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Nº 82 - TOMO 295 - 11 DE DICIEMBRE DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

81ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

5) Proyecto presentado

6) Medio ambiente. Su contaminación

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las oficinas locales de las Naciones Unidas y de la OEA.

7) República Popular de Hungría. Intercambio Comercial

- Exposición del señor senador Ferreira.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud Pública, a la Administración Nacional de Puertos, a la Administración de los Ferrocarriles del Estado y al Hospital de Clínicas.

8) Planta frigorífica. Departamento de San José. Su reactivación

- Exposición del señor senador Fá Robaina.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve pasar la versión taquigráfica a los Ministerios de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca y al Directorio del Banco de la República.

9, 11 y 13) Arrendamientos urbanos. Se establecen normas en la materia

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se aprueba en general.
- En discusión particular.

10) Comisiones Permanentes y Especiales del Cuerpo

- De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Ortiz, se resuelve autorizarlas a seguir sesionando hasta el 31 de diciembre de 1985.

12) Término de la sesión

- Se resuelve prorrogarlo de acuerdo a la moción del señor senador Lacalle Herrera.

14) Política de Informática y Prospectiva

- Informe de la Comisión Especial.
- En consideración el proyecto de resolución.
- Aprobado.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, diciembre 10 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 11, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen diversas normas en materia de arrendamientos.

(Carp. Nº 426- Rep. Nº 195 Anexo I)

2º) Informe de la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva referido a la actividad desarrollada en el presente período legislativo.

(Carp.Nº 123- Rep. Nº 196)

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Jude, Lacalle Herrera, Lago, Lenzi, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Traversoni, Ubillos, Williman y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Araújo, Batlle, Paz Aguirre, Tourné y Zorrilla.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 22 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, diciembre 11 de 1985.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo, por los que pone en conocimiento que ha promulgado las siguientes leyes:

Por la que se eleva a la categoría de pueblo al poblado Rincón, ubicado en la Tercera Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres.

(Carp. Nº 396)

Por la que se designa con el nombre de ‘Fructuoso Rivera’ a la Escuela Nº 35 ubicada en el barrio ‘Estación’ de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 370)

Por la que se designa con el nombre de "Treinta y Tres Orientales" a la Escuela Nº 117, de Primera categoría del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 372)

- Ténganse presentes y archívense.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes por los que solicita venia para:

Designar Fiscal Letrado Departamental de Artigas al Dr. Luis Alberto Leites.

(Carp. Nº 428)

Designar a la doctora Laura Nelio Llambí Rodríguez como Fiscal Letrado Adjunto adscripto al despacho de la Fiscalía Letrada de lo Penal de Tercer Turno.

(Carp. Nº 429)

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Comisión de Asuntos Internacionales aconseja el archivo de los siguientes asuntos:

Proyecto de ley por el que se aprueban los Convenios Nos. 100, 111 y 156, adoptados por la Confederación Internacional del Trabajo relativo a igualdad de remuneración, discriminación en materia de empleo y ocupación y a igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras.

(Carp. Nº 38)

Nota presentada por el señor senador Luis B. Pozzolo por la que comunica la aspiración planteada en su reciente viaje a la República de Corea del Sur por la Asamblea Nacional de dicho país, de constituir una Asociación de Amistad a nivel de ambas organizaciones legislativas.

(Carp. Nº 394)

Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores a la que adjunta la nómina de integrantes de la Asociación Parlamentaria de Amistad Japonesa Uruguaya.

(Carp. Nº 376)

Copia de télex remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cursado por la Misión Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas, enviando adjunto Mensaje y Declaración de la Asamblea Nacional de Nicaragua sobre el problema de la deuda externa de los países latinoamericanos.

(Carp. Nº 353)

Exposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera sobre el tema: "El país marítimo. La pesca, su situación y perspectivas".

(Carp. Nº 336)

Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor senador José Pedro Cardoso, en sesión de fecha 6 de agosto, relacionadas con la situación de Nicaragua y la necesidad de respaldar la gestión del Grupo de Contadora.

(Carp. Nº 298)

Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, en sesión de fecha 6 de agosto ppdo., relacionadas con las manifestaciones de protesta que desde hace tiempo ocurren en la República de Sudáfrica.

(Carp. Nº 297)

Exposición del señor senador Juan Adolfo Singer sobre el tema: "La integración de América Latina", en relación a la participación de nuestro Parlamento en el Parlamento Latinoamericano.

(Carp. Nº 218)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo remite nota solicitando copia autenticada de las Actas de la Comisión Investigadora para indagar sobre la compra directa de centrales telefónicas digitales efectuadas por ANTEL.

- A la Comisión Especial."

- Se va a votar el archivo de estos asuntos, tal como lo solicita la Comisión de Asuntos Internacionales.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúese dando cuenta de los asuntos entrados.

(Se continúa dando cuenta de los siguientes:)

"El señor senador Pedro W. Cersósimo solicita la reiteración del pedido de informes formulado al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo de Educación Primaria, relacionado con funcionarios que desempeñan los cargos de Inspectores-Maestros, Inspectores Supervisores y Maestros-Directores o Subdirectores de Educación Especial.

- Procédase como se solicita.

El señor senador Raumar Jude presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la creación de un fondo denominado "Aporte Solidario de la Comunidad" a la orden del Consejo del Niño, que se solventará con retenciones que se efectuarán a los haberes de los funcionarios públicos y privados.

(Carp. Nº 430)

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo remite oficio relacionado con la demanda interpuesta por los funcionarios Dora Grien y Nelson Saravia, contra el Poder Legislativo.

- Téngase presente."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Jorge Batlle solícita licencia por el día de hoy."

- Se va a votar si se concede la licencia solicitada por el señor senador por el día de hoy.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PROYECTO PRESENTADO

"APORTE SOLIDARIO DE LA COMUNIDAD

EXPOSICION DE MOTIVOS

La motivación de esta iniciativa, la constituye, los reiterados y desesperados pedidos o llamados a la solidaridad, que aparecen últimamente, casi a diario, en todos los medios de difusión nacional, para menores que padecen de males congénitos o de otro tipo, y que deben ser trasladados al exterior para su tratamiento y curación.

Es de pública notoriedad, que nuestro país no cuenta por el momento con el equipamiento necesario para hacer frente a esas riesgosas intervenciones, que permiten continuar con vida útil a esos pequeños compatriotas.

Lamentablemente, esos llamados a la solidaridad, no encuentran el rápido eco en la población, teniendo en cuenta la premura con que deben ser tratados estos casos.

Ello no sucede por desidia o negligencia de nuestra siempre sensible y bien inspirada ciudadanía, sino por la falta de organización, o tiempo, para realizar determinados trámites, para efectuar depósitos en cuentas corrientes o similares.

Lo dicho es comprobable por la reiteración durante semanas y meses de las mencionadas solicitudes o llamados a la solidaridad.

A ello debe sumarse, un importante grupo de padres, que amilanados por emprender una campaña de recolección de fondos de esta índole, desisten de antemano, quedando librada su suerte, solamente a la inmensa e innegable capacidad profesional del cuerpo médico nacional, en desigual lucha por la supervivencia de esos pequeños seres, por no contar con las máquinas e instrumentos necesarios, para su total restablecimiento.

Creemos que con el generoso aporte del pueblo uruguayo, y en forma tal que ello no signifique una pesada y nueva carga gravosa y nociva para su presupuesto familiar (un peso cada mil) se puede colaborar en gran porcentaje a la recuperación total de estos niños afectados, futuros brazos de la patria.

Raumar Jude. Senador

Montevideo, 11 de diciembre de 1985.

PROYECTO DE LEY

APORTE SOLIDARIO DE LA COMUNIDAD

Artículo 1º - Reténgase de los haberes a percibir de los empleados públicos y privados el 1/1000 (uno por mil) de sus remuneraciones.

Art. 2º - Dichas retenciones serán recaudadas conjuntamente con las de los organismos de la Seguridad Social, y éstos, deberán depositar dichos fondos en el Banco de la República en una cuenta que se denominará "APORTE SOLIDARIO DE LA COMUNIDAD", y a la orden exclusiva del Consejo del Niño.

Art. 3º - El Consejo del Niño únicamente podrá emitir órdenes de pago, a favor de aquellos casos debidamente comprobados, de niños que padezcan males congénitos u otros, que deban ser intervenidos imperiosamente en el exterior, y que carezcan de recursos para ello.

Art. 4º - La comprobación de tales casos se realizará de la siguiente manera: A) La parte médica la realizará una Junta, integrada a tal efecto, presidida por el Director del Hospital Pereyra Rossell, un médico designado por la Facultad de Medicina, y el médico del paciente solicitante.

B) La carencia de recursos para enfrentar los gastos que demanden dichas intervenciones en el exterior, será determinada por el Consejo del Niño, a través de su personal idóneo en asistencia social.

Art. 5º - La Compañía Aérea del Estado (PLUNA) realizará la expedición de pasajes, sin cargo alguno, a favor del paciente y un acompañante, siempre que el traslado se efectúe en sus rutas de vuelo, de manera que permitan disminuir las erogaciones de la cuenta antes mencionada.

Art. 6º - El Consejo del Niño realizará y publicará en tres diarios de la capital, un balance en forma anual. En caso de haber excedentes, los mismos deberán ser vertidos como aportes del Estado a aquellas Escuelas de recuperación psíquicas, psico-motriz, etc. (ej: Escuela Horizontes) que cumplen una importante función complementaria a las del Estado, y no persiguen fines de lucro.

Art. 7º - Publíquese, etc.

Raumar Jude. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Están anotados para hacer uso de la palabra los señores senadores Lacalle Herrera y Ferreira.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

6) MEDIO AMBIENTE. Su contaminación.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: esta es la última sesión ordinaria que realiza el Cuerpo durante este período legislativo, en el que con bastante frecuencia hemos hecho uso de esta facultad reglamentaria; veintitrés veces hemos utilizado -supongo que a veces para martirio del Senado- este recurso.

Debo señalar que la costumbre de la hora previa se incorporó en primera instancia, al Reglamento de la Cámara de Representantes, en virtud de los planteos que efectuaba el entonces joven diputado doctor Luis Alberto de Herrera en 1905, en una etapa de modernización de la actividad parlamentaria que en aquel momento era bastante extraña. A raíz de esos planteamientos, se creó un ámbito que luego se convirtió en una importante caja de resonancia para el Parlamento y que sirve para poder hablar de esos temas que, por su rango, no merecen figurar en el orden del día de las sesiones.

En el día de hoy deseamos bosquejar una idea para el próximo período legislativo. Es notorio que determinadas disciplinas que preocupan a nivel mundial, a veces no están encuadradas en los principios de nuestros códigos, nuestras leyes o nuestras instituciones. Ello ha ocurrido, por ejemplo, con el tema del medio ambiente que, sin lugar a dudas, actualmente ha ganado el primer lugar en el interés de todas las naciones. Alguna vez lo hemos mencionado como el cambio cultural cualitativo más importante del siglo XX. Es la noción de que el espacio circundante, el lugar donde estamos físicamente asentados, la biósfera donde se desarrolla la vida humana, no es inagotable, inextinguible, ni puede ser agredida impunemente por el hombre.

Es un cambio muy grande porque habla de un mundo finito, que en sus recursos naturales, en su atmósfera, en sus ríos y en sus mares tiene un fin, un tope o, diría, un hartazgo por la mala utilización del hombre.

Todo esto tiene una conexión muy directa con la acción política, porque tanto en los aspectos preventivos como en los de reparación del daño causado, la incidencia de los actos de gobierno es importantísima.

Por tantos motivos filosóficos lejanos a un crecimiento de los ámbitos de aplicación de la actividad estatal, en este si nosotros no vacilamos en afiliamos a una presencia vigilante, tuitiva, fiscalizadora del Estado, porque en ello le va la vida a la humanidad entera: la preservación del habitat en el cual desarrollaremos el resto de nuestra vida y la de nuestros hijos.

Por esto, y por la estrecha vinculación que tiene con todas las disciplinas, con el Derecho Internacional, con los aspectos culturales y educativos, así como también con la policía interior en todas sus competencias, nos interesa este tema porque, ¿quién puede ignorar que la suerte del alto Uruguay es de interés de la República Oriental del Uruguay? ¿O que la suerte de la Laguna Merín y del curso del Río Yaguarón es un asunto que nos atañe? ¿O que la pesca depredatoria en las aguas que compartimos con la República Argentina es un tema nacional?

Hemos leído en la parte del Reglamento en que se hace la distribución de competencias de las Comisiones permanentes del Senado procurando encontrar a cuál correspondería asignársele el interés sobre el medio ambiente, pero no hemos identificado todavía, dentro del Reglamento, aquella a la que le quepa atender este tipo de asuntos. Creemos que la solución que han hallado otros Parlamentos es crear Comisiones permanentes al respecto. Pero pensamos que este tema no tiene una importancia tal o no abarca una cantidad suficiente de asuntos que ameriten la formación de una Comisión permanente con ese carácter. De todas maneras, nos parece necesario -lo vamos a proponer al Senado para que lo considere cuando reinicie sus tareas el año que viene- asignar a una Comisión en particular, en tanto cuanto no se decida otra cosa, el tratamiento de los temas relativos al medio ambiente. A nuestro juicio esa Comisión podría ser la de Ganadería y Agricultura, que es como tendrá que llamarse en el futuro si se sigue el criterio de que se denomine en forma similar al Ministerio correspondiente, al que se le cambiará su denominación. Pensamos así porque el ámbito físico, que abarca nuestros ríos y nuestros campos, linda, está próximo, es limítrofe a las competencias de esa Comisión.

Sabemos que una modificación de este tipo implica una reforma del Reglamento, porque agregar competencias a esta Comisión permanente que está establecida al igual que otras en el artículo 126, va a requerir una decisión del Cuerpo. Adelantamos nuestro propósito de así proponerlo para que el próximo año podamos resolverlo.

También deseo señalar la conveniencia de que, tanto en este tema como en otras disciplinas nuevas -novísimas, a veces- el país utilice los servicios que prestan los organismos internacionales a los cuales está afiliado. En ese aspecto, la Comisión de Informática como tendremos oportunidad de destacarlo esta noche- abrió el camino y cuenta con el asesoramiento de un experto pagado por las Naciones Unidas, el que ha contribuido mucho a la tarea de la informática que para nosotros es un tema casi esotérico. Se podría hacer lo propio también en el tema del medio ambiente respecto del cual, indudablemente, necesitaremos catalizar en el país las experiencias extranjeras: saber de derecho comparado respecto de este tema, conocer las decisiones de los organismos internacionales especializados, puntos sobre los cuales los integrantes del Senado, salvo alguna excepción, no llegan a profundizar, por más que estén atentos a los últimos acontecimientos.

Por ello, como sugerencia final de esta intervención y pretendiendo que de ella quede algo positivo, vamos a proponer que la versión taquigráfica de nuestras palabras referidas a la cooperación de los organismos internacionales se pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las delegaciones permanentes de los dos organismos más importantes a que está afiliado el Uruguay: la OEA, que tiene una Misión aquí y las Naciones Unidas, que posee un Delegado Permanente. Esto serviría como prueba del interés existente en estrechar los vínculos de asesoramiento en cualesquiera campos, en cualesquiera Comisiones, en aquellos temas en los que ya sea para un trabajo o en forma permanente nos interese contar con asesoramiento, pues, así podríamos mostrar la voluntad del Senado de tener atentos sus oídos, o su espíritu abierto a que se le sugieran o traigan a cuento nuevas técnicas, nuevas disciplinas así como compartir experiencias adquiridas en otras partes del mundo.

En esta última intervención en la hora previa de este período legislativo y a cuenta de lo que agregaremos el año que viene, vamos a solicitar, repito, que la versión taquigráfica de nuestras palabras, relativas a la necesidad de cooperación o a la voluntad de cooperación que tiene el Senado con los organismos que pueden prestarle su asistencia técnica, se envíe al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las dos Delegaciones permanentes que he señalado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Lacalle Herrera en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a las Oficinas locales de la OEA y de las Naciones Unidas.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA. Intercambio comercial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Una de las consecuencias del retorno del Uruguay a la vida democrática ha sido, sin lugar a dudas, su nueva inserción en el mundo internacional, tema al cual nos hemos referido en distintas oportunidades desde la hora previa y a lo largo de otras exposiciones.

Este esfuerzo por reaparecer en el escenario, en el concierto de las naciones ha sido impulsado a través de una política exterior de Estado cuyo apoyo fue expresado por las distintas fuerzas políticas. Sobre este tema también hemos hablado en varias oportunidades. Este esfuerzo de las autoridades de los partidos y de los sectores productivos del país ha permitido, al mismo tiempo y acompasando estos logros políticos, que su instrumentación implique y traiga aparejada la apertura de nuevas posibilidades comerciales concretas tan necesarias en esta etapa de impostergable reactivación de la vida económica en la búsqueda de un desarrollo firme y sostenido.

Entre estas iniciativas se han destacado los acuerdos comerciales sobre la base de ventas compensadas que significan la oportunidad de la colocación de productos uruguayos en nuevos mercados y el incremento de los intercambios con aquéllos ya abiertos a nuestras exportaciones. Son mecanismos modernos que rompen los esquemas clásicos del comercio exterior que nos permiten simultáneamente, abrir nuevos mercados y al mismo tiempo adquirir tecnología, fortalecer nuestra infraestructura productiva, así como poder potenciar el intercambio comercial con países con los cuales no estaríamos en condiciones de hacerlo como consecuencia de la desfinanciación de ambas partes.

El proteccionismo que surge como consecuencia de la crisis en que se haya sumida la economía mundial ha incentivado la exploración y más adelante el desarrollo de modalidades comerciales como ésta que, por sus propias características, facilita enormemente las negociaciones bilaterales y multilaterales.

En este marco nuestro país ha realizado algunos acuerdos altamente beneficiosos, encontrándose entre los más recientes los suscritos con la República Popular de Checoslovaquia.

Deseo referirme concretamente a las posibilidades que se abren a nuestra República en el marco de algunas negociaciones que ya están en curso con el gobierno de la República Popular de Hungría, que ha ofrecido una serie de créditos en condiciones sumamente ventajosas, intentando favorecer y acrecentar el intercambio comercial entre ambas naciones que a lo largo del tiempo ha sido fructífero pero insuficiente para dos economías que pueden ser complementarias de acuerdo con las posibilidades financieras de ambos países.

Nuestro país ha experimentado en diversas áreas las excelentes cualidades de algunos de estos productos como ser grúas modernas en el Puerto de Montevideo, maquinaria ferroviaria, productos de la química farmacéutica, infraestructura hospitalaria, etcétera.

Pensamos que estamos en condiciones de dar un salto importante y obtener un incremento sustancial con lo propuesto por el Gobierno de la República Popular de Hungría.

Naturalmente que a nosotros esto nos interesa por lo que se ofrece, pero fundamentalmente por el hecho de que nos permitiría abrir nuevos mercados para nuestros productos. Es decir, colocar mayores saldos exportables en ese país o, a través de terceros, por el mecanismo de negocios triangulares, que es un sistema nuevo y creativo que surge de las necesidades que nos impone el marco internacional en que debemos insertar nuestro intercambio comercial con los demás países.

Los organismos con los cuales existen contactos en forma oficial, y ofrecimientos concretos a esta altura, y con cuyas autoridades, en algunos casos, nos hemos puesto ya en contacto, son el Ministerio de Salud Pública, AFE, Administración Nacional de Puertos y el Hospital de Clínicas.

Entre los productos exportables que podrían negociarse como intercambio en estas transacciones, podríamos mencionar la carne, los cítricos, los lácteos, cueros, pescados, etcétera.

En el mes de marzo visitará nuestro país el Vice Primer Ministro, oportunidad que debería aprovecharse a fin de crear condiciones políticas y diplomáticas excelentes para la firma de convenios comerciales que pudieran resultar beneficiosos para ambos países.

Se anuncia que la visita tiene la intención de estrechar los vínculos entre ambas naciones y que, además, se busca la forma de incrementar el intercambio comercial. Nosotros aspiramos a que en el programa -y así se lo hemos trasmitido a la Cancillería- de la visita del Vice Primer Ministro húngaro, se incluya un diálogo con los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, con el fin de intercambiar algunas de estas ideas.

No obstante, entendemos que las autoridades de los organismos mencionados, podrían ir avanzando de manera de crear condiciones necesarias para que en el momento en que se realice la visita aludida, se pueda suscribir un documento, un tratado comercial entre ambos países.

La firma de este documento, quizás, sería la vía más adecuada para hacer efectivas, verdaderamente, estas posibilidades tan importantes que se vienen anunciando.

Dada la situación de nuestra economía, que no admite la pérdida de oportunidades favorables como lo es ésta, es imprescindible realizar un esfuerzo decidido a partir de este momento por parte de las autoridades nacionales, a efectos de allanar los obstáculos burocráticos, que a veces entorpecen este tipo de negociaciones, con la finalidad de crear alternativas que permitan la concreción de este acuerdo.

Las actuales circunstancias exigen, a nuestro juicio, soluciones audaces y creativas, puesto que sólo a través de ellas podremos acceder al desarrollo y a la reactivación económica tan anhelada.

No se trata solamente, reitero, de estudiar la lista de productos que ofrece esta delegación comercial que visitará nuestro país sino, también, ver cuáles son los productos nacionales que podríamos colocar en el mercado húngaro, a través de compensaciones o negocios triangulares con terceros países.

Todo esto lleva tiempo. La visita se va a realizar en el mes de marzo. Es por eso que nos parecía importante expresar nuestro interés sobre estas negociaciones en curso.

Además, en lo que se refiere al Ministerio de Salud Pública, el señor Ministro, doctor Ugarte, viajó en el mes de abril a la ciudad de Budapest, especialmente invitado por las autoridades húngaras. Allí le ofrecieron amplias posibilidades para reequipamiento médico.

No sé por qué, a lo largo de mi exposición cuando me referí a la colocación de algunos productos lácteos, y ahora al referirme al reequipamiento médico, miro, instintivamente, a mi amigo y adversario señor senador doctor Lenzi. El conoce bien lo que en las poblaciones del interior todos hemos comprobado, el estado absolutamente catastrófico en que se encuentran muchas policlínicas que carecen de los elementos que se requieren para funcionar y prestar la asistencia mínima necesaria.

El Gobierno húngaro, en este caso concreto, de abastecimiento de equipamiento médico, ofrece un crédito por un monto de U$S 5:000.000.

En lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Puertos -hace pocos minutos me comuniqué con algunos directores del Ente, quienes me informaron de las conversaciones que vienen manteniendo con el Agregado Comercial y con el Embajador de Hungría en nuestro país- se está negociando un crédito global para el reequipamiento de la zona portuaria. Se trata de grúas de pórtico, cámaras frigoríficas, equipamiento eléctrico, equipamiento para muelles, etcétera. Hungría ha refinanciado ya créditos vencidos de la Administración Nacional de Puertos, gesto digno de ser tenido en cuenta en la negociación. En estos momentos, se puede disponer de un crédito por un monto de hasta U$S 10.000.000.

Finalmente, señor Presidente, en lo que respecta al Hospital de Clínicas, se han mantenido contactos con el señor Director del mismo, el doctor Hugo Villar, se ofrece a esta institución créditos para reequipamiento por la cantidad de U$S 5:000.000, para compras con MEDICOM que es el organismo especializado en la materia, en la República Húngara.

Para terminar, señor Presidente, deseo referirme a una propuesta que hemos estudiado -y a la cual nos hemos referido ya en Sala- para la reestructura de la red ferroviaria, tema sobre el cual no deseo extenderme, porque ya he hablado de ello en otras oportunidades. Hemos sostenido ya la necesidad de que la reestructura ferroviaria se estudie sobre la base de una inversión que permita hacer rentable el funcionamiento y viable la supervivencia del Ente, con el fin de no estar gastando sumas considerables en forma permanente, para cubrir su déficit.

Al Ente ferroviario se le ha ofrecido un crédito de U$S 10:000.000 para reequipamiento, durmientes de hormigón, señalización, material rodante, maquinarias, locomotoras, etcétera. Existe la posibilidad de financiación y asesoramiento técnico para instalar una fábrica de durmientes utilizando mano de obra, portland y hierro nacionales. Quiere decir que, además de facilitar la recuperación económica del Ente y su viabilización se estaría creando, en un momento de emergencia nacional en el plano económico, fuentes de trabajo a lo largo y a lo ancho de la República.

De esta manera se estaría creando la posibilidad de que tantas poblaciones rurales que dependen de la supervivencia del ferrocarril, no desaparezcan y, además, se estaría generando por la vía del trabajo zafral de la reestructura de la red ferroviaria, fuentes de trabajo, cosa muy importante en un momento de paralización, desocupación y estancamiento económico.

Deseo expresar nuestro profundo interés en estas negociaciones en la convicción de que para poder salir de la actual situación económica, es menester abrir nuevos mercados; que para ello no basta con apelar a los mecanismos tradicionales, que existen fórmulas nuevas, modernas y creativas en materia de comercio internacional por la vía del intercambio de los negocios triangulares y que, en el mes de marzo estaremos en condiciones de enfrentar un acuerdo concreto y especifico que, a nuestro juicio traería aparejados beneficios para la República.

Por lo tanto solicito, señor Presidente -y hago moción en ese sentido- que mis palabras pasen al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Comercio Exterior, al Ministerio de Salud Pública, a la Administración Nacional de Puertos, al Hospital de Clínicas y a la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Ferreira en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase a los distintos organismos que indicó.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

8) PLANTA FRIGORIFICA. Departamento de San José. Su reactivación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Lago.

SEÑOR LAGO. - Señor Presidente: todos sabemos la crisis por la que está atravesando la industria frigorífica y la consecuencia de la multiplicidad de plantas que surgieron en los últimos años, fundamentalmente en el sur del país, y en otras partes del interior, que se encuentran hoy en día clausuradas.

Queremos hacer referencia concreta a una planta frigorífica que se encuentra enclavada dentro del departamento de San José, en la zona de Ituzaingó, Capurro. Se trata de una zona que abarca o tiene su zona de influencia, por así decirlo, en los departamentos de San José, Canelones y Florida. Esta industria que en determinado momento de su actividad, llegó a absorber más de 400 trabajadores, hace más de un año que está clausurada.

Es obvio destacar la importancia que tiene para toda esa zona, el hecho de que esta industria se encuentre en funcionamiento.

Hemos visto como a lo largo de estos últimos años toda la actividad comercial, toda la vida -diría yo- de esa zona ha ido empobreciéndose y prácticamente desapareciendo, emigrando muchos trabajadores que se habían afincado allí.

Nosotros, junto con el señor representante Oxacelhay, del departamento de San José, hace más de un año comenzamos a trabajar a fin de ver que era lo que podíamos aportar a los efectos de reactivar la planta. En función de que los propietarios se encontraban en concordato y las posibilidades de reactivaría a través de los mismos titulares era prácticamente imposible, se tuvo conocimiento, a través del aporte que hicieron los trabajadores de la planta -y vale la pena destacarlo- de que un grupo o una cooperativa de carniceros de Montevideo, concretamente la Unión de Vendedores de Carne, se interesaba directamente en la posibilidad de adquirir el paquete accionario de esta empresa que, como ya exprese se encuentra tramitando un concordato a nivel judicial. Los trámites fueron avanzando y en distintas gestiones que realizamos, en conjunto con los trabajadores, frente a distintos grupos de acreedores, se fue logrando que se vislumbrara con posibilidades concretas la reactivación, a través de esta nueva firma que comenzaría a operar.

Pienso que además de la necesidad que siente toda esa población, de esa fuente de trabajo, también tiene una importancia capital para todos los productores fundamentalmente los lecheros, que están dentro de esa zona de influencia. Naturalmente mientras funcionaba este frigorífico, todo el ganado de descarte de los tambos, se remitía fácilmente, lo cual permitía un abaratamiento en los costos y una ganancia mayor para esta serie de pequeños productores. Al desaparecer la planta, se encontraron con enormes dificultades ya que las pequeñas cantidades de ganado no son fáciles de colocar en los frigoríficos. Quiere decir que también es de capital importancia el funcionamiento de esta industria para los productores -aunque no sean productores de carne- que están vinculados a la actividad agropecuaria a través de la lechería y que encontraban un lugar de fácil acceso para la colocación de su ganado excedente.

Después de todos estos trámites y al margen, naturalmente, de lo que puede ser la resolución judicial -que no nos compete y con la cual no tenemos ninguna vinculación- hoy en día estas gestiones están encuadradas en la posibilidad de que la nueva firma que adquiera este paquete accionario, desapareciendo los anteriores propietarios, encuentre algún apoyo crediticio, concretamente por parte del Banco de la República. Las gestiones que se realizaron directamente, encontraron, justo es decirlo, la mayor buena voluntad de absolutamente todos los integrantes del Directorio del Banco de la República, en aras de ver si se podía obtener una línea de crédito que diera el empuje inicial para que esta planta se pusiera en funcionamiento. Por supuesto que estas cosas no se solucionan de la noche a la mañana y que obliga a analizar cuales pueden ser las líneas de créditos de este Banco estatal que quizás permitan poner esta industria en funcionamiento nuevamente.

Deseo manifestar que se ha creado una enorme expectativa en el departamento de San José ante la posibilidad concreta de la reactivación de esta planta frigorífica. No sé si podrá absorber a la totalidad de los trabajadores que tuvo en sus momentos de mayor expansión, pero sí tenemos la certeza de que esta gente que ahora empieza a trabajar en la planta tiene asegurado el abasto interno, lo cual garantiza una absorción importante de los trabajadores que hoy se encuentran desocupados y que, obviamente, ni siquiera están acogidos al régimen de seguro de paro, por el largo tiempo que transcurrió desde que la planta cerró sus puertas.

Creemos que debe impulsarse, de cualquier manera, esta posibilidad. Cuando se presentan elementos tan claros en el sentido de que existe una colocación segura para la carne que se procese en esa industria, cuando se muestra un esfuerzo de más de 200 personas que forman esta cooperativa, que será la nueva titular de esta industria frigorífica, el hecho merece una atención especial por todo lo que significa para el departamento de San José, y para los de Florida y Canelones que están encuadrados en esta zona y, en definitiva, para el país. Es una planta industrial que se encuentra en buen estado de conservación, que no necesita nuevas inversiones, que además, está autorizada a exportar a muchas partes del mundo y por eso pienso que es realmente importante que consigamos de alguna manera su reactivación.

En función de todo lo expuesto, confiamos en que el Directorio del Banco de la República encuentre las líneas de crédito suficientes que permitan que esta planta de Moreno y Canto, del departamento de San José, pueda ponerse nuevamente en funcionamiento.

Por ello, señor Presidente, queríamos destacar esta situación, darla a publicidad, expresar, además, que esta muy cerca la posibilidad de que esta fuente de trabajo comience a funcionar y que eso depende casi exclusivamente, en este momento, de la decisión que vaya a adoptar oportunamente el Banco de la República que, reitero ha encontrado de parte de su Directorio y de sus servicios la mejor buena voluntad para solucionar este problema.

En consecuencia, señor Presidente, mociono para que la versión taquigráfica de estas breves palabras con referencia a esta industria que intenta reactivarse, sean enviadas al Banco de la República y, obviamente, a los Ministerios de Industria y Energía y de Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Lago, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase a los Ministerios de Industria y Energía, de Agricultura y Pesca y al Banco de la República.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

9) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Se establecen normas en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día.

En consideración el asunto que figura en primer término: "Discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se establecen diversas normas en materia de arrendamientos. (Carp. Nº 426/85. Rep. Nº 195/85. y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 426/85. Rep. Nº 195/85.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
De los Arrendatarios Buenos Pagadores

Artículo 1º - (Suspensión de lanzamientos). - Los lanzamientos dispuestos o que se dispongan contra arrendatarios o sub-arrendatarios buenos pagadores, de fincas destinadas a casa-habitación, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el 30 de junio de 1986.

Exceptúanse de la suspensión dispuesta en el inciso precedente los lanzamientos decretados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 24; en los artículos 33, 34 y 59; en el inciso 4º del artículo 63; en el inciso 2º del artículo 64 del Decreto-Ley N9 14.219, de 4 de julio de 1974, y en el artículo 15 de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, modificativas y concordantes.

La disposición del inciso primero del presente artículo no comprende a los arrendatarios a que se refiere la Sección 3 del Capítulo X del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, los que seguirán rigiéndose por las normas allí establecidas, con las modificaciones dispuestas en esta ley.

Art. 2º - Los arrendatarios que se hubieran acogido a la reforma del plazo de desalojo haciendo uso de la facultad acordada por el artículo 52 del Decreto-Ley número 14.219, de 4 de julio de 1974, siempre que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren al día en el pago de los alquileres y demás prestaciones que correspondan, podrán acogerse a los beneficios establecidos en el Capítulo X de dicho Decreto-Ley.

Art. 3º - (Desistimiento unilateral del contrato). Los contratos de arrendamiento con destino a casa-habitación con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y que tengan un año o más de duración a dicha fecha o lo cumplan antes del 1º de marzo de 1986, podrán ser objeto de desistimiento unilateral por parte del arrendatario siempre que el alquiler mensual no exceda de N$ 15.000, antes de operado el reajuste a efectuarse entre los meses de marzo de 1985 y febrero de 1986 inclusive.

Para ejercitar el derecho al desistimiento unilateral del contrato, el inquilino deberá estar al día, en el momento de la restitución del bien, en el pago de los alquileres devengados hasta la fecha y demás prestaciones que adeudare, o haber celebrado con el arrendador un convenio escrito de pago por el monto adeudado.

Los arrendatarios dispondrán de un plazo de sesenta días corridos a partir del siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley o, en su caso, desde el cumplimiento del año a que se refiere el inciso primero, para hacer uso del derecho al desistimiento. A tal efecto deberán comunicar su decisión al arrendador por acta notarial, telegrama colacionado u otro medio escrito fehaciente.

El desistimiento unilateral se perfeccionará con la comunicación referida en el inciso anterior, en la que deberá notificarse al arrendador la fecha de restitución de la finca, la que se hará efectiva en un plazo no inferior a treinta ni mayor a cuarenta y cinco días corridos contados desde dicha notificación.

Si e1 arrendatario no cumpliera con la restitución en la fecha convenida, el arrendador podrá solicitar el desalojo de la finca con el plazo y el procedimiento previstos en el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

CAPITULO II
Del Reajuste de los Precios

Artículo 4º - Durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 1985 y el 31 de diciembre de 1986, los reajustes anuales del alquiler (artículos 14 y 15 del Decreto-Ley número 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus modificativas), se harán efectivos en la siguiente forma:

A) En los arrendamientos con destino a casa-habitación, el reajuste será equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del respectivo índice. A los alquileres superiores a N$ 15.000 (quince mil nuevos pesos) mensuales, antes del reajuste, se les aplicará la totalidad del índice de actualización.

B) En los arrendamientos con destino a industria, comercio u otros destinos, el reajuste del alquiler será igual al 60% (sesenta por ciento) del respectivo índice. A los alquileres superiores a N$ 50.000 (cincuenta mil nuevos pesos) mensuales, antes del reajuste, se les aplicará la totalidad del índice de actualización.

C) Los reajustes de alquiler establecidos en los literales precedentes se efectuarán sobre los precios de los arrendamientos resultantes de la aplicación de los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, con independencia de los acuerdos celebrados por las partes respecto del anterior reajuste.

D) A partir del 1º de enero de 1987, se aplicará a los alquileres reajustados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1986, el 100 % (cien por ciento) del respectivo índice de reajuste.

Art. 5º - Los reajustes resultantes de lo dispuesto en el artículo anterior se harán efectivos de pleno derecho. Dichos reajustes, para los alquileres actualizados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1985, regirán a partir del 1º de enero de 1986 y no generarán derecho a devolución por parte del arrendador de lo efectivamente percibido en demasía antes de la referida fecha.

Art. 6º - Lo dispuesto en este Capítulo no regirá respecto de los contratos de arrendamiento con destino a casa-habitación, celebrados con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

CAPITULO III
Del Procedimiento de Rebaja de Alquiler

Artículo 7º - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los arrendatarios y subarrendatarios de fincas con destino a casa-habitación que hayan contratado con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, podrán ejercer, por una sola vez, la acción de rebaja del alquiler prevista en sus artículos 16 a 19 y 63. La rebaja, de resultar procedente, se aplicará a los alquileres reajustados entre el 1º de marzo de 1985 y el 31 de diciembre de 1986 y el precio resultante regirá desde la fecha de la demanda.

Art. 8º - En caso que el respectivo reajuste hubiera ocurrido antes de la vigencia de la presente ley, el plazo de noventa días establecido en el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, se computará a partir del día siguiente al de dicha vigencia y se computará por días corridos.

Art. 9º - Quedan excluidos de este beneficio:

A) Los malos pagadores, salvo los que hayan opuesto excepciones o se encuentren dentro del plazo para oponerlas y los que, habiendo caído en mora, aún no hayan sido intimados de desalojo.

B) Los arrendatarios y subarrendatarios cuyos alquileres mensuales fueran superiores a N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) a la fecha del respectivo reajuste.

C) Los arrendatarios y subarrendatarios de fincas cuyos propietarios y sus núcleos habitacionales perciban por concepto de ingresos mensuales líquidos una suma inferior a la declarada por el núcleo habitacional del arrendatario estimados durante el tiempo y en la forma previstos por los incisos 1 y 2 del artículo 19 del Decreto-Ley número 14.219, de 4 de julio de 1974.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, tampoco procederá la acción de rebaja del alquiler cuando los ingresos mensuales líquidos del propietario y su núcleo habitacional no superen las 50 U R (cincuenta unidades reajustables) estimadas en la forma establecida en el inciso precedente.

A esos efectos, dichos propietarios deberán comparecer en los autos de solicitud de rebaja de alquiler y excepcionarse formulando declaración jurada de sus ingresos, acompañando la prueba documental correspondiente mediante certificado público o notarial, o constancia privada.

En tal caso, y previo traslado al actor por el término de quince días hábiles y perentorios, su oposición se sustanciará con arreglo al procedimiento de los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil. No mediando oposición el Juez revocará por contrario imperio la providencia de suspensión de pago del aumento del alquiler y decretará la clausura de los procedimientos de rebaja de alquiler.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 63, inciso 6º, del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Art. 10. - Si los malos pagadores a que se refiere el artículo anterior no hubieran opuesto excepciones u obtenido la clausura del juicio con arreglo al artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, bastará que el actor justifique en autos que la intimación de desalojo ha quedado firme, para que el Juez revoque por contrario imperio la providencia de suspensión de pago de aumentos del alquiler y decrete la clausura de los procedimientos.

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 63. (Acción de rebaja). - La acción de rebaja de alquiler se promoverá dentro de los plazos previstos en el artículo 17. Los arrendatarios o subarrendatarios, en su caso, deberán acompañar a la demanda, declaración jurada separada y firmada por cada uno de los integrantes mayores de edad del núcleo habitacional ocupante del inmueble (artículo 19, in fine), de sus ingresos y la prueba documental correspondiente, mediante certificado público o notarial, o constancia privada. Si en el núcleo habitacional hay menores de edad que tengan ingresos, formularán por ellos su declaración jurada uno de sus padres o, en su defecto y por su orden, cualquiera de sus ascendientes directos, tutores o guardadores.

El juez, al sustanciar la demanda, decretará la suspensión del pago del aumento que sobrepase el porcentaje fijado en el artículo 16 de la presente ley, confiriendo traslado al demandado por un término de quince días hábiles y perentorios para contestar la demanda, siguiéndose, de mediar oposición, el procedimiento de los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil.

El precio del arrendamiento que resultare, regirá desde la fecha de vigencia del nuevo alquiler, fijado conforme a la presente ley.

Cuando el juez comprobare declaraciones juradas falsas de cualquiera de los integrantes del núcleo habitacional, el arrendatario o subarrendatario quedará excluido de los beneficios de esta ley, y el juez al decretarlo, declarará rescindido el contrato de arrendamiento, y dispondrá, a pedido de parte el lanzamiento inmediato, con tributos y costos.

A estos efectos tendrá facultades para apreciar elementos de juicio que demuestren que los ingresos mensuales declarados por el núcleo habitacional son manifiestamente inferiores a los que requieren los consumos mínimos efectuados mensualmente por el mismo.

El que formulare, a los efectos de la demanda a que se refiere este artículo, una declaración jurada falsa para obtener la rebaja del nuevo alquiler, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, en todos los casos en que los ingresos reales del núcleo habitacional superen en un 15 % (quince por ciento) al monto declarado en los autos respectivos, no podrá aducirse error aritmético y se dispondrá la rescisión del contrato de arrendamiento.

Los empleadores privados, sean personas físicas o jurídicas, están obligados a suministrar a sus dependientes y a los profesionales y técnicos cuyos servicios utilicen a cualquier título, constancia escrita de sus ingresos.

Ante el incumplimiento de esta obligación, el arrendatario podrá pedir al juez que ordene su cumplimiento y éste, deberá decretarlo sin más trámite, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato.

El que expidiere una constancia cuyos datos fueron falsos, en todo o en parte, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión (artículo 242 del Código Penal).

Si se tratare de fincas arrendadas con garantía de la Contaduría General de la Nación, el auto judicial que disponga la rebaja del precio del arriendo deberá ser notificado al Servicio de Garantía de Alquileres simultáneamente con el traslado de la demanda".

CAPITULO IV
Arrendatarios Deudores

Artículo 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, con la redacción dada por el artículo 16 de la presente ley, los arrendatarios con intimación de desalojo por alquileres y demás prestaciones accesorias devengadas entre los meses de marzo y diciembre de 1985, dispondrán de un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de esta ley, para efectuar el pago de las sumas que adeudaren más el 10 % (diez por ciento) de su importe por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos causídicos.

Igual beneficio podrán solicitar aquellos arrendatarios que optaren, dentro del mismo plazo por pagar los alquileres y demás prestaciones accesorias que adeudaren, en la forma siguiente:

a) Si se adeudaren hasta tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en seis cuotas con más el 30 % (treinta por ciento) de su importe por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos causídicos;

b) Si se adeudaren más de tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en doce cuotas, con más el 40 % (cuarenta por ciento) de su importe por los mismos conceptos establecidos en el literal anterior.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas e indivisibles con el pago del alquiler, quedando en suspenso el juicio mientras se paga lo adeudado. Si el inquilino se atrasare dos meses en el pago del alquiler y la cuota por atrasos, caducará el beneficio y el arrendador podrá continuar los procedimientos.

Los arrendatarios de fincas con destino a casa-habitación que hicieran uso de la facultad que les acuerdan los incisos precedentes, podrán solicitar la suspensión del lanzamiento y ejercer el derecho que les acuerda el Capítulo X del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Los arrendatarios de otros destinos que no fuere el de casa-habitación podrán solicitar la suspensión del lanzamiento por el término de un año.

Exceptúanse de los beneficios establecidos en el presente artículo los juicios promovidos por la Contaduría General de la Nación contra los malos pagadores.

Art. 13. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, facúltase a los arrendatarios y subarrendatarios cuyos alquileres fueron reajustados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1985 y respecto de los cuales no exista intimación de pago por los conceptos expresados en el artículo anterior, a pagar los alquileres y demás prestaciones accesorias de conformidad con lo que a continuación se expresa:

A) Si se adeudaren hasta tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en seis cuotas, con más el 20 % (veinte por ciento) de la suma adeudada por concepto de intereses.

B) Si se adeudaren más de tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en doce cuotas, con más el 30 % (treinta por ciento) de la suma adeudada por concepto de intereses.

Todas las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y deberán ser satisfechas indivisiblemente con el alquiler mismo.

En caso de optar por este beneficio, deberá comunicarlo al arrendador dentro del plazo de treinta días corridos siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley por acta notarial, telegrama colacionado u otro medio escrito fehaciente.

De no hacerlo en dicho plazo, caducará dicho derecho.

CAPITULO V
De las Casas de Inquilinato, Hoteles, Pensiones, Moteles y afines

Artículo 14. - Sustitúyese el artículo 113 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 113. - El artículo 307 de la Ley número 14.106, de 14 de marzo de 1974, no será aplicable a aquellos huéspedes de hoteles, pensiones, moteles, casas de inquilinato y afines que hubieran ingresado con anterioridad a que los mismos se hayan inscripto en el Registro de Hoteles, Pensiones y Afines que tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las personas comprendidas en el inciso anterior así como los huéspedes de hoteles, pensiones y afines que no se encontraren inscriptos en el Registro mencionado, o cuya inscripción fuera cancelada, serán considerados arrendatarios a todos sus efectos.

La Dirección Nacional de Turismo entregará al ocupante una constancia de la no inscripción del establecimiento en el Registro pertinente o, en su caso, de su caducidad o cancelación que lo habilitará para acreditar su calidad de arrendatario a todos sus efectos.

El alquiler mensual quedará fijado en una suma equivalente a treinta veces el importe diario del hospedaje. Regirá por un año y se modificará de conformidad con los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley número 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus disposiciones modificativas. Sin perjuicio de ello, el inquilino podrá ejercer por única vez la acción de rebaja de alquiler prevista por los artículos 16 a 19 y 63 de dicho Decreto-Ley, dentro del plazo de noventa días corridos a partir de la notificación a que se refiere el inciso anterior.

No están comprendidos en esta disposición los hoteles de categoría Lujo, Primera y Segunda A y B, de la categorización del Poder Ejecutivo establecida en el Decreto Nº 230/985, de 27 de junio de 1985".

CAPITULO VI
De los Asentamientos Marginales

Artículo 15. (Suspensión de lanzamientos). - Suspéndense hasta el 30 de junio de 1986, los lanzamientos contra los ocupantes, a cualquier título, de los asentamientos colectivos marginales ("cantegriles"), sin habilitación municipal de construcciones existentes a la fecha de vigencia de la presente ley. Contra el decreto de suspensión del lanzamiento podrá interponerse el recurso de reposición.

CAPITULO VII
Disposiciones Generales

Articulo 16. - A partir del 1º de enero de 1987, tos reajustes del alquiler de las fincas con destino a casa-habitación (artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus modificativas), se aplicarán a razón de un tercio del respectivo índice durante el primer cuatrimestre, de dos tercios durante el segundo cuatrimestre, y del cien por ciento durante el tercer cuatrimestre.

Art. 17. - Sustitúyese el artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 51. - Los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo para oponer excepciones el inquilino consignare la suma adeudada más el 40 % (cuarenta por ciento) de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos devengados. El arrendatario o subarrendatario se beneficiará una sola vez con la clausura del respectivo juicio".

Art. 18. - (Reforma de plazo). - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"Procede la reforma de los plazos señalados en la intimación si el arrendatario moroso, dentro del término acordado, consignare el importe de los arrendamientos devengados, con más el 20 % (veinte por ciento) del mismo por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos".

Art. 19. (Lanzamientos de arrendatarios inscriptos en el RAVE). - La inscripción en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia (RAVE), importará de pleno derecho, la suspensión del lanzamiento decretado hasta tanto le sea adjudicada al inquilino la ocupación de una vivienda, en venta o en arrendamiento, por parte del Banco Hipotecario del Uruguay.

El Banco Hipotecario del Uruguay podrá ofrecer un préstamo al inquilino para adquirir la vivienda que ocupa sí el propietario estuviere dispuesto a enajenarla.

El ofrecimiento se efectuará con sujeción a las siguientes bases:

1º) Que el precio sea fijado por el Banco, previa tasación que éste realizará del inmueble.

2º) Que el propietario acepte dicho precio y las condiciones en que el mismo le será pagado.

El arrendatario dispondrá de un plazo perentorio de 10 días hábiles a partir de la notificación para expresar su consentimiento. En caso de silencio o respuesta negativa, caducará automáticamente su inscripción en el RAVE y el Banco lo comunicará al Juzgado correspondiente con arreglo al artículo 91 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

La caducidad referida en el inciso precedente no operará en los casos en que el arrendatario acreditare ante el Banco Hipotecario del Uruguay no poseer los ingresos suficientes, a criterio de la Institución, para hacer uso del crédito que se le concede.

Art. 20. (Notificación a fiadores). - En todos los arrendamientos en que se hayan constituido o se constituyan garantías personales, toda vez que el arrendatario adeude el alquiler correspondiente a tres meses vencidos, los arrendadores deberán notificar esta situación a los fiadores. La notificación se efectuará mediante telegrama colacionado u otro medio auténtico, cuyo importe estará a cargo del arrendatario o del fiador en su caso. A estos efectos, el fiador deberá dejar constancia en el contrato de su domicilio real.

El arrendador no podrá accionar contra el fiador por cobro de arrendamientos mientras no acredite haber cumplido dicha obligación.

Realizada la notificación después de los diez días de vencido el plazo establecido en el inciso primero, el arrendador no podrá reclamar al fiador intereses y reajustes.

Los fiadores o codeudores de inquilinos malos pagadores podrán ejercer la acción de desalojo con el plazo y el procedimiento previstos en el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, una vez que hayan hecho efectivo el pago de lo adeudado al arrendador.

Art. 21. - Modificase el artículo 40 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 40. - Si no hubiere acción judicial iniciada por el arrendador o subarrendador, podrá el arrendatario, subarrendatario o fiador sustituir la fianza personal por la garantía del alquiler en obligaciones Hipotecarias Reajustables.

El arrendador o subarrendador no podrá oponerse a la sustitución. En caso de negativa del arrendador o subarrendador, el arrendatario, subarrendatario o fiador, seguirá los procedimientos de la obligación y consignación debiendo efectuarse esta última en el Banco Hipotecario del Uruguay."

Art. 22. (Excepciones) - Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los casos previstos en los artículos 2º, 28 y 114 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Art. 23. (Limitaciones probatorias) - A los efectos de la aplicación de los artículos 16 a 19 y 63 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, y del artículo 8º de la presente ley, no regirán en vía judicial las limitaciones probatorias establecidan en los artículos 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y 47 del Código Tributario.

Art. 24. (Registro de la Propiedad Inmueble Urbana y Suburbana) - Cométese a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, el Registro de la propiedad inmueble urbana y suburbana.

En dicho Registro deberán constar todos los informes necesarios para determinar la situación ocupacional de esos inmuebles.

Los propietarios dispondrán de un plazo de ciento veinte días para inscribir sus inmuebles. La inscripción será gratuita. Vencido dicho plazo, no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o acción judicial relacionada con inmuebles urbanos y suburbanos, si no se acredita la inscripción de los mismos en el referido Registro.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición dentro de los sesenta días de la fecha de promulgación de la ley. El presente artículo regirá a partir de los sesenta días de dictada dicha reglamentación.

Art. 25. - La Suprema Corte de Justicia dispondrá lo pertinente a fin de suministrar trimestralmente al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General el número de desalojos y acciones de rebaja promovidos ante todos los Juzgados de la República, las causales invocadas en cada caso y los lanzamientos realizados durante dicho lapso.

Art. 26. - Las disposiciones de esta ley son de orden público.

Art. 27. - Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 28. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 9 de diciembre de 1985.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Américo Ricaldoni, Senadores".

ANEXO.. 1

Carp. Nº 426/85 - Rep. 195/85.

CONCORDANCIAS DEL ANTEPROYECTO SOBRE ARRENDAMIENTOS CON EL TEXTO
APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 1º. - Similar al artículo 1º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 2º. - Similar al artículo 2º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 3º. - Similar al artículo 3º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 4º - Nuevo.

Art. 5º - Parcialmente similar al artículo 5º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 6º - Similar al artículo 7º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 7º - Parcialmente similar al artículo 8º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 8º - Similar al artículo 9º del proyecto de la Asamblea General.

Art. 9º. - Literales A) y B) similares al proyecto; literal C) es nuevo.

Art. 10. - Similar al artículo 11 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 11. - Similar al artículo 12 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 12. - Similar al artículo 13 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 13. - Similar al artículo 14 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 14. - Sustituye a los artículos 15 a 19 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 15. - Similar al artículo 20 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 16. - Nuevo.

Art. 17. - Similar al artículo 21 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 18. - Similar al artículo 22 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 19. - Similar al articulo 23 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 20. - Similar al artículo 24 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 21. - Similar al artículo 25 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 22. - Similar al articulo 26 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 23. - Similar al artículo 27 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 24. - Similar al artículo 23 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 25. - Similar al artículo 29 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 26. - Similar al artículo 30 del proyecto de la Asamblea General.

Art. 27. – Nuevo".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Mociono para que se suprima la lectura en la discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión general.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: el señor senador Aguirre y quien habla hemos sido designados miembros informantes de este proyecto de ley y entre ambos habremos de repartirnos la tarea de realizar una descripción general del alcance de nuestra labor durante una infinidad de sesiones que insumieron muchas horas de trabajo realmente complejo en el que -como suele suceder en estas circunstancias- todos hemos contrapuesto, en una primera instancia, nuestros puntos de vista y, en definitiva, hemos llegado a lo que me parece es una fórmula razonable y equilibrada que contempla todos los factores que estaban implícitos en el nombramiento de esta Comisión Bicameral de alquileres.

En definitiva, señor Presidente, de lo que se trataba -por lo menos en los aspectos esenciales del tema de los alquileres- era, por una parte, de mantener la preocupación general compartida por todos los sectores políticos respecto de la incidencia de los reajustes durante los últimos tiempos, y por otra, dado el hecho del mantenimiento del veto por la Asamblea General al anterior proyecto, de acomodar la nueva fórmula que proponemos a este Cuerpo a aquellos límites dentro de los cuales debió circunscribirse la labor, a los efectos de eliminar por lo menos aquellas objeciones esenciales emergentes del veto del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, señor Presidente, vale la pena recordar, aunque sea muy sucintamente, que en el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo a este Parlamento con fecha 11 de octubre próximo pasado, se hacían objeciones tanto desde el punto de vista de la conveniencia como de la inconstitucionalidad de diversas normas contenidas en el proyecto.

Creo que lo esencial de ese veto se puede resumir señalando, en cuanto a las inconveniencias, que tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores que participamos en la discusión de este proyecto, ya sea en las Cámaras respectivas o en la Asamblea General, consideramos injusta la falta de alguna norma que contemplara la situación de los pequeños propietarios.

En ese sentido, el Mensaje del Poder Ejecutivo decía que la ausencia de una norma al respecto en una ley de excepción, pasa por alto que el pequeño propietario no especula con las rentas sino que las utiliza como legítimo medio de subsistencia.

También dentro de lo que se consideraba inconveniente en dicho Mensaje, se hacía mención al estrecha miento que, a juicio del Poder Ejecutivo, tendría en la oferta de viviendas, una ley con los alcances de aquella que había sido observada.

En cuanto a las inconstitucionalidades, también objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo, se hacia referencia a artículos que clausuraban procedimientos en desconocimiento de la cosa juzgada y al hecho de disponerse pagos retroactivos en la contratación privada, porque ello vulneraba el derecho de propiedad.

Había otras consideraciones en dicho Mensaje -tal vez algunas menos compartibles que las recientemente señaladas- cuyo estudio, abordó la Comisión, como decía hace unos instantes.

Se que en estas circunstancias suele hacerse una referencia casi obligada, que entronca con lo que son lugares comunes carentes de contenido, resaltando el mérito de la labor de los miembros de Comisiones que trabajan en temas tan complicados como estos.

No obstante, creo que es de estricta justicia señalar -aclaro que tuve la honra de ser designado por los demás integrantes como su Presidente, excluyéndome, por diversas razones, de lo que voy a expresar a continuación- el espíritu de recíproca comprensión, de respeto y buena voluntad permanentemente puestas de manifiesto por todos para buscar, más allá de los distintos altibajos que estas negociaciones tienen, una fórmula, la que finalmente se ha encontrado. Por supuesto, no creo que ella, tal como ha sucedido en la legislación de alquileres, satisfaga a todos los miembros de la Comisión, en lo que hace a su articulado, pero sin duda significa una apreciable mejora respecto del texto vetado.

Es por estas razones que la Comisión entiende haber superado las objeciones a las que acabo de hacer mención.

Podríamos empezar por las que tienen que ver con los llamados pequeños propietarios.

Los señores senadores podrán detenerse en el literal C) del artículo 9º del proyecto, en donde se establece que la llamada acción de rebaja del alquiler, que se podrá ejercer por una sola vez durante el año 1986, no puede prosperar cuando se den o bien ingresos menores del propietario de la finca arrendada o un ingreso menor a 50 Unidades Reajustables de dicho propietario respecto de las relaciones arrendaticias. En esos casos, la acción de rebaja no corresponde, quedando contemplada -y esto hay que decirlo claramente- la situación del pequeño propietario.

En cuanto al estrechamiento invocado por el Poder Ejecutivo de la oferta de viviendas, hemos hallado en la Comisión una fórmula que figura en el artículo 16, por la que, terminado el periodo de excepción, que se extenderá desde el 1º de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, a partir del año siguiente, es decir, 1987, volviéndose al régimen de aplicación del 100 % del índice de los correspondientes reajustes, los mismos atenuarán su impacto en las economías de los inquilinos, por cuanto se irán aplicando a razón de una tercera parte del reajuste en el primer cuatrimestre, de otra tercera parte en el segundo y del tercio restante en el último. Esto es lo que hemos dado en llamar en la Comisión, sistema de aumento escalonado del índice de reajuste.

Con respecto a las inconstitucionalidades señaladas por el Poder Ejecutivo y sobre las que considero que será de mucho mayor interés escuchar lo que expresará el otro miembro informante, señor senador Aguirre, dada su incuestionable versación en la materia, digo telegráficamente que se han eliminado aquellas disposiciones que suponían, por una parte, la clausura de los procedimentos, tal como se puede comprobar con la lectura del proyecto, y, por otro lado, según el artículo 5º del proyecto que presentamos a consideración del Senado, los pagos retroactivos que estaban establecidos en el proyecto oportunamente vetado por el Poder Ejecutivo.

En lo que hace a las demás normas, éstas no merecen, a juicio de este miembro informante que no desea ser excesivamente tedioso, en la discusión general, mayores comentarios, porque en definitiva recoge soluciones contenidas en el proyecto anterior objetado por el Poder Ejecutivo.

Además, tengo que señalar que es difícil, a 48 horas de haber finalizado el estudio de un proyecto de alternativa, esbozar un juicio crítico y de valor lo suficientemente objetivo como para poder tener una alta dosis de seguridad en cuanto a lo que se pueda opinar de este texto que estamos considerando. Naturalmente, no nos alcanza el tiempo, a aquellos, que hemos trabajado en esta Comisión bicameral, estas escasas cuarenta y ocho horas para tener, quizás, la perspectiva que dan los días, las semanas y, por qué no, el descanso que sigue a la obsesión por la búsqueda de fórmulas destinadas a solucionar los problemas existentes.

Quizá una de las virtudes del proyecto es que, alternativamente, pueda ser utilizado a efectos de señalar que en alguna medida puede significar la consagración de una tesis inquilinista, usando en otra forma la exhibición de los artículos incorporados al proyecto, en triunfo, por el contrario de la llamada tesis propietarista.

Naturalmente que lo de inquilinismo o propietarismo, en lo que tiene que ver con esta ley es una simplificación que no refleja en modo alguno lo que es el sentido, el alcance y la pretensión de este proyecto.

Somos conscientes de que diversas circunstancias impiden al Parlamento en las condiciones actuales tener una postura definitiva respecto de lo que debe ser el orden jurídico a aplicar en el futuro a la ley de alquileres. En consecuencia, los miembros de esa Comisión Bicameral hemos acordado -cada uno a su turno; en el caso del Partido Colorado, el señor representante Cantón y quien habla- señalar el interés, el propósito y el deseo de los cuatro partidos políticos aquí representados, de abordar en el correr del próximo año la creación de aquellas Comisiones que se entiendan necesarias, o utilizando las permanentes, a efectos de llevar a cabo un análisis serio, no apremiado por las circunstancias ni por los plazos o por las convulsiones sociales, de lo que realmente precisa el ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, quiero ser muy preciso en mis explicaciones de este fundamento de compromiso que estoy asumiendo, en nombre de los legisladores del Partido Colorado.

Nosotros entendemos que estas normas, entre las cuales figuran algunas que apuntan a saber qué está pasando realmente en materia de alquileres -como por ejemplo aquéllas que imponen a la Corte la tarea de suministrar información periódica al Poder Ejecutivo y al Parlamento de la situación en materia de alquileres, o las que consagran un Registro de la propiedad Inmueble para determinar las características con las que se está operando la relación arrendaticia -son las que, con el correr de los meses, habrán de darnos los datos imprescindibles para saber qué realidad tenemos y si ella justifica determinadas reformas al sistema vigente; en caso afirmativo, cuál sería la dimensión, la profundidad y el número de dichas reformas.

Creo que esa tarea habrá que emprenderla necesariamente, porque no hay nada peor que legislar, por una parte con el apremio del tiempo y de la conmoción en amplios sectores sociales; y, por otra -como en el caso, por lo menos, del que habla- sin tener una convicción absoluta respecto de la verdadera realidad en que están insertas las relaciones de arrendamiento.

Finalmente, señor Presidente, quiero señalar que esta ley tiene un alcance que quizás corresponda precisar en forma más o menos abreviada. Creo recordar que ya manifesté algo a este respecto cuando fue considerado este tema en la Asamblea General.

En primer lugar, no todas las relaciones de arrendamiento ni todos los arrendatarios estarán comprendidos por esta ley, porque subsisten las excepciones establecidas en el Decreto-Ley Nº 14 219, concretamente en los artículos 24 -numerales 1, 3 y 4 - 33, 34; parágrafo cuarto del artículo 63 y artículo 15 de la Ley Nº 9.624. En lo que tiene que ver con los desalojos y las normas relativas a los precios, están también excluidos de esta normativa de emergencia los alquileres para casa-habitación que antes del correspondiente reajuste superen los nuevos pesos 15.000 mensuales y los alquileres para industria, comercio, u otros destinos, que antes de dicho reajuste excedan los N$ 50.000.

Ya hemos dicho también que quienes acrediten la llamada "condición de pequeños propietarios", con arreglo al literal C) del artículo 9º de este proyecto de ley, podrán obtener que las fincas que han dado en arrendamiento escapen a las previsiones que el mismo contiene.

Lo mismo sucede con los contratos anteriores a la vigencia del Decreto-Ley Nº 14.219, que también están excluidos de esta ley; asimismo los llamados "malos pagadores", obviamente; y, por último, aquellas excepciones vinculadas con los artículos 2º, 28 y 114 del Decreto-Ley Nº 14.219.

Los artículos 2º y 28 tienen que ver con el llamado "régimen de libre contratación", asegurado tanto por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.219, como por el artículo 101 de la Ley Nº 13.659, del 2 de junio de 1968. Estas disposiciones garantizan dicho régimen de libre contratación bajo responsabilidad de daños y perjuicios por acto legislativo, por un lapso de 20 años.

En cuanto al artículo 114 a que hemos hecho referencia, es el que tiene que ver con una serie de situaciones que nunca se han entendido como merecedoras del amparo legal, en las que se encuentran, por ejemplo, los bancos e instituciones de crédito, -sea cual sea su denominación u objeto, sus sucursales o agencias- "las casas de bailes públicos, cabarets, dancings, boites, whiskerías o dedicadas a las mismas actividades cualquiera fuera su designación", etcétera.

Todo ello se debe a que consideramos que esta ley debe apuntar a la protección de los sectores sociales más necesitados.

En definitiva -y termino, señor Presidente- este proyecto de ley, que sin duda es perfectible, parece ser el máximo marco de un acuerdo o transacción entre los partidos políticos, así como también para las aspiraciones de algunos sectores que se han expresado en el Parlamento en oportunidad anterior en relación a las tachas de inconstitucionalidad -que algunos hemos compartido y otros no- que dieron mérito al veto del Poder Ejecutivo.

Creo que el análisis concreto de las normas incorporadas como novedad en este texto y que figuran adecuadamente referidas en la tabla de correspondencias incluida en el repartido, permitirá que los miembros informantes podamos efectuar las aclaraciones destinadas a esclarecer el sentido de algunas normas que quizás, en una primera lectura, no resulten claras para los señores legisladores y que para nosotros -lo cual no deja de constituir un riesgo- sí tienen un sentido inequívoco.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - No quiero cansar al Cuerpo extendiendo las consideraciones que merece en general este proyecto de ley, después del informe exhaustivo y brillante brindado por el señor senador Ricaldoni.

De todos modos, deseo agregar algunas consideraciones insistiendo en lo que él ha expresado respecto al trabajoso acuerdo logrado en la Comisión, con el respaldo de todos los partidos políticos.

En lo que tiene que ver con el Partido Nacional, debo decir que sus dos representantes -el señor legislador Porras y quien habla- han suscrito este proyecto de ley, si bien el hecho de que haya ingresado por el Senado inhabilitó al señor representante Porras para firmarlo.

El Partido Nacional, naturalmente cediendo en algunos postulados contenidos en el proyecto vetado que, en su momento, habían merecido su aprobación, está ahora íntegramente de acuerdo con el texto de este proyecto de ley. Considero -como creo también lo consideran todos los miembros de esta Comisión- que mejor es un proyecto de ley con salvedades y objeciones -pero que dé finalmente un marco legal a las relaciones entre arrendatarios y propietarios , ya que estos habían estado esperando la sanción de la ley durante todo el correr del año- que la inexistencia de una regulación legal reclamada por amplios sectores de la sociedad.

Además, como ha expresado el señor senador Ricaldoni, es evidente que este proyecto de ley cuenta con el respaldo de los tres sectores políticos representados en el Senado, por cuanto todos los integrantes de la Comisión por los distintos partidos estuvimos de acuerdo con él.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Aún a riesgo de cortar la intervención del señor senador Aguirre, debo señalar que en lo que respecta al apoyo del Partido Nacional a este proyecto de ley, algunos señores senadores integrantes de dicho partido tienen discrepancias con su texto. No ha habido una decisión de bancada en relación al mismo, y en lo que respecta a nosotros, expresaremos esa discrepancia en el momento de votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Por supuesto, acepto la precisión del señor senador Lacalle Herrera, porque cuando manifesté que el proyecto de ley contaba con el respaldo del Partido Nacional fue en el entendido de que se trataba de quienes habíamos sido designados para representarlo en la Comisión. Pero este no es un asunto declarado político y, por lo tanto, estas manifestaciones no obligan a ningún señor senador a apoyarlo.

Quienes representamos a todos los sectores políticos que toman asiento en el Senado -y lamento que por razones de salud, que espero desaparezcan prontamente, no esté presente el señor senador Araújo- estuvimos contestes en que ésta era una solución ecléctica, que armonizaba con los puntos de vista existentes en la materia y permitía salir de ese largo proceso que insumió la sanción de un proyecto de ley relativo a alquileres. Quizás este proyecto no satisfaga todos los puntos de vista en su integridad pero, en nuestra opinión, representa una armónica consagración de los criterios generales que se han sustentado por todos los partidos.

En lo que me es personal yo, que hice algunas objeciones al proyecto de ley aprobado por la Asamblea General y que firmé el informe respectivo con salvedades, debo decir que este proyecto es más equilibrado y mejor -aunque se haya desmejorado en algún aspecto- que el que sancionara en su oportunidad la Asamblea General.

Respecto a las objeciones de constitucionalidad que había formulado en su Mensaje el Poder Ejecutivo, y dado que el señor senador Ricaldoni ha manifestado que yo iba a hacer algunas referencias al respecto, debo decir que la Comisión aceptó tres de las tachas de inconstitucionalidad: las referentes a los artículos 2º, 6º y 13 del proyecto sancionado por la Asamblea General.

Los artículos 2º y 13 habían sido objetados de inconstitucionalidad -por las mismas razones que mencioné en la Asamblea General- por el Poder Ejecutivo, por entender que desconocían decisiones firmes de los jueces. Esto es que, violando la separación de Poderes, enervaba los efectos de decisiones del Poder Judicial adoptadas en el ámbito de su competencia.

Estas objeciones han sido superadas por cuanto las disposiciones han sido modificadas. Con relación al artículo 2º, se ha vuelto al texto que había aprobado el Senado. En lo que tiene que ver con el artículo 13, se ha modificado el texto de modo tal de hacer desaparecer esa incidencia sobre sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada. En cuanto al artículo 6º, que consagraba inequívocamente una retroactividad -ya que obligaba a los propietarios a devolver diferencias percibidas en más respecto de la rebaja de los índices de reajuste- puedo señalar que ésta ha sido suprimida del proyecto, yéndose a un sistema distinto que, evidentemente, elimina todo tipo de retroactividad.

Desde este punto de vista, las objeciones a esas normas, que eran consideradas inconstitucionales, han desaparecido; y las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo han sido satisfechas.

El Poder Ejecutivo había objetado también de inconstitucionales los artículos 21 y 22. Con referencia a estas disposiciones, debemos señalar que por unanimidad de los miembros de la Comisión, se entendió que ellas no eran pertinentes. Como se recordará, estos artículos se referían a modificaciones de dos disposiciones de la legislación permanente, es decir, los artículos 51 y 52 del Decreto-Ley Nº 14.219. El artículo 51 de este Decreto-Ley es el que permite obtener la clausura de1 juicio cuando dentro del plazo para oponer excepciones, el demandado consigna la suma adeudada más un tanto por ciento, que dicha norma fijaba en un 60%.

En el proyecto aprobado por la Asamblea General, esta idemnización se había rebajado a un 40%. Quiere decir que no se introducía ninguna modificación conceptual en una norma que ya se encontraba vigente y que, en los diez años en que venía rigiendo en el proceso de desalojo, nadie la había tachado jamás de inconstitucional.

En cuanto al artículo 52, establecía el instituto llamado de la reforma de plazo. La única modificación que se consagraba en el proyecto de ley sancionado por la Asamblea General en este artículo 22, era establecer una indemnización, que antes quedaba al arbitrio del juez, en un 20% fijo.

En la Asamblea General, señor Presidente, en oportunidad de considerarse el veto, los señores legisladores Ricaldoni y Pasquet -en mi concepto, con razones claras y enteramente compartibles- habían expresado su discrepancia con esta objeción de constitucionalidad del Poder Ejecutivo.

El señor Presidente, en conversaciones informales, nos ha expresado su concordancia con ese criterio, es decir, con la opinión de que los artículos 21 y 22 del proyecto aprobado por la Asamblea General, no eran inconstitucionales y se limitaban a introducir pequeñas modificaciones sobre disposiciones que ya estaban vigentes. Reitero que ellas nunca habían sido tachadas de inconstitucionales.

Por esta razón, señor Presidente, por la unanimidad de la Comisión se entendió que estas objeciones no eran procedentes y, por consiguiente, los artículos 21 y 22 del proyecto sancionado por la Asamblea General -si bien con otra numeración- han sido mantenidos en el proyecto.

Señor Presidente: no quiero cansar al Cuerpo. Reitero que el señor senador Ricaldoni, como miembro informante, ha dado una amplia y precisa información sobre las razones que han llevado a la Comisión Bicameral a elevar este proyecto de ley que, en lo formal, hemos suscrito los miembros informantes con el señor senador Batalla.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: el tema a que está abocado el Senado en el día de hoy debe ser, en nuestra opinión, objeto de un examen ajustado a las consecuencias del largo trámite que ha sobrellevado.

A esta altura del año, cuando el Senado está abocado a la consideración de un buen número de temas -cada uno de ellos complejo y de urgente resolución- parece necesario que procuremos ahorrar la máxima proporción posible de su siempre valioso tiempo. Por ello no vamos a reiterar elementos que ya han sido manejados en el curso del largo trámite que este tema ha tenido.

En efecto, el proyecto elaborado ahora por un grupo de trabajo bicameral es la conclusión de un proceso que prácticamente se inició hace quince meses, porque en realidad, la casi totalidad de los sectores políticos que actúan en el país reconoció la necesidad de aprobar normas de emergencias en lo relativo al régimen de arrendamientos urbanos.

Como no podía ser de otra manera, entonces, y dando respuesta a hechos contundentes que nos marcaba la realidad del mercado de arrendamientos, atendiendo asimismo la demanda de los sectores de arrendatarios más modestos perjudicados por una legislación absolutamente injusta que impuso el régimen de libre contratación -y que inició además el proceso de imposición del neoliberalismo económico en nuestro país- se acordó ya, por parte de los sectores que actuaban en la CONAPRO, el 12 de febrero de este año, aprobar una ley de emergencia de alquileres y luego abocarse al estudio de un nuevo proyecto de ley de fondo.

En octubre de 1984, a ese nivel de CONAPRO se había hecho ya todo un diagnóstico de la difícil situación por la que pasaban, naturalmente, los arrendatarios más modestos como consecuencia de la caída del salario, de las pasividades y de la situación del mercado de arrendamientos, fundamentalmente por el desquicio que creó el régimen de libre contratación.

Se constató además por representantes de los cuatro partidos políticos existentes en el país -si no por su unanimidad, por lo menos en dos de los cuatro casos por su visible mayoría- la desproporcionada afectación de ingresos para el pago del alquiler, así como el incremento de los casos de desalojos y lanzamientos. Este diagnóstico se mantiene en vigor absoluto, incluso se ha profundizado. Es indudable que en el mercado libre de arrendamientos hay una distorsión tremenda de precios, lo que ha determinado que desde octubre de 1984 a la fecha -de acuerdo con datos de inmobiliarias diversas- los alquileres se hayan incrementado en un 130% en moneda constante, es decir casi el doble del incremento del costo de vida en el mismo período.

El salario real y también las pasividades -no discutamos ahora si los primeros tuvieron o no alguna recuperación, porque es un tema notoriamente controvertido- tenga razón quien la tenga a ese respecto, no han compensado estos pronunciados aumentos en el mercado libre de los alquileres.

Por otra parte, compañeros de nuestra organización política han demostrado, en sucesivas oportunidades, que a lo largo de la última década, los alquileres han subido el doble que la inflación, mientras que en ese mismo lapso el salario real disminuyó en aproximadamente un 50%. Es totalmente lógico que pueda afirmarse con datos de muestreos estadísticos, que los arrendatarios, promedialmente, han aumentado en un 400 % su afectación de ingresos para el pago de los alquileres.

Todo esto justifica el alto número de desalojos contra pagadores morosos y la necesidad de encontrar una solución al endeudamiento de los arrendatarios. Y ello justifica, también, por qué en nuestra opinión, debió incluirse un capítulo especial para atender la problemática de los malos pagadores.

Agrego, señor Presidente, que siendo absolutamente necesario encontrar una solución a este problema como así también al de los ocupantes de los que no denominan eufemísticamente "asentamientos marginales" -los que popularmente se conocen como "cantegriles"- es imperativo que se legisle en la materia.

Señor Presidente: fundamentalmente quiero señalar que ya en oportunidad de la discusión que hubo en la Cámara de Representantes, después en la de Senadores, compañeros de nuestro sector expresaron las líneas generales de nuestro pensamiento a este respecto y no vamos a insistir en ello.

Particularmente, cuando la Asamblea General analizó el contenido del veto, que desde nuestro punto de vista opuso el Poder Ejecutivo de modo injusto, los compañeros, señor senador Araújo y señor representante Cassina, fundamentalmente, expresaron, en nuestro concepto con precisión y justeza, puntos de vista que ponen de manifiesto nuestra posición con respecto a este problema.

En este momento, entonces, nos encontramos con un proyecto de transacción -como ha sido llamado- en torno al cual, en términos generales se ha logrado un acuerdo del que participaron también con intensidad e iniciativa nuestros compañeros de sector, el señor representante Cassina hasta último momento y el señor senador Araújo mientras su salud se lo permitió.

Creemos que el proyecto puesto a consideración del Senado responde, en lo esencial, al acuerdo que en su oportunidad suscribimos en el seno de la CONAPRO, junto con los representantes de los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica. Los temas fundamentales que fueron objeto de dicho Acuerdo están aquí presentes, solucionados -es cierto- con mecánicas que no se ajustan de modo estricto a las pautas acordadas, pero que cumplen en importante medida con los propósitos con que habíamos actuado ya en aquel momento.

En efecto, nos hemos propuesto, junto con los representantes de las otras fuerzas políticas que actuaron en el tema, en primer lugar, lograr un abatimiento sensible de los altos reajustes que se venían produciendo y que se fueron incrementando en el tiempo, y había que determinar mecanismos adecuados para tal fin. En segundo lugar, nos habíamos propuesto resolver el problema del endeudamiento de los inquilinos, posibilitando la estabilidad de los mismos y una refinanciación de sus deudas, refinanciación ésta accesible para que el inquilino pudiera cumplir y no que fuera simplemente formal, que significara un progreso escrito, pero en los hechos ineficaz. En tercer término, nos propusimos encontrar soluciones al problema de los ocupantes de pensiones clandestinas y de cantegriles; y, en cuarto lugar, hallar solución al problema de los inquilinos buenos pagadores, tanto inscriptos en el RAVE como aquellos marginados de este sistema.

En los hechos hemos mostrado claramente nuestro espíritu y voluntad concertantes en el estudio del tema, actuando con una posición flexible -que mantuvimos en etapas posteriores sin hacer concesiones en los elementos básicos, pero manejando propuestas alternativas que posibilitaran la obtención de un consenso sin apartarnos de estos lineamientos fundamentales a que hemos hecho referencia.

Es así que en todas las instancias legislativas, tanto en la Cámara de Representantes, como en la de Senadores, en la Asamblea General, y luego en este grupo de trabajo bicameral, que actuó en última instancia, hemos sido activos partícipes para elaborar un proyecto de consenso, como lo fue el sancionado por la Asamblea General y luego vetado. Hemos reclamado la constitución de este grupo de trabajo bicameral cuando habían pasado días sin que fuera convocado.

Ahora, señor Presidente, frente a la propuesta -que entendimos muy limitada en su contenido- de un proyecto elaborado por la bancada del Partido Colorado, junto con las bancadas del Partido Nacional y de la Unión Cívica hemos vuelto a colaborar con propuestas flexibles a los efectos de elaborar un proyecto que, en definitiva, refleja, desde nuestro punto de vista, en casi todo lo fundamental, el que inicialmente había sancionado el Parlamento, admitiendo, como es obvio, para que pueda ser aprobado, adecuaciones inevitables con el propósito de llegar a un entendimiento con los legisladores que componen la bancada del Partido Colorado. Reunido pues este grupo de trabajo, con el esfuerzo de todos sus integrantes, -y queremos destacar el ahínco especial puesto en el curso de esta actividad, con reflexión, postulando el criterio de que trabajando de ese modo era posible llegar a una solución concertada- en definitiva se ha arribado a un proyecto que vamos a votar en general, sin perjuicio de que en su oportunidad formulemos algunas observaciones.

La actitud que asume en este momento la bancada del Frente Amplio tiene una constancia lógica desde que el proyecto que está en este momento a nuestra consideración responde, reitero, en lo fundamental a los criterios que sostenía el proyecto aprobado en la Asamblea General con los votos procedentes de los cuatro Lemas presentes en la oportunidad. Dicho proyecto tiene rectificaciones que lo limitan en nuestro concepto, implican algunos retrocesos pero no alteran su espíritu fundamental Por lo tanto mantendremos nuestro apoyo en cuanto conserva el sentido tutelador, fundamental para los inquilinos más modestos que, en nuestra opinión debe tener esta ley de emergencia.

Hemos hecho referencia a algunas salvedades que formularemos con detalle en el curso de la discusión particular, ya sea por nuestro intermedio o por el de otro compañero de nuestro sector y que tiene relación, fundamentalmente, con el literal C) del artículo 9º. Por una serie de consideraciones que en su oportunidad expresaremos entendemos que una modificación de este literal C) representaría darle un contenido social mucho mayor y más significativo al conjunto de la ley.

Por las razones que hemos expuesto sintéticamente, señor Presidente, remitiéndonos a todo lo actuado por nuestros compañeros en el transcurso de los debates planteados primero en la Cámara de Representantes, luego en el Senado y finalmente en la Asamblea General -que ratificamos plenamente- vamos a dar nuestro apoyo en general a este proyecto y en particular a los artículos que contiene, con excepción del literal C) del artículo 9º. En este caso, inclusive, en aras de nuestra posición, flexible y concertante, este literal C) puede limitarse a su primer párrafo e insistimos en la supresión del resto que, en nuestro concepto, representa un elemento realmente negativo dentro de un proyecto que, por lo demás, estamos dispuestos a apoyar en sus lineamientos generales.

Nada más.

10) COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CUERPO

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: teniendo en cuenta que en estos días vence él período legislativo, solicito autorización al Cuerpo para que las Comisiones, tanto las especiales como las permanentes, continúen funcionando por lo menos hasta el 31 de diciembre.

Hay varias Comisiones que tienen asuntos pendientes de resolución y me ha parecido que darle la facultad, a todas, aunque haya alguna que no los tenga ni necesite reunirse, no estorba.

En consecuencia, formulo moción, concretamente, para que se autorice a las Comisiones del Senado -a todas- a continuar sesionando hasta el 31 de diciembre.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Se establecen normas en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del proyecto de ley sobre arrendamientos urbanos.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Muy brevemente, señor Presidente -y lo digo para tranquilidad del Senado- deseo hacer algunas consideraciones en relación con el proyecto de ley que está a estudio del Cuerpo, el que, como es notorio, ha sido estructurado por una Comisión Bicameral compuesta por representantes de tres de los distintos partidos políticos: Colorado, Nacional y Frente Amplio.

Se trata de un verdadero proyecto transaccional, por cuanto es evidente que constituye el resumen o la consecuencia de las recíprocas concesiones que esos representantes fueron haciendo en relación a las posiciones muy conocidas de cada una de las colectividades políticas de que forman parte.

En lo que tiene que ver con la Unión Colorada y Batllista, debo decir que hemos estado brillantemente representados por el señor legislador Cantón y en lo que dice relación con el Partido Colorado por este legislador y por nuestro querido amigo el señor senador Ricaldoni. En cuanto a los demás miembros de esa Comisión debe ponerse de manifiesto el amplio espíritu de comprensión mutua, de colaboración y de trabajo ahincado y permanente que escribieron y llevaron adelante todos ellos, sin distinción ni discriminación de ninguna naturaleza, para darle al país esta ley cuya consagración y concreción han sido postergadas durante tanto tiempo.

La bancada colorada sostuvo de manera coherente, a lo largo de todo el trámite parlamentario de este proyecto, como es notorio, tanto en el Senado, como antes en la Cámara de Representantes y posteriormente en la Asamblea General, que la ley no debía ser retroactiva, no sólo por razones jurídicas, sino también porque ello encerraba la injusticia, que, sin ninguna duda, representaba para los propietarios el que quedaran sujetos a devoluciones y, con esos efectos, estaban condenados a las mismas.

La tesis de nuestro partido ha quedado consagrada, dado que las disposiciones contenidas en el proyecto no tendrán efecto retroactivo, no habrá devoluciones de alquileres percibidos desde el mes de marzo al de diciembre de 1985. Los inquilinos de casa-habitación, con alquileres de hasta N$ 15.000 mensuales que los hayan reajustado desde marzo a diciembre de este año, tendrán un abatimiento en su alquiler del 50% que regirá desde el 1º de enero de 1986. Estoy diciendo estas cosas que parecen sabidas y que, por otra parte, son conocidas, porque en este proyecto, sin duda, se ha establecido uno de los puntos de vista de la bancada colorada que es necesario enfatizar y poner de relieve de manera expresa. En primer lugar, se encuentra lo que ya dijimos, que es la no retroactividad. Fue una posición muy firme, muy clara, ardorosamente sostenida por la bancada del Partido Colorado, la que finalmente fue comprendida por los representantes de los otros sectores políticos que integraban esa Comisión. Repito que no hay retroactividad en ningún caso. Entonces, esto rige para los reajustes generados a partir de marzo del corriente año inclusive, pero con vigor efectivo desde el 1º de enero de 1986, tanto para casa-habitación como para los demás destinos, a la luz de lo dispuesto por el artículo 5º del proyecto en examen.

Lo que llega profundamente a los integrantes de la bancada de la Unión Colorada y Batllista es que se ha cristalizado la figura del modesto propietario que nosotros defendimos con calor y convicción, primero en la Cámara de Representantes, luego en el Senado y por último en la Asamblea General a través de una detallada intervención del señor representante Cantón, quien defendió esta posición en forma exhaustiva y con verdadero conocimiento del tema que se estaba considerando. Esa cristalización del propósito que nos movía, ahora determina que hagamos uso de la palabra en esta discusión general para apoyar este proyecto -naturalmente, en nombre de nuestro sector- que protege la figura del modesto propietario bajo dos formas de amparo. Por un lado, con respecto al núcleo habitacional del propietario, cuando los ingresos no superen las 50 Unidades Reajustables o su equivalente, lo determinará que la acción de rebaja establecida en el propio proyecto de ley, quede enervada y, además, la otra figura importante que se incorpora a las disposiciones de este proyecto, que, es, precisamente, que cuando los ingresos promedio mensuales del propietario-arrendador y de su núcleo habitacional sean inferiores a los del inquilino, en ese caso se enerva también la acción de rebaja. Pero éste no queda desamparado. Es otra de las consecuencias de estas disposiciones justicieras del proyecto de ley, porque, el arrendatario, tendrá el abatimiento del 50 % de los reajustes que correspondan de acuerdo a la fecha de cada una de las oportunidades en que deba procederse de esa manera.

Después de 1987 y a partir de enero de ese año, luego de lo que puede considerarse el lapso de emergencia, entran a regir reajustes cuatrimestrales para las fincas destinadas a casa-habitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del proyecto que estamos considerando. Estos reajustes, que en la mayor parte de los casos y sobre todo para los inquilinos de modestos recursos, se transforman en una montaña difícil de escalar, -valga esta metáfora que más que eso es un lugar común- de esta manera constituye un elemento más fácil de absorber, por cuanto paga en el primer cuatrimestre un tercio de ese reajuste, otro tercio en el siguiente y, por último, en el tercer cuatrimestre, paga el 100% del reajuste.

Para industria y comercio, el abatimiento alcanza al 40% del índice de reajuste para todos los alquileres de hasta N$ 50.000 mensuales, con lo que la rebaja del reajuste se opera en un 60 % del respectivo índice.

Estos son, a grandes rasgos, los parámetros en los que se mueve este proyecto de ley y las justas conclusiones a que los señores legisladores que integraron la Comisión han llegado, con nuestro beneplácito en éste y en otros aspectos que, naturalmente, no vamos a mencionar ahora, sino que nos referiremos a ellos, en la medida en que sea prudente y conveniente, en la discusión particular.

El panorama general de este proyecto de ley ha sido expuesto con énfasis, pormenorizadamente y en forma brillante, primero por el señor senador Ricaldoni y después por el señor senador Aguirre. Por lo tanto, es poco lo que resta agregar en este aspecto, Me refiero a ellos, particularmente, dejando de lado la exposición que a nombre de su sector hizo el señor senador Rodríguez Camusso, que para mí merece los mismos adjetivos, porque se trata de los dos miembros informantes.

Considero que esas exposiciones han sido muy elocuentes y provechosas, en la medida en que han demostrado un beneplácito general respecto de esta normativa tan sensible para la vida del país. Se trata de un asunto muy antiguo, que nace aún antes de una de las primeras leyes que reguló esta materia. Me refiero a la Ley Nº 8153, de 16 de diciembre de 1927. Tuvo ella un sentido orgánico en materia de arrendamientos y desalojos, para expresar en síntesis, digamos, el título de la misma. Pero resulta que después comenzaron las sucesivas prórrogas y el gran vía crucis de los arrendamientos empieza en 1943, que puede decirse que es la fecha en la que se genera esta problemática. En consecuencia desde hace más de 40 años, estamos con el sistema de las prórrogas y algunas leyes que han pretendido normatizar de manera permanente, no han logrado hacerlo, en esta temática tan especial como lo es la de los arrendamientos y la de las relaciones entre inquilinos y propietarios. De alguna forma, aun con el mejor propósito, han tenido que transformarse, posteriormente en fuentes de conflictos y han sido objeto de prórrogas, de aclaraciones, de ampliaciones y rectificaciones de todo o parte de las disposiciones que conforman el texto legal.

Las fórmulas que aquí se estructuran, en lo que dice relación con la manera de pagar los reajustes y con otras normas que la Comisión ha ideado, en nuestro concepto con muy buen criterio, pueden parecer complicadas, pero, en realidad, no lo son. Ellas tienden a dar una mejor aplicación, con un más fácil alcance, y sobre todo tratan de mantener el debido equilibrio entre los derechos, la protección de éstos y las obligaciones en relación con los inquilinos y con los propietarios.

Nosotros expresamos en algunas oportunidades, en discursos pronunciados en el Senado y en la Asamblea General, así como nuestros compañeros de bancada en la Cámara de Representantes, que el propósito del sector que integro era de que este proyecto de ley mantuviera ese rumbo sin inclinarse a un lado u otro, ni a babor ni a estribor, para emplear un término que le es muy grato al señor senador Lacalle Herrera. El señor senador Aguirre me pregunta algo, pero creo que sería entrar a una especialización demasiado pormenorizada. Nosotros pretendemos -y este proyecto lo consigue- mantener un equilibrio entre propietario e inquilino.

Cuando se incorpora la figura del propietario modesto, que tiene ahora una normativa de acogimiento legal -estaba la categorización de inquilino pudiente, medio y modesto, según los criterios más recibidos- esa especie de definición no existía con relación al propietario modesto. En el Senado cuando tratamos el proyecto -el 14 de agosto de este año- manifestamos que tímidamente insinuábamos la definición o figura del propietario modesto, pero ahora se acoge en este proyecto de ley, con las características que nuestro representante el señor legislador Cantón, en la Asamblea General, denodadamente quiso incorporar, pero que no se consagró en el texto porque no alcanzó los dos tercios de votos necesarios. Pero ahora sí se consagra. Y lo hace de una manera que le da un verdadero sentido de justicia a este propósito que no desconoce los derechos del inquilino. Además, establece otros postulados como el que estipula que no podrá ampararse a la rebaja el inquilino, cuando los ingresos del propietario y su núcleo habitacional, sean iguales o inferiores a los que perciben el arrendatario y su núcleo. Se trata de una solución estrictamente justa para unos y otros elementos clásicos en la relación arrendaticia. De modo que en este supuesto no queda absolutamente desamparado el inquilino, porque siempre, en materia de casa-habitación, tiene derecho a la rebaja o al abatimiento del reajuste que le ha correspondido en el 50% del respectivo índice.

La larga lucha de la bancada de la Unión Colorada y Batllista -permítaseme esta pequeña particularización- y de todo el Partido Colorado en definitiva, culminó, también porque la iniciativa de los reajustes cuatrimestrales, después del período de emergencia, es del Partido Colorado. Esto fue planteado por el señor senador Ricaldoni y por el señor representante Cantón, en el seno de la Comisión, respondiendo al propósito -reitero, tras doce meses sin reajuste del alquiler- de que pagar todo el índice se pudiera convertir en un ascenso difícil de superar. Con reajustes desplazados a lo largo de tres cuatrimestres, el inquilino tendrá una fórmula más llevadera y más fácil de absorber.

En otro orden, habrá suspensión de lanzamientos para inquilinos buenos pagadores y para ocupantes de asentamientos marginales, conocidos como cantegriles, hasta el 30 de junio de 1986. Sobre este aspecto no hubo divergencias en la Comisión sino un consenso general e inmediato, de acuerdo con lo que nos han informado nuestros representantes.

Además, estos legisladores, en nombre del Partido Colorado, asumieron el compromiso que nosotros, desde nuestro punto de vista, en cuanto al sector que integramos, ratificamos ampliamente. Esto también había sido objeto de igual determinación en ambas ramas del Parlamento, primero en el Senado y después en la Cámara de Representantes. Es decir, asumir el compromiso de integrar Comisiones legislativas que a la mayor brevedad empiecen el estudio de un proyecto de ley de fondo en materia de arrendamientos.

En el seno de la Comisión Bicameral el señor representante Cantón manifestó que el pecado de pereza o negligencia, si se pone de manifiesto, no puede solucionarse con meras prórrogas de una ley de emergencia; es necesario adoptar disposiciones permanentes que sean estrictamente justas, que sean acogidas por todos los partidos políticos y por todos los sectores de ellos que estén involucrados. La ley de arrendamientos no tiene que ser pasible de rechazos, sino que debe ser un elemento eficaz de pacificación en este aspecto que tanto necesita el país; debe proteger a unos sin menoscabo de otros; debe establecer el equilibrio en función de elementos que midan con equidad y justicia a todos contemplando a quienes están inmersos en una situación de esta naturaleza. El problema de los pequeños propietarios y de los modestos inquilinos es prácticamente insoluble; unos viven bajo la incertidumbre de que puedan retacearse los escasos recursos de que disponen y los otros, con el temor de ser objeto de un desalojo y de su lanzamiento, pues si esto último sucede tendrán que hacer frente a precios de arrendamientos que su situación económica no les permitirá solventar.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: he escuchado con suma atención las exposiciones de todos los señores senadores, pero me permito interrumpir la que estaba realizando mi distinguido amigo, el señor senador Cersósimo -y espero que no le moleste- para decir algo que considero importante.

Pienso que esta es una de las leyes más trabajosas que ha abordado el Parlamento. Hace ocho o nueve meses que trabajamos infructuosamente para darle al país una Ley de Alquileres que se adecue a las realidades sociales y económicas por las que atraviesa la población de la República. No hemos logrado este objetivo por lo difícil que resulta conseguir el equilibrio que reclama el señor senador Cersósimo, de adecuar la ley de forma que no beneficie ni a los propietarios ni a los inquilinos. Desdichadamente, señor Presidente, creo que en un país destrozado económica y socialmente, lograr esto es una utopía.

El Parlamento tiene la responsabilidad de amparar todas las situaciones que puedan caber dentro de los parámetros de una legislación. Me parece importante atender la situación de los pequeños y medianos propietarios, pero también resulta imprescindible que el Parlamento y el Gobierno protejan a la pequeña y desgraciada familia uruguaya que no tiene donde vivir.

En esta materia se ha dado la siguiente paradoja: la Asamblea General votó una Ley de Alquileres que fue vetada por el Poder Ejecutivo; pretendimos levantar esa medida, pero aún sumándonos quienes habíamos votado la ley -algunos con ciertas reservas- fuimos minoría y no obtuvimos los votos necesarios para levantar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo tiene una inmensa responsabilidad en este asunto; ¿no hace nada en beneficio de las familias que no tienen, siquiera, con qué pagar un alquiler? ¿No toma iniciativas al respecto? El Gobierno debe tener una política en materia de alquileres de vivienda, pero no la tiene.

Seguimos escuchando comentarios acerca de los programas del Banco Hipotecario, pero ¿cuándo se van a llevar a cabo? ¿Dentro de cuatro o cinco años? También continuamos oyendo el programa del extinto Intendente Municipal de Montevideo, el doctor Lanza, que ha sido recogido por su sucesor, el doctor Elizalde, pero ¿cuánto demorará en ponerse en funcionamiento: dos, tres o cuatro años? El Gobierno uruguayo no tiene soluciones inmediatas de vivienda para la gente marginada o empobrecida.

Días pasados escuché con atención los argumentos que brindaba el señor senador Ortiz en una exposición -completamente distinta a la mía- que hacía en relación a este problema, en la que reclamaba al Gobierno una política de protección de la pequeña vivienda que necesita la familia modesta o empobrecida de este país.

El Poder Ejecutivo, el Gobierno, se cruza de brazos frente a este tremendo problema que ha abordado el Parlamento llegando hasta el día de hoy en que estamos tratando de salir adelante con una Ley de Emergencia.

Hablamos de "ley de emergencia", pero debo decir que no creo que sea tal, porque la experiencia parlamentaria nos dice que estas leyes de emergencia se transforman, luego, en permanentes. Si en un año no hemos logrado estructurar un proyecto de ley adecuado sobre alquileres, ¿podremos llegar a una solución definitiva en el próximo año? Eso es una utopía y yo no lo creo, salvo que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley en donde asuma sus responsabilidades y en el que se vea la forma de que el Estado contribuya a financiar la vivienda de los pequeños propietarios, tal como lo expresan los señores legisladores Cersósimo y Cantón.

Otro problema al que nos enfrentamos es cómo establecer seriamente quienes son pequeños propietarios. En este asunto nos estamos manejando en un plano de empirismo total. No sabemos quiénes son pequeños propietarios ni lo sabemos hasta que no funcione el registro de propiedades, que felizmente está contenido en este proyecto de ley. Sin embargo, la forma que articula la ley para establecer quiénes son pequeños propietarios, debo decir que no me convence.

Agradezco al señor senador Cersósimo la interrupción concedida y le pido disculpas por lo extenso de mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Me parece que se me está por terminar el tiempo de que dispongo. ¿Es así, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Le resta sólo un minuto, señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Mociono para que se prorrogue por treinta minutos, el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-13 en 15.Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Antes de conceder la interrupción que me solicita el señor senador Ricaldoni quiero manifestar que la historia a veces se repite, pues cuando realicé mi exposición en el Senado en relación con este mismo tema en la anterior oportunidad -me alegro y dejo constancia ante el cuerpo de la gran preocupación que tiene el señor senador Mederos- el señor senador me interrumpió casi a la misma altura de mi discurso.

SEÑOR BATALLA. - Pero la puntuó distinto.

SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador Batalla dice que la puntuó distinto, pero se refirió al mismo tema relacionado con la vivienda decorosa a la que tiene derecho todo habitante del país, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución. En aquel momento me interrumpió casi al final de mi discurso al igual que ahora -lo digo para tranquilidad de los señores senadores- para hacer las mismas puntualizaciones con respecto a su intensa e indeclinable preocupación que, me consta, no es de ahora, sino de hace veinte años. De manera que ha mantenido su posición.

Le concedo la interrupción al señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no creo que sea útil embarcarnos en discusiones laterales al tema concreto que estamos considerando en el día de hoy.

De todas maneras, debo manifestar que hay una dosis grande de injusticia -que me disculpe el señor senador que hizo uso de la interrupción anterior- en eso de atribuir al Gobierno poco menos que una actitud ineficaz o pasiva en cuanto a la solución del problema de la vivienda.

En estos momentos el Banco Hipotecario, que naturalmente no es el Gobierno, pero cuyo Directorio no sólo está integrado con hombres del Partido de gobierno sino también con hombres de otros Partidos, está embarcado en una política de vivienda para la gente de menores recursos que significa la construcción de alrededor de diez mil viviendas. También le está entregando al cooperativismo de viviendas una suma anual del orden de los nuevos pesos 50:000.000. Se dice que esperar dos, tres o cuatro años es mucho. Claro está que para las situaciones dramáticas lo es; pero también debemos tener en cuenta que en este país hace mucho tiempo que no se emprende una política de vivienda seria.

El Banco Hipotecario y las Intendencias Municipales -no sólo la de Montevideo, como se ha dicho, sino también las del interior, cuyos titulares no son sólo colorados, ya que algunos pertenecen al Partido Nacional- están realizando un plan de viviendas muy importante. También están acompañando a MEVIR en la erradicación de la vivienda rural. Al mismo tiempo y en forma paralela a todo esto se están fomentando nuevas líneas de crédito.

Inclusive, en el capítulo final de este proyecto de ley figura una norma que consagra una decisión del Directorio del Banco Hipotecario por la cual se establecen líneas de crédito altamente generosas para que aquellos arrendatarios de modestos recursos que concuerden con los propietarios en la compra de la vivienda, obtengan del Banco los fondos necesarios no sólo para la adquisición, sino también para la refacción, de manera que dejen de vivir el drama de los inquilinos y se conviertan en propietarios, pagando esas líneas de crédito durante más de veinte años y con un interés del 2% o 3% anual.

Entonces, no entiendo por qué se habla de que la culpa de todo la tiene el Gobierno, que no hace nada, siendo que éste tiene una obsesión por este tema, la que no quiero atribuir sólo a él, ya que sería injusto. Pero, sin duda, el Gobierno que es el que, por las facultades constitucionales que tiene, debe impulsar estas medidas, por más que cuente con el acuerdo de otros -que lo tiene- está cumpliendo con su deber.

De todas maneras, ni el problema de la vivienda, ni el de la educación, ni el de la salud, ni los económicos, sociales o políticos los vamos a resolver de un plumazo, en tres o seis meses. Ya es bastante con que estemos avanzando, con que no estemos en el quietismo. Creo que todo esto debe ser considerado en este momento. Naturalmente, hay otros problemas que tendrán que esperar porque están vinculados directamente con la recuperación económica del país, y en eso estamos comprometidos todos.

Entiendo que no es cuestión de señalar en este momento una actitud omisa de parte del Gobierno y del Partido que lo ocupa, cuando no cabe ninguna duda de que se está haciendo un esfuerzo gigantesco.

Termino recordando que ese esfuerzo es tan grande que a la oposición le pareció excesivo el monto asignado al Banco Hipotecario para la construcción de viviendas, y entonces, esa oposición, por lo menos aquí en el Senado -no sé lo que habrá de suceder en la Cámara de Representantes- le hizo un corte sustancial a los recursos que había previsto el Poder Ejecutivo para la política de vivienda que con tanta razón se está reclamando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Le concedo la interrupción al señor senador Mederos; pero antes quiero aclarar que he sido el que menos ha hablado y que no es culpa mía que mi intervención se extienda por una hora, incluida la prórroga. Hago esta puntualización porque después se dirá que este señor senador ha hablado mucho.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. - El señor senador preopinante habla de MEVIR y de la otra realizada por esa institución benemérita para el hombre del campo y su familia. Esto no lo puede discutir nadie que tenga el alma bien plantada. Algún día tendremos que rendir homenaje al fundador de MEVIR que se ha dedicado durante tantos años a la construcción de viviendas para transformar los rancheríos campesinos, olvidados de la mano de Dios y no sé de quién más, en casas decorosas, contando con el trabajo de esas familias campesinas y con la ayuda del Estado y de la sociedad, así como la Dirección inteligente del Presidente de esa Institución, el doctor Alberto Gallinal. En ese aspecto, le rindo mi homenaje.

Discrepo con las apreciaciones que hace el señor senador Ricaldoni en cuanto a que el Poder Ejecutivo está haciendo mucho en esta materia. No lo está realizando; quizá lo tendrá proyectado, que es algo distinto. simplemente, está entregando lo que empezó el régimen anterior. Esto es algo que tampoco discuto. Pero las proyecciones de viviendas a realizar por los organismos públicos -Banco Hipotecario, Intendencia Municipal de Montevideo y del interior- son planes de futuro.

Sabido es que no es culpa del Gobierno ni de este régimen democrático el despilfarro y la malversación que sacudieron y casi liquidaron al Banco Hipotecario del Uruguay. Esperamos que llegue a feliz término la investigación que están realizando sus actuales autoridades para deslindar responsabilidades de aquellos intermediarios indecorosos que robaron a la sociedad y se beneficiaron frustrando el derecho a la futura construcción de viviendas para el pueblo. Confiamos en que el Gobierno colabore para que se aclaren esas irregularidades.

A lo que me refería concretamente es a que hay miles de viviendas desocupadas que hoy nadie alquila.

Voy a votar este proyecto de ley porque el país necesita una expresión jurídica en la democracia que arregle el problema de la vivienda alquilada. Espero que el gobierno en esta materia cumpla con su deber y, si cree que los actuales índices con que se están reajustando los alquileres están más allá de las posibilidades económicas de las personas -cosa que nadie discute, pues se encuentran en el momento actual en alrededor del 70%- que haga una revisión de los mismos. Esta situación es realmente angustiante, especialmente para aquel que percibe un bajo salario o una pequeña jubilación. Eso, señor Presidente, sin mencionar a la gente marginada, que no tiene ninguna posibilidad y que está olvidada de la sociedad y del Estado.

No deseo repetir hoy acá lo que expresé en mi intervención cuando se consideró el proyecto de ley original que vetó el Poder Ejecutivo.

No le hago críticas al Gobierno, señor Presidente, cuando le reclamo el cumplimiento de sus deberes. Deseo que esto lo comprenda bien el señor senador Ricaldoni. el Gobierno es quien gobierna y, por lo tanto, que cumpla con sus obligaciones. Yo, como senador, estoy aquí para desconfiar y para reclamarle eso, justamente. Con ello no lo estoy agraviando ni a él ni atacando al Partido Colorado; y si precisa nuestra ayuda la va a tener, como hasta el momento actual.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Sintetizando mi pensamiento, digo, que este proyecto que analizamos -obra en nuestro concepto, particularmente elogiable de la Comisión Bicameral que trabajó con representantes de los distintos partidos políticos- es consecuencia de transacciones, de recíprocas concesiones, que demuestran la amplitud de espíritu de los integrantes y de las colectividades políticas representadas en dicha comisión.

Hemos enfatizado, de manera especial, que se ha logrado la no retroactividad de las disposiciones debido a una posición muy firme de la bancada colorada, que finalmente fue comprendida y compartida por los demás miembros de la Comisión Bicameral.

El proyecto de ley cristaliza, además, la figura del modesto propietario, enriquecida por dos formas de protección: la primera, al núcleo habitacional cuando sus ingresos no superen las 50 unidades reajustables o su equivalente, por lo cual enerva la acción de rebaja a que tendría derecho el inquilino; y la segunda, es que incorpora una figura importante cuando los ingresos promediales mensuales del propietario arrendador y su núcleo, sean inferiores a los del inquilino y el suyo. También en ese caso se enerva la acción de rebaja. A pesar de ello, el inquilino no queda desprotegido, porque, igualmente, está amparado por el abatimiento del 50% del monto del reajuste.

Todo esto, en relación a casa-habitación con alquileres mensuales anteriores al reajuste de 1985 de hasta N$ 15.000 para industria, comercio y otros destinos, con alquileres de hasta N$ 50.000 mensuales rige un abatimiento del 40% por lo que se paga del reajuste, el 60% del índice respectivo.

Después del llamado período de emergencia, o sea, a partir del 1º de enero de 1987, entran a regir reajustes cuatrimestrales para casa-habitación. De esa forma se paga un tercio en el primer cuatrimestre, otro tercio en el segundo y el saldo en el último cuatrimestre. Desde el 1º de enero de 1987 hasta el reajuste posterior -y con el abatimiento que ya viene arrastrando- se abona el 1005 del correspondiente índice de reajuste.

Todo lo manifestado y lo que dice relación con los lanzamientos de los ocupantes de asentamientos marginales y con la suspensión de lanzamientos de inquilinos buenos pagadores, así como respecto de otras disposiciones que contiene, hacen que el proyecto observe el debido equilibrio entre arrendadores e inquilinos, que no sólo es difícil sino imposible de conseguir en todos sus términos.

Reitero lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo en el sentido de que si se proyectara, sancionara y promulgara una ley para cada uno de los propietarios y de los inquilinos trabados en la relación arrendaticia, también existirían problemas y dificultades porque no es posible atender, contemplar y solucionar, íntegramente, cada una de estas situaciones.

Nuestra bancada, la Unión Colorada y Batllista, que represento en esta emergencia, va a dar su voto a este proyecto de ley no sólo en la discusión general sino, además, en la particular, a pesar de merecerle algunas reservas que pondremos de manifiesto en su oportunidad.

El proyecto satisface nuestras aspiraciones y enfatiza una posición muy clara, firme e indeclinable que planteamos en la Cámara de Representantes, luego en el Senado y, por último, en la Asamblea General. Fue defendido con calor, vehemencia, énfasis y real sentido de justicia de lo que estábamos exponiendo, sobre todo la situación del modesto propietario y del amparo que merecía, sin menoscabo de los derechos del inquilino -también con la misma calificación- figura que no pudo ser acogida en aquella ocasión porque no se logró el número de votos requerido constitucionalmente.

Digo, señor Presidente, que este proyecto de ley no es sentimental sino realmente justo.

Para concluir esta exposición, me gustaría hacerlo en igual forma -o, por lo menos, análoga- a la que empleé para finalizar aquella modesta intervención respecto del mismo tema, el 14 de agosto último en este Cuerpo. En esa ocasión traje al recuerdo la expresión del doctor Luis María Rezzónico, destacadísimo profesor de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que, ocupándose de la sistematización de los arrendamientos y de los desalojos en materias urbana y rural, decía, precisamente, cuáles debían ser las características de esta clase de leyes.

"Las leyes" -de este tipo, fundamentalmente, y en general, de todas- "no pueden ser sentimentales, sino justicieras, no pueden quitar a unos para dar a otros y debe evitarse la demagogia electoralista". Como reza el clásico adagio: ‘Jus et fure didicitur’ que significa ‘la justicia debe ser acordada inclusive al ladrón’, ‘La justicia se debe a todos, pobres y ricos, buenos y malos, deudores y acreedores, locatarios y locadores’ ‘y si bien se justifica’ -en nuestro concepto, lo justificamos ampliamente- ‘el sacrificio de la libertad contractual en aras de la justicia, no ha de llegarse a la injusticia flagrante contra un segundo menos de la sociedad, por la mera razón de que tal injusticia favorezca a un segmento mayor".

Ese es el propósito que entendemos que se ha logrado, aunque no plenamente como hubiéramos deseado, no sólo nosotros sino todo el Senado, el Parlamento y en definitiva todo el país y que, en nuestra opinión, se ha logrado de la mejor manera que podía hacerse. Como se ha procedido de esta forma, quedamos en paz con nuestra conciencia, con la serenidad de espíritu propia de cuando se votan disposiciones como esta que efectivamente consagran soluciones justas y reales. Todo esto determina que acompañemos con calor, en nombre de nuestro sector, este proyecto de ley, del que tanta necesidad tiene el país para terminar de una buena vez con la angustia de unos y otros de los que están comprendidos en sus normas.

SEÑOR WILLIMAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - Quiero hacer una moción de orden -que no me resulta agradable- para que se dé el punto por suficientemente discutido en general.

Deseo fundar esta moción muy brevemente. Creo que si hay una ley que ha sido discutida ampliamente este año es, precisamente, ésta de arrendamientos. No deseo dejar a ningún señor senador sin poder intervenir, pero advierto que no tendrán más remedio que referirse, en la discusión general, específicamente a los artículos que vamos a discutir en forma particular. Es muy difícil, salvo algunos temas generales, no entrar en la casuística del articulado.

En razón de lo expuesto y, porque además muchos señores senadores han incursionado fuera del tema, creo que debemos entrar directamente al tratamiento del articulado.

No conozco las normas, no sé si hay algún señor senador anotado para hacer uso de la palabra, si corresponde o no; simplemente hago la propuesta y el señor Presidente dispondrá el trámite a seguir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Están anotados los señores senadores Batalla, Ortiz y el propio señor senador Williman.

SEÑOR WILLIMAN. - Me había anotado simplemente para expresar esto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Seré muy breve, señor Presidente, al referirme sobre el fondo del asunto, pero ahora haré un comentario sobre la moción de orden.

Creo -y no quiero ser descortés con el señor senador Williman- que nunca he votado una moción de orden de este tipo y nunca la he visto planteada. Pero, además, pienso que tampoco tiene sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con respecto al alcance de la moción el Reglamento establece: "la declaración del punto suficientemente discutido que podrá proponer el Presidente o cualquier senador cuando hayan hablado por lo menos dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto. No podrá declararse el punto suficientemente discutido mientras haya quien no habiendo hablado sobre el asunto en discusión, pida la palabra para hacerlo". Por lo tanto habiendo dos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra, no corresponde la votación de la moción.

SEÑOR BATALLA. - Voy a ser muy breve, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esa es una promesa frecuentemente incumplida; espero que el señor senador la cumpla.

(Hilaridad)

SEÑOR BATALLA. - Normalmente mis intervenciones son breves.

Creo que los fundamentos que señala el señor senador Williman son, naturalmente, compartibles, porque cuando se discute sobre el tema de alquileres creemos estar frente a una película que ya hemos visto. Todos son argumentos que se reiteran en el tiempo, y lógicamente, no tiene sentido una discusión general sobre una ley, que fue objeto de una larguísima gestación, deliberación y discusión en ambas Cámaras, y más tarde en la Asamblea General.

Mi intervención en Sala -además de ser firmante del proyecto- obedece a una lamentable casualidad y radica en el hecho de que el señor senador Araújo -quien en representación del Frente Amplio actuaba en la Comisión Bicameral- por razones de salud, no está presente hoy en Sala.

Quiero referirme en pocas palabras a lo que son en general las leyes de alquileres. Por lo general, son leyes parlamentarias; nacen en el Parlamento, éste las considera y el Poder Ejecutivo se limita, simplemente, a ponerle el "cúmplase", y a promulgarlas al cabo de una larga o corta gestación parlamentaria.

En este caso, ha ocurrido un hecho distinto. El Poder Ejecutivo, vetó la ley de alquileres, el mismo que durante ocho meses, silenció toda participación en la elaboración de esta ley, pese a que todo el Partido Colorado estaba interviniendo en ella. Finalmente, la ley fue producto de un acuerdo de voluntad política de todos los sectores, salvo los francotiradores, que tienen siempre las leyes de alquileres.

Como el hombre es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra, pienso que debemos tener muy presente para el futuro todo esto, porque en la medida en que toda ley de alquileres forma parte de una política de ingresos, debe naturalmente dar participación al Poder Ejecutivo y oír su opinión. Naturalmente que este Poder, actúa en función de lo que institucionalmente le corresponde, que es el poder del veto. Pero, de todas formas, pienso que como parlamentarios debemos asumir esa experiencia, y recoger de todo este proceso tan conflictivo y cuestionado de la ley de alquileres, el hecho de que no puede ignorarse la participación del Poder Ejecutivo.

Cuando nosotros -todos los sectores nos hemos comprometido- en el año 1986, consideremos una ley de fondo sobre el problema de los alquileres, entonces en ese momento el Poder Ejecutivo tendrá que participar en su gestación. Asimismo, deberá opinar sobre las soluciones que el Parlamento considere, cosa que no ha ocurrido nunca. Creo que ha sido un error del Parlamento no exigir ni plantear la intervención del Poder Ejecutivo en el período previo de gestación de la ley. Si ello hubiera ocurrido de esa forma, no habríamos pasado por toda esa etapa del veto y la demora que han creado una profunda incertidumbre que siempre recae, desgraciadamente, sobre el más desolado de los órganos democráticos, que es el Parlamento.

Entendemos que debemos extraer de ese hecho una lección y ser conscientes de que la próxima ley de arrendamientos tendrá que tener en su gestación la participación del Poder Ejecutivo que debe necesariamente opinar sobre las soluciones que él, con absoluta libertad, crea que corresponden en esta materia.

Es por tal motivo que deseaba hacer estas consideraciones de carácter general.

En lo particular, hemos señalado, a través del señor senador Rodríguez Camusso, cuál es la posición del Frente Amplio. Asimismo, a través de la participación del señor senador Araújo y del diputado Cassina, hemos dejado sentado claramente, en el seno de la Comisión, nuestro voto favorable, con una sola reserva, contenida en el literal c) del parágrafo segundo del artículo 9º, porque entendemos que contiene una solución que resulta inconveniente.

Naturalmente, participamos de la necesaria protección a los pequeños propietarios, pero pensamos que en la solución que se da no está previsto el problema en su integridad, en la medida en que la protección se hace a costa del pequeño inquilino.

Creo, que es un problema menor, que no atiende a la armonía general del proyecto que nosotros compartimos en Comisión y al que en el Plenario, aparte de las observaciones que intentaremos introducirle, daremos nuestro voto afirmativo.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Voy a tratar de ser breve, aunque por lo general estos anuncios de brevedad, luego se concretan en una extensa exposición. Además de mi propósito de no abrumar al Senado con repeticiones, pesa mucho en mí la admonición del señor senador Williman, por lo que para no merecer su reproche voy a ser casi telegráfico.

Voy a hablar no en calidad de francotirador, como dice el señor senador Batalla, porque en todo caso no le estoy tirando a ningún texto concreto o a sus autores, sino a la injusticia, que es lo que mueve mi conocida posición en esta materia.

A mi juicio, el proyecto que tenemos a consideración es fruto de una transacción, de diversas posiciones sostenidas por diferentes sectores y legisladores, con quienes se hizo un remiendo y salió una colcha de retazos; como no me gusta ninguno de los retazos, tampoco me gusta la colcha que es fruto de aquellos. Por ese motivo no acompaño este proyecto de ley.

En ocasión de tratarse el Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Senado realicé una exposición más o menos extensa, conceptos que reitero en esta oportunidad. Subrayo la circunstancia de que este nuevo texto que se nos trae a consideración, no los ha hecho variar.

Quiero decir que mi objeción se centra, fundamentalmente, en que se reitera la injusticia. Es decir, que ahora, como casi siempre ha ocurrido, se busca la protección de los inquilinos -criterio con el que estoy absolutamente de acuerdo- a costa de los propietarios. Ese es mi punto de discrepancia.

Todos los gobiernos y los Parlamentos que se han sucedido no han sido capaces de encontrar una solución que proteja a los inquilinos sin perjudicar a los propietarios. En ese sentido, me asocio en cierto modo a las expresiones del señor senador Mederos, cuando hace el reproche de que el Gobierno -yo soy más amplio; hablo de los gobiernos- se ha despreocupado de este tema, dejándolo en manos del Parlamento. Por mi parte, digo que no ha habido un Gobierno, un Poder Ejecutivo o un Ministro que, a pesar de saber que casi todos los años tenemos nuevas leyes de alquileres, se pusiera a pensar alguna vez, por su cuenta, en la forma de ayudar, ya sea por la vía impositiva, de un subsidio o por la que fuere, a los inquilinos sin perjudicar a los propietarios. De ahí que diga que se insiste con aquel temperamento.

Por otro lado, hace unos momentos, el señor Presidente, en conversación amable, decía que la costumbre no es fuente de derecho; sin embargo, en este caso, aquella es fuente de injusticia permanente y reiterada, a través de los años.

Cuando la Asamblea General aceptó las observaciones del Poder Ejecutivo, hubo un entendimiento general, tácito, de que la solución vendría por un proyecto de ley de cuatro o cinco artículos, que fuera verdaderamente de emergencia por su contenido y extensión, solucionando así este problema acuciante. Y nada más. Después de esta transacción, de esta elaboración y de este arduo trabajo de los compañeros que han intervenido en la redacción, se obtiene una ley con la misma extensión que la de la Asamblea General; aquella tenía 32 artículos y ésta, 28. De manera que el concepto de ley provisoria, de emergencia, se diluye nuevamente en una serie de disposiciones que poco o nada tienen que ver con el problema acuciante de los alquileres.

Por encima de la objeción fundamental, que es la de reiterar una injusticia, también observo que se insiste en lo que creía iba a ser suprimido, o sea, la rescisión unilateral de los contratos. Se insiste en un tema que no es otra cosa que el menosprecio de los contratos libremente consentidos, que tiene no solo connotaciones jurídicas sino también morales, que he tenido oportunidad de señalar en otro momento. Digo que este es un mal camino. Cuando empezamos por desconocer las voluntad expresadas libremente, estamos comenzando a hacer que poco a poco la libertad individual se vaya constriñendo. En la medida que mi pobre voto pueda hacerlo me opongo a que se continúe por este camino, a mi juicio, harto peligroso.

Por tanto, señor Presidente, no voy a acompañar afirmativamente la votación en general de este proyecto; en lo que refiere a la particular, habrá que hacer algunos retoques -tengo algunos que formular- tal como ha sido anunciado por los señores senadores.

Termino mis palabras manifestando que el próximo año estaremos nuevamente enfrascados en esta discusión, y creo que en ese momento tendremos que darle la razón al señor senador Batalla porque volveremos a pasar la misma película. No pienso que él haya tratado de inculparnos de peliculeros, pero creo, no sin razón, que veremos estos mismos episodios, tal como sucede con esas seriales de televisión que se renuevan anualmente, agregando o suprimiendo algún personaje, a efectos de mantener el hilo de la trama y la atención de las señoras. De hacer un paralelismo, podremos ver que aquí sucede algo similar. El Parlamento está alimentado permanentemente con los temas de alquileres que mantienen el interés de las sesiones que a veces se tornan un tanto tediosas.

Creo, señor Presidente, que ésta no es la solución. Nadie ha solucionado con leyes hasta el presente el problema de la vivienda, ni en este país ni en ningún otro; hasta ahora no ha habido ninguna ley tan amplia. El problema de la vivienda se soluciona económicamente, haciendo que la gente gane lo suficiente como para poder pagar el correspondiente alquiler, edificando viviendas y poniéndolas al alcance de los más necesitados. Sé que el Poder Ejecutivo tiene buenas intenciones y aún planes concretos en ese sentido. A este respecto, digo que acompañaré la aprobación legislativa que ellos puedan merecer. Creo que esa es la línea que debe intensificarse y llevarse al máximo sacrificio al erario público para solucionar este problema a través de la única vía posible y racional.

Por esas razones, señor Presidente, voy a votar negativamente este proyecto en general.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Brevemente, vamos a emitir nuestra opinión respecto a este proyecto de ley.

Comenzamos nuestras palabras con las que pronunciábamos hace unos instantes ante el requerimiento de un diario del interior de la República, el que nos solicitaba que hiciéramos un resumen -ya estamos a una altura del año que corresponde hacerlo- sobre la actividad del Parlamento, de la política en general y de la actuación del Poder Ejecutivo.

Siempre hay una especie de trampa, lista para saltar respecto de la actuación del Parlamento; siempre hay en lo que hace a nuestra Casa, a nuestro Palacio Legislativo, a los que aquí actuamos, un sentido de hiper criticismo. En consecuencia, señalábamos que este Parlamento, en esta coyuntura política tan peculiar -nacido o vuelto a nacer luego de los episodios largos y notorios- había estado muy a la altura de las circunstancias; había tomado los problemas a medida que los proponía el Poder Ejecutivo o que se suscitaban, había demorado en la aprobación de algunas leyes, que por definición tenían que ser prolongadas en su estructuración, tales como la ley de destituidos y la de refinanciación; pero, en general, decíamos que el Parlamento había estado a la altura de las circunstancias, por cierto difíciles.

Anotábamos un solo punto negativo o menos claro, más oscuro, en la actuación del Parlamento, y ese era, a nuestro juicio, el tratamiento del tema de alquileres. Nosotros mismos habíamos fomentado ese juicio negativo cuando insistíamos en llamar "Ley de Arrendamientos Urbanos", de emergencia a la que hoy se ha convertido en un proyecto que ha superado el ciclo biológico de la gestación llegando a sus postrimerías más allá de los nueve meses. Por suerte, por lo menos ahora parece que no es de "emergencia".

El Poder Legislativo a nuestro juicio -y vamos simplemente a reiterar lo ya dicho por nosotros y por nuestros compañeros- en todas sus instancias, se encontraba ante una típica situación a la que tenía que dar rápida respuesta y cuando le llamó "Ley de Emergencia" acertó. Lamentablemente el contenido del trabajo parlamentario no se compadeció con el título que el propio Parlamento le había dado.

Recapitulamos en este discurso, en estas breves palabras, lo ocurrido durante tantos años alrededor del tema de los arrendamientos urbanos. ¿qué había ocurrido? Lo que sucedió es que se perdió, a los ojos de los gobernantes y aún de la población, la noción que debe ser muy clara de que la vivienda para arrendar es una mercadería, para la que existe un mercado, cuyos valores van a depender, en forma muy notoria, de la abundancia o escasez. Además existe prácticamente una demanda constante en los nuevos matrimonios y en la gente que necesita alquilar casa-habitación.

Lamentablemente tenemos los años suficientes como para haber sido testigos, no sólo en la vida profesional sino en la de relación, de que la legislación fue creando una distorsión en todo el sistema por la que, durante mucho tiempo, la obtención de una vivienda libre para arrendar se convirtió en un bien que merecía el pago de llave por traspaso, y todos sabemos que así fue, que así ocurrió y el hecho ejerció sobre el propietario una nociva influencia. Esta en realidad lo fue para el hipotético inquilino que es el primer perjudicado cuando se distorsiona el mercado de alquileres. Ocurría que aquél propietario que perdía la propiedad en función de las prórrogas de lanzamientos y de pagos, cuando el alquiler en virtud del envilecimiento monetario tampoco proporcionaba un resarcimiento a su inversión consideraba que construir un bien para darlo en arrendamiento era un acto de coraje cívico o de suicidio porque, inclusive, implicaba que el propietario de dicho bien perdía su usufructo "sine die", mediante y gracias a la legislación que en el país se fue elaborando. El componente principal de la misma, que era la posibilidad de que la gente alquilara y su contrapartida, se fue ahuyentando y desapareció, en un mercado que durante mucho tiempo se había nutrido de construcciones hechas para renta. Nuestra ciudad de Montevideo se edificó con el ahorro razonable de la gente de trabajo que pensaba que una casa para alquilar era una buena renta para la vejez, una excelente manera de complementar un retiro. Conservadoramente -con ese sano espíritu conservador que tiene la gente que ahorra y trabaja, propio de los inmigrantes que pueblan esta tierra- se fue edificando una estructura que posteriormente fue malograda de la manera que hace un instante relataba.

Es entonces que se aprueba el Decreto-Ley Nº 14.219, ante cuyas virtudes es preciso inclinarse. No creemos que haya sido "la ley", porque ella no existe; ni tampoco que haya sido un ejercicio demasiado profundo, brillante, ni siquiera demasiado afinado de intentar la regulación del mercado urbano de alquileres. Pero sí pensamos que estaba dotada de sentido común, que es el sentido cardinal de toda la legislación, particularmente de la relativa a este tema.

¿Qué ocurría con esa ley? Para empezar, ella convertía al arriendo en algo que mejoraba o mantenía su valor. ¿Qué objeto se lograba con el alquiler fijado en la UR primero, y en la URA después? El de quitarle al propietario el temor a una de las variables que hicieron del contrato de arrendamiento algo suicida; la de la falta de rentabilidad. Como segunda consecuencia beneficiosa para el hipotético inquilino esa desaparición del temor dio al mercado fluidez -justo es decirlo, porque hay datos al respecto- de 1974 a 1984, porque se liberó el mercado de arrendamientos, se construyeron no digo grandes edificios pero sí algunas viviendas y otras se adquirieron para arrendarlas.

Esto nos lo indicaba la propia vida profesional, ya que la baranda de los Juzgados de Paz es un buen termómetro -así como los avisos de los diarios- de la situación del mercado. Esas disposiciones legales -perfectibles por supuesto- reflejaban una realidad económica que también se ha transformado; estaban guiadas por el concepto esencial de evitar que el contrato de arrendamiento fuera un dogal, una coyunda por la que queda atado definitivamente el propietario al arrendatario. Este es un beneficio de la Ley Nº 14.219, que tenemos que encarecer y reiterar.

Claro está; nosotros partimos de la base de la propiedad, del respeto de la propiedad privada, de que queremos más propietarios y no la supresión de los mismos, de que deseamos -y ahí vemos otra vertiente que hoy no tiene nada que ver con la ley de arrendamientos- el debido cumplimiento de sus fines por parte de los organismos oficiales que deben fomentar el crédito fundiario para la adquisición y la construcción. Esos son los componentes de nuestra filosofía al respecto. Nosotros queremos que todos, o la mayor parte, sean propietarios, y en eso tenemos una discrepancia abismal con otros integrantes del Senado, que parten de un supuesto distinto.

Nosotros partimos de ese supuesto, y no tememos decirlo. Por el contrario, tenemos que proclamarlo porque creemos que es imprescindible para lograr una solución posible para este tema de la escasez de recursos que se vuelve a notar en estas normas que el Parlamento está a punto de aprobar. Lo dice cualquier persona responsable de casas que se ocupan de transacciones inmobiliarias; lo dicen también los avisos de los diarios y los precios que se piden por concepto de alquileres: esta legislación va a tener, como primer resultado, la retracción de los propietarios a alquilar y el elevamiento artificial de los precios de los alquileres. Eso se puede comprobar, porque nos hemos preocupado de averiguarlo. Por ello es que el telón de fondo de nuestras cogitaciones es la Ley Nº 14.219, que no juzgamos perfecta sino dotada de sentido común. Su rendimiento puede ser comprobado a través de la mayor cantidad de viviendas construidas en Montevideo, según surge del censo; la fluidez del mercado de alquileres -dato comprobable por todo el que ande por el mundo- y la rentabilidad para el propietario, que es la otra cara del contrato de alquiler.

Entonces, nos parecía -y retomamos el razonamiento en la palabra "emergencia"- que quizás sí hacía falta un ajuste legislativo.

Ya lo hubo cuando la Unidad Reajustable se transformó en Unidad Reajustable de Alquileres, demostrándose que el poder político de ese entonces respondía a las incitaciones de lo que ocurría en el mercado. Entonces, le agregó la variable para que el ajuste no fuera algo devorador. En esto estamos de acuerdo; esa es la misión legislativa: recoger de la realidad sucesos e incitaciones, así como tener en cuenta lo que sucede, a efectos de incorporar esa realidad a la legislación y para hacer que la tarea que se lleva a cabo en este ámbito no sea solamente el resultado de sesudos análisis teórico-legales, sino que responda a lo que expresa el pueblo que "anda y arde" en la calle. Es decir, volcar lo que ocurre fuera de este recinto en la legislación. Esto no traerá legislación perfecta; le tengo terror a la ley definitiva que he escuchado mencionar. El día que la conozca sabré que existe.

En esta materia siempre se habla de la ley de fondo o ley definitiva, que es un ente que no he conocido todavía y espero no llegar a conocer jamás. En mi concepto, hacía falta que las incitaciones de la realidad encontraran un eco aquí. Entonces, en la Comisión de la Cámara de Representantes y en el plenario -por intermedio de nuestros legisladores- en el Senado -desde esta misma banca- así como en la Asamblea General, expresamos que la única modificación legal que hacía menester era la deflectación y el posponimiento de la aplicación del porcentaje de aumento. Eso era lo que la realidad nos estaba diciendo en los meses de junio, julio y agosto en las que hubo índices de revaluación del 80% o del 100%, constituyendo un salto repentino en la economía del inquilino que, indudablemente, el poder político tenía necesidad de analizar, no digo de subsanar, pero sí de considerar dentro de las normas legales.

¿Cuál era entonces, señor Presidente, a nuestro juicio, la legislación de emergencia verdadera teniendo en cuenta la realidad? Diferir, trasladar el pago del reajuste en dos semestres. Los mismos propietarios estaban de acuerdo en esto.

Es notorio que se han realizado acuerdos para no aplicar los índices; todos lo sabemos. En un momento en que hay dificultad en la obtención de otro inquilino, los propietarios han llegado a acuerdos particulares. Son innúmeros los casos en los que se dejan de lado, se cobra la mitad o se llega a un arreglo entre las partes en la riqueza que tiene que tener la contratación privada que es, justamente, lo que tenemos que proteger.

Expreso esto, señor Presidente, como un análisis un poco general sobre el proyecto de ley. Nos afiliamos a esta tesitura de que el proyecto ha recogido en alguna medida las ideas que propugnábamos. Esta ley hubiera servido tal como la describimos, de los meses de marzo, abril o mayo. Ahora, señor Presidente, los que pretendimos auxiliar se "comieron" el 100% de los aumentos. El país ha vivido una situación difícil en la que los inquilinos no estaban en condiciones de afrontar un aumento repentino.

Está próximo el fin del período legislativo. Hoy tenemos a nuestra consideración un proyecto de ley que es una mezcla, una especie de combinación de una serie de ideas, que no va a llenar ningún requisito. No es una ley de fondo ni es el acto quirúrgico de verdadera emergencia tendiente a quitarle a la gente una dificultad, contemplando los intereses de ambas partes.

Por esas razones, señor Presidente, no vamos a acompañar este proyecto. Vamos sí a opinar -parecería que hay mayoría para su aprobación- a votar y a tratar de incidir en la transformación de algunos artículos.

A nuestro juicio, señor Presidente, es demasiado tarde para lo que tendría que haber sido una ley rápida y eficaz y para que se solucionen los problemas que se decía querer subsanar. En el enredo de querer hacer una cosa demasiado buena, lamentablemente, el Parlamento se ha anotado su única falta -en nuestro criterio muy particular- en lo que ha sido un período legislativo en el que ha ido cumpliendo muy bien con el deber parlamentario.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley de arrendamientos.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para hacer dos mociones de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En primer lugar, señor Presidente, formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

En segundo término, mociono para que el proyecto se discuta y se vote por Capítulos, sin perjuicio de hacerlo separadamente en aquellos artículos en que algún integrante del Cuerpo así lo solicite.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar primero la moción presentada en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar ahora la moción formulada en el sentido de que el proyecto se vote por Capítulos, sin perjuicio del derecho que tiene todo senador a solicitar que se desglose algún artículo para ser considerado separadamente.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el Capítulo I, "De los Arrendatarios Buenos Pagadores", que comprende los artículos 1º al 3º, inclusive.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En el artículo 3º, señor Presidente, falta una palabra. A continuación de donde dice: "Los contratos de arrendamiento con destino a casa-habitación...", pienso que habría que incluir la palabra "celebrados".

No sé si los integrantes de la Comisión están de acuerdo.

SEÑOR AGUIRRE. - De acuerdo, señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - No sé si los señores senadores recuerdan una muy barroca sesión en la que me atreví a hacer sugerencias sobre el texto del proyecto de ley. Una de ellas fue la recuperación del primer proyecto de la Cámara de Representantes, una suerte de desistimiento unilateral, pero con otro sentido.

Como recordará el señor Presidente, habíamos sugerido su incorporación a efectos de subsanar la situación de aquellos que habían adquirido vivienda y quedaban atados a dos contratos: por un lado la compraventa o las cuotas del Banco Hipotecario y, por otro, el pago de la vivienda que dejaban para ingresar a la nueva.

Entonces la "ratio legis" -como le gusta decir al señor senador Cersósimo- era tratar de que esa situación de injusticia pudiera eliminarse mediante el desistimiento unilateral en los casos de adquisición.

Ahora se ha variado sustancialmente el criterio. Se trata de un desistimiento unilateral otorgado de acuerdo con el quántum del alquiler. Por lo tanto, no tiene nada que ver en su esencia -no hubiéramos objetado ningún cambio de redacción o mejoras- con el que habíamos votado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo I con el agregado de la palabra "celebrados" en el artículo 3º.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II, "Del Reajuste de los Precios", que comprende los artículos 4º a 6º inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 19. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III, "Del Procedimiento de Rebaja de Alquiler", que comprende los artículos 7º a 11, inclusive.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Solicito que se desglose el artículo 9º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: en el artículo 11, en el segundo párrafo, cuando se refiere al plazo dice "...quince días hábiles y perentorios...". A mi modo de ver tendría que suprimirse la palabra "hábiles" puesto que se trata de un plazo de 15 días y, de acuerdo con la ley de abreviación de los juicios, estos plazos siempre se computan en días hábiles. En consecuencia, habría que dejar solamente la palabra "perentorios".

(Apoyados)

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra, para formular una pregunta a la Comisión con respecto al artículo 9º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - En el segundo párrafo del literal C) se dice que los ingresos mensuales líquidos del propietario y su núcleo habitacional no deben superar las 50 unidades reajustables. Según parece el núcleo habitacional sería el núcleo familiar. Entonces pregunto si esas 50 unidades reajustables se computan a los que viven con el propietario o al núcleo familiar. ¿Hay alguna razón para que se diga lo de núcleo habitacional?

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. - El señor senador Ricaldoni estará de acuerdo conmigo, señor Presidente, porque recordará que este tema fue objeto de discusión y de idas y venidas en el seno de la Comisión. Ocurre que hay una razón de concordancia con el parágrafo primero del literal C), que dice: "Los arrendatarios y sus núcleos habitacionales...". Por consiguiente, con respecto a la otra hipótesis que amparaba al pequeño propietario, se entendió que también se tenía que hablar de núcleo habitacional y no de núcleo familiar porque la referencia a este último plantea la dificultad -superable, pero indudable y que complica bastante- de determinar cómo se integra, es decir, cuáles son los familiares que quedan comprendidos dentro de ese núcleo. Por ejemplo, padres, abuelos, hijos, cónyuges, concubinos, etcétera.

Como esto provocaba una serie de dificultades se optó por algo que, indiscutiblemente, es de fácil delimitación: el núcleo habitacional es siempre el conjunto de personas que vive con el propietario habitante de una vivienda. No defiendo el concepto sino que, simplemente, explico porque se decidió poner "núcleo habitacional".

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Quiere decir, señor Presidente, que en los dos parágrafos, ¿se va a tomar como medida el ingreso de las personas que viven en el hogar del propietario?

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En el parágrafo cuarto, señor Presidente, del artículo 11, se dice: "...el juez al decretarlo, declarará rescindido el contrato de arrendamiento, y dispondrá, a pedido de parte el lanzamiento inmediato, con tributos y costos". Entiendo que debería agregársele después de la palabra "costos", "a su cargo". De otra manera no queda claro quién paga los tributos y los costos. Por exceso de claridad, no se pecaría.

SEÑOR AGUIRRE. - No tengo inconveniente.

SEÑOR RICALDONI. - También estoy de acuerdo.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo, señor Presidente, que tendría que establecerse, si los tributos o los costos, son a cargo de la parte actora o del demandado.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - A cargo del declarante falso.

SEÑOR BATALLA. - Creo que con decir "a su costo", la intención del legislador no queda clara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Para mí sí porque se está hablando del arrendatario y del subarrendatario. Pero, de todas formas, no tengo inconveniente en que se aclare diciendo "a cargo de él".

SEÑOR BATALLA. - A los efectos de que las cosas queden claras señalo que en el parágrafo cuarto del artículo 11 se habla de declaraciones falsas, pero más adelante se expresa: "a pedido de parte". En consecuencia la solución que estamos propiciando podría resultar ambigua. Por lo tanto, lo correcto sería especificar que sea a cargo del declarante falso...

SEÑOR AGUIRRE. - .... del demandado.

SEÑOR BATALLA. - ... en este caso, sería el demandado.

SEÑOR CERSOSIMO. - A cargo de éste.

SEÑOR BATALLA. - No, a cargo del demandado.

SEÑOR ORTIZ. - Habría que decir, a cargo del arrendatario o del subarrendatario.

SEÑOR PRESIDENTE. - En esta acción de rebaja el demandado no es el arrendatario sino el actor. De manera que creo que lo lógico es poner "a cargo del declarante falso", que es a quien se quiere sancionar.

SEÑOR CERSOSIMO. - A cargo de éste.

SEÑOR PRESIDENTE. – "A cargo de éste" no podría ir, porque no queda claro. Si se dice "a cargo del declarante falso" no se corre el riesgo de cometer un error.

(Apoyados)

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III, con la excepción del artículo 9º, que se votará separadamente.

(Se vota:)

- 17 en 21. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 9º, con la excepción de su literal C).

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo señalar que nosotros no observamos la primera parte del literal C) sino que no estamos de acuerdo con el segundo párrafo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 9º, sin el segundo párrafo del literal C).

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

Corresponde votar el segundo párrafo del literal C).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 21. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: nosotros, que hemos votado afirmativamente todas las soluciones contenidas en este proyecto de ley -inclusive la contenida en el parágrafo primero del literal C) del artículo 9º- hemos entendido que la del segundo párrafo resulta profundamente injusta.

En el primer párrafo del literal C) se encuentran en colisión -ahí, claramente determinados- dos ingresos: el del propietario y el del inquilino. Es lógico que si los ingresos del propietario son inferiores a los del inquilino, no puede prosperar la acción de rebaja, por cuanto el inquilino, de todas maneras, tiene la protección que le otorga la disminución del reajuste en un 50 % de lo que la ley había establecido.

Entendemos, en cambio, que esta solución, sí, protege al pequeño propietario, sobre el pequeño inquilino, cosa que nosotros consideramos profundamente injusta.

Por estos fundamentos, y por los que señalamos el señor senador Rodríguez Camusso y el que habla, en la discusión general, hemos votado en forma negativa, única y exclusivamente, el párrafo segundo del literal C) del artículo 9º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Llamo la atención a los señores senadores, sobre que, a pesar de haber sido ya votado, en el segundo renglón de la página 5 del Repartido, se incurre en esa, diríamos, irregularidad a que hizo referencia el señor senador Ortiz, de decir "15 días hábiles y perentorios". Creo que todos estamos de acuerdo en suprimir la palabra "hábiles", porque ya está sobreentendido que es así.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV, "Arrendatarios Deudores", artículos 12 y 13.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

En consideración el Capítulo V, "De las Casas de Inquilinato, Hoteles, Pensiones, Moteles y afines", que comprende el artículo 14.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. - Quiero señalar que hay un error en la referencia que se hace al transcribir el artículo 113 del Decreto-Ley Nº 14.219, en su nuevo texto, cuando se dice que el registro de hoteles, pensiones y afines lo tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; eso no es así, pues el registro depende del Ministerio de Industria y Energía, por lo que hay que hacer esa corrección.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. - Hay otro error en el artículo 113, tal como quedaría modificado, porque la Ley Nº 14.106, si mal no recuerdo es del año 1973 y no 1974, como se expresa en el Repartido.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: este artículo, en el que se reproduce el anterior y que fue objeto de observaciones, tiene las mismas carencias. Esperaba que al tratar este tema, ellas se solucionaran.

Por ejemplo, no está previsto el caso del propietario de la pensión, que regularice su situación, que obtenga el permiso, que se inscriba, que obtenga la aprobación del Ministerio. ¿Qué sucede con eso? ¿Sigue condenado eternamente a tener estos inquilinos? Quiere decir que su pecado fue no registrarse a tiempo, pero luego lo hace;

o, tal vez, lo haya sido no observar las condiciones exigidas por el Ministerio para el funcionamiento de los hoteles, pero regulariza su situación, se pone al día; sin embargo, no está previsto lo que sucede.

Tampoco se establecen previsiones sobre las condiciones de estos nuevos inquilinos, como por ejemplo por qué plazo están, o si tienen que ofrecer garantías; quiere decir que serán inquilinos "sui géneris". Esto, naturalmente, deriva de que no se cambia la situación del inquilino, sino su condición jurídica. En la Asamblea General, en la Cámara de Representantes y en algún otro lado he oído que el problema que se ofrecía con estos casos era la situación casi infrahumana de las personas que vivían en esas pensiones y moteles, el hacinamiento, compartiendo una misma habitación tres familias, que en otra se encuentran diez personas encimadas en condiciones higiénicas deplorables, siendo inexistentes, las sanitarias, sin ninguna garantía, y todo eso se soluciona transformándolos de pensionistas en inquilinos. Creo que estamos agarrando el rábano por las hojas.

Creo que la atención fundamental se debería centrar en establecer disposiciones que hicieran obligatoria la puesta en condiciones de esas casas, que se consideraran los aspectos de salubridad, que hubiera obligación y penalidad para quien no las cumpliera. Se trata de ese tipo de casas que si se concurre a la Intendencia Municipal de Montevideo para solicitar la habilitación necesaria para alquilar una finca, este organismo no la otorga, porque no tiene las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad exigibles. Pero nosotros pasamos por alto eso y a sus pensionistas los convertimos en inquilinos. Me parece que esto -y no quiero ofender a nadie- es una barbaridad.

Por otra parte, yendo al texto concreto, en el penúltimo parágrafo se expresa: ..... dentro del plazo de noventa días corridos a partir de la notificación a que se refiere el inciso anterior". Y si se lee el inciso anterior vemos que no habla de ninguna notificación. Al respecto, solicitaría alguna aclaración a los señores miembros informantes, a efectos de que me dijeran a qué notificación se refiere, porque el párrafo anterior dice que la Dirección de Turismo entregará una constancia, pero no habla de notificación; menos aún lo hacen los parágrafos primero o segundo. De manera que esta referencia que se hace al inciso anterior debe tener alguna explicación que no veo, pero que los señores miembros informantes nos aclararán.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a tener más coraje que el otro miembro informante y digo que realmente estoy tratando de encontrar la explicación. Lo confieso francamente y se escuchan sugerencias.

(Hilaridad)

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR AGUIRRE. - Voy a tratar de desentrañar este "intringulis".

En el proyecto de la Asamblea General, esta disposición referente a la fijación del alquiler mensual y a la posibilidad de ejercer la acción de rebaja estaba contenida en el artículo 18, que decía que el plazo para interponer la acción de rebaja era de "noventa días corridos a partir de la fecha de la notificación a que se refiere el artículo 17." Y este artículo 17 decía: "La Dirección Nacional de Turismo entregará al interesado una constancia de la no inscripción del establecimiento en el Registro pertinente o, en su caso, de su caducidad o cancelación, que lo habilitará para acreditar su calidad de arrendatario a todos sus efectos". La notificación era ésa, es decir, la entrega al interesado de dicha constancia de no inscripción del establecimiento. Y además, en el inciso anterior tal como ha quedado redactado en este proyecto, dice precisamente eso: "La Dirección Nacional de Turismo entregará al ocupante una constancia de la no inscripción del establecimiento en el Registro pertinente o, en su caso, de su caducidad o cancelación que lo habilitará para acreditar su calidad de arrendatario a todos sus efectos".

Por consiguiente, esta referencia en el párrafo siguiente a la notificación está hecha a esa constancia, es decir, a la entrega de esa constancia al ocupante se entiende que es una notificación en el sentido de que el establecimiento no está inscripto o que ha caducado su inscripción.

SEÑOR ORTIZ. - Entonces, se debería emplear la expresión "entrega de la constancia", porque evidentemente no se trata de una notificación.

SEÑOR AGUIRRE. - La Comisión acepta la corrección propuesta por el señor senador Ortiz, pero hago ver que esto no es un error del trabajo de la Comisión, sino que ya estaba en el texto aprobado Es decir que la palabra "notificación", que aparentemente está mal empleada, ya figuraba en el texto sancionado por la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Significa que se cambia el vocablo "notificación" por la expresión "entrega de la constancia".

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - También me quiero referir al agregado final que se le ha hecho a este artículo, de acuerdo al que ciertos hoteles pueden violar las disposiciones sin que se les pene, convirtiendo a sus huéspedes en inquilinos. Es decir que la penalidad es discriminatoria; en una palabra, es para los más chicos. Si hay algún hotel de categoría que viola las disposiciones, a ése se le perdona.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. - Con la explicación -compartible o no- coincido porque es muy sencilla.

Esta norma que es anómala, si se quiere un poco ortodoxa, porque su origen data del artículo 113 anterior del Decreto-Ley Nº 14.219 pretende amparar, pura y simplemente, a aquellos ocupantes que vivan en viviendas de una categoría realmente inferior. Es decir que estamos tratando de no alterar el régimen nada más que para aquellas personas que presumiblemente, por la condición de los lugares que habitan, son las más necesitadas y de más escasos recursos. La Comisión entiende que una persona que vive en un hotel de lujo, de primera y de segunda, A y B, no necesita de esta protección legislativa.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Una observación hecha por el señor senador Ortiz nos quedó rondando en la mente y es por eso que deseamos hacer una doble consulta a los señores miembros informantes de la Comisión.

En el penúltimo párrafo dice lo siguiente: "El alquiler mensual quedará fijado en una suma equivalente a treinta veces el importe diario del hospedaje. Regirá por un año..."

Es decir que es importante saber cuándo se produce la transformación de huésped en inquilino. Hay un doble efecto. El primero, es el de ver en qué mes le toca el reajuste, es decir, el año en que entra a regirse por las normas generales. ¿Se empieza a contar desde el momento en que el inquilino se entera que el lugar donde vive no llena los requisitos de inscripción? Si pasa eso, tendrá que notificar al propietario y hacérselo saber de manera fidedigna para ver cuándo corre la relación para ambas partes. Por lo tanto, la primera pregunta es la siguiente: ¿Cuándo opera la transformación desde el punto de vista del calendario? ¿En qué momento el propietario se entera de que a quien tiene en su establecimiento ya no es huésped sino inquilino?

La segunda pregunta -para hacer las dos al mismo tiempo, porque nos quedaron rondando en la mente las palabras del señor senador Ortiz- es, ¿qué plazo tienen los contratos? El de casa-habitación del Decreto Ley Nº 14.219, parecería ser el de la legislación que entraría a regir: Entonces, creo que no estaría demás que lo dijéramos.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Con respecto a la primera pregunta, hay que tener en consideración que el Decreto -Ley Nº 14.219 contiene una disposición de idéntico texto, en lo que en la versión del artículo 113, aún no modificado y por lo tanto vigente, es el penúltimo inciso. En ese decreto, en el penúltimo parágrafo textualmente se dice lo mismo que estamos manifestando en este, que es el que figura en la primera parte del repartido, en la página 9.

Entonces, en definitiva, desde ese punto de vista, es evidente que no es de ahora sino que viene desde antes, el principio de convertir de pleno derecho en arrendatarios a quienes ocupan como huéspedes, hoteles, pensiones y afines, no inscriptos en el registro, o cuya inscripción fuera cancelada. De modo que no se innova sino que se repite el régimen vigente. Precisamente, el plazo corre desde ese momento para la condición de arrendatario. Lo que sucede es que después establecimos normas nuevas que venían de la etapa de proyecto vetado oportunamente -me refiero al que fue aprobado en la Asamblea General- donde se trata de instrumentar un procedimiento que le dé fehaciencia, fecha cierta, a todos los plazos del mecanismo que se ha creado -y ése sí es nuevo- en el penúltimo y antepenúltimo parágrafo del artículo 113 que pretendemos reformar. Luego, en el último, se retorna puntualmente -salvo con el cambio de referencia al decreto- a la solución establecida en le Decreto-Ley Nº 14.219.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Cuál es la fecha en que se inicia el arrendamiento?

SEÑOR PRESIDENTE. - Debería ser la del documento que pide el Ministerio. Entiendo que habría que decirlo porque de otra forma no quedaría claro.

SEÑOR RICALDONI. - No tengo inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que debería decir: A partir de la fecha del documento referido, el alquiler mensual regirá por un año, etcétera. Por lo menos ésa es una solución inequívoca.

SEÑOR AGUIRRE. - Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces diría: A partir de la fecha del documento de referencia, el alquiler mensual quedará fijado, etcétera, y continúa el resto del artículo.

SEÑOR CERSOSIMO. - En síntesis, no sé en qué quedó el apartado final del artículo 14, sustitutivo del 113 del Decreto-Ley Nº 14.219.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quedó tal como está en el proyecto de la Comisión.

SEÑOR CERSOSIMO. - Si quedó igual, es porque no hay ambiente para modificarlo.

SEÑOR AGUIRRE. - Los miembros informantes no estamos de acuerdo. Creemos que esta exclusión es fundada, por las razones que ha expresado, con total claridad, el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR CERSOSIMO. - En consecuencia, la fecha está mal. Tomaron la del Diario Oficial, que dice: "27 de junio de 1985" y es del 12 de junio de 1985. Convendría hacer esa corrección.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con mucho gusto, porque es una mala fecha.

SEÑOR CERSOSIMO. - Lo decía un poco por eso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene que ser, entonces, 12 de junio de 1985.

SEÑOR WILLIMAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - Esta disposición a la que hizo referencia el señor senador Ortiz, viene desde el Decreto-Ley Nº 14.219. Por supuesto, que es el artículo 113. Evidentemente, es injusta. Tal vez por algún motivo de calidad o circunstancial, se pueda suprimir o cancelar una habilitación. Si el inmueble está en estado ruinoso, marchan al desalojo por razones de seguridad de vida de los inquilinos. Se hace una inspección, un peritaje, etcétera. Pero si no es tan así y hay una habilitación adecuada, esto queda como una sanción definitiva.

Creo que lo que ha expresado el señor senador Ortiz tiene una buena dosis de razón. No sé si habría ambiente para hacer modificaciones en el caso de que se recupere la rehabilitación. No quisiera ponerme a cambiar todo el sistema. Por ejemplo, los que nunca se inscribieron podrían quedar así, pero aquellos que estaban inscriptos y perdieron por algún motivo subsanable la inscripción, en el caso de que vuelvan a ser reinscriptos, que recuperen el estatuto jurídico por el cual se regían.

Considero, señor Presidente, que estas sanciones tan definitivas me parecen muy duras, y creo que rechinan desde el punto de vista de la Justicia. Con respecto a los que nunca se inscribieron, es gente que siempre estuvo en infracción por lo que admito se les sancione. Pero para los que perdieron la inscripción, habría que agregar que en el caso de obtenerse el levantamiento de la cancelación, volverán a readquirir el estatuto jurídico por el cual se regían. Creo que se trata de situaciones que no son las que se han pensado en sala, es decir, de gente totalmente marginada que está ubicada en casas de inquilinatos inverosímiles, en que el propietario debe ser sancionado, porque nunca tuvo habilitación. Pero en el caso de que la haya perdido por alguna circunstancia no tan grave, si la pudo recuperar, creo que esta sanción no debe ser definitiva.

Hago la consulta a los señores miembros informantes en tal sentido.

SEÑOR RICALDONI. - Estoy haciendo un esfuerzo para lograr una redacción, inclusive con el auxilio de un señor representante que es bastante conocedor del tema. Coincidiríamos -y creo que también el señor senador Aguirre- en hacer perder la calidad de arrendatarios a aquellos ocupantes de estos edificios cuando la suspensión cesara o cuando se rehabilitara la inscripción en el entendido, eso sí, de que los que antes de la sanción eran inquilinos, sigan siéndolo.

Me parece importante establecerlo, porque si no lo decimos quizá podamos hacer un enorme desaguisado en esta materia. Estamos tratando de concretar una redacción para este artículo.

SEÑOR WILLIMAN. - Pero el plazo de desalojo para el buen pagador sería de un año, por lo que no habría problema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si la Comisión estuviera de acuerdo con la solución propuesta, la Mesa cree que la redacción podría ser la siguiente: "Las personas comprendidas en el inciso anterior, así como los huéspedes de hoteles, pensiones y afines que no se encontraren inscriptos en el Registro mencionado, o cuya inscripción fuera cancelada, serán considerados arrendatarios a todos sus efectos, mientras tanto el establecimiento no obtenga su reinscripción en el Registro".

SEÑOR AGUIRRE. - O mientras no se inscriba, porque esto también puede suceder.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador; diría, entonces, "mientras tanto no se inscriba o no obtenga su reinscripción en el Registro".

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - En ese caso, quizás sería mejor otorgar un determinado plazo para que todos efectúen la regularización, pues de lo contrario estas personas pasarán de ser huéspedes a inquilinos y luego, nuevamente a ser huéspedes.

SEÑOR AGUIRRE. - Sugiero que se vote con el agregado propuesto por la Mesa.

SEÑOR ORTIZ. - Considero que en la redacción propuesta por la Mesa el vocablo "tanto" estaría de más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor senador; diría, entonces, "mientras el establecimiento no obtenga su reinscripción en el Registro".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Me parece que es necesario contemplar el aspecto que señalaba hace unos instantes en el sentido de que debe quedar claro que quienes eran inquilinos antes de la clausura del establecimiento, no pierden su condición de tales por el hecho de que se rehabilite el hotel o la pensión. Eso era lo que decía la ley de 1968.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que el aspecto que señala el señor senador queda claro, porque el segundo parágrafo del artículo 113 que se sustituye por este proyecto se refiere a las personas comprendidas en el inciso anterior que son los huéspedes y no los arrendatarios.

Antes de votar el artículo 14, vamos a repasar las modificaciones que le hemos introducido.

La Ley Nº 14.106 es de 14 de marzo de 1973; al pie de la página 8, donde dice "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", debe decir "Ministerio de Industria y Energía"; al final del segundo parágrafo del artículo 113 que se sustituye se agrega "mientras el establecimiento no se inscriba o no obtenga su reinscripción en el Registro"; el inciso 4º comienza diciendo "A partir de la fecha del documento de referencia, el alquiler mensual" ... etcétera; al final de este mismo inciso, el vocablo "notificación" se sustituye por "entrega de la constancia"; y, por último, la fecha del Decreto Nº 230/985 que se menciona en el inciso final es 12 de junio de 1985.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Comparto, en líneas generales, el agregado propuesto por la Mesa al segundo parágrafo del artículo, pero quisiera formular alguna reflexión. Pienso que no se encuentra en la misma situación, aquel que nunca se ha inscripto en el Registro que el que vió cancelada su inscripción, sin perjuicio de que el arrendatario de una pensión u hotel, desde el punto de vista jurídico, puede sentirse huésped aunque haya entrado siendo inquilino.

El agregado que se propone, tiene fundamento de justicia en la medida en que el propietario de la pensión o del hotel ha visto cancelada su inscripción, pero no cuando nunca estuvo inscripto. Creo que en este caso, lo correcto sería aplicar la norma señalando expresamente esto último, porque de lo contrario podemos incurrir en la profunda injusticia de que alguien entre a la pensión sabiendo que ésta no está inscripta, para que se le apliquen las normas de huésped, pero pasa a ser jurídicamente un inquilino hasta que el propietario regulariza su situación. Creo, que a través de esta ley permitiríamos esta maniobra. Si regulamos en forma distinta a aquel que nunca ha estado inscripto, y al que se le ha cancelado su inscripción, esta situación no se daría.

Deseaba formular esta reflexión para que todos podamos apreciar las distintas perspectivas que pueden existir de acuerdo a este texto. Adelanto, sin embargo, que votaré afirmativamente esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que esa situación sólo podría darse en el caso de un abogado o de un estudiante de derecho que habite una pensión clandestina; las otras personas simplemente se consideran huéspedes y no arrendatarios, no creo que especulen que por el hecho de que la pensión no esté inscripta podrán convertirse en arrendatarios; simplemente entran pagando una suma diaria como huéspedes.

SEÑOR BATALLA. - No quisiera entrar en una polémica sobre este asunto, pero creo que en definitiva estamos favoreciendo a alguien que no tiene una actitud moralmente correcta, en desmedro de alguien que entra engañado a una pensión donde se considera huésped -y es tratado como tal- cuando su posición jurídica no es esa.

De todas formas, no hago cuestión sobre esto.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - La expresión utilizada en este artículo 14 no es nueva, ya que determina la sustitución del artículo 113 del Decreto-Ley Nº 14.219, que establecía exactamente lo mismo; decía que el artículo 307 de la Ley Nº 14.106 no sería aplicable a aquellos huéspedes que hubieran ingresado con anterioridad a que los hoteles, etcétera, se hubieran inscripto. Es decir que cuando ingresaron no era un hotel.

Por otra parte, la gente que habita esas casas lo hace porque no puede pagar un alquiler ya que no tiene la seguridad de que a fin de mes tendrá el dinero suficiente, por lo que pagan en esos lugares día a día o semanalmente. Por ese motivo, no sé si no los perjudicamos al transformarlos en inquilinos.

SEÑOR BATALLA. - Reitero que no quiero entrar en una polémica sobre el punto, pero debo decir que el argumento que da el señor senador Ortiz actúa en favor de lo que yo he expresado, ya que en este caso estaríamos estableciendo una solución contradictoria con el inciso anterior, pues en él se determina que las personas que ingresaron antes de realizada la inscripción son inquilinos. En cambio, de acuerdo a esta norma quienes entren antes de la inscripción pueden ser inquilinos, pero si se regulariza la inscripción dejan de serlo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - El primer parágrafo del artículo 113 que se sustituye establece que quien ingresa con anterioridad a la inscripción es arrendatario; y el segundo inciso dice que el que ingresa a un hotel o pensión registrado -la hipótesis es distinta a la anterior- no es inquilino mientras esa inscripción no se cancele. Las hipótesis son distintas y creo que los dos casos están cubiertos y que es correcta la redacción que tiene.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 con las modificaciones sugeridas.

(Se vota:)

- 13 en 16. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo VI "De los Asentamientos Marginales", que comprende el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 12 en 16. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VII "Disposiciones Generales", que comprende los artículos 16 al final.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - El artículo 21 del proyecto modifica al 40 del Decreto-Ley Nº 14.219, y en el segundo inciso del artículo modificativo, donde dice "obligación" debe decir "oblación".

SEÑOR ORTIZ. - ¿Estamos votando, también, el artículo 24?

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador; estamos votando los artículos 16 a 27.

SEÑOR ORTIZ - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En cuanto al artículo 24 debo decir que hace un rato fui entrevistado por un escribano que me señaló que en la noche de hoy se reunía la Asociación de Escribanos para tratar este asunto y me adelantó su opinión de que, a juicio de ellos, es virtualmente imposible que la Dirección General del Catastro Nacional organice en plazo este registro.

Como esta situación ya ha sido planteada en ocasiones anteriores sin que se atendiera, sólo señalo la posibilidad de que se cree un conflicto a raíz de que, en el término señalado, no esté funcionando el registro.

Yendo al análisis concreto del artículo 24, señalo que no tiene sentido la palabra "inmueble" donde dice "Registro de la Propiedad Inmueble Urbana y Suburbana", porque ella comprende a los baldíos y no tiene objeto hacer una declaración de ellos ya que lo que se busca es conocer la situación ocupacional de los inmuebles.

SEÑOR FA ROBAINA. - Se podría cambiar por "vivienda".

SEÑOR ORTIZ. - Aquí también se habla "de la Propiedad". Al respecto creo que tendría que decirse "Registro de Inmuebles Edificados", porque Registro de la Propiedad es también el Registro de Traslaciones de Dominio.

En este artículo se establece que los propietarios dispondrán de un plazo de ciento veinte días para inscribir sus inmuebles y que vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o acción judicial relacionada con inmuebles urbanos y suburbanos si no se acredita la inscripción de los mismos. Seguramente, se refiere a ninguna acción judicial realizada por el propietario, que es quien ha incurrido en la falta de no inscribir su propiedad en el Registro. Si se trata de una acción relacionada con un inmueble hecha por el inquilino, ¿qué tiene que ver éste con que el dueño de la casa no haya registrado su propiedad? Esta norma es de carácter general y comprende todos los casos. Pienso que no debería ser así.

También se dice que no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o acción judicial relacionada con inmuebles urbanos. Esto significa que si fallece el propietario y se inicia la sucesión, ésta no puede continuar su trámite porque no se hizo la inscripción en el Registro; o que si se trata de un deudor hipotecario que no paga, el acreedor no podrá ejecutar la hipoteca porque el propietario no hizo la inscripción en el Registro correspondiente.

Me parece que esto es un exceso que va a ser una traba totalmente innecesaria en la contratación, sobre todo que no responde a ninguna necesidad de las esbozadas en este artículo.

Por otra parte, se dice que los propietarios dispondrán de un plazo de ciento veinte días para inscribir sus inmuebles. ¿A partir de qué momento se cuenta ese plazo? Eso habrá que establecerlo, porque todos los plazos tienen un comienzo y un fin.

Finalmente se dice: "El presente artículo regirá a partir de los sesenta días de dictada dicha reglamentación". Pienso que lo que va a regir a partir de los sesenta días es la obligación de inscribir que tienen los propietarios; pero no el artículo, porque si éste queda suspendido en su vigencia hasta que se dicte la reglamentación, ni siquiera la Dirección General del Catastro Nacional podrá ir aprontando el Registro, porque este artículo no existe. Nosotros lo suspendemos y recién empezará a regir a partir de los sesenta días de dictada la reglamentación. Repito que la labor preparatoria que tiene que realizar la Dirección General del Catastro Nacional no podrá hacerse porque lo que está suspendida es la vigencia del artículo. Distinto sería si se dijera que lo que se suspende es la obligación del propietario de registrar su inmueble hasta tal fecha. Entiendo que no se debe suspender la vigencia de este artículo.

Dejo hechas estas observaciones que no sé si la Comisión las recogerá.

12) TERMINO DE LA SESION

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Se establecen normas en la materia.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Le concedo una brevísima interrupción, señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Según la tradición parlamentaria, cuando a uno le dicen que la interrupción tiene que ser breve, no la acepta. Esta se da o no. En este caso, igual la voy a aceptar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La duración la marca el Reglamento; el señor senador dispone de cinco minutos.

SEÑOR CERSOSIMO. - Sería innecesario que exprese que estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el señor senador Ortiz, porque recuerdo que ya en la sesión de 15 de agosto de 1985 expresé largamente -según consta en el Diario de Sesiones, en la página 318- argumentos dados por el doctor Varela Méndez que hablaba de inconstitucionalidad de la norma y de que inclusive enervaría, en lo pertinente, hasta el propio Pacto de Costa Rica, lo que dio lugar a una vehemente intervención del señor senador Batalla diciendo que eso era increíble. En aquel momento le manifesté que la opinión no era mía, sino del especialista que había citado al respecto. Entre otras muchas consideraciones de las tantas y muy bien fundadas que ahora hace el señor senador Ortiz, agregué que este Registro nunca había servido para nada. Tampoco ahora va a servir.

Me opuse tenazmente a este artículo en la Comisión de Constitución y Legislación, como le consta a sus miembros, así como en el Senado y en la Asamblea General, como me voy a oponer nuevamente ahora. También expresé en aquella oportunidad que según la experiencia que teníamos en esta materia resultaría absolutamente negativa la creación del Registro.

En aquel momento también expresé: "Cuando se creó por la Ley Nº 11.802 de fecha 30 de noviembre de 1960, sí mal no recuerdo, este Registro de la Propiedad de Inmuebles Urbanos y Suburbanos, para lo único que sirvió -entre los acertados argumentos que aquí se esgrimieron cito el del señor senador Batalla- fue para que se tuviera que enviar la copla de las escrituras en las que se procedía a la traslación de dominio de inmuebles urbanos y suburbanos. Pero, posteriormente, hubo que derogar la norma, porque no sirvió absolutamente para nada como no fuera para de alguna manera entorpecer y obstaculizar la labor administrativa, jurisdiccional y todo lo relacionado con la parte de trámite ante oficinas públicas".

SEÑOR MEDEROS. - No estoy de acuerdo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Ya sé que el señor senador Mederos no está de acuerdo.

SEÑOR MEDEROS. - Nunca sabremos quién es el propietario.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ruega que no se dialogue. El señor senador Cersósimo está en uso de una interrupción; por lo tanto no puede concederle otra a usted.

SEÑOR CERSOSIMO. - Si pudiera, le concedería la interrupción al señor senador Mederos, pero estoy en uso de la que me dio el señor senador Ricaldoni.

El señor senador Mederos es Indeclinable en su posición. A pesar de que no la integra, un día fue a la Comisión de Constitución y Legislación en momentos en que se trataba de este tema. No sé si asistió a propósito o llegó justo. El hecho es que ya allí comenzó a oponerse tenazmente, tal como lo había hecho en la Cámara de Representantes hace muchos años cada vez que se pretendía derogar una de estas normas o no se quería establecer en la ley, se oponía siempre. Sin embargo, era un tenaz defensor cuando se trataba de incorporar la disposición correspondiente. ¿No es así?

En la Comisión de Constitución y Legislación hizo exactamente lo mismo en el momento en que se trató el asunto. Siguió en esa posición hasta el día de hoy. Yo hago lo mismo, pero al revés. Comprendo su posición y su deseo de que se tenga un Registro. Yo también creo que es conveniente, pero no de esta manera, sino que hay que buscar otro cauce, otra forma. De este modo se liquida la contratación e inclusive paraliza -según lo afirmó el doctor Varela Méndez en un trabajo que realizó en el diario "El País", al que di lectura en esa ocasión y del que hago gracia al Senado de repetirlo- el derecho de petición que está incorporado en la parte de principios de la Constitución de la República. Eso es lo que manifiesta, inclusive hasta contradice -agrega- la Convención Americana de Derechos Humanos.

El señor senador Batalla se levantó airado de su butaca el día en que yo expresé eso porque manifestó que era algo increíble.

Sin embargo el doctor Varela Méndez lo establece en un informe escrito. Afirmo, además, que también es totalmente inconveniente para los promitentes compradores, pues los propietarios se van a desinteresar -lo expresé en aquella oportunidad ya que es la experiencia recogida durante años- de la inscripción. El promitente comprador que hace años que esta en el inmueble -y a quien no se le habilita para la inscripción en el Registro- va a quedar totalmente desprotegido. No tendrá ninguna posibilidad de presentarse ante las oficinas públicas y los abogados no van a poder, ni siquiera, interponer una demanda, según lo sostiene el doctor Varela Méndez. Agrega, asimismo, que se enerva, como dije, entre otros, el derecho de petición.

Me opongo tenazmente, señor Presidente, a este artículo. Que se desglose. Y si se lo vuelve a traer, que sea para eliminarlo. No tengan dudas, porque no puede aplicarse. En el año 1960 cuando se lo estableció, hubo que derogarlo por que entorpecía la contratación y las gestiones administrativas.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - El señor senador Cersósimo ha realizado una exposición un poco apocalíptica sobre las consecuencias de este artículo. Esto lo expreso -como suele decirse en este Senado que yo íntegro desde hace tan poco tiempo- con todos los respetos debidos.

Estimo que lo que podemos hacer es perfeccionar la disposición tomando en cuenta algunas observaciones muy sensatas realizadas por el señor senador Ortiz; pero la propiedad siempre comporta obligaciones registrales, como le gusta decir a los señores escribanos. Por ejemplo, es obligación presentarse al Registro de Traslaciones de Dominio. Entonces uno podría decir que se afectan los derechos humanos porque no se inscribió en dicho Registro.

Entiendo que este articulo crea una obligación más al propietario pero, a la vez, se van a ordenar muchos problemas de la vida ciudadana y económica al existir un registro de la propiedad y de propietarios.

Pienso que esto podría solucionarse expresando, en lugar de "registro de la propiedad inmueble", "registro de la propiedad de fincas urbanas y suburbanas". Es decir que se refiere a la parte de mejoras y no a los baldíos; de la misma manera que cuando se dice, por ejemplo "no se dará trámite en una gestión en la Administración Pública" se agregue "por iniciativa del propietario". Es decir que este señor que debía registrarse tiene limitada sus iniciativas, pero no el acreedor hipotecario, por ejemplo, que no tenía la misma obligación.

Me parecen muy importantes las observaciones realizadas por el señor senador Ortiz pero no como para suprimir el artículo, sino para mejorarlo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creí que el señor senador Ricaldoni, que es miembro informante, iba a contestar las observaciones formuladas por el señor senador Ortiz; pero si le siguen solicitando interrupciones, no va a poder responderlas.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Quería corroborar algo que exprese al principio pues ahora tengo la confirmación oficial.

La Asociación de Escribanos que se ha reunido, solicita que se prorrogue, por lo menos, el término de este artículo, porque considera absolutamente imposible la organización de este Registro en el breve lapso aquí establecido. Lo que ocurre es que, como en el Senado pocos tenemos la suerte de ser escribanos, la mayoría piensa que crear un registro es como dictar un proyecto de ley que determine: eríjase una ciudad en el campo.

Esto no es así; el asunto es bastante más complejo. El Parlamento puede hacer de todo, menos de un hombre una mujer. Y bien, tampoco puede crear un registro de esta manera con un artículo suelto y perdido.

De manera que formulo estas observaciones no con un espíritu travieso, sino que ellas responden a una realidad avalada por una entidad muy respetable -la Asociación de Escribanos- que algo entiende de registros.

Por estas consideraciones, señor Presidente, estimo que este artículo es contraproducente y no va a dar lugar a los resultados esperados, sino que va a ser germen de confusión en la Dirección de Catastro que no está preparada para esta función. En todo caso, existen registros de la propiedad raíz y de arrendamientos con años de funcionamiento; entonces, que se los adapte para enfrentar a este problema. No podemos inventar un nuevo registro; es como si quisiéramos crear un nuevo Cuerpo de Bomberos; no puede ser, ya está inventado.

Nada más; muchas gracias señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: por su orden y con cierta dificultad -porque se ha hablado de muchas otras cosas- voy a tratar de recoger las objeciones del señor senador Ortiz.

La primera de ellas -si mal no recuerdo- hacía referencia a la amplitud de la expresión "registro de la propiedad inmueble", porque abarca todo tipo de propiedad inmueble.

Recojo la observación y le pregunto -le solicito que me conteste al final de mi intervención- si la misma se salvaría diciéndose: "Registro de la propiedad edificada urbana y suburbana".

SEÑOR ORTIZ. - Registros de inmuebles edificados.

SEÑOR RICALDONI. - Perfectamente. Entonces, sería "Registro de inmuebles edificados".

En este primer inciso, en la primera línea de la página 13, creo que habría que establecer algo para que cambiara lo allí determinado. Podría expresarse: "La propiedad inmueble edificada".

En el penúltimo inciso propondría la siguiente redacción que pienso que recoge, acertadamente, las no menos acertadas expresiones del señor senador Ortiz.

SEÑOR MEDEROS. - En definitiva, ¿qué es lo que acepta la Comisión?

SEÑOR RICALDONI. - Hasta ahora todo lo que está planteando el señor senador Ortiz.

SEÑOR BATALLA. - Menos la eliminación.

SEÑOR RICALDONI. - El penúltimo inciso del artículo 24 diría así: "Los propietarios dispondrán de un plazo de 120 días para inscribir sus inmuebles" -y aquí viene el primer agregado- "a partir de la creación del registro. La inscripción será gratuita. Vencido dicho plazo, no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o judicial" -este es el segundo- "del arrendador respecto del inquilino si no se acredita la inscripción de los mismos en el referido registro".

Y, por último en el inciso final, en vez del plazo de sesenta días, propondría al señor senador Ortiz, extenderlo a 90 días. Me gustaría saber su opinión ya que fue él quien planteó las observaciones.

SEÑOR ORTIZ. - Soy contrario al artículo y a la creación del Registro. Solicitaría al señor senador si puede repetir la lectura del inciso segundo, porque me parece que faltaron algunas palabras.

SEÑOR RICALDONI. - Diría así: "Los propietarios dispondrán de un plazo de ciento veinte días para inscribir sus inmuebles a partir de la creación del Registro. La inscripción será gratuita. Vencido dicho plazo, no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o acción judicial del arrendador, respecto del inquilino" -se tacha "relacionada con inmuebles urbanos y suburbanos", porque parece estar de más- "si no se acredita la inscripción de los mismos en el referido Registro". En el último parágrafo diría noventa días, en lugar de sesenta días como se establece en el segundo plazo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es decir que los noventa días se refieren al segundo plazo.

La objeción no era solamente con respecto al plazo, sino además en lo referido a que el presente artículo regirá a partir de los noventa días o de los sesenta días. Eso no tiene sentido, porque no es el artículo el que va a regir.

SEÑOR RICALDONI. - Al respecto desearía saber qué es lo que opina el señor senador Ortiz.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que el plazo se establece para que entre en vigencia la obligación de los propietarios para inscribir sus inmuebles, pero no la vigencia del artículo, porque si la suspendemos, suspenderíamos todo, inclusive la creación y organización del Registro.

Pienso que podríamos decir que la obligación establecida en el inciso tal, regirá a partir de los noventa días, o algo parecido, pero no decir que regirá el artículo.

SEÑOR RICALDONI. - El señor senador Ortiz se refiere a la obligación del inciso anterior, que es la de los propietarios de inscribir. En consecuencia, quedaría de la siguiente manera: "La obligación del arrendador establecida en el inciso anterior..."

SEÑOR MEDEROS. - Deseo preguntarle al señor miembro informante qué plazo se asigna para la creación del Registro. Este punto no me ha quedado suficientemente claro.

SEÑOR PRESIDENTE. - El plazo es de sesenta días, señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Creo que en la denominación del artículo existe un error porque se trata de una ley de arrendamiento de viviendas y no de crear un registro de propiedad inmueble edificada, porque puede haber una propiedad edificada que no sea vivienda. Por lo tanto entiendo que debería denominarse Registro de casa-habitación o de viviendas. Pienso que debe ser así porque lo que queremos es tener un contralor de las casas-habitaciones que existen en el país, ya sea en las zonas urbanas o suburbanas y no de los inmuebles.

(Interrupciones)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Es un viejo propósito -hasta ahora frustrado- el de crear un Registro de la propiedad inmueble que tenga construidas viviendas a los efectos de saber cuál es la disponibilidad que existe de fincas para arrendar.

En consecuencia, esto excede el propósito, la finalidad y el objetivo concreto que en este caso se busca. Se trata de registrar la propiedad inmueble urbana o suburbana edificada. Pero, repito, puede tratarse de una propiedad inmueble edificada que. no sea destinada a vivienda y en ese caso no tiene sentido su incorporación al Registro. Lo que queremos saber es la cuantificación de las viviendas disponibles que existan.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FA ROBAINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Lo que expresa el señor senador Fa Robaina es razonable, porque puede tratarse de un inmueble, por ejemplo, destinado a una fábrica. Pero, también habría que comprender a los Inmuebles que no son viviendas y que también están arrendados, como ser las casas de comercio. Entonces, habría que buscar una fórmula, que dijera, por ejemplo, "Registros de Inmuebles arrendados". Pero si así lo estableciéramos, los que no están arrendados no se registrarían, y en consecuencia careceríamos de datos sobre el estado ocupacional de la propiedad inmueble.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FA ROBAINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que debemos tener claro qué es lo que buscamos a través de este Registro. Lo que buscamos a través del mismo es tener una clara percepción de quien es un pequeño propietario. Esa es la finalidad del Registro. No sé si existen otros mecanismos; personalmente he encontrado sólo éste.

Además, pienso que ni siquiera la calificación de edificación, corresponde, porque lo que pretendemos es tener censada la propiedad. Un pequeño propietario, no puede ser calificado como tal, por poseer tres edificios, o dos destinados a casa-habitación. Puede tener un gran predio sin edificar, y, por lo tanto, no permite la calificación de pequeño propietario.

También se puede dar el caso, de que tenga dos fincas arrendadas con destino a casa-habitación, y un gran galpón arrendado a una fábrica por una suma de dinero muy importante.

Creo que lo que realmente debemos tener es un Registro que nos brinde la visión cabal de lo que es un pequeño propietario que es lo que necesitamos para legislar. Es muy importante la determinación real y verdadera de la existencia del pequeño propietario.

Entiendo que debernos ir, inclusive más allá de la propiedad edificada y de lo que es urbano y suburbano, porque nos vamos a encontrar con la exclusión plena de todo criterio, con respecto a los bienes que en la zona rural se encuentran arrendados y que también forman parte de todo el mercado de viviendas.

Creo que debernos tener cuidado. Pienso que muchas de las observaciones formuladas son atendibles. En lo que tiene que ver con la materia de plazos es muy lógico el argumento que se utiliza en el sentido de que no se puede establecer un Registro en 24 horas. Creo que eso es correcto y que debemos dar más plazos, pero teniendo presente lo que nos proponemos. Si lo que deseamos es calificar la figura del pequeño propietario, debemos ir más allá de lo que es la propiedad edificada y creo que, en ese aspecto de la propiedad inmueble, el proyecto es correcto.

Personalmente, no incluiría los términos "urbana y suburbana", porque creo que a los efectos de esta calificación, también deberíamos incluir a la propiedad inmueble rural. Si nos referimos solamente a lo que son inmuebles destinados a casa-habitación -como lo insinuaba el señor senador Fá Robaina en el curso de su exposición- todos estaríamos creando nuestros propios argumentos y contra argumentos, porque nadie tiene la verdad encerrada en el puño.

¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, durante la vigencia de la Dirección de la Asesoría Técnica de Arrendamientos? Allí existía un mecanismo regulador del arrendamiento que, por primera vez, había establecido un único mercado dirigido y controlado a través de la mencionada Dirección, que se conocía con el nombre de DATA.

¿Que fue lo que pasó? A los efectos de evitar la regulación de DATA, que comprendía sólo las viviendas, cantidad de éstas, típicamente unidades habitacionales, se alquilaban con destino a Industria y Comercio. Era entonces que aparecía fulano de tal -quién vivía en una casa con su señora y cuatro hijos- alquilando la vivienda para instalar una zapatería. Toda esa deformación debemos tenerla presente como experiencia para tratar de que este registro que queremos crear, realmente tenga el contenido o nos proporcione la figura del pequeño propietario que entendemos debe darnos, que es el objetivo y la finalidad de este artículo.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR FA ROBAINA. - Si la finalidad del artículo es la que señala el señor senador Batalla, mi observación no tiene sentido. Tenía entendido que lo que se trataba era de hacer un registro de la vivienda, pero no siendo así, es decir, si es cierta la explicación que acaba de dar el mencionado señor senador, lo que manifesté carece de sentido.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FA ROBAINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Pienso que de internarnos en el concepto de pequeño propietario, debemos meditar a ese respecto porque no es cuestión de establecer diversas calificaciones según para qué, es decir, no podemos indicar que para los efectos del arrendamiento, éstos son los pequeños propietarios, y para otros, aquéllos.

La Constitución, en su artículo 232, -que habla sobre las indemnizaciones que deben pagarse en el caso de las expropiaciones establece en su inciso final: "Los pequeños propietarios cuyas características determinará la ley, recibirán siempre el total de la indemnización..." etcétera. Quiere decir que en lo que hace a la configuración del pequeño propietario, el Parlamento está en mora, inclusive con el criterio que nos sugiere la Constitución. Me parece que si a corazón ligero establecemos esa categoría, a los efectos exclusivos de una ley de arrendamiento, podemos cometer un error

En cuanto al argumento que manejaba el señor senador Batalla, cabe preguntarse -tanto en lo que hace a este artículo como con la otra disposición referente al Poder Judicial- qué es lo que queremos. Es decir, que cuando tengamos que estudiar una nueva ley de alquileres -seguramente lo deberemos hacer el próximo año y tal vez el otro- dispongamos de todos aquellos elementos de que siempre hemos carecido. ¿Y cuáles son? Saber cuántos inquilinos hay, qué alquileres pagan, cuántos desalojos se dan y por qué, si es por mora en el pago o por otras razones. No creo que necesitemos saber si un señor tiene 14 estancias o 20 apartamentos. ¿Qué interesa a estos efectos? Pienso que las cosas no son tan exageradas. Lo que interesa saber es el estado ocupacional, es decir, si hay fincas destinadas a viviendas, que estén desocupadas, cuántas son, qué comodidades tienen y en qué zonas están ubicadas. El resto es totalmente innecesario; esos otros datos sólo interesan a los efectos del pago del Impuesto al Patrimonio y de la Contribución Inmobiliaria, pero no a los del arrendamiento. No interesa que haya un señor que tenga dos casas para arrendar o uno que tenga un campo yermo e inexplotado. ¿Acaso vamos a decir que por su casa debe cobrar más o menos, porque tiene un campo? De ser así, el que tiene una estancia debe dar gratis su casa. Y al que es: accionista de una empresa, ¿qué le hacemos? ¿Que dé gratis el alquiler a su inquilino? Estamos internándonos en un ámbito de tremenda complejidad.

Aparte de dejar constancia de que soy contrario a este registro, digo que debemos limitarlo a los términos en que lo había planteado el señor senador Ricaldoni, con algún retoque en cuanto a la denominación. Pero más allá de eso, creo que el Senado cometería una imprudencia en aprobarlo así.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Fá Robaina.

SEÑOR FA ROBAINA. - Creo que en este tema es riesgoso -y nunca fui partidario, en éste como en ningún otro- hacer improvisaciones en Sala en textos que después pueden resultar un bumerang.

Confieso que creía que la finalidad -como incluso estaba referida, por la remisión que hacía, a una norma de la ley de arrendamientos- del Registro era la de tener pura y exclusivamente un censo de la propiedad habitacional. Sin embargo aquí se ha dicho que el propósito va más allá. En tal sentido, coincido con el señor senador Ortiz de que esto tiene o podría tener otra finalidad y otros propósitos que podrían ser fiscales, por ejemplo lo que quiere decir que se trataría de un registro de otra naturaleza.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: si bien no soy abogado ni escribano, ni tengo relación alguna con la Asociación de Escribanos, cuya jerarquía y solvencia no niego, debo decir que hace unos cuantos años que estoy en el Parlamento y he intervenido en la elaboración de muchas leyes de alquileres y siempre se ha establecido la imperiosa necesidad de saber quiénes son los pequeños y medianos propietarios. En ese campo hemos transitado en la incertidumbre y en la ignorancia y todo lo que se ha hecho ha sido en base al empirismo.

Precisamente, legisladores colorados -y en especial el señor representante Cantón- en oportunidad de tratarse en la Asamblea General y en la Cámara de Representantes los respectivos proyectos de alquileres, hicieron una encendida defensa de los pequeños y medianos propietarios, la que insumió varios minutos -no sé si una hora o una hora y media- alguno de cuyos aspectos pueden ser compartibles, pero carentes de una realidad emergentes de un censo. Para el caso, creo que esto es lo que corresponde, a los efectos de que, de una vez por todas, el Parlamento tenga en sus manos una versión seria acerca de quiénes y cuántos son, dónde están y como están alquiladas las fincas de los pequeños propietarios.

No comprendo realmente la posición de algunos profesionales -los que están aquí son ilustrados colegas- que se empeñan tenazmente en que todos estos datos no estén en poder del Parlamento. A efectos de legislar con pruebas concluyentes es que el Parlamento los necesita. Es decir, que ellos nos van a permitir saber qué hay detrás de toda esta proclama de pequeños y medianos propietarios, o sea, cuántos son, cuál es su situación económica, cuántas casas tienen, qué alquiler perciben. ¿Por qué negarse a que el Parlamento y las instituciones conozcan todo esto? Lo que queremos es legislar sobre bases serias y no empíricas.

No se trata de algo referido a lo expresado por el señor senador Ortiz, con ese talento y esa sabiduría que posee; y lo mismo con respecto al señor senador Cersósimo, ya que a ambos los he visto en varios períodos parlamentarios negarse a que esto esté a cargo del Parlamento. Y no sé porqué. ¿En qué lesiona esto el interés del propietario? ¿En qué afecta el interés de alguien? No lo entiendo, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MEDEROS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - La razón radica, señor Presidente, en que esto nos da la certeza de que el propósito del Parlamento es continuar protegiendo a los inquilinos a expensas de los propietarios. En realidad, la casa es una mercadería que vale por sí misma, por lo tanto, su valor no tiene nada que ver con la situación económica del propietario. Cuando voy a comprar un anillo a la joyería ¿qué me importa si el joyero es pobre o rico? El anillo vale por sí mismo. Y cuando voy a comprar un kilo de azúcar, éste tiene su propio valor, que no depende del dinero que el almacenero tiene en el banco. Las casas también valen por su edificación, por la zona en donde están, por sus comodidades. Investigar sí el dueño tiene diez casas más o no, significa que se está pensando que si las posee se rebajarán los alquileres y de lo contrario, no. Yo no estoy en esa línea de conducta, porque no creo -lo he sostenido cien veces y lo seguiré sosteniendo-que la protección al inquilino deba hacerse exclusivamente a expensas del propietario, sino que el Estado debe contribuir creando impuestos, un subsidio, o alguna otra medida que con la imaginación fértil que el Estado suele tener para otras cosas, seguramente encontrará, pues no creo que el propietario deba ser el "paganini" en esta situación. Por eso me opongo, no porque quiera favorecer el ocultamiento.

Y pregunto: ¿qué propietario puede ocultar sus casas? ¿Acaso no paga Contribución Inmobiliaria, Impuesto al Patrimonio, e interviene en escrituras donde debe declarar sus bienes? Acá no hay ocultamiento ninguno porque este no es un país donde se pueda esconder la propiedad de una casa, como se pueden esconder las acciones, ya que para eso están las acciones de sociedades anónimas o al portador. Hay varios registros como el de Traslaciones de Dominio, el de Arrendamientos, el Registro de Embargos, el Registro de Promesas, etcétera. En fin, esta es materia propia de escribanos, lo cual parece ser algo peyorativo.

Repito que me opongo a esto porque veo que la intención -aún con buena fe- en una línea de pensamiento que no comparto pero respeto, es la de saber para luego recargar sobre esos propietarios el beneficio de los inquilinos.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MEDEROS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Hemos estado haciendo consultas entre varios miembros del Senado, particularmente con los señores miembros informantes -incluído el señor senador Batalla- y se nos ocurre hacer una propuesta que quizás signifique postergar la consideración del artículo relativo al Registro.

La proposición consiste en aprobar el resto del articulado hoy y dejar la consideración de este artículo para la sesión de mañana. Durante este intervalo, los miembros informantes haríamos el esfuerzo de recoger todas las sugerencias hechas en Sala y tratar de contemplar argumentos que nos parecen muy razonables y que por esa razón nos parece que deben dar lugar a un trabajo más sereno que el que puede surgir de una improvisación realizada en Sala, como bien decía el señor senador Fá Robaina.

Formulo moción en ese sentido, señor Presidente.

SEÑOR MEDEROS. - Continúo señor Presidente, contestando a mi distinguido colega el señor senador Ortiz.

Afirmo que no estoy de acuerdo con sus apreciaciones -en el enfoque de este problema, como en otros, ambos estamos bastante distantes- porque creo que prejuzga.

En una ley de alquileres, en este Uruguay complicado de la hora actual, nadie quiere arrebatar nada a nadie. Mientras afirmo eso, también digo que la dictadura hizo esta ley a favor de los propietarios, esquilmando a los inquilinos. Eso nadie puede dudarlo. Y mientras duró la dictadura, ¡cuántos miles de pobres inquilinos fueron a parar a los estadios marginales de los alrededores de Montevideo!

De eso, señor Presidente, nadie se acuerda; pero yo, sí. Y no lo hago con sentido demagógico. Estamos muy lejos de las elecciones, para poner un acento demagógico en algo que sentimos profundamente, porque nos duele el dolor ajeno, el infraconsumo, la miseria, el desamparo de esa gente que parece pertenecer a un Uruguay diferente que algunos no ven, o no quieren ver, porque cierran los ojos frente a esa circunstancia de pobreza y de miseria humana, con niños, mujeres y hombres viviendo de la basura que pueden recoger todos los días en el centro de Montevideo.

Lo que queremos es legislar sobre bases serias, no para arrebatarle a nadie nada, sino para que cada uno contribuya al bienestar general de la sociedad en función de lo que posee. Y nada más. No nos mueve otro propósito. Sabemos que vivimos en un Uruguay propietarista y liberal, pero consideramos que la ley debe ir corrigiendo tremendas desigualdades, como la de personas que tienen 80 y hasta 200 propiedades.

SEÑOR ORTIZ. - ¡Qué bandidos!

SEÑOR MEDEROS. - No; bandidos, no. No es cómo consiguieron estas propiedades, pero las tienen. No hago juicio de valor respecto a ellos. Pero si la ley quiere ser justa, y amparar al pequeño propietario y también al pobre inquilino, debe tener en cuenta esa situación de desigualdad e injusticia social.

Digo esto, les guste o noa quienes me están oyendo y murmuran en voz baja para que yo no les escuche. No me importa si les gusta o no a ellos. Acá voy a decir mi verdad, con el derecho que tengo como legislador de la República. Con el mismo respeto que oigo a los demás, exijo que se me oiga a mí. He defendido esta posición cuando muchos de los señores senadores que hoy están acá no era siquiera legisladores y yo integraba las Comisiones que trabajaban en el parlamento para estructurar leyes de alquileres. Tengo muchas carpetas con la historia de esos años, de modo que no estoy improvisando.

Además, señor Presidente, no vivo en ningún apartamento comprado mediante leyes privilegiadas otorgadas en el Parlamento. Estaban vigentes y las rechacé.

No admito ni admitiré ningún juicio de valor sobre mis colegas que se ampararon a ellas, pero sí digo que tal vez soy el más pobre de los legisladores y no he aprovechado lo que para mí fue un privilegio que rechacé en silencio. Hoy puedo mencionar esto porque esas leyes no están más vigentes y sí lo estaban en aquel entonces. Muchos de mis colegas se ampararon a ellas; allá ellos. No emite juicio al respecto.

Cuando hablo de estas cosas, señor Presidente, lo hago porque he corrido el albur de tener que salir de una casa por no poder pagar el alquiler que se me cobraba. No se cuantos de mis colegas pueden haber pasado por esas peripecias. Yo sí las he vivido.

Al defender estas cosas no niego el derecho a un sector respetable como el de los propietarios, a ser legítimamente amparados, pero tampoco ignoro a aquellos que no tienen nada con que defenderse y los tiene que amparar la ley, porque sin ella van a terminar en los "cantegriles".

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de que se desglose el artículo 24, que vuelva a la consideración de los tres miembros informantes y se postergue su tratamiento para el día de mañana.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

SEÑOR CERSOSIMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO.- Sugiero a los miembros informantes que al reconsiderar este artículo tengan en cuenta el debate que se planteó en el Senado el día...

SEÑOR RICALDONI.- Si no fuera por eso, no habría formulado la moción.

SEÑOR CERSOSIMO.- Me refiero al debate de 15 de agosto de 1985. Por supuesto que doy por sentado que se va a tener en cuenta el debate ocurrido en la noche de hoy.

En las páginas 317 a 320 del Diario de Sesiones, referente a la discusión del 15 de agosto figuran las opiniones de los señores senadores Batalla, Ortiz, Ricaldoni, Lacalle Herrera, Aguirre, Mederos, Cigliuti y quien habla. En ese debate se dice mucho en relación con la bondad o no de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 16 a 27, con excepción del artículo 24 que ha sido desglosado.

(Se vota:)

- 14 en 17. Afirmativa.

14) POLITICA INFORMATICA Y PROSPECTIVA. Informe de la Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Informe de la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva referido a la actividad desarrollada en el presente período legislativo. (Carp. Nº 123. Rep. Nº 196)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 123/85
Rep. Nº 196/85

INFORME

Al Senado:

1. ANTECEDENTES

En abril del corriente año, la Cámara de Senadores creó la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva. La CEPIP quedó integrada por cinco Senadores, representantes de diversos partidos políticos y tendencias. Sus miembros son los Senadores:

INVITADO

Cr. Isaac Umanski. Cont. Gral. de la Nación y sus asesores: Dr. Carlos Delpiazzo y Sr. Omar Ulery.

Dr. Horacio H. Godoy. Asesor en Política Científico-tecnológica y Prospectiva. - PNUD.

Sr. Pedro Mercader. Representante Residente del PNUD.

Ing. Jorge Grunberg. Instituto Tecnológico ORT.

Dr. Jorge Vidart. Profesor Univ. Simón Bolívar. Caracas, Venezuela.

Sra. Cristina Tabares. Diputada de la Rep. Federativa de Brasil.

Ing. Víctor Ganon. Asesor de la Presidencia en Ciencia y Tecnología.

Sr. Martín Ponce de León. Especialista en Informática y Electrónica. Empresario.

Ing. Juan Grompone. Profesor de la Facultad de Ingeniería y Empresario.

Senador Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera. Presidente de la CEPIP.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Presidente

Alfredo Traversoni, Vicepresidente

Hugo Batalla

Manuel Flores Silva

Juan Martín Posadas

El objetivo general de la CEPIP es el de constituir un ámbito gubernativo como lugar de convocatoria y de resonancia política de algunos temas de importancia nacional presente y de proyección futura, como la informática, que tendrán que llevarse a cabo -previo a la discusiones necesarias- a través de otras ramas de la administración.

2. ACTIVIDADES

El plan de actividades de la CEPIP se propuso, como primera etapa, recopilar la mayor cantidad de información concerniente al desarrollo actual y expansión de las aplicaciones de la informática en el Uruguay.

Con tal propósito, organizó una serie de audiencias con invitados especiales, tanto nacionales como extranjeros, con el fin de recibir elementos de juicio y opiniones sobre el tema. Desde la primera sesión, celebrada el 3 de mayo, hasta la fecha de este informe, la CEPIP ha recibido a 20 especialistas relacionados con las más diversas formas y áreas de aplicación de la informática. El cuadro siguiente, muestra una síntesis de las sesiones realizadas, incluyendo el nombre de los invitados, los temas tratados y la fecha correspondiente.

TEMA  

FECHA

La CONADI: situación actual y cambios posibles.  

3.5.85

La informática como tecnología del conocimiento e instrumento del desarrollo.  

3.5.85

La cooperación técnica del PNUD y el Uruguay como centro de la inteligencia en América Latina.   

9.5.85

Política Informática, como parte de la Política Ciencia y Tecnología.  

16.5.85

Política Informática. La Informática como punto de apoyo al desarrollo tecnológico del país. La Informática como parte de Ciencia y Tecnología.  

23.5.85

Política Informática del Brasil.  

23.5.85

La Informática dentro del área de la Ciencia y la Tecnología. Política de Informática y Telecomunicaciones.  

30.5.85

Política Informática concreta. Análisis de casos. Política sobre Informática y Electrónica. Secretaría de Ciencia y Tecnología.  

6.6.85

La Informática como industria a desarrollar. Política Informática. El Poder de compra del Estado.   

20.6.85

Informe sobre las visitas a los centros de informática de París y de Londres.  

11.7.85

INVITADO

Dr. Carlos Delpiazzo. Abogado Director de la Unidad de Informática Jurídica. Contraloría General de la Nación.

Dr. Jean Michel Arrighi. Abogado. Derecho Informático.

Ings. Gustavo Ferreira, Francisco Gigena, Carlos Rogberg y Camilo Saavedra, Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay.

Dr. Gerard Bossuet. Profesor Universidad de París.

Profesor Luis Guillermo Battistoni. Director del SODRE. Educador.

3. INFORMES ESPECIALES

3.1 Horacio H. Godoy: "Informática y Sociedad. Los efectos económicos, sociales, culturales e institucionales de la Informática en el Uruguay" PNUD. Mayo de 1985. 200 páginas.

3.2 David M. Cukierman: "Informática y CONADI en el Uruguay". Mayo de 1985.11 páginas.

3.3 Jorge Vidart Narancio: "Bases y Estrategias para el Desarrollo de la Informática en el Uruguay". Informe de la misión del PNUD. Junio de 1984.38 páginas.

3.4 Jean Michel Arrighl: "Informática y Administración Pública". Agosto de 1985. 6 páginas.

3.5 Eduardo Muguerza, Gustavo Maisonave y Daniel Rubino Bezmerney: "Política Nacional de Informática y Aplicaciones". Julio de 1985.16 páginas.

(Tanto los informes como las versiones de los invitados obran en poder de la Comisión y están a la orden de los señores senadores).

4. DOCUMENTOS

4.1 Reflexiones de Cali. Fundamentos Políticos de la Informática.

4.2 Horacio H. Godoy: "La Quinta Generación de Computadoras: Un Nuevo Desafío a la Ciencia la Tecnología y la Política de América Latina". Comentario al libro de Edward A. Feigenbaum y Pamela McCorduck "The Fifth Generation, Artifical Intelligence and Japan’s Computer Challenge to the World". Addison Publishing Co. 1983.

4.3 Jean Michel Arrighi: "Informática y Derecho Público: el caso francés". La Justicia Uruguaya.

5. VISITAS A INSTITUCIONES DE INFORMACION.

5.1 El Presidente de la Comisión visitó:

- Agencia para la Informática. París

- Comisión de la Informática y la Libertad. París.

- Centro Mundial para la Informática. París. También visitado por el señor senador Alfredo Traversoni.

TEMA  

FECHA

Informática Jurídica y Derecho Informático.  

8.8.85

Las compras del Estado. La CONADI: reformas necesarias.  

8.8.85

Informática Agropecuaria. Información agropecuaria. El ingeniero agrónomo y la Informática. Rol de la Informática en el sector agropecuario.  

15.8.85

Compras del Estado francés. Enseñanza de la Informática. Protección legal del software y promoción.   

28.10.85

Educación e Informática como problema pedagógico. Plan Nacional de Informática. Informática y poder.  

9.5.85

- Programa Gubernamental de Informática. UNESCO.

- Palacio de Luxemburgo. Sede del Senado y Palacio Bourbon, sede de la Asamblea. París.

- Palacio de Martignon, sede del Primer Ministro. París.

- Parlamento Británico. Palacio de Westminster. Londres.

- Telecom. Empresa de Teléfonos. Londres.

- Congreso de los Estados Unidos. Washington DC.

a) OTA. Office of Technology Assessment;

b) Servicio de Investigaciones del Congreso;

c) Congressional Clearing House on the Future. Prospectiva aplicada.

d) Oficina del Senador Albert Gore, Jr., autor del proyecto de ley "The Critical Trends Assessments Act of 1985". El proyecto tiene por objeto habilitar al Gobierno Federal para que pueda identificar y analizar problemas emergentes y oportunidades futuras.

5.2 Se han realizado visitas a algunos centros nacionales de información y se ha tomado contacto con autoridades del Brasil, para visitar a PRODASEN (Centro de Procesamiento de Datos del Senado del Brasil); y con autoridades italianas, para tomar conocimiento del Centro de Documentación Automática de la Cámara de Diputados de Italia.

6. TENDENCIAS GENERALES.

El análisis de las sesiones, en las versiones taquigráficas tan eficientemente producidas por la Secretaria de Comisiones del Senado, más los diversos contactos informales que cada uno de los miembros de la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva ha tenido en el período que termina en diciembre, ha permitido detectar varias líneas de pensamiento sobre el tema general de la informática que pueden constituir la base para el programa de acción del próximo año.

6.1 OBJETIVOS INMEDIATOS CUMPLIDOS: En primer lugar, podemos admitir que los objetivos que nos propusimos al iniciar las actividades de la CEPIP, no fueron otros que los de profundizar las bases de nuestra propia información sobre el tema de la informática y sus diversas aplicaciones en nuestro país, se han cumplido satisfactoriamente. El registro de nuestras sesiones de Comisión; la calidad profesional de los invitados y la naturaleza de sus contribuciones; y los contactos establecidos internacionalmente, forman una base sólida sobre la que podemos seguir adelante en una nueva etapa destinada a concretar algunas ideas importantes que surgen de toda esta fecunda experiencia.

6.2 PARTICIPACION DEL PODER LEGISLATIVO EN LA DEFINICION DE LA POLITICA NACIONAL DE INFORMATICA. Hay un acuerdo unánime en el reconocimiento de la importancia política e Institucional que tiene para el país la activa participación del Poder Legislativo en el análisis, la discusión, la divulgación, y la legislación sobre el tema de la informática, como instrumento del desarrollo nacional; los efectos múltiples de sus más diversas aplicaciones en la educación, la salud, la agropecuaria, la administración de justicia, la administración pública, etc. y la necesidad de promover el desarrollo de diversas componentes de las modernas tecnologías de información, según las posibilidades del país.

6.3 RELACION DE LA INFORMATICA CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA: El tema de la relación de la Informática con la Ciencia y la Tecnología ha merecido la atención de muchos informantes, sosteniendo que la informática debe relacionarse con la Ciencia y la Tecnología, en un nivel más alto. Sin embargo, las propuestas no coinciden en cuanto a la forma en que esta sugerencia debería llevarse a la práctica para concretar la organización administrativa más adecuada para el país, según sus posibilidades reales.

6.4 POLITICA INFORMATICA Y PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. - Una de las actividades principales del próximo año será seguramente, la iniciación del análisis y la definición de los objetivos nacionales en materia de informática, que trazarán las grandes líneas de la política nacional de Informática. La importancia de la materia obliga a los legisladores a tomar conocimiento y actuar en estrecha vinculación con los diversos órganos del Poder Ejecutivo, con el fin de no postergar demasiado la decisión política global sobre el desarrollo y las aplicaciones de la Informática en el Uruguay.

6.5 LA AUTORIDAD NACIONAL DE INFORMATICA: El tema se relaciona con el punto mencionado en 6.3 ya que la organización, ubicación administrativa y funciones de la Autoridad Nacional de Informática dependerá del tipo de relaciones que quieran establecerse con el proceso más general del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Lo cierto es que se necesitará de una autoridad real de informática para todas las funciones típicamente administrativas, como control de compras del Estado, licitaciones, capacitación profesional en la administración pública, control de la gestión informática en los organismos públicos y otras de igual importancia. Todo ello, obviamente mediante una estrecha relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

6.6 LAS PRIORIDADES DE APLICACION DE LA INFORMATICA: Las prioridades de aplicación de la informática parecen orientarse en dos direcciones fundamentales:

1. La primera, hacia el fortalecimiento de la base científica de la tecnología informática. En este sentido, la vinculación de las bases tecnológicas de la informática con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología son indiscutibles.

El país cuenta con muy buenos especialistas en informática, de alto nivel académico, cuya contribución será muy valiosa en el momento de discutir en detalle este importante aspecto de lo que podría ser un Plan Nacional de Informática.

La relación entre la Educación y la Informática merece una consideración especial: la incorporación de la Informática a la Educación es un tema educativo y las decisiones deben ser tomadas por especialistas en educación, con la asesoría de especialistas en Informática, y no al revés, como ha sucedido -y sucede- en muchas partes del mundo.

2. La segunda dirección que parece tomar el proceso de informatización del país, se refiere a las diversas áreas sociales y económicas de alto interés nacional en las que puede aplicarse la Informática, como por ejemplo, la misma educación, la salud, el desarrollo rural, las actividades empresariales, la agropecuaria, la administración de justicia, la administración pública en algunos sectores críticos y otros.

6.7 EL SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA: La creación de un moderno sistema de información legislativa, al servicio de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, ha surgido como una obvia necesidad interna del Poder Legislativo. El diseño de un sistema de información automatizado, que sirva tanto a las necesidades de la actividad legislativa, cuanto a las necesidades de administración del Palacio Legislativo, constituirá, sin duda, otra de las prioridades importantes que la Comisión deberá considerar el próximo año. Sin perjuicio de ello cabe al respecto efectuar algunas precisiones.

La primera de ellas tiene que ver con el ámbito de aplicación de la tecnología informática a la tarea legislativa. Resulta obvio señalar al respecto que la misma no puede ser usufructuada solamente por el Senado y la Cámara, sino que por el contrario debería ser un sistema de apoyo, tanto de los señores senadores como de los Representantes Nacionales.

La segunda se refiere a la informatización de la Biblioteca del Palacio Legislativo. Al respecto hay antecedentes de gestiones realizadas por la Dirección de la Biblioteca para adoptar un sistema de automatización de los servicios con la participación de la UNESCO. A efectos de aprovechar la tarea ya realizada deberán buscarse los antecedentes y concretar las negociaciones oportunamente iniciadas por dicha oficina internacional.

El servicio de computación del Poder Legislativo por el momento es utilizado solamente para la liquidación de sueldos y está conectado al sistema de control del Presupuesto de la Contaduría General de la Nación. Sobre este punto se ha avanzado, extra-oficialmente, en el planteamiento de un programa de cooperación técnica del programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) con el Poder Legislativo. La cooperación, como es de conocimiento del Cuerpo, se inició mediante el suministro por parte de las NNUU del asesoramiento del experto internacional, Dr. Horacio Godoy. Dicho profesional, autor del trabajo "Informática y Sociedad" ha prestado sus conocimientos tanto científicos como administrativos a la labor de vuestra Comisión. Es sobre esa base que se ha bosquejado la posibilidad de que el PNUD pueda cooperar con becas de estudio aparte de documentación e información y lo que es más importante vinculación del Poder Legislativo del Uruguay con los servicios de Informática de los principales Parlamentos del mundo tales como el ya mencionado PRODASEN del Brasil, el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de la República Argentina, la Asamblea Nacional de Francia y el Parlamento Italiano. Es a este respecto que se abren las más importantes perspectivas de modernización del Poder Legislativo. Téngase en cuenta como un ejemplo de la importancia que revestiría para este Poder del Estado, contar con una terminal conectada a la Contaduría General de la Nación con la finalidad de controlar la ejecución de los gastos autorizados presupuestalmente, lo que permitiría un mejor contralor de la gestión presupuestal por parte del Poder Legislativo.

Conclusiones:

1º) La Comisión ha realizado 16 sesiones durante el correr del año pero no ha cumplido más que con la parte preliminar de los objetivos que se había fijado. Se solicitará pues, al Cuerpo, que renueve para el próximo período la designación de la misma.

2º) De lo actuado e informado surge con claridad la importancia del proyecto de cooperación para la aplicación de la informática a la actividad legislativa. Al respecto deberá concretarse la participación de las Naciones Unidas como organismo coordinador de la cooperación técnica entre el Poder Legislativo del Uruguay y los demás Congresos y Poderes Legislativos.

3º) La actividad del Asesor de las Naciones Unidas, Dr. Godoy ha sido fructífera pero deberá, a juicio de esta Comisión, aprovecharse más íntegramente.

A esos efectos se sugiere que dicho asesor cuente con facilidades locativas y asistencia de algún empleado para la realización de su tarea.

4º) Finalmente, la Comisión desea destacar muy especialmente la eficacia y dedicación de su Secretario, Sr. Dalton Spinelli, así como del funcionario Sr. Mortimer Valdéz en el tiempo que también colaboró con la Comisión.

Los integrantes de la Comisión agradecen al Senado la confianza en ella depositada y esperan que lo reflejado en este informe represente el haber, aunque sea parcialmente, cumplido con la voluntad del Cuerpo.

Sala de la Comisión, a 9 de diciembre de 1985.

Alfredo Traversoni, Miembro Informante, Luis A. Lacalle Herrera, Miembro Informante, Manuel Flores Silva, Hugo Batalla, Juan Martín Posadas, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el informe.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: no es, como dicen en mis pagos, una hora muy aparente para agregar algunas reflexiones sobre este tema que, creo, la Comisión en su informe ha detallado exhaustivamente.

A pedido expreso del señor senador Posadas -que se encuentra presente en Sala porque tenía que cumplir una misión fuera del Senado- que firma el informe, debo señalar que comparte los términos del mismo. A mi juicio, señor Presidente, del texto no surge nada que no sea perfectamente inteligible por parte de los señores senadores.

Recuerdo que esta Comisión nació un poco condenada por la novedad, por la complejidad o por la falta de información que todos teníamos acerca de los temas que íbamos a tratar. Ella ha cumplido con su tarea, creo que satisfactoriamente, y me voy a permitir destacar -para que los demás miembros informantes puedan agregar algo- el punto 6.7 que figura en la página 8, que es el que atañe directamente a nuestra tarea parlamentaria.

Hemos tenido oportunidad de ver, señor Presidente, la aplicación de esta nueva técnica en la acción parlamentaria. Realmente creemos que la obtención de algo similar puede representar un paso adelante para nuestro Parlamento. La información es el poder. Quien tiene información, tiene poder. Eso lo sabemos porque el Poder Ejecutivo tiene más información que nosotros en todos los aspectos de la Administración. En ello radica la supremacía de hecho que tiene éste sobre el Parlamento.

Cada vez que el Poder Legislativo necesita informarse para legislar, tiene que recurrir a la buena voluntad de gente idónea porque no tiene rubros para contratar técnicos. Esporádicamente consigue ayuda técnica por amistad o por gentileza de quienes donan su tiempo y talento para informar al Parlamento. El Poder Ejecutivo, en cambio, tiene al alcance de su mano toda la estructura administrativa que lo informa y lo mantiene al día.

Solamente una técnica como ésta, que permite trabajar a la velocidad de la luz, puede darle al Parlamento una ventaja comparativa o por lo menos "empardar" la ventaja que tiene el Poder Ejecutivo cuando, además del poder que tiene, aplica esta técnica.

Por ello, ese punto a que hacíamos alusión -sin perjuicio de los demás que trata la Comisión- nos parece el más importante.

Se ha interesado -extraoficialmente, por supuesto- a la Delegación Permanente de Naciones Unidas en nuestro país, en la posibilidad de planificar una puesta al día del Parlamento uruguayo en materia de informática. La relación con la Delegación de Naciones Unidas es muy importante. No sé si los señores senadores recuerdan que esta Comisión de Informática es la única que tiene un asesor -mediante un acuerdo realizado con Naciones Unidas- a su servicio.

Hoy, en la hora previa, sugeríamos que otras Comisiones deberían tomar similares providencias, porque se trata de un talento que está al alcance de la mano del Senado, que no cuesta nada y puede mejorar grandemente la calidad de la acción legislativa.

Nosotros lo tenemos y queremos destacar la persona que ejerce ese cargo. Se trata del doctor Horacio Godoy, mendocino de nacimiento, oriental adoptivo, que ha estado colaborando, y es a quien se debe toda la parte de profundidad científica que pueda tener el informe y esta tarea, por lo menos en lo que corresponde a quien habla, Presidente de la Comisión.

Podemos, señor Presidente, abundar mucho más con respecto a esto.

Es posible -si el Senado aprueba este informe- que el año que viene trabajemos bajo el patrocinio de Naciones Unidas, con el Congreso de los Estados Unidos, la Asamblea Francesa, la Cámara de los Comunes, el Parlamento Italiano, el propio Senado de Brasil y el Congreso de la Argentina. Ellos nos podrán suministrar la experiencia y la ayuda técnica y material para que nuestro Senado cuente con un servicio de información legislativa y biblioteca, conectado con cualquier banco de datos del mundo. Podemos tener todo esto al alcance del teclado que tengamos a mano en nuestros despachos.

Este Parlamento va a sufrir un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la información que pueda manejar, que realmente va a redundar en una mejora sustancial de la prestación del servicio que la sociedad le requiere.

Hacemos hincapié, por lo tanto, señor Presidente, solamente en ese punto.

Queremos destacar, de las conclusiones, la asiduidad de las reuniones de la Comisión, que para ser especial, ha sesionado muchas veces.

Asimismo, queremos destacar la colaboración prestada por el señor Dalton Spinelli, como secretario de la Comisión, y señalar que sus cinco integrantes han prestado su apoyo gozoso en lo que es, sin lugar a dudas, cortar campo nuevo. No sé si todos, pero por lo menos yo, estaba a fojas cero en el tema cuando esta Comisión se inició.

En consecuencia, señor Presidente, actuando, no objetivamente, porque es una Comisión a la que tenemos especial afecto, creemos que, de cumplirse con esta parte, aunque sólo sea la de adaptar el Poder Legislativo a la nueva tecnología, vamos a dejar una huella perdurable en el Parlamento uruguayo.

Finalmente, señor Presidente, queremos poner de relieve - a esto tendremos que buscarle la vuelta institucional- que la tarea que este Senado sugiere no es solamente para él, sino que implica que todo el Poder Legislativo cuente con los aparatos y las técnicas nuevas. Por consiguiente, será tarea de nuestra Presidencia vincularse con la de la Cámara de Representantes para trabajar de común acuerdo. Pensamos que en la Comisión Administrativa ya existe lo necesario para dar los primeros pasos tentativos respecto a poner la computación al servicio del Parlamento.

La Comisión parece ser una cosa complicada al llamársela de "Informática" y cuando se habla de "prospectiva" las sonrisas de desconfianza se vuelven mayores. Por supuesto, señor Presidente, que no hemos ingresado en la parte referida a prospectiva; pero no resisto la tentación de decir que el significado de esta palabra linda con la predicción del futuro.

Nosotros tuvimos oportunidad de visitar las oficinas del Congreso de los Estados Unidos y por lo que allí vimos, entendemos que en el futuro no se va a poder gobernar ni legislar sin cumplir previamente con tareas prospectivas; es decir, la ejecución de modelos, hechos posibles, justamente por la velocidad y cantidad de información que presta un ordenador. Me refiero, por ejemplo, a la confección de modelos sociales, según las variables que la legislación pueda introducir. O sea -volviendo a lo que aprobamos hoy- qué podría pasar en materia de alquileres si tomamos tal o cual decisión, o qué podría ocurrir en el mercado inmobiliario, dentro de l0, 15 o 50 años, y qué podrá suceder con la construcción si hacemos demasiado rígidas las normas de contratación en materia de arrendamientos. Y estoy dando un ejemplo fácil, porque no tiene demasiadas variables pero, cuando se entra a legislar en temas económicos y sociales, donde las variables son prácticamente infinitas, la prospectiva se hace posible con la tecnología de la computación. Por lo tanto, ésta va a tener que incorporarse, algún día, a la tarea legislativa.

Los integrantes de la Comisión no queremos dejar pasar el año sin rendir el informe que está a disposición de los señores senadores, agradecer la confianza que se demostró, al designar esta Comisión y permitirle desarrollar su tarea y solicitar que se le renueve la contratación para el año que viene.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se aprueba el informe de la Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Se le renueva el contrato o no?

SEÑOR PRESIDENTE. - Si se aprueba, por supuesto que sí.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21 y 54 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Batalla, Cersósimo, Cigliuti, Flores Silva, Lacalle Herrera, Lenzi, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pozzolo, Ricaldoni, Senatore, Singer, Traversoni, Ubillos y Williman.)

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.