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Nº 81 - TOMO 295 - 10 DE DICIEMBRE DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

80ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

y el SEÑOR CARLOS J. PEREYRA 2º Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Araújo.
- Concedida.

5 y 10) Promulgación de las leyes. Su comunicación por el Poder Ejecutivo. Alteración del orden del día

- Manifestaciones del señor senador Aguirre.
- Observación de la Mesa.
- De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Aguirre, se resuelve considerarlo urgente e incluirlo en primer término del orden del día.
- Intervención de varios señores senadores.
- De acuerdo con la moción presentada por el doctor Tarigo, se resuelve que el asunto se pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) SODRE. Orquesta estable

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve pasar la versión taquigráfica de sus expresiones al Ministerio de Educación y Cultura y a la Dirección del SODRE.

7) Planta Casablanca de Paysandú. Situación de sus ex obreros .

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus expresiones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

8) Empresa Fargo de la Ciudad de Rosario. Situación de sus obreros

- Manifestaciones del señor senador Pereyra.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus expresiones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

9) Arrendamientos urbanos. Se establecen normas en la materia

- De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Ricaldoni, se resuelve que este proyecto sea incluido en primer término del orden del día de la sesión de mañana.

11) Orden del día. Sesión extraordinaria del día 12 de diciembre

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve incluir en dicha sesión lo que quede sin considerar del proyecto de ley de arrendamientos urbanos; el proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.505; el proyecto de ley por el que se establece la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social y los restantes asuntos que no se hayan tratado en la sesión del día de hoy.

12 y 21) Política informática y prospectiva. Informe de la Comisión Especial

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- Aclaración del señor Presidente.

13) Pensión graciable. Emilio Carlos Tacconi

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aclaración de la Mesa.

14) ARINSA y Frigorífico Anglo. Comisión Especial. Autorización para sesionar

- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve conceder la autorización.

15) Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada. Adecuación de montos mínimos y máximos para su capital autorizado

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16, 18 y 20) Establecimientos agrícolas afectados por fenómenos climáticos

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve pasarlo a Comisión incluyéndolo en el orden del día de la sesión del próximo jueves, si se encuentra informado.

17) Diego González. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor senador Ferreira.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio.

19) Término de la sesión

- De acuerdo con la moción del señor senador Singer, se resuelve prorrogar el mismo hasta considerar, por lo menos, el asunto que figura en décimo lugar del orden del día.

22) Productores agropecuarios. Se incluyen en las deducciones condicionadas los honorarios de los técnicos que los asisten

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Residencias médicas hospitalarias. Modificación del régimen de ingreso

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará el Poder Ejecutivo.

24) República Socialista Federativa de Yugoslavia. Convenio

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Adhesión de la República

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Reino de Thailandia. Acuerdo comercial y Memorándum de entendimiento

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27 y 29) Cuenca del río Santa Lucía. Comisión Honoraria para el estudio de su aprovechamiento integral

- En consideración. Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará el Poder Ejecutivo.

28 y 30) Cooperativas agrarias. Modificación de disposiciones que regulan su actividad

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado, se resuelve incorporar el asunto en el orden del día de la sesión del 12 de diciembre.

31) Sesión secreta

(Vueltos a sesión pública)
- El Senado en sesión secreta resolvió conceder al Poder Ejecutivo el acuerdo necesario para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ministro don Bernardo Rafael Piñeyrúa y resolvió devolver al Poder Ejecutivo, para que se recabe dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil, las solicitudes de venia contenidas en las Carpetas Nos. 407, 408 y 422.

32) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, diciembre 9 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 10, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se adecuan los montos mínimos y máximos establecidos por las leyes vigentes para el capital autorizado de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los valores monetarios actuales.

(Carp. Nº 244 - Rep. Nº 83 Anexo I)

2º) Por el que se amplía el alcance de la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985, que estableció indemnizaciones por los daños sufridos en establecimientos agrícolas afectados por fenómenos climáticos.

(Carp. Nº 421 - Rep. Nº 184)

3º) Por el que se incluye entre las deducciones condicionadas establecidas por el artículo 12 del Decreto-Ley Nº 14.948, los honorarios de los técnicos que asistan al productor agropecuaria.

(Carp. Nº 306 - Rep. Nº 185)

4º) Por el que se deroga el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 15.327, de 4 de abril de 1983, sobre el concurso para la provisión de cargos de residentes médicos.

(Carp. Nº 417 - Rep. Nº 186)

5º) Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científico-Técnica, suscrito en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

(Carp. Nº 260 - Rep. Nº 187)

6º) Por el que se aprueba la Adhesión de la República Oriental del Uruguay al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

(Carp. Nº. 289 - Rep. Nº 189)

7º) Por el que se aprueba el Acuerdo Comercial celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscritos el 14 de setiembre de 1984 en la ciudad de Montevideo.

(Carp. Nº 287 - Rep. Nº 188)

8º) Por el que se crea la Comisión Honoraria para el Estudio del Aprovechamiento Integral de la Cuenca del río Santa Lucía.

(Carp. Nº 395 - Rep. Nº 194)

9º) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba al señor Ministro don Bernardo Rafael Piñeyrúa.

(Carp. Nº 420 - Rep. Nº 190)

10) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

una funcionaria de la Dirección General de la Seguridad Social. (Plazo constitucional vence 11 de febrero de 1986) (Carp. Nº 407 - Rep. Nº 191)

un funcionario de la Dirección Nacional de Hidrografía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo constitucional vence 11 de febrero de 1986) (Carp. Nº 408 - Rep. Nº 192)

un funcionario de la Dirección Nacional de Correos, Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 2 de marzo de 1986) (Carp. Nº 422 -Rep. Nº 193).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Batalla, Batlle, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Jude, Lacalle Herrera, Lago, Lenzi, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Traversoni, Ubillos, Williman y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Araújo; Paz Aguirre, Tourné y Zorrilla.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, esta abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 26 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, diciembre 10 de 1985.

La Presidencia de la Asamblea General remite los siguientes Mensajes del Poder Ejecutivo:

Por los que da cuenta de haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

Por la que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre Orden de Pago a favor de la Intendencia Municipal de Paysandú, en concepto de asistencia financiera.

Por la que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre orden de pago a favor de la Intendencia Municipal de Florida en concepto de asistencia financiera para el mes de setiembre de 1985.

Por la que se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas libre orden de pago a favor de la Intendencia Municipal de Artigas, en concepto de asistencia financiera para el mes de agosto de 1985.

Por la que se dispone que la Contaduría General de la Nación transfiera a la Oficina Nacional del Servicio Civil la suma de N$ 1:783.200, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985.

Por la que se fija en un monto de N$ 50.000 la suma de los gastos que demande la organización de la Reunión sobre Impacto inmigratorio en el Cono Sur de América.

- Téngase presentes.

Por los que pone en conocimiento que ha promulgado las siguientes leyes:

Por la que se dispone la inclusión de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club de Montevideo dentro del sistema de la Seguridad Social (DGSS), y hace saber que no hace uso de la facultad de observarla por estimarlo así más prudente.

(Carp. Nº 253)

Por la que se crea la Corporación Nacional para el Desarrollo.

(Carp. Nº 359)

Por la que se establece un régimen de refinanciación para deudores agropecuarios, industriales, comerciales o de servicios.

(Carp. Nº 357)

- Ténganse presentes y archívense.

La misma Presidencia remite notas del Tribunal de Cuentas de la República, por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

de la Dirección General de la Seguridad Social, relacionados con varias órdenes de pago y liquidación de sueldos correspondientes a los meses de agosto y setiembre de 1985;

del Instituto Nacional de Colonización, por falta de disponibilidad en los rubros del Presupuesto Operativo 1984 vigente por prórroga automática en 1985.

del Banco de Seguros del Estado, por falta de disponibilidad en los renglones respectivos del Presupuesto Operativo aprobado para 1984, vigente por prórroga automática para 1985.

de la Suprema Corte de Justicia, relacionado con la Orden de Entrega Nº 800.061.

del Ministerio de Relaciones Exteriores, por gastos de traslado del señor Embajador Julio Lacarte Muró.

del Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la adquisición de un cuadro al óleo de Juan Manuel Blanes.

de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la adquisición de materiales a la firma General Electric de Uruguay S.A.

- Ténganse presentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de las manifestaciones formuladas por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera sobre las exportaciones de pescado a Brasil, realizadas por los habitantes de "La Charqueada" y de los problemas que ellas enfrentan.

- A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Instituto de Derecho Constitucional, Departamento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República remite nota por la que ofrece su colaboración dentro del ámbito propio a su competencia técnico-jurídica especializada.

- Téngase presente.

El señor senador Hugo Batalla, solicita, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el envío de un pedido de informes a las primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, relacionado con el ingreso al escalafón del personal navegante.

- Procédase como se solicita.

La Junta Departamental de Flores remite las siguientes notas:

Relacionadas con las manifestaciones formuladas por varios señores senadores al tratarse el proyecto de ley por el que se declara feriado el día 30 de diciembre de 1985 para el departamento de Flores.

La Junta Departamental de Rivera remite nota relacionada con la construcción que se está llevando a cabo sobre la base de una vieja casa de propiedad particular.

- Téngase presentes.

La Comisión de Asuntos Administrativos aconseja el archivo de la carpeta relacionada con el reintegro de los ex funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa.

(Carp. Nº 141)"

- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Germán Araujo solicita licencia para las sesiones de hoy y mañana por razones de salud".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 9 de diciembre de 1985.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Enrique Tarigo
Presente.

De mi mayor consideración: por medio de la presente solicito licencia para las sesiones ordinarias de mañana, martes 10, y pasado mañana, miércoles 11 de diciembre, por razones de salud, según indicación médica.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente:

José Germán Araújo. Senador"

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PROMULGACION DE LAS LEYES. Su comunicación por el Poder Ejecutivo. Alteración del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Con bastante sorpresa escuché, -si no me traicionó mi sistema auditivo- cuando el señor Secretario estaba dando cuenta de los asuntos entrados, que en una comunicación del Poder Ejecutivo referente a la promulgación de un proyecto de ley, -si no escuché mal, reitero, porque no estaba prestando demasiada atención- que establece la inclusión de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club de Montevideo en el sistema estatal de la Seguridad Social, se hace una referencia en el sentido de que no observa ese proyecto porque no lo considera prudente.

Creo que eso es absolutamente irregular. No puede constar en las actas de este Cuerpo, e inclusive debe remitirse una nota al Poder Ejecutivo observando que ese procedimiento no es constitucional. El Poder Ejecutivo, de acuerdo a los artículos correspondientes de la Constitución, -que estoy ubicando en este momento- lo único que puede hacer es promulgar sin comentario alguno u observar un proyecto. En todo caso, hacer las observaciones correspondientes y trasmitirlas con los fundamentos del caso. Pero estas consideraciones que ha realizado el Poder Ejecutivo parecen tener como expresión subyacente la de que manifiesta una discrepancia con el mérito de este proyecto de ley y, como lo considera más conveniente o más prudente, igual no lo observa. El Poder Ejecutivo no puede hacer comentarios sobre un proyecto de ley. O lo promulga o lo observa y nada más.

Creo que de esta actitud del Poder Ejecutivo no deben existir precedentes -y apelo a la memoria de los señores senadores los que hay aquí en mayor número- mucho más experientes que yo para que manifiesten si es así o no.

Pienso, señor Presidente, que esto en algún sentido afecta los fueros del Cuerpo. Nosotros, como órgano integrante de la Asamblea General no podemos admitir que el Poder Ejecutivo al promulgar un proyecto de ley nos haga, al pasar, un comentario equivalente a dejar constancia de una discrepancia.

En consecuencia -y como bien acota el señor senador García Costa- considero conveniente que se lea nuevamente la comunicación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que en realidad se ha leído es un resumen que se realiza cuando se hace la nómina de los asuntos entrados. Por lo tanto creo que lo que corresponde no es reiterar el resumen sino leer el texto de la nota que dice: "Montevideo, 28 de noviembre de 1985. Señor Presidente de la Asamblea General. El Poder Ejecutivo tiene el honor de acusar recibo del Proyecto de Ley sancionado por ese Cuerpo, por el que se dispone la inclusión de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club de Montevideo dentro del sistema de la Seguridad Social (D.G.S.S.) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución de la República se pone en conocimiento de la Asamblea General que el Poder Ejecutivo ha promulgado la citada ley en el día de la fecha. El Poder Ejecutivo, además, hace saber a la Asamblea General que algunas de las soluciones acogidas por la presente ley le merecen reservas pero que aún así estima más prudente no hacer uso de la facultad de observarla. Saluda al señor Presidente con su mayor consideración. (Firman:) Julio María Sanguinetti, Presidente de la República y Hugo Fernández Faingold."

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Leída la nota, reitero la observación que he formulado oportunamente.

De acuerdo al artículo 143 de la Constitución, "si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora".

La otra posibilidad es que dicho Poder observe, pero si lo que corresponde es promulgar, que lo haga, que le ponga el "Cúmplase" a la ley y que comunique que lo ha hecho. Lo que no corresponde es que haga un comentario al pasar, diciendo que discrepa con tal proyecto, pero que de todas formas lo promulga. Eso no está previsto por la Constitución ni es algo regular. De admitir este procedimiento, si mañana aprobamos un proyecto de ley que obedezca a determinadas coyunturas políticas o económicas del país y se nos dice que tiene tales y cuales inconvenientes, con ello se desacreditará el instrumento legal sancionado por la Asamblea General en momentos en que el Poder Ejecutivo lo único que tiene que hacer, como se lo manda la Constitución es cumplir y hacer cumplir la ley y no comentar que ésta en algunos aspectos no le gusta.

Reitero que en esa materia no hay precedentes y creo que el Senado, en defensa de los fueros de la Asamblea General, debe comunicar al Poder Ejecutivo que lo que éste ha expresado es improcedente y que no debe reiterarlo en el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE. - A efectos de ordenar un poco el trámite -se había terminado de dar cuenta de los asuntos entrados y estábamos por pasar a la hora previa- la Mesa cree que el procedimiento a seguir sería declarar como urgente la consideración de este asunto, a efectos de poder alterar el orden del día, según la observación que había formulado oportunamente el señor senador Rodríguez Camusso, en el sentido de que aquél debería figurar, de acuerdo al Reglamento, inmediatamente de finalizada la hora previa.

SEÑOR AGUIRRE. - No tengo inconveniente en que así se proceda.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, pasaríamos a la hora previa, en la que sólo hay dos oradores anotados para hacer uso de la palabra, y una vez finalizada ésta, algún señor senador podría mocionar para que se trate como urgente este tema y, poder así alterar el orden del día.

6) SODRE. Orquesta estable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: desde que comenzamos nuestras sesiones en el Palacio Legislativo, el Salón de los Pasos Perdidos, ha sido testigo de la presencia de delegaciones y de manifestaciones -aplausos y coreo de consignas- en una expresión alguna vez tumultuosa pero muy legítima por parte de quienes vienen a plantear sus dificultades o sus requisitorias frente al Poder Legislativo.

En el día de hoy se estaba organizando una manifestación un poco más melódica, a cargo de unos músicos integrantes de la orquesta del SODRE, quienes iban a ejecutar un par de piezas, que bien podrían sustituir a aquellas más ruidosas y menos melódicas.

Este es el primer punto que pensamos tratar en la hora previa, es decir, sobre la protesta que formulan los integrantes de la orquesta del SODRE, acerca de una decisión de esa autoridad, en el sentido de que todos los que allí revistan y ocupan cargos como maestros -son aproximadamente 80, con categoría de estables; algunos con 30 años. de actuación- deben concursar por esos cargos. Esta es una decisión de la nueva Dirección artística de la orquesta estable y ello implica, por lo menos, una variación muy grande en cuanto a lo que constituía la vida normal de esa orquesta. Esta se regía por una ley de 1950, por la que se autorizaba a concursar a aquellos maestros que hubiesen descendido en el nivel artístico, pero que habían mantenido durante todos estos años, mediante su profesionalidad y grado de cumplimiento de normas -por cierto, no soy yo quién para apreciar condiciones; no tengo aptitudes para ello- una tradición o una acumulación de conocimientos y habilidades de ejecución, constituyendo lo que es un cuerpo colectivo. Si algo debe ser un cuerpo colectivo es una orquesta sinfónica, en la que cada uno de los ejecutantes tiene una tarea específica que cumplir.

Los integrantes de la orquesta del SODRE nos han planteado su perplejidad y, diríamos, su oposición ante esta decisión que puede llevar al desmantelamiento total de una orquesta con ejecutantes, repito, con más de 30 años de actividad, y con un nivel aceptable para nuestro país.

Al finalizar nuestra intervención, vamos a solicitar que nuestro planteamiento llegue a la Dirección del SODRE y al Ministerio de Educación y Cultura, en el sentido de si se puede rever esta decisión y que se proceda a continuar con lo que era la tradición de este cuerpo artístico que tanto el país debe apreciar y que tanto importa al sector culto de la sociedad.

7) PLANTA CASABLANCA DE PAYSANDU. Situación de sus ex obreros.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirse a otro tema, puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - El segundo planteamiento que queremos formular es la reiteración de uno realizado el 14 de mayo, es decir, hace 7 meses. Allí nos ocupamos, en la hora previa, de la situación de los obreros de la planta Casablanca del Frigorífico Nacional.

Estos obreros no habían recibido indemnización alguna cuando se procedió a la extinción de la persona jurídica Frigorífico Nacional. El 21 de abril de 1981, hace 4 años y medio, iniciaron un expediente y en su tramitación se les ha ido reconociendo la equidad de sus planteamientos. Luego de finalizado este largo trámite, los organismos que asesoran al Ministro de Trabajo y Seguridad Social sostienen que debe pagarse dicha indemnización a estos aproximadamente 70 obreros de la mencionada planta. Han pasado 7 meses de aquél planteo -y 5 años desde que se inició el trámite- y estos obreros de Paysandú aún no han obtenido satisfacción a su indudable justo reclamo. No han hecho uso de los plazos administrativos justamente por creer que estaban amparados desde el punto de vista de las normas jurídicas; sin embargo hoy se encuentran con que el expediente aún está radicado en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -cuyos organismos de asesoramiento han sostenido la equidad y la justicia de dicha indemnización- y aún no han podido cobrarla.

Por ese motivo, señor Presidente, queremos levantar aquí nuestra voz una vez más, reiterando lo manifestado el 14 de mayo y pidiendo, a la vez, que con toda la celeridad posible, estas expresiones sean envidas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con quien hemos tenido entrevistas al respecto y sabemos que, por lo menos, va a mirar benévola y en principio favorablemente esta finalización de trámite, que cuenta, repito, con el respaldo de los correspondientes servicios de dicho Ministerio.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestra primera intervención se pase al Ministerio de Educación y Cultura y a la Dirección del SODRE; y en cuanto a esta última parte, que se curse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de que este trámite, concluya tal cual es el ánimo de todos nosotros.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las dos mociones formuladas por el señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) EMPRESA FARGO DE LA CIUDAD DE ROSARIO. Situación de sus obreros.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: la población de Rosario está viviendo momentos de incertidumbre en lo que hace al funcionamiento de la empresa denominada "Fargo", la que antes se llamó "Vistal" y antes aún, "Deluxe".

Actualmente, esa fábrica da ocupación a 413 obreros y se encuentra a punto de cerrar sus puertas.

La historia de esta empresa es bastante particular. En el año 1976, recién instalada, ocupaba 1.600 obreros, realizando su trabajo sin interrupciones, es decir, durante todo el año. Luego de los sucesivos cambios de firma a que nos hemos referido, el personal se ha visto reducido considerablemente, al número de poco más de 400 y esta fuente de trabajo amenaza con desaparecer totalmente. En los últimos años, el trabajo se ha transformado en zafral, no existiendo por lo tanto ninguna seguridad en el mantenimiento de esta fuente laboral.

La empresa ha hecho uso de todas las prerrogativas que le dio el régimen de facto y aún hoy parecería que no se ha acostumbrado a vivir en democracia, en vista de los distintos procedimientos a que voy a hacer referencia. En el mes de julio pasado, la patronal despidió a los integrantes de la mesa sindical como represión por el planteamiento de diversas reivindicaciones laborales. Esto pudo ser revertido por el apoyo que recibieron los obreros por parte de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad de Rosario.

En ocasión de este conflicto se labró un acta de acuerdo, alguno de cuyos puntos todavía siguen sin cumplirse por parte de la patronal. Entre otros, incluye los siguientes: a) entregar el Fondo de Ayuda Social a una co-administración obrero-patronal, cosa que todavía no ha hecho; b) la patronal también se había comprometido a discutir previamente cualquier medida de reducción de personal o envío de éste a seguro de paro. Nunca cumplió con este punto y todas las medidas han sido tomadas unilateralmente por la empresa, sin ningún tipo de diálogo previo.

Por otra parte, la empresa no ha cumplido aún con el laudo del Consejo de Salarios respectivo emitido en el mes de junio y no ha hecho la categorización correspondiente. Actualmente nadie sabe a ciencia cierta cuál es el destino de la empresa, pero todo hace suponer que en pocos días estará cerrada, según me informan vencidos de la ciudad de Rosario. La patronal está planeando cerrar las puertas por un tiempo, argumentando que se trata de un período de postzafra; pero informalmente, afirma que cuando se reabra, si lo hace, lo hará con el personal muy reducido, aproximadamente un 20 % del que actualmente trabaja.

Este problema ha generado una profunda angustia en la población de Rosario, puesto que del total de trabajadores, existen 200 que no podrían acogerse al seguro de paro y que seguramente quedarán suspendidos. En estos días ya ha sido enviado al Seguro de Paro un gran número de trabajadores, a quienes se comunicó, además, que pueden cobrar si lo prefieren, el despido. Lógicamente, al no haberse cumplido con el laudo del Consejo de Salarios al que hice referencia, este despido se efectuaría por una cantidad menor a la que efectivamente les correspondería.

Como forma de solución a estos problemas los obreros han planteado la posibilidad de reactivar la planta de curtido de pieles lanares, que daría ocupación a 400 personas. Estos planteamientos han sido hechos personalmente al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien se comprometió a lograr dicha reactivación, compromiso éste que también asumió en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, tal cual figura en las actas de dicha Comisión.

Simultáneamente, la empresa ha comenzado a desmantelar precisamente la planta de curtidos de pieles lanares, trasladando su maquinaria hacia Montevideo. Como respuesta a este hecho y en defensa de su fuente de trabajo, los obreros decidieron ocupar dicha planta en la mañana del día martes 19 de noviembre y en el momento en el que un camión de transporte procedía a retirar maquinaria. Luego de una serie de negociaciones con la patronal, ésta manifestó desconocer las gestiones que oficialmente se llevaron a cabo para reactivar la planta lanar y acordó con el sindicato suspender el retiro de la maquinaria y reunirse en Montevideo con los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energía, para tratar el tema.

En resumen, las soluciones que el sindicato de Fargo plantea hoy, son:

1º) Reactivación de la planta lanar.

2º) Creación de un seguro de paro especial para aquellos obreros que no puedan ampararse al seguro de paro normal.

Se maneja la posibilidad de que esto se haga efectivo a través de un préstamo reintegrable por parte del Banco de la República. Hay que destacar que, de acuerdo a informaciones que se manejan, la maquinaría de la planta de curtiembre lanar se encuentra prendada a favor del Banco de la República, por lo que habría que tener en cuenta la legalidad o no del traslado que se estaría efectuando de esa maquinaria. Al respecto, podemos decir que el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha respondido a un informe solicitado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes sobre la situación jurídica de la empresa Fargo.

Todo este informe surge de una conferencia de prensa realizada en la noche del 18 de noviembre, con la presencia de representantes de las fuerzas políticas y sociales de la localidad.

El cierre de la empresa Fargo provocaría situaciones lamentables en la ciudad de Rosario, que repercutirían no sólo a nivel de las familias directamente afectadas por el trabajo de la empresa, sino de toda la actividad comercial de la ciudad.

Como en este problema ha intervenido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y teniendo en cuenta que se trata de un asunto de significación y de gran trascendencia para la zona donde se encuentra enclavada esta fábrica y que el funcionamiento de la misma está presumiblemente rodeado de irregularidades de todo tipo, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pereyra, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Se establecen normas en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se dá del siguiente:)

"Los señores senadores Ricaldoni, Aguirre Ramírez y Batalla presentan un proyecto de ley por el que se establecen diversas normas en materia de arrendamiento".

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto presentado:)

"Carp. Nº 426/85 Rep. Nº 195/85.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
DE LOS ARRENDATARIOS BUENOS PAGADORES

Artículo 1º - (Suspensión de lanzamientos). - Los lanzamientos dispuestos o que se dispongan contra arrendatarios o subarrendatarios buenos pagadores, de fincas destinadas a casa-habitación, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el 30 de junio de 1986.

Exceptúanse de la suspensión dispuesta en el inciso precedente los lanzamientos decretados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 24; en los artículos 33, 34 y 59; en el inciso 4º del artículo 63; en el inciso 2º del artículo 64 del Decreto – Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, y en el artículo 15 de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, modificativas y concordantes.

La disposición del inciso primero del presente artículo no comprende a los arrendatarios a que se refiere la Sección 3 del Capítulo X del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, los que seguirán rigiéndose por las normas allí establecidas, con las modificaciones dispuestas en esta ley.

Art. 2º - Los arrendatarios que se hubieran acogido a la reforma del plazo de desalojo haciendo uso de la facultad acordada por el artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, siempre que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren al día en el pago de los alquileres y demás prestaciones que correspondan, podrán acogerse a los beneficios establecidos en el Capítulo X de dicho decreto-ley.

Art. 3º - (Desistimiento unilateral del contrato). -Los contratos de arrendamlento con destino a casa-habitación con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y que tengan un año o más de duración a dicha fecha o lo cumplan antes del 1º de marzo de 1986, podrán ser objeto de desistimiento unilateral por parte del arrendatario, siempre que el alquiler mensual no exceda de N$ 15.000, antes de operado el reajuste a efectuarse entre los meses de marzo de 1985 y febrero de 1986 inclusive.

Para ejercitar el derecho al desistimiento unilateral del contrato, el inquilino deberá estar al día, en el momento de la restitución del bien, en el pago de los alquileres devengados hasta la fecha y demás prestaciones que adeudare, o haber celebrado con el arrendador un convenio escrito de pago por el monto adeudado.

Los arrendatarios dispondrán de un plazo de sesenta días corridos a partir del siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley o, en su caso, desde el cumplimiento del año a que se refiere el inciso primero, para hacer uso del derecho al desistimiento. A tal efecto deberán comunicar su decisión al arrendador por acta notarial, telegrama colacionado u otro medio escrito fehaciente.

El desistimiento unilateral se perfeccionará con la comunicación referida en el inciso anterior, en la que deberá notificarse al arrendador la fecha de restitución de la finca, la que se hará efectiva en un plazo no inferior a treinta ni mayor a cuarenta y cinco días corridos contados desde dicha notificación.

Si el arrendatario no cumpliera con la restitución en la fecha convenida, el arrendador podrá solicitar el desalojo de la finca con el plazo y el procedimiento previstos en el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

CAPITULO II
DEL REAJUSTE DE LOS PRECIOS

Artículo 4º. - Durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 1985 y el 31 de diciembre de 1986, los reajustes anuales del alquiler (artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus modificativas), se harán efectivos en la siguiente forma:

A) En los arrendamientos con destino a casa-habitación, el reajuste será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del respectivo índice. A los alquileres superiores a N$ 15.000 (quince mil nuevos pesos) mensuales, antes del reajuste, se les aplicará la totalidad del índice de actualización.

B) En los arrendamientos con destino a industria, comercio u otros destinos, el reajuste del alquiler será igual al 60% (sesenta por ciento) del respectivo índice. A los alquileres superiores a N$ 50.000 (cincuenta mil nuevos pesos) mensuales, antes del reajuste, se les aplicará la totalidad del índice de actualización.

C) Los reajustes de alquiler establecidos en los literales precedentes se efectuarán sobre los precios de los arrendamientos resultantes de la aplicación de los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, con independencia de los acuerdos celebrados por las partes respecto del anterior reajuste.

D) A partir del 1º de enero de 1987, se aplicará a los alquileres reajustados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1986, el 100% (cien por ciento) del respectivo índice de reajuste.

Art. 5º - Los reajustes resultantes de lo dispuesto en el artículo anterior se harán efectivos de pleno derecho. Dichos reajustes, para los alquileres actualizados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1985, regirán a partir del 1º de enero de 1986 y no generarán derecho a devolución por parte del arrendador de lo efectivamente percibido en demasía antes de la referida fecha.

Art. 6º - Lo dispuesto en este Capítulo no regirá respecto de los contratos de arrendamiento con destino a casa-habitación, celebrados con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE REBAJA DE ALQUILER

Artículo 7º - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los arrendatarios y subarrendatarios de fincas con destino a casa-habitación que hayan contratado con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley Nº 14.219 de 4 de julio de 1974, podrán ejercer, por una sola vez, la acción de rebaja del alquiler prevista en sus artículos 16 a 19 y 63. La rebaja, de resultar procedente, se aplicará a los alquileres reajustados entre el 1º de marzo de 1985 y el 31 de diciembre de 1986 y el precio resultante regirá desde la fecha de la demanda.

Art. 8º - En caso que el respectivo reajuste hubiera ocurrido antes de la vigencia de la presente ley, el plazo de noventa días establecido en el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, se computará a partir del día siguiente al de dicha vigencia y se computará por días corridos.

Art. 9º - Quedan excluidos de este beneficio:

A) Los malos pagadores, salvo los que hayan opuesto excepciones o se encuentren dentro del plazo para oponerlas y los que, habiendo caído en mora, aún no hayan sido intimados de desalojo.

B) Los arrendatarios y subarrendatarios cuyos alquileres mensuales fueran superiores a N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) a la fecha del respectivo reajuste.

C) Los arrendatarios y subarrendatarios de fincas cuyos propietarios y sus núcleos habitacionales perciban por concepto de ingresos mensuales líquidos una suma inferior a la declarada por el núcleo habitacional del arrendatario estimados durante el tiempo y en la forma previstos por los incisos 1 y 2 del artículo 19 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, tampoco procederá la acción de rebaja del alquiler cuando los ingresos mensuales líquidos del propietario y su núcleo habitacional no superen las 50 UR (cincuenta unidades reajustables) estimadas en la forma establecida en el inciso precedente.

A esos efectos, dichos propietarios deberán comparecer en los autos de solicitud de rebaja de alquiler y excepcionarse formulando declaración jurada de sus ingresos, acompañando la prueba documental correspondiente mediante certificado público o notarial, o constancia privada.

En tal caso, y previo traslado al actor por el término de quince días hábiles y perentorios, su oposición se sustanciará con arreglo al procedimiento de los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil. No mediando oposición el Juez revocará por contrario imperio la providencia de suspensión de pago del aumento del alquiler y decretará la clausura de los procedimientos de rebaja de alquiler.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 63, inciso 6º, del Decreto-Ley Nº 14.219 de 4 de julio de 1974.

Art. 10. - Si los malos pagadores a que se refiere el artículo anterior no hubieran opuesto excepciones u obtenido la clausura del juicio con arreglo al artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, bastará que el actor justifique en autos que la intimación de desalojo ha quedado firme, para que el Juez revoque por contrario imperio la providencia de suspensión de pago de aumentos del alquiler y decrete la clausura de los procedimientos.

Art. 11. - Sustítúyese el artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 63. (Acción de rebaja). - La acción de rebaja de alquiler se promoverá dentro de los plazos previstos en el artículo 17. Los arrendatarios o subarrendatarios, en su caso, deberán acompañar a la demanda, declaración jurada separada y firmada por cada uno de los integrantes mayores de edad del núcleo habitacional ocupante del inmueble (artículo 19, in fine), de sus ingresos y la prueba documental correspondiente, mediante certificado público o notarial, o constancia privada. Si en el núcleo habitacional hay menores de edad que tengan ingresos, formularán por ellos su declaración jurada uno de sus padres o, en su defecto y por su orden, cualquiera de sus ascendientes directos, tutores o guardadores.

El Juez, al sustanciar la demanda, decretará la suspensión del pago del aumento que sobrepase el porcentaje fijado en el artículo 16 de la presente ley, confiriendo traslado al demandado por un término de quince días hábiles y perentorios para contestar la demanda, siguiéndose, de mediar oposición, el procedimiento de los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil.

El precio del arrendamiento que resultare, regirá desde la fecha de vigencia del nuevo alquiler, fijado conforme a la presente ley.

Cuando el Juez comprobare declaraciones juradas falsas de cualquiera de los integrantes del núcleo habitacional, el arrendatario o subarrendatario quedará excluido de los beneficios de esta ley, y el Juez al decretarlo, declarará rescindido el contrato de arrendamiento, y dispondrá, a pedido de parte el lanzamiento inmediato, con tributos y costos.

A estos efectos tendrá facultades para apreciar elementos de juicio que demuestren que los ingresos mensuales declarados por el núcleo habitacional son manifiestamente inferiores a los que requieren los consumos mínimos efectuados mensualmente por el mismo.

El que formulare, a los efectos de la demanda a que se refiere este artículo, una declaración jurada falsa para obtener la rebaja del nuevo alquiler, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, en todos los casos en que los ingresos reales del núcleo habitacional superen en un 15 % (quince por ciento) al monto declarado en los autos respectivos, no podrá aducirse error aritmético y se dispondrá la rescisión del contrato de arrendamiento.

Los empleadores privados, sean personas físicas o jurídicas, están obligados a suministrar a sus dependientes y a los profesionales y técnicos cuyos servicios utilicen a cualquier título, constancia escrita de sus ingresos.

Ante el incumplimiento de esta obligación, el arrendatario podrá pedir al Juez que ordene su cumplimiento y éste, deberá decretarlo sin más trámite, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato.

El que expidiere una constancia cuyos datos fueron falsos, en todo o en parte, será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión (artículo 242 del Código Penal).

Si se tratare de fincas arrendadas con garantía de la Contaduría General de la Nación, el auto judicial que disponga la rebaja del precio del arriendo deberá ser notificado al Servicio de Garantía de Alquileres simultáneamente con el traslado de la demanda."

CAPITULO IV
ARRENDATARIOS DEUDORES

Artículo 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, con la redacción dada por el artículo 16 de la presente ley, los arrendatarios con intimación de desalojo por alquileres y demás prestaciones accesorias devengadas entre los meses de marzo y diciembre de 1985, dispondrán de un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de esta ley, para efectuar el pago de las sumas que adeudaren más el 10 % (diez por ciento) de su importe por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos causídicos.

Igual beneficio podrán solicitar aquellos arrendatarios que optaren, dentro del mismo plazo, por pagar los alquileres y demás prestaciones accesorias que adeudaren, en la forma siguiente:

a) si se adeudaren hasta tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en seis cuotas con más el 30 % (treinta por ciento) de su importe por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos causídicos;

b) si se adeudaren más de tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en doce cuotas, con más el 40 % (cuarenta por ciento) de su importe por los mismos conceptos establecidos en el literal anterior.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas e indivisibles con el pago del alquiler, quedando en suspenso el juicio mientras se paga lo adeudado. Si el inquilino se atrasare dos meses en el pago del alquiler y la cuota por atrasos, caducará el beneficio y el arrendador podrá continuar los procedimientos.

Los arrendatarios de fincas con destino a casa-habitación que hicieran uso de la facultad que les acuerdan los incisos precedentes, podrán solicitar la suspensión del lanzamiento y ejercer el derecho que les acuerda el Capítulo X del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Los arrendatarios de otros destinos que no fuere el de casa-habitación podrán solicitar la suspensión del lanzamiento por el término de un año.

Exceptúanse de los beneficios establecidos en el presente artículo los juicios promovidos por la Contaduría General de la Nación contra los malos pagadores.

Art. 13. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, facúltase a los arrendatarios y subarrendatarios cuyos alquileres fueron reajustados entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1985 y respecto de los cuales no exista intimación de pago por los conceptos expresados en el artículo anterior, a pagar los alquileres y demás prestaciones accesorias de conformidad con lo que a continuación se expresa:

A) Si se adeudaren hasta tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en seis cuotas, con más el 20 % (veinte por ciento) de la suma adeudada por concepto de intereses.

B) Si se adeudaren más de tres mensualidades de alquiler el pago podrá efectuarse en doce cuotas, con más el 30 % (treinta por ciento) de la suma adeudada por concepto de intereses.

Todas las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y deberán ser satisfechas indivisiblemente con el alquiler mismo.

En caso de optar por este beneficio, deberá comunicarlo al arrendador dentro del plazo de treinta días corridos siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley por acta notarial, telegrama colacionado u otro medio escrito fehaciente.

De no hacerlo en dicho plazo, caducará dicho derecho.

CAPITULO V
DE LAS CASAS DE INQUILINATO, HOTELES, PENSIONES, MOTELES Y AFINES

Artículo 14. - Sustitúyese el artículo 113 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 113. - El artículo 307 de la Ley número 14.106, de 14 de marzo de 1974, no será aplicable a aquellos huéspedes de hoteles, pensiones, moteles, casas de inquilinato y afines que hubieran ingresado con anterioridad a que los mismos se hayan inscripto en el Registro de Hoteles, Pensiones y Afines que tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las personas comprendidas en el inciso anterior así como los huéspedes de hoteles, pensiones y afines que no se encontraren inscriptos en el Registro mencionado, o cuya inscripción fuera cancelada, serán considerados arrendatarios a todos sus efectos.

La Dirección Nacional de Turismo entregará al ocupante una constancia de la no inscripción del establecimiento en el Registro pertinente o, en su caso, de su caducidad o cancelación que lo habilitará para acreditar su calidad de arrendatario a todos sus efectos.

El alquiler mensual quedará fijado en una suma equivalente a treinta veces el importe diario del hospedaje. Regirá por un año y se modificará de conformidad con los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus disposiciones modificativas. Sin perjuicio de ello, el inquilino podrá ejercer por única vez la acción de rebaja de alquiler prevista por los artículos 16 a 19 y 63 de dicho decreto-ley, dentro del plazo de noventa días corridos a partir de la notificación a que se refiere el inciso anterior.

No están comprendidos en esta disposición los hoteles de categoría Lujo, Primera y Segunda A y B, de la categorización del Poder Ejecutivo establecida en el Decreto Nº 230/985, de 27 de junio de 1985."

CAPITULO VI
DE LOS ASENTAMIENTOS MARGINALES

Artículo 15. (Suspensión de lanzamientos). - Suspéndense hasta el 30 de junio de 1986, los lanzamientos contra los ocupantes, a cualquier título, de los asentamientos colectivos marginales ("cantegriles"), sin habilitación municipal de construcciones existentes a la fecha de vigencia de la presente ley. Contra el decreto de suspensión del lanzamiento podrá interponerse el recurso de reposición.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16. - A partir del 1º de enero de 1987, los reajustes del alquiler de las fincas con destino a casa-habitación (artículos 14 y 15 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974 y sus modificativas), se aplicarán a razón de un tercio del respectivo índice durante el primer cuatrimestre, de dos tercios durante el segundo cuatrimestre, y del cien por ciento durante el tercer cuatrimestre.

Art. 17. - Sustitúyese el artículo 51 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 51. - Los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo para oponer excepciones el inquilino consignare la suma adeudada más el 40 % (cuarenta por ciento) de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos devengados. El arrendatario o subarrendatario se beneficiará una sola vez con la clausura del respectivo juicio."

Art. 18. (Reforma de plazo). - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 52 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"Procede la reforma de los plazos señalados en la intimación si el arrendatario moroso, dentro del término acordado, consignare el importe de los arrendamientos devengados, con más el 20 % (veinte por ciento) del mismo por concepto de única indemnización al actor por intereses y demás gastos."

Art. 19. (Lanzamientos de arrendatarios inscriptos en el RAVE). - La inscripción en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia (RAVE), importará de pleno derecho, la suspensión del lanzamiento decretado hasta tanto le sea adjudicada al inquilino la ocupación de una vivienda, en venta o en arrendamiento, por parte del Banco Hipotecario del Uruguay.

El Banco Hipotecario del Uruguay podrá ofrecer un préstamo al inquilino para adquirir la vivienda que ocupa si el propietario estuviere dispuesto a enajenarla.

El ofrecimiento se efectuará con sujeción a las siguientes bases:

1º) Que el precio sea fijado por el Banco, previa tasación que éste realizará del inmueble.

2º) Que el propietario acepte dicho precio y las condiciones en que el mismo le será pagado.

El arrendatario dispondrá de un plazo perentorio de 10 días hábiles a partir de la notificación para expresar su consentimiento. En caso de silencio o respuesta negativa, caducará automáticamente su inscripción en el RAVE y el Banco lo comunicará al Juzgado correspondiente con arreglo al artículo 91 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

La caducidad referida en el inciso precedente no operará en los casos en que el arrendatario acreditare ante el Banco Hipotecario del Uruguay no poseer los ingresos suficientes, a criterio de la Institución, para hacer uso del crédito que se le concede.

Art. 20. (Notificación a fiadores). - En todos los arrendamientos en que se hayan constituido o se constituyan garantías personales, toda vez que el arrendatario adeude el alquiler correspondiente a tres meses vencidos, los arrendadores, deberán notificar esta situación a los fiadores. La notificación se efectuará mediante telegrama colacionado u otro medio auténtico, cuyo importe estará a cargo del arrendatario o del fiador en su caso. A estos efectos, el fiador deberá dejar constancia en el contrato de su domicilio real.

El arrendador no podrá accionar contra el fiador por cobro de arrendamientos mientras no acredite haber cumplido dicha obligación.

Realizada la notificación después de los diez días de vencido el plazo establecido en el inciso primero, el arrendador no podrá reclamar al fiador intereses y reajustes.

Los fiadores o codeudores de inquilinos malos pagadores podrán ejercer la acción de desalojo con el plazo y el procedimiento previstos en el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, una vez que hayan hecho efectivo el pago de lo adeudado al arrendador.

Art. 21. - Modifícase el artículo 40 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 40. - Si no hubiere acción judicial iniciada por el arrendador o subarrendador, podrá el arrendatario, subarrendatario o fiador sustituir la fianza personal por la garantía del alquiler en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

El arrendador o subarrendador no podrá oponerse a la sustitución. En caso de negativa del arrendador o subarrendador, el arrendatario, subarrendatario o fiador, seguirá los procedimientos de la obligación y consignación debiendo efectuarse esta última en el Banco Hipotecario del Uruguay."

Art. 22. (Excepciones). - Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los casos previstos en los artículos 20, 28 y 114 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974.

Art. 23. (Limitaciones probatorias). - A los efectos de la aplicación de los artículos 16 a 19 y 63 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, y del artículo 80 de la presente ley, no regirán en vía judicial las limitaciones probatorias establecidas en los artículos 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y 47 del Código Tributario.

Art. 24. (Registro de la Propiedad Inmueble Urbana y Suburbana). - Cométese a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado el Registro de la propiedad inmueble urbana y suburbana.

En dicho Registro deberán constar todos los informes necesarios para determinar la situación ocupacional de esos inmuebles.

Los propietarios dispondrán de un plazo de ciento veinte días para inscribir sus inmuebles. La inscripción será gratuita. Vencido dicho plazo, no se dará trámite a ninguna gestión administrativa o acción judicial relacionada con inmuebles urbanos y suburbanos, si no se acredita la inscripción de los mismos en el referido Registro.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición dentro de los sesenta días de la fecha de promulgación de la ley. El presente artículo regirá a partir de los sesenta días de dictada dicha reglamentación.

Art. 25. - La Suprema Corte de Justicia dispondrá lo pertinente a fin de suministrar trimestralmente al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General el número de desalojos y acciones de rebaja promovidos ante todos los Juzgados de la República, las causales invocadas en cada caso y los lanzamientos realizados durante dicho lapso.

Art. 26. - Las disposiciones de esta ley son de orden público.

Art. 27. - Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 28. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 9 de diciembre de 1985.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI - Con relación a este proyecto de ley, hay acuerdo entre los sectores políticos aquí representados en el sentido de que, dado que éste ha emanado de la Comisión Bicameral de Alquileres y cuenta con el consenso de todos los partidos, sería innecesario que pasara a estudio de la Comisión correspondiente, por lo cual se podría obviar la norma reglamentaria pertinente.

Los senadores firmantes de este proyecto de ley propondríamos que este tema de la Ley de Alquileres con su correspondiente repartido, cuya distribución se realizaría mañana por la mañana- fuera colocado en primer término del orden del día de la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

10) PROMULGACION DE LAS LEYES. Su comunicación por el Poder Ejecutivo. Alteración del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Aguirre en el sentido de que se declare urgente la consideración del Mensaje del Poder Ejecutivo por el que da cuenta de que ha promulgado la ley de beneficios jubilatorios de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club, agregándole que ésta le ha merecido algunas reservas.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

- En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: como algunos señores senadores no estaban presentes en Sala cuando yo formulé el planteo como cuestión de orden, voy a explicar brevemente, abusando de la amabilidad de los demás colegas, cual es la índole del problema que planteo.

Con motivo de haber entrado el Mensaje referente a la promulgación de la Ley Nº 15.782 -relacionada con la inclusión de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club de Montevideo dentro del sistema estatal de la Seguridad Social-, el Poder Ejecutivo, además de manifestar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 143 de la Constitución de la República, comunicó a la Asamblea General la promulgación en el día de la fecha de la citada ley, se consideró facultado para afirmar lo que a continuación leeré: "El Poder Ejecutivo, además, hace saber a la Asamblea General que algunas de las soluciones acogidas por la presente ley le merecen reservas, pero que aun así estima más prudente no hacer uso de la facultad de observarlas".

En mi planteamiento previo me referí al problema constitucional de carácter general y afirmé que no conocía precedente alguno en esta materia. Es decir, que el Poder Ejecutivo, en lugar de observar el proyecto de ley y vetarlo o de promulgarlo lisa y llanamente, con motivo de la promulgación se permite formular determinadas salvedades al proyecto.

También me referí a la experiencia de algunos legisladores que, por haber actuado en otras Legislaturas, tienen un conocimiento más acabado que quien habla acerca de la práctica en materia de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Antes de volver al tema de fondo, de carácter general, quiero hacer una referencia concreta al trámite de este proyecto. Tratándose de un proyecto que se estudió en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, es improcedente que el Poder Ejecutivo diga que tiene observaciones que formular, pero que igualmente lo promulga. Dicho proyecto vino del Poder Ejecutivo; la iniciativa partió del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este Ministerio ha tomado la práctica, en acuerdo con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social -y aquí se encuentran presentes miembros de la Comisión que me pueden desmentir si lo que digo no es cierto-, de trabajar a través del asesoramiento de uno de los asesores letrados del Ministerio, el doctor Vilat, quien concurre asiduamente a la Comisión.

Cabe presumir que el Poder Ejecutivo estaba de acuerdo con el proyecto porque fue quien lo remitió, aunque es posible que se le hayan modificado algunas de sus disposiciones. Si la Comisión quería introducir modificaciones que no eran compartidas por el Poder Ejecutivo, éste tuvo tiempo para hacer conocer tales discrepancias por intermedio del delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero este no es el tema de fondo; el tema de fondo es que el Poder Ejecutivo no puede hacer más que dos cosas cuando se le remite un proyecto de ley. O lo promulga o lo observa.

Voy a leer las dos disposiciones constitucionales. El artículo 137 dice: "Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de 10 días". Este no es el caso: el Poder Ejecutivo no opuso observaciones y promulgó el proyecto. Rige entonces el artículo 143 que establece: "Si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora.

El propio Poder Ejecutivo en su nota dice que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 143 de la Constitución de la República se pone en conocimiento de la Asamblea General que el Poder Ejecutivo ha promulgado la citada ley en el día de la fecha. La propia nota del Poder Ejecutivo está diciendo qué es lo que está facultado a hacer a tenor del artículo 143 de la Constitución de la República. No puede hacer nada más que eso.

Sin embargo, luego, el Poder Ejecutivo se permite hacer saber a la Asamblea General que algunas de las soluciones acogidas no son de su agrado. Si no lo son, tendría que haber observado la ley. Esto es absolutamente irregular y sienta un precedente peligrosísimo porque mañana el Poder Ejecutivo, por esta vía, en lugar de decir en cuatro renglones que había soluciones que no le parecían convenientes -pero que igualmente por prudencia o por otras razones lo promulga-, nos puede hacer una crítica o pasar una filípica y hacer todo tipo de observaciones. Si sucede esto, tiene que vetar el proyecto de ley y no afirmarlo en el Mensaje por el que da cuenta de la promulgación. Eso es absolutamente irregular.

Desafío a que se me cite algún caso -desde 1830 hasta ahora-, en que algún Poder Ejecutivo haya hecho lo que acaba de realizar éste.

Creo que esto no se puede admitir, y no porque este Poder Ejecutivo no sea de mi Partido. Mañana puede estar el Partido Nacional en el poder y si el Presidente se creyera asistido de la facultad de realizar esto, yo sostendría lo mismo. Esta es una facultad que no corresponde al Poder Ejecutivo ni puede hacérsela jugar dentro de las relaciones armónicas entre este Poder y el Poder Legislativo, con arreglo a las disposiciones constitucionales que rigen en esta materia.

No quiero extenderme, señor Presidente, pero considero que la Asamblea General -en este caso el Senado, que es el que ha recibido el Mensaje- no puede permanecer en silencio ante este procedimiento irregular del Poder Ejecutivo.

Con el señor senador García Costa he presentado una moción que solicito sea leída, sin perjuicio de que hagan uso de la palabra los señores senadores que así lo deseen.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase la moción presentada.

(Se lee:)

"El Senado declara que las salvedades contenidas en el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que éste comunicó la promulgación de la Ley Nº 15.782, son improcedentes desde el punto de vista constitucional, artículos 137 y 143 de la Constitución. Se comete a la Mesa que comunique la presente declaración al Poder Ejecutivo. (Firman:) Gonzalo Aguirre Ramírez, Guillermo García Costa. Senadores."

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Apoyo las expresiones formuladas por nuestro compañero, el señor senador Aguirre. El se refiere -a mi juicio con razón- al hecho de que no debe existir antecedente alguno con respecto a este acto del Poder Ejecutivo. Apelaba al testimonio de legisladores más veteranos; no tengo la vejez parlamentaria suficiente como para haber integrado las primeras Legislaturas a que el señor senador hizo referencia; pero sí he actuado en varias y no recuerdo que un hecho similar haya sido considerado por los Cuerpos que integré.

Esta constancia del Poder Ejecutivo me parece, señor Presidente, absolutamente improcedente en la comunicación de la promulgación de una ley. El aspecto constitucional es muy claro, tal como lo ha expresado el señor senador Aguirre. Recibido un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, éste simplemente puede promulgarlo, vetarlo o dejar transcurrir los diez días que señala la disposición constitucional, con lo que se convierte en ley. De ninguna manera puede hacer referencias que no sean para definir el problema en un sentido u otro, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República.

Daría por finalizadas mis palabras de apoyo a las expresiones del señor senador Aguirre si la referencia al veto no fuera algo que el Poder Ejecutivo hace con demasiada frecuencia. Ello constituye una especie de amenaza pendiente sobre las decisiones del Parlamento. Frecuentemente somos advertidos por manifestaciones atribuidas a gobernantes, por publicaciones en la prensa, y otras veces, como en este caso, por las entrelineas de esta respuesta. Parece que se quiere decir al Parlamento: "Cuidado, que tenemos la facultad de veto y la vamos a emplear".

En estos momentos se está hablando del veto que se podría interponer al Proyecto de Presupuesto Nacional. Esta es una práctica que no he conocido en este país a lo largo de mi experiencia parlamentaria. Creo que no le hace bien a la democracia, sobre todo en momentos en que ella está recorriendo los primeros tramos del resurgimiento después de doce años de oscurantismo totalitario.

Constitucionalmente, el Poder Ejecutivo tiene facultades para vetar una ley; eso lo puede hacer todas las veces que así lo entienda conveniente. Sin embargo, no puede estar insinuando en forma más o menos frecuente que si el Parlamento aprueba tal o cual disposición, puede vetarla, que si no se contempla determinado aspecto, puede hacer uso del derecho del veto.

El Poder Ejecutivo no puede estar ejerciendo una especie de coacción sobre el Poder Legislativo y éste no puede admitirla.

El Poder Legislativo, señor Presidente, tiene plena autonomía para legislar y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar, la que usará cada vez que entienda debe hacerlo. Esto es el juego democrático y es el único que podemos admitir.

Reitero, señor Presidente, que no pueden admitirse ni de ninguna manera convertirse en práctica estas sucesivas afirmaciones del Poder Ejecutivo en el sentido de que, eventualmente, va a hacer uso del veto o de una especie de perdón, como en el caso que nos ocupa, en el que parece advertir: "A pesar de que no me gusta, por esta vez va a pasar". En realidad, ésta es una afirmación improcedente y en cierta manera lesiva para la independencia con que deben actuar los órganos parlamentarios.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: como sucede siempre, he escuchado con toda atención a los señores senadores Aguirre y Pereyra, porque sus opiniones me merecen respeto e interés puesto que sé que están dictadas por la mayor buena fe y dichas con toda propiedad en esta materia. Con todos los respetos debidos, sin embargo, tengo que señalar, muy francamente, que a mi modo de ver en este asunto se está creando una tempestad en un vaso de agua, si se me permite la expresión.

Se habla, señor Presidente, de lo que puede y no puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha hecho? Como lo ha dicho el señor senador Aguirre, lo que está previsto en el artículo 143 de la Constitución. Inmediatamente después de que recibió el proyecto, el Poder Ejecutivo comunicó que no tenía reparos que hacerle y en consecuencia, que quedó sancionado y expedito para ser promulgado sin demora. Además, hace, eso sí, un comentario que en este momento parece ser la piedra del escándalo.

Como parece haber consenso -por lo menos entre los que manejamos el derecho, en esta Cámara- en que las interpretaciones piedeletristas cada vez están más desacreditadas...

SEÑOR LACALLE HERRERA. - No apoyado.

SEÑOR RICALDONI. - Por consiguiente, en esta materia de textos constitucionales, creo que debemos interpretar, como nos enseñaban en la Facultad, el texto y el contexto.

No me cabe ninguna duda de que, de acuerdo con la Constitución, interpretada con todo rigor, con el mayor celo en lo que tiene que ver con la defensa de los fueros parlamentarios, el Poder Ejecutivo -surge con toda evidencia- tiene dos caminos a seguir cuando recibe un proyecto de ley remitido por el Parlamento: uno, es poner en funcionamiento los mecanismos del artículo 137 y siguientes de la Constitución -lo que todos conocemos como veto- y el otro, el de las observaciones. El primero origina todo un procedimiento dentro del Parlamento, que puede derivar en su confirmación o en su levantamiento. Se trata de observaciones de cualquier Poder Ejecutivo -sea blanco o colorado- que motivan una nueva instancia a nivel del Parlamento; pero en la adecuada inteligencia del texto constitucional, también está implícito lo segundo, que el Poder Ejecutivo puede hacer observaciones que, a su juicio, pueden no tener mérito suficiente como para poner en funcionamiento el artículo 137 y siguientes de la Constitución.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

- En este caso, señor Presidente, digo que el Poder Ejecutivo ha hecho eso último: ha acatado la voluntad del Poder Legislativo, ha promulgado la ley y ha comunicado al Parlamento que tendría observaciones que formular, pero que las mismas -y esto está subyacente en lo que expresa- no dan mérito al ejercicio del veto.

Para que quede claro repito que, desde mi punto de vista, es indiscutible que el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho -en un mensaje que envía al Parlamento, o en una declaración de cualquier tipo, dicha por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la República o por cualquiera de sus Ministros- de compartir o no un determinado texto legal. En este caso, entonces, ha cumplido con la Constitución, no ha violado ninguna de sus normas cuando formula un comentario que, a su juicio, no implica poner en funcionamiento los mecanismos previstos por el articulo 137 y siguientes.

Otro tema, señor Presidente, es que se diga que esta comunicación del Poder Ejecutivo tiene una redacción diferente a la que se está habituado a leer aquí, en el Parlamento. Me pregunto si hay fórmulas sacramentales en la materia. ¿Hay alguna fórmula constitucional que diga cómo debe comunicarse el Poder Ejecutivo con el Parlamento? Existen fórmulas sacramentales para publicar las leyes pero no para remitir un mensaje de este tipo al Parlamento. Se podrá decir, entonces, que el Poder Ejecutivo rompió con la ortodoxia en el texto que envió al Parlamento, pero no que esté violando la Constitución y tampoco -porque ese tema ya se manejó en Sala- que esté rozando los fueros del Parlamento. Estaría de acuerdo con que esto último ha sucedido si en dicha comunicación hubiera una amenaza o un desplante por parte del Poder Ejecutivo; pero el mero hecho democrático de señalar que hay observaciones que no dan lugar al veto, es simplemente decir algo que forma parte de lo que son las competencias elementales de cualquier ciudadano y, por lo tanto, de cualquier órgano de gobierno. Debe entenderse así, si pretendemos que en este país las cosas funcionen normalmente.

El tema, repito, no es el hecho de que se haga un comentario, que se agrega a la comunicación fría y esquemática de la entrada en vigencia de una ley, sino su contenido. Este comentario adicional, señor Presidente, en modo alguno roza los fueros del Parlamento. Simplemente, tiene la virtud de la sinceridad y la franqueza. No significa ningún desplante de parte del Poder Ejecutivo y tampoco se lo puede inscribir dentro de una imaginaria cadena de actitudes beligerantes del señor Presidente o del Poder Ejecutivo con respecto al Parlamento. No es más que una comunicación que escapa -esto no puede agraviar a nadie- de lo que es sólo una costumbre.

Empleando las palabras del señor senador Aguirre, "otra sería la historia" si en este mensaje viniera implícita o explícita una filípica del Poder Ejecutivo. Pero nadie que lea esta comunicación al derecho o al revés, puede sostener con fundamento que se está frente a un problema de fueros o ante un apartamiento de lo que son las competencias y los derechos que la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: naturalmente, como lo sabe el Senado, nosotros no manejamos leyes. El senador que habla no es abogado, pero intervengo en el tema sin rubor, porque bueno fuera que, el día que tuviéramos que votar recursos para una carretera, sólo intervinieran los arquitectos o el día que tuviéramos que examinar la ubicación de un hospital sólo intervinieran los médicos. Por lo demás, los textos nos parecen absolutamente claros. Nuestros conocimientos nos permiten recordar que, en derecho público, las competencias se tienen a texto expreso. Y en esta materia, es de aplicación el artículo 143 a que hizo alusión el señor senador Aguirre. Pero es de aplicación también el artículo 168, que reglamenta las competencias del Poder Ejecutivo y que, en su numeral 6º, establece, entre ellas "Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII." Y el artículo 137, dice: "Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días."

Quiere decir, señor Presidente, que, de acuerdo con el artículo 168, la competencia del Poder Ejecutivo es "poner objeciones o hacer observaciones".

Y, además, de acuerdo con el artículo 137, con la misma terminología, expresa: "...cuando tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General...". Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es absolutamente pertinente la observación formulada. El Poder Ejecutivo puede promulgar o devolver un proyecto de ley, observándolo de modo total o parcial. Tanto es ello así, señor Presidente, que extendiendo el criterio que ahora se aplica, tenemos derecho a suponer que cada proyecto de ley que se ha enviado al Poder Ejecutivo y este Poder no lo ha observado ni comentado en estos términos, ha merecido su absoluto e integral apoyo. Y en los cuatro años y fracción que restan de gobierno, cada vez que el Poder Ejecutivo promulgue un proyecto y éste se convierta en ley, sin hacer comentarios de esta o similar naturaleza, tendremos derecho a pensar que cada uno de esos proyectos de ley representa al cien por ciento, al mil por mil, exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo.

Evidentemente, no ha sido esta la intención del constituyente, no es esto lo que autoriza la Constitución, no se trata tampoco de una fórmula de texto porque pueden diferir las palabras, la terminología no está entrecomillada en la Constitución, pero aquí no han sido objetadas las palabras, sino que ha sido observado el criterio y la aplicación del procedimiento.

Por estas razones, señor Presidente, nos parece absolutamente claro que, por lo demás, en un gobierno que dispone de tantos medios de publicidad para dar a conocer sus opiniones -y vaya si las hace saber, especialmente en algunos temas; no tanto en otros- en un gobierno, además, que reiteradamente ha mostrado -el caso de alquileres es típico- que basta la observación del Poder Ejecutivo para que inmediatamente todo el partido político que responde a él y que determina la imposibilidad de levantamiento del veto, cuando éste es total, le acepte la posición a este Poder, porque todos recordamos que en el tema de los alquileres, la mayor parte de los señores legisladores del Partido Colorado votaron en un sentido y, luego del veto, lo hicieron en otro -actitud que naturalmente respetamos y que solamente comprobamos- quiere decir, entonces, que estas actitudes no pueden menos que llamar la atención. No establecemos un juicio de valor sobre ellas, en este momento, desde el punto de vista político, pero sí decimos que son insólitas y que, evidentemente, no están contempladas dentro de las competencias que la Constitución define para el Poder Ejecutivo.

Es por eso que voy a acompañar la moción que ha sido presentada.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR TARIGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TARIGO. - Señor Presidente: quise intervenir en este debate porque, cuando él se planteó, automáticamente pensé en lo que luego dijo muy claramente el señor senador Ricaldoni, en el sentido de que aquí se estaba creando una tormenta en un vaso de agua. Y creo que realmente ello es así.

Diría que, de ninguna manera, aquí hay lesión a los fueros del Parlamento, ni amenaza, ni nada por el estilo, tal como se ha pretendido inferir de la forma en que se ha redactado el texto de este Mensaje. Simplemente se trata de una comunicación que se ha redactado de una determinada manera, que es profundamente respetuosa y en la que se deja constancia de que el Poder Ejecutivo -además de expresar que ha promulgado la ley- hace saber a la Asamblea General que alguna de las soluciones acogidas por la presente ley le merecen reservas, pero que aún así estima más prudente no hacer uso de la facultad de observarla; es decir que le merecen reservas que son menores, que no tienen la entidad necesaria como para justificar la observación, sino que simplemente se hace referencia o se deja constancia de ello.

Pero además, quiero recordar el proyecto concreto a que esto se refiere, que es el que tiene que ver con la incorporación de los empleados permanentes y por reunión del Jockey Club de Montevideo a la Dirección General de la Seguridad Social, que al Senado le llevó siete horas de discusión, pese a que constaba sólo de nueve artículos. Creo que si hacemos memoria, este fue el peor proyecto que vino de alguna Comisión al plenario del Senado. Lo tuvimos que reelaborar en Sala y todos quedamos con la convicción de que aquello no era una buena solución, pero lo hicimos acuciados por el grave hecho social que significaba que estos jubilados permanentes y por reunión del Jockey Club hacía once meses que no cobraban regularmente sus asignaciones. Es por eso que digo que fue un proyecto de ley que tenía defectos. No tengo ninguna duda de que aun después de esa revisión o redacción hecha entre todos en Sala, quedaron defectos. ¿Y qué nos dice el Poder Ejecutivo? Simplemente expresa que tiene algunas reservas que indudablemente son menores, porque si hubieran sido de entidad, hubiera vetado el proyecto.

No creo que aquí haya desbordes, ataque ni otra cosa por el estilo.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TARIGO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Evidentemente el tono del Poder Ejecutivo es respetuoso, pero no es eso lo que está en discusión. Lo que sí lo está es si él puede añadir algo a la simple aprobación y acuse de recibo que le hace al Parlamento, porque con el criterio del señor senador, puede ocurrir que en el día de mañana el Poder Ejecutivo, ante un pedido de venía de destitución, nos agregue dos tomos de comentarios relativos al Estatuto del Funcionario, o cuando nos pide venias para designar a un Fiscal, nos haga un estudio sobre sus puntos de vista en relación a la organización del Poder Judicial y ello no tiene límites. Es decir que puede hacer una referencia de tres renglones como en este caso o una de treinta páginas. Quiere decir que no se trata de cumplir una ortodoxia, como si esta palabra tuviera un contenido peyorativo, sino de que los Poderes del Estado se manifiestan en la justeza de sus cometidos y no más allá, porque ¿qué limites establecemos? Si permitimos esto, como lo dije antes, tenemos que admitir que en tono respetuoso el Poder Ejecutivo se extienda en consideraciones sobre los temas que se le ocurran con cualquier motivo y no es esa la comunicación normal entre los Poderes.

Sé que los señores senadores del Partido de gobierno están casi en la obligación de defender esa posición y, además, me adelanto a decir mi opinión de que el Poder Ejecutivo no ha querido avasallarnos, ni ha expresado que nos perdona los errores cometidos; todo eso lo descarto. Lo que digo es que el Poder Ejecutivo no lo puede hacer y les consta a los señores senadores que no lo debe hacer, que no es una práctica recomendable ni admisible. Es solamente eso; aquí tampoco estamos haciendo un capítulo de graves ofensas en contra del Poder Ejecutivo. Simplemente, anotamos una anormalidad y, aun en el buen sentido, nunca en la historia parlamentaria -y soy de los viejos parlamentarios a los que se refería el señor senador Aguirre- hemos visto un comentario de este tipo en ocasión semejante. Esto es lo que debe quedar establecido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Puede continuar el doctor Tarigo.

SEÑOR TARIGO. - El argumento por el absurdo siempre es débil. Aquí estamos diciendo que nos oponemos a esto o que lo consideramos improcedente porque si esta práctica continuara se podría llegar a tal o cual cosa. Muy bien; pero esperemos que se llegue a eso para decir que es improcedente. Aquí hay cuatro renglones en una correspondencia, porque en definitiva se trata de eso, de una comunicación que el Poder Ejecutivo le hace llegar al Poder Legislativo, siendo perfectamente respetuoso y le dice que tiene reservas menores, pero no suficientes para observar el proyecto de ley.

Repito que seguimos tratando de hacer una tormenta en un vaso de agua. No sé si no se piensa que hay algunos señores senadores que no le han perdonado nunca nada al Presidente de la República y ni siquiera han esperado a que lo fuera, para decir que era un colorado recalcitrante, un enemigo tradicional del Partido Nacional y cosas por el estilo. Y han habido, también, otros episodios que todos tenemos presentes, que son mucho más recientes; pero aquí no hay absolutamente nada de eso. Si se quiere, naturalmente, se puede hacer lo que otorga la fuerza de los votos, pero eso no sería una solución justa.

Digo, además, que el Presidente de la República, tiene como Secretario a un abogado, que fue un distinguido profesor de Derecho Constitucional en la Facultad. Estoy absolutamente seguro, porque sé como es el mecanismo de funcionamiento de la Presidencia de la República, que esto pasó por la opinión favorable del doctor Miguel Angel Semino.

Desde luego, aquí tampoco estamos tratando de exponer argumentos de autoridad, porque tampoco nos gustan ellos en un sentido contrario.

No me opongo a que este asunto sea examinado en la Comisión de Constitución y Legislación, con el fin de que se vea si hay o no antecedentes, porque ni ésta es una asamblea de ancianos ni son todos memoriosos. Por lo tanto, puede ser que exista algún precedente.

Reitero que no me opongo a que se estudie el tema, pero no puedo admitir que se declare, sobre tablas, que esto es improcedente desde el punto de vista constitucional, como si nosotros tuviéramos la verdad revelada.

Me parece una exageración o un exabrupto del Senado si frente a una comunicación redactada en términos correctos y corteses, la devolviese expresando que es improcedente. Ello ocurre cuando existe una descortesía, cuando hay una salida de tono; sin embargo, este no es el caso ni mucho menos. Si se quiere hacer lo contrario, sí; pero entonces no será una interpretación jurídica sino que se estará aprovechando esto para levantar una especie de tormenta política que, reitero, en mi opinión, sigue siendo dentro de un vaso de agua.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -De acuerdo a la lista de oradores, corresponde hacer uso de la palabra al señor senador Lacalle Herrera.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Las tormentas en los vasos de agua son muy importantes para los vasos de agua. Consideramos que en el momento que está viviendo nuestro país, los vasos de agua sin tormenta son mejores que aquellos que la tienen.

No se trata aquí de estribar en lo que puede ser un error de redacción, o un involuntario desliz de la pluma de quien redactó el documento, para de ello hacer un tema político.

Coincidimos plenamente con las expresiones de los señores senadores Aguirre, Pereyra y Ortiz, en cuanto a ubicar este asunto dentro de un entorno histórico de un momento político y, además, de lo que deben ser las relaciones entre los órganos del Estado. En las comunicaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo debe cuidarse que no haya tormentas. Los funcionarios políticos, fuera de las comunicaciones o el Ministro del ramo podrán en las habituales presentaciones ante los medios de difusión, emitir la opinión política que le merece lo que han realizado el Senado o la Cámara de Representantes; sin embargo, en las relaciones oficiales, no puede hacerse saber a la Asamblea General, como una suerte de tirón de orejas, que, aunque existe alguna irregularidad o reserva, en este caso, se considera más prudente no hacer uso de las facultades constitucionales.

Las palabras empleadas "que se estima más prudente", parecerían revelar una especie de sermoneo o de reto a quien se ha excedido pero que, a la vez, no se le sanciona o se le hace la observación que corresponda.

Asimismo, creo que en ese párrafo está latente lo que puede ser la omisión del cumplimiento de sus deberes por parte del Poder Ejecutivo, porque el texto le merece o no observaciones. La Constitución no se refiere a observaciones grandes, medianas o pequeñas; hay o no observaciones.

En consecuencia, el comentario político del funcionario, del militante fuera de las relaciones de los Poderes, cabe dentro del libre albedrío de cada uno. Sin embargo en las relaciones entre los órganos, no se puede aceptar. Porque, o se observa y se emite un juicio contrario, o no se realiza la observación. Los juicios de "más o menos" no están incorporados al texto constitucional.

Reitero que no existe una observación grande, mediana o pequeña; no hay reservas de distintos calibres; simplemente, hay o no hay reservas.

Eso es lo que, en este momento, realmente importa. No se trata de que el doctor Semino -que fue nuestro profesor- tenga mayor o menor competencia que los señores senadores porque, para opinar sobre este tema no tienen porqué estar recibidos sino, solamente, basta con tener una visión política de los textos constitucionales. No se trata de señalar y continuar el camino.

Creo que a todo el mundo le beneficia una actitud como la que se ha tenido en el día de hoy. Repito que no es cuestión de que sea una tormenta en un vaso de agua -aunque éstos sin tormenta son mucho mejor-, sino que las tormentas en un vaso de agua son muy importantes para esos vasos de agua.

Si realizamos el razonamiento que se criticaba, las tormentas pueden derivar hacia el mar y en nuestro país nadie las desea.

En cuanto a la observación del señor senador Tarigo, en cuanto a que se trataba de hacer uso de la fuerza de los votos, nosotros no tenemos culpa del dictamen popular. El senado se compone de acuerdo a los votos obtenidos, y ellos van y vienen. Habrá o no votos para la moción que se va a proponer. Sin embrago, no se trata de hacer ningún uso ilegítimo de un derecho, sino de las manos levantadas en favor o en contra de una opinión. Los votos variarán o no.

Pienso que no puede aparecer una votación en el Senado como si se estuviera haciendo un uso indebido de la facultad de voto de cada senador. Cada uno lo hará de acuerdo a su leal saber y entender y como su criterio político le marca. Para eso estamos acá, para levantar la mano cuando nos parezca que es correcto hacerlo y para bajarla cuando pensamos que corresponde no aprobar un proyecto.

Reiterando la solidaridad con las expresiones de mis correligionarios, digo que el tema llegó hasta aquí, que es importante haber realizado la observación y que no se trata de estribar en ellos para otra cosa que no sea para mantener las buenas relaciones entre los órganos del Estado. Ellas van a estar llenas de acechanzas en el futuro como siempre lo están en tiempos de crisis y como van a estar en este período en que el Poder Ejecutivo no cuenta con una mayoría parlamentaria.

Por estas razones debemos ser muy cuidadosos en nuestras relaciones, porque si hay un mandato muy claro en favor del Poder Ejecutivo para desempeñarse como tal, también es cierto que no tiene mayoría parlamentaria. Para que ese mandato que es clarísimo -y que va a durar hasta el año 1990- mantenga el equilibrio necesario, las tormentas en un vaso de agua, no son bienvenidas.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos J. Pereyra). Tiene la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Estoy de acuerdo con las expresiones originales del señor senador mocionante, cuando sostiene de que es la primera vez que ocurre esto en el Parlamento. En consecuencia, se tratará de un hecho nuevo, que no tiene precedentes, pero ello no significa que sea un acto inconstitucional, porque no existe ninguna disposición en nuestra Carta que prohíba realizar el comentario que, en la nota, hace el Presidente de la República cuando no tiene reparos que ofrecer al proyecto de ley que tiene a su consideración.

El artículo correspondiente de la Constitución expresa que si el Poder Ejecutivo no tuviese reparos que oponer, lo avisará inmediatamente. Dicho Poder dice que tiene reparos, pero que ellos no tienen entidad bastante como para observar la ley y que, entonces, la promulga. De ese modo, el Poder Ejecutivo está dando cuenta de un estado de conciencia, a través del cual se advierte que no está totalmente de acuerdo con los términos de la ley que tiene a examen pero que no tienen suficiente entidad esas disensiones como para impedir el trámite normal de la misma.

Eso es lo que hace el Poder Ejecutivo. Disiente, no veta, no tiene razones suficientes para impedir que la ley cristalice. El veto de los antiguos tribunos romanos impedía la ley, al igual que el de los reyes de Francia. Sin embargo, la observación del Poder Ejecutivo devuelve la ley al Parlamento y éste puede -si existe mayoría- mantener la observación e impedir la ley; pero también puede levantar el veto y ordenar la promulgación, a pesar de la observación, o posición y disenso del Poder Ejecutivo.

No se puede pensar que en la actitud del señor Presidente de la República, cuando veta, cuando disiente, y cuando dice que no lo hace, no obstante tener reparos, haya la menor sombra de una amenaza contra nadie.

El Poder Legislativo no está amenazado por el hecho de que el Presidente de la República no coincida con él en la apreciación de un texto. Haciendo referencia a lo que recordaba el señor senador Aguirre de que en la Comisión respectiva del Senado estaba presente un delegado del Poder Ejecutivo -cosa que es muy útil para la Comisión- debo decir que en aquellos casos en que no es preceptiva su participación, ya que no tiene que tomar iniciativa cuando se trata de proyectos de ley de este tipo, digo que es muy amplia la libertad con que actúan los miembros de la Comisión. Además, estoy eximido de insistir sobre el caso porque el señor Presidente del Cuerpo ha aclarado que ésta es una ley que se elaboró en esta sala, en la que se cambió la redacción de muchos artículos y en la que no pudo haber participado el delegado del Poder Ejecutivo.

Quiero decir, señor Presidente, que no puedo admitir que se diga que el Presidente de la República amenace a nadie porque no está de acuerdo en mucho, en todo o en parte, profunda o superficialmente, con el texto de un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo no ha devuelto al Parlamento más que un solo proyecto de ley, al que aquí se ha aludido. Nada hay que indique que en el futuro vaya a dejar de ejercer esa facultad para la que está plenamente autorizado por la Constitución de la República. Ningún legislador puede inferir de esto esté en el partido en que esté, la sombra de una amenaza.

¿Qué legislador va a sentirse coaccionado por el Poder Ejecutivo? ¿Por qué? El Poder Ejecutivo, siendo un órgano colegislador, ¿cómo es que no tiene el derecho de decir lo que siente? Ni el Presidente de la República, ni el Partido Colorado, coaccionan a nadie. Tienen, más que el derecho, el deber de expresar su disenso, sus opiniones distintas con respecto a aquellas otras que no contemplan sus puntos de vista.

En este caso concreto, el señor Presidente de la República, lejos de amenazar, ha sido mucho más sincero de lo que la costumbre autoriza, porque esto no es nada más que una costumbre. Nosotros le podemos decir al señor Presidente de la República: Señor Presidente, la costumbre indica que usted o devuelve o promulga. No es más que eso, una costumbre.

No hay ninguna disposición en la Constitución que autorice al Senado a decirle eso al Presidente de la República. Si le mandamos decir al Presidente de la República, de acuerdo con esa moción, que no puede hacer comentarios cuando promulga una ley, y éste lo sigue haciendo, ¿le vamos a hacer juicio político? ¿La Cámara lo va a acusar ante el Senado por eso? ¿Se puede pensar que ahí hay una violación constitucional? ¿Quién prohibe al Presidente de la República, en el ejercicio de sus facultades constitucionales que tal ley queda promulgada? Si dice que no está de acuerdo con toda ella, ¿de ahí se puede inferir que hay una amenaza? Ninguna.

En consecuencia, no se puede inferir otra cosa que el propósito sincero del Presidente de la República es el de decir que no coincide completamente con los términos de la ley. Tratándose de una ley de ese tipo, en la que hay tantas opiniones que pueden ser contradichas y en la que hay muchos artículos polémicos, alguno de los cuales no dejaron satisfechos ni a los que votaron a favor ni a los que votaron en contra se da de suyo que cuando el Presidente de la República, la promulga, no está obligado a coincidir con todos sus artículos; sí, eso es cierto, y no hay impedimento para que el Presidente de la República si quiere decirlo, lo manifieste.

Me parece que es un asunto demasiado grave. Si se le da gravedad a la actitud del Presidente de la República porque al promulgar una ley incluye un comentario que no tiene precedentes en la historia parlamentaria, igualmente lo es que un Cuerpo legislativo, de la importancia del Senado, le señale que acaba de cometer un error. Es mucho más grave la actitud del Senado que, sin fundamento constitucional valedero, formula una declaración contra el Presidente de la República: es mucho más grave, reitero que la actitud del Presidente de la República, que no tiene ningún impedimento constitucional.

Por esas razones, apoyo la posición del señor Presidente del Cuerpo, para que la moción presentada por los señores senadores, pase a la Comisión respectiva para un mayor estudio, ya que temo mucho que se plantee, innecesariamente, en momentos difíciles para todos, una contienda, que se puede evitar, con el Presidente de la República, que ha ejercido su facultad constitucional a plenitud y que no ha cometido ninguna violación al texto constitucional ni a las leyes nacionales.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: como he planteado el asunto y he sido objeto de varias alusiones, algunas referidas a mis opiniones y otras de carácter estrictamente político, en lo personal me considero en el deber de formular, con la mayor serenidad y objetividad, una serie de puntualizaciones.

En primer lugar, quiero expresar que si se ha interpretado alguna manifestación, como atribuyendole al Poder Ejecutivo la intención de amenazar al Poder Legislativo, concretamente al Senado, esa expresión no ha partido de mis labios ni de mi persona. En ningún momento he dicho que el Poder Ejecutivo, o el Presidente de la República, han querido amenazar al parlamento.

El señor senador Cigliuti podrá revisar la versión taquigráfica y observará que en ningún momento manifesté que esta expresión, que considero irregular del Poder Ejecutivo con respecto a este mensaje, signifique una amenaza para el Parlamento.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Preferiría terminar, señor senador.

Como yo planteé el asunto y la sesión se está trasmitiendo para todo el país, quiero aclarar, por si alguien no me escuchó, que en ningún momento he dicho que esto sea una amenaza para el Parlamento, ni que ella haya sido la intención del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República. Más; no tengo inconveniente en declarar que este párrafo del mensaje del Poder Ejecutivo -que he observado y que ha motivado la moción que he presentado junto con el señor senador García Costa, está redactado en términos serenos y objetivos- solo he dicho que no corresponde desee el punto de vista constitucional y que el Senado no debe aceptarlo.

En primer término, manifesté que no existían precedentes en la historia legislativa del país y en las relaciones del Parlamento con el Poder Ejecutivo. Todos los señores senadores, incluido el señor senador Cigliuti, han estado contestes con ello: no existen precedentes, se trata de una actitud que se presenta por primera vez en el país.

En segundo término, he dicho que no es constitucional, pero hay quienes dicen que sí lo es. Entonces se plantea un debate de carácter constitucional que considero debemos desarrollarlo en el tono más elevado posible.

En tercer lugar, he manifestado que esto es riesgoso, porque así como hoy se hace esta observación, este comentario, en un tono sereno y elevado, o por lo menos objetivo, mañana puede venir otra observación en otro tono no objetivo, y digo que eso no es conveniente para la mejor y más adecuada relación entre Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Reiteradamente se ha hecho hincapié, por más de un senador del Partido Colorado, que aquí estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y yo replico que si aquí hay tormenta en un vaso de agua es por la oposición un poco encendida que ha levantado nuestro planteamiento. Pienso que si con serenidad se reconociera que esto nunca se ha hecho y que no es lo que autoriza a hacer el artículo 143 de la Constitución de la República, no se vería en ello ninguna lesión al Poder Ejecutivo. Simplemente se le debiera manifestar que no ha actuado de acuerdo con las disposiciones constitucionales y las facultades que ésta le acuerda en esta materia y que, por lo tanto, en el futuro debe abstenerse de realizar este tipo de manifestaciones.

Además, antes de ir al plano constitucional, en el cual han incursionado los señores senadores Ricaldoni y Cigliuti, en la forma respetuosa en que siempre lo hacen y cuyas opiniones siempre respeto de la misma manera que lo hacen con la mía, digo que aquí se han hecho una serie de apreciaciones que yo no comparto. Pero antes de entrar a ello, no quiero dejar pasar una referencia, una alusión inequívoca de carácter personal, con relación a la pasada campaña electoral, que con calor pude haber hecho -o hice, mejor dicho- al actual Presidente de la República. Creo que no estamos ante un problema personal y que minimizamos la cuestión, dándole un cariz de enfrentamiento político que no corresponde, si lo queremos derivar a ese carril, en el cual no quiero entrar.

La prueba de que aquí hay una situación irregular, o por lo menos anómala en alguna medida, es que quienes no tienen nada que ver con ese supuesto problema personal, que para mí no es tal porque yo tengo el derecho de criticar las actitudes políticas del Presidente de la República, -como él tiene y quienes con él son solidarios, el de criticar las mías- los señores senadores Lacalle Herrera, Pereyra y García Costa -quien firmó la moción- así como los señores senadores Ortiz y Rodríguez Camusso, están totalmente de acuerdo con la pertinencia de mi planteo.

Por lo tanto, con todo respeto, manifiesto que no corresponde querer dar la impresión de que se trata de un problema personal. De personal no tiene nada; así desempeñara la Presidencia de la República un particular amigo mío, igualmente observaría esta actitud. Creo que no corresponde, porque el Poder Ejecutivo no tiene esta facultad constitucional.

Y admito que corresponda atribuirsela por intermedio de un argumento de autoridad, referida a la personalidad del señor Secretario de la Presidencia de la República, a quien conocí en la cátedra de la Facultad de Derecho y por cuya autoridad como constitucionalista tengo el mayor respeto, pero que, como todo especialista en cualquier materia, puede equivocarse.

En el correr de los años 1968 y 1969, vimos a todos los constitucionalistas del país -los doctores Justino Jiménez de Aréchaga, Cassinelli Muñoz, Barbagelata y tantos otros- decir que la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad en determinadas circunstancias violaba la Constitución, o que la reimplantación de las mismas, luego de haber sido levantadas por la Asamblea General o por la Comisión Permanente, era una violación grosera de la Constitución. Y en esos momentos, sin embargo, la Secretaría de la Presidencia de la República la desempeñaba un jurista tan distinguido y respetado como lo era el doctor Héctor Giorgi.

Quiere decir que, por más autoridad que tengan los opinantes, siempre pueden producirse discrepancias en estas materias y las mismas son legítimas. Por tal motivo, no creo que pueda resolverse el problema por el mero hecho de decir que este mensaje pasó por el contralor del doctor Semino, que actualmente no está actuando en la cátedra sino en una función política, en la Secretaría de la Presidencia de la República.

Por otra parte, si se utiliza ese argumento de autoridad, inmediatamente formularé contra él otro de mayor autoridad, por lo que no se resuelve el problema de esta forma.

Retrotrayendo el problema a sus términos reales, debo decir lo siguiente. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo o el Judicial, o como todos los órganos del Estado, no tienen más competencia que las que le comete a texto expreso la Constitución o la Ley, en los casos en que ésta puede otorgárselas. Este es el axioma del Derecho Público en el Uruguay y en todos los países democráticos del mundo.

Cuando el Poder Legislativo remite un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, éste sólo puede hacer dos cosas. Una de ellas es observar la ley, pero no por vía de comentario, sino remitiendo un Mensaje a la Asamblea General en donde manifieste sus observaciones y los fundamentos de éstas, que es lo que normalmente se conoce como el poder de veto y que enerva la eficacia de la ley, que no entra entonces en vigencia si la Asamblea General no levanta dicho veto por determinado número de votos. La otra posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo es promulgar la ley y comunicarlo de inmediato al Poder Legislativo; es decir, ponerle el "Cúmplase" y remitir un Mensaje al Poder Legislativo comunicándoselo. Sin embargo, en este caso el Poder Ejecutivo ha hecho una tercera cosa. Podía observar y no lo hizo; podía promulgar y esto sí lo hizo, pero, además, manifiesta que la ley le merece reparos o reservas. Eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, porque ningún texto constitucional le atribuye tal facultad.

Todos estamos de acuerdo en que el artículo que rige esta materia es el 143 de la Constitución de la República, que dice que si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparos que oponerle, "lo avisará inmediatamente". Esto significa que debe hacer una comunicación escueta diciendo que no tiene reparos, y el proyecto se promulga y entra en vigencia. Debe hacerlo sin fórmulas sacramentales, como dijo el señor senador Ricaldoni, porque no las hay, pero no diciendo que no tiene observaciones por la vía del veto, cuando sí las tiene y deja constancia de que el proyecto no le gusta. Eso no lo autoriza la letra de la Constitución; eso no es posible hacerlo porque significa que el Poder Ejecutivo se atribuye la facultad, que no le otorga la Constitución, de hacer un comentario, expresando que la ley que promulga es buena, mala o regular.

También existe otra razón, que no es de texto, para afirmar que el Poder Ejecutivo no puede hacer eso. En la teoría de nuestro Derecho Constitucional -y en la de todo el Derecho Constitucional democrático- las relaciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son de dos tipos. Por un lado, de colegislación: el Poder Ejecutivo es colegislador, es decir que tiene iniciativa legislativa, privativa en diversas e importantes materias, y tiene poder de veto, o sea que puede observar las leyes impidiendo que entren en vigencia. El otro tipo de relación es el contralor administrativo que ejerce el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y no al revés. Nosotros podemos llamar a un Ministro, pedir informes, nombrar Comisiones Investigadoras y, si no me equivoco, porque cito de memoria el artículo 121 de la Constitución nos autoriza a emitir declaraciones, que pueden ser de crítica, de discrepancia o concordancia con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, que es el controlado, no puede asumir el rol de controlar diciéndole al Poder Legislativo que admite que la ley entre en vigencia, pero que considera que no es acertado. Eso va contra la teoría de nuestro sistema constitucional. El Poder Ejecutivo es quien está sometido al contralor político y administrativo del Poder Legislativo. Por ese motivo, no puede, a pretexto de promulgar una ley, decirle que se ha equivocado.

En términos muy respetuosos, correctos y formalmente inobjetables desde el punto de vista de la redacción, el Poder Ejecutivo le ha dicho al Legislativo que se ha equivocado. Pero lo grave no es eso, sino el hecho de que el Poder Ejecutivo, cuando promulga una ley, pueda emitir un juicio de valor, de conveniencia o de oportunidad acerca de la entrada o no en vigencia de la ley. Eso es violatorio no de un artículo de la Constitución, sino de nuestro sistema constitucional en general, que se rige por una serie de grandes principios, entre los cuales está el de que el Poder Ejecutivo -cuyos Ministros deben contar con el respaldo parlamentario, estando sujetos a un eventual voto de censura que puede obligarlos a renunciar- está sometido al contralor del Poder Legislativo. Eso es indiscutible, como también lo es el hecho de que es inexacta la preposición inversa. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo no puede hacer este tipo de comentarios al Poder Legislativo, que no sólo significa una expresión pública sino formal -realizada de Poder a Poder- de una discrepancia que tiene con una legítima decisión, tomada en el ámbito de su competencia, por el Poder Legislativo. No tengo la mínima duda de que eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo.

El señor senador Ricaldoni me ha manifestado que está leyendo un trabajo realizado por quien habla hace dieciseis años -que la Fundación de Cultura Universitaria me acaba de hacer el honor de publicarlo junto a un trabajo del inolvidable catedrático Aníbal Luis Barbagelata y del profesor Horacio Cassinelli Muñoz -sobre "La competencia del Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional de l967", y si el señor senador lo ha leído con cierta detención, recordará que en el me referí a los principios básicos de interpretación constitucional a los cuales me iba a remitir para desarrollar el tema. Allí me referí a lo que, sobre la materia, enseñó con claridad indiscutible que jamás nadie osó poner en tela de juicio- el más grande maestro del Derecho Constitucional que ha existido en este país: el doctor Justino Jiménez de Aréchaga. En el Tomo I de "La Constitución Nacional", entre las páginas 99 y 124, Justino Jiménez de Aréchaga desarrolló este tema y sostuvo que entre los grandes principios generales de nuestro Derecho Constitucional que siempre hay que tener en cuenta para interpretar la Carta Magna, se cuenta aquél de que "Los órganos públicos no tienen otras competencias que las concedidas a texto expreso, las que se atribuyen con una triple limitación: en razón de materia, de forma y de fines".

¿Cuál es el texto expreso que autoriza al Poder Ejecutivo a decir que tiene reservas sobre un proyecto de ley, cuando comunica al Poder Legislativo que lo ha promulgado? Ese texto expreso no existe. Por más que se busque en la Constitución de la República no se va a encontrar, no solamente porque el artículo 143 lleva en forma inequívoca a la conclusión contraria, sino porque -como muy bien ha dicho el señor senador Rodríguez Camusso- el artículo 168, que es el que enuncia las atribuciones del Poder Ejecutivo respecto a la materia legislativa dice, por un lado, que tiene la facultad de publicar y circular las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar Y, por otro, que tiene la facultad de observar las leyes con arreglo a la Sección VII. Ningún texto expreso le adjudica la facultad de hacer comentarios a las leyes que promulga y decir que tiene reparos y que la pudo haber vetado, pero prefirió no hacerlo.

Por otra parte, el texto expreso del artículo 143 tiene la limitación por razón de fin que establece el doctor Justino Jiménez de Aréchaga. ¿Cuál es? Que esta atribución que tiene el Poder Ejecutivo es para declarar que no promulga la ley -que la veta- que no entrará en vigencia ,o que la promulga y, entonces no enerva la ejecutoriedad de la ley, que entrará en vigencia.

La comunicación que debe hacer el Poder Ejecutivo al Legislativo cuando promulga la ley es al sólo electo de decir -tal como lo establece el artículo 143 de la Constitución- que no tiene reparos y que, por lo tanto, la ley entra en vigencia. Ese es el único fin. Violaría el fin por el que se le ha atribuido esta competencia si, además, le dice al Poder Legislativo que no le gusta la ley, por más respetuosa y objetivamente que lo haga, como ha ocurrido en esta oportunidad.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Concluyo, señor senador, e inmediatamente se la concedo.

Debo decir que no he querido descender al debate ni a las alusiones personales, porque no se las formulo a nadie ni tengo nada personal contra el señor Presidente de la República. Con respecto al orden político tampoco tengo nada contra él, en tanto, como titular del Poder Ejecutivo junto al Consejo de Ministros, se mantenga en el ámbito de competencia que le otorga la Constitución de la República que, por otra parte, son muy amplias.

Como integrante del Cuerpo tengo el deber de señalarle al Poder Ejecutivo, si actúa fuera del ámbito de su competencia, que lo ha hecho. Lo hago en la forma más respetuosa y, junto con el señor senador García Costa, presento una moción que nada tiene de lesiva en el orden personal para quienes integran el Poder Ejecutivo, ni en el orden de las relaciones entre las competencias de ambos poderes que -reitero- como integrante del Poder Legislativo tenemos el deber de defender en todo momento.

Antes de finalizar, le concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR PRESIDENTE. (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI - Creo que este intercambio de puntos de vista tan opuestos, en definitiva, va dando alguna luz en la discusión, porque advierto, con satisfacción, que el señor senador Aguirre ha reconocido, en primer lugar, que todo lo que tiene que ver con la cuestión conexa con el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo entra -lo admitió expresamente- dentro del terreno opinable.

SEÑOR AGUIRRE. - No he dicho eso.

SEÑOR RICALDONI. - Bueno; yo lo interpreté así.

En todo caso, creo que lo menos que se puede decir es que, precisamente, este es un tema opinable. No me parece que sea posible afirmar categóricamente, como se está haciendo, que el Poder Ejecutivo aquí poco menos que le ha declarado la guerra o le ha hecho un agravio al Parlamento. El señor senador Aguirre reconoció -estos términos los anoté mientras él estaba haciendo uso de la palabra- que el texto del comunicado enviado por el Poder Ejecutivo es correcto -éstas son exactamente las palabras que empleó-, que es lo mismo que señaló el señor Presidente del Cuerpo cuando se refirió a este tema

hace ya largo rato. Entonces, si la comunicación que envió el Poder Ejecutivo es correcta, tenemos que admitir, dejando de lado por el momento la consideración del texto constitucional, que al margen del mismo no existe, en el lenguaje elegido por el Poder Ejecutivo, ningún agravio ni siquiera un intento de agravio al Parlamento. Vale decir que si no existe en el texto, correspondería ver qué es lo que dice la Constitución. Y ésta dice, si, como ha señalado el señor senador Aguirre, que cuando el Poder Ejecutivo recibe un proyecto de ley remitido por el Parlamento tiene dos posibilidades -en lo que estamos todos de acuerdo-: pone en vigor la ley mediante el acto administrativo correspondiente o aplica el mecanismo del artículo 137 y siguientes de la Constitución, que es lo que vulgarmente se denomina ejercicio del derecho de veto que, tal como lo indicaba anteriormente, abre paso a una nueva etapa legislativa. Esto es lo que hizo el Poder Ejecutivo; eligió entre las dos competencias constitucionales que tiene: le dio vigencia a la ley, le puso el cúmplase.

Pienso que no se puede decir que cuando el Poder Ejecutivo envía el comunicado al Legislativo y le agrega un comentario calificado como correcto, está ejerciendo una tercera competencia. Simplemente está utilizando una de las dos que tiene dentro del marco que le permite la Constitución que no establece fórmulas sacramentales para hacer las comunicaciones.

Quiere decir que el tema es como muy bien señalaba el señor senador Ortiz el precedente que se crea y que permitirá que en el día de mañana pueda venir una comunicación del Poder Ejecutivo en la que se desborde, por vía de un exceso de vocabulario, de lenguaje o en la extensión del Mensaje, lo que debe ser el contenido natural de un texto de este tipo. Pero esa es otra historia; es otro caso que habrá que juzgarlo cuando se dé. Creo que no se puede controvertir lo que puede pasar, lo que no ha pasado y no va a pasar con este Gobierno, como si fuera un hecho que ha sucedido, porque él no existe.

Aquí en Sala se ha dado lectura en varias oportunidades a la comunicación que envió el Poder Ejecutivo, la que -repito por tercera vez que fue calificada de correcta- en modo alguno tiene un agravio para con el Parlamento. Otra cosa es lo que pueda hacer este o cualquier otro Poder Ejecutivo en el futuro -yo digo que no lo va a hacer-, lo que teóricamente podría significar una violación de las relaciones constitucionales entre los Poderes. Me parece que se trata del mismo tema que se citaba recién respecto de las Medidas Prontas de Seguridad, que se pueden dictar bien o mal. Pero por el hecho de que se dicten Medidas Prontas de Seguridad, como cuando se hace ejercicio del derecho de veto, no se puede decir que toda Medida de Seguridad o todo ejercicio del veto que adopte el Poder Ejecutivo es un acto de autoritarismo; de prepotencia.

Esperemos hasta que este Poder Ejecutivo o el que lo siga cometa ese desborde. Mientras tanto, no le atribuyamos una intención que está lejos de lo que resulta del Mensaje y de lo que es la trayectoria del señor Presidente de la República, lo que todos los aquí presentes reconocen.

No entiendo cómo se quiere insistir en algo que parecería querer indicar que quienes están en la posición opuesta están suponiendo que el Presidente de la República está sacando pecho frente al Parlamento. Yo digo que no es así. Sin duda, se trata de una comunicación que rompe la ortodoxia o la costumbre, pero no vulnera ninguna norma constitucional. No sea cosa que por una presunta defensa de fueros que en modo alguno están en juego, terminemos siendo nosotros los que sacamos pecho frente al Poder Ejecutivo, sin que ello se justifique.

SEÑOR WILLIMAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - Creo que existe una gran diferencia de léxico entre la propuesta y los términos en que se expresó el señor senador Aguirre y la manera cómo se la recibe por parte de la bancada del Partido Colorado. Pienso que para rebatir al señor senador Aguirre se emplearon muchos términos que de ninguna manera estuvieron en sus expresiones, con lo cual estamos dialogando en un desajuste. Me parece que debemos tratar de volver al problema jurídico, a efectos de discutir sobre él.

No tenemos -no las tengo yo ni mis compañeros de bancada que han hablado anteriormente- reservas sobre las intenciones o ultraintenciones del señor Presidente de la República, las que no están en juego.

Además, pienso que el peligro no está en que se crea el precedente de un desborde, el que alguna otra vez podría darse y que sea peor, sino en que es el precedente de una decisión que está al margen de la Constitución, que no está prevista.

He escuchado con mucha atención -sobre todo en algunos pasajes- al señor senador Cigliuti, por quien tengo tanta estima. El ha razonado permanentemente como si las facultades de un órgano público -en este caso el Poder Ejecutivo- correspondieran al carácter de licitud que tiene una persona privada, es decir, donde le está prohibido al Presidente de la República decir algo más sin llegar al veto. Precisamente ese es el razonamiento de la licitud en una persona privada, en la que es lícito todo lo que no está jurídicamente prohibido; vale decir que si no lo está, lo puede hacer. Pero tratándose del órgano público, que es a lo que se refirió el señor senador Aguirre, con otros términos, cuando leyó las expresiones del doctor Justino Jiménez de Aréchaga -también mi profesor- la situación es exactamente la inversa: licito es todo lo que está jurídica y expresamente permitido. O sea que si en alguna parte no se le prohibe, ello no quiere decir que lo pueda hacer Simplemente no lo puede hacer porque en ningún lugar se le permite.

Los dos razonamientos de licitud son diametralmente opuestos. En el órgano público lo licito es lo que se le permite, mientras que en la esfera privada lo es lo que no se le prohibe.

Esto es lo que acaba de plantear el señor senador Aguirre. Creo que es un mal precedente que el Poder Ejecutivo haga uso de facultades que no tiene expresamente autorizadas, que son las únicas a las cuales puede recurrir e invocar. Todo ello, al margen de cualquier presunción o intencionalidad que no percibo en lo expresado por los señores senadores preopinantes, como el señor senador Ortiz, ni en mí. Lo que me preocupa es que quede el precedente de una acción o expresión para la que el Poder Ejecutivo no estaba autorizado, porque si tenía motivos de reparo debía ir directamente al veto o si no los tenía, tenía que ir directamente a la promulgación. En esta materia, el Poder Ejecutivo no tiene matices, porque no está autorizado.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador.

SEÑOR WILLIMAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pienso que el señor senador interpretó mal o de lo contrario no fui lo suficientemente claro. No dije que el señor Presidente de la República estuviese autorizado para hacer lo que la ley no le prohibe. Sé perfectamente bien que ése no es el caso. La interpretación correcta es que el señor Presidente de la República, como cualquier órgano público, está autorizado a hacer aquello que se le mande y no más y que, en consecuencia, no está dentro de sus facultades hacer aquello que no le esté mandado, aunque no se le prohiba. Esto se conoce desde siempre en el país y la diferencia con el derecho que se practica en los Estados Unidos, es bien conocida. La actitud adoptada por los gobiernos de los Estados Unidos desde la época de Wáshington, en el sentido exactamente inverso a este, por ejemplo, para la fundación del Banco Central, del tiempo de madison y de Hamilton -como bien lo sabe el señor senador- y el tiramiento, hasta el máximo, de las facultades implícitas del Presidente de la República, es en cumplimiento de funciones que no tenemos nosotros en nuestro Derecho Constitucional.

Lo que yo expresé fue otra cosa, o sea, que no le puede estar prohibido al Presidente de la República -que tiene mas que una facultad, un mandato constitucional- razonar de qué forma adopta una medida. La circunstancia es la siguiente: el Presidente de la República recibe, aprobado, un proyecto de ley y puede devolverlo con observaciones o promulgarlo, o dejar pasar el tiempo después de transcurrido el mismo, queda aprobada la ley. El Presidente de la República puede hacer cualquiera de estas tres cosas y para ello debe razonar y, en consecuencia, se lo manifiesta al Parlamento, diciéndole que ha recibido tal proyecto de ley, lo ha estudiado y ha encontrado en el reparos que formular, pero no cree que tengan entidad suficiente frente a la importancia de la ley misma, y por lo tanto, comunica a este Poder, que acaba de promulgarlo y que lo ha mandado publicar tal como lo establece la disposición constitucional pertinente. Es decir que el Poder Ejecutivo ha razonado, en el ejercicio de una de las tres posibilidades que tiene frente a un proyecto de ley, o sea, repito, aprobarlo, dejar transcurrir un tiempo o rechazarlo. En esta oportunidad, lo que ha hecho es una cosa nueva. Se trata de un problema jurídico complejo. En cierto sentido, parece claro para algunos y para otros lo es en otros aspectos.

La trascendencia que implica la moción, me va a autorizar para -una vez concluido el debate- proponer la versión taquigráfica de toda esta discusión, y la motivación presentada, encabezada con la nota enviada por el Poder Ejecutivo, pasen a conocimiento previo de la comisión de Constitución y Legislación, antes de Cuerpo tome una resolución definitiva.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Williman.

SEÑOR WILLIMAN. - Después de escuchar al señor senador Cigliuti creo que no estuve tan lejos en la interpretación que realicé, porque por la vía de adjudicante el Poder Ejecutivo una especie de derecho a pensar en voz alta y trasmitirlo en un diálogo, que tampoco estaba previsto, parecería que el señor senador estuviera dandole a dicho Poder facultades que expresamente no posee. Quiere decir que no lo interpreté mal y vuelvo a creer en la tesis de la licitud de los órganos, a texto expreso, con sumo cuidado y a eso me atengo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Había solicitado con anterioridad la palabra, y por eso lo reitero a la Mesa.

SEÑOR SINGER. - Yo también lo hice en su oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Me pareció escuchar su voz solicitando la palabra, en oportunidad de estar en uso de ella el doctor Tarigo. Precisamente, en ese momento lo interrogué y no obtuve respuesta, ni la confirmación de su solicitud. En realidad, no tenía ninguna razón para no concedérsela. Por lo tanto, queda en uso de la palabra.

SEÑOR SINGER - Le cedo el lugar al señor senador García Costa que también la había solicitado.

SEÑOR GARCIA COSTA. – Como firmante de la moción deseo realizar algunas reflexiones muy breves. Confieso que me ha llamado la atención la respuesta que ha obtenido la misma. He escuchado en Sala que la moción, o la sola expresión de ella es producto, prácticamente, de un ánimo personal de injuria que sostiene uno de los firmantes -que no soy yo- en contra del Presidente de la República. He escuchado, también, a un señor senador -que defiende una tesis contraria a la contenida en la moción- decir que ella constituye una declaración de guerra contra el Poder Ejecutivo. Asimismo, he oído largos párrafos señalando que esto va a derivar, prácticamente, en un juicio político, porque no hay otra salida. Seguramente, los señores senadores que hicieron esas reflexiones no han escuchado atentamente la moción que se va a poner a consideración del Cuerpo. Dicha moción no hace agravio a la Presidencia de la República, no dice que se devuelva la nota por injuriosa, ni que se prepare un juicio político. Lo único que dice, señor Presidente, es que este Cuerpo declara improcedente la comunicación que ha recibido. Por lo tanto, -tal como vulgarmente lo entendemos en nuestro país y por ende los que aquí estamos sentados- parecería que el hecho de decir que algo no es procedente, no constituye una injuria que provocaría -como se dijo- una declaración de guerra al Poder Ejecutivo. Si dicho Poder lo entiende así -cosa que dudo mucho- será porque tiene una hipersensibilidad en cuanto a los declaraciones, ya sean del Senado, de otro Cuerpo o de cualquier persona.

SEÑOR SINGER. - Hipersensibilidad es la nuestra.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Naturalmente que a nuestra tiene una medida. Pero pienso que el hecho de decir "improcedente" no constituye una declaración de guerra, como lo ha manifestado el señor senador Ricaldoni, a quien no había querido mencionar. Es decir que con ello se provocaría un conflicto de poderes de índole insospechable.

El tema fue presentado por el señor senador Aguirre y quien habla acompañó la moción. Al acompañarlo con mi firma, me hice también responsable de la misma y por eso pienso que debemos ponerla en el lugar que le corresponde. Esa moción dice que considera improcedente, dicho a la inversa: no procedente, lo que el Poder Ejecutivo ha hecho, y cita los dos artículos correspondientes de la Constitución. No es pues producto de un ánimo extenmporáneo y agresivo, por su texto que concluye solicitando que la Presidencia del Cuerpo se lo comunique a la Presidencia de la República. La segunda parte es de lógica porque no parece razonable que la Presidencia de la República se entere por medio de una radio que grabó el debate, o por un artículo publicado en un diario, sino porque el Cuerpo se lo comunica.

Confieso, señor Presidente, que me equivoqué porque pensé que esto simplemente se iba a traducir en un cambio de ideas muy breve, y descontaba, por supuesto, que de parte del Poder Ejecutivo no existía ningún ánimo ofensivo -y también nosotros lo decimos- pero con el mismo sentimiento a su vez pensamos que no es procedente, porque puede ambientar actitudes que terminan por conllevar a una situación que no es buena para las relaciones entre los Poderes.

Cuando se debatiera la moción señor Presidente, se oyeron voces sobre persecusiones, declaraciones de guerra, y que terminaremos en un juicio político. No lo dijimos nosotros. Lo que hemos manifestado ha sido otra cosa muy sencilla y clara y no pretende crear ningún otro tipo de problemas, sino, por el contrario, simplemente, hacer saber al Poder Ejecutivo cuál es nuestro criterio. El sabrá lo que hace. De pronto, en la próxima ley nos manda una retahíla de observaciones, porque lo considera prudente. Eso se verá. Por ahora sólo decimos que lo consideramos improcedente y por ello citamos los artículos 143 y 147 de la Constitución.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Es para hacer dos tipos de consideraciones. Una está relacionada con algunas manifestaciones que hizo el señor senador Pereyra -que en este momento está presidiendo la sesión- que no tiene un ánimo polémico, sino simplemente el propósito de poner las cosas en su lugar.

El señor senador Pereyra, aparte del tema planteado por el señor senador Aguirre, se refirió a las actitudes del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con algunas manifestaciones que se han venido realizando a propósito del ejercicio del derecho del veto. Digo que, ese tipo de actitudes o declaraciones, un ánimo coactivo frente al Parlamento, tal cosa no existe.

Tanto es así que creo que el Poder Ejecutivo hace bien en manifestar su preocupación frente a alguna disposición que pretende sancionar el Parlamento. En su carácter de colegislador y con la responsabilidad que ello conlleva, el Poder Ejecutivo -cuyo Partido no tiene mayoría en el Parlamento- hace bien en advertir su preocupación, reitero, frente a alguna disposición que el Parlamento se dispone a sancionar.

Cuando dicho Poder no hizo ningún tipo de manifestación, como en oportunidad de considerarse la Ley de Alquileres, hubo protestas en el Parlamento porque la vetó sin haber anticipado cuál era su opinión al respecto.

Creo que está lejos del Poder Ejecutivo la intención de coaccionar; en todo caso, cuando puede hacer lo que podría calificarse como preanunció de veto, estaría haciéndole saber al Parlamento que hay disposiciones con las que no concuerda y que si éstas fueran aprobadas, desde el momento que aquí no hay ningún Partido que tenga mayoría, ellas se van perfilando y elaborando a través de las discusiones y las conversaciones que tienen lugar entre las distintas fuerzas políticas, se sepa de antemano que el Poder Ejecutivo, si a su juicio hay alguna disposición que lesiona los intereses del Estado, la vetará, por lo que la mayoría parlamentaria, para reafirmar la sanción de esa ley, deberá tener otras características.

Esto lo digo a propósito de lo manifestado por el señor senador Pereyra.

En segundo lugar, señor Presidente, en cuanto al asunto que se está discutiendo, digo que no es mi deseo internarme en honduras de carácter constitucional, pero sí hacer una manifestación que me parece clara en función de lo expresado por otros señores senadores que saben mucho más sobre este tema.

Digo que sobre este asunto el que no puede pronunciarse es el Senado; es la Asamblea General la que está habilitada para ello. De la misma manera que se dice que el Poder Ejecutivo sólo puede hacer aquello para lo que, a texto expreso de la Constitución o eventualmente de las leyes, está habilitado, ese mismo principio de Derecho rige para cada una de las Cámaras. La nota del Poder Ejecutivo y la relación en esta materia, es entre dicho Poder y la Asamblea General y no entre aquél y el Senado o la Cámara de Representantes.

Por lo tanto, señor Presidente, entiendo -reitero- que el Senado no está habilitado para hacer ningún tipo de declaración en esta materia; desde luego que si lo está para mantener este tipo de discusión, que de hecho está ocurriendo. Pero de ahí a hacer una manifestación, creo que se estaría excediendo en sus facultades e incurriendo, justamente, en aquello que se está criticando, al Poder Ejecutivo.

Me parece que lo más razonable sería pasar este asunto a Comisión, tal como lo propuso en su muy acertada exposición el doctor Tarigo. En su momento, la Asamblea General adoptará la resolución que crea conveniente.

Es lo que quería manifestar.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Don Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: voy a insumir, con mi intervención, pocos minutos, dado el tiempo desmesurado que el Senado le ha dedicado a cuatro líneas de una comunicación del Poder Ejecutivo, en la que da cuenta de la promulgación de una ley.

Observo con preocupación el episodio, porque no puedo menos que inscribirlo en el contexto que el país vive y en las relaciones normales que felizmente tienen los Poderes del Estado en ocho meses de gobierno constitucional, después de 12 años de vacaciones de la Constitución. Evidentemente, en ese contexto de las relaciones de Poderes no hay indicios que justifiquen una reacción de extremada susceptibilidad, como juzgo es ésta, dicho esto con el respeto que me merece la opinión -siempre muy ponderada- del señor senador Aguirre. Asimismo creo que esta comunicación que ha realizado el Poder Ejecutivo no justifica toda esta discusión ni la pérdida de tiempo -por supuesto, sin dejar de mencionar el respeto que también me merecen los demás señores senadores- que el Senado ha tenido esta tarde, a propósito de este debate constitucional, con un evidente trasfondo político.

Reitero que esto no se justifica porque no hay razones para presumir propósitos, en el Poder Ejecutivo, de amenaza contra el órgano legislativo, ni tampoco intenciones de excederse más allá de los límites que la Constitución le confiere. Digo esto porque dicho Poder ha dado muestras reiteradas de su acatamiento a la Constitución, de su ajuste estricto a los textos normativos que rigen la vida de relación de los órganos de gobierno.

Por otra parte y felizmente hay episodios en la vida del país -lo estamos constatando a diario-, ya sea en la tramitación de una ley de alquileres, como es la que habremos de considerar el día de mañana, o la que se está dando en lo que hace al Presupuesto, como tantos otros ejemplos que aquí podríamos reseñar que demuestran, precisamente, todo lo contrario de lo que debería emerger de este debate.

A mi juicio, este Senado no parece ser el del Uruguay, porque no hay motivos, reitero, como para que se justifiquen dos horas de discusión, en las que, quiérase o no, hay una hipersensibilidad a propósito de cuatro líneas al Parlamento.

En consecuencia, señor Presidente, adhiero a la moción que ha sido formulada por el doctor Tarigo -y que otros senadores acogieron también-, en el sentido de que este tema, en todo caso, podría ser remitido a la Comisión de Constitución y Legislación, a efectos de que allí se hurgue en la historia parlamentaria del país, si hay antecedentes o no en la materia. A este respecto, considero que no los hay, por lo menos que se haya suscitado un debate de estas características a propósito de una comunicación. Los textos no los podemos analizar friamente en el gabinete de trabajo sino insertados en la vida real. La situación política del país -perdóneseme la insistencia; lo subrayo una vez más-, demuestra una cosa distinta: que hay un Poder Ejecutivo y un Presidente de la República, respetuosos de la Constitución, dispuesto al diálogo y abiertos a la comunicación con todos los órganos de Gobierno y todos los partidos políticos. Querer traer evidencias creo que no corresponde, porque son notorias.

De manera, señor Presidente, que finalizo mis palabras, reiterando mi apoyo a la moción, en el sentido de que la discusión suscitada hoy se remita a la Comisión de Constitución y Legislación, dando así por terminado este asunto, a fin de que el Senado pueda abocarse a la consideración del orden del día.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Carlos J. Pereyra), -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - En cierta medida y en algún aspecto, mi intervención iba a ser coincidente con la del señor senador Fa Robaina, no obstante, agregaría que si ha habido hipersensibilidad, quizá haya sido recíproca.

Me preocupa, fundamentalmente, el hecho de que esté avanzando la hora y de que ésta sea la penúltima sesión ordinaria que el Cuerpo puede realizar.

Tenemos un orden del día que incluye 11 puntos y es de prever que mañana sigan llegando otros asuntos al Plenario, en razón de que las Comisiones están trabajando intensamente porque van a dejar de funcionar.

Soy solidario con las expresiones y la moción formulada por mi compañero de bancada el señor senado Aguirre. Lo único que pediría, es un esfuerzo imaginativo y la buena voluntad de todas las partes, para no reiterar argumentos que ya han sido expuestos con total claridad y que han dejado más o menos manifiesta cuál es la posición de las distintas bancadas, así como para tratar de encontrar una moción que contemple todas las aspiraciones, dando la debida importancia a este tema, pero sin olvidar que el país está pendiente de otro tipo de problemas, que lo están agobiando.

SEÑOR LAGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAGO. - Muy brevemente, señor Presidente, para referirme al hecho de que en el transcurso del debate se ha insinuado, lateralmente, algo así como que el Poder Ejecutivo estaría amenazando con el veto a cualquier ley emanada del Parlamento.

Los hechos demuestran que no es así. Decía bien el señor senador Cigliuti hace un momento, que en todo este primer período de la Legislatura, solamente ha sido observado un proyecto de ley, concretamente el que tiene que ver con el tema de los alquileres.

Además, considero que no puede interpretarse bajo ningún concepto como una amenaza el hecho de que el Poder Ejecutivo diga que va a hacer uso de sus atribuciones constitucionales. Creemos que no es legítimo decir que esto es una amenaza; es, simplemente, el juego político natural que se da cuando no existen mayorías parlamentarias absolutas. Entonces, el anuncio en determinada oportunidad de la voluntad del Poder Ejecutivo en ese sentido, no significa una amenaza.

Cuando se habló de la posibilidad de ejercer los mecanismos de los artículos 147 y 148 de la Constitución, también se dijo que sería interpretado como una amenaza del Poder Ejecutivo.

Entiendo, señor Presidente -e insisto en este aspecto- que ninguna referencia a los mecanismos constitucionales puede constituir una amenaza. No tengo problema en reconocer que no es válido atribuir, el hecho de que no se acepte el mecanismo de los artículos 147 y 148 exclusivamente a temor de parte de quienes no quieran hacer uso de este procedimiento. Es absolutamente legítimo desde el punto de vista político utilizar o no los mecanismos constitucionales.

Lo que quiero dejar sentado en Sala es que entiendo que no podemos dejar latente, en el ambiente, la idea de que el Poder Ejecutivo estuviera blandiendo la amenaza del veto constantemente, en relación a cualquier procedimiento parlamentario. Estimo que debe precisarse con exactitud que si el Poder Ejecutivo hace referencia a los mecanismos constitucionales, es en uso de su legítimo derecho que, por otra parte, le atribuye la Constitución.

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI - Quisiera alegar a favor del pase a Comisión, señor Presidente.

Me parece que el tema ha recibido un tratamiento que no es, digamos, ocioso, ni que se haya perdido el tiempo. Se trata de un asunto con indudables connotaciones políticas, como se ha visto a través de las intervenciones de los señores senadores, pero que podría, sí, ser sustraído del clima agitado de esta deliberación, llevándolo a la órbita de la Comisión de Constitución y Legislación, donde se podría pensar el problema en términos diferentes, realizando el debido análisis de la comunicación del Poder Ejecutivo y, también, de la moción presentada por los señores senadores nacionalistas. Digo esto porque pienso que en ese ámbito quizás se pueda advertir que existe una desproporción entre la salida del precedente, que vendría a ser la comunicación del Poder Ejecutivo, y la calificación de improcedencia que podría emanar de la moción que se ha sometido a consideración del Cuerpo.

Pienso que quizás podríamos lograr la recuperación del orden en nuestro trabajo, trasladando a la mencionada Comisión este problema, que es de una indudable índole política, porque lo estamos viviendo con una cantidad de matices y de delicados equilibrios que el Cuerpo tiene que considerar con mucha justeza y precisión. Quizá la sesión de hoy no esté a la altura necesaria para adoptar una resolución y, por lo tanto, considero que sería políticamente interesante y prudente que el Cuerpo trasladara el estudio del tema a una de sus más calificadas Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Han sido presentadas dos mociones a la Mesa: una firmada por los señores senadores Aguirre y García Costa y otra propuesta por el doctor Tarigo en el sentido de que este asunto pase a la Comisión de Constitución y Legislación.

Léase la moción presentada por los señores senadores Aguirre y García Costa.

(Se lee:)

"El Senado declara que las salvedades contenidas en el Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que éste comunicó la promulgación de la Ley Nº 15.782, son improcedentes desde el punto de vista constitucional (Artículos 137 y 143 de la Constitución).

Se comete a la Mesa que comunique la precedente declaración al Poder Ejecutivo."

- La otra moción, presentada por el doctor Tarigo, consiste en el pase de este asunto a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR SINGER. - Esta es una moción de orden, y, por lo tanto, previa a, la primera.

(Interrupciones - campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE. - (Dn. Carlos J. Pereyra).

- Léase la disposición del Reglamento de la Cámara de Senadores, referente a las cuestiones de orden.

(Se lee:)

"Artículo 66. - Las cuestiones de orden serán consideradas en el acto de presentarse."

"A) Son cuestiones de orden que admiten discusión:"

"d) La suspensión o aplazamiento del debate o el pase a Comisión del asunto que se considere".

SEÑOR AGUIRRE. - El señor senador Tarigo la presentó hace dos horas.

(Interrupciones - dialogado)

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Las mociones normalmente se votan en el orden en que han sido presentadas a la Mesa.

La Mesa entiende que la moción presentada por el doctor Tarigo no fue de orden; por lo menos no fue reclamada como tal en el momento de formularse.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El reglamento indica que la moción de pase a Comisión tiene carácter de previa; por consiguiente, tiene que ser votada antes que la de fondo.

En consecuencia, señor Presidente, lo que corresponde, ahora que se agotó la lista de oradores, es que se ponga a votación la moción presentada por el doctor Tarigo en el sentido de que el asunto planteado pase a la Comisión correspondiente. Yo agregaría: que se envíe a dicha Comisión la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala en el transcurso de la sesión del Senado en que fue considerado este asunto, y la moción presentada por los señores senadores Aguirre y García Costa.

En suma, considero que se debe votar en primer lugar la moción presentada por el doctor Tarigo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -El artículo 66 del Reglamento de la Cámara de Senadores establece cuáles son las cuestiones de orden y dice que "serán consideradas en el acto de presentarse". Luego agrega: "Ello no significará la interrupción del derecho del ocasional orador a finalizar su exposición".

Es decir que debió haberse votado -y la Mesa en ese sentido debe haber cometido un error- en el momento en que el doctor Tarigo finalizó su exposición. El debate continuó, y no se reclamó como cuestión de orden.

Por consiguiente, hay dos mociones a consideración del Cuerpo. Por su orden de presentación, debería votarse en primer término la moción presentada por los señores senadores Aguirre y García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - (Dn. Carlos J. Pereyra). Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creemos, señor Presidente, que el Cuerpo tiene muchos asuntos importantes para seguir tratando. Si el problema estriba en votar primero la moción del doctor Tarigo, que así se proceda y postergamos la nuestra, porque no es tan grave. Reitero: que se pase a votar la moción -sea de orden o no- presentada por el doctor Tarigo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -La Mesa admite haber cometido un error al no haber puesto a votación, de inmediato, esa moción; sin embargo, no se hizo cuestión al respecto.

SEÑOR SINGER. - Es una moción que no admite discusión.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - El error de la Mesa fue haber permitido que se realizaran interrupciones mientras que lo que en realidad correspondía era que cada senador hiciera uso de la palabra durante cinco minutos. Al permitirse las interrupciones, se siguió el criterio de que se estaba discutiendo la moción presentada por los señores senadores Aguirre y García Costa, y no la posterior, formulada por el doctor Tarigo, que transformó el debate.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Al no hacer cuestión los mocionantes, y admitiéndose que se trata de una moción de orden, se va a votar la moción presentada por el doctor Tarigo, en el sentido de que este asunto se pase a Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

- 16 en 30. Afirmativa.

11) ORDEN DEL DIA. Sesión extraordinaria del día 12 de diciembre.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra).

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - El Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, señor senador Ricaldoni, planteó que se incluyera en la sesión de mañana, como primer punto del orden del día, la consideración del proyecto de ley de alquileres.

Dicha Comisión, también había resuelto que se incluyeran dos temas más -que vienen con informe en mayoría y en minoría- en el orden del día de mañana. Uno de ellos es el venido con aprobación de la Cámara de Representantes sobre la derogación del Decreto-Ley Nº 15.505; y el otro, es el relativo a la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social, también venido con aprobación de la Cámara de Representantes.

La Comisión -sin perjuicio de las distintas opiniones expresadas en ella- ha entendido imprescindible que hubiera pronunciamiento del Cuerpo, antes de que finalice este período parlamentario.

Por estas razones, consideramos que debíamos solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión de mañana, a continuación del tema referente a alquileres, de estos dos asuntos que vienen informados por la Comisión.

Por otra parte, deseamos solicitar -y así lo habíamos resuelto en la Comisión- la realización de otra sesión extraordinaria, en caso de que no se agotara en las sesiones de hoy y mañana -en función de lo sucedido hasta ahora ello parece previsible- la consideración de los asuntos incluidos en ambos órdenes del día.

En ese sentido, señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, formulo moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -El señor senador formula moción en el sentido de considerar en segundo término del orden del día de mañana el proyecto de derogación del Decreto-Ley Nº 15.505 y, en tercer lugar el tema de la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social. A continuación se considerarían los temas que quedaran pendientes del orden del día de hoy.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Me permito formular una solicitud a los señores miembros de la Comisión de Constitución y Legislación.

Los dos temas que ha mencionado mi compañero, el señor senador Batalla, son de gran significación. Tan es así que en el seno de la Comisión ha tomado su tiempo considerarlos. Con respecto al primero de los proyectos mencionados, relativo a las cooperativas, es notorio que existen diferencias de opinión.

Los senadores que no integramos la Comisión no vamos a estar en condiciones de examinar, en las pocas horas que median desde el día de hoy hasta mañana, el tema alquileres, que ha sido objeto de un nuevo y complejo proyecto que aún no es conocido, salvo por los legisladores que intervinieron directamente en su elaboración. Lo mismo sucede con el tema relativo a las cooperativas, que no viene solamente con un informe que ratifique lo aprobado por la Cámara de Representantes, sino que incluye otros elementos y, también con el relacionado con la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social.

Consulto a la Comisión -en cuyo nombre ha informado el señor senador Batalla- si no sería posible dejar el día de mañana para considerar el proyecto de ley sobre alquileres y fijar una sesión extraordinaria para el jueves o viernes, a los efectos de darnos a senadores un pequeño lapso, que no va a ser el mismo que el que tuvieron los miembros de la Comisión.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Basta con que un señor senador formule una solicitud como la que ha realizado el señor senador Rodríguez Camusso, para que se la acepte. Pensábamos que en el día de mañana el plenario del Senado iba a agotar el tratamiento del tema alquileres, para luego abocarse a los siguientes puntos; pero adelanto que no tenemos ningún inconveniente en modificar nuestro planteo y solicitar que se realice una sesión extraordinaria para el próximo jueves, en la que, como primer punto del orden del día, se incluya lo que quede pendiente del tema alquileres; en segundo término, se consideraría la derogación del Decreto-Ley Nº 15.505; en tercer lugar, la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social y luego se tratarían los restantes asuntos que no se hayan considerado en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra).-

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

12) POLITICA INFORMATICA . Informe de la Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra).-

Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"La Comisión Especial de Política Informática y Prospectiva eleva informe de lo actuado en el presente período legislativo".

Repártase.

(Ocupa la Presidencia el doctor Tarigo)

13) PENSION GRACIABLE. Emilio Carlos Tacconi.

SEÑOR POZZOLO. – Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: en la reunión del Senado del miércoles pasado nos abocamos a tratar un proyecto del Poder Ejecutivo por el que se concedían pensiones graciables.

En dicho proyecto, el Poder Ejecutivo cometió un error y el Senado la inadvertencia de votarlo. Creo que tenemos que salvarlo de manera muy rápida, a los efectos de posibilitar una sanción correcta en la Cámara de Representantes.

El Poder Ejecutivo quiso conceder -y así lo propuso al Senado- una pensión graciable al poeta Emilio Carlos Tacconi, autor, entre otras cosas, de "El Pecado Ajeno". Por culpa de una inadvertencia padecida -podría escribir la segunda parte de ese libro- no podrá recibir ese bir ese surgido del Senado.

En el proyecto que sancionamos, señor Presidente, se hace referencia a Emilio Taccone. Pero el curriculum, que acompaña el mensaje se refiere a Emilio Carlos Tacconi. Hay, pues, un error en el texto del Mensaje del Poder Ejecutivo y por inadvertencia nuestra, repito, lo votamos.

En consecuencia, creo que el Senado tendría que reconsiderar el artículo, votarlo en forma correcta y comunicar el resultado de la votación a la Cámara de Representantes. Digo esto porque, si las cosas quedaran como están, se le estarían concediendo a un ciudadano que no existe, beneficios en base a los méritos de otro que, en definitiva, no los recibiría.

Propongo, señor Presidente, que se reconsidere el artículo 1º de este proyecto de ley que consta de dos artículos, se suprima el nombre de "Emilio Taccone" y se le sustituya por el de "Emilio Carlos Tacconi", se ponga a votación y se comunique el resultado a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea señalar, primero, que ya había observado esa irregularidad porque le constaba que el apellido correcto es Tacconi y no Taccone. No importa que figure o no el segundo nombre, porque la persona se sigue llamando Emilio. Tenía entendido que se había hecho la enmienda correspondiente, pero no fue así. En segundo término, habría que ver si se puede considerar un artículo de un proyecto ya votado en el Senado y comunicado a la Cámara de Representantes.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - ¿No podríamos votar otro?

SEÑOR PRESIDENTE. - Se podría votar otro proyecto de ley.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pero se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Exactamente.

La Mesa entiende que la solución más eficaz sería que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo proyecto contemplando en forma exclusiva a don Carlos Emilio Tacconi y que el otro proyecto continúe su curso y sea sancionado rápidamente por la Cámara de Representantes. Sería de desear que este trámite se pudiera hacer dentro del actual período legislativo, pero no parece existir, desde el punto de vista reglamentario, otro procedimiento.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que para salvar ese error tipográfico podríamos declarar que se padeció error y que donde se dijo una cosa, se quiso decir otra.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Se trata solamente de una letra.

SEÑOR ZUMARAN. - Se podría hacer algo así como una fe de erratas. Todos votamos a una determinada persona y de acuerdo con un curriculum también determinado.

SEÑOR CIGLIUTI. - Con respecto a otorgar pensión graciable al señor Emilio Carlos Tacconi, el Poder Ejecutivo no ha tomado aún iniciativa. Aquí vino un Mensaje en el que figura por error otro nombre y el error sólo lo puede corregir quien lo comete. Entonces, lo que corresponde es que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo Mensaje.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: creo que también nosotros tenemos que encontrar un camino que tienda a resolver el problema. Entiendo que, sin duda, el correcto sería la confección de un nuevo proyecto de ley, en el que se estableciera que este proyecto no se refiere al señor Taccone, sino a Emilio Carlos Tacconi. Pero, de cualquier manera, pienso que aprobado el proyecto con el nombre de Taccone, el Poder Ejecutivo puede perfectamente ponerlo en ejecución en el entendido de que Emilio Taccone es Emilio Carlos Tacconi. Creo que nadie podría sentirte agredido, porque se realice una interpretación con ese carácter. Entonces, sin perjuicio de que exista un camino jurídicamente inobjetable, hay otro que también podría conducir a lo mismo, o sea, aplicar el proyecto de ley tal como fue la intención del Poder Ejecutivo, autor de la iniciativa, y de las Cámaras que lo aprobaron.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pero hay una pensión graciable ya concedida.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que la fórmula más práctica es que venga un Mensaje para ser considerado en la sesión del jueves próximo. De otra forma, ¿cómo haría el interesado para cobrar ¿Tendrá que concurrir al organismo de Previsión Social con el texto de la ley y con la versión taquigráfica de esta sesión para demostrar que hubo una interpretación auténtica de dicho texto? Se me ocurre que ése sería un procedimiento muy difícil.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con el análisis que, desde la Mesa, se ha hecho del problema. En consecuencia, propongo que se faculte al señor Presidente para que gestione de inmediato, ante el Poder Ejecutivo, el envío de un nuevo Mensaje en la esperanza de que llegue a tiempo y lo podamos considerar el próximo jueves.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Me comprometo a conseguir el Mensaje para el jueves.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - ¿Y qué pasa con lo que ya se aprobó?

SEÑOR PRESIDENTE. - Sigue su curso en la Cámara de Representantes que lo va a aprobar y el Poder Ejecutivo enviará un Mensaje para este caso solamente.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. – Entonces, después del cúmplase del Poder Ejecutivo, va a haber dos personas con derecho a una misma pensión.

SEÑOR PRESIDENTE. – La otra persona no existe.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Como la otra persona no existe, eso quedaría en una vía muerta.

14) ARINSA Y FRIGORIFICO ANGLO. Comisión Especial. Autorización para sesionar.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: en el día de hoy el señor Ministro de Agricultura y Pesca comunicó a la Comisión Especial que está estudiando la reactivación de ARINSA y del Frigorífico Anglo, si era posible que ésta se reuniera con él el jueves de la próxima semana. Puesto que estaríamos en receso y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias se precisa una autorización del Cuerpo para poder sesionar, formulo moción en ese sentido porque consideramos que el señor Ministro tendrá, seguramente, cosas importantes que decir.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán en el sentido de que el Cuerpo autorice a la Comisión Especial que entiende en la reactivación de ARINSA y del Frogorífico Anglo a reunirse para recibir al señor Ministro de Agricultura y Pesca.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONPONSABILIDAD LIMITADA. Adecuación de montos mínimos y máximos para su capital autorizado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del orden del día "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se adecuan los montos mínimos y máximos establecidos por las leyes vigentes para el capital autorizado de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los valores monetarios actuales. (Carp. Nº 244/85. Rep. Nº 83 y anexo 1)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 244/85. Rep. Nº 83/85.

Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión tiene el honor de someter a la consideración del Cuerpo el Proyecto de Ley que tiene por finalidad adecuar los montos mínimos y máximos establecidos por las leyes vigentes para el capital autorizado de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Los referidos montos fueron modificados en su momento y respectivamente por las leyes sancionadas en diciembre del año 1964, en noviembre de 1969 Ley Nº 13.782 y en diciembre de 1972 por la Ley Nº 14.100. De entonces a la fecha no se han producido modificaciones en los capitales exigidos para constituir las sociedades arriba mencionadas, con lo cual, y en función de la disminución del valor relativo de la moneda, los capitales exigidos han quedado reducidos a niveles muy por debajo de lo que en su momento se habían fijado, considerando los mismos en valores constantes.

Vuestra Comisión ajusta pues, en este Proyecto de Ley, y teniendo en cuenta las disposiciones que en la materia fueron sancionadas en los años 64, 69 y 72 los valores exigidos, tales como se establece en los artículos 1º y 2º del Proyecto de Ley en consideración.

Entiende esta Comisión además, que es de recibo la iniciativa del Poder Ejecutivo por la cual, se autoriza la actualización anual de los montos fijados en los artículos 1º y 2º de esta Ley poniéndoles como máximos el porcentaje del incremento de la Unidad Reajustable en el período respectivo.

Con ello se quiere evitar lo que se ha venido produciendo hasta ahora que la demora en el ajuste de la Ley en cinco años, en algunos casos, y en más de diez en este último, le quiten representatividad a los capitales exigidos para la constitución de estas sociedades.

El Parlamento crea un mecanismo permanente de ajuste sin necesidad de la periódica modificación de los textos legales como se han venido operando hasta la fecha.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 1985.

Jorge Batlle, Miembro Informante, Dardo Ortiz, Miembro Informante, Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Luis A. Senatore. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º - Elévase a N$ 4:000. 000 (nuevos pesos cuatro millones), el capital autorizado mínimo de las Sociedades Anónimas establecido por el artículo 403 del Código de Comercio.

Esta disposición se aplicará para las Sociedades Anónimas, que obtengan la autorización judicial con posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley.

Art. 2º - Elévase a N$ 100.000 (nuevos pesos cien mil), y N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), el capital mínimo y máximo, respectivamente, de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, establecido en el artículo 89 del Decreto-Ley Nº 8.992, de 26 de abril de 1933.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo podrá actualizar anualmente los montos establecidos en los artículos 1º y 2º de esta ley, no pudiendo el porcentaje de aumento ser mayor al del correspondiente a la Unidad Reajustable en el período respectivo.

Art. 4º - Esta Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 5º - Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 1985.

Jorge Batlle, Miembro Informante, Dardo Ortíz, Miembro Informante, Manuel Flores Silva, Guillermo García Costa, Raumar Jude, Luis Alberto Lacalle Herrera, Luis A. Senatore. Senadores."

Carp. Nº 244/85 Rep. Nº 83/85 Anexo I

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 14 de junio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo adjuntando un proyecto de ley que tiene por finalidad adecuar los montos mínimos y máximos establecidos por las leyes vigentes para el capital autorizado de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los valores monetarios actuales.

Debe tenerse presente que los montos establecidos por la legislación vigente con referencia a dichos capitales, se remontan a la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972 (art. 152).

Durante el período transcurrido desde esa fecha, más de doce años, el capital mínimo y máximo exigido a las sociedades a que nos referimos, no fue ajustado, habiéndose llegado a una situación de notoria discordancia entre las disposiciones legales vigentes y la realidad económica del país.

Tanto las Sociedades Anónimas como las de Responsabilidad Limitada han respondido en cuanto a su estructura jurídica, desde su aparición como formas jurídicas societarias, a determinadas necesidades derivadas de las estructuras económicas del mundo moderno, si llamamos así a la sociedad industrial que se desarrolla en los países europeos principalmente, durante el siglo XIX

Como en ambos casos se trata de entidades jurídicas en las cuales el capital desempeña un papel más importante que en las sociedades personales, su constitución y existencia tiene que tener una necesaria relación con la importancia de los capitales afectados.

Ya en nuestro Código de Comercio sancionado en la segunda mitad del siglo pasado, establecía claramente en su artículo 403 que "la sociedad anónima es la simple asociación de capitales para una empresa...".

Como señalaba el prestigioso jurista francés Georges Ripert, hay que llegar a la época moderna para "encontrar unas sociedades que se dedican al comercio sin que ninguna persona física responda con sus propios bienes de las obligaciones sociales". Y agregaba "¡un comercio sin comerciante!".

Como señalábamos anteriormente, el hecho si bien alarmaba a los juristas aparece como consecuencia de una necesidad derivada del surgimiento de grandes empresas que requerían importantes inversiones y para ello capitales de una dimensión que resultaba imposible que fueran aportados por una persona física o un número reducido de ellas. Así nace la sociedad por acciones y para ella siempre se ha considerado factor ineludible la tenencia de un capital importante.

Las soluciones que se proponen en el proyecto adjunto actualizan los valores de los capitales autorizados de las sociedades comprendidas, teniendo en cuenta la desvalorización monetaria que se ha producido en estos doce años.

Se introduce además una modificación menos significativa al incrementar del 20% al 40% la primera integración del capital suscrito (que es el 50% del autorizado) mínimos que establecen las normas legales vigentes.

Esto tiene por finalidad exigir un capital integrado algo mayor al que actualmente se exige en el momento en que la sociedad anónima inicia sus actividades.

En el momento actual, a una sociedad anónima se le exige una integración mínima equivalente a un 20 % del capital autorizado.

De acuerdo al proyecto esa integración mínima pasará a ser de un 30 % del capital autorizado. En efecto se mantiene la exigencia de un 50 % de capital suscrito y se aumenta la primera integración al 40% de dicha suscripción.

Ambas soluciones tienden pues a aumentar la efectiva responsabilidad de las sociedades cuyo funcionamiento se autorice frente a las obligaciones que asuman con terceros; en el primer caso por la sola adecuación de valores monetarios y en el segundo con un reducido aumento de la efectiva integración exigida a las sociedades anónimas para el desarrollo de sus actividades.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Elévase a N$ 5:000.000.00 (nuevos pesos cinco millones) el capital autorizado mínimo de las Sociedades Anónimas establecido por el artículo 403 del Código de Comercio.

Art. 2º - Elévase al 40% el porcentaje de integración establecido por el numeral 2 del inciso 3º del artículo 406 del Código de Comercio.

Art. 3º - Elévase a N$ 100.000.00 (nuevos pesos cien mil) y N$ 5:000.000.00 (nuevos pesos cinco millones) el capital mínimo y máximo, respectivamente, de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, establecido por el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 8.992, de 26 de abril de 1933.

Art. 4º - Las Sociedades Anónimas en formación que a la fecha de vigencia de esta ley no hubieran obtenido la autorización judicial para funcionar deberán adecuar sus disposiciones estatutarias al nuevo capital autorizado mínimo y complementar el porcentaje de integración por el artículo 2º de esta ley, dentro de un plazo de noventa días. Si así no lo hicieren, quedarán disueltas de pleno derecho.

Art. 5º - El Poder Ejecutivo podrá actualizar anualmente los montos establecidos en los artículos 1º y 3º de esta ley, no pudiendo el aumento ser mayor al porcentaje de aumento que haya operado la Unidad Reajustable en el período respectivo.

Art. 6º - Esta ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en dos diarios de la Capital.

Art. 7º - Comuníquese, publíquese, etc.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Elévase a N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), el capital autorizado mínimo de las Sociedades Anónimas establecido por el artículo 403 del Código de Comercio.

Art. 2º - Elévase a N$ 100.000 (nuevos pesos cien mil), y N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), el capital mínimo y máximo, respectivamente, de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, establecido en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 8.992, de 26 de abril de 1933.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo actualizará anualmente los montos establecidos en los artículos 1º y 2º de esta ley, no pudiendo el porcentaje de aumento ser mayor al del correspondiente a la Unidad Reajustable en el período respectivo.

Art. 4º - Esta ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 5º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de julio, de 1985.

Enrique Tarigo, Presidente.
Mario Farachio Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 403 del Código de Comercio, en la redacción dada por el artículo 152 de la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972, por el siguiente:

"Las sociedades anónimas deberán tener un capital autorizado mínimo de N$ 4:000.000 (cuatro millones de nuevos pesos). El Poder Ejecutivo actualizará anualmente el monto expresado, de acuerdo a la variación experimentada por la Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968), en los doce meses inmediatos anteriores, ajustándose el resultado al millar superior."

Art. 2º - Las sociedades anónimas en formación que a la fecha de vigencia de esta ley no hubieren obtenido la autorización judicial para funcionar, deberán adecuar sus disposiciones estatutarias al nuevo capital autorizado mínimo y complementar el porcentaje de integración de acuerdo a lo determinado por el artículo 3º de esta ley, dentro de un plazo de noventa días. Si así no lo hicieren, quedarán disueltas de pleno derecho, salvo que adoptaren otra forma societaria.

Art. 3º - Sustitúyese el numeral 2 del inciso tercero del artículo 406 del Código de Comercio, en la redacción dada por el artículo 207 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, por el siguiente:

"2. Integración mínima -en dinero o bienes susceptibles de estimación pecuniaria- de un 40 % (cuarenta por ciento) del capital accionario suscrito. En los casos de aumentos de capital de sociedades anónimas, dicho porcentaje de integración será del 20% (veinte por ciento)."

Art. 4º - Sustitúyese el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 8.992, de 26 de abril de 1933, en la redacción dada por el artículo 154 de la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972, por el siguiente:

"ARTICULO 8º - El capital social no podrá ser mayor de N$ 4:000.000 (cuatro millones de nuevos pesos) ni menor de N$ 100.000 (cien mil nuevos pesos) y se integrará en cuotas no menores de N$ 1.000 (mil nuevos pesos).

El Poder Ejecutivo actualizará anualmente los montos expresados, de acuerdo a la variación experimentada por la Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968) en los doce meses inmediatos anteriores, ajustándose el resultado al millar superior."

Art. 5º - La primera actualización de los montos dispuestos por los artículos 1º y 4º, se realizará el 1º de enero de 1987.

Art. 6º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de setiembre de 1985.

Antonio Marchesano, Presidente.
Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

SEÑOR CERSOSIMO. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura en la discusión general.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

En discusión general.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: la Comisión de Hacienda me ha encomendado la información verbal de este proyecto de ley. Para no demorar su tratamiento, diré al Cuerpo que la Cámara de Representantes introdujo algunas modificaciones que no son de gran entidad, por lo que, dicha Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación de las mismas, con lo cual el proyecto quedaría sancionado.

Las modificaciones, hechas en la Cámara de Representantes a través de un texto más pulido -hay que reconocerlo- son, por ejemplo, relativas a la actualización anual. De acuerdo al proyecto votado en el Senado esta actualización se hacía tomando como tope el aumento que se hubiera determinado para la Unidad Reajustable. Sin embargo, en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, el ajuste se hace de acuerdo a la variación experimentada, es decir, no como tope sino aplicando el porcentaje total de esta variación, existiendo entonces una pequeña diferencia que a juicio de la Comisión no es de importancia. O sea que lo que el Senado había establecido como un tope determinado, la Cámara de Representantes lo transforma en el aumento real que debe aplicar como ajuste el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, en cuanto a la integración del capital de las sociedades anónimas, el Senado no hizo ninguna modificación en esta materia, pero en cambio en la Cámara de Representantes se estableció que la integración mínima será del 40 % del capital suscrito, dejando el 20 % que establece la Ley Nº 13.318 para los casos le aumento de capital.

Otra de las modificaciones realizadas por la otra Cámara es que la primera actualización se realizará el 1º de enero de 1987.

Se ha hecho otra modificación relativa al capital de las sociedades de responsabilidad limitada. La Cámara de Representantes estableció que, conforme a la Ley Nº 14.100, la cuota social mínima será de N$ 1.000. El Senado no la había variado quedando en N$ 100, por lo que este cambio parece más ajustado a la realidad actual.

En lo que se refiere a la aplicación de la exigencia del nuevo capital para las sociedades anónimas, se redactó una disposición igual a la aprobada por el Senado, pero de distinta manera. La norma acordada en el Senado establecía que el nuevo capital mínimo para las sociedades anónimas se aplicará a las que obtuvieren la autorización judicial, con posterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la ley; y, la que viene de la Cámara de Representantes expresa que las sociedades anónimas deberán adecuar al capital mínimo establecido, siempre que no hubiere obtenido la autorización judicial para funcionar con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

De modo que con estas modificaciones que en el fondo no entrañan cambios fundamentales, la Comisión aconseja aprobar este proyecto de ley, a efectos de terminar con esta situación de inestabilidad en la materia, en virtud de que este tema se ha venido considerando desde hace tiempo; tan es así que la Cámara de Senadores lo aprobó el 10 de julio del presente año.

De esta forma, la Comisión queda a la orden de los señores senadores para evacuar cualquier aclaración que deseen solicitar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se suprime la lectura de los artículos en la discusión particular.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

El artículo 6º es de orden.

Queda sancionado el proyecto de ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado.)

16) ESTABLECIMIENTOS AGRICOLAS AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el asunto que pasó a figurar en tercer término del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se amplía el alcance de la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985, que estableció indemnizaciones por los daños sufridos en establecimientos agrícolas afectados por fenómenos climáticos. (Carp. Nº 421. Rep. Nº 184)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 421/85. Rep. Nº 184/85.

Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Decláranse comprendidos en la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985, los establecimientos agrícolas y granjeros cuyas declaraciones juradas de daños sufridos se hubieren formulado ante la Dirección del Plan de Promoción Granjera del Ministerio de Agricultura y Pesca, antes del 31 de julio de 1985.

Quedan igualmente comprendidos; en dicha ley, los establecimientos afectados por los fenómenos climáticos ocurridos los días 29 y 30 de octubre y 9, 10, 11 y 21 de noviembre de 1985 en los departamentos de Canelones, Colonia y Soriano. Las declaraciones juradas deberán presentarse antes del 31 de diciembre de 1985 en la oficina correspondiente del Ministerio de Agricultura y Pesca.

Art. 2º - Quedan incluidos entre los productores que serán asistidos por el Estado, los dedicados a los cultivos cerealeros y oleaginosos.

Art. 3º - Extiéndese el plazo fijado en el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, con la redacción dada en el artículo 3º de la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985, hasta el 30 de junio de 1986.

El Poder Ejecutivo elevará el monto del Fondo Especial de indemnización autorizado por la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985, en las cantidades necesarias para la cobertura total de los importes resultantes en favor de los damnificados.

Art. 4º - Los importes en favor de los damnificados, que correspondiere abonar por aplicación de la presente ley, serán inembargables.

Art. 5º - Prorrógase por noventa días el plazo otorgado al Poder Ejecutivo para cumplir con los cometidos que se le asignan por el artículo 7º de la Ley Nº 15.753, de 24 de junio de 1985.

Art. 6º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 28 de noviembre de 1985.

Antonio Marchesano, Presidente.
Héctor S. Clavijo Secretario".

SEÑOR PRESIDENTE: Léase.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Deseo hacer una aclaración que me parece de rigor. Cuando se votó la Ley Nº 15.753, me retiré de Sala porque estaba directamente involucrado, por cuanto fui uno de los damnificados en el accidente climático que se menciona.

Esto, en cierto modo, me inhibe de hacer el comentario que ahora deseo expresar; pero para este segundo proyecto no tengo obstáculo para manifestarlo.

Me parece que este proyecto tiene varias deficiencias. En primer lugar, es sustancialmente distinto a la Ley Nº 15.753. En el primer parágrafo del artículo 1º se establece que quedan comprendidos en esa ley los damnificados que hubieran formulado declaración jurada ante la Dirección del Plan de Promoción Granjera del Ministerio de Agricultura y Pesca antes del 31 de julio de 1985. Pienso que este es un serio defecto del proyecto de ley, porque los damnificados pertenecen a la zona frutícola y hortícola del país. El accidente climático se produjo aproximadamente en el mes de noviembre de 1984; inmediatamente después, y hasta el mes de febrero -que era lo que establecía la Ley Nº 15.753- cualquier funcionario de la Dirección del Plan de Promoción Granjera, especialmente si se tratara de un técnico, podía certificar visualmente cuáles eran los daños que había provocado ese granizo. Pero en el mes de julio de 1985, eso es absolutamente imposible que sea certificado, porque los frutos no están en los árboles, ni siquiera hay hojas, los árboles de hojas caducas descansan en el invierno y no se visualizan la mayor parte de los daños que provocan este tipo de accidentes climáticos. Lo mismo ocurre con respecto a otro tipo de cosechas hortícolas. De modo que la prórroga de este plazo me parece que realmente le quita seriedad al mecanismo que se quiere prever.

SEÑOR LAGO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LAGO: El planteo que realiza el señor senador Zumarán creo que podemos clarificarlo, en cierta medida. El proyecto original de la Cámara de Representantes contemplaba, exclusivamente, una situación particular para un pequeño grupo de productores, fundamentalmente del departamento de San José, que a pesar de ser productores horticolas, en función de la rotación de cultivos que se realiza en esa zona, en la oportunidad habían cultivado cereales, pero en áreas pequeñas que, normalmente, se dedicaban al cultivo de papas.

Teniendo en cuenta que el plan granjero no los había considerado, a pesar de haber evaluado y comprobado los daños por los procedimientos establecidos en la Ley Nº 15.753, se estimó que podía ser justo -quiero que se destaque este aspecto- incorporarlos dentro de los casos de productores con derecho a la indemnización que oportunamente había votado el Parlamento.

En la discusión de este proyecto de ley en Sala -lo que muestra las irregularidades que, muchas veces se producen al realizarse cambios de redacción en un ambiente que no es el más propicio -se introdujo esta modificación que permitía amparar a muchos productores que no estaban encuadrados dentro de la ley anterior que, como muy bien decía el señor senador Zumarán, no se habían presentado en tiempo, a los efectos de que, a través de los mecanismos del plan granjero, las distintas reparticiones del Ministerio de Agricultura y Pesca comprobaran los daños que, efectivamente, se habían operado.

Quiere decir que esta modificación que el señor senador Zumarán objeta porque, evidentemente, es prácticamente imposible de comprobar, -como muy claramente lo expresaba el señor senador- en un tiempo muy posterior al que sucedieron los hechos, fue fruto de una improvisación en el momento de sancionarse este proyecto de ley, pero que no se compadece con el criterio tan estricto que había establecido la iniciativa original, donde, tal vez como en ninguna otra oportunidad, se habían podido evaluar los daños sufridos por los productores por intermedio de un procedimiento muy claro que determinaba el mismo Mensaje del Poder Ejecutivo. Al ampliarse ahora y amparar a este tipo de productores -es justo decirlo y deseo que quede claro- ello no está encuadrado en el mecanismo que merecía destacarse y que daba cierta tranquilidad y seguridad por estar impulsando una indemnización, en cierto sentido, claramente evaluada y comprobada por los técnicos del Ministerio de Agricultura y Pesca.

Es lo que deseaba aclarar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - La segunda observación que realizo al proyecto, es que en el parágrafo segundo del mismo artículo 1º se establece una serie de fenómenos climáticos de varias fechas. Incluso, a último momento, creo que se agrega el último, del 21 de noviembre de 1985, es decir, cuando ya se estaba considerando el proyecto de ley.

Cualquier persona que esté vinculada al departamento de Canelones, sabe que el 25 de noviembre se produjo otro accidente climático en la zona de Joanicó, por lo que, de sancionar esta iniciativa que tenemos a consideración, lo dejamos de lado; y cuando regularicemos los daños producidos por éste, tendrá que volver a la Cámara de Representantes. Asimismo, hay que tener en cuenta que, debido a este clima que tenemos, no sería de extrañar que ocurrieran otros accidentes climáticos en distintas zonas del país, con lo cual nos pasaríamos agregando fechas al proyecto de ley.

No quiero ofender a los que elaboraron el proyecto de ley -lejos está de mi ánimo- ni a los señores representantes que lo votaron; sin embargo, pienso que le quita un poco de seriedad el hecho de que apenas ocurrido un fenómeno climático, estemos votando leyes de indemnización, casi digamos, a los pocos días del mismo.

Estimo que hay que buscar otra solución que le dé mayor seriedad al trabajo legislativo en este asunto, para que no se crea que se trata en forma desigual situaciones similares. Debemos advertir que el fenómeno climático que previó la Ley Nº 15.753, ocurrió en noviembre. La ley se sancionó en el mes de junio o sea, que mediaron siete meses, lo que permitió la consideración y evaluación de los daños, así como la determinación de las cifras.

Ahora nos encontramos con fenómenos climáticos mucho más recientes. En definitiva, pienso, por muchos de estos motivos y otros que podría agregar, que si bien la sanción de la ley mencionada se puede tomar como una medida excepcional del Fondo de Seguro Agrícola general y obligatorio, por lo menos, allí se trabajó con seriedad, dando intervención al Poder Ejecutivo; incluso, hubo Mensajes de dicho Poder a los efectos de fijar los gastos y erogaciones para el erario público. Ignoro si durante la consideración del proyecto de ley en la Cámara de Representantes se produjo el envío de algún Mensaje del Poder Ejecutivo y no conozco cuál es su opinión en la materia.

Me parece que estamos legislando impulsivamente, improvisando. Esto puede caer antipático a los productores que están preocupados por los daños sufridos por este fenómeno climático.

Estimo que si aprobamos este proyecto de ley -ya lo fue por la Cámara de Representantes- quedaría, entonces, en condiciones de ser promulgado. Pienso que estaríamos improvisando, trabajando con poca seriedad y con poca justicia, porque quedan otros fenómenos climáticos que no están comprendidos. Hay que examinar con detenimiento todo el tema, así como los mecanismos utilizados precedentemente.

A pesar de la premura con que estamos tratando este asunto, mociono para que el mismo pase a la Comisión de Agricultura y Pesca. Ello, entonces, supone que este proyecto de ley no se sancione en este período legislativo; pero aunque sufra una postergación, se puede realizar un trabajo más serio, con el fin de no votar leyes de indemnización que, por la premura con que se tratan, no pasan por el estudio detenido de esta Comisión. No digo que necesariamente deban hacerlo, pero sí que ellas merecen ser analizadas por parte de la Comisión y del Senado.

Por estas consideraciones, señor Presidente, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción del señor senador es de orden que admite discusión. A partir de ahora, entramos en su consideración y los señores senadores dispondrán de cinco minutos para referirse a ella.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Había solicitado la palabra para referirme al proyecto en términos similares a los expuestos por el señor senador Zumarán.

Este es un proyecto iniciado en la Cámara de Representantes por representantes de todas las organizaciones políticas, incluida la nuestra, naturalmente, y fue votado por casi la unanimidad de los integrantes de aquel Cuerpo; sin embargo, parece claro que algunas de sus disposiciones, al menos, deben ser objeto de un estudio más profundo.

He tenido contacto con muchos productores granjeros directamente vinculados al tema y he recogido observaciones que estimo que deben ser objeto de un estudio adecuado por parte de la Comisión.

Como bien ha expresado el señor senador Zumarán, se tienen en cuenta algunas granizadas pero no otras, como por ejemplo, la que azotó a Colorado Chico, Cerrillos, Cuatro Piedras, Progreso y Joanicó y la del 9 de noviembre en el departamento de Maldonado. No está expresamente determinado el hecho de que no se tome en cuenta la tabla 1 del anexo II del Mensaje del Poder Ejecutivo, que, acompañó el proyecto que dio lugar a la Ley Nº 15.753 y que, en el informe de este proyecto de ley, fuera fuertemente objetado.

Asimismo, existen observaciones con respecto al método de ajuste, es decir, hay una cantidad de elementos que estimo deben ser examinados por la Comisión. En lo único que soy más optimista, es en la posibilidad de que este proyecto de ley pueda ser aprobado durante este período.

Notoriamente, hay una cantidad de razones por las cuales, tanto una u otra rama del Parlamento, van a tener que trabajar intensamente durante algunas semanas mas.

Pienso que si la Comisión de Agricultura y Pesca, en el correr de los próximos días, está en condiciones de ajustar este texto -fundamentalmente el artículo 1º, porque creo que los otros no merecen mayor objeción- a breve plazo, podríamos tener a consideración nuevamente en el Senado este proyecto, que seguramente la Cámara, en una de las últimas sesiones de este año, estaría en condiciones de aprobar.

También hemos conversado con nuestro compañero, el señor senador Cardoso, que es miembro de la Comisión, y compartimos en términos generales, estas observaciones, por lo que vamos a sumar nuestro voto para que este asunto sea examinado con la mayor celeridad posible, por la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: nosotros pensábamos que este proyecto iba a merecer una sanción, prácticamente sin discusión. De todos modos, queremos señalar -a fuer de honestos- que estuvimos en contacto con los productores del departamento de Soriano. Además, en aquel momento no pudo hacerse presente el señor senador Ubillos, que en cierto modo representa a aquel departamento, pero igualmente, en compañía del señor senador Pozzolo, pudimos atender a estos productores.

Hemos escuchado las palabras del señor senador Zumarán que nos parecen muy acertadas, en cuanto a que para la producción agrícola-hortícola, -sobre todo la del sur del país, donde los predios son muy pequeños, y se juega toda la economía ante cualquiera de estas circunstancias provocadas por la fuerza de los elementos- se encuentre en el día de mañana alguna solución en el sentido de ampliar la propaganda alrededor del seguro, con el fin de que haya una cobertura, un mejor amparo para este tipo de productores. Estamos ante una propuesta de mejorar lo que sin duda es una forma de legislar no muy prolija, pero debemos señalar que tenemos el compromiso de aprobar este proyecto de ley.

Nosotros no vamos a votar el pase a Comisión, no porque entendamos que en un estudio más reflexivo del proyecto de ley se pudiera mejorar -adelantamos nuestra opinión a favor de cualquier iniciativa en el sentido de que antes de que ocurra un temporal o una granizada, haga medicina preventiva más que curativa y así lo haremos en la medida en que el Senado lo disponga- pero lo aprobaremos tal como viene de la Cámara de Representantes, por un compromiso público contraído, que los señores senadores -especialmente los que sostienen una tesis contraria- tendrán que comprender. Nosotros asumimos esa posición en nombre de nuestro sector, ante la imposibilidad del señor senador Ubillos, por razones de salud, de estar presente en Dolores, cuando se hizo la reunión con los productores.

SEÑOR LAGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAGO. - Señor Presidente: como decíamos, anteriormente en el correr de la discusión de este proyecto en la Cámara de Representantes, se le fueron haciendo modificaciones que no se compadecen con la redacción original del mismo.

Quiero hacer referencia a alguna de las inquietudes que presentó el señor senador Zumarán. Además, coincide que en la discusión en sala, en función de que estábamos actuando en la Cámara de Representantes, presentamos nuestras dudas con relación a la indemnización en sí. En este proyecto, a diferencia de la Ley Nº 15.753, no existe iniciativa del Poder Ejecutivo. En esa oportunidad, pensábamos buscar una solución con la autorización al Poder Ejecutivo, para que recurriera a los mismos procedimientos previstos en la Ley Nº 15.753, a los efectos de concretar estas indemnizaciones. Sin embargo, no primó ese criterio y en la Cámara de Representantes se introdujo la modificación que lleva a que la redacción del artículo 3º diga que: "El Poder Ejecutivo elevará el monto del Fondo Especial de Indemnización". En este aspecto, vale la pena hacer una pequeña reflexión.

El texto de la Ley Nº 15.753, establece, en la modificación del Decreto-Ley Nº 15.646, el carácter transitorio del impuesto que se había creado. Entonces, a través de la utilización de esos fondos, se permitía la creación de otro fondo especial que no podía exceder de N$ 160:000.00. Eso fue lo que produjo una limitación en el monto total de las indemnizaciones que se habían registrado de acuerdo con la Ley Nº 15.753, que generó una reclamación que ahora recibimos de los propios productores. En ese momento se decía: "Al establecer un sistema de ajuste para las compensaciones que superen N$ 500.000, mediante el uso de tablas que se adjuntan al Mensaje, esta Comisión -en un informe que redactamos de puño y letra- "considera inadecuado el criterio propuesto, en virtud de que la selectividad a la que se hace referencia, no define cuáles son los elementos a tener en cuenta para la consideración de las características de los productores, que permita calificarlos como pequeños o grandes, en virtud de que las limitaciones se refieren al monto que resulta de la aplicación de la base de cálculo, y no de la dimensión de cada una de las empresas". Eso no significaba que todos aquellos que tuvieran derecho a indemnizaciones de nuevos pesos 500.000, fueran los productores más grandes, sino simplemente eran los que habían sufrido mayores daños. En algunos casos, de acuerdo con el relevamiento que pudimos hacer y a las opiniones de muchos productores, resultaba que los productores más pequeños eran los que se veían afectados por este recorte que se producía.

Además, quiero decir que los fondos de las indemnizaciones surgen de los aportes de los productores. Aquí no hay una aplicación de nuevos fondos; se detraen del monto generado por el impuesto que se creó oportunamente y parte del mismo es lo que se destina a ese fin. Hoy ya tenemos a muchos productores que están reclamando contra esta actitud. Cuando llega el pago de los nuevos impuestos, llámese IMAGRO o cualquier otro, se van a encontrar con que van a ser detraídos para la indemnización de los productores que sufrieron las consecuencias de estos fenómenos climáticos.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LAGO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Evidentemente, no tengo el dominio de este tema, como lo tienen otros señores senadores. Pero, sobre el punto concreto que se refiere a la observación constitucional hecha por el señor senador Zumarán, en el sentido de que se autorizan o se generan gastos que no estarían financiados o no se indicaría de dónde va a surgir la financiación, como lo requiere el artículo 86 de la Constitución de la República, formulo la siguiente interrogante.

El impuesto a que hace referencia el señor senador Lago tengo entendido que fue creado por la Ley Nº 15.753. Si la interpretación que hace el señor senador Lago es exacta, habría un desajuste con la redacción del segundo parágrafo del artículo 3º de este proyecto que dice: "El Poder Ejecutivo elevará el Fondo Especial de Indemnización autorizado por la Ley Nº 15.753 de 24 de junio de 1985, en las cantidades necesarias para la, cobertura total de los importes resultantes en favor de los damnificados". Si hubiere un impuesto cuyo producido permitiera cubrir todas las indemnizaciones, aun las nuevas, que se autorizan o disponen por este proyecto, no debería decir que el Poder Ejecutivo elevará el monto del Fondo Especial, porque éste ya existiría en la cantidad necesaria y resultaría de la percepción regular del impuesto. En todo caso, lo que habría que decir es que se aumenta la tasa del impuesto para elevar el monto a recaudar.

No hago una afirmación tajante sobre esto, porque reconozco que no tengo el dominio del tema que está analizando el señor senador, pero formulo la siguiente pregunta: de acuerdo a la observación o interpretación que hace el señor senador, ¿esta redacción del parágrafo segundo del artículo 3º, que observó el señor senador Zumarán, es correcta, o es una redacción que no responde a la forma en que realmente se recauda ese impuesto y que permitiría cubrir todas las indemnizaciones sin crear ningún recurso adicional?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Lago.

SEÑOR LAGO. - Señor Presidente: en realidad, la redacción dada originariamente por la Ley Nº 15.753, fue una sustitución del artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, del 11 de octubre de 1984, y se sustituyó desde su vigencia por un nuevo texto. Dicho artículo 23 establecía un adelanto sobre la producción que los productores agropecuarios verterían a cuenta de la posterior liquidación del IMAGRO o del IRA, según la elección definitiva que pudieran hacer aquellos que se vieran afectados por esa disposición.

La modificación a la Ley Nº 15.753 se genera a impulso de los legisladores integrantes de la Cámara de Representantes pero, a fin de evitar problemas de interpretación, se buscó que la iniciativa proviniera del Poder Ejecutivo. Fue éste, entonces, quien promovió la sustitución de ese artículo estableciendo que detraía para un fondo especial N$ 160:000.000, de lo que se recaudaba como adelanto de los impuestos que posteriormente liquidarían los productores. Ese monto que limitó la creación del fondo especial fue lo que determino’ un corte a las indemnizaciones a los productores que establecía la Ley Nº 15.753. Entendemos, entonces, que ese fondo está absolutamente agotado. ¿Por qué? Porque se utilizó totalmente para la indemnización anterior. No tengo en este momento los datos precisos, pero el fondo que se detrajo del producido de los impuestos, fue una cifra del orden del 12 % o 15 % de la suma que pagaron los productores como adelanto de lo que oportunamente tendrían que abonar al liquidar el impuesto a la Renta Agropecuaria o el impuesto a la productividad mínima.

La duda que planteábamos era si el Parlamento tenía iniciativa como para incrementar ese fondo que actualmente estaba agotado y que, además, de acuerdo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, se había creado con lo generado por un impuesto que, en realidad, era un adelanto de lo que eventualmente tenían que pagar los productores. Eso lo planteamos en la discusión y se consideró que podíamos hacerlo; pero siento la obligación de formular nuevamente ahora esta duda, porque en su momento no se me aclaró y sigo pensando que este proyecto necesita iniciativa del Poder Ejecutivo a fin de evitar las observaciones posteriores.

Tal como lo expreso el señor senador Zumarán, pensamos que puede existir en este proyecto algún defecto de redacción que puede ser mejorado pero debemos sostener la imperiosa necesidad de encontrar un sistema de seguro obligatorio, porque los hechos han demostrado que en forma periódica ocurren estos fenómenos climáticos. Podemos remitirnos a legislaturas anteriores y observaremos que año tras año se producen acontecimientos de este tipo y, por ello, el Parlamento tiene que buscar una forma de indemnización que no conforma a nadie y, que genera muchas dificultades. Pienso que si alguna ventaja tiene la ley anterior con respecto a esta es que establece la necesidad de buscar un seguro obligatorio y definitivo para solucionar todos estos problemas.

17) DIEGO GONZALEZ. Homenaje a su memoria.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: faltando solamente media hora para llegar a la fijada como término de la sesión, alteraré brevemente el trabajo de este Cuerpo a efectos de rendir un homenaje ante un hecho que sacudió profundamente la sensibilidad de todos los integrantes de este Cuerpo, de nuestros colaboradores y de los funcionarios del Palacio Legislativo. Hace pocos días nos enteramos del trágico fallecimiento de Diego González, hijo del secretario del señor senador Senatore, señor Carlos González, conocido por todos nosotros como "Lito".

No deseo hacer ningún discurso, pero quiero testimoniar a este amigo y compañero de tareas el tremendo dolor que sentimos; todos quienes trabajamos en esta Casa nos hemos sentido profundamente afectados y deseamos expresarle nuestra solidaridad. No puedo imaginar algo más doloroso para un hombre que el fallecimiento de un niño de esa edad. Diego tenía apenas 14 años.

Formulo moción en el sentido de que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a Diego González, hijo del funcionario Carlos González.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores senadores a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace.)

18) ESTABLECIMIENTOS AGRICOLAS AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en consideración el asunto que pasó a figurar en tercer término del orden del día.

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - Voy a dar mi voto afirmativo a la moción de pase a Comisión pero por un motivo totalmente distinto al que le da el señor senador Zumarán, ya que el señor senador lo hace con vistas a que se trate en el próximo período, dando por descontado que no podrá considerarse en éste; quien habla vota a favor de pasar el proyecto a la Comisión de Agricultura y Pesca en la esperanza de que ésta, en el día de mañana, si le es posible pueda estructurar un proyecto modificativo y enviarlo a la consideración de este Cuerpo en estos días.

No deseo abundar sobre aspectos que ya han sido expresados por otros señores senadores, pero debo decir que por intermedio del señor representante Guadalupe han llegado a mi poder una serie de notas de productores granjeros del departamento de Maldonado que también han sido víctimas de un fenómeno climático como el ocurrido en otras zonas y que estamos considerando. Se adjunta a las notas una serie de certificados -que comprenden la mayor parte de los casos- de un ingeniero del Banco de la República, donde se especifican los daños sufridos y se realiza una evaluación de su repercusión económica.

El señor senador Rodríguez Camusso también ha mencionado otras zonas del departamento de Canelones, que también han sufrido estos fenómenos.

Todo esto contribuye a que quien habla dé a esta moción de pase a Comisión el sentido que acabo de expresar.

Por otra parte, existe la situación que, ha expuesto el señor senador Lago -que pudo documentar personalmente siendo representante, al tratarse el proyecto de 1984- que comprende a un grupo de productores que fueron víctimas -creo que esa es la expresión correcta- de quitas absolutamente irracionales. Pienso que esta podría ser la oportunidad para intentar una fórmula de justa reparación.

Por este y por otros motivos que podría agregar voy a votar afirmativamente el pase a Comisión de este asunto, pero en el entendido de que ésta lo estudie con la premura necesaria y no que producirá su informe con vistas al próximo período legislativo.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Voy a ser muy breve, por cuanto lo que quería expresar lo acaba de manifestar el señor senador Cardoso.

Aceptaría el pase a Comisión de este proyecto en la medida en que pudiéramos mantenerlo en el orden del día de la reunión del próximo jueves. Esto no significa ningún reproche, sino simplemente la constatación de un hecho, pues, desde hace más de un mes la Comisión de Agricultura y Pesca tiene a su estudio este proyecto y no lo ha considerado porque no ha podido reunirse para ello. Recuerdo que en una oportunidad, hace alrededor de un mes, me hice presente en la Sala en que se iba a reunir esta Comisión y sólo encontré al señor senador Cardoso, ya que yo no soy integrante de la misma. Posteriores intentos tampoco fueron felices; la Comisión no se reunió.

Naturalmente, me hacen fuerza algunos argumentos que se han manejado en Sala en lo que tiene que ver con la circunstancia irregular de que finalmente se decidiera que eso es materia de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, lo que indicaría que estaríamos aprobando un proyecto que podría correr el riesgo del fantasma del veto, tan mentado hoy en esta Sala.

Por lo tanto, me afilio a la tesis de que la Comisión se reúna en el día de mañana o el próximo jueves y se mantenga este proyecto en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria. No me tranquiliza mucho el hecho de que se diga que este tema recién podría ser considerado a partir del mes de marzo del año que viene.

Pienso que en esto hay circunstancias muy distintas. Cuando ocurren hechos como estos, denuncias de granizadas, siempre se está ante la suspicacia de si todos los que se presentan como perjudicados tienen derecho o si se están magnificando los hechos. Según algunos informes que hemos recogido, a la Ley Nº 15.753 se ampararon muchos productores que fueron real y seriamente perjudicados; pero se tiene la presunción muy fundada de que también existieron muchos que como se dice habitualmente- se subieron al carro.

En estas últimas horas he conversado con funcionarios del Gobierno que han estado en contacto permanente con las situaciones amparados por la Ley Nº 15.753, que fue votada seis meses después de acaecidos 108 dos fenómenos climáticos a que hace mención y que establece que se indemnizará en base a declaraciones juradas. Ellos nos relataron el episodio de alguien que hizo una declaración jurada de la pérdida del cien por ciento de sus viñedos y cobró la indemnización correspondiente; sin embargo ahora, por otra vía, al denunciar su cosecha ante la Oficina de Contralor Legal, ocurre que ha tenido una óptima cosecha. Este caso, por estar lateralmente ligado a otros episodios, está en la órbita de la Justicia.

Quiere decir que este tema es necesario analizarlo en profundidad porque también se da la otra circunstancia, la que constatamos palmo a palmo en Dolores junto con el señor senador Lacalle Herrera. Allí pudimos apreciar los daños sufridos por pequeños granjeros y quinteros de muy menguados recursos que prácticamente vieron desaparecer el resultado de su trabajo. Esto fue documentado porque inmediatamente de producidos los daños se realizó una inspección que demostró que esa gente había perdido absolutamente todo y que no tiene medios como para poder rehacerse trabajando y produciendo.

En otras oportunidades el Banco de la República ha mostrado su sensibilidad, postergando en un año el vencimiento de las deudas de los damnificados y otorgando a los pequeños productores afectados un crédito social de carácter mensual por un año, que tan siquiera les permitiera mantener la subsistencia del núcleo familiar y posibilitar que esa gente se reponga plantando y produciendo nuevamente. Pero en este caso el Banco de la República no ha actuado de esa forma.

En este sentido, sugeriría que se pusiera en conocimiento del Directorio del Banco de la República la discusión que se realizó sobre este tema.

Aceptaré el pase a Comisión de este asunto en la medida en que se realice un análisis profundo pero también urgente, a efectos de aprobarlo en los próximos días.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Como muy bien decía el señor senador Zumarán, este proyecto no fue a consideración de la Comisión de Agricultura y Pesca. Por tal razón, no tuvimos oportunidad de discutir sobre el punto.

En realidad, comprendemos muchos de los argumentos en contra que se han hecho con respecto a este proyecto; pero también sabemos de la situación desesperante que viven una gran cantidad de granjeros que han sido perjudicados y que no tendrán otra solución que no sea la aprobación de este proyecto.

Es cierto que muchos de los perjudicados no denunciaron a tiempo los daños sufridos como para que se realizaran las investigaciones del caso. Como integrante de la Comisión, me comprometo a estar presente en la próxima reunión, si es que este proyecto es enviado nuevamente a su estudio. En caso de no tener dudas en cuanto al tema lo elevaríamos a consideración del Senado el próximo jueves. De todas maneras, quisiera conocer la opinión de los demás miembros de la Comisión. Sin embargo tengo el temor de que en la Comisión se van a introducir algunas modificaciones al proyecto, lo que obligará a que vuelva a la Cámara de Representantes y no sea aprobado en este período.

Considero que, de una vez por todas, el Parlamento tendrá que aprobar una ley que institucionalice un seguro general, a los efectos de no encontrarnos ante este problema cada poco tiempo, ya que lamentablemente parecería que el clima no está de acuerdo con el Gobierno y por eso cada pocos días nos envía una propina para disgustarnos y liquidarnos.

Voy a acompañar el pase a Comisión en el entendido de que mañana se reunirá para tratar este punto; en caso contrario, desde ya digo que equivocado o no votaré afirmativamente el proyecto que tenemos a consideración ahora, en nombre de mi sector, la Unión Colorada y Batllista.

SEÑOR CIGLIUTI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Según entendí, la única moción formulada hasta ahora es la de pase a Comisión. Pero en Sala existe consenso de que el pase a Comisión se puede admitir siempre que se traiga un texto mejor y más completo que éste y que incluya las omisiones que se han constatado, así como que se resuelva si la iniciativa es preceptiva o no del Poder Ejecutivo, que es el punto capital.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Exactamente, ese es el punto capital. De nada vale que mañana nos reunamos y nos comprometamos a traer un texto, si es que el Cuerpo considera que este asunto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Si así fuera comencemos por ahí, porque en ese caso no podemos comprometernos a presentar un nuevo texto el próximo jueves, porque no depende de nuestra voluntad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - No podemos votar esta ley si no estamos previamente informados de que se necesita una iniciativa del Poder Ejecutivo, que aquí no se ha concretado. Tampoco la podemos votar porque, por el parágrafo segundo del artículo 3º, se obliga al Poder Ejecutivo a elevar el monto del Fondo Especial de Indemnización y ése es el punto que está en discusión. Sin embargo, pienso que ese punto no sea de tan difícil estudio y resolución, porque sí no estaríamos cometiendo una falta en virtud de que existen como todos sabemos- omisiones muy concretas y muy conocidas. Me refiero expresamente, a que la granizada del 25 de noviembre que afectó parte del departamento de Canelones no está incluida; tampoco se menciona a los productores del departamento de Maldonado que fueron afectados el 9 de noviembre de este año. Si incorporáramos esto a la ley, quizás la podríamos aprobar en esta sesión, pero, de todas formas, volvería a la Cámara. En caso de aprobarlo con las omisiones, es decir sin los agregados que habría que introducir, pienso que haremos justicia con algunos y esa es la situación que debemos tener en cuenta. A todos nos cuesta no aprobar hoy este proyecto de ley, a pesar de sus imperfecciones, pero si lo hacemos, este proyecto pasa de inmediato al Poder Ejecutivo y de esa forma los productores podrán ser indemnizados por los daños sufridos.

Votaríamos el pase a Comisión sólo en la seguridad de que en esta misma semana, por ejemplo, en una sesión extraordinaria del día jueves, se tratase un mejor texto, o este mismo mejorado, corregido y ampliado. Pero no votaremos sólo el pase a Comisión, sino también la realización de una sesión extraordinaria el día jueves, y la inclusión de este proyecto de ley como primer punto del orden del día, venido con informe de la Comisión pertinente. Si no se puede hacer de esa forma, me parecería grave que tuviéramos que reconocer esta noche que este proyecto no va a plasmarse en ley hasta el año que viene. Tenemos una enorme cantidad de productores afectados que esperan el pronunciamiento del Senado; este es el último paso que se necesita para que el texto enviado por la Cámara de Representantes se convierta en ley. Entendemos que este proyecto enviado por la Cámara de Representantes adolece de muchas imperfecciones y errores -como bien lo ha dicho el señor senador Lago- puesto que allí se le introdujeron modificaciones al proyecto de la Comisión, y, naturalmente, ello significó que tuviera muchas deficiencias e insuficiencias.

Personalmente incorporaría a la moción del señor senador los dos aditamentos a que he hecho referencia: sesión el próximo jueves e inclusión en el orden del día de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La sesión extraordinaria para el día jueves ya está votada, señor senador, con un determinado orden del día y, entonces, habría que agregar lo que propone.

SEÑOR CIGLIUTI. - Si es así, lo único que habría que hacer es incluir este asunto en el orden del día y, por lo tanto, que ahora se pase a Comisión.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo perfectamente posible que se mejore el texto de acuerdo a las diversas apreciaciones que se han realizado en Sala y sobre las cuales existe coincidencia. Personalmente agrego la de la fecha que se toma en el parágrafo primero cuya extensión me parece equivocada. Entiendo, señor Presidente, que se pasan por alto dos puntos que están muy vinculados, como son los recursos con los que se van a pagar esas indemnizaciones. El primer problema es si los recursos aquí previstos requieren o no iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto, además de la voluntad política que no podemos disponer respecto a la orientación política del Poder Ejecutivo en la materia, crea un segundo problema que es el que señaló el señor senador Lago. El mismo radica en que el régimen previsto en la Ley Nº 15.753, se basa en un impuesto ya existente, al que se le da un destino con carácter transitorio. Por este proyecto de ley que tenemos a estudio ese destino se extiende para poder hacerse cargo de todas estas indemnizaciones. Esto crea un problema al que también hizo mención el señor senador Lago, y que es que los damnificados vieron limitada su indemnización por la insuficiencia de este Fondo, a lo que además ahora agregamos que se haga cargo de otras indemnizaciones. Y luego -aunque reconozco que aquí no alcanzo a percibir cómo es el sistema- en la Ley Nº 15.753 se establecía, por un lado, un ámbito temporal en que regía que era en determinada fecha y por otro un monto de N$ 160:000.000. Pero, resulta que el impuesto que se ha buscado actúa como un pago a cuenta del gravamen a la actividad agropecuaria o al de las rentas agropecuarias que deben pagar los productores. Entonces, ¿cómo vamos a seguir de acuerdo al proyecto de ley que tiene a estudio hoy el Senado- afectando un impuesto que es una entrega a cuenta de los impuestos a las rentas y a las actividades agropecuarias, para seguir pagando cada vez más indemnizaciones? No acabo de entender de dónde salen estos recursos y, al final, quién los va a pagar. He llegado a pensar si esto no lo terminarán pagando los productores y que ése es el espíritu que posee la ley. Esto genera algunas dificultades. Por lo tanto, me parece que requiere un análisis más meditado a los efectos de saber de dónde surgen los fondos y hasta dónde podemos disponer de ellos. Además, interesa saber cuál es el producido que se ha recaudado y qué disponibilidad tenemos de ello. Pienso que aparte del problema constitucional sobre iniciativa del Poder Ejecutivo, necesitamos una información del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la situación de estos tributos, para saber sobre quién estamos haciendo recaer el costo de estas indemnizaciones. Por lo que conozco, en el caso de todos estos accidentes climáticos que se enumeran, más los que tenemos que agregar, nadie sabe a qué costo ascienden. Me parece que el asunto requiere un análisis más profundo. Lamento tener que adoptar esta posición, un poco antipática, pero quiero hacer ver a los señores senadores que en lo que a mi respecta, no veo muy sencillo este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa sugiere que se pase a votar esta moción de orden, en la que cada señor senador podrá hablar una sola vez y hasta por cinco minutos, porque de lo contrario se prolongaría excesivamente su duración.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Realmente los recursos significan un problema. Ello está previsto en la Ley Nº 15.753 con cargo a un recurso que la ley de Rendición de Cuentas del año pasado transformó en un impuesto permanente, y que es el que grava la enajenación de productos agropecuarios, aumentando inclusive la tasa. No sé a cuando asciende el monto de los perjuicios sufridos, pero, evidentemente, el problema central está en la afectación de los fondos. Pienso que esto no se arregla votando el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes. Si así lo hiciéramos -y no está en mi intención el dilatar este problema- decimos que es con cargo a ese fondo que el Poder Ejecutivo lo aumentará. De manera que, repito, el problema no se soluciona si nos remitimos al proyecto tal como ha sido enviado por la Cámara de Representantes.

Hago la salvedad de que este impuesto, tal como lo ha señalado el señor senador Zumarán, lo pagan todos aquellos que venden productos agropecuarios -excepto los de la leche- a cuenta del IRA o del IMAGRO. Entonces, es de ese fondo -seguramente debe dar porque se ha aumentado la tasa- de donde debería extraerse esto.

En cuanto a los recursos, la ley los establece claramente al decir que la cobertura debe ser total y que se aumentará el volumen del fondo. La cuestión es saber si esto necesita Mensaje del Poder Ejecutivo.

Quiero señalar al señor senador Capeche que votando esta ley no resolvemos el problema. Diría más: agregamos una serie de inconvenientes, puesto que esta ley tiene una serie de deficiencias que podrían ser solucionadas a nivel de la Comisión.

19) TERMINO DE LA SESION

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Voy a mocionar para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

El Senado ha sido convocado para considerar un orden del día bastante extenso y recién estamos tratando el asunto que figura en segundo lugar. Por otro lado, nos encontramos al borde de la finalización del período ordinario de sesiones. En consecuencia, pienso que debemos avanzar en el estudio de los asuntos que tenemos a consideración hoy, máxime si tomamos en cuenta que en el día de mañana tendremos que considerar un tema bastante complejo, como es el proyecto de ley de alquileres y otros, que seguramente van a insumir mucho tiempo. En consecuencia, señor Presidente, pienso que varios de los asuntos que se encuentran en el orden del día de la sesión de hoy -por lo menos hasta el que se encuentra en 10º lugar- podrían aprobarse rápidamente.

Por tanto, creo que el Senado haría bien en prorrogar la hora de finalización de la sesión, hasta llegar, por lo menos, a la consideración de las venías, que, en lo personal, no creo que tengan mayor importancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Singer, en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión para poder considerar, por lo menos, hasta el 10º asunto que figura en el orden del día.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

20) ESTABLECIMIENTOS AGRICOLAS AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden del señor senador Zumarán en el sentido de que este proyecto se pase a la Comisión de Agricultura y Pesca.

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - El señor senador Pozzolo mocionó oportunamente para que el asunto permaneciese o se incluyese en el orden del día de la sesión del próximo jueves.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Zumarán no aceptó que se incorporara esa modificación a su moción. De manera que la primera moción presentada es la de dicho señor senador y, por ende, la tenemos que votar.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Consideramos que las mociones se deben votar conjuntamente, porque una condiciona la otra.

Hice moción para que este asunto pasara a Comisión, pero que se incluyera en el orden del día de la sesión del día jueves. Por su parte, el señor senador Pozzolo había manifestado lo mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿El señor senador Zumarán no tiene inconveniente en que así se proceda?

SEÑOR ZUMARAN. - En absoluto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se va a votar si se pasa este asunto a Comisión y si lo incluye en el orden del día de la sesión del próximo jueves, si es que para esa altura se ha elaborado el informe correspondiente.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) POLITICA INFORMATICA Y PROSPECTIVA. Informe de la Comisión Especial.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - En el día de hoy, Secretaría ha dado cuenta de la recepción del informe de la Comisión de Informática y Prospectiva y de que se había ordenado el repartido correspondiente. En mérito a ello solicito que se le incorpore en el orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si efectivamente se repartió, se incorpora automáticamente.

22) PRODUCTORES AGROPECUARIOS. Se incluyen en las deducciones condicionadas los honorarios de los técnicos que los asisten.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en 3er. término del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se incluyen entre las deducciones condicionadas establecidas por el artículo 12 del Decreto-Ley Nº 14.948, los honorarios de los técnicos que asistan al productor agropecuario. (Carp. Nº 306/85. Rep. Nº 185/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 306/85. Rep. Nº 185/85.

Comisión
de Agricultura y Pesca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Inclúyese entre las Deducciones Condicionadas establecidas por el artículo 12 del Decreto-Ley Nº 14.948, los honorarios de los técnicos que asistan al productor agropecuario, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º - Los técnicos cuyos honorarios pueden ser incluidos en las Deducciones Condicionadas son los egresados de la Universidad de la República, Universidad del Trabajo del Uruguay, Escuela Agrícola Jackson y demás instituciones que el Poder Ejecutivo incluya en la reglamentación.

Art. 3º - Los honorarios a deducir serán los establecidos en los respectivos aranceles que las asociaciones profesionales registrarán ante la Dirección General Impositiva el mes de enero de cada año.

Art. 4º - El Poder Ejecutivo fijará los topes de deducción teniendo en cuenta:

a) el arancel a que hace referencia el articulo anterior;

b) el índice de CONEAT del predio o de los predios en explotación y

c) el tipo de explotación asistidas por el profesional.

Artículo 5º - En los formularios de declaración del IMAGRO, en el rubro correspondiente, se hará mención al nombre, domicilio y número de inscripción en la Caja de Profesionales Universitarios, del profesional o de los profesionales cuyos honorarios se descuenta, así como del monto total de los mismos.

Art. 6º - El cobro de los honorarios se documentara en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 7º - A partir del 1º de enero de 1986 los productores rurales que usufructúen préstamos del BROU o del Plan Agropecuario, deberán contar con asistencia técnica en el rubro que sea financiado por dichos fondos.

Art. 8º - Comuníquese, publíquese, etc.

Montevideo, 20 de agosto de 1985.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un auténtico desarrollo agropecuario del Uruguay debe basarse en una correcta y difundida aplicación de tecnología.

La presencia de técnicos egresados de la Universidad de la República, de la Universidad del Trabajo del Uruguay o de institutos privados de reconocido nivel en la explotación agraria, constituye un insumo insustituible cuyo uso debe ser fomentado.

Instituciones privadas tales como los grupos CREA (Centros Regionales de Experimentación Agraria) han sido pioneros en la contratación colectiva de Agrónomos y Veterinarios que mediante visitas periódicas asisten a los Establecimientos Agropecuarios.

La finalidad de la presente Ley, es fomentar dicha asistencia técnica estableciendo el descuento en la declaración de impuestos de los honorarios pagados a los respectivos profesionales.

En el articulado del Proyecto se procura fijar grandes líneas conceptuales, dejando a la ductilidad del Reglamento la adecuación práctica tanto en la mecánica del descuento como en la fijación de los montos máximos. A estos efectos será de fundamental importancia, escuchar la opinión de las diferentes asociaciones gremiales profesionales.

En el artículo 29 se ha incluido en forma expresa, entre los institutos de enseñanza a la Escuela Agrícola Jackson, institución privada de relevante e indudable prestigio.

Se faculta el Poder Ejecutivo a incluir otras instituciones que repute tengan el necesario nivel técnico como para merecer dicha inclusión.

El artículo 7º, tiende a vincular el uso de los fondos oficiales con una adecuada asistencia que redundará en una mayor eficacia finalista del crédito.

Montevideo, 20 de agosto de 1985.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Senador.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Al Senado:

Artículo 1º - Inclúyese entre las Deducciones Condicionadas, establecidas por el artículo 12 del Decreto-Ley número 14.948, los honorarios de los técnicos que asistan al productor agropecuario, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Para esta deducción, no regirá el límite porcentual previsto por el citado artículo 12.

Autorízase a los productores no incluidos en el IMAGRO a computar en el pasivo de la declaración de impuesto al Patrimonio, los montos abonados por concepto de honorarios, a los técnicos mencionados en el artículo 2º de esta Ley.

Art. 2º - Los técnicos cuyos honorarios pueden ser incluidos en las Deducciones Condicionadas son los egresados de la Universidad de la República, Universidad del Trabajo del Uruguay, Escuela Agrícola Jackson y demás instituciones que el Poder Ejecutivo incluya en la reglamentación.

Art. 3º - Los honorarios a deducir serán los establecidos en los respectivos aranceles que las asociaciones profesionales registrarán ante la Dirección General Impositiva el mes de enero de cada año.

Art. 4º - El Poder Ejecutivo fijará los topes de deducción teniendo en cuenta:

a) el arancel a que hace referencia el artículo anterior;

b) el índice de CONEAT del predio o de los predios en explotación y

c) el tipo de explotación asistidas por el profesional.

Art. 5º - En los formularios de declaración del IMAGRO, en el rubro correspondiente, se hará mención al nombre, domicilio y número de inscripción en la Caja de Profesionales Universitarios, del profesional o de los profesionales cuyos honorarios se descuenta, así como del monto total de los mismos.

Art. 6º - El cobro de los honorarios se documentará en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 7º - Comuníquese,

Sala de la Comisión, 12 de noviembre de 1985.

Alberto Zumarán, Miembro Informante. José Pedro Cardoso. Eugenio Capeche Carlos Julio Pereyra, Jorge Batlle, Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Formulo moción para que se suprima la lectura en la discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa UNANIMIDAD.

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SINGER - Mociono para que se suprima la lectura en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 16 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: deseo solicitar al señor miembro informante me aclare el alcance del parágrafo segundo de este artículo.

Este proyecto que estamos considerando trata de incluir en las deducciones condicionadas del IMAGRO los honorarios de los técnicos que asistan al productor agropecuario. De acuerdo a la disposición de este proyecto, respecto a esta deducción no regirá el límite porcentual previsto, en la ley del IMAGRO que establece porcentajes de deducción: en los tres primeros ejercicios, no podrán exceder de un 40 %; en el cuarto, un 30 %; y desde el quinto en adelante, un 20 %. Por tanto, aquí se produciría una eliminación de dichos topes.

En este artículo, más precisamente, la autorización que se establece a los productores no incluidos en el IMAGRO. alcanza a los productores con menos de 200 hectáreas de producción básica media, pero también quedarían comprendidos los productores incluidos en el IRA, que es el impuesto al que se pasa del IMAGRO.

En este parágrafo segundo se autoriza a computar en el pasivo de la declaración de impuesto al patrimonio los montos abonados por concepto de honorarios. A este respecto, señalo que esto trastoca lo que es el impuesto al patrimonio.

A efectos de definirlo gráficamente, diría que este impuesto es la fotografía del patrimonio de una persona física, de una institución o de una persona jurídica, al 31 de diciembre. De manera que establecer que se computará como pasivo, lo que ya se ha pagado, contradice un principio natural del impuesto al patrimonio. Es decir que lo que se ha pagado, ya no está en el patrimonio del contribuyente o de la persona que pagó, sino que se encuentra, si es que no lo gastó, en el de aquella que lo recibió.

Es entonces que, en base a este elemento de juicio, formulo esta salvedad en lo que hace a este artículo, porque técnicamente, la solución que se pretende dar no se conjuga con ese impuesto.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - El sentido de esta disposición, a mi entender, es claro. Con ella se pretende promover, abaratando sus costos -para decirlo en términos crudos- la utilización de la asistencia técnica por parte de los productores. Los que están incluidos en el IMAGRO son los previstos en el parágrafo primero. ¿Cómo lográbamos la misma finalidad para los que no están incluidos en el IMAGRO que son, justamente, los más pequeños y aquellos a los que tendríamos más Interés, desde el punto de vista social y económico, en que recibieran el asesoramiento técnico?

Esta fue la solución que encontró la Comisión para que estos productores también recibieran el beneficio. Comprendo que la observación técnica formulada por el señor senador Senatore es realmente de peso, por cuanto se estaría distorsionando el sentido del impuesto. Tal vez el señor senador nos pueda ayudar a encontrar una fórmula mejor.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Efectivamente, cuando redactamos y propusimos este proyecto de ley, el artículo 1º sólo constaba de un parágrafo. Luego, advertido lo que señalaba el señor senador Zumarán de que de esa manera desamparábamos al sector que queremos que sea más dinámico de la producción agropecuaria, se nos ocurrió -quizás con muy poco rigor técnico tributario- la redacción que hoy figura, y la Comisión la aceptó, haciéndose cómplice de nuestro pecado de redacción tributaría.

Quizás -estoy pensándolo en este momento- podríamos ir directamente a la deducción del honorario en el monto del impuesto a pagar, en las mismas condiciones que establece el resto de la ley. Es decir, efectuada la declaración y fijado un monto a pagar por concepto de Impuesto al Patrimonio, que de él se deduzcan los N$ 5.000, N$ 10.000, o lo que corresponda, para pagar al técnico agropecuario o al veterinario. Esta solución se ajustarla más a lo que sucede con el otro impuesto, en el cual los honorarios devengados en el ejercicio de la función técnica son deducidos de los pagos.

Sin forzar demasiado la redacción, se podría decir que se autoriza a los productores no incluidos en el IMAGRO a descontar del pago del Impuesto al Patrimonio los montos devengados por concepto de honorarios, si le parece bien a la Comisión y a nuestro asesor tributario ad-honorem, el señor senador Senatore. De esa manera, seríamos más parejos en la deducción, porque se haría directamente del monto a pagar, y no por vía indirecta, como en el caso de la inclusión en los pasivos.

SEÑGR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor ‘senador.

SEÑOR .SENATORE. - Tendríamos que hacer otra aclaración, señor Presidente, y es la de que acá estamos pensando en los productores que están excluidos del IMAGRO, por su condición de pequeños.

Siempre entendí que este proyecto estaba destinado a propiciar la tecnifícación de los pequeños productores. Considero que tendríamos que estipular que se trata de los que no están incluidos ni en el IMAGRO ni en el IRA. El primero es un impuesto a la productividad medía potencial; en cambio, el IRA es el impuesto a la renta agropecuaria. Lo que hay que señalar es que en el IRA se aplican en lo previsto, normas del IRIC, es decir, el impuesto a la renta de industria y comercio. De manera que en el IRA rige la misma norma del impuesto a la industria y el comercio que dentro del porcentaje establecido por el Poder Ejecutivo, sobre las entradas brutas de las empresas, permite la deducción de los honorarios pagados. De esa manera, el productor comprendido en el IRA no necesita recurrir al Impuesto al Patrimonio, salvo que tuviera gastos por honorarios muy elevados que excedieran el límite establecido por la norma. Pero este no es el caso que se quiere contemplar.

En consecuencia, habría que introducir modificaciones en Sala haciendo referencia a los productores no incluidos en el IMAGRO ni en el IRA, quienes descontarán, del Impuesto al Patrimonio que les correspondiere abonar, los montos establecidos para el pago de honorarios.

Esta no es una fórmula muy ortodoxa, pero se logra con ella la finalidad de que no quede a cargo del pequeño productor el pago de los honorarios técnicos, los cuales, concretamente, serán pagados por el Estado, ya que éste va a descontar esa cantidad de lo que recibirá del pequeño productor por concepto de pago de impuesto al patrimonio.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Si fuera aceptada la sugerencia muy atinada del señor senador Senatore, el parágrafo quedaría redactado de la siguiente manera: "Autorízase a los productores no incluidos en el IMAGRO ni en el IRA a descontar del Impuesto al Patrimonio que les correspondiere abonar, los montos pagados por conceptos de honorarios a los técnicos mencionados en el artículo 2º de esta ley".

SEÑOR ZUMARAN. - El miembro informante da su conformidad a la redacción propuesta, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de votar, la Mesa quiere hacer una consulta al señor miembro informante.

Cuando el parágrafo primero establece esas deducciones condicionadas ¿no está creando una exoneración impositiva? Constitucionalmente, la exoneración impositiva requiera iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Yo diría que técnicamente no es una exoneración -aunque produzca efectos similares- por cuanto lo que se establece es una deducción especial de los montos que se deben abonar por concepto de honorarios.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - En el IMAGRO se liquida el impuesto por elementos fictos y en su cálculo se admiten ingresos y deducciones.

Aquí nosotros agregamos una deducción, modificando el cálculo del impuesto, que se traduce económicamente en una disminución de lo recaudado, no precisamente en una exoneración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Personalmente, comparto esa interpretación; pero había formulado la pregunta en nombre de un señor senador que en este momento no está atendiendo la explicación.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Comparto la opinión del señor miembro informante. Estamos modificando el cálculo de un impuesto y no estableciendo que el sujeto pasivo, por el sólo hecho de la explotación, deje de estar gravado. Simplemente, estamos disponiendo los quántum, ya que la modificación de la tasa de un impuesto no puede ser una exoneración. Además, la propia Ley Nº 14.948, a la que estamos haciendo referencia, establece las exoneraciones a texto expreso. En este caso, simplemente estamos agregando una deducción más, que implica una modificación del cálculo y no diciendo que existe una actividad lucrativa no gravada.

Por consiguiente, me afiliaría a la interpretación de esta norma en el sentido de que la modificación en el cálculo no es una exoneración. Comprendo que, utilizando la otra biblioteca, se puede afirmar que lo es; pero en lo que me es personal, me afiliaría a la tesis del señor miembro informante, según la cual no estamos exonerando del pago, sino simplemente estableciendo una fórmula de cálculo del tributo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Con respecto a lo que establece el artículo 1º, -parágrafo primero "in fine"- en el sentido de que en la deducción condicionada se incluyen los honorarios técnicos, comprendo la interpretación de que puede ser que estemos en el límite; pero entiendo que esto es una exoneración, por cuanto la ley establece que se podrán descontar "los siguientes rubros de deducción condicionada". Concretamente, se establece la deducción por lo realmente invertido por ejemplo, en el rubro Fertilizantes, etcétera.

De manera que es una deducción condicionada que también se aplica a la producción agropecuaria. Pero el problema no está allí; éste radica en la deducción del Impuesto al Patrimonio.

Una vez determinado el Impuesto al Patrimonio -con todas las deducciones legales-, debo pagar ese impuesto menos lo que aboné por concepto de honorarios. Creo que allí es donde se roza más severamente la exoneración en materia fiscal.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Si me disculpan el señor Presidente y los señores senadores, voy a plantear algunas dudas que me han surgido respecto a los razonamientos que acabo de escuchar. Entiendo que ellos son correctos si se aplican al parágrafo primero, pero con respecto al segundo hay que tener presente que estamos hablando de otros impuestos. No se trata del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, ni del IMAGRO, sino del Impuesto al Patrimonio, que no está comprendido en este tipo de deducciones.

Frente a este segundo impuesto, ¿cómo juega la referencia que formuló la Mesa?

Comparto los razonamientos que acabo de escuchar en lo que se refiere a la inclusión de nuevas deducciones en los impuestos agropecuarios; en eso estamos de acuerdo. Pero se quiere incorporar un nuevo parágrafo que no figuraba en el proyecto original presentado por el señor senador Lacalle Herrera. Esta deducción se refiere al Impuesto al Patrimonio, al que no se le aplican las deducciones de que hablaban los señores senadores. Entonces, ¿cómo juega la pregunta que se formuló desde la Mesa?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - A mi juicio, señor Presidente, el hecho generador del Impuesto al Patrimonio es la tenencia de determinados bienes al 31 de diciembre en que se cierra el ejercicio.

No estamos exonerando el hecho gravado del pago, sino que estamos permitiendo que se impute al pago lo abonado por concepto de honorarios.

SEÑOR SINGER. - Pero es una exoneración.

SEÑOR ZUMARAN. - Ninguno de los bienes gravados por el Impuesto al Patrimonio quedan exonerados por este texto.

SEÑOR SINGER. - Eso está claro, pero hay una deducción.

SEÑOR ZUMARAN. - El Impuesto al Patrimonio sigue tal cual. En el momento de procederse a su pago, se deduce de éste lo pagado -valga la redundancia- por este concepto, por lo cual el contribuyente viene a pagar menos, pero no por vía de exoneración. Es como si se estableciera una bonificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el texto sustitutivo del parágrafo segundo del artículo 1º.

(Se lee:)

"Autorízase a los productores no incluidos en el IMAGRO ni en el IRA a descontar del Impuesto al Patrimonio que les correspondiere abonar, los montos pagados por concepto de honorarios, a los técnicos mencionados en el artículo 2º de este proyecto de ley".

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción para que se voten por separado los parágrafos primero y segundo de este artículo, a efectos de que cada senador pueda expresar más libremente su posición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el parágrafo primero del artículo 1º.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto sustitutivo del parágrafo segundo del artículo 1º.

- 16 en 19. Afirmativa.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Confieso, señor Presidente, que las dudas que expresé no fueron aclaradas en forma satisfactoria. Por esa razón he votado negativamente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No creo, señor Presidente, que haya inconstitucionalidad en este parágrafo segundo del artículo 1º. Simplemente apunta a una modificación de la liquidación de un impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: el articulo 5º dice: "En los formularios de declaración del IMAGRO, en el rubro correspondiente, se hará mención al nombre, domicilio y número de inscripción en la Caja de Profesionales Universitarios,...".

En este artículo se ha creado un pequeño problema con respecto a las profesiones que queremos incluir a los beneficios del proyecto, porque los egresados de la Universidad del Trabajo del Uruguay y los técnicos agrarios -como se llaman en general- no están comprendidos en la Caja de Profesionales Universitarios.

La intención de los integrantes de la Comisión era establecer "y"; en un repartido se puso "u", pero nosotros vamos a mocionar para que se establezca "o". El espíritu del legislador era identificar a estos técnicos por medio de la Caja de Profesionales, sin advertir que ellos -que son una suerte de profesionales-, extrañamente no están comprendidos allí.

A la espera de que algún día ellos se incorporen a esta Caja, pienso que habría que establecer "se hará mención al nombre, domicilio o número de inscripción". Ello no perjudicaría la identificación, bajo ningún punto de vista, de quién es el destinatario del honorario. Estamos procurando que se identifique de la mejor manera posible al destinatario del pago, cuyos honorarios se van a deducir, a su vez, del pago del Impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que sería más prolijo, señor senador, que dejáramos la "y" y luego estableciéramos "si correspondiere", porque así se exige la presentación del certificado profesional que tiene una virtud de control sobre el pago de los aportes.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Entiendo perfectamente la inquietud del señor senador Lacalle Herrera y del señor Presidente.

Considero que esto podría ser solucionado de otra manera.

Es evidente que, desde que los técnicos agrarios pasaron de la órbita de la Facultad de Agronomía a la de la Universidad del Trabajo, han dejado de ser técnicos universitarios. Se plantea, entonces, el tema de su inscripción en la Caja de Profesionales Universitarios. Pero no hay dudas de que estos técnicos deben estar inscriptos en la Dirección General Impositiva, porque son prestadores de servicios personales y están sometidos al pago del IVA.

De manera que -puesto que se hará mención al nombre, domicilio y número de inscripción en la Dirección General Impositiva-, todos los técnicos profesionales quedarán comprendidos porque, además, tienen que liquidar el IVA. Los señores senadores que son profesionales saben que tienen que inscribirse en dicha Dirección, hacer pagos trimestrales y declaraciones anuales. Entonces, mientras rija el IVA en materia de servicios personales y actividades profesionales, con ello le daríamos la amplitud necesaria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, se sugiere que se sustituya "Caja de Profesionales Universitarios" por "Dirección General Impositiva".

¿El señor miembro informante acepta esta modificación?

SEÑOR ZUMARAN. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 5º con la modificación a que se ha hecho referencia.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: quizá convenga que quede en actas alguna explicación sobre un artículo que puede resultar un tanto crítico y superlativo, desde el momento en que hace incapié en que se documente, de una manera particular, a los efectos de acentuar la vinculación real entre el honorario, el trabajo prestado, y el establecimiento o el contribuyente al que se pagó. Es decir, un recibo que dijera algo más que: "Recibí de Fulano de Tal, por honorarios". Además, incorporar la identificación del predio, número de DINACOSE, sección judicial, a efectos de evitar que aparezcan recibos un poco heterodoxos y que de esa manera se produzcan no pagos por no pagos.

(Apoyados).

- O sea que se busca que exista la vinculación más escrita posible. Además, los recibos no se van a estar emitiendo todos los días, porque los pagos podrán ser anuales, o podrán documentarse anualmente en el momento de la liquidación del impuesto.

Esta es la razón, señor Presidente, por la que se pide al Poder Ejecutivo que en el reglamento se establezca una fórmula especial, o sea, la prueba de que el Profesional ha hecho efectivo su pago.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: no voy a acompañar con mi voto el artículo 6º, porque el cobro de los honorarios se va a documentar en la forma establecida por las disposiciones reglamentarias del impuesto, que grava con el IVA a los honorarios profesionales. En los, recibos que se presentan en la Dirección General Impositiva, figura el número, el año, la fecha, el establecimiento, la razón por la cual se cobran los honorarios y su monto. En otro renglón, figura la cifra que corresponde al impuesto que debe pagarse. O sea que, en el mismo recibo pueden figurar los montos de los honorarios y el IVA. Esto luego podrán descontarlo los tomadores de servicios.

Pienso que esta disposición es sobreabundante porque, vinculada a la Dirección General Impositiva, ya tenemos los honorarios y el IVA -es evidente que lo tienen que pagar- e individualizada la persona que paga el impuesto.

SEÑOR SINGER. - Está muy bien, pero lo que abunda no daña.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

- 14 en 17. Afirmativa.

El artículo siguiente es de trámite.

Queda aprobado el proyecto, en general y particular, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Inclúyese entre las Deducciones Condicionadas, establecidas por el artículo 12 del Decreto-Ley Nº 14.948, los honorarios de los técnicos que asisten al productor agropecuario, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Para esta deducción, no regirá el límite porcentual previsto por el citado artículo 12.

Autorízase a los productores no -incluidos en el IMAGRO ni en el IRA a decontar del impuesto al patrimonio, que les correspondiere abonar, los montos pagados por concepto de honorarios, a los técnicos mencionados en el artículo 2º de esta Ley.

Art. 2º. - Los técnicos cuyos honorarios pueden ser incluidos en las Deducciones Condicionadas son los egresados de la Universidad de la República, Universidad del Trabajo del Uruguay, Escuela Agrícola Jackson y demás instituciones que el Poder Ejecutivo incluya en la reglamentación.

Art. 3º - Los honorarios a deducir serán los establecidos en los respectivos aranceles que las asociaciones profesionales registrarán ante la Dirección General Impositiva el mes de enero de cada año.

Art. 4º - El Poder Ejecutivo fijará los topes de deducción teniendo en cuenta:

a) el arancel a que hace referencia el artículo anterior;

b) el índice de CONEAT del predio o de los predios en explotación y;

c) el tipo de explotación asistidas por el profesional.

Art. 5º. - En los formularios de declaración del IMAGRO, en el rubro correspondiente, se hará mención al nombre, domicilio y número de inscripción en la Dirección General Impositiva del profesional o de los profesionales cuyos honorarios se descuenta, así como del monto total de los mismos.

Art. 6º. - El cobro de los honorarios se documentara en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 7º. - Comuníquese, etc".

23) RESIDENCIAS MEDICAS HOSPITALARIAS. MODIFICACION DEL REGIMEN DE INGRESO.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se deroga el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 15.327, de 4 de abril de 1983, sobre el concurso para la provisión de cargos de residentes médicos. (Carp. Nº 417/85. Rep. Nº 186/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 417/85 - Rep. Nº 186/85

Comisión de Asistencia
Laboral y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 15.272, de 4 de abril de 1983.

Art. 2º. - A los electos del primer llamado a concurso de residente, regulado por el Decreto-Ley Nº 14.372, que se verifique con posterioridad a la vigencia de la presente ley, se admitirán egresados de hasta cinco años de titulados.

Asimismo, podrán participar en este primer llamado aquellos médicos, cualquiera haya sido el año de su titulación, que se hubieren visto impedidos de concursar en los dos concursos previos de residencias médicas por alguno de los motivos siguientes, debidamente comprobados ante la oficina inscriptora:

a) no haber obtenido certificado habilitante para ejercer la función pública;

b) haber estado privado de libertad o ausente del país por razones políticas, ideológicas y/o conexas.

No podrán optar al concurso de residentes aquellos médicos que ya lo hubieren hecho en dos oportunidades.

Art. 3. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de noviembre de 1985.

Antonio Marchesano, Presidente. Héctor S. Clavijo, Secretario.

INFORME

La Ley Nº 15.372, en su artículo 18, prohíbe a los ex-practicantes internos o practicantes internos, concursar para el cargo de Residentes.

Esta prohibición se consideró pertinente en tanto paralelamente se anulaban los cargos de practicantes internos.

En la actualidad se considera más racional una línea de capacitación y perfeccionamiento de pre y posgrado, que incluya en etapas sucesivas la actividad de practicantes internos primero, la que implícitamente favorece la formación general del médico, y luego la de Residente, lo que ya implica una orientación hacia una actividad definida como capacitación de especialidad posgrado.

El artículo segundo trata de contemplar la situación de las personas impedidas de participar en los dos concursos previos, por razones político-ideológicas, o bien por haber considerado que la presentación a los mismos les exigiría pasar por la investigación administrativa impuesta por la dictadura en esos años.

Se impone una única limitación para aquellas personas que realizaron el concurso en dos oportunidades y no demostraron el nivel técnico adecuado para desempeñar el cargo.

En suma, el proyecto presenta dos aspectos: uno derogatorio del articulo 18 del Decreto-Ley Nº 15.372, y el segundo claramente coyuntural, y por lo tanto transitorio, que conempla la situación de excepción y trata de corregir la injusticia creada en los doce años de dictadura.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 1985.

Gustavo Varela, Miembro Informante, Tabaré Caputi, Miembro Informante, Antonio Nión Hernández, Miembro Informante. Representantes.

INFORME

Al Senado:

En la fecha la Comisión aprueba el proyecto de ley que modifica el régimen de ingreso de las Residencias Médicas Hospitalarias que fuera sancionado por la Cámara de Representantes, sin observaciones a su texto.

Sala de la Comisión, a 5 de diciembre de 1985.

Carlos W. Cigliuti, Miembro Informante, Alberto Zumarán, Miembro Informante, Eugenio Capeche, Juan Raúl Ferreira, Luis B. Pozzolo. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura en la discusión general.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

En discusión general.

Tiene la palabra el señor senador informante.

SEÑOR ZUMARAN. - El régimen de residencia médica hospitalaria se vincula con la formación del médico en el período de posgrado, o sea, donde éste va eligiendo su futura especialidad.

La Comisión consultó tanto al señor Ministro como a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a las de la Facultad de Medicina, quienes expresaron su profundo interés en que se sancionara este proyecto de ley, que fuera aprobado por la Cámara de Representantes. Las razones que nos dieron fueron, realmente, de mucho peso, señor Presidente. El Decano interino, doctor Touya, nos informó que en este momento están asistiendo al curso de posgrado 3.600 médicos graduados, sin que exista ninguna posibilidad de que puedan hacer el ejercicio de la medicina, dado su elevado número.

Por lo tanto, para una correcta formación profesional es imprescindible que se racionalice y restablezca cuanto antes el régimen de las residencias médicas hospitalarias.

¿Qué fue lo que sucedió, señor Presidente? El Decreto-Ley Nº 15.372 del año 1983, en el Capítulo "Disposiciones Transitorias" -que es lo único que ahora se quiere modificar- en el artículo 17, decía: "A los efectos del primer llamado a concurso de residentes y por única vez, se admitirán egresados de hasta cuatro años de titulados". Entonces, en virtud de la aplicación de este régimen, se tiene en cuenta a los graduados del año 1979 en adelante, puesto que este decreto se sancionó en el año 1983.

Por el proyecto actual, con carácter transitorio, se admitirán egresados de hasta cinco años, para poder prever la situación de los egresados entre los años 1980 a 1985.

En el mismo Capítulo V, en el artículo 18 se dice: "No podrán inscribirse en el concurso de residentes aquellos egresados de la Facultad de Medicina que hubieren ganado anteriormente el concurso de practicantes internos y desempeñado el cargo". En realidad, esto poco o nada tiene que ver con que el egresado haya tenido la calidad de practicante. Aquí de lo que se trata es de la enseñanza médica y antes de que el profesional se reciba, se ejercita y perfecciona como practicante. Luego, en la etapa de posgrado, todos los egresados, hayan sido practicantes o no se ejercitan a través de la residencia hospitalaria.

Desgraciadamente, en el período de aplicación de este decreto-Ley, se hicieron sentir las mismas modalidades -por así llamarlas- que la dictadura aplicó para otros casos de la función pública. Entonces, para optar por el régimen de residencia hospitalaria, Salud Pública exigía -bajo la dictadura- el famoso certificado habilitante y, por lo tanto, quedaban excluidos de participar todos los que tenían la letra B o C. Esto perturbó notablemente este régimen de enseñanza.

Lo mismo ocurre en el caso de aquellos médicos que hubieran estado presos o ausentes del país por razones políticas, ideológicas o conexas y esto es lo que se intenta reparar a través del artículo 2º. Tanto la Facultad de Medicina como el Ministerio de Salud Publica han acordado ya las bases para llamar a concurso en el mes de diciembre del presente año a efectos de no perder una promoción. Por lo tanto, este proyecto de ley es de carácter urgente en su consideración. Teniendo ya la aprobación de la Cámara de Representantes, al darle la nuestra, estaría en condiciones de ser promulgado y, por ende, se podrían efectuar estos concursos en el mes de diciembre, sin postergar un año más a los graduados.

El régimen de residencias hospitalarias es por tres años, por lo que se produce una circulación de egresados que hacen sus primeras prácticas y especializaciones con amplios beneficios, según lo acreditan el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina.

Creo que estos fundamentos son suficientes -salvo mejor opinión del Senado- para propiciar su aprobación.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en términos generales, comparto los fundamentos que aconsejan la aprobación de este proyecto de ley, así como reconozco también la urgencia que existe para que sea sancionado.

De todos modos, he estado examinando -porque no lo recordaba- el decreto-ley del mes de abril de 1983, al que aquí se hace referencia, en cuyos artículos 8º y 9º se establecen determinaciones que fijan el número de cargos de residentes, los criterios para su distribución, los lapsos de vigor, etcétera. Al respecto, me hago una reflexión, subrayando, reitero, mi acuerdo general con el sentido del proyecto así como con su texto pero con una sola excepción que tiene que ver con lo que se establece en el párrafo final del artículo 2º, cuando se expresa que no podrán optar a concurso de residentes aquellos médicos que ya lo hubieran hecho en dos oportunidades. Estos cargos se proveen por concurso.

Si entiendo bien, el criterio en que se inspira este texto, está expuesto en el informe de la Cámara de Representantes, porque el de la de Senadores ha sido dado verbalmente, ya que escrito sólo hay alrededor de tres líneas. En el informe elaborado por la Cámara de Representantes se establece que se impone una única limitación para aquellas personas que concursaron en dos oportunidades y no demostraron el nivel técnico adecuado para desempeñar el cargo. Pero el texto, en mi opinión, dice otra cosa; expresa que no podrán optar al concurso de residentes aquellos médicos que ya lo hubieran hecho en dos oportunidades.

Cuando se llama a concurso para proveer 100 cargos y se presentan 300 personas, esto no significa que las doscientas que no los obtuvieron hayan carecido de aptitudes, sino que simplemente se encontraron 100 que rindieron un puntaje mejor. Pero esto no prueba que los 200 que no se clasificaron carecieran de aptitudes técnicas. Por otro lado, hay gente que ha hecho una carrera, se ha recibido de médico con toda la extensión y complejidad que ello implica- y puede no haber estado en condiciones de desempeñar el cargo hace un año o dos, pero puede ocurrir que se haya superado, procurando mejorar sus aptitudes técnicas, y ahora sí estar en condiciones.

De manera que, coincidiendo con el criterio incluido en el informe de la Cámara de Representantes, que seguramente fue recogido en el Senado, creo que el texto tiene un sentido limitativo que me merece reservas. Pero de todos modos, en atención a la necesidad de que este proyecto de ley sea aprobado por los criterios generales que incluye y que comparto y, muy especialmente, debido a la urgencia que tiene -porque evidentemente no puede ser demorado ya que el llamado se debe hacer en este mes le voy a dar mi voto afirmativo a pesar de esta observación particular.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CIGLIUTI. - El señor senador justamente pone énfasis en el punto del texto que ha sido más discutido y en el que, asimismo, las reservas por él planteadas no estuvieron ajenas a nuestras propias convicciones. Efectivamente, en este tipo de casos, el que no accede al cargo, no por eso revela ineptitud. Es exactamente como lo dijo el señor senador, porque generalmente los cargos son menos que los concursantes y el resultado es, entonces, que hay personas que concursan más de una vez y puede ocurrir que en ninguna de las dos puedan estar en los primeros puestos, lo que no significa que no tengan la aptitud básica para poder desempeñarlos.

Al respecto, en la Cámara de Representantes también hubo división de opiniones, e inclusive los médicos informantes de la Comisión no coincidieron en la apreciación del problema; algunos estuvieron de acuerdo en que estaba bien la inclusión de la prohibición y otros no. La Comisión del Senado, por su parte, se decidió por lo que ha manifestado el señor senador Rodríguez Camusso, en el sentido de aprobar esta ley y que ello fuera pronto, porque ya estamos a 10 de diciembre y, si se piensa llamar a concurso antes de fin de año, es imposible pensar que si modificamos el texto que viene de la Cámara de Representantes esta ley pueda ser sancionada en este año. Esa es la razón por la cual, con muchas dudas y compartiendo las del señor senador, la Comisión aceptó el texto tal como vino de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiere decir que el señor senador Cigliuti tiene algunas reservas, pero por razones de prudencia prefiere votar la ley.

SEÑOR CIGLIUTI. - De prudencia o de urgencia, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Criterio que se maneja dentro del poder.

(Hilaridad)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Reconozco que el tema es opinable. Como no es mi especialidad -lo que es público y notorio- consulté expresamente sobre el punto al señor Decano interino de la Facultad de Medicina y manifestó que la opinión de esta casa de estudios era mantener esta limitación, porque el espíritu de todo el régimen es que accedan a la residencia hospitalaria inmediatamente después de graduarse. Acá se crea un régimen excepcional, por el que se permite que se presenten hasta quienes se hayan graduado hace cinco años. Pero no tiene sentido que en el mecanismo normal un médico se postule varias veces hasta que encuentre esa ubicación en el régimen de residencia. Ese profesional ha quedado varios años sin elegir su especialidad después de graduarse, lo que no es conveniente, máxime teniendo en cuenta la circunstancia de que se va a presentar con cinco años de graduado, agregándose los excluidos por los certificados y los que se encontraban en el exterior, por lo que, desde el punto de vista docente, se entendió que era menester incluir alguna limitación.

De manera que, como bien dijeron los señores senadores Rodríguez Camusso y Cigliuti, obran razones de urgencia, pero además esta disposición tiene fundamentos y el respaldo de la autoridad docente respectiva de nuestro país.

SEÑOR LENZI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LENZI. - Señor Presidente: votaremos este proyecto de ley, porque lo consideramos justo y urgente, en virtud de que estamos cerca de fin de año y hay que llenar este vacío, puesto que los cargos están rotando y ya se hace -como lo dijo muy bien el señor senador Zumarán- una excepción que es la que se establece en el artículo 18 en cuanto a que los practicantes internos puedan concursar.

Por otro lado, establece las limitaciones para aquellos médicos que se hayan presentado en dos oportunidades, no teniéndose más en cuenta las razones ideológicas.

Consideramos que es un trámite urgente y que, por lo tanto, hay que votarlo esta misma noche, puesto que si no, llegamos a fin de año y no se va a poder proveer los cargos de residentes médicos, que es una forma de capacitación en la materia muy importante en el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en discusión general.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 3º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley por ser igual al informado)

24) REPUBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA. CONVENIO.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en el punto 6°? del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científico-Técnica, su&críto en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. (Carp. N° 260/85 - Rep. N° 187/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 260/85 - Rep. N° 187/85

Comisión de
Asuntos Internacionales


Poder Ejecutivo
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de julio de 1985

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científico-Técnica, suscrito en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

Las negociaciones relacionadas con este Convenio se iniciaron a finales del año 1983 culminando con la llegada a Montevideo de una numerosa y muy representativa Delegación yugoslava encabezada por el Vicepresidente del Comité Federal para el Transporte y las Comunicaciones.

En el estudio del texto propuesto por Yugoslavia intervinieron en un plano técnico todas las reparticiones del Estado directa e indirectamente competente en el campo de la cooperación científica y técnica internacional. Participaron también representantes de los órganos del Estado involucrados en la política del comercio exterior del país.

Un factor a tener en cuenta es el hecho de que la iniciativa en base a la cual se entablaron las negociaciones, se enmarca en el espíritu y los lineamientos promovidos por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tendientes a promover la colaboración sur-sur en el contexto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

La firma de este Convenio reafirma la voluntad del Poder Ejecutivo de explorar todas las posibilidades que puedan surgir de los principios y lineamientos de las recomendaciones de los citados órganos de las Naciones Unidas que años atrás, en Conferencias tanto técnicas como de nivel político, recibieran un cálido consenso por parte de los países en desarrollo.

El texto del Convenio hace posible encarar una colaboración bipartita fluida y dinámica, a través del intercambio de misiones de asistencia técnica y científica, la trasmisión de experiencias y realizaciones en esos ámbitos de actividades, la celebración de seminarios y cursos especia1izados y la realización conjunta de investigaciones e científico-técnicas.

Para facilitar el logro de estos objetivos, el Convenio abre la posibilidad de que las partes contratantes concluyan entre sí programas periódicos de cooperación en los cuales quedarían previstos los campos, las formas y las condiciones de la misma.

El mayor conocimiento recíproco en los campos de cooperación que abarca el Convenio pueden muy bien derivar en una sensible expansión del intercambio entre las partes contratantes.

Es este un elemento importante que, implícito en el texto y el espíritu del Convenio, el Poder Ejecutivo ha tenido muy en cuenta al recomendar a la Asamblea General, la ratificación del presente Convenio de Cooperación Científico-Técnica con la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República. Enrique V. Iglesias, Roberto Vázquez Platero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Cooperación Científico-Técnica entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo de la Asamblea Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, celebrado en Montevideo el 14 de mayo de 1985.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Enrique V. Iglesias, Roberto Vázquez Platero.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el texto del Convenio de Cooperación Científico-Técnica, suscrito en Montevideo el 14 de mayo del año en curso, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, considerando de suma importancia la aprobación del proyecto de ley que lo ratifica.

Sus negociaciones se iniciaron a fines del año 1983 y concluyeron con la llegada a Montevideo de una numerosa Delegación yugoslava. En su estudio intervinieron a nivel técnico, todas las reparticiones del Estado directa o indirectamente competentes en este campo.

Se debe tomar en cuenta que la iniciativa, en base a la cual se entablaron las negociaciones, se enmarcó en el espíritu y los lineamientos promovidos por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tendientes a promover la colaboración sur-sur en el contexto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

El contenido del Convenio hace posible el intercambio de misiones de asistencia técnica y científica, la trasmisión de experiencias y realizaciones en esos ámbitos de actividades, la celebración de seminarios y cursos especializados y la realización conjunta de investigaciones científico-técnicas. Y para facilitar el logro de estos objetivos, el Convenio abre la posibilidad de que ambos países, acuerden entre sí programas periódicos de cooperación.

Por otra parte, se desprende del texto del Convenio, que se pueden derivar, a nivel de cooperación, en una sensible expansión del Intercambio entre las partes contratantes.

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión, reitera aconsejar al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Enrique Martínez Moreno, Miembro Informante, Juan

Raúl Ferreira, Juan A. Singer, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Cooperación Científico-Técnica entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo de la Asamblea Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, celebrado en Montevideo el 14 de mayo de 1985.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Enrique Martínez Moreno, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira; Juan A. Singer, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Mociono para que se suprima la lectura del proyecto de ley tanto en la discusión general, como en la particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al informado.)

25) CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO (CLAD). Adhesión de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en 7º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Adhesión de la República Oriental del Uruguay al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). (Carp. Nº 289/85. Rep. Nº 189/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 289/85.
Rep. Nº 189/85.

Comisión de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 30 de julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba la Adhesión de la República Oriental del Uruguay al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Este organismo es de carácter intergubernamental y se originó como consecuencia de un acuerdo inicial entre México, Perú y Venezuela. En la ciudad de Caracas, el 30 de junio de 1972, se constituye el mencionado Acuerdo con el propósito de intercambiar experiencias en materia de reforma y modernización administrativa, persiguiendo de esta manera transformar dichos servicios en instrumentos eficaces para cumplir con los proyectos de desarrollo económico y social de los países miembros, pautas que se fueron perfeccionando y complementándose a través del tiempo y las exigencias de funcionamiento del mismo.

Forman parte de este organismo, entre otros, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Perú República Dominicana y Venezuela. Uruguay ha participado, desde la constitución del Centro, como observador a las sesiones del Consejo Directivo, así como también en forma activa en los eventos de carácter técnico que se han llevado a cabo.

La estructura interna del Centro se compone de la siguiente manera: un Consejo Directivo que ejerce funciones generales de carácter normativo, dictado de políticas y control de actividades, integrado por las autoridades superiores que en cada país miembro tienen a su cargo los programas de desarrollo y reforma administrativa, o por los representantes de los gobiernos que los países miembros designen; el Consejo es asesorado en sus tareas por un Consejo Consultivo y por la Comisión de Programación y Evaluación, contando además con la Secretaría General como el órgano técnico encargado de la ejecución y administración de los planes, programas y proyectos del Centro.

De acuerdo a lo estipulado en su Carta Orgánica, el financiamiento del Centro se realiza a través de las aportaciones ordinarias de los países miembros de acuerdo a lo que fije el Consejo Directivo, por aportaciones especiales de Gobiernos para los programas específicos, por aportaciones de organismos internacionales y donaciones (Cap. XVI).

Se establecen dos vías de ingreso para todos los países latinoamericanos: 1) como miembro del Centro o 2) como adherente a programas específicos.

Por lo expuesto, y atento a los adelantos que para la República podrían derivar de las actividades de este organismo en materia de racionalización y modernización de los mecanismos administrativos del Estado, el Poder Ejecutivo solícita a ese Cuerpo la aprobación de la referida Adhesión.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

ENRIQUE E. TARIGO, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia. - Mario César Fernández.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL

DECRETAN:

Artículo 1º - Apruébase la Adhesión de la República Oriental del Uruguay al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), suscrito en la ciudad de Caracas, el 30 de junio de 1972.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Enrique Mario Fernández.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con fecha 30 de julio de 1985.

En el mensaje del Poder Ejecutivo están sintéticamente expresados los argumentos que militan a favor de la aprobación aconsejada. No es ocioso, empero, exponer algunos otros, que contribuyen a reforzar los primeros.

Los principios del CLAD son muy importantes como fundamento de su constitución y de sus objetivos y vale la pena transcribirlos totalmente.

Ellos son:

1) La labor del Centro debe inscribirse en el marco de la profunda crisis por la que atraviesa la región, de manera que sus programas contribuyan a adecuar el aparato institucional de los países a los desafíos que plantean dichas crisis y su futuro impacto sobre sus sociedades.

2) El CLAD debe promover la innovación permanente en los aspectos tecnológicos y culturales en materia administrativa, trabajando en la frontera del conocimiento y auspiciando actividades que fortalezcan esa capacidad innovadora de los países y ayuden con un enfoque prospectivo a anticipar las exigencias de la gestión del proceso de desarrollo.

3) La labor del CLAD también debe apoyar y contribuir a consolidar, en el área de su competencia, los procesos de democratización de las sociedades de la región, promoviendo actividades que tiendan a hacer más transparente y participativa la gestión de sus administraciones públicas y propiciando mecanismos más eficaces de control de la gestión estatal.

4) El CLAD debe reforzar, a través de sus programas, el papel del Estado en la solución de los problemas sociales críticos, auspiciando actividades que refuercen la capacidad de articulación y demanda social, principalmente de los sectores más postergados.

5) También deberán apoyarse los programas que tiendan a estimular a los funcionarios públicos en el desempeño productivo de sus funciones, mediante incentivos de promoción, remuneración y, sobre todo, rescate de la debida jerarquización de la función pública como actividad digna y gratificante.

6) Los programas del CLAD deberán auspiciar la elaboración y utilización de tecnologías de gestión ajustadas a las necesidades de la región, atendiendo al grado de desarrollo y especificación de la problemática administrativa de sus países.

7) Por último, sus actividades deberán contribuir a fortalecer el proceso de integración regional, coadyuvando a los esfuerzos de intercambio y cooperación recíproca que están realizando los países miembros del CLAD".

Es procedente agregar, también, a mayor abundamiento, los seis objetivos fundamentales del organismo:

I. Realizar programas de cooperación internacional en materias relacionadas con el desarrollo y reformas a la administración pública.

II. Servir como foro de intercambio de conocimientos y experiencias sobre los procesos de reforma y mejoramiento de las administraciones públicas en los países de América Latina y el Caribe.

III. Llevar a cabo y promover investigaciones en los niveles regional, subregional o nacional sobre fenómenos administrativos de interés para los países miembros, y que coadyuven al desarrollo de conocimientos científicos y técnicos sobre estos campos en el contexto latinoamericano y del Caribe.

IV. Proporcionar asesoría y adiestramiento a través de la asistencia técnica y la promoción de conferencias, congresos, seminarios y cursos sobre la materia.

V. Coadyuvar a la transferencia horizontal de tecnologías administrativas entre los países miembros.

VI. Intercambiar información, editar y difundir publicaciones de carácter científico y técnico en materia de administración pública.

Por último, resulta útil y conveniente dar cuenta de la totalidad de miembros actualmente integrantes del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CIAD), ampliando la nómina que figura en el mensaje del Poder Ejecutivo, que responde a una información de tiempo atrás. Los países miembros del CLAD en la actualidad son: Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, España, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

Entiende vuestra Comisión que la participación de España en este organismo le otorga mayores y más amplias posibilidades operativas en función del perfeccionamiento que la administración pública de ese país ya ha logrado.

Por lo expuesto resulta pues, oportuno y conveniente que el Senado vote la aprobación del proyecto que se informa.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Juan A. Singer, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase la Adhesión de la República Oriental del Uruguay al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), suscrito en la ciudad de Caracas, el 30 de junio de 1972.

Artículo 2º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Juan A. Singer, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Carminillo Mederos Américo Ricaldoni. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos, tanto en la discusión general como en la particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión general.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Aunque algunos señores senadores no lo crean, se puede pasar aquí muchos años y siempre se aprende.

Deseo expresar lo siguiente. Voy a votar favorablemente este proyecto de ley con cuyo contenido y alcance estoy totalmente de acuerdo. Pero se dio con respecto a él una situación que me ilustra sobre los procedimientos desde el punto de vista reglamentario.

En la Comisión de Asuntos Internacionales aplicamos todos sus miembros una práctica que estimamos muy positiva -y los resultados creo que lo demuestran- en el sentido de que todos los asuntos se asignan al estudio de uno o dos miembros de ella que producen un informe. Luego, el resto de los integrantes tomamos conocimiento de él y si no hay observaciones lo vamos firmando. Cuando el informe ha sido sometido a la consideración de todos los miembros de la Comisión, llega al Senado. Salvo, naturalmente, que éste lo declare urgente. Entonces, llega antes.

No tengo noticias de que este asunto haya sido declarado urgente. Este proyecto de ley fue informado por el señero senador Singer. Yo no lo había firmado, no porque no esté de acuerdo -al contrario, comparto el proyecto y el informe- sino porque no había tenido tiempo de hacerlo ni de estudiarlo debido a la multitud de tareas que tenemos. Además, la enfermedad de mi compañero de sector el señor senador Araújo, nos ha recargado el trabajo. Cuando se me trajo el informe, solicité un día más con el fin de examinarlo y ponerle mi firma.

Sin embargo, ocurrió que cuando lo fui a firmar ya figuraba en el orden del día sin haber sido declarado urgente -que yo sepa- y sin que yo lo hubiera firmado.

Por razones que no es del caso detallar y, mucho menos, con esta afonía que padezco, de un tiempo a esta parte, leo muy cuidadosamente todos los informes antes de firmarlos. En consecuencia, puedo expresar que lo he leído, que estoy de acuerdo con el proyecto e informe y aunque no figure mi nombre en él, le voy a dar mi voto favorable.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - No me anoté, como en general es de estilo hacerlo a los efectos de brindar un informe verbal, porque entendía que el que estaba escrito y acompaña al proyecto de ley y que, por otra parte, está repartido, es suficientemente ilustrativo. Pienso que si algún señor senador tiene observaciones que formular en ese caso las haría y luego yo le daría la información correspondiente.

La única puntualización que deseo realizar frente a las objeciones de trámite que ha hecho el señor senador Rodríguez Camusso, es que cuando en la Comisión se re repartió el informe que nosotros redactamos a los efectos de recoger las firmas de los señores senadores, previamente había sido distribuido en el domicilio de todos los integrantes de la Comisión; si la memoria no me es infiel, con tres días de anticipación.

Comprendo, naturalmente, que el trabajo de un senador le impida estudiar todo el fárrago de papeles que llega a nuestras casas que, en verdad, suman kilos. Evidentemente, es imposible abarcar toda la información que nos llega.

Deseaba hacer esta puntualización porque desde el punto de vista del trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales, pienso que las cosas se hicieron en forma correcta y con el tiempo necesario como para que cada miembro pudiera estudiar la información correspondiente.

Era lo que quería aclarar.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - En cierta medida me siento aludido porque estoy en el ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales.

Este proyecto de ley fue aprobado en la última sesión. Ella fue muy prolongada porque debimos recibir a muchos visitantes extranjeros, como por ejemplo, una delegación de juristas, un ex-Primer Ministro dinamarqués, etcétera.

Iban pasando las horas y algunos señores senadores anunciaron que tenían compromisos de tipo partidario -que entiendo son muy respetables- por los que debían retirarse. Por consiguiente, corríamos el riesgo de quedar sin quórum para el momento de aprobarse las distintas carpetas que debíamos informar al Cuerpo. En esa oportunidad, consulté a todos los miembros presentes, incluyendo al señor senador Rodríguez Camusso, sobre si podíamos proceder a firmar y hacer un acuerdo ficto en todos aquellos proyectos de ley que habían sido informados por algunos integrantes de la Comisión.

Por consiguiente deseo expresar -de lo contrario me sentiría aludido y hubiese obrado mal- que ningún señor senador me manifestó la más mínima objeción hacia ninguno de los proyectos que estaban a estudio.

Entiendo que el señor senador Rodríguez Camusso tiene todo el derecho del mundo a tomarse el tiempo necesario para estudiar un proyecto de ley. Es más; todos los que integramos esta Comisión, sabemos que, más allá de las coincidencias o divergencias, los aportes que ha realizado el señor senador Rodríguez Camusso son sumamente enriquecedores. Estimo, también que si consideraba que no había habido tiempo suficiente como para estar en condiciones de firmarlo, a quien debió decírselo fue al Presidente de la Comisión, ya que éste se tomó el trabajo de consultar a todos sus miembros para saber si ellos estaban de acuerdo en que en el día de hoy se elevasen estos proyectos de ley para su aprobación por parte del Cuerpo.

Reitero que todos los señores senadores consultados expresaron su complacencia, que estaban en condiciones de firmar todos los proyectos en consideración y yo fui el primer sorprendido cuando advertí que ingresaban en el orden del día estos proyectos con la falta de la firma de dos integrantes de nuestra Comisión.

Nada más.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero aclarar que de ninguna manera en mi intervención se intentó establecer ninguna salvedad o crítica con respecto al procedimiento ni de los señores miembros de la Comisión, ni del señor secretario. Simplemente, lo que establezco es lo siguiente: en la última sesión -lo ha recordado bien el señor senador Ferreira- durante horas se estuvo recibiendo a delegaciones muy importantes, la sesión se prolongó bastante más allá de lo previsto, y en el transcurso de la misma, se sometieron a nuestra consideración, a los efectos de las firmas en unos casos y en otros de la decisión, cuatro temas: tres informes y una venia para designar un embajador. Personalmente, como no tuve tiempo de estudiarlos, pedí un día más para hacerlo. Al día siguiente, cuando solicité el repartido para firmarlo, me encontré con que ya estaba en el orden del día sin mi firma.

Por esas razones, señor Presidente, he hecho la aclaración de que la ausencia de mi firma responde exclusivamente a que necesité un día más para estudiar el tema y no a otra cosa.

Además, estoy de acuerdo con el proyecto y lo voy a votar. Asimismo, comparto los términos del informe que, como bien lo ha dicho el señor senador Singer, es muy completo y aclara el punto con toda precisión.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Quiero dejar como constancia que la ausencia de mi firma en el informe no significa que no lo haya acompañado. Lo votaré con mucho gusto y sin ningún problema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al informado).

26) REINO DE THAILANDIA. Acuerdo comercial y memorándum de entendimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en el numeral 8º del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Comercial celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscritos el 14 de setiembre de 1984 en la ciudad de Montevideo. (Carp. Nº 287/85. Rep. Nº 188/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 287/85
Rep. Nº 188/85

Comisión de
Asuntos Internacionales.


MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

ASUNTO Nº 274

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de Julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Acuerdo Comercial celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscrito el 14 de setiembre de 1984 en la ciudad de Montevideo.

El Acuerdo Comercial que se lleva a consideración mantiene las características de los acuerdos marco que la República ha suscrito en los últimos años.

En el sentido antedicho, y como extensión de los propósitos declarados en la introducción del mismo, se enumeran en los primeros once artículos los mecanismos por los cuales se han de producir los arreglos comerciales bajo las condiciones de carácter genérico que han vinculado a las dos naciones a nivel multilateral y bilateral previamente.

Asimismo, se prevé el intercambio de facilidades e información necesarias relacionadas a los futuros movimientos comerciales, de manera de asegurar su fluidez, y de conformidad con las reglamentaciones internas.

Paralelamente se contempla la adopción por las Partes de medidas relativas a los pagos, y sobre medidas de carácter financiero que armonicen con los objetivos y disposiciones del Acuerdo.

Al igual que en otros acuerdos tipo, están previstas regulaciones para que las Partes puedan acceder a ferias y exposiciones con muestras de sus productos.

Los restantes artículos del Acuerdo Comercial están destinados a contemplar los aspectos formales y de interpretación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

ENRIQUE E. TARIGO, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia. Mario César Fernández, Luis A. Mosca.

EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL

DECRETAN:

Artículo 1º - Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia, y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscritos el 14 de setiembre de 1984 en la ciudad de Montevideo.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Mario César Fernández, Luis A. Mosca.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales, aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Acuerdo Comercial celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscritos en la ciudad de Montevideo, el 14 de setiembre de 1984.

Este Acuerdo Comercial mantiene todas las características de los demás acuerdos marco que la República ha suscrito en los últimos años.

En sus primeros once artículos se enumeran los mecanismos por los cuales se han de producir arreglos comerciales bajo las condiciones de carácter genérico que han vinculado a las dos naciones a nivel multilateral y bilateral previamente. Se prevé también, el intercambio de facilidades e informaciones necesarias, relacionadas a los futuros movimientos comerciales, para asegurar su fluidez, y de conformidad con las reglamentaciones internas.

Asimismo, se contempla la adopción por las Partes, de medidas relativas a los pagos, como también las medidas de carácter financiero que armonicen con los objetivos y disposiciones acordadas. Y también están previstas regulaciones para que las Partes puedan acceder a ferias y exposiciones con muestras de sus productos.

Las demás partes del articulado de este Acuerdo Comercial están destinadas a contemplar los aspectos formales y de interpretación del mismo.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Enrique Martínez Moreno, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Juan A. Singer, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Thailandia, y el Memorándum de Entendimiento Anexo, suscritos el 14 de setiembre de 1984 en la ciudad de Montevideo.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 1985.

Enrique Martínez Moreno, Miembro Informante, Juan Raúl Ferreira, Juan A. Singer, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del proyecto, tanto en la discusión general como en la particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al informado)

27) CUENCA DEL RIO SANTA LUCIA. Comisión Honoraria para el estudio de su aprovechamiento integral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el punto que figura en el numeral 9º del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se crea la Comisión Honoraria para el estudio del Aprovechamiento Integral de la Cuenca del Río Santa Lucía. (Carp. Nº 395/85. Rep. Nº 194/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 395/85
Rep. Nº 194/85

Comisión de
Transporte y Obras Públicas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Créase la Comisión Honoraria para el Estudio del Aprovechamiento Integral de la Cuenca del Río Santa Lucia (CHECSL) que tendrá a su cargo el estudio y la preparación de un plan general de desarrollo de la cuenca del mencionado río, en sus aspectos económico, técnico, sanitario, social y cultural.

Art. 2º - La Comisión elaborará, dentro del plazo de noventa días a contar de su constitución, un anteproyecto de las obras necesarias para llevar a cabo el plan general de desarrollo y un programa de actividades concretas para su ejecución.

Art. 3º - La Comisión estará integrada por:

Un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la presidirá.

Un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Un representante del Ministerio de Agricultura y Pesca.

Un representante del Ministerio de Industria y Energía.

Un representante de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Un representante de la Universidad de la República.

Un representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Departamento de Limnología).

Un representante del Consejo de Educación Técnico Profesional, órgano desconcentrado de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que designará el Consejo Directivo Central (CODICEN).

Un representante de cada una de las Intendencias de Canelones, Montevideo, San José, Florida, Lavalleja y Flores.

Art. 4º - Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 1º, la Comisión tendrá el cometido de organizar, orientar y supervisar actividades:

a) Relativas al acondicionamiento y aprovechamiento técnicos del río para tareas de riegos.

b) Tendientes a evitar la propagación de la erosión y a recuperar las tierras erosionadas.

c) De estructuración de un plan de forestación integral.

d) De instrumentación de un vasto plan de piscicultura.

e) De utilización del río en el orden alimentario.

f) Relativas a su aprovechamiento energético.

g) Relacionadas con su explotación turística y recreativa.

Art. 5º - La Comisión contará con los recursos humanos y materiales de las reparticiones especializadas de los Ministerios que correspondan, lo que se concertará previamente con cada Secretaría de Estado, a través de su representante.

Cuando sea requerido el concurso de un Ministerio no representado en la Comisión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará, a solicitud de la Comisión, las gestiones del caso.

Art. 6º - Facúltase a la Comisión para:

a) Requerir el asesoramiento e información que estime necesarios de cualquier organismo del Estado y de los productores de la cuenca.

b) Designar subcomisiones para el cumplimiento de trabajos y/o estudios, si las circunstancias así lo requieren.

c) Recurrir al concurso de entidades especializadas privadas. En este caso la contratación de servicios se regirá por las normas vigentes para las licitaciones públicas.

Art. 7º - El Ministerio de Transporte y Obras Publicas proporcionará a la Comisión, sede, equipos y personal necesarios para el funcionamiento de su Secretaría.

Art. 8º - El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Comisión los montos necesarios para cubrir las erogaciones que requiera el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 9º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de noviembre de 1985.

Antonio Marchesano, Presidente. Héctor S. Clavijo, Secretario.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Transporte y Obras Públicas ha considerado el proyecto de ley recibido con sanción de la Cámara de Representantes, por el cual se crea una Comisión Honoraria para el estudio del aprovechamiento Integral de la Cuenca del Río Santa Lucía.

Se trata de una iniciativa de gran aliento: ya en 1968 nuestro país suscribió con la OEA un acuerdo de asistencia técnica para la ejecución de un Proyecto de Desarrollo de la referida Cuenca, que abarca parte de seis departamentos: Canelones, Montevideo, Lavalleja, Florida, San José y Flores, con una población estimada en 350.000 personas.

Dificultades en la adjudicación de recursos esterilizaron aquel propósito que ahora se replantea.

Esta Comisión entiende de gran importancia la idea de crear una Comisión Honoraria que aconseje en un plazo de 90 días, un anteproyecto de las obras necesarias para conseguir el desarrollo de esa Cuenca y aconseja al Senado su rápida sanción.

Sala de la Comisión, 2 de diciembre de 1985.

Eugenio Capeche, Miembro Informante, Luis Alberto Lacalle Herrera, Miembro Informante, Luis Bernardo Pozzolo, Miembro Informante, José Pedro Cardoso, Guillermo García Costa, Carlos Julio Pereyra, Alfredo Traversoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos, tanto en la discusión general como en la particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión general.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Señor Presidente: este proyecto fue aprobado por unanimidad de los presentes en la Comisión. Por él, se crea la Comisión Honoraria para el estudio del aprovechamiento integral de la Cuenca del Río Santa Lucía, la que tendrá a su cargo el estudio y preparación de un plan general de desarrollo de la Cuenca del mencionado río, en sus aspectos económico, técnico, sanitario, social y cultural. Esa Comisión elaborará, dentro del plazo de 90 días a contar desde su constitución, un anteproyecto de las obras necesarias para llevar a cabo el Plan General de Desarrollo y un programa de actividades concretas para su ejecución.

Además, la Comisión estará integrada por: un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la presidirá; un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; un representante del Ministerio de Agricultura y Pesca; un representante del Ministerio de Industria y Energía; un representante de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; un representante de la Universidad de la República; un representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias; un representante del Consejo de Educación Técnico-Profesional y un representante de cada una de las Intendencias de Canelones, Montevideo, San José, Florida, Lavalleja y Flores, por ser éstas las que estarán más vinculadas a la obra.

Por otra parte, la Comisión contará con los recursos humanos y materiales necesarios de las reparticiones especializadas de los Ministerios que correspondan, lo que se concertará previamente con cada Secretaria de Estado. Asimismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, proporcionará a la Comisión sede, equipos y personal necesarios para el funcionamiento de su Secretaría.

Como en este proyecto lo que se propone es una Comisión para realizar los estudios mencionados, creemos que no habrá mayores problemas para su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Aunque soy miembro informante, quisiera saber qué significa "Departamento de Limnología".

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamento informar al señor senador que la definición no existe en el diccionario, por lo que deberemos votar este artículo en la creencia de que eso existe.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al informado).

28) COOPERATIVAS AGRARIAS. Modificación de disposiciones que regulan su actividad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Batalla, Fá Robaina y Zumarán presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones que regulan la actividad de las cooperativas agrarias."

A la Comisión de Constitución y Legislación. (Texto del proyecto presentado:)

"Carp. Nº 427/85. Rep. Nº 197/85.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El adjunto proyecto de Ley pretende solucionar dos problemas que afectan a las cooperativas agrarias.

Como se sabe, las mismas están regidas por el Decreto-Ley Nº 15. 645, de 17 de octubre de 1984, dictado durante el gobierno de facto, y que derogó la Ley Nº 10.008, de 5 de abril de 1941.

El decreto-ley citado estableció numerosas modificaciones, muchas de ellas sustanciales, al régimen de la Ley Nº 10.008, y ello justifica este proyecto, según se expresa a continuación.

El artículo 1º prorroga por noventa días el plazo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 15.744, de 20 de mayo de 1985.

Dentro de dicho plazo las cooperativas, agrarias deben proceder a la reforma de sus estatutos, con el fin de adecuarlos al decreto-ley vigente.

Sin la prórroga antedicha las cooperativas agrarias que no hubieran modificado, antes del 17 de enero de 1986, una numerosa y variada lista de disposiciones estatutarias, incurrirían en las infracciones que prevee el Decreto-Ley Nº 15. 645 (artículos 52 y 53).

Y muchas de ellas, por explicables razones, no podrán dar fin en el plazo establecido a la compleja tarea que les impone el referido decreto-ley.

El artículo 2º, por su parte, modifica el artículo 51 del Decreto-Ley 15.645 eliminando la inexplicable e irritante desventaja en que dicha disposición coloca, a las cooperativas agrarias frente a las demás sociedades reconocidas por nuestro derecho.

En efecto. El artículo 51, vigente, obliga a aquellas a publicar una serie de datos que hacen al secreto o a la reserva empresariales, y que no se les exigen a las otras sociedades, sean éstas civiles o comerciales especificación de las remuneraciones totales percibidas por los directores, personal superior y profesional; listado de aquellas que hayan operado con, o a través de la Cooperativa, estableciendo el monto anual de las operaciones realizadas).

El mantenimiento de la norma actual, pues, favorece la competencia y las prácticas desleales de empresas que, frecuentemente tienen intereses contrapuestos a los de las cooperativas agrarias.

La disposición sustitutiva, sin perjuicio de asegurar los más estrictos controles oficiales, elimina la apuntada desventaja colocándola en un pie de igualdad con quienes, como se dijo, suelen ser sus duros y frecuentemente implacables competidores.

Juan Carlos Fá Robaina, Alberto Zumarán, Hugo Batalla. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Prorrógase por noventa días el plazo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 15.744, del 20 de mayo de 1985.

Art. 2º - Modifícase el artículo 51 del Decreto-Ley Nº 15.645, del 17 de octubre de 1984, que quedará redactado en la siguiente forma:

"El MAP ejercerá el contralor y la fiscalización de las Cooperativas Agrarias, y vigilará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas contenidas en los estatutos sociales.

A tales efectos, las cooperativas estarán obligadas a llevar los libros y presentar sus balances y demás informes, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, para su revisión y certificación por parte del MAP. Este podrá informar a las mismas sobre el juicio que le merezca la legalidad de su actuación.

El Consejo de Administración deberá:

A) Publicar en el Diario Oficial el balance general y el estado de resultados dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores al cierre del ejercicio social, previa visación de la Dirección General de Contralor Legal del MAP.

B) Publicar, igualmente, la anotación a que se refiere el segundo inciso del artículo 37 de esta Ley.

Asimismo deberá poner en conocimiento de la próxima Asamblea General el informe del Ministerio a que sé refiere el inciso Segundo.

Juan Carlos Fá Robaina, Alberto Zumarán, Hugo Batalla, Senadores."

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Con respecto al proyectó relativo a las cooperativas agrarias, que acaba de entrar al Cuerpo, debo decir que si el mismo pasa a Comisión vencerá el plazo para regularizar los estatutos, cuya prórroga es una de las finalidades de esta disposición. Por lo tanto, formulo moción en el sentido de que este proyecto se incorpore al orden del día de la próxima sesión del Senado, sin previo pase a la Comisión de Constitución" y Legislación.

29) CUENCA DEL RIO SANTA LUCIA. Comisión Honoraria para el estudio de su aprovechamiento integral.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: he pedido la palabra para informar al Cuerpo que "limnología" es la ciencia que estudia los fenómenos físicos y biológicos relativos a los lagos. Por lo tanto habrá que ampliar el concepto a fin de que incluya al Río Santa Lucía.

(Hilaridad.)

SEÑOR PRESIDENTE. - Vemos que la especialidad del señor senador no es solamente la Antártida, sino que se extiende a los ríos y a los lagos.

(Hilaridad.)

30) COOPERATIVAS AGRARIAS. Modificación de disposiciones que regulan su actividad.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para referirme al tema señalado por el señor senador Zumarán.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: no puedo emitir juicio sobre la importancia del proyecto y, con respecto a su urgencia, admito lo que expresa el señor senador Zumarán. Sin embargo, debo señalar que en el día de mañana debemos considerar un tema fundamental como es el relativo a los alquileres y el día jueves tendremos a estudio el tema de las cooperativas, el del Banco de Previsión Social, etcétera. Como se acerca fin de año, preveo que vamos a querer que sean considerados muchos asuntos, y personalmente me resisto a tratar temas sin tener la posibilidad de informarme sobre ellos previamente.

Debo decir que del proyecto al que se refiere el señor senador Zumarán no conozco absolutamente nada. Naturalmente, me parece importante que sea considerado en tiempo, pero reclamo el derecho de poder estudiarlo aunque no en estos días en que está prevista la consideración de temas tan importantes como los que he mencionado, al que debemos sumar el proyecto que establece la derogación de la Ley Nº 15.501.

No me opongo a que el proyecto relativo a cooperativas agrarias se trate sin previo pase a Comisión, pero pido, por lo menos, que se nos dé un tiempo razonable para que todos podamos tomar contacto con su contenido, ya que recién hace unos instantes, al leerse como asunto entrado fuera de hora, tuvimos conocimiento de su existencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que dice el señor senador es cierto, pero estando firmado el proyecto por un senador de cada partido político, en cierta forma sería innecesaria la discusión en la Comisión ya que se supone que todos los sectores políticos han podido tener contacto con el tema a través de alguno de sus integrantes, aunque estos no sean miembros de la Comisión.

No creo que exista inconveniente en incluir este asunto en el orden del día del próximo jueves, ya que se trata de un proyecto muy breve compuesto solamente por dos artículos, que podrá ser considerado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán en el sentido de incorporar este asunto en el orden del día de la sesión del próximo jueves.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Dejo constancia de que he votado negativamente.

31) SESION SECRETA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta con el fin de considerar una venia de Embajador y varias venias de destitución.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Si no entendí mal, la moción de prórroga de la hora era hasta concluir la consideración del décimo punto del orden del día, es decir que deberíamos tratar solamente hasta la venia de Embajador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por razones que el señor senador Ferreira no conoce por su ausencia de estos días, el señor senador Senatore nos hizo notar que las venias de destitución apenas nos insumirán cinco minutos, por lo que posiblemente podremos estudiarlas en el día de hoy.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Es la hora 22 y 11 minutos.)

(Vueltos a sesión pública.)

(Es la hora 23 y 23 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dn Mario Farachio). - El Senado concedió al Poder Ejecutivo el acuerdo necesario para acreditar, en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ministro don Bernardo Rafael Piñeyrúa y resolvió devolver al Poder Ejecutivo, para que se recabe dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil, las solicitudes de venia para destituir a una funcionaria de la Dirección General de la Seguridad Social, un funcionario de la Dirección Nacional de Hidrografía del Inciso 10 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y un funcionario de la Dirección Nacional de Correos.

32) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 23 y 24 minutos presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Cersósimo, Cigliuti, Ferreira, Flores Silva, Pereyra, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Traversoni, Williman y Zumarán.)

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.