. En los casos de las personas desaparecidas, su ocultamiento no es un hecho consumado en el pasado; y la posibilidad de olvidar o perdonar es inimaginable tanto para las víctimas y sus familiares como para la sociedad. Y en los casos en que esas personas permanezcan con vida -situación especialmente presumible cuando se trata de niños secuestrados- no puede admitirse que el Estado no ejerza sus poderes para el urgente remedio de semejante situación. No cabe desconocer este reclamo ofreciendo el esfuerzo de una investigación administrativa para dilucidar esos casos. Es incomprensible que tal investigación administrativa no se haya emprendido; pero, independientemente de ello, si el Estado ha creado normas penales para tutelar los valores que se están atacando, existe un derecho indudable a que esas facultades punitivas no dejen de ponerse en juego.

No es posible fundar tampoco la amnistía propuesta en el precedente de la que se otorgó en marzo de 1985. Aquella medida respondía, ante todo, a una exigencia inequívoca del sentimiento nacional, y en ese sentido cumplía la finalidad que en todo tiempo se ha reconocido a este instituto jurídico. Benefició a quienes habían sido sometidos a un proceso totalmente desprovisto de garantías, mientras que una amnistía como la que ahora se propone se sustituiría a la acción regular de tribunales cuya idoneidad e imparcialidad no se cuestionan. Los beneficiarios de la amnistía de 1985 habían sufrido, en su virtual totalidad, apremios brutales y condiciones de reclusión inhumanas, que no amenazan a los culpables que se propone amnistiar. Y por sobre todo, cualquier paralelismo es imposible porque existe una diferencia decisiva: el delito del particular, cualquiera sea su gravedad, no es equiparable con el de quien utiliza para delinquir el poder propio del Estado.

Por último, existe una consideración de máxima importancia que atañe al papel y el prestigio de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Es notorio e inocultable que sobre esos valores pesa la indebida atribución a las Fuerzas Armadas, en cuanto institución del Estado, de los crímenes que desde algunas de sus filas se cometieron. Toda confusión indiscriminada entre quienes mancharon sus uniformes y quienes no merecen reproche, hace recaer sobre las instituciones militares el descrédito que, para que ellas puedan conservarse incólumes, debe recaer solamente en quienes delinquieron. Y sólo la justicia y la verdad pueden realizar este objetivo.

Hemos votado, en cambio, por la negativa la aprobación en general del proyecto del Partido Nacional por cuanto, si bien ratificamos a su respecto las consideraciones que les hicimos conocer y que transcribimos a continuación, no compartimos el propósito de asignarle el tratamiento previsto por el artículo 168, inciso 7º de la Constitución.

SOBRE EL CAPITULO I DEL PROYECTO

1 - El Frente Amplio no tiene objeciones de fondo que formular a este capítulo, que comprende los artículos 1º a 8º, sin perjuicio de la observación que más adelante se expresa. En Teoría General del Derecho Público, siempre se ha tenido presente la muy relativa eficacia de las normas que tienden a sancionar la conducta futura de quienes provocan los colapsos institucionales, por la conocida razón de que son ellos mismos -si triunfan y se instalan usurpando el poder político- los que impiden su cumplimiento. Y hasta se ha sostenido que este tipo de disposiciones -en hipótesis de usurpación del Poder- podrían constituir un obstáculo adicional para el retorno a la normalidad constitucional por el temor de que, sobrevenida ésta, se apliquen las correspondientes sanciones a los usurpadores. Aún con esa reserva, el balance de consideraciones positivas que estas disposiciones evoca -por el juicio moral que implican hacia el reciente pasado dictatorial y por su dosis probable de normas preventivamente disuasivas- conduce a compartirlas en general.

2.- Observaciones concretas. La interpretación armonizada de los artículos 2º y 6º del Proyecto, a juicio del Frente Amplio, no cubre en su totalidad las causales del juicio político previstas en el artículo 93 de la Constitución. En efecto: según dicha norma el juicio político puede promoverse por "violación de la Constitución u otros delitos graves". Según ha interpretado la más autorizada doctrina -en cierto modo corroborada por algunos precedentes parlamentarios- las violaciones de la Constitución que ameritan el juicio político deben ser también delitos graves; conclusión que se extrae de la expresión utilizada por el Constituyente (". . . u otros delitos graves", lo que significa que lo anterior -la violación de la Constitución- también debe ser un delito grave).

Es posible que el Proyecto haya intentado explicitar los casos de "violación de la Constitución" (art. 6º), dejando fuera de su tratamiento a los "otros delitos graves", pero sin intención de excluirlos como causal de juicio político. De cualquier modo, a efectos de evitar que pudiese interpretarse lo contrario, el Frente Amplio estima necesario añadir al final del artículo 2º la siguiente expresión: ". . .sea por violación de la Constitución (art. 6º de esta ley) o por otros delitos graves. En este último caso, la pena respectiva será la establecida en el Código Penal para el delito correspondiente".

El numeral 7º del artículo 6º del proyecto está incompleto. El mantenimiento de los Ministros censurados en sus cargos no es violación de la Constitución, cuando va acompañado de la disolución de las Cámaras y del llamado a elecciones, conforme a los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 148. Por consiguiente, este numeral 7 del artículo 6º del Proyecto, debiera decir: "Mantener en sus cargos a Ministros censurados, fuera del caso previsto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 148 de la Constitución".

SOBRE LOS CAPITULOS II, IV Y V DEL PROYECTO

1.- El Frente Amplio no tiene objeciones de fondo que formular sobre estos capítulos que, respectivamente, tipifican algunos nuevos delitos y agravantes, interpretan el alcance del artículo 253 de la Constitución, y establecen un agregado al Código Penal así como diversas modificaciones al Código Penal Militar.

El Frente Amplio considera necesario añadir al Proyecto, como "Disposición circunstancial", el siguiente artículo

"Créase una Comisión integrada por un representante de la Suprema Corte de Justicia -que la presidirá- y tres representantes de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, con el cometido de elaborar un anteproyecto de ley articulado sobre las siguientes bases:

a) la jurisdicción militar pasará a integrar el Poder Judicial, como una jurisdicción especializada por materia;

b) estará a cargo de uno o más magistrados cuyos requisitos personales y de designación, serán los que rigen para los Jueces Letrados (arts. 239 numeral 5º y 245 y concordantes de la Constitución).

Esta Comisión deberá expedirse dentro del término de tres meses contados desde el día de su constitución".

No es frecuente en la técnica legislativa, que se aluda a proyectos de ley a elaborarse en futuro. Sin embargo, esta modalidad normativa, en el caso, tiene un propósito bien definido y concreto que el Frente Amplio considera muy saludable: que el Legislador exprese desde ya, en un texto positivo, su voluntad de que la jurisdicción militar pase a ser una actividad que se desarrolla dentro del Poder Judicial y no en la esfera administrativa del Poder Ejecutivo. La solución que se propone es perfectamente admitida por el artículo 253 de la Constitución, que deja abierta la ubicación institucional de la jurisdicción militar así como las condiciones de quienes habrán de desempeñarla; por lo que corresponde a la ley ordinaria reglar en ambos aspectos.

2 - Con respecto al inciso adicional que se propone para el artículo 29 del Código Penal, el Frente Amplio considera conveniente precisar que no innova en relación con la correcta interpretación del régimen vigente. Por ello, se propone que vaya precedido de las palabras "Declárase que. . ."

SOBRE EL CAPITULO III DEL PROYECTO

1 .- Consideraciones generales. Este es el capítulo del proyecto que se refiere específicamente al tema de las violaciones delictivas ocurridas contra los derechos humanos

El Frente Amplio ha sostenido y sostiene:

a) que se cometieron reiteradas violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales constituyeron delitos que abarcan un amplio espectro criminoso (desde los delitos leves a los gravísimos). Existe convicción colectiva, a todos los niveles de la sociedad en su conjunto, de que muchos funcionarios militares y policiales participaron en los mismos.

b) que es necesario el esclarecimiento de los delitos y el respectivo enjuiciamiento de los culpables; no con objetivos de venganza ni con propósitos de revanchismo sino de justicia.

c) que la Justicia es un valor insoslayable en la democracia y en el estado de Derecho; y que la administración concreta de la justicia debe estar en manos de jueces absolutamente imparciales e independientes. En nuestro país, institucionalmente, esto equivale al Poder Judicial.

d) que el Derecho vigente (Constitución de 1967 y leyes penales y procesales) es suficiente normación para el enjuiciamiento de todos los delitos contra los derechos humanos. La circunstancia notoria de que un año y medio después del restablecimiento democrático aún no se haya realizado ninguno de los respectivos procesos penales, no deriva de insuficiencias normativas sino de una situación de hecho que no es imputable al Poder Judicial ni ha sido provocada por la comunidad. El "impasse" se deriva, concretamente, de una tesitura de resistencia de funcionarios militares y policiales a comparecer ante el Poder Judicial, acompañada de la omisión de su jerarca (el Poder Ejecutivo) de ordenar dicha comparecencia. No es momento para ensayar diversas posibles interpretaciones sobre las causas de esas circunstancias; pero es ineludible señalar su directa incidencia en la delicada coyuntura del momento, así como la necesidad imperiosa de superarla. No por el camino de legitimarla con una amnistía, porque ello significaría retroceder en la marcha hacia el afianzamiento de la democracia, reconociendo su carácter tutelado por una dictadura que se replegó; sino por la vía del fortalecimiento de las instituciones constitucionales que implica el funcionamiento integral de los tres poderes representativos. Y, en lo que al Poder Judicial se refiere, conlleva el cumplimiento irrestricto de sus decisiones, pues así corresponde legalmente.

e) El Frente Amplio comparte plenamente la idea de que la situación debe ser superada -es decir que debe hacerse justicia sin venganza- en una solución apoyada por el más amplio consenso de fuerzas políticas y sociales Por eso, ha estado y está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas y con todos los sectores sociales, sin exclusión alguna, pero siempre en procura del objetivo de esclarecimiento y justicia. Esta es la forma de conseguir la pacificación que todos buscamos. Utilizamos el vocablo "pacificación" aunque sería más adecuado decir tranquilidad, porque no estamos en guerra.

f) Siendo un tema que toca las fibras más sensibles de nuestro pueblo deben buscarse normas de una absoluta claridad. No solamente la claridad técnica que facilite su interpretación especializada, sino además aquella otra que permita que el pueblo conozca plenamente cuáles serán las reglas a aplicar. Que el pueblo sepa bien de qué se trata.

g) Sobre el tema de qué es lo que debe investigarse, el Frente Amplio no está en la tesitura fácil de afirmar todo. Comprende razonablemente que nuestro país no está en condiciones de embarcarse en una investigación interminable, postergando sine díe la dedicación de sus energías a otras tareas de recuperación económica y social, de tanta importancia para nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo considera que la gravedad misma de los hechos hace impensable renunciar a su dilucidación y al ejercicio de la justicia. Ningún órgano del aparato estatal, ni aún aquellos más representativos como el Parlamento, está éticamente facultado para medir hasta dónde llega la ansiedad y el dolor de mucha de nuestra gente, profundamente afectada por gravísimas violaciones de derechos humanos. Que sea la misma gente, que sabemos pertenece a un pueblo que quiere la justicia social pero al que no le seduce la venganza, la que determine el ámbito de lo que habrá de intentar esclarecerse.

Por eso el Frente Amplio postula la tesis de que se investiguen los casos denunciados y los que se denuncien dentro de un plazo prudencial posterior a la ley que se apruebe En términos ético-políticos, demos al soberano, a la Nación, el derecho a decidir tema tan delicado.

h) El Frente Amplio postula y comparte la solución de que sea la Suprema Corte de Justicia la competente para el juzgamiento por delitos contra los Derechos Humanos. Estos delitos, sin perjuicio de estar tipificados en diversas figuras del Código Penal, violentan la Declaración de Derechos que está en la Constitución. Y por su artículo 239, es competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia el juzgamiento de "todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna". Por otra parte, será más difícil negarse a cumplir las órdenes de ese alto órgano, que retacear el cumplimiento de las decisiones de otros jueces; que en rigor, tanto una como otra desobediencia sea igualmente rechazable y peligrosa para el Estado de Derecho.

OBJECIONES CONCRETAS AL PROYECTO DEL PARTIDO NACIONAL

1 . - Delitos a esclarecerse y enjuiciarse (Arts. 13 y 14 del Proyecto).

a) En cuanto a la enumeración. El Proyecto del Partido Nacional no incluye las "Lesiones graves", con lo cual quedarían sin investigarse prácticamente todos los casos de torturas, aún de las más crueles, dadas las exigencias muy excepcionales que el Código Penal establece en su definición de lesiones gravísimas. El Frente Amplio considera indispensable que las torturas que provocaron lesiones graves sean investigadas. Asimismo, con respecto a los casos de denuncia de desaparición de personas, el Frente Amplio considera que por su enorme gravedad debe establecerse un régimen que favorezca su dilucidación, consistente en exceptuar de la preclusión todos los delitos de que haya sido víctima, desde su detención, la persona posteriormente desaparecida.

b) En cuanto a las denuncias. No se comparte la "congelación" del derecho a denunciar al día 22 de setiembre de 1986. Existen denuncias formuladas en su momento ante los jueces militares, que quedarían excluidas por la referencia del proyecto a la justicia ordinaria; por otro lado, aparece totalmente inaceptable una solución que intente establecer nuevas reglas procesales para delitos ya ocurridos, condicionando al mismo tiempo su eficacia jurídica a denuncias que se hubiesen presentado antes de que ellas se conocieren o fueran aprobadas; sobre todo, porque cierra el camino para siempre a la presentación de nuevas denuncias. Es notorio que diversas circunstancias -en especial el planteo de contiendas de competencias, por la justicia militar- han determinado que muchas personas, que no estaban sujetas a plazo legal para denunciar, esperaran su dilucidación para formularlas.

El Frente Amplio estima indispensable que se incorpore un plazo para la presentación de denuncias -aunque sea breve y perentorio- cuyo cómputo comience a partir de la vigencia de la ley.

2.- En cuanto al período primero de marzo de 1967 a 15 de noviembre de 1972 (Art. 14 inc. a).

Las normas penales vigentes ya contemplan aquellas circunstancias que, en un enfrentamiento auténtico, eximen de responsabilidad. Por consiguiente, el Frente Amplio no considera oportuno introducir una previsión expresa por cuanto, o ella es repetitiva de soluciones vigentes, o bien crea un régimen de extensión de la no responsabilidad que el Frente Amplio no comparte.

3.- En cuanto a los Instructores.

a) Para el Frente Amplio deben ser necesariamente Ministros de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales de Apelaciones, o Jueces de la justicia ordinaria.

b) Durante el sumario, la actuación del Instructor no puede implicar -como se prevé en el proyecto- una especie de prescindencia de la Suprema Corte. Debe quedar claro que es la Suprema Corte la que instruye el sumario, aunque cometa materialmente las diligencias al Instructor, sin perjuicio de la iniciativa de éste.

c) Los plazos previstos para el presumario y el sumario no pueden ser inexorables. El Frente Amplio propone que además de la orden de prisión, se establezcan otras causales de interrupción para casos de incumplimiento de órdenes del Instructor, demoras indebidas que no le sean imputables, o circunstancias similares. Asimismo sería necesario prever en el artículo 18 el caso en que la instrucción acredita la existencia de delito sin pruebas suficientes sobre la identidad de los responsables; no es admisible que en tal hipótesis opere la preclusión.

4.- Otras normas que deben añadirse al proyecto en este capítulo.

a) El Frente Amplio considera necesario que se establezca el relevamiento de la obligación de guardar secreto para los indagados; igualmente, que se derogue a efectos de estos procedimientos el derecho a declarar por exhorto de los oficiales superiores. Todo de acuerdo a lo propuesto en el proyecto de los doctores Batalla y Zumarán en su conocida iniciativa (Arts. 6 y 8).

b) Por otro lado, es necesario que, sin perjuicio de mantenerse la tradicional reserva de las actuaciones, se establezca un levantamiento de dicha reserva en el caso de que un indagado, requerido en legal forma y debidamente apercibido, insista en una actitud de contumacia para con la justicia. Para esa hipótesis debe preverse, además de las responsabilidades penales ya vigentes, la facultad para la Suprema Corte de Justicia de publicar en el Diario Oficial y en dos diarios de la Capital que, a pesar del apercibimiento hay contumacia de determinada persona que se individualizará, indicándose en qué causa se produce la circunstancia; estableciéndose además que, en esa hipótesis, la Suprema Corte de Justicia dará cuenta del hecho a la Asamblea General.

El Frente Amplio estima, en conclusión, que de la armonización de las disposiciones del Proyecto del Partido Nacional con las propuestas contenidas en este documento puede surgir una base normativa adecuada para lograr el amplio consenso nacional que el delicado tema requiere.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: la Comisión Especial designada por el Cuerpo preparó un informe que presenta como moción. Naturalmente, éste es el resultado de las distintas posiciones políticas surgidas a lo largo de la discusión de este tema en el seno de la mencionada Comisión.

Como todos los integrantes de la Comisión somos miembros informantes y, reglamentariamente, tenemos la posibilidad de intervenir en forma reiterada en el debate, a fin de facilitar el trabajo del Cuerpo en el día de hoy, solicitaríamos que antes de formular las apreciaciones de fondo que podríamos realizar sobre el tema, se diera lectura, por Secretaría, a ese breve informe. Luego pediríamos que se pusiera a votación por incisos. Como a la Comisión no sólo asistieron todos sus miembros sino que participó de sus deliberaciones un número muy importante de legisladores, las apreciaciones políticas necesarias podrían realizarse luego de cada una de las votaciones, a fin de señalar cuáles han sido las actitudes de cada uno de los sectores políticos, justificando así las razones de nuestras respectivas posiciones.

Formulo moción concreta, entonces, en el sentido de que se dé lectura a este breve informe, luego se proceda a su votación y, en su momento, cada uno de los miembros informantes realizará la exposición que desee a propósito del asunto de fondo.

Es cuanto quería decir, por ahora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el informe de la Comisión.

(Se lee:)

Al Senado:

Vuestra Comisión Especial designada para considerar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con declaratoria de urgencia, ha analizado dicho proyecto, así como el presentado por senadores del Partido Nacional y que el Cuerpo remitiera también a esta Comisión, y, en mayoría, ACONSEJA:

1º) Desechar expresamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

2º) Aprobar en general el proyecto de ley presentado por los señores senadores García Costa, Lacalle Herrera, Posadas y Aguirre Ramírez, con carácter de sustitutivo del presentado por el Poder Ejecutivo, (Artículo 168 de la Constitución, inciso 7º, parágrafo 2º).

3º) Otorgar a la Comisión un plazo de cinco días para considerar en particular el proyecto referido en el numeral segundo, así como, en lo referente al Capítulo segundo de dicho proyecto, considerar las modificaciones propuestas en el proyecto de ley presentado por el señor senador Flores Silva y presentar su informe final.

4º) Pasar a cuarto intermedio hasta el viernes 3 de octubre a las 15 horas.

Sala de la Comisión, setiembre 28 de 1986".

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En virtud de que este asunto, fue considerado en la sesión que hoy de mañana realizó la Comisión que estudia este tema, en la que su votación fue desglosada en incisos, solicitamos que ésta se realice en el plenario, también por incisos es decir, de cada uno de los numerales comprendidos en dicha resolución.

Debemos señalar, que en lo que se refiere a los representantes del Frente Amplio, los mismos hicieron un informe escrito que ha sido repartido a los señores senadores, donde están referidas ampliamente las consideraciones al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, así como las reflexiones y objeciones que les merece el proyecto presentado por el Partido Nacional.

En ese sentido, en la votación en general realizada en el día de hoy en la Comisión, hemos votado en contra del proyecto remitido por el Partido Nacional, no en atención al fondo del problema sobre el cual ratificamos las objeciones que allí formulamos e hicimos conocer públicamente, ya que el mismo adquiriría, por decisión de la Comisión y eventualmente ratificada por el Senado, la condición de ley de urgencia, lo que cuestionamos plenamente.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: no he de actuar como miembro informante porque no he sido designado como tal. Sin perjuicio de ello, a los senadores del Partido Nacional que constituimos parte de la Comisión que analizó el tema e hizo llegar este informe, nos pareció lógico realizar breves reflexiones y explicitar el alcance con que hemos votado el informe en cuestión, que confiamos marque un camino apropiado para la dilucidación de tan importantes temas, como lo son los que dan mérito a la sesión de hoy.

No es la oportunidad para hacer la historia del largo entorno previo que ha tenido, pero de cualquier modo no podemos olvidar que esta situación deriva de la circunstancia, ya histórica pero aún real y que pervive en el país, del proceso que se prolongara durante doce años y que nos sumiera en tantas dificultades, respecto de algunas de las cuales la República se recuperó trabajosamente. Pero de otras, como ésta, todavía sigue a la espera de alguna solución que sea eficaz y que proteja los valores que todos debemos salvaguardar. Aún cuando la defensa de esos valores resulte a todos -y nos incluimos entre ellos- muy difícil, por la ambigüedad que puede ofrecer la interpretación de unos y otros, y a veces por la contradicción que implica la afirmación de un valor contrapuesto a otro en una misma sociedad que los admite y procura respetarlos.

El país vivió, durante estos largos años, una violación constante de los derechos humanos en un alcance que la tradición nacional no reconoce en ningún momento de nuestra historia, ni aún en las épocas más difíciles.

Es del caso, y como precisión previa a toda reflexión, con esto -no quiero iniciar una polémica- señalar que en forma constante se hace una referencia ambivalente sobre la amnistía que votamos el año pasado y la presente situación que vive el país, y como conclusión de ello la eventual similitud que se procuraría a la salida presente.

Esto es un grave error. Para nosotros el tema al que hoy nos abocamos se trata de un instituto autónomo que aspiramos sea totalmente diverso en su encare y solución al del año pasado. Más allá del derecho de cada uno a considerar similitud o semejanza entre una y otra situación -y en esta forma de opinar están involucradas expresiones de quienes desempeñan cargos de jerarquía en el país- esa posición no la compartimos de modo alguno.

Lo que aquí está involucrado, a diferencia de la Ley de Amnistía de 1985, es que mientras ésta era relativa a gente perteneciente a una organización destinada a alterar el orden social e institucional que deseamos preservar, este proyecto el del Partido Nacional, está referido, -¡y qué diferencia!- a instituciones que deseamos que perduren y que continúen en la vida del país. Esta manera de encarar el tema, que pienso refleja el sentir y pensar de la enorme mayoría de los orientales y por ende de legisladores, es característica que nos ha preocupado en alto grado y obliga a meditar las trascendentes soluciones a dar.

Tengamos pues bien presente que no estamos legislando para un momento, para un hecho que se agota en sí mismo y en el tiempo; lo estamos haciendo para las Fuerzas Armadas, que es una institución republicana, que está estatuida en la Constitución de la República, y que queremos preservar en sus valores esenciales. Allí radica una de las mayores dificultades que hemos tratado de superar para el logro de las mejores soluciones.

Para nosotros pues este es un tema autónomo, distinto, válido por sí mismo, singularmente importante y gravitante para la historia del país. El solo hecho de contraponerlo, de colocarlo como anverso y reverso de la amnistía del año pasado es un gravísimo error que, termina por impedir ver con claridad en el tema.

El problema y su contexto, tienen ya 18 meses de vigencia plena en el país. Desde el primer día del gobierno democrático, recobraron vigencia normas que todos creíamos -podríamos más acertadamente decir "confiábamos"- fueran por sí mismas suficientes para el esclarecimiento de los hechos la determinación de los culpables, y los castigos consiguientes.

El hecho es, sin embargo, que nada se ha avanzado hasta el día de hoy en la dilucidación de lo que tanto interesa. Cada día que pasa vemos que no sólo se aleja la posibilidad de poner en marcha el aparato legal, sino que lo que se define es nuestra responsabilidad cada vez más acuciante. Y es válido señalar una distinción muy nítida entre la responsabilidad de los que integramos el Parlamento y el resto del país. Estamos sentados aquí para que aceptemos sobre nuestros hombros esas responsabilidades.

El resto del país puede tener opinión similar a la nuestra, puede ver con la misma angustia el paso del tiempo sin resultados, pero no tiene los instrumentos eficaces para procurar poner en marcha lo que se halla detenido. Esos 18 meses están acuciando al Parlamento en una forma muy nítida, porque nuestra responsabilidad comienza a crecer en la misma proporción que el tiempo transcurre.

Hace relativamente muy poco tiempo, nuestra colectividad política puso en marcha un trámite del tema que nos pareció necesario, y que debía poner final a esa dilatoria inconducente. Hoy el episodio resulta olvidado porque otros más importantes, más calificados, se han puesto en marcha. El Partido Nacional en aquella oportunidad, difundió su propósito de solicitar la convocatoria de la Asamblea General a efectos de considerar el tema de la violación de Derechos Humanos y la posición de cada Partido. Tuvimos exactamente el resultado que buscábamos, que no era otro que el de no perder más tiempo, y lograr que nos encaminemos, en una forma u otra, a la búsqueda de las necesarias soluciones.

De esa propuesta en adelante, señor Presidente, se fueron suscitando reuniones y entrevistas entre líderes políticos altamente representativos en la vida del país; entrevistas de mayor o menor resultado práctico, pero que fueron abriendo camino que a veces, fue cegado por disímiles enfoques.

Finalmente, el Poder Ejecutivo nos envía su pensamiento traducido en el proyecto de ley que todos conocemos ampliamente y que explicita lo que dicho Poder y el Partido de Gobierno opinan sobre el tema, y cuáles son sus soluciones.

En el informe de la Comisión a estudio del Senado que estamos considerando aconsejamos el rechazo de dicho proyecto de ley, porque no lo consideramos conducente a los objetivos buscados. Señalamos enfáticamente que para que el país pueda encarar adecuadamente este trámite debe haber ante todo objetivos similares coincidentes en todo. Las conductas, soluciones y criterios pueden ser distintos para cada colectividad política, pero los objetivos no deben ser diversos porque, entonces, el diálogo se torna totalmente imposible al transformarse en un diálogo entre dos concepciones morales diferentes. Rechazamos "in limine" el criterio de que para actuar en el Senado de la República el pueblo uruguayo haya elegido a personas que tienen concepciones morales opuestas. Acá nos sentamos quienes tenemos la misma concepción moral pero que para su aplicación, aceptamos diversos criterios.

Es notorio que el proyecto del Poder Ejecutivo consagraba una amnistía amplia, de un alcance total que, al alcanzar los delitos directos o indirectos cometidos por funcionarios policiales, militares, asimilados o equiparados, en la lucha antisubversiva comprendía absolutamente a todos los hechos y sus presuntos responsables sin excepción de clase alguna.

Incluso, por la vía del artículo 2º del proyecto, ese alcance se ampliaba a límites aún mayores comprendiendo a todas las figuras laterales -a los delincuentes, cómplices, coautores, etcétera- y a los civiles vinculados a esos hechos.

Ese proyecto de ley, señor Presidente, no ha sido de recibo por la Comisión del Senado, y descuento que tampoco lo será por el Cuerpo, y me animo a decir -naturalmente, es una opinión subjetiva- que ha sido rechazado por todo el país.

El alcance del proyecto va mucho más allá de lo que el país espera y consagra concesiones que hacen peligrar la vigencia de valores de defensa imprescindibles, seguramente no por la intención de sus firmantes y redactores, sino por su resultado inequívoco.

Dentro de lo que es opinar en tópicos que siempre son de particular dificultad, creo que, aparte de no hacerle bien conceptualmente a las Fuerzas Armadas como institución republicana, no les sirve porque al consagrar una amnistía de características tan generosas, hace muy difícil, dentro de las propias Fuerzas Armadas, la convivencia entre quienes llegaron a extremos que hacen necesario evitar su presencia y erradicarlos de las mismas.

La Comisión, señor Presidente al considerar este proyecto de ley, lo rechaza. Ya hace unos cuantos días, al procederse a votarlo, lo rechazó por mayoría. Naturalmente, el Partido de Gobierno confirmó con su voto minoritario el criterio que había llevado a esa colectividad a presentarlo.

A posteriori se presenta el proyecto de ley del Partido Nacional cuya consideración constituye la segunda parte del informe en análisis. ¿Qué características esenciales quisimos darle a este proyecto que creemos sea la adecuación cuidadosa de los mejores criterios?

Esencialmente tratamos de defender el derecho de la sociedad -que, en definitiva, es el Estado organizado al que nosotros representamos- a conocer, juzgar y castigar estos hechos.

El desconocimiento de esos valores altera la salud del cuerpo social. Quizás lo que no se paga en una primera instancia, porque se cree haber acertado al no cumplir con esos valores, se pague más adelante porque el decaecimiento de ellos terminará por hacer decaecer todo el andamiaje de una sociedad que debe ser sana por esencia. Y no lo podrá ser si acepta dentro de sí corpúsculos que no lo son y, por lo tanto, o termina creando anticuerpos -que a veces son peores que los que producen la infección- o todo el organismo social se verá invadido, provocándose, de esta manera, peores problemas que los que se creyó superar en primera instancia.

Así como señalo que tratamos de imprimir a nuestro proyecto esa característica esencial de respeto y atención a esos derechos inalienables y necesarios de la sociedad uruguaya, debemos evitar que en la práctica termine aniquilándose otros valores que igualmente hay que preservar. Para mantener el derecho a conocer, juzgar y castigar violaciones de derechos humanos, no podemos terminar por afectar el que tiene la Nación a vivir en paz, no podemos alterar la tranquilidad de la sociedad. No debemos, no podemos constituirnos, señor Presidente, en una sociedad cuyo objetivo es la punición. Para hacer un símil que puede ser válido nadie es maestro castigando; nadie logra decir: "He aquí una sociedad sana porque se dedicó a corregir y castigar". No es correcto porque mientras se defiende la justicia se altera la paz, la convivencia armónica y necesaria para el futuro del país.

Reconocemos sin embagues que conjugar estos dos extremos nos resultó difícil y confiamos haberlo hecho con eficacia, pero no es fácil establecer un equilibrio entre la defensa de unos valores y la de otros que son igualmente necesarios; lo que, termina por ser conflictivo porque son líneas tangentes que, a veces se tocan y otras, se cruzan peligrosamente.

Actuamos sobre la base de que teníamos que lograr defender lo primero sin violentar lo segundo. De esa escala de valores que queríamos defender surge sin violencia el rechazo a la amnistía general y completa a la que el Poder Ejecutivo aspira.

¿Por qué, señor Presidente? Porque no defiende los valores de conocer, juzgar y castigar -aunque no sea la intención de sus redactores- que son vitales para una sociedad y que implican el conocerse a sí mismo para todos, si vale la expresión, para los tres millones de uruguayos. El proyecto del Ejecutivo era un poco el no te conozcas a ti mismo, el dar vuelta la página, y no enterarse de lo que pasó.

De acuerdo a los criterios rectores que nos llevaron al proyecto tampoco el régimen legal vigente es solución. Puede alegarse que el régimen vigente abarca la totalidad del esquema, y quizás de una forma mejor que la prevista en nuestro proyecto; pero todos sabemos que el régimen actual vigente en su total amplitud desde hace dieciocho meses no ha tenido efectos concretos. El régimen vigente determina, entre otro de sus obstáculos el análisis de tal volumen de eventuales delitos, y por ende de eventuales delincuentes, que el Poder Judicial, y con él todo el país, debería abocarse, durante años, al solo objetivo de inquirir y averiguar, y eventualmente juzgar, lo cual determinará que los otros valores de pacificación, que también hay que defender, terminaran siendo aniquilados, rompiéndose así uno de los objetivos esenciales a los que aspiramos.

El Partido Nacional, en su proyecto de ley, rechaza tanto la amnistía, y cómo aplicar íntegramente la legislación vigente.

Después de haber rechazado esos enfoques, el Partido elaboró su propio proyecto, que refiere no sólo a estos puntos concretos, sino que además, y dentro de su entorno, contiene otras disposiciones. Entendimos que era la oportunidad de legislar en otros ángulos de la realidad muy vinculados a la violación de derechos humanos. Manera eficaz, a nuestro juicio, de señalar que los uruguayos no nos movemos únicamente en función de los hechos del pasado sino que además procuramos preservar en el futuro los valores sustanciales que nos motivan.

Nuestro proyecto tiene pues un capítulo primero de normas tendientes a la preservación del orden constitucional. Se crean figuras delictivas tendientes a acentuar, a afianzar, a mejorar el Derecho Positivo uruguayo, para que contenga disposiciones que -establecidas en la Constitución- no habían sido hasta ahora reglamentadas por normas legales.

En otro capítulo incorporamos dos aspectos que hacen mucho a la actualidad nacional y aún internacional, uno, es la determinación del delito de tortura, que no existe en nuestra legislación, pero que las circunstancias ocurrentes hacen necesario que el país incluya en su derecho positivo. El otro, relativo al terrorismo, donde por razón de técnica jurídica no se crea una figura delictiva, sino como agravante de los delitos que se cometen con propósito terrorista.

En otro capítulo se determinan con precisión algunos aspectos relativos a la jurisdicción militar. Este es un tema harto llevado y traído en la vida del país. Aunque en su determinación se ha avanzado últimamente, por la sentencia de la Corte que todos conocemos consideramos necesario aclarar algunos extremos sobre el tema.

Es en el Capítulo III, donde abordamos lo central que motiva el proyecto.

Con los elementos de juicio señalados con nuestras intenciones, con el rechazo de las soluciones aludidas antes, llegamos al proyecto de Ley del Partido Nacional, que aspiramos que desde hoy sea también el del Senado, como lo aconseja la Comisión en su informe que debatimos en esta sesión.

El proyecto nacionalista reposa sobre dos pivotes esenciales. En cuanto al fondo del tema en primer lugar: fijar de una manera más práctica, valiosa, real y conducente el ámbito fáctico, de hechos a los cuales deben dirigirse la investigación, el juicio y la sentencia. Esto se lleva a la práctica mediante los textos del proyecto que especifican concretamente los delitos comprendidos.

Dicha especificación está hecha sobre la base de aquellos delitos de mayor notoriedad, impacto y relevancia éticas; recordando que en definitiva, los primeros calificativos reposan sobre el último, porque deben ser notorios e impactantes los que repugnan a una conciencia moral de una sociedad dada. ¿Implica eso dejar de lado otros delitos? Es evidente que sí, señor Presidente. Tenemos la certeza de que se cometieron otros delitos; pero tenemos también la convicción moral de que al país le preocupan éstos y es a ellos a los que nos limitamos.

También en cuanto al fondo del asunto, y en segundo lugar, fijamos un criterio que puede resultar opinable, como lo son siempre los limitativos. Se establece una fecha determinada previa a la cual debió haberse radicado denuncia. Esto tiene dos alcances muy comprensibles para quienes somos abogados, y aquí los hay muchos. Significa alterar una norma -no me voy a extender ahora en qué se basa- que distinga entre delitos perseguibles de oficio y otros delitos perseguibles a denuncia de parte. Se llevan todos los mencionados a denuncia de parte, con lo cual estamos dejando de lado obviamente las motivaciones que mantuvo el Derecho Positivo uruguayo para determinar la vía de oficio.

¿Por qué hacemos eso, señor Presidente? Por las mismas razones por las que fijamos una fecha determinada, 22 de setiembre, para atender denuncias. Ello puede dar mérito a largas discusiones. Reconocemos que como todo límite es necesariamente arbitrario, y hay quienes sostienen que es mejor una fecha anterior, y otros, una posterior.

Si pretendemos acotar el vastísimo cargo que enfrentamos, de enorme volumen presumible de denuncias, y de gran variedad de delitos, los arbitrios buscados nos parecen efectivos, aunque sean discutibles.

Se dice que la determinación de las denuncias con fecha concreta implicaría que quedaren algunas por hacer. Y ello es altamente probable y no nos cabe la menor duda de que debemos admitirlo así. Pero repito lo que decía hace un momento: a la vez que perseguimos algunos valores hay que defender otros, porque en caso contrario el país, termina por no tener paz y tranquilidad. Si seguimos descartando de a uno los elementos tendientes a reducir lo investigable, si nos vamos inclinando decididamente hacia el criterio de amplitud, volveremos a consagrar como sistema el que ya está en la legislación vigente, lo que para mí, y para nuestra colectividad, ha sido y es una tremenda frustración, y también para el país entero, porque 18 meses de vigencia de una cuidadosa, completa y una reducida legislación han terminado en nada concreto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una moción de orden, tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 27 en 28. Afirmativa.

Continúa en uso de la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Esta decisión de acotar el ámbito de delitos perseguibles la realizamos en nuestro proyecto por dos vías. Naturalmente, como todo lo relativo, son vías cuestionables. No tengo la menor duda de que cuando el Frente Amplio dio su respuesta al Partido Nacional, debe haber tenido la misma duda que tuvimos nosotros, al reducir el listado de delitos que pueden ser objeto de persecución. No estoy interpretando el pensamiento ajeno, sino que señalo por probable similitud con lo que nos sucedió a nosotros en el momento de determinar cuáles eran los delitos que serían objeto de investigación y cuáles no, y cuál la reducción necesaria para tener éxito en la tarea impuesta, para que el objetivo fructificara y no fuera una esperanza vana. Algunos, muchos, quedan fuera de esa corta nómina y pienso que al Frente Amplio le han acuciado las mismas interrogantes que a nosotros, puesto que apenas agrega uno más a nuestra nómina. Examinaremos oportunamente en la Comisión si ello es plausible o no, pero el hecho es que en el proyecto dejamos decenas de eventuales figuras delictuosas por el camino. Esto fue una importante decisión para nosotros, y ni qué hablar lo habrá sido para el Poder Ejecutivo, y para el Partido de Gobierno, que en otro enfoque adoptó una tesis de exoneración total. Quienes nos quedamos en nuestro proyecto fuera de esa tesis de amnistía total, comprendemos y aceptamos que igualmente en la materia hay que dejar de lado alguna figura delictuosa, porque hay valores superiores que defender, y creemos que de este modo es como se les defiende adecuadamente.

El segundo aspecto, señor Presidente, que nos parece prudente, es el que informa el proyecto en lo procesal, llevando estos casos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Todos tenemos clara la respuesta: si el tema es de altísima gravitación en la vida del país -y a esta altura nadie duda que lo sea- bueno es que lo resuelva la cabeza del Poder Judicial, porque ella constituye una garantía de sapiencia, de independencia, de conocimiento, y en suma de aplicación, dentro de los cánones más estrictos, de esa maravillosa construcción intelectual que en una sociedad civilizada se llama Derecho. Este debe ser aplicado por un Juez y debemos tratar de que sea el más confiable posible, por eso entregamos la dilucidación de los procedimientos a la Suprema Corte de Justicia.

Lo hacemos procurando simultáneamente establecer plazos que agiliten la tramitación de los procesos. Si el país puede -y lo pongo entre signos de interrogación- permitirse que en todo su procedimiento penal esté aceptado el uso en demasía de los plazos -y podrá ser admisible porque, al final de cuentas, los que están involucrados son muy pocos- ello es inadmisible en este tema. La averiguación del delito, la búsqueda de los responsables, con la identificación de los eventuales delincuentes, en los hechos que motivan este proyecto, es un tema muy trascendente para el país, y que no termina constreñido solamente al presunto delincuente, al presunto averiguado o al presunto dañado, como puede ser en otros trámites procesales. Pero además la sustanciación concreta precisa de celeridad y descuento que en ello estamos todos de acuerdo, porque, de lo contrario, por vía indirecta, la demora o morosidad implicará la continuación y reiteración hasta el hartazgo de los temas, y recurrencias sobre los mismos problemas, sobre los mismos hombres, sobre las mismas cosas y sobre los mismos hechos; lo que sería negativo y lamentable para la vida del país.

La pervivencia en el tiempo de estos conflictos, no resueltos y en trámite, significará que la sociedad año tras año no emprenderá lo que todos deseamos, en convivencia armónica en un marco de paz.

Nuestros objetivos en el proyecto son muy claros: en el aspecto formal llevar la competencia a la Suprema Corte, y en lo de fondo acotar en materia de los delitos perseguibles y sobre aquellos que hubieren sido denunciados antes de la fecha de presentación del proyecto.

No es de oportunidad entrar en esta instancia a los detalles. En lo que no sea vertebral estamos dispuestos a modificaciones que mejoren el proyecto. Valga al tema lo referido a la figura del instructor que prevé el proyecto y que ha merecido objeciones de variados orígenes y sobre las que nos adelantamos -como también estamos dispuestos a hacerlo en otros temas- a decir que nuestro partido piensa que hay razón en muchas de las mismas, y que el tema requiere mayor y mejor precisión. No es el detalle concreto a mejorar o agregar lo que hoy sea de oportunidad abocarnos; sino, lo trascendente, lo necesario, para que el proyecto tenga el sentido que procuramos.

Tales conceptos sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, y sobre el proyecto nacionalista, han determinado el informe de la Comisión Especial que hoy tiene el Senado a su consideración.

Por dicho informe, y en primer lugar, rechazamos y desechamos expresamente, como es necesario -porque lo requiere la Constitución de la República- por ser proyecto de urgencia el que vino del Poder Ejecutivo. Aprobamos en general -no podía ser de otra manera a esta altura del trámite- el proyecto del Partido Nacional, que fue redactado con las bases que hemos descripto y con el ánimo de encontrar una solución extraordinaria en circunstancias extraordinarias.

Para lograr esas soluciones debemos recoger los criterios de todos, y para ello se le otorgan a la Comisión varios días de plazo que pueden ser tremendamente fructíferos. A nadie, se le escapa que van a ser detalles pero, repito, confiamos serán fructíferos.

A esta tarea, como a la esencial de defender altos valores, quiere contribuir el Partido Nacional entregando a la Comisión nuestro proyecto, como una carrera de defensa de altísimos valores de paz, de convivencia y justicia en la vida del país.

Esos fueron, señor Presidente, nuestros criterios rectores en tema tan vital y difícil. En su oportunidad, seguramente, se va ir decir por parte de integrantes de nuestra bancada cosas más coherentes, lógicas y razonables. Por ahora, como una mera introducción a lo que es nuestra posición eran necesarias estas declaraciones, y así se me encomendó hacerlas.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Apoyados)

- Estamos, sin ninguna duda, señor Presidente, tratando quizás el tema más delicado y difícil de cuantos tendrá que considerar el Parlamento en esta Legislatura. Desearía que fuera así; que fuese el tema más delicado y difícil, porque ello significa que todo cuanto vendrá en adelante serán asuntos que, aunque importantes en sí mismos no afectarán áreas tan sensibles de la vida de una sociedad, como la que sin duda trata el aspecto que estamos considerando.

Lo primero que quiero señalar es que me parece de enorme valor moral que una sociedad, a través de su equipo político y sus colectividades, trate abiertamente una circunstancia como ésta. Pienso que esto al Uruguay le hace mucho bien. Creo que al tratar de resolver las cosas en la forma como las estamos encarando, cada uno emitiendo sus opiniones franca y abiertamente, aunque ellas puedan estar distantes unas de otras, le damos al país, a la sociedad uruguaya y a las que sin duda nos observan, un ejemplo de alta conducta democrática y conciencia de nuestras responsabilidades como legisladores y como ciudadanos, como personas.

Con nuestro voto decidiremos, en uno u otro sentido, cuestiones extremadamente delicadas, en la misma forma como en su momento este Parlamento también adoptó decisiones en áreas vinculadas a iguales situaciones de carácter global que vivió esta sociedad, aspectos también de excepción y de igual grado de importancia.

Creo, por lo tanto, que a este tema debemos entrar con tranquilidad y, además, sabiendo que nuestro voto debe ser dado en función de los intereses superiores de la colectividad uruguaya, para tratar de no errar el camino.

El Gobierno ha remitido un proyecto que consagra la amnistía a todos los delitos cometidos o a todas las circunstancias desde las cuales puedan haberse violado los derechos individuales. Y lo ha hecho en los términos que la población conoce, no solamente a través del texto del proyecto que tiene a consideración el Parlamento y de la exposición de motivos, sin también por medio de las palabras del titular del Poder Ejecutivo, del señor Presidente de la República, y de las expresiones de todos los legisladores que integran el Partido Colorado.

Coincidimos con las manifestaciones vertidas por el señor senador García Costa en cuanto a que todos aquí procuramos, a través de una misma concepción moral, resolver este problema de la forma más acertada.

No se nos aparta que aquí existen dos valores morales fundamentales que están en juego: el de juzgar -amén del derecho a hacerlo- y el de preservar la paz. De seguro que en las circunstancias en que las sociedades determinaron que naciera este instituto de la amnistía, se debe haber considerado, al tiempo de su instauración, la colisión que aparentemente surge entre juzgar y amnistiar, porque amnistiar significa reconocer delitos y renunciar al derecho de juzgar.

Cuando las sociedades, a través del tiempo, durante siglos, en distintas circunstancias y oportunidades de carácter colectivo o sectorial, han renunciado a juzgar y han optado por amnistiar, ¿es que acaso con ello se han privado de un valor tan esencial como lo es el derecho a juzgar? No; es que han entendido que frente a ese derecho a juzgar había uno más importante a preservar y cuidar -al que también se refirió el señor senador García Costa- que es la necesidad de mantener la paz en la sociedad.

No voy a referirme a ningún tipo de simetría ni equivalencia entre lo que la ley de marzo determinó en relación a la situación generada o creada en el país por todos los hechos vinculados a la sedición y lo que este proyecto del Poder Ejecutivo pretendía, porque no creo que las cosas se puedan tratar desde el punto de vista de le simetría, ya que si lo hiciéramos, prácticamente hablaríamos de la vieja Ley del Talión. Aquí no se trata de eso; ni está en el ánimo de nadie y menos aún en el de quienes hemos votado a favor del proyecto del Poder Ejecutivo. Cuando quien habla manifestó en el seno de la Comisión, repitiendo las palabras pronunciadas, por cierto no por mí, sino por alguien más autorizado, el señor Felipe González: "Amnistiar a todos de todo", no lo expresé por simetría sino porque entendí y entiendo que cuando recurrimos a la amnistía, lo hacemos en función de preservar el valor de la paz, ya que para nosotros, en este momento y en estas circunstancias de la vida del país, es más importante que el derecho a juzgar. ¿Por qué hago esta apreciación? ¿Por qué sostengo esta afirmación? La sostengo, señor Presidente, porque creo que los acontecimientos vividos por esta Nación -que por cierto no nacieron ni terminaron en una fecha exacta, dado que las cosas no nacen y desaparecen de un día para otro, van surgiendo, creciendo, llegan a un clímax y luego, lentamente, con estertores, van desapareciendo-. Realmente no se pueden circunscribir a la acción directa de sectores, sino que se deben incorporar -y creo que la historia así lo hará- al análisis de la conducta que englobe a toda la sociedad.

Estoy seguro de que ninguno de los ciudadanos que de alguna forma hemos tenido responsabilidades en la vida del país -hoy leía, precisamente, un reportaje que le realizaba "La Nación" de Buenos Aires al escritor Sábato, en el que señalaba claramente que en función de su condición de escritor, se sentía con más responsabilidad frente a la sociedad, que la que podían tener otras personas- nosotros, que integramos colectividades políticas, aun cuando esas responsabilidades hubieran sido menores ayer que las que tenemos hoy -como las pueden tener otras personas; que forman parte de sectores no directamente vinculados con lo político o con el Gobierno, sino otros de la vida nacional y societaria del país, que también son muy importantes- y que hemos sido partícipes de ellas, en un momento en que se crearon situaciones que no se creyó nunca que pudieran darse en el Uruguay nadie pudo pensar que en nuestro país hubiera un grupo de ciudadanos, muchos de ellos contemporáneos nuestros, a quienes conocimos en la Universidad de la República y con quienes fuimos compañeros de aula, que considerara que los mecanismos para transformar y mejorar una sociedad podían pasar por la violencia armada.

Tampoco nosotros pensamos que esa circunstancia podía desatar algo que no estaba seguramente en el ánimo de nadie -desde 1962 a 1967- que fue el golpe militar que terminó con las instituciones y desencadenó en el país una cosa tan dura y trágica, similar a otros hechos que el Uruguay vivió, aunque no menores en gravedad y dolor, hace aproximadamente 100 años.

Pienso que aún cuando podamos acumular una cantidad de causas exógenas -nunca ninguna persona, ni ninguna nación ha vivido aislada; ahora mucho menos- se debe reconocer que en todo ese proceso hubo factores, que son propios de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestra intemperancia, de nuestra incapacidad de encuentro y también quizá de un tiempo económicamente debilitado y casi destruido, que determinaron que el país -como dijera algún legislador en el pasado- perdiera la fe en sí mismo, su calma, y por esa vía entrara en un enfrentamiento y en una fragmentación de la sociedad uruguaya, de la que ahora nos aprestamos todos a salir. Es evidente que todos queremos salir de esta situación y precisamente aquí estamos discutiendo, con seriedad y abiertamente, cuáles son los mejores métodos y mecanismos para alcanzar ese objetivo.

En esa materia, creo que las amnistías responden a esa situación. Las amnistías, que en sí mismas reconocen la existencia de delitos -porque si no, ¿qué se va a amnistiar?- reconocen también la existencia de un derecho a juzgar a aquellas personas que los han cometido e infligirles el castigo que señala el catálogo del Código Penal de cada una de las naciones. Es decir que esos factores son reconocidos. Cuando las sociedades van en busca de ese camino para resolver el problema, no es porque digan: "No, no queremos justicia", sino porque precisamente se dicen a sí mismas: "Optamos por este camino, renunciando a nuestro derecho de justicia para preservar otro tipo de valores". En ese sentido, creemos que en ciertas circunstancias, éstos prevalecen y son más importantes que las situaciones anteriormente descriptas. De allí que hayamos elegido este camino, esta vía, que sin duda no es la mas fácil ni la más agradable, ni puede satisfacer a todos. Nos hubiera resultado quizá más sencillo decir que estas cosas se manejen por la vía de las normas jurídicas vigentes: no obstante hemos optado por un camino tal vez más difícil, pero que a nuestro juicio se compadece con la situación vivida por el Uruguay y que necesariamente tenemos que dejar atrás. No creo, señor Presidente, que cuando una sociedad se dispone a juzgar, asuma esa actitud para satisfacer el dolor de aquellos que han sufrido; no se juzga para satisfacer el dolor; no se juzga para encontrar el lugar donde está sepultada aquella persona ignominiosamente asesinada; no se juzga para que aquél que se ha castigado sufra tanto como quien fuera víctima del delito sometido a juicio. Si fuera así, estaríamos en el viejo sistema de la "Dicoe", donde la forma de la justicia consiste en que los parientes de la víctima tienen la obligación de infligirle al victimario el mismo daño sufrido por la víctima; eso no es justicia. La justicia es otra cosa; algo bien distinto que todos entendemos y sabemos lo que es.

Por lo tanto, cuando una sociedad asume la actitud de amnistiar -que es lo que nosotros proponíamos; a nuestro juicio tiene mucha más fuerza porque es más difícil y porque exige un acto de reflexión y generosidad muy profundos- con eso no consagra la impunidad, sino su fortaleza y fuerza moral. Aquel que ha cometido un delito tiene conciencia de ello y siempre lo llevará consigo, y cuando la sociedad lo amnistía no está olvidando sino que le está diciendo claramente que renuncia a su derecho de juzgar porque entiende que es el camino que más le conviene a ella, máxime cuando su intención es la de resolver un problema de la magnitud y de la naturaleza por la que atravesó.

Evidentemente, señor Presidente, como legislador voy a tener que dar mi voto por una u otra solución. Muchas veces dije que podía tener dudas, profundas y de carácter moral, con respecto a si estaba acertado o equivocado en lo que iba a hacer, porque uno nunca puede tener el conocimiento previo de las consecuencias que implica dar el voto en uno u otro sentido. Por cierto que he tenido dudas, tanto antes como ahora. Desgraciado de aquel que no las tenga, que se sienta tan seguro de sí mismo como para resolver problemas de semejante magnitud sin tener dudas; reitero que yo sí las he tenido. He dicho más de una vez que si me tengo que equivocar, que si mi mano levantada puede significar que cometa un error, prefiero hacerlo a través de la amnistía que desencadenando un proceso que sabemos cómo empieza, pero que es muy difícil saber cómo termina.

En el fondo, la amnistía no es otra cosa que reconocer que todos los uruguayos -no me voy a referir a hechos de similar naturaleza que existieron implícitamente y explícitamente, en nuestro país, en el siglo pasado- hemos sido un poco culpables de cuanto ha sucedido y, en ese sentido, deberíamos asumir la responsabilidad para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.

Esta responsabilidad común, que compartimos todos los legisladores y todos los ciudadanos -pero nosotros en mayor grado- nos ha llevado a reafirmamos en nuestra posición de defender el proyecto del Poder Ejecutivo y a decir y repetir lo que manifestara el señor Presidente de la República -persona a quien conozco profundamente, ciudadano y demócrata probado, que ha dado fe de ello a lo largo de su vida política- que el Partido Colorado estaba y está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Por ello es que nuestro Partido ha presentado este proyecto al Cuerpo. Sin ninguna duda, el Partido Colorado sabe que ello supone, para sí mismo, un costo político; y si dar ese paso, que puede ser importante desde el punto de vista de las consecuencias políticas, en función de las responsabilidades de gobierno, para llevar a cabo algo que entendemos confluye asegurando la paz en el país, significa pagar un costo político necesario, también está dispuesto a hacerlo. Somos solidarios con las expresiones del señor Presidente de la República, con su voluntad e, inclusive, con la búsqueda de ese camino para que sobre él recaiga esa responsabilidad última.

Nos manejamos en el Senado como corresponde a todo régimen democrático: votamos en Comisión y fuimos derrotados, pues es notorio que el Partido Nacional y el Frente Amplio se pronunciaron en contra del proyecto de ley de amnistía presentado por el Partido Colorado. También es evidente que a posteriori de ello el Partido Nacional presentó un proyecto. Entendemos que éste no es el momento de explayarnos sobre él pero nuestra actitud debe asumir que él sea un proyecto sustitutivo, tal como lo señala la Constitución y como lo propone el informe que la Mesa ha leído, precisamente quiere decir que habilitamos un procedimiento constitucional para que este proyecto que atiende la misma temática sea tratado con la característica de urgencia con que venía el otro y que vuelva a la Comisión para ser considerado allí y ver si podemos encontrar, alrededor de este texto o de otro que surja en ella, el acuerdo necesario como para poner fin a una etapa dolorosa de la vida del país, que pensamos el Uruguay debe considerar como lo está haciendo: abierta, públicamente, asumiendo todos nuestras responsabilidades, aun cuando en algún caso -como en éste en que la responsabilidad le corresponde asumirla al Partido Colorado- pueda aparecer como adverso, ya que nosotros entendemos que es nuestra obligación, cuando sostenemos que es conveniente para el país una amnistía, que comprenda todos los delitos, tal como lo propone el proyecto del gobierno.

Nos hemos avenido, pues, a votar esta solución porque entendemos que ella responde a dos objetivos. El primero, seguir tratando el tema y el segundo, mantenerlo dentro de los términos de urgente consideración porque de cualquier forma debe ser tratado con la mayor celeridad posible, sin mengua de que su análisis sea detenido y profundo, porque el país precisa salir de esta situación bien y rápidamente. En este sentido, no nos estamos pronunciando sobre los distintos aspectos del proyecto; al votar en forma afirmativa el considerando 2º) de esta moción, simplemente estamos habilitando a que se transforme en un proyecto sustitutivo de aquél del Poder Ejecutivo y que rijan para él las normas del parágrafo segundo, del numeral 7º) del artículo 168 de la Constitución de la República.

Esperemos que en estos próximos cinco días la Comisión encuentre, con creatividad, con imaginación y con el sentido de responsabilidad con el que ha estado manejando todo, una solución que nos habilite a volver al Cuerpo a decir que, si no en el marco de un acuerdo entre todos, por lo menos hemos obtenido mayorías suficientemente sólidas y claras como para darle al país un instrumento legal que asegure que con esta ley finaliza el proceso trágico, duro, triste y doloroso que vivimos, al que tenemos que recordar como un hecho del pasado, pero al que debemos referirnos con una vocación de futuro: la vocación de encontrar los caminos, que impidan vuelvan a existir las causas que determinaron que la sociedad uruguaya perdiera esa tensión superficial que mantiene cohesionada a una sociedad y que hiciera que personas como nosotros, no mejores ni peores, integrantes, unas de los movimientos sediciosos, integrantes otras de las Fuerzas Armadas que los reprimieron, cometieran actos no naturales ni propios de la conducta normal de los seres humanos.

SEÑOR BATALLA - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En el comienzo de mi exposición recojo una frase del señor senador García Costa, que luego repitió el señor senador Batlle, porque creo que todos debemos sentirla como fundamento de nuestra acción, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento y también de nuestra palabra. Decía el señor senador García Costa, que todos tenemos una misma concepción moral, pero que para su aplicación existen distintos criterios.

Creo que el planteo es correcto, que todos los aquí presentes, tenemos la inmensa responsabilidad de no callar y de exponer nuestra posición limpia y abiertamente sobre un tema que -repito lo que señalaba el señor senador Batlle- tal vez sea el más importante y difícil que tengamos a nuestra consideración en el correr de los próximos años. Por supuesto ello no merece ninguna duda. El tema, no sólo reza aspectos jurídicos y políticos, sino también aspectos morales.

Cuando el señor senador Batlle se refería al señor Presidente de la República, y al Partido Colorado, decía, que estaban dispuestos a asumir el costo político. En primer lugar, quiero tratar este aspecto, porque ese planteo se ha repetido muchas veces. Como todos saben, mantengo una vieja amistad con el señor Presidente de la República, y más allá de concordancias o de discrepancias en el orden político siento por él un profundo respeto personal y cívico, y lo sé un hombre de valor, pero creo, que en esta cuestión concreta, el costo político no es para el Partido Colorado ni para el Gobierno, sino para la institucionalidad toda, para la democracia. Por eso creo que absolutamente todos, más que en otros aspectos, tenemos la obligación de ser totalmente claros.

Me parece que todo este período, ha sido muy duro y que todavía no lo hemos superado. En alguna oportunidad ya nos hemos referido en este Parlamento a la dictadura, a todo ese proceso de autoritarismo tan duro y difícil para el país, que siempre deja consecuencias que son fáciles de percibir, pero también deja otras que no siempre se llegan a notar, que a veces es posible que uno se muera sin haber llegado a comprenderlas en toda su dimensión; me refiero, a lo que significa el cambio de la personalidad y de los valores sobre los que se asienta una sociedad. Es posible, que ello haya sucedido en cada uno de nosotros y en la sociedad.

Pienso que todos tenemos el mismo objetivo: la reconciliación nacional y la pacificación del país. Quizá mantengamos discrepancias sustanciales en cuanto a los caminos y los instrumentos. Por ejemplo, nosotros hemos señalado en todos los tonos y en todas las tribunas, las discrepancias sustanciales que teníamos con respecto a las soluciones planteadas por el Poder Ejecutivo, con la amnistía proyectada, y dijimos el porqué.

Creemos que de este proceso, en el que más o menos todos hemos sufrido, porque ha sufrido el país y todo su pueblo -aquí no tiene sentido establecer porcentajes ni cuotas individuales o políticas sufridas- queremos salir y mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los caminos? El señor senador Batlle decía que tenía dudas. Naturalmente; ¿quién no las tiene? ¿Quién tiene la verdad encerrada en un puño? Nadie: todos tenemos dudas en cuanto a los caminos a seguir. Creo, que para aquel que tenga un mínimo de responsabilidad, tiene que haberle resultado demasiado triste este proceso, como para pensar que una solución, pueda poner en riesgo lo que hemos obtenido con tanto sacrificio y con el esfuerzo de todos.

Por eso, cuando nosotros decimos no a la amnistía, cuando reclamamos "verdad y justicia", no lo hacemos por revancha, por rencor, ni por resentimiento, sino porque entendemos que el fortalecimiento de la estructura democrática, sólo puede surgir del convencimiento de todos y de cada uno, acerca de que vivimos dentro de un orden jurídico, en el cual la sumisión a él es lo que nos da la confiada tranquilidad de su ejercicio.

Por eso nosotros también sentimos -y en esto concordamos con el señor senador Batlle— que no puede haber simetría, ya que no es un planteamiento simétrico de una amnistía para un lado y de otra para el otro. Obviamente, los esquemas de funcionamiento son distintos.

En marzo de 1985 todos sentimos que existía un clamor popular que quería olvidar determinadas cosas, que sobre todo quería borrar una etapa de delitos políticos. En aquel momento, todos entendimos que no era posible hacerlo, que no era deseable establecer una solución simétrica, que se llamó, en su momento, la amnistía recíproca.

¿Por qué consideramos que no había que hacerlo? Porque también todos entendimos, que cumplíamos con un clamor popular cuando aprobábamos una amnistía para todo lo que había sido la delincuencia política, y establecimos una excepción expresa para aquellos que habían actuado desde el Estado, utilizando la confianza que el pueblo le da a determinados sectores para ejercer, en su nombre, la fuerza y la coacción. En ese momento entendíamos, que ese mecanismo no era aplicable a ellos.

¿Qué ha ocurrido con el correr del tiempo? ¿Qué ha sucedido en estos 18 meses de democracia? No ha habido comparecencia personal, de quienes fueron convocados por la Justicia Penal ordinaria. Y ante la justicia militar, que funcionó con hombres designados por la democracia en su órgano supremo, en la cual muchos pudimos tener confianza de que iba a implicar un mecanismo para el esclarecimiento de los hechos, eso tampoco se dio.

Más aún: una de las expresiones que se utiliza en el Mensaje del Poder Ejecutivo -y que también señaló en su exposición el señor Presidente de la República- refería concretamente, que en estos 18 meses no se habían producido esclarecimientos, en ninguno de los episodios vinculados a las violaciones de derechos humanos denunciados durante los últimos meses de la dictadura, y en todo el período de democracia. Creo que es injusto decir eso porque, en definitiva, era imposible que se produjera ese esclarecimiento por cuanto quienes estaban imputados, quienes podían aportar elementos de juicio decisivos en esa materia, no comparecían a declarar. Entonces, pienso que ese argumento es profundamente inexacto, porque no puede ser valorada una consecuencia cuando ésta en definitiva, es una causa ajena a la justicia y al proceso judicial.

Considero que tenemos que tener muy claro, que hoy no sólo estamos anmnistiando delitos del pasado, sino también del presente. Esos delitos, no son de la época de la dictadura; no pertenecen a ese episodio ajeno a nosotros que fue la dictadura, aunque la sufrimos, sino que los hechos que no sólo agreden una conciencia ética individual, sino también a la propia estructura democrática, a la cual todos los que estamos acá -y a nadie le hago la ofensa de suponer lo contrario- más allá de discrepancias, tratamos de fortalecer y de profundizar.

Ahora, cuando sentimos que surge una amnistía para todos, creemos que ese no es el clamor de la ciudadanía. En 1985, la amnistía que se dictó, fue producto de un sentimiento que fue de abajo hacia arriba y que la ley se limitó a recoger. Entendemos que la situación de hoy es justamente, la contraria. Estimamos que existe un profundo sentimiento, no diría de frustración -no sería correcto utilizar ese término- pero sí, de debilidad de la democracia. Y éste es un sentimiento que existe en el pueblo, más allá de que lo sea o no.

Todos nosotros tenemos que sentir que el fortalecimiento de la democracia, se da en la medida en que cada uno de los hombres que integran una comunidad, entiendan que aquellos que los representan, también son conscientes de sus angustias, de sus inquietudes, de sus preocupaciones, de sus esperanzas y también de sus deseos. Tal vez la democracia tiene en su debilidad su inmensa fortaleza, que es el convencimiento de que cada uno de nosotros, pocos o muchos, somos sus representantes. En esa realidad, tenemos que ver este proceso y esta actitud concreta referida a la amnistía.

Hemos elevado un extenso informe escrito, que aspiramos que sea leído con detención, en el cual señalamos los fundamentos de todo el Frente Amplio respecto el proyecto remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo. Naturalmente que lo rechazamos. No es que discrepemos la búsqueda de la paz; por supuesto que la buscamos, diría, hasta con desesperación; pero la paz es también un camino, es un medio y no es un fin en sí mismo. Creemos que el camino para lograrla, es ese orden jurídico al que todos tenemos que respetar, y que se impone a los administrados, pero también a los administradores. Esa es la gran discrepancia que tenemos con el proyecto; que es nuestro gran punto de conflicto.

Buscamos los caminos que conduzcan a la verdad. Cuando decimos verdad y justicia, somos conscientes de lo que pedimos. Desde luego, sería muy fácil situarse en una posición demagógica, y decir que vamos a investigar absolutamente a todos. Sabemos que eso es imposible.

Diría que también hay una línea ética que separa lo que en este momento tenemos la obligación de investigar. Cuando señalamos nuestra posición respecto al proyecto presentado por el Partido Nacional, la hemos expresado claramente. En la medida en que trae un aporte legislativo, podemos tener discrepancia con él, podemos formularle objeciones, pero también tenemos concordancia y reconocemos que significa un aporte que aceptamos como tal.

Un proyecto de ley nunca es un contrato de adhesión, que se toma o se deja, y por eso también hemos entregado al Partido Nacional y las hemos hecho públicas una serie de reflexiones que refieren al mismo. Esto no es porque hayamos entendido -y seguimos entendiendo- que nuestro sistema normativo permite el juzgamiento; naturalmente, lo hemos creído así y lo seguimos creyendo. Pero no fue casual que el año pasado presentáramos, con el señor senador Zumarán, un proyecto de ley que, a nuestro juicio, constituía un aporte legislativo para resolver un problema que ya entonces tenía sus dificultades.

Nadie puede encerrarse en un determinado orden jurídico, y decir que es inmodificable, que es la verdad de Dios. Nadie puede plantearse ese esquema.

Por eso nosotros rechazamos, yo diría profundamente, el proyecto del Poder Ejecutivo, que constituye un mecanismo no sólo inadecuado sino, también, un obstáculo para que en determinado momento pueda llegar a este país, la reconciliación nacional y la pacificación plena que todos deseamos.

Expresamos esto, no solamente en cuanto refiere a nuestra propia posición, sino también, porque entendemos que acá ninguno de nosotros puede juzgar instituciones. No estamos juzgando a las Fuerzas Armadas, cuando se juzga a sus hombres; ni siquiera pretendemos hacerlo con todos sus integrantes, sino con una ínfima minoría. Y en la medida que sentimos profundamente, que la reconciliación nacional se va a producir con blancos, colorados, cívicos, frenteamplistas, con religiosos y ateos, con blancos y negros, con políticos y apolíticos, con civiles y militares también aspiramos a la integración de las Fuerzas Armadas a esa sociedad. Y esa sociedad, solamente recibirá a esas Fuerzas Armadas, las que sólo se integrarán a la misma en la medida en que ellas sientan que son una fuerza digna y respetada por la opinión pública y por ese pueblo del que, naturalmente, forman parte.

Por eso, es que aspiramos a que se debata plenamente el problema, ya que creemos que así debe hacerse. Consideramos que eso le hace bien a la democracia, por encima de que haya discrepancias de blanco a negro. Sentimos que estamos discutiendo, tal vez, el tema más ríspido de toda esta legislatura; pero sin duda, pensamos que tenemos la obligación de hacerlo. Nadie puede marginarse; nadie puede decir que no debe ocuparse de este problema, ya que es un tema que le concierne a todos.

Por eso hemos entendido imprescindible formular estas reflexiones, que son coincidentes con lo que hemos sostenido en el seno de la Comisión y públicamente, y que han señalado la posición del Frente Amplio en el rechazo pleno del proyecto del Poder Ejecutivo, y en la votación en contra del proyecto del Partido Nacional, no en cuanto pueda significar una base de discusión, que nosotros, como tal, aceptamos, sino por su carácter de sustitutivo, que le otorga, le confiere, una condición de urgencia que esencialmente rechazamos.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA.- Señor Presidente: la exposición de motivos con que el Poder Ejecutivo envió el Mensaje y proyecto de ley, comienza diciendo que es un nuevo proyecto inspirado con el propósito y la esperanza de alcanzar la completa pacificación del país por la vía de superar para siempre las contiendas que durante dos largas décadas enfrentaron a la sociedad uruguaya. Aquellos años en que se sufrió la violencia política, se llegó incluso la guerra interna, así declarada por los poderes constituidos y a la caída de las instituciones, desembocando en doce años de gobierno de facto.

Comparto el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo referente a la amnistía de policías y militares, por entender que su sanción es necesaria para la definitiva pacificación del país.

Pienso que al tomar posición al respecto debe razonarse con grandeza de alma, atendiendo exclusivamente a consideraciones objetivas: la tranquilidad y la paz públicas, el respeto a las instituciones, la necesidad de que el país camine hacia adelante sin demoras, la consolidación del sistema democrático, y apartando toda consideración subjetiva, como el dolor o el rencor personales que, por supuesto, comprendo y respeto profundamente pero que entiendo que en este momento deben relegarse en aras de los mejores destinos de nuestro país.

Tal vez valga recordar en este sentido que también nosotros tenemos agravios y dolor.

Fue la Armada, que yo tenía el honor de comandar el 8 de febrero de 1973, la que se opuso frontalmente al golpe de estado propiciado por muchos de los que ahora quedarían amparados por la amnistía que se propone.

Y es bueno recordar también, que a los más valiosos Oficiales Superiores de entonces, la dictadura, una vez entronizada en el poder, les cortó sus brillantes carreras profesionales mediante el arbitrario Inciso G, por el exclusivo hecho de haber cumplido con su juramento militar de defender la Constitución y las leyes, situación irritante de destitución, la única pendiente, que exige una reparación que hasta la fecha no ha tenido.

En lo personal, incluso, fui detenido y procesado por haber mencionado la actitud enaltecedora de la Armada en ocasión de las elecciones internas de 1982, al inaugurarse la Departamental de la Lista 15 en la calle Paraguay.

No obstante todo ello, a pesar de situaciones como esas que, irremediablemente, nos inspiran sentimientos de rechazo, de indignación y de ansias de reparación, entendemos que tales sentimientos personales no deben pesar en nuestra decisión respecto a la amnistía. Y esto, porque entendemos que la amnistía significa un gran olvido, tal vez un doloroso gran olvido, que todo el país asume en razón de intereses superiores que deben primar sobre el interés y el sentir particular de cada uno de sus habitantes.

La amnistía es un instituto excepcionalísimo que sólo procede en casos extraordinarios, como establece la actual Constitución. Y su fin es el restablecimiento y la consolidación de la paz pública. Yo diría que la amnistía es un recurso jurídico al que el país puede apelar para resolver, dentro del derecho, situaciones de hecho extraordinarias, cuya consideración a través de los procedimientos jurídicos ordinarios, pudieran comprometer la paz pública, que es uno de los fines esenciales del Estado.

Y la situación de hecho extraordinaria, el hecho extraordinario que funda el actual proyecto de ley de amnistía es el mismo caso extraordinario que fundó la amnistía otorgada por la Ley Nº 15.737, del 8 de marzo de 1985. Y ese caso extraordinario, común a ambas situaciones, fue el quebrantamiento en nuestro país "de los principios básicos de la convivencia democrática", el "desconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana", "el clima de violencia social y la represión inmoderada", que generaron odios y dividieron a los habitantes de esta tierra, tal como se establecía en la exposición de motivos que acompañó el proyecto de ley de amnistía que el Poder Ejecutivo remitiera a la Asamblea General el mismo día de su asunción, el 1º de marzo de l985.

El proyecto de entonces del Poder Ejecutivo, establecía una amnistía general para todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, criterios a partir del 1º de enero de 1962, sin exclusión alguna. La ley sancionada en definitiva, excluyó de la amnistía, por su artículo 5º, a los funcionarios policiales o militares.

Pero de tal suerte, esa amnistía, dada su falta de generalidad, no consagró el olvido de los delitos políticos o conexos con ellos, cometidos por todos los imputados por responsabilidades análogas, sino tan solo el olvido de los delitos cometidos por algunos de esos imputados. Y eso es olvidar a medias o, lo que es lo mismo, recordar aquellas. Y recordar, aunque sea a medias, no es compatible con el olvido de situaciones aberrantes que, en casos extraordinarios debe asumir el país entero en salvaguardia de los intereses superiores, olvidar que es la esencia misma del instituto de la amnistía.

Pensamos que el actual proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo viene a complementar la ley de marzo del año pasado, que adolecía de esa falta de generalidad en el olvido, para configurar una verdadera amnistía.

Yo sé que pueden hacerse -y los he escuchado con mucho respeto- argumentos jurídicos tendientes a oponerse al proyecto o a limitar su alcance. Se ha dicho que los amnistiados por la ley anterior habían cumplido duras condenas que justificaban la amnistía decretada. Pero la amnistía alcanzó también a quienes no fueron condenados ni estuvieron un sólo día privados de su libertad, y que ni siquiera fueron sometidos a proceso, puesto que, entre otros delitos, quedaron más de 20 homicidios impunes perpetrados por la sedición.

Se ha dicho también que la amnistía no debe ir más allá de noviembre de 1972, momento en que, según fuentes militares, se habría alcanzado el triunfo militar contra la sedición.

Yo, que en ese momento era Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no me enteré del hecho, de que en noviembre de 1972 la sedición estuviera derrotada.

No sé cuál habrá sido el motivo de hecho para establecer esta fecha.

Al respecto, estimo que la amnistía trata de resolver, por vía legal, situaciones de hecho excepcionales que por su propia naturaleza son muy difíciles de encuadrar dentro de plazos rigurosos. Los hechos que trata de contemplar la amnistía son conductas delictivas que comienzan con la violencia sediciosa, y que, en un trágico espiral autoalimentado por acción y reacción continúan con los desbordes de la represión, y que recién podemos decir que terminan, ciertamente, con el fin de la dictadura y el advenimiento del actual gobierno el 1º de marzo de 1985. Estas conductas, dada su naturaleza delictiva, se desarrollan siempre en un clima de clandestinidad y ocultamiento y por tal razón, es por demás riesgoso pretender fijar un plazo estricto dentro del cual ocurrieron.

Pienso yo que en materia de amnistía, cuando de lo que se trata es de olvidar crímenes que a todos nos hirieron como única forma de evitar enfrentamientos que vuelvan a poner en peligro la paz pública, vale más pecar de generosos que de estrictos. Sería muy peligroso que delitos de igual índole fueran unos olvidados y otros castigados en función del rigorismo de un plazo. Y, asimismo, de esta suerte se estaría violando la naturaleza del instituto de la amnistía, que exige la generalidad del olvido para que la amnistía sea tal.

Creo, señor Presidente, que estamos en uno de esos momentos excepcionales por los que a veces atraviesan los países, para superar los cuales es necesario apelar a los más altos valores espirituales de sus habitantes. Cuando los intereses del país -que están por encima de los intereses de cada uno de nosotros- exigen que callemos agravios y cerremos en silencio nuestras heridas, así debemos hacerlo, porque sobre el sacrificio de nuestras rebeldías de hoy estaremos construyendo el país feliz de mañana.

Yo sé y siento que esto no es fácil, que dentro de nosotros existen rencores y rebeldías que exigen el castigo de quien nos infirió el agravio. Pero no olvidemos que los agravios fueron mutuos y que, por tanto, los rencores son recíprocos. Y no podemos pensar en un país en paz, si es que no olvidamos todos los agravios y acallamos todos los rencores, que es, precisamente, la intención superior que persigue el proyecto de ley de amnistía; proyecto que apoyo con calor por entender que es el único camino transitable para que podamos vivir en paz de una buena vez, dedicando el esfuerzo a construir el país que queremos, el país que todos soñamos.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: creo que todos quienes estamos aquí en el Senado hoy, sentimos que el Cuerpo debe felicitarse del nivel del debate y del respeto con que el mismo viene desarrollándose.

Estamos discutiendo, señor Presidente, un tema esencial para la sociedad, que se plantea muy de tanto en tanto en algunas esquinas dramáticas de su historia. Estamos debatiendo sobre qué vamos a hacer con un pasado reciente de dolor y de división. Y el hecho de que el Senado lo haga -porque así han comulgado los representantes de los tres partidos- con el reconocimiento moral de una parte hacia otra, y de todos con todos creo yo que es un aporte importante que está haciendo este Cuerpo a la solución del problema y más que eso, a la conformación misma de la personalidad de la democracia uruguaya.

Los conceptos que afines al partido a que pertenezco ha desarrollado en su nombre el señor senador Jorge Batlle, hacen que algunas de las cosas que voy a decir, las deba obviar, por haber sido expresadas de un modo inmejorable.

De manera sintética y breve, señor Presidente, quiero señalar qué es lo que, a mi juicio, anima no sólo el proyecto del Poder Ejecutivo, sino la actitud y el alma misma del Partido Colorado en esta ocasión la búsqueda de la paz, la serenidad de los espíritus del país, la conciliación por sobre la confrontación, y un país de armonía sobre las pasiones. Y no es esto mero "slogan"; no es esto, por repetido que haya sido por los miembros de nuestro partido, producto de "consignerismo". Esto es más importante que la misma coyuntura en que vivimos; es intentar dar un envión que nos supere, no sólo al país de los años ’70 de la dictadura -donde hubo momentos de confrontación, de pasión de espíritus- sino, también, al de los años ’60. Sentimos que en la posibilidad de encontrar un escenario de conciliación, y de concordia, estamos superando tal vez, 25 ó 30 años de errores históricos.

Habitamos una sociedad, señor Presidente, que desde que comenzó la democracia, hizo un gran esfuerzo por la paz, como pocas, tal vez.

Quienes hemos salido al exterior en este año y medio, hemos visto con qué admiración se habla del proceso uruguayo. No voy a entrar en los detalles de este envión de concordia y de esfuerzos pacíficos que está haciendo la sociedad uruguaya; pero digamos que 8 000 hombres y mujeres, que bajo la dictadura fueron echados de sus trabajos, hoy están restituidos, sin que se haya intentado lesionar -en un esfuerzo pacífico realmente importante- a los que estaban en su lugar. De esos miles de hombres y mujeres, de ciudadanos, cientos de ellos han entrado en un sistema tan sensible como es el educativo, y hoy tenemos ex-guerrilleros -en más de un centenar- profesando la cátedra en las escuelas o en los liceos.

En una recorrida que realicé hace pocos días por el interior, me comentaban que un ex alto funcionario bancario, que había participado del propio atraco de su banco, hoy está restituido en el mismo.

Ese gran esfuerzo de concordia, hoy necesita -creemos nosotros- la continuación de su camino. El Uruguay moderno, en el que vivimos, el que protagonizamos todos, es un largo camino por la democracia y por la paz. Camino de pasos imperfectos, donde hemos estado dudando, donde nos hemos estado criticando; camino de pasos, reitero, imperfectos y que, sin embargo, nos ha conducido a un itinerario feliz. El año 1982 fue imperfecto; elecciones internas solo para el Partido Colorado y el Partido Nacional; ellos, sin embargo con hombres proscriptos. Había partidos, como el Frente Amplio que no podían votar y, sin embargo, se discutió, se actuó y ganamos un espacio, un jalón en el camino como ganamos también un escalón imperfecto, si trascendente, decisivo y constitutivo de democracia como fue el paso, con sus imperfecciones históricas, del Pacto del Club Naval y las elecciones realizadas en 1984. Colorados y frentistas señalaron un camino, compartido o no; pero, sin embargo, a nuestro juicio -sin entrar a abrir polémicas- muy positivo.

En el año 1985 dimos en este Parlamento -sin ponernos todos de acuerdo- un paso que fue trascendente: el de la amnistía. Y cuando uno ve este camino, señor Presidente, y lo compara con el de otros países del continente que comenzaron la tragedia en fechas muy similares a las nuestras, cuando ve el drama de la República chilena, siente que la clase política de este país, la clase dirigente y el cuerpo social nacional, han actuado con sabiduría política y ello es hoy reconocido, naturalmente, en todo el continente.

Nosotros no podemos dejar de ver el paso que estamos dando, la idea que propiciamos y el esfuerzo que impulsamos, si no es en ese camino. En el que hemos opinado y en el que hemos sido criticados -naturalmente reconocemos nuestras imperfecciones- pero en el que se debe aceptar, también, la existencia de un sendero de inteligencia que le ha dado al país espacios de libertad en los que hoy podemos vivir con derecho y plenitud.

Como decía anteriormente, se trata del tema del pasado planteado en medio de la Sala y puesto a consideración de los señores senadores.

Frente al pasado y su drama, experimentamos la sensación de que tenemos que realizar un gran esfuerzo por superarlo y sentimos un envión del futuro que captura nuestras almas.

En la tarde de hoy el señor senador Batlle manifestaba que todos somos culpables y creo que se trata de una premisa que enriquece el debate. El sistema político fue sí culpable de lo que sucedió, como también el sistema social movilizado y, naturalmente, el sistema militar.

La culpa de todos anegó y empantanó al país en la tragedia y, personalmente, pienso -me eriza de cuidado el sólo hacer esta reflexión- que no podemos más que respetar a los muertos de todos los signos; no podemos permitir que los muertos de un signo militen contra los de otro signo, porque si todos somos culpables, todos somos deudos de todos. No podemos flechar el universo de las tumbas con mausoleos de un lado y tumbas vergonzantes de otro.

(¡Muy bien!)

- Si no se supera el pasado y se logra que el alma nacional capture este envión de futuro, corremos el riesgo de caer en la lógica de los extremos en la que lamentablemente nos habíamos sumergido históricamente. La cuenta corriente de un lado contra la cuenta corriente del otro lado.

Obviamente no voy a hablar de lo que sucedió antes y durante la dictadura. Voy a hablar de ahora. He manifestado, pública y reiteradamente, mi preocupación, tanto por una bomba inexplicada colocada en una Seccional del Partido Comunista, así como atentados efectuados con disparos de armas de fuego contra el domicilio de dos coroneles.

Los extremos existen y el señor Presidente de la República lo mencionaba en su discurso. Existen nostalgias autoritarias de derecha y nostalgias revolucionaristas de izquierda. Existe una lógica que en determinado momento nos hizo sentir -lo experimentó el Gobierno y nuestro Partido- que nos colocábamos al borde del incidente. Tuvimos la conciencia, en el acierto o en el error, de que habitábamos un estadio de preincidente.

La sociedad, entonces, es rehén de esos extremos, queda bloqueada y gira en sí misma, aumentando su temperatura, y así conocemos lo que ocurre: el estallido de un lado, el estallido del otro y el drama de las mayorías rehenes de los extremos.

Si caemos en todo eso, vamos a restaurar el pasado y el drama de ese pasado.

No deseo describir ese drama, porque está vivo hasta en la piel en la sensibilidad y en la percepción de todos nosotros. Si restauramos ese pasado de intolerancia, vamos a ver en los liceos, universidades y lugares de trabajo, no otra cosa que trincheras de calificativos entre uruguayos, y enfrentamientos, confrontaciones, desencuentros y, en último caso, fratricidio.

Entonces -retorno al principio- es en ese marco y en ese cuadro donde se ubica la opción moral que supone, para nosotros, la propuesta que ha realizado el Gobierno y nuestro Partido; la opción moral consiste en superar un pasado de división, un pasado de fratricidio construyendo un futuro, un espacio futuro, un escenario futuro de concordia, de reconciliación y de entendimiento.

Obviamente, señor Presidente, esto no es fácil. He definido a nuestro paso como una opción moral. Así lo sentimos; y no de otro modo. No se trata de olvido político ni es olvido en nuestras almas. Sí es suspensión de penas en función de prioridades conceptuales, ideológicas y filosóficas, tal como lo indicaban las expresiones del señor senador Batlle. Pero, repito, no se trata de olvido. Nosotros hemos propuesto, como antes lo hizo el Partido Nacional, figuras jurídicas que suponen el juzgamiento de conductas; "ocultamiento de paraderos", "tratos crueles" o ‘torturas", y una sanción moral de la sociedad sobre lo que ha sucedido, que resulta de la síntesis de una experiencia histórica y del resumen histórico-jurídico, incorporado al Derecho Positivo, de lo que pensamos sobre el espanto y la barbarie de ese pasado.

Nuevamente, repito, no se trata de olvido. Ni de perdón.

El señor Secretario General de nuestro Partido y Vicepresidente de la República, manifestaba hace pocos días que el perdón es, de algún modo, algo individual.

No es por ese camino que llegamos nosotros, no es por el camino de la arquitectura conceptual religiosa que llegamos al perdón, en su concepción de romper la cadena del pecado y la de la venganza mutua. No se trata de eso; es diferente. Es la amnistía como decisión política de corte moral que supone hacer primordial y priorizante lo nuevo reconciliado sobre lo viejo confrontado y dividido.

No tengo más que agregar, señor Presidente, salvo que he intentado, en estos breves minutos, traducir lo que resume nuestro estado de espíritu, forjado no sólo entre nosotros, dirigentes políticos, sino con la participación de todas las personas con las que hemos discutido todos los días estos temas.

Entiendo que con el nivel que hoy tiene el debate, hacemos todos una contribución muy importante.

De mis tiempos de lector recuerdo aquella concepción con la que surge el perdón entre los griegos, inventado por Esquilo, en el siglo V antes de Cristo. Hasta entonces, la crueldad era la medida de la victoria, decía Nietzsche en sus trabajos sobre los griegos: Aquiles tiene que tomar el cadáver de Héctor y dan siete vueltas con el mismo, arrastrado por los talones a la ciudad de Troya; Alejandro Magno, siglos después, intentará repetir lo mismo, con sus vencidos.

Sin embargo, un día la concepción humana llegó al concepto que manifestaba anteriormente, en el sentido de que la peripecia espiritual religiosa define al perdón, reitero, como la ruptura de esa cadena de pecado, confrontación o venganza.

Nosotros no hemos llegado a la decisión amnistiadora exactamente por esa arquitectura, pero de algún modo sentimos que lo que estamos procurando y promoviendo, lejos de aceptar impunidad sobre crueldad alguna, es justamente encontrar un espacio, un tiempo, un escenario y un país donde la crueldad no sea nunca más posible.

En el acierto o en el error -cada día más, creemos que en el acierto- éste ha sido el objetivo moral con que ha actuado nuestro partido.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: con plena conciencia de la inmensa trascendencia del tema que hoy está tratando el Senado de la República, es que entramos a este debate, que se ha desarrollado hasta ahora y esperamos que así siga siendo, hasta que se levante la sesión- en un marco de seriedad, serenidad y desapasionamiento que no está reñido, por cierto, con la profunda convicción que quiero creer alentamos todos los que hoy tomamos asiento en este Cuerpo, desde nuestras respectivas posiciones, al juzgar este tema.

La cuestión que hoy está a estudio del Senado -pero que está también a consideración del país todo, que está consciente de este debate- está enmarcada en dos proyectos de ley que tratan del mismo problema: la consideración de los graves delitos cometidos durante la dictadura por funcionarios militares, principalmente, y también por funcionarios policiales: delitos que configuraron violaciones muy graves de los derechos humanos.

Ambos proyectos encaran el mismo problema, pero desde una óptica distinta. Las soluciones son diferentes y, en cierta medida, contrapuestas pero, indiscutiblemente, apuntan a resolver la misma cuestión.

El Poder Ejecutivo propone la amnistía total de los delitos de que se trata. Por su parte, el Partido Nacional propone el juzgamiento de los mismos por la Suprema Corte de Justicia, con ciertas limitaciones, temporales unas y sustantivas otras, referidas estas últimas a la exclusión de los delitos menos graves.

Pienso que es imprescindible, para llegar a enfocar con acierto este tema y dilucidar quién tiene la razón sobre el mismo -esto es, si se deben amnistiar los delitos cometidos durante la dictadura o si, en cierta medida, deben ser juzgados por el Poder Judicial- determinar con claridad cuál es el problema que está planteado y no engañarnos ni engañar a la opinión pública sobre el particular.

El problema que está planteado, señor Presidente, no es el de la venganza contra los militares ni contra todos aquellos que cometieron delitos durante la dictadura. Se ha dicho, muchas veces con arreglo a una frase conocida, que la venganza es el placer de los dioses. En alguna oportunidad, durante la campaña electoral del año 1984, cuando encarábamos ya estos temas, me tocó decir que la venganza, en realidad, es un sentimiento menor y desdichado que no debe albergar en el espíritu, en el corazón ni en la mente de ninguna persona bien nacida. Lo que aquí está planteado no es llevar a una prisión, juzgar y condenar a todos los militares que cometieren delitos durante la dictadura, ante todo, porque existe una imposibilidad material de hacerlo de acuerdo con la infraestructura y la organización actuales de nuestro Poder Judicial y de nuestro sistema procesal. Eso, tenemos que tenerlo presente; pero tampoco debemos olvidar que nadie -ni quienes quieren amnistiar ni quienes no queremos hacerlo- ha tenido nunca presente este sentimiento en su espíritu, ni ahora ni cuando se votó en marzo de 1985 aquella Ley de Amnistía cuyo artículo 5º establecía a texto expreso que la amnistía no alcanzaba a los funcionarios militares y policiales. Aquí, en el Senado de la República -y también en la Cámara de Representantes y en otros órganos del sistema constitucional del país- toman asiento, invistiendo la representación popular, muchas personas -la gran mayoría de las que aquí estamos- que fueron agraviadas por la dictadura, por aquellos a quienes hoy nos estamos refiriendo, que nos imputaron, aún antes del golpe de estado -como al señor senador Batlle- delitos inexistentes y nos sometieron a una justicia militar que no es justicia. Otros, además de la cárcel, sufrieron la tremenda amargura del exilio durante muchos años. Ese no fue mi caso, pero sí el de alguno de los compañeros de este Cuerpo, presentes en esta sesión, como el señor senador Gargano y el de alguno que circunstancialmente no se encuentra hoy aquí, como el señor senador Ferreira. Algunos, que no sufrieron la prisión, padecieron persecuciones de otro orden, como la pérdida de su cargo público o de su condición de docente y toda clase de agresiones que les trajeron la intranquilidad a sus familiares y el sometimiento a persecuciones y violaciones, que nada habían hecho para merecer.

Sin embargo, a ninguno de los señores senadores aquí presentes se le ha pasado por la mente poner por delante su problema, el de su familia, el de su Partido o el de su gremio y manifestar: "Como los que representaban al Ejército y mandaban en él en aquella época me hicieron objeto de tal o cual agravio, hoy venimos a decir que eso debe ser castigado". No se trata de eso que nadie lo ha dicho, ni sugerido a nivel personal ni a nivel político partidario.

Lo que está aquí en juego, en mi concepto, es una opción entre una impunidad de hecho -que vendría a derivar de la aprobación de una amnistía- y el funcionamiento del Poder Judicial en un marco de serenidad, celeridad y eficiencia, que su estructura actual y las leyes procesales vigentes no permiten alentar la expectativa de que así funcione. Es una opción entre que lo denunciado se juzgue o que no se juzgue. En definitiva, señor Presidente, es una opción entre el sometimiento o no de los militares a la Justicia. ¿Por qué nos importa ello? ¿Porque son militares? ¿Porque integran una institución que está enraizada en lo mejor de la historia del país, y que todos respetamos y tenemos el deber de respetar y enaltecer? ¡No! Porque cometieron delitos graves y porque en el funcionamiento de una democracia es muy mala cosa que se admita que delitos cometidos por determinados integrantes de la sociedad, por su condición de tales, no deben ser juzgados.

Esta opción entre el sometimiento o no de los militares a la Justicia, ¿implica que queremos que se juzguen los delitos de todos los militares? No. ¿Y ante qué órganos del Poder Judicial? No importa. Nosotros postulamos que lo sean ante la Suprema Corte de Justicia, pero ello no es lo que cuenta. Lo que importa es el principio de que los militares, como todos los ciudadanos de este país -cualquiera sea su profesión o su ubicación dentro de la sociedad- estén sometidos a la Constitución y a las leyes; lo que importa es no adoptar una actitud que venga, en los hechos, a determinar que los militares estén por encima de la Constitución y las leyes; lo que importa es determinar que los militares -y no lo digo con un sentido peyorativo- no vengan, por una resolución equivocada del Parlamento, a constituirse, en definitiva, en una casta que esté por encima del orden jurídico y que no pueda ser juzgada cuando comete delitos.

Desde este punto de vista -y este tiene fundamental importancia para comprender la filosofía del proyecto que ha presentado el Partido Nacional- tanto vale que se haga una denuncia y un militar sea juzgado y condenado como que sea absuelto, porque, en definitiva, lo importante no es que sea condenado sino que comparezca ante el Poder Judicial y que éste actúe y valore las pruebas que se le aporten y, luego de hacerlo, procese -si considera que hay mérito para ello- o archive el presumario. Y, si procesa, condene, sobresea o absuelva.

Lo importante es que se permita al Poder Judicial actuar; que las denuncias sean sustanciadas de acuerdo con el orden jurídico vigente. Desde ese punto de vista, reitero, no importa que sean una, cien o mil. No tengo la menor preocupación porque vaya ningún militar preso; me preocupa sí que los militares -como los demás ciudadanos de este país, entre los que nos contamos, porque tenemos una inmunidad pero ella puede ser levantada y podemos ser desinvestidos si cometemos un delito y ser sometidos a la Justicia- sean uno, diez, cien o mil, si han sido objeto de una denuncia y ella está radicada en el Poder Judicial, la misma sea sustanciada y, si se comprueba su culpabilidad, sean procesados y eventualmente condenados.

SEÑOR ZUMARAN. - Apoyado.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: es obvio, después de lo que he manifestado, que no comparto, como no lo hace el Partido Nacional, el proyecto de amnistía que ha presentado el Poder Ejecutivo y que es respaldado por su representación parlamentaria en ambas Cámaras. Cuando digo esto, me adelanto a declarar que tengo la plena convicción que el Poder Ejecutivo obra con el más elevado de los propósitos; propósito que es compartido por seis representantes en el Parlamento.

No le imputo al Poder Ejecutivo ni al Partido Colorado ningún propósito menor; simplemente, creo que está equivocado en la solución que quiere dar al problema y que, de ser aprobado el proyecto que ha presentado, en lugar de hacérsele un bien a nuestra democracia y al afianzamiento de las instituciones, a largo plazo, se le hace un mal.

No comparto, señor Presidente, el proyecto de amnistía que ha presentado el Poder Ejecutivo. Por varias razones que voy a tratar de exponer sucintamente aún corriendo el riesgo de reiterar en buena medida lo que ha expresado, en nombre de nuestro Partido, el señor senador García Costa.

Creo que si se aprobara este proyecto incurriríamos en una clara y flagrante contradicción con la actitud que todos asumimos al votar el artículo 5º de la Ley de Amnistía promulgada, creo, el 8 de marzo de 1985. Se me podrá decir que las circunstancias políticas en las que votamos aquel texto legal no son las mismas que hoy impelían en el país. Y yo puedo aceptarlo. Pero digo: esas circunstancias políticas, ¿quien las ha creado? ¿Las ha creado la ciudadanía? ¿La opinión pública? ¿Las hemos creado los partidos políticos? Y cuando digo los partidos políticos me refiero a todos ellos, sin exclusión alguna. No las ha creado el Partido Colorado ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio ni la Unión Cívica. Creo que con esto basta y que no hay necesidad de decir nada más porque todos entienden a qué me refiero: que las circunstancias políticas en las que se puede estar pensando -si es que de verdad existen y son distintas- vendrían, en definitiva, a ser circunstancias políticas que deberían llevarnos, precisamente, a rechazar una ley de amnistía, porque son -o serían- circunstancias políticas creadas por partes interesadas y que no podemos aceptar como hechos legítimos para resolver este problema.

También se ha dicho, señor Presidente, y comparto plenamente este concepto, que englobar a todos los militares de este país en una amnistía para los delitos que se cometieron durante la dictadura -y, en definitiva, se les engloba, porque la amnistía, por su propio carácter de generalidad, por la esencia del instituto, no puede individualizar a nadie, y comprende a categorías genéricas de ciudadanos y de delitos- no es lo correcto. En tales circunstancias esa amnistía confunde a tirios y troyanos, a justos con pecadores y ello no le hace bien a la Institución, porque da la impresión de que toda ella, todos sus integrantes, hubieran sido culpables de delitos durante el largo período de la dictadura. Y la verdad, señor Presidente, es que todos sabemos que hubo militares que cometieron delitos muy graves, pero también sabemos que fueron muchos los que no cometieron ningún delito y, por lo tanto, no tienen por qué quedar involucrados bajo el manto de una amnistía que parece alcanzarlos a todos, siendo que ellos están limpios de toda responsabilidad, ante su conciencia y ante el país. Creemos que las Fuerzas Armadas también deben reinsertarse en la vida nacional y recuperar una neutralidad democrática; deben ser una pieza de la institucionalidad democrática del país y no se contribuye a ello concediéndoles una amnistía que hace aparecer a la Institución como culpable de excesos de los que sólo fueron responsables determinados integrantes de la misma

No es cierto -tal como se ha dicho reiteradamente y se ha expresado en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo- que en el pasado de nuestro país, todos los enfrentamientos, todas las guerras civiles concluyeron con una amnistía generosa. En el pasado siempre se amnistió los revolucionarios; pero no olvidemos ni confundamos las cosas porque ser revolucionario, cualquiera sea el partido que alzara la bandera de la revolución, era un timbre de honor; nadie ocultaba su condición de revolucionario. Pero, muy distinta es la condición de quien abusa del poder del Estado frente a ciudadanos inermes. La condición de torturador es un baldón que se oculta y, por lo tanto, las situaciones no son equiparables.

Además, señor Presidente, jamás se amnistió en este país a quienes dieron un golpe de Estado, ya fuera la responsabilidad de civiles, de militares, o de funcionarios policiales. Jamás se amnistió a quienes en el pasado tomaron esa actitud. En este sentido no voy a hacer referencia a los golpes de Estado de este siglo, porque podríamos arriesgar caer en consideraciones políticas que no fueron compartidas por todos los presentes, según fuere la tradición política de cada uno. Me remito a los golpes de Estado del siglo pasado y, en concreto, a las circunstancias de 1875 y 1876 que protagonizaron, fundamentalmente los militares de la época. También me remito a la dictadura militar ejercida o personalizada en cierto sentido, en la figura de Máximo Santos, entre los años 1882 y 1886. De esa situación se salió y a nadie se le ocurrió que había que amnistiar a quienes habían cometido esos excesos; por el contrario, quizá con error o con exageración se desterró del país a los principales responsables de tales situaciones. Por lo tanto creo que sería un pésimo precedente considerar que quienes derribaron las instituciones deben merecer una amnistía. Si la consecuencia, en los hechos, es una impunidad, un perdón y no el olvido, cualquiera sea su fundamento o su explicación, la conclusión de los golpistas será que no hay riesgo alguno en volver a echar abajo las instituciones, que ello se puede hacer impunemente porque luego se vuelve a la normalidad y la sociedad dice que no ha pasado nada y, en aras de una reconciliación, nadie es responsable de nada. Si tan barato, señor Presidente, resultó el estreno, se pensará que también sencilla y poco onerosa -para emplear una terminología que conoce el señor senador Batlle- será la "rentrée" o la "reprise".

Además entiendo que no es posible equiparar el terrorismo de Estado con el de los particulares.

Señor Presidente: sé que al expresar esto, hago una afirmación grave, pero la asumo con plena conciencia y haciéndome responsable de mis afirmaciones. Creo que no debemos ocultar la verdad. Aquí, durante once años, hubo terrorismo de Estado; porque, aquí no se persiguió sólo a los que se habían alzado contra las instituciones en un acto esencialmente antidemocrático, que puso por delante sus convicciones a la obligación de respetar las convicciones del resto de la sociedad. Aquí se usó el poder del Estado para perseguir a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos y, en definitiva, para conculcar los derechos de todos los ciudadanos y someter a la sociedad entera a una dictadura realmente cruenta y violenta.

No es lo mismo, señor Presidente, alzarse contra la legalidad, contra las instituciones, por parte de quien es sólo responsable ante su conciencia, porque nadie le ha dado derecho a resolver por fueros ni confiado las armas del Estado para custodiar los derechos de todos los ciudadanos; no es lo mismo -repito- que quienes son depositarios de esas armas y tienen la obligación, ante todo, de respetar la Constitución y las leyes, se consideren por encima de esa obligación y conculquen los derechos de los ciudadanos.

Se ha dicho aquí, señor Presidente -y lo he escuchado con mucha atención y respeto, porque creo que es un concepto que lleva a la meditación y a la reflexión, pero que, en definitiva, no comparto- que el valor paz es más importante que el derecho a juzgar. Siempre resulta muy difícil establecer qué valor es más importante en una sociedad. Quienes tenemos una formación jurídica y hemos estudiado, al final de nuestra carrera, Filosofía del Derecho, recordaremos aquel famoso tema de los valores en el mundo del Derecho; aquella discusión acerca de qué es más importante, si el valor justicia o el valor seguridad. Me parece que aquí estamos entrando en un terreno similar, cuando se habla del valor paz frente el valor que significa el derecho a juzgar que, personalmente, considero que es casi equivalente al valor de la vigencia misma del orden jurídico.

Entiendo que el valor paz es muy importante, pero también conocemos la "paz de los sepulcros". La dictadura que, desgraciadamente, imperó en nuestro país durante doce años, al igual que muchas otras de todo signo y que hoy, desdichadamente, existen en otros países -así como las que han existido en el pasado- imponen el valor paz. En esas sociedades hay sí paz, tranquilidad y sosiego, pero no hay derecho a juzgar a quienes imponen por la fuerza esa paz.

Creo que la única paz que realmente vale, la única paz que importa, la única paz valiosa, es aquella que no es incompatible con el derecho a juzgar; es la paz que debe conciliarse con la preservación del orden jurídico, que es la única garantía de los valores fundamentales que deben imperar en una sociedad y que hacen la vida digna de ser vivida. La paz consentida, la paz impuesta, no es la que vale.

También se ha dicho y reiterado por algunos que han participado en el debate, que la amnistía significa reconocer que todos hemos sido culpables de lo que ocurrió. Cuando se habla de lo que pasó, me refiero al enfrentamiento entre una guerrilla que quería imponer por la fuerza sus ideas a toda la sociedad y una represión que se desató cuando se excedió el marco legítimo de la actuación de un servicio del Estado, que, en definitiva, no otra cosa son las Fuerzas Armadas, cuando actúan dentro del marco de sus cometidos, aunque no son otros, en lo interno, que custodiar el imperio de la Constitución y la ley en la sociedad y someter a aquellas que se alzan por la fuerza contra esos valores.

Se ha dicho, también, que la culpa de todos es la que anegó al país en la tragedia o que lo que anegó al país en le tragedia es culpa de todos. No creo, señor Presidente, que lo ocurrido en el país a fines de la década del 60 y en los primeros años de la del 70, que terminó en un golpe de estado con consecuencias trágicas, para todos, haya sido una responsabilidad común, ni haya sido culpa de todos.

Me niego terminantemente a aceptar ese juicio.

Creo que en el afán de justificar una posición política, afán comprensible, no hay que llegar a emitir juicios que hacen tabla rasa con todo y con todos y que nos equiparan a todos en responsabilidades que son de muy distinto grado. Considero sí que hubo una enorme responsabilidad de parte de quienes, teniendo ideas políticas que realmente tenían derecho a sustentar, lanzaron al país en un crescendo de violencia que terminó trágicamente para todos y sobre todo para ellos. Ellos tienen una responsabilidad muchísimo más grande que la mayor parte de la sociedad y de los partidos políticos. Que cometieron errores de distinto orden, que tienen una cuota de responsabilidad, es cierto, pero de ninguna manera se la puede igualar a la de aquellos que apelaron a la violencia. En ningún momento los partidos políticos apelaron a la violencia y siempre dijeron claramente, aún con diferencia de matices y de responsabilidades, porque unos estaban en el Gobierno y otros en la oposición, que ése no era un camino legítimo para la sociedad uruguaya, que ése era un profundo error y nadie tenía derecho a usar las armas para pretender someter a los demás a sus ideas e imponerles una forma de gobierno que los demás no habían consentido. Tampoco puede ser idéntica la responsabilidad de la generalidad de la ciudadanía y la de los partidos políticos que la de aquellos a quienes un día se les dijo, en el error o en el acierto, por el gobierno de la época: "Ustedes son los depositarios de las armas, ustedes tienen la fuerza, úsenla legítimamente para someter a quienes están creando un problema grave en nuestra sociedad". Porque después de haber hecho eso, que era legítimo, dieron un golpe de estado y sometieron a toda la sociedad a su arbitrariedad y sus excesos. Esa es una responsabilidad tremendamente grave, ante la historia y ante la sociedad uruguaya del presente.

De ninguna manera podemos decir, señor Presidente -o por lo menos yo no puedo admitirlo- que el Partido Nacional, el Partido Colorado y también el Frente Amplio, tienen una responsabilidad común con los subversivos o con los militares, o con quienes mandaban en el Ejército de la época. Porque no voy a equiparar en la responsabilidad a los que en ese momento eran Comandantes en Jefe, a los que eran Jefes de Región, que fueron quienes dieron las órdenes que llevaron a echar abajo las Instituciones, con los que las recibieron y que, por formación, debieron obedecerlas. No, señor Presidente: las responsabilidades no son comunes y la culpa no es de todos. Si el país se anegó en la tragedia, fue fundamentalmente porque quienes tenían la obligación de cumplir con la Constitución y las leyes, así como aquellos que se alzaron contra ellas en defensa de sus ideas y para imponerlas por la fuerza a toda la sociedad, condujeron al país a esa tragedia, a pesar de los desesperados esfuerzos que hicieron los partidos políticos de la época y que hizo el Parlamento en los años 1972 y 1973 para que no se diera un golpe de estado.

Si hoy estamos ante este gravísimo problema, se dice que debemos resolverlo reencontrándonos y reconciliándonos todos porque la responsabilidad fue de todos. No, señor Presidente: la responsabilidad no fue de todos; fue fundamentalmente y en primer término, de los subversivos y, después, de quienes dieron el golpe de estado. Esto debe quedar bien claro. No debemos confundir las cosas porque, ante la Historia, estos son problemas muy importantes. Si después de haber pasado doce años de esos sucesos tan desgraciados, ahora tenemos un concepto tan equivocado y confuso de los mismos, va a ser muy difícil que resolvamos los problemas con acierto. Si tenemos confuso el pensamiento y confundimos también las responsabilidades del pasado, vamos a terminar resolviendo mal el problema, distribuyendo mal las responsabilidades del presente.

Señor Presidente: el Partido Nacional, tras rechazar el proyecto de amnistía general, presentado por el Poder Ejecutivo ha entendido que es de su responsabilidad dar una solución a este problema. El Partido Nacional sabe que sería una solución aparentemente cómoda decir que debe funcionar el orden jurídico. En nuestro país hay un Poder Judicial independiente; hay leyes de Procedimiento; hay un Código del Proceso Penal. Podemos, pues, decir: dejémoslos funcionar, se han formulado denuncias y éstas se sustanciarán a su hora y a su turno, cuando el Poder Judicial compruebe responsabilidades. Procesará o decretará que no hay mérito para ello y no habrá más que someterse al funcionamiento del orden jurídico.

Esta es una posición que carece de una adecuación mínima con la realidad. Nosotros sabemos que aunque se ordenara a los militares comparecer ante la Justicia, ello nos enfrentaría a la sustanciación de presumarios interminables. Los Jueces Letrados en lo Penal, nada más que por el cumplimiento de sus funciones normales, están literalmente tapados de trabajo. Miles de expedientes se sustancian en cada Juzgado Letrado de lo Penal. Las dificultades probatorias respecto de las denuncias que se han formulado, tratándose de hechos que han ocurrido hace diez, doce o quince años, que en la mayor parte de los casos no pueden probarse más que por, la comparecencia de los testigos -algunos de los cuales habrán fallecido- agregadas las dificultades y el enlentecimiento natural resultantes de la evacuación de las citas realizadas por esos testigos que deberían ir compareciendo; y sumando ello a la dificultad procesal suplementaria e inevitable derivada de la aplicación de normas procesales que conducen a la acumulación de autos en razón de que muchas de las personas involucradas lo estarían simultáneamente en varias denuncias, tendrían como consecuencia la prolongación "sine die" de esos presumarios y, eventualmente, de los sumarios a los cuales se llegará luego de dictarse autos de procesamiento. Además, traería como consecuencia la prescripción progresiva de la mayor parte de los delitos.

Esto hay que decírselo al país y a quienes no tienen conocimientos jurídicos: excepto los delitos de homicidio, por aplicación de las normas del Código Penal todos los demás delitos que están en juego, prescriben a los diez años. Todos los otros delitos que fueron cometidos antes de 1976, en principio, están prescriptos. Si la sustanciación procesal de las causas se hace en los Juzgados Penales, con el correr del tiempo irán prescribiendo todos los delitos que hoy se quiere que sean juzgados a través de las denuncias que se han formulado.

SEÑOR RICALDONI. Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Muchas gracias, señor Presidente.

El Partido Nacional cree que el proyecto que ha presentado es la única solución real y factible para este problema, la única que puede funcionar en la práctica y así ha sido explicado en nuestra exposición de motivos, así como también fue fundamentada a través de la elocuente exposición que realizó el señor senador García Costa.

Me quiero referir, antes de terminar, a un sólo aspecto de este proyecto. Es decir, a aquél que ha sido objeto de mayor discusión o de una crítica más insistente: el problema de la limitación en el tiempo.

Para decirlo con mayor claridad se trata del problema de que en esta iniciativa se establece que el juzgamiento de los delitos se limita a aquéllos que han sido denunciados a la fecha de la presentación de este proyecto de ley.

Admitimos que éste es un tema discutible, pero creemos con convicción que es la única manera de darle un marco de funcionamiento a la justicia que posibilite -como lo dije anteriormente, al comienzo de mi exposición- su actuación en forma acelerada y eficiente.

Entendemos que para juzgar esta decisión que, por supuesto no ha sido ni es fácil, hay que partir de la realidad. Hace 18 meses que, felizmente, el país vive en democracia y en ese período se han formulado una treintena de denuncias. Creo que ellas no han alcanzado a cuarenta. Por cierto que entre ellas están las de los episodios más graves y sonados; pero también lo es quien tras un año y medio no denunció el delito de que fue víctima -él mismo o un familiar- es porque no quiso hacerlo. ¿Por qué no se ha querido denunciar? En muchos casos, por una razón personalísima, intransferible que hay que respetar. En otros, hasta por pudor, dada la naturaleza aberrante, desagradable y desgraciadísima de algunos delitos -como es, por ejemplo, el caso notorio de la violación- y, además, porque la propia tortura ha conducido a muchas personas a vivir situaciones de humillación de indignidad, que no quieren recordar o que, por lo menos, no quieren que se ventilen en la órbita judicial. Es una decisión personal que hay que respetar.

Nosotros sabemos que, en algunos casos puede no ser así; que hay quienes pueden no haber denunciado por otras circunstancias; que hay quienes pueden no haber denunciado porque no tenían la certidumbre de que sus afirmaciones fueran realmente ventiladas ante el Poder Judicial, o porque no habían aún reunido los elementos probatorios que los llevara a tener la convicción de que la presentación de su denuncia condujera a un resultado útil.

Pero, por esos casos que deben ser los menos, que deben ser porcentualmente pocos ante la gran mayoría de los que no fueron denunciados por motivaciones personales, por razones respetables, creemos que no cambia la esencia del problema. Decir que continúa abierta la posibilidad de seguir formulando denuncias, lo que, en todo caso, podría traer su proliferación, se complicaría la tramitación procesal, enlentecería y dificultaría la resolución del problema.

Se ha dicho por ahí que dejar la puerta abierta significaría crear la industria de la denuncia. Yo no hago esta afirmación, no tengo la certidumbre de que sea así. No creo que nadie quiera cargar con la responsabilidad de hacer la explotación política del tema, pero lo cierto es que no cambia la esencia del problema expresar que se van a ventilar ante el Poder Judicial las denuncias que se realizaron durante un año y medio, o un año y siete meses, o un año y ocho meses. La cuestión sería, sustancialmente la misma. Por otra parte, en algo comparto lo que ha manifestado, insistentemente el Partido Colorado, existe la necesidad de cerrar el capítulo, no desde el punto de vista de que de esa manera debamos olvidar el pasado y expresando que todo lo que ocurrió va a perdonar, porque con ello abriríamos paso a una reconciliación nacional sobre bases falsas. Sin embargo, es necesario que no vivamos -nosotros, el Parlamento, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, las propias Fuerzas Armadas, todos los sectores del país, empresarios y trabajadores- pendientes de este tema que, al final, resulta obsesivo y eso nos permite ocuparnos de los demás problemas reales que tiene el país. Con esto no quiero decir que éste no sea un problema real -¡vaya si desgraciadamente lo es!- sino que debemos abocarnos a mirar hacia adelante, puesto que el país tiene enormes carencias en el plano de la producción, de la industria, del comercio, de las relaciones laborales, de la recuperación del salario y, por lo tanto, tenemos que dejar, de una vez para siempre, de preocuparnos por lo que ocurrió en la República. Pero, para ello, debemos hacer justicia y que el Poder Judicial funcione.

El cierre de este capítulo, además, va a significar, efectivamente, el fin de la intranquilidad militar, porque no debemos desconocer que ella existe a nivel de determinados integrantes de las Fuerzas Armadas. Cuando ella termine, cuando la tranquilidad vuelva a reinar en todos los espíritus se dará, ciertamente, la posibilidad de que la institución militar se reinserte definitivamente en el concierto de las instituciones democráticas del país.

Reconocemos que, en teoría, nuestro proyecto podría ser mejor; sin embrago, pensamos que es la única opción para que este problema se resuelva. La opción real -diciendo con distintos vocablos lo que manifesté al comienzo de mi exposición- es que algunos militares sean juzgados; los que han sido denunciados. Como en definitiva, no hay denuncias contra determinadas personas, que sean juzgados los responsables de los graves hechos acaecidos. La otra opción -haya amnistía o no- es que no sea juzgado nadie. El fin, ciertamente, es resolver la cuestión militar y ella está íntima e indisolublemente relacionada con la institucional. ¿Cuál es la cuestión institucional que aún hoy preocupa al país? Ella es la necesidad de afirmar el Estado de Derecho y el sistema constitucional que lo encarna y lo viabiliza. El Estado de Derecho no será una realidad definitiva y plena en el país, no tendremos la certidumbre de que regirá para siempre -no sólo para nosotros sino para las generaciones futuras mientras no resolvamos, de una vez por todas, el problema militar y afirmemos el principio de que sus integrantes, como todo ciudadano del país, están sometidos a la Constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos ante los Jueces independientes del Poder Judicial.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Jude.

SEÑOR JUDE. - No voy a entrar al fondo del asunto porque, en definitiva, el gran tema del país es el de la pacificación nacional que ya alguna vez hemos abordado y que sigue siendo el prioritario para nuestra convivencia social.

Entendemos que él va a discutirse una vez que la Comisión haga su dictamen definitivo y proponga las soluciones que debatiremos el día viernes.

Simplemente, quiero dejar dos constancias, pues creo mi deber hacerlas.

Los legisladores de la Unión Colorada y Batllista fuimos los únicos que, en marzo de 1985, votaron en contra de la llamada Ley de Pacificación o Conciliación Nacional, por no considerarla apta para el logro de tan altos propósitos y en virtud de su injusta condición de unilateralidad, o sea, que contemplaba solamente al sector subversivo. Nosotros votamos negativamente esa ley; fuimos el único sector que lo hizo y, ahora, los hechos están fundamentando nuestra posición. Pocos meses bastaron para revelar que aquella ley que, histórica y conceptualmente era un perdón para los participantes de una confrontación bélica, no podía pacificar al país al beneficiar a una sola de las partes.

Frente a esta comprobación, el Poder Ejecutivo, en fecha reciente, envió una iniciativa al Parlamento por el que propone la amnistía para el único sector que, arbitraria e inconstitucionalmente había sido excluido de ella: el de los funcionarios policiales y militares.

Señor Presidente: queremos dejar constancia de que el proyecto del Poder Ejecutivo es la única vía legítima para restablecer el equilibrio y el principio de igualdad entre los sectores intervinientes en la lucha contra la sedición.

En tal sentido, y al considerarse esta moción, simplemente queremos dejar nuestra constancia de que vamos a votar negativamente el proyecto propuesto por el Partido Nacional, porque creemos que no es el camino para llegar a la pacificación. Pero no nos vamos a negar, en una actitud dogmática, a votar los otros incisos de la propuesta, porque entendemos que todos los sectores que integramos esa Comisión debemos poner nuestro énfasis y nuestra mejor disposición para buscar una solución para el país.

Pensamos que en esta hora difícil de la democracia, la justicia es para todos o no es justicia. Tenemos una gran confianza en la labor de esa Comisión que, además, integramos, para que, en su oportunidad, traiga un mensaje de fe y esperanza al Senado de la República.

Nada más.

(Ocupa la Presidencia el doctor Lacalle Herrera).

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor senador Posadas.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: si por azar aún quedara algún ciudadano en el país que no hubiese advertido la importancia y trascendencia que tiene este tema, creo que con este debate que se está tramitando en el seno del Senado, por el tono que ha adquirido, por el nivel en el que se ha desarrollado la discusión por lo que yo llamaría el peso visible de la responsabilidad que sobre todos los senadores este asunto ha descargado, todas sus dudas quedarían disipadas.

Se decía hace poco que este es el tema más trascendente que posiblemente se trate en esta Legislatura. Recuerdo que cuando se instaló esta Comisión para considerar el proyecto de ley con carácter de urgencia, el Poder Ejecutivo, su Presidente, en la primera sesión, hizo referencia a la importancia y trascendencia del mismo y creo que es pertinente que yo sume mi voz, congratulándome de ello, a las expresiones que hace un rato en este sentido, vertía el señor senador Flores Silva.

Creo que es de destacar el nivel de densidad conceptual que ha tenido este debate, acorde con la importancia del tema. Asimismo entiendo importante señalar que tanto las muchas discusiones que se produjeron en las también muchas sesiones de trabajo de la Comisión como así en esta primera del Senado, reflejan una búsqueda común que, en el fondo, tiene una sola preocupación, una sola intención, aunque manifiestamente exhibe la disparidad de criterios en cuanto a los caminos, a los medios hábiles y aptos, para encontrar esa solución.

De este debate del Senado se desprende nítidamente el reflejo que aquí se da de lo que es la situación del país: un Uruguay que está saliendo con dificultad, pero con tesón y con esperanza de un pasado traumático, muy difícil, y que busca su integración. Pero que la busca, no sólo en el sentido de integración de los distintos sectores de la sociedad que se sintieron enfrentados y fragmentados, sino con respecto a su memoria y a su pasado, porque se da cuenta de que necesita caminar hacia el futuro y que la única manera de encararlo es resolviendo su pasado.

Muchas veces se ha hablado, tanto en este ámbito como en entrevistas periodísticas o en reuniones políticas de la necesidad de "dar vuelta la hoja". Pienso que esta es una expresión poco feliz, referida a la actitud que este país debe tener con respecto a su pasado. Comparto, sí, la preocupación de que no podemos ser prisioneros ni rehenes de un pasado; pero tampoco podemos abrigar una esperanza falsa de instrumentar un medio cualquiera que nos despoje de él. Ese es nuestro pasado, así de traumático, así de doloroso y así de oscuro. Y, entonces, no se trata tanto de dejarlo atrás, de olvidarlo y dar vuelta la hoja, sino de integrarlo, en cierta medida, porque es asumiéndolo como vamos a poder construir el futuro.

Creo que, además, es necesario reflexionar un poco sobre el hecho de que este tema que nos convoca tiene un aspecto técnico, jurídico, indiscutible, así como uno ético, moral y de escala de valores, que es sumamente importante. Pero también tiene un aspecto decisivo, que es el análisis político y, sobre todo, lo que yo llamaría un análisis político de la realidad. Yo intuyo que es de la diversidad de análisis políticos de la realidad que surgen las diferentes soluciones aquí planteadas.

La percepción de la realidad no es una cosa tan fácil como parece. Lo que a primera vista parece simple de interpretar tiene una opacidad propia. Hay cosas que aparentan ser y que no son. Es muy difícil hacerse una exacta composición de lugar de cuál es el sistema de causa efecto dentro de una realidad, sobre todo de una realidad política. Pero entiendo que su análisis es justamente el elemento que, querámoslo o no, está presente, básica y determinantemente, en esta discusión. Es por eso que los diversos caminos de solución elegidos -es bueno subrayarlo- en el fondo obedecen, no tanto a distintas concepciones éticas, sino a diferentes análisis de la realidad política.

El Senado, naturalmente, está abocado a considerar dos proyectos de ley, concretos que son una solución jurídica a un problema; pero, en este caso, junto con estos proyectos o, mejor dicho, es a través de ellos -que se refieren en concreto a las violaciones de los derechos humanos- por donde hace irrupción en la superficie y se hace visible, por decir así, toda una problemática de fondo mucho más vasta, compleja y grave.

Estamos discutiendo, señor Presidente, sobre los derechos humanos, compartiendo, en cierta medida, el sentido generalizado que tiene todo el país de que hemos estado mucho tiempo como "atragantados" con el asunto. Durante los años tan largos del período autoritario, se cometió toda suerte de violaciones a los derechos humanos. Ahora no voy a hacer el inventario del horror porque creo que no es el lugar. De todas maneras todos lo tenemos suficientemente fresco en la memoria como para que sea necesario desempolvarlo, porque a todos nosotros, a unos más y a otros menos, nos basta con palpar nuestras cicatrices para recordar todo lo que eso fue.

Resumiendo en dos pinceladas, podemos decir que hubo, por un lado, un terrorismo sedicioso, y non hubo, un contraterrorismo de Estado. El primero fue militarmente derrotado y, en cierta medida, desapareció del horizonte de la realidad de esta sociedad, de modo que no es algo que podamos decir que actualmente está pendiente.

En cambio el segundo, que también desaparece en la medida en que en la actualidad no se llevan a cabo acciones que puedan describirse como terrorismo de Estado, es indudable que ha dejado problemas pendientes, hay ciudadanos desaparecidos, hay muchas uruguayos que fueron maltratados en cuarteles y en dependencias policiales; hay una cantidad enorme de cosas por el estilo que significan actitudes sumamente reñidas con la sensibilidad ética de nuestro pueblo, con calores profundos de nuestro ser nacional. Y todo eso necesita ser encarado.

En consecuencia, no sería sensato -no estoy afirmando que nadie haya intentado hacerlo- decir que nada de eso sucedió, o que no fue tan grave como todos sabemos que fue; y menos se puede decir que, de una forma o de otra, todo eso es natural que haya sucedido. Creo que no es de recibo afirmar que eso es lo que podría considerarse la normalidad de lo que se llama una "guerra sucia" porque, en definitiva, las guerras las hacen sucias quienes después las declaran así. Y, entonces, es como si el atenuante fuese definido por el protagonista. Por tanto, esa explicación no es de recibo.

En síntesis, es evidente que hay una temática pendiente que, como digo, no se puede soslayar diciendo que no pasó lo que pasó, o que es natural que eso haya sucedido porque las condiciones eran las de una "guerra sucia".

Creo, señor Presidente, que mientras dure este período que, como todos sabemos, es de transición, el Uruguay está abocado a una tarea de reinstitucionalización y consolidación de su esquema democrático. Pienso que también es oportuno indicar que sería un engaño o una apreciación equivocada de la realidad, suponer que todo ya fue asegurado, sea en el pacto del Club Naval, aunque fue el que dio origen a esta institucionalidad, que tenemos, o en las elecciones, o en la reapertura del Parlamento. Creo que a este pueblo le quedan aún muchas jornadas por caminar y considero que de no encaminarse bien el tramo que estamos recorriendo ahora -que considero es de los tramos finales y decisivos- se frustrarían muchos de los pasos imperfectos que se han dado en el pasado.

Como decía recién, señor Presidente, creo que hacer un análisis político para ver las cosas en su contexto e interpretarlas en su esquema global, en primer lugar dando cuenta de que la interrupción institucional por el golpe de Estado de 1973 se encuadró -y esta creo que es muy importante- en un esfuerzo total muy ambicioso de remodelar el Uruguay y de transformarlo.

Todos sabemos -y aquí se ha dicho- que la sedición, en su aspecto militar, fue derrotada en el año 1972. Así nos lo dicen oficialmente quienes estaban encargados de derrotarla y, por lo tanto, algo deben saber del tema. Lo que siguió después de eso; ¿qué fue? En junio del año siguiente a aquél en que se declara extinguida la sedición, se da el golpe de Estado. No fue éste un golpe cuartelero encaminado a sustituir un gobierno por otro, sino un intento por plasmar otra concepción, otro modelo de país. Para ello, se tomó prestada o se elaboró -no quiero entrar en esas profundidades- una explicación doctrinaria: la doctrina de la seguridad nacional. Según el modelo inspirado en ella, se trató de imponer una forma determinada de relaciones políticas, un esquema económico, e, incluso, un marco cultural para todo ello. Con ese fin, se crearon instituciones que no estaban previstas en el ordenamiento jurídico uruguayo, se eliminaron algunas y se desprestigiaron deliberadamente otras.

Sobre todo, para instrumentar todo esto, se adoptó un estilo, que es lo que en el fondo mejor refleja la esencia de la cosa.

Antes de entrar en ese aspecto del estilo, que a mi me parece muy revelador, creo que es necesario decir -porque forma parte del contexto- que para instrumentar ese nuevo modelo de sociedad se recurrió a la mediación directa de las Fuerzas Armadas. Eso fue así, y provocó otras de las cosas que, de alguna manera, tenemos que reparar; provocó que los militares se hayan separado de lo que puede describirse como "el universo civil", es decir, el mundo civil. Al definir al enemigo como una cosa doctrinaria, como una ideología, el militar pasa a "ideologizar" su propia naturaleza y su propia función, comenzando a entender su misión no como algo que tiene que ver con el manejo profesional de las armas, sino también como la profesión de una ideología consustanciada con la institución. Entonces, la defensa de la seguridad nacional pasó a reposar sobre un nuevo concepto militar, consistente no ya en la defensa del territorio o del perímetro nacional, sino en el apoyo de un sistema de vida, de un repertorio de cosas en las cuales creer y a las cuales defender, tutelar, vigilar. Se pensó que la defensa de la seguridad nacional consistía básicamente en vigilar, en aplicar correctivos, en tutelar a una masa civil inestable que había sido dirigida hasta el momento por una clase política débil o ineficiente.

Es decir que se concibe la misión militar específica como la de darle un nuevo destino al país. Por lo tanto, la redemocratización definitiva del país -que es lo que estamos empeñados y que determina que en este momento el Senado esté sintiendo el peso de la responsabilidad de las decisiones que se están tomando- implica, inevitablemente, la resolución clara y lúcida de desolidarizarse y de dejar claramente atrás no sólo el modelo de Uruguay que se quiso imponer, sino el estilo, las modalidades que fueron funcionales a su mantenimiento mientras duró.

Entonces, la tarea de darnos una solución a la problemática pendiente de derechos humanos no tiene sólo un aspecto de sensibilidad humana, que es muy loable y justificado, sino también un aspecto político fundamental.

Es uno de los medios más importantes con el que contamos para desautorizar y para dejar definitivamente atrás la modalidad, el estilo, el modelo, los procedimientos que caracterizaron a ese Uruguay autoritario.

El estilo -como decía hace un momento- creo que es lo que mejor refleja la esencia de las cosas. El estilo prevalente de ese período pasado que queremos dejar atrás fue -y no sé si voy a emplear una palabra demasiado dura, pero estamos hablando sinceramente y con responsabilidad- el de vencedor. No quiero traer aquí el recuerdo de frases infelices que quizás todos tenemos en la memoria, pero no vienen al caso. Sin perjuicio de ello, quiero decir que se llegó a pensar que la victoria militar, esa que se declaró como consumada a fines de 1972, daba títulos suficientes como para que el vencedor por cualquier medio impusiera su postura sobre todo el país.

Entonces, ese pasado del que queremos salir definitivamente, no barriéndolo bajo la alfombra, sino dirigiéndolo correspondió a una era en la cual los militares ejercieron una dominación absoluta por sobre todo, sin ajustarse a la Constitución ni la ley y, en muchos casos individuales ni a la ética ni a los principios morales.

Esto último es lo que da apertura al tema de las violaciones de los derechos humanos que hoy estamos tratando, pero el contexto general es lo anterior. Es decir, ese sentirse por encima de las normas, y no tener otro sometimiento más que a sí mismos, que fue la actitud que marcó, coloreó con sus tonos y definió ese período. Esa fue la sociedad que tuvimos durante doce años y es la que no deseamos volver a tener.

Por lo expuesto, a mi juicio es evidente que la clausura y salida efectiva de ese pasado debe recorrer alguna instancia de sometimiento de las fuerzas armadas a las leyes del país, a los tribunales, a los Poderes Públicos y, fundamentalmente, al Poder Judicial. Pienso que no hay otra forma de dejar atrás ese pasado autoritario, si no es revirtiendo explícita y formalmente lo que fue ese esquema operativo esencial de estar por encima de todo.

Muchas veces se oyen voces que dicen que hay que darle una solución rápida a este tema de las derechos humanos, que debemos terminar con él de una buena vez y me da la impresión -es algo muy subjetivo- que se está tratando con cierta ligereza, no digo el tema de los derechos humanos, sino el contexto de la situación de fondo.

El punto medular es el reacondicionamiento que para una sociedad significa el ensamblar en su conciencia histórica, en su sentido de Nación, en su continuidad política, cultural, etcétera, ese pasado tan traumático con su presente y su perspectiva de futuro. Este es un asunto que lleva mucho tiempo, que implica recorrer un cierto camino, y adoptar decisiones que deben ser coherentes y encaminadas en una buena dirección, para que unas no neutralicen a las otras.

Creo que este análisis político tiene, por un lado, un contexto en el que se debe mover la discusión y, por otro, la disparidad de apreciaciones de lo que es la realidad y la diversidad en cuanto a los caminos e instrumentos para manejarlo.

Reitero que tenemos por delante largas jornadas, para tratar este tema, y lo hacemos sobre la base de que esa es la intención común de todos los integrantes de los partidos que están representados en este Parlamento. No hay propósitos menores, ni intenciones aviesas; quizás exista diversidad de apreciaciones en el análisis de la realidad que conducen a extraer distintas conclusiones y. por lo tanto, a buscar soluciones al problema a través de diferentes instrumentos. Sin embargo, pienso que este análisis de la realidad es fundamental, más allá de la discusión jurídica y técnica del proyecto. En ese contexto, observando el pasado tal como fue, del que queremos salir y al que queremos clausurar, se tomarán con acierto decisiones que, en primer término, estarán encaminadas a resolver esta temática de los derechos humanos, pero que, en definitiva, permitirán que la salida que hemos iniciado corone y culmine con el acceso a una democracia sólida y estable para todos los uruguayos.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: también valoramos debidamente el altísimo nivel con que se viene desarrollando este debate que, sin duda, es histórico.

Estamos hablando sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, producidas durante el gobierno de facto; estamos hablando sobre la Justicia, pero por sobre todo, nos estamos refiriendo al futuro de esta Patria y este pueblo; estamos hablando del porvenir de nuestros hijos, del de la democracia y de su estabilidad. Así como otros, nosotros también sentimos esta responsabilidad.

Nos pesa -claro que sí- y entiendo que lo mismo le ocurre a todos, la enorme responsabilidad de asumir hoy una actitud que habrá de reflejarse en el futuro en nuestro país.

Estamos dispuestos a contribuir con esa, nuestra responsabilidad, en este debate. Creemos que es bueno y saludable que todos los que aquí representamos a los distintos sectores de nuestro pueblo, podamos expresarnos en la forma en que se viene haciendo, libre y respetuosamente, sin que ninguno de nosotros se vea limitado en sus manifestaciones.

Pensamos que es importante recordar algunas cosas porque hoy, naturalmente, nos vemos ,enfrentados a un problema que, en definitiva, no habíamos previsto. Nos encontramos ante un proyecto de ley que, de aprobarse, traería la amnistía para militares y policías que en este país han violado los derechos humanos durante el gobierno de facto, y ello no estaba previsto por ninguno de nosotros tiempo atrás.

Seguidamente daré lectura a un documento que será bueno recordar en este debate. En él se expresa lo siguiente: "El gobierno de hecho ha actuado desde el 27 de junio de 1973 sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos, las facultades del Poder Judicial. Esas carencias alcanzaron especial gravedad en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, según se ha denunciado reiteradamente"

"Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales. Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación".

Este es el documento que elevó el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, Libertades y Garantías a la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional Programática para su posterior aprobación.

Hace instantes señalaba que estamos ante un hecho nuevo y no previsto, porque aquel documento -tiempo antes de las elecciones, cuando intentábamos terminar con la dictadura- lo suscribimos todos. ¿Qué pasó al cabo de todo este tiempo? Que ahora nos vemos ante un proyecto de esas características: amnistía. Esto es algo que no habíamos previsto. Quizás se pudo suponer que por distintas razones nuestro pueblo, un año, dos o acaso tres años después, iba a olvidar todo aquello, que no lo iba a tener en cuenta y que, en definitiva, nada iba a acontecer en torno a este tema. Lo cierto es que todos hablamos de justicia. Incluso se pudo suponer -porque había miedo, ¡y vaya si lo había en este país!- que nadie iba a denunciar algunos de aquellos hechos delictuosos. Sin embargo, apenas se instaló el gobierno democrático, cada persona sentía, aunque de distinta forma, que algo había que hacer. Naturalmente que ese miedo al que aludía estaba latente. ¡Vaya si nos encontramos cantidad de veces con personas que habían padecido en carne propia la violación a uno o a múltiples derechos humanos! ¡Vaya si nos encontramos muchas veces con familiares de ciudadanos que habían muerto o desaparecido y que no sabían sí presentar la denuncia! Quizá pudo suponerse, entonces, que sobre todas estas cosas el tiempo traería olvido. Pero no fue así.

Comenzaron a aparecer las denuncias incluso en este mismo Senado, y no muy al principio de la legislatura. Recién en el mes de abril hicimos las primeras denuncias y éstas tenían que ver más con delitos referentes a la corrupción económica por parte de algunos jerarcas de las Fuerzas Armadas y recién en julio, en este Parlamento, y por el clima reinante, se presentaron otras denuncias, éstas sí referidas ya al tema de la violación de los derechos humanos. Es bueno recordar todo esto, porque si efectivamente había miedo, los uruguayos nos íbamos desprendiendo de él de a poco.

Es así que todos nos fuimos animando un poco más, y no lo hicimos en busca de revancha y venganza, sino tratando de lograr la medicina que nos asegurara para el futuro que aquellos hechos del pasado no se iban a repetir. Surgen, entonces muchas denuncias. El pueblo algo sabía de lo mucho que había pasado en este país durante aquellos años negros, pero no había tomado plena conciencia, no conocía en detalle todo lo que sucedía. Cierto es que como legítima defensa alguien puede tratar de taparse los oídos cuando nada se puede hacer; y era bien poco lo que se podía hacer cuando se estaba bajo un gobierno dictatorial. Cuando uno se enteraba de lo que le había sucedido a un vecino, prefería creer que sólo a aquella persona le había pasado; o bien se trataba de no saber mucho, porque en aquellas circunstancias eso era grave y peligroso. Reitero que el pueblo, en general, no había tomado clara conciencia de lo que estaba sucediendo.

Cuando surgen las denuncias, cuando comienzan los relatos, el pueblo se estremece, empieza a tomar conciencia y a darse cuenta de que habían pasado cosas muy graves y que no se podría repetir en el futuro de no mediar la acción de la justicia. Este es un hecho innegable.

Es evidente que en este país -lo hemos comprobado, transcurrido ya más de un año y medio- nadie ha buscado venganza por mano propia, ni ha buscado venganza, ni ha reclamado ambas cosas. Esto está a la vista. En todas las oportunidades en que hemos estado frente a familiares de desaparecidos, hemos visto que ellos siguen reclamando justicia, pero a ninguno se le ocurrirá jamás -porque este es un pueblo pacífico y lo está demostrando seriamente- hacer justicia por mano propia. El pueblo sabe que es imposible transitar por ese camino, pero sí utilizar el de la justicia que nos asegure la paz.

El tiempo, en lugar de traer olvido, trajo un mayor grado de conciencia. No voy a decir que llovieron las denuncias, pero sí que comenzaron a aparecer. En esto creo que tenemos que ser muy claros y precisos. La justicia en nuestro país, esta justicia en democracia, actuó y lo hizo bien; intentó hacer lo que entendía era su deber, sin excesos y sin detenerse. Recibió aquellas denuncias y comenzó a actuar.

No bien esto acontece, nos encontramos con que la justicia militar sale reclamando una contienda de competencias, lo que, sin duda, es legal, posible y constitucional. Esa misma justicia militar no actuó durante todos esos años o si lo hizo fue en contra del pueblo y no para limitar la acción delictiva de determinados hombres -no todos integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales; y fue esa misma justicia la que, muchas veces, lo único que hizo fue interrogar a un encarcelado para remitirlo nuevamente a su prisión para que allí recibiera una nueva tortura. Al efecto, hay episodios que no podemos olvidar; e incluso nos hemos referido a ellos en este mismo Senado. Está el caso de aquella jovencita que fue violada por 46 individuos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y que al hacer la denuncia ante el juez militar, amén de todas las causas que se le habían abierto, éste le imputa el cargo de atentado a la moral de las Fuerzas Armadas por el hecho de decir que había sido violada 46 veces en una noche. Esa misma justicia militar plantea ahora contienda de competencias y sostiene que es ella la que tiene que juzgar y no la justicia democrática, la independiente, la que forma parte, como pilar fundamental, de este sistema, de este régimen.

Lo que hizo esa contienda de competencias fue alargar las cosas en el tiempo lo que lejos de favorecer la acción de aquellos que decían que no iba a pasar nada, aumentó el grado de conciencia de nuestro pueblo en lo que hace al conocimiento y al detalle de todo lo acontecido.

En una oportunidad, un Juez militar actúa rápidamente y, no sé, se habrá descuidado; lo cierto es que en ese caso no planteó contienda de competencia. Estos son hechos objetivos; no hay en esto intento de agresión alguno hacia nadie. Lo cierto es que ese Juez ordena la detención de algunos de los responsables de delitos increíbles, pero eses hombres no son llevados al Juzgado. En esto no hay responsabilidad de la justicia sino del Poder Ejecutivo.

Con todo el respeto que sentimos por las instituciones democráticas y por el Poder Ejecutivo -este lo señalamos días pasados; no tengo ningún inconveniente en repetirlo aquí- debemos decir que respecto de este procedimiento como de otros, discrepamos con el doctor Julio María Sanguinetti, pero igualmente manifestamos que estamos dispuestos a dar nuestra vida si ello es necesario para que él siga siendo el Presidente de la República hasta el 1º de marzo de 1990. Esto nos faculta, igualmente, a poder decir públicamente y sin agravio, que no compartimos esa medida. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo en esa oportunidad no permitió que la justicia actuara. Nos resulta muy claro que, en definitiva, el Poder Ejecutivo en esa ocasión no respetó la separación de Poderes. Todos sabemos que cuando un Juez ordena una detención, lo único que puede hacer la policía -y sin discusión alguna- es detener a la persona requerida y llevarla ante el Juez competente. Esto pasó; inclusive, vale la pena recordarlo.

En aquel momento el Colegio de Abogados emitió una declaración que paso a leer: "Como es público y notorio desde hace más de veinte días la Justicia Penal ordenó la detención de dos ciudadanos por haber entendido que en el presumario iniciado por denuncias de desaparición de personas se habría configurado la semiplena prueba de la comisión de determinados delitos de los que dichas personas podrían ser responsables". Esa declaración aprobada en la sesión del miércoles 25 expresa: "A pesar del tiempo transcurrido la autoridad competente para hacer efectiva la detención aún no lo ha hecho". Hasta el día de hoy no lo ha hecho. Luego continúa: "Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Judicatura, Nº 15.750, para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar los demás actos que decreten, pueden los Tribunales requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependan o de los otros medios de acción conducentes de que dispongan. La autoridad requerida debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar. Se trata de la garantía de autoridad de lo que el maestro Eduardo J. Couture decía que corresponde no sólo al ámbito de la ley, sino al de la Constitución y enseñaba, citando a Rébora, que tal garantía se puede violar de modo exprese o tácito, o sea, por el simple hecho de no cumplirse con la orden (Estudio de Derecho Procesal). El Directorio del Colegio de Abogados, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º de sus estatutos, tiene el deber de llamar la atención sobre esta grave violación al principio de autoridad, corolario de independencia de los Jueces y del Poder que ellos integran; por tanto, requiere que la orden sea cumplida de inmediato".

Esto hace a la historia de las cosas y son elementos que debemos tener muy en cuenta porque luego se fueron sucediendo otros hechos y por allí vamos encontrando la explicación.

Ese grado de conciencia al que aludía recientemente, es el que en definitiva hoy se opone a que en el país se pueda consagrar un proyecto de ley de amnistía total, general e irrestricta para militares y policías que violaron los derechos humanos.

Tengo en mi poder el resultado de una encuesta realizada en el mes de junio que se ha publicado últimamente, así como el de otras más recientes. A varios ciudadanos montevideanos se le preguntó: "¿se violaron los derechos humanos bajo la dictadura?", a lo que el 85 % respondió que sí, el 3% que no y el resto prefirió callar. En otra encuesta publicada ese mismo día se preguntaba: "Hay quienes dicen que no se debe castigar a los militares culpables porque eso podría terminar en un golpe de Estado. Otros opinan que no castigarlos es peor porque refuerza su poder. En su opinión, ¿qué es mejor: castigarlos o no?" El 78% de la población capitalina entiende que es necesario hacer justicia, aún ante la amenaza de un posible golpe de Estado, sólo el 8 % piensa otra cosa. Reitero que resulta evidente que el tiempo, en lugar de traer olvido, creó un mayor grado de conciencia.

Ahora se sostiene que es necesario promover un proyecto de ley de amnistía a nivel parlamentario porque el tema se ha politizado. Esta recordación de los hechos que venimos haciendo deja en claro que la politización no fue promovida por los muertos, por los desaparecidos, por los torturados ni por quienes entendemos que en este país es necesario hacer justicia. Si el asunto se politizó, fue como consecuencia de todo esto; si se hubiera permitido que la justicia actuara libremente, ésta podría haberlo hecho hoy, ya, y sin problema alguno; si pasó un año y medio y nadie está en la cárcel, no es por culpa de la justicia.

Pienso que esto debe quedar en claro. ¿Se puede entender que el hecho de haber formulado las denuncias fue lo que politizó el tema? No. Lo que sucede es lo lógico, lo normal. Bueno sería que mañana dijéramos que cualquiera que presente una denuncia está politizando el tema; no es así, lo que está intentando es el camino de la justicia. Las Comisiones investigadoras que están funcionando a nivel parlamentario, ¿politizan el tema? No; cumplen con su deber. El Poder Legislativo más que autorizado, tiene el deber de hacerlo y de elevar todos los antecedentes a consideración de la justicia. El pueblo no es el responsable de que este tema se haya politizado.

Como consecuencia de esa supuesta politización del tema sobreviene este proyecto de ley que nos remite el Poder Ejecutivo, señalándose que lo que se busca, en definitiva, es la pacificación nacional.

Podría resumir mi pensamiento improvisando, pero prefiero dar lectura a parte del informe que los señores senadores del Frente Amplio hemos presentado esta noche ante este Cuerpo, porque creo que en esas pocas palabras se expresa cabalmente lo que entendemos como auténtica, verdadera y real pacificación nacional. Allí se dice: "El objetivo de la pacificación nacional se presenta como meta esencial que inspira este proyecto. Se afirma que serviría en ese sentido para cerrar las profundas heridas dejadas por hechos del pasado y, a la vez, para hacer viable la concentración del esfuerzo nacional en objetivos constructivos.

"La inmensa mayoría del país" -sigue diciendo el informe del Frente Amplio- "comparte la convicción exactamente contraria". Los resultados de esa encuesta lo señalan. "Los crímenes que se cometieron usando medios y poderes del propio Estado fueron de tal gravedad, ofendieron en tal grado la conciencia ética y despreciaron de modo tan palmario la dignidad esencial del ser humano, que en la opción entre su castigo normal y su impunidad, sólo ésta puede alterar la convivencia pacífica y sólo la justicia puede restaurar el sentimiento de confianza sin el cual la paz nunca podría ser auténtica. La paz que se desea no es la de la sumisión impuesta, como la que el régimen de facto quiso instaurar al precio, justamente, de una sangrienta represión. Es la paz basada en la confiada aceptación de un orden jurídico igual para todos".

De esta forma, el Frente Amplio resume lo que nosotros entendemos por justicia en favor de la pacificación nacional. No es con un manto de olvido, diciendo "aquí no pasó nada" y manteniendo a todos esos delincuentes en la impunidad, que vamos a asegurar el futuro de la patria. No miramos hacia atrás, sino hacia adelante. A esta altura no nos preocupa ni nos asusta lo que el pueblo pudo sufrir; sí nos asusta y nos preocupa lo que nuestros hijos puedan vivir. Queremos para ellos una patria en paz: queremos la seguridad auténtica y verdadera de la nación.

Es evidente que de modo alguno podemos acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Cuando leímos el proyecto de ley de amnistía, observamos que se establece en su exposición de motivos que esta es una ley complementaria a la consagrada en 1985. En más de una oportunidad hemos oído decir que si se amnistió a los terroristas ahora hoy que hacer lo propio con los represores.

Creo que en esto hay una gran confusión a nivel nacional. Debemos tener en cuenta algo que nadie puede olvidar: esto no es complementario; por el contrario, contradice aquello que habíamos resuelto en este Parlamento el 8 de marzo de 1985. Este Parlamento haciéndose eco en aquel documento que leímos al principio de nuestra intervención, cuando dimos lectura a lo establecido por la Concertación Nacional Programática -y esto fue votado por la mayoría del Poder Legislativo y fue promulgado por el Poder Ejecutivo- estableció en el artículo 5º lo siguiente: "Quedan excluidos de la Amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas.

Esta exclusión -dice el inciso segundo del artículo 5º de la ley que aprobamos el año pasado- "se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aún por móviles políticos, por personas que hubieran actuado amparadas por el poder del estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno".

Por lo tanto, este proyecto no puede ser complementario de la ley anterior porque, en definitiva, contradice lo que habíamos resuelto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Formulo moción en el sentido de que se le prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Luis A. Lacalle Herrera). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Gracias, señor Presidente.

Decíamos señor Presidente, que este proyecto de ley de amnistía que nos remite el Poder Ejecutivo, no es complementario sino que, por el contrario, contradice lo aprobado por este Parlamento.

Es bueno, también, que realicemos un comentario sobre el hecho de que los terroristas fueron amnistiados y que, por lo mismo, ahora es necesario realizar lo propio con los represores.

Tenemos que recordar exactamente el texto de la ley que aprobamos. Aquella ley, que también se llamó de amnistía en realidad, no fue tal porque, ¿quiénes fueron alcanzados por ella? Exclusivamente los inocentes, los que nunca debieron estar presos: alcanzó a los presos de conciencia, a la gente que fue a la cárcel porque pensaba de determinada manera, porque así lo dispuso la doctrina de Seguridad Nacional y ese terrorismo de estado impuesto por la dictadura.

A ellos no les hacía falta la amnistía. Lo único que debíamos haber hecho, apenas instalado el gobierno democrático, era abrir las puertas de las cárceles y decir que por favor salieran los inocentes de una vez por todas, porque estaban injustamente detenidos. Esos inocentes habían soportado las más tremendas torturas; muchos de ellos no pudieron salir de la cárcel aquel día, simplemente porque habían muerto a causa de esas torturas. Y eran inocentes, señor Presidente.

Para ellos fue la amnistía, porque para los otros, para los que supuestamente -o sin supuestamente- cometieron delitos de sangre, para ellos no hubo amnistía: hubo reprocesamiento, ahora sí, a cargo de la justicia civil.

Esto tenemos que recordarlo y entonces no podemos confundir una cosa con la otra.

Por otra parte, cuando se dice que como se hizo aquello ahora hay que hacer esto otro, y porque como se amnistió a los terroristas ahora hay que hacer lo mismo con los represores, tenemos que recordar que esta no es una ley pareja. Digo esto porque, en primer término, no podemos calificar de igual manera al terrorismo individual que al de Estado. Pero, además, no podemos olvidar que aquellos hombres a los cuales se les decretó la libertad inmediata estuvieron en la cárcel durante 12, 13 ó 14 años. Aún así algunos fueron reprocesados, aunque estuvieron enterrados durante años, padecieron las torturas más increíbles o estuvieron, inclusive, en el destierro durante todo ese tiempo. Aún así fueron reprocesados. Entonces, no podemos comparar una cosa con la otra.

No sé que pasaría si al debate de este Parlamento se trae, por ejemplo, dentro de 12, 13 ó 14 años, una solicitud para amnistiar a los hombres que ahora se intenta beneficiar, hombres como Gavazzo y como Cordero, para citar a algunos de los más requeridos por la multiplicidad de delitos que cometieron. Pero, como decía, si dentro de 12, 13 ó 14 años, ellos están en la cárcel o en el exilio y se nos trae un proyecto de ley de amnistía, entonces diríamos que hay que hacer una ley pareja -aunque no sería pareja del todo porque a ellos les ahorraríamos muchas cosas- y quizá ahí si pudiera valer la amnistía para pacificar al país. Pero ahora no podemos decir que es la misma cosa porque para ellos los que nosotros estamos proponiendo es nada más que justicia. Por supuesto que aquí no hay revancha ni venganza. En esto mismo queda claramente expuesto. Si alguien habla de revancha o de venganza, diríamos que a estas personas que en este país violaron los derechos humanos, habría que tratarlos como se hacía con otros ciudadanos cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el poder. Todos recordamos cómo se detenía a la gente; el país lo sabe.

A las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, un batallón entraba por la ventana o derribaba las puertas, no importando si había o no niños; aunque sí, importaba porque también se los llevaban. Incluso, algunos todavía no han aparecido. Y en ese clima increíble de violencia, la persona desaparecía por ocho, nueve o diez meses, y. a veces, no aparecía nunca más. Otras veces, luego de transcurridos muchos meses, reaparecía algo parecido a un esqueleto, que apenas si se movía ¿Es que nosotros estamos proponiendo eso para ellos? ¡De ninguna manera!

Este pueblo, el pueblo uruguayo fue el que luchó, a pesar de estos hombres, para devolvernos el sistema democrático; luchó por la justicia, por garantías para todos los ciudadanos, incluso para los Gavazzo y para los Cordero. Lo único que reclamamos es que cuando uno de ellos sea citado para declarar a un Juzgado, uno o dos policías se presenten para invitarle a concurrir al Juzgado y nada más, sin violentar a su familia. Nadie pretende que vayan en horas de la noche, sino en horas del día.

Todo esto lo consagramos a pesar de Gavazzo, de Cordero y a pesar de Campos Hermida.

Estamos de acuerdo en que se les dé tiempo para bañarse preparar una maleta y comunicarle a su señora que lo pueden ubicar en determinado lugar, donde estará a la orden del juez. Si el señor Gavazzo quiere ser acompañado por ocho o diez abogados, no tiene ningún problema. Es para él que estamos solicitando esto. No estamos pidiendo ni la "‘colgada", ni la "picana", ni el "submarino seco" ni el "submarino mojado", así como tampoco la violación de su familia. No puede haber revancha y nadie en el país habló de ella. Entendemos que no es correcto decir que por aquí o por allí, existe ánimo de revancha o de venganza, porque no hay nada de eso. Lo que hay es un temor muy grande de que los hechos del pasado se repitan en el futuro. Y es lo que tratamos de evitar por todos los medios.

Admitimos que otros piensen que la pacificación nacional se puede lograr de otras maneras, pero discrepamos profundamente. De lo contrario, tendríamos que aceptar que ninguna cárcel tiene objeto, ni siquiera las que son destinadas a los delincuentes comunes.

Si alguien procede a violar abiertamente, lo identificamos y los diarios publican su nombre y fotografía, ¿lo dejamos en libertad? No; de inmediato, actúa la policía, entregando ese violador al juez, quién lo condena. Esto es lo que ocurre normalmente y lo que debe suceder. Cuando el juez lo determina, ese hombre va a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Van a devolverle la tranquilidad que perdió esa mujer? No ¿Le vamos a devolver su salud mental, si es que la perdió? Lo que queremos es que ese individuo no siga actuando de esa manera. Si mantenemos la cárcel abierta para los delincuentes comunes, ¿por que no para los violadores?

No podemos declarar una amnistía para militares y policías, como tampoco promover una ley de amnistía para los médicos. No podemos estar de acuerdo en expresar que todos los médicos que lleguen a delinquir, no tendrán problema. De igual forma, pensamos con respecto a los abogados y a los obreros. En definitiva, cuando estamos intentando juzgar a determinados militares o policías, los que violaron los Derechos Humanos, estamos tratando de sanear esas instituciones. El país necesita de instituciones bien saneadas.

Respecto a estos puntos que estamos analizando queremos seguir estudiándolos porque son esclarecedores, así como algunas otras manifestaciones que hemos oído.

Cuando se defiende el Proyecto de Ley de Amnistía, se expresa que no hay pruebas a pesar de haber transcurrido un año y medio. Lo que sobran son pruebas y testimonios. Muchas pruebas.

Hace unos días escuchaba a una señora que conformaba aquel grupo de más de 20 uruguayos que fue salvajemente torturado en Automotores Orletti -algunas de estas personas murieron y otras desaparecieron- quien se preguntaba cómo es posible que en nuestro país se diga que no hay pruebas suficientes.

Si por obra y gracia de lo que aconteció en Automotores Orletti, y la declaración (entre otros) de los uruguayos que allí estuvieron es una de las causales por la cual quien fue Presidente de la República Argentina en el gobierno de facto, el Teniente General Videla, esté encarcelado, ¿cómo es posible que las pruebas que sirvieron para encarcelar a un ex Presidente no sirvan para que se dé la misma situación en el Uruguay? Además, estimo que en esto se tiene que expedir la Justicia uruguaya, no el Poder Ejecutivo.

Hay enorme cantidad de pruebas y de testimonios y no conviene ni corresponde que nos confundamos en este aspecto. La Justicia pudo actuar; si se le hubiera permitido proceder, muchas de esas pruebas habrían posibilitado sustanciar una serie de sumarios y procesamientos, sin ningún tipo de dudas, que no las tenemos, como tampoco el Cuerpo que conoce muchas de esas denuncias.

Quiero recordar los testimonios a los que hemos dado lectura, hallándose hoy en la Barra muchas de esas personas que nos los formularan. Incluso, tenemos detrás nuestro un legislador que detallaba -y vaya si lo hacia con dolor- todo lo que había padecido. Por lo tanto, pruebas hay y testigos también. Están a la orden de la Justicia y se presentaron. Van a concurrir el día que la Suprema Corte lo determine, como ya lo han hecho. Por otra parte, es a la Justicia civil a la que compete juzgar estos delitos, porque ellos no son delitos militares.

Aunque no estaba en mi intención voy a leer -como es bueno que quede en la versión taquigráfica- el fallo de la Suprema Corte de Justicia, de agosto de 1986.

La Suprema Corte de Justicia establece lo siguiente en ese informe: "La Justicia militar no sólo no íntegra el Poder Judicial, sino que aún con previsión constitucional es un servicio de las Fuerzas Armadas, dependientes del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, como lo estableció expresamente éste, en comunicado del 8 de noviembre de 1985 al rechazar críticas fundamentadas en la nominación para dicho servicio, de personas de más de 70 años. No hay delito militar," -dice la Suprema Corte de Justicia- "ni por la calidad del autor ni por el lugar de la comisión, lo que excluye también como consecuencia lógica ineludible, que no puede ser militar un delito ordinario cometido en servicio".

Es a la Justicia civil a la que, de mantenerse el orden jurídico actual, ha de corresponder, sin duda, poder procesar con muchas y testimonios a su alcance, a quienes cometieron estos gravísimos delitos.

Debemos tener en cuenta ese otro episodio al que ya nos hemos referido. No es culpa de la Justicia que los requeridos no se hayan presentado. Ese es un problema de responsabilidad del Poder Ejecutivo, quien tendrá que actuar en consecuencia. No es culpa de la Justicia de este país que hoy no contemos con pruebas, y pongo un caso como ejemplo, aunque podría citar varios: ¿durante cuántos meses estuvimos en este Senado intentando que aquella denuncia que formulamos sobre el Inspector Mayor Hugo Campos Hermida y otros, fuese a la Justicia? Todos acordamos aquellas prolongadas discusiones, donde, al final, se ordena una investigación administrativa y, después un sumario administrativo.

Se han llenado cientos o miles de páginas, pero ocurre que ellas no pasaron a la Justicia. Si eso va a la Justicia, y la Suprema Corte de Justicia establece que tiene que actuar la Justicia Civil, entonces sí, podemos obtener las pruebas.

El propio coronel Oscar Lence, el hombre a quien se le asignó la tarea de hacer ese sumario administrativo, establece con claridad en la Comisión gran cantidad de delitos. No se puede decir, entonces, que en este país no hay pruebas; las hay. Se condenó a Videla por las pruebas que presentaron los uruguayos en la Argentina; vaya si se podría condenar a los uruguayos que junto con Videla, con Gordon y con Camps -y con todos aquellos delincuentes que están en la cárcel en la República Argentina- violaron los derechos humanos en la forma que todos sabemos lo hicieron.

También se señala -y discrepamos con esto- que, en definitiva, las víctimas fueron producto de una guerra, de lo que se llama la lucha antisubversiva. Esto no se ajusta exactamente a los hechos. La lucha antisubversiva fue decretada en este país en setiembre del año 1971; allá, por decreto, el ex presidente Pacheco Areco asignó a las Fuerzas Armadas la lucha contra la subversión. Esto ocurrió, repito, en setiembre del ‘71 y como lo hemos dicho más de una vez, a confesión de parte, relevo de pruebas.

En esos dos tomos que publicaron las Fuerzas Armadas durante el gobierno de facto -"Historia de una Nación Agredida"- se establece con claridad que la lucha contra la subversión había dado sus resultados en noviembre de 1972. O sea, que en nuestro país tuvimos lucha antisubversiva entre los años 1971 y 1972, y este proyecto de amnistía nos habla desde 1962 a 1985, o sea, 23 años.

Días pasados nos preguntábamos cuántos miles de ciudadanos, quizá mucho más del 95% de las personas que fueron encarceladas y torturadas en este país, que luego murieron o desaparecieron, jamás fueron acusados de lucha antisubversiva, en términos legalmente correctos. Esto lo sabemos todos. Entre nosotros hay varios señores senadores que fueren detenidos y no creo que ellos formaran parte de la subversión. Entonces, esto no es lucha antisubversiva y no se puede calificar de esta manera. Como bien se ha señalado, esa definición pertenece a los hombres de la dictadura, pero de ninguna forma puede ser la nuestra.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que esa llamada "guerra sucia" no lo fue por parte del pueblo; cuando se dio el golpe de Estado en 1973, aquella subversión había sido derrotada. No podemos simplificar, porque de lo contrario parecería que estamos diciendo que aquí, en este país, la dictadura sobreviene como consecuencia de la subversión y no fue así; no nos engañemos. Aquellos episodios más que lamentables, no fueron los que dieren lugar a ello. El tema es muy complejo y no podemos simplificarlo, repito, de manera alguna.

Tenemos que ir aclarando, señor Presidente, todos y cada uno de estos puntos porque en definitiva, tenemos una enorme responsabilidad. No podemos dejar de exponer, con respeto pero con claridad, nuestra postura sobre una cantidad de temas que se han discutido.

Por ejemplo, se ha manifestado que los jueces ya no pueden actuar con independencia de criterio, y esto creemos que no corresponde. Lo mencionado es tema propio de la democracia. No podemos olvidarnos lo que significa la separación de poderes en el sistema democrático. Si a los magistrados no se les permitió actuar, después no podemos decirles de manera alguna que, a esta altura, ellos ya no son independientes; lo son. Si comenzamos a dudar del Poder Judicial, estamos vacilando sobre La democracia misma. En una declaración que los propios magistrados emitieron -que todos conocemos, y no la voy a leer en Sala- condenaron esas actuaciones. Pero nosotros creemos que ese tipo de afirmaciones politizan el tema. Vamos a aceptar lo que la Justicia estime, nos guste o no. Esto debe quedar claro, porque el juez va a actuar libre e independientemente. Si no hay pruebas suficientes, el juez tendrá que decretar la libertad de un hombre del que uno puede conocer que sí cometió múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero aquí no estamos hablando de eso.

Tenemos que seguir precisando algunos otros temas, señor Presidente, pero vemos que la hora se nos escapa y sólo queremos hacer referencia a algunos en forma muy breve, a efectos de que todo esto pueda quedar en la versión taquigráfica de esta sesión.

No podemos argumentar, come se ha hecho, que en este país tenemos que ser fieles a lo que es una tradición; para ser fieles a ella, no podemos amnistiar a quienes dieron un golpe de Estado, porque ni Latorre ni Santos -como se ha recordado- lo fueron; fueron enviados al destierro. Y eso contribuyó en parte a la paz aunque nosotros hubiésemos deseado que la Justicia actuara, en forma distinta, con más severidad.

Pienso que en nuestro país, después de Latorre y de Santos, tuvimos años de paz. Quizá en buena parte -y habría que revisar la historia- esto se debo a que muchos que tal vez tuvieran pensamientos similares a ellos, escarmentaron y pusieron las "barbas en remojo" cuando vieron que en este país quienes aceptaban golpes de Estado, después pagaban con el destierro. Por estas razones, señor Presidente, seguimos creyendo que es necesaria la Justicia.

Por otra parte, queremos rechazar claramente eso de que en nuestra República todos somos culpables de lo ocurrido. Creemos -y no vamos a argumentar en demasía sobre el tema, porque ya lo ha hecho el señor senador Aguirre- que en este país las culpas no eran iguales ni parecidas, y en otros casos no hubo culpa. La inmensa mayoría de nuestro pueblo bregó siempre por la paz y por el respeto a las instituciones y a la democracia.

Inclusive, pienso que en este Parlamento honrando a ex legisladores, y en ellos al resto de la ciudadanía democrática, tenemos que decir que ni Zelmar Michelini ni Héctor Gutiérrez Ruiz pueden ser responsables de lo que pasó; víctimas sí, pero jamás responsables. No podemos olvidar todo lo ocurrido; no podemos enfrascarnos en el tratamiento de este tema sin recordar las cosas que hemos vivido y que otros tienen muy presente; unos más y otros menos.

Días pasados dialogaba con un legislador y decía que reconozco que podamos tener un grado de sensibilidad diferente al de otros, por el hecho de estar en contacto diariamente con cientos y cientos de personas que sintieron en carne propia todo esto. Esto no nos hace distintos; todos deberíamos tener presente las cosas que acontecieron, y no porque queramos seguir revolviendo el pasado. Queremos evitar que aquellos hechos se produzcan otra vez.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

- Queremos que en este país se pueda dormir en paz, que todo el mundo pueda vivir en su casa, y que no se vea obligado a saltar de un lado para otro, porque en ese momento corre el riesgo de que lo detengan sin motivo. No deseamos que en este país cada uno de nosotros tema que en el día de mañana una hija sea violada o un hijo secuestrado.

No puede ser que en el Uruguay aún hoy no se sepa que hay desaparecidos, y que resta mucho por realizar. Nos consta que existen niños desaparecidos que viven, que tienen que reaparecer y en nosotros está la decisión.

Durante un año, no he hecho referencia a este problema, pero uno de los niños desaparecidos regresó hace más de un año al país. Cuando lo vemos, la única sensación que experimentamos es que tenemos que reafirmar nuestro compromiso de seguir investigando. Hoy ese niño vive en paz, porque está con los suyos, aunque no con sus padres porque a éstos -en un acto que quiso ser de venganza y que ni siquiera llegó a eso, porque no había nada que vengar- los arrojaron muertos en una carretera. Repito, no está con sus padres, pero sí con su familia y en su tierra. A pesar de todo, se trata de un final feliz, lo que demuestra que vale la pena que sigamos luchando por la felicidad y el reencuentro de todos los demás niños desaparecidos

Nos duele, señor Presidente, recordar todas estas cosas; mas aún cuando comprobamos que todavía están en la calle hombres como Gavazzo, que conoce el paradero de ese otro niño llamado Simón Riquelo, que tenía 29 días en el momento de su secuestro.

Nosotros deseamos que Gavazzo sea enviado a la cárcel, no por venganza, sino por des motivos: uno de ellos, porque queremos saber a quién se lo entregó, para recuperar a este niño y, el otro, porque es nuestro anhelo que en el futuro, a Gavazzo, ni a ningún otro, se le ocurra jamás secuestrar a nadie, ya sean niños o adultos.

No se trata de venganza, ni de revancha, sino que es algo que experimentamos de esta forma y no podemos hacerlo de otra manera. Con sensibilidad, todos deseamos que esos niños aparezcan y estamos buscando el camino para ello.

Repito que deseamos encontrar a todos esos niños y saber qué fue lo que sucedió, para lo cual debemos buscar la verdad. Este problema no se soluciona diciendo que no pasó nada, hace unos minutos manifestábamos que no reclamamos la justicia como un extremo. El proceder de esta forma, repito, no es de extremistas. No puedo creer, de acuerdo a lo que indican determinadas encuestas que el 85% del pueblo que reclama justicia o 72% del mismo que ahora señala que hay que castigar a quienes violaron los derechos humanos, forme parte del extremismo.

En el Uruguay esa aseveración no condice con la verdad. Se trata de un pueblo sensibilizado y yo diría temeroso de que en el futuro se repitan todos los hechos del pasado. Se trata de un sentimiento de legítima defensa, natural en los seres humanos, sobre todo en nuestra gente.

Por último, señor Presidente, queremos dejar claramente establecido -tal como lo hicimos en oportunidades anteriores en este mismo Cuerpo- que cuando buscamos que se haga justicia creemos, al tiempo de todo lo que ya hemos señalado, que estamos contribuyendo con ello a que las Fuerzas Armadas puedan reinsertarse en esa unión nacional que todos deseamos. Entendemos que es necesario separar paja de trigo. No todos los integrantes de las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos, pero los máximos responsables deben pagar por ello.

En otras oportunidades he dicho -y además estoy autorizado para manifestarlo en Sala- que he conversado con varios militares. Estos, a pesar de las discrepancias que mantienen conmigo, me indicaron que no desean verse mezclados en la misma bolsa, en esa "bolsa de gatos" donde hay violadores, asesinos y ladrones. A ellos no les sirve esto y tengo, no la esperanza, sino la certeza, de que a la inmensa mayoría le ocurre lo mismo.

El Frente Amplio cree que el actual orden jurídico permite la acción de la justicia. Si es necesario consagrar un proyecto de ley para mejorar su acción, repito el Frente Amplio está dispuesto a colaborar. A lo que no está dispuesto, es a aprobar este proyecto de ley.

Además, deseamos hacer referencia, aunque sea brevemente, a la presentación de un proyecto de ley por parte del Partido Nacional. En este sentido, simplemente manifestamos que nuestra posición ha sido muy clara.

Sobre un proyecto de impunidad, nada podíamos discutir, porque estaba muy alejado de lo que pretendíamos. Sobre el proyecto de ley que el Partido Nacional trae a consideración del Cuerpo, podemos decir que tenemos algunas concordancias y algunas discrepancias, que hemos señalado por escrito. Entendemos que no viene al caso debatirlas en el día de hoy, porque lo único que se he hecho -aún con nuestro voto negativo- es aprobarlo en general, y su discusión particular, porque trata un tramite urgente, se va a realizar en la Comisión Especial. Llegado el momento, naturalmente, lo vamos a analizar.

Para finalizar, señor Presidente deseo expresar, al igual que Sábato, el escritor, el mismo hombre que en la República Argentina comandó una investigación sobre la desaparición de 30 mil ciudadanos, que nosotros buscamos el reinado de la justicia y de la paz porque queremos que en este país lo del pasado: "Nunca más"

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: hoy está a consideración del Senado el proyecto de ley que han firmado varios legisladores del Partido Nacional. Lo analizamos abstraído de emisión de juicios, ya que esperamos sea la última vez que tengamos que pronunciarnos sobre nuestro propio pasado.

No podemos dejar pasar por alto este momento, señor Presidente, porque nos guía la intención de analizar los procesos desde el punto de vista histórico, sintiendo que las vestiduras jurídicas simplemente son indicadoras del camino. No podemos estar ajenos, por los motivos que ya se han dicho en Sala y que además, están muy claramente expresados en la exposición de motivos que han firmado los señores senadores del Partido Nacional.

Es por estos motivos que deseamos señalar una vez más que la República, seguramente, no podrá olvidar su historia inmediata como no olvida su historia pretérita. Además, en oportunidad de inclinarnos sobre este pasado inmediato, es preciso decir que sobre la República se abatió en la década de los sesenta la violencia, y la utilizaron de la fuerza como medio pretendidamente idóneo para llevar adelante determinadas ideologías.

En aquella época teníamos, señor Presidente, mas allá de las dificultades económico-sociales, y de las responsabilidades que podían caber a los partidos que en ese entonces ya se habían turnado en el ejercicio del poder, un país en el cual la expresión política era totalmente libre; un país en el que, organizarse en forma de partido político, estaba no solamente permitido sino amparado por una legislación única, quizás en el mundo, no sólo por las garantías que suministraba sino, además, por la minuciosidad de su reglamentación.

Era un país en el cual editar un libro, escribir un artículo periodístico y reunirse en una esquina para manifestar, constituían derechos, no solamente escritos sino plenamente ejercidos por todos los integrantes de la comunidad que desearan hacerlo.

En esa escena privilegiada -que quizá recién apreciamos cuando comenzamos a perderla- irrumpe después de más de 60 años de paz política, el ejercicio de la violencia y su utilización como medio de acción política.

Provenía de minorías -que quizá por serlo eran soberbias y por ello habían establecido ese juicio despreciativo sobre las libertades formales, sobre las libertades burguesas- que empleaban en la prosecución de sus propios fines la diabólica dialéctica de aquél que dice que todo está permitido porque el objetivo que se busca es tan excepcional que nada pueden representan una, dos, tres o cuatro vidas, ya que buen precio significan para alcanzarlo.

En esa época, señor Presidente, se siembra en nuestro país ese doble concepto: el de que la violencia que impone la voluntad frente al derecho ajeno es nuevamente parte de la dialéctica nacional y esa percepción de los que se suponen iluminados -más que la mayoría, que los partidos políticos y que el pueblo expresando su voluntad- para saber cuál es el mejor destino nacional.

Eso lo vivimos todos como ciudadanos y, como legisladores -los que en aquel entonces, por determinadas votaciones, sufríamos atentados de bombas en nuestros domicilios- y supimos lo que significaba el que no se respetara la opinión libremente expresada en el Parlamento, así como tampoco -y en grado mucho mayor- la integridad física, de ciudadanos naturales y extranjeros.

Vivimos un episodio que históricamente representa una inflexión en lo que es la gráfica de la normalidad de la vida nacional. Frente a esa agresión, la sociedad respondió con los medios que tenía a su alcance. Ese es el primer fundamento de todas las actitudes políticas que hoy estamos sosteniendo. Lamentablemente, como si el péndulo de la historia se inclinare hacia el otro extremo del espectro político, irrumpen en nuestro país, con distinto signo pero con similar sentido, quienes por encima de la voluntad popular, de la expresión libremente consagrada por la ley y la Constitución, creían saber más que todos nosotros reunidos o actuando en la soledad del cuarto secreto de votación, cuál era el mejor camino para la República.

Hacemos este juicio de carácter histórico porque es inseparable de cualquier decisión que podamos tomar en los próximos días.

También de este lado del espectro, de este lado de la consideración de las cosas nos tocó a muchos integrantes del Parlamento sentir directa y personalmente lo que es la violación de nuestros derechos como ciudadanos.

En nuestro país se encarceló, se proscribió y se sancionó económicamente a los que pensábamos de manera distinta de la dictadura instaurada en 1973.

El Partido Nacional tiene sus recuerdos al respecto, pero no hace hoy uso de ellos. Como lo expresa en la exposición de motivos del proyecto que hoy está a consideración de este Cuerpo, si el Partido Nacional busca en raíces históricas el fundamento para sus actitudes políticas del día de hoy, no lo hace con los ojos en la nuca, sino rastreando las razones esenciales de su actuación.

Llegamos a las elecciones de 1984 libres de todo tipo de ataduras, pera con una duda que hasta el día de hoy nos asalta en el sentido de si ese acto electoral, incompleto, amputado, en el que el Partido Nacional mucho puso de grandeza y de prescindencia, al participar del mismo, era el que en definitiva le hacía bien, como salida, a la República.

Pero llegamos a él y no vale hoy intentar revertir el camino, mirar hacia atrás y ver qué hubiera sucedido, porque la historia no admite que se experimente con ella. Pero sí debemos decir que como partido político cumplimos con el deber de participar en el acto electoral aunque éramos una colectividad que no llegaba a él en el pleno ejercicio de la totalidad de sus facultades constitucionales.

Esto debe gravitar también en el pensamiento de quienes analicen las actitudes del Partido Nacional, porque es ese partido el que hoy, ante el problema que el país tiene, viene con una solución. No le quiero dar al proyecto que el partido al que pertenezco presenta, otro título; ni siquiera aquél con el que está anotado en el registro parlamentario. Pero ante una crisis, ante una situación en la cual la República necesita encontrar un camino, es el Partido Nacional el que, por intermedio de sus senadores, coloca delante de la incertidumbre, una vía hábil, justa y eficaz, fundamentalmente para que esta cruz sea superada por toda la sociedad.

A partir del momento en que este proyecto es presentado en la Comisión y en el Parlamento, el Partido Nacional no solamente lo califica de solución en el amplio sentido de la palabra, sino que ha dicho por intermedio de los señores integrantes de la Comisión, que es una propuesta que no viene a decir: "Esta o ninguna"; y, deja de ser hoy el proyecto del Partido Nacional, para ensanchar aún más su base de sustentación, diciendo que es o debe ser el proyecto -y en definitiva la ley- de todo el país.

En la Comisión respectiva, hemos tenido dos momentos claramente marcados por el análisis de sus integrantes. Debo decir -no sé si algún otro miembro de la Comisión lo ha hecho pero supongo que lo suscribirán- que en ese análisis se puso un especial cuidado, teniendo en cuenta lo delicado de los temas que se estaban tratando.

Ni en ocasión en que se hizo presente el Poder Ejecutivo a través de dos de sus Ministros, ni en oportunidad de esgrimirse los argumentos, a favor o en contra de ese proyecto, los avezados parlamentarios que allí hay, han profundizado y han hecho gala de sus reconocidas condiciones de polemistas. Ello se debió, quizás, porque sudyacentemente estaba en el ánimo de esos señores legisladores la sensación que hoy tiene el Senado y que creo que han transmitido, de que la sesión, por su entorno y todas las circunstancias que conocemos, parecía estar encaminada hacia otro tipo de ritmo y, aún, de puesta en práctica.

Pienso que es necesario expresar que así se actuó en la Comisión porque ello va dando la pauta de que más allá de la votación que vamos a efectuar, contraria al proyecto del Poder Ejecutivo, la misma no representa sino la apertura de una segunda etapa de trabajo parlamentario. En consecuencia, tenemos, como primer punto del breve informe de la Comisión, el análisis del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

Si acudiéramos a las versiones taquigráficas de las expresiones de los idóneos en materia de Derecho que acudieron a la Comisión, tendríamos una enorme cantidad de argumentos -aún de los propios propugnadores del proyecto- como para decir que el mismo no esta capacitado para cumplir los fines que el propio Poder Ejecutivo sostiene que guían sus pasos. Es más; la aprobación de un proyecto de este tenor, más allá de la tajante expresión de voluntad política que se ha manejado que anima a quienes lo patrocinan, en caso de ser aprobado, abriría una etapa de convulsión, de permanente asistencia a Juzgados, de dudas, sentencias contradictorias y opiniones jurídicas diversas. Esto da la medida de que ni siquiera cuenta, a nuestro juicio, con la idoneidad para cumplir con el fin que quienes lo elaboraron le han asignado.

En este mismo Parlamento, cuando se votó la ley de marzo de 1985, hemos sostenido que no acompañaríamos la amnistía general e irrestricta. Lo dijimos antes de las elecciones y lo concretamos aquí como acción más que como discurso, porque entendimos que aún en aquellas circunstancias debía efectuarse -y se efectuó- una distinción de carácter cualitativo respecto de las conductas que estaban siendo analizadas por el Parlamento. Y, ello queda reflejado en la ley. Se dirá que se estableció, quizás, sin virtudes operantes, pero correctamente inscripto en cuanto a que la voluntad del Parlamento uruguayo tuvo una diferencia conceptual para conductas que no se podían englobar dentro de un mismo juicio o categorización. Esa fue nuestra actitud y así votamos en el Parlamento en ocasión de sancionarse la ley en el mes de marzo de 1985.

Se ha discutido y se discutirá acerca de la simetría de los proyectos, de las conductas, de si se voté tanto o cuanto para un lado, de si se tendría que haberse votado tanto o cuanto para otro. Quizás esta pueda ser una manera de razonar. Pero, sin lugar a dudas, hoy, cuando estamos analizando esa otra cara de la participación nos encontramos ante valores que debemos preservar en la forma en que lo hace el Partido Nacional.

Más allá, señor Presidente, de reiterar lo que hemos votado en la Comisión, en el sentido de rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo y de calificar al nuestro de sustitutivo, para que el Parlamento pueda continuar la tarea, queremos abundar en las grandes líneas que, a nuestro juicio, en definitiva el país tendrá que darse, más allá o más acá de la aceptación o de la consideración de las propuestas que se formulen para enriquecer un proyecto que sea jurídica e históricamente idóneo a fin de concluir una etapa.

Pensamos que hoy no es el día apropiado para comenzar a estudiar artículo por artículo o capítulo por capítulo, porque ese proyecto admite -y admitirá- modificaciones. Lo que sí creemos es que es calificable con dos términos de tremenda importancia, en la actualidad, para todos: justo y eficaz.

¡Qué difícil es ser justo, señor Presidente! Quienes nos hemos encontrado en la vida privada frecuentando, participando de la tarea judicial, aún en el más nimio de los casos referentes al Derecho Civil, todos -los prácticos y los "practicones" de la tarea ante los Juzgados- nos hemos preguntado alguna vez qué sensación extraña y seguramente no envidiable es la del magistrado cuando tiene que indicar para qué lado se debe inclinar la balanza. ¡Qué introspección debe tener ese hombre -tan falible como todos los demás- cuando con su pluma puede conceder o denegar derechos que, muchas veces, no están del todo claro y que admiten, además, todos los matices que la vida se encarga de dar a todas las propuestas, que no son, por cierto, en blanco y negro! Esa misma sensación tiene el legislador cuando se encuentra ante situaciones que todos los días lauda mediante su voto -que también todas ellas tienen un contenido de justicia potencial- sino cuando se enfrenta con la responsabilidad de suministrar medios a la República para que ella exorcice definitivamente lo que pueda quedar de este pasado.

Tenemos tranquilidad en cuanto a que el medio que se presenta hoy a consideración del Parlamento es justo. Además, pensamos que se han establecido o propuesto garantías superlativas en el campo del procedimiento, que no son comunes y que no existen para los demás ciudadanos, que están afianzadas y reafirmadas, porque, justamente, la delicadeza del tema exige que se evite lo que llaman los penalistas el "astrepitus fori" o sea, que la propia dilucidación de un tema, no sea más dañosa que la misma finalización de esa tramitación judicial.

Pensamos que el proyecto es justo porque establece y deja en manos de la más alta jerarquía judicial de la República el esclarecimiento de estas conductas eventualmente punibles. Y también porque rodea de las máximas garantías los procedimientos con que se va a efectuar esa dilucidación. Pero no solamente es en ese sentido sustancial y aún procesal una solución justa, sino que es además eficaz, idónea, es la única solución que hasta ahora está manejando la República a fin de que 1987 sea un año en que este episodio político, jurídico, gubernativo e histórico, esté aclarado.

Esta debe ser quizás la característica más importante que en este momento tiene que evaluar la República. Es imposible que siga atada con un grillete al peso de estos episodios pretéritos que son una rémora y un lastre, para que pueda continuar su trabajo y vida normal.

A través de este proyecto que hoy comienza a ser estudiado, el Partido Nacional efectúa una clarísima distinción que estaría de más en sus legisladores y aún en su conciencia colectiva, entre lo que es una institución y lo que son sus integrantes.

Tenemos la conciencia muy clara y certera de que el país tiene que proteger, tiene que fortalecer sus servicios armados, sus servicios de seguridad. Si en el día de mañana, en la eventualidad de una nueva agresión, los necesitara, los quiere idóneos dentro de la ley, los quiere eficaces, cumpliendo la Constitución, pero los quiere. Y quizás, después de la experiencia vivida, mayor debe ser esa necesidad, que esperamos sea potencial, pero que no puede ser eludida de nuestro campo de razonamiento.

Es clara la distinción que se efectúa en el texto y en la exposición de motivos en cuanto al juicio diverso que nos merece el episodio histórico que vivió el país hasta 1972, y de allí en adelante. Sobre eso ya hemos emitido nuestro juicio que ahora, al tratar concretamente el texto, queremos reafirmar. Pero sobre todo nos importa y nos interesa el establecer hasta qué punto este proyecto sienta las bases del futuro próximo, para que el país pueda de esa manera transitar por otras etapas, que no han de ser fáciles pero que, quizás, abonadas en la claridad con que terminemos éstas, puedan tener más sólido sustento.

Hoy hemos escuchado análisis de todo tipo por parte de algunos señores senadores: políticos, sociológicos e históricos. Hemos escuchado hablar de la responsabilidad colectiva y aún de la culpa- colectiva. Consideramos que todos tenemos que asumir que la responsabilidad nos cabe; que políticos y maestros, que oficiales militares y que padres, que empresarios y sindicalistas, todos y cada uno de nosotros, en algún momento, quizás, descuidamos por inercia -en la creencia de que estaba asegurada para siempre- la custodia de lo que teníamos entre manos y no advertíamos su verdadero valor.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Muchas gracias, señor Presidente.

Decíamos -y estábamos redondeando nuestros conceptos- que en algún momento fuimos responsables. Pero ¿de qué nos serviría decir que hubo responsabilidad cada vez que un padre en la mesa familiar habló despectivamente de los políticos? ¿De qué nos serviría ahora recordar las veces que se tildaron de superfluas las libertades burguesas o formales? ¿De qué nos serviría ahora pensar que toda vez que un empresario no fue buen empresario y toda vez que un obrero no fue buen obrero, estábamos introduciendo ingredientes que después hicieron eclosión en el todo social? Lo que sí nos debe servir es reflexionar un poco hacia el futuro. Tenemos la obligación de que cuando termine esta etapa, mediante la aprobación de una norma jurídica, aceptemos como contrapartida de la ley el acatamiento de ella; aceptemos que nos podrá gustar o no pero que una vez aprobada, es la ley que el país se quiere dar, que no podemos descalificar las soluciones porque no nos gustan, que las tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas hasta el momento en que son laudadas por los integrantes de los cuerpos representativos porque no otros son los que van a decir de las bondades y defectos de la ley.

Tenemos que acostumbrarnos a que la obtención de los derechos democráticos van más allá que la de tener gente sentada en el Palacio Legislativo. El complemento de esta representatividad política es que una vez que la ley está aprobada, contra ella no podemos levantarnos como no podemos tampoco pretender tener todos la totalidad de la representación popular, porque simplemente la estemos expresando.

Aquí ninguno de nosotros representa a todo el país. Discutiendo y votando todos, quizás encontremos el camino menos malo, pero que una vez que sea camino legal tiene que ser acatado porque del desprecio de este tipo de medidas políticas, fue que se llegó al comienzo de esta etapa. No es cuestión de reírse o hacer befa de los políticos porque aquí no se llegó en ancas de otra cosa que del voto popular. La guerrilla se nutrió del desprecio que se pretendió sembrar sobre la clase política, pero también se nutrió de la burla de determinados agentes del orden que también pretendieron imponerse sobre quienes se habían dedicado a la vida política que, más allá de sus defectos o virtudes personales, no habían llegado pidiéndole prestado nada a nadie, sino por votos, habiendo obtenido lo que antes tantos han buscado y que por no haberlo logrado, desprecian, o sea, el apoyo de la gente, el transitar entrando y saliendo de esta Casa, sin otra custodia que la conciencia tranquila de haber cumplido con el deber.

El acatamiento de las leyes que se aprueben sobre este tema, va a ser la gran fuerza que nos tenemos que comprometer desde ya a darle.

Lamentablemente, sobre los proyectos presentados, ya se han emitido juicios. Nos cuesta creer que provengan de un análisis sereno sobre los mismos. Ya se ha hablado de los "proyectos de impunidad", en plural. Después de ser leídos éstos pueden ser calificados de cualquier cosa, menos de esa manera.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Esta va a ser una interrupción muy breve.

El señor senador se refirió a "los proyectos de impunidad", y naturalmente está rechazando lo que, implícitamente, lleva este concepto respecto del proyecto que él ha firmado.

Quiero rechazar, con igual firmeza, el concepto de que el proyecto del Partido Colorado de pacificación nacional tiene por objeto la impunidad de alguien, sino que tiene uno muy diferente, que es la pacificación del país.

De igual modo, rechazo la afirmación que aquí se ha hecho, en el sentido de que el proyecto de ley del Partido Colorado supone, implícitamente, el juicio de que "aquí no ha pasado nada". Justamente, significa lo contrario; es la conciencia de la gravedad de lo pasado y de la forma de superarlo, lo que nos llevó a impulsar nuestro proyecto de ley.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Decíamos, señor Presidente, que el gran compromiso que deberemos asumir los legisladores -una vez que, Dios mediante y ejercitando la tolerancia y el sentido de la gravedad de lo que vamos a realizar, una vez que tengamos el proyecto de ley aprobado, cuando esté actuando ese cuerpo legal- en la medida que tengamos una opinión detrás nuestro y posibilidades de actuar a través de los medios de comunicación, es por el acatamiento a la ley que debemos bregar. Porque no puede abrirse camino entre nosotros la forma de que ella es acatable solamente cuando nos gusta. No puede establecerse nuevamente, la idea de que hay leyes que son del pueblo cuando han sido votadas por unos pero no lo son o tienen menos jerarquía cuando previenen de mayorías que no nos gustan.

Esa es la finalidad más importante que tenemos que perseguir porque, en la medida en que se actúe de esa manera en este recinto político por excelencia, la ley misma tendrá el poder coactivo necesario para llegar hasta donde debe alcanzar.

Si del propio análisis político surge que la ley es criticada aún después de haber obtenido su fundamento constitucional intocable, se estará alentando la posibilidad de que quienes todavía no están dispuestos a acatarla -estén donde estén- hagan caudal, en su propio nacimiento, con una disposición de no acatamiento.

Decimos, señor Presidente, que nuestro proyecto -de esta manera creemos interpretar la tarea, no solamente de los legisladores, sino de los ciudadanos que han prestado el concurso invalorable de su talento para la redacción del mismo- es justo. Lo repetimos, porque a poco que el Senado se incline sobre él, encontrará que este valor no solamente está bien servido sino fortalecido a través de sus normas. Asimismo, es eficaz porque establece un término -la sociedad también lo quiere- para la dilucidación definitiva de este tema y es una solución, porque tiene esos dos caracteres.

No estamos atados a un texto ni a una voluntad que sea partidista. Aquí, el Partido Nacional, una vez más, cumple con una tarea y un rol que son tan antiguos como su propia existencia. Es decir, que cuando llega el momento de las dificultades, de la incertidumbre, no se siente extraño sino que, por el contrario, aunque haya sido víctima -y predilecta, muchas veces- de los episodios ocurridos, se presta, se dispone a que el talento de sus hombres, la pericia de sus juristas pero, sobre todo, la responsabilidad política de los que aquí se sientan y levantan la mano, se distinga, porque no le cede a nadie el primer puesto para enfrentar los problemas del país y encontrarle solución.

De ahí radicará, en gran parte -sabemos que con la colaboración de otros sectores políticos- la fuerza de las decisiones que debemos tomar.

No vamos a hacer -ahora que nos aprestamos a entrar a la tarea de la redacción, del estudio- ninguna apelación de carácter sentimental, aunque no podemos sustraernos a lo que gravitó en nuestro ánimo cuando nos inclinamos sobre los episodios del pasado.

Nosotros, en nuestro fuero personal y en las potestades jurídicas, hemos perdonado y no vamos a detallar la lista de los agravios que podríamos apuntar porque, como dijo alguien antes que nosotros, vamos a dejar ese recurso de recortar memorias sombrías para las causas perdidas. No llevamos balance; nos miramos los costurones del cuero y seguimos para adelante.

Desde el momento en que resolvimos redactar, firmar y defender este proyecto de ley, más de una vez nos hemos acordado de una persona que, de no haber mediado el designio de la providencia, estaría sentado aquí en el Senado de la República: el señor Mario Heber Usher. Nunca -a pesar de que también fue probado por la Providencia- en esos días tremendos le oímos una palabra de rencor, de venganza, nunca le vimos en una actitud negativa. Estamos seguros que hoy, con mayor peso y autoridad que nosotros, hubiera sido firmante de este proyecto de ley que sometemos a consideración del Senado.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: curioso debate este de hoy. A diferencia de los dramas isabelinos que amontonan cadáveres al final, aquí el cadáver del protagonista está en el centro de la escena, apenas se levanta el telón, porque el protagonista de esta discusión es el Mensaje del Poder Ejecutivo y lo iniciamos sabiendo que, por fortuna para el país, está herido de muerte y que, en el día de hoy vamos a tener la dicha de enterrarlo.

Este debate ha sido calificado como el más trascendente de la Legislatura o algo similar. Confieso que tengo mis dudas a ese respecto. Creo sí que, sin duda, esta es una sesión muy importante, donde se examina un tema de honda significación y que plantea serias responsabilidades; sin embargo, no estoy seguro de que lo podamos calificar como el más trascendente tenido y por tener.

Hace pocos días, por ejemplo, estuvimos examinando un proyecto de ley del cual depende el derecho a obtener su pasividad de varias decenas de miles de trabajadores independientes; me resultaría difícil establecer si esa oportunidad o aquella en la cual pudimos obtener que la ley fuera cumplida en lo que tiene que ver con el ajuste de las pasividades, o cuando permitimos que los destituidos por la dictadura volvieran a sus labores, o cuando empezamos a encauzar el retorno a una enseñanza democrática y civilizada con el fin de terminar con aquella cosa troglodita en que se intentó transformar la docencia durante la dictadura, fue la más trascendente. Yo tendría muchas dudas en hacer la elección.

De todas maneras, indudablemente, este tema tiene trascendencia. A ese respecto, no creo que puedan caber dudas. Por serio, por la natural delicadeza de los temas que envuelve y que alcanza, sin duda alguna requiere que actuemos con plena sinceridad.

Normalmente -y esto desde que la elegimos como centro de nuestra vida- sabíamos que la actividad política tiene exigencias feroces y una es la de que no podemos actuar en ella entendiéndonos con todo el mundo.

Nosotros, particularmente ante debates como estos que estamos desarrollando, no nos sentimos impulsados a dulcificar la expresión de nuestro pensamiento con la idea de atenuar diferencias.

En primer lugar deseo expresar que hay para nosotros una reflexión fundamental, diría previa, en el informe de la Comisión, que dice: "desechar expresamente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo". Se llega al debate con una definición clara, producida en la Comisión; pero además -porque no siempre las definiciones que se dan en las Comisiones son reproducidas íntegramente por las organizaciones políticas en los plenarios del Parlamento- se llega esta vez con la certeza total de que hay en el Senado una mayoría, integrada por la totalidad de los señores senadores elegidos bajo el lema Partido Nacional y por la totalidad de los senadores componentes el Frente Amplio, dispuesta a votar negativamente ese proyecto, lo cual asegura su rechazo. Pero no nos salteemos una consideración: esto ocurre; pero desde que hubo un Mensaje del Poder Ejecutivo -y este Mensaje fue incluido en algo tan excepcional como las disposiciones que incluye el artículo 168 de la Constitución de la República, vinculado con el régimen de urgencia- el proyecto pudo haber sido aprobado. Y hubo instancias, al comienzo, antes de que las fuerzas políticas se pronunciaran, en que esta posibilidad pudo no haber sido desechada.

Es importante que esto también forme parte del debate, señor Presidente. El Mensaje entró a la consideración de la Comisión y ésta, lo primero que hizo fue -según la Constitución, la declaración de urgencia para un proyecto es competencia privativa del Consejo de Ministros- invitar al Poder Ejecutivo a que se hiciera representar y explicitara ante ella los alcances precisos del proyecto enviado.

Las sesiones de la Comisión -sin versión taquigráfica pero no secretas- se resumieron en un acta, reflejo fiel pero sucinto de lo allí ocurrido, y, en consecuencia, algunos de sus pasajes han podido ser conmentados y difundidos.

El proyecto del Poder Ejecutivo, al que se califica de pacificación nacional por sus defensores, o de intento de impunidad por quienes lo enfrentamos, es muy breve, tiene apenas cuatro o cinco artículos, ¡pero qué artículos! Amnistía para todos los delitos cometidos por funcionarios militares o policiales, directa o indirectamente vinculados a la lucha antisubversiva por espacio de más de 23 años; inclusión, en esa amnistía, de autores, coautores y cómplices, aún cuando fueron reincidentes o habituales; clausura de todas las indagatorias o procedimientos en curso con respecto a estos actos".

Preguntados los señores representantes del Poder Ejecutivo si esto incluía todas las situaciones, inclusive las más aberrantes, las respuestas fueron categóricas: "El propósito del Poder Ejecutivo es bajar la cortina, "doblar la hoja". Se agregó después: "amnistía a todo y a todos". Cuando se intentaron precisiones y se preguntó: ¿También los crímenes? ¿También las mutilaciones? ¿También las violaciones?, se nos dijo, por ejemplo: "una cosa es que un carcelero viole a una detenida por deseo sexual y otra cosa es que lo haga a los efectos de obtener de ella una confesión más completa".

Declaro, señor Presidente, que a algunos de los integrantes de la Comisión -y no sólo por cierto a mi y a los miembros de la bancada que integro- se nos erizó la piel durante el desarrollo de esas sesiones.

Preguntados, por ejemplo, ¿cómo se entiende el caso de cuando las fuerzas conjuntas -las así llamadas Fuerzas Conjuntas- allanaban la casa de un guerrillero para arrestarlo y de paso le robaban cuanto objeto de valor había, se cometían destrozos o se llevaban con él a familiares inocentes? La respuesta fue: "esto también queda comprendido".

"Bajar el telón", "doblar la hoja", a "todo y a todos" Este es el criterio que ha sido sostenido, señor Presidente por razones que se explicitan en la exposición de motivo del Mensaje del Poder Ejecutivo. Se necesitaría saber qué le hubiera sucedido a nuestro país si el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y respaldado por la bancada del Partido Colorado, con la sola excepción, que yo sepa de uno de sus representantes, hubiera tenido la posibilidad de ser aprobado. Si el Partido Colorado hubiera obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de noviembre de 1984 eso le habría sucedido al país. Es absolutamente necesario que este hecho sea conocido integralmente por todos.

Naturalmente que las cosas se exponen frecuentemente de una manera que no siempre coincide con el contenido real de las proposiciones. Se habla -cuando esto se propone- de pacificación. Por cierto que el proyecto no sale por generación espontánea, de la nada, a raíz de una ocurrencia repentina, sino que es precedido por una profusión de elementos propagandísticos, como en el Uruguay únicamente el Poder Ejecutivo puede utilizar: televisión, radios, reportajes, discursos, etcétera. Creado el clima, o hecho el intento de crearle -que naturalmente no es lo mismo- se lanza el proyecto y se establece que la amnistía es necesaria para pacificar el país y terminar con este clima de enfrentamiento, "que no nos deja gobernar y emprender la recuperación del país hacia el futuro mejor que todos anhelamos". Esto, precisamente, está en la raiz de ese proyecto, que intentó que no pasara nada nunca, que no se investigara nada nunca sobre mutiladores, asesinos y violadores. Esto debe ser demostrado y merece ser examinado.

En el Uruguay se vivió, desgraciadamente, un período de enfrentamientos violentos que terminó, a cierta altura, con la derrota de quienes intentaron trastornar el orden institucional apelando a la vía de la violencia. Pero el advenimiento del orden dictatorial vino después y por otras motivaciones. Rechazo categóricamente las vinculaciones que se intentó establecer de causa a efecto entre una cosa y otra. Digo que el advenimiento de la dictadura responde a motivos en absoluto diversos. Tan es ello así, que la dictadura se aplicó a la imposición de una política económica de subordinación al extranjero, de diferenciación en el plano interno, de reducción de los ingresos de los trabajadores, de explotación de jubilados y pensionistas y de endeudamiento desorbitado, que nada tuvo que ver con ningún hecho, subversivo o no, que se hubiera planteado con anterioridad a dicho advenimiento.

Y la dictadura, por lo demás, aplicó al servicio de esa política económica antinacional y destructora, cuyas consecuencias estamos pagando y pagaremos durante unos cuantos años, gobierne el partido que gobierne, una sucesión de torturas y de crímenes contra componentes de fuerzas políticas y sociales, a los que nunca se pudo acusar, en absoluto, de ningún intento de subvertir el orden institucional. Porque esas torturas y esos crímenes nunca admiten la más mínima justificación, ni siquiera para ser aplicadas a criminales y torturadores. Pero aun la invocación que hacían tampoco era aplicable, cuando se procuró destruir toda forma de organización política y sindical que enfrentara definidamente aquella concepción a cuyo servicio se colocó la dictadura.

Digamos, entonces, que cuando la dictadura violó detenidas indefensas; cuando la dictadura asesinó, secuestró y torturó hasta la muerte; cuando la dictadura practicó -como en Maldonado- mutilaciones sexuales; cuando la dictadura llevó gente al "infierno", la colgó, le aplicó submarino, la metió en aljibes o en jaulas y la aisló por años y años, hasta su destrucción psicológica, no estaba, en modo alguno, combatiendo amenazas de una pretendida subversión sino defendiendo una política de explotación y de entrega al extranjero, puesta al servicio de los intereses económicos personales de quienes detentaban el poder. Y este es un hecho que, desde nuestro punto de vista, no puede ser dejado de lado en ningún análisis.

Claro, nosotros nos reunimos a considerar el tema cuando ha pasado más de un año y medio de vigor de un sistema democrático. Y por supuesto, las diferencias que tengamos con el Gobierno, por profundas que sean, no admiten comparación con aquellas que tuvimos con quienes lo antecedieron.

Por supuesto, el tiempo pasa; no en todas las mentalidades se conserva la presencia de aquel clima que entonces hubo. Nosotros estamos en un Parlamento donde nos manejamos todos respetuosamente, escuchando en un clima de tranquilidad y de paz las opiniones de todos, y no es difícil que en medio de gente que tiene un nivel determinado de educación, una medida determinada de responsabilidades, y que sabe que puede opinar en las condiciones en que lo hacemos, podamos sentirnos amplios, generosos, propensos a olvidar. Pero hay que saber, hay que recordar, no por afán de venganza, en absoluto -a eso nos referiremos después- ni por espíritu de odio, que en nosotros no cabe, sino por sentido de justicia, por necesidad de esclarecimiento, por ese imperativo ético ineludible, que ha introducido en el ser humano -el único hasta ahora en la escala biológica con la suficiente capacidad anatómica y fisiológica en su evolución- ese concepto de justicia. Por algo hemos llegado a él y no podemos ignorarlo, ni saltearlo. ¿Qué concepto habría, si alguien propusiera suspender por un tiempo todos los castigos y todos los trámites para cuantos han cometido robos, asaltos y crímenes comunes en los últimos años o si a alguien se le ocurriera venir y presentar un proyecto diciendo que quien mató, en cualquier circunstancia, en los últimos dos o tres años, no va a ser procesado ni penado? ¿Por qué, entonces, habríamos de aceptarlo para este procedimiento que nada ha tenido que ver con ninguna ideología política o social, sino sólo con el intento de aprovechamiento de todas las posibilidades del Estado al servicio de un grupo de gente, no toda ella componente de las Fuerzas Armadas, aunque sí en su mayoría, para lo cual se han cometido todas las aberraciones y crímenes que se llevaron a cabo?

Afirmo, señor Presidente, que si hay dos elementos absolutamente contrapuestos, rigurosamente inconciliables, ellos son la pacificación y la amnistía determinante de una impunidad total para cuantos cometieron toda clase de crímenes, de violaciones y de aberraciones como las que han sido ya más que suficientemente descritas. Digamos, entonces, que este proyecto del Poder Ejecutivo -él sí- en nuestra opinión, habría determinado, quien sabe por cuánto tiempo, una profunda división y un clima de inseguridad absolutamente inconveniente dentro de nuestro pueblo.

Quiero también rechazar frontalmente una concepción que se ha deslizado desde el Poder Ejecutivo reiteradamente, según la cual habría en el centro un pueblo que quiere paz, que quiere olvidar y trabajar para el futuro, y en los extremos dos pequeñas minorías de signo opuesto, que no quieren la pacificación. Tampoco esto ha sido demostrado; tampoco esto podría serlo.

Aquí lo que hay es, de un lado, víctimas y familiares de víctimas y pueblo solidario con esas víctimas, que pide que se investigue con todas las garantías de la justicia democrática. Nadie ha reclamado nunca que se torture a nadie, ni que se prive de todas las garantías que brinda la justicia democrática a nadie; pero las víctimas, aquellas a cuyas hijas violaron, aquellas a cuyos maridos asesinaron, aquellas a cuyos hijos secuestraron y que después desaparecieron, piden justicia; piden que se investigue y que cuando la culpabilidad esté demostrada, se dicte una pena por la autoridad que normalmente lo hace, y que ella se cumpla.

En cambio, del otro lado, ¿qué hay? La resistencia. otra vez, todavía, al orden constituido. No hay aquí dos fuerzas enfrentadas desde distintas extremos, atentando contra el orden democrático. ¡No, señor Presidente! Cuando sectores de nuestro pueblo manifiestan por la calle, reclamando "verdad y justicia", ¿qué piden? Que la justicia funcione dentro de la ley y del orden constitucional.

En cambio, reuniones que han trascendido, publicaciones como "El Soldado", manifestaciones que no salen a la calle públicamente y no hacen ruido ni portan carteles ¿a qué conducen? ¿A defender el orden constituido? ¿A que se apliquen la Constitución y la Ley?

Claro, es fácil ser guapo y mostrar virilidad ante una detenida que no puede defenderse. ¡No es tan fácil ir ante un juez a dar explicaciones y hacerse responsable por las barbaridades cometidas!

Lo que existe ahora en el Uruguay es una mayoría que quiere verdad y justicia, que corresponde a todos los partidos y a todas las ideologías y, por otro lado, hay una minoría que intenta amnistiar y otra, que es aún menor, que lisa y llanamente tiene miedo de que haya verdad y justicia.

Desde nuestro punto de vista, estos son los hechos que no podemos eludir al considerar un tema como el que he estamos tratando. Y si esa no fuera la razón, ¿por qué el cambio de opinión? Siempre he respetado todos los criterios. Sin embargo, si existe un criterio político, social y jurídico -que como tal es respetable- de acuerdo con el que corresponde amnistiar todo y a todos, ¿cómo es que eso nadie lo dijo, lo documentó antes de noviembre de 1984? Eso no está en el programa de ningún partido político, ni en el discurso de ningún candidato, ni en los editoriales de ningún diario o semanario. Además, si este proyecto tuviera alguna relación con la amnistía votada en marzo de 1985, ¿por qué razón no fue planteado en abril del mismo año, cuando ya se había resuelto el tema de la otra amnistía? No se hizo así; se ha planteado ahora con la propaganda previa a que me referí, vinculándolo con la pacificación de un país que no está enfrentado, de una nación cuyos enfrentamientos son los normales en toda democracia; las discusiones que existen en el Parlamento en torno a uno u otro problema, son resueltas democráticamente por mayorías y minorías; las polémicas que se libran en la prensa, a través de la radio y la televisión, a diario; esos son los enfrentamientos naturales entre gente que piensa distinto en una democracia. Si existe un enfrentamiento de fondo, sustancial, es sólo entre el pueblo, entre los integrantes de cualquier partido político e ideología, que simplemente desea que se cumpla la ley y la gente que tiene miedo de que esa ley se cumpla, y es por eso que rechaza, demora, crea complicaciones, enrarece el ambiente permanentemente o intenta hacerlo.

Digo, entonces, que este proceso político democrático uruguayo, elogiado dentro y fuera del país, y del que todos nos enorgullecemos, no está y no puede estar amenazado por esa pequeña minoría que tiene miedo de que se cumpla la Constitución y la Ley y de que se logren la verdad y la justicia No puede estarlo porque de otro modo este proceso político democrático, que es de todos, en definitiva quedaría insanablemente lesionado. Costó mucho conseguir todo esto. En primer lugar, es obra de nuestro pueblo, del de todos, de aquellas inmensas y multitudinarias manifestaciones pacíficas, que fueron desgastando en su base a la dictadura; fue obra de la ciencia de los partidos políticos y las organizaciones sociales, que supieron ponerse por encima de las diferencias internas para librar conjuntamente su lucha contra la dictadura y terminar con ella.

Fuera de todo eso estaba la dictadura y hoy, otra vez, fuera de todo el proceso de recuperación del país, se encuentran los únicos nostálgicos de la nación, que son los de la dictadura, los que aún no aprendieron a que existe una República Oriental del Uruguay que tiene una Constitución que es respetada, así como un ordenamiento legal y jurídico que también debe serlo.

SEÑOR ALONSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Alonso

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD

Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Agradezco al Senado la prórroga aprobada y, en atención al tiempo que llevamos trabajando, resumiré lo poco más que deseo expresar sobre el tema, porque ya casi todo ha sido dicho.

Quiero formular alguna precisión con respecto a la circunstancia en que nos encontramos ante la presentación del proyecto del Partido Nacional.

Hemos sostenido reiteradamente -esa es la única razón por la cual la bancada del Frente Amplio, de las cuatro que tienen presencia parlamentaria, no ha elevado un proyecto propio- que el orden jurídico en vigor, si se aplica en plenitud, contiene normas suficientes para que la justicia y la verdad sean puestas en práctica. Pero, obviamente, esto no significa que si otras organizaciones políticas presentan a la consideración del Parlamento iniciativas que puedan mejorar, completar, perfeccionar y agilitar estos procedimientos de la Justicia, nos resistamos a acompañarlas.

A diferencia del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo -y apoyado por la casi totalidad del Partido Colorado- esta situación se da con muchas de las disposiciones incluidas en el que presentare el Partido Nacional. Desde nuestro punto de vista, este es un proyecto que sirve como base para una discusión constructiva. Compartimos muchos de los elementos que contiene. Tenemos reservas con respecto a algunas disposiciones con cuya intención coincidimos, pero sobre cuyo texto, en cuanto a su formulación concreto, tenemos algunas discrepancias. Existen cuatro o cinco artículos con los cuales no estamos de acuerdo y así lo hemos expuesto ante los señores senadores del Partido Nacional y tenemos firme disposición para continuar examinando posibilidades conducentes al logro de fórmulas que, efectivamente, permiten acercarnos, más de lo que podríamos hacerlo a través del actual ordenamiento jurídico, a soluciones de verdad y justicia.

Lo que no compartimos, en cambio, es que este proyecto deba ser considerado en régimen de urgencia, sometido a la exigüidad de los plazos, que condicionan drásticamente la eficiencia de su estudio.

Este es un proyecto complejo, que toca aspectos muy difíciles, que requieren una alta dosis de especialización para el que sería sumamente útil la consulta a profesores, catedráticos y a cuerpos versados en algunas de las materias a que alcanza. Respecto a él, bastó que la señora Ministro de Educación y Cultura, de notoria versación en los temas penales, concurriera al seno de la Comisión e hiciera alusión solamente a dos o tres artículos, para que el debate llevara varias horas; y esto solamente fue un examen preliminar.

Por lo expuesto, nos parece innecesario constreñir la consideración de un proyecto de esta significación y trascendencia a la estrictez de los límites de tiempo que impone la condición de urgencia prevista en el artículo 168 de la Constitución. Esa es la razón, la única, por la cual en este momento no estamos en condiciones de votar en general el proyecto presentado por la bancada del Partido Nacional.

También queremos significar nuestra discrepancia, ya señalada, con respecto a una formulación que se ha hecho en forma reiterada.

Esto no detiene al país. ¡Qué lo va a detener! Comprendemos que se desee despachar este asunto con la máxima rapidez posible y por cierto que no va a ser el Frente Amplio quien lo va a detener. Todo el mundo sabe que nuestra agrupación es asistente permanente tanto a las sesiones del Plenario como a las de las Comisiones; no seremos nosotros, por cierto, los que vamos a obstaculizar la consideración del proyecto. Pero una cosa es tratarlo con intensidad y otra muy distinta es hacerlo a marchas forzadas porque esto, según dicen, detiene al país. Pero yo me pregunto: el hecho de que el tema vinculado con las investigaciones de torturadores y demás no haya sido todavía resuelto, ¿a qué Ministro impide trabajar y preparar planes de Gobierno? ¿A qué Comisión del Parlamento le impide funcionar? ¿Qué ley no puede aprobarse por este motivo? El Banco de Previsión Social no puede estudiar la afligente situación de las clases pasivas porque esto no ha sido resuelto? ¿Acaso el Instituto Nacional de Colonización no puede otorgar tierra? ¿Los hospitales no pueden ser mejorados? ¿la Universidad no puede obtener más recursos? ¿Está todo el país detenido? ¿La recuperación económica y social no se opera porque este tema no está resuelto? ¿Por qué 40 ó 50 individuos no pueden ser llamados a declarar para responder por las acusaciones de que son objeto? ¿Por eso el Gobierno y el país no pueden funcionar?

Esto para mí es absolutamente incomprensible y lo rechazo por completo como argumento para justificar la celeridad extrema en la consideración del tema.

Digo, finalmente, señor Presidente, que este es un asunto muy grave pero no excluyente de la consideración de otros. No tenemos ninguna razón de agravio para las Fuerzas Armadas como institución, las que han cubierto durante muchas décadas acciones honrosas para nuestro país y que seguramente volverán a hacerlo. Pero es evidente que dentro de ellas hay gente que no merece estar. Entendemos que hay que "limpiar" a las Fuerzas Armadas de esas personas, porque si permanecen en ellas continuarán haciendo carrera. Entonces, me pregunto si no tendremos dentro de dos, tres o cinco años, generales que han sido asesinos o torturadores; podemos tenerlos. No lo vamos a saber mientras esto no se investigue plenamente y con amplitud.

Nosotros queremos Verdad, porque la búsqueda de ella es para nosotros un imperativo moral. En este tema concreto, aunque no la encontremos totalmente -y toda no la vamos a encontrar- nos sentimos obligados a abrir caminos a fin de hallar la verdad de lo sucedido en la mayor proporción posible.

Queremos Justicia para que pueda ser construida una democracia realmente liberada de quienes quieren seguir siendo un poder que decide. En este país actuamos y nos conocemos los colorados, los nacionalistas, los frenteamplistas, los cívicos, las fuerzas sociales, estudiantiles, sindicales y de otro tipo, pero esas no son todas las fuerzas que opinan y cuentan en este tema En ese sentido, queremos un funcionamiento democrático en absoluto liberado de las formas de ejercicio y de presencia que puedan ser libradas desde las sombras por quienes conculcaron las instituciones y siguen, en la medida que no respeten el normal funcionamiento de ellas, expresando esa falta de respeto que las inspira.

Quiero decir, señor Presidente, que esto en modo alguno lo hacemos por odio. No es nuestra filosofía la del salmista, es decir -según el Antiguo Testamento- la de "tomar los niños del enemigo y arrojarlos contra las piedras". No es nuestra filosofía, ni lo será, la de quienes a 50 años de distancia siguen recorriendo el mundo para hacer personalmente justicia contra asesinos y torturadores. Por el contrario, queremos actuar por amor y por solidaridad, con la gente, con los uruguayos, especialmente proyectados hacia el futuro, que liberados de esta ignominia que envenena el oxígeno que respiramos puedan construir un porvenir mejor tras haber arrojado la basura de su seno.

Eso cuanto quería manifestar.

SEÑOR TRAVERSONI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Si bien otros distinguidos senadores de nuestro Partido han hecho ya una brillante argumentación, creemos de todos modos que es útil, necesario e imprescindible que todos aquellos que pertenecemos dentro de él a distintas corrientes de opinión, demos una clara sensación de lo que es la unidad del Partido en las presentes circunstancias históricas.

Queremos decir que este apoyo que prestamos a la iniciativa del señor Presidente de la República -iniciativa lanzada después del fracaso de todas las arduas gestiones realizadas en busca de un consenso- lo hacemos sin reserva de conciencia. Eso lo hemos tratado de conversar con todos nuestros compañeros, en todos aquellos instantes en que nos han transmitido algunas dudas, a su vez inducidas desde otras tiendas por falta de información al respecto.

Creemos que el señor Presidente de la República ha llegado a esta solución -y así lo ha manifestado- después de un análisis ponderado de toda la situación del pasado, del presente y del futuro. Personalmente, pensamos que también se han tenido en cuenta todas las sutiles relaciones de los factores de poder y todas las necesidades que condicionan en estos momentos a las fuerzas políticas para que tomen determinaciones con total responsabilidad. Por cierto que no tenemos ninguna clase de insensibilidad frente a los dolores que se han padecido, y que en mayor o menor medida nos han rozado a todos, pero no cabalgamos en el melodrama para mantener una posición política. Preferimos el análisis de las situaciones y llegar a una conclusión razonada, que sea una contribución real que vaya en beneficio de las soluciones del futuro. En ese sentido, me voy a permitir hacer aquí algunas reflexiones sobre ciertas afirmaciones que se han hecho en Sala y que me parece pertinente someter a examen crítico.

A mi entender se ha abusado de los juicios éticos con respecto a las posiciones políticas. Al margen de resaltar las dificultades para realizar un paralelismo entre la ética y a política, es útil señalar de qué manera aparecen los hechos, en este problema de tanta importancia, todos los razonamientos pretendidamente éticos.

Se ha tratado de refutar lo que el Partido Colorado ha pretendido hacer en este intento de pacificación de la Nación, que tiene como protagonista, en primer término al señor Presidente de la República, con quien se han solidarizado los legisladores aquí presentes. Asimismo se ha dicho que el Partido va al riesgo del posible costo político de ese pronunciamiento, sacrificándolo en pos de la necesaria pacificación nacional.

Quisiera hacer una reflexión aquí en cuanto a quienes pretendan tener la seguridad de que con esto nuestro Partido asume un negativo costo político. Quienes así lo determinan manejaron con ligereza la situación y lo que opina la mayoría de la gente, pero pienso que nadie está en condiciones de hacerlo con posibilidad de certeza. Se han mencionado reiteradamente los resultados de las encuestas, pero bien sabemos -ejemplos sobran- que ellas dependen de la forma en que se formulen las interrogantes y de cómo sean evaluados sus resultados.

Los que confunden pueblo con sus adherentes hablan de la expresión de la mayoría. A propósito, se ha dicho en esta misma sesión que el gran protagonista de ella es un muerto; y ese muerto es el proyecto del Partido Colorado. Me parece que, en todo caso, el gran protagonista es el propósito de pacificación al que podemos llegar a través de una confluencia de opiniones. Si acaso hubo un protagonista menor fue el gran fiasco de la movilización con la que hoy se intentó coaccionar al Parlamento, pues sólo se trató de una escuálida manifestación de unos pocos miles o quizá centenares de ciudadanos que, desde su posición, querían molestar a algunos señores senadores pero lo único que demostraron fue como se está agotando la capacidad de movilización de determinada fuerza política. También demostraron cuál es el estado de la opinión porque ¿qué significado tiene que frente a un tema conocido por toda la ciudadanía y que se dilucidaría en esta reunión sólo se movilizan centenares de personas y no miles o decenas de miles? Por lo menos significa que no existe una voluntad de manifestar una opinión contraria a las soluciones que se han anunciado y que se ha intentado evitar prosperen en este Parlamento.

Durante una semana hemos asistido a una intensa propaganda a través de las radios y de la televisión y el empapelamiento de la ciudad incitando a la población a manifestar en el día de hoy en un acto acerca de cuyos propósitos nos pronunciamos en la mañana de hoy en la Comisión y sobre el que oportunamente insistiremos. Inclusive, en un semanario se llegó a decir que en la presencia ciudadana en torno al Palacio Legislativo iba a estar la verdadera decisión del problema. Si a eso se le pretendió dar el valor de un plebiscito yo digo que los resultados los tenemos a la vista.

También se ha criticado la simetría referida en Sala con relación a la ley de amnistía aprobada en 1985 y este proyecto que se propone ahora. Tal vez no exista simetría en cuanto a la naturaleza de los delitos, pero sí en cuanto a que en aquel momento, al igual que ahora se buscó dar tranquilidad a la situación.

Otro argumento también referido a la simetría fue la comparación -siguiendo ese criterio flechado que señalaba el señor senador Flores Silva- que lleva a distinguir entre el recuerdo que se hace de los muertos y de las tumbas respecto de unos y otros, porque, tal como se ha dicho, una cosa es el terrorismo de la subversión y otra más grave es el terrorismo de Estado. Puede ser; pero me permito señalar y poner énfasis en lo que significa como culpa social el terrorismo cuando se practica falsamente en nombre de valores superiores como son el elevamiento de la sociedad, el cambio de la naturaleza de las estructuras y los ideales que se pretextan como bandera de sus acciones.

¿Qué valor tiene el terrorismo cuando se organiza en nombre de valores superiores de la humanidad? ¿Cuándo se violan más los derechos humanos? ¿Cuándo se los viola en su nombre o en el de la repudiada doctrina de la seguridad nacional?

Aquí se ha manejado el argumento de que la amnistía que propone el gobierno nos enfrentaría a una situación de convivencia con los violadores de los derechos humanos y que, además, serviría de estimulo para futuras violaciones.

La situación vale tanto para 1985 como para 1986. Aquellas personas amnistiadas en 1985 actualmente están ocupando posiciones de responsabilidad social, y con respecto a las cuales para muchos subsiste la sospecha de que puedan reincidir en aquellos actos de la década del sesenta, cuando trataron de destruir el Estado con aquel argumento de las libertades formales y de la democracia burguesa. También es cierto que los amnistiados de hoy, que puedan ser nostálgicos de la dictadura y de la instauración, nuevamente, del poder militar, quizás pueden estar a la espera de esa situación. Pero eso no depende de la amnistía en sí misma, sino de la evolución de la situación política, económica y social de nuestro país.

Cuando se hace como se hizo en nuestro país una guerra no convencional, el aparato represivo, que existe en todos los estados del mundo, se exaspera y llega a tener autonomía propia y a hacerse un mecanismo normal del Estado. ¿De quién es la culpa? Desde luego, de los que se exasperan y de los que asumen esa posición y cometen violación de los derechos humanos. Pero quienes alimentaron ese monstruo, ¿no tienen, también, un alto grado de responsabilidad? ¿Y no es la sociedad toda en el conjunto de sus fuerzas políticas, la que tiene en sus manos, con el progreso, con el acuerdo, con la renovación, con el cambio de sus estructuras, la posibilidad de evitar eso? ¿De qué otra manera se van a evitar situaciones de crisis institucional? Si la evolución de nuestro país no se encamina en el sentido que los hombres intencionados quieren, con amnistía o sin ella, nos vamos a encontrar otra vez frente a una situación de crisis y de caída de las instituciones. Llamo a estas reflexiones para ubicar las cosas, a mi juicio, en su justo lugar.

Se ha criticado las referencias que formuló el señor senador Batlle cuando habló de la culpa de todos; esta es la realidad de toda la sociedad uruguaya. Toda la sociedad uruguaya, en distinta medida, tuvo su cuota de responsabilidad en lo que ocurrió en 1973. En primer lugar, la tuvo la subversión, la crisis de los partidos políticos, también aquellos que en el momento clave intentaron subirse al carro de la dictadura, como así la sociedad entera, la que no tuvo, en su momento, la suficiente energía como para sacarse de encima a la dictadura sin que fuera necesario llegar a la salida mediante una transacción como la que finalmente se acordó. Entonces, si hay toda una repartición de culpas, ¿eso no nos coloca en una situación muy especial para ubicarnos frente a los grandes culpables de otras violaciones, con los cuales hubo necesidad de transar porque no había la fuerza suficiente para derrocarlos?

Pienso que todo eso debe ser materia de reflexión.

Esos hechos animan nuestra actitud frente al proyecto del Partido Colorado, la cual no se agota en ese proyecto porque asume con comprensión los otros intentos que se realizan por parte de otros partidos, siempre que tengan el mismo propósito, a la misma finalidad, de salir de una encerrona a que pueda conducir esta rebúsqueda del estado y todas las consecuencias que ella pueda tener como solución.

También se ha hablado de la reconciliación social. Pienso que en esto debemos tener cuidado en la retórica. La reconciliación nacional es un propósito deseable pero lo que vale esencialmente, es crear las condiciones objetivas para que el cuerpo social y el político viva sin los enfrentamientos desgarradores que lo condenaron en 1973, y que no queremos que se repitan en el futuro.

Por ello señor Presidente, quisiera afirmar, desde luego que sin el brillo que lo han hecho mis compañeros de bancada la expresión de ellos como una visualización de que frente a esta situación de emergencia el Partido Colorado en todas sus corrientes de opinión, se muestra unido.

SEÑOR FLORES SILVA.-¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TRAVERSONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Simplemente, deseo dejar una breve constancia.

Un poco el cansancio que nos abruma a todos, ha hecho que una primera reacción de sorpresa frente a expresiones aquí vertidas, se haya ido transformando, a lo largo de los minutos, en una suerte -si cabe la expresión- de espanto ideológico.

Quiero dejar una constancia del modo más cortés de mi rechazo, no con animo polémico sino por un imperativo moral de hacerlo, deseando equivocarme. He escuchado, con la atención que siempre pongo, las expresiones del señor senador Rodríguez Camusso, y al final de sus palabras hubo un concepto que me ha golpeado y me ha quedado repiqueteando en la cabeza. El señor senador se ha referido a los pueblos que persiguen durante 50 años. Me ha parecido que se estaba haciendo una referencia al pueblo judío. Como simultáneamente se ha hecho una mención al Antiguo Testamento, he ido compaginando ambos factores y he visto fortalecida esta hipótesis.

Señor Presidente: yo, que voté el homenaje que este Senado le tributó a Ana Frank, cuando designó con su nombre a una escuela, y que no me retiré de Sala para evitar dar mi voto, no encuentro la lógica de pedir justicia, aquí, y, sin embargo, referirse de un modo no cuidadoso a los judíos que la solicitan.

El Pacto de Munich de 1939, nazisoviético -1938 me corrige el señor senador Cigliuti, aunque yo creo que era 1939; él tiene porqué saberlo, ya que era nacido y yo no, el señor senador Traversoni aclara que es 1939, y también tiene por qué saberlo- permitió una obra de barbarie, de genocidio de millones de individuos. Simplemente, quería dejar la constancia que es preciso ser muy cuidadoso al respecto.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO.-¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - No me voy a deslizar por la travesura menor del señor senador Flores Silva, que atribuyó al cansancio de la hora. Debo expresar, que he referido lisa y llanamente a una concepción expresada en una obra literaria y que no comparto. "Toma los niños del enemigo y estréllalos contra las piedras", es una concepción que tengo derecho a no compartir. Si el señor senador Flores Silva así lo hace, lo lamentaría mucho espero; que no. Por otra parte, está escrito, yo no inventé nada.

Con respecto a lo demás no he hablado de una circunstancia determinada. En el mundo, ha habido una cantidad de actos de barbarie y no creo que a cada uno de ellos haya que perseguirlos por la eternidad.

Lo que he sostenido acá, es la aspiración que tenemos respecto a que la justicia uruguaya, dentro de la Constitución y de la ley, investigue; y cuando encuentre culpas, condene. Es preciso que las condenas que la justicia determine, se cumplan. Nada más. No soy partidario de que por ejemplo, si mañana un ciudadano reconocido o denunciado como torturador se va del país, se le persiga y se lo busque por individuos particulares. Como digo, no soy partidario de eso. Y tengo derecho a no serlo.

Finalmente, la otra referencia traviesa del señor senador Flores Silva, se contesta sola y con una realidad harto desgraciada.

Entre 1939 y 1945 se desarrolló la llamada Segunda Guerra Mundial. En su transcurso murieron no menos de 20:000 000 de ciudadanos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, país que pagó un tributo espantoso, ante la barbarie nazi fascista.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay contestación de alusión. No se puede continuar de ese modo.

Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Como ha sido señalado por otros señores senadores en el curso de esta ya larga sesión, sentimos que el Parlamento, al considerar la iniciativa del Poder Ejecutivo que propicia la amnistía general, y ésta, sí, irrestricta, a los que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1972 y 1985, vive y vivirá un episodio de trascendencia histórica. No es por apelar a calificativos superlativos que hacemos esta afirmación. Es una circunstancia histórica, porque a partir de ella, según se resuelva este tema en un sentido o en otro, el futuro de la República, de sus instituciones, de su pueblo, será de una manera o de otra.

Es en este sentido que consideramos que el tema que vivimos, es de inflexión histórica, de encrucijada, como se ha dicho acá, en que están puestos a prueba los valores fundamentales que dan razón de ser a nuestra vida como nación independiente, republicana y democrática, y al sentido de libertad y de solidaridad de nuestro pueblo.

Nosotros rechazamos el proyecto del Poder Ejecutivo que consagra técnicamente el olvido de todo lo que pasó en esta materia de violación de los Derechos Humanos, de los delitos de lesa humanidad, no porque busquemos instaurar la venganza; todo lo contrario. Buscamos la paz, como se ha dicho acá, la convivencia pacífica; buscamos la solidez de nuestra democracia y buscamos la reconciliación nacional. No dudamos, que los legisladores de todos los partidos alientan desde distintos ángulos, el mismo deseo de instaurar definitivamente, la paz, la democracia y la convivencia pacífica. Y no es que en un tema de esta trascendencia, que recibe tan delicado tratamiento en el país, no nos hayan asaltado dudas sobre los instrumentos más idóneos para afrontarlos. Es cierto que hemos reflexionado sobre el tema durante mucho tiempo viendo el decurso que tomaban las cosas desde que comenzó el rodaje democrático en marzo de 1985. Hemos dudado acerca de los instrumentos, más idóneos para darle solución pero de lo que nunca dudamos es de que, el camino del olvido, de dar vuelta la hoja, de bajar el telón, el de amnistiar sin que el pueblo conozca la verdad de lo sucedido, no es a nuestro juicio la solución que nos pueda llevar a una paz sólida, a la pacificación que todos declaramos buscar y querer.

Cuando oíamos exponer sus puntos de vista sobre este tema al señor senador Posadas, habíamos anotado algunas reflexiones sobre un asunto que él abordó. Coincidimos con él en que a las sociedades, como a los individuos, no les conviene dejar sin examen el pasado. En el caso de los individuos, sólo conociendo la causa de los traumas que se han padecido, es que pueden llegar a una relación equilibrada con el mundo. A la sociedad uruguaya, que sufre y que mantiene este trauma, le debe importar resolver este problema, conociendo la verdad de lo ocurrido en materia de violación de los derechos humanos. En el origen de estas violaciones de los derechos humanos está una concepción que hizo del terror de Estado una doctrina.

Decimos que la sociedad uruguaya sólo conociendo la verdad de su pasado y asumiendo la realidad del presente, puede construir un futuro de paz y de dignidad para sus hijos.

A nuestro juicio, señor Presidente, es necesario aclarar esto de que el terrorismo de Estado se hizo doctrina. Afirmo que no es una doctrina aborigen; es importada, forjada fuera del país. Se trata de una doctrina pero aún muchos sostienen en el mundo, en América Latina, y desgraciadamente aquí en el Uruguay, porque escriben sobre ella en diversas publicaciones que circulan. Es una doctrina que tiene como eje central la desequilibrada teoría de que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y de que hay un enemigo global, diabólico al que caracterizan como el comunismo internacional, dentro del cual engloban no sólo a los que se denominan comunistas, sino a todos los que tienen una propuesta de cambio, y al que hay que destruir por todos los medios, inclusive, a través del terrorismo de Estado. Y que a ese enemigo se le enfrentó desde el punto de vista estratégico con la fuerza de la primera gran potencia del mundo occidental; pero que a otros se les está reservada la tarea de destruir otra parte de ese enemigo que es el enemigo interno, que se expresa en el interior de los países y que se ubica, justamente, en los que quieren desarrollan la democracia, en los que buscan los cambios, en los que tratan de apuntar a modificar la naturaleza de una sociedad capitalista y despiadada hacia una sociedad solidaria.

Esa teoría, convertida en práctica en nuestro país y basada en el terror, alcanzó límites inimaginables y todavía desconocidos por nuestro pueblo, que llegó a volver cotidiana la insanía criminal.

Reiteramos, señor Presidente, que no queremos venganza porque nadie nos devolverá a los compañeros desaparecidos, a nuestros hermanos y familiares muertos; nadie podrá permitir que recuperen su equilibrio síquico los que lo perdieron -por centenares- bajo la tortura criminal y despiadada durante el régimen de facto. ¿Quién nos va a devolver al joven Walter Medina asesinado de un tiro por la espalda cuando escribía una consigna bajo el régimen de facto, reclamando consulta popular? ¿Dónde está el criminal? ¿Qué fue de él? ¿Quién lo sabe? ¿Quién nos va a devolver, repito, a Manuel Toledo, entregado muerto a la salida de la cárcel?; a Luis Batalla, aquel joven trabajador de Treinta y Tres, cuyo asesinato fue denunciado en el Parlamento, todavía funcionando antes del golpe de estado; a Nibia Zabalzagaray, ahogada con una bolsa de nylon, a Gerardo Cuesta, a Julio Castro y a Fernando Miranda, por mencionar sólo algunos y a los que han muerto en el exilio a causa de las torturas recibidas. Mencionamos estos nombres a título de ejemplo; pero han existido miles de vejámenes y violaciones de los derechos humanos.

Queremos verdad y conocimiento para el pueblo de lo que realmente pasó en materia de violación de los derechos humanos, y que ella sea determinada por una Justicia independiente. Aspiramos a una verdad alcanzada con garantía y seguridad para todos, proporcionada por una Justicia Civil de este Poder Judicial independiente recobrado por la democracia. No deseamos la justicia que el régimen de facto aplicó, que no fue justicia sino arbitrariedad y que funcionó para justificarlo todo.

Bastaría mencionar, para concluir a qué extremos llegó esta sedicente justicia, algo que ahoras sabemos, justamente, porque ha funcionado la Justicia Civil.

Tengo sobre la mesa un ejemplar de la Justicia Uruguaya, donde se publica un fallo de un Tribunal de Apelaciones al que le fue sometido en revisión, en función de la Ley Nº 15.737, una de las causas de los llamados delitos de sangre, que fueron procesados por esa Justicia Militar. Creo que es bueno que se diga que este Tribunal, de esta Justicia recobrada, independiente, constató, nada más ni nada menos, sobre el homicidio que le había sido imputado a este hombre que sufrió cárcel durante muchos años y en las peores condiciones, lo siguiente: que no resultaba del sumario el nombre del presunto occiso; que no obraba agregada la partida de defunción; que no obraba agregado el protocolo de la autopsia; que no resultaba de los autos ninguna otra declaración de los presuntos partícipes en el hecho, ni testigos. El Tribunal concluyó, en ausencia absoluta de prueba de cargo, que se imponía la absolución del encausado, conforme al principio enunciado en el artículo 236, Nº 12. 2ª y 3ª hipótesis del Código Penal. Naturalmente, nadie le hará recuperar los años de libertad perdida, la tortura sufrida y demás. Como ésta, centenares y miles de causas. No queremos esa justicia. Al contrario, a los implicados y denunciados por violación a los derechos humanos les queremos aplicar esta justicia independiente para que demuestren su inocencia, si no son culpables, y darles las garantías -inclusive para todos los que con ellos viven- de que no serán sometidos a ningún tratamiento cruel e inhumano, como el que aplicó la dictadura durante más de 11 años y medio, a los que estuvieron encerrados en la cárcel de la tiranía.

Verdad, entonces, para que el pueblo integre una realidad pasada y para que la profunda conciencia de lo que ocurrió aísle, de una vez y para siempre, a quienes practicaron esta teoría insana que sumió al país en el horror. Verdad para que nunca más ese pasado vuelva a repetirse.

Además, decimos no a la impunidad, porque ésta acuna la reincidencia.

Dice una resolución del Colegio de Abogados sobre este mismo tema, publicada en el día de ayer, que en la ciudadanía "existe la explicable inquietud de que si estos hechos son cubiertos por el manto de la impunidad, no habrá la más mínima garantía de que no se repitan en el futuro".

Se habla de tiempos y de períodos de acotamiento. Refiriéndonos solamente al proyecto del Poder Ejecutivo -lo decimos con absoluta claridad- manifestamos que las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los presos de las organizaciones guerrilleras, son tan indignas como las cometidas contra cualquiera, ya que todas ellas repugnan por igual.

Es cierto que la dictadura rompió las fronteras éticas del pueblo uruguayo y actuó indiscriminadamente contra todos, con el salvajismo que reiteradamente ha sido denunciado.

Quienes asaltaron el poder y el gobierno catalogaron al pueblo de subversivo. Debemos decir que sí es cierto que se afirmó antes del golpe de estado que la guerra había terminado en el segundo semestre de 1972.

Nos preguntamos si realmente hubo guerra. No entraremos a tratar de dilucidar este asunto, ya que se trata de un hecho socio-político y los que opinarán con perspectiva al respecto, serán quienes aborden su tratamiento histórico en el futuro. Algunos opinamos que no hubo guerra, pero sí represión de un fenómeno guerrillero y luego guerra contra el pueblo; represión indiscriminada contra el pueblo. En todo caso, que el juicio venga de la historia.

Ya en 1972 y 1973, el Frente Amplio se refirió a la necesidad de paz y amnistía. En aquel momento manejamos al igual que ahora, que era posible abordar la construcción de un futuro de paz. Además, considerábamos en aquel entonces que era posible contener la ola de violencia y buscar la paz, porque el país iba hacia el despeñadero de la tiranía militar.

Lamentablemente cuando se manifestó que la guerra habla terminado, no se logró la paz, ni la amnistía.

Al leerse el proyecto del Poder Ejecutivo, por el cual se amnistía a los responsables de las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante 23 años, cabe preguntarse quién puede afirmar en este país, que los frenteamplistas, los sindicalistas de todas las orientaciones, los demócratas cristianos, los blancos, los socialistas, los comunistas, los sin partido, los ciudadanos demócratas de todas las tendencias sometidos a represión, a cárcel, a vejámenes, a tortura, a muerte, y secuestro, a violaciones de lesiones irreversibles, eran delincuentes políticos y subversivos. Este proyecto, al amnistiar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra ellos los califica indirectamente.

Debe ponerse énfasis en esto, porque el proyecto del Poder Ejecutivo -lo reiteramos- amnistía todos los delitos cometidos directa o indirectamente en "acciones anti subversivas" durante 23 años.

Nosotros, que compartimos y acompañamos los propósitos y los fines de una legislación internacional, ratificada incluso por nuestro país, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos contra cualquier ser humano, en toda circunstancia y tiempo señalamos, además, que no es admisible que se adopte la calificación que la tiranía militar dio a quienes lucharon contra ella durante 11 años y medio.

Se ha hablado, señor Presidente, del paralelismo con la amnistía votada en marzo de 1985.

El repartido entregado por los legisladores que representaron al Frente Amplio en la Comisión Especial designada por el Senado para tratar este proyecto de ley, manifiesta al respecto "que no es posible fundar, tampoco, la amnistía propuesta en el procedente de la que se otorgó en marzo de 1985. Aquella medida respondía, ante todo, a una exigencia inequívoca del sentimiento nacional y en ese sentido cumplía la finalidad que en todo tiempo se ha reconocido a este instituto jurídico. Benefició a quienes habían sido sometidos a un proceso totalmente desprovisto de garantías", y ya hemos visto por la lectura que he realizado de este fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, en qué medida los procesos carecían totalmente de garantías.

Continúa diciendo el comunicado del Frente Amplio que "mientras una amnistía como la que ahora se propone, sustituiría la acción regular de tribunales, cuya idoneidad e imparcialidad no se cuestionan. Los beneficiarios de la amnistía de 1985, habían sufrido, en su virtual totalidad, apremios brutales y condiciones de represión inhumanas que no amenazan a los culpables que se propone amnistiar. Es imposible establecer cualquier paralelismo porque existe una diferencia: el delito del particular cualquiera sea su gravedad, no es equiparable con el de quien utiliza para delinquir el propio poder del Estado".

También se ha hecho mención a los acotamientos por el lado de los delitos.

Entendemos que existe un hecho comprobado: la inmensa responsabilidad histórica y el equilibrio de nuestro pueblo. Repito, que se trata de un hecho comprobado hasta el día de hoy y se ha hecho caudal de ello. La generosidad de los vejados, de los reprimidos, de los torturados, ha sido enorme, porque sólo se han denunciado los delitos más graves, aquellos sobre los que se hace imprescindible que se investigue y se juzgue.

Para nosotros el acotamiento que debe hacerse es el de la generosidad y el de la responsabilidad histórica de nuestro pueblo.

Debemos tener cuidado y medir su extensión, porque al afirmar esto estamos diciendo que no reclamamos que la justicia actúe de oficio -como corresponde legalmente- investigando los delitos, sino que admitimos que el acotamiento sea dado por la generosidad del pueblo. Pensamos que cualquiera sea la solución, éste debe ser el camino. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que hemos llegado a la consideración de este proyecto de ley de amnistía para los responsables de las violaciones de los derechos humanos porque existen hechos, una situación táctica, publicitaria, incluso, por los que aparecen implicados en las violaciones de los derechos humanos, como es la de que los indagados no han comparecido ante la Justicia Civil y se niegan a hacerlo. Este es un tema que, responsablemente, no puede ser eludido. Es un problema capital, porque en torno a él, está en juego la primacía y la autoridad del poder político, el único que tiene legitimidad en este país: el emanado de la soberanía nacional, expresada por el cuerpo electoral.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Solicito que se prorrogue el termino de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO,- Agradezco al Senado.

Durante estos dieciocho meses de funcionamiento del sistema democrático hemos afirmado públicamente que proporcionamos todo nuestro respaldo al poder legítimo que existe en nuestro país y decimos, con claridad, que no hay hoy en el Uruguay fuerza capaz de enfrentarse a ese poder civil respaldado por todo el espectro de las fuerzas políticas democráticas.

Si somos partidarios de la justicia y de la verdad, y rechazamos la amnistía, es porque creemos que a través de aquellas, la democracia se afianzará, se profundizará y erradicará para siempre la amenaza de la reincidencia en la tiranía militar y, además, porque también creemos en una justicia fuerte, respaldada por las instituciones, es por lo que vemos la necesidad de que ella actúe, en esta materia de los derechos humanos, con eficacia, para salvar así la encrucijada histórica que vive el país. De este trance histórico queremos salir con instituciones fortalecidas que sean garantía de la libertad y de la seguridad de todos. Creemos, con honestidad y con responsabilidad, que para fortalecer las instituciones no hay otro camino que el de la verdad y la justicia, que el de la asunción de la verdad por el pueblo y de la obtención de la justicia por medio de los órganos especialmente dotados por las instituciones para alcanzarla.

No queremos regodearnos con el horror ni queremos el circo en lugar del juicio justo y responsable, que sólo puede perdonar de una justicia a la que todos debemos proporcionarle nuestro apoyo.

La tiranía militar trató siempre de identificar a las Fuerzas Armadas con ella, a esas Fuerzas Armadas que tienen su origen en las fuerzas militares patriotas, gestadas y forjadas por el fundador de la nacionalidad. Naturalmente que tal identidad no fue nunca aceptada por nuestro pueblo y porque él nunca lo hizo fue, entre otras cosas, por lo que esa tiranía militar careció siempre de respaldo social.

Nuestro pueblo recogió la enseñanza del Jefe de los Orientales de que siempre y en toda circunstancia había que hacer imposible la vigencia de una tiranía militar. Para romper esa identidad entre Fuerzas Armadas y tiranía militar, que se predicó durante once años y medio, es que también resulta indispensable investigar y conocer verdad, para depurarlas de los que indignamente vistiendo su uniforme, cometieron las tropelías que se llevaron a cabo durante el régimen de facto, y porque además será este el único camino para que esas Fuerzas Armadas puedan reencontrarse con su pueblo y cuenten realmente con el respaldo nacional, democrático y popular, de toda la Nación.

No queremos la frustración de los sentimientos democráticos de nuestro pueblo, sino vitalizarlos; no deseamos que sean verdaderas esas encuestas que indican que hay un 80 % de los ciudadanos que piensan que deben investigarse los hechos, pero que también afirman que más de un 50 % no cree que se sancionará a los culpables. Debemos preguntarnos de dónde proviene el escepticismo de la incredulidad, para encontrar el camino para superarlo, porque ellos dan lugar a la frustración de los sentimientos democráticos de nuestro pueblo. Entendemos que debemos encontrar el camino de la verdad y la justicia, sino que deseamos un pueblo convencido de la fortaleza de las instituciones.

Por otra parte, también son necesarias esa verdad y esa justicia porque ellas deben alcanzar a los militares patriotas que defendieron la Constitución y la Ley y que en muchos casos, fueron marginados, encarcelados, degradados y, porqué no decirlo, torturados salvajemente, por el único delito de oponerse frontalmente a la tiranía. Es necesaria esa justicia y esa verdad que estos militares patriotas no han alcanzado aún después de dieciocho meses de vida democrático.

Como socialistas y como frenteamplistas, declaramos nuestra voluntad de examinar en Comisión el proyecto de ley presentado por el Partido Nacional. No votaremos hoy su aprobación en general, porque ello implicaría adjudicarle un carácter de urgencia que creemos que constitucionalmente no tiene y que nos parece inconveniente otorgarle por medio de la interpretación que realice el Senado.

Creemos -y así lo hemos afirmado- que es posible alcanzar con el ordenamiento jurídico vigente, a través de la Justicia Civil, el esclarecimiento de los hechos y que para que lo logre es suficiente esa justicia civil ya que no tiene otro respaldo que el poder constituido de las instituciones democráticas responsables de las fuerzas de seguridad y la voluntad política de proporcionarle el apoyo y respaldo del poder coercitivo del Estado.

Pero esto no es óbice para que seamos partidarios de analizar ese proyecto y así lo hemos hecho.

Por ejemplo, en aspectos como los que estructura el Capítulo I del proyecto del Partido Nacional -la Ley de Defensa de la Democracia- las coincidencias son prácticamente totales y sólo habría que buscar ajustes de carácter técnico o jurídico. También compartimos lo referente a delimitar con claridad y precisión la jurisdicción militar de la civil, así como lo que tiene relación con la tipificación del delito de tortura y su incorporación al Código Penal. Pero, sin embargo, tenemos diferencias que el Frente Amplio ha analizado y que ha aportado al Partido Nacional a fin de discutirlas con el tiempo necesario. Si hemos actuado de esta manera es porque estamos dispuestos a alcanzar coincidencias para salir de la encrucijada pero queremos encontrarlas realizando el reforzamiento de las instituciones democráticas, contemplando el imperativo ético de conocer la verdad y alcanzar la justicia. Entendemos que sólo ese camino importa, sin duda una clara definición política -tal como lo señalaba el señor senador Posadas- y una opción acerca del presente y del futuro que deseamos y que podrá aportar a la ciudadanía uruguaya la solidez de una democracia que todos reclamamos perdure en el tiempo.

Sólo queremos impedir, a través de decisiones políticas, que nuestro pueblo vuelva a vivir la tragedia de una nueva tiranía militar. Lo que queremos es que el país cambie; que los uruguayos alcancen la justicia y vivan en un país solidario que profundice la democracia. Por este motivo es que rechazamos este proyecto del Poder Ejecutivo. Un proyecto que declara buscar la pacificación pero que si fuere aprobado no aportaría, justamente, la paz, sino que traería, a nuestro juicio la inestabilidad, de hecho, la impunidad y, potencialmente, la reincidencia.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Agradezco al señor sellador Zumarán qué me permita realizar alguna puntualización en un debate sumamente importante y trascendente -tal como aquí se ha señalado- y en el que por haber intervenido varios compañeros de bancada, no pienso referirme al fondo del asunto.

Debo manifestar que desde que el señor senador Traversoni hizo uso de la palabra, he quedado meditando sobre algunas afirmaciones que él expresó sobre las causas de la dictadura. Como éste es un debate en el que se han analizado, reiteradamente, diversos aspectos de la época del gobierno de facto y al que, seguramente, muchos curiosos van a acceder con el correr del tiempo, para dilucidar claramente qué fue lo que ocurrió en el Uruguay durante estos doce años, me parece importante que no permanezcamos en silencio cuando un señor senador que nos merece todo el respeto al que es acreedor, ha señalarlo que toda la sociedad uruguaya fue culpable del régimen de facto. Inclusive, realizó algunas puntualizaciones al respecto y se nos ocurre que olvidó señalar aspectos fundamentales, porque no puede decirse y quedar como una constancia que no se discutió en el Senado, que todos los uruguayos fuimos culpables de que en el país se viviera el horror de doce años de dictadura. Y, esta afirmación de carácter histórico no es cierta por cuanto tendríamos que concluir en que todos los pueblos de América han sido culpables de las dictaduras que han padecido. Todos sabemos que al mismo tiempo que en Uruguay había una dictadura, también la había en Brasil y, entonces, la culpa la tendría el pueblo brasileño. Al poco tiempo de haberse establecido la dictadura en nuestro país, se instaló una dictadura militar en Argentina y, por tal motivo, habría que concluir que el culpable sería el pueblo argentino. Lo mismo ocurre en los casos del pueblo chileno, del boliviano, del peruano, y del paraguayo, que soporta desde hace decenas de años una dictadura cruel y sanguinaria, es decir, vale para todos los pueblos latinoamericanos que han padecido dictaduras.

Por lo tanto, creo que las causas son mucho más profundas y deben puntualizarse con bastante más claridad, tratándose de un debate tan importante como es éste porque, al final de cuentas, el pueblo uruguayo, que fue la víctima, va a quedar como el responsable de todos los desaguisados que se produjeron durante la dictadura.

Entonces, pienso que si hablamos de las causas de la dictadura, tenemos que recordar que el Uruguay vivió una profunda crisis de derecho antes de entrar de lleno al período dictatorial. No olvidemos que la Asamblea General levantaba las medidas prontas de seguridad y, al otro día, el Poder Ejecutivo las restablecía; que las Cámaras interpelaban a un Ministro, lo censuraban y, al día siguiente, el Presidente de la República lo confirmaba en otra Cartera y lo mantenía en su Gabinete; que cuando algunos funcionarios públicos, en defensa de sus derechos sindicales, realizaban distintas manifestaciones se les militarizaba; que el Presidente de la República, cada vez que el Parlamento cuestionaba su gestión, visitaba los cuarteles. En fin, se sucedieron una serie de hechos en que la responsabilidad no fue del pueblo uruguayo.

Además, en este Parlamento, en ocasión de discutirse el desafuero del senador Erro en el Senado, escuché a algunos dirigentes políticos decir que tenían en un platillo de la balanza el desafuero del legislador Erro y, en el otro, la posibilidad del golpe de estado por lo que se inclinaban a votar el desafuero del senador Erro y de esa forma, evitar el golpe de estado. Es decir que no se entraba a juzgar si existían o no razones para el desafuero.

Pienso que realizar una afirmación tan general como la que ha efectuado el señor senador Traversoni y que la misma quede sin respuesta en este debate, va a permitir que quien en el futuro lea el contenido de sus expresiones, se forme un juicio totalmente equivocado de las verdaderas razones que motivaron la instauración de la dictadura en el Uruguay porque, al fin de cuentas, parecería que los culpables somos todos menos los que, efectivamente, disolvieron el Parlamento, violaron el juramento de respeto a la Constitución de la República y usurparon los cargos públicos durante doce años. Por lo tanto, parece que sobre ellos no cabe responsabilidad de clase alguna, cuando los hechos los señalan claramente como los verdaderos y, prácticamente, los únicos culpables de esta época lamentable y vergonzosa que vivió nuestro país.

SEÑOR TRAVERSONI. - ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Traversoni.

SEÑOR TRAVERSONI. - El planteo que hace el señor senador Pereyra -cuyo enfoque muy respetuoso agradezco- no responde exactamente a lo que fue la naturaleza de mis palabras.

No creo que haya sido su intención caricaturizar mis expresiones en el sentido de que el pueblo uruguayo fue culpable de la dictadura y que el pueblo chileno lo fue de la suya; no, simplemente, expresé que se habían hecho críticas en Sala respecto de una afirmación del señor senador Batlle y que esas críticas eran infundadas Señalé cierta cuota de responsabilidad que cabía discernir en el momento de hacer un deslinde apropiado respecto de la situación que estábamos tratando en esa oportunidad. El señor senador Pereyra hizo referencia a determinadas culpas referidas al proceso político que, en su momento, podremos desarrollar ampliamente pero que ciertamente no se agotan en el aspecto histórico indicado por el señor senador, porque ellas obedecían, a su vez, a otra causalidad histórica que venía de más atrás.

De modo que no me parece pertinente, a propósito de esta intervención y de las aclaraciones formuladas, abrir un debate sobre el tema. Simplemente, quiero aclarar que se ha dado un sentido exagerado -desde luego, pienso que involuntariamente- a una expresión concreta de quien habla relativa a manifestaciones del señor senador Batlle. Creía que eran las correctas en cuanto a la apreciación de ciertos factores que concurrieron junto con la acción de los usurpadores del poder, a la situación de deterioro que la precipitó.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Tenemos a consideración el informe que ha presentado la Comisión Especial designada por el Cuerpo, que consta de cuatro puntos. Por el primero, se desecha o rechaza expresamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Vistos los pronunciamientos habidos hoy de mañana en la Comisión en que este inciso contó con el voto favorable del Partido Nacional y del Frente Amplio y con el voto contrario del Partido Colorado, y oídas las expresiones de los sectores políticos en Sala, parecería que dentro de pocos minutos vamos a rechazar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Desechado éste, como segundo punto, la Comisión recomienda aprobar en general el proyecto de ley presentado por el Partido Nacional con carácter de sustitutivo.

Respecto a este segundo inciso, vistos los pronunciamientos de hoy de mañana en la Comisión y de las manifestaciones hechas en Sala en la noche de hoy, debo expresar que va a contar con los votos del Partido Nacional y de la mayoría del Partido Colorado, con excepción de la Unión Colorada y Batllista.

Por los otros dos incisos, tercero y cuarto, le damos a la misma Comisión Especial un plazo de cinco días pala que analice en particular el proyecto nacionalista y convocaríamos al Senado para el próximo viernes.

Esto es, en síntesis, lo que pensamos que seguramente decidirá el Cuerpo dentro de pocos minutos.

Las circunstancias por las cuales el Partido Nacional rechaza el proyecto del Poder Ejecutivo fueron expresadas con brillo por parte de los tres senadores nacionalistas que integran esta Comisión Especial. Me refiero a los señores senadores García Costa, Aguirre, Lacalle Herrera. También se refirió al tema el señor senador Posadas.

No voy a reiterar los argumentos expresados por el Partido Nacional, pero sí quiero dejar una breve constancia, no porque mis compañeros de partido no la hayan hecho, sino para insistir en un concepto que nos parece medular.

No rechazamos con esto el concepto de amnistía, lo que queremos es reservar este instituto, con tanto arraigo en la tradición nacional, para aquellos casos en donde la propia historia del país dice que se aplicó, es decir, allí donde hubo enfrentamientos entre hermanos, entre compatriotas.

Nuestro partido tiene en todo esto una larga tradición. Casi todas -por no decir todas- las amnistías que tuvieron lugar en este país beneficiaron a hombres del Partido Nacional. Los blancos de tradición tenemos algún amnistiado entre nuestros antepasados. Creo que es una tradición honrosa para este país.

También quiero rendirle tributo a quien lo ha manifestado en una obra realmente singular, que es el profesor Pivel Devoto. Dicha obra fue hecha en circunstancias muy particulares. Si bien se dio a conocer recién ahora, fue escrita en plena noche de la dictadura, por los años 1973 ó 1974. Quiso editarse antes pero no se pudo porque la dictadura lo prohibió.

Tenemos que reservar la amnistía para el caso de posibles enfrentamientos entre uruguayos. Quiera Dios que nunca la tengamos que utilizar porque nunca más se repitan en el futuro las tristes experiencias que tuvimos en el pasado.

Con respecto al tema que tenemos a consideración, lo que menos importa es el período de enfrentamiento, que -como lo destacamos en el artículo 14 del proyecto nacionalista- se extendió hasta el 15 de noviembre de 1972.

Tengo por el señor senador Zorrilla la más alta consideración y estima como a él le consta. Creo que es un honor para el Cuerpo tener a un militar democrático integrándolo, es un orgullo para la democracia uruguaya, una vez restablecida, que el voto popular haya traído a un militar de honor a esta Cámara, pero lamento en este punto disentir con el señor senador cuando nos preguntó de dónde habíamos sacado esa fecha del 15 de noviembre de 1972. Quiero decirle que la sacamos del propio pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, a través de un libro de dos tomos que se dirigió a la nación, donde figuramos -por lo menos yo estoy incluido entre los presentes subversivos que por aquel entonces amenazaba la paz pública- y donde se expresa concretamente esa fecha. Además, todos sabemos que después del 15 de noviembre de 1972, no hubo en el país un solo acto de enfrentamiento armado. Inclusive, la trágica prueba fue la disolución del Parlamento, el 27 de junio de 1973, en que la resistencia del pueblo uruguayo se expresó en una huelga, pero que a todo lo largo y ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, nadie disparó un tiro, por la sencilla razón de que no había en el Uruguay un solo hombre levantado en armas. Los tupamaros estaban todos presos o prófugos.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que la referencia que está haciendo el señor senador Zumarán, no sólo es muy oportuna, sino que debe ser complementada.

La obra citada fue editada en dos volúmenes y tenía el título de "A la Nación" y un subtítulo -no sé si llamarlo así- que rezaba: "Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental".

Esos dos volúmenes constituían una larga cronología de todos los hechos que, a lo largo de los años, desde 1960 ó 1961 -en que en el Uruguay existía un apasionado debate sobre la orientación del Gobierno de Fidel Castro en Cuba- fueron delineando determinadas tendencias políticas con algunas ramificaciones que fueron luego los movimientos subversivos.

De todo ese análisis, se destaca como hecho clave para calibrar la decisión política de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad que les cupo en el arrasamiento institucional, así como los pretextos que siempre han hecho públicos a tal efecto, algo más que lo que expresa el señor senador Zumarán. Algo más que, en mi concepto, es más importante, y no se trata de un punto de vista que refiere concretamente a esa disposición del proyecto del Partido Nacional, sino al 15 de noviembre de 1972, como la fecha en que terminó la lucha armada y quedó derrotada la subversión en el plano militar, según la propia confesión contenida en ese libro. En esa misma página -que algún día voy a traer al Senado y leer íntegramente- se dice que cuando las Fuerzas Armadas fueron llamadas en setiembre de 1971 -creo que es el 9 de setiembre la fecha del decreto del Poder Ejecutivo de la época- delinearon la estrategia que iban a seguir en adelante, con una cantidad de objetivos. Entonces, dicen que el primer objetivo era la derrota del movimiento subversivo en el plano militar. Se refieren a la fase táctica y detallan una serie de conceptos que ahora no recordamos ni tenemos interés en señalar. Y luego dicen: "Cumplido: 15 de noviembre de 1972". Esa es la fecha a que se hace alusión.

Después se enuncian una serie de objetivos en los planos sindical, político, educativo, y allí está anunciado lo que después pasó: la destrucción del movimiento sindical en el país, la desarticulación de lo que ellos llamaban el aparato político de las instituciones democráticas y el arrasamiento de la Constitución de la República. Está confesado que se habían fijado el objetivo de cerrar el Parlamento, de liquidar las instituciones democráticas y de impedir el funcionamiento de los partidos políticos. En ese documento se dice: "Cumplido: 27 de junio de 1973".

Por lo tanto, es mentira, es rematadamente falso que hayan dado un golpe de Estado porque en este país las fuerzas políticas, los sindicatos, o los gremios estudiantiles o las autoridades de la Universidad estuvieran aliadas con la subversión. El día que salieron de los cuarteles a la calle -a los que no iban a volver más como dijo el General Francese en aquel momento por lo menos por unos cuantos años- ya habían determinado clausurar el Parlamento, y así lo hicieron. Luego del pretexto que buscaron, de quitarle los fueros a un senador -que recién recordaba el señor senador Pereyra- si se les hubiera hecho el gusto en aquel momento, hubiera venido luego el pedido para quitárselos a otro legislador: Gutiérrez Ruiz, Michelini, Ferreira Aldunate o el que fuere. Las Fuerzas Armadas se habían propuesto echar abajo las instituciones democráticas del país y así lo hicieron. Quien lo dude, en cualquier momento puede recurrir a ese libro que, oportunamente, ha sido citado por el señor senador Zumarán.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - De manera que queremos preservar el enorme respeto, casi diría el cariño, la veneración que el Partido Nacional tiene para con el instituto de la amnistía, queremos reservarla, repito, para aquellos casos de enfrentamiento entre orientales.

SEÑOR ZORRILLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Referente a la fecha del 15 de noviembre -insisto sobre ese hecho- debo decir, si la memoria no me falla, que la última actuación importante de las Fuerzas Armadas se relaciona con la captura de uno de los jefes, Raúl Sendic, el día 30 de agosto. En el mes de octubre no hubo ningún hecho saliente; solamente, la prisión del doctor Batlle el día 27 y el 30 su procesamiento.

SEÑOR ZUMARAN. - Por sedicioso.

(Hilaridad)

SEÑOR BATLLE. - Un poco siempre lo fui.

SEÑOR ZORRILLA. - En el mes de noviembre no hubo ningún hecho saliente.

Tal vez puede ser que esa fecha haya sido puesta en honor de la Marina, ya que el 15 de noviembre es su día. La única actividad importante durante ese mes fue la proclama realizada por un grupo de tupamaros del Comando Canzani en la ciudad de Pando.

La Junta de Comandantes que yo integraba, no declaró terminada la lucha contra la sedición en esa fecha ni en ninguna otra. La sedición fue derrotada durante el transcurso de esos años. También podríamos decir que fue el 30 de agosto, que fue cuando cayó un jefe tupamaro. Si usted me dice esa fecha, podría ser aceptable. Ignoro por qué se alude al 15 de noviembre. Los militares que indicaron esa fecha fueron los que después del mes de febrero tomaron los cargos de gobierno; ésos pudieron poner cualquier fecha. Por eso insisto en que, tal vez, haya sido un honor para la Armada.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que ha sido oportuna la intervención del señor senador Zorrilla. En todo caso, se desprendería de sus afirmaciones -que además tienen el aval del alto cargo que ostentaba en aquella época- que la fecha de finalización de los enfrentamientos puede ser hasta anterior al 15 de noviembre de 1972.

Vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente. Reitero que deseamos preservar la amnistía para estos enfrentamientos.

En segundo término queremos determinar que no hemos sido insensibles al dramático período que vivió el país durante ese enfrentamiento. Eso es lo que consagramos en el inciso a) del artículo 14 del proyecto de ley del Partido Nacional, porque creemos que está enraizada en la tradición nacional. Esto no significa decir que en ese período no se hayan cometido excesos; no es ese el tema. Cuando existen enfrentamientos, es muy difícil determinar hasta dónde llega la conducta exacta y qué es exceso. Asimismo, dos personas mirando un mismo hecho, quizá lo califiquen de distinta manera.

Hemos querido preservar esa instancia para el enfrentamiento entre uruguayos, sabiendo que fue un momento muy duro para el país, con un clima muy especial. Conocemos, además, que las Fuerzas Armadas cuando tenían que realizar un procedimiento o, como nosotros lo llamamos en el proyecto de ley, acciones de enfrentamiento con los integrantes de organizaciones subversivas, estaban viviendo bajo una situación muy difícil, pues muchas veces veían caer acribillado a balazos en una esquina a un compañero de armas, a un soldado, por el único delito de llevar uniforme. Esto ocurría en aquellos años terribles; esto a todos nos consta y es bueno no olvidarlo.

Lo que queremos significar es que lo que más está en juego en este tema es lo que pasó después de ese enfrentamiento, aunque la fecha, día más o mes menos, se pueda modificar.

Reitero que lo que está en juego es lo que sucedió después, por todo lo que se ha dicho aquí. Una vez derrotada militarmente la subversión, los que mandaban las Fuerzas Armadas en aquella época, dejando por el camino oficiales como el hoy senador Zorrilla, llevaron la lucha contra la sedición al país entero.

Sin desmentir ninguna de estas etapas anteriores -es decir, lo que pasó mientras hubo enfrentamiento y lo que ocurrió durante los 12 años de dictadura en que la guerra se realizó contra el país- quiero destacar un aspecto que hoy es lo que está en juego en forma muy profunda.

El Uruguay salió de esa pesadilla, terminó con la dictadura militar, y la salida que se encontró, dejó intactos aquellos centros de poder que determinaron esos años negros que vivió el país. Lo que en el fondo hoy se está preguntando la ciudadanía uruguaya es cuál es la correlación de fuerzas entre la sociedad civil y el poder militar. Nosotros hemos percibido muy intensamente que si las instituciones democráticas, los sectores políticos y los representantes del pueblo diéramos esta amnistía total, ésta no sería interpretada como un gesto de generosidad ni de perdón.

SEÑOR POSADAS. - ¿Me permite señor Presidente, para una cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador?

SEÑOR POSADAS. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

- 26 en 27. Afirmativa.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - El pueblo uruguayo vería como una renuncia de la sociedad civil, de la democracia reconquistada el que no se someta a la justicia a los violadores de los derechos humanos.

Es indudable que en el trasfondo de estas situaciones, hay que determinar si el poder civil tiene preeminencia o no sobre estos factores de poder militar que todavía quedan en el país.

La inspiración que ha movido al Partido Nacional a presentar su proyecto, está destinada a que aquellas personas que han sido acusadas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura queden sometidas a la justicia. Esto, además de ser justo, es una reafirmación de la sociedad civil sobre los factores de poder de la dictadura que aún permanecen.

Me parece que el pueblo uruguayo, que no quiere castigo, que sabe muy bien que con él no se arregla nada, desea sin embargo en lo más profundo del ser y de la conciencia nacional, que el funcionamiento regular de las instituciones logre el sometimiento a la justicia de aquellas personas que son acusadas de violar los derechos humanos. Ahí está el símbolo político de lo que estamos buscando. Esa es la esencia y el motivo profundo que llevan al Partido Nacional a la presentación de su proyecto.

No nos satisface la amnistía. Descartada ésta tentados estuvimos de dejar que las cosas se manejaran de acuerdo al régimen legal vigente; pero lo cierto es que durante 18 meses no se ha sometido a la justicia a las personas acusadas por violaciones a los derechos humanos, que además ocuparon cargos de jerarquía en el período de la dictadura.

No pongo en duda las afirmaciones que contiene el documento del Frente Amplio, ni su declaración. Tampoco las que hizo en Sala el señor senador Batalla -no recuerdo ahora si algún otro senador de la bancada del Frente Amplio hizo también manifestaciones en el sentido de que en el régimen legal vigente, desde el punto de vista jurídico, es posible investigar y someter a la justicia a las personas que violaron derechos humanos durante la dictadura. ¡Claro teóricamente es así! Pero después de un año y medio no lo hemos logrado. No lo hemos conseguido, no tanto por insuficiencia del régimen legal, sino porque ha faltado la voluntad política para hacerlo. ¡Claro que es así! Pero también es verdad que el régimen vigente adolece de defectos fundamentales que hacen difícil la comparecencia de estas personas ante la justicia. Esto es cierto. Por algo hemos pasado todo este tiempo sin lograrlo.

Además, la crítica que personalmente me ha hecho más fuerza con respecto al régimen legal vigente, y que me ha llevado a descartarlo, es su extrema lentitud. Este conflicto -porque esa es la verdad de lo que hay atrás de todo esto- entre la sociedad civil- expresada en esta democracia recuperada- y los factores de poder remanentes de la dictadura, debe solucionarse cuanto antes. Cuanto más demoremos en solucionarlo, peor es para todos y para el país. Le lentitud, la posibilidad casi indefinida de extender esta situación por años -no un año ni dos, sino cuatro, cinco u ocho años- a través de recursos, de instancias sucesivas, sin límite, desgraciadamente es una realidad. Quien conozca la práctica de nuestro Derecho Penal, sabe que es perfectamente posible que juicios que todavía no han comenzado se prolonguen más allá del primer período del gobierno democrático, es decir, que los va a heredar el que suceda a este gobierno. ¿A quién le sirve esto? Al país, por supuesto que no.

Este es otro de los factores, señor Presidente, que motivó al Partido Nacional a presentar una solución.

Quizá hubiera sido más cómodo para nosotros decir, simplemente, "rechacemos el proyecto de amnistía del Poder Ejecutivo y que quede el régimen vigente". Pero sabemos que él será fuente interminable de dificultades y de problemas para el futuro de la nación. No queremos que éste ni los próximos gobiernos, por la tranquilidad del país, tenga que seguir enfrentando situaciones de este tipo. Eso nos ha llevado a descartar a la legislación vigente, pero la acataremos si no logramos la sanción de un proyecto sustitutivo. Hemos luchado con toda nuestra voluntad y ánimo para consagrar un régimen que sustituya al actual porque nos parece que de esta forma le hacemos un servicio extraordinario a la República.

SEÑOR ALONSO. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ALONSO. - Señor Presidente: vengo siguiendo con mucha atención la exposición, yo diría, ponderada, sustancial, que viene efectuando el señor senador Zumarán. Creo que corresponde, a esta altura del debate, formular una precisión a efectos de evitar equívocos. Cuando el Frente Amplio hace mención a que el régimen vigente es suficiente y bastante para determinar la responsabilidad de los violadores de los derechos humanos, se esta refiriendo a la legislación sustantiva, o sea que el Frente Amplio se opone a disposiciones que, de alguna manera, conduzcan a cualquier forma de impunidad. Pero eso no significa que se aferre al aspecto procesal del Derecho Positivo.

El Frente Amplío, señor Presidente, admite -lo ha dicho en forma expresa- que está de acuerdo con el Partido Nacional en algunas formas de mejoramiento del orden procesal. Todo aquello que pueda contribuir a una mayor agilidad de procedimientos, a mantener garantías y, al mismo tiempo, a dar seguridades plenas de que la justicia se cumple, es bien visto por nuestra colectividad. Cuando el Frente Amplio reivindica el Derecho Positivo vigente se está refiriendo a aquellas disposiciones que emanan del Derecho Penal o de la Constitución y que, fundamentalmente, apuntan a lo que es derecho sustantivo, esto es, a hacer efectivas las responsabilidades. En cuanto a los medios y procedimientos para que éstas se hagan efectivas, desde luego, que estamos abiertos a dialogar y a procurar un mejoramiento.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - De modo que con la presentación del proyecto de ley nosotros buscamos, en primer término, como gesto político concreto, la voluntad de que la democracia recuperada someta a la justicia a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, como un acto de reafirmación de la sociedad civil, que nos parece imprescindible a esta altura de los acontecimientos y del devenir político de la sociedad uruguaya. Creemos que con ello le hacemos el más grande favor a la sociedad política uruguaya, para reafirmarla.

El segundo término, buscamos una solución que, por el contrario de lo que sucede con el régimen vigente, dé rapidez a la decisión. Y eso nos lleva a una serie de limitaciones en nuestra estructuración, con plazos perentorios en una única instancia; en fin, todos elementos que son limitativos. Y claro, frente a cualquier elemento limitativo alguien puede preguntar por que se limita así. Bueno, lo hacemos porque queremos que esto termine pronto. Nos parece esencial para la salud de la democracia recuperada, que esta situación tenga una rápida terminación y que no nos eternicemos en su tratamiento.

Desde luego, los plazos que hemos fijado no son sacramentales. No hay en esto verdades absolutas, pero el espíritu de la solución a que arribemos, para que el Partido Nacional le preste su concurso indispensablemente tiene que ser con plazos rápidos para que en breve tiempo se ponga punto final a esta cuestión, porque su prolongación nos hace mal a todos, y a la sociedad política uruguaya en su conjunto.

Creemos que en el debate de hoy se ha avanzado en este camino y, en ese sentido, ha sido positivo. Hemos escuchado con mucha atención y con beneplácito -por qué no decirlo- las afirmaciones tanto de distinguidos voceros del Partido Colorado como del Frente Amplio, y su disposición a analizar fórmulas concretas que permitan traer en breve plazo al Senado algún texto legal que cuente con respaldo.

Para nosotros es esencial que esto surja como una solución nacional, porque el problema es nacional; el problema lo tenemos todos los partidos políticos y lo tiene el país entero. Y nuestra máxima ambición sería que la solución que la Comisión Especial pueda elaborar cuente con el voto de la totalidad de los sectores políticos y de los senadores de la República. Quisiéramos que ella obtuviera un verdadero respaldo nacional, porque sería expresión de la sociedad política y además, porque ello aseguraría su acatamiento, que es el otro punto que no podemos perder de vista. Y todos sabemos que ésta es materia muy delicada, pero hay que decir la verdad y es fundamental que esto no sea un simple texto, sino que se cumpla, que tenga acatamiento; y para ello cuanto mayor sea su respaldo, mejor, porque más posibilidades tendremos de obtenerlo.

En ese sentido es que nos parece que el debate de hoy, por su altura, por las manifestaciones concretas que ha habido como expresión de voluntad de todos los sectores políticos de encontrar fórmulas que conciten un amplio respaldo nacional, ha sido muy positivo.

Además, veníamos de jornadas anteriores que nos hacían temer que la de hoy de noche estuviera signada por el polo opuesto, es decir, por la división, por acusaciones ligeras frívolas. Ellas también fueron hechas sobre el proyecto del Partido Nacional y nosotros las rechazamos absolutamente.

En efecto, se ha calificado nuestro proyecto -algunos señores senadores ya se han referido al tema- a través de un comunicado del PIT-CNT, emitido 24 horas después de conocido su texto, sin tiempo para estudiarlo y sin haber consultado formalmente a nadie, como nos consta no fueron consultadas las Federaciones que integran la Central Obrera. Y allí se nos acusa de haber presentado un proyecto que asegura la impunidad. Esas afirmaciones se han echado a correr en los últimos días, creando un clima nada propicio para la consideración serena, argumentada, sólida y desapasionada, de un tema de esta trascendencia.

Creemos que hoy de noche han desaparecido esas nubes que nos tenían muy preocupados. Y saben los señores senadores que concurrieron a la Comisión Especial hoy de mañana -a la que a pesar de no integrarla, asistí- que se manifestó muy claramente en su seno por parte de algunos señores senadores presentes en ella, la preocupación de que todo esto, en lugar de significar una solución para el país, se transformara en una tragedia. Por eso digo que el saldo de hoy de noche en el Senado nos parece altamente positivo y conveniente para el interés nacional.

Pienso también, señor Presidente, que tenemos que hablarle muy claro al país. Bajo el proyecto del Partido Nacional no se van a investigar todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Es más: no sólo creemos que esa sería una tarea imposible, sino que aquellos que quieren que sean investigadas todas ellas lo único que consiguen es que no se investigue ninguna, es decir, que logran el efecto contrario al que buscan. No tengo la menor duda de que si yo quisiera asegurar la impunidad, lo que pediría es que se investigara todo, porque sé que esa es la única manera de que no se investigue nada. Y esto es así hasta por razones de orden material, ya que es imposible -materialmente hablando-que nuestro Poder Judicial pueda recibir, asimilar y diligenciar todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante doce años, lapso en el que todos sabemos ocurrieron cosas espantosas reiteradas hasta el cansancio.

Tenemos al respecto algunas cifras, señor Presidente. Sabemos que la justicia militar procesó a 5.000 civiles. Teniendo en cuenta, además, todos los que pasaron por ella sin procesamiento, ¿cuántos miles de casos tendríamos que investigar? Sería absolutamente imposible hacerlo. Entonces, no hemos encontrado otra solución -y preguntamos qué otra habría- que decir que las que interesan son aquellas violaciones a los derechos humanos fundamentales, las más terribles, las que en mayor grado repugnan a la conciencia ética nacional. Y eso es lo que hemos decidido. Vamos a investigar homicidios, los casos de los desaparecidos, los de los menores, las violaciones y las lesiones gravísimas, que son aquellas que ocurrieron en virtud de la tortura, que no está tipificada como delito en nuestro Derecho porque nuestros codificadores nunca pensaron que pudiera existir un horror como el que tuvo que vivir el país. Y lo único que tenemos como tipificación como delito son las consecuencias de la tortura según los secuelas expresadas en sesiones anteriores, y no la tortura misma.

Entonces, investigaremos aquellos casos en que ha quedado secuela de carácter permanente, que pueden ser probados aún hoy, diez o doce años después de haber sido realizados, no porque consideremos que otros no merezcan el mismo tratamiento, sino porque creemos que materialmente es absolutamente imposible lograr pruebas. Si dijéramos que sí, ligera y abiertamente, lo que haríamos sería obtener el resultado inverso al deseado, es decir, que no se investigue ninguno. Creemos que esos son los delitos y las conductas que más contrarían, rechinan y repugnan la conciencia y la ética del país, y a ellos nos limitaremos.

Queremos decirles a las víctimas que hay un camino cierto, que es el de transitar por la vía de la Justicia; que hemos tenido en la mente y en el corazón, la imagen de aquel familiar, padre o madre que busca a su hijo desaparecido, a la mujer que busca a su marido y que aquí hay una vía concreta y posible de recorrer para que esa justicia se haga realidad y que al final se llegue a una verdad, por más dolorosa que pensemos pueda ser. Me parece que es a lo que tienen derecho.

Queremos decir también a las Fuerzas Armadas que como institución no están colocadas en el banquillo de los acusados. Por el contrario, pensamos que esta es la única manera en que pueden ser individualizadas aquellas personas que, amparadas bajo sus filas, pudieran hacer cometido estos hechos aberrantes. Sólo así se podrá restablecer el prestigio que esta institución tuvo y que queremos, en lo más sincero de nuestro pensamiento, vuelva a poseer. Esta es una medida mucho más idónea para poder obtenerlo que la amnistía o la obstaculización de las denuncias, que sólo logran diseminar o extender las acusaciones y la mala fama sobre todos los miembros que componen las Fuerzas Armadas.

Pensamos que con este esfuerzo el país puede superar, en todos los órdenes, el trauma que lo aqueja y afecta.

Hemos recibido algunas propuestas de modificación al proyecto que presentamos que nos parecen enteramente razonables. Si existen dudas en cuanto a la latitud de la Suprema Corte de Justicia para la designación del instructor, aceptamos que se puedan fijar criterios más claros sobre quienes pueden ser los instructores. Creemos que el proyecto puede enriquecerse con la idea de que los instructores puedan ser miembros de la Suprema Corte de Justicia o Ministros del Tribunal de Apelaciones. Consideramos también que el plazo breve de 90 días que se establece para el presumario y plazo perentorio es incompatible con la facultad que tienen, por disposición de la dictadura, los oficiales de las Fuerzas Armadas para contestar por escrito. Nos parece que esa disposición debe ser derogada, y hacer otras modificaciones, algunas de las cuales ya se nos han hecho llegar, que son positivas y mejoran este proyecto.

Entendemos que en estos días puede lograrse ese entendimiento nacional, que realmente puede ser muy positivo para la consideración de este tema y para que el país supere esta trauma. Además, con ello podremos encarar el porvenir con mucha más alegría y esperanza. Coincido en que porque estemos tratando este tema, el señor Ministro de Economía y Finanzas no deja de tener tiempo para hacer una planificación económica. Pero lo que acá no juega es el tiempo de los Ministros, sino la preeminencia de la sociedad política y civil sobre los sectores de poder generados por las Fuerzas Armadas en el período de la dictadura, y eso nos parece que es fundamental que se resuelva bien; tenemos posibilidades de hacerlo y así ocurrirá, respetando los valores éticos esenciales. Debemos resolverlo pronto y con un máximo de apoyo político, que ojalá tengamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos, correspondería pasar a votar los cuatro numerales propuestos por la Comisión en su informe, de acuerdo con la moción que inicialmente presentara el señor senador Batlle.

De acuerdo con lo solicitado oportunamente, se va a votar la moción por numerales.

Léase el numeral 1º

(Se lee:)

"Desechar expresamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en virtud de que varios compañeros de bancada han hecho uso de la palabra, no he intervenido sobre el tema de fondo. Pero tratándose de un debate tan importante, me parece necesario, por lo menos, dejar constancia de las razones fundamentales por las que he dado mi voto de rechazo a este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, dejo las siguientes constancias de fundamento de voto.

He votado por el rechazo de este proyecto, en la creencia, de que al proceder así, actúo en defensa de la justicia, que es base fundamental para la estabilidad democrática de la República. Quienes violaron los derechos humanos bajo el período del gobierno de facto, lo hicieron al amparo de la impunidad que les daba el uso ilegítimo de la fuerza entronizada en el gobierno. Contrario a los gobiernos de fuerza -cualquiera sea su signo- entiendo que la impunidad alienta la repetición de estas situaciones que afrentan a la dignidad de los pueblos y a los valores esenciales de la civilización. La lucha contra el terrorismo no puede justificar el empleo del castigo físico, la tortura, la violación o la muerte, es decir, la repetición de los procedimientos criminales que se quería combatir.

He votado, en consecuencia, por el rechazo de este proyecto, por fidelidad al concepto de que el fin no justifica los medios.

He votado, además, porque creo que la paz no se afirma en la impunidad, ni la justicia sobre el ocultamiento de la verdad.

He votado porque creo que el prestigio que todos deseamos restaurar para las instituciones, militar y policial, no puede cimentarse sobre el amparo a aquellos que han delinquido, ni sobre la generalización de suponerlos a todos sospechosos de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Finalmente, he votado como lo he hecho en defensa de los principios de convivencia civilizada que debe seguir caracterizando la vida de la sociedad uruguaya.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el numeral 2º.

(Se lee:)

"Aprobar en general el proyecto de ley presentado por los señores senadores García Costa, Lacalle Herrera, Posadas y Aguirre Ramírez, con carácter de sustitutivo del presentado por el Poder Ejecutivo (Artículo 168 de la Constitución, inciso 7º, parágrafo 2º).

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 29. Afirmativa.

Léase el numeral 3º).

(Se lee:)

"Otorgar a la Comisión un plazo de cinco días para considerar en particular el proyecto referido en el numeral segundo, así como, en lo referente al Capítulo segundo de dicho proyecto, considerar las modificaciones propuestas en el proyecto de ley presentado por el señor senador Flores Silva, y presentar su informe final".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 29. Afirmativa.

Léase el numeral 4º).

(Se lee:)

"Pasar a cuarto intermedio hasta el viernes 3 de octubre a las 17 horas".

- En consideración.

SEÑOR BATLLE.- Perdón, señor Presidente, pero creo que la sesión era para la hora 15.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador. Se ha rectificado el inicio de la sesión, porque ya había un compromiso fijado para la hora 15.

SEÑOR BATLLE. - De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 29. Afirmativa.

(Proyecto presentado por senadores del Partido Nacional sobre Defensa de la Democracia y de los Derechos Humanos, al que se hace referencia en el numeral 2º de la moción aprobada:)

"Carp. Nº 635/86
Rep. Nº 454/86

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Artículo 1º - El que, por actos directos, atentare o prestare medios para atentar contra la Constitución, pretendiendo cambiar su forma de gobierno por procedimientos no previstos por su artículo 331, dificultando o impidiendo el ejercicio directo de la soberanía de la Nación por el Cuerpo Electoral, o su ejercicio indirecto por los poderes representativos que la Constitución establece, será juzgado como reo de lesa Nación por la Suprema Corte de Justicia y castigado con pena de cinco a treinta años de penitenciaría y de dos a diez años de inhabilitación absoluta.

Art. 2º - Serán también juzgados y castigados como reos de lesa Nación el Presidente de la República y los Ministros de Estado que fueren separados de sus cargos por la Cámara de Senadores previa promoción del correspondiente juicio político (artículo 93 de la Constitución).

Art. 3º - La Suprema Corte de Justicia podrá proceder de oficio, pero siempre la acusación deberá ser deducida por el Fiscal de Corte, que actuará como acusador público (artículo 22 de la Constitución). El juicio será público y oral, aplicándose en lo pertinente, el Código del Proceso Penal. La sentencia será pasible del recurso de revisión, el que deberá interponerse en audiencia pública que se celebrará el quinto día hábil siguiente a su notificación, en la cual ambas partes deberán expresar si consienten la sentencia y, en caso contrario, interponer el recurso y fundar verbalmente sus agravios. El recurso se sustanciará con un traslado que la otra parte evacuará también verbalmente y en otra audiencia celebrada, asimismo, al quinto día hábil siguiente. La Corte dictará sentencia definitiva en un término de treinta días corridos.

Art. 4º - Toda vez que el Poder Ejecutivo disponga la disolución del Parlamento fuera de la hipótesis prevista en el artículo 148 de la Constitución, tal decisión será desconocida y no cumplida por los funcionarios públicos sometidos a su jerarquía. El funcionario público militar o policial que utilice fuerzas bajo su mando para hacer cumplir tal decisión incurrirá en el delito previsto en el artículo 1º de esta ley. La obediencia al superior, en tal caso, no será considerada causa de justificación ni eximirá de la responsabilidad penal (artículo 29 del Código Penal). Si lo será, por el contrario, el cumplimiento de la ley (artículo 28 del Código Penal).

Art. 5º - El que, bajo un régimen de facto, se halle o no en ejercicio de su cargo un Presidente de la República electo con arreglo al artículo 151 de la Constitución, ejerciere funciones en órganos cuyos titulares deben ser electos por el Cuerpo Electoral o designados por la Asamblea General, o que hagan las veces de éstos, o en cargos políticos o de particular confianza, incurrirá en el delito de usurpación de funciones (artículo 166 del Código Penal). Tal ejercicio ilegítimo de funciones, en ningún caso y a ningún efecto generará derechos jubilatorios ni pensionarios. Tampoco los generará, en iguales condiciones, el ejercicio de cargos de coronel, capitán de navío y demás oficiales superiores.

Art. 6º - Son violaciones de la Constitución que podrán dar mérito a la promoción del correspondiente juicio político, en el caso del Presidente de la República:

1) Formar parte de comisiones o clubes políticos, actuar en los organismos directivos de los partidos o intervenir en cualquier forma en la propaganda política de carácter electoral.

2) Postular su reelección a la Presidencia de la República, cualquiera sea el mecanismo utilizado a tal efecto.

3) Autorizar o consentir que la jurisdicción militar juzgue a civiles.

4) Suspender la seguridad individual sin la anuencia de la Asamblea General o, en su caso, de la Comisión Permanente.

5) Mantener o volver a adoptar medidas prontas de seguridad levantadas por la Asamblea General o, en su caso, por la Comisión Permanente.

6) Interferir o impedir por cualquier medio el funcionamiento del Poder Judicial. del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, así como retardar o impedir en cualquier forma la ejecución de sus sentencias, el ejercicio de sus atribuciones o el cumplimiento de sus decisiones.

7) Mantener en sus cargos a Ministros censurados por la Asamblea General, luego del cumplimiento de los extremos exigidos por los artículos 147 y 148 de la Constitución.

Art. 7º - Estas causales de promoción de juicio político serán aplicables a los Ministros que, como integrantes del Poder Ejecutivo hayan contribuido a dictar los actos o participado de las conductas previstas en los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo anterior.

Art. 8º - Derógase el inciso 6º del artículo 132 del Código Penal.

CAPITULO II

Artículo 9º - Incorpórase al Capítulo II del Título XII del Libro II del Código Penal, el artículo 316 bis (Torturas), cuyo texto será el siguiente:

"El que, sin intención de matar, causare intencionalmente a una persona sufrimientos graves, ya fueren físicos o mentales, o le aplicare castigos intencionales de igual naturaleza, con el fin de obtener de ella o de un tercero una confesión o una información, de castigarla por un acto que haya realizado o se sospeche que haya realizado, o de intimidar a esa o a otras personas, será castigado con veinte meses de prisión a diez años de penitenciaria.

Toda vez que del hecho se derivaren lesiones graves (artículo 317), el mínimo de la pena se elevará a tres años de penitenciaría y a seis años de penitenciaria si del hecho se derivaren lesiones gravísimas (artículo 318)".

Art. 10 -. Incorpórase al artículo 312 del Código Penal un numeral 7º cuyo texto será el siguiente:

"7º Por medio de torturas (artículo 316)".

Art. 11 - Agréguese al artículo 47 del Código Penal los siguientes numerales:

16) (Causa de Terrorismo) Ejecutar el delito por medios que, por su naturaleza, puedan ocasionar terror a un número indeterminado de personas.

17) (Asociación subversiva) Cuando el autor del delito lo cometiere en su carácter de miembro de una asociación u organización que, por medio de la violencia, atentare contra la Constitución, pretendiendo cambiar su forma de Gobierno.

CAPITULO III

Artículo 12 - Declárase que el conocimiento de los procesos por los delitos a que se refiere al artículo siguiente, constituye competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia (Artículo 239 numeral 1º de la Constitución y artículo 33 numeral 1º del Código del Proceso Penal).

El Ministerio Público, en estos casos, será ejercido por el Fiscal de Corte.

Art. 13 - Las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos entre el 1º de marzo de 1967 y el 1º de marzo de 1985, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones, o amparados de cualquier forma por el poder del Estado, sólo darán mérito al enjuiciamiento de los responsables cuando:

a ) Constituyeren los delitos de homicidio, lesiones gravísimas y violación; o

b) Hubieren provocado la desaparición de personas, cuando configuraren alguno o algunos de los tipos previstos en los artículos 258 (supresión de estado civil), 259 (suposición de estado civil), 281 (privación de libertad) o 283 (sustracción o retención de menores) del Código Penal; y

c) )Hayan sido denunciados ante la Justicia Penal ordinaria antes del día 22 de setiembre de 1986.

Art. 14 - Declárase precluido el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos no comprendidos en el literal el del artículo anterior, y de:

a) Los delitos cometidos entre el 1º de marzo de 1967 y el 15 de noviembre de 1972 en ocasión de acciones de enfrentamientos con los integrantes de organizaciones que, por medio de la violencia, atentaron contra la Constitución y el orden político interno; y

b) Toda otra violación de los derechos humanos por funcionarios públicos en las condiciones previstas en el exordio del artículo 13.

Art. 15 - Los delitos cometidos por funcionarios públicos en el período indicado en el artículo 13, con el propósito de procurar, para su autor o para un tercero, un provecho económico, serán juzgados por los órganos competentes de la Justicia ordinaria.

Art. 16 - La Suprema Corte de Justicia cometerá la instrucción del presumario de los procesos a que refiere el artículo 12 a uno o más Instructores que designará al efecto.

Los Instructores dispondrán de las mismas facultades y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los jueces del orden penal.

Podrán constituir despacho donde lo estimen oportuno para el mejor cumplimiento de su cometido.

La Suprema Corte de Justicia les facilitará los recursos humanos y los medios materiales necesarios para el desempeño de su tarea.

Art. 17 - Dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los juzgados y Tribunales -tanto de la jurisdicción ordinaria como de la militar- remitirán a la Suprema Corte de Justicia, en el estado en que se encuentren, las denuncias radicadas ante sus sedes respectivas a que refiere el literal c) del artículo 13 y todas las actuaciones de ellas derivadas.

Recibida cada denuncia, la Suprema Corte de Justicia, de inmediato, la destinará a un Instructor a fin de que practique todas las diligencias presumariales necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Art. 18 - El presumario deberá ser instruido dentro del plazo de noventa días contados desde que el Instructor reciba los antecedentes.

Vencido dicho plazo, o antes, si considera concluida esta etapa de la instrucción, el Instructor elevará los autos a la Suprema Corte de Justicia, proponiendo el procesamiento del indagado -previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 126 del Código del Proceso Penal-o el archivo de los antecedentes.

La Suprema Corte de Justicia adoptará resolución en el acuerdo y previa vista al Ministerio Público.

El plazo previsto en el inciso primero de este artículo se suspenderá cuando mediare orden de prisión (artículos 118 y 119 del Código del Proceso Penal) respecto del indagado y hasta tanto ésta se haga efectiva.

Art. 19 - Si la Suprema Corte de Justicia entiende que no existe mérito para el procesamiento dispondrá el archivo de los antecedentes. Al disponerlo, precluirá el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto del hecho objeto de la averiguación y de las eventuales responsabilidades penales derivadas de su comisión.

Sí, por el contrario, decreta el procesamiento, remitirá nuevamente los autos al Instructor para que instruya el sumario.

Las medidas asegurativas sobre la persona y los bienes del imputado serán adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, ante quien se sustanciará también el incidente excarcelatorio.

Art. 20 - El Instructor dispondrá de un plazo de noventa días para instruir el sumario. Vencido este plazo, o antes, si considera concluida la instrucción, elevará los autos a la Suprema Corte de Justicia, la que procederá en la forma indicada por el artículo 163 del Código del Proceso Penal.

Las providencias que adopte el Instructor durante el sumario sólo admitirán el recurso de reposición.

Terminado el sumario, o la ampliación en su caso, la Corte mandará pasar el expediente al Fiscal de Corte, quien dispondrá de un plazo de veinte días improrrogables para expedirse.

El plenario se sustanciará por el procedimiento establecido en el Título IV, artículos 21 a 31 de la ley Nº 3.246 de 28 de octubre de 1907.

Art. 21 - En todo lo que esta ley no prevé, se aplicará a los procesos que ella regula las disposiciones del Código del Proceso Penal.

CAPITULO IV

Artículo 22 - Interprétase el artículo 253 de la Constitución de la siguiente manera:

A) Se entiende por delito militar toda acción u omisión prevista por el Código Penal Militar que, cometida por un militar, supone la violación de deberes exclusiva y específicamente militares. El delito militar tutela bienes jurídicos inherentes a la organización y disciplina castrenses.

B) Se entiende por estado de guerra el existente con otro u otros países como consecuencia de la declaración formulada en tal sentido por el Poder Ejecutivo previo decreto de la Asamblea General (artículos 85 inciso 7º y 168 inciso 16º de la Constitución).

C) Se entiende por delito común toda acción u omisión prevista por el Código Penal y por las demás leyes penales.

D) La Justicia penal ordinaria conocerá de los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan. Existente el estado de guerra, los delitos comunes cometidos por militares serán de competencia de los jueces militares.

E) Quienes no revistan el estado militar, en ningún caso ni circunstancia pueden ser sometidos a los jueces militares. No existe responsabilidad penal de los civiles que coparticipen en delitos militares. Existente el estado de guerra, los civiles que coparticipen con militares en delitos comunes serán sometidos a la Justicia penal ordinaria.

CAPITULO V

Artículo 23- Agrégase al artículo 29 del Código Penal el siguiente inciso:

Ninguna autoridad es competente para dar órdenes que se encuentren en evidente contradicción con el respeto a los derechos humanos y cuyo cumplimiento, fuera del caso de estado de guerra, configure alguno de los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título XII del Libro II de este Código.

Art. 24. - Modifícanse los artículos 3º, 4º y 5º del Código Penal Militar, que quedarán redactados de la siguiente forma:

La responsabilidad penal militar y los sujetos de ella

Art. 3º - Cometen delito militar los militares que violen las disposiciones contenidas en este Código, las disposiciones de análogo carácter y los bandos que se dicten en tiempo de guerra.

La jurisdicción penal militar y los sujetos de ella

Art. 4º - Quedan sometidos a la jurisdicción militar los militares que incurran en un delito militar.

De la jurisdicción en los casos de reiteración real formal y de concurrencia fuera de la reiteración

Art. 5º - En los casos de reiteración real, formal y concurrencia fuera de la reiteración, cuando un militar tenga que responder por delitos comunes y militares, la jurisdicción se determina por el delito más grave, y si por ser de igual gravedad esta determinación no fuera posible, prevalecerá la jurisdicción ordinaria.

La gravedad del delito se infiere por la gravedad de la pena y si las penas fueran de la misma naturaleza, por la mayor elevación del máximo.

Art. 25. - Modíficase el exordio del artículo 58 del Código Penal Militar que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 58. - Atacan la fuerza moral del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, los militares que delincan de alguna de las maneras siguientes:

Art. 26. - Deróganse los artículos 5º y 6º del Código Penal Militar.

Art. 27. - Comuníquese, etc.

Montevideo, Setiembre de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Guillermo García, Costa, Luis Alberto Lacalle Herrera, Juan Martín Posadas, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El PARTIDO NACIONAL presenta a la consideración del Poder Legislativo, el adjunto Proyecto de Ley de defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Los fundamentos de esta iniciativa surgen explicitados de la siguiente Exposición de Motivos.

I

El Capítulo I del proyecto, artículos 1º a 8º, reproduce, con igual numeración, el proyecto de ley de defensa de la democracia que nuestra colectividad presentara al inicio de la presente Legislatura.

Este conjunto de disposiciones busca establecer mecanismos jurídicos de preservación del orden constitucional. Decir defensa de la democracia vale tanto como decir defensa de la Constitución y del orden jurídico en general. Subvertido éste por la violación o el arrasamiento de la Carta Máxima, la democracia cede el paso a la tiranía, sea ésta de un hombre o de un conjunto de hombres amparados en la fuerza y no en imperio impersonal de la norma jurídica, libremente consentida por la comunidad.

La democracia supone la libre expresión y confrontación de todas las ideas, la tolerancia para el disenso, en un marco de garantías y respeto para las libertades públicas y los derechos de la persona humana. Dicho marco sólo existe cuando el gobierno es republicano, esto es representativo de sus electores y responsable ante éstos, porque el ejercicio del poder es coalescente con la responsabilidad. Desconocida la Constitución, los gobernantes se autoproclaman intérpretes infalibles de la conciencia nacional, niegan el derecho a juzgar sus actos y a discrepar con la supuesta verdad oficial, y se transforman, de hecho, en omnipotentes e irresponsables.

Así muere la democracia. Y no es ésta una frase más, porque hace apenas un año y medio que salimos de una experiencia nacional demasiado larga y demasiado dolorosa, que ha permitido comprobar a todos los uruguayos, aún a los que tienen o tenían "alma tutorial" -como gustaba decir Vaz Ferreira- que no puede haber mayor desgracia para una Nación civilizada que la apelación a la fuerza para archivar la Constitución, despedir a los representantes del pueblo y conculcar todas las libertades. Porque se sabe cómo y cuándo se da el Golpe de Estado, pero no se sabe, entonces, cómo y cuándo se restituirá al soberano el derecho a expresarse en las urnas y de poner fin a la arbitrariedad y la arrogancia de los déspotas.

No se nos escapa que la sanción de este proyecto no asegurará por su sola vigencia el respeto a la Constitución. Tendrá, sin embargo, el efecto de una condena moral a quienes en el cercano pasado arrasaron la Lex Magna o se solidarizaron con quienes lo hicieron. Además, y esto es lo más importante, representará el desarrollo y la explicitación de los muy contados preceptos constitucionales que buscan preservar el imperio de la Carta, a través de la definición y sanción de sus conductas violatorias más graves, aquellas que quiebran el equilibrio y la independencia de los poderes del gobierno, o atentan contra la esencia del sistema. Ello, sin duda, obrará como nueva valla contra los graves errores e inadmisibles excesos del pasado.

El artículo 1º del proyecto tipifica el delito de lesa Nación que, en forma vaga y sin establecer la pena correspondiente, consagra el artículo 330 de la Constitución. Uno de los dogmas técnicos del Derecho Penal es que las conductas punibles deben definirse con la mayor claridad.

Es lo que se llama la tipificación del elemento material del delito, que debe ser inequívoca. También rige en esta disciplina jurídica el apotegma "nullum crime sine poena" , unido al clásico "nulla poena sine lex", o sea que no hay delito sin pena ni pena sin ley que previamente la haya establecido. La legislación tiene, pues, que salvar el vacío de la norma constitucional, así como su imprecisión.

Se ha sostenido que la figura delictiva que mejor encuadra en la previsión del artículo 329 es el inciso 6º del artículo 132 del Código Penal, esto es el delito de atentado contra la Constitución, que indica que el sujeto activo del delito -su autor- puede ser cualquier persona con capacidad para delinquir, sea o no militar, por cuya causa su juzgamiento nunca puede corresponder a la justicia militar. Pero esta norma no tipifica el elemento material con arreglo al precepto constitucional, que distingue dos condenas, "atentar (e) y prestar (e) medios para atentar", siempre alude a quien pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno. No tiene sentido, además, separar el cambio de la Constitución del de la forma de gobierno, desde que ésta está establecida en el artículo 82 de la Carta y, por consiguiente, su modificación supone siempre un cambio constitucional.

Por todas estas razones, es que consideramos imprescindible definir con independencia de esa norma penal, con la claridad de que ésta carece, el delito de lesa Nación, de rango constitucional. En primer lugar, incluimos la expresión "por actos directos", que la doctrina del Derecho Penal ha considerado siempre los únicos medios idóneos para lesionar el bien jurídico tutelado por esta figura delictiva. A renglón seguido, definimos el elemento material con los mismos verbos típicos que utiliza la Constitución, "atentar y prestar" (medios para atentar), de modo de adecuarnos a ésta. Y, en tercer término, precisamos qué conductas violatorias de la Carta Máxima, de determinada entidad, pueden configurar un atentado contra ella.

Resulta evidente, en este sentido, que no cualquier violación de la Constitución configura un atentado contra la misma. "El atentado contra la Constitución -ha enseñado Justino Jiménez de Aréchaga- es el ataque dirigido a subvertirla, a aniquilar su eficacia, o a demoler ese sistema de normas fundamentales o a hacer imposible su general aplicación". ("La Constitución Nacional", tomo X, p. 199). Y agrega el mismo autor: "No es necesario que el atentado contra la Constitución se dirija a impedir el normal funcionamiento de todos los rodajes de nuestro sistema institucional; bastará con que él se proponga impedir el funcionamiento de rodajes fundamentales de la Constitución, o la ruptura de equilibrios básicos sobre los cuales la Constitución reposa, entre los cuales se ha de señalar, como uno sustantivo, el que resulta del hecho de que toda ella sea construida sobre el principio de separación de poderes". (p. 200).

En definitiva el delito se configura cuando, por actos directos, se pretende cambiar la forma de gobierno por procedimientos no previstos por el artículo 331 o se dificulta o se impide el ejercicio directo de la soberanía de la Nación por el Cuerpo Electoral o su ejercicio indirecto por los Poderes representativos del soberano. La primera hipótesis no prohíbe el cambio de la forma de gobierno, que lo es la "democrática republicana" (Artículo 82). No se atenta contra la Constitución abogando, por ejemplo, por la sustitución de la forma republicana por la forma monárquica de gobierno. Pero sí se atenta contra ella haciendo tal sustitución o pretendiendo hacerla por mecanismos diversos a los concretos procedimientos de reforma consagrados por el artículo 331 y sus procedimientos de reforma, porque la referencia es mucho más precisa que la que el artículo 132, inciso 6º del Código Penal "hace a medios no admitidos por el Derecho Público Interno", desde que tales procedimientos de reforma son los únicos que habilita nuestro Derecho Público Interno.

En cuanto a la segunda hipótesis, la de impedir o dificultar el ejercicio directo o indirecto de la soberanía, por el Cuerpo Electoral en el primer caso y por los Poderes representativos en el segundo, recoge la distinción exacta que hace el artículo 82 de la Constitución, a cuyo tenor el Cuerpo Electoral ejerce en forma directa la soberanía de la nación, "en los casos de elección, iniciativa y referendum", y los Poderes representativos lo hacen en forma indirecta y con arreglo a las reglas constitucionales.

En definitiva, la conducta punible se configura cuando se impide o dificulta el ejercicio de la soberanía. Y ello porque siendo el delito de "lesa Nación", lo que quiere decir que es la Nación su sujeto pasivo (Jiménez de Aréchaga, ob. cit. p. 198) cuyo atributo jurídico definitorio es la soberanía, el ataque a la soberanía es precisamente lo que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma penal.

La norma establece, asimismo, que la competencia para juzgar a los reos de lesa Nación es de la Suprema Corte de Justicia. Esta solución razonable, dada la gravedad política de la causa a sustanciar y fallar, es, además, la única constitucional, desde que el artículo 239 de la Carta comete a la Corte, en su inciso 1º, "Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna...". La inteligencia de este antiguo precepto, que nos legó la Carta Fundacional de 1830, ha suscitado desde siempre fundadas dudas, en especial porque una interpretación literal llevaría a atribuir a la Corte hasta el juzgamiento de los delitos llamados de "fuero común", por cuanto ellos implican ataque a derechos de rango constitucional, tales como el derecho a la vida o el de propiedad. Pero nunca se ha dudado de que alcanza por lo menos a las violaciones graves de la Constitución, de naturaleza y trascendencia políticas. Así, el artículo 14, inciso 2º de la ley de creación de la Alta Corte de Justicia, de 28 de octubre de 1907, determina que es de su competencia el juzgamiento de los gobernantes separados de sus cargos previa promoción de correspondiente juicio político. El alcance un poco más amplio que aquí damos a esta atribución de la Suprema Corte de Justicia, consideramos que es un poco más respetuosa del tenor del referido precepto constitucional, dada su absoluta generalidad.

Por último, fijamos la pena entre un mínimo de cinco años y un máximo de treinta años de penitenciaría, amén de dos a diez años de inhabilitación absoluta. Sólo innovamos respecto del inciso 6º del artículo 132 del Código Penal, en la reducción del mínimo de la pena de diez a cinco años. Estimamos que este mínimo no es de lenidad y que, por otra parte, la diferencia grande con el máximo permitirá igualmente a la Corte actuar con el rigor necesario, toda vez que lo estime conveniente al individualizar la pena.

El artículo 2º incluye de modo genérico entre los reos de lesa Nación y, por tanto, autores del delito previsto en el artículo 1º, al Presidente de la República y los Ministros de Estado que fueron separados de sus cargos en virtud de un juicio político. La adecuada correlación que debe existir entre esta norma y la anterior, obliga a definir las conductas violatorias de la Constitución que ameritan el juicio político, lo que no hace su artículo 93, y por ello las precisamos en el artículo 6º del proyecto. En caso contrario, la ley estaría desdibujando el elemento material del delito e impidiendo la correcta e imprescindible tipificación, lo que contrariará principios elementales del Derecho Penal. Excluimos, aquí, de los posibles sujetos activos, al Vicepresidente de la República y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, no obstante ser ellos también pasibles de juicio político, porque la experiencia universal y nacional indica que sólo desde el Poder Ejecutivo y al amparo de la fuerza de que éste dispone o sea desde el vértice del gobierno, es que se puede y se suele atentar contra la Constitución.

El artículo 3º encara los aspectos procesales de este especialísimo proceso penal. El rol de acusador público debe asumirlo el Fiscal de Corte, por ser quien cumple las funciones inherentes al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia. Esta podrá proceder de oficio -es decir, procesar- por una razón política decisiva. El Fiscal de Corte es nombrado por el Poder Ejecutivo. Tiene, frente a éste, independencia técnica, pero no administrativa, pues es funcionario de la Administración y no del Poder Judicial. El atentado a la Constitución pueden cometerlo los titulares del Poder Ejecutivo. Siendo así ¿puede considerarse prudente hacer depender la iniciativa del procedimiento de un funcionario que puede tener solidaridad personal y política con el autor del delito?

Sabemos que la solución es técnicamente discutible. No obstante, en la práctica y desde siempre, los Jueces de lo Penal -los antiguos Jueces de Instrucción- han procesado de oficio y sin aguardar el pedido del Fiscal. Quienes sostienen la constitucionalidad de esta práctica, afirman que el comienzo del juicio criminal "por acusación de parte o del acusador público", exigencia del artículo 22 de la Constitución, está referida a la iniciación del plenario y no del sumario. Interpretación que siempre ha hecho camino y ha tenido larga aplicación pacífica.

La publicidad del juicio está impuesta por el inciso 2º del numeral 1º del artículo 239 de la Constitución para todos los asuntos de competencia originaria de la Corte. La oralidad del juicio es la única manera de que la publicidad sea efectiva y, además, de que la lentitud inevitable del procedimiento escrito no dilate la sustanciación de causas de gran repercusión política. Por lo demás, es la mejor solución técnica.

En cuanto a la adopción del sistema de instancia única, con sentencia no recurrible sino mediante un recurso de revisión, obedece a la inconstitucionalidad flagrante del sistema de dos instancias da causas de competencia exclusiva de la Corte, según la opinión del desaparecido Catedrático Dr. Aníbal Barbagelata (en Jiménez de Aréchaga, "La Constitución Nacional", tomo VIII, pág. 55)

En cuanto al artículo 4º, la eventual disolución del Parlamento fuera del caso previsto por el artículo 148 de Constitución, o sea sin mediar censura parlamentaria a uno o más Ministros, configura el ejemplo típico del golpe de Estado presidencial y es, por consiguiente, un acto contrario a Derecho, la violación más grosera de la Constitución, que no sólo exime a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo de la obligación de obedecer a su jerarca, sino que los habilita a desconocer y resistir la ejecución de ese acto ilegítimo.

Así lo establece esta disposición, pero con ello no basta. La experiencia enseña que estos asaltos a las Instituciones se hacen efectivos porque siempre hay funcionarios militares o policiales -muchos o pocos- que comparten o acatan la decisión y utilizan las fuerzas bajo su mando para hacerlos efectivos. Hay, pues, que establecer claramente que esta conducta es tan delictiva como la del Presidente de la República y la de los Ministros que disponen la disolución del Parlamento y configura el mismo delito de lesa Nación que aquellos cometen en tal caso.

La supresión expresa de la obediencia al superior como causa de justificación eximente de la responsabilidad penal, obedece al propósito de eliminar dudas al respecto. En rigor jurídico sería innecesaria, por cuanto entre los requisitos exigidos por el artículo 2º del Código Penal para que exista obediencia debida, se cuenta el de que la autoridad de la que emane la orden sea competente para darla. Y es obvio que el Poder Ejecutivo es incompetente para dar la orden de disolver al Parlamento. El cumplimiento de la ley y, a fortiori, el de la Constitución, es lo que precisamente obliga a no cumplir la orden y opera como causa de justificación del desacato en que, de otro modo, incurriría los funcionarios.

El artículo 5º pone una valla necesaria al ejercicio de las principales funciones públicas bajo una dictadura. No se crea, al efecto, una nueva figura delictiva, sino que se precisa lo que, en puridad jurídica, es obvio. Que los que asumen funciones en órganos electivos o sustitutivos de estos, así como en órganos que deben ser designados por la Asamblea General, y lo hacen por mandato del Poder Ejecutivo de facto o de órganos constitucionalmente inexistentes, incurren en el delito de usurpación de funciones, que consiste en asumir o ejercer "indebidamente" funciones públicas. (Art. 166 del Código Penal).

De antiguo está demostrado que el temor a la pena no aparta a muchos de la senda del delito. No obstante, el orden jurídico debe decir con toda claridad que los sirvientes de los regímenes de facto no ejercen una opción política más o menos discutible o censurable, sino que cometen un delito. Y entre ellos incluimos a quienes vienen a desplazar a funcionarios designados con arreglo a la ley en virtud de nombramientos realizados por órganos inexistentes y/o incompetentes, y por razones descarnadas de persecución política contra los despojados de sus cargos.

Agregamos, por último, que tal ejercicio ilegítimo de funciones nunca puede generar derechos jubilatorios ni pensionarios, sanción que se hace extensiva al ejercicio de cargos de coronel, capitán de navío y demás oficiales superiores, que son quienes, poniendo las fuerzas bajo su mando al servicio de los regímenes de facto, hacen posible su instauración y subsistencia. No es siquiera concebible que la usurpación de funciones y la utilización de la fuerza pública para arrasar la Constitución, genere idénticos derechos que el servicio fiel y legal del Estado.

El artículo 6º define, en ejercicio de la facultad de interpretar la Constitución que tiene la Asamblea General, por el inciso 20 del artículo 85 de la Carta, determinados casos graves de violación constitucional por el Presidente de la República, que, sin excluir otros, pues la enumeración no es taxativa, pueden dar mérito a la promoción de un juicio político contra dicho Magistrado.

Y decimos "pueden", en lugar de "deben", porque el ejercicio de esta atribución por la Cámara de Representantes es facultativo y no preceptivo, desde que el artículo 93 de la Constitución la califica de "derecho" y no de deber. La interpretación de esta disposición confusa es una necesidad expresada desde tiempo atrás por la Cátedra. La norma fue modificada en las reformas de 1952 y 1967, pero no logró aclararse su sentido. Se persistió en mantener la locución "u otros delitos graves" luego de la alusión a la "violación de la Constitución", de donde surge la duda de si tal violación tiene que configurar un delito grave y de cuál o cuáles son las violaciones que son asimilables a un ilícito penal de entidad. Este artículo 6º viene a clarificar este problema y a eliminar dudas sobre la pertinencia del juicio político en casos graves de violación de la Constitución.

No entramos en la fundamentación de la inclusión de tales casos en el precepto, porque estimamos muy claro su carácter de infracción de la Carta en su conjunto, de atentado contra el orden institucional general o de ataque al equilibrio que debe existir entre los poderes del gobierno, en virtud de las actuaciones políticas del Presidente de la República que le están expresamente vedadas.

El artículo 7º extiende a los Ministros estas causales de promoción del juicio político, con exclusión de aquellas que sólo proceden "intuitu personae" en el caso del Presidente de la República.

Por último, el artículo 8º deroga el artículo 132, inciso 6º, del Código Penal, esto es la figura penal del "Atentado contra la Constitución", por las razones expresadas al referir al artículo 1º en esta exposición de motivos y, en síntesis porque esto tutela el mismo bien jurídico con mayor precisión y vigor jurídico.

II

El capítulo segundo del proyecto recoge, aunque no desde un enfoque procesal, la preocupación básica que inspiró, en su momento, el proyecto de ley presentado por los senadores Hugo Batalla y Alberto Zumarán, respecto de la no regulación por el Derecho Positivo del fenómeno aberrante de la tortura.

El artículo 9º viene a colmar ese vacío y tipifica como delito autónomo el delito de tortura que, hasta el presente y por sus resultados dañosos en la persona de la víctima, debía incriminarse como delito de lesiones, ordinarias, graves o gravísimas, según su entidad y consecuencias sobre el sujeto pasivo.

Por ser, sin duda, un delito contra la personalidad física y moral del hombre, se le ubica en el Título XII del Código Penal, como artículo 316 bis y a renglón seguido del delito de lesiones personales, con el que guarda una conexión fáctica y de resultados objetivos, pero del que se distingue nítidamente en el plano subjetivo, por la particular intencionalidad del agente, que se perfila con claridad en la descripción del tipo delictivo.

La locución "El que. . . ." con que comienza el precepto, determina que cualquier persona -y no sólo un funcionario público- puede cometer este delito, desde que la apelación a la tortura es propia de toda forma de terrorismo, se practique éste al amparo del poder del Estado o por las organizaciones subversivas que persiguen su aniquilamiento.

La penalidad prevista, por una razón de congruencia con el sistema del Código y, en especial, con la que corresponde a la figura del homicidio no agravado (Artículo 310), se sitúa entre el mismo mínimo de este delito -20 meses de prisión- y un máximo de 10 años de penitenciaría, algo inferior al del homicidio. La elevación de los mínimos cuando los resultados del evento dañoso son lesiones graves o gravísimas, se impone para no equipararlos a los previstos para estas delitos, que también son de veinte meses de prisión, siendo que el delito de torturas es, sin duda, de mayor gravedad que cualquiera de las formas de lesiones.

En cuanto a la exigencia de que la acción típica se configure sin intención de matar, resulta de que, en tal supuesto, se estaría ante un caso de tentativa de homicidio. Y ella explica la introducción, por el artículo 10 del proyecto, de la agravante de torturas en la figura del homicidio muy especialmente agravado (Artículo 312 del Código), hipótesis en que la pena se eleva a un mínimo de quince años y un máximo de treinta años de penitenciaria. Y se logra así evitar que por aplicación de la penalidad correspondiente al delito tentado (artículo 87 del Código), que es de la tercera parte a la mitad de la pena del delito consumado, se incurra en la incongruencia de que las torturas con intención de matar, -tentativa de homicidio- sean penadas en forma más benigna que las torturas strictu sensu’’, esto es sin intención de matar.

El artículo 11, que cierra el segundo capítulo del proyecto, agrega al elenco de agravantes genéricas que estatuye el artículo 47 del Código Penal, dos más: la "causa de terrorismo" y la "asociación subversiva".

No es preciso insistir en el gravísimo problema que para el mundo entero representa el fenómeno del terrorismo. Nuestra legislación, tampoco aquí, nada prevé al respecto, no obstante lo cual, nuestro país ha ratificado a las Convenciones internacionales que apuntan a la búsqueda de mecanismos para combatirlo (Convención de OEA "para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional", "Convención Internacional contra la toma de rehenes" de la ONU, etc.)

Lo que califica a un delictivo como terrorista, más allá de la finalidad política o no que guía al agente, es el medio empleado, susceptible de causar "terror" a la población. Es este el concepto que recoge el nuevo agravante que pretende incorporarse a través del nuevo numeral 16) del artículo 47.

El numeral 17) propuesto regula como agravante la instancia de que el delito, con prescindencia de su naturaleza intrínseca, sea convertido por el agente en ser actor de miembro de una organización subversiva.

Nuestra legislación creó, con Ley Nº 14.068, de 12 julio de 1972, el delito de "asociación subversiva". Esta conducta delictiva desapareció con la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985. Hoy no se procura recrearlo como tipo autónomo, sino únicamente como agravante genérica.

Para ello se ha ajustado la descripción del carácter subversivo de la organización a lo que, en materia de atentado a la Constitución, prevé el artículo 1º del proyecto.

III

El Capítulo III del proyecto (artículos 12 a 21) contiene un conjunto de disposiciones que apuntan a resolver los problemas jurídicos -penales y procesales- derivados de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial.

Resulta necesario explicar el espíritu y los criterios políticos con que el Partido Nacional ha encarado esta iniciativa.

El Partido Nacional ha sido parte sufriente y combatiente en todos los episodios de la vida nacional, incluidos, por supuesto, los doce años de lucha contra la dictadura. Por ello su interpretación del pasado reciente y su propuesta para superarlo no son más, en definitiva, que una proyección de su actitud histórica y de las constantes que han marcado su acción. Es, según creemos, la interpretación ponderada y razonable de lo que quiere y ansía la conciencia nacional.

Es con este espíritu que el proyecto alienta el propósito de lograr una solución justa y definitiva al conflicto que plantean las heridas aún abiertas por la década larga de tragedia colectiva.

Un repaso de la historia reciente contribuye a ilustrar la actitud del nacionalismo frente al problema.

Desde fines de la década de los "60" el Uruguay se vio envuelto en una espinal creciente de violencia que, como ya se dijo en cercana ocasión, fue ". . . promovida por la organización autodenominada MLN con fines políticos genéricamente revolucionarios, y dirigida, en concreto, a cambiar por la fuerza las instituciones constitucionales de vivencia tradicional en el país. La violencia concluyó por la derrota de sus gestores y a ella siguió una paz material impuesta por los vencedores". (Proyecto de Ley de Amnistía; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, T.287, p. 286).

Una minoría soberbia se alzó contra las instituciones, delinquió y practicó con insanía actos diversos de terrorismo. La comunidad nacional fue agredida y el gobierno de la época recurrió para defenderla a la institución competente en el terreno bélico, las Fuerzas Armadas.

En ese período, que se cierra en la primavera de 1972, se vivió la lógica perversa de la guerra y se cometieron muchos abusos injustificables desde todo punto de vista. pero destruido el aparato militar terrorista, las Fuerzas Armadas, so pretexto de seguir combatiendo la subversión, destruyeron el orden constitucional y, a través de muchos de sus integrantes, perpetraron actos violatorios de los derechos fundamentales del hombre.

No es tarea ociosa señalar el origen de esos enfrentamientos que el país vivió. Supone la irrenunciable necesidad de reiterar la condena y de rechazar las interpretaciones que, de alguna forma, terminan justificando la agresión subversiva o, cuando menos, inscribiéndola en un contexto de violencia en el cual no son responsables quienes primero se alzaron contra el país y sus instituciones.

Supone, también, la condena igualmente enérgica a los excesos ocurridos en la represión y, sobre todo, el repudio que nos merece lo que, como corolario de esos acontecimientos, ocurrió luego: la instalación de un régimen dictatorial y los trágicos episodios que jalonaron su permanencia.

Es por ello que el proyecto postula una diferencia en el tratamiento de dos circunstancias históricas distintas: el enfrentamiento bélico con la guerrilla, cuyos excesos es explicable imputar a esa lógica perversa a que se hacía mención; episodio históricamente concluido -a estar a las declaraciones de los propios mandos militares- el 15 de noviembre de 1972; y lo que, concomitantemente y posteriormente, ocurrió, que no alcanza, por su naturaleza, siquiera a este tipo de explicación.

Asimismo, se ha dicho, y se ha dicho bien, que casi todos los episodios de la vida nacional que implicaron un enfrentamiento dentro del cuerpo social, finalizaron en un acto de generosa reconciliación. No dudamos que este valor debe presidir hoy también las soluciones.

No habrá posibilidad de afianzar la paz si se cultiva como una obsesión la reparación de todos y cada uno de los agravios que la dictadura infligió a la comunidad nacional.

Pero lo que distingue en su esencia la cuestión actual de otros episodios de la vida del país es una doble condición de aquélla: el título al cual actuaron los agentes y el carácter mismo de los hechos que realizaron.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, la conciencia colectiva valora hoy de distinta manera ciertas conductas. La vida y la dignidad humanas son, así, reconocidas como valores supremos e intangibles en una dosis mayor al que se les reconocía en los turbulentos tiempos de nuestras guerras civiles.

Por vez primera en la historia del país, se trata de conocer sobre hechos practicados al amparo del aparato estatal, cuando no desde este mismo aparato. No son los excesos de una banda o fracción armada, sino episodios ejercidos sistemáticamente por servidores públicos en el pretendido ejercicio de un designio de la autoridad.

También, por vez primera, determinadas conductas escaparon a los parámetros de una guerra -que, por otra parte, no la había- y constituyeron hechos esencialmente condenables.

Todos sabemos que en el Uruguay, en los años pasados, agentes de los servicios públicos de seguridad y defensa nacionales, perpetraron una innumerable cantidad de violaciones al ordenamiento jurídico. Algunas de ellas pueden haber sido consecuencia de las condiciones mismas del enfrentamiento; respecto de otras, de entidad menor, la sociedad debe estar dispuesta a no enjuiciarlas en aras de la reconciliación nacional. Pero algunas de estas conductas repugnan de forma tal el sentimiento ético de la comunidad nacional, que no pueden ignorarse sin más, ni dejarse de juzgar.

Ante esta situación, el proyecto, que contiene soluciones de índole exclusivamente procesal, apunta a dos finalidades: limitar el ejercicio de la acción pública a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el período y asegurar su conocimiento y resolución por órganos cuyos procedimientos permitan una rápida elucidación, eviten la alarma social y den garantías suficientes.

En nuestro criterio, las soluciones propuestas logran el equilibrio indispensable entre estos valores y, precisamente por ello, constituyen la única posibilidad real de rescatar las exigencias éticas en juego, a través de la acción del Poder Judicial.

Es ilusorio creer que, en cuestiones tan delicadas, los mecanismos a todas luces insuficientes y penosamente lentos de la justicia penal común permitan la instrucción de procesos con prontitud y eficacia.

Siempre en el orden de las consideraciones generales, todo lo expresado no impide al Partido Nacional, ausente de las negociaciones previas a las elecciones de 1984, apreciar las urgencias políticas de la hora y la necesidad imperiosa de reinsertar efectiva y definitivamente a las Fuerzas Armadas en la vida institucional de la Nación

Esta consideración, naturalmente, no pasa por la prevención hacia toda actitud castrense, sino, exactamente, por la tesitura opuesta. Pertenecemos a una colectividad que, nacida con la Patria, fue fundada por un ilustre militar. A ella -en la paz y en la guerra- le han servido insignes figuras de la milicia. No puede menos, así, que afirmar el carácter de imprescindible institución nacional de las Fuerzas Armadas.

Los nacionalistas, por ello, deseamos fervorosamente preservarlas y enaltecerlas. Y ello exige, entre otras cosas, que no se impute a la Institución, a los ejércitos, no los graves errores de que efectivamente fueron partícipes, sino hechos delictivos que, por su naturaleza, repugnan a la conciencia colectiva y deshonran a quienes los cometieron y sólo a ellos.

En cuanto a las soluciones concretas consagradas en las disposiciones de este Capítulo, el artículo 12 atribuye a la Suprema Corte de Justicia la competencia para conocer de las causas por delitos que configuraron violaciones de los derechos humanos. Asimismo, comete el rol de acusador público al Fiscal de Corte, por ser quien cumple las funciones inherentes al Ministerio Público ante aquélla.

Hemos pensado que la extraordinaria trascendencia ética y política de estos procesos exige rodear su sustanciación de las máximas garantías. Y, en tal sentido, nada mejor que quien juzgue en los mismos sea el órgano que está en la cúspide del Poder Judicial, que asegura el mayor acopio de experiencia y capacidad en sus integrantes y, por ello, el menor riesgo de desacierto en sus decisiones.

Lo previsto, por otra parte, encuadra en la posible ampliación legislativa de la competencia jurisdiccional de la Suprema Corte, a tenor de los numerales 1º y 8º de la Constitución.

Entiende el Partido Nacional, además, que esta solución es la única que abre la posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades penales en juego y no prolongar por un largo lapso el clima de inconveniente agitación pública y política en torno al problema. En efecto, de incluirse los presumarios y los eventuales sumarios en la competencia de los Juzgados Letrados de lo Penal, sobrecargados de trabajo y atados a mecanismos procesales engorrosos y de desesperante lentitud, nada podría dilucidarse con un mínimo de celeridad y eficiencia. Más aún, por la vía de la evacuación de citas de los testigos y de la inevitable aplicación de las normas sobre conexión de causas y acumulación de autos, se correría el riesgo de la progresiva prescripción de todos los delitos. Y ello, porque la interrupción de la prescripción requiere-"orden judicial de arresto" y todos los delitos anteriores a setiembre de 1970 ya prescribieron, con excepción de los homicidios, que lo hacen a los quince años de su comisión (artículo 117 y 120 del Código Penal). Todo lo cual significa que mientras se fueren instruyendo los interminables presumarios irían prescribiendo los homicidios posteriores a setiembre de 1971 y los demás delitos cometidos después del mismo mes de 1976.

El artículo 13 delimitó el ámbito en que operará la actuación de la Suprema Corte de Justicia respecto de los delitos que configuraron violaciones a los derechos humanos. Una primera limitación, temporal, descarta los ilícitos penales anteriores al 1º de marzo de 1967 y posteriores al 1º de marzo de 1985. Esto último por la obvia razón de que en esa fecha se restableció la democracia. Lo anterior, porque el Partido Nacional entregó el gobierno en esa fecha y rechaza la mera suposición de que se hayan violado los derechos humanos mientras él lo ejerció.

La exigencia de un elemento intencional adicional en el autor del delito, sea el móvil político o la conciencia de haber actuado en ejercicio de la función pública, manifestada también en el amparo del poder del Estado que se investía -que revela, asimismo, la intencionalidad política- excluye a los delitos cometidos por funcionarios públicos no en su calidad de tales sino por motivaciones criminosas comunes. Así, un homicidio o un delito de lesiones cometidos por un incidente personal con la víctima.

La tercera delimitación es objetiva y refiere a las figuras delictivas pasibles de ser incriminadas. La fundamentación es obvia, por cuanto es evidente que no existe preocupación por el juzgamiento de delitos menores, y porque, además, ello derivara en la proliferación de los procesos con su inconveniente secuela de enlentecimiento y complicaciones procesales. En cuanto al literal b),la vinculación de la desaparición de personas con diversos delitos obedece a que aquélla no está tipificada como delito autónomo en el Código, por lo que sólo podrá ser juzgada en cuanto el hecho de la desaparición, o sus consecuencias, configuren por sí otros tipos delictivos.

Una previsión fundamental es la del literal c) de este artículo, que se vincula la referida inconveniencia de la proliferación de causas y que, sobre todo, parte riel hecho real de que cuando no se ha denunciado ya un delito tras año y medio de convivencia democrática, es porque existen razones poderosas y personales para no hacerlo.

Considera el Partido Nacional que el problema que está planteado en el país en torno a esta ardua cuestión no es, por supuesto, el de saciar una sed innoble de venganza ni el de instigar a los miles de damnificados, directa o indirectamente, a acumular infinidad de denuncias; de hechos más o menos graves, así como tampoco el de exigir por imperativo ético la averiguación y castigo de todos los delitos. La verdadera cuestión, lo que es motivo del debate que ha conducido a esta situación, es si los delitos ya denunciados van a ser juzgados, si al particular que ha reclamado justicia, ésta le va a ser concedida mediante el funcionamiento regular del Poder Judicial o si, por el contrario, le va a ser denegada, cualquiera sea el mecanismo o artilugio jurídico que conduzca a la impunidad.

El artículo 14 del proyecto resulta el complemento indispensable de las previsiones del artículo 13. Su manejo de la noción de "preclusión" refleja fielmente el carácter procesal de las soluciones que el Partido Nacional propone para este problema,

En este sentido, la preclusión, como instituto procesal, ha sido pacíficamente admitida por la doctrina, que la define ". . . .generalmente, como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal", según enseñaba Couture (Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ra ed., 1981, p. 106). Y es con ese alcance, que el proyecto la recoge.

El literal b) es la consecuencia lógica de las exclusiones contenidas en el artículo anterior, por la vía de las limitaciones objetivas (literales a) y b) del artículo 13).

La incidencia de la limitación temporal surge del exordio de este artículo.

Dichas limitaciones no podrían hacerse efectivas, en la práctica, si no precluye, respecto de los delitos de que se trate, el ejercicio de la pretensión punitiva estatal.

Un concepto distinto inspira el literal b) de este artículo 14, relacionado con la distinción conceptual entre los excesos cometidos antes y después de la finalización de la lucha militar contra la guerrilla, según se explicitó en las consideraciones generales sobre este capítulo. La incidencia práctica de esta disposición ha de ser mínima, por cuanto casi todos los delitos cometidos en el período anterior al 15 de noviembre de 1972 -fin de las operaciones bélicas contra la subversión vencida- no podrían ser juzgadas por estar prescriptos en su mayoría.

De lo que se trata es de precisar que existe una consideración distinta, más benigna, para los delitos que se hayan cometido en ejercicio de la función específica de someter por las armas a los subversivos y en ocasión coercitivos bélicos, de entrenamientos armados, los no se justifican, pero bien pueden explicarse en circunstancias tan críticas para quienes debieron vivirlas como integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta preclusión, sin embargo, no alcanzó a los excesos delictivos cometidos contra los vencidos, que, ya detenidos e inermes, se encontraban en una prisión o en lugar y circunstancias similares. Ambas situaciones son distintas desde el punto de vista ético, y así debe quedar en claro.

El artículo 15 del proyecto dice relación con una categoría específica de delitos: aquellos realizados por funcionarios públicos con la finalidad de procurar, para el agente o para un tercero un provecho económico.

Es de toda evidencia que el interés político en dotar a la excepcional situación que vivió la República de un tratamiento procesal de análogo carácter, no puede alcanzar al extenso elenco de delitos que pueden haberse cometido con una finalidad de lucro.

Para ello, a través de esta disposición, se excluye a este tipo de conductas del régimen que estatuye el Capítulo II y se las somete al régimen común de averiguación y juzgamiento.

Los artículos 16 a 21 regulan el procedimiento a seguir por la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 12 para el juzgamiento de los delitos que menciona el artículo 13.

El artículo 16 del proyecto dispone que la Corte cometerá la instrucción de la primera etapa del proceso -en presumario (ver. arts. 112 y ss. del C.P.P.)- a Instructores que designará al efecto. Los incisos segundo, tercero y cuarto de este artículo mencionan, sucintamente, las facultades de estos Instructores.

Lógicamente, la instrucción, por sus propias características, exige que los actos procesales correspondientes no puedan ser realizados en forma corporativa. De ahí la necesidad que ella corra por cuenta de un Instructor.

A su vez, teniendo en cuenta que el proceso que se regula tiene una única instancia, se ha entendido prudente que esta instrucción no la realice cualquiera de los Ministros de la Corporación, sino la persona a quien la Corte libremente designe, de forma de asegurar el examen de sus actos por el Superior.

El artículo 17 se limita a regular el pasaje de las denuncias en trámite del Juzgado donde están hoy indicadas, a la Suprema Corte de Justicia y dispone un plazo para efectuarlo (10 días) así como que dicho pasaje se hará en el estado en que las actuaciones se encuentren.

El artículo 18 contiene una norma de singular importancia; por ella se fija un plazo máximo de noventa días para instrucción del presumario.

Se ha entendido indispensable, por muy diversas causas, que la etapa de averiguación de los hechos denunciados esté sujeta a un límite temporal. La principal de ellas es la necesidad que, a nuestro juicio, el país siente de concluir rápidamente con el doloroso trámite de revisión del pasado. La instrucción sin plazo supone, como en cualquier expediente penal, la eternización de los disímiles, y, de hecho, la permanencia "sine die" de "causas abiertas"’ que nunca terminan por llegar a un resultado, cualquiera sea éste.

El plazo propuesto, creemos, es harto suficiente para una investigación rigurosa de la verdad.

El inciso segundo de este artículo regula la conducta del Instructor; vencido este plazo o concluida que fuere, antes de ello, la instrucción, debe elevar los autos a la Corte, proponiendo el procesamiento o el archivo, tal cual lo establece el artículo 112 del C.P.P.

En todo caso, es la Corte quien resuelve en un sentido o en otro.

Naturalmente, el procesamiento sólo puede disponerse previo interrogatorio del indagado. . ." y el que ". . . se practicará en presencia del Defensor. . . " (Art. 126 del C.P.P.).

Por fin, se establece que el plazo de noventa días se suspende cuando medie orden de prisión.

El artículo 19 establece las consecuencias jurídicas del pronunciamiento de la Corte según disponga el archivo o el procesamiento, la innovación más significativa consiste en que el archivo supone la preclusión del ejercicio de la acción pública. La causa queda definitivamente cerrada, en perjuicio de la acción civil.

El artículo 20 reglamenta las etapas posteriores del proceso, en caso de que exista procesamiento:

a) sumario instruido por el instructor y sujete a un plazo de noventa días.

b) manifiesto y ampliación (Arts. 163 y ss. del C.P.P).

c) pronunciamiento del Ministerio Público; y

d) plenario, para el cual se ha optado por las reglas procesales estatuidas en la Ley de creación de la Corte (Nº 3.246 de 27 de octubre de 1907) por considerarlas las más adecuadas al efecto, al prever un procedimiento rápido y expeditivo.

El artículo 21, por fin remite en lo no previsto en los artículos anteriores, a las reglas generales contenidas en el Código de Procedimiento Penal.

IV

El Capítulo IV del proyecto -artículo 22- refiere a la interpretación del artículo 253 de la Constitución. Entiende el Partido Nacional que en esta oportunidad el Parlamento debe ejercer la atribución que le comete el inciso 20 del artículo 85 de la Carta y resolver de una vez y por todas el alcance constitucional de la competencia que la norma citada asigna a la jurisdicción militar.

Es bien sabido que en los años previos al golpe de Estado del 27 de junio de 1973 la cuestión fue muy debatida y mereció pronunciamientos cambiantes de la Suprema Corte de Justicia. Más aún, bajo el imperio de circunstancias políticas anormales, la mala tesis fue consagrada en la Ley de Seguridad del Estado -Nº 14.068- que permitió que los jueces militares juzgaran a civiles.

La solución inconstitucional de dicha Ley fue derogada no bien se restableció la democracia, y por la Ley Nº 15.737, que amnistió a los presos políticos de la dictadura. La cuestión, sin embargo, continúa sobre el tapete, en virtud de las contiendas de competencias planteadas por los jueces militares toda vez que se presentan ante la Justicia Penal ordinaria denuncias que, en principio. comprometen la responsabilidad de militares.

Por otra parte, la desdichada experiencia vivida bajo el imperio de la Ley de Seguridad del Estado en materia de juzgamiento de civiles por la justicia militar, aconseja cerrar el paso a cualquier intento futuro de retorno a esa solución contraria a la Constitución y a la tradición nacional.

La interpretación que postula el artículo 22 del proyecto es la que respalda la mejor doctrina nacional y la jurisprudencia recientísima de la Suprema Corte de Justicia. Se basa, además, en los siguientes principios interpretativos:

A) Con arreglo al principio de separación de poderes, la función jurisdiccional es siempre ejercida -de manera privativa- por el Poder Judicial, salvo excepción constitucional expresa. Desde que la justicia militar, en lo orgánico, depende del Poder Ejecutivo, el artículo 253 de la Constitución es una clara excepción al principio antedicho. Pero, como toda excepción, debe interpretarse en forma restrictiva.

B) El tenor literal de la norma, además, tiene un claro sentido restrictivo, desde que expresa que esta juridicción ". . . queda limitada a. . . .". Y, si queda limitada va de suyo que en la legislación anterior a 1934 -no existían antes previsiones constitucionales- no estaba limitada o, por lo menos, lo estaba menos. Y en esa legislación anterior jamás se entendió que los civiles pudieran cometer delitos militares, ni tampoco se aceptó que los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz pudieran ser juzgados sino por los jueces penales del modo común.

C) El antecedente directo del actual artículo 253 fue el artículo 95 de la Constitución española de 1931 que rezaba: "La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los institutos armados. No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso de estado de guerra, con arreglo a la ley de orden público".

Dado que la jurisdicción militar -de acuerdo al sentido natural y obvio de esta locución- era una jurisdicción de y para los militares, esto es un fuero personal de los militares, heredado de la antigua y anacrónica legislación española, al ser suprimido éste de la misma por dicho artículo 95 de su Carta de 1931, que elimina, según vimos, "fuero alguno por razón de las personas", el principio que la regía se ha invertido: los jueces militares no juzgan siempre a los militares sino en los casos de excepción taxativamente previstos en su norma atributiva de competencia: delitos militares y estado de guerra.

De lo expresado y del hecho de que el artículo 253 distingue entre delitos comunes y delitos militares, resulta que éstos sólo pueden ser cometidos por militares y tutelan bienes jurídicos específicos de la organización castrense, diversos de los amparados por el Código Penal ordinario (literal A del artículo 22). El concepto de delito militar, pues, está doblemente limitado: en lo subjetivo y en lo objetivo, "ratione personae y ratione materiae". Por dos razones: porque si los civiles nunca pueden ser juzgados por jueces militares -como veremos- mal pueden cometer delitos militares, y porque si el precepto distingue entre delitos militares y delitos comunes, y reconoce que los militares pueden cometer estos últimos, es evidente que los militares sólo cometen delitos militares cuando lesionan bienes jurídicos diversos de los tutelados en la legislación penal ordinaria.

El literal B) del artículo 22 define la otra hipótesis en que es competente la justicia militar; esto es el estado de guerra con arreglo a las normas constitucionales que aluden al fenómeno bélico, que están sin duda referidas a la guerra convencional con otros Estados.

El literal C) define el delito común, por una razón de correspondencia y congruencia con el literal A). Esta figura jurídica es conceptualmente clara y no puede generar dudas.

El literal D) comienza reiterando, con leve variante de redacción, la segunda oración de la disposición constitucional interpretada. Luego reconoce que, existente el estado de guerra, los jueces militares son competentes para conocer de los delitos comunes cometidos por militares. De lo contrario, carecería de sentido distinguir la hipótesis del estado de guerra de la de los delitos militares.

El literal E), por último, cierra toda posibilidad de juzgamiento de civiles por la justicia militar. Ello no podía ocurrir en los tiempos en que esta jurisdicción era un fuero personal de los militares. Y menos aún después cuando la Constitución ha limitado su competencia respecto de los propios militares. Se agrega que la coparticipación -fáctica- de delitos militares no apareja responsabilidad penal para los civiles. Ello, por la obvia razón de que la conducta incriminada pierde su rango delictual cuando no la comete un militar. En cuanto a la hipótesis de coparticipación con militares en delitos comunes cometidos durante el estado de guerra, se aclara que el juzgamiento de los civiles compete siempre a la Justicia Penal ordinaria.

V

El artículo 23 agrega al artículo 29 del Código un inciso que recoge, en líneas generales, una previsión necesaria que contenía el ya referido proyecto de ley de los senadores Batalla y Zumarán, en cuyo mérito se excluye como eximente de responsabilidad penal la obediencia al superior, por la vía de excluir la competencia de la autoridad para dar órdenes contradictorias con el respeto a los derechos humanos y cuyo cumplimiento configure determinados delitos. Obviamos explicitar el fundamento de tan necesaria disposición.

Por último, los artículos 24 a 26 modifican el Código Penal Militar en todo lo necesario para adecuarlo a las normas interpretativas del artículo 253 de la Constitución, contenidas en este proyecto, de modo de depurarlo de las normas groseramente inconstitucionales que contiene en esta materia.

El PARTIDO NACIONAL, al presentar este proyecto de ley, considera cumplir con su deber para con el país. Entiende que, con él, la Nación podrá superar definitivamente las heridas del pasado, fortalecer sus instituciones democráticas y recuperar la esencia ética que define como tal a nuestra comunidad nacional.

Confía que la transformación en ley de esta iniciativa cerrará un capítulo sombrío de nuestra historia. La Patria, así, reconciliada y en paz, podrá dedicar sus esfuerzos a la construcción del porvenir.

Montevideo, setiembre de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle Herrera, Juan Martín Posadas. Senadores."

5) SE LEVANTA LA SESION.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 1 y 31 minutos del día 29 de setiembre, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Alonso, Araújo, Batalla, Batlle, Berro, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Mederos, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Silveira Zavala, Singer, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.