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Nº 72 - TOMO 294 - 12 DE NOVIEMBRE DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

71ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente,

el SEÑOR CARLOS J. PEREYRA 2do. Vicepresidente

y el DOCTOR JOSE P. CARDOSO 3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Atentado perpetrado contra la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Declaración

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve postergar la consideración del asunto por 24 horas.

5) Proyecto presentado

6) Vivian Trías. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor senador Cardoso.
- Adhesión del señor senador Rodríguez Camusso.

7) Barrio "La Chacarita". Condiciones de vida de sus pobladores

- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura, a UTE, a OSE, a ANTEL y a la IMM.

8) Banco Hipotecario del Uruguay. Créditos para asentamientos de viviendas prefabricadas

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve enviar la versión taquigráfica al Banco Hipotecario del Uruguay.

9) Señor senador Hugo Batalla. Solidaridad y repudio del Cuerpo ante amenazas recibidas

- Manifestaciones del señor senador Croce.
- Intervención del señor senador Batalla.
- De acuerdo con la moción del señor senador Croce, se resuelve expresar la solidaridad del Cuerpo y el repudio ante las amenazas de que ha sido víctima en forma reiterada, el señor senador Batalla.

10) Doctor Lorenzo Carnelli. Homenaje por el 25º aniversario de su fallecimiento. Exposición

- Exposición del señor senador Rodríguez Camusso.

11) Juzgados Militares de Primera Instancia y de Instrucción y Fiscalías Militares. Su reducción. Defensorías Militares Letradas de Oficio. Modificaciones de sus designaciones y competencias

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Rectificación de trámites

- De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Ricaldoni, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, se resuelve con relación a los proyectos de ley que figuran en las Carpetas Nos. 44, 225 y 350 de 1985.

13) Convenio Sanitario Veterinario

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Convenio de Intercambio Cultural

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) UTE y BIRF. Convenio de Préstamo

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado por el miembro informante, señor senador Singer, se resuelve incluirlo en primer lugar del orden del día de la sesión de mañana.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, noviembre 11 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 12, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición de veinte minutos del señor senador A. Francisco Rodríguez Camusso en homenaje a la memoria del Dr. Lorenzo Carnelli.

(Carp. Nº 347)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se reduce el número de los Juzgados Militares de Primera Instancia y de Instrucción las Fiscalías Militares y se suprimen los cargos de Defensores de Oficio Letrados.

(Carp. Nº 326 - Rep. Nº 123)

3º) Por el que se aprueba el Convenio Sanitario Veterinario, suscrito en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoeslavia.

(Carp. Nº 261 - Rep. Nº 130)

4º) Por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República y los Estados Unidos Mexicanos.

(Carp. Nº 343 - Rep. Nº 131)

5º) Por el que se aprueba el Convenio de Préstamo y su correspondiente Convenio de Garantía celebrado ante la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000, destinado a financiar el Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico.

(Carp. Nº 258 - Rep. Nº 126)

6º) Informe de la Comisión Investigadora sobre la Compra de Centrales Telefónicas Digitales efectuada por ANTEL relacionado con los procedimientos vinculados al negocio de compra directa y sin licitación, efectuado por ANTEL a la Compañía Ericson.

(Carp. Nº 115 - Rep. Nº 150)

7º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que designa con el nombre de "Enrique Amorim" a la Escuela Nº 81 del departamento de Salto.

(Carp. Nº 348 - Rep. Nº 147)

8º) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

un funcionario de la Comisión Nacional de Educación Física, Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 13 de noviembre de 1985) (Carp. Nº 302 - Rep. Nº 127).

un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence 19 de noviembre de 1985) (Carp. Nº 311 - Rep. Nº 137).

dos funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas. (Plazo constitucional vence 19 de noviembre de 1985) (Carp. Nº 312 - Rep. Nº 138).

una funcionaria de la Dirección General de la Seguridad Social. (Plazo constitucional vence 26 de noviembre de 1985) (Carp. Nº 150 - Rep. Nº 139).

un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence 26 de noviembre de 1985) (Carp. Nº 318 - Rep. Nº 140).

un funcionario de la Comisión Nacional de Educación Física, Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence 9 de diciembre de 1985) (Carp. Nº 334 - Rep. Nº 148).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 10 de diciembre de 1985) (Carp. Nº 338 - Rep. Nº 149).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Cadenas, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Croce, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Ferreira, Paz Aguirre, Ubillos y Lenzi; con aviso, el señor senador Batlle.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, noviembre 11 de 1985.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

Por el que se establecen normas para la designación de las Rutas Nacionales.

(Carp. Nº 398/85)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Por el que se desafecta del patrimonio del Estado, un inmueble sito en la ciudad de Salto, y se autoriza su venta a la Cooperativa Agropecuaria Limitada de Salto (CALSAL).

(Carp. Nº 399/85)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Ministerio de Defensa Nacional acusa recibo del pedido de informes presentado por el señor senador Hugo Batalla, relacionado con el trámite dado a la orden de detención dictada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 5º Turno, respecto del Teniente Coronel José Nino Gavazzo.

-A disposición del señor senador Hugo Batalla.

El Ministerio de Agricultura y Pesca remite las siguientes notas:

Por la que acusa recibo del pedido de informes formulado por el señor senador Hugo Batalla, relacionado con los antecedentes existentes respecto a la transformación jurídica de la Cooperativa Agropecuaria de Productores de Arroz (COOPAR Ltda.) en sociedad anónima.

-A disposición del señor senador Hugo Batalla.

Por la que acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor senador Hugo Batalla, relacionada con la conservación de la fauna y flora en la cuenca de la Laguna Merín.

-A disposición del señor senador Hugo Batalla.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley, por el que se establecen normas para la restitución de funcionarios públicos destituidos.

(Carp. Nº 400/85)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor senador Alberto Zumarán presenta un proyecto de ley, con exposición de motivos, por el que se establecen normas para indemnizar a los productores agrícolas ribereños perjudicados por las extraordinarias y discontinuas crecidas del río Uruguay con motivo de la transformación de su cauce natural a río embalsado por la represa de Salto Grande.

(Carp. Nº 401/85)

-A la Comisión de Agricultura y Pesca.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota, relacionada con la difícil situación económica que afecta a las Intendencias del país.

La Junta Departamental de Rocha remite nota a la que adjunta el texto de la exposición formulada por el señor edil José Ciganda, relacionada con los remates de decomisos de aduana.

La Junta Departamental de Artigas remite nota por la que apoya la moción de su similar de San José, para que se arbitren los medios que en otras épocas asistieron a las Intendencias (Impuesto a los combustibles).

La Junta Departamental de Río Negro remite nota relativa al Presupuesto Nacional y la distribución de sus recursos.

La Junta Departamental de Durazno remite nota relacionada con las Cooperativas de Viviendas por el régimen de Ayuda Mutua y los trámites que deben realizarse ante el Banco Hipotecario del Uruguay en relación a las mismas.

La Junta Departamental de Colonia remite las siguientes notas:

Relacionada con la iniciativa de su similar de San José, por la que solicita que se arbitren las disposiciones relativas al Impuesto a los Combustibles.

Por la que solicita la reducción del precio de los combustibles para uso rural.

-Ténganse presentes".

4) ATENTADO PERPETRADO CONTRA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Declaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Dardo Ortiz, Enrique Cadenas Boix y Luis Alberto Lacalle Herrera, presentan un proyecto de declaración relacionado con los atentados terroristas perpetrados contra la Suprema Corte de Justicia de Colombia".

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Deseo formular una consulta a la Mesa, señor Presidente.

Hemos presentado este proyecto de declaración -en otras oportunidades se han hecho llegar iniciativas similares a la Mesa- y quisiéramos saber si es necesario esperar para considerarlo, la próxima sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Internacionales o si, por el contrario, el hecho de presentar una declaración que tiene, no digo urgencia pero sí cierta actualidad, como es ésta referida a los atentados terroristas ocurridos en Bogotá, admite la posibilidad de que la Mesa convoque a una reunión extraordinaria. No sé cuál es el trámite habitual en estos casos, del que no queremos desviarnos, aunque sí solicitar una cierta celeridad en el tratamiento de este asunto porque, de lo contrario, se postergaría demasiado. De ser posible, desearíamos que fuera tratado en el día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - El trámite normal sería enviarlo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Cuerpo, pero si el señor senador Lacalle Herrera -o algún otro señor senador- formula moción para que el proyecto de declaración sea distribuido e incluido en el orden del día de mañana, no habría inconveniente.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Formulo moción en ese sentido, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: sin perjuicio de que el Senado pueda declarar urgente la consideración del tema cuando lo estime pertinente, señalo que la experiencia autoriza a pensar -ya que hay antecedentes en esa materia- que es conveniente que un proyecto de declaración de ésta o parecida naturaleza pase por la Comisión de Asuntos Internacionales.

Al mismo tiempo, estamos de acuerdo en que no tiene sentido demorar una declaración como la propuesta, durante una semana. Por lo tanto, se me ocurre, -ya que hay varios miembros de la Comisión presentes en Sala- que tal vez podría realizarse una reunión extraordinaria de la Comisión en el día de mañana, a primera hora de la tarde, antes de la sesión del Senado, e incluir el asunto en el orden del día correspondiente a ésta, con informe de la Comisión, a efectos de que pueda ajustarse la redacción del proyecto de declaración a los términos que, en lo posible, reflejen el sentir general del Cuerpo.

Si los señores senadores proponentes y los compañeros de Comisión están de acuerdo, formulo moción en ese sentido, señor Presidente.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: desde el punto de vista formal, no tengo nada que objetar a lo manifestado por el señor senador Rodríguez Camusso; pero también digo, como senador miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, que la tragedia que tuvo lugar en Bogotá tiene tal entidad, que el Cuerpo bien podría considerar este tema como urgente y tratarlo hoy mismo.

Esa es mi posición, señor Presidente. No formulo moción expresa en ese sentido, porque el procedimiento que corresponde, desde el punto de vista formal, es el que ha expuesto el señor senador Rodríguez Camusso. Sin embargo, adelanto que éste es mi criterio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que hay consenso en el sentido de postergar la consideración de este asunto veinticuatro horas, ya que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y sería preferible que viniera al plenario un texto estudiado de antemano por la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Lacalle Herrera, con el complemento propuesto por el señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PROYECTO PRESENTADO

"Carp. Nº 401/85

COMISION DE
AGRICULTURA Y PESCA

PRODUCTORES AGRICOLAS RIBEREÑOS DEL RIO URUGUAY. INDEMNIZACION POR CRECIDAS

Montevideo, 5 de noviembre de 1985.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el presente proyecto de ley, se pretende alcanzar la solución más viable para indemnizar a los productores agrícolas ribereños perjudicados por las crecidas extraordinarias y discontinuas del Río Uruguay con motivo de la transformación de su cauce natural a río embalsado por la represa de Salto Grande.

En efecto, con motivo de la construcción de la mencionada represa, y en base a informes técnicos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, se procedió a expropiar aquellas tierras a las que se presumía iba a llegar la onda expansiva de las aguas, según el manejo de las cotas. De esta forma, los productores de la zona conocieron los límites de seguridad en sus predios y cuáles eran las zonas riesgosas para el cultivo, por el peligro de inundaciones.

Empero, en los hechos, los cálculos fueron rebasados por la realidad. Así, por primera vez en 1979, la cota prevista de 35 aumentó hasta 39 y, con ello, el arrasamiento de cultivos y viviendas de los agricultores ribereños, fundamentalmente productores de caña de azúcar y arroz. El fenómeno se repitió luego en oportunidades posteriores y así se dañaron las cosechas 80/81 y 81/82.

Los hechos fueron conocidos y constatados por las autoridades de la época. Entre otros, corresponde citar a la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio de Agricultura y Pesca; la Dirección de Intereses Marítimos y Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Tal fue la magnitud del problema y del daño ocasionado a los productores, que a iniciativa del Poder Ejecutivo se envió un proyecto de ley al Consejo de Estado (Carpeta Nº 215 del año 1982), que no llegó a sancionarse pues fue retirado a solicitud del Poder Ejecutivo para introducirle modificaciones y nunca enviado nuevamente al Consejo de Estado. Aquella omisión es, pues, la que se pretende subsanar con el actual proyecto.

Con todo, es menester aclarar que éste proyecto sólo apunta a solucionar los daños ocasionados por las referidas crecientes en los cultivos, postergando para un futuro proyecto, todo lo referente a las limitaciones a la propiedad de la tierra (servidumbres y expropiaciones) con motivo de la fijación de nuevas cotas en el embalse.

El articulado es muy breve y apunta, en primer lugar, a declarar la responsabilidad del Estado en los hechos referidos, por entenderse que se trata de un caso de claridad meridiana en ese aspecto, y de puntual aplicación de la norma constitucional respectiva (art. 24 de la Constitución Nacional).

En segundo lugar, a los efectos de evaluar los daños y calcular las indemnizaciones, se crea una comisión honoraria con representación del Poder Ejecutivo, de los productores y de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Se establece que las indemnizaciones serán costeadas con los fondos propios de la Delegación Uruguaya, lo que no hace más que seguir el principio aplicado hasta el momento, en cuanto a que los costos de indemnizaciones, expropiaciones, servidumbres, etc., son de cargo de la Delegación del país respectivo.

Por último, se establece la inembargabilidad de las indemnizaciones que se otorguen, en atención a que con dichas cantidades de dinero, además de reparar el daño sufrido, se pretende estimular o reactivar a los productores perjudicados, estímulo éste que se perdería si dichas cantidades quedaran a merced de eventuales acreedores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase que el Estado es civilmente responsable de los daños causados a los agricultores ribereños, por las crecidas extraordinarias y discontinuas del Río Uruguay a río embalsado, con motivo de la construcción de la represa de Salto Grande.

Art. 2º. - Con la finalidad de establecer el monto de los perjuicios a indemnizar en cada caso, créase una Comisión Honoraria que funcionará en la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca, el que proveerá los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 3º. - Dicha comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo de la siguiente forma: dos de ellos a propuesta del Poder Ejecutivo, uno de los cuales la presidirá; uno a propuesta de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar; uno a propuesta de la Asociación de Plantadores de Arroz y uno a propuesta de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Las referidas propuestas deberán formalizarse en el plazo máximo de treinta días a partir de la vigencia de esta ley.

Art. 4º. - Las indemnizaciones que fije esta comisión, se pagarán con cargo a los fondos propios de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y el pago se hará en la misma forma que los realizados con motivo de expropiaciones por la Comisión Técnico Mixta referida.

Art. 5º. - Las indemnizaciones que se paguen a los productores perjudicados serán inembargables.

Art. 6º. - La comisión adoptará sus decisiones por mayoría absoluta y dictará el reglamento que regule su actuación en el plazo máximo de sesenta días calendario a partir de su instalación.

Art. 7º. - Comuníquese, etc.

Alberto Zumarán. Senador".

6) VIVIAN TRIAS. Homenaje en su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa. Están anotados para hacer uso de la palabra los señores senadores Cardoso, Rodríguez Camusso y Lacalle Herrera.

Tiene la palabra el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: la Cámara de Representantes ha rendido homenaje pleno de justicia de Vivian Trias, un legislador que la integró con brillo singular hasta el día en que el Parlamento fue abatido por la fuerza.

No pudo volver a integrar la Cámara como, sin duda, lo habría decidido el Partido Socialista, porque su vida, todavía joven, se apagó cuando el país no había recuperado aún el derecho del pueblo a elegir los Poderes constitucionales y a resguardar su libre funcionamiento.

Representantes de todos los partidos unieron sus voces para evocar a una de las figuras más singularmente talentosas y fecundas de las que han honrado con su ejecutoria la gestión pública encomendada por sus conciudadanos.

Espero que el señor Presidente y los señores senadores comprendan que, aunque se haya cumplido en la Cámara de Representantes el homenaje parlamentario que la personalidad de Trías requería, yo obedezco al imperativo de dejar aquí la expresión de mi emocionado, de mi admirativo recuerdo para el querido compañero y amigo, cuya figura crecerá a medida que en este joven país nuestro decanten los valores más auténticos y más profundamente identificados con el destino nacional.

Estoy seguro de que este juicio sobre su personalidad no está influido por la amistad y por el afecto que a él me unieron sentimientos que fácilmente inspiraban su generoso corazón y el sentido solidario, amplio y comprensivo de su vida.

El haber estado en la misma e intensa brega política, el haber podido apreciar la solidez y la trascendencia de sus planteos públicos pero, sobre todo, haber visto cómo aquel hombre, en medio de la lucha y de las responsabilidades políticas, sin abandonar la docencia, aun despojado de su cargo de profesor de historia, en medio de todas las exigencias de la militancia legal o ilegal, estando libre o en la cárcel, encontró tiempo y energía para estudiar los grandes problemas del país y de América Latina y escribir libros cuyas tesis, cuyos aportes a la historia y a las realidades económicas y sociales de nuestros pueblos, serán progresivamente reconocidos.

He sentido verdadera complacencia cuando, hace unos días al leer el primer tomo de la obra histórica que ha emprendido el señor senador Aguirre Ramírez, encontré el reconocimiento del aporte de Trías al estudio de los mismos hechos rioplatenses.

Abordó -lo reitero- los grandes temas nacionales vinculados con su economía, con su historia, con su futuro libre de la expoliación extranjera, con el uso de su tierra y con la concepción de un socialismo nacional, que tanto ha influido en el pensamiento de nutridas corrientes de la juventud uruguaya.

Grandes temas fueron también los que desarrolló en algunos de sus libros, al estudiar el desarrollo de un viejo drama: el asedio de un imperialismo que no ha ahorrado al continente ninguno de los caminos por los que busca la continuidad de su dominio.

Oyendo los discursos pronunciados en la Cámara de Representantes, he sentido que el vacío que dejó la pérdida de Trías puede ser atenuado por el reconocimiento amplio de la fertilidad de la semilla que sembró.

Lo sentí con más fuerza cuando la Cámara resolvió designar una Comisión de su seno que prepare una selección de las principales obras de Trías para que sus ideas, sus investigaciones, y sus juicios, aunque no reúnan -que no reunirán- unanimidades en las opiniones estén al alcance de los estudiosos, y quizás lo más importante, en manos de los legisladores del futuro, aportando elementos valiosos para sus propias definiciones y sus propias acciones.

Fui hace pocos días un espectador, un testigo identificado con el acto que se realizó en la Cámara de Representantes. Hoy me valgo de la posibilidad reglamentaria de formular esta declaración desde la tribuna del Senado, para dejar constancia de mi adhesión plena -política, ideológica, afectiva- al homenaje recordatorio y, al mismo tiempo, de nobles y elevadas proyecciones, rendido a nuestro Vivian.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: una primera palabra para dejar expresa constancia de mi total y emocionada adhesión al justísimo homenaje a la memoria del querido y excepcional compañero frenteamplista, que fue Vivian Trías.

7) BARRIO "LA CHACARITA". Condiciones de vida de sus pobladores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirse a otro asunto, puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En el día de hoy, quiero completar una exposición que había formulado en la hora previa de la sesión inmediata anterior, en la que había aludido a la situación en que se encuentran decenas de miles de compatriotas que residen en una de las zonas que rodean la ciudad de Montevideo, refiriendo a las condiciones en que se vive en el barrio denominado "La Chacarita", en la zona que circunda el Camino Maldonado, fundamentalmente entre los kilómetros doce y trece. Hay allí un conjunto de problemas realmente afligentes que han determinado, por parte de los habitantes de esta zona, el planteo de sus dificultades y sus insuficiencias a numerosos sectores del Gobierno Nacional. Naturalmente, falta trabajo. La inmensa mayoría de los hogares se encuentra privado de ingresos regulares. Cuando éstos se producen, responden a salarios de una mezquindad total.

Se estima que en este momento hay en el departamento de Montevideo cerca de un centenar de barrios, asombrosamente llamados cantegriles. En ellos viven decenas de miles de uruguayos en fincas ruinosas, en casas de inquilinato y en pensiones de diversa naturaleza en condiciones de completo hacinamiento. Sin embargo esta no es gente que carezca de hábitos de trabajo ni mucho menos. Por las condiciones actuales del país se ven obligados a canalizar su actividad en changas que se pagan muy mal, en ventas callejeras, en recolección de residuos y estas son actividades que, como es notorio, están marginadas de toda norma de seguridad social. No solamente están obligados a sacrificar horarios interminables, si no que además no se puede dar asignación familiar a los hijos. Los adultos se acercan a la vejez en medio de un desamparo total y, por otra parte, la gente ya anciana, naturalmente no se encuentra en condiciones de soportar las durísimas condiciones de vida de esos llamados cantegriles.

Hay que expresar que solamente en el caso concreto del barrio "La Chacarita" alrededor de un 20% de la población adulta posee trabajo estable. Algunos son empleados municipales; otros, peones de taxi; hay trabajadores de la estiba, enfermeras de Salud Pública y obreros de la construcción, entre otro tipo de actividades.

Por lo tanto, se impone sin demora poner énfasis especial en la reactivación de fuentes de trabajo, a través de los distintos organismos de la Administración Pública vinculados a cada uno de los temas, en el atendimiento de las condiciones indescriptibles en que vive esta gente; en zonas a las cuales raramente llegan actividades de orden político-partidario y más raramente aún la presencia de componentes de una u otra rama del Parlamento Nacional.

Hay que empezar por establecer que prácticamente allí no se puede hablar de viviendas. Son apenas refugios que no pueden ser catalogados dentro de ningún tipo normal de viviendas. Son construcciones hechas con chapas viejas, con palos; en algunos casos, lo más privilegiados, con paredes de bloque sin revocar, con arpilleras, etc. Pero, además, esos refugios están situados en terrenos inundables a la orilla de cauces de agua contaminada y casi siempre alejados de donde se concentran las posibilidades de trabajo, con absoluta falta de servicios.

Este tema ha sido planteado reiteradamente a la Intendencia Municipal de Montevideo. Se han establecido contactos, se han entregado memorándum, se han recibido algunas visitas pero, en realidad la situación se mantiene en toda su dramática dureza. Se ha iniciado por parte de estos humildes vecinos la construcción de un salón comunal, como expresión clara de la voluntad común y organizada de trabajar seriamente sobre estos temas.

Por lo demás, hay que hacer notar que en esta zona se requiere un estricto control de los artículos básicos de la canasta familiar. Porque ocurre que dada la situación económica en que allí se vive, las compras se hacen en condiciones especiales, por cantidades mínimas y con frecuencia muchos artículos, incluso de primera necesidad, duplican prácticamente el valor de la unidad normal de costo a raíz de las condiciones en que son comprados. Es decir, aquel artículo cuyo kilogramo cuesta, por ejemplo, N$ 200,00, si se va a comprar de a 100 ó 150 gramos, porque no hay disponibilidad económica inmediata, termina costando el doble o el triple.

Además, allí no hay ninguna forma de asistencia médica, ni preventiva ni asistencial. En absoluto. Es un barrio en el que hay aproximadamente 200 niños y cerca de un centenar de adolescentes. En la población infantil, el índice de ausentismo y de abandono escolar es alarmante. Entre los adolescentes ninguno cursa estudios y entre los adultos el analfabetismo es importante.

Por otra parte, no hay pavimentación alguna. Cuando llueve, toda esta gente queda anclada en sus ranchos porque se genera un barro tremendo que incluso impide caminar. No existen ni siquiera sendas peatonales.

En cuanto a salubridad, hay que hacer notar que las ratas, las cucarachas y otras alimañas de esa naturaleza forman parte de la existencia cotidiana.

Reiteradamente, numerosos niños han sido mordidos por ratas, haciéndose la correspondiente denuncia a la División de Salubridad de la Intendencia. Este organismo ha realizado visitas y ha cumplido actuaciones pero, la verdad es que estas acciones son muy limitadas porque solamente atienden los efectos y no las causas.

Por otra parte, tampoco se ha obtenido que se instrumente la recolección de residuos, que no se efectúa. Esto obliga a los vecinos a que contaminen aún más las aguas del arroyo La Chacarita, pues la gente se ve obligada a arrojar los desperdicios en él.

En cuanto a lo que tiene que ver con el agua potable, hay que hacer notar que no menos de 500 personas cuentan sólo con dos postes para su abastecimiento y tienen que hacer largas colas, con cualquier circunstancia atmosférica, para proveerse en esas canillas públicas. Además, ese servicio es utilizado por numerosos vecinos de zonas adyacentes, que se encuentran en situaciones similares. Las autoridades de OSE están informadas respecto de esa situación.

Tampoco existe ningún teléfono público; reiteradamente se ha reclamado la instalación de una cabina a la altura de Camino Maldonado y Ovidio Fernández Ríos. Se trata de personas que están absolutamente aisladas, especialmente durante la noche, los feriados y fines de semana.

En suma: no cuentan con dinero, no pasan ómnibus por la zona, no tienen teléfono, y no tienen ni agua potable, ni saneamiento, ni rutas peatonales.

Se ha reclamado la limpieza o canalización del arroyo La Chacarita, que se nutre de aguas servidas y de residuos industriales de fábricas vecinas. Hace ya años que este planteamiento ha sido sucesivamente reiterado.

Estas son, señor Presidente, las condiciones en que viven miles y miles de compatriotas, y ello solamente en el departamento de Montevideo.

Entendemos que estos temas tienen que ser planteados y examinados a los efectos de que sean resueltos. En este sentido, vamos a solicitar -lo hemos hecho en reiteradas oportunidades y seguramente si seguimos viendo cosas así en nuestra permanente recorrida por el departamento, lo seguiremos planteando- que la versión taquigráfica de estas palabras sea pasada al Ministerio de Educación y Cultura, a UTE, a ANTEL, a OSE y a la Intendencia Municipal de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase a los mencionados organismos.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Créditos para asentamiento de viviendas prefabricadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: queremos aprovechar el tiempo que nos otorga el Reglamento para hacer un planteamiento referido al tema de la vivienda que nos parece puede coadyuvar a solucionar el grave problema social y aun económico que se está viviendo.

Ultimamente hemos leído en la prensa de los ambiciosos planes de construcción que, sin lugar a dudas, han puesto nuevamente al Banco Hipotecario en el camino y en el cumplimiento de la labor social que dio motivo a su nacimiento.

En nuestro país, especialmente en Montevideo, todavía hay espacios, solares y terrenos que no están ocupados, ya que por suerte nuestra ciudad no ha sido aquejada por el gigantismo y por la necesidad de construir edificios de propiedad horizontal. En esos espacios se puede intentar hacer realidad no solamente la habitación, sino la habitación en pequeñas propiedades que afinquen a la gente a un pedazo de tierra, a un solar. De esta manera, no solamente se lograría la solución al problema del techo, sino asentar los hogares en el hábitat tan criollo, que representa disfrutar de un pequeño pedazo de tierra y poder estar en contacto directo con la naturaleza. Así se evitaría el mero amontonamiento de gente en edificios, donde los apartamentos -muchas veces muy pequeños- son verdaderos cubículos que impiden el desarrollo de una vida familiar normal, con niños que puedan jugar, gritar, disfrutar de una planta o de un árbol y con mayores que en algún instante del día también puedan estar a la intemperie. Pero, por el contrario, los vamos acumulando en esos altos edificios que pueden ser necesarios en otras ciudades del mundo, pero que todavía no lo son en la nuestra.

¿A qué hacemos alusión, señor Presidente? Tanto en el ámbito del Banco Hipotecario, como en el ambiente cooperativo de las viviendas construidas por ayuda mutua, como -evadiéndonos del ámbito montevideano- en el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, tenemos que tratar de que los préstamos se orienten hacia la construcción de viviendas prefabricadas a fin de dar solución al problema habitacional. En muchas partes del mundo, especialmente en Brasil -para dar una referencia cercana- el primer escalón de la solución al problema habitacional está dado por este tipo de vivienda. Por cierto que este tipo de construcción, frente a la de mampostería, que se construye para veinte, treinta o cincuenta años, no tiene una duración similar. Tampoco se trata de algo demasiado precario que pueda implicar que solamente para una generación represente la solución al problema de su vivienda.

En nuestro país hemos visto desde modelos íntegramente fabricados en madera nacional -en ese momento recordamos una vivienda prototipo que conocimos en el aserradero instalado en la ciudad de Bella Unión- hasta los construidos en fibrocemento, que se encuentran en exposición y podrán ser vistos por quienes transiten por la Avenida Eugenio Garzón; pasando por aquellos que, mediante la adecuación de chapas de acero corrugado o liso y la incorporación de elementos aislantes, se arman fácilmente, como un juego de niños, constituyendo verdaderos chalés. Estas viviendas, desde su aspecto agradable hasta la funcionalidad, el abrigo y el amparo que prestan, muchas veces tienen ventajas sobre las más lentas construcciones de mampostería que, además, resultan más onerosas. Además, se presta para que la mano de obra benévola, es decir, aquella que no tiene costo -porque es la de los propios interesados- disminuya considerablemente no solamente en el tiempo que insume la construcción, sino también en el dinero que se emplea en ella.

Entendemos que en el momento de encararse renovadamente -hecho que todos tenemos que mirar con regocijo- un protagonismo por parte del Banco Hipotecario en la solución del problema habitacional, debería concederse por lo menos un tiempo de reflexión a estas ideas que sugerimos. Además, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de su asentamiento social y de la radicación de las personas, Montevideo se presta para ello, porque aún tiene espacios libres y, por lo tanto, puede solucionar el problema mediante la instalación de viviendas prefabricadas en solares. Con este tipo de urbanización no se acumularía a la gente en edificios de apartamentos, repito, con los consiguientes problemas de convivencia que muchas veces se reflejan en la propia vida familiar.

Sin perjuicio de que las obras de largo alcance sigan el camino tradicional de las construcciones de mampostería, consideramos que debe abrirse un crédito para posibilitar que, mediante la utilización de tecnología, de materia prima y de imaginación nacionales, se incorpore a los planes de financiamiento del Banco Hipotecario a la vivienda prefabricada. Pensamos que de esta forma rendiría más la suma que dicho Banco destinará a estos planes que los mismos se podrían realizar en un plazo menor y que mediante el otorgamiento de préstamos para casas -en lugar de unidades horizontales- se lograría un asentamiento de carácter siciológico mucho mayor que el que podría obtenerse con estos préstamos.

Mociono en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Lacalle Herrera, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

9) SEÑOR SENADOR HUGO BATALLA. Solidaridad y repudio del Cuerpo ante amenazas recibidas.

SEÑOR CROCE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CROCE. - Quería proponer al Cuerpo una moción de solidaridad para con el señor senador Hugo Batalla, donde se exprese el repudio por las amenazas de que ha sido víctima nuestro compañero de Cuerpo.

Este tipo de hechos lamentables, señor Presidente, son los resabios del régimen de facto y son llevados a cabo por personas enfermas que no merecen integrar una sociedad pacífica, como es y quiere seguir siendo la nuestra, en esta nueva etapa de democracia.

En ese sentido, formulo moción, señor Presidente.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Creo que ha hecho bien el señor senador Croce en traer este tema a colación porque, en realidad, tal como lo señala, la amenaza a uno de los integrantes de este Cuerpo, es un resabio del régimen que pasó pero que, sin embargo, ha dejado secuelas y nostálgicos que aspiran retornar a situaciones que el país entero quiere superar. Mucho más allá de la condición que una amenaza de éstas implica para la vida de un ser humano y el repudio que ello provoca, se trata además de un legislador y, esto no incide naturalmente en la censura del hecho pero, sí, en la fraternal solidaridad que le debemos a un excepcional ciudadano, como lo es el señor senador Batalla.

Quiero adherir expresamente a las manifestaciones del señor senador Croce.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Quiero expresar, señor Presidente, en nombre de mi sector político, el agradecimiento por la adhesión hacia el compañero Batalla, quien desde algún tiempo viene siendo perseguido por estos señores que desde las sombras inquietan, molestan y además crean un clima enrarecido; por nuestra parte, queremos mantener la tranquilidad.

Es evidente que estos señores, en alguna medida, deben sentirse muy protegidos, además de la que les da el accionar desde el anonimato. Digo esto porque así como se pueden conocer y detectar células que hacen daño a una sociedad, sea cuál fuere su signo, parece ser que éstas, que realizan la amenaza desde las sombras ensañándose particularmente con el señor senador Batalla, lo hacen con mucha más impunidad que otras, sobre todo en momentos en que este país reacciona después de un largo período y una desgraciada noche de autoritarismo.

Por tanto, señor Presidente, agradezco al Senado sus expresiones y lamento que esto suceda y siga sucediendo a pesar de que todos lo rechazamos.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En nombre del sector de mi partido, quiero expresar nuestra adhesión plena y sin reservas al propósito que inspira esta moción y damos nuestra más completa solidaridad al compañero Batalla.

A su vez, manifestamos nuestro repudio al acto cobarde y vil de gente que se maneja desde el anonimato, queriendo desestabilizar las instituciones nacionales y pretendiendo comprometer la seguridad pública y la tranquilidad social en la persona de uno de los demócratas más competentes y cabales que tiene nuestro Parlamento. El señor senador Batalla se ha distinguido por estar en primera fila en la lucha contra la dictadura y su acción política, cualesquiera sean las discrepancias naturales que puedan existir, merece de nuestra parte el máximo respeto.

La forma como se ha actuado en este momento contra el compañero Batalla, involucrando en la amenaza a sus descendientes, debe constituir una de las manifestaciones más retorcidas y repudiables de la vileza y la cobardía.

Estamos en completo acuerdo con lo manifestado por los señores senadores que han hecho uso de la palabra y presentamos a nuestro querido amigo, distinguido legislador y dirigente político, las expresiones de nuestra solidaridad sin reservas, en momentos de protagonizar esta dolorosa y delicada peripecia de su vida política. Queremos decir, asimismo, que él no está solo, sino que el pueblo oriental está junto a él, en este momento en que todos levantamos nuestra voz para repudiar la cobardía de la amenaza.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - Quisiera simplemente hacer una reflexión que considero muy justa.

Cuando en el seno de un Cuerpo como éste se formula una proposición de solidaridad como la que ha hecho el señor senador Croce -la que al parecer concita la adhesión de todos sus integrantes por un sentimiento casi primario de solidaridad- es absolutamente claro que ella tiene un sentido muy especial precisamente por ir dirigida a un hombre de altos valores humanos, como de los que es poseedor el señor senador Batalla.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Queremos expresar, en nombre de nuestro sector en particular y en nombre del Frente Amplio en su conjunto, nuestra solidaridad para con nuestro querido amigo y compañero, el señor senador Batalla.

Claro está que todos lamentamos lo sucedido, esperamos que este tiempo pase y que por fin termine. Evidentemente, estas amenazas que van dirigidas a su persona y a lo que más quiere -su propia familia- lo preocupan no sólo a él, sino a toda la ciudadanía sana del país.

Quisiera hacer una reflexión que siempre debe estar presente en estos casos y que ojalá alcance a los autores anónimos de estas amenazas: los hombres que como el senador Batalla tienen principios y han consagrado su vida a la defensa de ellos no se amedran ni se amedrentan con estas cosas; por el contrario, han de continuar con su lucha. Evidentemente, todo esto no es más que un intento desestabilizador de una democracia que todos queremos sostener y defender y que, particularmente, tiene en el senador Batalla a uno de sus más fieles defensores.

Reiteramos nuestra solidaridad total con el compañero Batalla y, a la vez, nuestro reconocimiento al señor senador Croce por haber presentado esta moción que gustosamente vamos a acompañar.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Queremos expresar nuestra adhesión a las manifestaciones de solidaridad para con el señor senador Batalla, que sería la misma respecto de cualquier otro integrante del Cuerpo, si en este caso no estuvieran además teñidas por un sentimiento de afecto, que es ya de larga data.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - En nombre de nuestro sector político queremos expresar nuestra solidaridad con el señor senador Batalla en estos momentos de grandes dificultades y preocupaciones por las que está atravesando él y su familia.

Conocemos al señor senador Batalla desde hace algún tiempo y siempre hemos visto en él a una persona merecedora de respeto, poseedora de gran dignidad y equilibrio para enfrentar todos los problemas.

Recuerdo que en el año 1973 -momentos difíciles que no quiero siquiera mencionar- el ahora senador Batalla expresó: No me voy, no me retiro y aquí estoy para demostrar que no tengo ninguna preocupación. Solamente me aflige el hecho de que el país haya perdido la libertad.

Lamentablemente, el señor senador Batalla es objeto de injustas agresiones.

En consecuencia, señor Presidente -coincidimos totalmente con las expresiones del señor senador Cigliuti- repudiamos las amenazas contra la persona y la familia del señor senador Batalla y nos solidarizamos íntegramente con su persona.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: sería innecesario que expresáramos nuestro pleno apoyo a la oportuna moción que ha presentado el señor senador Croce que, sin duda, recoge el sentimiento unánime del Senado, de toda la opinión pública del país y de todas las personas que poseen espíritu democrático y respeto por los valores humanos.

El señor senador Batalla, como aquí se ha señalado, no sólo goza del alto respeto de este Cuerpo y de nuestra amistad, sino que es un paradigma de las mejores virtudes cívicas que adornan a nuestra ciudadanía y, además, un hombre esencialmente tolerante con las opiniones ajenas, aunque sin embargo hoy es víctima de la intolerancia que creíamos haber erradicado del país.

Con estas sencillas palabras, señor Presidente, quiero dejar constancia de mi absoluta solidaridad para con la persona del señor senador Batalla y deseo resaltar, al mismo tiempo, el acierto que ha tenido el señor senador Croce al presentar la moción que, sin duda, el Senado va a votar por unanimidad.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: deseo expresar a mi amigo, el señor senador Batalla, mi total y plena solidaridad.

Conozco muy bien estas situaciones, señor Presidente, porque siendo apenas un niño de tres años de edad, unos asesinos amenazaron a mi padre y quemaron nuestra casa. En ese momento pude haber muerto. Sé lo que es la maldad humana, cuando se manifiesta contra un ciudadano altivo y digno, y conozco, lamentablemente, lo que significa llevar a cabo esas amenazas ya que junto a mi familia fui objeto de hechos similares.

La cultura que un hombre puede lograr mediante su esfuerzo, estudio y capacidad, atesorando valores intelectuales en la disciplina que cada uno ha elegido para practicar y cultivar esta vida, ha sido puesta de manifiesto en la persona del señor senador Batalla.

Vivimos en un mundo violento, señor Presidente, en el que los gobernantes de las naciones más poderosas de la tierra se amenazan recíprocamente todos los días y construyen infernales máquinas para destruir al hombre, poniendo en peligro de desaparición a toda la humanidad.

La historia nos demuestra que cuando esas máquinas infernales se ponen en manos de hombres, falibles -todos lo somos-, tarde o temprano se llega a cometer la barbaridad inconsciente de destruir la civilización. Esa tecnología debería ser aplicada a crear todos los bienes necesarios para preservar la vida, para erradicar el hambre en el mundo y combatir las enfermedades y la miseria; pero, sin embargo, se emplea para fines muy distintos.

Lamentablemente, a nuestras playas, hace ya muchos años, llegó la locura infernal de jóvenes que sin ideología alguna, eligieron la violencia para resolver los problemas sociales, económicos y políticos de nuestro pueblo. Finalmente, fracasaron en su experiencia homicida y suicida; también le fue mal a la democracia uruguaya. Recién en estos momentos estamos tratando de emerger dificultosamente de las consecuencias que provocaron esos y otros hechos.

Días pasados leí un libro titulado "Elige la vida", en el que se hacía mención a la correspondencia que intercambió un filósofo budista, Ikeda, y el sabio historiador inglés, Toynbee. Amo el sol, como religión universal, y por lo tanto elegí la vida para orientar mis actos, para ocuparme fundamentalmente de todos aquellos valores que reafirman y superiorizan al ser humano y desterrar de mi conciencia y de mi época los actos de barbarie como son los que hoy amenazan al señor senador Batalla y a su familia. Se trata de una bellísima persona desde el punto de vista profesional, político y humano; es un ejemplar padre de familia y abuelo y al mismo tiempo, un gran amigo.

Por lo tanto, el señor senador Batalla, repito, tiene mi total solidaridad. Puedo interpretar perfectamente su estado de ánimo, porque sufrí en carne propia la maldad inconsciente de aquellos que un día pretendieron aniquilar a mi padre y que finalmente fueron abatidos. Por lo tanto, sé lo que se siente en esos momentos por haber sido rescatado de una casa en llamas junto con mi madre y mis dos hermanos pequeños.

¡Cómo no voy a expresar, entonces, señor Presidente, mi preocupación ciudadana, mi admiración y solidaridad para con el señor senador Batalla, a quien conozco desde hace muchos años y al que considero como a un hermano, que trabaja desde su perfil intelectual y por el camino que eligió para construir una sociedad mejor! ¡Cómo podría no expresar mi adhesión para con él y su familia y reprobar todo lo malo que implican esas amenazas que sin sentido se han lanzado hacia su persona!

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: naturalmente deseo expresar del modo más sentido y hondo la solidaridad que sentimos hacia el señor senador Batalla, víctima de este atentado con amenazas a través de su familia.

Hechos como éstos nos hieren a todos, no sólo por tratarse de un uruguayo y de un senador, sino porque él ha sabido granjearse el respeto de todos cuantos le conocen y tratan.

Este es el resultado del cúmulo de ignominias heredado de la dictadura y sabemos que el señor senador Batalla será inconmovible frente a este y a todo tipo de amenazas, porque no fue amilanado por ellas en épocas mucho más difíciles cuando cumplía su función de abogado.

El espíritu autoritario e intolerante de la dictadura, parece haber quedado calado hasta los huesos de algunos individuos que están en esta tarea.

Siento, señor Presidente, el deber de expresar esta solidaridad porque, además, todos deben saber, incluso los miserables que cometen estos actos, que el Senado de la República y la democracia entera reaccionan como un solo hombre frente a atentados de esta naturaleza.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Permítame, señor Presidente, que al comenzar mis palabras viole el Reglamento del Senado y les diga compañeros senadores.

En esta cruza difícil que somos -siempre resulta así al tratarse de un calabrés y de una siciliana- la consecuencia es una terca obcecación en determinados principios.

Todos me conocen. Nacimos en un modesto suburbio de Montevideo, y desde allí aprendimos a querer y a amar a este país y a su pueblo.

Quienes elegimos un destino y un camino determinados sabemos, naturalmente, los riesgos a los que estamos expuestos. La dictadura deja secuelas como éstas.

Todos saben -y por Dios no lo digo porque tenga vocación de mártir o de héroe- que me muevo permanentemente solo, desarmado, sin guardaespaldas. Eso ha ocurrido así en épocas de la dictadura y, también, durante la democracia. Pienso que si en el período de la dictadura procedí de esa manera y circulé por el país sin protección alguna, no tendría sentido que no lo hiciera de la misma manera en estos momentos.

Uno se pregunta a qué tienden estas amenazas. Simplemente a que uno deje de realizar lo que entiende debe hacer.

Para los que hemos elegido un camino cuyos riesgos conocíamos y sólo ansiamos ser dignos de la responsabilidad que se nos confió, lo único que cabe es el atentado, porque la amenaza no surte efecto. Y entonces, digo: ¡Qué hermoso es vivir y morir por un pueblo!

Agradezco, compañeros, todo el apoyo expresado en Sala. Días pasados recordaba, cuando homenajeábamos a un amigo muerto, que en la medida en que uno avanza en la vida va luchando por menos cosas, pero esas por las que sigue batallando las siente mucho más profundamente. Una de las cosas por las que uno debe luchar, por encima de todo, es por el amor, el respeto, la tolerancia y dignidad humanas.

Por eso, compañeros, agradezco las palabras amables y la solidaridad, que es lo que uno siente por encima de todo; y les digo, que nada de esto modifica lo que es para mí una verdad indestructible: tarde o temprano, lo quieran o no todas estas fuerzas que están conspirando contra la democracia, los pueblos encuentran siempre su destino.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase por Secretaría, la moción formulada por el señor senador Croce.

(Se lee:)

"El Senado de la República expresa su solidaridad para con el señor senador Hugo Batalla y repudia las amenazas de que ha sido víctima en forma reiterada. (Firma) Senador Juan Pablo Croce".

-Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

10) DOCTOR LORENZO CARNELLI. Homenaje por el 25º Aniversario de su fallecimiento. Exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Camusso, para formular una exposición de veinte minutos en homenaje a la memoria del doctor Lorenzo Carnelli.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: es sabido que la simiente en tierra que está en barbecho, aun buena, no da frutos y procuramos con este sencillo homenaje, impedir que una figura de significación excepcional en la historia de nuestro país no rinda, en la debida proyección, los frutos que apetecemos.

No pretendemos hoy reducir este homenaje a una crónica retrospectiva y no ambicionamos, tampoco, deducir de él ubicación en ninguna de las complejas.

Habíamos solicitado efectuarlo en el pasado mes de octubre y la consideración del Presupuesto lo impidió. En ese mes, se cumplieron 25 años del fallecimiento del doctor Lorenzo Carnelli y, precisamente, el 6 de octubre, 66 años de aprobación, de aquella ley, fundamentalmente debida a su esfuerzo, que determinó un hito en la historia de la legislación de la previsión social en nuestro país: la de creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Servicios Públicos.

Lorenzo Carnelli estuvo durante toda su vida inscripto, con firmeza, en la raíz blanca del ser nacional.

Fue, al mismo tiempo, rebelde ante cualquier forma de complacencia e intransigente ante todo estilo de concesiones, y su vida fue, en síntesis, la lucha entre su fidelidad a la tradición y la sentida necesidad de profundos cambios sociales a los que procuró servir desde su enfoque partidario nacional.

Sentimos la necesidad de asomar a él, porque sus valores no han muerto; a diferencia de tantos que en vida concitan el fervor de multitudes y, desaparecidos de la existencia, se pierden en el olvido y la oscuridad, otros, son resistidos por las mayorías por atípicos, por complejos, por avanzados, en resumen, por anacrónicos. Sin embargo, desaparecidos, su proyección los acrece.

Los problemas de su tiempo subsisten en gran medida. Muchos interrogantes permanecen y por eso pensamos que Lorenzo Carnelli tiene un importante lugar dentro de nuestro tiempo.

Durante toda su existencia fue un hombre que hizo ejemplo de su desinterés material. Ya en su primera juventud, talentoso y activo abogado, sostuvo ante malas prácticas electorales, el criterio abstencionista. Sin su autorización fue inscripto en una lista de candidatos y resultó electo; pero en aras de la concepción que en minoría había defendido, la abstencionista, renunció al desempeño de una banca para la que tenía indudable talento y visible vocación.

Durante una larga década intensa y compleja, desde los años, 1912 y 1913 hasta 1923 y 1924, desde el Comité Popular Nacionalista primero, desde el Comité Radical Nacionalista después, prepara el camino.

Joven, brillante, con palabra galana, pluma erudita y estilo pulido, enfrentó desde el comienzo grandes dificultades. Nunca evitó el radicalismo de sus concepciones, planteadas en un medio que las rechazaba. Había una mayoría que indudablemente no lo comprendió y una minoría en cargos dirigentes de la vida política y del orden social y económico, que lo comprendía, y por eso lo rechazaba.

Ya entonces tuvo que responder a algunas apreciaciones superficiales. "Hay pazguatos que se imaginan que el radicalismo como entidad política surgió por generación espontánea; no saben ver el trabajo previo de arado. ¡Y qué dura estaba la tierra!", escribió.

Llegó al Parlamento y su actuación legislativa fue descollante. Hay definiciones que van pautando en términos generales, mucho más que una larga enumeración de sus discursos o sus proyectos, las líneas fundamentales de su pensamiento y de su organización política.

Tomamos así, de una obra fermental, de proyección inmensa en muchos de sus aspectos. "El radicalismo blanco", procedente de la primera mitad de la década del veinte, un par de párrafos. Dice allí Carnelli: "La libre contratación dentro del industrialismo es una mentira más agregada a esa inmensa mentira de la justicia económica y el derecho social que consagran las legislaciones vigentes. El salariado sucedió a la servidumbre como la servidumbre a la esclavitud y el salariado actual, que bracea y pugna en el desconcierto ideológico de esa falsa libertad de contratación que significa para los patronos el derecho de estrujar a los obreros, pagándoles lo que quieran y expulsándolos cuando quieran, así como para los arrendadores el derecho de esquilmar a los arrendatarios, cobrándoles lo que quieran y desalojándolos también cuando quieran, mientras que para los proletarios significa la hermosa libertad de someterse o de morirse de hambre, se asemeja a aquella esclavitud según Herodoto, de los antiguos escitas, segando a sus prisioneros para abandonarlos a su inútil albedrío en medio del desierto sin barrera; doble desierto de la tierra estéril y de las sombras circundantes".

Tuvo definiciones muy precisas en su lucha interna. Agrega en ese mismo documento: "nada buscamos para nosotros al declararnos radicales. Si le ofreciéramos al Directorio la renuncia de nuestro obrerismo tendríamos asegurada la paz, pero no lo hacemos porque opinamos que entre el oficialismo conservador y la clase proletaria debemos estar con ésta, aunque ello nos cueste nuestras buenas luchas y sinsabores".

No se limitó a las apreciaciones inmediatas en el plano social o en el plano partidario. La definición del pensamiento político fue marcando con claridad el pensamiento de "El radicalismo blanco". Con referencia a la presencia ya indeseable y discutida de capitales extranjeros que hacían su pingüe negocio a costa de nuestro pueblo y que algunos aplaudían y otros rechazaban, en el año 1926, decía en el Boletín Radical: "Tenemos, por lo tanto, ingleses para rato y tendremos también conservadores que se apiadarán de ellos proclamando que huirán con sus capitales si se les obliga a alguna otra contribución".

Decíamos al comienzo: tiene sentido en nuestro tiempo, y muchas de sus transcripciones vale la pena meditarlas.

Discutió intensamente las formas de una democracia representativa que llevaba a extremos de absolutismo y de ortodoxia irrestricta a las fuerzas más conservadoras. Sintió de un modo quizá todavía informe e incompleto, pero sí preciso, la necesidad de acercar los sectores populares a las grandes definiciones nacionales. Decía: "He aquí la inteligencia que dan los conservadores a la idea de representación. Para ellos el pueblo debe ser tenido en cuenta y respetadas sus opiniones sólo en los momentos electorales. Entonces sí, hay que hablar de la soberanía, del derecho del pueblo y de las preferencias del electorado; pero conseguida más tarde su representación, no hay que llevarle más el apunte y cada uno debe obrar como le parezca".

Tuvo asimismo una visión clara de la llamada conciliación de clases, discutiendo una vez tras otra los eternos problemas que dentro de las sociedades capitalistas se plantean entre los poseedores y los desposeídos. Carnelli escribía hace 60 años: "La cuestión consiste en saber si para salvaguardar la industria, si para ponerla en condiciones de sostener la concurrencia extranjera es necesario aniquilar las fuerzas del niño, ahogar las energías del padre, agotar las actividades de la madre, desorganizar el hogar, destruir la familia y dar por base de la prosperidad industrial, la ruina moral y material de los trabajadores. Yo creo que debe siempre primar el interés del trabajador sobre el interés de la industria".

Carnelli diputado sintió de modo directo la presencia de aquellos sectores de la vida nacional que estaban marginados prácticamente de todo derecho y de toda forma de seguridad social. Supo que el origen de las inquietudes y de las renovaciones está en la gente, y que los conductores lo son en la medida que sean capaces de interpretar una colectividad, una época, un medio. La famosa ley del 6 de octubre de 1919 no fue un rapto de inspiración ni una genialidad: fue el fruto de sucesivos contactos de Lorenzo Carnelli con grupos de trabajadores que en forma silenciosa ya se ocupaban del tema.

Recuerdo de mis años de mocedad, en los primeros tanteos militantes, a un inolvidable amigo de avanzada edad ya en aquel entonces, don Bolívar Meléndez, un partícipe directo en aquellas reuniones iniciales, que nos contaba detalladamente cómo Lorenzo Carnelli no transmitió, sino que recogió e interpretó, el aura de renovación y de concreción de justicia social que alentaba en aquellos trabajadores ferroviarios. No se limitó a las jubilaciones y pensiones la inquietud social del legislador Carnelli; la extendió al Seguro de Trabajo, al Seguro de Vejez, al paro forzoso, al seguro por enfermedad, al mutualismo, a la vivienda, a la lucha contra los vicios sociales. Cada uno de estos campos fue objeto de iniciativas, de proposiciones, de inquietudes fecundas desde la banca que ocupaba Lorenzo Carnelli, quien, además, tuvo la permanente preocupación de acompañar cada una de esas iniciativas con fórmulas que les dieran efectiva viabilidad económica para su concreción en los hechos reales e inmediatos.

Fue, además, Lorenzo Carnelli un político realista que comprendió ya en aquel tiempo la necesidad de concientizar e ilustrar a los trabajadores. El era plenamente consciente de que la mayoría de éstos aún no comprendían su inserción dentro del enfrentamiento de intereses y de los choques que representa una organización social clasista. Sabía distinguir entre la adhesión personal y la que reflejaba concepciones sociales. Por eso propuso siempre criterios y proyectos de orientación distinta, según se dirigieran -60 años atrás, claro está- a obreros de la ciudad o a trabajadores del campo; y lo explicó claramente. Dijo Carnelli: "Los empleados y obreros alientan un ideal de emancipación económica y pugnan por escalar las posiciones más altas. Los peones de chacra y de estancia lo subordinan todo a un romántico desprecio por lo que consideran bajos materialismos. Aquéllos integran una fuerza que organizan incesantemente para combatir al patrono; estos otros, eminentemente individualistas, reacios a todo género de agremiación, porque cada uno está acostumbrado a cortarse sólo, ni se asocian ni sienten la necesidad de asociarse. Y sí, en una ley como la del salario mínimo, por ejemplo, aquéllos colaborarían a la obra inspectiva que procurara su más estricto cumplimiento, estos otros concurrirían tal vez a obstaculizar toda empresa fiscalizadora, sacrificándose abnegadamente en beneficio del patrón, que con frecuencia es su caudillo, su jefe o su amigo".

Clara distinción, en la segunda década de nuestro siglo, entre el sentido de la sindicalización y la lucha colectiva de los desposeídos y la acción individual respondiendo al clientelismo y a la vinculación personal entre el estanciero y el peón.

Fue Carnelli un luchador indoblegable. Conviene también recordar -y cada uno de nosotros extraer las conclusiones que prefiera sobre algunos hechos actuales- que ya entre los años 1929 y 1930, ante un Consejo de la Facultad de Derecho que hacía oídos sordos a reclamaciones estudiantiles, se creó, organizó y funcionó durante más de un año la denominada Facultad Libre de Derecho. Allí fue profesor de Derecho Penal el doctor Lorenzo Carnelli.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: como está por finalizar el término de que dispone el orador, formulo moción para que se prorrogue.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Agradezco, señor Presidente, la votación y procuraré no extenderme con exceso.

El doctor Lorenzo Carnelli cumplió, según unánime apreciación de todos los especialistas, una brillante actuación como profesor de Derecho Penal. En esa materia hay una suma de obras que traducen la profundidad de sus concepciones y señalan de modo especial su impar talento en esta materia.

Entre sus obras, que los especialistas señalan como destacadas, vinculadas con temas de Derecho, mencionemos las tituladas: "Algunos conceptos de legislación sobre procedimiento civil". "Las cuestiones de procedimiento civil", prolongadas por el doctor Alejandro Lagarmilla, "El hecho notorio", "El hurto de uso en la doctrina y en la legislación", "La investigación técnica de la paternidad y su aplicación en el Derecho", "Los caracteres grupales en el Derecho y la Ley", "Notas básicas para una identificación ontológica del proceso", "Las máximas experiencias en el proceso de orden dispositivo", tres estudios sobre reforma procesal y un proemio a una recopilación de obras de Pablo de María, reconocido como una obra de trascendencia y profundidad excepcionales.

Carnelli fue un inmenso luchador. Cuando las instituciones fueron alteradas en 1933, contra ello y fue preso. En agosto de 1933, apenas liberado, participa en una manifestación pública organizada por los estudiantes, en plena dictadura. En aquella manifestación estaba Lorenzo Carnelli junto a Justino Zavala Muniz, a Carlos Quijano y a nuestro entrañable compañero José Pedro Cardoso. Inmediatamente después de ser detenido, fue deportado. Durante prácticamente un cuarto de siglo, desde el punto de vista político, se mantuvo en silencio.

Se ha escrito y examinado su obra "Tiempo y Derecho", que publicara entonces, con una filosofía de contenido existencialista, de actualidad en estos tiempos, en que en tantos órdenes la existencia desplaza al viejo concepto de ser. Esta es una obra importante en la filosofía del derecho y en la historia.

En Buenos Aires integró un grupo de altísimo nivel que sostenía, inspirado en las orientaciones del eminente Hans Kelsen, la teoría ecológica del Derecho.

No podemos decir que Carnelli haya sido esencialmente un historiador; pero como todo político importante buscó en el pasado de su pueblo elementos que enriquecieran sus concepciones.

Escribió un libro importante y significativo -"Oribe y su época"- polémico, documentado y firme, cuya lectura es altamente recomendable en un país donde, como en todas partes, los vencedores, ocasionales o no, dan el tono preponderante a los estudios históricos. Lorenzo Carnelli buscó y encontró en el oribismo la definición de su concepción histórica. Ratifica y actualiza la misma -trasladada a su pensamiento político- en su mencionada obra "El radicalismo blanco". Allí califica con dureza, discutible pero respetable, la concepción nacionalista de 1872, por lo que estima su vaguedad y sus contradicciones, así como el desplazamiento que en su opinión representaba la interpretación más pura de aquella raíz blanca a la cual se sentía adherido.

¿Cómo sintetizar personalidad tan vasta, tan compleja, buscando sus elementos esenciales?

Lorenzo Carnelli afirmó, inquebrantablemente, su adhesión a la raíz blanca del ser nacional y, al mismo tiempo, procuró inscribirse en tendencias de profunda transformación económica y social. Reclamó tolerancia en los aspectos internos de su colectividad política e intransigencia en sus relaciones con otras fuerzas. Chocó casi siempre con la prevalencia de opciones contrarias. Predominaban -y no solamente entonces- la dureza y la intransigencia internas, los acuerdos, la tolerancia y aun los pactos con las fuerzas contrarias. Ese primer plano en que ubicó siempre sus concepciones tradicionales, lo impulsó a negativas rotundas en cuanto a acuerdos electorales. Y esa afirmación permanente de valores sociales, con las contradicciones internas que ello ineludiblemente le representó, lo condujo a apoyar acuerdos con fuerzas no componentes de su partido, pero que reflejaran aproximaciones ideológicas. A ese respecto, uno de los dramas del blanquísimo Carnelli fue muchas veces, en temas legislativos muy diversos, aparecer en contradicción con gente de su misma raíz tradicional y en coincidencia con legisladores de otras fuerzas políticas.

Lo comentaba gráficamente y decía: "...pero en tanto que las diversas parcialidades que integran la tendencia avanzada se anulan entre sí, por simples resquemores de amor propio, enzarzadas en estériles disputas de hombres y no de ideas, las parcialidades opuesta, fracciones a su vez de partidos antagónicos, se entienden perfectamente manteniendo subterráneas vinculaciones, aun por debajo de las mismas barreras que separan a estos partidos en el fragoroso campo de la política general". Ya sabía Lorenzo Carnelli que, en definitiva y en esencia, las divisiones esenciales se operaban por encima de los límites de concepciones conservadoras.

Percibió también -y cuánto lo valoramos- la diferencia sustantiva que existe entre la formulación teórica y la acción efectiva, y lo definió con una claridad que renunciamos a igualar. Dice Lorenzo Carnelli (sesenta años atrás, lo reitero), en su inconfundible estilo: "Nosotros, los blancos radicales, sostenemos que los programas no se aprecian por lo que prometen, sino por lo que permiten realizar, no por las conquistas que quieren, sino por la forma práctica y factible de cómo las quieren; en el sentimiento platónico y enclaustrado; en el anhelo moral que, sin salir del espíritu, tiende sus alas hacia esas grandes idealidades, penumbrosas y genéricas de justicia, bienestar e igualdad. Todas son avanzada. ¡Cuesta tan poco! Partidos políticos, agrupaciones ideológicas, hombres de buena voluntad. Nada dijo Proudhon con declarar que sólo aspiraba al mayor bien de la humanidad y el tribunal que le enjuiciaba tuvo razón al contestarle que, en ese caso, todos, acusadores y acusados, eran culpables del mismo delito. En la aspiración pura y simple, nadie se confiesa conservador. La diferencia aparece y con la diferencia, la lucha, apenas se realiza el primer esfuerzo positivo por el ideal; apenas se sale de la abstracción para actuar en la vida; apenas se transforma el soñador y pacífico Alonso Quijano en el andante y combativo caballero Don Quijote de la Mancha".

Y agregaba, a raíz de polémicas reiteradas que se plantearon por aquel entonces: "Tanto es así, que puedo anotar de paso, como una verdad evidente, la observación de que si el oficialismo, por ejemplo, le mueve guerra implacable al radicalismo blanco, es porque sabe bien que éste, aunque se comporta como un aliado político -lo que no le interesa mayormente- se caracteriza por su definida y sincera orientación obrerista, orientación que perfila al lívido reflejo de los mismos rencores directoriales, con una actuación que procura ser cada vez más práctica, más efectiva, más real. Y es sobre todo esta acción, la que azuza los odios conservadores. Mientras las ideologías se encierren entre las cuatro paredes de una conciencia; mientras los avancismos se reduzcan al inútil flamear de las arengas tribunicias; mientras los ideales, por deslumbrantes que sean, sólo sirvan para encandilar a los electores y hacerlos caer en las urnas, tal como las fogatas que, sobre las costas, encendía el filibustero para que encallaran los barcos durante las noches tempestuosas, no hay reproches, no hay censura. Por el contrario, siempre aparece quien señale jubiloso la gran farsa, como una prueba de la libertad que se disfruta; siempre aparece quien reedite las consabidas frases".

Carnelli, como decía recién, luego de ser expulsado de su partido, tras quedar en franca y decidida minoría, después de estar preso por su oposición a una dictadura, finalmente fue desterrado. Se dedicó a una de sus vocaciones indudables: el Derecho. Editó una publicación memorable, "La Ley"; se especializó en la defensa de los humildes, de los marginados. Algunos se lo criticaron; su respuesta fue dura, casi impublicable.

Ya septuagenario, Carnelli volvió. No era un gladiador vencido, pero era un gladiador quieto; ya su reino era el del silencio. Carnelli sabía, sin duda, que su lucha no era una competencia que se definiera en términos de victoria o de derrota; no se trataba de decir que Carnelli ganó o perdió. Lo que él representó, aquello por lo que actuó, iba, va y seguirá yendo mucho más allá. El, sin duda, sintió que había cumplido su ciclo y que vendrían otras generaciones que lo continuarían y lo desarrollarían.

Recordemos a este respecto una de sus apreciaciones más trascendentes. Pero antes, quiero mencionar algunos otros detalles.

En mi juventud fui funcionario de la Caja de Jubilaciones, durante algunos pocos años, llamada por aquel entonces, de Industria y Comercio y de Servicios Públicos. Era un muy joven funcionario que ocupaba, naturalmente, el último grado del escalafón administrativo y en más de una de las secciones en que me desempeñé, tuve jefes carneístas y, además, a lo largo de toda nuestra militancia política, hemos conocido siempre carneístas, hijos de ellos, aun nietos de ellos. Siempre hemos sentido que quien actuó junto a él, aquél cuyo padre o abuelo actuó junto a él, de algún modo, siente la proyección de un fuego sagrado.

Familias enteras en Montevideo, Tacuarembó y Soriano, que actúan dentro de la política tradicional o fuera de ella, tienen un sello, tienen un signo: cerca de ellas pasó el pensamiento, la inquietud y la acción de Lorenzo Carnelli.

Al recordar al Carnelli del regreso, al recordar al Carnelli ya silente, que volvió callado y recogido al Partido que lo había expulsado, queremos decir que recibió homenajes y que superó todos los agravios recibidos y también, a veces, prodigados.

Fue premonitorio lo que 35 años atrás, en plena lucha, había escrito: "Poco nos importa que por su aberración inaudita nos nieguen la razón y nos desconozcan el derecho elemental de sostenernos; los hechos se encargarán de hacernos justicia. Estamos con la causa del pueblo; la causa del futuro es la causa destinada a triunfar; a ésta sí que nadie la detendrá. Nadie detendrá, en efecto, y menos aún con simples mentiras, el movimiento de emancipación económica en que nos hemos enrolado; lo impulsa una fuerza eterna de renovación, embridada en leyes naturales; avanza irresistible y soberana; no habrá fuerza humana capaz de contrarrestarla. En nuestro país hará su obra como en todas partes". Que la haga o no, en qué medida y a cargo de quién o de quiénes, también es tema de nuestro tiempo.

Lo dijimos al comienzo y lo reiteramos al final: homenajeamos, no polemizamos; evocamos, no discutimos. Las opciones de cada uno están tomadas y son notorias.

La inserción de Carnelli en lo blanco, como tradición, fue absoluta; también lo fue su adhesión a formas muy avanzadas para su tiempo y que aún hoy lo son en el orden económico y social. Padeció la superposición de ambas concepciones. No creemos en los iluminados, pero sí en los conductores que interpretan anhelos reales.

Cuando miramos el esplendoroso siglo XIII, culminación del pensamiento medieval dentro de los límites que le permitían sus concepciones básicas, cabe preguntarse qué hubiera sido de ellos sin la transformación previa que realizaron los agricultores y los ganaderos; cuando recorremos los trazos de la maravillosa hora de los grandes florentinos, de sus genios, sus artistas, sus creadores y sus intelectuales, nos preguntamos qué hubiera sido de ellos sin la acumulación de riqueza que determinó la acción de sus artesanos en aquel tiempo incomparable. A Carnelli también lo interpretamos en la medida en que expresa a su tiempo.

Con un grupo de amigos del Movimiento Popular Frenteamplista -que representamos en este Senado- hemos acordado tomar de este Cuerpo unos minutos para rendir homenaje a la memoria de Lorenzo Carnelli y, sustancialmente, a su obra, y plantearnos los problemas que aún en nuestro tiempo están pendientes y acerca de los cuales su obra nos ilumina. Queremos que ella se examine y que se extraigan las conclusiones que cada uno prefiera, pero que se le conozca. Lorenzo Carnelli lo merece porque, sin duda, es un grande de nuestra historia.

11) JUZGADOS MILITARES DE PRIMERA INSTANCIA Y DE INSTRUCCION Y FISCALIAS MILITARES. Su reducción. Defensorías militares letradas de oficio. Modificaciones de sus designaciones y competencias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se reduce el número de los Juzgados Militares de Primera Instancia y de Instrucción y Fiscalías Militares y se suprimen los cargos de Defensores de Oficio Letrados. (Carp. Nº 326/85, Rep. número 123/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 326/85. Rep. Nº 123/85

Esta Comisión ha considerado y aprobado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se reducen los Juzgados Militares de 1ª Instancia y de Instrucción y Fiscalías Militares y se modifican las designaciones y competencias de las Defensorías Militares Letradas de Oficio.

Como lo manifiesta el Poder Ejecutivo en el propio Mensaje del proyecto, de acuerdo a las estadísticas realizadas en los últimos tiempos, los expedientes iniciados en los Juzgados de Instrucción han decrecido sustancialmente, acentuándose en este año, situación que la Comisión comparte totalmente.

Es indudable que las actividades de las Fiscalías Militares, así como las que efectúan las Defensorías de Oficio, también están sujetas a una situación de cambio, puesto que al disminuir el porcentaje de causas en los Juzgados de Instrucción, no existe razón para que prosigan funcionando en un marco jurídico que en la actualidad no corresponde.

Por otra parte, al ser eliminadas las competencias atribuidas a los Tribunales Militares -a través de la sanción de la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, que derogó los artículos de la Ley Nº 14.068, de 10 de julio de 1972 (Ley de Seguridad del Estado), que ampliaban sus atribuciones- avalan la necesidad de estructurar la justicia militar dentro de un contexto jurídico acorde con la realidad actual que vive el país.

Por lo expuesto precedentemente y en atención a la situación jurídico institucional que debe imperar en la República, es que esta Comisión aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 1985.

Juan José Zorrilla, miembro informante; Hugo Batalla; Raumar Jude; Juan Martín Posadas. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º Redúcense a dos los Juzgados Militares de Primera Instancia, previstos en el artículo 79 del Código de Organización de los Tribunales Militares, con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976.

Art. 2º Redúcense a tres los Juzgados Militares de Instrucción, previstos en el artículo 81 del Código de Organización de los Tribunales Militares, con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976.

Art. 3º Redúcense a dos las Fiscalías Militares previstas en el artículo 89 del Código de Organización de los Tribunales Militares, con la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 14.099, de 20 de diciembre de 1972.

Art. 4º Sustitúyese el artículo 85 del Código de Organización de los Tribunales Militares, por el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 85. Habrá tres Defensorías Militares Letradas de Oficio, cuyos titulares serán nombrados por el Poder Ejecutivo entre los Oficiales del Escalafón Justicia Militar con título de Abogado. Los Defensores Militares Letrados de Oficio tendrán su residencia en la capital de la República y actuarán por turnos que fijará el Supremo Tribunal Militar".

Art. 5º El Supremo Tribunal Militar redistribuirá las causas pendientes ante los actuales Juzgados Militares de Instrucción y Juzgados Militares de Primera Instancia, entre los Juzgados que mantengan sus funciones, y lo mismo sucederá con las causas seguidas por las Defensorías Letradas de Oficio. El Ministerio de Defensa Nacional redistribuirá las causas pendientes, entre las Fiscalías que no son suprimidas.

Art. 6º El Supremo Tribunal Militar redistribuirá los funcionarios, bienes muebles y útiles afectados a los Juzgados y Defensorías que se suprimen.

Art. 7º (Transitorio). Los titulares de los cargos que se suprimen quedarán adscriptos a la Presidencia del Supremo Tribunal Militar hasta el cumplimiento del período para el cual fueron designados o hasta que se le confiera nuevo destino.

Art. 8º Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 1985.

Juan José Zorrilla, miembro informante; Hugo Batalla; Raumar Jude; Juan Martín Posadas. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: el proyecto está repartido, por lo que formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura en la discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: debo decir que voy a votar complacido este proyecto de ley, entre otros motivos, porque se va aproximando al ideal de que la Justicia Militar se tecnifique. En la medida en que se requiere la calidad de abogado para ejercer alguno de los cargos previstos en él, vamos aminorando el problema que plantea uno de los perfiles más vulnerables de la Justicia Militar: que la misma sea impartida por personas profanas en Derecho, lo cual parece francamente inadmisible en relación a nuestro grado de civilización. Esta situación no es nueva ni se comenta por primera vez; la Comisión redactora de los Códigos Militares, presidida por don José Irureta Goyena hace 50 años, decía al respecto, que a nadie se le ocurriría que el servicio sanitario de las Fuerzas Armadas fuera desempeñado por personas que no tuvieran la calidad de médicos. "Sin embargo" -agregaba- "la Administración de Justicia Militar, que constituye un servicio de tanta importancia como el anteriormente mencionado y que para su buen y correcto desempeño exige de sus miembros la posesión de conocimientos de técnica jurídica, los que no pueden adquirirse sino después de serios esfuerzos, de estudios disciplinarios a través de muchos años, no ha logrado aún esa consideración funcional de competencia probada, exigencia ésta que hace mucho que está definitivamente incorporada a los ejércitos bien organizados. A nadie se le ocurriría admitir que una persona que no sea un cirujano, realizara una operación y, si lo hiciera, la norma penal castigaría tal hecho imputándole el ejercicio ilegal de una profesión. Pero para dictar una sentencia, instruir un sumario o desempeñar las funciones de Ministerio Público, funciones complejas que exigen conocimientos técnicos firmemente adquiridos y sólidamente sistematizados, no ha existido, por razones que esta Comisión no cree del caso exponer, la misma vigilante e inflexible preocupación, pese a que a veces los intereses morales que buscan la elevada protección de la técnica jurídica son más respetables y de mayor significación individual y social que aquellos de simple entidad material".

Este viejo anhelo -como puede observarse- empieza a cumplirse, aún en una pequeña dimensión, con leyes como ésta. Por ello -sin perjuicio de algunas observaciones que pueda formular en la discusión particular- adelanto mi voto favorable, en la esperanza de que este proyecto sea el comienzo de una evolución que llegue, como dije antes, a la tecnificación total de las funciones judiciales en materia militar.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: creo que es innecesario señalar que vamos a votar afirmativamente este proyecto, ya que lleva nuestra firma con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional. En Comisión hemos dado nuestra conformidad a este proyecto y ahora, en el plenario del Senado, le daremos también nuestra aprobación.

Sin embargo, entendemos que debemos realizar algunas reflexiones -tal vez, simples reflexiones en voz alta- con respecto a lo que es nuestra concepción de la justicia militar y a lo que significa este proyecto, que tiende a darle a ésta el ámbito estricto en el que debe funcionar en un Estado de derecho en el que la norma constitucional coloca la jurisdicción militar dentro del Poder Judicial y la limita al estado de guerra y a los delitos militares.

Este proyecto se incrusta, sin duda, en la búsqueda de la normalidad de todo el sistema jurídico uruguayo, luego del período de conmoción sufrido desde 1968 a 1973 y de la dictadura, después de los cuales la democracia se encuentra permanentemente con un derecho residual, producto en primer lugar de un crepúsculo democrático y, en segundo término, de un período dictatorial vivido desde 1973 en adelante.

Este es otro nuevo paso a la normalidad, en el que pueden señalarse como antecedentes, la ley de amnistía o ley de pacificación nacional que deroga, prácticamente en su totalidad, la Ley Nº 14.068, de Seguridad del Estado, que era, sin duda alguna, una estructura inconstitucional que solamente pudo ingresar a nuestro derecho positivo como consecuencia del profundo estado de conmoción que sufría nuestro país. En todos los países, esto apareja siempre consecuencias en sus derechos positivos.

La discusión con respecto al ámbito de la justicia militar y su relación con la justicia civil, prácticamente se incrusta en el nacimiento de nuestra propia nacionalidad. En el proyecto artiguista de Constitución para la Provincia Oriental, Ravignani cita dos artículos -formulados probablemente en 1813- relacionados con la justicia militar. El primero de ellos -artículo 17- decía que todo ciudadano será juzgado por jueces lo más imparciales, para la preservación de los derechos de su vida, libertad, propiedad y felicidad de su existencia política. A su vez, el artículo 19 establecía que ningún habitante de esta provincia gozará fuero militar ni estará sujeto a las leyes de ella, excepto los que están empleados en el ejército, buques de fuerza y la milicia cuando estén en el actual servicio.

No es casual que una de las primeras leyes del país -de 1888- se refiera concretamente a la justicia militar, dándole una expresión sumamente restringida.

Toda la tradición en el país ha significado, prácticamente hasta la Ley Nº 14.068, el reconocimiento de que la Constitución, en lo que hoy es el artículo 253, regulaba y delimitaba expresamente el ámbito de la justicia militar, estableciendo la existencia de delitos militares no sometidos a la regulación del legislador, es decir que eran tales, aquellos que sólo podían ser cometidos por militares; por ejemplo, típicamente la insubordinación y la deserción.

En el caso del estado de guerra, la jurisdicción militar tiene un sentido muy claro, que a veces conviene delimitar expresamente en su fundamento fáctico. ¿Por qué rige la jurisdicción militar en caso de guerra? ¿Por qué existe la posibilidad de una extensión de la justicia militar en el caso de guerra?

No es casual que la propia exposición de motivos de los códigos militares prevea a la justicia militar como un auxiliar del ejército en operaciones. ¿Qué es lo que se prevé allí? Se prevé un ejército en acción, ocupando un territorio. El concepto de guerra tradicional fue siempre el de la existencia de conflictos de país a país. Entonces, un ejército en operaciones ocupa un territorio de otro país, el que a partir de ese momento, carece de autoridad política. Por consiguiente, para ejercer ese poder de imperio era imprescindible hacerlo a través de una justicia aplicada por el propio ejército en operaciones.

Evidentemente, esa justicia debía comprender a civiles y militares y debía sustituir lo que era una carencia de aptitud política y que imponía al ejército ejercer su poder en representación del Estado.

Esa era la concepción que se daba a la justicia militar en períodos de guerra. Por eso, era un auxiliar del ejército en operaciones.

Todo ese concepto desaparece y cambia sustancialmente su sentido, cuando nos encontramos ante el estado de guerra interno, que luego da origen a la Ley de Seguridad del Estado.

¿En qué forma actúa el estado de guerra interno? Actúa dentro del propio país; se trata de un ejército que está en operaciones dentro de su propio territorio, donde la autoridad política se mantiene.

Por esas razones, evidentemente todo el contexto en el que funciona la Ley Nº 14.068, no fue previsto -ni pudo haberlo sido- por el constituyente, y no tenía absolutamente ningún fundamento constitucional. No es casual que en el momento en que fueron solicitados asesoramientos jurídicos respecto a la base constitucional para la extensión de la justicia penal militar a civiles, prácticamente no hubo constitucionalista -y cuando digo constitucionalistas, digo Constitucionalistas, y no asesores políticos- que no declarara la evidente inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.068.

Naturalmente, el esquema con que se maneja la ley es totalmente contrario y diferente del que se manejó en la tradición jurídica en la materia. Surge como un elemento permanente, luego de lo que había significado el estado de guerra interno, como un factor transitorio de extensión de la justicia penal militar. No deseo entrar en este tema porque, en definitiva, tiende a lo anecdótico de un pasado con consecuencias terribles para el país. Tampoco deseo considerar todos los elementos que configuraron el estado de guerra interno, porque creo que no traduce lo que realmente quiero expresar.

La Ley de Pacificación Nacional, en la medida en que deroga la posibilidad de juzgamiento de civiles por la justicia militar, contempla nuevamente lo que es tradicional en el derecho penal militar, pero mantiene todavía elementos que, en nuestro concepto, son de muy dudosa constitucionalidad, pese a que no fueron -yo diría- nunca discutidos, por cuanto se ha mantenido sin garantías a los propios militares, ya que en su estructura y sustancia interna, no ofrece el debido respeto al principio de judicialidad, es decir, al debido proceso, al proceso justo que toda organización democrática debe permitir a cualquiera de sus ciudadanos.

En ese sentido, entendemos que en la realidad de estos años, todo este proceso ha señalado claramente que la justicia militar -más allá del criterio político que con respecto a ella pueda sostenerse- desde el punto de vista jurídico no ha aportado garantías para nadie; no ha significado un juicio justo para los propios militares, puesto que no les ha otorgado la posibilidad de ser juzgados por jueces imparciales y objetivos formados en el derecho. La justicia militar no tiene -si nos guiamos por el derecho comparado relativo a países de la región- una norma o un criterio único. La relación de la justicia militar con el Poder Judicial es muy disímil con el resto de América y no se pueden establecer normas jurídicas, ni aún normas de aplicación jurisprudencial uniformes de América. Por ejemplo, en Brasil nos encontramos con que la justicia militar integra el Poder Judicial, sin embargo, solamente se expresa esa relación a través de algunos mecanismos de recursos. A pesar de ello, el Supremo Tribunal Militar brasileño fue -con todas las limitaciones con que funciona la justicia penal militar- un instrumento de garantías, frente a una Ley de Seguridad Nacional (la Ley de Seguridad en Brasil), similar a la nuestra, bastante más importante y justa de lo que fue el Supremo Tribunal uruguayo. Frente a normas jurídicas y a tipos delictivos muy amplios y, muchas veces, ambiguos, el Supremo Tribunal brasileño aportó garantías que no aportó el Supremo Tribunal uruguayo. Este último, aplicó normas resistidas, desechadas, y yo diría, absolutamente inconcebibles en nuestro Derecho, en lo que fue nuestra larga formación universitaria, tales como la "ultra petita" es decir, la violación del principio acusatorio, o sea, que la sentencia fuera más allá de lo que el fiscal quería.

No quiero cansar al Senado con tecnicismos que a veces pueden parecer vanidosos, pero todo nuestro Derecho Penal se ha manejado tradicionalmente con un techo, que era la acusación del fiscal, que era la máxima pena que podía aplicar el juez; y un mínimo, que era el planteo de la defensa, con limitaciones que podían ser absolutamente excepcionales.

La justicia penal militar transformó sustancialmente nuestro Derecho; y a través de tres palabras que aparecieron en una ley de la dictadura, se reformó un instituto que siempre fue una garantía para el imputado, que era el principio de que la apelación no podía nunca ser en perjuicio del apelante. Esto es, lo que se llama, la "non reformatio in peius" en latín -y pido disculpas por recurrir a estos términos-, que significa que la apelación no puede implicar una situación que se vuelva en contra del apelante, sobre todo cuando en el Derecho Penal hay normas revisables de oficio, es decir, que aunque no haya apelación del defensor, igualmente puede existir una revisión por un Tribunal de Alzada, en la medida en que se entendió tradicionalmente que eran normas que tendían a proteger al imputado, porque dos jueces -primero un juez unipersonal y luego un Tribunal colegiado- revisaban su causa.

La justicia militar, significó la eliminación del principio acusatorio, la transformación de la "ultra petita" en la norma más frecuente de funcionamiento de los tribunales. Cuando uno se encontraba con una acusación de cuatro años, sabía que ahí estaba dado no el techo sino el piso, es decir, que la sentencia sería de ahí para arriba.

En uno de los casos, de las decenas en que me tocó participar, el fiscal había pedido 24 meses. Estaba para sentencia definitiva cuando el juez pidió licencia y entró un juez subrogante que sentenció 15 años. Naturalmente, después, se decretó la nulidad de esa sentencia, y le dieron dos años en lugar de quince. Pero de cualquier manera, todo el proceso de la justicia militar significó mucho más un proceso político que jurídico y no un fundamento de Derecho, porque en definitiva las sentencias eran dictadas por un coronel de carrera, que salía de un Regimiento de Caballería para entrar de Juez de Instrucción o de Juez de Primera Instancia y luego, volvía a un cargo de mando y estaba sometido a jerarquía y disciplina.

Entonces, nos encontramos con todo un gran aparato vinculado a la justicia militar, cuyo contenido era, simplemente, una formalidad, y no un mecanismo para dictar justicia. Y eso, creemos que tenemos la obligación de darle a los militares, como a todo ciudadano integrante de una sociedad democrática, un juicio justo con las debidas garantías.

Todos los que vivimos de cerca la justicia militar en estos diez años, sabemos lo que ocurrió. He tenido muchos defendidos y estoy en condiciones de afirmar que las garantías del proceso eran mínimas, al punto de que en muchos casos era absolutamente imposible que un juez dictara una sentencia absolutoria.

Hubo un caso en el que me tocó participar en el que la sentencia de primera instancia era de 14 años de penitenciaría, y la defensa sostenía la absolución. No recuerdo exactamente el tiempo, pero el Supremo Tribunal Militar estuvo alrededor de seis años para dictar sentencia. Era absolutamente imposible que ese Tribunal dictara una sentencia absolutoria. Cada día que pasaba se lo impedía. Pero además, si ese Tribunal hubiese estado dispuesto a absolver, sin duda habría sido destituido antes de dictarse ese tipo de sentencia.

Todo eso que nosotros sentimos que ocurrió en el país durante mucho tiempo, le quitó fuerza a una estructura que debía estar preparada para dictar justicia a los militares -obsérvese que digo "a los militares"- porque jamás, salvo en caso de guerra, en nuestro Derecho, la justicia militar podrá juzgar a los civiles. Pues bien; esos militares no tuvieron las garantías del debido proceso ni jueces imparciales, ni objetivos. Eso era natural. Más allá de la bondad y buena voluntad de esos jueces, que no tenían ni formación, ni competencia, ni independencia, tenían en sus manos también, como beligerantes, la posibilidad de juzgar. Y no lo hacían tanto como jueces, sino en su rol de militares, juzgando a compañeros militares que más que culpables de violación de normas de derecho, no compartían la doctrina de las FF.AA.

Como reflexiones finales, digo que tenemos que pensar en la necesidad de darle -como muy bien lo señalaba el señor senador Ortiz- tecnificación a la Justicia Militar, incorporándola como una rama especializada dentro del Poder Judicial. Esta será la única forma en que podremos darle al Derecho Penal Militar la autonomía que debe tener.

Un hombre insospechado de comunismo, como lo era Sebastián Soler, decía que, en el curso de los últimos años el Derecho Penal había ido adquiriendo una significación muy especial, tal vez como consecuencia del crecimiento del terrorismo en el mundo. El terrorismo nace alrededor de 1930, momento de crisis de la democracia y en donde surgen los totalitarismos. Hombres como Lasky señalan ya, entonces, sus dudas en las democracias occidentales y lo hacen con la profundidad debida ya que más que la crisis de un sistema, se trataba de la decadencia de los valores en los cuales el hombre creía.

Soler decía que como consecuencia de toda esa estructura que se había levantado en torno a los países autoritarios y a la proliferación del terrorismo, se había producido un fenómeno en el Derecho Penal que él entendía como profundamente negativo. Expresaba que, prácticamente, se había levantado como un ser abstracto y omnipotente la figura "Estado" y la del individuo había quedado cada día más desamparada, más desnuda, más abierta de brazos en manos de esa omnipotencia estatal.

Tal vez una de las cosas que ha ocurrido en el tiempo es que nos hemos ido acostumbrado a esa evolución del Derecho, hemos ido viendo, si se quiere, esa evolución como parte de la rutina, y cómo se han ido incorporando figuras que cada vez han señalado, con mayor latitud, lo que debe ser esencial en una sociedad democrática, que es la clara separación entre lo que es una conducta ilícita y lo que es un delito. No sé si estará bien manifestarlo, pero creemos que a ello ha contribuido la exorbitancia de la Justicia Militar, que ha invadido otros campos. En el mundo también se ha producido ese fenómeno que se ha extendido a lo que es la estructura democrática del Derecho, a través de la Justicia Militar.

Muchas veces se ha confundido lo que es el Derecho Penal Militar con lo que es Derecho Disciplinario Militar, que son dos cosas totalmente distintas y que, sin duda alguna, en el esquema actual, tienden a confundirse.

Por eso, señor Presidente, entiendo que todos debemos reflexionar sobre este camino de eliminación de lo que ha sido toda una legislación residual de una dictadura que ha dejado importantes secuelas tanto en el Derecho como en las mentes de los individuos. Tenemos que pensar en la necesidad de ir tecnificando la Justicia Militar. También tenemos que hacerles sentir a los propios militares que esto no pretende eliminar una Justicia. Declaro honestamente que, en lo personal, considero que esto debe desaparecer. Soy totalmente contrario a los fueros personales y el único fuero de este tipo que se mantiene es el militar, que tendrá que desaparecer. Pero lo que no puede mantenerse de ninguna manera, porque es no solamente lesivo de los derechos humanos de los militares, sino también de nuestra propia institucionalidad, es la Justicia Militar como un auxiliar del ejército en operaciones y no como una rama especializada del Poder Judicial.

Por eso -y disculpen los señores senadores la extensión de mi exposición- lo que quería es hace reflexionar sobre un tema en el cual hemos transitado muchas veces, diría, con cierta frivolidad, sin sentir que detrás está la necesidad de que esa Justicia Militar forme parte de una estructura judicial en la cual se asegure, dentro del sistema democrático, un juicio imparcial a cada hombre, con un Juez justo, formado en el Derecho y que no sea jamás un beligerante sino un hombre que mire con sentido democrático y con mentalidad de magistrado, el problema que tiene entre manos.

Por estas razones, señor Presidente, reitero que voy a votar afirmativamente este proyecto, como un paso más en el proceso de normalización de nuestro sistema jurídico.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: pensaba votar afirmativamente este proyecto sin hacer uso de la palabra, pero al haberse referido al mismo, en exposiciones que pueden considerarse de fondo, los señores senadores Ortiz y Batalla, estimo necesario dejar constancia de mi posición en este tema fundamental, que así califico porque hace a cuestiones constitucionales e institucionales de indiscutible trascendencia, como son la vigencia del principio que es pilar básico de nuestro sistema constitucional, o sea la separación de poderes y su consecuencia natural en la concepción originaria de John Locke y del Baron de Monstequieu, que era la defensa de los derechos individuales y las libertades públicas.

La primera afirmación que quiero realizar es coincidente con la última que hizo el señor senador Batalla al finalizar su exposición. Declaro enfáticamente que, a mi criterio, tanto desde el punto de vista conceptual como teórico y doctrinario, no puede ni debe haber jurisdicción militar, como no puede ni debe haber ningún fuero especial, heredado como privilegio de la vieja legislación española y que, en la práctica, se ha transformado en un menoscabo de los derechos de los militares -o de quienes tienen la condición de tales-, a gozar de las mismas garantías de los demás ciudadanos cuando quedan sometidos a la Justicia. Y ya que hablo de los viejos fueros personales heredados de la legislación española, quiero decir que se da la feliz coincidencia de que este tema viene al Senado precisamente en la fecha en que se cumplen 127 años del fallecimiento del Brigadier General don Manuel Oribe, que fue quien promulgó, como Presidente de la República, la ley de 6 de marzo de 1838, que fue la primera que puso una valla, una limitación a los fueros personales y, también, a la jurisdicción militar.

Decía el señor senador Ortiz que este proyecto de ley significa un avance sobre la situación actual, por cuanto configura un primer paso en la tecnificación de la Justicia Militar, al exigir que las Defensorías Militares de Oficio sean desempeñadas por letrados, por abogados. Creo que es un primer paso muy tímido y completamente insuficiente.

No desconozco, señor Presidente, la constitucionalidad de la existencia de la Justicia militar, no de los límites que alcanzó bajo la ley inconstitucional, conocida como Ley de Seguridad del Estado y, lo que fue peor aún, bajo la práctica deformada de esta ley, que llevó adelante la dictadura durante once años. Pero considero, en cambio, que fue un gravísimo error el que cometió el constituyente de 1934 al constitucionalizar la Justicia Militar, realizado con la mejor de las intenciones, por medio de una fórmula transaccional entre la propuesta del constituyente nacionalista Felipe Ferreiro y la del doctor José Salgado, lo que en la práctica impidió que la ley suprimiera la Justicia Militar, como debió haberse hecho hace muchos años. Creo que ese error se agravó con la sanción en 1943 de los tres Códigos Militares: el Código Penal Militar, el de Procedimiento Penal Militar y el de Organización de los Tribunales Militares. Esto fue obra de una Comisión que presidía aquel ilustre jurista y penalista que era el doctor José Irureta Goyena. Con todo respeto por aquel príncipe de la inteligencia declaro que la sanción de esos tres Códigos significó un gran retroceso en nuestra legislación positiva; retroceso que llegó al punto de admitir, en algunas de las normas del Código Penal Militar -concretamente en sus artículos 4 y 58- que la Justicia Penal Militar o los Jueces Militares pudieran juzgar a civiles. Estas normas tuvieron perniciosos y desastrosos efectos que muchos ciudadanos uruguayos -y algunos en carne propia- experimentamos durante la dictadura y aún antes de ella porque el primero que lo sufrió fue el señor senador Batlle, nuestro actual colega, en octubre de 1972.

Reitero, señor Presidente, que no debe existir Justicia Militar como fuero especial.

Expresaba el señor senador Ortiz, remitiéndose a una parte del informe del propio codificador Irureta Goyena, que es un absurdo total que las personas que deben dictar sentencia, aunque sea en la órbita militar, puedan no ser técnicos, es decir, que no hayan egresado de la Facultad de Derecho. Y, además, señalaba la inmensa contradicción que significa, frente a la situación en cuyo mérito un médico militar -es decir quien ejerce la medicina en el ámbito militar- por supuesto, debe ser un egresado de la Facultad de Medicina. Esta reflexión la hacía yo ante muchos ciudadanos, en la época en que la dictadura nos había acostumbrado a la actuación de la Justicia Militar y les decía: ¿admitiría algún oficial, al ser internado en el Hospital Militar, que se le dijera que no lo iba a operar un cirujano, sino un coronel? Naturalmente que no, porque del quirófano iría directamente al cementerio. Sin embargo, esta aberración increíble se admite en la Justicia Militar, es decir, que el que analice la demanda, esto es, la acusación fiscal, luego la defensa, y quien dicte la sentencia, sean personas que no tienen el más mínimo conocimiento jurídico; son personas que actúan, naturalmente, por las propias determinantes de su profesión y por el hecho de estar sometidas a jerarquías.

En la Constituyente de 1917, el doctor Juan Andrés Ramírez propuso la derogación, la supresión lisa y llana, de la jurisdicción milita. Y, en la Comisión que trataba el tema, los doctores Emilio Frugoni y Pedro Manini Ríos, entre otros, apoyaban calurosamente tal iniciativa. No se había alzado ninguna voz en contra. Simplemente en el fárrago de problemas que existía en ese entonces y en una situación de gran tensión política que condujo al llamado "Acuerdo de los ocho", esa iniciativa, así como otras, fue dejada de lado.

Reitero que en la Constituyente de 1934 se cometió el gravísimo error de constitucionalizar a la Justicia Militar.

El doctor Juan Andrés Ramírez esgrimía dos argumentos para negar la posibilidad de que existiera una Justicia Militar. Decía: ¿qué dos condiciones se deben exigir a los Jueces? ¿Qué dos únicas, pero imprescindibles condiciones debe tener un juez para acceder a la magistratura y dictar sentencias? La primera es su competencia técnica, su idoneidad profesional. No puede ser juez quien no es abogado.

Pero, ocurre, señor Presidente, que en la Justicia Militar hay jueces que no son abogados o, mejor dicho, casi siempre los pretendidos jueces de la Justicia Militar no son abogados.

La segunda condición que debe tener un juez, es su independencia. Es decir, un juez debe integrar un Poder del Estado cuyas decisiones, por supuesto, nunca pueden estar sometidos a una posible revisión o a su desaplicación por un juicio de conveniencia, por órganos que tienen poderes jerárquicos sobre quienes dictan sentencia.

Decía el doctor Ramírez que él no hacía el agravio a los jueces militares de creer que entre ellos no podía haber hombre con suficiente independencia de juicio, con suficiente personalidad, como para ser inmunes a las presiones de sus superiores. Pero, la buena técnica constitucional y legislativa, en esta materia, aconseja no poner a los hombres en la opción o en el difícil conflicto de tener que decidir entre lo que le dicta su conciencia y el interés de ascender o mantener un grado en su carrera. Esta clara enseñanza fue olvidada en la Constituyente de 1934.

Señalo que esta excepción a la separación de poderes que existe en nuestra actual Constitución, es posible desde el punto de vista teórico. Es decir, el principio de separación de poderes respecto del ejercicio de la función jurisdiccional no impide que órganos no integrantes del Poder Judicial, ejerzan función jurisdiccional, toda vez que la excepción esté prevista constitucionalmente.

El recordado profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, ex Decano de la Facultad de Derecho, el doctor Alberto Ramón Real, en un artículo publicado en el Tomo XVII, de "La Justicia Uruguaya", en su título, ya enseñaba toda la tesis porque decía que "La Función Jurisdiccional" es privativa del Poder Judicial, salvo excepción constitucional expresa. Y, naturalmente, el artículo 253 de la Constitución de la República -infeliz disposición- es una excepción constitucional al principio según el cual la función jurisdiccional no puede ser ejercida sino por el Poder Judicial.

Además de esta realidad que vivimos y que nos impide suprimir por ley la jurisdicción militar, desde el punto de vista teórico del Derecho Penal, no se advierte la menor necesidad de que exista un Código Penal Militar, ni una Justicia Militar, es decir, jueces militares que juzguen los delitos militares. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo delito, entre sus elementos esenciales, cuenta con un bien jurídico tutelado. Cada Título del Código Penal define cuál es el bien jurídico protegido en sus artículos, es decir las figuras delictivas tipificadas en ese Título. Por ejemplo, hay un Título que tipifica delitos contra la Administración Pública. En este caso, el bien jurídico tutelado, es dicha Administración. También hay un título que tipifica delitos contra la Administración de Justicia; otro contra la Salud Pública; otro, contra la personalidad física del hombre y así sucesivamente.

¿Qué inconveniente teórico puede existir en el hecho de que en el Código Penal haya un título de delitos contra las Fuerzas Armadas? Allí el bien jurídico tutelado sería la organización de las Fuerzas Armadas, sería la estructura interna de la organización castrense. ¿Por qué debe haber un Código Penal Militar separado? ¿Por qué deben ser jueces militares y no jueces del Poder Judicial, Magistrados con preparación técnica y con independencia, los que así como juzgan a todos los ciudadanos del país, lo hagan con los militares cuando cometen delitos contra las Fuerzas Armadas?

Entonces, me hago la siguiente pregunta: ¿si los delitos contra las Fuerzas Armadas deben ser juzgados por militares -con esa manera ilógica de razonar- los delitos contra la salud pública deberían ser juzgados por médicos? Es decir que deberían haber jueces médicos que juzgaran los delitos contra la salud pública, lo que significaría un disparate y una aberración. Con dicha manera de razonar, los delitos de imprenta, no deberían ser juzgados por abogados sino por periodistas, lo que constituiría otro reverendo disparate. Sin embargo ese reverendo disparate es el que la práctica del país -a la que nos acostumbramos, hasta extremos intolerables, durante la dictadura- determina que consideremos normal -y lo seguimos considerando en este proyecto de ley que vamos a sancionar-, que los jueces militares no sean jueces de carrera, no integren el Poder Judicial, y que los delitos contra las Fuerzas Armadas, en lugar de estar tipificados en un título o capítulo del Código Penal, lo estén en un Código separado.

Señor Presidente: no quiero cansar al Senado extendiendo esta exposición. Sólo deseo agregar que hago mías la mayor parte de las expresiones vertidas por el señor senador Batalla.

Para terminar, señor Presidente, expreso que en la primera oportunidad en que se haga una reforma de la Constitución, debe suprimirse, sin ninguna duda, la jurisdicción militar que es una aberración y un retroceso dentro de la estructura institucional y un retroceso dentro de la estructura institucional de nuestro país. Y además, debíamos haber aprovechado este proyecto de ley para decir que no sólo los defensores militares de oficio deben ser letrados sino que ante todo, los jueces militares deben ser letrados porque son los jueces los que dictan sentencia.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - De más está decir que comparto lo señalado en cuanto a las carencias y vicios de la Justicia Militar durante la época de la dictadura. Me tocó actuar muy pocas veces frente a ella -seguramente menos que otros colegas de este Cuerpo-, pero puedo suscribir íntegramente todo lo que se ha dicho aquí.

Recuerdo que en una oportunidad, cuando compartía la defensa de un tío mío -en aquella época éste era Decano de la Facultad de Ingeniería- un día, el día en que fue procesado, me quedé a solas con el juez militar y le pregunté por qué había decidido el procesamiento. Y me dijo: "Si no lo proceso a él, a mí me procesa el Fiscal militar".

No es mucho lo que puedo agregar a los comentarios que aquí se han hecho. Simplemente quiero manifestar la satisfacción que siento, como integrante de la bancada del Partido Colorado, al comprobar que la Comisión, como lo dice expresamente en su informe, no ha hecho otra cosa que elevar al Cuerpo, para que éste lo considere, el texto que en los primeros días del mandato el Presidente de la República envió al Parlamento. En una palabra. Es satisfactorio comprobar que en esto como en tantas cosas fundamentales que hacen a la reinstitucionalización del país, al retorno a la democracia, a un retorno pensado y pautado adecuadamente, todos los partidos políticos tenemos una total coincidencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SINGER. - Mociono para que se suprima la lectura de todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En primer lugar, creo que la remisión que se efectúa no está correctamente hecha por aquí cita al artículo 79 del Código de Organización de los Tribunales Militares "con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976".

Tengo en mi poder el referido decreto-ley y en su artículo 1º no establece ninguna nueva redacción para el artículo 79 de dicho Código. No advierto bien cómo se ha hecho esta remisión, porque esta última disposición citada, modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 14.531 no habla del número de Juzgados Militares. Simplemente dice que la ley determinará el número de Juzgados Militares de Primera Instancia, pero no hace referencia a ningún número. Por tanto, creo que se ha padecido una confusión y que no sé si la Comisión estará en condiciones de aclararla.

En segundo término, si en este momento existen cinco Juzgados Militares y lo que se pretende es reducirlos, deberíamos decir que se suprimen los Juzgados Militares de Tercero, Cuarto y Quinto Turnos, a los efectos de saber qué es lo que eliminamos. De lo contrario, vamos a votar una ley sin saber qué Juzgados de los cinco existentes vamos a suprimir. A los efectos de la aplicación de la ley, me parece excesivo que por vía de la reglamentación el Poder Ejecutivo esté suprimiendo Juzgados.

Según se expresa en el Mensaje del Poder Ejecutivo de 3 de setiembre de 1985, la creación de estos Juzgados se basa en el aumento de tareas y en una de sus partes señala: "Los estudios estadísticos realizados que comprenden el quinquenio último demuestran que el movimiento de expedientes iniciados en los Juzgados de Instrucción ha decrecido en forma progresiva, lo que se ha acentuado en el corriente año". Es natural, entonces, que si cuando hubo mucho trabajo para estos Juzgados se crearon los de Tercero, Cuarto y Quinto Turnos, ahora que el trabajo ha disminuido se supriman los creados en último término.

En consecuencia, señor Presidente, decir que se reducen a dos los Juzgados Militares de Primera Instancia, me parece que es una imprecisión en que al respecto incurre el Poder Ejecutivo, que puede ser subsanada.

En cuanto a la cita, reitero que no es la adecuada.

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZORRILLA. - El artículo 79 del Código de Organización de los Tribunales Militares es distinto al establecido en el Decreto-Ley Nº 14.531. Por eso el artículo 1º de dicho Decreto-Ley, se refiere al artículo 79. Allí se modificó el texto original del artículo 79 del referido Código; y en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.531 se determina el número de los Juzgados. En él se dice: cinco Juzgados Militares de Instrucción.

"Habrá cinco Juzgados Militares de Primera Instancia y cinco Juzgados Militares de Instrucción. Las causas, el personal y los muebles y útiles correspondientes al Juzgado Militar de Instrucción de Sexto Turno, que se suprime por esta ley, serán, etcétera. Es decir que por este artículo 2º los Juzgados Militares se reducen a cinco.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En este artículo 1º estamos remitiéndonos al también artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.531 y en éste no se hace referencia al tema que aquí estamos tratando. Si bien es cierto que por este artículo 1º de la mencionada ley se le da nueva redacción al artículo 79, no se hace alusión al número de jueces. Para ser más explícito voy a leer dicho artículo 1º, por el que se le da nueva redacción al artículo 79. Dice así: "Artículo 79. La ley determinará el número de Juzgados Militares de Primera Instancia, cuyos titulares serán designados por el Supremo Tribunal Militar por mayoría de votos debiendo recaer el nombramiento en militares letrados que tengan como mínimo el grado de Teniente Coronel del Ejército o de la Fuerza Aérea o su equivalente en la Armada. Podrán ser designados Coroneles o Capitanes de Navío, posean o no título de abogado. Durarán cinco años en sus cargos y podrán ser reelectos. Tendrán su residencia en la capital de la República". Es decir, que no se refiere en absoluto al número de Juzgados Militares.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Lo que sucede es que debe citarse el artículo 2º de este decreto-ley, por cuanto fija en su primera parte el número de Juzgados Militares. Dice así: "Habrá cinco Juzgados Militares de Primera Instancia y cinco Juzgados Militares de Instrucción".

En consecuencia, señor Presidente, este artículo 1º debería decir: "Redúcense a dos los Juzgados Militares de Primera Instancia previstos en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976. Y en el artículo siguiente debe citarse la misma norma legal, es decir, el artículo 2º del referido Decreto-Ley Nº 14.531, porque es éste el que dice que son cinco los Juzgados Militares de Primera Instancia y cinco los Juzgados Militares de Instrucción, que ahora quedarían reducidos a dos.

En concreto, señor Presidente, hay que citar en el primer y segundo artículo de este proyecto que estamos considerando, la primera parte del artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.531.

SEÑOR ORTIZ. - Es exacto lo que expresa el señor senador Cigliuti. Esa es la redacción correcta.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que la modificación es un poco más compleja. Recogiendo la idea del señor senador Ortiz, que es compartible, el artículo 1º tendría que decir: "Suprímense los Juzgados Militares de Primera Instancia de 3º, 4º y 5º Turno, de los cinco previstos en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976".

SEÑOR ORTIZ. - Es exactamente así y formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no hay observaciones, se va a votar el artículo 1º con el texto que se acaba de proponer.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

A este artículo habría que darle una redacción similar, que sería la siguiente: "Suprímense los Juzgados Militares de Instrucción de 4º y 5º Turno, de los cinco previstos en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

La Mesa entiende que al igual que a los artículos precedentes, se le podría dar una redacción similar: "Suprímense las Fiscalías Militares de 3º, 4º y 5º Turno", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: la redacción del artículo 4º quizá responda a una razón determinada. La segunda oración del artículo dice: "Los defensores militares Letrados de Oficio tendrán su residencia en la capital de la República". No entiendo por qué no se emplea la palabra "domicilio", ya que este término, según la definición del Código Civil, es la residencia con ánimo de permanecer.

Quisiera saber si la redacción de esta norma responde a alguna razón específica.

La Mesa entiende que los funcionarios tienen deber de residencia y no de domiciliarse. Todos los jueces del orden civil, por ejemplo, tienen el deber de residir en el lugar, pero no el de domiciliarse.

SEÑOR CERSOSIMO. - Lamentablemente no tengo la memoria suficiente para recordar exactamente todos los artículos del Código Civil.

Entiendo que cuando se ejerce una función pública, el domicilio de la persona está determinado por el lugar donde se ejerce la función de que se trata.

En consecuencia, reitero que en el domicilio -estos son conceptos que aprendí hace muchos años- el ánimo de permanecer se presume por el hecho de aceptar en el lugar un empleo fijo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Entiendo que es excelente la memoria del señor senador Cersósimo respecto de las definiciones establecidas en el Código Civil. Pero la redacción de la norma proyectada es correcta, pues de lo que se trata es de que el funcionario esté en la capital de la República mientras cumple funciones, al margen del lugar donde tenga efectivamente su domicilio. Ello quiere decir que puede vivir en un hotel, o en la casa de un amigo, aunque tenga su domicilio en otro lado -este es otro tema-, pero siempre que se halle en Montevideo los días en que esté cumpliendo sus tareas. El cumplimiento del servicio no supone la necesidad de un traslado de domicilio, porque basta -repito- con que tenga la residencia en la Capital.

SEÑOR CERSOSIMO. - No sabía que los señores senadores se iban a "enojar" tanto, pues de lo contrario, no habría planteado este tema.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: me permito plantear una interrogante. La redacción de este artículo dice: "los titulares de los cargos que se suprimen". En caso de suprimirse el cargo, quisiera saber cuál es la designación de ese fiscal, mientras permanece adscripto.

Entiendo que si el cargo se ha suprimido, deja de ser Juez o Fiscal y, por lo tanto, es simplemente funcionario militar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda adscripto por el cargo de coronel, y no con el de juez, que se suprime.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: entiendo que en este caso habría que hacer la distinción constitucionalista Jellinek, que establece la diferencia entre el órgano y su soporte.

Entiendo que lo que se elimina es el órgano ya que el soporte queda y por este artículo se le da un destino especial. Esto es clarísimo. Tal vez la expresión "titulares de los cargos" no sea correcta, pues tendría que decir: "los titulares de los órganos" o "de los Juzgados que se suprimen".

(Interrupción del señor senador Zorrilla)

-La terminología militar puede resultar, muchas veces, algo esotérica, pero de cualquier manera, al establecerse que son los titulares de los órganos, entiendo que queda determinado que los funcionarios que actualmente son jueces de alguno de los juzgados que se suprimen, quedan adscriptos al Supremo Tribunal Militar, hasta que se cumpla el período.

En ese sentido, creo que también puede quedar expresada la voluntad coincidente del Senado, en la medida en que el señor miembro informante acceda a esa solución. En ese caso, se cambiaría la palabra "cargo" por "órgano".

(Ocupa la Presidencia el señor senador Cardoso)

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Parecería que la situación es ésta: una cosa es el cargo y otra, el destino. Si se trata de un Fiscal, tiene el cargo de coronel y el destino de fiscal. Entonces, lo que suprime, es el destino, o sea, suprimimos la Fiscalía.

Por lo tanto, esa persona mantiene su grado de coronel y, en adelante, tendrá ese cargo y será adscripto al Ministerio, como dice el artículo; lo que se elimina es el destino.

Eso es, a mi entender, como debe interpretarse el artículo; si no fuera así, entonces, no entiendo.

SEÑOR SINGER. - No puede entenderse de otra manera.

SEÑOR ZORRILLA. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Deseo señalar que coronel no es un cargo, sino un grado; el cargo es la función que está cumpliendo; puede tener destino como Jefe de una unidad o como Comandante en otra.

SEÑOR ORTIZ. - Entonces, son tres cosas distintas: el grado, el cargo y el destino.

Estos funcionarios que dejan de ser fiscales, mantendrían su grado de coronel y su cargo de adscripto al Ministerio.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que nos estamos confundiendo un poco, con la circunstancia particular de que los funcionarios que desempeñan el cargo de juez o fiscal militar ostentan, al mismo tiempo, grado o condición militar.

Pienso que debemos manejar los conceptos jurídicos generales, como muy bien lo hacía el señor senador Batalla, distinguiendo -de acuerdo con la concepción de Jellinek- entre el órgano y el soporte del órgano. El órgano es la Fiscalía o el Juzgado Militar y el cargo del que es titular el soporte del órgano, es el de Fiscal o Juez Militar.

Al quedar adscriptos a la Presidencia del Supremo Tribunal Militar, y habiéndose suprimido el órgano, no pierden el cargo, es decir, siguen siendo juez y fiscal militar. Si queda vacante uno de los Juzgados o Fiscalías Militares existentes, pueden tener destino como titulares de estos órganos, de la misma manera que en la Justicia ordinaria existe por ejemplo el cargo de Juez Letrado Suplente, que no desempeña la titularidad de ningún Juzgado. Simplemente se trata de un juez que está a disposición de la Suprema Corte de Justicia para ocupar un cargo vacante de juez o para suplir un Magistrado que solicite licencia.

La situación es esa. Se suprimen los órganos -eso es lo que hay que decir- que son los Juzgados y las Fiscalías, pero no los cargos. Quienes posean el grado militar de coronel o de capitán de navío, o el que fuere, siguen teniendo el cargo de juez o fiscal militares, adscriptos a la Presidencia del Supremo Tribunal Militar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Parecería que lo que está en juego es la sustitución de la palabra "cargo" por "órgano".

¿La Comisión la acepta?

SEÑOR BATALLA. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se va a votar el artículo 7º con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Suprímense los Juzgados Militares de Primera Instancia de 3º, 4º y 5º Turno, de los cinco previstos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976.

Art. 2º. - Suprímense los Juzgados Militares de Instrucción de 4º y 5º Turno, de los cinco previstos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 14.531, de 14 de junio de 1976.

Art. 3º. - Suprímense las Fiscalías Militares de 3º, 4º y 5º Turno de las cinco previstas en el artículo 1º, de la Ley Nº 14.099, de 22 de diciembre de 1972.

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 85 del Código de Organización de los Tribunales Militares, por el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 85. - Habrá tres Defensorías Militares Letradas de Oficio, cuyos titulares serán nombrados por el Poder Ejecutivo entre los Oficiales, del Escalafón Justicia Militar con título de Abogado. Los Defensores Militares Letrados de Oficio tendrán su residencia en la capital de la República y actuarán por turnos que fijará el Supremo Tribunal Militar".

Art. 5º. - El Supremo Tribunal Militar redistribuirá las causas pendientes ante los actuales Juzgados Militares de Instrucción y Juzgados Militares de Primera Instancia, entre los Juzgados que mantenga sus funciones y lo mismo sucederá con las causas seguidas por las Defensorías Letradas de Oficio. El Ministerio de Defensa Nacional redistribuirá las causas pendientes entre las Fiscalías que no son suprimidas.

Art. 6º. - El Supremo Tribunal Militar redistribuirá los funcionarios, bienes muebles y útiles afectados a los Juzgados y Defensorías que se suprimen.

Art. 7º. - (Transitorio). - Los titulares de los órganos que se suprimen quedarán adscriptos a la Presidencia del Supremo Tribunal militar hasta el cumplimiento del período para el cual fueron designados o hasta que se les confiera nuevo destino.

Art. 8º. - Comuníquese, etc."

12) RECTIFICACION DE TRAMITES

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, solicito la rectificación del trámite que se le dio a tres proyectos de ley que actualmente están en nuestra órbita. Ellos son: el que figura en la Carpeta Nº 44/85, que se refiere a Consejos de Salarios que se crean, ya que entendemos que corresponde pase a la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social; el que figura en la Carpeta Nº 225/85, que se relaciona con una ley de emergencia para la educación, y que reglamenta los artículos 44 y 45 de la misma, porque pensamos que corresponde que lo estudie la Comisión de Educación y Cultura; y el que figura en la Carpeta Nº 350/85, sobre normas jubilatorias modificativas del Acto Institucional Nº 9, que también debe considerarlo la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación solicito la rectificación de los tres trámites.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se procederá como solicita el señor senador.

13) CONVENIO SANITARIO VETERINARIO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio Sanitario Veterinario, suscrito en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. (Carp. Nº 261/85 Rep. Nº 130/85)".

(Antecedentes:)

Comisión de
Asuntos Internacionales.

"Carp. Nº 261/85
Rep. Nº 130/85

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio Sanitario Veterinario, suscrito en Montevideo el 14 de mayo de 1985, entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

Dicho acuerdo tiene como finalidad el establecer una colaboración efectiva entre ambos países en el ámbito de la ciencia y práctica veterinaria a través del intercambio no sólo de información y materiales sino de expertos veterinarios, lo que resultaría en la adquisición de una mayor experiencia en adelantos técnicos, planificación sanitaria e investigación.

La ratificación del Convenio posibilitaría la colocación de carnes y subproductos bovinos, porcinos y de aves de corral.

Es en base a estas consideraciones que los servicios técnicos nacionales competentes se han pronunciado a favor de la aprobación del Convenio, luego de un minucioso examen de los proyectos de Convenio presentados por las partes contratantes. Es de señalar que, superadas ciertas dificultades lingüísticas de traducción, prevaleció el proyecto presentado por nuestro país, habiéndose acordado en adoptar el idioma inglés como texto de referencia, que prevalecerá en el caso de divergencias de interpretación.

Ha quedado también establecido que para la aplicación práctica del Convenio, el organismo competente uruguayo será el Ministerio de Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Servicios Veterinarios siendo el organismo competente yugoslavo el Comité Federal para la Agricultura.

El pronunciamiento de los órganos competentes que han participado en la redacción de este Convenio es muy claro en cuanto a las ventajas que del mismo podrían derivar para la República.

Por otra parte, la aprobación de este Convenio se inscribe en los lineamientos de política exterior de promover las relaciones sur-sur en el marco de las recomendaciones inspiradas por las Naciones Unidas con miras a promover la cooperación técnica entre países en desarrollo.

En base a las consideraciones y conclusiones que anteceden es que el Poder Ejecutivo se permite recomendar la ratificación del presente Convenio.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Enrique V. Iglesias, Roberto Vázquez Platero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio Sanitario Veterinario entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo de la Asamblea Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, celebrado en Montevideo el 14 de mayo de 1985.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Enrique V. Iglesias, Roberto Vázquez Platero.

INFORME

AL SENADO

Vuestra Comisión considera que debe aprobarse el Convenio Sanitario Veterinario con el Consejo Educativo Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, suscrito por el Poder Ejecutivo con fecha 14 de mayo de 1985.

El mencionado Convenio establece un marco general amplio y flexible que, tal como lo expresa el Mensaje del Poder Ejecutivo facilitará el mejoramiento de nuestros conocimientos en materia veterinaria, -la que está notoriamente avanzada en la República Socialista Federativa de Yugoslavia- y permitirá eventualmente, la realización de condiciones favorables a la colocación de nuestras carnes y subproductos en un mercado extranjero importante.

Para que tales posibilidades virtuales se actualicen a su debido tiempo, será necesario, naturalmente, que el Poder Ejecutivo reglamente en forma adecuada las disposiciones del Convenio una vez que, por su ratificación éste integre el "Corpus Juris" legislativo de la República.

Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Oscar Lenzi, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio Sanitario Veterinario entre el Gobierno de la República y el Consejo Ejecutivo de la Asamblea General de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, celebrado en Montevideo, el 14 de mayo de 1985.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Oscar Lenzi, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al informado)

14) CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República y los Estados Unidos Mexicanos (Carp. Nº 343/85, Rep. Nº 131/85)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 343/85
Rep. Nº 131/85

Comisión de
Asuntos Internacionales


PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 17 de setiembre de 1985.

Señor Presidente de
la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre la República y los Estados Unidos Mexicanos el día 27 de junio de 1985.

Por el mencionado Convenio se busca impulsar los lazos de índole cultural que une a los países y fijar un marco jurídico básico que canalice las relaciones en los campos de la cultura, la educación, las ciencias, las humanidades y las artes.

Con el propósito de lograr estos objetivos, se establece que las Partes fomentarán los intercambios de representantes de universidades, institutos y organismos en los diversos campos de la cultura, otorgándose eventualmente becas de estudio e investigaciones. Cada país promoverá igualmente las acciones que contribuyan a un mejor conocimiento de la cultura, la historia y las costumbres de la otra Parte.

Asimismo se procura incentivar la adopción de medidas destinadas a la protección de los bienes arqueológicos, artísticos o históricos de ambos países, impidiendo la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes que integran sus respectivos patrimonios históricos.

En el artículo 5 del Convenio se prevé que las Partes tomarán conjuntamente las medidas necesarias para la celebración de reuniones a fin de elaborar programas periódicos y para evaluar la ejecución de este Convenio y éstas incluirán estipulaciones sobre las formas de cooperación y las modalidades financieras.

El Poder Ejecutivo considera que el instrumento propuesto constituye un medio valioso de cooperación bilateral en los diversos campos de la cultura que contribuirá a estrechar aun más los vínculos existentes entre ambas Naciones.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República.

DECRETAN:

Artículo 1º. - Apruébase la Convención de Intercambio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, suscrita en la ciudad de México el 27 de junio de 1985".

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Enrique Iglesias, Adela Reta.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión entiende que puede aprobarse el Convenio de Intercambio Cultura entre Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México con fecha 27 de junio de 1985.

El mencionado Convenio resulta particularmente oportuno en el contexto de la política general internacional de la República, que en el nuevo período constitucional que se abrió el 1º de marzo ppdo. se integra con dos vertientes que concurren a formar el amplio caudal de nuestras relaciones internacionales: el énfasis que unánimemente, los partidos políticos nacionales entienden que debe ponerse en la intensificación de los lazos que unen a la República con las demás repúblicas iberoamericanas y, por otra parte, el énfasis que también debe ponerse en el desarrollo cultural "latu sensu" y, particularmente, en los aspectos científicos y tecnológicos.

En ese sentido, el instrumento bilateral que ahora se somete a la aprobación de este Alto Cuerpo se inserta positivamente en ambas corrientes.

México es uno de los tres mayores países de la región, representativo de una feliz combinación multirracional, en la que el fermento hispánico, al entroncarse con los grandes centros culturales mexicanos de la América pre-Cortesiana, produjo resultados más felices. Indudablemente, del punto de vista bilateral en sí mismo, el país tendría mucho que ganar en un efectivo intercambio cultural con los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el instrumento sometido a la aprobación de ese Alto Cuerpo constituye un texto jurídico amplio, flexible y un marco jurídico que permitirá interesantes desarrollos culturales.

Para eso será necesario, naturalmente, que se implementen sus disposiciones, mediante una reglamentación adecuada que dinamice sus disposiciones una vez que pasen a integrar la legislación interna de la República, así como de una política cultural que viabilice sus virtualidades y haga efectivas todas las posibilidades que sin duda encierra.

Vuestra Comisión considera, asimismo que la política de firmar convenios de este tipo con los países iberoamericanos con los cuales aún no existan debería extenderse, con vistas al otorgamiento de un gran convenio cultural multilateral entre todos los países del área iberoamericana, que potencie en esa dimensión crucial la política general de acercamiento y de integración que el Uruguay propugna.

Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Oscar Lenzi, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase la Convención de Intercambio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, suscrita en la ciudad de México el 27 de junio de 1985.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Miembro Informante, Oscar Lenzi, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al informado)

15) UTE Y BIRF. Convenio de préstamo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término en el orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Préstamo y su correspondiente Convenio de Garantía celebrado ante la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000, destinados a financiar el Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico. (Carp. 258/85, Rep. 126/85)".

(Antecedentes:)

Comisión de
Industria y Energía

"Carp. Nº 258/85
Rep. Nº 126/85

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 3 de julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración del Poder Legislativo, el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Convenio de Préstamo y su correspondiente Convenio de Garantía celebrado entre la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000, destinados a financiar el Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General, muy atentamente,

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Carlos J. Pirán, Ricardo Zerbino, Enrique Iglesias.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase, sujeto a la intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas de la República, el Convenio de Préstamo celebrado el 20 de febrero de 1985 entre la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000 (cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América), y su correspondiente Convenio de Garantía otorgado por la República Oriental del Uruguay al referido Banco con la misma fecha, destinados a financiar el Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Carlos J. Pirán, Ricardo Zerbino, Enrique Iglesias.

WANG Nº 0161s

TRADUCCION NO OFICIAL
DEL TEXTO ORIGINAL
EN INGLES, UNICO
QUE ES FEHACIENTE

Departamento Jurídico
BORRADOR CONFIDENCIAL
(Sujeto a modificaciones)
BVelic/ABechara/RCucullu
6 de noviembre de 1984

PRESTAMO NUMERO - - - UR

CONVENIO DE PRESTAMO

(Proyecto de Ingeniería Eléctrica)
entre el
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO
y la
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS

Fechado el  ____   de __________  de 1984

CONVENIO DE PRESTAMO

CONVENIO, fechado el de de 1984, entre el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (en lo sucesivo denominado el Banco) y la ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS (denominada en lo sucesivo el Prestatario).

CONSIDERANDO que el Prestatario ha solicitado al Banco que contribuya al financiamiento del proyecto que se describe en el Anexo 2 de este Convenio mediante el otorgamiento de un préstamo en la forma que más adelante se establece; y

CONSIDERANDO que el banco ha convenido, sobre la base, entre otras cosas, de lo expuesto anteriormente, en otorgar el Préstamo al Prestatario en los plazos y condiciones que se estipulan más adelante;

POR LO TANTO, las partes en el presente Convenio acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I
Condiciones Generales; definiciones

Sección 1.01. Las partes en este Convenio aceptan todas las disposiciones de las Condiciones Generales aplicables a los Convenios de Préstamo y de Garantía del Banco, de fecha 27 de octubre de 1980 (en lo sucesivo denominadas las Condiciones Generales), con la misma vigencia y efecto que si se reprodujeran íntegramente en este Convenio.

Sección 1.02. Dondequiera que se utilicen en este Convenio, y a menos que el contexto exija otra cosa, los diversos términos definidos en las Condiciones Generales tienen el respectivo significado que en ellas consta y las expresiones que se indican a continuación tienen los significados siguientes:

a) "Convenio de Préstamo Anterior" significa el convenio de préstamo relativo al Préstamo Nº 1779-UR (Quinto Proyecto de Energía Eléctrica), de fecha 6 de marzo de 1980, entre el Banco y el Prestatario, y "Convenio de Garantía Anterior" significa el convenio de garantía relativo al Préstamo Nº 1779-UR (Quinto Proyecto de Energía Eléctrica) de la misma fecha que el anterior entre el Garante y el Banco, y "Estudio Anterior" significa el estudio realizado en virtud de la Parte C c) del proyecto que se describe en el Anexo 2 del Convenio de Préstamo Anterior.

b) "Dirección" significa la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía del Garante;

c) "Ejercicio" significa cualesquiera de los ejercicios económicos del Prestatario, que coinciden con el año civil;

d) "Ley de Electricidad" significa la ley sobre electricidad del Garante, Nº 14.694, de fecha 1 de setiembre de 1977, con inclusión de los reglamentos de dicha ley en la forma en que fueron emitidos por el Garante en el Decreto Nº 339/979 de fecha 8 de junio de 1979, y el régimen de ajustes periódicos de las tarifas que fue emitido por el Garante en el Decreto Nº 498/979 de fecha 5 de setiembre de 1979, y dicho término incluye todas las modificaciones de la citada ley, los reglamentos y el régimen mencionados hasta el 30 de setiembre de 1984;

e) "Ley UTE" significa los estatutos del Prestatario aprobados por la Ley del Garante Nº 15.031, publicados en el Diario Oficial del Garante Nº 20,801 de 12 de agosto de 1980, y la expresión incluye los reglamentos de dichos estatutos aprobados por el Decreto del Garante Nº 469/980, publicados en el Diario Oficial del Garante Nº 20.830 el 23 de setiembre de 1980, y

f) "ANP" significa la Administración Nacional de Puertos del Garante.

ARTICULO II
El Préstamo

Sección 2.01. El Banco conviene en prestar al Prestatario, en los plazos y condiciones estipulados o mencionados en este Convenio de Préstamo, una cantidad en diversas monedas equivalente a cuatro millones de dólares (U$S 4.000.000).

Sección 2.02. El importe del Préstamo podrá retirarse de la Cuenca del Préstamo de conformidad con las disposiciones del Anexo 1 de este Convenio, con las modificaciones que se introdujeren de cuando en cuando en dicho Anexo por acuerdo entre el Prestatario y el Banco, por concepto de gastos efectuados (o, si el banco conviniere en ello, de gastos por efectuar) en relación el costo razonable de los bienes y servicios requeridos para el Proyecto que se describe en el Anexo 2 de este Convenio y que deban financiarse con el importe del Préstamo.

Sección 2.03. Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, la adquisición de los bienes que se requieren para el Proyecto y que hayan de financiarse con el importe del Préstamo se regirán por las disposiciones del Anexo 4 de este Convenio.

Sección 2.04. La fecha de cierre será el 31 de diciembre de 1987 u otra fecha posterior que al efecto determinare el Banco. El Banco notificará inmediatamente al Prestatario acerca de tal fecha posterior.

Sección 2.05. a) El Prestatario pagará al Banco una comisión equivalente a nueve mil novecientos setenta y cinco dólares (U$S 9.975).

b) En la fecha de entrada en vigor o luego después de esta fecha, el Banco, a nombre del Prestatario, retirará de la cuenta del Préstamo y se pagará a sí mismo el monto de dicha comisión en la moneda o monedas que al efecto especificare el Banco.

Sección 2.06. El Prestatario pagará al Banco una comisión por compromiso a razón de tres cuartos del uno por ciento (3/4 del 1%) anual sobre la parte del principal del Préstamo que no haya sido retirada.

Sección 2.07. a) El Prestatario pagará intereses sobre la parte del principal del Préstamo que haya sido retirada y esté pendiente de reembolso a un tipo anual, para cada período de intereses, superior en un medio por ciento anual al costo de los empréstitos calificados correspondientes al último semestre que termine antes del comienzo del período de intereses de que se trate.

b) Tan pronto como sea posible luego de finalizar cada semestre, el Banco notificará al Prestatario y al Garante acerca del costo de los empréstitos calificados para cada semestre.

c) A los fines de esta Sección:

i) "Período de intereses" significa el período de seis meses que comienza en cada fecha especificada en la Sección 2.08 de este Convenio, incluido el período de intereses dentro del cual se firme este Convenio.

ii) "Costo" de los empréstitos calificados significa el costo, expresado como porcentaje anual, que el Banco razonablemente determinare, con la condición de que se considerará que la suma de $ 8.520.5 millones a que se refiere el punto iii) B) a continuación tendrá un costo anual de 10,93%.

iii) "Empréstitos calificados" significa: A) los empréstitos del Banco pendientes de reembolso utilizados después del 30 de junio de 1982, y B) hasta el 1 de julio de 1985, la suma de $ 8.520.5 millones (que representa los empréstitos del Banco obtenidos entre el 1º de julio de 1981 y el 30 de junio de 1982) menos cualquier parte de los mismos reembolsada con anterioridad al 1 de julio de 1985.

iv) "Semestre" significa los primeros seis meses o los segundos seis meses de un año civil.

Sección 2.08. Los intereses y demás cargos se pagarán semestralmente el 1 de marzo y el 1 de setiembre de cada año.

Sección 2.09. El Prestatario reembolsará el principal del Préstamo de conformidad con el plan de amortización consignado en el Anexo 3 de este Convenio.

ARTICULO III
Ejecución del Proyecto

Sección 3.01. El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del Proyecto en la forma estipulada en el Anexo 2 de este Convenio y a este fin llevará a cabo el Proyecto con la debida diligencia y eficiencia y de conformidad con apropiadas prácticas administrativas, financieras, de ingeniería y de servicios públicos.

Sección 3.02. Con el fin de que lo asistan en la ejecución de la Parte A del Proyecto, el Prestatario empleará consultores cuyas calificaciones, experiencia y condiciones de empleo sean satisfactorias para el Banco; dichos consultores se seleccionarán de conformidad con principios y procedimientos aceptables para el Banco, basados en las "Normas sobre la utilización de consultores por los prestatarios del Banco Mundial y por el Banco Mundial como organismo de ejecución", publicadas por el Banco en agosto de 1981.

Sección 3.03. a) El Prestatario se compromete a asegurar o a tomar providencias adecuadas para asegurar los bienes importados que se financien con el importe del Préstamo contra riesgos relacionados con su adquisición, transporte y entrega en el lugar de su uso o instalación y cualquier indemnización en virtud del correspondiente seguro será pagadera en moneda libremente utilizable por el Prestatario para reemplazar o reparar dichos bienes.

b) El Prestatario hará que todos los bienes y servicios financieros con el importe del Préstamo se utilicen exclusivamente para fines del Proyecto.

Sección 3.04. a) El Prestatario proporcionará al Banco, tan pronto como se preparen, los planos, especificaciones, informes, documentos contractuales y calendarios de trabajo y adquisiciones relativos al Proyecto, y cualesquiera modificaciones y adiciones sustanciales de los mismos, con el detalle que el Banco razonablemente solicitare.

b) El Prestatario: i) mantendrá registros y procedimientos adecuados para observar y dejar constancia de la marcha del Proyecto (incluido su costo y los beneficios que han de derivarse de él), identificar los bienes y servicios que se financien con el importe del Préstamo y revelar el uso de dichos bienes y servicios en el Proyecto ii) permitirá que los representantes del Banco visiten las instalaciones y emplazamientos de construcción incluidos en el Proyecto y examinen los bienes financieros con el importe del Préstamo y cualesquiera registros y documentos pertinentes, y iii) suministrará al Banco, a intervalos regulares, toda la información que éste razonablemente solicitare con respecto al Proyecto, a su costo y, cuando fuere pertinente, a los beneficios que han de derivarse de él, al gasto del importe del Préstamo y a los bienes y servicios financiados con dichos fondos.

c) Luego de que el Prestatario haya adjudicado un contrato con respecto a bienes o servicios que han de financiarse con cargo al importe del Préstamo, el Banco podrá publicar una descripción de dicho contrato, el nombre y nacionalidad del adjudicatario y el precio del contrato.

d) Prontamente después de la terminación del Proyecto, pero en todo caso a más tardar seis meses después de la fecha de cierre u otra fecha que al efecto puedan acordar el Banco y el Prestatario, éste preparará y suministrará al Banco un informe, con el alcance y detalle que razonablemente solicitare acerca de la ejecución y operaciones iniciales del Proyecto, su costo y los beneficios derivados y que han de derivarse de él, al cumplimiento por el Prestatario y el Banco de sus respectivas obligaciones en virtud del Convenio de Préstamo y la consecución de los fines del Préstamo.

Sección 3.05. El Prestatario: a) a más tardar el 31 de julio de 1985 preparará y proporcionará al Banco para su análisis y comentarios un plan de acción, que incluye el calendario del mismo, relativo a la formulación de una política sobre inventarios y a mejoramientos en la administración de los inventarios, y b) a más tardar el 31 de octubre de 1985, comenzará a llevar a cabo dicho plan de acción tomando en cuenta los comentarios del Banco al respecto.

Sección 3.06. El Prestatario: a) a más tardar el 31 de diciembre de 1985, pero en todo caso antes de publicar documentos de licitación o de solicitar ofertas o cotizaciones de precios con respecto a la ejecución de la Parte B) 1) del Proyecto, preparará un plan de acción para la ejecución de dicha parte del Proyecto en base a las recomendaciones del Estudio anterior; y b) dará al Banco la oportunidad razonable de formular comentarios sobre dicho plan de acción antes de ponerlo en práctica.

Sección 3.07. El Prestatario: a) a más tardar el 31 de marzo de 1986 dará término a los estudios a que se refiere la Parte A) 1) y A) 2) del Proyecto y entregará al Banco, para su análisis y comentarios, las conclusiones y recomendaciones de los mismos junto con un plan de acción propuesto, que incluye el calendario respectivo, todo en base a dichas recomendaciones; y b) a más tardar el 30 de setiembre de 1986 comenzará a poner en práctica el plan de acción tomando en cuenta los comentarios del Banco de conformidad con el párrafo a) anterior.

ARTICULO IV
Administración y operaciones del Prestatario

Sección 4.01. El Prestatario llevará a cabo sus operaciones y administrará sus asuntos, incluida su ampliación futura, de acuerdo con prácticas administrativas, financieras, de ingeniería y de servicios públicos apropiados, bajo la supervisión de una administración calificada y de experiencia, secundada por personal suficiente e idóneo.

Sección 4.02. El Prestatario dirigirá y mantendrá en todo momento sus plantas, maquinaria, equipo y demás bienes, y hará oportunamente todas las reparaciones y renovaciones de los mismos que sean necesarios, todo ello de conformidad con buenas prácticas de ingeniería, finanzas y servicios públicos.

Sección 4.03. a) El Prestatario contratará y mantendrá con aseguradores responsables un seguro contra los riesgos y por cantidades que se ajusten a prácticas apropiadas en esta materia, o adoptará otras medidas satisfactorias para el Banco a fin de contar con tal seguro.

b) Sin limitar la generalidad del párrafo a) anterior, el Prestatario mantendrá el fondo de autoseguro establecido de conformidad con la Sección 4.01 b) del Convenio de Préstamo Anterior, contra riesgos no asegurados mediante un seguro externo.

Sección 4.04. El Prestatario mantendrá en todo momento su existencia y su derecho a efectuar operaciones y salvo que el Banco conviniere en otra cosa, adoptará todas las medidas necesarias para adquirir, mantener y renovar todos los derechos, facultades, privilegios y franquicias que sean menester o se estimen convenientes para el desempeño de sus actividades.

ARTICULO V
Estipulaciones financieras y otras

Sección 5.01. El Prestatario mantendrá registros adecuados que reflejen, de acuerdo con sanas prácticas contables mantenidas uniformemente, sus operaciones y situación financiera.

Sección 5.02. El Prestatario:

a) dispondrá que sus cuentas y estados financieros (balances, estados de ingresos y gastos y estados afines) correspondientes a cada ejercicio económico sean verificados, de conformidad con sanos principios de auditoría uniformemente aplicados, por auditores independientes que sean aceptables para el Banco;

b) proporcionará al Banco tan pronto como los tuviere, pero a más tardar cinco meses después de concluido cada uno de dichos ejercicios económicos: i) copias certificadas de sus estados financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, verificados en la forma indicada, y ii) el informe de comprobación de cuentas de dichos auditores, con el balance y el detalle que el Banco hubiere razonablemente solicitado, y

c) proporcionará al Banco las demás informaciones relativas a las cuentas, estados financieros, registros y gastos y a la verificación de los mismos que el Banco razonablemente solicitare de cuando en cuando.

Sección 5.03. a) El Prestatario declara que a la fecha de este Convenio no pesa gravamen alguno sobre ninguno de sus activos en garantía de ninguna deuda, excepto los que actualmente ha declarado o comunicado por escrito al Banco.

b) salvo que el Banco conviniere en otra cosa, el Prestatario se compromete a que: i) si constituyere algún gravamen sobre cualesquiera de sus activos en garantía de cualquier deuda, tal gravamen garantizará en igual grado y proporcionalmente el pago del principal, los intereses y demás cargos del Préstamo y al constituir tal gravamen se obliga a incluir disposiciones expresas a ese efecto sin costo alguno para el Banco, y ii) si se constituyere algún gravamen legal sobre cualesquiera de los activos del Prestatario en garantía de cualquier deuda, el Prestatario establecerá, sin costo alguno para el Banco, un gravamen equivalente que sea satisfactorio para el Banco, a fin de garantizar el pago del principal, los intereses y demás cargos del Préstamo; queda entendido, sin embargo, que las disposiciones precedentes no se aplicarán: A) a ningún gravamen constituido sobre bienes, en e momento de su adquisición, únicamente como garantía del pago del precio de compra de los mismos o como garantía del pago de la deuda incurrida para financiar la compra de los citados bienes; ni B) a ningún gravamen resultante del giro ordinario de las transacciones bancarias y para garantizar una deuda cuyo plazo de vencimiento no sea superior a un año después de la fecha en que hubiere sido originalmente contraída.

c) En virtud de este párrafo, se modifica la Sección 5.01 del Convenio de Préstamo Anterior, la cual deberá decir lo mismo que los párrafos a) y b) de esta Sección.

Sección 5.04. a) Salvo que el Banco conviniera en otra cosa, el Prestatario adoptará, con prontitud y cuando fuere necesario, todas las medidas que se requieran (que incluyen, pero sin limitarse a ellas, medidas referentes a los reajustes del nivel de sus tarifas de venta de electricidad, debiendo incluir esas medidas, entre otras cosas, el ejercicio de sus derechos en virtud del Decreto del Garante Nº 498/79, de fecha 5 de setiembre de 1979) para proporcionar al Prestatario ingresos suficientes que cubren todos los gastos de explotación y administración, con inclusión de impuestos y gravámenes si los hubiere, mantenimiento adecuado y depreciación, y que produzcan una tasa anual de rentabilidad en su valuación de base, ambas calculadas de acuerdo con las disposiciones del Anexo 5 de este Convenio, de no menos del 6%. En caso que en un año dado la tasa anual de rentabilidad sea inferior a 7,5%, la diferencia entre la tasa alcanzada y el 7,5% se compensará en el ejercicio siguiente.

b) El Prestatario:

i) examinará sus ingresos mediante estimaciones y proyecciones realistas, con el objeto de determinar si serán suficientes para producir la tasa de rentabilidad anual que se requiere conforme al párrafo a) de esta Sección, correspondiente al ejercicio en curso y al siguiente, o a ambos, según sea el caso;

ii) proporcionará al Banco los resultados de dicho examen, y

iii) informará al Banco acerca de las medidas adoptadas o que se propone adoptar, si es necesario, a fin de lograr la tasa de rentabilidad requerida.

c) El Prestatario entregará la información que se deberá proporcionar al Banco de conformidad con el párrafo b) anterior por lo menos una vez cada trimestre en cada ejercicio económico y a más tardar el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de setiembre y el 31 de diciembre de cada año.

d) En cualquier momento y a solicitud del Prestatario, el Banco considerará de buena fe con el Prestatario la suficiencia de los porcentajes de la tasa de rentabilidad consignados en el párrafo a) de esta Sección, teniendo en cuenta las circunstancias entonces prevalecientes o previstas.

e) En virtud de este párrafo, se modifica la Sección 5.04 del Convenio de Préstamo Anterior, la cual deberá decir lo mismo que los párrafos a), b), c) y d) de esta Sección.

Sección 5.05. a) Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, el Prestatario no contraerá deuda alguna a menos que sus ingresos netos correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que se contrajera la deuda o a un período posterior de 12 meses que haya finalizado antes de que se contrajera la deuda, según la cual sea el monto mayor, no fuere inferior a una y media veces el monto máximo requerido en cualquier ejercicio económico posterior para el servicio de toda la deuda del Prestatario, incluida la deuda en que se proponga incurrir.

A los fines de esta Sección:

i) El término "deuda" significa toda deuda del Prestatario, incluida la deuda de cuyo servicio es responsable el Prestatario, cuyo vencimiento según sus plazos sea a la vista o a más de un año a partir de la fecha en que se hubiere contraído.

ii) La deuda se entenderá como contraída: A) en virtud de un contrato, convenio de préstamo u otro instrumento que estipule dicha deuda o la modificación de sus condiciones de pago, en la fecha de dicho contrato, convenio o instrumento, y B) en virtud de un convenio de garantía, en la fecha en que se haya celebrado el convenio que estipula tal garantía.

iii) La expresión "ingresos netos" significa: A) los ingresos brutos de explotación, con exclusión de las aportaciones de los clientes en ayuda de la construcción y depósitos de los consumidores, e ingresos netos no operacionales, todos reajustados para tomar en cuenta las tarifas de venta de electricidad del Prestatario vigentes en el momento de contraerse la deuda, que cuando dichas tarifas no hubieran estado en vigor durante el ejercicio económico o el período de 12 meses a que correspondan tales ingresos, menos B) todos los gastos de explotación relacionados con las operaciones, que incluyen los gastos de administración, el mantenimiento adecuado, los impuestos y pagos en lugar de impuestos, pero excluyen la depreciación, otros cargos de explotación no monetarios, los intereses y demás cargos sobre la deuda.

iv) La expresión "requisitos del servicio de la deuda" significa el monto total de la amortización (que incluye las aportaciones al fondo de amortización, si lo hubiere), los intereses y otros cargos sobre la deuda.

v) Cuando a los fines de esta Sección fuere necesario valorar en la moneda del Garante una deuda pagadera en otra moneda, tal valoración se hará sobre la base del tipo de cambio legal vigente, en el momento de dicha valoración, al que se pueda legalmente obtener esa otra moneda para fines del servicio de tal deuda.

vi) La expresión "ingresos netos no operacionales" significa la diferencia entre: A) los ingresos provenientes de todas las fuentes distintas de las relacionadas con las operaciones, y B) los gastos, incluidos los impuestos y pagos en lugar de impuestos, incurridos en la generación de ingresos a que se refiere la letra A) anterior.

b) Las disposiciones del párrafo a) precedente no se aplicarán a la deuda pagadera a los proveedores comerciales por conceptos de adquisiciones hechas a ellos y que, por sí sola o junto con otra deuda similar contraída en ese mismo ejercicio, no excede del equivalente de U$S 1.000.000.

c) En virtud de este párrafo, se modifica la Sección 5.05 del Convenio de Préstamo Anterior, la cual deberá decir lo mismo que los párrafos a) y b) de esta Sección".

Sección 5.06. El Prestatario adoptará medidas adecuadas y satisfactorias para el banco para cobrar las facturas emitidas dentro de los 75 días siguientes a la fecha de emisión de las mismas.

Sección 5.07. a) Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, el Prestatario, en cada uno de sus ejercicios después del que termina el 31 de diciembre de 1984 y hasta concluir el ejercicio que tenía el 31 de diciembre de 1988, generará fondos de fuentes internas equivalentes a no menos del 60% de los gastos de capital del Prestatario incurridos en ese ejercicio.

b) Antes del 31 de octubre de cada uno de sus ejercicios, el Prestatario, en base a proyecciones preparadas por él y que sean satisfactorias para el Banco, considerará si puede cumplir los requisitos estipulados en el párrafo a) con respecto a dicho ejercicio y al siguiente, y proporcionará al Banco una copia de dicho examen una vez terminado.

c) Si alguno de estos exámenes muestra que el Prestatario no podrá cumplir los requisitos estipulados en el párrafo a) con respecto a los ejercicios del Prestatario que abarca dicho estudio, éste con prontitud adoptará todas las medidas necesarias (que incluyen, pero sin limitarse a ellas, los ajustes de la estructura o niveles de sus tarifas y los niveles de sus necesidades reajustadas del servicio de la deuda o los gastos de capital) a fin de satisfacer dichos requisitos.

d) A los fines de esta Sección:

i) La expresión "fondos provenientes de fuentes internas" significa la diferencia entre:

A) la suma de los ingresos provenientes de todas las fuentes relacionados con las operaciones, los depósitos y las aportaciones de los consumidores en ayuda de la construcción, y los ingresos netos no operacionales, y

B) la suma de todos los gastos relacionados con las operaciones, incluidos los gastos de administración, mantenimiento adecuado e impuestos y pagos en lugar de impuestos (excluida la depreciación y otros cargos de explotación no monetarios), las necesidades reajustadas del servicio de la deuda, todos los dividendos en efectivo y demás distribuciones en efectivo del superávit, y otros egresos monetarios distintos de los gastos de capital.

ii) La expresión "necesidades reajustadas del servicio de la deuda" significa el monto global de amortización adeudado y pagadero (que incluye los pagos del fondo de amortización, si lo hubiere) y los intereses y demás cargos sobre la deuda; queda entendido, sin embargo, que de ese monto global se deducirá una cantidad que: A) se ha diferido o se diferirá hasta un ejercicio o ejercicios posteriores con el consentimiento del acreedor o los acreedores del Prestatario, o B) ha sido pagada o será pagada en dicho ejercicio por un tercero o terceros en nombre del Prestatario y que, por lo tanto, el Prestatario no adeudará ni pagará hasta un ejercicio o ejercicios posteriores, o C) ha sido pagada o será pagada durante el ejercicio en cuestión mediante aportaciones al capital del Prestatario, que se han efectuado o se efectuarán únicamente a los fines de financiar dicho pago, o D) se ha pagado o se pagará con el importe de préstamos contraídos por el Prestatario y que no deban reembolsarse durante dicho ejercicio.

iii) La expresión "gastos de capital" significa todos los gastos incurridos por concepto de activos fijos, incluidos los intereses cargados a la construcción y relacionados con las operaciones.

iv) Las disposiciones de la Sección 5.05 i), ii), v) y vi) de este Convenio también se considerarán aplicables a la presente.

Sección 5.09. Las disposiciones de las Secciones 3.05 e) y 5.09 del Convenio de Préstamo Anterior se considerarán parte de este Convenio con la misma vigencia y efecto que si se reprodujeran íntegramente en el presente Convenio.

ARTICULO VI
Recursos del Banco

Sección 6.01. A los fines de la Sección 6.02 de las Condiciones Generales, se especifica el siguiente hecho como condición adicional de conformidad con el párrafo k) de dicha Sección, a saber, que la Ley de Electricidad o la Ley UTE, o cualquier disposición de las mismas, hubiere sido modificada, suspendida, derogada o revocada, o que se hubiera renunciado a su aplicación de manera que afectare adversamente a la ejecución del Proyecto, al cumplimiento por el Prestatario de sus otras obligaciones en virtud del Convenio de Préstamo o a las operaciones o situación financiera del Prestatario.

Sección 6.02. A los fines de la Sección 7.01 de las Condiciones Generales, se especifica el siguiente hecho adicional de conformidad con el párrafo h) de dicha Sección, a saber, que ocurriere cualquier hecho especificado en la Sección 8.01 de este Convenio.

ARTICULO VII
Terminación

Sección 7.01. Se señala la fecha del de * a los efectos de la Sección 12.04 de las Condiciones Generales.

* En este espacio se insertará la fecha correspondiente a unos días después de la firma del Convenio.

ARTICULO VIII
Direcciones

Sección 8.01. Se señalan las siguientes direcciones a los efectos de la Sección 11.01 de las Condiciones Generales:

Para el Banco:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Dirección cablegráfica: Télex:

INTBAFRAD 440098 (ITT)

Washington, D.C. 248423 (RCA) o

64145 (WUI)

Para el Prestatario:

Administración Nacional de Usinas
y Transmisiones Eléctricas

Palacio de la Luz

Paraguay 2431

Montevideo, Uruguay

Dirección cablegráfica: Télex:

Iux 850 UY ANTEL

Montevideo

EN FE DE LO CUAL las partes, actuando por medio de sus representantes debidamente autorizados al efecto, han dispuesto que se firme este Convenio en sus nombres respectivos, en el Distrito de Colombia, Estados Unidos de América, en la fecha antes consignada.

Por el BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCION Y
FOMENTO

Vicepresidente
Oficina Regional de América
Latina y el Caribe

Por la ADMINISTRACION
NACIONAL DE USINAS Y
TRANSMISIONES ELECTRICAS

Representante autorizado

ANEXO 1
Retiro del importe del Préstamo

1. El cuadro siguiente expresa las categorías de elementos a financiar con el importe del Préstamo, la asignación de sumas del Préstamo a cada categoría y el porcentaje de gastos autorizados para los elementos que han de financiarse de esa manera dentro de cada categoría:

Categoría   

Asignación de sumas del Préstamo (expresadas en su equivalente en dólares)


Porcentaje de
gastos
a financiar

1)  

2.454.600

a) Equipo y materiales  

100% de los gastos en divisas y 80% de los gastos en moneda nacional (costo en fábrica)

b) Cargos por servicios pagados a la ANP en relación con la manipulación de equipo y materiales mencionados en la letra a) anterior  

100%

2) Servicios de consultores y capacitación  

768.000

100% de los gastos en divisas y sólo con respecto a los consultores residentes y a la capacitación en los territorios del Garante, el 80% de los gastos en moneda nacional.

3) Comisión  

9.975

La suma que se deba en virtud de la Sección 2.05 de este Convenio.

4) No asignada   

767.425

Total

4.000.000

2. A los efectos de este Anexo:

a) La expresión "gastos en divisas" significa gastos hechos en la moneda de cualquier país distinto del Garante por concepto de bienes o servicios suministrados desde el territorio de un país que no sea el Garante, y

b) La expresión "gastos en moneda nacional" significa gastos en la moneda del Garante o por concepto de bienes o servicios suministrados desde su territorio.

3. Los porcentajes de los desembolsos se han calculado de acuerdo con la norma del Banco de que no se desembolsarán fondos del Préstamo por concepto de pagos de impuestos establecidos por el Garante, o en su territorio, sobre bienes o servicios, o sobre la importación, fabricación, adquisición o suministro de los mismos; a ese fin, si disminuye o aumenta el monto de cualquiera de los impuestos que graven algún elemento de cualquier categoría que haya de financiarse con el importe del Préstamo o que guarden relación con dicho elemento, el Banco podrá, mediante notificación al Prestatario, aumentar o disminuir el porcentaje de los desembolsos entonces aplicable a dicha categoría, según sea necesario, a fin de obrar en armonía con la mencionada norma del Banco.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 1 anterior, no se harán retiros con respecto a pagos hechos por gastos anteriores a la fecha de este Convenio, pero podrán hacerse retiros con respecto a los gastos en virtud de la Parte A 3) del Proyecto por cuenta de pagos hechos en concepto de tales gastos antes de la mencionada fecha pero después del 31 de marzo de 1984 por una cantidad total que no exceda del equivalente de $ 358.000.

5. No obstante la distribución del importe del Préstamo o los porcentajes de desembolso establecidos en el cuadro del párrafo 1 anterior, si el Banco estimare razonablemente que los fondos del Préstamo asignados en un momento dado a cualquier categoría serán insuficientes para financiar el porcentaje convenido de todos los gastos comprendidos en ella, el Banco podrá mediante notificación al Prestatario: i) reasignar a la citada categoría, en la medida necesaria para cubrir la insuficiencia calculada, fondos del Préstamo que estuvieren entonces asignados a otra categoría y que, a juicio del Banco, no se necesiten para atender otros gastos, y ii) si tal reasignación no puede satisfacer plenamente la insuficiencia calculada, reducir el porcentaje de los desembolsos que sea aplicable a tales gastos, a fin de que los retiros ulteriores con respecto a dicha categoría puedan continuar hasta que se hayan efectuado todos los gastos correspondientes a ella.

6. Si el Banco determinare razonablemente que la adquisición de algún elemento incluido en cualquier categoría no se ajusta a los procedimientos estipulados a mencionados en este Convenio, no se financiará con el importe del Préstamo ningún gasto por concepto de dicho elemento y el Banco podrá, mediante notificación al Prestatario, cancelar la porción del Préstamo que razonablemente estime representa el modo de los gastos que de otro modo habrían podido ser financiados con el importe del Préstamo, sin que por ello se restrinja o limite en forma alguna cualquier otro derecho, facultad o recurso del Banco en virtud del Convenio de Préstamo.

ANEXO 2
Descripción del Proyecto

Los objetivos del Proyecto son los siguientes:

a) fortalecer la administración del Prestatario a fin de fomentar la economía y la eficiencia de sus operaciones;

b) mejorar la calidad de los servicios de electricidad proporcionados en los territorios del Garante, y

c) racionalizar la utilización de electricidad de los consumidores.

El Proyecto consta de las siguientes partes:

Parte A: Estudios y capacitación

1) Llevar a cabo un estudio de planificación del sistema de distribución que incluye un análisis técnico y económico de: a) la configuración de la red eléctrica de 30 kV y niveles de voltaje medio inferiores a 30 kV; b) la utilización de un sistema de 380 V conectado a tierra u otros que se requieran para la distribución de bajo voltaje; c) un centro de distribución de la carga para Montevideo; d) reducción de la pérdida en los niveles de voltaje medio y bajo y e) ampliación y/o remodelación del sistema de distribución de energía eléctrica en los territorios del Garante.

2) Realizar estudios de operación y planeamiento sobre sistemas hidrotérmicos de generación de energía eléctrica.

3) Efectuar un estudio de viabilidad con respecto a la rehabilitación de la central hidroeléctrica de Gabriel Terra.

4) Llevar a cabo un programa de capacitación para ayudar a fortalecer la Unidad de Capacitación Administrativa del Prestatario.

Parte B: Instalaciones de infraestructura

1) Adquisición e instalación de cerca de 10.000 medidores eléctricos con tarifas dobles y triples y registros de demanda máxima a fin de poner en vigor una estructura revisada de tarifas en base a las recomendaciones del Estudio Anterior.

2) Adquisición y utilización de equipo eléctrico para medir las pérdidas de distribución de energía eléctrica y para el funcionamiento y mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica, y otros equipos para controlar las deficiencias, efectivas o posibles, que puedan poner en peligro la seguridad de la represa de Gabriel Terra.

Se estima que el Proyecto quedará terminado a más tardar el 30 de junio de 1987.

ANEXO 3
Plan de amortización

Fecha de vencimiento

Pago del principal
(expresado en
dólares)*

El 1 de marzo y el 1 de setiembre de cada año

desde el 1 de setiembre de 1989

hasta el 1 de setiembre de 1997  

220.000

El 1 de marzo de 1998  

260.000

* Las cifras de esta columna representan los equivalentes en dólares determinados en las respectivas fechas de retiro; véanse las Condiciones Generales, Sección 3.0

Primas por anticipación de los pagos

Los porcentajes que se estipulan a continuación serán las primas que deberán pagarse al reembolsar, con antelación al vencimiento, cualquier parte del principal del Préstamo de conformidad con la Sección 3.04 b) de las Condiciones Generales:

Período de anticipación de los pagos  

Prima

  

el tipo de interés (expresado como porcentaje anual) aplicable al saldo pendiente del Préstamo en el día de anticipación del pago multiplicado por:


No más de tres años antes del vencimiento  


0,23

Más de tres años pero no más de cinco años antes del vencimiento  

0,38

Más de cinco años pero no más de nueve años antes del vencimiento  

0,69

Más de nueve años pero no más de once años antes del vencimiento  

0,85

Más de once años antes del vencimiento  

1,00

ANEXO 4
Adquisiciones

A. Licitación pública internacional

Los contratos para la adquisición de bienes se adjudicarán de conformidad con procedimientos que guarden armonía con los establecidos en las Secciones I y II de las "Normas para las Adquisiciones con Préstamos del Banco Mundial y Créditos de la AIF", publicadas por el Banco en agosto de 1984 (denominadas en adelante las Normas).

B. Examen por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones

1. Examen de las llamadas a licitación y de las adjudicaciones propuestas y contratos finales:

a) Con respecto a todos los contratos para la adquisición de equipo y materiales cuyo costo se estime en el equivalente de $ 100.000 o más, se aplicarán los procedimientos que se describen en los párrafos 2 y 4 del Apéndice 1 de las Normas.

b) Con respecto a cada contrato que no esté sujeto a las disposiciones del párrafo precedente, se aplicarán los procedimientos que se describen en los párrafos 3 y 4 del Apéndice de las Normas.

c) Las disposiciones de los subpárrafos precedentes a) y b) no se aplicarán a contratos con respecto a los cuales el Banco ha autorizado retiros de la Cuenta del Préstamo sobre la base de estados de gastos.

2. Se especifica en esta Sección el porcentaje de 10% para los fines del párrafo 4 del Apéndice 1 de las Normas.

ANEXO 5
Métodos para calcular la tasa de rentabilidad

A los fines de la Sección 5.04 a) de este Convenio:

1. La tasa de rentabilidad con respecto a cualquier ejercicio económico se calculará relacionando el ingreso neto del Prestatario derivado de las operaciones correspondientes a ese ejercicio con la valuación de base durante ese mismo ejercicio.

2. La expresión "ingreso neto derivado de las operaciones" significa el ingreso bruto derivado de las operaciones menos todos los gastos de explotación y administración, incluido el mantenimiento adecuado, la depreciación lineal, las primas de seguro o autoseguro, las reservas para deudas incobrables, los impuestos (incluidos los impuestos sobre la renta) y gravámenes, si los hubiere, o cualquier pago en lugar de los mismos, pero sin incluir las deducciones de intereses u otros cargos por concepto de deudas. La expresión "ingreso bruto de explotación" significa el importe de la venta de electricidad, incluidos los gastos fijos y los derechos por reclamos, pero sin incluir los cargos por conexiones (que se considerarán como ingreso no operacional).

3. La expresión "valuación de base" significa el valor bruto medio del total de los activos fijos en explotación en la forma en que fueren revaluados por lo menos una vez cada año civil, de acuerdo con métodos de revaluación que sean aceptables para el Banco, menos la depreciación media acumulada, más los activos corrientes al final del año.

4. El valor bruto medio del total de los activos fijos en explotación se determinará sumando el valor bruto del total de los activos fijos en explotación al final de un ejercicio al valor bruto del total de los activos fijos en explotación al principio de ese ejercicio, y dividiendo el total por dos; la depreciación media acumulada se calculará sumando el valor de la depreciación acumulada al principio y al final del ejercicio y dividiendo el total por dos.

5. La expresión "activos corrientes" significa la suma de dinero efectivo, depósitos bancarios, cuentas por cobrar de la venta de electricidad y los inventarios de piezas de repuesto y materiales. Hasta que el Prestatario haya puesto en práctica un sistema de registro de sus inventarios de explotación que esté de acuerdo con prácticas contables adecuadas, según lo certifiquen los auditores independientes a que se hace referencia en la Sección 5.02 de este Convenio, la expresión "inventarios de pieza de repuesto y materiales" significará la cantidad total del rubro "inventarios", tal como figura en el balance del Prestatario correspondiente al ejercicio económico.

6. La depreciación anual no será inferior a 2,5% del valor bruto medio de los activos fijos en explotación, revaluados en la forma que se indica en el párrafo 3 anterior.

MEMORANDUM

Ref. Interpretación que debe darse, en la traducción al idioma español, al texto oficial en inglés de la Sección 5.04 d) del Convenio de Préstamo entre UTE y BIRF, firmado el 20/2/85, con destino a un Proyecto de Ingeniería.

Con fidelidad al espíritu de los términos discutidos en idioma español en ocasión de la negociación del Convenio (Washington D.C.), el texto oficial del Convenio ha recogido, en la Sección e inciso de la referencia, la redacción:

..."the Bank shall discuss in good faith with the Borrower the adequacy of the rate of return porcentages set forth under paragraph (a) of this Section in light of the circumstances then prevailling or foreseable".

Este texto, que se ajusta perfectamente al neologismo en español "adecuación" que fue el oportunamente discutido y acordado, no ha sido el recogido en la traducción no oficial del texto original en inglés producida por el Banco, en la cual se expresa, en relación con la Sección 5.04 d) comentada:

..."el Banco considerará de buena fe con el Prestatario la suficiencia de los porcentajes de la tasa de rentabilidad consignados en el párrafo a) de esta Sección, teniendo en cuenta las circunstancias entonces prevalecientes o previstas".

Vista la situación creada, las partes firmantes, habiendo mediado el asesoramiento del Dr. R. Cucullu del Departamento Jurídico del Banco, convienen en que una traducción al idioma español que se ajuste fielmente al espíritu de los términos oportunamente negociados debe decir:

..."el Banco considerará de buena fe con el Prestatario si los porcentajes de la tasa de rentabilidad consignados en el párrafo a) de esta Sección son adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias entonces prevalecientes o previstas".

Montevideo, 22 de marzo de 1985.

(firmas ilegibles)

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja votar favorablemente el adjunto proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo el 3 de julio próximo pasado, por el cual se aprueba el Convenio de Préstamo y su correspondiente Convenio de Garantía entre la Administración Nacional de las Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000.00 (cuatro millones de dólares estadounidenses), para financiar el denominado Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico.

La Comisión destinó varias sesiones al examen del asunto, empezando por mantener una extensa reunión con las autoridades de UTE a fin de recabar una información ampliatoria, no contenida en el texto de los convenios, que le permitiera contar con todos los elementos de juicio indispensables para asesorar al Senado en debida forma. En este sentido cabe señalar que la negociación de este préstamo entre UTE y el BIRF culminó en noviembre del año pasado y fue firmado a fines de febrero de este año. Pero importa destacar que el actual Directorio de UTE ratificó por unanimidad al Convenio y éste cuenta, en aplicación estricta de las normas legales y reglamentarias en vigor, con la conformidad expresa de los Ministerios de Industria y Energía, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores.

El objeto principal específico de este Convenio es la adquisición de equipos de contralor y medición, especialmente medidores de triple tarifa y de demanda máxima, y, en parte menor, equipos para controlar las pérdidas de la red de distribución de energía eléctrica. Este equipamiento resulta indispensable para UTE a efectos de poder vender excedentes de energía de generación hidráulica a menor precio, tanto para el sector industrial como para calefacción eléctrica de edificios de viviendas. Como se describe en el Anexo 2 del Proyecto se trata de fortalecer la administración de UTE fomentando la economía y eficiencia de sus operaciones; de mejorar la calidad de los servicios de electricidad y de racionalizar la utilización de electricidad por parte de los consumidores.

Esto está directamente vinculado a la finalización de la ejecución de los proyectos anteriores, principalmente el Nº 1779-UR (Quinto Proyecto de Energía Eléctrica), que permitió llevar energía hidroeléctrica, a través de nuevas líneas de alta tensión y de subtransmisión a prácticamente todas las ciudades y localidades del interior de la República donde aún subsistían las usinas térmicas, con un consumo cuantioso de derivados del petróleo, o sea de divisas.

De todos modos la importancia mayor del Convenio en consideración, cuyo monto es relativamente bajo, radica en su función de puente entre el mencionado Convenio Nº 1779-UR y nuevos créditos, ya negociados, que tienen por destino la rehabilitación de la Represa de Rincón del Bonete y el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de UTE, derivada de los créditos contratados para las obras de la Represa de Palmar. Esta deuda de corto plazo tiene un perfil insoportable para las finanzas del organismo, desde que su servicio demanda prácticamente la totalidad de sus recursos brutos. De ahí, entonces, que esa función de préstamo puente, además de sus fines específicos, adquiere una relevancia que se hace menester resaltar en forma muy especial.

En términos generales las condiciones de este Convenio reproducen las del que se está terminando de ejecutar, aunque en algunos aspectos puede considerarse que resultan más flexibles para el prestatario. Todo ellas están, por otra parte, encuadradas en las condiciones en que habitualmente se pactan con el BIRF los créditos que esta institución otorga.

La celebración del Convenio entre la UTE y el BIRF viene habilitada expresamente por lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 15.031 del 4 de julio de 1980 (Ley Orgánica de UTE) y las condiciones del mismo están enmarcadas, sin excepciones, en lo dispuesto por el Decreto-Ley Nacional de Electricidad Nº 14.694 de 1º de setiembre de 1977 y su Decreto reglamentario Nº 339/979. No existe ninguna condición que pudiera darle al Convenio la naturaleza de "ligado" que, a veces, se han encontrado en créditos internacionales otorgados a los países subdesarrollados.

Por lo expuesto, esta Comisión entiende que se trata de un Convenio de Préstamo beneficioso para los intereses de UTE y del país y que reúne características aceptables y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente en la República.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 1985.

Juan Adolfo Singer, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo; Enrique Martínez Moreno; Carminillo Mederos; Francisco Mario Ubillos. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase, sujeto a la intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas de la República, el Convenio de Préstamo celebrado el 20 de febrero de 1985 entre la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de U$S 4:000.000 (cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América), y su correspondiente Convenio de Garantía otorgado por la República Oriental del Uruguay al referido Banco con la misma fecha, destinados a financiar el Proyecto de Ingeniería del Sector Eléctrico.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 1985.

Juan Adolfo Singer, Miembro Informante, Pedro W. Cersósimo; Enrique Martínez Moreno; Carminillo Mederos; Francisco Mario Ubillos. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Veo que en el Senado hay buena disposición para tratar este proyecto de ley. Por lo tanto le hago gracia de brindarle una ampliación de los fundamentos expuestos en el informe de la Comisión; simplemente manifiesto que, en su nombre, quedo a disposición de cualquier señor senador que estime necesaria alguna aclaración sobre el asunto.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Deseo hacer un par de consideraciones generales que aunque no atañen directamente al punto concreto al que se refiere el convenio, se vinculan con el trasfondo que está latente o por debajo del texto del contrato que está a estudio del Cuerpo.

Adelanto que mis palabras no abrigan la intención de influir en el resultado del tratamiento parlamentario de este proyecto; simplemente, son reflexiones que se me ocurren con la lectura de este contrato y que se refieren a un contexto mucho mayor y más amplio. De todas maneras, creo que es pertinente dedicarle algunos minutos.

A nadie se le escapa, de una lectura somera del proyecto de contrato, que prácticamente se trata de un convenio tipo, de esos que se hacen por docena, dejando en blanco los espacios que después se llenarán.

También presumo -y no creo equivocarme- que el país ya ha suscrito una cantidad de contratos de este tipo. Pero más allá del punto concreto al que se refiere el convenio, de su lectura surgen, como algo irritante o chocante para la sensibilidad nacionalista, partes del texto que en forma rutinaria, dentro de esa práctica burocrática en que, como quien no dice nada del otro mundo, se expresan cosas que en definitiva tendremos que aceptar, pero no sin referirnos a ellas con un sentido de protesta.

Por ejemplo en la página 17 figura el literal c), que establece que el ente, o sea UTE, proporcionará al Banco, las demás informaciones relativas a las cuentas, estados financieros, registros y gastos y la verificación de los mismos que el Banco razonablemente solicitare de cuando en cuando. En esto advierto, quizá con dolor, una actitud de condescendencia, como de superioridad displicente que se traduce hasta en el estilo literario en que está redactado este convenio.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Quizá está mal traducido.

SEÑOR POSADAS. - Puede ser que se deba a un defecto de traducción; pero hay otras advertencias en esa misma línea de pensamiento que son un poco más importantes. Por ejemplo, un poco más adelante, en la Sección 5.04, literal a), se dice: "Salvo que el Banco conviniere en otra cosas, el Prestatario adoptará, con prontitud y cuando fuere necesario, todas las medidas que se requieran (que incluyen, pero sin limitarse a ellas), medidas referentes a los reajustes del nivel de sus tarifas de venta de electricidad, debiendo incluir esas medidas, entre otras cosas,...".

Dentro de nuestra estructura constitucional, la UTE es un Ente que tiene autonomía para fijar el nivel de sus tarifas, para aumentarlas o, eventualmente, rebajarlas y nosotros debemos respetar esa autonomía del organismo para fijar sus tarifas. Sin embargo, de aquí surge que el precio que tendremos que pagar a UTE por concepto de luz eléctrica, no lo fijará -por lo menos exclusivamente- el Directorio del Ente, sino algún burócrata del Banco que se encuentra en Nueva York, Londres, o donde sea estén ubicadas sus oficinas.

Más adelante, en una parte del texto que en este momento no tengo presente, pero que los señores senadores que lo hayan leído recordarán, se alude a que el Banco que presta, por vía del contrato, establece un índice de rentabilidad para UTE que no puede ser menor al 6%, de manera de asegurarse que aquella institución a la cual le prestó el dinero va a ser solvente y capaz de devolvérselo.

Repito que este proyecto que estamos tratando es un convenio tipo. Por supuesto, viene con informe favorable de la Comisión, y está pedido por el Poder Ejecutivo e inclusive se dice en la exposición de motivos, que ha sido aprobado por unanimidad del Directorio de UTE. De todas maneras, quiero dejar constancia de que hay un manejo de las cosas que da por sentada -como algo irreversible y hasta como natural- la condición de dependencia de los países pequeños, que se traduce hasta en la forma en que están redactados estos convenios, dependencia no sólo frente a los países importantes sino también ante los grandes bancos. Estas situaciones que inclusive superan el alcance concreto de la aprobación de este convenio, son las que los nacionalistas no dejamos pasar en silencio.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto le concedo una interrupción al miembro informante, señor senador Singer.

SEÑOR SINGER. - No tengo inconveniente en que haga uso de la palabra el señor senador Tourné; pienso que es mejor así porque después contesto todos los planteamientos que se hagan.

SEÑOR TOURNE. - Sólo deseo intervenir con el propósito de formalizar algunos esclarecimientos complementarios, siempre que ello sea posible y esté dentro de aquellos elementos de juicio que fueron manejados por la correspondiente Comisión.

De la impresión de que este préstamo tiene una doble función. En primer lugar, la adquisición de un conjunto de materiales para cumplir determinadas finalidades y en segundo término, pero al mismo tiempo, se señala expresamente en el informe de la Comisión que este préstamo, básicamente, tendrá una función de puente entre el Convenio 1779-UR -que era el contrato existente con anterioridad al Quinto Proyecto de Energía Eléctrica- y nuevos créditos ya negociados, que tienen por destino la rehabilitación de la Represa de Rincón del Bonete y el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de UTE.

Esto lo manifiesta la Comisión. Sin embargo, me veo en la necesidad de señalar que sería útil que el Senado tenga conocimiento del monto de la deuda de UTE generada en préstamos internacionales; ¿cuál es el costo de la Represa de Palmar, desde el punto de vista de su inversión? Según alguna fuente de información, aún no ha podido esclarecerse en forma debida y adecuada. Seguramente estos datos deben constar entre los elementos de juicio, las actas y demás informaciones que tuvo la Comisión.

En primer lugar, hago este planteamiento con la preocupación que debe merecer un préstamo de esta naturaleza que significa un incremento de la deuda externa. Sin duda, si apreciáramos este fenómeno a la luz de los casi U$S 5.000:000.000.00 a que asciende en este momento la totalidad de la deuda externa, estos U$S 5:000.000.00, resultarían insignificantes. Si lo hiciera desde el punto de vista de lo que significa su monto en relación con el total de la deuda, sería uno de esos temas que exigiría un ejercicio dialéctico de menor importancia. Sin embargo, aquí hay un hecho claro y es que inclusive lo que representa un incremento mínimo dentro de la deuda externa, tiene que ser motivo de preocupación para quienes estamos viviendo este período de democracia y entendemos que este endeudamiento es una de las herencias más trágicas que tiene que enfrentar el país, sobre todo, porque se trata de algo que lo compromete en sus generaciones futuras.

Este sería el primer capítulo del planteo que quería realizar; pero hay algunas otras consideraciones que tienen su importancia dentro de las que incorporó a esta sesión el señor senador Posadas, a las que nosotros agregaríamos algún otro elemento.

Sin duda, las condiciones que impone el BIRF son las habituales, condiciones por cierto muy duras, que hacen que UTE y el país queden prácticamente entregados, atados de pies y manos al prestatario, ya que al suscribir el Convenio, se acepta que no se podrá tomar iniciativa alguna sin conocimiento del Banco y que no se podrá actuar sin su conformidad.

No solamente se impone este tipo de cláusulas sino que se impide que se modifiquen algunas del convenio anterior ya firmadas. Esto surge claramente en la página 19; en la Sección 5.05 de la página 21 e igualmente en la Sección 5.07 de la página 24.

También impide que se puedan modificar las leyes del país. Por un lado se pone como condición que para la vigencia del convenio actual y anterior rige la ley de setiembre de 1984, página 6, inciso 6º. Si la ley de electricidad o de UTE fuera modificada, derogada, suspendida, revocada, o si se hubiera renunciado a su aplicación, de forma que afecte el funcionamiento del proyecto, esto no es posible para el país.

Hay otra serie de consideraciones que están vinculadas a algunos aspectos, que quizás sean la repetición de anteriores planteos, pero de cualquier manera, nosotros tenemos que señalarlas.

Por ejemplo, se compromete la necesidad de contratar un seguro, o un reaseguro externo, de manera que hay un límite de las posibilidades de UTE en cuanto a la intervención del Banco de Seguros del Estado.

Por otra parte UTE se compromete a contratar consultores de reconocido nivel, lo que supone lisa y llanamente la contratación de técnicos extranjeros -no vamos a apelar al calificativo de tecnócratas que integran la legión internacional- que estén avalados por el BIRF. Si este grupo no es especificado por el Banco, la consultoría no tiene valor.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

Observemos que gran parte de este préstamo se destina a los consultores. El establecer una auditoría externa internacional como obligatoria para las firmas del convenio, es otra limitación que creemos importante.

El señor miembro informante, aparentemente, no lo considera así. Sin embargo en el artículo 3º, de la Sección 3.02, en la página 11 se establece esta restricción.

En algunos casos el costo de esas consultorías -con todos los servicios complementarios- ha llegado hasta el 14% del costo de un proyecto. A esto habría que agregar el costo financiero, para tener el valor real.

En cuanto a los seguros externos, me remito a lo que establece en el artículo 4º, página 15, donde dice que también representa un incremento de la tasa real de intereses del préstamo. El Banco de Seguros no puede brindar este tipo de seguros, y tiene que reasegurar en el exterior en forma obligatoria.

Además, por este préstamo se impone a UTE un régimen de reajuste periódico de las tarifas, según lo establecido en el Decreto Nº 498, de 5 de setiembre de 1979.

La Sección 5.04 que figura en la página 19 se refiere a que "el prestatario adoptará, con prontitud y cuando fuere necesario, todas las medidas que se requieran, que incluyen, pero sin limitarse a ellas, medidas referentes a los reajustes del nivel de sus tarifas de venta de electricidad,...".

UTE, como señalaba el señor senador Posadas, se compromete a tener una rentabilidad de no menos del 6%, y si en un año no la tiene, debe corregirla al año siguiente para tratar de obtener un 7,5% de rentabilidad.

Las cargas desatadas por las tarifas del ente -estos aumentos que constituyen para la población y para los sectores populares una carga tan pesada -han hecho disminuir el consumo de UTE a tal punto que ha empezado a implantar tarifas diferenciales.

El Directorio actual, con gran sensibilidad -que reconocemos-, ha marcado, para consumos que llegan hasta 50 kilovatios, tarifas con un abatimiento importante en el precio, a los fines, precisamente, de contribuir a paliar esta grave situación económica que padecen los sectores populares.

Igualmente, se establecen algunas tarifas privilegiadas cuando el consumo probable supere determinados niveles. También se establece una tarifa promocional para estimular el consumo del producido excedentario derivado de la explotación hidroeléctrica.

Aquí nos encontramos con el siguiente hecho: este préstamo se destina a adquirir 10.000 contadores de tarifas diferenciales y en consecuencia, a implementar la posibilidad de determinar cuáles son las características de este consumo diferencial que existe por parte de la población consumidora, seguramente con fines domésticos, pero también con destinos industriales, comerciales, etcétera. Es decir que se tratará de instalar contadores con hasta tres tipos de tarifas a esos fines.

Realmente desde ese punto de vista -no queremos entrar a un problema técnico- no estamos contemplando un profundo interés nacional, que creo que se satisface plenamente con esa política que ha adoptado UTE, sin necesidad de destinar todo un préstamo multimillonario en dólares para adquirir contadores a los grandes centros de producción, que tienen "clavo" de ellos y quieren colocar sus excedentes en estos países.

Realmente el Directorio de UTE ha emprendido un camino importante, que es el de la política diferencial.

Me pregunto si podemos invertir U$S 3:000.000 -en un préstamo de U$S 5:000.000- en adquirir contadores para examinar tarifas diferenciales. ¿Es realmente el interés que satisface al país, en un momento tan grave, con necesidades y carencias tan extremas como las que estamos padeciendo, el traer contadores con esos fines? No debemos olvidar que tenemos un endeudamiento donde cada millón de dólares significa que hay que aumentar la tarifa para poder pagar los servicios. Nosotros traemos contadores que nos permiten evaluar la tarifa diferencial con los fines de incrementar el consumo; pero, al mismo tiempo, para poder pagar este préstamo, tenemos la necesidad de aumentar la tarifa para atender los servicios de amortización y de intereses de este tipo de préstamos. Nos da la impresión de que no hay una coordinación total entre lo que se quiere, lo que se planea y los elementos que se utilizan a los fines de lograr determinados objetivos en el orden del funcionamiento de los servicios.

El actual Directorio por supuesto ha heredado una situación anterior. Este convenio fue firmado en noviembre, como consta en el informe y, por lo tanto, el Directorio actual se limitó a ratificarlo, elevándolo al Poder Ejecutivo y éste a la consideración del Parlamento, pero entendiendo básicamente el interés que pueda haber en torno a la refinanciación de la deuda pavorosa que está representada en el hecho dramático que significa que, prácticamente, el servicio de amortización de intereses de la deuda de UTE, está en el orden de los U$S 162:000.000 y, la recaudación total, por todo tipo de servicio asciende a U$S 102:000.000.

De manera que estamos pensando en un organismo que se encuentra en condiciones extremas de desfinanciación, como fruto de la deuda externa y de su manejo durante el período de la dictadura. Por otro lado, vuelvo a repetir, aún no conocemos a cuánto asciende el monto de las inversiones que se utilizaron para la construcción de la Represa de Palmar.

Todas estas cosas son heredadas por el actual Directorio de UTE y, de alguna manera, comienza a sumarse como la superficie visible de un gran "iceberg", constituyendo el tremendo y crítico problema que tienen que afrontar este organismo y el país. Entonces, creo que debemos auscultar ese nivel que se encuentra por debajo del punto de mira del observador.

Al votar esto, de alguna manera estamos comprometiendo al Parlamento y al país, a través de un pronunciamiento sobre las inversiones y préstamos internacionales, que no le han servido al país y que es una de las herencias más terribles que se ha recibido.

Creo que aquí se podría aplicar, en toda su plenitud, aquello de que este tipo de herencias hay que recibirlas bajo beneficio de inventario y esto significa hacer un alto en el camino, marcar claramente el rumbo con cuya base el país orientará su acción y, en definitiva, ¿cuál será la perspectiva que tendrá UTE, cuando su Directorio la perfile totalmente?

Quiere decir que cuando autoricemos este tipo de contratación y préstamo internacionales, lo haremos sabiendo que ello está enmarcado dentro de las grandes líneas económicas a las que el país le ha prestado su concurso y acuerdo. Considero que en este momento estamos votando este préstamo a ciegas. Esto no lo digo como forma de acusación al Directorio del organismo, ni tampoco a la Comisión, la que se ha basado en informes técnicos que ha recibido. Sin perjuicio de ello, creo que es una necesidad básica del Parlamento tener una orientación, un plan general, dentro del que deben estar enmarcadas este tipo de operaciones de préstamos. En definitiva, no hay paso que por pequeño que sea no conduzca hacia alguna meta. Por consiguiente, deseamos saber hacia qué meta vamos a conducir a todo el país en toda esta temática que tiene que ver con los préstamos y la situación actual de UTE.

Esa es, en términos generales, la reflexión que deseaba hacer en torno a todo este proyecto de ley, a la aprobación de este convenio de préstamo entre el BIRF y UTE y, en cierto modo, traer algunas consideraciones que de pronto ya han sido estudiadas por la Comisión, pero que es interesante que queden como constancia en la versión taquigráfica.

(Ocupa la presidencia el doctor Tarigo)

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Señor Presidente: soy miembro de la Comisión de Industria y Energía, pero lamentablemente no estuve presente cuando se tomó esta resolución, en virtud de que me encontraba en los Estados Unidos junto con los señores senadores Batlle y Lacalle Herrera y los señores diputados Fau y Lescano. No obstante ello, presencié la discusión de este tema en el seno de la Comisión, encontrándose presente en ese momento el señor Presidente de UTE. En esa oportunidad manifesté la misma sensibilidad con referencia a la soberanía económica nacional que suscita este contrato.

El comprometer la política tarifaria de UTE, la obligación de que estas tarifas estén por encima del 6% de la rentabilidad del ente es, sí, un compromiso legal, de acuerdo a las propias normas que tiene el Directorio de este organismo. Pero una cosa es que tengamos obligaciones porque así lo haya resuelto la legislación del país, y otra, que se cree un compromiso y esto pase a ser no ya una auto-obligación o una auto-imposición, sino una imposición con respecto a terceros.

Esto me preocupa, señor Presidente, porque de acuerdo a las manifestaciones vertidas por el Presidente de UTE, señor D’Amado, en los últimos años no se ha cumplido con ese 6% de rentabilidad que exige el contrato que vamos a convalidar. Esto implica que no ha habido rentabilidad positiva, sino que ella ha sido negativa.

Voy a leer brevemente lo manifestado por el señor Presidente de UTE en Comisión, en esa oportunidad. Dice así: "El segundo argumento es que durante todo este tiempo, a partir de 1980, hemos estado recibiendo los fondos del préstamo 1779 UR, con rentabilidades muy inferiores al 6% e incluso negativas, y no ha pasado nada, porque el Banco es perfectamente consciente de la difícil situación que le ha tocado vivir a UTE durante estos años".

Se me ocurre, señor Presidente, pensar qué pasaría si una vez que hayamos firmado este contrato, en el que se compromete el visto bueno del BIRF para diseñar nuestra política tarifaria, y al no operar con esta rentabilidad del 6% se nos exige cumplir. Estaríamos firmando un contrato por el que la contraparte puede hacer un reclamo en cierto momento y eso podría conducir a un aumento en las tarifas energéticas de esta institución nacional. Entonces, allí comenzaría el dilema, la diferencia entre la auto-obligación y la obligación que contraeríamos con terceros en virtud de ese contrato.

Naturalmente, existe -y a ello hace referencia el propio contrato- una legislación nacional que obliga a tener un excedente o una rentabilidad. En ese sentido, el Decreto Nº 498, de setiembre de 1979 que es el que establece los procedimientos para determinar los mecanismos tarifarios y en su Considerando I) expresa: "Que es propósito del Gobierno establecer criterios básicos que permitan a las mencionadas empresas públicas obtener una rentabilidad económica compatible con su desarrollo, II) Que seguramente dicha rentabilidad redundará en una mayor eficiencia de la gestión, así como trasladará a los usuarios las economías resultantes". Y en su artículo tercero establece: "El Poder Ejecutivo determinará una tasa de rentabilidad para el mediano plazo que permita el cumplimiento de los planes de desarrollo de las empresas. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo determinará una tasa de rentabilidad anual, que contemple lo anterior". Es decir que la legislación establece la necesidad de que los Entes Autónomos tengan rentabilidad. Para el caso de UTE, concretamente, esto ya estaba previsto en la Ley Nacional de Electricidad, que en su artículo 13 expresa: "Los ingresos por venta de energía deberán ser suficientes para mantener una buena calidad de servicio y ampliar las instalaciones para atender el crecimiento del mercado". Por otro lado, el artículo 32 de esta reglamentación dice: "El régimen de cálculo de tarifas para los servicios públicos eléctricos suministrados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, es el definido en este capítulo, derogándose todas las normas reglamentarias vigentes que se opongan al mismo". Y otro párrafo de este mismo artículo manifiesta: "La determinación de la tasa de rentabilidad anual no podrá ser inferior al 6% ni superior al 10%. Esto significa que nos estamos obligando en este contrato, nada más que a ese 10% que establece la propia ley. Pero sí existe algo que es sustancialmente diferente y es lo que se desprende de la diferencia que hay entre la auto-obligación y la obligación con terceros.

La realidad es, señor Presidente, que no tendría sentido comprometer la política tarifaria de la Nación, respecto a la energía, por un préstamo de U$S 4:000.000.

Como bien se ha señalado, este es un préstamo puente que nos permite acceder a otro préstamo para la rehabilitación de la Usina de Rincón del Bonete y, sobre todo, para poder mejorar el perfil de endeudamiento del ente en virtud de la construcción de la Represa de Palmar.

De hecho -como bien surge de la fundamentación del informe de la Comisión- el actual perfil de endeudamiento del ente es absolutamente insoportable y por ello es necesario e imprescindible que se obtengan estos fondos, con el fin de hacer frente a todo esto.

Señor Presidente: el problema es sumamente delicado. Como bien ha señalado el señor senador Posadas, nos anima un espíritu constructivo y no el de obstaculizar el desarrollo y la política general de UTE relacionada con el cumplimiento del pago de las deudas que ha heredado. Lo que queda claro es que se está renegociando un nuevo préstamo. Ello surge de la versión taquigráfica de la sesión a la que concurrió el señor Presidente del Directorio de UTE. No se trata ya de un préstamo de U$S 4:000.000, sino de uno mayor, con el que se va a poder hacer frente al endeudamiento del ente, con la posibilidad de refinanciarlo.

No está demás la reflexión de que por más que éste sea un contrato de adhesión clásico -cuyas cláusulas son preestablecidas- el Directorio de UTE debe tener en cuenta que en el Parlamento existe una sensibilidad -si se me permite la redundancia- muy sensible políticamente respecto a este tipo de cláusulas.

Sabemos que en la práctica es casi imposible que se nos fuerce a realizar una alteración de la política tarifaria por exigencia de la contraparte o por cumplimiento del inciso 504. Lo cierto es que estamos convalidando algo que, en última instancia, de alguna forma es absurdo, porque la política de rentabilidad del ente, en los últimos años, no ha sido del 6%; estamos convalidando la firma de algo que se va a cumplir. Hacemos esto porque es necesario para la política del ente, con el fin de que pueda cumplir con los compromisos económicos contraídos. Pero esto no debe servir de antecedente.

En el momento de transición tan difícil que vive el país, tenemos que aceptar un formulario impreso de la tecnocracia bancaria internacional, tal como muy bien lo expresó el señor senador Tourné; pero esta clase de documentos no debe repetirse. El hecho de que con mucho gusto votemos hoy este asunto no quiere decir que no podamos expresar que ello no debe servir de antecedente. Reitero que cuando se contrate este préstamo en gestión -no el de U$S 4:000.000 sino uno mayor- se debe tener en cuenta la sensibilidad del Parlamento que he mencionado.

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - Voy a sumarme a esta lluvia de preguntas formuladas al señor miembro informante.

En el artículo 1º sobre condiciones generales se dice que las partes en este convenio aceptan todas las disposiciones de las condiciones generales aplicables a los convenios de préstamos y de garantía del Banco de fecha 27 de octubre de 1980, en lo sucesivo denominadas condiciones generales, con la misma vigencia y efectos que si se reprodujeran íntegramente en este convenio.

Confieso que no tengo noticias respecto al contenido de estas disposiciones generales.

A quienes tenemos estas dudas no se nos puede solicitar que votemos en esta forma, sin tener una información complementaria. Teniendo en cuenta que aun los señores senadores que están dispuestos a aprobar el convenio han planteado dudas, inquietudes y preguntas que, como decía el señor senador Flores Silva, este es un asunto que despierta una viva sensibilidad en los cuerpos parlamentarios del país, me voy a permitir sugerir, que el proyecto vuelva a la Comisión para que ésta pueda satisfacer en forma más documentada estas inquietudes que se han formulado.

Formulo, pues, moción para que el asunto vuelva a Comisión, a efectos de que este conjunto de preguntas, dudas e inquietudes planteadas por varios señores senadores, pueda tener una respuesta surgida de las deliberaciones de la propia Comisión.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: fue citado a varias reuniones de la Comisión que consideró este proyecto. Inclusive, estuve presente en una o dos oportunidades en que concurrió el Directorio de UTE. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión aprobaron el trámite parlamentario de este proyecto.

Las condicionantes de este proyecto están enmarcadas en las de todos los préstamos internacionales que el país ha contraído para la realización de su infraestructura.

Conozco y comparto las inquietudes de mis compañeros de Partido, los señores senadores Posadas y Tourné, así como la sensibilidad de otros señores senadores, especialmente, la del señor senador Flores Silva. Sin embargo, estoy dispuesto a votar este proyecto porque así lo hice en Comisión. A través de los estudios y averiguaciones correspondientes pude comprobar que no innova, en materia de condicionantes, a las que se ve sometido el país cada vez que contrata un préstamo en el exterior. Eso lo saben muchos señores senadores, como el señor senador Ortiz, que se desempeñó como Ministro de Hacienda en la época en que mi Partido estaba en el poder. En ese entonces, también nos vimos compelidos a aceptar estas condicionantes que nos duelen -me duelen como nacionalistas, como decía el señor senador Posadas- pero que son aquéllas a las que se ve sometido un pequeño país, por la estructura de la banca internacional, por el Fondo Monetario Internacional y por países capitalistas que dicen ser nuestros amigos y nos prestan mediante estos condicionamientos. Si no las aceptáramos, no obtendríamos ningún préstamo.

que esto habilita a un préstamo mayor de dólares 40:000.000 que está gestionando el Ministerio respectivo, para adecuar la reestructura de ANCAP y la Central de Rincón del Bonete.

Pienso que el país necesita esos préstamos porque debe modernizar la infraestructura de esas dos grandes empresas.

Tengo reservas con respecto a estas condicionantes, como todos los señores senadores, pero estoy dispuesto a dar mi voto porque el país necesita estos convenios.

El país ya está pagando interés porque no utiliza el préstamo que está concedido. Por lo tanto, si seis meses después de concedido no lo utiliza ni lo rechaza, debe pagar interés y así el país se está perjudicando. Pero yo no quiero perjudicarlo y, además, él necesita de este préstamo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: voy a solicitar prórroga de la hora de la sesión porque nos encontramos a pocos minutos del vencimiento del plazo de la misma.

Me adelanté a ponerme a las órdenes de los señores senadores -no podía ser de otra manera- pensando que este asunto iba a votarse en el momento en que fuera puesto a consideración del Cuerpo, ya que se trata de un proyecto que se ha distribuido desde hace mucho tiempo, aunque recién entra a estudio del Senado, debido a las alternativas de carácter formal y jurídico suscitadas por la solicitud de su retiro, efectuada por el Poder Ejecutivo. Lamento no haber comenzado por hacer un informe, que creo hubiera dado plena satisfacción a las inquietudes planteadas por diversos señores senadores.

Por esos motivos, formulo moción para que se prorrogue el vencimiento del plazo de la sesión hasta que se termine la consideración de este asunto.

SEÑOR CARDOSO. - Hay una moción de orden previa, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero señalar, en primer lugar, que el señor senador Cardoso ha hecho anteriormente una moción de orden. En segundo término, declaro que en el día de hoy yo, por lo menos, no voy a poder permanecer en Sala después de las 21 horas.

Por otra parte, la lectura de los antecedentes de este tema me había suscitado muchas aprensiones, que se han visto considerablemente robustecidas en el curso de una sesión en la cual, incluso los señores senadores que defienden este proyecto de ley, formulan severas objeciones con respecto a su contenido.

Estimo que lo procedente sería que este asunto quedara en primer término del orden del día de la sesión de mañana, oportunidad en la que con mucho gusto escucharemos la exposición del señor miembro informante y estaremos en condiciones de dar nuestra posición respecto al tema.

En lo personal, no voy a votar la prórroga de la hora porque no puedo permanecer en Sala; pero, además, declaro que el desarrollo del debate producido hasta este momento fortalece en mí la opinión favorable a una vuelta a Comisión de este asunto.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Ante el planteamiento del señor senador Rodríguez Camusso, no voy a insistir con la moción de prórroga de la hora que he formulado, porque si él tiene objeciones que formular al proyecto y yo me siento en condiciones de contestarlas amplia y satisfactoriamente, no me parece procedente que continuemos hoy con la consideración de este asunto.

En consecuencia, propongo que este proyecto figure en primer término del orden del día de la sesión de mañana. En ese momento vamos a contestar a las objeciones e inquietudes traducidas en los diversos planteamientos formulados por varios señores senadores. Repito que creo que estoy en condiciones de responder amplia y satisfactoriamente a las mismas, para que el Senado pueda votar este proyecto con la tranquilidad de que está aprobando una ley importante para el país y para UTE.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Quiero señalar que, en principio, daré mi voto afirmativo a este proyecto de ley. Pero no puedo ocultar mi pensamiento en el sentido de que, ya que nos encontramos frente al hecho tan grave de que el monto de los servicios de amortización e intereses de la deuda este año asciende a U$S 162:000.000 y nosotros introducimos un incremento de dicho monto a servir, precisamente, por parte del organismo, me parece elemental saber hacia dónde vamos.

¿Tiene algún sentido votar este proyecto de ley? Porque no se trata de que sea simplemente un puente, ya que puede ser también un puente hacia el abismo.

SEÑOR SINGER. - Tenga la seguridad, señor senador, de que no es un puente hacia el abismo.

SEÑOR TOURNE. - No tengo duda alguna de ello, porque, además, me merece plena confianza el Directorio de UTE, donde también hay representantes de mi Partido, que son personalidades del mismo, y su punto de vista afirmativo en relación a este proyecto de ley, significa un aval para mí, por lo menos desde una posición subjetiva, en el momento de emitir mi voto.

Repito, señor Presidente, que dentro de la importancia y significación de este esquema, lo que queremos saber es qué representa este proyecto de ley en la estrategia de una política dirigida a enfrentar precisamente este problema de la tremenda y honda crisis que atraviesa UTE. Por lo tanto, planteo como prioritaria la necesidad de saber hacia dónde nos dirigimos.

Básicamente, más allá de las condiciones duras de este tipo de préstamo -que han sido las habituales hasta este momento y que deben merecer nuestro rechazo, como bien decía el señor senador Flores Silva ya que somos particularmente sensibles a este tipo de cosas-, dejando de lado, digo, todos esos aspectos de las duras condiciones con que normalmente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo plantean la consideración de estos préstamos, el hecho fundamental es saber qué es lo que está pasando con la deuda de UTE.

Damos nuestro acuerdo, señor Presidente, pero ¿qué sucede? Es tan grande la catástrofe, que queremos saber qué papel juega esta pieza que incorporamos al tablero.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Quiero manifestar mi apoyo a la moción formulada por el señor miembro informante, que es quien, en cierta medida, maneja este asunto, para que el mismo sea colocado en primer término del orden del día de mañana.

Creo que es lo más razonable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo consenso en ese sentido, correspondería dar por terminada la sesión, pasando este asunto a ocupar el primer lugar del orden del día de mañana.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Formulo moción para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 58 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Araújo, Cadenas, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Croce, Flores Silva, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.