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Nº 111 - TOMO 298 - 4 DE JUNIO DE 1986

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

20 SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

y el SEÑOR EDUARDO PAZ AGUIRRE 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Ubillos por el día de la fecha.
- Concedida.

5) Escuela de Lechería de Nueva Helvecia

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura y al CODICEN.

6) El medio ambiente en nuestro país. Su deterioro y propuestas para su recuperación

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

7) Convenios sobre cooperación técnica

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

8) Intendente interino de Río Negro. Constitucionalidad de su situación. Gestión iniciada por la Junta Departamental. Declaración de urgencia. Alteración del orden del día

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve enviar los antecedentes a la Comisión de Asuntos Administrativos.

9) Proyectos presentados

- Servicios públicos esenciales.
- Iniciativa de varios señores senadores.
- Importación de productos químicos.
- Iniciativa del señor senador Lacalle Herrera.

10) Comité Intergubernamental para las Migraciones. Acuerdo sobre privilegios e inmunidades

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Comisiones investigadoras. Sus facultades y poderes

- Se resuelve postergar su consideración hasta la sesión del próximo martes.

12) Antigua Colonia de Sacramento. Obras de preservación y reconstrucción. Consejo Ejecutivo Honorario. Su creación

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Competencia en materia reparatoria

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Normas Internacionales de Trabajo. Convenio Nº 144 sobre la Consulta Tripartita

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Sociedades cooperativas. Retenciones efectuadas a sus socios

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) La educación media en el Uruguay de hoy. Exposición del señor senador Traversoni

- Se resuelve autorizarlo a formularla en la sesión del martes 15 de julio.

17) Saneamiento urbano de Montevideo. Ampliación del Régimen de Exoneraciones Tributarias establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.566

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve continuar su consideración en la sesión del próximo martes.

18) Invitación cursada por la URSS. a parlamentarios uruguayos

- En consideración el informe.
- Aprobado.

19) Tarifas de Transporte Departamental. Organo competente para su fijación. Consulta de la Junta Departamental de Colonia

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de junio de 1986.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 4, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Exposición de treinta minutos del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera sobre el tema: ‘El Medio Ambiente de Nuestro País. Su Deterioro y Propuestas para su Recuperación’.

(Carp. Nº 505/86)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2) Por el que se aprueba el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la Nación Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte, y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria.

(Carp. Nº 452/86 - Rep. Nº 28/86)

3) Por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Comité Intergubernamental para las Migraciones sobre Privilegios e Inmunidades.

(Carp. Nº 440/85 - Rep. Nº 29/86)

4) Por el que se establecen las facultades y poderes que tendrán las Comisiones Investigadoras previstas por el artículo 120 de la Constitución de la República.

(Carp. Nº 272/85 - Rep. Nº 26/86)

5) Por el que se crea el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento.

(Carp. Nº 472/86 - Rep. 35/86)

6) Por el que se les asigna competencia en materia reparatoria a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y se establece que todas las demandas contra personas públicas estatales, con excepción de la materia arrendaticia, sean de competencia de la Justicia Civil.

(Carp. Nº 377/85 - Rep. Nº 42/86)

7) Por el que se propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo) que fuera adoptado por la sexagésima primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año 1976.

(Carp. Nº 349/85 - Rep. Nº 44/86)

8) Por el que se establecen normas para el tratamiento legal de las retenciones efectuadas por las sociedades cooperativas en las remuneraciones personales de sus socios.

(Carp. Nº .325/85 - Rep. Nº 46/86)

9) Por el que se extiende la aplicación de las exoneraciones tributarias establecidas por el Decreto-Ley Nº 15.566, de 10 de junio de 1984, a las obras, servicios u otras operaciones, vinculadas a la realización del Proyecto de Saneamiento Urbano de la ciudad de Montevideo, aún cuando las mismas se hubieran ejecutado antes de la vigencia del referido texto legal.

(Carp. Nº 231/85 - Rep. Nº 49/86)

10) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la invitación cursada por la Embajada de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas para que parlamentarios uruguayos visiten ese país en el mes de setiembre próximo.

(Carp. Nº 494/86 - Rep. Nº 43/86)

11) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación sobre una consulta formulada por la Junta Departamental de Colonia relativa a la interpretación legal que corresponde a los artículos 273 inciso 3º y 275 inciso 4º de la Constitución de la República, referentes a competencias para establecer las tarifas de los servicios de ómnibus.

(Carp. Nº 413/85 - Rep. Nº 45/86)

12) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación sobre una consulta formulada por la Junta Departamental de Río Negro relacionada con la inconstitucionalidad de la situación del Intendente interino, señor Ruben Rodríguez López, al ser titular simultáneamente del cargo de Secretario Ejecutivo General y de Intendente de ese Municipio (artículo 289 de la Constitución de la. República).

(Carp. Nº 454/86 - Rep. Nº 47/86)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Penco, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con Licencia, los señores senadores Cardoso, Rodríguez Camusso y Ubillos; y con aviso el señor senador Batlle.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 8 minutos)

– Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, junio 4 de 1986.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo destinado a facilitar la circulación internacional de materiales audiovisuales de carácter educativo, científico o cultural. (Acuerdo de Beirut).

(Carp. Nº 524/86)

por el que se aprueba el Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural. (Acuerdo de Florencia).

(Carp. Nº 526/86)

–A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensaje del Poder Ejecutivo por el que da cuenta de haber dictado una resolución por la que se autorizó el pago de N$ 50.057,30 a un funcionario de la Comisión Nacional de Educación Física, por concepto de diferencia de sueldos.

– Téngase presente.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solícita venia para designar Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión a la doctora Dora Domenech Baccino.

(Carp. Nº 523/86)

– A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de las manifestaciones formuladas por el señor senador Juan Carlos Fá Robaina, relacionadas con la colocación de la piedra fundamental del Jardín Español del Descubrimiento, cuyo emplazamiento se sitúa en el Parque Solari de la ciudad de Salto.

– A disposición del señor senador Juan Carlos FA Robaina.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el régimen de movilidad de las prestaciones a pasivos de la Dirección General de la Seguridad Social.

(Carp. Nº 525/86)

– A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Junta Departamental de Río Negro remite las siguientes notas:

Relacionada con la inquietud puesta de manifiesto en el sentido de que se revise el contrato que mantienen los Canales del Interior que integran la Red con el grupo de Canales de Montevideo el que tiene vencimiento el próximo mes de octubre del corriente año.

Relativa a un cambio en el sistema de tributación que aplica la Caja Rural.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de las palabras pronunciadas por el edil señor Javier Darío Arbiza, relacionadas con una solicitud efectuada ante la Dirección Nacional de Turismo, para que los automóviles brasileños conducidos por usuarios uruguayos, por medio de una concesión especial, puedan circular en todo el país, desde el 15 de diciembre al 15 de marzo.

– Ténganse presentes."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Francisco Mario Ubillos solicita licencia para faltar a la sesión de hoy."

– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

– 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se trata de un asunto de trámite.

5) ESCUELA DE LECHERIA DE NUEVA HELVECIA

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra a la hora previa para la que están anotados los señores senadores Lacalle Herrera y Martínez Moreno.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente días pasados visitamos la localidad de Nueva Helvecia. Vecinos de esa zona y padres de alumnos de la Escuela de Lechería de ese lugar, tuvieron la buena idea de invitarnos a hacer una recorrida por la institución que forma técnicos medios y sus egresados ostentan el título de Técnicos Agropecuarios en Lechería.

Obvio es señalar la importancia que la tecnificación de esta actividad agropecuaria tiene para nuestro país dada la coincidencia prácticamente unánime de todos los sectores de convertirla en una actividad de punta del desarrollo agropecuario.

Sin embargo, esta escuela está pasando por una circunstancia bastante difícil.

En primer lugar, debemos señalar que tiene más alumnos que el cupo fijado. Sus alumnos llegan a 78, cuando el límite es de 70. Para que los señores senadores tengan una idea acerca del problema, debo informar que el rubro que recibe de las autoridades de enseñanza para alimentación es de N$ 800 por mes y por alumno. Pero esos N$ 800 se reciben por 70 alumnos, por lo tanto, esa cantidad debe estirarse para la alimentación de 78.

Además, en sus compras vitales la escuela opera con un crédito que nominalmente es a 90 días, pero normalmente el plazo es mayor. Por lo tanto, cada vez que efectúa adquisiciones en el medio ve recargados los precios porque no es un buen cliente para la zona en que esta actuando.

Por encima de estas carencias está planeando –y es razonable que así sea– una opinión de la propia región. Quienes son padres de alumnos, o alumnos o quienes están ligados a la escuela, se preguntan cómo es posible que ese instituto necesite dinero si produce todos los derivados de la lechería, estando inmerso en la tarea productiva de un establecimiento de un buen nivel.

Este tema, relacionado con el famoso de los proventos que tanto dio que hablar durante la etapa presupuestal y por cuyo regreso a las unidades que los producen nos batimos infructuosamente en la Comisión de Presupuesto, es el que está planeando sobre el drama que vive esta Escuela de Lechería. Se trata de una institución que produce, vende, pero nunca ve el resultado de su producción. Debe haber pocas cosas tan desalentadoras como saber que se está produciendo y que ese resultado económico se lo lleva el "barbudo", o mejor dicho, va a las arcas de la estructura administrativa del CODICEN y vuelve o no.

Para tener una idea de lo que podría representar que esta unidad económico docente aprovechara de la propia producción, decimos que en el estado en. que está, a pesar de las carencias, produce anualmente N$ 4:000.000. En cambio, incluida una importante partida para sueldos, su presupuesto es de N$ 10:000.000.

Pero ni siquiera esos N$ 4:000.000, vuelven por lo que no es posible utilizarlos para compras concretas –en alimentos y alhajamiento– o en inversiones. Trabajan allí 37 funcionarios, entre docentes y administrativos, y también 78 muchachos; pero el resultado económico se pierde en el laberinto burocrático.

No deseo ser demasiado extenso, pero para que el Senado tenga una idea acerca de otra de sus carencias, pongo en conocimiento de los compañeros del Cuerpo, que esta unidad docente, la Escuela de Lechería, para su normal funcionamiento necesita 10.000 litros anuales de gasoil y que hasta abril había recibido solamente 1.700 litros. Es decir que, para preparar las tierras, tarea que se tiene que efectuar en el otoño, obtuvo únicamente eso y reitero que necesita 10.000 litros por año.

Lamentablemente, señor Presidente, se está descartando una posibilidad de autofinanciación –en la parte de funcionamiento– de una escuela de la que todo el país espera mucho, porque es la que forma los técnicos que necesita. En tres años los muchachos que allí acuden, pasan a trabajar en una actividad productiva, como es la lechera.

Sabemos que el tema de la enseñanza no es fácil, sobre todo en lo que tiene que ver con el dinero que a la misma, se destina; pero nos parece que ir pensando en modificar el sistema actual, de que los proventos no regresan a quien los produce, podría ser un buen ejercicio previo a la Rendición de Cuentas.

En esa ocasión, seguramente, Gobierno y oposición tendremos que pensar si permitir que los proventos sean cobrados por quienes los producen, no sería una forma de estimular a aquellos que, a veces con grandes carencias, están cumpliendo con tareas fundamentales.

En consecuencia, señor Presidente, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras pase a conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura y del CODICEN. Además, desde ya adelantamos nuestra propuesta –que formularemos en el ámbito debido– en el sentido de que estos proventos, como los de las Unidades Ejecutoras de Salud Pública, no se vuelquen en las contadurías centrales, contribuyendo a fomentar el desaliento, sino que, tal como lo propusimos en ocasión del Presupuesto, cosa que fue vetada luego por el Poder Ejecutivo, queden en los lugares en que fueron producidos.

Formulo moción en ese sentido.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Como el señor senador Martínez Moreno no se encuentra en Sala y estaba anotado para hacer uso de la palabra, ha finalizado la hora previa.

6) EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO PAIS. Su deterioro y propuestas para su recuperación.

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra en el orden del día.

En consideración el primer punto: "Exposición de treinta minutos del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera sobre el tema: ‘El Medio Ambiente en nuestro país Su Deterioro y Propuestas para su recuperación’. (Carp. Nº 505/86)."

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. – Señor Presidente: mañana se conmemora el Día Mundial de la Preservación del Medio Ambiente. Dado que el Senado debía sesionar hoy, entendimos oportuno insumir parte de su tiempo con el objeto de hacer algunas reflexiones acerca de un tema que, gradualmente, va ganando la atención del mundo civilizado.

Creo que en alguna otra exposición que rozaba este tema hemos dicho que una de las conquistas culturales de los últimos tiempos –barrera que el hombre franqueó– es la de haber comprendido que el mundo no era un bien inextinguible, que la biósfera, que la nave planetaria Tierra en la que todos estamos embarcados, no es algo que pueda destruirse, ensuciarse y gastarse "a piacere". Para el hombre, que fue conquistando el ámbito terrestre, el lacustre y el fluvial, gran parte del marítimo y también de la atmósfera, esta realidad le ha dado una lección de humildad y le ha quitado la soberbia en su trato con la naturaleza y con el medio en el que está inmerso.

A fines del siglo XX, no solamente a través de los organismos internacionales más importantes, no solamente a través de las conciencias esclarecidas de gran parte de los pobladores de muchos países, sino en el habla del hombre común ya surge la certeza de que los ríos no puedan usarse como basureros químicos, que la atmósfera no puede llenarse de monóxido de carbono, que se corre el riesgo de la erosión de las tierras fértiles y que hay que terminar con la tala indiscriminada de árboles.

Entonces, señor Presidente, una vez que el hombre ha traspasado esta barrera cultural, tiene que dar el paso siguiente, que es el de detener y aún revertir ese proceso de destrucción.

La consideración de este tema está erizada de preconceptos; los hay de todas los gustos, calibres y signos. Por ejemplo hay quienes pretenden que nuestro mundo vuelva a ser un "edén silvestre", eliminando los rastros del progreso y convirtiendo a la Tierra en un gran parque nacional. Otros entienden que en aras del ídolo del progreso material es necesario sacrificar el agua de los ríos, florestas y atmósfera. Por supuesto que las cosas no son tan simples, no es posible acercarse con ligereza a un tema como éste. Dejémoslo para los que abogan apasionadamente por una u otra causa.

La esencia de nuestra tarea, señor Presidente, para los que somos legisladores o para los gobernantes, es adecuar el progreso a la preservación de la naturaleza y en el marco más equilibrado posible.

¿Cómo conmemorar esta fecha? Seguramente que mañana los órganos de prensa se ocuparán del tema, se harán reportajes a los organismos especializados y nosotros, que estamos en representación del pueblo, tenemos el deber de decir algunas palabras positivas en este ámbito, aunque partan de un análisis critico, pesimista, sin ser alarmista pero alarmante, de cuál es la situación de nuestro país en esta materia.

Quizás porque no estamos inmersos en la nube letal que rodea a San Pablo, porque nuestras industrias no son comunes en todo nuestro territorio y en la ciudad de Montevideo, gracias a sus vientos oceánicos y fluviales, es posible ver las estrellas, el común del pueblo diga que aquí no hay problemas, que vamos a dejar a quien corresponda que arregle los de San Bernardo Do Campo, los de Los Angeles o México. Posiblemente esta opinión del vulgo sea lo más peligroso para Uruguay porque la realidad es que el problema existe a su escala demográfica, geográfica y del desarrollo de determinadas actividades.

El problema en Uruguay tiene sus propias características y de nada sirve medirlo con las varas de las localidades que anticipábamos recién, sino que tenemos que juzgarlo desde el aquí y el ahora en el que nos toca legislar y tomar conciencia.

La sensación de. que la naturaleza es un sistema único, de que en la biósfera el hombre es uno más de los participes es el punto de partida –como decía un reclamo de las organizaciones mundiales de preservación del medio ambiente– de la idea de que el hombre es, en una manera que todavía no podemos describir, hermano del resto del mundo vivo que comparte la circunstancia del nacimiento, de la reproducción y de la muerte. Ese hombre uruguayo está inmerso en una circunstancia ambiental que primero tenemos que denunciar y luego tratar de modificar.

El tema del medio ambiente tiene vinculaciones :económicas con el bienestar y la salud. Es muy importante señalar lo primero ya que tiene un costo que no es lo que en primer término aparece en nuestro horizonte mental en relación a cuánto ascendería solucionar los problemas, evitando que esos ómnibus y camiones lancen emanaciones por sus caños de escape a tal punto que nos hacen cerrar las ventanillas cuando pasamos a su lado, o sea, cuánto costaría controlarlos, colocándoles aparatos que evitaran la propagación de los gases. Este es el primer aspecto de carácter económico que se le ocurre a todo el mundo, o sea, por ejemplo cuánto le significaría a una fábrica tratar los desechos industriales. La vacilación surge, justamente, porque existe ese costo. Sin embargo, nosotros utilizamos la palabra costo también en otro sentido, en el de cuánto representa no hacerlo, en el de cuánto repercute en la salud, en horas de trabajo perdidas, en deficiencias genéticas, en enfermedades crónicas. El no adoptar una medida trae todas esas consecuencias que, por supuesto, siempre van a ser más difíciles de calcular que el gasto que significa instalar un aparato en un motor que tiene un precio concreto por unidad. Repito que resulta mucho más difícil medir las consecuencias que toda esto trae en el ambiente al crearse una nube mortífera. De todas maneras, pienso que estas repercusiones están fuera de toda discusión y que hoy en día el tema del bienestar y de la salud son palpables; de ahí que cuando hablamos del costo que tiene para un país el encarar este problema, sabemos que lo tiene en una de los sentidos, pero nos levantamos enérgicamente en procura de que sea el otro el que estamos evitando.

La antinomia entre desarrollo y protección del medio ambiente ya la señalamos. Nuestro país desea y está encaminado, más allá de las posiciones políticas de cada uno, a encarar su pleno desarrollo quizá intentando hacerlo en armonía con la naturaleza para evitar lo que muy cerca de nuestra frontera está ocurriendo, para que no se vaya a repetir.

Nuestra responsabilidad aquí, en el Senado, es fundamentalmente la de legislar y fiscalizar. Se ha acuñado, respecto del análisis de qué características debe tener la legislación ambiental, la idea de que la de esta naturaleza debe tener un sentido holístico. Este término deriva de la palabra griega "bolo" que significa "todo". Quizá éste, que es el paso fundamental que tenemos que dar, primero íntimamente y después en nuestros actos, sea el más difícil de calibrar porque prácticamente todas las leyes que pasan por nuestras manos tienen, más aquí o más allá, más inmediata o más mediatamente, una incidencia en el tema del medio ambiente.

En nuestro país el balance no es halagüeño. Debemos pasar revista, brevemente, al ambiente en que estamos inmersos, porque así tendremos la sensación de que somos nosotros mismos y no otros. Al salir de aquí estaremos dentro del ambiente que vamos a describir someramente para no tomar mucho tiempo al Senado.

Se ha intentado mejorar la eliminación de las aguas servidas de Montevideo mediante una obra de ingeniería importante sobre cuyo éxito final hay distintas versiones. De todas maneras, seguiremos viviendo hasta marzo de 1987 con una costa totalmente contaminada; el análisis de sus aguas podría dar lugar a que un nuevo Pasteur escribiera varias obras.

Llegamos, después de la recopilación de datos que hicimos para realizar esta exposición del día de hoy, a una somera cuenta de la cantidad de colibacilos existentes, por ejemplo, en la cuenca del arroyo Carrasco, donde hay 1.500:000.000 de colibacilos por litro, cuando lo tolerable son 5.000 y hay 85.000 estreptococos por litro, suficientes para causar grandes infecciones. El oxígeno disuelto, químicamente, hace imposible la vida acuática en algunas de esas vías de agua cercanas a Montevideo. El cromo de las curtiembres llega a 5 miligramos por litro, o sea, 100 veces más que la cantidad admisible; los cloruros, los detergentes y los desechos industriales llegan a valores 10 veces mayores de lo tolerable para que el ecosistema funcione.

Lo mismo debemos decir del sistema de recolección de residuos de la Capital que, hoy en día, es abarcado por la iniciativa de los juntadores que todos conocemos en lo que hemos llamado la "calcutización" de Montevideo, así como por los servicios de barrido y limpieza. Pero más allá o más acá de una u otra opinión, debemos darnos cuenta de que Montevideo es una ciudad en la que la fetidez en las zonas en que se acumula la basura es tremenda.

Tenemos, como toda ciudad que posee un parque automotor viejo y sobre el que no se ejerce ningún contralor, una contaminación atmosférica muy grande. Basta circular por las calles para comprobar que esto es cierto; si bien las sudestadas y los pamperos ayudan para que sobre nuestra ciudad no planee permanentemente una nube letal, sin lugar a dudas, es una circunstancia que, al igual que las emanaciones de las chimeneas industriales, constituye una amenaza concreta y presente.

En materia de aguas, las del Río de la Plata y aún las del océano son tributarias del galopante desarrollo del Brasil. Las aguas que bajan del corazón industrial de San Pablo desembocan, a través de los ríos, en nuestro Río Uruguay y en el Río de la Plata. Entre los arroyos del interior de nuestro país que están infectados, se puede citar el Cuareim, el Tacuarembó, el Tacuarembó Chico, el Corrales y el Conventos. Todos quienes hemos visitado la ciudad de Melo sabemos lo que es el arroyo Conventos, una vía de agua que no tiene salida, que tiene un desagüe muy lento y a la que van todas las aguas servidas de esa ciudad. Basta cruzar los arroyos Pando y Carrasco para advertir hasta qué punto se está viviendo una circunstancia de extrema contaminación.

Al respecto señalamos un episodio muy dramático que allí sucedió y que está recogido en un trabajo. El 13 de mayo de 1983 un joven, acompañado de su perro, estaba remando en un gajo del río Santa Lucía; en determinado momento caen al agua y mueren, pero no ahogados sino envenenados, comprobándose que los cuerpos habían sido llagados por los contaminantes químicos que allí estaban mezclados con el agua.

Esta situación tiene lugar a pocos kilómetros de aquí.

Al respecto, debo decir que hemos hecho una denuncia –la que se encuentra en la órbita de la Comisión de Agricultura y Pesca porque, como decimos los paisanos, nos pareció que era la más aparente para tratar este tema– sobre el grado de toxicidad de la cuenca de la Laguna Merín.

La agricultura del Brasil –esa gran locomotora del desarrollo económico– utiliza, como forma de guerra relámpago la "blitz Krieg", los más potentes herbicidas, venenos y cebos tóxicos, los que a través de la cuenca vienen a dar al río Yaguarón y a la Laguna Merín. El año pasado nos han llegado denuncias –las que trasmitimos al Senado– sobre análisis efectuados a las aguas del río Yaguarón y de la Laguna Merín que demostraban que esto se estaba transformando en un sistema hídrico de lenta salida hacia el Océano y, por lo tanto, particularmente propicio a que la muerte del ecosistema se produzca por la acumulación de los tóxicos. Esto ha llegado a un límite realmente preocupante.

Por otra parte, frente a Montevideo se realizan alijes ilegales de tanqueros de petróleo, de buques cisterna. Todos hemos caminado por las playas y, sin exagerar, puedo afirmar que hemos sufrido al descubrir que estaban contaminadas por el petróleo. Si pensamos en los peligros y en la latente amenaza de la boya petrolera de José Ignacio, también vemos allí otro tipo de contaminación que afecta no sólo los aspectos biológicos sino cosas tanto más superficiales como puede ser una temporada turística.

En materia de enmendar la plana a la naturaleza también el hombre ha hecho lo suyo. La desecación de los bañados de Rocha, por ejemplo, ha merecido un detenido análisis y se ha podido apreciar que el hombre, de una manera quizás innecesaria, ha eliminado los filtros naturales de las aguas, tal cual lo ha hecho con la canalización del arroyo Carrasco.

Otro ejemplo que podemos citar es el de la forestación de Cabo Polonio. Trataré de explicar: las dunas se interrelacionan con el mar y el viento desde tiempo ya memorial y hay un ciclo, sabio, como todos los de la naturaleza, que hace que el viento lleve los grandes médanos hacia el Este, los que son nuevamente traídos por el mar a través del Cabo Polonio, conformando de esta manera el ciclo a que hacía mención.

Se ha procedido a la forestación de importantes franjas, con lo que se ha interrumpido ese ciclo y con lo que seguramente se llegará a eliminar las playas existentes. El sistema es una cuestión dinámica que tiene su propio tiempo de compensación y de equilibrio,

En lo que hace a la fauna –otro de los aspectos que tenemos que proteger– nuestro país tiene una larga lista de especies en extinción o a punto de estarlo. Corresponde decir que amenazadas de extinción hay once especies de mamíferos y veintiocho de aves. Estas son cifras que nos deben provocar alerta. Que desaparezca del mundo una especie es un drama que a veces puede considerarse nimio, pero que no obstante representa la ruptura del equilibrio que la naturaleza ha conocido desde siempre.

No se trata sólo de que tengamos simpatía por el reino animal o una suerte de sentido panteísta –que sí lo tenemos, porque consideramos a la creación como un todo– sino que no se puede impunemente incursionar en el equilibrio de la naturaleza. Por un lado u otro esto se paga y se siente así el coletazo de ese sistema al cual se agrede.

Al hacer esta especie de repaso –que podría ser mucho más extenso– ponemos de manifiesto y hemos aportado las probanzas, por cierto comprobables por todos los que nos escuchan, que no estamos a la vera del camino en materia de problemas; baste señalar, para completar el tema, la erosión.

Las mejores tierras agrícolas del país, están frente a Pocitos, en el fondo del Río de la Plata. Todos los que recorremos el país sabemos lo que ha sido el laboreo permanente de doscientos años de reja. En muchas partes de la República el suelo superficial más rico ha sido lavado. Son los blanqueales –hay que verlos desde el aire– que se ven en la parte Este de Canelones. Es decir, que todas esas tierras están hoy en el fondo de los ríos. Todos somos conscientes de que esto es verdad y de que algo tenemos que hacer. ¿Cuáles han sido –porque los ha habido– los intentos en éste país? En el Uruguay se ha creado por ley una Institución para la preservación del medio ambiente, organismo oficial de una composición relativamente complicada –con origen diverso– también existen y trabajan generosamente en el país, organismos privados, como la Sociedad de Amigos de Preservación del Medio Ambiente y otros que a través de publicaciones periódicas o de los medios de comunicación dan a conocer sus actividades, cumpliendo de esta manera un papel importante en lo que hace a la materia educacional.

Sin lugar a dudas, cabe preguntarse que ha pasado con la legislación hasta el momento. Las leyes no son inmutables; pueden ser modificadas, derogadas o adaptadas. Puede pensarse que la agilidad no ha sido la característica fundamental del organismo oficial creado por ley. También puede decirse, y con acierto, que una falta de coordinación entre los organismos privados le haya hecho perder eficacia; o acaso que hayamos estado omisos.

El primer aspecto sobre el que habría que llamar la atención en la tarde de hoy, sería llevar a cabo una evaluación, ya no del estudio, de la conservación o la agresión al medio ambiente sino un análisis y balance sobre la utilidad del esfuerzo –si es que lo ha habido– de los organismos oficiales, que son los que están bajo nuestra responsabilidad.

En segundo lugar, corresponde preguntarse si el Parlamento debería colocar dentro de su competencia a algún organismo específico. Puede ser que en el día de mañana la Cámara de Representantes, el Senado o bien la Asamblea General crea necesario que un organismo de estas características se inserte dentro de sus Comisiones a efectos de analizar este tema. A este respecto, debemos decir que hay iniciativas que están dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo.

Se ha pensado en la creación de una Secretaría de Estado que fuera coordinadora y que se dedicara, justamente, a atar los cabos en relación a un tema que está repartido entre todos los Ministerios; porque desde el de Educación y Cultura al de Obras Públicas, desde el de Ganadería, Agricultura y Pesca al de Economía y Finanzas, todos tienen que ver con esto, pero para ninguno es una prioridad. Entonces, es posible que una buena medida gubernativa sea crear una oficina con suficiente rango como para que sea atendida en forma debida y que oficie de coordinadora entre todos los Ministerios que se reparten las competencias gubernativas.

Simplemente, hemos expuesto estos tres tipos de medidas que, a nuestro juicio, podrían representar una actitud positiva del Poder Legislativo de la República ante este tema de obvia importancia.

Por nuestra parte, vamos a presentar un proyecto de ley ante la Secretaría de este Cuerpo en la próxima semana, inspirado en el creado por un colega del Senado brasileño, y que nos parece que representaría una de las primeras medidas que se pueden tomar en este tema.

En nuestro país se consumen, venden e industrializan productos químicos que en sus países de origen están prohibidos. Es decir que al Uruguay llegan materias primas y productos químicos de aplicación agrícola provenientes de países industrializados, que allí están prohibidos y son enviados a las naciones del tercer mundo. Un colega nuestro, en Brasil, tuvo la buena idea de presentar un proyecto de ley por el que se exige que todo importador que desee introducir productos químicos al país, debe suministrar pruebas oficiales de que su uso, consumo e industrialización están autorizados en el país de origen, porque si Alemania no lo quiere para sí –ni tampoco Estados Unidos o Inglaterra– nosotros no tenemos por qué ser el basurero de tóxicos de los países industrializados.

Este proyecto de ley, señor Presidente, será una pequeña contribución para que empecemos a legislar sobre el tema. Hoy, y en homenaje al Día Mundial de la Preservación del Medio Ambiente, que se conmemorará mañana, quisimos distraer al Senado para poner a consideración este tema, con la certeza de que todo cuidado que tengamos a nuestro cargo para preservar lo que se ha dado en llamar "el navío espacial tierra", será bienvenido por nosotros, pero sobre todo nos lo agradecerán las próximas generaciones.

Nada más.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Señor Presidente: cabe felicitar al señor senador Lacalle Herrera por haber planteado un tema de tanta importancia a nivel nacional.

Ha tocado varios aspectos muy interesantes como, por ejemplo, aquellos relacionados con el deterioro del medio ambiente en nuestro país.

Cuando fuimos gobernantes del departamento de Colonia, sentimos inquietudes que tuvieron resultados esporádicos obtenidos por iniciativa del concejal ingeniero agrónomo Horacio Bianchi, con quien trabajamos muy armoniosa y fecundamente, contando con la colaboración de la Universidad de la República. Este apoyo fue a través de las Facultades de Ingeniería y muy especialmente la de Arquitectura, en momentos en que su Decano era el arquitecto Gómez Gavazzo, quien visitó Colonia acompañado de profesores, ingenieros y colegas de su profesión.

Hicimos un plan para el departamento de Colonia, y una de las cosas que fue planteada por el entonces ingeniero agrónomo Bianchi –lamentablemente fallecido– fue el procurar alguna solución que ayudara a los pobladores campesinos del departamento en su lucha contra la erosión. Decía el señor senador Lacalle Herrera, precisamente, que existen tierras en el Uruguay que están roturadas desde hace más de doscientos años, diría que en realidad es desde hace más de trescientos, porque en Colonia la agricultura comenzó desde el advenimiento de los portugueses, que roturaron la tierra en la zona del Caño, de San Pedro, en las cercanías de la misma ciudad de Colonia, de Carmelo y parte de San Juan, pero también ese proceso erosional se puede percibir en otros lugares. Este proceso le va quitando a nuestras tierras sus capas de fertilidad que nos son tan necesarias; contamos únicamente con dieciséis millones de hectáreas útiles para emplear en el desarrollo agropecuario de la República.

Como decía, presentamos un plan a efectos de colaborar con los agricultores, que consistía en un sistema para roturar la tierra que permitiera científicamente evitar el mal de la erosión y, afortunadamente, ello se pudo hacer contando con el apoyo de varios productores que se prestaron a esa experiencia, dirigida por el ingeniero agrónomo Bianchi, gobernante municipal, el Director de Obras del departamento de Colonia, ingeniero Francisco Gonet y otro funcionario, el ingeniero Guido Roland. Con la concurrencia de profesores, arquitectos y alumnos de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, había más de doscientos hombres de ciencia trabajando en el departamento de Colonia en esta tarea.

Rindo homenaje, señor Presidente, a todos esos hombres, por lo que hicieron por el departamento y digo, a la vez, que nuestra Universidad de la República es una institución ávida de querer ayudar a los Gobiernos Departamentales y a otros organismos públicos. Lo que debe hacer el Estado es, justamente, utilizar esas capacidades humanas, su ciencia, sus posibilidades de trabajo. En ese entonces, yo, que era un gobernante muy joven, solicité ayuda a la Universidad y ella me la brindó prontamente; les tengo que agradecer por ello.

Reitero que hoy rindo en esta Sala homenaje a esas personas y su trabajo que, además, tuvo una consecuencia muy importante. Las Facultades que mencioné establecieron un convenio con sus pares de Buenos Aires, por el que iban a Colonia, donde pasaban días y semanas trabajando en pro del desarrollo de este pueblo maravilloso.

Debo decir, señor Presidente, que todo eso ha quedado en el camino. Es menester que los Gobernantes Municipales, que todas las instituciones del Estado, debido a su responsabilidad en este tema, muy especialmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se preocupen y utilicen los medios científicos y técnicos adecuados en favor de lo que tanto le inquieta al señor senador Lacalle Herrera y a todos los integrantes de este Cuerpo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Creo que también me cabe felicitar al señor senador Lacalle Herrera por haber traído a este Cuerpo un tema que es un poco esa crisis silenciosa que casi siempre queda oculta detrás de los problemas de salarios, de paz social, de todo eso que constituye el transcurrir de la vida cotidiana de cada uno de los integrantes de una sociedad. Cuando uno vive esa angustia y ese proceso mental que gira en torno de la supervivencia, es muy difícil que se preocupe –salvo que también se sirva de esos recursos– de la erosión y del deterioro de las pasturas naturales, de la desaparición del monte indígena, etcétera.

Todos queremos tener siempre leña buena y dura, y lo que se ha señalado implica la lenta desaparición de los montes indígenas, la modificación de los cauces de evaporación y de las condiciones ambientales. La depredación de la fauna, es algo que también uno vive desde lejos. Recuerdo que hace algún tiempo leí lo que ocurría en Paraguay con el Pájaro Campana, que todos conocemos mucho más, a través de la canción que lleva su nombre. Esa especie está desapareciendo; prácticamente no existe ya, porque se hizo común su caza y su encierro, donde canta y llora su libertad perdida y al poco tiempo muere. En el Uruguay hemos vivido casos similares con otras especies, tal vez no tan hermosas ni tan románticas como el Pájaro Campana y hemos sufrido un proceso de contaminación de aguas, que no solamente se da en los lugares donde existe una gran concentración urbana. Hace más de veinte años nació Brasilia, con lagos artificiales, que están ya contaminados por una enorme polución.

En cierto sentido, todos estamos "enfermos de desarrollo" ya que él ha significado, generalmente, una permanente agresión a la naturaleza. Ello ocurre en el Uruguay y en el mundo entero. La tala de montes en la Amazonia, las represas de la Cuenca del Sur –Corpus, Yaciretá– han implicado una modificación sustancial del medio ambiente.

Decía Jorge Chebataroff, que no era aventurado suponer que el cambio de clima en la parte sur del continente y todas las inundaciones producidas en el alto y bajo Paraná y en el alto y bajo Uruguay, se debieran a las sustanciales modificaciones producidas por la evaporación que había implicado la tala en Amazonia.

Creo que todos estamos en deuda con respecto a este problema, porque todos nosotros hemos sido víctimas de esa brutal urgencia que tiene la vida: muchas veces, viendo lo urgente, hemos dejado de ver lo importante.

Una política de medio ambiento no alcanza solamente a un gobierno, ni siquiera a varios; es una política de toda una comunidad y de toda la sociedad mundial. Cuando un monte se tala y se producen consecuencias negativas en un determinado medio, ellas pueden ser irreversibles para toda la humanidad.

Me voy a permitir relatar una anécdota.

En determinado momento, en la última campaña electoral, durante el transcurso de un pequeño acto en el departamento de Maldonado, un muchacho joven levantó la mano y me preguntó: "¿Qué piensa usted, doctor, que debe hacerse con el humo de las chimeneas?". Le contesté, tontamente, que primero debíamos tratar de que saliera humo de las chimeneas para después ver qué hacíamos con él. El joven aclaró luego su inquietud. Manifestó que no se quería referir solamente al problema de las chimeneas y del humo, sino también a todo un esquema de contaminación que implicaba al medio ambiente como tal. Consideré que fui frívolo y vacío en mi respuesta, e inclusive luego quedé con una profunda angustia y, tal vez, desde ese momento, nació en mí una preocupación por el medio ambiente que hizo que en más de una oportunidad hablara con el señor senador Lacalle Herrera sobre el tema, y que en varias ocasiones realizara algunas gestiones y pedidos de informes tendientes a encontrar algunos caminos, a los efectos de ver qué era lo que se había legislado al respecto en otros países. En lo que concierne a la legislación, es muy difícil trasladar conceptos, soluciones, objetivos, etcétera, pero evidentemente tenemos que buscar soluciones para nuestro problema ambiental.

Uruguay tiene contaminación y polución, cuando prácticamente no posee una industria que funcione. Cuando vemos la publicidad que pasan por televisión, que menciona los diez países con mayor índice de cáncer y advertimos que nuestro país está primero, quizás estemos más pendientes de la música que de la letra, y de pronto nos llama más la atención el "uruguayos campeones", que el pensar que ello implica para nosotros el número uno en materia de mortalidad por esa enfermedad.

Este problema, dio lugar a una meritoria intervención del señor senador Singer en el día de ayer. Tenemos que ser conscientes, de que estas cosas no ocurren por casualidad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, qué contralores existen con respecto a los pesticidas que se aplican en nuestro país? Por ejemplo, ha sido muy publicitada por el Municipio de Montevideo, la construcción de un caño colector –después de un estudio de corrientes, que puede haber sido más o menos profundo– que envía a las aguas del Río de la Plata –no al océano– siete kilómetros mar adentro, siete metros cúbicos de agua contaminada por segundo. Observen los señores senadores lo que ello implica. ¿Cuáles son las consecuencias de ese colector? No olvidemos, que el mismo envía centralmente, lo que hasta este momento, es llevado por los colectores que existen a lo largo de todos los kilómetros que se extienden sobre la costa de Montevideo. No estoy cuestionando ni combatiendo la obra. Digo simplemente que estoy absolutamente seguro, de que la misma –realizada con una consultora norteamericana– no cumple los mínimos sanitarios exigidos en Estados Unidos.

Entonces, vivimos naturalmente en un clima en el que no solamente somos víctimas de una acción del hombre poco respetuoso de sí mismo, sino también, de una permanente agresión del ser humano hacia la naturaleza.

¿Qué es lo que ocurre con las aguas que desechan las industrias? ¿A cuántas de ellas se les aplica un tratamiento purificador? No lo hacen las industrias privadas ni el Estado.

Los señores senadores saben, porque más de una vez lo he mencionado, que vivo en La Teja. Puedo decirles, que hace algunos años, era imposible habitar en zonas cercanas al arroyo Pantanoso, por el olor que los desperdicios de los frigoríficos despedían allí. Es trágico que ese olor haya desaparecido, no porque se ha a realizado una labor sanitaria, sino porque hoy esos frigoríficos ya no funcionan.

Debemos ser conscientes, de que es importante que existan normas legales en esta materia. Actualmente, no hay normas que tiendan a la protección del medio ambiente. Nosotros no tenemos una mentalidad que nos lleve –y cuando digo "nosotros" me refiero a todos; no es un planteamiento de carácter político ni partidario, sino que es un problema que refiere a cada uno de nosotros, como ciudadanos y como hombres– a respetar la naturaleza; ninguno de nosotros siente respeto por el hombre agredido. Vivimos una época de desarrollo, pero ese desarrollo implica un fin de lucro que casi siempre tiende a agredir a la naturaleza. Para obtener ese desarrollo, se busca aplicar los menores esfuerzos y bienes materiales, y no se tiende a defender al otro individuo contra esa acción.

Pienso que esto que señalo, tiene que ser sentido como una necesidad. En nuestro régimen constitucional, tendremos que legislar en materia de medio ambiente, tendiendo a la protección del individuo y también de la propia naturaleza porque, en definitiva, la protección de ésta, es nuestra propia seguridad para el futuro.

Estos pocos minutos que el Senado le está dedicando a este tema, por lo menos significan una aproximación a la necesidad de crear conciencia, de que no siempre lo urgente va de la mano de lo importante, y que muchas veces, es imprescindible mirar por encima de lo que uno tiene ahora, para darnos cuenta de que, en la medida en que defendamos al medio ambiente y al individuo, lograremos abrir mejores perspectivas y posibilidades para el futuro.

Deseaba realizar esta modesta exposición al planteamiento formulado por el señor senador Lacalle Herrera, que naturalmente comparto, porque considero que este Cuerpo también debe hacer su aportación al Día Mundial del Medio Ambiente.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra para ocuparme del mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: muy brevemente deseo expresar algunas palabras en nombre del sector político que integro, relacionadas con este importante tema que ha planteado el señor senador Lacalle Herrera, de cuya sensibilidad por éste y por otros asuntos de análoga naturaleza, todos tenemos conciencia.

Tal como se ha recordado, mañana se celebra el "Día Mundial del Medio Ambiente". Queremos significar ante el Senado que, naturalmente, compartimos todas y cada una de las manifestaciones vertidas por el señor senador Lacalle Herrera, en primer lugar, y en buena medida, también, las que ha expresado con mucha elocuencia el señor senador Batalla, posteriormente.

Recordaba recién que hace muchos años –en 1971– leí una publicación de las Naciones Unidas, que viene bien rememorar en este momento, porque quince anos después, lamentablemente, mantiene vigencia. Se decía en aquella publicación, en una especie de lema o apotegma, que mucho se habla del clima, pero poco se hace por cambiarlo.

Estimamos que, a pesar del tiempo transcurrido y de los avances en el campo de la tecnología y de la informática –todas esas manifestaciones de la ciencia que han movido la sensibilidad, fundamentalmente, del señor senador Lacalle Herrera– es poco lo que el mundo ha progresado en materia de preservación del "medio ambiente". En forma diaria nos sentimos sorprendidos negativamente por la realidad que están viviendo ciudades como Ciudad de México, San Pablo o Los Angeles, que permanentemente son citadas como ejemplo de esta situación. La polución en esos lugares va ensombreciendo el cielo de manera permanente, de forma tal que en los días de actividad, no se aprecian esas estrellas a las que se refería el señor senador Lacalle Herrera, ni el cielo límpido que antes tenían. El "smog" las cubre y ya no significa un riesgo inminente sino real y cierto para la salud humana y para la propagación de esa enfermedad tan cruel y generalizada a la cual en el día de ayer se refirió, con su habitual elocuencia, mi estimado amigo el señor senador Singer.

Todo lo que se hable y todo lo que se afirme en relación a este tema –y deseamos manifestar esto con complacencia– será poco, porque como muy bien señalaba recién el señor senador Batalla, a veces se eliminan ciertos efectos porque desaparece la causa que los genera cuando ésta es, por ejemplo, de tipo laboral, como en la situación que él indicaba, pero no porque desde el punto de vista ecológico, en cuanto a la actividad que deba desarrollarse, se haya adoptado medida alguna para evitar la propagación o para liquidar el elemento nocivo que la provoca. Por todo ello queremos expresar nuestra preocupación.

No quiero terminar mis palabras sin antes señalar –aclaro que no es con el propósito de pasar un aviso, como suele decir a veces mi apreciado amigo, el señor senador Ricaldoni, por lo que pido al Cuerpo que no lo interprete en ese sentido– que en el mes de octubre del año pasado he presentado un proyecto a este respecto. Compartimos la preocupación que ha puesto de manifiesto el señor senador Lacalle Herrera con respecto a los productos de alta toxicidad que exportan otros países y que nosotros recibimos, como también estamos de acuerdo con las manifestaciones del señor senador Batalla referentes a los plaguicidas y a otras tantas especies que son elementos provocadores de ataques virulentos para la salud humana.

Como digo, señor Presidente, he presentado un proyecto que en este momento se encuentra radicado en la Comisión de Constitución y Legislación que integramos, y que se denomina "Defensa para el consumidor y el usuario". Allí están previstos todos y cada uno de los aspectos que atacan la salud humana y que se relacionan con la polución, con la ecología y con la mejor manera de combatir y defender los intereses del consumidor y del usuario, que muchas veces reciben de otros países y también del nuestro, productos o servicios de negativa utilización que se transmiten a aquéllos, que de buena fe los consumen o los usan.

Me congratulo, además, de que este asunto se haya planteado en el Senado, porque es un llamado de atención para que nos apliquemos a sancionar o a aprobar, por lo menos en esta rama del Parlamento, ese proyecto de ley con todas las modificaciones, ampliaciones o mejoras que se le quieran introducir. Va a ser una herramienta legal eficaz para el país, que actualmente, en esta materia, adolece de una gran carencia, máxime con respecto a otras naciones del mundo como ser, por ejemplo, Brasil, en buena medida Argentina, Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Suecia y Noruega, para citar algunas.

En nuestro derecho positivo existe ese vacío lamentable que todos tenemos que coadyuvar para que se llene eficazmente.

Estamos en la víspera del "Día Mundial del Medio Ambiente" que, si no me equivoco, creo haber leído, en alguna oportunidad, que no debe decir "medio ambiente", sino, solamente, "ambiente" y lo pongo de manifiesto al solo efecto de que, sí es así, se recoja la corrección del caso. El señor senador Ortiz asiente con la cabeza y ello me reconforta profundamente, como es de imaginar, no sólo por su calidad de colega, sino por otras razones que él conoce perfectamente.

.Deseo señalar, señor Presidente –y esto dicho al pasar porque, de ser así, lo que he expresado en cuanto a la denominación, habría que recoger, inclusive, a nivel mundial, esa modestísima sugerencia que, con la colaboración de mi estimado colega el señor senador Ortiz, formulamos en el seno del Cuerpo– que estas manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera, así como las muy atinadas del señor senador Batalla, formuladas hoy y las expresiones vertidas ayer por los señores senadores Singer y Fá Robaina, coadyuvan en el buen camino de dar soluciones eficaces a un problema que ya no nos es extraño desde hace mucho tiempo, que afecta al mundo y también al Uruguay. Tampoco nos son extraños ninguno de los problemas que se provocan en cualquier parte del planeta en relación con estas características que la humanidad tiene que estar soportando y que, tarde o temprano, para esta generación pero, fundamentalmente, para las generaciones que nos sucederán, tenemos el deber de solucionar por la responsabilidad que en tal sentido nos incumbe,

Por todas estas razones, señor Presidente, en cuanto sector político y parlamentario –y también en el orden personal– adherimos fervientemente a lo expresado en Sala y a la celebración que, con efectividad, pueda realizarse en el Día Mundial del Medio Ambiente, o del Ambiente, de la propuesta para su recuperación, planteada tan oportunamente y que, con sensibilidad reiterada ha sido puesta de manifiesto por el señor senador Lacalle Herrera en el seno de este Cuerpo.

SEÑOR TOURNE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. – Señor Presidente: queremos también manifestar la complacencia con que hemos escuchado al señor senador Lacalle Herrera y a los restantes integrantes del Cuerpo que han hecho uso de la palabra para referirse a este tema. Asimismo, deseamos expresar la complacencia por la inquietud y dinamismo de espíritu del señor senador Lacalle Herrera, que abordó un tema de vital importancia para el futuro del país. Se trata de un problema que, muchas veces, no está situado en un plano concreto que permita, digamos, a través de una solución específica, lograr ambientar la atención de las necesidades que esta temática plantea, y que realmente constituye un objetivo de carácter nacional que se implementa en infinidad de medidas.

Creo, señor Presidente, que realmente se ha puesto el énfasis en una temática de enorme importancia.

Distintos señores senadores –particularmente los señores senadores Lacalle Herrera y Batalla– se han referido al problema de la polución de las aguas en las playas de Montevideo y de Canelones en las zonas cercanas a Montevideo. Este es un tema que tiene una impronta a nivel concreto, local, nacional, pero que tiene otra determinación que deseamos señalar porque, indudablemente, el momento y la ocasión para implementar algún tipo de medida creo que es, precisamente, éste. Decimos esto porque se trata de enfocar un fenómeno de carácter internacional. Montevideo y, prácticamente, las ciudades que marginan la costa del Río de la Plata, constituyen el "furgón de cola" de una gran polución que proviene de esa inmensa cuenca fluvial que desemboca en dicho río.

No se trata de que el problema de polución de las playas y las zonas de Montevideo, sea local. Indudablemente que una ciudad en crecimiento constante, en lo que tiene que ver con su población, como es Montevideo, agrega un nivel de peligrosidad trascendente a ese fenómeno. Pero no menos cierto resulta que Montevideo –y quizás la zona de Colonia, así como toda la costa este del departamento de Canelones y sus playas– se encuentra con un Río de la Plata que viene poluído y que, por lo tanto, va a incidir en el grado de contaminación en forma considerable.

El gran potencial energético que han venido desarrollando países que están colocados, digamos, arriba nuestro, dentro de este fenómeno que desemboca en esa gran cuenca fluvial –como Brasil, todo el litoral argentino y Paraguay– por sus grandes represas hidroeléctricas, cuyas obras no tienen precedentes a nivel internacional, crean estos fenómenos. Todo esto significa, lisa y llanamente, el florecimiento de un potencial industrial que actualmente es considerable pero que, indudablemente, se verá multiplicado en un futuro próximo en términos realmente increíbles.

Ese potencial industrial de Argentina, Brasil y Paraguay va a ser volcado, precisamente, aguas arriba del Río de la Plata y va a determinar en definitiva, la existencia de un río poluído en grado tal que, prácticamente, constituya un peligro que seguramente, no podremos erradicar por más que adoptemos medidas concretas.

Por lo tanto, señor Presidente, existe un aspecto en este problema que, en nuestro criterio, es la dimensión internacional.

Uruguay no puede esperar de nuestros vecinos, de los países latinoamericanos que están implicados en este micro o macro sistema tendiente a la salud y a la descontaminación del medio ambiente, que surjan soluciones, precisamente, de estos países que no se ven enfrentados a ser el reservorio o el "furgón de cola" de este fenómeno de la concentración de la polución. Por supuesto, no vamos a esperar que las medidas y la preocupación provengan de Brasil que, digamos, está en el primer nivel y que, por ende, arroja todo el peso de la toxicidad de su industria aguas abajo. Lo mismo ocurre con Argentina y quizás con Paraguay en un futuro.

Por lo tanto, entendemos que es Uruguay el que tiene que dar el paso al frente y el que tiene que ambientar en los niveles internacionales, como una necesidad perentoria y fundamental, la adopción de medidas desde el punto de vista de las relaciones con Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de encontrar en la comunidad de estos países soluciones que, indudablemente, tienen que verificarse en forma colectiva.

Esta es una de las metas de política internacional a nivel americano, que el Uruguay tiene que implantar; y no creo que ello pueda lograrse con el texto de una ley. Sin duda, se trata de una de las temáticas de política internacional que, entendemos, debe ser uno de los objetivos básicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que tiene que ver con nuestra política latinoamericana y, fundamentalmente, con los países vecinos.

Considero que este aspecto debe quedar reflejado como uno de aquellos puntos en que el Senado haga hincapié fundamental a fin de que esta temática tenga un espacio reservado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda haber, en las áreas que corresponde, un entendimiento pacífico con los restantes países de este macrosistema referido, reitero, a este fenómeno de polución.

Nosotros pensábamos que, particularmente en el departamento de Canelones, era importantísima la solución aportada por la obra del colector, que se realiza en Montevideo. No es hora de entrar a analizar sus inconvenientes, que ya fueron señalados por el señor senador Batalla, pero es evidente que se trata de un tipo de solución que no contempla el crecimiento demográfico ni el problema generado por la concentración de población que se va operando en esa zona cercana a Montevideo, concretamente la faja de la costa de Canelones hasta el arroyo Solís. Allí se está operando un desplazamiento de un inmenso sector de la población que requiere soluciones que no se contemplan, precisamente, con el colector montevideano, sino que requiere otras de más vasto nivel. Se necesita allí una obra que implicaría un gran esfuerzo nacional y no por parte de un solo departamento, dada su magnitud y el nivel técnico y científico que exigiría.

Toda esta temática ha sido objeto de consideración por eminentes ciudadanos uruguayos que, desde distintos niveles, han puesto el alerta sobre este problema, agrupados en Comisiones de preservación del medio ambiente, dando un gran impulso ecológico en la defensa de todos estos valores que atañen a la salud humana.

Así, señor Presidente, en nuestro país funciona una Comisión que busca, fundamentalmente, la defensa de la fauna y de la flora autóctonas. Sus integrantes han formalizado planteos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se trata de un organismo internacional que tiene su filial en nuestro país, que está recibiendo un gran aporte y que, hasta ahora permanece un poco en el limbo, sin reconocimiento oficial, cuando en decenas de países en el mundo entero este organismo está reconocido con la información técnica y científica que produce, muy necesaria para encarar esta problemática en nuestro país.

En definitiva, señor Presidente, es evidente que este tema tendrá que recibir soluciones específicas desde el punto de vista legislativo; pero, además, requerirá un gran esfuerzo nacional que tendrá que referirse a los países vecinos. Esperamos el momento en que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está llevando a cabo una política fundamental, surja un gran acuerdo con Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de integrar un aporte decisivo a la salud humana en la gran cuenca fluvial de los ríos Paraguay y Uruguay.

Era lo que quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – No habiendo más oradores inscriptos para referirse a este tema, el Senado continúa con el orden del día.

7) CONVENIOS SOBRE COOPERACION TECNICA

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la Nación Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionado con la investigación agropecuaria.

(Carp. Nº 452/86. Rep. Nº 28/86)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 452/86
Rep. Nº 28/86

Comisión de
Asuntos Internacionales


MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS

Asunto 59/986

Montevideo, 13 de febrero de 1986.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la Nación Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de desarrollo sobre un Programa de consolidación de acuerdos de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria.

Como se señala en el Capítulo I, el Convenio tiene por objeto cooperar en el financiamiento de los gastos que demande la realización de un programa de actividades que se llevará a cabo en la región que se iniciaron en el "Programa Cooperativo de Investigación Agrícola en los Países del Cono Sur" (PROCISUR), realizadas por los Gobiernos con la participación del IICA y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, en términos del Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable de 7 de marzo de 1978.

Los objetivos específicos del Programa, materia del presente Convenio, serán:

–Consolidar las acciones y mecanismos conjuntos de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria con los países participantes, a fin de intensificar el intercambio de tecnología agropecuaria;

–Reforzar la asistencia mutua entre los países participantes para el aprovechamiento, divulgación y utilización de las tecnologías desarrolladas por dichos países individualmente, esto es, el intercambio de conocimientos y productos generados por la investigación agropecuaria en forma horizontal por los países participantes;

–Identificar nuevas posibilidades de esfuerzos cooperativos y acciones conjuntas de los países participantes para el aprovechamiento de los recursos disponibles y la búsqueda de soluciones a problemas comunes;

–incrementar la utilización, por parte de los países participantes, de la tecnología desarrollada por los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, y

–Realizar acciones para el fortalecimiento de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los países participantes, a fin de aumentar su capacidad para el manejo de la tecnología y elevar su eficiencia y eficacia.

El objetivo final del Programa será institucionalizar en los países participantes un sistema permanente de coordinación y de soporte para el apoyo recíproco y el intercambio de conocimientos relacionados con la investigación agropecuaria mediante acciones conjuntas y cooperativas.

Es de destacar los beneficios que este Programa brindará al desarrollo del sistema uruguayo de investigación agrícola y las posibilidades de complementación para muchas áreas de interés nacional. La concreción de este instrumento contribuirá en particular a la inserción efectiva del Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB) en la acción cooperativa del Programa.

Finalmente cabe señalar que el Programa tendrá su sede en la ciudad de Montevideo y será realizado por los Gobiernos con el apoyo financiero y técnico del IICA.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Julio Iglesias, Roberto Vázquez Platero, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Articulo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un Programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria (ATN/TF-2434-RE)

Art. 2º – Comuníquese, etc.

Julio Iglesias, Roberto Vázquez Platero, Luis A. Mosca.

ATN/TF-2434-RE

CONVENIO SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE
entre
la NACION ARGENTINA
la REPUBLICA DE BOLIVIA
la REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
la REPUBLICA DE CHILE
la REPUBLICA DEL PARAGUAY
la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
y el
INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
por una parte y por la otra el
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(Programa de consolidación de acciones de
intercambio y apoyo mutuo relacionadas
con la investigación agropecuaria)

CONVENIO SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE

ATN/TF-2434-RE

CONVENIO que celebran los GOBIERNOS de la NAClON ARGENTINA, la REPUBLICA DE BOLIVIA, la REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, la REPUBLICA DE CHILE, la REPUBLICA DEL PARAGUAY, la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en adelante denominados conjuntamente los "Gobiernos") y el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (en adelante denominado el "IICA"), por una parte, y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, actuando en su calidad de Administrador del Fondo Fiduciario de Progreso Social (en adelante denominado el "Administrador"), por la otra sobre el otorgamiento de recursos no reembolsables de cooperación técnica por el Administrador (en adelante denominados la "Contribución").

Este Convenio se celebra en virtud del Contrato del Fondo Fiduciario de Progreso Social, suscrito el 1º de julio de 1961 entre los Estados Unidos de América y el Banco Interamericano de Desarrollo, y modificado mediante instrumentos de fechas 17 de febrero de 1964, 7 de setiembre de 1966, 28 de abril de 1972, 3 de octubre de 1975 y 4 de marzo de 1980.

CAPITULO I
Objetivos

Sección 1.01. Finalidad de la Contribución. La Contribución, cuyos términos y condiciones se establecen en el presente Convenio, tiene por objeto cooperar en el financiamiento de los gastos que demande la realización de un programa de actividades (en adelante denominado "Programa") que se llevará a cabo en Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, Paraguay y Uruguay (en adelante denominados conjuntamente los "Países Participantes"), para consolidar las acciones de intercambio y apoyo mutuo entre dichos países relacionadas con la investigación agropecuaria, que se iniciaron en el "Programa Cooperativo de Investigación Agrícola en los Países del Cono Sur" ("PROCISUR"), realizado por los Gobiernos con la participación del IICA y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo en los términos del Convenio sobre Cooperación Técnica No Reembolsable ATN-SF-1586-RE, de 7 de marzo de 1978.

Sección 1.02. Objetivos del Programa. (a) Los objetivos específicos del Programa materia del presente Convenio serán:

(i) Consolidar las acciones y mecanismos conjuntos de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes, a fin de intensificar el intercambio de tecnología agropecuaria;

(ii) Reforzar la asistencia mutua entre los Países Participantes para el aprovechamiento, divulgación y utilización de las tecnologías desarrolladas por dichos países individualmente, esto es, el intercambio de conocimientos y productos generados por la investigación agropecuaria en forma horizontal por los Países Participantes;

(iii) Identificar nuevas posibilidades de esfuerzos cooperativos y acciones conjuntas de los Países Participantes para el aprovechamiento de los recursos disponibles y la búsqueda de soluciones a problemas comunes;

(iv) Incrementar la utilización, por parte de los Países Participantes, de la tecnología desarrollada por los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, y

(vii) Realizar acciones para el fortalecimiento de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes, a fin de aumentar su capacidad para el manejo de la tecnología y elevar su eficiencia y eficacia.

(b) El objetivo final del Programa será institucionalizar en los Países Participantes un sistema permanente de coordinación y de soporte para el apoyo recíproco y el intercambio de conocimientos relacionados con la investigación agropecuaria mediante acciones conjuntas y cooperativas.

Sección 1.03. Descripción del Programa. (a) El Programa comprenderá los siguientes Subprogramas o campos de actividad:

(i) Subprogramas principales (productos):

(1) Cereales de Verano ("Subprograma CV"), concentrando el 80% de los recursos para estos productos en maíz y los restantes en arroz y sorgo;

(2) Cereales de Invierno ("Subprograma CI"), concentrando el 80% de los recursos para estos productos en trigo y los restantes en avena, cebada y triticale;

(3) Oleaginosas ("Subprograma OL"), concentrando el 80% de los recursos para estos productos en soja y los restantes en colza o raps, girasol y maní, y

(4) Comunicación ("Subprograma CO"). 80% de los recursos para estos productos en bovinos para carne y los restantes en bovinos para leche.

(ii) Subprogramas complementarios:

(1) Sistemas de Producción ("Subprograma SP");

(2) Información y Documentación ("Subprograma ID");

(3) Transferencia de Tecnología y Capacitación ("Subprograma TC"), y

(4) Comunicación ("Subprograma CO")

(b) Los Subprogramas señalados en el párrafo (a) anterior, comprenderán, según corresponda, actividades de:

(i) Cooperación tecnológica recíproca, que incluirá: (1) reuniones técnicas y de coordinación; (2) seminarios; (3) asesoramiento de técnicos nacionales; (4) intercambio para observaciones, y (5) participación en eventos para difusión y análisis de investigaciones;

(ii) Asesoramiento, a través de consultores internacionales y de expertos del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

(iii) Adiestramiento, que incluirá: (1) cursos cortos; (2) capacitación aplicada o en servicio; (3) capacitación en instituciones especializadas, y (4) capacitación a nivel de postgrado.

(c) En el Anexo I de éste Convenio, que forma parte integrante del mismo, se establecen los lineamientos generales de las actividades antes indicadas, así como un Plan Indicativo para su realización, que servirá de base para la formulación de los Planes Anuales de Trabajo conforme a los cuales se ejecutará el Programa.

CAPITULO II
Realización del Programa

Sección 2.01. Disposiciones generales. (a) El Programa tendrá su sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y será realizado por los Gobiernos, con el apoyo financiero y técnico del IICA, que actuará además como Agencia Administradora del Programa, y la colaboración del CIMMYT y del CIAT.

(b) Los Gobiernos y el IICA realizarán el Programa tomando como base el Plan Indicativo que se establece en el Anexo I de este Convenio y los Planes Anuales de Trabajo que serán elaborados y aprobados de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.10. Para la realización del Programa, los Gobiernos y el IICA, organizarán una estructura operativa básica que comprenderá:

(i) Una Comisión Directiva, integrada por las autoridades de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes.

(ii) Un Equipo Técnico, integrado por: (1) un Director del Programa; (2) seis Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, CI, OL, BO, ID y TC, y (3) dos Especialistas de Apoyo para la ejecución de los Subprogramas SP y CO.

(iii) Varios Consultores Internacionales para llevar a cabo las actividades de asesoramiento conjuntamente con los expertos que proporcionen el CIMMYT y el CIAT.

(iv) Los Coordinadores Nacionales de cada uno de los Subprogramas que conforman el Programa, que serán designados por las respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria, y

(v) Los Especialistas Nacionales que participarán en las actividades de cooperación tecnológica recíproca y de adiestramiento, que también serán designados por las instituciones antes mencionadas.

(c) El Programa será realizado en un plazo de 4 (cuatro) años, contado a partir de la fecha en que inicie sus labores el Director del Programa, en el entendido de que: (i) dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de este Convenio, los Gobiernos constituirán la Comisión Directiva del Programa, y (ii) dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de este Convenio, quedará constituido el Equipo Técnico. Estos plazos y los demás que se establecen en el presente Capítulo, sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Administrador.

(d) Para los efectos del presente Convenio se tendrá como fecha de iniciación del Programa la que corresponda al día en que comience sus labores el Director del Programa.

Sección 2.02. Comisión Directiva. (a) La Comisión Directiva del Programa será constituida por los Gobiernos dentro del plazo señalado en la Sección 2.01 (c) (1) y estará integrada, conforme a lo dispuesto en el párrafo (b) (1) de la misma Sección 2.01, por las autoridades de sus respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria, las cuales, para los efectos del presente Convenio, serán:

(i) Por la Nación Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ("INTA");

(ii) Por la República de Bolivia, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria ("IBTA");

(iii) Por la República Federativa do Brasil, la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria ("EMBRAPA")

(iv) Por la República de Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias ("INIA");

(v) Por la República del Paraguay, la Dirección de investigación y Extensión Agropecuaria y Forestal ("DIEAF"), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y

(vi) Por la República Oriental del Uruguay, el Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" ("CIAAB").

(b) La Comisión Directiva será la máxima autoridad del Programa y tendrá las siguientes funciones:

(i) Orientar y organizar la ejecución del Programa determinando las actividades que se realizaran.

(ii) Aprobar la selección del personal profesional que integrará el Equipo Técnico del Programa, así como los términos de referencia de las labores que realizará cada uno de sus integrantes.

(iii) Aprobar los Planes Anuales de Trabajo, así como los presupuestos, informes y estados financieros del Programa.

(iv) Supervisar la ejecución del Programa en forma general y adoptar las decisiones necesarias para que se cumplan sus objetivos.

(c) La Comisión Directiva del Programa se reunirá aproximadamente cada 6 (seis) meses, en los lugares y fecha que de común acuerdo determinen sus integrantes. En sus reuniones participarán también, con voz pero sin voto, el Director del Programa, que actuará como Secretario de la Comisión Directiva, y representantes del IICA y del Administrador. Asimismo, se invitará a participar en dichas reuniones a representantes del CIMMYT, del CIAT, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de otras instituciones nacionales, regionales e internacionales vinculadas con los campos de actividad del Programa, cuando se estime oportuno.

Sección 2.0. Equipo Técnico. (a) El Equipo Técnico será constituido por el IICA, con la aprobación de la Comisión Directiva, dentro del plazo establecido en la Sección 2.01 (c) (ii), y tendrá la función de coordinar y ejecutar las actividades del Programa y de brindar el apoyo y el asesoramiento necesarios para su ejecución. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (b) (ii) de la misma Sección 2.01, el Equipo Técnico del Programa estará integrado por:

(i) Un experto internacional de alto nivel, que actuará como Director del Programa durante el periodo de ejecución de éste. El experto será contratado y financiado por el IICA a tiempo completo y radicará en la sede del Programa en la ciudad de Montevideo. En su carácter de Director del Programa, el experto que se contrate será responsable, entre otros aspectos, de la conducción de las actividades del Programa; de la preparación de los Planes Anuales de Trabajo y de los presupuestos e informes que se presentarán a la aprobación de la Comisión Directiva, y participará en las reuniones de ésta, con voz pero sin voto, actuando como Secretario de la misma.

(ii) Seis especialistas de alto nivel, que actuarán, respectivamente como Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, CI, OL, BO, ID y TC, los cuales prestarán sus servicios a tiempo completo por un plazo de 48 (cuarenta y ocho) meses cada uno, como técnicos asociados del IICA. Los Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, BO y TC serán designados o contratados por el Gobierno de la Nación Argentina, a través del INTA, y radicarán en ese país. Los Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CI, OL e ID serán designados o contratados por el Gobierno de la República Federativa do Brasil, a través de EMBRAPA, y radicarán en ese país.

(iii) Dos expertos internacionales de alto nivel, que actuarán como Especialistas de Apoyo de los Subprogramas SP y CO durante el período de ejecución del Programa. Estos expertos serán contratados por el IICA como profesionales temporales a tiempo completo y radicarán en la sede del Programa en la ciudad de Montevideo.

(b) El Equipo Técnico del Programa será complementado con varios consultores internacionales, uno de los cuales será contratado por un período de 18 (dieciocho) meses y los demás por plazos cortos, dentro de un total de 26 (veintiséis) meses/experto. Estos consultores realizarán las actividades de asesoramiento que se contemplan en el Programa, conjuntamente con los expertos que proporcionen el CIMMYT y el CIAT, en aspectos de fitotécnica, incluyendo mejoramiento para la selección de variedades con resistencia a las enfermedades; fitopatología, incluyendo enfermedades radiculares y virología; patología de insectos; producción y conservación de forrajes; suplementación alimenticia de animales en pastoreo y/u otros que se consideren necesarios. El número de los consultores internacionales que se contratarán, así como los plazos de sus servicios y los Países Participantes en los que prestarán sus servicios, serán determinados durante la ejecución del Programa, tomando como base lo establecido en el Plan Indicativo que se incluye en el Anexo I de este Convenio.

(c) En el Anexo II del presente Convenio, que forma parte integrante del mismo, se establecen los criterios para la selección de los integrantes del Equipo Técnico y de los consultores internacionales a que se refiere el párrafo (b) anterior, así como los términos de referencia de las labores que los mismos realizarán, en el entendido de que dichos términos de referencia podrán ser ajustados y/o complementados de común acuerdo entre la Comisión Directiva, el IICA y el Administrador.

(d) Al iniciarse el cuarto año de ejecución del Programa, el Equipo Técnico se reforzará con un Especialista de Apoyo adicional que será designado o contratado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

Sección 2.04. Coordinadores y Especialistas Nacionales. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.01 (b) (iv) y (v), en cada uno de los Países Participantes, la respectiva institución nacional de investigación agropecuaria designará un Coordinador Nacional para cada uno de los Subprogramas que conforman el Programa, así como los Especialistas Nacionales que participarán en la realización de las actividades de cooperación tecnológica recíproca y de adiestramiento.

Sección 2.05. Compromisos de los Gobiernos. (a) Los Gobiernos se comprometen a:

(i) Constituir la Comisión Directiva del Programa en los términos establecidos en la Sección 2.02, y formular un reglamento en el que se establezcan las bases para su funcionamiento de conformidad con las disposiciones relativas de este Convenio.

(ii) Designar, a través de sus respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria, los Coordinadores y los Especialistas Nacionales a que se refiere la Sección 2.04.

(iii) Proveer, a través de sus correspondientes instituciones nacionales de investigación agropecuaria, las instalaciones, servicios técnico-administrativos Y cualquier otro apoyo logístico que requiera, en sus respectivos países, la realización de las actividades de cooperación tecnológica recíproca, de asesoramiento a través de los consultores internacionales y de adiestramiento.

(b) Los Gobiernos se comprometen asimismo, a que sus respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria:

(i) Presenten al IICA, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de este Convenio, para su presentación al Administrador, uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el respectivo Gobierno en el presente Convenio, son válidas y exigibles.

(ii) Proporcionen al Director del Programa y a los demás integrantes del Equipo Técnico, el apoyo que se requiera para el desarrollo de sus trabajos, incluyendo los elementos necesarios para la preparación de los Planes Anuales de Trabajo, la evaluación del Programa y de los informes a que se refieren respectivamente las Secciones 2.10. 2.11 y 2.12 y

(iii) Presenten al IICA, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha en que concluya el Programa, para su presentación al Administrador, un informe que contenga una evaluación de los resultados del Programa en su respectivo país.

(c) El Gobierno de la Nación Argentina se compromete, además, a: (i) designar o contratar, a través del INTA, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de este Convenio y previa consulta con la Comisión Directiva, el IICA y el Administrador, a los especialistas que actuarán como Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, BO y TC, y (ii) proveer, a través del INTA, el apoyo institucional que requiera la ejecución de dichos Subprogramas.

(d) El Gobierno de la República Federativa do Brasil se compromete también a: (i) designar o contratar, a través de EMBRAPA. dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de este Convenio y previa consulta con la Comisión Directiva, el IICA y el Administrador, a los especialistas que actuarán como Coordinadores Internacionales de los Subprogramas, CI, OL e ID, y (ii) proveer, a través de EMBRAPA, el apoyo institucional que requiera la ejecución de dichos Subprogramas dentro del Brasil.

(e) El Gobierno de la República Oriental del Uruguay se compromete, asimismo, a designar o contratar, a través del CIAAB, al iniciarse el cuarto año de ejecución del Programa, un especialista para apoyar el Equipo Técnico del Programa.

Sección 2.06. Participación del IICA. (a) El IICA, en su calidad de Agencia Administradora del Programa. desempeñará las siguientes funciones:

(i) Participará en las reuniones de la Comisión Directiva en los términos de la Sección 2.02 (c).

(ii) Organizará el Equipo Técnico del Programa en los términos establecidos en la Sección 2.03 y supervisará sus labores.

(iii) Administrará los recursos del Programa, incluyendo:

(1) La contratación de los expertos y consultores indicados en la Sección 2.03 (a) (i) y (iii), 2.03 (b) y 2.11 (b) (en adelante denominados conjuntamente los "Consultores").

(2) La contratación del personal secretarial y de apoyo que se requiera para el desarrollo de las actividades del Equipo Técnico y para la administración del Programa en general.

(3) La adquisición de los equipos, materiales y suministros que se requieran para la realización del Programa y la provisión de instalaciones Y cualquier otro apoyo logístico que sea necesario para los; fines indicados en el párrafo (2) anterior.

(4) El otorgamiento de las becas de postgrado que se contemplan en el Programa.

(iv) Colaborará con el INTA y el EMBRAPA en la selección de los Coordinadores Internacionales que uno y otro designarán o contratarán para integrar el Equipo Técnico, y nombrará técnicos asociados del IICA a los especialistas que dichas Instituciones seleccionen para tal efecto.

(v) Presentará al Administrador los informes que se indican en la Sección 2.12.

(b) El IICA desempeñará las funciones a que se refiere el párrafo (a) anterior, a través de la Oficina Central de la Dirección General y de la Dirección del Programa II de Apoyo a los Organismos Nacionales de Investigación y Transferencia de Tecnología. Asimismo, las Direcciones de las Arcas 3 (Andina) y 4 (Sur) y las Oficinas de la entidad ubicadas en los Países Participantes Colaborarán en el cumplimiento de dichas funciones en los términos que les indique la Dirección General.

(c) Queda expresamente convenido que:

(i) Las contrataciones de los Consultores a que se refiere el párrafo (a) (iii) (1) anterior se efectuarán de acuerdo con lo establecido en las Secciones 2.03 (a) (i) y (iii) y (b), 2.07, 2.08 y 2.11.

(ii) Las adquisiciones para el Programa se harán a un costo razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia, mantenimiento y otros que sean del caso. Previamente a la adquisición de bienes a ser financiados con cargo a la Contribución, el IICA presentará al Administrador, para su aprobación por éste, la lista detallada de los mismos, señalando los precios, proveedores y países de origen respectivos, en el entendido que toda orden de compra que exceda del equivalente de U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) será presentada con tres propuestas de proveedores como mínimo.

(iii) Las becas de postgrado que se financien con cargo a la Contribución se otorgarán de acuerdo con lo establecido en el Apartado C-4 del Plan Indicativo establecido en el Anexo I de este Convenio, en el entendido de que no podrá financiarse con cargo a la Contribución el sueldo regular de los becarios ni los gastos de viaje para miembros de su familia.

Sección 2.07. Contrataciones de los Consultores. (a)

El IICA contratará a los Consultores de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, presentando previamente a la aprobación de la Comisión Directiva y del Administrador: (i) el procedimiento de selección; (ii) los nombres de las personas seleccionadas, junto con sus antecedentes y experiencias profesionales, y (iii) los términos de referencia y los calendarios de trabajo respectivos, en el entendido de que dichos términos de referencia se formularán tomando como base los establecidos en el Anexo II de este Convenio. Una vez que la Comisión Directiva y el Administrador hayan aprobado los requisitos anteriores, el IICA procederá a efectuar las contrataciones correspondientes. Cuando las contrataciones se efectúen con cargo a la Contribución, el monto del costo de los servicios de cada uno de los Consultores no podrá exceder de las cantidades que respectivamente se asignan para este efecto en el Presupuesto A que se incluye en el Anexo III del presente Convenio, que forma parte integrante del mismo. El texto de los proyectos de los contratos correspondientes deberá ser presentado a la aprobación del Administrador.

(b) En los contratos con los Consultores que actuarán como Especialistas de Apoyo de los Subprogramas SP y CO o como Asesores deberá establecerse la obligación de dichos Consultores de presentar al IICA, a través del Director del Programa y con copia para el Administrador, los informes que a continuación se indican, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señala:

(i) Contrataciones por plazos superiores a 6 (seis) meses: 1) informe (s) semestral (es) a partir de la fecha en que inicien sus trabajos, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que concluya el respectivo semestre, indicando las tareas realizadas en el respectivo semestre, y (2) un informe final, al vencimiento del plazo del respectivo contrato, evaluando los resultados de sus tareas, con las conclusiones y recomendaciones que el respectivo consultor estime pertinente.

(ii) En los demás casos, un informe final, al vencimiento del respectivo contrato, indicando las tareas realizadas, con una evaluación de sus resultados y las conclusiones y recomendaciones que estime pertinente.

Los informes finales de los Consultores que tendrán a su cargo las actividades de asesoramiento deberán presentarse con los comentarios de la entidad receptora.

(c) En los contratos con los Consultores que se financien con cargo a la Contribución, deberán establecerse las monedas en que se harán los respectivos pagos, tomando en cuenta lo dispuesto en la Sección 3.02 (b) y (c), sobre uso de monedas. Asimismo, dichos contratos deberán estipular que el último pago al respectivo Consultor estará sujeto a la aceptación de su informe final por el Director del Programa y el Administrador. Dicho pago constituirá por lo menos un 10% del monto total de la suma que por concepto de honorarios se convenga en el contrato correspondiente.

(d) Es entendido que las opiniones y recomendaciones que formulen los Consultores no comprometen necesariamente a la Comisión Directiva, al IICA y al Administrador y que éstos se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren razonables.

Sección 2.08. Plazos para las contrataciones. El IICA se compromete a:

(a) Formalizar los contratos con el experto que actuará como Director del Programa y los Consultores que actuarán como Especialistas de Apoyo, en términos satisfactorios para el Administrador, dentro de un plazo de 60 (sesenta) días contado a partir de la fecha del presente Convenio.

(b) Formalizar los contratos con los demás Consultores, también en términos satisfactorios para el Administrador, dentro de los plazos que se determinen durante la ejecución del Programa.

(c) Comunicar al Administrador la fecha en que el Director del Programa. los Especialistas de Apoyo y cada uno de los demás Consultores inicien sus labores.

Sección 2.09. Colaboración de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola. (a) De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.01 (a), el Programa se llevará a cabo con la colaboración del CIMMYT y del CIAT.

(b) Los términos de la colaboración que estos centros brindarán para la ejecución del Programa serán determinados por los propios centros de acuerdo con sus respectivas programaciones y posibilidades presupuestarias. Sin embargo, conforme a lo previsto en el Plan Indicativo establecido en el Anexo I de este Convenio, se estima que los centros:

(i) Proporcionarán: (1) expertos para complementar las actividades de asesoramiento y para participar en las reuniones y seminarios; (2) publicaciones, y (3) germoplasma y semillas de poblaciones a solicitud de les Países Participantes;

(ii) Otorgarán becas para adiestramiento en servicio, y

(iii) Auspiciarán visitas de estudio y la participación de técnicos de dichos países en los eventos que los centros organicen.

(iv) El Director del Programa mantendrá contacto permanente con los referidos centros y formalizará con ellos los términos y oportunidades en que brindarán su colaboración para el desarrollo del Programa.

Sección 2.10. Planes anuales de trabajo. (a) El Programa, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.01 (b), se llevará a cabo de conformidad con los Planes Anuales de Trabajo que se formularán tomando como base al Plan Indicativo establecido en el Anexo I del presente Convenio. Los Planes Anuales de Trabajo, entre otros aspectos, especificarán:

(i) Las áreas de actividad o de tecnología que se enfocarán en cada uno de los Subprogramas que conforman el Programa.

(ii) Los objetivos y temas de las reuniones y seminarios que se llevarán a cabo, señalando para cada uno de los eventos, su ubicación, fecha de iniciación, duración y número de participantes por país.

(iii) Las actividades de asesoramiento de técnicos nacionales que se desarrollarán, con su correspondiente cronograma, indicando la especialidad, origen y lugar de trabajo de los asesores.

(iv) Las actividades de intercambio para observaciones que se realizarán, indicando la especialidad, origen y sede de trabajo de los profesionales participantes.

(v) Los eventos científicos en los que tomarán parte especialistas de los Países Participantes auspiciados por el Programa, indicando en relación con el respectivo evento, su ubicación, duración y la entidad organizadora, y en relación con los participantes, sus nombres, antecedentes profesionales y los trabajos que presentarán en el evento.

(vi) Las actividades de asesoramiento a través de consultoría internacional que se llevarán a cabo, indicando los campos que cubrirán, los países en las que se desarrollarán y los términos de referencia y cronogramas de trabajo de los Consultores respectivos.

(vii) Las actividades de adiestramiento que se realizarán, indicando, en cada caso, el tema y contenido del adiestramiento, la institución en donde se llevará a cabo y el número y origen de los participantes.

(viii) Las adquisiciones programadas, incluyendo información suficiente para la identificación de los bienes y la estimación de sus costos.

(ix) Las actividades que se realizarán con la colaboración del CIMMYT y del CIAT, indicando los aspectos mencionados en los numerales anteriores, según la actividad de que se trate.

(x) Los presupuestos detallados de cada una de las actividades que se realizarán.

(c) Los Planes Anuales de Trabajo serán preparados por el Director del Programa, con la colaboración de los demás integrantes del Equipo Técnico. Concluida su preparación, serán presentados a la aprobación de la Comisión Directiva y una vez aprobados por ésta, al IICA y, por su intermedio, al Administrador, para que respectivamente expresen su conformidad.

(d) El IICA se compromete a presentar al Administrador el primer Plan Anual de Trabajo dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha de este Convenio y los subsecuentes por lo menos 30 (treinta) días antes de la iniciación del período cubierto por el respectivo plan. Esta disposición deberá ser tomada en cuenta al contratar al Director del Programa, a fin de que éste se obligue a preparar y presentar a la aprobación de la Comisión Directiva los Planes Anuales de Trabajo con la anticipación que requiera el cumplimiento del compromiso que contrae el IICA en esta Sección.

Sección 2.11. Evaluación del Programa. (a) Los Gobiernos se comprometen a ordenar, a través de la Comisión Directiva, una evaluación de la ejecución del Programa, al mediar el cuarto semestre de actividades. con el objeto de: (i) determinar el grado de avance del mismo en función de sus objetivos, actividades y presupuesto; (ii) analizar los logros tecnológicos alcanzados, y (iii) formular las recomendaciones sobre las acciones que deban desarrollarse durante el período de ejecución restante.

(b) Para estos efectos, el IICA contratará, de conformidad con las disposiciones de la Sección 2.07, los servicios de un consultor internacional independiente de los organismos participantes, por un período aproximado de 2 (dos) meses. El Consultor realizará la evaluación tomando como base los términos de referencia que se establecen en el Anexo II de este Convenio, y presentará a la Comisión Directiva y al IICA el informe correspondiente con las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes.

(c) Las recomendaciones que formule dicho Consultor, una vez aprobadas por la Comisión Directiva, serán tomadas en cuenta al formular el Plan Anual de Trabajos para el tercer año de ejecución del Programa.

Sección 2.12. Informes. (a) El IICA se compromete a presentar al Administrador, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Convenio, los informes que a continuación se indican, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalan:

(i) Un informe inicial, dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha de este Convenio, con una descripción de los trabajos realizados para la organización de la estructura operativa básica del Programa. Este informe incluirá los nombres del Director del Programa, de los Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, CI, OL, BO, ID y TC y de los Especialistas de Apoyo para la ejecución de los Subprogramas SP y CO, y se presentará acompañado de: (1) una copia del reglamento que formará el funcionamiento de la Comisión Directiva en los términos establecidos en la Sección 2.05 (a) (i), y (2) copias de los informes jurídicos que cada uno de los Gobiernos presentará para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo (b) (i) de la misma Sección 2.05.

(ii) Informes de progreso a partir de la fecha de iniciación del Programa, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que concluya el semestre correspondiente. Estos informes deberán contener, entre otros aspectos: (1) un resumen de las actividades realizadas, indicando su ubicación, fechas de iniciación y terminación, nombres y origen institucional de los participantes, resultados obtenidos y actividades de seguimiento propuestas; (2) un detalle de las adquisiciones efectuadas para el Programa, (3) un detalle de los gastos incurridos por rubro presupuestario, y (4) un resumen de las actividades que se realizarán en el semestre siguiente.

(iii) Copias de los informes que presenten los Consultores en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 2.07 (b), dentro de los 30 (treinta) días siguientes a las fechas de recepción de dichos informes.

iv) Copia del informe de evaluación que presente el Consultor a que se refiere la Sección 2.11 (b), con los comentarios de la Comisión Directiva sobre el informe, conjuntamente con el Plan Anual de Trabajos correspondiente al tercer año de ejecución del Programa.

(v) Un informe final consolidado, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que concluya el Programa, que incluirá una descripción de las actividades realizadas, de los resultados de las mismas y de los logros tecnológicos, así como recomendaciones para asegurar la continuidad de dichas actividades.

vi) Copias de los informes de evaluación que presentarán los Gobiernos, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.05 (b) (iii), dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de recepción de los respectivos informes.

Los Informes indicados en los numerales (ii) y (v) serán preparados por el Director del Programa, con la colaboración de los demás integrantes del Equipo Técnico, y serán presentados al Administrador una vez que la Comisión Directiva los haya aprobado.

(b) El IICA se compromete asimismo a: (i) suministrar al Administrador cualquier otro informe adicional que éste razonablemente le solicite en relación con la realización del Programa y/o la utilización de la Contribución; (ii) hacer las aclaraciones y/o ampliaciones que el Administrador estime necesarias en los informes a que se refiere el párrafo (a) anterior, y (iii) mantener informado al Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Uruguay sobre los aspectos indicados en el numeral (i) anterior.

Sección 2.13. Continuidad del Programa. Los Gobiernos se comprometen a adoptar las medidas necesarias para mantener, una vez concluido el Programa, mecanismos administrativos similares a los que se establecen en el presente Convenio, a fin de que los Países Participantes puedan continuar realizando las acciones cooperativas para el aprovechamiento de la tecnología agropecuaria que se prevén en este Convenio.

CAPITULO III
Costo y Desembolso

Sección 3.01. Costo del Programa. (a) El costo del Programa se estima en el equivalente de U$S 6.046.200 (seis millones cuarenta y seis mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América) y será financiado con:

(i) La Contribución del Administrador hasta por un monto equivalente a U$S 2.255.000 (dos millones doscientos cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).

(ii) Los aportes de los Gobiernos por un total mínimo de U$S 2.910.000 (dos millones novecientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América), del cual, el equivalente de U$S 2.103.000 (dos millones ciento tres mil dólares de los Estados Unidos de América) será aportado en bienes y servicios, y el equivalente de U$S 807.000 (ochocientos siete mil dólares de los Estados Unidos de América) será aportado en efectivo, de acuerdo con la siguiente distribución.

En bienes y
servicios

En
efectivo

Total

(equivalente en U$S)

(1)

Nación Argentina   

787.000

209.820

996.820

(2)

República de Bolivia  

115.000

80.700

195.700

(3)

República Federativa do Brasil

816.000

209.820

1.025.820

(4)

República de Chile  

143.000

112.980

255.980

(5)

República del Paraguay  

60.000

80.700

140.700

(6)

República Oriental del Uruguay

182.000

112.980

294.980

  

Totales

2.103.000

807.000

2.910.000

(iii) El aporte del IICA por la suma del equivalente ele U$S 881.200 (ochocientos ochenta y un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), que será realizado en los términos de la Sección 3.07.

(b) La Contribución del Administrador, los aportes de los Gobiernos y el aporte del IICA se utilizarán de acuerdo con la siguiente distribución:

(i) Por rubros:

Aporte de los Gobiernos

Aporte del
IICA (1)

Contribución

Bienes/Serv.

Efectivo

(equival. en U$S)

Comisión Directiva  

28.000

9.360

Equipo Técnico

Director Programa   

348.600

Coordinadores Int.   

121.200

864.000

40.400

Especialistas Apoyo  

331.822

36.000

163.678

39.852

Consultores In.  

102.200

36.000

148.730

58.400

Especialistas Centros  

Int. Inv. Agrícola  

104.400

34.800

Cooperación Técnica Recíproca

Reuniones   

243.950

110.000

53.550

29.750

Seminarios   

76.250

18.000

15.250

Asesoram. Téc. Nal.  

156.960

188.160

52.320

Intercambio Observ.  

272.500

387.200

111.180

Part. Eventos   

41.360

15.040

Adiestramiento   

Cursos cortos   

130.970

45.000

37.420

Adiest. en Servicio  

60.490

124.000

21.040

Adiest. en Inst. Esp.  

106.800

35.600

Becas Postgrado   

91.280

Adquisiciones y mant.  

24.000

3.000

17.000

Informes y Publicac.  

65.000

19.682

15.318

Gastos Generales (2)  

155.102

131.000

21.178

289.920

Apoyo Téc. y Adm.  

73.000

Imprevistos   

142.636

163.640

34.132

-

Totales

2.255.000

2.103.000

807.000

881.200

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.

(2) Comprende arriendo de local, suministro, personal de apoyo y comunicaciones.

(ii) Por años de ejecución del Programa:

Aporte de los Gobiernos

Aporte del
IICA (1)

Contribución

Bienes/Serv.

Efectivo

(equival. en U$S)

Primer Año

851.800

510.000

153.200

Segundo Año

786.200

505.000

178.000

Tercer Año

617.000

515.000

81.000

275.000

Cuarto Año

573.000

726.000

275.000

  

2.255.000

2.103.000

807.000

881.200

(1) En los términos establecidos en la Sección 4.07.

(c) Queda expresamente convenido que los gastos en efectivo del Programa, como se observa en la distribución de su costo por año de ejecución incluida en el párrafo (b) (ii) anterior, serán financiados: (i) con cargo a la Contribución y al aporte del IICA durante los dos primeros años de ejecución del Programa; (ii) con cargo a la Contribución, a los aportes en efectivo de los Gobiernos y al aporte del IICA durante el tercer año, y (iii) con cargo a los aportes en efectivo de los Gobiernos y al aporte del IICA durante el cuarto año. Los aportes de los Gobiernos en bienes y servicios se efectuarán durante los cuatro años de ejecución del Programa.

(d) En el Anexo III del presente Convenio, que forma parte integrante del mismo, se incluyen: (1) un presupuesto detallado del costo del Programa ("Presupuesto A"); (ii) un presupuesto detallado por fuente de financiamiento ("Presupuesto B"); y (iii) un presupuesto detallado por año de ejecución del Programa ("Presupuesto C").

Sección 3.02 Contribución del Administrador. (a) De conformidad con lo estipulado en la Sección 3,01(a)(i), la Contribución será hasta por un monto equivalente a U$S 2.255.000 (dos millones doscientos cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario de Progreso Social y se destinará a cubrir las categorías de inversión que, con cargo a la misma, se detallan en el Presupuesto B del Anexo III, durante los primeros 3 (tres) años de ejecución del Programa, de acuerdo con la distribución que se indica en el Presupuesto C del mismo Anexo III.

(b) El Administrador desembolsará la Contribución en las monedas que a continuación se indican:

(i) Hasta U$S 1.755.000 (un millón setecientos cincuenta y cinco mil en dólares de los Estados Unidos de América). Esta suma sólo podrá ser utilizada para el pago de bienes y servicios provenientes del territorio de los Estados Unidos de América o de los países latinoamericanos miembros del Banco Interamericano de Desarrollo.

(ii) Hasta el equivalente de U$S 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) en pesos argentinos. Esta suma sólo podrá ser utilizada para el pago de bienes y servicios provenientes de la Argentina.

(iii) Hasta el equivalente a U$S 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), en cruzeiros. Esta suma sólo podrá ser utilizada para el pago de bienes y servicios provenientes del Brasil.

(c) Para el cálculo de la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América de las otras monedas en que serán hechos los desembolsos de la Contribución, igual que para los efectos de determinar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América de los aportes de los Gobiernos y del IICA, el Administrador procederá de acuerdo con las normas de política establecidas para el efecto con el país emisor de la respectiva moneda.

(d) Queda entendido que la suma equivalente de U$S 2.255.000 (dos millones doscientos cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) sólo representa el máximo que podrá ser utilizado en el financiamiento de las categorías de inversión indicadas en el párrafo (a) anterior durante los tres primeros años de ejecución del Programa, y que cualquier parte de la Contribución no utilizada en dicho financiamiento será cancelada.

Sección 3.03. Desembolso de la Contribución. (a) El Administrador hará el desembolso de la Contribución al IICA, en su calidad de Agencia Administradora del Programa, a medida que éste lo solicite y justifique, a satisfacción del Administrador, el pago de los gastos imputables a la Contribución. Previamente al primer desembolso de la Contribución, el IICA deberá presentar al Administrador, a satisfacción de éste: (i) el nombre de la persona o personas que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución de este Convenio, junto con ejemplares auténticos de sus firmas; (ii) una solicitud justificada por escrito; (iii) el informe que estípula la Sección 2.12 (a) (i), y (iv) evidencia de que se han presentado los informes estipulados en la Sección 2.14 (a) (iv) del Convenio ATN/SF-1586-RE, mencionado en la Sección 1.01.

(b) A solicitud del IICA y cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo (a) anterior, el Administrador podrá constituir dos fondos rotatorios, uno en dólares de los Estados Unidos de América que no excederá de dólares 218.000 (doscientos dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América), y el otro en pesos argentinos y cruzeiros, que no excederá en conjunto del equivalente de U$S 62.000 (sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América). Previamente a la constitución de dichos fondos rotatorios, el IICA deberá presentar al Administrador, a satisfacción de éste, un detalle de los gastos del Programa que se cubrirán con cargo a la contribución durante un lapso de 3 (tres) meses a contar de la fecha de la solicitud.

(c) El Administrador podrá renovar total o parcialmente dichos fondos rotatorios, a medida que se utilicen los recursos del Programa, si el IICA así lo solicita y presenta al Administrador, a satisfacción de éste, un detalle de los gastos efectuados con cargo a los fondos, junto con la documentación sustentatoria correspondiente, y una justificación de la solicitud. El detalle de los gastos deberá ser presentado utilizando las categorías de cuentas que se indican en el Presupuesto B.

(d) Queda entendido que:

(i) La parte de la Contribución que conforme al presupuesto en la Sección 3.01 (b) (i) se destinará al pago de "Imprevistos", esto es U$S 142.636 (ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente, sólo podrá ser utilizada previa aprobación del Administrador, a solicitud justificada del IICA, para cubrir mayores costos en las categorías del presupuesto a ser financiadas con cargo a la Contribución.

(ii) Los desembolsos de la Contribución para efectuar los últimos pagos a los Consultores que serán financiados con cargo a la misma, que no serán inferiores al 10% del total de la suma que por concepto de honorarios se convenga con el respectivo Consultor, estarán sujetos a la aprobación por parte del IICA y del Administrador del informe final correspondiente.

Sección 3.04. Plazo para el desembolso de la Contribución. (a) El monto de la Contribución sólo podrá ser desembolsado dentro de un plazo de 44 (cuarenta y cuatro) meses contado a partir de la fecha de este Convenio. El Convenio quedará sin efecto en la parte que no hubiera sido desembolsada dentro de dicho plazo, a menos que las partes hubieran convenido expresamente en prorrogarlo.

(b) El IICA deberá presentar la última solicitud de desembolso acompañada de la documentación sustentatoria correspondiente, a satisfacción del Administrador, por lo menos 30 (treinta) días antes de la fecha de expiración del plazo establecido en el párrafo (a) anterior o de la prórroga del mismo que las partes hubieren acordado por escrito.

Sección 3.05 Suspensión de desembolsos. El Administrador podrá suspender los desembolsos de la Contribución si llegare a surgir alguna circunstancia que, a su juicio, pudiera hacer improbable la obtención de los objetivos propuestos. De surgir esta circunstancia, el Administrador la notificará por escrito al IICA a fin de que presente sus puntos de vista y después de transcurridos 30 (treinta) días de la fecha de la comunicación dirigida por el Administrador, podrá éste suspender los desembolsos.

Sección 3.06. Aporte de los Gobiernos. (a) Los Gobiernos se comprometen a realizar oportunamente los aportes para la realización del Programa que se señalan para cada uno de ellos en la Sección 3.01 (a) (ii).

(b) Los Gobiernos realizarán sus correspondientes aportes en bienes y servicios a través de sus respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria, de acuerdo con lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo que se formulen en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 2.10. Dichos Aportes, cuyo monto total mínimo se estima, según lo establecido en la mencionada Sección 3.01 (a) (ii), en el equivalente de U$S 2.103.000 (dos millones ciento tres mil dólares de los Estados Unidos de América), representan:

(i) El costo de los servicios de: (1) los Coordinadores Internacionales de los Subprogramas CV, CI, OL, BO, ID y IC, que integrarán al Equipo Técnico, por un total de 288 meses/coordinador; (2) un Especialista de Apoyo que reforzará el Equipo Técnico durante el cuarto año de ejecución del Programa, por un total de 12 meses/especialista; (3) un consultor nacional que actuará como contraparte del consultor internacional que será contratado a largo plazo, por un total de 18 meses/consultor, y (4) los asesores nacionales que participarán en las actividades de "Asesoramiento de Técnicos Nacionales", por un total aproximado de 45 meses/asesor, y

(ii) El costo del apoyo logístico que requerirá, en los respectivos Países Participantes, la realización de las actividades de cooperación tecnológica recíproca y de adiestramiento.

(c) Los aportes en efectivo correspondientes a cada uno de los Gobiernos, cuyo monto total mínimo se estima, según lo establecido en la Sección 3.01 (a) (ii), en el equivalente de U$S 807.000 (ochocientos siete mil dólares de los Estados Unidos de América), se destinarán a financiar los gastos en efectivo del Programa durante el segundo semestre del tercer año de ejecución del Programa, conjuntamente con la Contribución y el aporte del IICA, y durante el cuarto año de ejecución, conjuntamente con el aporte del IICA, de acuerdo con la distribución que se indica en el Presupuesto C del Anexo III del presente Convenio. Los Gobiernos se comprometen a desembolsar al IICA, en su calidad de Agencia Administradora del Programa, los aportes en efectivo que les corresponden, en 5 (cinco) cuotas iguales. La primera cuota será desembolsada durante los 30 (treinta) primeros días del segundo semestre del tercer año de ejecución del Programa y las cuatro restantes serán desembolsadas trimestralmente durante el cuarto año de ejecución del Programa, dentro de los primeros 30 (treinta) días del respectivo trimestre. Los demás términos y condiciones de estos desembolsos serán determinados de común acuerdo entre los respectivos Gobiernos y el IICA.

(d) Además de los aportes a que se refieren los párrafos (b) y (c) anteriores, los Gobiernos proveerán, a través de sus respectivas instituciones nacionales de investigación agropecuaria, según corresponda:

(i) Los salarios de los técnicos de sus respectivos países que participen en las reuniones, seminarios, intercambio para observaciones y en las actividades de adiestramiento en otras instituciones.

(ii) Los gastos de viaje, viáticos y otros gastos de los técnicos de los respectivos países que participen en las actividades dentro de sus propios países.

(iii) Las instalaciones, equipos y servicios adicionales necesarios para ejecutar las actividades del Programa en los respectivos países, y

(iv) El apoyo profesional que requieran los integrantes del Equipo Técnico y los consultores internacionales a que se refiere la Sección 2.03 (b) para realizar sus labores en los respectivos países.

Sección 3.07. Aporte del IICA. (a) De acuerdo con lo establecido en la Sección 3.01 (a) (iii), el aporte del IICA para la realización del Programa se estima en el equivalente de U$S 881.200 (ochocientos ochenta y un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América). Dicho aporte se destinará a cubrir los bienes y servicios que, con cargo al mismo, se detallan en el Presupuesto B del Anexo III durante los 4 (cuatro) años de ejecución del Programa, de acuerdo con la distribución que se indica en el Presupuesto C del mismo Anexo III. El IICA administrará su aporte de acuerdo con sus propias normas y procedimientos.

(b) Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo (a) anterior, el IICA se compromete a:

i) aportar la suma equivalente a U$S 331.200 (trescientos treinta y un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), para cubrir los bienes y servicios indicados en el párrafo (a) durante los dos (2) primeros años de ejecución del Programa, de acuerdo con el referido Presupuesto C;

(ii) incluir en la propuesta del Programa-Presupuesto que presentará a la Junta Interamericana de Agricultura en el mes de octubre de 1985, con el apoyo de los Países Participantes, la suma equivalente a U$S 550.000 (quinientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), a fin de aportarla oportunamente para cubrir los mencionados bienes y servicios durante el tercero y el cuarto año de ejecución del Programa, conforme al mismo Presupuesto C; y

(iii) tomar las medidas necesarias, de acuerdo con sus normas presupuestarias e índices inflacionarios, para cubrir los posibles incrementos en los costos de los bienes y servicios que proporcionará para la realización del Programa.

IICA comunicará a los Países Participantes y al Administrador, a más tardar el 30 de noviembre de 1985, lo que resuelva la Junta Interamericana de Agricultura sobre la suma señalada en el numeral (ii) anterior.

(c) Queda expresamente convenido que en caso de que al 1º de diciembre de 1985, el IICA, por cualquier circunstancia, no esté en posibilidad de comprometerse a aportar la totalidad de la suma indicada en el párrafo (b) (ii) anterior, los Países Participantes, el Administrador y el IICA se reunirán para examinar la situación del Programa a la luz de los recursos disponibles a esa fecha, y determinar las bases sobre las cuales continuaría el Programa.

CAPITULO IV
Otras Estipulaciones

Sección 4.01. Unidad responsable por el Administrador. Para los efectos de este Convenio, la unidad responsable por el Administrador será la División de Cooperación Técnica I del Departamento de Desarrollo Económico y Social, a través de la Representación del Banco en el Uruguay.

Sección 4.02. Supervisión en el terreno. Sin perjuicio de la supervisión de los trabajos del Programa que lleven a cabo los Gobiernos y el IICA, el Administrador podrá realizar la supervisión de esta operación de cooperación técnica en el terreno, a través de las Representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en los Países Participantes y/o de los funcionarios que designe para tal efecto.

Sección 4.03. Estados financieros. (a) El IICA se compromete a presentar al Banco, a satisfacción de éste, estados financieros anuales y uno especial relativos a los gastos del Programa efectuados con cargo a la Contribución y a los aportes de los Gobiernos y del propio IICA. Dichos estados financieros se presentarán dictaminados por auditores independientes a satisfacción del Banco.

(b) Los estados financieros anuales deberán ser presentados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que concluya cada año de ejecución del Programa y el especial dentro de los 90 días siguientes a la fecha del último desembolso de la Contribución. Estos plazos sólo podrán ser prorrogados con el consentimiento escrito del Banco.

(c) El Banco podrá suspender los desembolsos de la Contribución en el caso de no recibir, a su satisfacción, los estados financieros anuales dentro de los plazos establecidos en el párrafo (b) anterior, o de la prórroga de dichos plazos que hubiere autorizado.

Sección 4.04. Alcance del compromiso del Administrador. Es entendido que el otorgamiento de la Contribución por el Administrador no implica compromiso alguno de su parte para financiar total o parcialmente cualquier programa o proyecto que directa o indirectamente pudiera resultar de la realización del Programa.

EN FE DE LO CUAL, los Gobiernos, el IICA y el Administrador, actuando cada uno por intercambio de su representante autorizado, suscriben el presente Convenio en ocho ejemplares de igual tenor, que se tendrá como válido desde el día 15 de agosto de 1984.

  

NACION ARGENTINA

(f)   

Oscar Yujncvsky

  

Oscar Yujncvsky

  

Subsecretario Cooperación Internacional

  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

  

Fecha: 7 de agosto de 1984

  

REPUBLICA DE BOLIVIA

(f)   

Q. Julio Mendoza Huaynoca

  

Q. Julio Mendoza Huaynoca

  

Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

  

Fecha: 3 de agosto de 1984

  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(f)   

Leonidas Maia Alburquerque

  

Leonidas Maia Alburquerque

  

Secretario General

  

Ministerio de Agricultura

  

Fecha: 30 de julio de 1984

  

REPUBLICA DE CHILE

(f)   

Jorge Prado Aránguiz

  

Jorge Prado Aránguiz

  

Ministro de Agricultura

  

Fecha: 8 de agosto de 1984

  

REPUBLICA DEL PARAGUAY

(f)   

Hernando Bertoni

  

Hernando Bertoni

  

Ministro de Agricultura y Ganadería

  

Fecha: 2 de agosto de 1984

  

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

(f)   

Pedro J. Arango

  

Pedro J. Arango

  

Secretario de Estado

  

Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión

  

Fecha: 27 de julio de 1984

  

INSTITUTO INTERAMERICANO

  

DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(f)   

Francisco Morillo

  

Francisco Morillo

  

Director General

  

Fecha: 9 de agosto de 1984

  

BANCO INTERAMERICANO

  

DE DESARROLLO

(f)   

Michael E. Gurtin

  

Míchael E. Curtin

  

Vicepresidente Ejecutivo

  

Fecha: 15 de agosto de 1984

ANEXO I

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Plan Indicativo

A. Cooperación tecnológica reciproca

1. Reuniones técnicas y de coordinación

Durante la ejecución del Programa se realizarán reuniones, ya sea para el intercambio de conocimientos y experiencias en los campos del Programa (reuniones técnicas), o para la programación, coordinación y seguimiento de las actividades que se desarrollarán, particularmente de los trabajos de investigación que se llevarán a cabo en forma cooperativa por los Países Participantes (reuniones de coordinación). En las reuniones participarán el Director del Programa, los Coordinadores Internacionales de los Subprogramas de Cereales de Verano (CV), Cereales de Invierno (CI), Oleaginosas (OL), Bovinos (BO), Información y Documentación (ID) y Transferencia de Tecnología y Capacitación (TC), así como los Especialistas de Apoyo para la ejecución de los Subprogramas de Información y Documentación (ID) y Comunicación (CO). También participarán en dichas reuniones especialistas nacionales invitados, consultores internacionales y técnicos de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola en América Latina. Se prevé la realización de 55 reuniones, de acuerdo con el siguiente listado preliminar:

1.1  

Coordinadores Nacionales
Subprograma: CV
Lugar: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay
Años: 1º, 2º, 3º y 4º

  

  

  

1.2  

Coordinadores Nacionales
Subprograma: CI
Lugar: Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay
Años: 1º, 2º, 3º y 4º

  

  

  

1.3  

Coordinadores Nacionales
Subprograma: OL
Lugar: Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay
Años: 1º, 2º, 3º y 4º

  

  

  

1 4  

Coordinadores Nacionales
Subprograma: BV
Lugar: Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Años: 1º, 2º 3º y 4º

  

  

  

1 5  

Coordinadores Nacionales
Subprograma SP
Lugar: Paraguay y Uruguay
Años: 1º y 4º

  

  

  

1 6  

Especialistas Nacionales
Subprograma: ID
Lugar: Uruguay.
Años: 1º, 2º, 3º y 4º

  

  

  

1 7  

Prácticas de Producción en Sorgo
Subprograma: CV
Lugar: Argentina
Año: 1º

  

  

  

1.8  

Especialistas Nacionales en Avena, Cebada y Triticale
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Año: 1º

  

  

  

1.9  

Labranza y Conservación de Suelos
Subprograma: CI
Lugar: Argentina
Año: 1º

  

  

  

1.10  

Mejoramiento de Girasol
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Año: 1º

  

  

  

1.11  

Factores de Producción
Subprograma: OL
Lugar: Chile
Año: 1º

  

  

  

1.12  

Manejo de Pasturas Cultivadas y Suplementación para Produc. Lechera
Subprograma: BV
Lugar: Argentina
Año: 1º

  

  

  

1. 13  

Tipificación de Sistemas de Producción
Subprograma: SP
Lugar: Argentina
Año: 1º

  

  

  

1.14  

Adiestramiento de Personal
Subprograma: TU
Lugar: Chile
Año: 1º

  

  

  

1.15  

Banco de Germoplasma de Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Argentina
Año: 2º

  

  

  

1.16  

Especialistas Nacionales en Royas de Cereales de Invierno
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Año: 2º

  

  

  

1.17  

Rotación de Cultivos
Subprograma: CV
Lugar: Uruguay
Año: 2º

  

  

  

1.18  

Control de Enfermedades
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Año: 2º

  

  

  

1.19  

Estrategias para la Conservación de Forrajes
Subprograma: BV
Lugar: Chile
Año: 2º

  

  

  

1.20  

Producción y Utilización de Pasturas para Engorde.
Subprograma: BV
Lugar: Uruguay
Año: 2º

  

  

  

1.21  

Integración de Productos en Sistemas de Producción
Subprograma: SP
Lugar: Brasil
Año: 2º

  

  

  

1.22  

Transferencia de Tecnología
Subprograma: TC
Lugar: Argentina
Año: 2º

  

  

  

1.23  

Comunicación
Subprograma: CO
Lugar: Uruguay
Año: 2º

  

  

  

1.24  

Prácticas de Producción Arroz
Subprograma: CV
Lugar: Uruguay
Año: 3º

  

  

  

1.25  

Virología y Entomología de Cereales de Invierno.
Subprograma: CI
Lugar: Argentina
Año: 3º

  

  

  

1.26  

Mejoramiento de Soja
Subprograma: OL
Lugar: Argentina
Año: 3º

  

  

  

1.27  

Producción de Semilla
Subprograma: OL
Lugar: Bolivia
Año: 3º

  

  

  

1.28  

Determinación de Carencias Minerales y Suplementación
Subprograma: BV
Lugar: Brasil
Año: 3º

  

  

  

1.29  

Integración de Productos en Sistemas de Producción
Subprograma: SP
Lugar: Chile
Año: 3º

  

  

  

1.30  

Adiestramiento de Personal
Subprograma: CT
Lugar: Argentina
Año: 3º

  

  

  

1.31  

Transferencia de Tecnología
Subprograma: 10
Lugar: Brasil
Año: 3º

  

  

  

1.32  

Transferencia de Tecnología en Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Paraguay
Año: 40

  

  

  

1.33  

Mejoramiento de Trigo
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Año: 4º

  

  

  

1.34  

Especialistas Nacionales en Enfermedades Foliares
Subprograma: CI
Lugar: Bolivia o Uruguay
Año: 4º

  

  

  

1.35  

Sistemas de Labranza Conservacionistas
Subprograma: OL
Lugar: Argentina
Año: 4º

  

  

  

1.36  

Selección de Ganado en Relación al Sistema Productivo
Subprograma: BV
Lugar: Argentina
Año: 4º

  

  

  

1.37  

Utilización y Manejo de Pastizales
Subprograma: BV
Lugar: Brasil
Año: 4º

  

  

  

1.38  

Transferencia de Tecnología
Subprograma: TC
Lugar: Uruguay
Año: 4º

  

  

  

1.39  

Comunicación
Subprograma: CO
Lugar: Brasil
Año: 4º

  

  

  

2. Seminarios

Durante la ejecución del Programa se organizarán seminarios para presentar, en forma más amplia en cuanto al número de participantes y más específica en cuanto a los temas, los avances logrados en las investigaciones que se realicen, y discutir las metodologías de investigación, a fin de buscar su perfeccionamiento y uniformidad. En cada evento participarán los Coordinadores Internacionales y tres especialistas nacionales de cada uno de los Países Participantes, así como dos especialistas invitados que apoyarán la conducción del seminario y harán aportes sustantivos sobre el tema a tratar. Cuando la programación lo permita, participarán también en los eventos los Consultores internacionales del Programa y especialistas de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola. Se prevé la realización de 6 seminarios, de acuerdo con el siguiente listado preliminar:

2.1  

Manejo y Control de Plagas y Resistencia Genética - Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Brasil
Año: 1º

  

  

  

2.2  

Tecnología para el Incremento de la Tasa Reproductiva de los Rodeos
Subprograma: BV
Lugar: Paraguay
Año: 1º

  

  

  

2.3  

Manejo del Cultivo de Soja
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Año: 2º

  

  

  

2.4  

Administración de la Investigación
Subprograma: OL
Lugar: Argentina
Año: 2º

  

  

  

2.5  

Análisis y Síntesis de Sistemas
Subprograma: SP
Lugar: Bolivia
Año: 3º

  

  

  

2.6  

Manejo del Suelo y del Cultivo en la Economía del Uso del Agua
Subprograma: CI
Lugar: Argentina
Año: 4º

  

  

  

3. Asesoramiento de técnicos nacionales

Esta actividad se llevará a cabo mediante misiones de especialistas de uno de los Países Participantes a otro, para realizar, a solicitud de este último, consultorías sobre temas específicos. Las acciones de asesoramiento serán realizadas por los técnicos de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes, estimándose que se realizarán 48 misiones por cada año de ejecución del Programa, de acuerdo con la siguiente distribución preliminar:

Año

Subprogramas

Total

  

CV

CI

OL

BV

SP

ID

TC

CO

9

9

9

9

5

3

3

1

48

9

9

9

9

5

3

3

1

48

9

9

9

9

5

3

3

1

48

9

9

9

9

5

3

2

2

48

Total

36

36

36

36

20

12

11

5

192

4. Intercambio para observaciones

Esta actividad consistirá en el envío de misiones de técnicos de uno o más de los Países Participantes a otro, para observar el desarrollo de experimentos y ensayos, interiorizarse en la experiencia del país que se visite y dialogar sobre los problemas de investigación en su país de origen. Se prevé que durante los cuatro años de ejecución del Programa se realizarán 66 misiones de intercambio para observaciones en cada uno de los Subprogramas principales, y 88 en los Subprogramas complementarios, de acuerdo con la siguiente distribución preliminar:

Año

Subprogramas

Total

  

CV

CI

OL

BV

SP

ID

TC

CO

17

17

16

16

10

5

5

2

88

16

16

17

17

10

5

5

2

88

17

17

16

16

10

5

5

2

88

16

16

17

17

10

5

4

3

88

Total

66

66

66

66

40

20

19

9

352

5. Participantes en otros eventos

Esta actividad contempla la participación de especialistas de los Países Participantes en simposios, congresos y otros eventos científicos en los campos del Programa, organizados por instituciones nacionales o internacionales en los propios Países Participantes, en centros de investigación de América Latina y, excepcionalmente, de los Estados Unidos de América o de otros países desarrollados. Será condición para la participación en estos eventos, dentro del Programa, que el especialista respectivo presente trabajos sustantivos en el evento que corresponda. Se prevé la participación de 30 especialistas en los referidos eventos, de acuerdo con la siguiente distribución:

Año Subprogramas Total

  

CV

CI

OL

BV

SP

ID

TC

CO  

4

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

7

4

1

1

1

1

8

1

2

2

2

1

8

Total

10

5

5

5

3

1

1

30

B) Asesoramiento a través de consultoría internacional

Durante la ejecución del Programa, se proporcionarán servicios de consultoría internacional a las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes para atender problemas específicos que se presenten en la conducción de las investigaciones o durante la campaña de cultivo y el período de producción, cuando dichas instituciones no dispongan de los especialistas requeridos. Estos servicios serán prestados por: (1) consultores internacionales, que serán contratados especialmente para tal efecto, y (2) expertos proporcionados por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Expertos a ser contratados

1. A largo plazo

Se considera que será necesaria la contratación de un consultor en mejoramiento genético de maíz para prestar sus servicios con sede en Bolivia, por un período de 18 meses, a partir del tercer año de ejecución del Programa.

2. A corto plazo

Se estima que será necesario la contratación de varios consultores en diversas materias, incluyendo la evaluación del Programa a que se refiere la Sección 2.11, por un total de 28 meses/experto, que prestarían sus servicios por plazos cortos (das meses como promedio), de acuerdo con la siguiente distribución:

2. 1

Mecánica Agrícola
Subprograma: CV
Sede: Brasil
Año: 1º

  

  

  

2.2

Virología – Maíz
Subprograma: CV
Sede: Argentina
Año: 1º

  

  

  

2.3

Mejoramiento
Subprograma: CI
Sede: Argentina, Brasil
Año: 1º

  

  

  

2.4

Fitopatología
Subprograma: CI
Sede: Chile y Brasil
Año: 2º

  

  

  

2.5

Mejoramiento por Selección por Resistencia a enfermedades
Subprograma: OL
Sede: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
Año: 2º

  

  

  

2.6

Fitotécnia de Forrajeras
Subprograma: BV
Sede: Paraguay
Año: 2º

  

  

  

2.7

Conservación de Forrajes
Subprograma: BV
Sede: Chile
Año: 2º

  

  

  

2.8

Enfermedades Radiculares
Subprograma: CI
Sede: Argentina
Año: 3º

  

  

  

2.9

Patología de Insectos
Subprograma: OL
Sede: Brasil
Año: 3º

  

  

  

2.10

Suplementación Mineral para Rumiantes en Pastoreo.
Subprograma: BV
Sede: Brasil
Año: 3º

  

  

  

2. 11

Enfermedades Foliares.
Subprograma: CI
Sede: Paraguay y Bolivia
Año: 4º

  

  

  

2.12

Mejoramiento Soja
Subprograma: OL
Sede: Argentina, Bolivia y Paraguay.
Año: 4º

  

  

  

2. 13

Fitopatología
Subprograma: OL
Sede: Argentina y Paraguay
Año: 4º

  

  

  

2.14

Evaluación del Programa
Sede: Países Participantes Año:
fin del 2º año.

  

  

Especialistas de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola

El CIMMYT y el CIAT proveerán también expertos para asesoramiento. La determinación de las especialidades, lugar de trabajos y duración de las asesorías será acordada con dichos centros durante la ejecución del Programa.

C. Adiestramiento

1. Cursos cortos

Durante la ejecución del Programa se llevarán a cabo cursos cortos que en promedio durarán una semana, con el objetivo de mejorar la capacidad de los técnicos de los Países Participantes para el desarrollo tecnológico. En cada uno de los cursos participarán tres técnicos de cada uno de los Países Participantes, cuyos gastos, con excepción de los técnicos de país en donde se realice el curso, serán financiados con los recursos del Programa. Para el dictado de los cursos se utilizarán, de preferencia, a los profesionales de las instituciones nacionales y de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola y a los Consultores Internacionales del Programa. Sin embargo, si fuera necesario, podrán participar profesores y especialistas de otras instituciones latinoamericanas. En principio, se realizarán 9 cursos cortos, de acuerdo con la siguiente distribución preliminar:

1.1  

Mejoramiento Genético de Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Argentina
Año: 1º

  

  

  

1 2  

Avances en Mejoramiento Genético
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Año: 1º

  

  

  

1 3  

Identificación, Clasificación y Tipificación de Sistemas de Producción
Subprograma: SP
Lugar: Bolivia
Año: 1º

  

  

  

1.4  

Fisiología de la Producción
Subprograma: CI
Lugar: Argentina
Año: 2º

  

  

  

1 5  

Objetivos de la Fitotecnia de Plantas Forrajeras
Subprograma: BV
Lugar: Brasil
Año: 2º

  

  

  

1.6  

Producción de Soja y Otras Oleaginosas
Subprograma: OL
Lugar: Argentina o Bolivia
Año: 3º

  

  

  

1.7  

Preparación y Uso de Audiovisuales en Comunicación de Resultados de la Investigación
Subprograma: ID
Lugar: Brasil
Año: 3º

  

  

  

1.8  

Producción de Maíz - Cultivo Consociado
Subprograma: CV
Lugar: Brasil
Año: 4º

  

  

  

1 9  

Fitopatología
Subprogmama: OL
Lugar: Brasil
Año: 4º

  

  

  

2. Capacitación aplicada/Adiestramiento en servicio:

En esta actividad se aprovechará la experiencia y capacidad de una de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes para la capacitación aplicada o adiestramiento en servicio de un profesional proveniente de otra de dichas instituciones, en aspectos especiales de las investigaciones. Estas actividades se programarán previamente en cuanto a su contenido y a la participación de la institución receptora. Se estima que durante la ejecución del Programa 31 profesionales de los Países Participantes, preferentemente de aquéllos de menor desarrollo relativo, recibirán adiestramiento en servicio, por plazos variables (de una semana a dos meses), de acuerdo con la siguiente programación preliminar:

2.1

Control de Malezas en Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Argentina
Origen: Paraguay
Año: 1ro.

  

  

  

  

2.2

Manejo del Cultivo del Arroz
Subprograma: CV
Lugar: Brasil o Uruguay
Origen: Chile
Año: 1ro.

  

  

  

  

2.3

Mecanización
Subprograma: CV
Lugar: Brasil o Argentina
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

  

2.4

Sistemas de Producción
Subprograma: OL
Lugar: Argentina
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

  

2. 5

Colza
Subprograma: OL
Lugar: Chile
Origen: Brasil
Año: 1ro.

  

  

  

  

2 6

Pasturas Naturales
Subprograma: BV
Lugar: Brasil
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

  

2.7

Identificación y Tipificación de Sistemas
Subprograma: SP
Lugar: Argentina
Origen: Paraguay
Año: 1ro.

  

  

  

  

2.8

Publicaciones
Subprograma: ID
Lugar: Brasil
Origen: Paraguay o Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

  

2. 9

Mejoramiento Genético de Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Brasil
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

  

2.10

Manejo y Conservación de Granos Almacenados - Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Brasil o Argentina
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

  

2.11

Mejoramiento Genético del Sorgo
Subprograma: CV
Lugar: Manfredi, Argentina
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

  

2.12

Entomología
Subprograma: CI
Lugar: Chile o Brasil
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

  

2. 13

Selección Genética por Resistencia a Enfermedades
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Origen: Argentina
Año: 2do.

  

  

  

  

2.14

Manejo del Cultivo de Soja
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Origen: Uruguay
Año: 2do.

  

  

  

  

2.15

Pasturas Cultivadas
Subprograma: BV
Lugar: Brasil
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

  

2.16

Identificación y Tipificación de Sistemas
Subprograma: SP
Lugar: Uruguay
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

  

2.17

Control de Plagas
Subprograma: CV
Lugar: Brasil
Origen: Paraguay
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.18

Mejoramiento
Subprograma: CI
Lugar: Argentina o Brasil
Origen: Paraguay o Bolivia
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.19

Mejoramiento
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Origen: Chile
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.20

Manejo del Cultivo de Soja
Subprograma: OL
Lugar: Argentina
Origen: Chile
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.21

Participación en Curso de Rhizobiología
Subprograma: OL
Lugar: Brasil
Origen: Paraguay
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.22

Lechería
Subprograma: BV
Lugar: Argentina
Origen: Uruguay
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.23

Modelos Bioeconómicos de Sistemas
Subprograma : SP
Lugar: Brasil
Origen: Argentina
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.24

Organización Biblioteca
Subprograma: ID
Lugar: Brasil
Origen: Bolivia
Año: 3ro.

  

  

  

  

2.25

Manejo y Prácticas de Producción de Maíz
Subprograma: CV
Lugar: Argentina
Origen: Uruguay
Año: 4to.

  

  

  

  

2.26

Fitopatología
Subprograma: ID
Lugar: Argentina
Origen: Bolivia
Año: 4to.

  

  

  

  

2.27

Fitopatología
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Origen: Paraguay
Año: 4to.

  

  

  

  

2.28

Manejo de Cosecha
Subprograma: CI
Lugar: Brasil
Origen: Argentina o Uruguay
Año: 4to.

  

  

  

  

2.29

Mejoramiento de Soja
Subprograma: OL
Lugar: Tucumán, Argentina
Origen: Paraguay
Año: 4to.

  

  

  

  

2. 30

Pasturas Suelos Bajos
Subprograma: BV
Lugar: Uruguay
Origen: Brasil o Chile
Año: 4to.

  

  

  

  

2.31

Modelos Físicos y Matemáticos
Subprograma: SP
Lugar: Chile
Origen: Brasil
Año: 4to.

  

  

  

  

3. Capacitación en entidades especializadas

Esta actividad contempla la participación de técnicos de las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes en cursos organizados por entidades no participantes en el Programa, de reconocida capacidad en materia de investigación especializada, incluyendo universidades y centros de investigación tanto regionales como internacionales. Para este efecto, durante los cuatro años de duración del Programa se otorgarán hasta 40 becas con una duración promedio de dos meses, 36 de las cuales se otorgarán, en principio, de acuerdo con la siguiente programación:

3.1

Mejoramiento Genético
Lugar: CIMMYT
Origen: Paraguay
Año: 1ro.

  

  

  

3.2

Calidad de Granos
Lugar: A determinar
Origen: Argentina
Año: 1ro.

  

  

  

3.3

Fitopatología
Lugar: A determinar
Origen: Brasil
Año: 1ro.

  

  

  

3.4

Royas
Lugar: EE.UU.
Origen: Chile
Año: 1ro.

  

  

  

3. 5

Mejoramiento de Soja
Lugar: EE.UU.
Origen: Argentina
Año: 1ro.

  

  

  

3.6

Pasturas
Lugar: CIAT
Origen: Paraguay
Año: 1ro.

  

  

  

3.7

Lechería
Lugar: CATIE
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

3.8

Identificación y Clasificación
Subprograma:
Lugar: CATIE
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

  

3. 9

Audiovisuales
Lugar: CIAT
Origen: Uruguay
Año: 1ro.

  

  

  

3.10

Pequeño Productor
Lugar: CATIE
Origen: Bolivia
Año: 1ro.

  

  

  

3.11

Tecnología de Semillas
Lugar: CIAT
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

3.12

Manejo, Prácticas Culturales y Sistematización del Terreno
Lugar: CIAT
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

3.13

Manejo, Prácticas Culturales y Sistematización del Terreno (Arroz)
Lugar: CIAT
Origen: Chile
Año: 2do.

  

  

  

3.14

Mejoramiento de Soja
Lugar: EE.UU.
Origen: Bolivia
Año: 2do.

  

  

  

3.15

Manejo de Soja
Lugar: EE.UU.
Origen: Uruguay
Año: 2do.

  

  

  

3.16

Producción de Leche
Lugar: CATIE
Origen: Chile
Año: 2do.

  

  

  

3.17

Producción de Leche
Lugar: CATIE
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

3.18

Identificación y Clasificación de Sistemas
Lugar: CATIE
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

3.19

Informática
Lugar: CIAT
Origen: Chile
Año: 2do.

  

  

  

3 20

Pequeños Productores
Lugar: CATIE
Origen: Paraguay
Año: 2do.

  

  

  

3.21

Semillas Genéticas y Básicas - Verano
Lugar: CIAT
Origen: Paraguay
Año: 3ro.

  

  

  

3.22

Mejoramiento Genético de Arroz
Lugar: EE.UU.
Origen: Brasil, Bolivia y Uruguay
Año: 3ro.

  

  

  

3.23

Mejoramiento
Lugar: EE.UU.
Origen: Brasil o Argentina
Año: 3ro.

  

  

  

3.24

Mejoramiento de Soja
Lugar: EE.UU.
Origen: Chile
Año: 3ro.

  

  

  

3.25

Sistemas de Producción
Lugar: CIAT
Origen: Bolivia
Año: 3ro.

  

  

  

3 26

Pasturas Tropicales
Lugar: CIAT
Origen: Bolivia
Año: 3ro.

  

  

  

3.27

Pasturas
Lugar: CIAT
Origen: Uruguay
Año: 3ro.

  

  

  

3.28

Análisis y Síntesis de Sistemas
Lugar: EE.UU.
Origen: Uruguay
Año: 3ro.

  

  

  

3.29

Mejoramiento Genético - Verano
Lugar: CIMMYT
Origen: Chile
Año: 4to.

  

  

  

3.30

Control Biológico Plagas
Lugar: Chile
Origen: Bolivia
Año: 4to.

  

  

  

3.31

Producción de Soja
Lugar: EE.UU.
Origen: Paraguay
Año: 4to.

  

  

  

3.32

Metodología de Investigación para Evaluación y Selección de Germoplasma Resistente a Enfermedades
Lugar: A determinar
Origen: Brasil
Año: 4to.

  

  

  

3.33

Manejo Pasturas Tropicales
Lugar: CIAT
Origen: Argentina
Año: 4to.

  

  

  

3.34

Análisis y Síntesis de Sistemas
Lugar: EE.UU.
Origen: Chile
Año: 4to.

  

  

  

3.35

Sistemas Información
Lugar: CATIE
Origen: Bolivia y Paraguay
Año: 4to.

  

  

  

3.36

Organización Productores
Lugar: A determinar
Origen: Chile
Año: 4to.

  

  

  

4. Capacitación a nivel de postgrado

Esta actividad comprenderá el otorgamiento de 4 becas, de dos años de duración cada una, a profesionales de Bolivia, Paraguay y Uruguay, para perfeccionarse en especialidades vinculadas con los campos principales del Programa: En principio, dichas becas se otorgarán de acuerdo con el siguiente plan.

4. 1

Mejoramiento Genético
Lugar: México
Origen: Bolivia
Años: 1ro., 2do. y 3ro.

  

  

  

4.2

Mejoram. Fitopatología
Lugar: Brasil o México
Origen: Bolivia
Años: 1ro., 2do. y 3ro.

  

  

  

4.3

Mejoramiento
Lugar: EE.UU.
Origen: Paraguay
Años: 1ro., 2do. y 3ro.

  

  

  

4.4

Producción Animal
Lugar: Argentina
Origen: Uruguay
Años: 1ro., 2do. y 3ro.

  

  

  

ANEXO II

EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA

Criterios de Selección y Términos de Referencia

1. DIRECTOR DEL PROGRAMA

1.1 Criterios de Selección

1.1.1 Profesional con no menos de 10 años de experiencia en la realización y dirección de programas de investigación, con estudios de postgrado preferentemente a nivel de doctorado.

En igualdad de condiciones técnicas, se dará preferencia en la selección, a profesionales que estén o hayan estado vinculados a las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes (IN)

1.2 Funciones

1.2.1 Actuar como Secretario de la Comisión Directiva y ejecutar las resoluciones que ésta adopte.

1.2.2 Someter a la Comisión Directiva las calificaciones y términos de referencia de los Consultores Internacionales que se contratarán para asesorar a las IN.

1.2.3 Dirigir la preparación de los Planes Anuales de Trabajo para su presentación a la Comisión Directiva y al Administrador.

1.2.4 Formular y supervisar la ejecución de los correspondientes presupuestos.

1 .2.5 Orientar y supervisar el trabajo de los consultores internacionales, con un enfoque integral, a fin de satisfacer el interés de los Países Participantes en sus prioridades comunes.

1 .2.6 Diseñar, coordinar e integrar la preparación y presentación de Informes y la publicación de resultados que permitan mantener un conocimiento fluido sobre el avance y resultados del Programa.

1.2.7 Identificar los factores limitantes que se presenten durante la ejecución del Programa y adoptar o recomendar a la Comisión Directiva las medidas que sean pertinentes en cada caso.

1.2.8 Servir de nexo entre las IN y los Centros Internacionales de Investigación Agrícola y otras instituciones externas en todos los aspectos relacionados con el Programa.

1.2.9 Coordinar con los Centros Internacionales de Investigación Agrícola la efectivización de los aportes de los mismos para la realización del Programa.

1.2.10 Dirigir y/o realizar las funciones administrativas que le correspondan.

1.2.11 Preparar, con la colaboración de los demás integrantes del Equipo Técnico, los informes que se indican en la Sección 2.12 (a) (ii y (v), consolidando en este último los resultados de las actividades y logros tecnológicos del Programa y formulando recomendaciones para asegurar su continuidad.

1.2.12 Suministrar a la Comisión Directiva, al IICA y/o al Administrador, cualquier otro informe que éstos razonablemente le soliciten en relación con la realización del Programa y/o la utilización de la Contribución y mantener informado al Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Uruguay sobre dichos aspectos.

2. COORDINADORES INTERNACIONALES

DE LOS SUBPROGRAMAS CU, CI, OL y BO

2.1 Criterios de Selección

2.1.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en la realización de actividades relacionadas con el campo del Subprograma correspondiente, preferentemente con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado.

2.2 Funciones

2.2.1 Coordinar las actividades del Subprograma que les corresponda de acuerdo con lo previsto en el Plan Indicativo y lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo.

2.2.2 Preparar Informes semestrales y un informe final de las actividades realizadas en el campo que les corresponda.

2.2.3 Cooperar en la consolidación de la cooperación recíproca entre los Países Participantes.

2.2.4 Identificar los resultados experimentales que se generen en cada uno de los Países Participantes, que puedan ser aplicables en otros de los Países Participantes.

2.2.5 Identificar y elaborar planes cooperativos de Investigación sobre problemas que sean comúnmente prioritarios para los Países Participantes y cooperar en la ejecución de los mismos.

2.2.6 Identificar material genético disponible en los países y en los Centros Internacionales de Investigación Agrícola para su utilización en los Países Participantes.

2.2.7 Participar, junto con los Coordinadores Nacionales, en la selección de los participantes en las actividades del Programa en el campo que les corresponda.

2.2.8 Asesorar en la programación de las actividades de adiestramiento y en la selección de los lugares que reúnan las mayores ventajas para su realización.

2.2.9 Colaborar en la publicación de trabajos técnicos, originados de las actividades del Programa en el campo que les corresponda, y en la divulgación de los resultados de investigaciones realizadas en los Países Participantes.

2.2.10 Orientar en la selección de los consultores internacionales que prestarán asesoramiento en el campo que les corresponda.

2.2.11 Cooperar en la preparación de los Planes Anuales de Trabajo.

2 .2.12 Informar periódicamente al Director del Programa y evaluar, al término del Programa, los resultados de las labores de transferencia de tecnología, capacitación y otras en las que hayan participado, formulando recomendaciones para su continuidad.

2.2.13 Coordinar el mejor aprovechamiento de las oportunidades de cooperación recíproca entre los Países Participantes, a través del contacto permanente con los Coordinadores Nacionales.

2.2.14 Mantener la coordinación necesaria con los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, para favorecer la transferencia de tecnología de éstos hacia los Países Participantes, determinando las actividades donde se requiera la participación de los Centros.

2.2.15 Colaborar con el Director del Programa en la realización de sus funciones.

3 COORDINADOR INTERNACIONAL DEL SUBPROGRAMA ID

3.1 Criterios de Selección

3.1.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en información y documentación, preferentemente con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado.

3.2 Funciones

3.2.1 Coordinar las actividades del Programa en su campo de acuerdo con lo previsto en el Plan Indicativo y lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo.

3.2.2 Preparar informes semestrales y un informe final de las actividades realizadas en su campo.

3.2.3 Apoyar la realización y desarrollo de un plan regional de información y documentación y recomendar las medidas y procedimientos para mejorar los sistemas de información en los Países Participantes.

3.2.4 Mantener actualizados los registros de información experimental a nivel regional y proveerla sistemáticamente a las IN.

3.2.5 Participar, junto con los Coordinadores Nacionales, en la selección de los participantes en las actividades del Programa en su campo.

3.2.6 Cooperar en la preparación de los Planes Anuales de Trabajo.

3.2.7 Informar periódicamente al Director del Programa y evaluar, al término del Programa, los resultados de las labores de transferencia de tecnología, capacitación y otras en las que haya participado, formulando recomendaciones para su continuidad.

3.2.8 Coordinar el mejor aprovechamiento de las oportunidades de cooperación recíproca entre los Países Participantes, a través del contacto permanente con los Especialistas Nacionales.

3.2.9 Colaborar con el Director del Programa en la realización de sus funciones.

4. COORDINADOR INTERNACIONAL DEL SUBPROGRAMA CT

4.1 Criterios de Selección

4.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en información y documentación, preferentemente con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado.

4.2 Funciones

4.2.1 Coordinar las actividades del Programa en su campo de acuerdo con lo previsto en el Plan Indicativo y lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo.

4.2.2 Preparar informes semestrales y un informe final de las actividades realizadas en su campo.

4.2.3 Identificar las informaciones y experiencias relacionadas con transferencia de tecnología y adiestramiento que puedan ser objeto de intercambio técnico.

4.2.4 Evaluar la disponibilidad de recursos existentes y previstos para labores de transferencia tecnológica y de capacitación, especialmente los conectados con centros nacionales o regionales y estaciones experimentales.

4.2.5 Preparar la parte correspondiente a transferencia de tecnología y de desarrollo de recursos humanos de cada uno de los Planes Anuales de Trabajo, especificando los cursos, seminarios intercambio de personal técnico, adiestramiento en servicio, becas de postgrado, etc., que se realizarán con recursos del Programa.

4.2.6 Cooperar en la coordinación de la realización de las actividades de adiestramiento en los demás campos del Programa, en estrecha articulación con los respectivos Coordinadores, Internacionales y maximizando el aprovechamiento de la participación de especialistas de los Países Participantes, así como de los expertos de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola y de otros organismos internacionales.

4.2.7 Cooperar en la identificación, programación y ejecución de actividades de intercambio relacionadas con la administración de la investigación en especial y con el proceso de cambio tecnológico en general.

4.2.8 Participar, junto con los Coordinadores Nacionales, en la selección de los participantes en las actividades del Programa en su campo.

4 .2.9 Cooperar en la preparación de los Planes Anuales de Trabajo.

4.2.10 Informar periódicamente al Director del Programa y evaluar al término del Programa, los resultados de las labores de transferencia de tecnología, capacitación y otras en que las haya participado, formulando recomendaciones para su continuidad.

4.2.11 Coordinar el mejor aprovechamiento de las oportunidades de cooperación recíproca entre los Países Participantes, a través del contacto permanente con los Especialistas Nacionales.

4.2.12 Colaborar con el Director del Programa en la realización de sus funciones.

5. ESPECIALISTA DE APOYO PARA EL SUBPROGRAMA SP

5.1 Criterios de Selección

5.1.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en la utilización del enfoque de sistemas en investigación, preferentemente con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado.

5.1.2 A igualdad de condiciones técnicas, se dará preferencia en la selección a profesionales que estén o hayan estado vinculados a las IN.

5 2 Funciones

5.2.1 Coordinar las actividades del Programa en su campo de acuerdo con lo previsto en el Plan Indicativo y lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo.

5.2.2 Preparar informes semestrales y un informe final de las actividades realizadas en su campo.

5.2.3 Cooperar en la consolidación de la cooperación recíproca entre los Países Participantes.

5.2.4 Colaborar con los técnicos de las IN en la utilización del enfoque de sistemas de investigación.

5.2.5 Asistir a las IN en el desarrollo de la metodología de sistemas como instrumento para la investigación.

5.2.6 Apoyar la cooperación recíproca en transferencia de metodologías para identificar, clasificar, tipificar, analizar y sintetizar sistemas de producción.

5.2.7 Participar, junto con los Coordinadores Nacionales, en la selección de los participantes en las actividades del Programa en su campo.

5.2.8 Asesorar en la programación de las actividades de adiestramiento y en la selección de los lugares que reúnan las mayores ventajas para sus realización.

5 .2.9 Apoyar la integración de los productos del Programa en sistemas de producción.

5. 2.10 Cooperar en el desarrollo de las actividades del Programa en los demás Subprogramas.

5.2.11 Cooperar en la preparación de los Planes Anuales de Trabajo.

5.2.12 Informar periódicamente al Director del Programa y evaluar, al término del Programa, los resultados de las labores de transferencias de tecnología y capacitación y otras en las que haya participado, formulando recomendaciones para su continuidad.

5.2.13 Coordinar el mejor aprovechamiento de las oportunidades de cooperación recíproca entre los Países Participantes, a través del contacto permanente y del apoyo de los Coordinadores Nacionales.

5.2.14 Colaborar con el Director del Programa en la realización de sus funciones.

6. ESPECIALISTA DE APOYO PARA EL SUBPROGRAMA CO

6.1 Criterios de Selección

6.1.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en el área de comunicación, preferentemente con estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado.

6.1.2 A igualdad de condiciones técnicas, se dará preferencia en la selección a profesionales que estén o hayan estado vinculados a las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes.

6.2 Funciones

6.2.1 Coordinar las actividades de comunicación de acuerdo con lo previsto en el Plan Indicativo y lo que se establezca en los Planes Anuales de Trabajo.

6.2.2 Preparar los informes semestrales y un informe final de las actividades realizadas en su campo.

6.2.3 Cooperar en la consolidación de la cooperación recíproca entre los Países Participantes.

6.2.5 Editar y publicar los documentos técnicos generados de las actividades del Programa en todos sus campos.

6.2.6 Asesorar en los programas de las actividades de adiestramiento en su campo y en la selección de los lugares que reúnan las mayores ventajas para su realización.

6.2.7 Cooperar en la realización de las actividades previstas en los demás campos del Programa.

6.2.8 Cooperar en la preparación de los Planes Anuales de Trabajo.

6.2.9 Informar periódicamente al Director del Programa y evaluar al término del Programa, los resultados de las labores de transferencia de tecnología, capacitación y otras en las que haya participado, formulando recomendaciones para su continuidad.

6.2.10 Colaborar con el Director del Programa en la realización de sus funciones.

7. CONSULTORES INTERNACIONALES

Estos Consultores deberán ser profesionales con comprobada experiencia en el tema de su especialidad con estudios de postgrado al nivel de doctorado en dicho tema.

7.1 Subprograma. CV

7.1.1 Especialista en Mejoramiento de Maíz

Funciones:

7.1.1.1 Orientar en las líneas prioritarias de investigación en mejoramiento genético en Bolivia.

7.1.1.2 Asesorar sobre métodos de mejoramiento genético de poblaciones como fuente de obtención de variedades mejoradas y líneas endocriadas.

7.1.1.3 Asesorar en el uso de métodos de mejoramiento simples para la obtención de variedades mejoradas destinadas al pequeño o mediano productor.

7.1.1.4 Orientar sobre métodos de mejoramiento genético que permitan la utilización de la variedad genética del maíz para mecanizar la respuesta heterótica.

7.1.1.5 Preparar informes semestrales y un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre el informe final.

7.1.2 Especialista en Maquinaria Agrícola

Funciones:

7.1.2.1 Asesor en aspectos relacionados con maquinaria agrícola, para realizar una siembra uniforme en el distanciamiento del plantío y uniformidad en la profundidad de siembra.

7.1.2.2 Asesorar en aspectos relacionados con el laboreo mínimo y en maquinaria agrícola para el laboreo mínimo del suelo.

7.1.2.3 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.1.3 Especialista en Virología

Funciones:

7.1.3.1 Asesorar en la identificación del virus causante de la enfermedad denominada Viral de Río IV.

7.1.3.2 Asesorar en la cría del agente vector.

7.1.3.3 Asesorar en la inoculación artificial del virus.

7.1.3.4 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría. sobre dicho informe.

7.2 Subprograma CI

7.2.1 Especialista en Mejoramiento

Funciones:

7.2.1.1 Analizar los planes de mejoramiento en ejecución en el Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, EMBRAPA, Brasil y la EERA Marcos Juárez, INTA, Argentina.

7.2.1.2 Sugerir métodos y líneas de investigación tendientes a mejorar la investigación en ejecución.

7.2.1.3 Dictar clases en el Curso sobre Avances en Mejoramiento Genético.

7.2.1.4 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.2.2 Especialista en Fitopatología

Funciones:

7.2.2.1 Asesorar en la evaluación de la información disponible con referencia a ocurrencia de Puccinia striformis en Chile.

7.2.2.2 Asesorar al CNPTrigo en la evaluación de la información disponible en enfermedades foliares.

7.2.2.3 Proponer metodologías y nuevas líneas de investigación.

7.2.2.4 Asesorar en la implantación de un sistema de prevención de epifitias.

7.2.2.5 Participar en la Reunión de Especialistas Nacionales de Enfermedades Foliares.

7.2.2.6 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.2.3 Especialista en Enfermedades Foliares

Funciones:

7.2.3.1 Asistir a los Especialistas Nacionales en la recopilación y evaluación de la información disponible en Bolivia y Paraguay.

7.2.3.2 Apoyar a los Especialistas Nacionales en la programación y evaluación de sus trabajos.

7.2.3.3 Contribuir a la capacitación de personal en la especialidad.

7.2.3.4 Participar en la Reunión de Especialistas Nacionales en Enfermedades Foliares.

7.2.3.5 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.2.4 Especialista en Enfermedades Radiculares

Funciones:

7.2.4. 1 Asesorar en la evaluación de la importancia de las enfermedades radiculares en Argentina.

7.2.4.2 Sugerir metodología de enfoque al problema y proponer líneas de investigación.

7.2.4.3 Promover el intercambio de conocimientos y experiencias.

7.2.4.4 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.3 Subprograma OL

7.3.1 Especialista en Mejoramiento

Funciones:

7.3.1.1 Analizar los planes de mejoramiento en ejecución de la región.

7.3.1.2 Asesorar en la definición de criterios de selección para cada área.

7.3. 1.3 Indicar fuentes de material genético para su introducción.

7.3.1.4 Asistir en la programación de líneas de mejoramiento a largo plazo.

7.3.1.5 Colaborar con técnicos locales en la selección de material genético.

7.3.1.6 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.3.2 Especialista en Mejoramiento con Selección por Resistencia a Enfermedad de Oleaginosas

Funciones:

7.3.2.1 Identificar y evaluar la incidencia de enfermedades en la producción de soja y girasol causadas por hongos, virus y bacterias.

7.3.2.2 Sugerir métodos y líneas de investigación, a fin de introducir material genético resistente a las enfermedades más importantes para soja y girasol.

7.3.2.3 Asesorar sobre transferencia de resistencia a las principales enfermedades de una variedad a otra variedad.

7.3.2.4 Asistir en la programación de nuevos trabajos.

7.3.2.5 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.3.3 Especialista en Fitopatología de Culturas Oleaginosas

Funciones:

7.3.3.1 Identificar y evaluar la incidencia de enfermedades en la producción de oleaginosas causadas por hongos, bacterias y virus.

7.3.3.2 Sugerir métodos y líneas de investigaciones tendientes al control de las enfermedades más importantes.

7.3.3.3 Asistir en la programación de nuevos trabajos.

7.3.3.4 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.3.4 Especialista en Patología de Insectos

Funciones:

7.3.4.1 Analizar los trabajos realizados y evaluar el conocimiento disponible.

7.3.4.2 Asistir en la metodología de trabajo.

7.3.4.3 Sugerir metodologías y líneas de investigación para alcanzar las metas previstas en el proyecto.

7.3.4.4 Capacitar personal en la especialidad.

7.3.4.5 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la Institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.4 Subprograma BO

7.4.1 Especialista en Fitotecnia de Forrajeras

Funciones:

7.4.1.1 Asesorar en la determinación de los objetivos en el mejoramiento de plantas forrajeras, con énfasis especial en la relación planta/animal.

7.4.1.2 Analizar críticamente los planes de mejoramiento de plantas forrajeras en la región.

7.4.1.3 Hacer sugerencias acerca de fuentes de material genético disponibles.

7.4.1.4 Participar como instructor en un curso corto sobre "Objetivos de la Fitotecnia de Plantas Forrajeras" a realizarse en el CENARGEN, Brasilia, Brasil.

7.4.1.5 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.4.2 Especialista en Conservación de Forrajes

Funciones:

7.4.2.1 Asesorar en la evaluación de métodos de conservación de forrajes, considerando factores económicos además de los referidos a aspectos físicosbiológicos.

7.4.2.2 Evaluar los programas de investigación sobre conservación de forrajes con los profesionales locales.

7.4.2.3 Identificar el lugar que ocupa la conservación de forrajes en distintos sistemas de producción de bovinos.

7.4.2.4 Participación como conferencista principal en la Reunión sobre "Estrategias para la Conservación de Forrajes", a realizarse en Remehue, Chile.

7.4.2.5 Preparar un Informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.4.3 Especialista en Suplementación Mineral para Rumiantes

Funciones:

7.4.3.1 Analizar con los profesionales locales, los planes de investigación en marcha sobre suplementación mineral a rumiantes en pasturas.

7.4.3.2 Asesorar en la planificación y evaluación de los nuevos experimentos sobre el tema.

7.4.3.3 Participar como conferencista principal en la Reunión sobre "Suplementación Mineral para Rumiantes en Pastoreo" a llevarse a cabo en Campo Grande, MS, Brasil.

7.4.3.4 Preparar un informe final y obtener los comentarios de la institución receptora de la asesoría sobre dicho informe.

7.5 Evaluación del Programa

7.5.1 Criterios de Selección

7.5.1.1 Profesional con no menos de 8 años de experiencia en la ejecución y dirección de programas de investigación, con estudios de postgrado preferentemente a nivel de doctorado.

7.5.1.2 Profesional no perteneciente a los organismos participantes del Programa (Instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes, IICA, Centros Internacionales de Investigación Agrícola en América Latina y Administrador)

7.5.2 Funciones

Realizar una evaluación de la ejecución del Programa al promediar el cuarto semestre, contando con el apoyo de la Comisión Directiva, del Equipo Técnico y de los Equipos Nacionales. La evaluación seguirá los lineamientos que elabore el Comité Técnico y que aprueben la Comisión Directiva, el IICA y el Administrador. En principio, el consultor:

7.5.2.1 Determinará el grado de avance del Programa en función de sus objetivos, actividades programadas y realizadas, presupuesto estimado y gastos efectivos.

7.5.2.2 Señalará los aspectos cualitatitivos de las actividades realizadas,

7.5.2.3 Determinará el grado de efectividad de la estructura operativa básica del Programa, incluyendo las interrelaciones entre la Comisión Directiva, el Equipo Técnico, las Instituciones Nacionales de Investigación Agropecuaria, el IICA y los Centros Internacionales de Investigación Agrícola en América Latina.

7.5.2.4 Determinará el impacto del Programa sobre las Instituciones Nacionales de Investigación Agropecuaria (programación de la investigación, número y capacidad profesional, resolución de problemas, etc.).

7.5.2.5 Detallará las investigaciones en vía de ejecución y los logros tecnológicos alcanzados como consecuencia del Programa.

7.5.2.6 Formulará las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes sobre las acciones y/o actividades a desarrollar durante el período de ejecución restante sobre los aspectos antes señalados.

ANEXO III

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROGRAMA

(PRESUPUESTO A)

(Equivalente en U$S)

  

TOTAL

OBSERVACIONES

A.

Reuniones Comisión Directiva  

37.440

  

5.(1) Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

24.000

2 por año; total 8 reuniones; U$S 5.00/viaje; 6 participantes.

  

5.1.1.2 Viáticos  

13.440

4 días/reunión a U$S 70/día.


B.


Equipo Técnico
  


1.945.552

  

(1) Director  

348.600

  

2. Consultores Individuales (financiamiento IICA)  

288.000

A U$S 72.000/año (según cálculo del IICA)

  

2.5 Viajes en Misión  

60.600

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

31.800

3 viajes/país/año; total 60 viajes a U$S 530/viaje.

  

2.5.1.2 Viáticos  

28.800

6 días/viaje a U$S 80/día: U$S 480/viaje.

  

(ii) Especialista de Apoyo

571.352

Especialista en sistemas y especialista en comunicación, Al 4to. año un especialista adicional con financiamiento de los países.

  

2. Consultores Individuales  

525. 252

  

2. 1 Honorarios  

  

2.1.1 Sueldo Básico  

220.800

A U$S 2.300/mes (c 3/1). Total 96 meses.

  

2.1.2 Licencia acumulada  

10.176

A U$S 106/día; 12 días/año/consultor.

  

2.3 Contratación,
Nombramiento y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

3.600

A U$S 1.700 ida y vuelta; 10 kg. exceso de equipaje a U$S 5/kg.

  

2.3.1.2 Dependientes  

10.800

Idem anterior por 3 dependientes.

  

2.3.2 Transporte Enseres Personales  

83.060

Enseres 10.500 lb. a U$S 1.06 lb. Automóvil a U$S 2.600/ida

  

2.4 Otras Remuneraciones y Beneficios  

  

2.4.1 Instalación  

8.400

24 días a U$S 70/día; dependientes 24 días a U$S 35/día.

  

2.4.2 Ajuste lugar Destino  

98.016

U$S 12.252/año/consultor.

2.4.3 Seguros  

9.600

A U$S 100/mes.

  

2.5 Viajes en Misión  

80.800

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

42.400

2 viajes/país/año; total 80 viajes a U$S 530/viaje.

  

2.5.1.2 Viáticos  

38.400

6 días/viaje a U$S 80/día.

  

– Especialista Nacional
(Aporte Gobiernos)  

46.100

  

– Sueldos y Beneficios  

36.000

Contratado por 12 meses a U$S 3.000/mes.

  

– Viajes en Misión  

10.100

  

– Internacionales  

  

– Pasajes  

5.300

2 viajes/país/año. Total 10 viajes a U$S 530/viaje.

  

– Viáticos  

4.800

6 días/viaje a U$S 80/día.

  

(iii) Coordinadores
internacional  

1.025.600

Subprogramas CV, CI, OL, BO, ID e IC. Total 6 Coordinadores.

– Sueldos y Beneficios

864.000

A U$S 3.000/mes. Total 288 meses.

  

5. Otro personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

161.600

  

5.1.1 Internacionales  

8 viajes/país/6 coordinadores/año. Total 160 viajes.

  

5.1.1.1 Pasajes  

84.800

A U$S 530/viaje.

  

5.1.1.2 Viáticos  

76.800

6 días/viaje a U$S 80/día.


(1) Los números a la izquierda corresponden a las categorías de cuentas del Administrador.


C.  


Consultoría Internacional
  


484.530

  

(i) Largo plazo  

149.930

Consultor fitotecnia, 18 meses para Bolivia.

  

2. Consultores Individuales  

102.910

  

2.1 Honorarios  

  

2.1.1 Sueldo básico  

36.000

A U$S 2.000/mes (c 4/1). Total 18 meses.

  

2.1.2 Licencia Acumulada  

1.476

A U$S 92/día; 12 días/año/consultor.

  

2.3 Contratación, Nombramiento y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

1.800

A U$S 1.700 ida y vuelta; 10 kg. exceso de equipaje a U$S 5/kg.

  

2.3.1.2 Dependientes  

5.400

Idem anterior por 3 dependientes.

  

2.3.2 Transporte Enseres Personales  

41.530

Enseres 10.500 lb. a U$S 1.73/lb. Automóvil a U$S 2.600/ida.

  

2.4 Otras Remuneraciones y Beneficios  

  

2.4.1 Instalación  

2.880

24 días a U$S 48/día; dependientes 24 días a U$S 24/día.

  

2.4.2 Ajuste lugar de destino  

12.824

A U$S 8.026/año/consultor.

  

2.4.3 Seguros  

1.800

A U$S 100/mes.

  

2.5 Viajes en Misión  

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

1.060

2 viajes a U$S 530 c/u.

  

2.5.1.2 Viáticos  

960

6 días/viaje a U$S 80/día.

  

Contrapartida Local  

36.000

Profesional a ser contratado para trabajar con consultor a U$S 2.000/mes.

  

(ii) Corto Plazo  

204.400

14 consultores a 2 meses/consultor; total 28 meses/hombre.

  

2. Consultores Individuales  

  

2.1 Honorarios  

  

2.1.1 Sueldo Básico  

98.000

A U$S 3.500/mes (c 2/5).

  

2.3 Contratación, Nombramiento y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

28.980

A U$S 1.700 ida y vuelta; 10 kg. exceso de equipaje a U$S 7.30/kg. y 25 kg. carga aérea a U$S 4.48/kg.

  

2.3.3 Viáticos  

56.000

50 días a U$S 80/día (discontinuos en una misma localidad)

  

2.4 Otras Remuneraciones y Beneficios  

  

2.4.3 Seguros  

2.800

A U$S 100/mes.

  

2.5 Viajes en Misión  

  

2.5.1 Internacional  

  

2.5.1.1 Pasajes  

7.420

Un viaje/consultor a U$S 530/viaje.

  

2.5.1.2 Viáticos  

11.200

10 días a U$S 80/día.

  

(iii) Especialistas Centros Internacionales  

139.200

  

5. Otro personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

81.600

12 viajes año a U$S 1.700/viaje

  

5.1.1.2 Viáticos  

57.600

15 días de misión a U$S 80/día

D.

Cooperación Técnica Recíproca

1.771.470

  

(1) Reuniones Técnicas y de Coordinación   

437.250

Total de 55 reuniones de los grupos de productos, Sistemas, Inf. y Doc. Adiest. Prog. y Adm. Inv. y Común. Asistirán coordinadores nacionales y 2 especialistas invitados. Participantes financiados por reunión: 7; total 385 participantes financiados.

  

5. Otro personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

327.250

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

204.050

A 530 U$S viaje

  

5.1.1.2 Viáticos  

123.200

4 días a U$S 80/día

Gastos de apoyo; local,
secretaría, informes, etc.  

110.000

A U$S 2.000/evento.

  

(ii) Seminarios  

109.500

6 seminarios. Asistirán 3 profesionales por país y 2 especialistas invitados. Total 102 participantes financiados.

  

5. Otro personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

91.500

  

5. 1. 1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

54.060

A U$S 530/viaje.

  

5.1.1.2 Viáticos  

32.640

  

5.1.1.3 Estipendios  

4.800

Especialista invitados U$S 100/día.

  

Gastos generales; local, secretaría, informes, etc.  

18.000

A U$S 3.000/evento.

  

(iii) Asesoramiento Nacional  

397.400

8 asesores/país/año por el total de los proyectos. Total 192 asesores.

  

5. Otro personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

209.280

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

101.760

A U$S 530/viaje

  

5.1.1.2 Viáticos  

107.520

4 días a U$S 80/día.

  

– Honorarios y otros beneficios  

188.160

7 días a U$S 140/día.

  

(iv) Intercambio para Observación  

770.880

352 profesionales por productos, Sistemas, Inf, y doc., Adm., Inv. Programac. y Adiestramiento.

  

5. Otro personal  

  

5.1. Viajes en Misión  

383.680

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

186.560

A 530 U$S/día

  

5.1.1.2 Viáticos  

197.120

Por viaje 7 días a U$S 80/día.

  

Gastos de apoyo: tiempo profesionales del país receptor, viajes internos, secretaría, etc.   

387.200

A razón de U$S 1.100 por intercambio

  

(v) Participación Congresos y Otros eventos fuera del Programa  

56.400

total 30 participantes.

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.l.1.1 Pasajes  

42.400

A U$S 1.400/viaje.

  

5.1.1.2 –Viáticos  

14.400

6 días/evento a U$S 80/día.

  

E. Adiestramiento   

652.600

  

(1) Cursos cortos  

213.390

9 cursos cortos con la participación de 3 profesionales de los países, fuera del lugar del curso y dos especialistas dictado curso; 17 participantes por curso; total: 153 participantes.

  

3. Becarios y participantes  

168.390

  

3.3 Viajes en Misión  

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

81.090

A U$S 530/participante.

  

3.3.1.2 Viáticos  

73.440

6 días/curso a U$S 80/día/participante.

  

3.3.1.3 Estipendios  

10.800

Profesores a U$S 100/día/curso.

  

3.4 Seguros  

3.060

A U$S 20/participante.

  

Apoyo Local  

45.000

Secretaria, local, transporte interno, U$S 1.500/curso; Material didáctico, U$S 1.500/curso; Profesores Nacionales, U$S 1.500/curso; otros, U$S 500/curso. Total: U$S 5.000 curso.

  

(ii) Adiestramiento en Servicio  

205.530

31 participantes a 25 días/participante.

  

3. Becarios y Participantes  

81.530

  

3.3. Viajes en Misión  

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

16.430

A U$S 500/viaje/participante.

  

3.3.1.2 Viáticos  

62.000

25 días/participante a U$S 80/día.

  

3.4 Seguros  

3.100

A U$S 100/participante.

  

Apoyo Local  

124.000

Tiempo de especialistas dedicados al participante, a razón de U$S 3.000/participante; material didáctico y uso equipos U$S 500/participante; viajes internos, secretaría, informes, U$S 500/participante. Total U$S 4.000/participante.

  

(iii) Adiestramiento otras instituciones  

142.400

Participarán 40 becarios con una duración promedio de 2 meses.

  

3. Becarios y Participantes  

  

3.1 Derechos de Registro y Arancel  

16.000

A U$S 400/becario.

  

3.2 Subsistencia  

40.000

A U$S 500/mes/becario.

  

3.3 . Viajes en Misión  

  

3.3.1. Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

68.000

A U$S 1.700/becario.

  

3.3.1.2 Viáticos.  

6.400

2 días/becario a U$S 80/día.

  

3.4 Seguros  

8.000

A U$S 100/mes.

  

3.5 Material Didáctico  

4.000

A U$S 100/becario.

  

(iv) Becas de Postgrado  

91.280

4 becas de postgrado 24 meses.

  

3. Becarios y Participantes  

  

3.1 Derechos de Registro y Arancel  

24.000

A U$S 6.000/curso.

  

3.2 Subsistencia  

48.000

A U$S 500/mes.

  

3.3 Viajes en Misión  

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

6.800

A U$S 1.700/becario.

  

3.3.1.2 Viáticos  

1.280

4 días/becario a U$S 80/día.

  

3.4 seguros  

9.600

A U$S 100/mes.

  

3.5 Material Didáctico  

1.600

A U$S 400/becario.

  

6. Apoyo General  

741.200

  

6.1 Arriendo Locales  

114.000

Incluye alquiler, oficina y garaje, gastos comunes, mantenimiento y limpieza, impuestos, luz y seguros.

  

6.3 Equipo  

44.000

Adquisición de equipo y mantenimiento de los vehículos del Programa.

  

6.4 Suministros  

98.200

Incluye materiales y suministros de oficina, material para fotocopiadora, matrices, combustible y abonos máquinas oficina.

  

6.6 Personal de apoyo  

230.000

Incluye 3 secretarias, 1 operador de composer, 2 ayudantes/chofer, 1 contable.

  

6.7 Informes/Publicaciones  

100.000

Impresión y distribución informes y publicaciones; incluye la evaluación del proyecto.

  

6.8 Comunicaciones  

24.000

Teléfono, telex, franqueo, etc.

  

6.9 Gastos Generales Contrapartida  

131.000

Incluye los costos administrativos de la contrapartida.

  

96. Apoyo Técnico y Administrativo  

73.000

Incluye gastos del Programa de las Oficinas del IICA localizadas en los Países Participantes.

  

98. Imprevistos   

340.408

  

TOTAL

6.046.200

ANEXO III

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(PRESUPUESTO B)

(Equivalente en U$S)

  

Aportes de los Gobiernos

  

Total

Contribución
del
Administrador

Aporte
(2)IICA

En efectivo

En bienes
y servicios

A.   

Reuniones de Comisión Directiva.

37.440

28.080

9.360

  

5.(1) Otro Personal   

  

5.1 Viajes en Misión   

  

5.1.1 Internacionales   

  

5.1.1.1 Pasajes   

24.000

18.000

6.000

  

5.1.1.2 Viáticos   

13.440

10.080

3.360


B.


Equipo Técnico  


1.945.552


453.022


388.452


204.078


900.000

  

(i) Director:   

348.600

348.600

  

2.1 Consultores Individuales
(financiamiento IICA)  

288.000

288.000

  

2.5 Viajes en Misión  

60.600

60.600

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

31.800

31.800

  

2.5.1.2 Viáticos  

28.800

28.800

  

(ii) Especialistas de Apoyo  

571.352

331.822

39.852

163.678

36.000

  

2. Consultores Individuales  

525.252

331.822

39.852

153.578

  

2.1 Honorarios  

  

2.1.1 Sueldo Básico  

220.800

138.000

27.600

55.200

  

2.1.2 Licencia Acumulada  

10.176

7.632

2.544

  

2.3 Contratación, Nombramiento y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

3.600

1.800

1.800

  

2.3.1.2 Dependientes  

10.800

5.400

5.400

  

2.3.2 Transporte Enseres Personales

83.060

41.530

41.530

  

2.4 Otras Remuneraciones y Beneficios  

  

2.4.1 Instalación  

8.400

8.400

  

2.4.2 Ajuste lugar destino  

98.016

61.260

12.252

24.504

  

2.4.3 Seguros  

9.600

7.200

2.400

  

2.5 Viajes en Misión  

80.800

60.600

20.200

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

42.400

31.800

10.600

  

2.5.1.2 Viáticos  

38.400

28.800

9.600

  

Especialista Nacional
(contrapartida países)  

46.100

10.100

36.000

  

Sueldos y Beneficios  

36.000

36.000

  

2.5 Viajes en Misión  

10.100

10.100

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

5.300

5.300

  

2.5.1.2 Viáticos  

4.800

4.800

  

(iii) Coordinadores por producto  

1.025.600

121.200

40.400

864.000

  

Sueldos y Beneficios  

864.000

864.000

  

5. – Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

161.600

121.200

40.400

  

5.1.1 – Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

84.800

63.600

21.200

  

5.1.1.2 Viáticos  

76.800

57.600

19.200


C.
  


Consultoría Internacional  


484.530


206.600


58.400


183.530


36.000

  

(1) Largo Plazo 

140.930

104.930

36.000

  

2. Consultores Individuales  

102.910

102.910

  

2.1 Honorarios  

2.1.1 Sueldo básico 36.000  

36.000

  

2.1.2 Licencia acumulada  

1.476

1.476

  

2.3 Contratación, Nombramiento
y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

1.800

1.800

  

2.3.1.2 Dependiente  

5.400

5.400

  

2.3.2 Transporte Enseres Personales 

41.530

41.530

  

2.4 Otras Remuneraciones
y Beneficios  

  

2.4.1 Instalación  

2.880

2.880

  

2.4.2 Ajuste lugar de destino  

12.024

12.024

  

2.4.3 Seguros  

1.800

1.800

  

2.5 Viajes en Misión  

2.020

2.020

  

2.5.1 Internacionales  

  

2.5.1.1 Pasajes  

1.060

1.060

  

2.5.1.2 Viáticos  

960

960

  

– Contrapartida local  

36.000

36.000

  

(ii) Corto Plazo  

204.400

102.200

58.400

43.800

  

2. Consultores Individuales  

  

2.1 Honorarios  

  

2.1.1 Sueldo Básico  

98.000

49.000

28 000

21.000

  

2.3 Contratación, Nombramiento
y Repatriación  

  

2.3.1 Pasajes  

  

2.3.1.1 Consultor  

28.980

14.490

8.280

6.210

  

2.3.3 Viáticos  

56.000

28.000

16.000

12.000

  

2.4 Otras Remuneraciones
y Beneficios  

  

2.4.3 Seguros  

2.800

1.400

800

600

  

2.5 Viajes en Misión  

  

2.5.1 Internacional  

  

2.5.1.1 Pasajes  

7.420

3.710

2.120

1.590

  

2.5.1.2 Viáticos  

11.200

5.600

3.200

2.400

  

(iii) Especialistas Centros
Internacionales
  

139.200

104 400

34.800

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

81.600

61.200

20.400

  

5.1.1.2 Viáticos  

57.600

43.200

14.400


D.


Cooperación Técnica Recíproca  


1.771.470


791.020


29.750


247.340


703.360

  

(i) Reuniones Técnicas y
de Coordinación
 

437.250

243.950

29.750

53.550

110.000

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

327.250

243.950

29.750

53.550

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

204.050

152.110

18.550

33.390

  

5.1.1.2 Viáticos  

123.200

91.840

11.200

20.160

  

5.9 Gastos de apoyo; local,
secretaría, informes, etc.  

110.000

110.000

  

(ii) Seminarios   

109.500

76.250

15.250

18.000

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

91.250

76.250

5.250

  

5. 1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

54.060

45.050

9.010

  

5.1.1.2 Viáticos  

32.640

27.200

5.440

  

5.1.1.3 Estipendios  

4.800

4.000

800

  

5.9 Gastos generales; local,
secretaría, informes, etc.  

18.000

18.000

  

(iii) Asesoramiento Nacional  

397.440

156.950

52.320

188.160

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

209.280

156.960

52.320

  

5. 1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

101.760

76.320

25.440

  

5.1.1.2 Viáticos  

107.520

89.640

26.880

  

– Estipendios  

168.160

188.160

  

(iv) Intercambio de Observación  

770.880

272.500

111.180

387.200

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

383.680

272.500

111.180

  

5.1.1 – Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

186.560

132.500

54.060

  

5.1.1.2 Viáticos  

197.120

140.000

57.120

  

5.9 Gastos de apoyo; tiempo
profesionales del país receptor,
viajes internos, secretaría, etc.  

387.200

387 .200

  

(v) Participación Congresos y
Otros eventos fuera del Programa
  

56.400

41.360

15.040

  

5. Otro Personal  

  

5.1 Viajes en Misión  

  

5.1.1 Internacionales  

  

5.1.1.1 Pasajes  

42.000

30.800

11.200

  

5.1.1.2 Viáticos  

14.400

10.560

3.840


E.


Adiestramiento  


652.600


389.540



94.060


169.000

  

(i) Cursos Cortos

213.390

130.970

37.420

45.000

  

3. Becarios y Participantes  

168.390

130.970

37.420

  

3.3 Viajes en Misión  

  

3.3. 1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

81.090

63.070

18.020

  

3.3.1.2 Viáticos  

73.440

57.120

16.320

  

3.3.1.3 Estipendios  

10.800

8.400

2.400

  

3.4 Seguros  

3.060

2.380

680

  

3.9 Apoyo Local  

45.000

45000

  

(ii) Adiestramiento en servicio  

205 .530

60.490

21.040

124.000

  

3. Becarios y Participantes  

81.530

60.490

21 .040

  

3.3 Viajes en Misión  

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

16.430

12.190

4.240

  

3.3.1.2 Viáticos  

62.000

46.000

16.000

  

3.4 Seguros  

3.100

2.300

800

  

3.9 Apoyo Local  

124.000

124.000

  

(iii) Adiestramiento
Instituciones Especiales
  

142.400

106.800

35.600

  

3. Becarios y Participantes  

  

3.1 Derechos de Registro
y Arancel  

16.000

12.000

4.000

  

3.2 Subsistencia  

40.000

  

3.3 Viajes en Misión  

30.000

10.000

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

68.000

51000

17.000

  

3.3.1.2 Viáticos  

6.400

4.800

1.600

  

3.4 Seguros  

8.000

6.000

2.000

  

3.5 Material Didáctico  

4.000

3.000

1.000

  

(iv) Becas de Postgrado  

91.280

91.280

  

3. Becarios y Participantes  

  

3. 1 Derechos de Registro
y Arancel  

24.000

24.000

  

3.2 Subsistencia  

48.000

48.000

  

3.3 Viajes en Misión  

  

3.3.1 Internacionales  

  

3.3.1.1 Pasajes  

6.800

6.800

  

3.3.1.2 Viáticos  

1.280

1.280

  

3.4 Seguros  

9.600

9.600

  

3.5 Material Didáctico  

1.600

1.600

  

6. Apoyo General  

741.200

244.102

322.238

43.860

131.000

  

6.1 Arriendo Locales  

114.000

106.000

8.000

–  

  

6.3 Equipo  

44.000

24.000

17.000

3.000

  

6.4 Suministros  

98.200

17.000

76.022

5.178

  

6.6 Personal de apoyo  

230.000

138.102

83.898

8.000

  

6.7 Informes/Publicaciones  

100.000

65.000

15.318

19.682

  

6.8 Comunicaciones  

24.000

24.000

  

6.9 Gastos Generales
de Contrapartida  

131.000

131.000

  

96. Apoyo Técnico y
Administrativo
  

73. 000

73.000

  

98. Imprevistos

340.408

142.636

34.132

163.640

  

TOTAL

6.046.200

2.255.000

881.200

807.000

2.103.000

(1) Los números a la izquierda corresponden a las categorías de cuentas del Administrador.
(2) En los términos establecidos en la Sección 3.07.

ANEXO III

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA

(PRESUPUESTO C)

(equivalente en U$S)

1er. Año

  

Aportes de los Gobiernos

  

Contribución
del Administrador

Aporte (1) del IICA

En efectivo

En bienes y servicios

Total

A.  

Comisión Directiva  

(2)

9.360

9.360

B.  

Equipo Técnico

  

  

(i) Director   

(1)

87.150

87.150

  

(ii) Especialista   

(2)

161.978

161.978

  

(iii) Coordinadores Intls.  

(6)

40.400

216.000

258.400

C.  

Consultoría Internacional  

  

(i) Largo Plazo   

  

(ii) Corto plazo   

(6 m/h)

43.800

43.800

  

(iii) Esp. Centros Intls.

(12)

34.800

34.800

D.  

Cooperación Técnica Recíproca  

  

(i) Reuniones   

(14)

83.300

28.000

111.300

  

(ii) Seminarios   

(2)

30.500

6.000

36.500

  

(iii) Asesoramiento Nal.

(48)

52.320

47.040

99.360

  

(iv) Intercambio Observaciones  

(88)

95.920

96.800

192.720

  

(v) Part. Congresos y otros

(7)

13160

13.160

E.  

Adiestramiento   

  

(i) Cursos Cortos   

(3)

56.130

15.000

71.130

  

(ii) Adiestr. en Servicio  

(8)

21.040

32.000

53.040

  

(iii) Adiestramiento Inst. Espec.  

(10)

35.600

35.600

  

(iv) Becas Pcstgrado  

(4)

24.840

24.840

F.  

Adquisiciones y Mantenimiento  

16.000

4.000

20.000

G.  

Informes/Publicaciones

25.000

25.000

H.  

Gastos Generales   

(2)

53.950

59.050

32.750

145.750

I.  

Apoyo Técnico y Administrativo  

3.000

3.000

J.  

Imprevistos   

53702

36.410

90.112

  

TOTAL

851.800

153.200

510.000

1.515.000

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.
(2) Comprende arriendo de local, suministro, personal de apoyo y comunicaciones.

2do. Año

  

Aportes de los Gobiernos

Contribución del Administrador

Aporte (1) del IICA

En efectivo

En bienes y servicios

Total

A.

Comisión Directiva  

(2)

9.360

9.360

B.

Equipo Técnico   

  

(i) Director   

(1)

87.150

87.150

  

(ii) Especialistas Apoyo  

(2)

104.848

104.848

  

(iii) Coordinadores Intls.  

(6)

40.400

216.000

256.400

C.

Consultoría Internacional  

  

(i) Largo plazo  

(1)

  

(ii) Corto plazo  

(8 m/h)

29.200

29.200

58.400

  

(iii) Esp. Centros Intls.  

(12)

34.800

34.800

D.

Cooperación Técnica Recíproca  

  

(i) Reuniones   

(14)

83.300

28.000

111.300

  

(ii) Seminarios  

(2)

30.500

6.000

36.500

  

(iii) Asesoramiento Nal.  

(48)

52.320

47.040

99.360

  

(iv) Intercambio Observacional  

(88)

95.920

96.800

192.720

  

(v) Part. Congresos y otros  

(7)

13.160

13.160

E.

Adiestramiento   

  

(i) Cursos Cortos  

(2)

37.420

10.000

47.420

  

(ii) Adiestr. en Servicio  

(8)

1.040

32.000

53.040

  

(iii) Adiestramientos Inst. Espec.  

(10)

35.600

35.600

  

(iv) Becas Postgrado  

(4)

41.600

41.600

F.

Adquisiciones y Mantenimiento  

8.000

8.000

G.

Informes/Publicaciones

25.000

25.000

H.

Gastos Generales (2)

  

71.550

41.650

32.750

145.950

I.

Apoyo Técnico y Administrativo  

20.000

20.000

J.

Imprevistos   

52.182

36.410

88.592  

  

TOTAL

786.200

178.000

505.000

1.469.200

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.
(2) Comprende arriendo de local, suministros, personal de apoyo y comunicaciones.

3er. Año

  

Aportes de los Gobiernos

Contribución del Administrador

Aporte (1) del IICA

En efectivo

En bienes y servicios

Total

A.

Comisión Directiva  

(2)

9.360

9.360

B.

Equipo Técnico   

  

(i) Director   

(1)

87.150

87.150

  

(ii) Especialistas Apoyo  

(2)

64.996

39.852

104.848

  

(iii) Coordinadores Intls.  

(6)

40.400

216.000

256.400

C.

Consultoría Internacional  

  

(i) Largo plazo  

(1)

44.345

12.000

56.345

(ii) Corto plazo (8 m/h)

29.200

14.600

14.600

58.400

  

(iii) Esp. Centros Intls.  

(12)

34.800

34.800

D.

Cooperación Técnica Recíproca  

  

(i) Reuniones   

(13)

77.350

26.000

103.350

  

(ii) Seminarios  

(1)

15.250

3.000

18.250

  

(iii) Asesoramiento Nal.  

(48)

52.320

47.040

99.360

  

(iv) Intercambio Observacional  

(88)

80.660

15.260

96.800

192.720

  

(v) Part. Congresos y otros  

(8)

15.040

15.040

E.

Adiestramiento   

  

(i) Cursos Cortos  

(2)

37.420

10.000

47.420

  

(ii) Adiestr. en Servicio  

(8)

18.410

2.630

32.000

53.040

  

(iii) Adiestramiento Inst. Espec.  

(10)

35.600

35.600

  

(iv) Becas Postgrado  

(4)

24.840

24.840

F.

Adquisiciones y Mantenimiento  

8.000

8.000

G.

Informes/Publicaciones   

15.000

10.000

25.000

H.

Gastos Generales (2)

29.602

90.398

32.750

152.750

I.

Apoyo Técnico y Administrativo  

25.000

25.000

J.

Imprevistos   

36.752

4.165

39.410

80.327

  

TOTAL

617.000

275.000

81.000

515.000

1.488.000

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.
(2) Comprende arriendo de local, suministros, personal de apoyo y comunicaciones.

4to. Año

A.

Comisión Directiva  

(2)

9.360

9.360

B.

Equipo Técnico  

  

(i) Director  

(1)

87.150

87.150

  

(ii) Especialistas
Apoyo  

(3)

163.678

36.000

199.678

  

(iii) Coordinadores
Intls.  

(6)

40.400

216.000

256.400

C.

Consultoría
Internacional  

  

(i) Largo plazo  

(1)

60.585

24.000

84.585

  

(ii) Corto plazo  

(6
m/h)

14.600

29.200

43.800

  

(iii) Esp. Centros Instls.  

(12)

34.800

34.800

D.

Cooperación Técnica
Recíproca  

  

(i) Reuniones  

(14)

29.750

53.550

28.000

111.300

  

(ii) Seminarios  

(1)

15.250

3.000

18.250

  

(iii) Asesoramiento
Nal.  

(48)

52.320

47.040

99.360

  

(iv) Intercambio
Observaciones  

(88)

95.920

96.800

192.720

  

(v) Part. Congresos
y otros  

(8)

15.040

15.040

E.

Adiestramiento   

  

(i) Cursos Cortos  

(2)

37.420

10.000

47.420

  

(ii) Adiestr. en Servicio  

(7)

18.410

28.000

46.410

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.
(2) Comprende arriendo de local, suministros, personal de apoyo y comunicaciones.

  

(iii) Adiestramiento
Inst. Espec.  

(10)

35.600

35.600

  

(iv) Becas Postgrado  

F.

Adquisiciones y
Mantenimiento

5.000

3.000

8.000

G.

Informes/
Publicaciones  

5.318

19.682

25.000

H.

Gastos Generales  

(2)

98.822

21.178

32.750

152.750

I.

Apoyo Técnico y
Administrativo

25.000

25.000

J.

Imprevistos   

29.967

51.410

81.377

  

TOTAL

275.000

726.000

573.000

1.574.000

(1) En los términos establecidos en la Sección 3.07.
(2) Comprende arriendo de local, suministros, personal de apoyo y comunicaciones.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el texto del Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la República Oriental del Uruguay, la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República del Paraguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un Programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria, considerando de suma importancia dar su conformidad al proyecto de ley que lo aprueba.

ANTECEDENTES

El programa cooperativo de investigación agrícola del Cono Sur - PROCISUR es un esfuerzo encarado por los Gobiernos de los países del Cono Sur en el sentido de dar continuidad al trabajo iniciado por el Programa IICA-Cono Sur, BID. El Programa IICA-Cono Sur-BID surgió en base al convenio de cooperación técnica no reembolsable ATN/SF-1586-RE, firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los gobiernos de la Nación Argentina, República de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Chile, República del Paraguay, República Oriental del Uruguay e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y desarrolló sus actividades desde enero de 1980 hasta diciembre de 1983.

Sus objetivos fueron:

a) Establecer un sistema de cooperación entre las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes, que les permita el máximo aprovechamiento de sus conocimientos y recursos disponibles, así como la coordinación de esfuerzos para la solución de problemas comunes.

b) Fortalecer las actividades de investigación en trigo, maíz, soja y bovinos de carne que realizaban las instituciones nacionales de investigación agropecuaria de los Países Participantes.

c) Promover la creación de un mecanismo efectivo de transferencia tecnológica de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, a las instituciones de investigación agropecuaria de los Países Participantes.

Este programa ha satisfecho una necesidad de las instituciones de investigación agrícola de la zona en cuanto a que logró impulsar y hacer efectivo el intercambio dentro de la región a través de intercambio profesional, de documentación, equipo experimental, métodos, germoplasma, etc., y desarrollo de trabajos de complementación con otros países, permitiendo al mismo tiempo ampliar el marco de referencia para la percepción de problemas a través del conocimiento de la diversidad de situaciones que surgen en el contexto regional.

PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACION AGRICOLA DEL CONO SUR PROCISUR

El Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur - PROCISUR en su Etapa de Consolidación 1984 - 1987, desarrollará sus actividades en base a un nuevo Convenio firmado entre los Gobiernos de la Nación Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de China, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de una cooperación técnica no reembolsable, hará un aporte de U$S 2.255.000,00 que será utilizado en los tres primeros años. El IICA además de actuar como Agencia Administradora, hará un aporte de U$S 935.000,00. Los Países, además de la Contrapartida en servicios, materiales y personal, estimada en U$S 2.103.000,00 harán un aporte financiero el 3er. año de U$S 71.000,00 y en el 4to. año una contribución de U$S 736.000,00.

La contribución de Uruguay es de U$S 112.000,00 (ciento doce mil dólares), que deben integrarse en cinco cuotas trimestrales de U$S 22.400,00 (veintidós mil cuatrocientos dólares), a partir del 2º semestre del tercer año del Proyecto. Dado que el proyecto comenzó efectivamente el 1/X/85, corresponderá su pago a partir del 1/IV/88.

Los objetivos del Programa son:

– Generales

Apoyar acciones de las instituciones de investigación agropecuaria de los países que tienen por objeto intensificar la indagación científica, el intercambio, el apoyo recíproco y la acción cooperativa relacionada con la tecnología agrícola.

– Específicos

Consolidar la experiencia y los mecanismos de intercambio y cooperación que han sido movilizados en el Programa Cooperativo de Investigación Agrícola Cono Sur ATN/SF-1586-RE y que terminó en diciembre de 1983.

Incrementar la utilización, por parte de los países, de la tecnología desarrollada por los Centros Internacionales de Investigación.

Promover, la asistencia mutua para el aprovechamiento de la tecnología, los recursos disponibles y la búsqueda de soluciones a problemas comunes.

Realizar acciones de fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales de los países participantes.

Identificar las posibilidades y promover la realización de esfuerzos cooperativos y acciones conjuntas.

Asimismo, en forma general se intenta institucionalizar, a nivel regional, un sistema permanente de coordinación y soporte científico del apoyo reciproco, del intercambio de conocimientos y de acciones conjuntas y cooperativas.

Estrategia Básica

El Programa será dirigido por la Comisión Directiva, integrada por los Directores de Investigación Agropecuaria de los seis países del Cono Sur.

El IICA será la Agencia Administradora, utilizando para ello sus Oficinas, en especial las de los países del Cono Sur, principalmente la de Uruguay, sede del Programa.

La Dirección Técnica y Administrativa estará a cargo del Director, que también ejercerá las funciones de Secretario Técnico de la Comisión Directiva.

El Programa tiene cuatro Proyectos de Productos. a saber:

– Cereales de verano

– Cereales de invierno

– Oleaginosas

– Producción animal - bovinos

Con fines de asegurar la continuidad y consolidar las acciones con los Productos de la etapa anterior, el 80 por ciento de los recursos de los Proyectos antes citados, serán dedicados respectivamente a maíz, trigo, soja y bovinos para carne.

El restante 20 por ciento se utilizará para la realización de algunas actividades con arroz y sorgo en el Proyecto Cereales de Verano; avena, cebada y triticale en el Proyecto de Cereales de Invierno; colza o raps girasol y maní en el de Oleaginosas y Bovinos para Leche en el Proyecto Producción Animal - Bovinos.

Estos proyectos, bajo la supervisión del Director del Programa, serán conducidos por los Coordinadores Internacionales del Proyecto, que serán aportados por Argentina (Cereales de Verano y Producción Animal - Bovino) y por Brasil (Cereales de Invierno y Oleaginosas) y tendrán su sede en sus respectivos países. Se cuenta, también, en la conducción de los Proyectos, a nivel de los países, con los Coordinadores Nacionales que son aportados por los propios países.

Además de los proyectos ya citados, el programa contará con cuatro proyectos más de apoyo, a saber:

– Sistemas de Producción

– Información y documentación

– Transferencia de tecnología y capacitación

– Comunicación

Los proyectos de Sistemas y de Comunicación serán coordinados por Especialistas Internacionales de Apoyo; en el de Información y Documentación y en el de Transferencia de Tecnología y Capacitación, se contará con el apoyo de EMBRAPA, Brasil y de INTA, Argentina, respectivamente, para la realización de la coordinación.

El programa será desarrollado en cuatro años y se espera, en este período, consolidar acciones de tipo cooperativo entre los países en la investigación de maíz, trigo, soja y bovinos para carne. Al mismo tiempo, a través de intercambio y apoyo recíproco, se piensa estimular acciones para un mejor conocimiento de la situación e inicio de trabajos cooperativos en algunos de los otros productos antes citados.

Las acciones que se piensan desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, pueden ser agrupados en dos tipos de actividades, a saber: a) Transferencia de Tecnología y b) Fortalecimiento Institucional.

– En Transferencia de Tecnología se agrupan las actividades a ser realizadas por:

a. Especialistas Internacionales de Largo Plazo

Coordinadores Internacionales de Proyecto, que serán aportados: tres por Argentina y tres por Brasil, dos Especialistas de Apoyo y un Consultor de Largo Plazo. En el cuarto año se incorpora un tercer Especialista de Apoyo.

b. Técnicos Internacionales de Corto Plazo

Consultores contratados y cooperación de técnicos de Centros Internacionales.

c. Técnicos Nacionales

Coordinadores Nacionales de Proyecto, que constituye otra forma de contrapartida de los países; los participantes en Intercambio técnico, incluyendo los que van a dar asesoramiento, los que viajan en búsqueda de información y observación, y los técnicos que viajan para participar en Congresos, Simposios, Seminarios y Reuniones de otras Instituciones; los participantes en las Reuniones y Seminarios Técnicos; en estos últimos podrán participar también uno o das expositores de los propios países del Cono Sur o de otras regiones.

– En Fortalecimiento Institucional se espera apoyar a las instituciones de investigación agropecuaria de los países mediante:

a. Adiestramiento: contemplando Cursos Cortos, Adiestramiento en Servicio, Adiestramiento en otras Instituciones y Becas para Cursos de Postgrado.

b. Apoyo complementario, mediante la dotación de recursos para la compra, apenas en casos excepcionales y debidamente justificados, de equipos, vehículos, material genético, material bibliográfico y mantención de vehículos y equipo.

c. Trabajos relacionados con la edición, publicación y distribución de los informes técnicos, derivados de las actividades del Programa, incluso la continuidad de la serie "Diálogo".

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión, reitera aconsejar al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión , 12 de mayo de 1986.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Hugo Batalla, Carminillo Moderes, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un Programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria (ATB/TF-2434-RF).

Art. 2º – Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 1986.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Hugo Batalla, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase el proyecto.

(Se lee)

– En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. – Señor Presidente: en primer término, quiero formular un elogio a la Comisión porque ha presentado un informe completo, acompañado del texto del convenio a que se refiere las carencias que en ocasiones similares hemos observado, aquí se han colmado.

No obstante, yo diría que faltan algunos datos importantes para ilustrar al Senado. No sabemos, por ejemplo, cuáles de todos estos países ya han ratificado o puesto en vigencia este acuerdo, cosa que no se aclara en el Mensaje del Poder Ejecutivo.

También tenemos alguna confusión respecto a quién es el administrador porque aquí, en medio de esta selva de siglas hay una que me resulta particularmente fastidiosa. Me refiero a la IICA, que quiere decir Instituto Interamericano de Ciencias Agrarias.

En la página 12 se establece que IICA es la agencia administradora del programa. Parecería que es la que administra, y así se lo confirma en varios otros artículos. Pero por otro lado, dice: "el administrador". Entonces, yo no sé bien quién es el administrador, ya que en lo que vendría a ser el prefacio –que también está escrito en un lenguaje un tanto críptico– dice: "el Banco Interamericano de Desarrollo, actuando en su calidad de administrador del Fondo Fiduciario de Progreso Social, en adelante denominado el administrador. . ." Esa denominación de "administrador" ¿se refiere al BID o al Fondo Fiduciario? ¡Vaya uno a saber!

Por otra parte, en la misma página 12 se indican las funciones de la Agencia Administrativa y, entre otras cosas, dice: "administrará los recursos del programa". Parecería que si hay una agencia que administra los recursos del programa, es típicamente la administradora. Sin embargo, el administrador es otro personaje que parecería no tiene nada que ver con esta agencia. En realidad, no figuran en ningún lado las funciones del administrador.

Señalo también que hay una evidente desigualdad de tratamiento en la comparación que se hace entre Uruguay, Argentina y Brasil. En la página 22 se habla del desembolso de la contribución en las monedas que a continuación se indican. Hay hasta el equivalente de U$S 250.000 en pesos argentinos; y hasta el equivalente de U$S 250.000 en cruceiros (ahora tendría que decir "cruzados") pero no hay ningún desembolso equivalente a pesos uruguayos y, por supuesto, tampoco a bolivianos ni paraguayos. No sé a qué obedece esta diferencia de tratamiento

Digo – si no recuerdo mal– que fue aquel gran político y diplomático Talleyrand, quien dijo que las palabras se habían inventado para disfrazar los pensamientos. Este convenio es un ejemplo brillante de esa afirmación histórica, porque si leemos el nombre del convenio –"Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable"– veríamos que se ajusta a este caso. Cualquiera que se guiara por estas expresiones, pensaría que en virtud del mismo, Uruguay va a recibir una ayuda técnica gratuita , porque no otra cosa quiere decir "no reembolsable".

Sin embargo, si albergara ese pensamiento, esa ilusión le duraría muy poco, porque ya en el párrafo segundo del Mensaje, el propio Poder Ejecutivo se encarga de decirnos que este convenio tiene por objeto cooperar en el financiamiento de los gastos que demande la realización del programa; o sea, que Uruguay tiene que hacer un desembolso; para él no es gratis. ¡Adiós, pues, ilusión de convenio no - reembolsable!

Repuestos de esta decepción, procuramos saber cuanto nos costará y cómo lo pagaremos. Veamos pues el texto del convenio.

De él resulta que quien va a proporcionar fondos que no le serán reembolsados, es el BID en representación del Fondo Fiduciario de Progreso Social. Pero esos fondos no alcanzan para cubrir las necesidades del programa y son sólo una contribución a esos gastos; lo que falte lo pagarán los países participantes y entre ellos, naturalmente, el Uruguay.

Averigüemos, por lo tanto, a cuánto asciende la contribución de nuestro país. Esto está establecido en el Capítulo III denominado "Costo y Desembolso". Por si algún desaprensivo siguiera creyendo en lo de "no-reembolsable" –debido a que ha leído únicamente el título del convenio– aquí se le aclara terminantemente, en el Capítulo III, página 19.

¿Qué es lo que aportan los países? Una parte la aportan en bienes y servicios y otra en efectivo. El Uruguay debe aportar en bienes y servicios U$S 182.000 y en efectivo U$S 112.980, o sea, un total de U$S 294.980 Igualmente se establece el aporte de los demás países. No se explica en ningún lado cuál ha sido el criterio observado para la adjudicación de estos montos. Por ejemplo, ¿por qué algunos países contribuyen más en bienes y servicios que en efectivo y otros lo hacen a la inversa?

Tampoco se aclara por qué tanto la Argentina como el Brasil contribuyen con la misma cantidad en efectivo U$S 209.820 y, en cambio, en bienes y servicios aporta más Brasil que Argentina. Podrá decirse que la contribución de los demás países no debe interesarnos mayormente; yo pienso que sí, que nos interesa para poder apreciar si el aporte uruguayo es equitativo al compararse con el resto de las naciones. Por consiguiente, hubiera sido importante conocer los criterios que se tuvieron en cuenta en la adjudicación de las contribuciones; es decir si se estableció de acuerdo a la superficie, al número de habitantes, la magnitud de la cooperación técnica a recibir, la situación económica del país o cualquier otra razón.

Quedamos, pues, señor Presidente, en que el aporte del Uruguay, según este Capítulo III, es de U$S 294.980.

En el informe de la Comisión que figura en la página 77 de este repartido, se padece error cuando expresa que la contribución de nuestro país es de U$S 112.000. Comete un doble error; primero, porque sólo tiene en cuenta el aporte en efectivo omitiendo los U$S 182.000 de contribución en bienes y servicios; y segundo, porque el aporte en efectivo no es de U$S 112.000 sino dólares 112.980.

Siguiendo el texto del convenio, al llegar a este Capítulo III podríamos decir que ahora sí sabemos que la contribución del Uruguay es de U$S 294.980. Aquí está bien explicado. Pero si eso pensáramos, volveríamos a equivocarnos, porque siguiendo con la lectura nos tropezamos ¡ay! dolorosamente, con la página 25, inciso (d) de la Sección 3.06, donde se expresa: "Además de los aportes a que se refieren los párrafos (b) y (c) anteriores, los Gobiernos Proveerán" y hay una lista de lo que proveerán, que son los salarios de los técnicos de sus respectivos países que participen en las reuniones, seminarios, intercambio para observaciones y en las actividades de adiestramiento en otras instituciones, los gastos de viajes, viáticos así como otras erogaciones de los técnicos que participen en actividades dentro de sus propios países, las instalaciones, equipos y servicios adicionales necesarios para ejecutar las actividades del Programa en los respectivos países, y el apoyo profesional que requieran los integrantes del equipo técnico y los consultores internacionales para realizar sus labores en las naciones participantes.

Todo este aporte adicional no está avaluado, es decir, no se dice a cuánto ascenderá en dólares o en nuevos pesos. Aunque no se dieran cifras exactas podría haberse hecho un cálculo estimativo de salarios y viáticos para poder tener una idea de cuál será el desembolso de Uruguay. Quedamos sin saber, con alguna aproximación cuánto le costará este convenio a nuestro país.

Si no sabemos eso, por lo menos, vamos a ver en qué forma deberemos pagar nuestro aporte.

La Comisión nos informa en la página 77 del repartido que Uruguay deberá pagar cinco cuotas trimestrales de U$S 22.400 a partir del segundo semestre del tercer año del Proyecto. Y agrega: "Dado que el proyecto comenzó efectivamente el 1º de octubre de 1985, corresponderá su pago a partir del 1º de abril de 1988". Parecería, de acuerdo a lo informado por la Comisión, que hasta 1988 podemos estar tranquilos y que no tenemos nada que pagar.

Sin embargo, la Comisión se refiere exclusivamente –aunque no lo dice– al aporte en efectivo, porque en cuanto a la contribución en bienes y servicios, ella se efectuará durante los cuatro años de ejecución del Programa, según se establece en la página 21, letra (c).

Como el Programa empezó –según nos di ce la Comisión– el 1º de octubre de 1985, ¿hemos ya efectuado nuestro aporte en bienes y servicios correspondiente a los años 1985-86, estamos atrasados, o no nos correspondería pagar? Esa es la duda que me queda.

Ni de la lectura del Mensaje del Poder Ejecutivo ni de la del texto del acuerdo, surge cuándo comenzó el Convenio.

En la página 27 se indica que el Convenio comenzó el 15 de agosto de 1984. Allí se expresa: "los Gobiernos, el IICA y el Administrador, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, suscriben el presente Convenio en ocho ejemplares de igual tenor, que se tendrá como válido desde el día 15 de agosto de 1984".

Por otra parte, al comienzo de la página 5 se dice otra cosa, indicándonos que este Convenio se celebra en virtud de un contrato firmado en el año 1961 y sus diversas modificaciones de los años 1964, 1966, 1972, 1975 y 1980. En consecuencia, se nos plantea la duda sobre la fecha exacta de comienzo de este Contrato.

El literal (c) de la página 8 podría aclararnos el punto. Dice lo siguiente: "El Programa será realizado en un plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que inicie sus labores el Director del Programa". A continuación, el literal (d) expresa: "Para los efectos del presente Convenio se tendrá como fecha de iniciación del Programa la que corresponda al día que comience sus labores el Director del Programa".

En consecuencia, tenemos varias fechas alternativas y realmente no sé por cuál inclinarme, porque no surge claramente de ningún lado.

Finalmente, deseo formular una consideración de carácter general. El texto del Convenio que está sobre nuestras mesas de trabajo está redactado en español, pero la estructura del articulado, los giros verbales y el ordenamiento de los temas es típicamente de origen sajón y, concretamente, estadounidense; es el estilo de la legislación norteamericana. Naturalmente que esto es comprensible porque todos estos contratos en los que intervienen organismos internacionales se guían por un patrón de redacción que proviene de los países proveedores de dinero.

No obstante reconocer ese punto, entiendo que debería adaptarse mejor a nuestro lenguaje. Por ejemplo, al final del literal (c), en la página 24, se dice: "Los Gobiernos se comprometen a desembolsar al IICA", cuando debiera expresarse "se comprometen a reembolsar", que es totalmente lo contrario. Más adelante se indica "La primera cuota será desembolsada", cuando debiera decir "será reembolsada".

En fin todo esto es "pecata minuta", porque en la aplicación no se hará cuestión gramatical.

Realizo estas observaciones señor Presidente, no con el ánimo de fundar por anticipado un voto negativo, pues voy a acompañar con mi voto la aprobación de este proyecto de ley. Entiendo que será beneficioso para el Uruguay porque existe una labor de asesoramiento en diversos temas agropecuarios que interesan al país, pero deseo señalar que no obstante el carácter sinalagmático que jurídicamente tienen estos contratos, en realidad son contratos de adhesión.

En consecuencia, de todo este infolio no podemos modificar ni una coma.

A pesar de haber adelantado mi voto afirmativo voy a realizar una última consideración. Tengo una resistencia casi orgánica a votar lo que para mí es un jeroglífico, y que se encuentra al final del artículo propuesto. Allí se dice: "y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria (ATB/TF-2434-RF) ". Esto realmente me asusta, porque no sé si esto pertenece al mundo de la informática, cuyo abanderado en el Cuerpo es el señor senador Lacalle Herrera –bandera que lleva muy gallardamente– si es parte de la ciencia ficción, o se trata de alguna clave misteriosa que no me es dable descifrar.

Mayor confusión se apodera de mí cuando al leer el Convenio al principio, en el acápite, después del título tan atrayente de "Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable", me encuentro con la misma clave, pero diferente, ahí se dice "RF", y en la página 5 se Indica "RE". Entonces, realmente no sé cual de los dos signos misteriosos es el que corresponde.

Sin embargo, me inclino reverente ante estos signos cabalísticos y no cometo el atrevimiento de querer descifrarlos.

(Ocupa la Presidencia el señor Paz Aguirre).

SEÑOR FERREIRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR FERREIRA. – Señor Presidente: deseo agradecer las consideraciones formuladas por el señor senador Ortiz, en la medida en que su opinión siempre contribuye a mejorar el trabajo que realizamos. Es más, diría que en esta oportunidad si la Comisión ha remitido el informe acompañado del Convenio, no ha sido por casualidad sino porque de esa forma lo ha sugerido con acierto en otras oportunidades, el señor senador Ortiz.

El señor senador plantea una serie de interrogante s que, en lo que a mí respecta, no estoy en condiciones de responder. No sé sí otro integrante de la Comisión –el informe del que fui redactor fue aprobado por unanimidad– está en condiciones de hacerlo.

También deseo explicar con franqueza la dificultad que a veces tenemos los senadores para informar un convenio internacional de esta naturaleza.

Me resultó sumamente difícil y el hecho de acompañar el informe con el Convenio, ayuda a demostrarlo. Evidentemente, estos convenios implican toda una elaboración técnica que, además, no es de competencia específica de nuestra Comisión, porque se trata de un Convenio agropecuario y el informe llega a la Comisión de Asuntos Internacionales.

Tomé nota de alguna de las dudas formuladas por el señor senador Ortiz. Tengo entendido que vencen algunos plazos y que Uruguay está omiso en la aprobación de la ratificación de estos Convenios y si las dudas impidiesen vetarlo con total tranquilidad de conciencia, debería procederse a enviarlo nuevamente a la Comisión.

En un caso o en otro, me atrevería a sugerir a la Mesa la política a seguir en estos asuntos, a los efectos de que no estemos siempre posponiendo la aprobación de Tratados, que más allá de la hilaridad que puedan provocarnos los códigos que utilicen, son muy importantes para el país.

Creo que no deberíamos abusar del trámite de enviarlos a Comisión y más tarde traerlos al seno del Cuerpo, razón por la cual me tomé el trabajo de hacerle llegar un ejemplar al señor senador Ortiz, a los efectos de que me hiciera llegar alguna de las preocupaciones que expresó con tanta elocuencia en Sala.

Sugeriría que en el futuro, más allá del curso de acción que decida tomar el Cuerpo a este respecto, cuando la Comisión de Asuntos Internacionales deba informar sobre este tipo de proyectos, se integre con la Comisión que tenga competencia en el tema a estudio. Es decir, en este caso, la Comisión de Agricultura y Pesca. Creo que hubiese sido mucho más fácil para la Comisión de Asuntos Internacionales informar si hubieran estado presentes quienes manejan en el seno de nuestro Cuerpo los temas agropecuarios.

Además, en la medida en que se trata de convenios que ha negociado y discutido el Poder Ejecutivo en nombre de la República –evidentemente el Parlamento no se entrevista con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo para resolver las condiciones de pago, de reembolso, etcétera– crea que sería beneficioso que cuando lleguen al Senado los informes de Comisión, se invite por parte de la Mesa al Ministro del ramo, quien nos ayudaría a despejar incógnitas como las que se nos presentan en este momento.

Es decir, si hoy y en el futuro lo hiciéramos como cuestión de trámite, y estuviera presente el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin lugar a dudas estaríamos en condiciones de saber qué significan algunos de estos convencionalismos internacionales que un legislador no tiene por qué dominar ni saber, porque no es de su competencia.

Este mismo problema que hoy se plantea con respecto a un convenio determinado –y más allá de que el Cuerpo decida enviarlo nuevamente a la Comisión o no– se va a volver a presentar cada vez que aprobemos un convenio que en el orden técnico el Poder Ejecutivo haya suscrito con otro Gobierno, con algún otro Organismo internacional o con otros varios Gobiernos, como es el caso del proyecto que hoy consideramos.

En ese sentido, pongo a consideración del Cuerpo este aspecto, a los efectos de saber si estamos en condiciones de votarlo. He tomado nota de algunas observaciones del señor senador Ortiz y, realmente, las mismas son de fondo, por lo que estimo que para votar deberíamos estar muy seguros sobre lo que vamos a aprobar, porque de lo contrario, sería conveniente enviarlo nuevamente a Comisión.

Me permito sugerir que en el caso de que así ocurra, el señor senador Ortiz nos autorice para que la versión taquigráfica de sus palabras se pase a la Comisión, porque más allá de los apuntes que hayamos tomado todos los miembros, contando con ella estaríamos en mejores condiciones para evacuar algunas de sus dudas y hacer las averiguaciones correspondientes.

Asimismo, respetuosamente propongo a la Mesa que cada vez que en el futuro se discuta un convenio internacional, la Comisión de Asuntos Internacionales sesione integrada con la Comisión especializada al respecto, e invite a concurrir a Sala en el momento del debate al Ministro del ramo.

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). – Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. – Señor Presidente: al comienzo de mi exposición empecé por reconocer que en esta ocasión la Comisión ha actuado perfectamente, porque no sólo nos trae un proyecto de resolución sino que acompaña la documentación que otras veces omitió y que yo lo hice notar.

Señalo también que la Comisión no está en condiciones de conocer las interioridades de este convenio. Por lo tanto, de mis palabras –bromas a un lado– no quiero que se infiera ningún reproche a la Comisión ni a su informe.

Entiendo, sí, que el Poder Ejecutivo, que es el que posee todos estos datos, cuando envía al Parlamento para su aprobación un asunto tan importante como éste, no debe limitarse a mandarlo como si fuera una palabra santa, y no tuviéramos autoridad para discutir un texto ya votado, firmado. o convenido hace mucho tiempo con algún organismo internacional, sino que debe considerar que cuando el Senado está dando su voto, lo debe y lo quiere dar conscientemente, conociendo todos los elementos que integran el complejo que constituye el convenio.

Por eso, en cierto modo acompaño la opinión del señor senador Ferreira, no tanto en el sentido de que este asunto vuelva a Comisión, pues no quiero demorarlo ya que establece un importante beneficio para el país y no tengo dudas de que su desarrollo y aplicación no presentará dificultades sino, en lo que se refiere a exhortar al Poder Ejecutivo a enviarnos todos los datos pertinentes y los antecedentes de un asunto en forma clara. En este Convenio se habla de acuerdos que se hicieron en los años 1961 y 1964 y modificaciones de 1966 y 1972; pero no contamos con esta documentación.

De modo que si nosotros tenemos que ponernos a hacer una labor de detectives, buscando todos estos datos que a veces no son fáciles de ubicar, el Cuerpo y las Comisiones pierden mucho tiempo. Ese es el sentido de mis palabras.

En todo caso, salvando la distancia y los ejemplos, habría que referirse a aquel sublema de crítica, "de ponerme sobre el lomo de un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto". Creo que es hora de que el Cuerpo reaccione de una vieja costumbre, de la cual todos somos culpables ya que en esta materia nos hemos habituado a votar a libro cerrado todo lo que se refiere a acuerdos internacionales y a convenios de cualquier índole.

Considero que no corresponde esa aceptación, no por desconfianza, que tampoco sería ofensiva – porque el Parlamento está hecho para desconfiar– sino por sentido de la responsabilidad, de saber qué es lo que estamos votando y su exacto contenido.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eduardo Paz Aguirre). – Tiene la palabra el señor senador Zumarán,

SEÑOR ZUMARAN. – En ese caso, deseo proponer que la versión taquigráfica de las palabras del señor senador Ortiz, se pase a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca, acompañadas de una moción en el sentido de que el Cuerpo las comparte, a los efectos de prever casos análogos que puedan presentarse en el futuro y al mismo tiempo, para que se tengan en cuenta algunas de sus expresiones que tienen relación con la ejecución del convenio.

En el momento de votar la aprobación del convenio, podríamos proceder en el sentido indicado.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – Estimo que las observaciones del señor senador Ortiz –como ocurre siempre con sus intervenciones– tienen un fundamento real. Por lo tanto, de modo alguno pueden pasarse por alto.

Sin embargo, tomando una parte de sus reflexiones, y no en forma arbitraria, pienso que deberíamos –aunque más no fuera por esta vez, pese a estas observaciones– aprobar el Convenio.

En primer lugar, por una razón que tiene que ver con la propia naturaleza del mismo.

Comparto, repito, la mayoría de las observaciones del señor senador Ortiz, pero, desgraciadamente, estos convenios se parecen– como también él lo indicaba– mucho más a un contrato de adhesión que a un contrato internacional, en el que las dos partes están negociando cada una de las cláusulas que lo integran. Son fórmulas estándar que se le entregan a los países para su aceptación o no. Quienes alguna vez hemos participado en este tipo de negociaciones, sabemos que realmente sucede así.

Por lo tanto esa realidad, nos guste o no, es así y lo veremos otra vez dentro de un rato, cuando pasemos a estudiar y decidamos sobre la aprobación de un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En esa oportunidad, nos vamos a volver a rendir ante la evidencia de que en estas situaciones no hay otra alternativa que prestarle la conformidad o rechazarlo. Hay también una segunda razón –como se señala en el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña las actuaciones a que se refiere el repartido– consistente en que el Programa tendrá su sede en la ciudad de Montevideo, lo cual es algo a considerar.

Aunque tal circunstancia no sea un argumento jurídico, técnico o científico, no debemos dejar de advertir lo que significa para el prestigio del Uruguay, para su proyección regional e internacional, que otra sede de un importante centro de servicios internacionales, con el apoyo de un Organismo internacional, se instale en nuestro país y, sobre todo, en esta época de democracia.

Expreso esto con total franqueza. Quizás, hasta pudiera no ser del todo cómodo para el país, que el Parlamento, justamente en este Convenio, por estas razones, estuviera demorando su aprobación, cuando, en definitiva y en sustancia, habida cuenta de todas las observaciones que con tanta razón formulara el señor senador Ortiz, el fundamento del Convenio es inatacable.

Por otra parte, y con respecto a la preocupación señalada por el miembro informante, señor senador Ferreira, quiero referirme a lo que se ha dicho sobre la información que debe dar un Ministro al Parlamento, a cada uno de sus integrantes y, por supuesto, a sus Comisiones. No se requiere el pronunciamiento del Senado respecto a la venida de un Ministro a una Comisión, porque éstas tienen competencia muy clara que le permiten, cuando así lo consideren del caso, convocar a un Secretario de Estado para intercambiar opiniones, y deliberar con carácter previo o posterior a las resoluciones que adopten las mismas. En ese sentido, creo que no es el Senado el que tendría que tomar la decisión, porque ella no precisa emanar del Cuerpo ya que, repito, tal solicitud forma parte de las atribuciones que tienen las Comisiones parlamentarias.

En suma, y compartiendo también lo que señalaba el miembro informante, señor senador Ferreira, sobre la dificultad que significa para quienes integramos la Comisión de Asuntos Internacionales, al entrar en los vericuetos de un contrato de este tino creo que debemos enviar –porque me parece oportuno– el texto de las consideraciones vertidas en Sala a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores, a fin de que se sensibilicen algo más de lo que normalmente lo están en cuanto a la necesidad de desentrañar el sentido, no sólo de los "jeroglíficos" que puede contener un texto de esta naturaleza, sino también, de otras normas cuya adecuada inteligencia, por obvias razones se le escapan al común de los mortales, y ni qué decir al común de los legisladores.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

– 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º

(Se lee)

En consideración.

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. – Creo que si hay que votar ese jeroglífico final, debemos corregirlo porque me parece que el error está en el texto propuesto y no en el acápite del Convenio. Por lo tanto, debería cambiarse "RF" por "RE".

SEÑOR PRESIDENTE, – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo lº con la corrección indicada.

(Se vota:)

– 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cooperación Técnica No-Reembolsable entre la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por una parte y por la otra el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un Programa de consolidación de acciones de intercambio y apoyo mutuo relacionadas con la investigación agropecuaria (ATB/TF-2434-RE).

Artículo 2º – Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada, en el sentido de que la versión taquigráfica de lo expresado sobre este tema se pase a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR FERREIRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR FERREIRA. – Aunque sé que es de trámite, solicito que se pase también la versión taquigráfica de lo expresado a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. – Así se hará.

8) INTENDENTE INTERINO DE RIO NEGRO. Constitucionalidad de su situación. Gestión iniciada por la Junta Departamental. Declaración de urgencia. Alteración del orden del día.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Señor Presidente: si el Senado lo estima oportuno, voy a solicitar que el asunto que figura en 12º término del orden del día, relativo al informe de la Comisión de Constitución y Legislación sobre la gestión iniciada por la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con la inconstitucionalidad –se dice– de la situación del que fuera Intendente Interino, señor Ruben Rodríguez López, al ser titular, simultáneamente, del cargo de Secretario Ejecutivo General y de Intendente de ese departamento, artículo 289 de la Constitución de la República, sea tratado sobre tablas.

El motivo que me lleva a formular este petitorio –ya lo he consultado con algunos de los integrantes de la Comisión– es que soy el miembro informante. Todos sabemos que la semana próxima comenzaremos a tratar –quizás vaya a insumir varias sesiones– el anteproyecto de ley, ahora proyecto de ley, de la autoría del señor senador Aguirre respecto fundamentalmente, de las Comisiones parlamentarias de investigación.

Creo que es notorio que no voy a estar presente en las deliberaciones del Cuerpo, después de la próxima semana, ya que me ausentaré por algunos días. Esto lo digo con vanidad, porque espero que sea notorio que no voy a estar. En consecuencia, como soy el miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. – Para mí no es notorio.

SEÑOR AGUIRRE. – Para los miembros de la Comisión tampoco.

(Hilaridad)

SEÑOR CERSOSIMO. – Sería, casi notorio.

SEÑOR PRESIDENTE. – Prácticamente ha obtenido la autorización correspondiente.

(Hilaridad)

SEÑOR CERSOSIMO. – Entonces, como soy el miembro informante y no quisiera interrumpir el tratamiento del asunto a que me he referido y como es una cuestión de trámite, solicitaría que se tratara en la sesión de hoy.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa comparte su pedido porque, por inadvertencia, cometió un error y envió esta solicitud a la Comisión de Constitución y Legislación en lugar de hacerlo a la Comisión de Asuntos Administrativos, ya que se trata del planteo de un juicio político municipal. Pienso que podemos resolverlo muy rápidamente.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – No se trata de que se considere en la sesión de hoy; aunque eso en principio no ocurriría, o es de presumir que va a ser así, por estar en último lugar del orden del día.

Lo que hay que hacer es mocionar en el sentido, –y así lo hago– de que se trate como urgente, alterando el orden del día, ahora que está presente el señor senador Cersósimo, que es el miembro informante.

De otra manera, va a postergarse para la próxima semana y su tratamiento va a seguir demorándose por ausencia del miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.– Ese fue el sentido de la moción del señor senador Cersósimo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el punto que figura en el 12º lugar del orden del día: "Informe de la Comisión de Constitución y Legislación sobre una consulta formulada por la Junta Departamental de Río Negro relacionada con la inconstitucionalidad de la situación del Intendente Interino, señor Ruben Rodríguez López, al ser titular simultáneamente del cargo de Secretario Ejecutivo General y de intendente de ese Municipio (artículo 289 de la Constitución de la República). (Carp. Nº 454/86. Rep. Nº 47/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 454/86 Rep. Nº 47/86

Fray Bentos, enero 10 de 1986.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores.
Doctor Enrique Tarigo.

Montevideo

De nuestra mayor consideración:

La Junta Departamental de Río Negro, en sesión extraordinaria de fecha 3/1/86 consideró la siguiente moción presentada por el edil señor Horacio Dodino:

"Vista la inconstitucionalidad de la situación del Intendente Interino, señor Ruben Rodríguez López al ser titular simultáneamente del cargo de Secretario Ejecutivo General y de Intendente de este Municipio (Art. 289 de la Constitución de la República) es que se solícita el envío de todos los antecedentes del caso a la Cámara de Senadores, en función de las facultades otorgadas por el Art. 296 de la Constitución de la República, inclusive todo lo manifestado en Sala en la presente sesión".

Al haber resultado aprobada la misma con 11 votos favorables, remitimos adjunto a la presente, fotocopia del expediente correspondiente, fotocopia del Estatuto del Funcionario Municipal de Río Negro y copia de la versión taquigráfica de la sesión de la Corporación de fecha 3/1/ 86.

Al dejar cumplida de esta manera la resolución adoptada, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. con atenta consideración.

Dr. Juan J. Lancieri, 2º Vice-Presidente. Ariel Gerfauo, Secretario General.

FECHA INGRESO: Diciembre 9 de 1985.

CARPETA: 13.

EXPEDIENTE: Nº 296.

FOLIO: 667.

LIBRO: 33.

ASUNTO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO.

Oficio Nº 687: Comunica que se le concedió la licencia al Sr. Intendente Municipal, solicitada a través del Oficio Nº 499 de fecha 02/12/985.

Pase al Sr. Intendente a sus efectos.

Fray Bentos, diciembre 6 de 1985.

Señor Intendente Municipal de Río Negro.

Doctor Mario Carminatti.

Presente.

De nuestra mayor consideración.

Cúmplenos comunicar a Ud. que la Junta Departamental de Río Negro, en sesión de fecha 5 de los corrientes, resolvió conceder la licencia en los términos por Ud. solicitada a través de Oficio Nº 499/85 de fecha 02/12/985.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. con nuestra mayor consideración.

Dra. María B. de Requiterena, Presidenta. Ariel Gerfauo, Secretario General.

Fray Bentos, diciembre 11 de 1985.

Señor Ruben Rodríguez.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

La Junta Departamental de Río Negro, en su sesión de fecha 05/12/985 consideró una solicitud de licencia formulada por el Señor Intendente Municipal, Doctor Mario H. Carminatti, por diez días hábiles a partir del 23 de diciembre próximo, resolviéndose conceder la misma.

Por tal motivo y de acuerdo al Acta Nº 2/85 de la Junta Electoral de Río Negro, a lo establecido en el Art. 268 de la Constitución de la República y al haber recibido comunicación de parte del 1er. Suplente Señor Pedro Cantonnet, informando que razones de orden particular le impiden acceder en la oportunidad al desempeño del cargo de Intendente Municipal, se convoca a Ud. para ejercer las funciones en el período aludido.

Sin otro particular, saludamos a Ud. con atenta consideración.

Dra. María B. de Requiterena, Presidenta. Ariel Gerfauo, Secretario General.

Fray Bentos, diciembre 20 de 1985.

Sr. Intendente Municipal de Río Negro.
Dr. Mario H. Carminatti.
Presente.

De mi consideración:

Solicito a Ud. se sirva concederme licencia sin goce de sueldo, respecto del cargo que desempeño en esta Intendencia, bajo la denominación de Secretario Ejecutivo General, según Resolución Nº 92 de fecha 22 de febrero de 1985, dictada por ese Ejecutivo Departamental.

Motiva este petitorio, la circunstancia que por nota de fecha 11 de los corrientes –Oficio Nº 707/85 que adjunto– librada por la Junta Departamental de Río Negro, se me ha convocado a desempeñar el cargo de Intendente Municipal, en mi calidad de Segundo Suplente electo, por un plazo de diez días hábiles a partir del 23 de diciembre próximo.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Ruben Rodríguez López, Secretario Ejecutivo.

Diciembre 20/985.

Pase a informe del Sr. Asesor Jurídico Municipal, solicitándole pronto despacho, respecto del alcance y aplicación en la especie.

Fray Bentos, 20 de diciembre de 1985.

Señor Intendente:

ANTECEDENTES:

1º) Al Intendente Municipal de Río Negro le ha sido concedida su solicitud de licencia por el término de diez días, partir del 23 de los corrientes (Resolución de la Junta Departamental, de fecha 05/12/85).

2º) La Junta Departamental convocó a ejercer la función, al 1er. Suplente, quien no aceptó el desempeño del cargo.

3º) Convocado por la misma autoridad y a iguales efectos, el 2º Suplente acepta el llamado.

4º) El aceptante, que desempeña el cargo de "Secretario General Ejecutivo" en este Municipio, solicita licencia a efectos de acceder a la función de Intendente Municipal.

CONSULTA: Si el Secretario General Ejecutivo debe renunciar a su cargo, para acceder al Ejecutivo Departamental, en función de "la incompatibilidad del cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público", establecida en el artículo 289 de la Constitución de la República.

INFORME: A nuestro juicio, no es necesario que el Secretario General Ejecutivo renuncie al cargo que desempeña, para ocupar el de Intendente, en razón de la licencia concedida al titular.

Tampoco es suficiente que se le conceda la licencia solicitada en el ejercicio de su cargo, siendo necesario que la Administración se asegure de que no lo desempeñará.

A tales efectos, y sin perjuicio de concederle la licencia que ha solicitado , se deberá dictar resolución fundada, suspendiéndolo, sin goce de sueldo, (Art. 32, inc. 2º "in fine’, de la Ley Nº 9.515), en el ejercicio de su cargo, por el término que dure la suplencia para la que ha sido convocado.

Nuestra opinión se fundamenta en la propia "ratio legis" de la incompatibilidad constitucional consagrada en el artículo 289, la que a juicio del firmante radica en razones de buen servicio, que hacen aconsejable y necesario asegurar la dedicación total del Intendente, al ejercicio de la función pública para la que ha sido electo y proclamado.

Es cuanto puedo informar.

Dr. Mario Fonrodona, Abogado Asesor.

Fray Bentos, diciembre 20 de 1985.

RESOLUCION Nº 774.

VISTO: La solicitud de licencia planteada por el Secretario Ejecutivo Señor Ruben Rodríguez López, para desempeñar la suplencia del cargo de Intendente Municipal de Río Negro, en razón de la concedida a su titular.

RESULTANDO: 1º) Que la Junta Departamental de Río Negro, por Resolución de fecha 05/12/85, concedió la licencia solicitada por el Intendente Municipal, por el término de diez días hábiles a partir del 23 de los corrientes.

2º) Que convocados por su orden los suplentes electos, conforme a lo dispuesto en el artículo Nº 268 de la Constitución de la República, el llamado fue aceptado por el segundo suplente, señor Ruben Rodríguez López, quien desempeña el cargo de Secretario Ejecutivo en este Municipio y a su vez solicita se le conceda licencia en dicho cargo, para acceder al ejercicio de la suplencia encomendada.

CONSIDERANDO: Que sin perjuicio de conceder la solicitud formulada, es necesario impedir el ejercicio simultáneo de los cargos de Intendente Municipal y de Secretario Ejecutivo, en cumplimiento de la incompatibilidad consagrada por el artículo Nº 289 de la Carta, tal como surge del informe de la Asesoría Jurídica Municipal que antecede y cuyos términos se comparten.

ATENTO: A lo establecido en el artículo Nº 275, numeral 5º de la Constitución y artículo Nº 32 inciso 2º de la Ley Nº 9.515 y demás normas citadas en la presente,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RIO NEGRO, RESUELVE:

Artículo 1º – Concédese la licencia solicitada por el Secretario Ejecutivo General, Sr. Ruben Rodríguez López, por las razones y por el término que en ella se refiere.

Artículo 2º – Suspéndese al Sr. Ruben Rodríguez López en el ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo General, en razón de la suplencia para la que ha sido convocado, sin goce de sueldo y por el término que dure la misma.

Artículo 3º – Tomen conocimiento los Dptos. Administrativo, de Hacienda y Jurídico a los efectos pertinentes. Cúrsese comunicación a la Junta Departamental de Río Negro, a las Juntas Locales y a las demás reparticiones que correspondan.

Artículo 4º – Cúmplase, regístrese y oportunamente archívese.

Dr. Mario H. Carminatti, Intendente Municipal. Esc. Ruben Ruiz Morena. Secretario General.

ACTA Nº 53

En Fray Bentos, a los tres días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y seis y siendo las 21 horas, se reunió en forma Extraordinaria la Junta Departamental de Río Negro, bajo la Presidencia de su Titular, Dra. María Balarini de Requiterena y con la asistencia de los siguientes Miembros: Sres. Graciela González, José Tonelli Ildefonso Balestrino, Daniel Sartori, Dr. Juan José Lancieri, Carlos Elicechi, José F. Fragello, Esc. Conrado Laureiro, Alberto Pierotti, Sergio Matera, Horacio Dodino, Carlos Laborde, Guillermo Rose, Aurelia Castromán de Pereyra, Héctor Irigoyen y Abelardo Alzáibar (Titulares) Sres. Neumcier Irigoyen, Hilda Irigoyen de Dodera, Martín Fonrodona, Miguel Delgado, Juan Viera, Zulema Rocca de Amaral, Ruben Ojeda, Benito Olivera, Carlos lnderkum, María V. de Rosendo, Renzo Locatelli, Hugo Porro, (Suplentes). Faltan con aviso, los Sres. Leopoldo Tarrech, Walter Zecca y Daniel Retamar.

En Secretaría los Sres. Ariel Gerfauo (Secretario General), Ramón Ojeda y Julio Casanova (Taquígrafo).

Abriendo el acto, la Sra. Presidenta expresa: Estando en hora y habiendo número en Sala, damos comienzo a la sesión Extraordinaria, que ha sido convocada para considerar el siguiente Orden del Día:

1º) INTENDENCIA MUNICIPAL. – Iniciativa legal para prestar a ADEOM una asistencia financiera, para cubrir por la vía de la transacción, la totalidad de la deuda que mantiene a la fecha con el Sr. Alíbar Grasso. Quiero informar a esta Junta, que se ha recibido de la Intendencia Municipal, un Mensaje Complementario referente a esta iniciativa legal, que ha remitido el Ejecutivo Comunal. Se procederá a su lectura por Secretaría. (Así se hace). Se ha procedido, a la lectura del Mensaje Complementario, Sr. edil Laurenz.

Esc. CONRADO LAURENZ. – Los expedientes que han venido del Ejecutivo Departamental a conocimiento de esta Junta por el asunto que es de conocimiento, consta de dos partes: Una primera, un expediente que es creo que la Carpeta Nº 13, relativa a Junta Departamental de Río Negro, Oficio Nº 587, comunica que se ha concedido licencia al Sr. Intendente Municipal y el ejercicio del cargo de Intendente por el Sr. Ruben Rodríguez López. Nosotros en primer lugar, creemos que es de previo y especial pronunciamiento de esta Junta, la legitimidad o ilegitimidad del cargo que actualmente está desempeñando en carácter de interino, el Sr. Ruben Rodríguez López. El problema consiste que para nosotros, subsiste o existe la incompatibilidad a que se refiere el Artículo de la Constitución de la República, que lleva el Nº 289, en cuanto se refiere y dice textualmente: "Que es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha del cargo docente". El proceso en este problema, ha sido el siguiente: El Intendente Municipal Dr. Carminatti solicitó licencia por diez días hábiles a partir del 23 de diciembre último; se convocó al primer titular, no aceptó y se convocó al segundo titular Sr. Ruben Rodríguez López. El Sr. Rodríguez López está desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo General, o General Ejecutivo o el cargo de Secretario simplemente Ejecutivo, porque en las tres formas está nominado este cargo en los distintos oficios que hemos recibido sobre este particular. Así que elijan Uds. el nombre que quieran, pero está desempeñando ese cargo con licencia y suspensión del mismo por parte del Titular. Vamos a empezar por el principio. Todo lo relativo a licencia; la licencia según lo define en el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia del Magistrado Honorario de la Audiencia de Madrid, don Joaquín Skritchie la licencia, dice, es simplemente un permiso que da la autoridad real o la administración al funcionario que deja por algún tiempo su servicio activo. Eso es licencia. Y es lo que solicitó el Sr. Rodríguez López de su cargo de Secretario Ejecutivo y le fue concedida. Pero el Sr. Intendente, haciendo suyo el informe del Asesor Letrado, dice que no basta la licencia, sino que es necesario otra cosa más; la suspensión del cargo y vamos al problema éste de la suspensión. La suspensión de un cargo, según lo determina el Catedrático de Derecho Administrativo Enrique Sayagués Laso, dice: que las suspensiones están previstas en distintas leyes; aunque el legislador –dice– nada hubiera determinado al respecto, encuadra indiscutiblemente en las facultades disciplinarias, subrayo, disciplinarias de la administración, el imponer suspensiones, es decir, que aquí define Sayagués Laso lo que es suspensión; es decir dejar al funcionario durante cierto plazo. La suspensión pues de un funcionario público o de un funcionario cualquiera, implica, en primer lugar, una sanción disciplinaria y en segundo lugar implica simplemente, alejarlo durante cierto plazo de su cargo. Decimos que es una sanción disciplinaria, basándonos en dos cuestiones fundamentales; en primer lugar, cuando se habla de la suspensión por parte del Sr. Intendente Municipal, en su Decreto de suspensión del cargo por parte del Sr. Rodríguez López dice: "Suspéndese al Sr. Ruben Rodríguez López en el ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo General, en razón de la suplencia para la que ha sido convocado," etc. La suspensión es Sra. Presidenta, como lo dije, simplemente una sanción, y me baso en dos cosas fundamentales. En primer lugar, en el Art. 275 de la Constitución de la República, numeral 5º) invocado precisamente por el Sr. Intendente, cuando dice: "Que compete al Intendente entre otras facultades, y fíjense como se van sucediendo las cosas: Nombrar los empleados de sus dependencias, luego de nombrarlos, corregirlos, luego suspenderlos y por último destituirlos". Es decir que la Constitución encara en el inc. 5) del artículo mencionado, la suspensión como sanción. Fíjense Uds. que van in crescendo las facultades del Intendente. Primero nombra el funcionario, luego tiene la facultad de corregirlo y luego de suspenderlo y por último, corno sanción grave, gravísima, la de destituirlo. De manera pues, que la Constitución encare el problema de la suspensión de un funcionario público, como sanción, Pero no solamente avala este concepto mío la Constitución, sino que también lo fortifica el Estatuto del Funcionario Municipal en cuanto establece en su art. 619) "que las infracciones a las disposiciones de este Estatuto, así como los delitos y falta de cualquier naturaleza que incurran los funcionarios Municipales, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 1º) Advertencia, 2º) Apercibimiento, 3º) Suspensión". Es decir, Sra. Presidenta, lo de suspensión debe ser tenido por su concepto legal y especifico de sanción a un funcionario por falta tal o cual y esa suspensión implica la separación del ejercicio del cargo, pero no la cesación del cargo. Es una cosa corriente, quien tiene un hijo y viene un día de la Escuela, diciendo que fue suspendido por tres o cuatro días; a ese chico no le van a dar ni una medalla ni ninguna felicitación; pon el contrario, un castigo. Y si hay un funcionario público acá, si hay patronos, si hay empleados, saben simplemente que el hecho de la suspensión, implica una separación temporaria pero no significa la pérdida del cargo. Y la Constitución de la República cuando habla de la incompatibilidad en el artículo 289, no habla Sra. Presidenta, de incompatibilidad de funciones, ni de incompatibilidad en lo que tiene relación a acumulación de sueldos. Sabemos nosotros perfectamente bien, que es Ley, por lo menos el Estado lo establece así, que no puede una misma persona ejercer a la misma vez, dos cargos públicos, a no ser que uno de ellos sea docente. Pero el cargo que desempeña el Secretario Ejecutivo General Sr. Rodríguez López, no es cargo docente, es un cargo público, de la Intendencia, y no puede a la vez ejercer tampoco el cargo de Intendente. La solución Sra. Presidenta no es ni la licencia, ni la licencia más suspensión, sino simplemente la solución aquí está en la renuncia; es decir, que el funcionario Municipal renuncie de uno de esos cargos que está desempeñando, para atender el de Intendente. Por esto, Sra. Presidenta, entendemos nosotros que la incompatibilidad del art. 289, subsiste en todos sus términos y no se soslaya en forma alguna, ni con el pedido de licencia ni con la suspensión en el cargo, sino simplemente con otra medida definitiva que consista, por cualquier motivo, en la separación definitiva por medio de la renuncie del cargo que está desempeñando. Por otra parte, fíjense lo que pasa: Que el Intendente titular, Dr. Carminatti por medio de un Decreto, ha suspendido, es decir ha sancionado, porque la suspensión es únicamente por vía de sanción, ha sancionado a un funcionario Municipal y ese funcionario Municipal sancionado va a desempeñar el cargo de Intendente Municipal. Hay una total incongruencia en esto, y evidentemente no puede, desde el punto de vista legal y jurídico, no puede llegar nadie a entender este procedimiento, que ha sido poco menos que traído de los pelos, como se dice en la jerga jurídica, con la palabra suspensión, pretendiendo con ello, disimular la incompatibilidad absoluta que existe en el ejercicio por la misma persona, de dos cargos públicos, no siendo, repito, uno de ellos docente. Es decir, Sra. Presidenta, que entendemos que el Sr. Ruben Rodríguez López está ejerciendo ilegalmente el cargo de Intendente Municipal, porque está desempeñando los dos cargos, porque no se separó del primero en forma definitiva por medio de la renuncia, que era lo que hubiera correspondido. Y como consecuencia de que está desempeñando el cargo en forma ilegal, no tiene ninguna legitimidad en el ejercicio del mismo; y al no tener legitimidad todos los hechos que haga el Sr. Rodríguez López en el ejercicio de la Intendencia Municipal, son nulos, de toda nulidad, insalvables, porque son hechos por persona incompetente en el ejercicio legal. Eso es lo que queremos en principio adelantar sobre este particular. Y estimo que la Junta debe como cuestión de previo y esencial pronunciamiento, expedirse sobre el problema a que hago referencia. A estos efectos, me permito hacer la siguiente moción: Visto, la Carpeta Nº 17 con todos los agregados que trae la misma, y oídas las exposiciones en este Junta sobre el mismo problema, esta Corporación resuelve: No reconocer al Sr. Ruben Rodríguez López, legitimidad alguna para ejercer el cargo de Intendente Municipal durante el lapso que dure la licencia del Titular, Dr. Mario Carminatti, en razón de que a pesar de la licencia pedida y concedida y de la suspensión padecida, el nombrado señor, sigue siendo Titular del cargo de Secretario Ejecutivo General del Municipio de Río Negro, siendo de aplicación, lo dispuesto en el art. 289 de la Constitución de la República, en lo que atañe a la inhabilitación por parte del funcionario, del ejercicio de dos cargos simultáneos. Nada más por ahora.

SRA. PRESIDENTA. – Sr. Laborde.

SR. CARLOS LABORDE. – Sin entrar a abundar en detalles en los aspectos formales y reglamentarios que han sido manifestados por el edil Sr. Laurenz, de cualquier manera y a los efectos de adelantar nuestro voto positivo a la moción presentada, queremos hacer alguna alusión al informe venido acá, del Dr. Fonrodona. En el mismo dice que no es necesario que el Secretario Ejecutivo General renuncie al cargo que desempeña. Dice mas adelante, que tampoco es suficiente que se le concede la licencia solicitada siendo necesario que la administración se asegure que no desempeñará el cargo. Para nosotros Sra. Presidenta, se ha hecho en este sentido hincapié en el aspecto de la suspensión, pero fundamentalmente en el aspecto funcional de la suspensión. Entendemos que una suspensión, puede determinar que la Administración se asegure que no desempeñará el cargo, pero entendemos también el aspecto formal al cual hace alusión el art. 289 de la Constitución que específicamente determina la incompatibilidad del cargo de Intendente Municipal con cualquier otro cargo o empleo público. Nosotros entendemos que por este Art. 289, no se ha roto el lazo anexo formal que existiría entre ambas situaciones funcionales. Y en este sentido, es que precisamente, por entender que no se ha procedido a la roture del lazo formal que es lo que la Constitución en su art. 289 determina, es que consideramos que la suspensión tal cual está formulada por el Decreto del Intendente Dr. Carminatti, no satisface plenamente el requerimiento de la razón legal del art. 289, artículo Sra. Presidenta que nosotros lo entendemos en su interpretación literal,

ESC. CONRADO LAURENZ. – Pido una interrupción.

SRA. PRESIDENTA. – El Sr. edil se la concede; tiene la palabra.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Consiste en reafirmar precisamente, el concepto de que la incompatibilidad no es de funciones ni de nada, sino simplemente de cargos. De manera que no puede aducirse, el hecho p. e. de que por razón de que tiene que haber una dedicación total por parte del Sr. Intendente, entonces habría allí una especie de escape a los efectos de determinar que no hay inhabilitación. Lo de full time a que hace referencia el Ejecutivo, después de haber sido asesorado por el Abogado, se establece únicamente por Ley, y el Intendente no tiene necesariamente, no hay nada que determine que su función es full time. Tal es así, que el Intendente puede perfectamente ser hacendado, atender su negocio propio, comercio, p. e. y cualquier otra actividad. Inclusive actividad profesional e inclusive, hemos tenido aquí Intendente o Presidente del Consejo Departamental que ha sido al mismo tiempo que Presidente del Consejo, funcionario del Frigorífico Anglo. Desempeñaba la función de Presidente de mañana y en la tarde la de Jefe de Costos del Frigorífico. De manera que no hay ninguna Ley que determine necesariamente que es full time, la función del Intendente. Ahora, lo que sucede en este caso, de que el Secretario General Ejecutivo es prácticamente el funcionario que está inmediatamente debajo del Sr. Intendente. Es decir, que se confunde en la misma persona el Secretario General Ejecutivo y el Intendente Municipal. ¿Quién puede determinar lo que es tarea del Intendente Ejecutivo y lo que es tarea del Secretario General Ejecutivo? ¿Qué funcionario, qué mecanismo hay para delimitar las funciones de uno y otro? De ninguna forma, se yuxtapone, es decir se intercalan en forma tal, que es imposible decir cual es la función Intendentil y cual es la función del Secretario Ejecutivo. Pongo un ejemplo; si el Secretario General va y ve una cuadrilla que está trabajando y da una orden. La misma orden si va el Intendente, también puede perfectamente darla. Es decir, que son funciones las de Secretario Ejecutivo propias del Intendente. Se confunden, en forma tal que no hay ninguna disposición de ningún carácter que pueda decir que el Secretario Ejecutivo siendo intendente, no está ejerciendo en realidad funciones propias de su metier. Pero éste es un detalle simplemente que se ha traído a colación a los efectos de entreverar la cosa y hacer una especie de galimatías, pretendiendo que no hay incompatibilidad, cuando en realidad la hay. Y reiteramos como cosa fundamental, que la incompatibilidad que refiere el art. 289 de la Constitución, es incompatibilidad en los cargos y nada mas que cargos. Reitero pues, lo dicho por el Sr. Laborde, y confirmando precisamente lo que él decía, me reafirmo en la posición que la incompatibilidad existe, porque siguen existiendo los dos cargos.

SRA. PRESIDENTA, – El Sr. Laborde estaba en uso de la palabra, pues concedió una interrupción.

SR. CARLOS LABORDE. – Para finalizar Sra. Presidenta, es que nosotros necesariamente debíamos hacer este planteamiento antes de entrar al punto concretamente de la convocatoria, en función de que la falta de legitimidad del Sr. Rodríguez López en el ejercicio del cargo de Intendente, viciaría de nulidad absoluta, el planteamiento por él efectuado, a efectos de la iniciativa legal para el pago a ADEOM, tal cual está prevista en la convocatoria.

SRA. PRESIDENTA. – Sr. Dodino.

SR. HORACIO DODINO. – En el informe jurídico del Dr. Fonrodona, este profesional hace referencia a lo que establece el art. 289 de la Constitución . Sin embargo no se extiende mayormente en su interpretación. Nosotros entendemos, de acuerdo a lo establecido en los arts. 17 y 18 del Código Civil, que en tanto una norma constitucional es suficientemente clara, debe atenerse a su tenor literal. Nosotros consideramos que es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público. En este momento, el Intendente Rodríguez López está vinculado formalmente al cargo de Secretario Ejecutivo General, dado que ha sido suspendido y no ha renunciado, y a la vez al cargo de Intendente, lo que supone una flagrante contradicción con el art. 289 de la carta magna.

SRA. PRESIDENTA. – Sr. Balestrino.

SR. ILDEFONSO BALESTRINO. – Pido un cuarto intermedio de diez minutos.

SRA. PRESIDENTA. – Está a consideración el pedido del señor edil; se vote, afirmativa; unanimidad.

SRA. PRESIDENTA. – Finalizado el intermedio, continuamos con la sesión. Tiene la palabra el señor Dodino.

Sr. HORACIO DODINO. – Para presentar una moción. Vista la inconstitucionalidad de la situación del Intendente Interino señor Ruben Rodríguez López en la medida que es Titular a la vez, del cargo de Intendente y de Secretario Ejecutivo General de la Intendencia, lo que supone la clara contravención del art. 289 y en función de las facultades que otorga a la Junta Departamental el art. 296, es que se solicita el envío de antecedentes a la Cámara de Senadores, que es el Organo pertinente que entiende en este caso, como así también el envío a la Cámara de Senadores, de todo lo tratado en la sesión del día de hoy. Es ésta mi moción concreta.

SRA. PRESIDENTA. – Sr. Alzáibar.

SR. ABELARDO ALZAIBAR. – Para una moción de orden Sra. Presidenta. Antes de seguir con el tema, en virtud del camino que puede tomar, nosotros vamos a hacer moción de orden, para alterar el Orden del Día y tratar inmediatamente, el segundo punto de hoy.

SRA. PRESIDENTA – Moción de orden del señor Alzáibar de alterar el orden del día, para tratar de inmediato el segundo punto. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Sí, señor Laurenz.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.

SRA. PRESIDENTA. – Las dos mociones son de orden. Una moción primera del señor Alzáibar que se trate el segundo punto y luego otra del señor Laurenz, de cuarto intermedio.

SR. GUILLERMO ROSE. – Me permite señora Presidenta; ¿hay alguna duda de parte de la Mesa?

SRA. PRESIDENTA. – Sí, señor edil porque tengo dos mociones de orden.

SR. GUILLERMO ROSE. – Entiendo que una es previa, porque tenemos que ver la posición que vamos a adoptar.

SRA. PRESIDENTA. – Puede adoptarse ese criterio. Pasamos a votar primero, la moción de orden del señor Laurenz de un cuarto intermedio.

Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Aprobado; mayoría.

SRA. PRESIDENTA. – Finalizado el cuarto intermedio, continuamos la sesión. Está a consideración la moción de orden del señor Alzáibar, en el sentido de tratar ahora, el segundo punto del orden del día. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Aprobada; unanimidad.

Se va a dar lectura al segundo punto:

Nombramiento de funcionarios de la Corporación, en los cargos presupuestados de Oficial Administrativo. Sr. Irigoyen.

SR. RECTOR IRIGOYEN. – Habría que conocer los nombres de los funcionarios.

SRA. PRESIDENTA. – Esta Junta Sr. Edil, había resuelto que una vez aprobado el Presupuesto, esos cargos de Oficial Administrativo que se crean, fueran llenados con los dos funcionarios que están en Comisión en esta Junta Departamental, que son los Sres. Juan Denov y José Requiterena. Sr. Irigoyen.

SR. RECTOR IRIGOYEN. – Era a los efectos de que el Cuerpo tuviera conocimiento de quienes eran las personas que se va a proceder a nombrar. Efectivamente, como Ud. mencionó, ya hay resolución de aprobar estos nombramientos, y lo que corresponde es sancionar los mismos, en virtud de que ha sido sancionado el Presupuesto de la Junta Departamental. Yo mociono concretamente, para que se sancione el nombramiento de estos dos funcionarios.

SRA. PRESIDENTA. – Respecto a lo planteado por el Sr. Irigoyen, es una sola moción para los dos funcionarios. En este caso, yo pediría para bajar y dejar la Presidencia, porque si bien es cierto no tengo parentesco por consanguinidad con el funcionario Sr. José Requiterena, es sobrino político mío, porque era sobrino carnal de mi esposo, si bien es cierto, repito, no existe grado de consanguinidad por delicadeza yo prefiero en este caso abstenerme y bajar de la Presidencia. Pido al segundo Vice Presidente que ejerza la Presidencia y yo me retiro de Sala.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Para una aclaración nada más. ¿Desde qué fecha son funcionarios en Comisión en esta Junta Departamental?

SR. RECTOR IRIGOYEN. – Me permite; de todos modos, el nombramiento corresponde para la Ley presupuestal desde el 1º de Enero de este año 1986.

SRA. PRESIDENTA. – Sí, por supuesto. Sobre el dato pedido por el Edil Laurenz, el Sr. Juan Demov desde Noviembre de 1984 y el Sr. José Requiterena, desde Julio de 1985.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA. – Habiendo una moción concreta y por la razón expuesta, pediría al Dr. Lancieri se haga cargo de la Presidencia a los efectos de la votación de la moción. De inmediato se retira de Sala, y asume la Presidencia el Dr. Juan J. Lancieri.

SR. PRESIDENTE. – Está a consideración de los Ediles, la moción del Sr. Irigoyen. Si nadie tiene algo que decir al respecto, se va a votar. Quienes estén a favor de dicha moción, levanten la mano. Esc. Laurenz. Entra a Sala el Sr. Héctor Fiorelli.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Me permite hacer una observación. Esta es una votación distinta y se debe dar nombres; no es votación sumaria.

SR. PRESIDENTE. – Hecha la aclaración empezamos. Se aclara que se va a preguntar a cada Edil, dado el tipo de votación de que se trata, y cada uno debe dar el nombre de las personas, la que arrojó el siguiente resultado: votaron por los Sres. José Requiterena y Juan Demov los Sres. Neumcier Irigoyen, Hugo Porro, Graciela González, Héctor Fiorelli, José Tonelli, Renzo Locatelli, Hilda I. de Dodera, Ildefonso Balestrino, Martín Fonrodona, Miguel Delgado, Daniel Sartori, Carlos Elicechi, José F. Fragello, Juan Viera, Conrado Laurenz, Zulema E. de Amaral, Aurelia C. de Pereyra, Alberto Pierotti, Sergio Melera, Benito Olivera, Ruben Ojeda, Carlos Laborde, Horacio Dodino, Guillermo Rose, Carlos lnderkum, Abelardo Alzáibar, Héctor Irigoyen, María V. de Rosendo, Sr. Presidente Dr. Juan J. Lancieri.

SR. PRESIDENTE. – Se aclara que fue votada por unanimidad la moción, (29 votos afirmativos, en 29 ediles presentes). En consecuencia Decreto Nº 52/986. – VISTO: Los cargos de Oficial Administrativo creados en el Presupuesto de la Corporación para los Ejercicios Administrativos 1986 y siguientes; CONSIDERANDO: Las resoluciones adoptadas oportunamente por el Cuerpo en el sentido de que los mencionados cargos, una vez sancionado el Presupuesto, serían ocupados por los funcionarios que vienen desempeñando labores en Comisión en esta Junta Departamental; LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO DECRETA: Art. 1º) Sanciónanse las designaciones realizadas oportunamente, nombrando a los Sres. Juan Demov Barbarov y José Requiterena Rastagnol para ocupar los cargos de Oficial Administrativo, Código y Grado Ab 10 del Presupuesto del Cuerpo, con vigencia a partir del 1º de Enero de 1986. – 2º Comuníquese, etc.

SR. JOSE F. FRAGELLO. – Para una moción de orden. Que a las resoluciones adoptadas esta noche, se les de cumplimiento sin la previa aprobación del Acta.

SR. PRESIDENTE. – Está a consideración la moción del Sr. edil; se vota afirmativa; unanimidad. (Asume nuevamente la Presidencia, la Titular, Dra. María Balarini de Requiterena.)

SRA. PRESIDENTA. – Sigue a consideración el primer punto del Orden del Día. Sr. Héctor Irigoyen, tiene la palabra.

Sr. RECTOR IRIGOYEN. – Queríamos establecer, que desconocíamos estos hechos. Es decir, nosotros suponíamos que el Intendente en ejercicio actual, había renunciado a su cargo para ocupar el cargo de Intendente. Este Cuerpo no había sido informado, y nosotros lo desconocíamos. Frente a este hecho, nuestra opinión es que existe esa incompatibilidad, pero lógicamente, nosotros no somos juristas y admitimos que puede haber otras interpretaciones jurídicas. Por eso, nosotros vamos a mocionar en concreto que este asunto sea elevado para que nos de su asesoramiento, quien tradicionalmente asesore a este Cuerpo, que es el Fiscal Letrado. Y una vez dirimida la cuestión, de acuerdo a lo que resulte de ese informe, se procederá en consecuencia.

SRA. PRESIDENTA. – Aclaro simplemente, que el Sr. Fiscal está de Feria.

SR. RECTOR IRIGOYEN. – Muy atinente. En realidad nosotros pensábamos abreviar el trámite.

SRA. PRESIDENTA. – Le quiero explicar que el Sr. Fiscal está de Feria; se nombra Juez de Feria y Fiscal de Feria que está en Montevideo.

SR. RECTOR IRIGOYEN. – Eso significaría que demoraría mucho en tener una respuesta. Sra. Presidenta; de todos modos nosotros mantenemos esa moción. Ahora, no obstante, queremos dejar constancia que sobre el tema específico del problema de ADEOM, nosotros ahora consideramos que hasta que esto no se dirime, no se puede tratar el tema, pero queremos adelantar que traíamos una posición favorable en lo que respecta al problema específico a que se refiere la iniciativa, con respecto al tema del embargo de ADEOM y la liberación del mismo. Queríamos hacer esta aclaración. Nada más Sra. Presidenta.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Me permite; ¿la moción del Sr. Irigoyen consiste en la consulta al Fiscal Letrado Departamental?

SRA. PRESIDENTA. – Sí, Sr. edil, Sr. Laurenz.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Sobre el particular, yo también había traído escrita una moción sobre el punto, que es mas amplia que la del Sr. Irigoyen, de consultar al Sr. Fiscal Letrado Departamental sobre el particular. La moción mía, diría lo siguiente.

SRA. PRESIDENTA. – La moción Escribano, ¿sustituye a la anterior? ¿Es nueva?

ESC. CONRADO LAURENZ. – La moción primera subsiste, simplemente, esta es otra moción, que dice lo siguiente: Vistos: Las obrados venidos a conocimiento de esta Junta de parte del Ejecutivo Departamental, Oficio 123/85 y Carpeta Nº 13, Expediente 296, Folio 667, Libro 33. – Considerando: Que lo en ello planteado, hace referencia a aplicación e interpretación de normas legales y constitucionales. Considerando: Que esta Junta en situaciones similares ha solicitado y obtenido del Sr. Fiscal Letrado Departamental, un eficiente asesoramiento. Esta Corporación resuelve consultarlo, sobre lo siguiente: 1º) Si son compatibles o no, los cargos de Intendente Municipal y Secretario Ejecutivo General de la Intendencia (art. 289 de la Constitución de la República y art. 41 de la Ley Orgánica del Gobierno y Administración de los Departamentos, aun mediando pedido de licencia concedida al Sr. Secretario y Decreto de "suspensión" al mismo Sr. Secretario de su empleo, por parte del Intendente Titular, fundada esta "suspensión", en el art. 275, numeral 5º) de la Constitución de la República y art. 32, inc. 2º) de la Ley Nº 9.515. 2º) Si del contexto del art. 275. numeral 5º) de la Constitución de la República, se infiere o no, que el término "suspenderlos", al referirse a los empleados dependientes del Intendente, implica o no una sanción. 3º) Si en consideración al mencionado Inc. 5º) del art. 275, es o no fundamento para decretar la "suspensión" del Secretario Ejecutivo General, el hecho "de la suspensión para la que ha sido convocado, sin goce de sueldo y por el término que dure la misma". 4º) Si en definitiva, puede tenerse por acreditada o no, por parte del Secretario General Ejecutivo Sr. Ruben Rodríguez López, legitimación para desempeñar el cargo de Intendente Municipal de Río Negro. 5º) Si de conformidad a los arts. 274 y 275 y concordantes de la Constitución y art. 35 y concordantes de la Ley Nº 9.515, el Intendente Municipal de Río Negro, Sr. Ruben Rodríguez López puede prestar a ADEOM (Gremio de Empleados y Obreros Municipales), una asistencia financiera, (con carácter gratuito no reintegrable y hasta la suma de ochocientos mil pesos) para cubrir por la vía de transacción, la totalidad del adeudo que mantiene a la fecha con el Sr. Elibar Grasso, a raíz del juicio cambiado "Elibar Grasso contra ADEOM, Indemnización por daños y perjuicios". 6º) Si existe o no, en caso afirmativo mencionarlas, disposiciones constitucionales o legales que obliguen a la Junta Departamental a expedirse, dando o no su anuencia al Sr. Intendente para el acto administrativo a que refiere el numeral precedente. Igualmente resuelve la Junta Departamental: A) Acompañar este Oficio, con la versión taquigráfica de todas las palabras que se viertan en esta Corporación en la sesión de fecha de hoy. 3 de Enero de 1986, y de una fotocopia del Estatuto del Funcionario Municipal de Río Negro; y B) Agradecer al Sr. Fiscal Letrado Departamental de Río Negro, la evacuación de las consultas formuladas. Nada mas Sra. Presidenta.

SRA. PRESIDENTA. – Dr. Lancieri.

DR. JUAN J. LANCIERI. – El Partido Colorado ha analizado las situaciones planteadas y la resolución que se adoptó por el Ejecutivo y se ha realizado, lo considera toda la bancada del Partido Colorado, en la forma adecuada. Las bases están dadas, como surge claramente del informe del Asesor Jurídico, que se comparte en su totalidad, y están dadas asimismo, por los antecedentes que se han dado en el año 1985 en el caso de otras Intendencias. Se han dado casos en otras Intendencias, de licencias similares de una persona en el ejercicio no específico de un cargo, como en este caso de Secretario Ejecutivo, de otro tipo de función por el estilo, que han pasado al ejercicio de la suplencia del Intendente. Y lo han hecho exclusivamente y solamente bajo el sistema de licencia. Acá hay que analizar las distintas posibilidades. En el caso de la renuncia del cargo, se considera inadmisible esta situación, en el sentido que sencillamente nos encontramos en este caso o en cualquier otro que se pueda plantear, de que la persona está desempeñando una tarea y la renuncia significa dejar de cumplir esa tarea para siempre.

Cuando se renuncia en ese caso a un cargo para hacer lisa y llanamente, sencillamente, una pequeña suplencia en el caso concreto que se trata hoy, de diez días hábiles de la Intendencia Municipal. Entonces, en ese caso, en cierta manera sería privar a una persona de su trabajo para cumplir una tarea que en este caso concreto es de diez días. No creo que ningún legislador al elaborar normas como las que se han citado, haya tenido en su espíritu de que las personas pierdan el cargo y donen sus ingresos para desempeñar suplencia de diez, quince días o un mes. El caso de la licencia, podría ser en los antecedentes de los casos planteados, se ha dado repito. Pero además de esa licencia, falta algo, porque sencillamente una licencia es un descanso durante un tiempo determinado en el ejercicio de su función, pero de ninguna manera asegura que esa persona no pueda volver el cargo. O sea que no se asegura, como dice el Asesor de la Intendencia, que la persona vaya a desempeñar durante la licencia y vuelva al cargo. Por eso es que se comparte la situación de la suspensión, por cuanto ello impide el desempeño de la tarea. Se ha dicho en Sala que el cargo de Secretario Ejecutivo consiste en el desempeño de la tarea del Intendente. Y que en este caso, como se trata justamente de Secretario Ejecutivo en suspensión el que desempeña el cargo de suplente de la Intendencia, podría estar desempeñando también la tarea de Secretario Ejecutivo. Pero resulta que esas funciones son del Intendente. El Intendente delega funciones en este caso en el Secretario General Ejecutivo, este las desempeña, pero perfectamente el Intendente puede intervenir y desempeñar esta tarea. (Interrupción). Decía que sencillamente, volviendo atrás en el tiempo, el Dr. Carminatti en la Intendencia y el Sr. Rodríguez López en el cargo de Secretario Ejecutivo. En ese momento, el Secretario Ejecutivo cumple una función delegada por el Intendente, pero el Intendente Dr. Mario Carminatti puede perfectamente introducirse en esa tarea, porque son sus funciones que las delega. Eso no obstaculiza el caso de la suspensión, y por tanto se considera que está legítimamente en el cargo el Intendente suplente en este caso. Sin perjuicio de que como se adelantaba por el Sr. edil Irigoyen, es básico decirlo, porque en el fondo del asunto hay un gran problema que es el relativo a ADEOM, que se trata de un gremio que en este momento está con los brazos atados, por el hecho de su situación derivada pon el embargo que todos conocemos. En este sentido, el Partido Colorado en su totalidad, viene a votar afirmativamente este pedido de anuencia que eleva la Intendencia a favor de ADEOM, para solucionar su problema. En otra oportunidad, en la Junta se había planteado de otra manera, donde incluso habíamos hablado de incompetencia, pero allí era ADEOM que había hecho el planteo. Y en este sentido, con el asesoramiento del señor Fiscal, compartimos la idea de la incompetencia, pero ahora viene la iniciativa de parte del Ejecutivo y la situación es totalmente distinta. En este sentido, el Partido Colorado quiere hacer una moción: Que se declare la legalidad de las actuaciones y la legitimidad en el ejercicio de la Intendencia, en carácter de suplente, por parte del señor Ruben Rodríguez López. Nada más señora Presidenta.

SRA. PRESIDENTA. – Señor edil Laurenz.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Los argumentos que se han hecho en favor de la legalidad del cargo que está desempeñando interinamente el señor Rodríguez López, en verdad, creo que no son de recibo. En primer lugar, porque el hecho de que este señor hubiera renunciado al cargo, aunque fuera por un lapso de diez días, para desempeñar el cargo de Intendente Municipal, no quita que quien lo puso, como hombre de confianza, lo vuelva precisamente a reponer el día undécimo de cumplida la licencia. En forma tal, que la renuncia no se porqué la vamos a entender por definitiva, por cuanto el mismo Intendente que lo puso en ese cargo, lo puede volver a reponer, por lo que no vería cortada su carrera administrativa el señor Rodríguez López. En segundo lugar, la Constitución no habla de término, sino de incompatibilidad de cargos y no dice si los cargos son por un día o veinte días. Más, la Constitución es todavía más drástica, en el sentido de que en los casos de la incompatibilidad de esos cargos, que reitero, no determine en absoluto fecha ni días, ni término, dice en el art. 292: "que la inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, entre los cuales está el 289, importará la pérdida inmediata del cargo. Es decir, que, inmediatamente de producida esta coalición, es decir, este choque del desempeño de dos cargos, inmediatamente de producida, de acuerdo al art. 292, ella traerá aparejada la pérdida inmediata del cargo. Es decir, que de acuerdo a la Constitución, inmediatamente de aceptado el cargo de Intendente Municipal por parte del señor Rodríguez López, sin haber renunciado al desempeño de su cargo de Secretario General Ejecutivo, como dice la Constitución, está prácticamente fuera del cargo. Este trae aparejado señora Presidenta, o puede traer aparejado, que en todos los hechos y en todas las resoluciones que torne el señor Rodríguez López, puedan ser imputadas de nulidad absoluta, puesto que estarían tomadas por un funcionario incompetente. En segundo lugar, el antecedente de que se trata, de que en algunas Intendencias del interior, sin saber si es cierto o no tal manifestación, se ha solucionado el problema de la incompatibilidad con la simple licencia del titular. . . (señora Presidenta, por favor, me estoy dirigiendo a Ud. porque el edil debe dirigirse a la Presidencia). . .

SRA. PRESIDENTA. – Sí señor, lo estamos escuchando, bastante usted me interrumpe.

ESC. CONRADO LAURENZ – Y la señora Presidenta escucharlo necesariamente, aunque (Interrupciones). Reitero señora Presidenta. Que por el simple hecho de que en alguna Intendencia del interior se haya soslayado este problema de la incompatibilidad por el simple remedio de la licencia, no es de recibo tampoco, puesto que el Asesor Jurídico de la Intendencia dice que no basta el simple pedido de licencia para desterrar este asunto de la incompatibilidad. Aunque pida licencia, hay siempre incompatibilidad; a lo que se agregó a la licencia por ser insuficiente, este problema de la suspensión, es decir, esta sanción que le aplicó el señor Intendente doctor Carminatti al señor Rodríguez López, porque este es insuficiente para que pueda asumir el cargo de Intendente Interino. Señora Presidenta: lo que tenemos entre manos, es un asunto muy serio, no es cuestión de simple votación a los efectos de salvar la situación, sino que las responsabilidades son grandes y puede traer como decíamos al Municipio, problemas jurídicos serios si se comprueban precisamente estos hechos que son fácilmente comprobables (el desempeño de los dos cargos que surge de todos estos documentos), y ese traería aparejado responsabilidad del Ejecutivo Departamental. Nosotros en este aspecto, queremos dejar salvada nuestra responsabilidad en el sentido que no acompañamos en forma alguna, la legitimidad de ese cargo cuando la Constitución claramente determina la incompatibilidad. Nada más por ahora.

SRA. PRESIDENTA. – Señor Delgado.

SR. MIGUEL DELGADO. – Moción de orden señora Presidenta que se dé el tema por suficientemente discutido y se pase a la votación.

SRA. PRESIDENTA. – Moción de orden señor Delgado. . . (no hay nadie anotado), de que se pongan a votación las mociones presentadas. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Aprobado; mayoría (19 votos afirmativos). La Presidencia, conforme a lo que determine el art. 22 del Reglamento, numeral 16, consulta a la Asamblea pera suspender la sesión por un cuarto de hora. Estoy consultando a la Asamblea en ese sentido. Si están de acuerdo. Se vota, afirmativa; unanimidad.

SRA. PRESIDENTA. – Finalizado el cuarto intermedio, continuamos la sesión. Tiene la palabra el doctor Lancieri.

DR. JUAN J. LANCIERI. – Simplemente para reiterar mi moción.

SRA. PRESIDENTA. – Pasamos entonces a votar las mociones presentadas. Tenemos en primen lugar, la moción del Sr. Conrado Laurenz. La primera moción presentada por el señor edil. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Once votos. Negativa. Señor Laurenz.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Esta votación que es sumaria, pido que se haga nominal.

SRA. PRESIDENTA. – Se va a tomar votación nominal. Votan por la afirmativa, los siguientes señores ediles: Conrado Laurenz, Zulema R. de Amaral, Alberto Pierotti, Sergio Matera, Ruben Ojeda, Benito Olivera Horacio Dodino, Carlos Laborde, Guillermo Rose, Carlos Inderkum y Aurelia C. de Pereyra. Votan por la negativa los siguientes señores ediles: Neumcier Irigoyen, Hugo Porro, Graciela González. Héctor Fiorelli, José Tonelli, Renzo Locatelli, Hilda I. de Dodera, Idelfonso Balestrino, Miguel Delgado, Martín Fonrodona, Daniel Sartori, Juan J. Lancieri, Juan Viera, José F. Fragello, Carlos Elicechi, María del C. V. de Rosendo. Abelardo Alzáibar, Héctor Irigoyen y Presidencia, doctora María B. de Requiterena.

SRA. PRESIDENTA. – El resultado de la votación nominal fue: 11 votos por la afirmativa y 19 votos por la negativa. Escribano Laurenz.

ESC. CONRADO LAURENZ. – Voy a dejar constancia de mi protesta por el voto de la señora Presidenta. Lo que votarnos era votación sumaria, sumaria a efectos de determinar (interrupción, dialogados). Por consiguiente no puede votar la Presidencia.

SRA. PRESIDENTA. – Continuamos considerando las mociones. Corresponde votar la presentada por el Sr. Dodino. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Once votos afirmativos; negativa. Señor Laurenz.

ESC CONRADO LAURENZ. – En virtud de lo que establece la Constitución de la República en su art. 296, se requiere un tercio para elevar la denuncie pertinente ante la Cámara de Senadores. Por lo tanto un tercio basta y sobra.

SRA. PRESIDENTA. – Había moción del señor Dodino que pusimos a votación (interrupciones, dialogados). Tiene la palabra el señor Dodino.

SR. HORACIO DODINO. – Solicito se dé lectura al art. 296 de la Constitución a efectos de ayudar a comprender esto que estamos planteando. Y al 93 también (Así se procede por Secretaría).

SR. HORACIO DODINO. – Continúo señora Presidenta. Lo que se sometió a votación de este Cuerpo es mi moción que se eleven los antecedentes del caso a la Cámara de Senadores, por considerar que existe una violación de la Constitución, al estar el Intendente interino señor Rodríguez López, en posesión de dos cargos. En la medida que esa moción obtuvo un tercio de los votos, o sea once, esa moción se debe considerar afirmativa, en. función que no requiere mayoría absoluta, sino que un tercio de votos basta y sobra.

SR. MIGUEL DELGADO. – Que se dé lectura a la moción del señor Dodino, señora Presidenta. (Así se procede).

SR. HORACIO DODINO. – Lo que se sometió a consideración de esta Junta es el envío de los antecedentes y en la medida que esa iniciativa ha logrado un tercio de votos, es notorio que es suficiente porque logró once votos afirmativos para que se eleve al Poden Legislativo. (Cámara de Senadores), que tiene esta función específica. Está establecido en la carta magna, no requiere repito, mayoría absoluta.

SRA. PRESIDENTA. – Señor Delgado.

SR. MIGUEL DELGADO. – ¿Se pueden leer por Secretaría, los arts. 296 y 93 nuevamente? (Así se procede).

SR. MIGUEL DELGADO. – Por la moción el señor edil presenta una denuncia y pide solamente que se eleven los antecedentes.

SRA. PRESIDENTA, – Le debo aclarar que la moción del señor Dodino dice que vista la inconstitucionalidad, no habla de acusación; solicita se eleven los antecedentes por entender que existe violación de la Constitución. Quiere decir que en este aspecto, con once votos favorables va. Señor Dodino.

SR. HORACIO DODINO. – Pido se realice votación nominal.

SRA. PRESIDENTA. – Se va a proceder a la votación nominal. Votan por la afirmativa, los siguientes señores ediles Alberto Pierotti. Zulema R. de Amaral, Conrado Laurenz, Sergio Matera, Roben Ojeda, Benito Olivera, Horacio Dodino, Carlos Laborde, Guillermo Rose, Carlos Inderkum y Aurelia C. de Pereyra. Votan por la negativa, los siguientes señores ediles: Abelardo Alzáibar, Héctor Irigoyen, María del C. V. de Rosendo, Hugo Porro, Héctor Fiorelli, Neumeier Irigoyen, Graciela González, José Tonelli, Renzo Locatelli, Hilda 1. de Dodera, Ildefonso Balestrino, Miguel Delgado, Martín Fonrodona, Daniel Sartori, Juan J. Lancieri, Juan Viera, José F. Fragello, Carlos Elicechi y Presidencia, doctora María B. de Requiterena.

SRA. PRESIDENTA. – El resultado de la votación nominal fue: once votos afirmativos; diecinueve votos negativos. Pasamos a consideración la moción del señor Héctor Irigoyen, en el sentido de solicitar informe al señor Fiscal Letrado al respecto de lo planteado. Los que están de acuerdo, levanten la mano. Aprobada (25 votos afirmativos)

SR. MIGUEL DELGADO. – Pido votación nominal.

SRA. PRESIDENTA. – Se va a tomar votación nominal. Votan por la afirmativa, los siguientes señores ediles: Alberto Pierotti, Sergio Matera, Ruben Ojeda, Benito Olivera, Horacio Dodino, Carlos Laborde, Guillermo Rose, Neumeier Irigoyen, Hugo Porro, Graciela González, Héctor Fiorelli, José Tonelli, Renzo Locatelli, Hilda I. de Dodera, Ildefonso Balestrino, Miguel Delgado, Martín Fonrodona, Daniel Sartori, Juan J. Lancieri, Juan Viera, José F. Fragello. Carlos Elicechi, María del C. V. de Rosendo, Abelardo Alzáibar, Héctor Irigoyen y Sra. Presidenta doctore María B. de Requiterena. Votan por la negativa, los señores ediles: Contado Laurenz, Zulema R, de Amaral, Aurelia C. de Pereyra y Carlos Inderkum.

SRA. PRESIDENTA. – El resultado de la votación nominal fue: 25 votos afirmativos; 4 votos negativos. Tiene la palabra la señora Hilda Irigoyen para fundamentar el voto.

SRA. HILDA 1. DE DODERA. – La Unión Colorada y Batllista, ha votado en este momento por la afirmativa la ponencia realizada por el edil del Frente Amplio, por considerar que dentro de las ponencias es la más correcta y además no estoy de acuerdo que lo tratado por el señor Intendente carezca de legitimidad, sino que es para hacerlo de una forma más certera, más correcta. En realidad, nosotros no queremos incurrir en errores como se incurrió en Gobiernos anteriores. Nosotros no estamos de acuerdo en este momento con el Partido Nacional, que ha encontrado hoy obstáculos para que ADEOM encuentre una salida; si tenemos en cuenta las irregularidades cometidas en el año 1972, donde empiezan justamente las irregularidades del orden legal, cuando ADEOM pierde parte de su patrimonio económico debilitándose así como gremio y luego en el gobierno de facto cuando también tiene gran culpa el Partido Nacional, si tenemos en cuenta que el señor Barriola fue también Intendente durante el gobierno de facto en el año 1973 al año 1974 y que si no hubiera cometido irregularidades de orden legal, como se cometieron, pienso que en estos diez años del gobierno de facto también el Partido Nacional hubiera estado comprometiendo con el gobierno de tacto, el Gobierno departamental. Nada mas, Sra. Presidenta.

SRA. PRESIDENTA. – Silencio. Queda a considerar, la otra moción presentada por el señor Laurenz. Los que estén de acuerdo con ella, levanten la mano. Once votos. Negativa.

Siendo las 23 horas, la Junta Departamental levantó la sesión.

El presente repartido corresponde a la versión taquigráfica de la sesión de fecha 3 1 86, Acta Nº 53, dejando exprese constancia que la misma no ha sido aprobada en fecha por la Corporación.

Fray Bentos. Enero 10 de 1986.

Dr. Juan J. Lancieri. 2do. Vice Presidente

Ariel Gerfauo . Secretario General

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO
Secretaría

Repartido Nº 25

Asunto: ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Fray Bentos – Mayo de 1974

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL

CAPITULO I
CONCEPTO DE FUNCIONARIO

Artículo 1º. – Definición de funcionario Municipal. Considérase funcionario público Municipal a todo individuo que ejerza o desempeñe una función retribuida, permanente o temporaria de cualquier carácter en la Intendencia Municipal y/o Junta Departamental de Río Negro y que haya sido incorporado mediante designación u otro procedimiento legal.

CAPITULO II
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD
OBLIGACIONES Y CONDUCTA
PROHIBICIONES

Artículo 2º. – El ejercicio de la función pública Municipal es personalísimo con relación a su titular, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a tercera persona, sea parcial o totalmente momentánea o permanentemente.

Art. 3º. – Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y hora de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Queda asimismo prohibida la circulación de listas de adhesión o repulsa a movimientos o personas relacionadas o no con la Administración.

Art. 4º.– El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario y en consecuencia contrae desde el momento de su incorporación, le obligación de desempeñar las tareas para que ha sido designado, dentro de los horarios que establezcan las autoridades competentes. Asimismo, contraen el deber general de obediencia a las órdenes que, en materia de competencia les impartan sus superiores jerárquicos. Dichas órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedan constancia en un expediente, expedirse algún recaudo o actuar por ese medio ente alguna autoridad o particulares. Cuando las órdenes sean verbales, el funcionario sin perjuicio de cumplirlas debidamente, tendrá derecho a dejar constancia escrita de la misma y de su cumplimiento. Podrá sin embargo, observar las órdenes de sus superiores jerárquicos en caso de considerarlas manifiestamente ilegales. Si el superior insistiera, el inferior deberá cumplirlas. Si la orden fuere verbal, el inferior podrá pedir que se imparte por escrito. Sin perjuicio de cumplirlas, el inferior deberá dar cuenta por escrito al Intendente Municipal.

Art. 5º. – La administración protegerá a sus funcionarios conforme a las leyes y reglamentos, por los ataques, menoscabos, injurias o difamación de que pueden ser objeto a consecuencia del ejercicio regular y prudente de sus cargos.

Art. 6º. – Todos los funcionarios tienen el deber de atender correcta y diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales, para promover o tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su interés. Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos, manejen valores o dinero, deberán prestar fianza a satisfacción de la Administración. Estos funcionarios tendrán un régimen de quebranto que los ampare y que será fijado presupuestalmente. Dichos funcionarios y los encargados de su contralor, no podrán concurrir a salas de juego de azar o a lugares donde se juegue por dinero. La infracción de esta disposición constituye falte grave. No podrán desempeñar tareas en la misma oficina funcionarios vinculados por parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto de afinidad ni ligados por matrimonio. En caso de situaciones preexistentes, a la vigencia de este Estatuto, se realizarán los traslados necesarios sin que se perjudique la categoría y remuneración de ningún funcionario.

Art. 7º. – Los empleados deberán guardarse entre sí respeto y consideración, cuidando que su conducta dentro de la Intendencia, no afecte su reputación ni el decoro del cargo que invisten. La corrección y el aseo personal forman parte de las obligaciones funcionales. Los funcionarios deben concurrir a las Oficinas, correctamente vestidos, pudiendo utilizar en horas de labor, sacos o túnicas de oficina de color uniforme.

Art. 8º. – Los empleados cuidarán de la debida conservación de los muebles y útiles que les fueran confiados. Los deterioros que sufren los mismos por descuidos o negligencia, serán de su exclusivo cargo. En ningún caso, podrán quedar sobre los escritorios, libros, documentos o material de trabajo, que deberán siempre guardarse prolijamente y los que así lo requieren en Cajas de Seguridad.

9º. – Todos los empleados están obligados a guardar absoluta reserve sobre los asuntos y operaciones de la Intendencia. Sólo podrán informar a particulares o interesados de las distintas resoluciones recaídas en los diversos asuntos, cuando estén autorizados por el jerarca respectivo. Será responsable de los errores, omisiones y negligencias que se les constaten en el ejercicio del cargo. Con el fin de individualizar a los intervinientes y como signo de responsabilidad, todos los empleados que actúan en le expedición, contralor o copia de documentos deberán colocan sus iniciales sobre los mismos.

Art. 10. – Todo el personal está obligado a estudiar y conocer especialmente todas las disposiciones que se dictaren relacionadas con su función.

Art. 11. – Todos los funcionarios del grado inmediato inferior a los que ejerzan tareas de dirección, tienen la obligación de sustituir al superior en caso de ausencia o vacancia del cargo. La reglamentación respectiva establecerá las condiciones y plazos para el derecho al pago de compensación por diferencias de sueldo.

Art. 12. – Los Jefes deben vigilar el trabajo que realicen los empleados a sus órdenes, siendo responsables de los errores, omisiones o negligencias en que estos incurren teniendo en cuenta que su responsabilidad no queda eximida con la que pudiera corresponder a los subalternos, cuyos trabajos han de realizarse siempre bajo su contralor o inspección no debiendo bajo ningún principio silenciar las faltas en que incurriera.

Art. 13. –Queda prohibido a los funcionarios:

a) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramiten en la Intendencia y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente en sus funciones específicas, no pudiendo, salvo por orden superior, ni aún procurar activar en otras oficinas el despacho de asuntos. Se exceptúa de esta prohibición las gestiones que deban realizar los dirigentes del gremio municipal en cumplimiento de su actividad como tales.

Las observaciones o pedidos que se les formulen sobre asuntos del servicio, deberán trasmitirlas exclusivamente a los Jefes de Sección que corresponda.

b) Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten en le Intendencia o Junta Departamental, sin conocimiento y autorización expresa del Intendente o Junta Departamental, según corresponde.

c) Realizar actividades proselitistas o efectuar comentarios de carácter político durante el horario de labor.

d) Entrar en las Oficinas estando suspendidos.

e) Recibir gratificaciones de cualquier naturaleza que sean.

f) Ir a otras Secciones, salvo que sea por asuntos relacionados con la Oficina y obedeciendo órdenes del superior; en cuyo caso sólo demorarán el tiempo que fuera imprescindible.

g) Acudir a influencias extrañas pera obtener mejoras en la carrera administrativa.

h) Solicitar en horas de Oficina, contribuciones económicas permitiéndose únicamente, como excepción, les que se realicen con motivo de contraer enlace, previa autorización de la Dirección de Secretaría.

i) Recibir en dependencias Municipales, vendedores ambulantes, corredores, etc.

j) Ocuparse en horas de oficina de asuntos ajenos a la Intendencia.

k) Recibir visitas ni aún antes de comenzar o después de vencido el horario para atender al público.

l) Entrar al local de la Intendencia fuera del horario de trabajo o durante días feriados sin autorización de la Dirección de Secretaría.

Art. 14. – Cuando el personal tenga que concurrir a los despachos de los empleados superiores, para tratar asuntos particulares o relacionados con su posición funcional, deberán solicitar autorización previa.

Art. 15. – Todo empleado debe enterar al superior de cualquier irregularidad que notare en el servicio y otro hecho que pueda afectar el buen nombre de la Intendencia.

Art. 16. – Asistencia. Todos los funcionarios Municipales deberán encontrarse en sus puestos en el horario de comenzar la jornada. Los respectivos jerarcas deberán controlar el estricto cumplimiento de esta obligación y harán conocer diariamente a le superioridad las infracciones que se cometieron. Los funcionarios que no asistan a cumplir tareas sin justa y/o legítima - causa, no percibirán remuneración de especie alguna.

CAPITULO III
DEL INGRESO

Artículo 17. – Ingreso. – Para ingresar como funcionario se requiere:

a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Los ciudadanos legales no podrán ser llamados a los empleos públicos Municipales sino tres años después de habérseles otorgado la Carta de Ciudadanía.

b) Comprobar aptitud moral, ofreciendo información satisfactoria de vida y costumbres y tener, aptitud física y mental, certificada por servicio de Carné de Salud.

c) Haberse sometido a la prueba, examen o concurso que contemple este estatuto, o su reglamentación, con excepción de los cargos obreros y de servicio que podrán ser previstos por sorteo o directamente.

d) Podrá darse preferencia al ingreso de hijos o cónyuges de funcionarios fallecidos, como así mismo a los egresados de las dependencias de la Universidad del Trabajo del Uruguay, dentro de su especialidad.

e) Haber cumplido las obligaciones de la Ley de Instrucción Militar.

f) Formular bajo juramento una declaración de adhesión al sistema de gobierno democrático republicano que establece la Constitución de la República.

Art. 18. – El ingreso a la administración pública municipal, con excepción de los cargos profesionales y técnicos, se efectuarán siempre por el grado más bajo del escalafón.

Art. 19. – El acto de designación inviste a la persona designada con la calidad de funcionario Municipal, pero los derechos y deberes derivados del ejercicio de la función, sólo serán exigibles desde la aceptación exprese o tácita del cargo. Se reputará aceptación tácita el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al cargo.

Art. 20. – Los funcionarios que ingresen a la Administración Pública Municipal como presupuestados, tendrán el carácter de permanente a partir de su designación como tales.

Los funcionarios que ingresen en el carácter de no presupuestados se considerarán amparados en los derechos que genere este estatuto en un plazo de seis (6) meses a partir de su designación.

En caso de fallecimiento del titular, tendrán derecho a ingresar, de acuerdo e las normas establecidas en este estatuto, un causahabiente que deberá ser cónyuge, hija o hijo del titular.

Dicho ingreso deberá producirse a los treinta (30) días a partir del fallecimiento del titular.

CAPITULO IV
CLASIFICACION DE FUNCIONARIOS

Artículo 21. – Dentro de los cuadros del personal del Gobierno y Administración Departamental de Río Negro, institúyense las siguientes categorías funcionales:

a) De carácter político o de particular confianza.
b) Funcionarios profesionales.
c) Administrativos.
d) Técnicos.
e) Inspección y/o vigilancia.
f) Obreros y de servicio.

La categoría a) estará integrada por los cargos que en esa calidad sean establecidos pon Decreto de la Junta Departamental conforme al artículo 62 de la Constitución de la República.

b) Estará integrada por funcionarios para cuyo ejercicio se requiera titulo expedido por la Universidad de la República.

c) Comprende los siguientes grados: Director, Subdirector, Jefe de 1ª, Jefe de 2ª, Subjefe, Oficial 1º Oficial 2º, Oficial 3º, Auxiliar 1º Auxiliar 2º, Auxiliar 3º.

d) La categoría técnica estará integrada por los funcionarios que ocupan cargos para cuyo ejercicio o desempeño se requiera una capacidad especial reconocida y/o habilitación expedida por la Universidad del Trabajo, Instituto politécnico o instituciones afines habilitadas o semejantes, a juicio del órgano municipal competente para el nombramiento, clasificados con dicha calidad en el Presupuesto.

e) La categoría de Inspección y/o vigilancia estará integrada por todos los funcionarios que desempeñen dichas tareas, clasificados con dicha calidad en el Presupuesto.

f) La categoría obreros y de servicio estará integrada por los funcionarios que desempeñen dichas tareas, clasificados con dicha calidad en el Presupuesto.

CAPITULO V
DE LOS DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 22. – De la Comisión calificadora de los ascensos. – Institúyese una Comisión Calificadora cuyo funcionamiento y atribuciones serán establecidas por la Reglamentación respectiva. Estará integrada por:

a) El Secretario de la Intendencia que la presidirá.

b) Director de Secretaría Administrativa o Director de Obras Municipales.

c) Jefe de la Repartición a que pertenezca el funcionario que se califica (o el Capataz respectivo, si el calificado fuera un obrero).

d) Un delegado de ADEOM y

e) Un delegado del Personal de la repartición respectiva, que será electo directamente por los funcionarios de la misma. Esta Comisión adoptará resoluciones por mayoría y en caso de empate decide el voto del Presidente.

Artículo 23. – La Intendencia Municipal llevará la foja de servicio de cada funcionario en particular, a la cual se agregarán los recaudos y constancias que sean pertinentes. El funcionario tendrá derecho a consultar en cualquier fecha su propia foja de servicio. No se hará ninguna anotación desfavorable al funcionario, sino cuando emane de un acto administrativo firme. En la foja de servicio se anotarán la asiduidad, corrección, rendimiento, capacidad, aseo, conducta funcional, responsabilidad, méritos, estudios, cultura, etc. del funcionario y no se hará mención a sus opiniones políticas filosóficas, religiosas, gremiales, etc.

Artículo 24. – Los ascensos se otorgarán, previo dictamen de la Comisión calificadora, sobre la base de la antigüedad calificada y la promoción al cargo inmediato superior. El ascenso otorgado lleva implícito el deber por parte del funcionario, de desempeñar el cargo para que ha sido promovido, salvo renuncia expresa al ascenso. Tratándose de funciones que requieren aptitudes de carácter personal, de organización, directiva de ejecución o conocimientos especiales, el jerarca podrá exigir prueba de concurso de Méritos y Oposición en primer llamado o relación de antecedentes a aquellos que estuvieren en condiciones de concurrir a la promoción. El segundo llamado se hará entre los funcionarios que aspiren al cargo. De igual manera podrá proceder toda vez que el o los otros funcionarios con derecho virtual al ascenso, sean titulares de cargos que tengan una diferencia de tres grados o más con el que debe proveerse por promoción. La reglamentación establecerá las condiciones para la realización de dicha prueba de concurso o relación de antecedentes, respetando la prioridad del o de los funcionarios con mejor derecho virtual al ascenso.

Artículo 25. – Los ascensos se otorgarán dentro de cada una de las categorías funcionales previstas en el artículo 21 de este Estatuto. Sin embargo, si realizadas las promociones, resultare agotada le nómina de funcionarios con derecho al ascenso, los cargos que quedaren vacantes, serán llenados por los funcionarios del grado más próximo pertenecientes a la misma repartición, que revisten en otras categorías, siempre que reúnan las cualidades requeridas para el cargo que deba proveerse concurso de oposición y/o mérito o prueba de suficiencia, según se disponga en cada caso. La promoción a los cargos pertenecientes a las categorías técnicas y obreras y de servicio, se efectuarán entre los funcionarios que realicen un mismo oficio o especialidad del cargo a proveer, sin perjuicio del derecho de los demás funcionarios de grado más próximo de la respectiva categoría, a optar a dichos cargos, previa prueba de suficiencia o relación de antecedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 26. – Los funcionarios tendrán derecho al ascenso dentro del escalafón administrativo ajustado al programa en que presten servicios y en el cual se hubiera producido la vacante o creado el cargo que debe proveerse por ascenso.

Artículo 27. – En igualdad de calificación se preferirá al funcionario de mayor antigüedad en el cargo inmediato inferior a aquel que debe proveerse por ascenso. En igualdad de condiciones, conforme a lo previsto en el apartado anterior, se preferirá al funcionario con mayor antigüedad en el Municipio.

Artículo 28. – Los funcionarios podrán ser trasladados a tareas análogas y/o de igual o superior jerarquía por razón de mejor servicio, de una a otra repartición y dentro de éste, respetándose el grado, la categoría y la remuneración que posean presupuestalmente. En todos los casos la Administración deberá fundar circunstancialmente las razones de mejor servicio que justifiquen el traslado, el que no deberá además, afectar las expectativas inmediatas de ascenso del funcionario.

Artículo 29. – Las permutas de empleo sólo podrán ser solicitadas por los interesados y podrán ser decretadas libremente por las autoridades competentes, siempre que no perjudiquen la función o lesionen el derecho al ascenso de otros funcionarios.

CAPITULO VI
LICENCIAS

Artículo 30. – Declárense aplicables e los funcionarios municipales las disposiciones de la Ley Nº 12.590 del 23 de Diciembre de 1958 y sus concordantes, modificativas o ampliatorias, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 31. – Todo funcionario municipal tiene derecho a una licencia anual remunerada de 20 días hábiles como mínimo así como el complemento a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 32. – Los funcionarios con más de 5 años de servicio en el Municipio tendrán además derecho a un día complementario de licencia por cada 4 años de antigüedad.

Artículo 33. – Régimen de goce de licencia. – La licencia anual reglamentaria es obligatoria. Los empleados deberán hacer uso de ella cuando así se disponga, entregando los expedientes, llaves, libros y demás elementos que tengan a su cargo. El derecho a la licencia reglamentaria podrá ejercitarse una vez transcurrido un año desde la fecha de ingreso del empleado el Municipio y una vez transcurrido un mínimo de 8 meses desde la licencia anterior.

Artículo 34. – La licencia anual no podrá fraccionarse, salvo que así lo requieran las necesidades del servicio, o razones justificadas de los peticionantes, en cuyo caso podrá fraccionarse en dos períodos, uno de los cuales no deberá ser inferior a 15 días.

Artículo 35. – En principio la licencia reglamentaria deberá comenzar y finalizar dentro del año civil y a fin de disponer el orden de las mismas, los Jefes de las distintas secciones formularán anualmente en la primera quincena del mes de diciembre dando cuenta a la sección personal, los turnos en que aquellas podrán concederse. La Sección Personal elevará antes de la finalización del año un cuadro completo del orden de licencias, dispuestas en las distintas secciones del Organismo. La fijación de los turnos no impedirá que las fechas sean modificadas en caso de requerirlo las necesidades del servicio al Intendente o razones fundadas del funcionario.

Artículo 36. – Licencias extraordinarias. – Además los funcionarios tendrán derecho a las siguientes licencias con goce de sueldo:

a) 10 días hábiles por contraer enlace.

b) 3 días por fallecimiento de padres, hijos, cónyuges o hermanos.

c) hasta 40 días hábiles anuales los funcionarios estudiantes pera la rendición de exámenes secundarios, preparatorios, universitarios, normalistas, UTU, etc.

d) Los funcionarios que desempeñen tareas insalubres gozarán de una licencia especial que establecerá la reglamentación.

e) Hasta 15 días en el año, por enfermedad debidamente comprobada de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad

Artículo 37. – Sólo por vía de excepción se acordarán otras licencias extraordinarias con goce de sueldo, cuando la disponga la autoridad competente, por intereses o conveniencias de la Administración, y sin sueldo a pedido del interesado por causa plenamente justificada, a juicio de la autoridad competente, y en este caso no excederán los seis meses.

Artículo 38. – Licencia por enfermedad. – Se considera motivo de licencia toda afección aguda o agudizada que implique una imposibilidad de concurrir a las tareas, cuyo tratamiento presente incompatibilidad con las mismas o cuya evolución signifique un peligro para sí o para los demás.

Artículo 39. – Las licencias por enfermedad podrán prolongarse hasta tres años por períodos renovables de tres meses, siempre que a juicio de le Junta Médica, la enfermedad no revista el carácter de crónica o incurable. En caso de que la Junta Médica, declare enfermedad crónica, se le concederá licencia, hasta que genere causal jubilatoria. Si la enfermedad reviste el carácter de crónica o incurable el funcionario deberá gestionar su jubilación de inmediato; continuará percibiendo del Municipio a título de adelanto reintegrable, hasta que perciba la pasividad, el 80% de la remuneración que le corresponda. El Intendente podrá promover, la gestión jubilatoria de oficio. La Intendencia Municipal concertará con el Banco de Previsión Social la forma para el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente.

Artículo 40. – Los funcionarios que por razones de enfermedad no puedan concurrir a sus tareas, deberán dar aviso en el día al superior respectivo u oficina de personal, dentro de las tres primeras horas hábiles, salvo que por la naturaleza del servicio que presten sea necesario que ese aviso deba darse con mayor antelación.

Artículo 41. – Si la dolencia que sufre el funcionario no se lo impide, debe concurrir para su examen al consultorio médico municipal en el mismo día en que da el aviso a que se refiere el artículo 40.

Artículo 42. – Si el funcionario enfermo no puede concurrir al consultorio del médico municipal deberá esperar en su domicilio al médico de certificaciones, y si del examen resultare que estaba habilitado para el desempeño de las tareas, será considerado como un caso de inasistencia, correspondiendo aplicar el descuento de un día de sueldo del empleado por cada día de inasistencia en aquellas condiciones.

Artículo 43. – La aprobación de la posibilidad o imposibilidad de concurrir al consultorio oficial es de resorte exclusivo del médico municipal, siendo inapelable su dictamen sobre este punto.

Artículo 44. – En casos en que el empleado debe ser certificado en su domicilio, estando sin embargo, en condiciones de concurrir a consultorio, gozará de su licencia por enfermedad si el certificado lo establece, pero a su reintegro será advertido que en caso de reincidencia, se le suspenderá por un día sin goce de sueldo como acto de indisciplina.

Artículo 45. – Practicado el examen médico en consultorio o domicilio, se entregará al funcionario, un formulario en el que constará la licencia otorgada o la negativa.

Artículo 46. – De acuerdo al carácter de la afección padecida, el médico municipal podrá exigir al funcionario enfermo, su permanencia en el domicilio, para su mejor restablecimiento, y la Intendencia podrá disponer inspecciones sin previo aviso, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por el médico municipal.

Artículo 47. – Los funcionarios en uso de licencia por enfermedad deberán permanecer en su domicilio, durante todo el tiempo de ella, salvo que el médico municipal hubiere autorizado al funcionario, la salida de su domicilio, a efectos de su más pronta curación.

Cuando los funcionarios tengan necesidad de salir de su domicilio para concurrir a algún consultorio o laboratorio para ser asistidos de su enfermedad, dejarán constancia de ello.

Artículo 48. – Cuando fuere debidamente comprobado que un empleado en uso de licencia por enfermedad, no cumple las disposiciones reglamentarias y prescripciones médicas, se dejará sin efecto la licencia otorgada y se aplicarán los descuentos correspondientes.

Si el funcionario no aceptara el dictamen médico, podrá solicitar al Director de Secretaría Administrativa la convocatoria de una Junta Médica que resolverá en definitiva.

Artículo 49. – El médico municipal podrá exigir a los funcionarios enfermos, certificados expedidos por médicos particulares, en los que consten el carácter de la enfermedad que padecen y la orientación del tratamiento que se realiza. En ningún caso el médico municipal está obligado a conceder el plazo de licencia que pudiera fijar el médico tratante.

Artículo 50. – El médico municipal someterá por la vía administrativa correspondiente, los casos en que e su juicio los empleados se hallen parcialmente incapacitados, temporaria o permanentemente para el desempeño de sus tareas, pero que podrían desempeñar otras funciones más adecuadas con su capacidad física.

Artículo 51. – Cuando la licencia por enfermedad excede el año y medio, su retención deberá concederse previa anuencia de una Junta Médica.

Artículo 52. – En ningún caso es obligatorio que el Funcionario Municipal, se asista con médico municipal, quien tiene derecho a la libre elección del médico tratante.

Artículo 53. – La Junta Médica estará integrada:

a) Por el médico de servicio público.

b) Por el médico que designe el interesado y

e) Por el médico municipal.

Sesionará válidamente con dos de sus tres integrantes, requiriéndose igual número de votos para expedirse.

Su dictamen será inapelable.

Artículo 54. – El funcionario percibirá íntegramente la remuneración que le corresponda durante el período de licencias por enfermedad.

Artículo 55. – Licencias por maternidad. – Toda funcionaria municipal que vaya a dar a luz deberá cesar todo trabajo seis semanas antes del parto y no lo podrá reiniciar hasta seis semanas después del mismo.

Artículo 56. – Cuando el parto sobrevenga de la fecha presunta, indicada por el Servicio Médico Municipal, el descanso tomado anteriormente será siempre prolongado hasta la fecha verdadera del parto y la duración del descanso puerperal obligatorio no podrá ser reducido.

Artículo 57. – En caso de enfermedad que, según certificado médico, sea consecuencia del embarazo se podrá proveer un descanso prenatal suplementario, cuya duración máxima será fijada por el mencionado Servicio Médico.

En caso de enfermedad que, según certificado médico, sea consecuencia del parto, la madre trabajadora tendrá derecho a una prolongación de descanso puerperal, cuya duración será fijada por el Servicio Médico Municipal. Su extensión no será superior a doce meses.

Artículo 58. – Durante los períodos de inactividad mencionados en los artículos anteriores, la madre trabajadora percibirá el equivalente en efectivo, del sueldo o salario que le habría correspondido en caso de haber continuado trabajando.

Artículo 59. –– En ningún caso las licencias gozadas por maternidad, será considerado como elemento de demérito para la calificación, puntaje, etc. del funcionario.

Artículo 60. – Descanso semanal. – Los funcionarios tendrán derecho a un descanso mínimo de 24 horas semanales consecutivas.

CAPITULO VI
SANCIONES E INFRACCIONES

Artículo 61. – Les infracciones a las disposiciones de este estatuto, así como los delitos y faltas de cualquier naturaleza en que incurran los funcionarios municipales, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, que se graduarán en atención a la gravedad del acto cometido, las circunstancias en que se cometió, los móviles que lo determinaron, las consecuencias del mismo y los antecedentes del funcionario.

a) Advertencia u observación.

b) Apercibimiento.

c) Suspensión sin goce de sueldo.

d) Traslado.

e) Eliminación por un año del escalafón de ascensos.

1) Retrogradación de categorías.

g) Exoneración del cargo.

h) Exoneración del cargo y sometimiento a la justicia.

Artículo 62. – Las sanciones previstas en este estatuto serán aplicadas por el Intendente Municipal o Junta Departamental.

Pera la aplicación de las sanciones a funcionarios de la Intendencia, previstas en los apartados A, B y C el Intendente Municipal podrá delegar ese cometido en los Directores Generales de Departamento.

Artículo 63. – Las sanciones de mayor gravedad sólo podrán ser aplicadas por el Intendente Municipal previas las garantías del sumario cuando correspondan y sin perjuicio de les venias o autorizaciones que correspondan por mandato constitucional o legal.

En el caso de funcionarios de la Junta Departamental, serán aplicadas por ésta, salvo las sanciones que por resolución expresa de la misma, se delegue aplicarlas al Presidente de la Junta Departamental.

Artículo 64. – La suspensión no podrá exceder de tres meses e importará siempre la pérdida de la remuneración correspondiente.

Artículo 65. – La pérdida del derecho al ascenso implica le postergación del funcionario solamente en la primera oportunidad que correspondiere concederse.

Artículo 66. – Las sanciones se aplicarán debiendo considerar especialmente a los efectos de su graduación, la existencia de circunstancias agravantes y atenuantes.

Se considerarán agravantes, la reiteración, la reincidencia. obrar con premeditación o mediante engaño, cometer la infracción con abuso de autoridad o violando los deberes inherentes al cargo, causar daños y ocasionar perjuicios a la Intendencia.

Se considerarán atenuantes, la buena conducta funcional anterior, la denuncia de la falta cuando de las circunstancias se desprende que podría haberse sustraído a la infracción, el haber intentado o haber reparado el perjuicio ocasionado, el haber cometido la infracción sin intención, por móviles altruistas u obedeciendo una orden superior.

Artículo 67. – Las infracciones se clasifican de acuerdo al siguiente cuadro:

a) Faltas Leves

1º) No seguir la vía jerárquica pare el trámite de los asuntos.
2º) No observar el debido cuidado con los útiles u objetos a su cargo.
3º) No velar por el aseo y orden de la sección.
4º) Ausentarse durante las horas de trabajo, sin autorización, del sitio donde preste servicios.
5º) Negar la colaboración en el trabajo.
6º) Distraer la atención injustificadamente de otros funcionarios.
7º) Observar una conducta incorrecta dentro de las dependencias de la Intendencia.
8º) Transferir y/o aplazar les instrucciones recibidas de los superiores.
9º) Realizar actividad proselitista o comentarios de carácter político durante las horas de trabajo.
10) Entrar a la oficina estando suspendido.
11) Solicitar de los empleados en horas de oficina, contribuciones económicas con cualquier finalidad que sea.
12) Cualquier otra acción u omisión que denote poca contracción al trabajo o que disminuye o tienda a disminuir el rendimiento normal del infractor o de otro funcionario.

b) Faltas Intermedias

1º) Haber salido en comisión y no haber cumplido con la gestión encomendada.
2º) Solicitar licencia por enfermedad sin causa justificada.
3º) Solicitar licencia médica y no encontrarse en su domicilio cuando el médico concurriera, salvo razones poderosas que lo justifiquen.
4º) Reñir de palabra en la Intendencia con otro funcionario o personas ajenas al organismo.
5º) Usar en provecho propio o de terceros, elementos de propiedad de la Intendencia, en las dependencias del mismo salvo autorización expresa.
6º) Observar una conducta irrespetuosa con los superiores jerárquicos o con otros funcionarios, con quienes estén en vinculación por razones de orden funcional.
7º) Dirigirse por escrito o verbalmente a los superiores en términos inconvenientes o contestarles en mala forma.
8º) Tratar al público en forma descomedida.
9º) Desempeñar sus funciones con grave negligencia o imprudencia o cometer hechos incompatibles con el buen desempeño de las mismas.
10) Intervenir como gestores en asuntos que se tramiten en la Intendencia, asumiendo en favor de ellos cualquier intervención que no sea la que corresponda e sus tareas especificas.
11) Cualquier otro acto, que signifique violar intencionalmente resoluciones superiores de carácter general, cuando el mismo no se encuentre sancionado de modo más grave.
12) No permanecer en su domicilio cuando el médico ha concedido licencia por enfermedad con expresa indicación de no abandonarlo, salvo que mediare en el caso, autorización médica previa.
13) Agraviar o injuriar a otros empleados, cualquiera fuere su jerarquía, con quienes estuviere en relación por razones de servicio.
14) Marcar deliberadamente la tarjeta de contralor de otro empleado y hacer marcar la propia por otra persona.
15) Tratar al público en forma gravemente incorrecta.
16) Causar perjuicio en forma intencional a los objetos o útiles que la Intendencia les ha entregado para el desempeño de sus funciones o a las instalaciones del organismo.
17) Desempeñar sus funciones con negligencia o imprudencia cuando las faltas ocasionen perjuicios de cualquier naturaleza a la Intendencia.
18) Ocultar hechos que por su índole pueden irrogar perjuicios o significar una grave irregularidad.
19) Difundir públicamente sin autorización previa datos relativos a la Administración Municipal.

c) Faltas Graves

1º) Presentarse ebrio a trabajar.
2º) Beber alcohol durante las horas de oficina.
3º) Reñir de hecho en las dependencias de la Intendencia con empleado o con personas ajenas al Organismo.
4º) Divulgar involuntariamente informaciones que por su carácter deben ser reservadas.
5º) Desobediencia abierta a órdenes superiores.
6º) Denunciar a la superioridad hechos falsos o producir informes o dictámenes intencionalmente erróneos.

Serán considerados agravantes específicos:

a) Que la superioridad haya adoptado una resolución improcedente en virtud de la denuncia.
b) Que tales denuncias o informes hayan provocado perjuicios al Organismo, empleados o personas ajenas a la Intendencia.

7º) Agraviar o injuriar en forma grave a los empleados de igual o superior jerarquía.
8º) Proceder con engaño o mala fe en los actos relativos a su función, cuando el hecho revista gravedad.
9º) Omisión de denunciar las causales de extinción, suspensión o retención de la Asignación Familiar u Hogar Constituido.
10) Divulgar intencionalmente informes que por su carácter deben ser reservados.
11) Lucrar con los intereses de la Intendencia o efectuar maniobras dolosas.
12) Obtener mediante falsificación o engaño, el pago de Asignación Familiar u Hogar Constituido que no le fuera debida.
13) Cometer actos previstos en el Código Penal como delitos.
14) La inasistencia individual a tareas sin justa causa, por un plazo de 10 días.
15) Recurrir a influencias extrañas para obtener mejoras en la carrera administrativa.

CAPITULO VIII
DE LOS SUMARIOS

Artículo 68. – Cuando para el esclarecimiento de irregularidades, omisiones o delitos, corresponda efectuar investigaciones, el Intendente Municipal dispondrá la instrucción de un Sumario Administrativo, por decreto, que será notificado personalmente al funcionario sumariado y al funcionario designado instructor quien no podrá renunciar a esta designación, salvo justificadas razones aceptadas por el Intendente.

El funcionario sumariado podrá ser suspendido preventivamente por un período no mayor de tres meses, y con retención de medio sueldo, si no se creyese del caso trasladarlo a otra repartición mientras se sustancie el sumario.

PROCEDIMIENTO

Artículo 69. – El instructor dispondrá de un término de 90 días a partir de su aceptación para sustanciar íntegramente el sumario decretado.

Vencido dicho término el expediente se pondrá de manifiesto en la oficina por el término de 6 días hábiles, durante el cual el Intendente y el sumariado podrán pedir las ampliaciones que deseen.

En caso de hacerlo, las nuevas diligencias solicitadas deberán practicarse dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término de manifiesto.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, sin que se pida ampliación del sumario o practicarse las diligencias solicitadas, se conferirá traslado al sumariado por el término perentorio de 10 días hábiles, para que presente los descargos que tuviere. Transcurrido dicho plazo, el instructor dispondrá del término perentorio de 10 días hábiles para producir su informe final. Vencido dicho término, con informe o sin él, se dará por concluso el sumario y se elevará a conocimiento del Intendente Municipal, quien resolverá dentro de los 30 días siguientes.

Artículo 70. – Al vencimiento del término establecido en el artículo 68, el funcionario será reintegrado a su cargo y cesarán las retenciones de medios sueldos. Si transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, sin que en el sumario hubiere recaído resolución, se restituirán íntegramente al funcionario los medios sueldos retenidos y se archivará el expediente sin mención alguna en su foja funcional.

Artículo 71. – Procedimiento de notificación al funcionario. – En todos los casos que el funcionario deba ser notificado de una resolución del Gobierno Departamental, ésta se practicará de alguna de las siguientes maneras a opción de jerarcas intervinientes:

a) Personalmente.

b) Por cedulón en el domicilio del interesado labrándose acta con intervención de dos testigos cuyos datos personales se individualizarán. El acta será firmada por todas las persones que ella reseñe.

c) Por telegrama colacionado, emplazándole a notificarse en un plazo de 10 días en la repartición en la que desempeña tareas, bajo apercibimiento de que vencido dicho plazo se le considerará notificado y le correrán los correspondientes plazos.

d) Por edictos que se publicarán en 8 oportunidades en dos diarios o periódicos del departamento. Este procedimiento se utilizará cuando no se conozca el domicilio del funcionario y resulten impracticables los métodos anteriores.

Artículo 72. – Son aplicables al funcionario municipal de Río Negro las disposiciones del Decreto Ley Nº 10.329 de fecha 29 de enero de 1943.

CAPITULO IX
DEL CESE

Artículo 73. – Los funcionarios municipales cesan en su calidad de tales en los casos en que pierdan cualquiera de las condiciones requeridas para ocupar sus cargos o por jubilación renuncia aceptada o destitución.

Artículo 74. – La renuncia debe presentarse por escrito y en forma no equívoca. Sólo producirá efectos una vez aceptada por el órgano competente. La resolución deberá dictarse dentro del plazo de 30 días, reputándose que aquella ha sido aceptada si al vencimiento del referido término no medió pronunciamiento expreso.

Artículo 75. – La aceptación de la renuncia la vuelve irrevocable y aparejará la devolución de las cautelas o garantías a que hubiera lugar; sin embargo ella no impedirá que por causas que llegaren con posterioridad a conocimiento de los órganos competentes, éstos ejerzan las acciones civiles o penales que correspondan.

CAPITULO X
DE LOS RECURSOS

Artículo 76. – Los funcionarios que se consideren afectados en sus derechos por las disposiciones de las autoridades competentes o de los órganos que del mismo dependan, podrán entablar los recursos correspondientes que provee la Ley Orgánica de Gobierno y Administración de los Departamentos y la Constitución de la República.

Artículo 77. – Cada recurso administrativo que se interponga por los funcionarios municipales, deberá sustanciarse en los plazos que establece la Ley Orgánica Municipal y/o la Constitución de la República.

Artículo 78. – Se declara en su fuerza y vigor los Decretos, Reglamentos, y Resoluciones que hasta aquí han regido en todo lo que directa o indirectamente no se oponga al presente Estatuto.

CAPITULO XI
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Artículo 79. – Todo funcionario municipal amparado por este Estatuto estará cubierto por un subsidio por fallecimiento que deberá abonarse a quien o quienes se hagan cargo de los gastos del sepelio. Dicho subsidio deberá cubrir el importe correspondiente a un sepelio de tercera categoría.

CAPITULO XII
DE LA VIGENCIA

El presente Estatuto empezará a regir a los 10 días de su promulgación.

Artículo 80. – Comuníquese, etc.

INFORME

Al Senado:

La Junta Departamental de Río Negro, por nota de fecha 10 de enero último, hizo saber a ese Cuerpo que en sesión extraordinaria celebrada el 3 de dicho mes y año, consideró la moción que, según esa nota, fue aprobada "con 11 votos favorables", cuyo texto, de acuerdo con la misma, es el siguiente:

"Vista la inconstitucionalidad de la situación del Intendente Interino, señor Ruben Rodríguez López al ser titular simultáneamente del cargo de Secretario Ejecutivo General y de Intendente de este Municipio (Art. 289 de la Constitución de la República) es que se solicita el envío de todos los antecedentes del caso a la Cámara de Senadores, en función de las facultades otorgadas por el Art. 296 de la Constitución de la República, inclusive todo lo manifestado en Sala en la presente sesión".

Aquella Corporación remitió, con el oficio de referencia, las fotocopias y copia que se editan desde la página 2 a la página 47 inclusive del Distribuido Nº 13/86, Carpeta Nº 454/86, de vuestra Comisión.

De conformidad con lo expuesto precedentemente y lo que resulta de los instrumentos prealudidos, corresponde, en esta etapa de la presente especie, la aplicación de lo establecido en el Capítulo XXII "Del Juicio Político Municipal", artículos 172 a 174 del Reglamento del Senado, por lo que la Comisión de Constitución y Legislación no es la competente para disponer los procedimientos que esas normas consagran.

En consecuencia, se devuelve a la Presidencia del Cuerpo, a sus efectos, toda la documentación relativa a este asunto, que, oportunamente, se había remitido a vuestra Comisión.

Sala de la Comisión , 22 de mayo de 1986.

Pedro W. Cersósimo Miembro Informante, Gonzalo Aguirre Ramírez, Juan Carlos Fá Robaina, Enrique Martínez Moreno, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Uruguay Tourné Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase el informe.

SEÑOR CERSOSIMO. – Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de la Comisión.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, todos los antecedentes serán enviados en el día de mañana a la Comisión de Asuntos Administrativos.

9) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR TOURNE. – ¿Me permite para une cuestión de orden, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. – Solicito que se dé cuente de dos proyectos de ley que han llegado a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tal cual se ha solicitado, dése cuenta de los proyectos de ley.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores senadores Tourné, Zumarán, García Costa, Posadas, Ferreira, Aguirre, Mederos, Pereyra y Lacalle Herrera, presentan con exposición de motivos un proyecto de ley relacionado con la declaración de Servicios Públicos Esenciales".

–A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto presentado:)

"SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existe opinión pacífica en cuanto a la existencia de Servicios Esenciales en la prestación de servicios públicos, caracterizados como actividades que no pueden ser objeto de interrupción en su dispensamiento por los valores comprendidos en su ejercicio: grave riesgo en su acefalía para la vida, salud, tranquilidad y seguridad pública, etc.

La discrepancia surge –y se ha manifestado con intemperancia en las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fechas 28, 29 y 30 de mayo del corriente año que declaran Servicios Públicos Esenciales en específicos sectores de la Administración Pública –Dirección General de la Seguridad Social, Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos– al verificarse la determinación concreta de cuáles son estos Servicios Esenciales.

Ello revela la pertinencia de operar afirmativamente en la jurisdiccionalización de aspectos conflictuales de la problemática laboral, siguiendo una tendencia renovadora de la legislación comparada, a nivel de los países más avanzados, imponiendo una modernización necesaria, en nuestra, en tantos sentidos vetusta, regulación laboral.

Comete por el Art. 1º el proyecto de ley que acompañamos, a la decisión de la judicatura del trabajo, en su más alto nivel técnico, del Tribunal de Apelaciones del Trabajo –que aúna además la experiencia de una larga trayectoria en la magistratura– para que y a instancias de la autoridad pública en su más alto sentido y empresas privadas concesionarias de Servicios Públicos, se aboque en audiencia pública, al conocimiento y resolución del punto.

Los términos en que está concebido el proyecto, conjuga la urgencia del proveimiento, consustancial con la naturaleza del conflicto, con las garantías del debido proceso en el que participan cuantos revelen un interés legítimo, por intermedio de sus organizaciones representativas.

Conteste con tales características se instituye un recurso extraordinario que no tendrá efectos suspensivos.

En estos términos, que serán oportunamente ampliados ante la respectiva comisión asesora del Cuerpo, creemos aportar constructivamente, una solución nacional a un problema que requiere términos racionales para su superación.

Junio 3 de 1986.

Uruguay Tourné, Juan Martín Posadas, Juan Raúl Ferreira. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Cométese al Tribunal de Apelaciones del Trabajo, calificar, cuáles son los Servicios Esenciales que, en las situaciones de conflictos colectivos de trabajo en servicios públicos, deberán ser mantenidos en funcionamiento por turnos de emergencia, y cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el "lockout" en su caso.

Art. 2º – A los fines precedentes, recibida la solicitud fundada que formalicen el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio competente, los organismos autónomos o descentralizados y/o las empresas concesionarias de servicios públicos, procederá en audiencia pública con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y empresarios interesados, y en el término de 48 horas, a dictar su decisión.

Art. 3º – La resolución del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento, podrá ser objeto de un recurso extraordinario de revisión, para ante la Suprema Corte de Justicia.

Este recurso no tendrá efecto suspensivo.

Art. 49 – Deróganse los artículos 3º Apartado f), 4º y 5º de la Ley Nº 13.720, de 16 de diciembre de 1968.

Art. 5º – Comuníquese, etc.

Uruguay Tourné, Alberto Zumarán, Guillermo García Costa, Juan M. Posadas, Juan R. Ferreira, Gonzalo Aguirre, Carminillo Mederos, Carlos J. Pereyra, Luis A. Lacalle Herrera. Senadores."

"El señor senador Lacalle Herrera presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley estableciendo que los productos químicos a importar deberán tener documentación oficial de que están autorizados para el consumo en los países de origen."

– A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Texto del proyecto presentado:)

"IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Muchas naciones industrializadas, luego de estudios exhaustivos, han prohibido el uso de determinados productos químicos por su alta toxicidad. Sin embargo, esos mismos productos son rutinariamente exportados a otros países.

La protección de la salud de nuestra población así como del medio ambiente nacional, nos lleva a proponer que el Uruguay no use para ningún fin productos cuyos fabricantes tienen prohibido comercializarlo en el país de origen.

Junio 4 de 1986.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – La importación de productos químicos de cualquier especie, ya sea en régimen de admisión temporaria o para ser consumidos en el país estará sujeta a la condición de que al presentarse la respectiva solicitud se adjunte documentación oficial del país de origen que establezca que el consumo o uso de los mismos está allí autorizado.

Art. 2º – La omisión del requisito establecido por el artículo anterior determinará la prohibición de la correspondiente importación.

Junio 4 de 1986.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador."

10) COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES. Acuerdo sobre privilegios e inmunidades.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Comité Intergubernamental para las Migraciones sobre Privilegios e Inmunidades. (Carp. Nº 440/85. Rep. Nº 29/86)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 440/85
Rep. Nº 29/86

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio del Interior

Montevideo, 23 de diciembre de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Comité Intergubernamental para las Migraciones sobre Privilegios e Inmunidades.

El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas fue creado en Bruselas el 5 de diciembre de 1951, al cual la República se adhiere por Ley Nº 13.328 y verificada el 3 de mayo de 1965.

Su cometido fue el de colaborar con aquellos países que, en el contexto dramático de los años de post guerra, acogían a los emigrantes europeos, y que se enfrentaban a serias dificultades dado el volumen de movimiento migratorio y las exigencias de toda índole que aparejaba, excediendo las posibilidades de los estados. Estas circunstancias hacían imperioso contar con una organización y financiación de carácter internacional apropiadas para solucionar esa problemática.

El 19 de noviembre de 1980 por Resolución Nº 624 (XLV) del Consejo de la propia Organización, se cambia la denominación del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) por Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM). Según lo establecido en la mencionada resolución, este cambio de denominaciones se realizaba con fines puramente prácticos, no afectando en modo alguno la Constitución del Comité, las resoluciones adoptadas por el Consejo hasta ese momento, de los acuerdos y contratos en vigor de los cuales formaba parte el Comité o de cualesquiera leyes nacionales que conciernan al Comité.

Inmediatamente después de efectuada la adhesión de la República al citado organismo se puede verificar la colaboración que el mismo ha prestado a nuestro país, a través de sus actividades.

El Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades que se somete a consideración de la Asamblea, del mismo estilo de los ya concertados con otros organismos internacionales, no otorga un tratamiento preferencial sino aquel que se limita a reconocer la importancia, en cada oportunidad, de los beneficios que ha obtenido la República a través de estos Acuerdos.

En el presente caso, es indudable la relevancia que ha tenido y tiene la cooperación del Comité con respecto a lo que significa la planificación de una política migratoria nacional y su colaboración en la aplicación de la misma.

En este sentido, es necesario destacar que tiene varios programas en ejecución que son de sumo interés para el país, tales como Reagrupamiento familiar, Desarrollo industrial, Retorno de talentos, etc., que se inscriben además en la aspiración del nuevo régimen institucional de impulsar el regreso de uruguayos que residen en el extranjero.

Es en virtud de ello que el Poder Ejecutivo eleva a estudio de ese Cuerpo el Acuerdo mencionado, por entender que deben propiciarse convenios de esta naturaleza con los distintos organismos internacionales vinculados a nuestro desarrollo nacional, proporcionándoles medios más adecuados para el mejor cumplimiento de sus cometidos, entre los que se inscribiría el Acuerdo de referencia.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Enrique Iglesias, Luis Mosca, Carlos Manini Ríos.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL

DECRETAN:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM), celebrado en Montevideo, el 8 de enero de 1985.

Art. 2º – Comuníquese, etc.

Enrique Iglesias, Luis Mosca, Carlos Manini Ríos.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en adelante llamado el Gobierno, por una parte, y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas actualmente designado como Comité Intergubernamental para las Migraciones, en adelante llamado CIM, por otra:

RECORDANDO que la República Oriental del Uruguay, al convertirse en Miembro del CIM, ha aceptado la Constitución del CIM;

CONSIDERANDO que, con arreglo al artículo 25 de su Constitución, el CIM posee personalidad jurídica y goza de la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos;

Que, con arreglo al artículo 26 de su Constitución, el CIM, los representantes de los Gobiernos Miembros, el Director, el Director Adjunto y el personal de la Administración gozan de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones;

Que, con acuerdo del Gobierno, el CIM estableció una oficina en Montevideo; y

Que desde entonces el Gobierno ha concedido a la oficina y su personal los privilegios e inmunidades necesarios para el libre ejercicio de sus funciones y alcanzar los objetivos propios del CIM;

DESEANDO confirmar y precisar los detalles de dichos privilegios e inmunidades,

ACUERDAN

CAPACIDAD JURIDICA
Artículo 1

El CIM posee personalidad jurídica y goza en el territorio de la República Oriental del Uruguay de la capacidad jurídica para: a) contratar; b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; c) recibir y desembolsar fondos públicos y privados; d) iniciar procedimientos judiciales y administrativos.

LIBERTAD DE ACCION
Artículo 2

El CIM goza en el territorio de la República Oriental del Uruguay de la independencia y libertad de acción que corresponden a los organismos internacionales, de acuerdo con la costumbre internacional.

BIENES, FONDOS Y HABERES
Artículo 3

El CIM así como sus bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan en la República Oriental del Uruguay de inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el CIM. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia de inmunidad no se extenderá a ninguna medida de ejecución, para cuyo cumplimiento será necesaria una nueva renuncia.

Artículo 4

Los locales utilizados por el CIM para el ejercicio de sus funciones son inviolables. Los bienes y haberes del CIM, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, estarán exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de ingerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

Artículo 5

Los archivos del CIM y, en general, todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se encuentren.

Artículo 6

Sin hallarse sometido a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de ninguna clase,

a) El CIM puede tener fondos o divisas de toda clase y llevar cuentas en cualquier moneda;

b) el CIM tiene libertad para transferir sus fondos o divisas hacia dentro o fuera de la República Oriental del Uruguay y para convertir en cualquier otra moneda las divisas que tenga en su poder.

En el ejercicio de los derechos consagrados en este artículo, el CIM prestará la debida atención a cualquier reparo que le haga el Gobierno, hasta donde considere que dicho reparo se puede tomar en cuenta sin detrimento de los intereses del CIM.

Artículo 7

El CIM, sus bienes, haberes e ingresos están exentos:

a) de todo impuesto directo;

b) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos, equipo, maquinaria o elementos de trabajo que importe o exporte para su uso oficial; entendiéndose, sin embargo, que los artículos que se importen libres de derechos no se venderán en el país sino conforme a condiciones convenidas con el Gobierno;

c) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a la importación y exportación de publicaciones, documentos y material audiovisual para su uso oficial; y,

d) de impuestos al consumo, a la venta y de otros indirectos. El CIM no reclamará, en principio, la exención de impuestos al consumo ni de impuestos sobre la venta de bienes muebles. El Gobierno adoptará, cuando le sea posible, las disposiciones administrativas pertinentes para la exención o reembolso de las cantidades correspondientes a estos impuestos.

El CIM no reclamará exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho, constituyan una remuneración por servicios públicos.

Artículo 8

Con objeto de aplicar lo estipulado en el artículo 7 a) y b) se precisa que el CIM puede adquirir o importar libre de derechos de aduana y otros gravámenes adicionales un automóvil cada dos años, para su uso oficial, así como los recambios necesarios para dicho automóvil, pudiéndose vender dicho automóvil libre de derechos de aduana y de impuestos después de transcurridos dos años desde la fecha de la importación. El Gobierno eximirá dicho automóvil de todo impuesto y asignará al CIM para su uso ciertas cantidades, libres también de derechos, de gasolina y otros carburantes necesarios así como de lubricantes. La introducción y circulación en el país de los vehículos a que se refiere este artículo deberá ceñirse a las normas internas que regulan con carácter general el régimen de franquicias diplomáticas.

COMUNICACIONES
Artículo 9

El CIM goza en la República Oriental del Uruguay, para sus comunicaciones oficiales, de un trato no menos favorable que el acordado por el Gobierno a cualquier otro Gobierno, incluyendo sus misiones diplomáticas, en cuanto a prioridades, tarifas, tasas, contribuciones e Impuestos aplicables a la correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telex, teléfonos y otras comunicaciones, y de tarifas especiales para las informaciones destinadas a la prensa, la radio y la televisión, siempre que ese trato no sea incompatible con lo dispuesto en convenciones internacionales.

Artículo 10

El CIM tiene el derecho a usar claves, así como el de despachar y recibir su correspondencia por medio de correos o mensajeros o en valijas selladas, que gozan de los mismos privilegios e inmunidades que los correos, mensajeros y valijas diplomáticas.

REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS
Artículo 11

Los representantes de los Gobiernos Miembros en las reuniones convocadas por el CIM gozarán en la República Oriental del Uruguay de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se conceden a los agentes diplomáticos de acuerdo con los usos y normas de derecho internacional.

Artículo 12

El Director y el Director Adjunto del CIM gozarán en la República Oriental del Uruguay de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se conceden a los enviados diplomáticos, de acuerdo con los usos y normas de derecho internacional.

Artículo 13

Los miembros del personal del CIM gozan de los privilegios e inmunidades siguientes:

a) inmunidad contra todo procedimiento administrativo o judicial respecto a todos los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones. Esta inmunidad continuará aunque los mismos hayan dejado de ser miembros del personal del CIM;

b) exención de todo tipo de impuestos y contribuciones sobre los sueldos y emolumentos que les pague el CIM;

c) inviolabilidad de sus papeles y documentos relacionados con el CIM;

d) exención de todo tributo o gravamen sobre el valor de los pasajes nacionales e internacionales que utilicen en el ejercicio de sus funciones;

e) facilidades respecto a restricciones monetarias y cambiarias, en tanto sea necesario para el buen cumplimiento de sus funciones.

Artículo 14

Los miembros del personal del CIM que no sean de nacionalidad uruguaya gozan de los siguientes privilegios e inmunidades adicionales:

a) exención para ellos mismos, sus familias y su personal doméstico, de las restricciones a la inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros;

b) inmunidad contra todo servicio nacional de carácter obligatorio;

c) exención de cualquier impuesto directo sobre rentas procedentes de fuera del Uruguay;

d) libertad para tener títulos y fondos extranjeros, así como cuentas bancarias personales en moneda extranjera, y para sacar del Uruguay, a la terminación de su empleo en el CIM, sus títulos y fondos;

e) la misma protección y las mismas facilidades de repatriación para ellos mismos, sus familias y su personal doméstico, de que gozan los miembros de las misiones diplomáticas en época de crisis internacional;

f) el derecho de importar y reexportar con franquicia y libre de todo derecho de aduana e impuestos de cualquier clase, muebles, menaje doméstico, artículos de consumo y efectos para su USO personal o en el seno de su hogar familiar, así como un automóvil, cada dos años, libre del pago de derechos de aduana e impuestos de cualquier clase, pudiéndose vender dicho automóvil libre del pago de derechos de aduana y de cualquier clase de impuestos después de transcurridos dos años desde la fecha de la importación. La introducción y circulación en el país de los vehículos a que se refiere éste inciso deberá ceñirse a las normas internas que regulan con carácter general el régimen de franquicias diplomáticas.

Artículo 15

Los empleados locales del CIM en la República Oriental del Uruguay, sin distinción de nacionalidad, están sujetos exclusivamente al estatuto del personal aplicable a los empleados del CIM.

Artículo 16

El CIM comunicará al Gobierno los nombres de los miembros del personal de su oficina en el país a quienes correspondan los beneficios enumerados en los artículos 13 y 14.

El Gobierno expedirá a dichos miembros una tarjeta o documento que certifique su carácter de funcionario del CIM.

Artículo 17

Los privilegios e inmunidades se conceden a los miembros del personal exclusivamente en interés del CIM. El Director del CIM tiene el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier miembro del personal en cualquier caso en que, según su propio criterio, dicha inmunidad impediría el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses del CIM.

Artículo 18

El CIM y su personal cooperarán con las autoridades competentes del país para facilitar la administración adecuada de la justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios, inmunidades y facilidades que se mencionan en este Acuerdo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Artículo 19

El CIM tomará las medidas que sean necesarias para la solución de:

a) las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho privado en que sea parte el CIM.

b) las controversias en que sea parte cualquier miembro del personal del CIM, respecto de las cuales goce de inmunidad, en caso de que el Director del CIM no haya renunciado a tal inmunidad de acuerdo con el artículo 17.

Artículo 20

Las controversias a que puedan dar lugar los contratos de empleo entre el CIM y los miembros de su personal, sin distinción de nacionalidad, se resolverán exclusivamente conforme a los procedimientos de recurso, fijado en el estatuto del personal del CIM, que sea aplicable a los funcionarios o a los empleados, según proceda.

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21

Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de las medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Gobierno.

Artículo 22

Toda diferencia relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se resolverá por el procedimiento que, de común acuerdo, establezcan el Gobierno y el CIM.

Artículo 23

El presente Acuerdo entrará en vigor a la fecha de comunicación del Gobierno uruguayo en que indique la culminación de los requisitos internos de aprobación legislativa de los Tratados.

Artículo 24

El presente Acuerdo podrá ser modificado o ampliado mediante simple canje de notas, a instancia de cualquiera de las Partes, previa consulta entre ambas acerca del proyecto que se formule para la modificación o ampliación de su texto y siempre que se produzca conformidad y aprobación correspondiente del Gobierno uruguayo acorde a sus requisitos internos de aprobación legislativa de los Tratados.

Artículo 25

El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sea Miembro del CIM; sin embargo sus disposiciones continuarán rigiendo hasta que el CIM haya liquidado sus bienes y haberes si el Gobierno se retirara del CIM.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, firman el presente Acuerdo en tres ejemplares en Montevideo. a los ocho días del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco.

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Por el Comité Intergubernamental para las Migraciones

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión ha estudiado el "Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Comité Intergubernamental para las Migraciones sobre Privilegios e Inmunidades", remitido al Poder Legislativo por él Poder Ejecutivo, en los términos de que da cuenta la nota del 23 de diciembre de 1985, dirigida al Presidente de la Asamblea General.

El mismo no ha merecido observaciones a la Comisión, y coloca al país en situación jurídicamente apta para beneficiarse de los altos cometidos y objetivos del Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM).

En efecto, de acuerdo a su Acta Constitutiva tales objetivos y funciones son los siguientes:

"a) tomar todas las medidas adecuadas para asegurar el transporte de los emigrantes para quienes los medios existentes se revelen insuficientes y que de otra manera, no podrían partir de los países europeos de población excedentaria hacia los países de ultramar en los que la inmigración pueda efectuarse bajo condiciones normales;

b) incrementar la emigración europea asegurando, a petición de los Gobiernos interesados y de acuerdo con ellos, los servicios indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones de preparación, acogida, colocación inicial o instalación de los emigrantes que las restantes organizaciones internacionales no se hallen en condiciones de proporcionar, así como toda otra ayuda que le sea posible aportar con la misma finalidad y que se halle de acuerdo con los objetivos del Comité". (Artículo 1.1.–).

Según el Acta Constitutiva, además, el CIM "reconoce que las normas de admisión y el número de inmigrantes que hayan de admitirse son cuestiones que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados..." (Artículo 1.2.–).

Igualmente, en el Acta referenciada se expresa que el CIM "se ocupará de la emigración de los refugiados respecto de los cuales puedan concluirse acuerdos entre el Comité y los Gobiernos de los países interesados..." (Art. 1.3.–).

El Uruguay es miembro del CIM, por virtud de la Ley Nº 13.328, del 3 de mayo de 1965.

El trámite de aprobación del Acuerdo analizado por vuestra Comisión se inicia en 1970, según recuerde nota del 22 de noviembre de 1983, remitida por la Oficina en el Uruguay del CIM al Ministro de Relaciones Exteriores de la época.

El Proyecto de Acuerdo que acompañaba a la nota de 1983 fue objeto de algunas modificaciones, e instancias del Gobierno uruguayo. Las mismas, aceptadas por el CIM por nota del 11 de setiembre de 1984, se traducen en la redacción dispuesta en definitiva para el último párrafo del artículo 8º, para el inciso f) del artículo 14 y para los artículos 23 y 24.

El acuerdo fue finalmente firmado el 8 de enero de 1985, entre el Gobierno del Uruguay y un representante del CIM.

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión aconseja la aprobación legislativa del "Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Comité Intergubernamental pare las Migraciones sobre Privilegios e Inmunidades", en los términos que figuran en el texto adjunto a este Informe.

Pera mejor ilustración del Senado también se acompaña el Acta Constitutiva del CIM.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 1986.

Américo Ricaldoni, Miembro Informante, Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Comité Intergubernamental pera las Migraciones (CIM), celebrado en Montevideo, el 8 de enero de 1985.

Art. 2º – Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 1986.

Américo Ricaldoni, Miembro Informante, Hugo Batalla, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer, Francisco Terra Gallinal. Senadores.

ACTA CONSTITUTIVA

COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS

CONSTITUCION

Preámbulo

LOS GOBIERNOS MIEMBROS DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA
LAS MIGRACIONES EUROPEAS

REAFIRMANDO

Los principios formulados en la resolución adoptada el 5 de diciembre de 1951 por la Conferencia sobre Migraciones, celebrada en Bruselas, y que figura anexe al presente documento;

RECONOCIENDO

que para incrementar la emigración europea y permitir una realización armónica de los movimientos migratorios, y sobre todo para asegurar la instalación de los emigrantes en condiciones favorables que les permitan integrarse rápidamente en la vida económica y social de su país de adopción, es frecuentemente necesario poder disponer de servicios especiales de migración;

que un financiamiento internacional de la emigración europea puede no solamente contribuir a la solución del problema demográfico en Europa sino igualmente estimular la creación de nuevas actividades económicas en los países que carecen de mano de obra.

que el transporte de los emigrantes debe ser asegurado siempre que sea posible, por los servicios marítimos y aéreos regulares, pero que, a veces, se ha demostrado la necesidad de disponer de medios suplementarios de transporte;

que es necesario promover la cooperación de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales en pro de la migración de las personas que deseen partir hacia países de ultramar en donde puedan, mediante un trabajo útil, subvenir a sus propias necesidades y llevar, juntamente con sus familias, una existencia digna, en el respeto a la persona humana, contribuyendo así por su parte a hacer reinar en el mundo la paz y el orden.

ESTABLECEN

El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (más adelante llamado el Comité) con carácter de organización no permanente y

ACEPTAN LA PRESENTE CONSTITUCION.

CAPITULO I – OBJETIVOS Y FUNCIONES

Artículo 1

1. Los objetivos y las funciones del Comité serán:

a) tomar todas las medidas adecuadas para asegurar el transporte de los emigrantes para quienes los medios existentes se revelen insuficientes y que de otra manera, no podrían partir de los países europeos de población excedentaria hacia los países de ultramar en los que la inmigración pueda efectuarse bajo condiciones normales;

b) incrementar la emigración europea asegurando, a petición de los Gobiernos interesados y de acuerdo con ellos, los servicios indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones de preparación, acogida, colocación inicial o instalación de los emigrantes que las restantes organizaciones internacionales no se hallen en condiciones de proporcionar, así como toda otra ayuda que le sea posible aportar con la misma finalidad y que se halle de acuerdo con los objetivos del Comité.

2. El Comité reconoce que les normas de admisión y el número de inmigrantes que hayan de admitirse son cuestiones que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados, y en el cumplimiento de sus funciones obrará de conformidad con las leyes, los reglamentos y la política adoptados por los países de emigración y de inmigración interesados.

3. El Comité se ocupará de la emigración de los refugiados respecto a los cuales puedan concluirse acuerdos entre el Comité y los Gobiernos de los países interesados, incluidos los países que se comprometen a acoger a dichos refugiados.

CAPITULO II – MIEMBROS

Artículo 2

Serán Miembros del Comité:

a) Los Gobiernos que, siendo Miembros del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, hayan aceptado la presente Constitución de acuerdo con el artículo 33, o a los que se apliquen las disposiciones del artículo 34;

b) los otros Gobiernos que hayan probado el interés que conceden al principio de la libre circulación de las personas y que se comprometan por lo menos a aportar a los gastos de administración una contribución financiera cuyo importe será convenido entre el Consejo y el Gobierno interesado, a reserva de una decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios y de la aceptación por dichos Gobiernos de la presente Constitución.

Artículo 3

Todo Miembro podrá notificar su retiro del Comité al final de un ejercicio anual. Esta notificación deberá ser hecha por escrito y llegar al Director del Comité por lo menos cuatro meses antes del final del ejercicio. Las obligaciones financieras respecto al Comité de un Miembro que haya notificado su retiro, se aplicarán a la totalidad del ejercicio durante el cual la notificación haya sido recibida.

Artículo 4

Todo Miembro podrá, por decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios, perder su calidad de Miembro si durante dos ejercicios anuales consecutivos no cumple sus obligaciones financieras respecto al Comité o si infringe persistentemente los principios enunciados en la presente Constitución.

CAPITULO III – ORGANOS

Artículo 5

Los órganos del Comité serán:

a) el Consejo,

b) el Comité Ejecutivo,

c) la Administración.

CAPITULO IV – EL CONSEJO

Artículo 6

Las funciones del Consejo, además de las que se indican en las disposiciones de la presente Constitución, consistirán en:

a) determinar la política del Comité;

b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Comité Ejecutivo;

e) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Director;

d) estudiar y aprobar el presupuesto, el plan de gastos y las cuentas del Comité;

e) adoptar toda otra medida tendiente a la consecución de los objetivos del Comité.

Artículo 7

1. El Consejo se compondrá de los representantes de los Gobiernos Miembros.

2. Cada Gobierno Miembro designará un representante, así como los suplentes y asesores que juzgue necesario.

3. Cada Gobierno Miembro tendrá derecho a un voto en el Consejo.

Artículo 8

1. El Consejo se reunirá normalmente dos veces al año, en las fechas que él mismo determine, a menos que dos tercios de sus Miembros decidan que una sola reunión es suficiente en el curso de un año determinado,

2. El Consejo celebrará reunión extraordinaria a petición:

a) de un tercio de sus miembros,

b) del Comité Ejecutivo,

c) del Director, en casos urgentes.

3. Al principio de cada reunión, el Consejo elegirá un Presidente y los otros miembros de la Mesa.

Artículo 9

El Consejo podrá crear cuantos subcomités sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10

El Consejo adoptará su propio reglamento interior.

CAPITULO V – EL COMITE EJECUTIVO

Artículo 11

Las funciones del Comité Ejecutivo consistirán en:

a) preparar las reuniones del Consejo mediante el estudio de los informes anuales del Director así como de todo informe especial;

b) estudiar todas las cuestiones de índole financiera y presupuestaria que incumban al Consejo y transmitir al Consejo sus recomendaciones a este respecto;

c) estudiar las cuestiones particulares que le sean sometidas por el Consejo y trasmitirle sus recomendaciones;

d) asesorar al Director sobre las cuestiones que por éste le sean sometidas;

e) examinar las cuestiones que le sean especialmente sometidas por el Consejo y adoptar, a este respecto, las medidas que juzgue necesarias;

f) adoptar, en circunstancias excepcionales acontecidas entre las reuniones del Consejo, toda decisión urgente sobre cuestiones de la incumbencia del Consejo, el cual someterá dichas decisiones a un nuevo examen en su próxima reunión.

Artículo 12

1. El Comité Ejecutivo se compondrá de los representantes de nueve Gobiernos Miembros.

2. Estos Gobiernos Miembros serán elegidos por el Consejo por un año, pudiendo ser reelegidos.

3. Cada Miembro del Comité Ejecutivo designará un representante, así como los suplentes y asesores que juzgue necesario.

4. Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto.

Artículo 13

1. El Comité Ejecutivo se reunirá regularmente antes de cada reunión del Consejo.

2. El Comité Ejecutivo podrá celebrar reunión extraordinaria a petición de su Presidente, a petición del Director previa consulta con el Presidente del Consejo, o a petición de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo.

3. El Comité Ejecutivo elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, cuyo mandato será de un año.

Artículo 14

El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

CAPITULO VI – LA ADMINISTRACION

Artículo 15

La Administración comprenderá un Director, un Director Adjunto y el personal que el Consejo determine.

Artículo 16

1. El Director y el Director Adjunto serán nombrados por el Consejo mediante votación por mayoría de dos tercios, y cumplirán sus funciones de conformidad con el contenido de contratos aprobados por el Consejo y firmados, en nombre del Comité, por el Presidente del Consejo.

2. El Director será responsable ante el Consejo y ante el Comité Ejecutivo; administrará y dirigirá los servicios del Comité de conformidad con la presente Constitución, con la política y decisiones del Consejo y del Comité Ejecutivo y con los reglamentos por ellos adoptados, y formulará proposiciones relativas a las medidas que deban ser adoptadas por el Consejo.

Artículo 17

El Director nombrará el personal de la Administración de conformidad con el reglamento del personal adoptado por el Consejo.

Artículo 18

1. En el cumplimiento de sus funciones, el Director, el Director Adjunto y el personal no deberán solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno y de ninguna autoridad ajena al Comité, y deberán abstenerse de todo acto incompatible con su calidad de funcionarios internacionales.

2. Cada Gobierno Miembro se comprometerá a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director, del Director Adjunto y del personal, y a no tratar de influirles en el cumplimiento de sus funciones.

3. Para el reclutamiento y empleo del personal, deberán ser consideradas como condiciones primordiales su eficiencia, competencia e integridad; excepto en circunstancias excepcionales, el personal deberá ser reclutado entre los nacionales de los países cuyos Gobiernos sean miembros del Comité, teniéndose en cuenta, en la medida de lo posible, el principio de la distribución geográfica.

Artículo 19

El Director estará presente, o se hará representar por el Director Adjunto o por otro funcionario que designe, en todas las reuniones del Consejo, del Comité Ejecutivo y de los Sub Comités. El Director, o su representante, podrán participar en los debates, sin derecho de voto.

Artículo 20

Con ocasión de la primera reunión ordinaria celebrada después del final de cada ejercicio anual, el Director presentará al Consejo, por mediación del Comité Ejecutivo, un informe donde se dé cuenta completa de las actividades del Comité durante el año transcurrido.

CAPITULO VII – SEDE CENTRAL

Artículo 21

1. El Comité tendrá su Sede Central en Ginebra. El Consejo podrá decidir el traslado de la Sede a otro sitio, mediante votación por mayoría de dos tercios.

2. Las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo tendrán lugar en la Sede Central del Comité, a menos que dos tercios de los miembros del Consejo o, respectivamente. del Comité Ejecutivo, hayan decidido reunirse en otro lugar.

CAPITULO VIII – FINANZAS

Artículo 22

El Director someterá al Consejo, por mediación del Comité Ejecutivo, un presupuesto anual que refleje los gastos de administración y de operaciones y los ingresos previstos, las previsiones adicionales que fueren necesarias y las cuentas anuales o especiales del Comité.

Artículo 23

1. Los recursos necesarios para sufragar los gastos del Comité serán obtenidos:

a) en lo que respecta a la parte administrativa del presupuesto, mediante las contribuciones en efectivo de los Gobiernos Miembros;

b) en lo que respecta a la parte del presupuesto relativa a las operaciones, mediante las contribuciones en efectivo o en forma de servicios de los Gobiernos Miembros, de otros Gobiernos, de organizaciones o de personas privadas.

Los pagos serán efectuados sin demora e íntegramente antes del final del ejercicio a que se refieran.

2. Todo Gobierno Miembro deberá entregar una contribución a los gastos de administración, de importe convenido entre el Consejo y el Gobierno Miembro interesado.

3. Las contribuciones a los gastos de operaciones del Comité serán facultativas y todo contribuyente al fondo de operaciones podrá fijar las condiciones de empleo de su contribución.

4. a) Todos los gastos de administración de la Sede Central y todos los restantes gastos de administración, excepto aquéllos en que se incurre para la consecución de los objetivos enunciados en el inciso b) del artículo 1º, se cargarán a la parte administrativa del presupuesto.

b) Todos los gastos de operaciones, así como los gastos de administración en que se incurre para la consecución de los objetivos enunciados en el inciso b) del artículo 1, se cargarán a la parte administrativa relativa a las operaciones.

5. El Comité velará porque la gestión administrativa sea asegurada de manera eficaz y económica.

Artículo 24

El reglamento financiero será establecido por el Consejo.

CAPITULO IX – ESTATUTO JURIDICO

Artículo 25

El Comité poseerá personalidad jurídica y gozará de la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos, en especial de la capacidad, de acuerdo con las leyes del territorio de que se trate, de: a) contratar; b) adquirir bienes muebles e inmuebles, y disponer de ellos; c) recibir y desembolsar fondos públicos y privados, y de iniciar procedimientos legales.

Artículo 26

1. El Comité gozará, a reserva de los acuerdos que puedan concluirse con los Gobiernos interesados, de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos.

2. Los representantes de los Gobiernos Miembros, el Director, el Director Adjunto y el personal de la Administración, gozarán igualmente, a reserva de los acuerdos que puedan concluirse con los Gobiernos interesados, de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre ejercicio de sus funciones en conexión con el Comité.

CAPITULO X – RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Artículo 27

El Comité colaborará con las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que se ocupen de migraciones o de refugiados.

2. El Comité podrá invitar a toda organización internacional, gubernamental o no gubernamental, que se ocupe de migraciones o de refugiados, o que se haga presente en las sesiones del Consejo, en las condiciones que este último prescribe. Los representantes de estas organizaciones no tendrán derecho de voto.

CAPITULO XI – DISPOSICIONES DE INDOLE DIVERSA

Artículo 28

1. Salvo disposición en contrario en la presente Constitución o en los reglamentos establecidos por el Consejo o por el Comité Ejecutivo, todas las decisiones del Consejo, del Comité Ejecutivo y de todos los sub-comités, serán tomadas por simple mayoría.

2. Las mayorías previstas en las disposiciones de la presente Constitución o de los reglamentos establecidos por el Comité Ejecutivo se refieren a los miembros presentes y votantes.

3. Una votación será válida únicamente cuando la mayoría de los Miembros del Consejo, del Comité Ejecutivo o del sub-comité interesado se halle presente.

Artículo 29

1. Los textos de las enmiendas propuestas a la presente Constitución serán comunicados por el Director a los Gobiernos Miembros tres meses, por lo menos, antes de que sean examinados por el Consejo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de los Miembros del Consejo y aceptadas por dos tercios de los Gobiernos Miembros, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales, entendiéndose, no obstante, que las enmiendas que originen nuevas obligaciones para los miembros no entrarán en vigor para cada uno de ellos sino cuando hayan sido aceptadas por él.

Artículo 30

Toda diferencia relativa a la interpretación o aplicación de la presente Constitución, que no haya sido resuelta mediante negociación o mediante decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de dicha Corte, a menos que los Gobiernos Miembros interesados convengan en otra forma de arreglo dentro de un intervalo razonable.

Artículo 31

A reserva de la aprobación por dos tercios de los Miembros del Consejo, el Comité podrá hacerse cargo de las actividades, recursos y obligaciones actuales de cualquier otra organización o institución internacional cuyos objetivos y actividades se hallen dentro de le esfera del Comité, actividades, recursos y obligaciones que podrán ser fijados mediante un acuerdo internacional o un arreglo convenido entre las autoridades competentes de las organizaciones respectivas.

Artículo 32

El Consejo podrá, mediante votación por mayoría de tres cuartos, decidir la disolución del Comité.

Artículo 33

La presente Constitución entrará en vigor para los Gobiernos Miembros del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas que la hayan aceptado, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales, el día de la primera reunión de dicho Comité después de que:

a) dos tercios, por lo menos, de los Miembros del Comité y

b) un número de Miembros que representen, por lo menos, el 75 % de las contribuciones a la parte administrativa del presupuesto, hayan notificado al Director que aceptan la presente Constitución.

Artículo 34

Los Gobiernos Miembros del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas que en la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución no hayan notificado el Director que aceptan dicha Constitución, podrán seguir siendo Miembros del Comité durante un año a partir de dicha fecha si aportan una contribución a los gastos de administración del Comité, de acuerdo con los términos del apartado 2 del artículo 23, conservando durante este período el derecho de aceptar la Constitución.

Artículo 35

Los textos español, francés e inglés de la presente Constitución serán considerados como igualmente auténticos."

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase el proyecto.

(Se lee)

– En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. – Señor Presidente: voy a solicitar se me aclaren algunas dudas.

En primer término, deseo saber si las inmunidades que se consagran para los miembros del CIM –Comité Intergubernamental para las Migraciones– son iguales a las que se acuerdan a los diplomáticos.

El artículo 13, que figura en la página 8, dice que: "esta inmunidad continuará aunque los mismos (los funcionarios) hayan dejado de ser miembros del personal del CIM;".

No sé si esto es igual a lo que se les acuerda a los funcionarios de las embajadas. Tengo entendido que cuando un funcionario de una embajada deja de serlo, pierde las inmunidades correspondientes. Pero aquí dice que esta inmunidad continuará aunque hayan dejado de ser miembros del CIM.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. – ¿Qué página?

SEÑOR ORTIZ. – Página 8, artículo 13, final del literal a).

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me concede una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: no he estudiado en profundidad este convenio, pero una vez más el señor senador Ortiz, con su habitual puntillosidad, formula una observación que obliga a la meditación.

Me parece evidente que esto no se refiere a una inmunidad de carácter permanente, sino que tiene que ver con los actos ejecutados durante el ejercicio y como consecuencia de la función.

El literal a) del artículo 13 dice: "inmunidad contra todo procedimiento administrativo o judicial respecto a todos los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones". Luego viene lo que preocupa al señor senador Ortiz:

"Esta inmunidad continuará aunque los mismos hayan dejado de ser miembros del personal del CIM".

Naturalmente, pues, continuará respecto de los actos y de las expresiones orales o escritas vertidas –anteriormente– en el ejercicio de su función; pero no quiere decir que después de haber dejado de ser integrante del CIM, tengan inmunidad por cualquier acto que ejecuten. Por el contrario, esa inmunidad desaparece.

SEÑOR RICALDONI. –¿Me permite, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. – Lo que acaba de señalar el señor senador Aguirre es cierto. Hubiera formado parte de la explicación que yo pensaba dar. Pero ahora deseo hacer una reflexión de carácter más general.

Esta norma es absolutamente habitual en este tipo de convenios, en lo que se refiere al personal miembro de las oficinas de organismos internacionales. Como recién se señaló, la inmunidad que contiene el literal a) apunta, exclusivamente, a evitar el juzgamiento administrativo o jurisdiccional de los miembros del personal de este organismo. Hay, en esta materia, un gran número de antecedentes similares, que me preocupé de analizar al hacer el informe. No quiere esto decir que esta inmunidad se aplique a los actos que no tengan que ver con la función. Por ejemplo, si un funcionario de este organismo libra, en un acto desvinculado de su función, un cheque sin fondos, de ninguna manera puede evitar la competencia uruguaya, tanto en lo que tiene que ver con la legislación como con la jurisdicción nacional. Lo mismo ocurre si es protagonista de un accidente automovilístico. Se trata de un tipo de inmunidad similar al que establece la Convención de Viena para las relaciones consulares, según la cual los cónsules tienen una inmunidad menor que la de los diplomáticos propiamente dichos.

Es obvia la razón para que la inmunidad de los actos realizados en cumplimiento de la función continúe aunque el funcionario haya dejado de ser miembro del organismo. Si la inmunidad apunta a preservar su libertad de actuación, esa protección tiene que durar aun después de terminada la función. De otra manera, ¿qué sucedería?

Que al día siguiente de perder el carácter de miembro del Comité Intergubernamental, podría ser llevado a juicio, o sometido a algún tipo de control administrativo, por lo que hizo anteriormente en su carácter de funcionario.

En consecuencia, creo que la cláusula es absolutamente entendible y compartible y, además, es de total recibo en el Derecho Internacional.

SEÑOR PRESIDENTE. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. – Agradezco la aclaración. Ahora, en lo que se refiere al artículo 15, que dice: "Los empleados locales del CIM en la República Oriental del Uruguay, sin distinción de nacionalidad, están sujetos exclusivamente al estatuto del personal aplicable a los empleados del CIM.", quisiera saber si esto significa que, aunque sean uruguayos, no aportan al Banco de Previsión, no tienen derecho a beneficios sociales y por tanto no pueden acogerse a las jubilaciones. ¿Es así?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. – Tuve la misma preocupación que el señor senador porque esta cláusula – lo digo francamente– me resultó chocante. Por consiguiente me puse a controlar la legislación que regula la materia en el país y para bien o para mal –ese es otro cantar– hay leyes vigentes que consagran igual principio. O sea que los empleados, de cualquier naturaleza que sean, inclusive los funcionarios domésticos, que trabajen para un diplomático, un cónsul, o una oficina internacional, de acuerdo a la legislación vigente en el país, están exonerados de cumplir con la misma. Es decir, que tanto los empleadores como los empleados están exonerados de hacer el aporte patronal y de pagar el montepío, respectivamente.

Más aún, señor Presidente: en dos oportunidades me comuniqué telefónicamente con el señor Director de la Dilección General de Seguridad Social, don Norberto Sanguinetti, con el objeto de señalarle que la norma, en mi opinión, era, por un lado, discriminatoria y, por otro, podía perjudicar en el largo o mediano plazo a trabajadores que muchas veces permanecían en el país, entre otras razones porque eran ciudadanos uruguayos. Pero no hay otro remedio que rendirse ante la evidencia de que esta norma, no sólo no choca con la legislación uruguaya, sino que coincide puntualmente con ella. Lamento no haber traído a Sala la carpeta con los antecedentes pero, si al señor senador le interesa, podría hacerle llegar las referencias legales correspondientes.

SEÑOR ORTIZ. – Agradezco la información.

SEÑOR FLORES SILVA. – Pido la palabra para formular una consulta al señor miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. – Leyendo detenidamente el proyecto veo, como bien decía el señor senador Ortiz, que es un régimen similar al de los diplomáticos. Entonces, los funcionarios del CIM gozarían, también, de las franquicias de aquéllos, tales como permisos para importar automóviles, etcétera. Mi inquietud se refiere a si la Comisión tiene idea de cuántas personas estarían amparadas por este proyecto que tenemos a estudio.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. – Entiendo que la pregunta del señor senador Flores Silva se refiere a qué cantidad de personal estaría comprendida en la norma del artículo 15.

SEÑOR FLORES SILVA. – Me refiero al personal que adquiere esa característica de "semi diplomático", para decirlo de algún modo; personal de CIM que trabaja en el Uruguay.

SEÑOR RICALDONI. – Eso no lo sé. No creo que entre las funciones de la Comisión de Asuntos Internacionales determinar la cantidad de personal que tiene o piensa tener el CIM. En todo caso, se trata de una decisión del propia Comité Intergubernamental para las Migraciones.

En ese sentido, no puedo dar respuesta.

SEÑOR FERREIRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. – En la medida en que es una organización internacional con la cual nuestra República establece un Convenio, la cifra puede ser mañana una y pasado otra; depende del trabajo que el CIM tenga en el Uruguay. Un día puede enviar tres funcionarios, y al día siguiente dos más. El Convenio no establece límite mínimo ni máximo; habrá tantos funcionarios como envíe el CIM. Esto sucede con todos los organismos internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

11) COMISIONES INVESTIGADORAS. Sus facultades y poderes.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen les facultades y poderes que tendrán las Comisiones Investigadoras previstas por el artículo 120 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 272/85. Rep. Nº 26/86)".

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: quisiera pedir, en nombre de la bancada del Partido Colorado, que se postergue la consideración de este asunto.

Ya he comunicado a los otros integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, de los distintos partidos políticos que forman parte del Senado, que nuestra bancada todavía no ha tenido tiempo de analizarlo. En este momento sólo tenemos un conocimiento detallado de este proyecto de ley los tres senadores de nuestra bancada que integramos la Comisión de Constitución y Legislación; por ese motivo, solicitamos la postergación de la consideración de este asunto.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la. palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Por supuesto, vamos a votar afirmativamente y como es de estilo el pedido que, en nombre de la bancada del Partido Colorado, hace el señor senador Ricaldoni.

Lo que sí queremos precisar –y creo que es conveniente que ello esté en conocimiento del Senado– es que este proyecto vino alrededor de fines del mes de setiembre del año pasado, con sanción de la Cámara de Representantes. La Comisión de Constitución y Legislación, por acuerdo unánime de todos sus miembros, se abocó a una consideración muy seria de este problema y redactó un proyecto sustitutivo de mayor alcance, que pretende, quizá en forma demasiado ambiciosa, regular todos los aspectos del problema. Entiendo que se trabajó con un gran sentido de responsabilidad por parte de todos los miembros de la Comisión. Creo que es el tema en que la Comisión he trabajado más; por eso es que el proyecto viene con la firma de los siete miembros, y todos con carácter de miembros informantes. Esto no quiere decir que desconozcamos la trascendencia política que tiene el problema, si bien la Comisión no trabajó con ese enfoque, pues se hizo una labor desvinculada de los problemas concretos que hoy pueden plantearse con respecto a la actuación de determinadas Comisiones investigadoras. Por eso creemos que llega con un respaldo, si se quiere, de carácter técnico, por la forma en que se trabajó, que no es usual en muchos proyectos; yo diría, más bien, que es bastante inusual.

Reitero que vamos a votar afirmativamente la postergación, con algo más que la esperanza de que en la próxima semana nos aboquemos a la consideración de este proyecto, entre otras razones porque el mismo ya está pronto desde hace alrededor de un mes. Sé que es mucho el trabajo parlamentario y muchas las responsabilidades y reuniones políticas que todos tenemos. De todas maneras me parece que en las sesiones de este mes, poco es lo que hemos hecho en el ámbito legislativo. En el día de ayer sucedió que un proyecto de ley, en razón de no tener un informe escrito y por otras objeciones que se hicieron en Sala, fue vuelto a Comisión. Hoy tenemos este proyecto de ley que también es importante y vamos a postergar su consideración.

Creo que ésta no es la manera de trabajar que más prestigie al Parlamento. Para no hacer caudal exclusivo de cómo trabaja el Senado, digo que hoy leí con alarma en la prensa que el proyecto de ley forestal que la Cámara de Representantes tiene como primer punto del orden del día desde hace un mes, aún se está considerando, lo que quiere decir que todos los demás proyectos de ley, que vienen atrás, ni siquiera se han entrado a estudiar.

Pienso que tenemos que ser más ágiles en el trabajo legislativo, que es nuestra misión específica. Reitero que esto no lo digo con un sentido de crítica hacia el Partido Colorado, que tiene todo el derecho, como cualquier bancada, de solicitar la postergación de cualquier tema legislativo, máxime cuando se trata de un asunto de esta seriedad e importancia.

SEÑOR PENCO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENCO. – Señor Presidente: los senadores del Frente Amplio también vemos a votar afirmativamente la solicitud que ha formulado el señor senador Ricaldoni.

Compartimos en términos generales las consideraciones que acaba de hacer el señor senador Aguirre y esperamos que en el más breve plazo posible este proyecto de ley pueda ser tratado en el Plenario del Cuerpo.

Tal como lo recordaba el señor senador Aguirre, un proyecto de ley sobre este tema fue aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes, el que la Comisión respectiva del Senado ha reformulado de modo total, por cuanto deberá volver a la otra rama legislativa para su consideración.

Por la importancia del tema, es necesario que el Cuerpo se pronuncie al más corto plazo posible.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de que se postergue la consideración de este asunto que se incluirá en el orden del día de la. sesión del próximo martes.

(Se vota:)

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ANTIGUA COLONIA DE SACRAMENTO. Obras de preservación y reconstrucción. Consejo Ejecutivo Honorario. Su creación.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se crea el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento. (Carp. Nº 472/86. Rep. Nº 35/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 472/86
Rep. Nº 35/86

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Créase el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, cuya integración establecerá el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 2º. – El Consejo Ejecutivo Honorario tendrá su sede en la ciudad de Colonia, con competencia directa sobre:

A) Barrio Histórico de la ciudad de Colonia, con los límites fijados por el artículo 187 de la Ley número 13.835, de 7 de enero de 1970.

B) Capilla de San Benito.

C) Calera de las Huérfanas.

D) Estancia y Oratorio de Juan de Narbona.

E) Demás sitios y/o monumentos históricos, situados en el departamento de Colonia, que a juicio del Consejo Ejecutivo Honorario ostenten suficientes valores testimoniales.

Art. 3º. – El Consejo Ejecutivo Honorario funcionará bajo la supervisión, orientación y control de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Art. 4º. – Sus cometidos serán los siguientes:

A) Completar las obras y tareas inconclusas o programadas por el anterior Consejo Ejecutivo Honorario, creado por el Decreto Nº 618/968, de 10 de octubre de 1968, y disuelto por el Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981.

B) Formular y someter a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, programas y proyectos tendientes a la preservación, restauración y reconstrucción de los sitios y monumentos establecidos en el artículo 2º de la presente ley.

C) Designar colaboradores, subcomisiones o grupos de trabajo de carácter exclusivamente honorario, que se estimen de utilidad para el cumplimiento de sus cometidos.

D) Dirigir y supervisar todas les obras que se desarrollen en el marco de la presente ley.

Art. 5º. – Créase el Fondo para la Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento. Este Fondo será administrado por el Consejo Ejecutivo Honorario, con intervención de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación y del Ministerio de Educación y Cultura, y podrá formarse:

A) Con los aportes que se destinen al respecto en el Presupuesto Nacional y el Fondo Especial, Cuenta Tesoro Nacional, Sub Cuenta Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

B) Con los aportes cuyos montos y procedencias establezcan, dentro de sus diversos rubros y recursos especiales, los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas.

C) Con aportes de la Dirección Nacional de Turismo.

D) Con los aportes municipales que establezcan las autoridades departamentales de Colonia.

E) Con los aportes extranjeros e internacionales que provengan de las gestiones que se realicen a esos efectos.

F) Con las contribuciones populares y privadas que se logren en el país con este fin.

Art. 6º. – La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación devolverá al Consejo Ejecutivo Honorario que se crea, en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, toda la documentación y los bienes inmuebles que la fueran entregados en aplicación del Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981.

Art. 7º – Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de marzo de 1986.

Luis Ituño Presidente.
Héctor S. Clavijo Secretario.

COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, venido con sanción de la Cámara de Representantes, por el que vuelve a crearse el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, que tuvo su origen en el decreto 618/968, de 10 de octubre de 1968, disuelto por el decreto 296/981, de 24 de marzo de 1981, que transfirió todos sus bienes y acervo documental, así como sus cometidos, a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

La experiencia vivida bajo la aplicación de este decreto ha sido por completo negativa. La obra del desaparecido Consejo se paralizó y comenzó un paulatino deterioro de lo anteriormente reconstruido y restaurado, en virtud de que la Comisión del Patrimonio Histórico con sede en Montevideo y competencia nacional, está materialmente imposibilitada de atender con eficacia la labor que vino a sumarse a las muchas otras que le competen.

Vuestra Comisión también comparte las demás razones que constan en la exposición de motivos del proyecto y en el informe de la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. "Previtatis causa", se abstiene de reproducirlas y se remite a ellas.

Corresponde puntualizar, por el contrario, que se han introducido algunas pocas modificaciones al proyecto original, por razones de técnica jurídica y más clara inteligencia de las normas. Así, se ha precisado que no sólo la integración –forma y número– se hace por el Poder Ejecutivo, sino también su designación, como procede constitucionalmente, (artículo 1º). Por otra parte, se ha distinguido con más precisión los cometidos y las atribuciones del Consejo (artículos 2º y 3º). Asimismo, se ha, clarificado la naturaleza jurídica de la vinculación entre este nuevo Cuerpo y la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Otras modificaciones menores refieren sólo a detalles de redacción.

Es cuanto tenemos que informar al Senado.

Sala de la Comisión, 7 de mayo de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, José Germán Araújo, Juan C. Fá Robaina, Alfredo Traversoni, Rodolfo Zanoniani. Senadores.

COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Créase el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, cuya integración determinará el Poder Ejecutivo. Sus miembros, asimismo, serán designados por el Poder Ejecutivo.

Art. 2º.– El Consejo Ejecutivo Honorario tendrá su sede en la ciudad de Colonia. Tendrá por cometido proyectar y realizar las obras de preservación y reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, entendiéndose por tal:

A) Barrio Histórico de la ciudad de Colonia, con los límites fijados por el artículo 187 de la ley número 13.835, de 7 de enero de 1970.

B) Capilla de San Benito.

C) Calera de les Huérfanas.

D) Estancia y Oratorio de Juan de Narbona.

E) Demás sitios y/o monumentos históricos, situados en el departamento de Colonia, que a juicio del Consejo Ejecutivo Honorario ostenten suficientes valores testimoniales.

Art. 3º. – El Consejo Ejecutivo Honorario funcionará en la. órbita del Ministerio de Educación y Cultura, bajo la dependencia directa de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Art. 4º. – Sus atribuciones serán las siguientes:

A) Tomar todas las medidas necesarias para completar las obras y tareas inconclusas o programadas por el anterior Consejo Ejecutivo Honorario, creado por el Decreto Nº 618/968, de 10 de octubre de 1968 y disuelto por el decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981.

B) Formular y someter a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, programas y proyectos tendientes a la preservación, restauración y reconstrucción de los sitios y monumentos establecidos en el artículo 2º de la presente ley.

C) Designar colaboradores, subcomisiones o grupos de trabajo de carácter exclusivamente honorario, que se estimen de utilidad para el cumplimiento de sus cometidos.

D) Supervisar la ejecución de todas las obras que se desarrollen en el marco de la presente ley.

Art. 5º. – Créase el Fondo para la Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento. La disposición de sus recursos será realizada por el Consejo, previa autorización del Poder Ejecutivo. Este Fondo se formará con los siguientes recursos:

A) Los aportes que se destinen al respecto en el Presupuesto Nacional y el Fondo Especial, Cuenta Tesoro Nacional, Sub Cuenta Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

B) Los aportes cuyos montos y procedencias establezcan, dentro de sus diversos rubros y recursos especiales, los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas.

C) Los aportes de la Dirección Nacional de Turismo.

D) Los aportes que establezca el Gobierno Departamental de Colonia.

E) Los aportes provenientes del extranjero y de organismos internacionales.

F) Las demás contribuciones que se logren en el país con este fin.

Art. 6º. – La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación devolverá al Consejo Ejecutivo Honorario que se crea, en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, toda la documentación y los bienes inmuebles que le fueran entregados en aplicación del decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 981.

Art. 7º. – Comuníquese, etc.

Sala de la. Comisión, 7 de mayo de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, José Germán Araújo, Juan C. Fá Robaina, Alfredo Traversoni, Rodolfo Zanoniani Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase el proyecto.

(Se lee)

– En discusión general.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. – En mi calidad de miembro informante de este proyecto que viene aprobado por la Cámara de Representantes y que fue estudiado en el ámbito de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, quiero manifestar breves palabras, porque en realidad el fundamento de esta iniciativa legislativa es muy claro. Los antecedentes, o sea la exposición de motivos de los autores del proyecto y el informe de la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, fueron manejados por la Comisión de Educación y Cultura, que los comparte en su integridad. Esta Comisión le ha introducido pequeñas modificaciones al proyecto por razones de carácter técnico jurídico, para evitar futuras dificultades en su aplicación, pero ello no significa en modo alguno que tenga la menor discrepancia de enfoque con el proyecto original, tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes.

Simplemente, por si no fue leído el informe y para ilustrar bien al Senado, quiero decir que este Consejo Ejecutivo Honorario de las Obres de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento viene a restablecer la situación que estaba vigente desde el decreto Nº 618/968, del 10 de octubre de 1968, que había creado este Consejo Honorario, el cual había realizado en Colonia una obra de alto valor histórico y cultural y que, equivocadamente, el régimen de facto disolvió por el decreto Nº 296/981, de 24 de marzo de 1981, transfiriéndole sus cometidos y sus bienes a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Esta Comisión, fue creada por ley y desarrolló una obra muy importante pero tiene otra amplitud en sus cometidos y, además tiene como sede la ciudad de Montevideo, por cuya causa no se ha podido ocupar debidamente de la obra del antiguo Consejo Honorario, la que se ha venido descuidando y deteriorando con el tiempo, de donde ha surgido la necesidad de restablecer la existencia y el funcionamiento de este Consejo Ejecutivo Honorario.

Creo que con estas breves palabras queda explicado el porqué de este proyecto de ley. No es necesario abundar en mayores conceptos, salvo que mi estimado amigo el señor senador Mederos desee hacerlo, pues sé que él se ha alegrado de que esta iniciativa venga a consideración del Cuerpo.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Me congratulo por las palabras vertidas por mi distinguido colega, el señor senador Aguirre, y por el informe favorable de la Comisión.

Debo decir, sin ninguna vanidad, que la disposición legal por la que se resolvió se reconstruyera la ciudad de Colonia del Sacramento y otros sitios históricos de la época colonial, tuvo su origen en una iniciativa de quien habla, cuando ocupaba una banca en la Cámara de Representantes e integraba su Comisión de Obras Públicas.

En ocasión de tratarse la Ley Presupuestal enviada por el entonces Presidente general Gestido, luego promulgada cuando ocupaba la Primera Magistratura el señor Pacheco Areco y desempeñaba el cargo de Ministro de Educación y Cultura el doctor García Capurro, planteé a éste la inquietud de que se declarare monumento histórico a la ciudad con el fin de poder reconstruir y salvar las ruinas que día a día se iban perdiendo. El doctor García Capurro, un hombre culto e interesado también por los problemas históricos, gustó de la idea y me dijo; Señor representante: cuando vayamos a concretar todo el articulado referido, vamos a incluir un inciso donde se establezca la declaración de Monumento Histórico Nacional para las ruinas de la antigua ciudad de Colonia del Sacramento que usted menciona y vamos a asignar al respecto, determinada cantidad de dinero. Y así se hizo. A los pocos días, junto con el doctor García Capurro, trabajamos y nos pusimos de acuerdo sobre el articulado respectivo y adjudicamos $ 20:000.000 para comenzar las obras de reconstrucción. Además establecimos que quien iba a patrocinar, vigilar y realizar dicha inversión sería la Comisión Honoraria, creada a nivel nacional.

Así es que surge el Decreto Nº 618/968, del 10 de octubre de 1968, que tiene su origen en la Ley Presupuestal Nº 13.640, de 23 de diciembre de 1967, decreto que fue rubricado por el entonces Presidente señor Pacheco Areco y todos sus Ministros.

Me alegro de que este obra continúe porque durante el proceso militar esto fue totalmente abandonado; inclusive se llegó al colmo de que algunos miembros que integraban la Comisión y que tenían en sus manos la realización de la obra, compraron propiedades en ese zona. Si bien no estoy seguro sobre las condiciones, me atrevería a afirmar que no se ha procedido de una forma muy correcta.

Reitero mi satisfacción porque esto se restablezca y porque las ruinas históricas de esta ciudad puedan ser reconstruidas de una vez por todas.

A vía de ejemplo, puedo decir que hace poco tiempo un vendaval afectó el Muro y la Puerta de la ciudad, lo que habla a las claras de que desde el punto de vista técnico la obra estuvo mal realizada, porque apenas resistió el embate de la correntada.

Espero que luego de sancionada esta ley se instale la Comisión Honoraria con los recursos y asistencia técnica imprescindibles para que esta obra de trascendencia histórica, arquitectónica y arqueológica de Colonia se lleve a cabo.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Deseo manifestar que voy a votar con gran satisfacción este proyecto de ley por el que se devuelven las facultades al Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, mi ciudad natal.

Creo que las obras, tanto de esta ciudad como las de otros lugares del departamento que se incluyen en este proyecto de ley, son de un contenido histórico muy importante. Es más: ya estaban contempladas en la ley original.

Lo que me extraña es que en este proyecto no figure –tal vez se ha creído del caso no darle el mismo valor histórico– una joya arquitectónica como es la Plaza de Toros del Real de San Carlos, que día a día se va deteriorando. Digo esto porque quizá sea la Plaza de Toros más linda del mundo y entiendo, por ese motivo, que debe ser objeto de un trabajo de reconstrucción.

Reitero que el hecho de que en el articulado no figure la Plaza de Toros estimula y también determina a quien habla a proponerse hacer lo necesario para que dicho lugar sea reconstruido y vuelva a ser la joya arquitectónica que en otro tiempo fue.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por mi estimado colega, nativo de Colonia, el señor senador Martínez Moreno.

Cuando fuimos gobernantes de ese departamento, nos preocupamos por la conservación de la referida Plaza de Toros –por intermedio del ingeniero Francisco Bonet, Director del Departamento de Obras de Colonia– realizando obras que impidiesen su destrucción. Más precisamente, en su interior se hizo mampostería de hormigón y hierro a efectos de mantener su estructura.

Con esto quiero decir que incluir su realización por parte de esa Comisión es algo muy importante y en lo que desde luego, como ya dije, estoy totalmente de acuerdo.

SEÑOR FERREIRA. – Pido la. palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Parecería que estuviéramos entrando ya en la discusión particular.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. – Creo que el señor Presidente tiene razón. No obstante, a mi entender la Comisión quedaría facultada para realizar las obras a las que se han referido los señores senadores Martínez Moreno y Mederos.

Concretamente, el artículo 2º en su literal E), dice lo siguiente: "Demás sitios y/o monumentos históricos"... Quiere decir que si en la mencionada Plaza de Toros se hiciera evidente algún rasgo de deterioro, estaría dentro de las facultades de la Comisión enfrentar la obra indispensable para su reconstrucción, sin necesidad de mencionarlo expresamente.

SEÑOR MEDEROS. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Quiero decir que nos hemos puesto de acuerdo con el señor senador Martínez Moreno en presentar un proyecto de ley –nuestra intención es la de que el que se encuentra hoy a consideración no se vea frenado– que atienda a aquellas obras que están en total deterioro cuya recuperación se entiende imperiosa. Suponemos que al igual que éste, ese proyecto tendrá rápido andamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa advierte que en la consideración general del artículo 2º, podría proponerse un nuevo inciso.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pero, entonces, tendría que volver a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. – El proyecto ha sido modificado, así que de cualquier manera tiene que seguir ese camino.

No obstante, creo que se podría votar el proyecto de ley en general.

Se va a votar.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR AGUIRRE. – Mociono para que se suprima la lectura de todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Voy a proponer –y lo hago también en nombre del señor senador Mederos– que en el literal D), luego de donde dice: "Estancia y Oratorio de Juan de Narbona", se agregue una coma y se diga: . . .y Plaza de Toros del Real de San Carlos."

Creo que con esto quedará salvada la dificultad.

SEÑOR CIGLIUTI. – Si me permite, creo que la coma no corresponde.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – No tendría inconveniente en apoyar la modificación propuesta porque creo, respecto de lo que voy a decir, que puede tener el mismo valor. Sin embargo, dado la propia entidad que tiene el Real de San Carlos –que ha sido resaltada en más de una oportunidad en este Cuerpo– considero que merecería la inclusión de un inciso aditivo, a continuación del literal D), o sea, el E), cuyo texto sería el siguiente: "E) Real de San Carlos". En consecuencia, el actual literal E) pasaría a ser F). De esta manera, pienso que se destacaría más su valor.

SEÑOR PRESIDENTE. – Parece razonable.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Creo que en el actual literal E), donde dice: ". . .monumentos históricos. . ." deberíamos agregar "y artísticos", porque la Plaza de Toros no es un monumento histórico, ya que fue construida hace alrededor de 80 años, pero sí es artístico.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – En esta oportunidad me voy a oponer a la modificación que sugiere el señor senador Martínez Moreno. En primer lugar, porque la Plaza de Toros del Real de San Carlos, sea o no monumento histórico o artístico, ya está incluida a texto expreso en el que pasaría a ser el literal E). Y, en segundo término, porque los monumentos artísticos están comprendidos en la expresión genérica del mencionado literal, cuando se dice: "Demás sitios". En esta expresión, que es una locución de carácter genérico, se comprende todo aquello que la Comisión considere que tiene "suficientes valores testimoniales", tal como lo establece la parte final de este literal.

SEÑOR PRESIDENTE. – En ese sentido, existe consenso.

La Mesa desea proponer que se suprima la expresión "y/o", y se diga solamente "y monumentos históricos".

Léase el artículo 2º, tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

"Artículo 2º – El Consejo Ejecutivo Honorario tendrá su sede en la ciudad de Colonia. Tendrá por cometido proyectar y realizar las obras de preservación y reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, entendiéndose por tal:

A) Barrio Histórico de la ciudad de Colonia, con los límites fijados por el artículo 187 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 .

B) Capilla de San Benito.

C) Calera de las Huérfanas.

D) Estancia y Oratorio de Juan de Narbona.

E) Plaza de Toros del Real de San Carlos.

F) Demás sitios y monumentos históricos, situados en el Departamento de Colonia, que a juicio del Consejo Ejecutivo Honorario ostenten suficientes valores testimoniales."

–Sí no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con las modificaciones propuestas,

(Se vota:)

– 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Voy a corregir un pequeño error gramatical que existe en el literal A) y que proviene del texto sancionado por la Cámara de Representantes, porque en el proyecto original estaba bien redactado. El literal A) dice: "Con los aportes que se destinen al respecto en el Presupuesto Nacional y el Fondo Especial. . . y debe decir: "y en el Fondo Especial".

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va votar con la modificación propuesta.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º

SEÑOR ORTIZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. – Deseo hacer una simple aclaración. Este artículo dice: "La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación devolverá . . .Los bienes inmuebles que le fueran entregados . . .". No sé cuál es la forma cómo se pueden entregar esos inmuebles; no se sabe quién es el propietario, a nombre de quién se hizo la titulación, etcétera. Como el señor senador Cersósimo es más escribano que yo, seguramente podrá auxiliarme en esta duda. Teniendo en cuenta lo que expresa el texto de este artículo, debo decir que tengo la impresión de que un bien inmueble no puede entregarse de esta manera.

SEÑOR MEDEROS. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. – Lo que ocurre es que durante la época del proceso, los Municipios intervenidos hicieron varias expropiaciones. Algunas de esas propiedades expropiadas, luego fueron vendidas y otras continúan en poder del Municipio; no sé exactamente cuál es su cuantía, pero sé que se hizo de esa manera. Por lo tanto, supongo que este artículo 6º se refiere a esa situación, porque su texto fue propuesto a iniciativa de legisladores representantes del departamento de Colonia.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR CERSOSIMO. – ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – Creo, señor Presidente –y esto ya lo he manifestado en alguna otra oportunidad– que esta redacción responde a un concepto desarrollado durante el gobierno de facto, en el sentido de unificar el patrimonio de la Nación en su totalidad. Entonces, no existía un patrimonio que fuera propio del Estado central –como gusta decir con acierto el señor senador Aguirre– de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, etcétera, sino que era uno solo. En consecuencia, se ideó un mecanismo –llamémosle de alguna manera– por el que se afectaban los bienes de los distintos entes o servicios –sean Municipios, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, etcétera– al uso o utilización de otros de análoga o similar naturaleza dentro de la totalidad de aquella concepción del Estado, con la característica de ese patrimonio unificado, que fue establecido en ciertas disposiciones legales y en algunas concepciones doctrinarias.

Por lo tanto, digo que esta expresión "devolverá al Consejo Ejecutivo Honorario", no es la jurídicamente aceptable. Debería decir, por lo menos refiriéndose a inmuebles, "transferirá", teniendo en cuenta que ahora los patrimonios, al haber tomado plena vigencia la Constitución de 1967, tienen nuevamente su adecuación particularizada, su característica propia, o sea que corresponden a cada uno de los Entes, Gobiernos Departamentales otras personas jurídicas, según el caso.

Por otra parte, donde dice "que le fueran entregados en aplicación del Decreto" podría decir "entregados", "afectados", o "destinados" en utilización o uso.

De manera que, por lo menos en lo que dice relación con los bienes inmuebles, la expresión "devolverá" parece no ser ajustada a derecho y, además, la que dice "que le fueran entregados en aplicación del Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981", podría decirse "que le fueran destinados" o "que le fueran destinados para ser aplicados a su utilización", etcétera, porque un bien inmueble no puede ser entregado, por lo menos con la acepción que el término parece tener en esta disposición del proyecto de ley que tenemos a estudio.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. – Comparto lo expresado por el señor senador Cersósimo, que notarialmente, sabe mucho más que quien habla. Sin embargo, deseo hacer una pequeña observación. De acuerdo con lo que expresa el texto, los bienes inmuebles se entregarán o devolverán al Consejo Ejecutivo Honorario. Ese Consejo Ejecutivo Honorario, de acuerdo con lo que expresa el artículo 3º de este proyecto, funcionará en la órbita del Ministerio, dependiendo directamente de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Entonces, de acuerdo con este texto, parecería que el inmueble debería pertenecer o ser transferido a la Comisión y, a su vez, ésta le daría su administración y cuidado al Consejo Ejecutivo Honorario.

No deseo obstaculizar la aprobación de este artículo, con el que todos estemos de acuerdo, pero lamentablemente tengo algunas dudas.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa se permite señalar a los señores senadores que esta disposición que se remite al Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981; se refiere a la documentación y a los inmuebles que le fueron entregados a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, en aplicación del mencionado decreto, que en su artículo 3º dice: "Pase la documentación de carácter técnico administrativo, contable e histórico y los bienes muebles e inmuebles del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obres de Preservación y Reconstrucción de la antigua ciudad de Colonia del Sacramento a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación". Hay que vincular une disposición con la otra.

SEÑOR CERSOSIMO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. – No tengo a la vista –la verdad es que habría que haberlo tenido, a los efectos de opinar con verdadera solvencia– el decreto que se cita. De todos modos, lo que se dice en este artículo del proyecto podría aplicarse en función de ese decreto. Lo que parece que no puede hacerse es transferir o enajenar inmuebles, por lo menos no a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, porque no tiene personería jurídica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no puede realizarse ningún acto jurídico de naturaleza alguna a su respecto, o en la medida en que intervenga como sujeto de una relación jurídica o en un acto bilateral o sinalagmático, como decía recién el señor senador Ortiz.

En cuanto a que los bienes inmuebles fueron entregados a la Comisión en aplicación del decreto de 24 de marzo de 1981, en función de lo que el señor Presidente acaba de tener la gentileza de leer, evidentemente es así. En aquel entonces, se aplicaba este tipo de figura jurídica de acuerdo con los elementos señalados sintéticamente al Senado, pero no sé si a la luz de las normas que rigen actualmente podría procederse de la misma manera y con igual eficacia, dado que las circunstancias jurídicas han cambiado. Por lo tanto, no estoy en condiciones de expedirme en cuanto a si lo que se expresa en este artículo es lo que, técnicamente, corresponde hoy establecer en un proyecto de ley. Creo que la redacción es defectuosa, pero para corregirla –si así lo estimara conveniente el Se nado– habría que estudiarlo más detenidamente. De lo contrario, y teniendo en cuenta les observaciones que se han hecho, podríamos aprobarlo en función de la economía de tiempo que el Cuerpo puede entender necesaria.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa señala que el Decreto Ley Nº 138/61, de 24 de marzo de 1981 se refiere también a los bienes muebles, que no se mencionan en este artículo. Por consiguiente, se permite sugerir la siguiente redacción: "Toda la documentación y la tenencia de los bienes muebles e inmuebles que le fueron entregados". De ese modo, eliminamos el problema de la transferencia de la propiedad.

SEÑOR AGUIRRE. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. – Creo que hay que distinguir el problema jurídico del de hecho, y los bienes –sean muebles o inmuebles– que forman parte de la antigua Colonia del Sacramento, o sea del patrimonio histórico y cultural de esa ciudad del país, de aquellos bienes que la Comisión utilizaba para su funcionamiento. Son dos cosas distintas. Hay bienes inmuebles que la Comisión tiene que restaurar y preservar, que son propiedad de particulares que viven en ellos. Hay bienes de ese carácter que son propiedad del Gobierno Departamental de Colonia. Pero estos no tienen nada que ver con los bienes que manejaba el Consejo Ejecutivo Honorario –cuando existía– y con los que manejó después la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Ni el primero ni la segunda tienen personería jurídica y, por consiguiente, tampoco tienen patrimonio propio ni pueden tener la titularidad de bienes inmuebles, de documentación ni de bienes muebles. Se trata de organismos honorarios que forman parte del complejo orgánico del Poder Ejecutivo, el cual tampoco tiene personería jurídica. El que la tiene es el Estado y todos estos bienes muebles e inmuebles son propiedad de él y de nadie más, por lo que no podemos hablar ni de transferencia ni de enajenación. Todo fue siempre titularidad de una misma persona jurídica que, reitero, es el Estado.

Lo que quiere resolver este artículo es un problema de hecho que creó, con impropiedad jurídica, el Decreto Nº 138/981 el cual sin manejar con cuidado la terminología jurídica, dispuso que se le entregare todo a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Y ahora se dice: "Devuélvasele todo al Consejo Ejecutivo Honorario, que vuelve a funcionar". Creo que se aclararía el problema si tenemos presente que aquí no hay ninguna transferencia de titularidad jurídica porque el patrimonio es uno solo y el único titular es el Estado. Debería decirse lo siguiente: "La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación devolverá al Consejo Ejecutivo Honorario que se crea, en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, toda la documentación y los bienes muebles e inmuebles que de hecho les fueron entregados en aplicación del Decreto Nº 138/981 de 24 de marzo de 1981".

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa señala que no tiene absoluta certeza que sea correcto decir "de hecho", cuando hay una norma jurídica, aunque sea un decreto y a pesar de que tenga todos los vicios que tenían los decretos de 1981. Lo que la Mesa había propuesto, era que se dijera: ". . . la tenencia de los bienes muebles e inmuebles. . ."

SEÑOR AGUIRRE. – No hago cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º con esa modificación.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

El artículo 7º es de orden.

(Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes)

(Texto del proyecto de ley aprobado)

"Artículo 1º – Créase el Consejo Ejecutivo Honorario de las obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, cuya integración determinará el Poder Ejecutivo. Sus miembros, asimismo, serán designados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 2º – El Consejo Ejecutivo Honorario tendrá su sede en la ciudad de Colonia. Tendrá por cometido proyectar y realizar las obras de preservación y reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, entendiéndose por tal:

A) Barrio Histórico de la ciudad de Colonia, con los límites fijados por el artículo 187 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970.

B) Capilla de San Benito.

C) Calera de las Huérfanas.

D) Estancia y Oratorio de Juan de Narbona.

E) Plaza de Toros del Real de San Carlos.

F) Demás sitios y monumentos históricos, situados en el departamento de Colonia, que a juicio del Consejo Ejecutivo Honorario ostenten suficientes valores testimoniales.

Artículo 3º – El Consejo Ejecutivo Honorario funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, bajo la dependencia directa de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Artículo 4º – Sus atribuciones serán las siguientes:

A) Tomar todas las medidas necesarias pare completar las obras y tareas inconclusas o programadas por el anterior Consejo Ejecutivo Honorario, creado por el Decreto Nº 618/968, de 10 de octubre de 1963 y disuelto por el Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981.

3) Formular y someter a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, programas y proyectos tendientes a la preservación, restauración y reconstrucción de los sitios y monumentos establecidos en el artículo 2º de la presente ley.

C) Designar colaboradores, subcomisiones o grupos de trabajo de carácter exclusivamente honorario, que se estimen de utilidad para el cumplimiento de sus cometidos.

D) Supervisar la ejecución de todas las obras que se desarrollen en el marco de la presente ley.

Art. 5º. – Créase el Fondo para la Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento. La disposición de sus recursos será realizada por el Consejo, previa autorización del Poder Ejecutivo. Este Fondo se formará con los siguientes recursos:

A) Los aportes que se destinen al respecto en el Presupuesto Nacional en el Fondo Especial, Cuenta Tesoro Nacional. Sub Cuenta Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

B) Los aportes cuyos montos y procedencias establezcan, dentro de sus diversos rubros y recursos especiales, los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas.

C) Los aportes de la Dirección Nacional de Turismo.

D) Los aportes que establezca el Gobierno Departamental de Colonia..

E) Los aportes provenientes del extranjero y de organismos internacionales.

F) Las demás contribuciones que se logren en el país con este fin,

Art. 6º. – La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación devolverá al Consejo Ejecutivo Honorario que se crea, en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, toda la documentación y la tenencia de los bienes muebles e inmuebles que le fueron entregados en aplicación del Decreto Nº 138/981, de 24 de marzo de 1981.

Art. 7º. – Comuníquese, etc."

13) JUZGADOS LETRADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Competencia en materia reparatoria.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se les asigna competencia en materia reparatoria a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y se establece que todas las demandas contra personas públicas estatales, con excepción de la materia arrendaticia, sean de competencia de la Justicia Civil. (Carp. Número 377/85. Rep. Nº 42/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 377/85
Rep. Nº 42/86

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo conocerán en toda la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial, en que sea parte demandada una persona pública estatal.

Art. 2º. – Mientras no se dicte la ley orgánica de lo contencioso administrativo prevista en el artículo 52 inciso 2º de la Ley Nº 15.750, en todos los demás asuntos en que sea parte demandada una persona pública estatal, con la sola excepción de los relativos a arrendamientos urbanos, son competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en el departamento de Montevideo y los Juzgados Letrados de las capitales en los departamentos del interior.

Art. 3º. – En los asuntos comprendidos en los dos artículos precedentes que se encuentren en trámite a la fecha de promulgación de esta ley, continuará conociendo la sede judicial que asumió competencia inicialmente, hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia.

Art. 4º. – Derógase el artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532, de 29 de marzo de 1984.

Art. 5º – Comuníquese, publíquese, etc.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La delimitación de competencias entre los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, para los asuntos en que es parte demandada una persona pública estatal, está planteando grandes dificultades, razón por la cual se hace necesaria une urgente solución legislativa que aclare la cuestión y en lo posible racionalice la distribución de competencias, sin esperar para ello a que se dicte una legislación de fondo en la materia contencioso administrativa.

En efecto, la competencia de los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo está definida, de manera poco técnica y muy restrictiva, por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532, que dio nueva redacción al artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524. De ahí resulta que la competencia de dichos órganos judiciales se circunscribe al contencioso de reparación por daños originados en actos administrativos anulados (artículo 29 del Decreto Ley Nº 15.524) y en ciertos actos no anulables jurisdiccionalmente (de acuerdo a una fórmula de exclusión del contencioso anulatorio originada en el llamado "Acto Institucional" Nº 8 –verdaderamente impropia de un Estado de Derecho– recogida por el artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524, actualmente vigente). El artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524 (con el texto dado por el Decreto Ley Nº 15.532) dice que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo conocerán en la materia reparatoria patrimonial "prevista en los dos últimos incisos del artículo 26 y en el artículo 29". El resto de la materia reparatoria patrimonial, es decir, las acciones originadas en los demás actos administrativos no anulables (numerales 1 y 3 del inciso 1º del artículo 26 citado), en actos legislativos o ,jurisdiccionales o en hechos de la Administración, está fuera de la competencia de esta Justicia aparentemente especializada y cae, por consiguiente, en la Justicia Civil.

El legislador de 1985 mantuvo esta estrecha asignación de competencia a través del artículo 169 inciso 1º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, aunque por el inciso 2º de esta disposición innovó en cuanto a los órganos competentes en segunda instancia Por el artículo 52 inciso 2º de la misma Ley Nº 15.750 estableció que la materia competencial en lo contencioso administrativo (no anulatorio), quedará sujeta "a lo dispuesto por la Ley Orgánica respectiva". El artículo 68 de dicha Ley Nº 15.750 (orgánica de la Judicatura), a su vez, ratifica la conclusión de que todo lo que no sea reparación patrimonial por perjuicios causados por los actos mencionados en el artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524, entra en la competencia residual de la Justicia Civil.

Esta solución mantenida por el artículo 169 inciso 2º de la Ley Nº 15.750 es criticable porque viene a ratificar la vigencia de una norma –el artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524– sumamente restrictiva de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por ende, del control jurisdiccional de los actos administrativos. Es, asimismo, inconveniente, en tanto mantiene una solución irracional en lo concerniente a la división de la competencia en la materia reparatoria. A la solución de las dificultades prácticas que se originan en este último aspecto se encamina el proyecto que se acompaña.

Porque si bien la comprensión de esa división, de acuerdo a lo explicado precedentemente, parecería fácil, la práctica judicial demuestra que no es así. A modo de ejemplo cabe citar los siguientes problemas que se plantean en la actualidad:

– varios Juzgados en lo Civil de Montevideo se han considerado incompetentes frente a demandas de funcionarios públicos por salarios (materia que no es reparatoria).

– en la misma temática, se han dado diversos criterios en distintas Fiscalías;

dos de los tres Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo declaran su incompetencia o dudan acerca de la misma, cuando se demanda (en vía reparatoria) ante un acto no anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino revocado por la Administración por razones de legitimidad (asunto ante el cual un Juzgado Civil se declara, con razón, incompetente);

– es bastante difícil precisar (dentro de las categorías de actos no anulables impuestas por el artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524) cuando un acto administrativo es discrecional (frente al cual la norma actual hace competente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo), o bien "político", "de gobierno", o "fundado en razones de seguridad nacional", ante los cuales la reparación debe encaminarse a la Justicia Civil ordinaria.

Estas dificultades para la determinación de la Sede judicial competente, que pueden originar verdaderas denegaciones de justicia y restar credibilidad en los procedimientos jurisdiccionales, requieren una rápida solución.

Para alcanzarla, se considera que la manera más fácil es no innovando sustancialmente (lo que quedaría para la reforma prevista en el artículo 52 inciso 2º de la Ley Nº 15.750), sino aclarando racionalmente el linde entre lo que es reparatorio y lo que no lo es. Al respecto, la solución práctica aconsejable consistiría en dar a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo toda la materia reparatoria (sea que en su origen exista un acto jurídico o un hecho dañoso), y aclarar a la vez que todas las otras demandas contra personas públicas estatales (con excepción de la materia arrendaticia, que tiene su regulación especial), sea de conocimiento de la Justicia Civil.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo entenderán, en primera instancia, en toda la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial, en que sea parte demandada una persona pública estatal.

Esta materia comprende el contencioso de reparación por:

a) Actos administrativos anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o, respecto de los cuales, el Tribunal haya reservado la acción de reparación (artículo 312 de la Constitución).

b) Actos administrativos respecto de los cuales no proceda la acción anulatoria (artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984).

c) Hechos de la administración.

d) Actos administrativos revocados en vía administrativa por razón de legitimidad.

e) Actos legislativos y jurisdiccionales.

Art. 2º. – En todos los demás asuntos en que sea parte demandada una persona pública estatal, regirán las disposiciones de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985 (Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales).

Art. 3º. – En los asuntos comprendidos en los dos artículos precedentes, que se encuentren en trámite a la fecha de promulgación de esta ley, continuará conociendo la sede judicial que haya asumido competencia, hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia.

Art. 4º. – Derógase el artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532, de 29 de marzo de 1984.

Art. 5º. – Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 15 de mayo de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Enrique Martínez Moreno, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Uruguay Tourné. Senadores.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, cuyos fundamentos, así como los de las modificaciones que le ha introducido, pasa a exponer.

Para entender el problema que se busca resolver, debe conocerse el proceso legislativo operado entre 1984 y el presente, como consecuencia de la sanción de los Decretos Leyes Nros. 15.524, (artículo 14) y 15.532, (artículo 1º), así como de la Ley Orgánica de la Judicatura (Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

El artículo 14 del Decreto Ley orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo previó la existencia de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, con competencia "en todos los asuntos" en que las diversas personas públicas estatales fueren "actores, demandados o terceristas". Esta competencia ilimitada en la primera instancia contencioso administrativa, sólo estaba restringida por la remisión que el artículo 22 del mismo texto legal hace al artículo 22 del Acto Institucional Nº 12, a cuyo tenor la segunda instancia ante el Tribunal sólo comprendía "las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia reparatoria patrimonial y en los demás asuntos cuyo conocimiento se atribuye a dichos juzgados en primera instancia". Para el contencioso de anulación, en cambio, se mantiene a texto expreso la instancia única ante el Tribunal.

A efectos aclaratorios, corresponde precisar la distinción conceptual entre el contencioso de anulación y el de reparación. fundada en el distinto objeto de la acción. Cuando ésta persigue la extinción del acto administrativo por la sentencia – que acoge la llamada acción de nulidad– el contencioso es de anulación. Cuando la demanda reclama la reparación patrimonial de los daños y perjuicios causados por dicho acto, así como por hechos de la Administración, el contencioso es de reparación.

Casi de inmediato se advirtió que la solución era exagerada y errónea. No sólo porque la competencia de estos Juzgados iba más allá de la muy amplia que el artículo 100 del antiguo Código de Organización de los Tribunales atribuía a los Juzgados Letrados Nacionales de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo, sino porque determinaba que la segunda instancia de los juicios en que el Estado o los Entes Autónomos son actores – en materias reguladas a menudo por el Derecho Privado y de las que conocía tradicionalmente por el Poder Judicial– caía así en la competencia del Tribunal de lo Contencioso, lo que resultaba absurdo e inconveniente, además de inconstitucional.

A tambor batiente pues, se quiso corregir la "gaffe", y se dictó el Decreto Ley Nº 15.532, cuyo artículo 1º dio esta nueva redacción al artículo 14 del Decreto Ley Nº 15.524: "Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo conocerán en la materia contencioso administrativa de reparación prevista en los dos últimos incisos del artículo 26 y en el artículo 29 de la presente ley".

Para la debida inteligencia de este precepto es preciso saber que el artículo 26 excluye de la jurisdicción anulatoria diversas clases de actos administrativos, pero habilita la acción reparatoria patrimonial en el caso de los actos discrecionales y de los actos "de interés público así declarados por ley". Y que el artículo 29, asimismo, establece: "Declarada la anulación o reservada la acción de reparación, en su caso (por el Tribunal de lo Contencioso), se podrá promover el contencioso de reparación para la determinación de los daños causados inmediata y directamente por el acto impugnado".

Esta norma peca por el defecto contrario al de la anterior. Deja a estos Juzgados una competencia tan reducida que, en verdad, poco es lo que tienen que hacer. Además, parece conducir a la solución inconstitucional de que hay actos –los "políticos y de Gobierno", así como los "fundados en razones de seguridad nacional"– que no son pasibles de la acción anulatoria pero tampoco de la reparatoria.

Vino luego –restablecida ya la democracia– la Ley Orgánica de la Judicatura, que sólo modificó la ubicación institucional de estos Juzgados, puesto que los incluyó dentro del Poder Judicial y atribuyó su segunda instancia a los Tribunales de Apelaciones en lo Civil. En cuanto a su competencia, el artículo 169 de esta Ley Nº 15.750 se remite a la norma vigente. (artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532). Y, además, ubica todo el resto de la materia de hacienda en la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil y del Interior, de Paz, Departamentales de la Capital y del Interior, y de Paz, (artículos 69 y 71 al 74), distribuyéndola según la cuantía de los asuntos.

Esta situación tiene dos inconvenientes:

1º) Que la materia reparatoria patrimonial está dividida entre los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y la Justicia Civil. Esta, por consiguiente, debe conocer en las acciones originadas en los demás actos administrativos no anulables, (incisos 1 y 3 del artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524), en actos legislativos o jurisdiccionales y en hechos de la administración. Esta división es técnicamente inconveniente y, además, sobrecarga más de lo que ya lo está, a la Justicia Civil.

2º) Que, aunque la división parece teóricamente fácil, en la práctica judicial surgen situaciones dudosas y se dan criterios encontrados, entre las distintas sedes judiciales, para determinar sus respectivas competencias. Así, frente a demandas de funcionarios públicos por salarios, a demandas reparatorias por actos anulados por el Tribunal sino revocados en vía administrativa por razón de ilegalidad, así como a demandas reparatorias por actos no anulables conforme al citado artículo 26, cuya distinción entre actos discrecionales, "políticos", "de gobierno", o "fundados en razones de seguridad nacional", resulta muchas veces confusa y difícil.

Como se comprende con facilidad y según lo expresa la exposición de motivos del proyecto, "Estas dificultades para la determinación de la Sede judicial competente, que pueden originar verdaderas denegaciones de justicia y restar credibilidad en los procedimientos jurisdiccionales, requieren una rápida solución".

Por tal causa, es que se propone, en este proyecto de ley, cometer todo el contencioso reparatorio a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo (artículo 1º), y precisar, además, que todas las otras demandas contra personas estatales, son de conocimiento de los Juzgados Letrados y de Paz, (Justicia Civil), con arreglo a la vigente Ley Orgánica de la Judicatura, (artículo 2º).

Respecto de las diversas hipótesis en que procede el Contencioso de reparación, que se precisan en el artículo 1º, conviene aclarar:

1º) Que en el literal a) se consagra o acepta la tesis de la prejudicialidad de la acción anulatoria respecto de la reparatoria que está vigente en función de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 15.524 y que responde a la interpretación del artículo 312 de la Constitución sostenida por los doctores Sayagués Laso y Giorgi, así como por la jurisprudencia tradicional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ello no supone adherir definitivamente a dicha tesis, sino postergar la dilucidación del difícil problema para la próxima sanción de la nueva Ley Orgánica del Tribunal desde que la otra tesis, sustentada en 1952 por Justino Jiménez de Aréchaga y Aparicio Méndez, cuenta ahora con el respaldo del Instituto de Derecho Administrativo y del Colegio de Abogados.

2º) Que el literal b) no supone aceptar el criterio de la no anulabilidad de los actos referidos en el artículo 26 del Decreto Ley Nº l5.524 solución que es inconstitucional en casi todos los casos, sino en todos, allí enunciados. Y ello, por recortar la competencia del Tribunal contra el tenor claro del artículo 309 de la Carta.

3º) Que el literal c) incluye a los hechos de la Administración por cuanto ésta ejerce sus cometidos y sus atribuciones no sólo mediante actos jurídicos sino también en virtud de operaciones materiales, las cuales pueden resultar dañosas para los particulares. Corresponde precisar, con el maestro Sayagués Laso, que los hechos pueden ser "positivos o negativos, hechos independientes de todo acto administrativo o realizados en ejecución de un acto o un reglamento anterior", " incluso la emisión o demora en actuar o decidir, ya que ambas constituyen también un hecho" ("Tratado de Derecho Administrativo", T. II, p. 609).

4º) Que el literal e), en cuanto prevé el contencioso de reparación por daños causados por actos legislativos y jurisdiccionales, acepte la tesis de la responsabilidad del Estado por acto legislativo, consagrada jurisprudencialmente desde 1938, así como la responsabilidad por acto jurisdiccional –que sólo surge cuando una sentencia reconoce que existió error judicial en una sentencia anterior, (Sayagués Laso, ‘Tratado", T. 1, p. 671)– todo lo cual resulta congruente con los artículos 23 y 24 de la Constitución.

Vuestra Comisión, por último, expresa que el artículo tercero soluciona los problemas prácticos que podrían suscitarse por esta modificación en la competencia de distintas sedes judiciales. Determina, por ello, que tal modificación no se aplicará respecto de los litigios en trámite.

Es cuanto tiene que informar vuestra Comisión. Sala de la Comisión, 15 de mayo de 1986.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo, Juan Carlos Fá Robaina, Enrique Martínez Moreno, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Uruguay Tourné. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. – Existe un proyecto sustitutivo de la Comisión.

Léase.

(Se lee)

–Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. – Señor Presidente: este proyecto de ley que viene a consideración del Senado nació por una iniciativa del señor senador Batalla, que el que habla firmó junto con él, aunque en realidad –y lamento que no se encuentre presente en Sala– fue el señor senador quien la redactó, creo que en colaboración con un distinguido especialista en Derecho Público, el doctor Carlos Sacchi.

Este proyecto de ley tiende a resolver un error de la legislación que está vigente actualmente en esta materia y una dificultad práctica que ella ha ocasionado.

Por un lado, el error consiste en que, en virtud de sucesivas modificaciones legislativas, los actuales juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, que por la Ley Orgánica de la Judicatura están actualmente en la órbita del Poder Judicial, tienen una competencia tan limitada, que prácticamente no tienen nada que hacer.

En segundo término, la dificultad práctica que mencionaba reside en que, a pesar de tener esa competencia tan limitada, se suscitan dificultades o criterios encontrados sobre la competencia que estos juzgados tienen en la materia de Derecho Público y sobre todo, en el contencioso de reparación, con relación a la competencia que en materias similares o conexas tienen todos los Juzgados de lo Civil. Por consiguiente, estos criterios encontrados determinan que a veces ambas sedes judiciales se consideren incompetentes y generen en los hechos una verdadera denegación de justicia.

Creo que el informe de la Comisión es suficientemente explícito al respecto y, al mismo tiempo, la exposición de motivos, que tuve el honor de firmar y que en realidad había sido redactada por el señor senador Batalla, también explicaba con toda claridad cuáles eran esos criterios encontrados en materia de competencia y las dificultades prácticas que ello estaba generando.

Para no extenderme en el tema y dar una explicación sucinta pero lo suficientemente clara de cómo se generó el problema, voy a señalar que éste comenzó con la sanción del artículo 14 del Decreto Ley Orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Nº 15.524, cuyo sentido se quiso modificar, pero se agravó en sentido contrario, con el artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532, que modificó ese artículo 14 del anterior decreto ley, y se mantuvo en términos similares al sancionarse la Ley Orgánica de la Judicatura.

El problema es el siguiente. El artículo 14 del Decreto Ley Orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo recogió y consagró la existencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, que ya venían de los Actos Institucionales 8 y 12. Los referidos juzgados tenían sobre sí, como tribunal de alzada, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, se les dio una competencia tan amplia en todo el contencioso o en toda la materia de Derecho Público que por un lado se fue más allá de lo que en la materia consagraba el antiguo artículo 100 del Código de Organización de los Tribunales pare los Juzgados Letrados Nacionales de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo.

Como, al mismo tiempo estos Juzgados Letrados de Primera Instancia tenían por encima suyo –si es que cabe emplear esta expresión tan poco técnica– al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resultó que éste quedaba en segunda instancia con una competencia que excedía la que le daba la Constitución de la República. Es decir, la solución, en los hechos, era abiertamente inconstitucional.

Por consiguiente, el legislador de facto entendió que debía corregirse este error que se había cometido quizás por inadvertencia y lo enmendó muy rápidamente por el Decreto Ley Nº 15.532; pero, al corregirlo, se fue al extremo opuesto, ya que estableció un concepto sumamente restrictivo, por cuanto sólo le dio competencia a estos Juzgados en la reparación de los actos previamente anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en dos de las categorías de actos que por el artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524 se declaraban en mi concepto en forma inconstitucional, no susceptibles de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, esto quedó circunscripto al caso de actos discrecionales y de actos declarados o "de interés público", que prácticamente no los hay, porque en ninguna resolución el gobierno de facto, ni el constitucional, le han dado tal calificación a ningún acto.

De manera que esos Juzgados prácticamente no tienen nada que hacer, salvo que se solicite la reparación luego de que se obtiene, tras varios años, una sentencia anulatoria o de que se pida la reparación por un acto ante el cual el Tribunal se haya considerado incompetente por tratarse de un acto discrecional. Aparte se produce en la práctica el hecho de que cuando se pide la reparación ante la justicia civil, a veces ésta, por no estar bien delimitados los dos ámbitos de competencia en que cada uno debe actuar, se considera incompetente e incurre en una verdadera denegación de justicia Es decir, no hay Juzgado que se considere competente.

Por otra parte, las fiscalías que deben asesorar o pronunciarse en esta materia, también sustentan criterios discrepantes.

Ante esta circunstancia, el señor senador Batalla, con buen criterio, presentó este proyecto de ley que tiende a solucionar de manera práctica e inmediata un problema que está planteado y que urge resolver. Ello no quiere decir que cuando sancionemos la nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo –que esta siendo estudiada, con todas sus dificultades y complejidades técnicas, por la Comisión de Constitución y Legislación– no demos una solución definitiva a este problema; pero dicha Comisión entendió que no podía esperarse al trámite naturalmente más lento, más engorroso y más reposado, que debe tener una norma de tanta importancia como es la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para propiciar la solución de este problema.

Por estos motivos, la Comisión consideró necesario y prioritario elevar este proyecto a consideración del Cuerpo para que tenga una rápida sanción.

No quiero extenderme, señor Presidente. Sé que pueden haber algunas dificultades técnicas, pero si los señores senadores quieren disipar alguna duda el respecto, lo podremos hacer en la consideración particular del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CERSOSIMO. – Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

– 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

La Mesa se permite señalar especialmente al señor miembro informante si no le parece más correcto hacer referencia al órgano judicial y no a la "sede judicial". Dice el artículo: "En los asuntos comprendidos en los dos artículos precedentes, que se encuentren en trámite a la fecha de promulgación de este ley, continuará conociendo la sede judicial. . .".

SEÑOR AGUIRRE. – Tendría que decir: "El juzgado que haya asumido competencia. . .", porque siempre es un Juzgado de Primera Instancia.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. – Queda hecha la corrección.

SEÑOR AGUIRRE. – ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. – Aunque lo que voy a expresar sé que no es reglamentario, he advertido que al considerarse el artículo 1º omití hacer una precisión que es conveniente formular para la historia fidedigna de la sanción de este proyecto.

Cuando se alude a "Hechos de la administración" la Comisión entiende, siguiendo las enseñanzas de Sayagués Laso, que los hechos pueden ser positivos o negativos, que hay hechos independientes de todo acto administrativo y que hay hechos realizados en ejecución de un acto o de un reglamento anterior, e incluso que la omisión o demora en actuar, decidir o resolver, también constituyen un hecho.

Creo que esta precisión es conveniente para que se tenga presente que en todos esos casos, sin esperar el dictado de un acto, se puede pedir la reparación directamente ante estos Juzgados.

SEÑOR PRESIDENTE. – Queda constancia de la aclaración.

Si no se hace uso de la palabra , se va a votar el artículo 3º con la modificación introducida en Sala.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

El artículo 5º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º – Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo entenderán, en primera instancia, en toda la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial, en que sea parte demandada una persona pública estatal.

Esta materia comprende el contencioso de reparación por:

a) Actos administrativos anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o, respecto de los cuales, el Tribunal haya reservado la acción de reparación (artículo 312 de la Constitución).

b) Actos administrativos respecto de los cuales no proceda la acción anulatoria (artículo 26 del Decreto Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984).

c) Hechos de la administración.

d) Actos administrativos revocados en vía administrativa por razón de legitimidad.

e) Actos legislativos y jurisdiccionales.

Art. 2º – En todos los demás asuntos en que sea parte demandada una persona pública estatal, regirán las disposiciones de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1983

(Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales).

Art. 3º – En los asuntos comprendidos en los dos artículos precedentes, que se encuentren en trámite a la fecha de promulgación de esta ley, continuará conociendo el Juzgado que haya asumido competencia, hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia.

Art. 4º – Derógase el artículo 14 del Decreto Ley número 15.524, de 9 de enero de 1984, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 15.532, de 29 de marzo de 1984.

Art. 5º – Comuníquese, etc."

14) NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO. Convenio Nº 144 sobre la consulta tripartita.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "proyecto de ley por el que se propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo) que fuera adoptado por la sexagésima primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año 1976. (Carp. Nº 349/85. Rep. Nº 44/86)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 349/85
Rep. Nº 44/86

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 18 de setiembre de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo) que fuera adoptado por la sexagésima primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en el año 1976.

Se señala que con fecha 12 de noviembre de 1980, se dio cumplimiento a la obligación prevista por el Artículo 19, párrafo 5 b) de la Constitución de la O.I.T., de someter el Convenio a la autoridad competente, comunicándose la misma posteriormente al Director General de la Organización Internacional del Trabajo.

En dicha oportunidad no se solicitó la ratificación de la norma, por entenderse, según surge del Mensaje que se elevare al Consejo de Estado que: "aun cuando la colaboración tripartita en más cuestiones de que se ocupa la Organización Internacional del Trabajo debe acogerse en general favorablemente, se estima que el compromiso que entraña el Convenio Nº 144 de poner en práctica procedimientos que aseguren la consulta efectiva a las organizaciones profesionales más representativas, según prescribe su Artículo 5º, en cuanto a las propuestas que hayan de presentarse a la Autoridad Legislativa en relación con la sumisión de los Convenios (apartado b) y en relación con las propuestas de denuncias de convenios ratificados (apartado c), implica admitir injerencias en asuntos que son de competencia del Estado".

Al presente, en el marco del actual enfoque de la Administración del Trabajo, puede afirmarse sin temor a equivocarse, que la fuerza de la Organización Internacional del Trabajo proviene del hecho de que el sistema tripartito permite a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, en pie de igualdad con los de los gobiernos, participar en todos los debates y en las decisiones. Este sistema se aplica a la Conferencia Internacional del Trabajo, y al Consejo de Administración, como a otras conferencias y reuniones de la O.I.T., caracterizando también esta intervención directa de los sectores, que constituye la esencia misma del tripartismo, a cada etapa de las actividades normativas de la O.I.T.

Es esa pues la filosofía de la Organización, la que se encuentra presente en la práctica seguida actualmente por nuestro país.

Saluda al Señor Presidente con su mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Hugo Fernández Faingold, Enrique E. Iglesias.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo) que fuera adoptado por la Sexagésima Primera Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en el año 1976.

Art. 2º – Comuníquese, etc.

Hugo Fernández Faingold, Enrique E. Iglesias.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 144

CONVENIO SOBRE CONSULTAS TRIPARTITAS PARA PROMOVER LA APLICA