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Nº 59 - TOMO 292 - 4 DE SETIEMBRE DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

58ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES ENRIQUE TARIGO Presidente

y JOSE PEDRO CARDOSO 3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 15) Proyectos presentados

5) Alteración del orden del día

- De acuerdo con la moción formulada por el señor senador Cigliuti, se declara urgente y se resuelve incluir en octavo lugar del orden del día el proyecto de ley relativo a los asuntos pendientes ante los actuales Juzgados de 1ra. Instancia en lo Civil que de acuerdo con la Ley Nº 15.750 corresponde conocer a los Juzgados Letrados de Familia.

6) AFE. Paralización de sus servicios

- Manifestaciones del señor senador Ferreira.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas y al Directorio de AFE.

7) Casa de la Cultura. Ciudad de Canelones

- Manifestaciones del señor senador Cigliuti.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura.

8) Ruta 11. Nuevo trazado

- Manifestaciones del señor senador Cigliuti.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

9) Escuelas República de Cuba y República de Chile

- Manifestaciones del señor senador Tourné.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica al CODICEN y al Consejo de Educación Primaria.

10) Combustibles. Facilidades de pago

- Manifestaciones del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica al Ministerio de Economía y Finanzas y a la ANCAP.

11, 13 y 15) Acto Institucional Nº 19. Su derogación

- Aclaración de la Mesa en el sentido de que no se puede votar la moción presentada por el señor senador Tourné por no haber quórum reglamentario en Sala.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

12) Poder Judicial y administración de justicia

- Exposición del señor senador Lacalle Herrera.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve pasar la versión taquigráfica a la Comisión de Constitución y Legislación.

14 y 16) Regularización de profesores precarios. Derogación del inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106

- Continúa su consideración.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve que el proyecto vuelva a Comisión y figure en primer lugar en el orden del día de la sesión del próximo martes.

17) Prescripciones en materia de acciones laborales. Régimen general

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- De acuerdo con lo solicitado se resuelve que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

18 y 20) Compatibilidad de las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa en los casos de reingreso a la función pública

- En consideración el proyecto sustitutivo de la Comisión.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
(Ocupa la Presidencia el señor senador Cardoso)
-La Comisión resuelve retirar el artículo 2º para continuar su estudio.
- Aprobado. Se comunica a la Cámara de Representantes.

19) Prórroga del término de la sesión

- De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Tourné se resuelve continuar sesionando hasta finalizar la consideración del asunto en debate.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, setiembre 2 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana martes 3, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición del señor senador Carlos Julio Pereyra sobre "Obras de Drenaje realizadas en los bañados del departamento de Rocha".

(Carp. Nº 300)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se deroga el inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973 (regularización de profesores precarios).

(Carp. Nº 292 - Rep. Nº 102)

3º) Por el que se establece un régimen de prescripciones en materia de acciones laborales.

(Carp. Nº 195 - Rep. Nº 103)

4º) Por el que se declara la compatibilidad de las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa en los casos de reingreso a la función pública.

(Carp. Nº 144 - Rep. Nº 104 y Anexo I)

5º) Por el que se designa con el nombre "Constitución" a la represa hidroeléctrica construida sobre el Paso del Palmar en el Río Negro.

(Carp. Nº 201 - Rep. Nº 107)

6º) Por el que se modifica el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.924, de 31 de agosto de 1979.

(Carp. Nº 277 - Rep. Nº 108)

7º) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a:

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence 23 de setiembre de 1985).

(Carp. Nº 251 - Rep. Nº 105)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Amaro, Araújo, Batalla, Bomio de Brun, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Batlle, Jude y Pozzolo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 12 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, setiembre 4 de 1985.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley por el que se reduce el número de los Juzgados Militares, y se suprimen los cargos de Defensores de Oficio Letrados creados por la Ley Nº 14.099, de 22 de diciembre de 1972, modificativa del artículo 85 del Código de Organización de los Tribunales Militares.

(Carp. Nº 326)

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La misma Presidencia remite Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se da cuenta que, de conformidad con lo establecido en el Inciso 1º del Artículo 29 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953, ha dictado una Resolución por la que se dispone el pago de la contribución adeudada a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para el año 1984.

-Téngase presente.

La misma Presidencia remite Notas del Tribunal de Cuentas de la República, por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la Orden de Pago Nº 094640.

del Instituto Nacional de Colonización, por falta de disponibilidad presupuestal.

de la Intendencia Municipal de Artigas referente a la Orden de Entrega Nº 100.316.

de la Administración Nacional de Telecomunicaciones por falta de disponibilidad en el período 1º de marzo de 1985 - 31 de marzo de 1985.

de la Intendencia Municipal de Rocha, referente a la Orden de Entrega Nº 100.319.

del Ministerio de Industria y Energía, relacionado con el pago de horas extras a una funcionaria por los meses de junio a diciembre de 1985.

del Banco de Seguros del Estado, por falta de disponibilidad en los renglones 758, 068 y 621 del Presupuesto Operativo y Plan de Inversiones aprobados para el ejercicio 1984.

de la Dirección General de la Seguridad Social, relacionados con varias ordenes de pago y liquidaciones de sueldos en los meses de mayo y junio del año en curso.

y, de la Universidad de la República, relacionados con el pago de horas extras a funcionarios de las Oficinas Centrales y de la Facultad de Humanidades.

-Ténganse presentes.

La Administración Nacional de Puertos remite la información solicitada por la Comisión de Hacienda sobre régimen jurídico de zonas francas.

-A la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informada la carpeta relacionada con el télex enviado por la Embajada y Consulado de la República en Ginebra, en el que se plantea la situación de ciudadanos uruguayos residentes en Suiza respecto al sistema jubilatorio en ese país y los derechos a que aspiran en vista de un próximo retorno al Uruguay.

(Carp. Nº 185)

-Repártase.

La Cámara de Representantes remite nota en la que transcribe la exposición escrita presentada por el señor representante León Morelli, relacionada con los funcionarios que permanecen aún en el exterior como jefes de misión sin haber obtenido el acuerdo que establece la Constitución.

-Téngase presente.

El señor senador Juan Carlos Fá Robaina presenta un proyecto de ley con exposición de motivos, por el que se establecen normas para el tratamiento legal de las retenciones efectuadas por las sociedades cooperativas en las remuneraciones personales de sus socios: obreros, empleados, jubilados; retirados o pensionistas.

(Carp. Nº 325).

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Congreso Nacional de Ediles, realizado en Maldonado, remite fotocopias de varias resoluciones adoptadas:

Por la que se declara de interés nacional el Turismo en todo el país, como industria de exportación.

Por la que reclama la inmediata reforma de la ley Orgánica Municipal de 28 de setiembre de 1935.

Por la que reclama que todo crédito supervisado técnicamente debe tener tasas preferenciales con respecto a los créditos comunes para aumentar la demanda de profesionales desocupados.

Por el que se derogan los decretos reglamentarios de faena, abasto y comercialización de carne en el mercado interno.

Por la que se establece la necesidad de refinanciación adecuada del endeudamiento interno.

-Ténganse presentes.

La Junta Departamental de Canelones remite nota por la que pone en conocimiento la creación e integración de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

-Téngase presente.

La Junta Departamental de Soriano remite las siguientes notas:

por la que apoya la iniciativa de su similar de Tacuarembó en lo que se refiere a la derogación del Decreto-Ley Nº 14.669, de 7 de junio de 1977, que impide la declaración de feriados no laborables, fuera de los llamados Feriados Nacionales.

(Carp. Nº 206)

y, relacionada con el abasto de carne a la población.

(Carp. Nº 199)

-Ténganse presentes y agréguense a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Durazno remite versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por varios señores ediles sobre el proyecto de ley sobre "Despenalización del Aborto".

-Téngase presente.

La Junta Departamental de Rocha remite nota y moción presentada por el señor edil Heber Lema relacionada con la Operación Unitas XXVI.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Río Negro remite las siguientes notas: relacionada con un planteamiento efectuado por esa Corporación ante el Directorio de ANCAP sobre el alza en el precio de los combustibles.

-Téngase presente

y, relacionada con la Operación Unitas XXVI.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite nota, relacionada con la Ley de Alquileres.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite nota por la que pone en conocimiento el planteamiento efectuado por el señor edil Oscar Germán relacionado con la situación de los profesores precarios agrupados en CENAP.

-Téngase presente.

La misma Junta Departamental remite nota por la que plantea la situación de un edil que pasa a ocupar un cargo del legislador suplente por licencia del titular.

(Carp. Nº 319)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor Cosme Zajaroff, funcionario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, presenta recurso de revocación contra la Resolución de la Cámara de Senadores de 24 de julio de 1985.

(Carp. Nº 324)

-De conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Administrativos en casos anteriores, se pasan estos obrados a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

4) PROYECTOS PRESENTADOS

"Carp. Nº 325/85
Rep. Nº 368/85.

RETENCIONES EFECTUADAS POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS A SUS SOCIOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las sociedades cooperativas que funcionan en el país son órganos generadores del bienestar colectivo, son un conjunto de personas agrupadas con la finalidad de servir al elemento humano que la integra.

La ley que organiza su funcionamiento ha determinado la forma o procedimiento de cobro de la integración de capital y operaciones de los socios integrantes de dichas sociedades, mediante el mecanismo de la retención de los sueldos, salarios o pasividades.

No obstante, este procedimiento no ha sido eficiente, pues los Agentes de Retención, con las debidas excepciones, no vierten en el tiempo previsto las sumas que en concepto de retenciones sustraen a los salarios. Pensamos que si el socio, funcionario, empleado u obrero, cede parte de su salario a los fines de operar, lo hace en el ánimo de que el importe cedido llegue a destino en igual tiempo al que percibe sus haberes.

Se deja claro que las operaciones entre las cooperativas y sus socios llamados ‘actos cooperativos’ son de naturaleza civil a los fines de sus reclamos ante la justicia.

La demora por parte de los Agentes en hacer efectiva las deducciones que de parte del salario se hace, constituye una apropiación indebida que perjudica tanto a la sociedad cooperativa como al socio que es el trabajador.

Parece razonable que se estipule que el cobro y reclamo de las retenciones de salarios se efectúen en las mismas fechas en que la legislación laboral regula para los salarios, determinando además la inembargabilidad de las mismas, previendo la posibilidad de cesión a los fines que las sumas a retener puedan ser afectadas como garantías de adelantos o préstamos.

La tipificación como delito de apropiación indebida obliga a establecer un mecanismo de pago en acuerdo entre los Agentes de Retención y las sociedades cooperativas para aquellas situaciones en que las remuneraciones personales se pagan en distintas fechas o por la modalidad de trabajo o por la extensión territorial de la empresa u organismo.

Tratándose de personas de derecho público, si bien no correspondería hablar de apropiación indebida, es evidente que alguna sanción debe preverse para evitar el daño económico que la demora en las entregas de las retenciones, ocasiona a las cooperativas.

Tal situación de mora nos parece asimilable, al menos en una analogía aceptable, al caso que sobre el particular regula el artículo 94 del Código Tributario.

Una persona de derecho público no puede ni debe ser morosa en la versión de fondos que ha retenido como simple Agente de Retención. Y menos aún debe serlo cuando con esa conducta perjudica a cooperativas.

Se pretende además, cuando la sociedad cooperativa tiene sus socios casi en forma exclusiva con integrantes de una profesión, gremios o empleados o jubilados, aquellos puedan obtener de los empleadores, sean estos públicos o privados, un tratamiento preferente mediante un apoyo financiero que les permita una dinámica económica eficaz y por el mecanismo de la regulación en los precios significa, además, una revalorización del salario.

El mecanismo que aporta el proyecto de ley mejorará las perspectivas financieras de las sociedades cooperativas, principalmente las de consumo, que no tienen otra vía de capitalización fuera del aporte individual de un grupo de personas que son trabajadores o jubilados cuyos niveles de compras se han visto disminuidos considerablemente en el correr de los últimos años.

Estas motivaciones que se expresan en el articulado del proyecto adjunto, permitirán regularizar situaciones que perjudican el movimiento cooperativo nacional.

Montevideo, 3 de setiembre de 1985.

Juan C. Fá Robaina. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase que las retenciones efectuadas por las sociedades cooperativas en las remuneraciones personales de sus socios: obreros, empleados, jubilados, retirados o pensionistas, tienen el mismo tratamiento legal que los salarios.

En consecuencia para su cobro y posterior reclamo ante los distintos agentes de retención o la vía judicial le serán aplicadas las normas que rigen para los haberes generados por los trabajadores.

Las retenciones son inembargables, pero pueden ser cedidas por las sociedades cooperativas a instituciones bancarias, a sociedades cooperativas de segundo orden o a los propios Agentes de Retenciones a los fines de obtener adelantos o préstamos.

Art. 2º. - Es de aplicación a las Cooperativas de Consumo el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984.

El no pago de las retenciones de que trata el artículo anterior por parte de los empleadores, una vez descontadas, en los plazos que determina el Decreto-Ley Nº 14.159, de 21 de febrero de 1974, se tipificará como delito de aprobación indebida.

Cuando quien incurre en no pago de las retenciones efectuadas, dentro de los plazos y condiciones previstas en el inciso anterior, es una persona de derecho público, las sumas adeudadas devengarán un interés punitorio equivalente a la multa y recargos estipulados para la mora por el artículo 94 del Código Tributario.

Las sociedades cooperativas podrán efectuar con los Agentes de Retención convenios de pagos en aquellos casos en que el pago de las remuneraciones personales se liquiden por día, semana o quincena o que por razones territoriales o de tiempo se paguen en distintas fechas.

Art. 3º. - Los Agentes de Retención, sean públicos o privados, podrán efectuar adelantos de futuras retenciones, las que deberán ser canceladas por las sociedades cooperativas en pagos totales o parciales, según se convenga.

Autorízase al Poder Ejecutivo, Entes Autónomos, y Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales a efectuar a las sociedades cooperativas préstamos o adelanto de retenciones si sus disponibilidades financieras lo permiten.

Art. 4º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 3 de setiembre de 1985.

Juan C. Fá Robaina. Senador".

5) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: en el día de ayer se dio cuenta de que había ingresado a este Cuerpo un proyecto de ley que hemos suscrito junto con otros señores senadores, relativo a que los asuntos pendientes ante los actuales Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, que de acuerdo con la Ley Nº 15.750 corresponde conocer a los Juzgados Letrados de Familia, continúan su trámite hasta su conclusión ante esos juzgados donde se están sustanciando.

Como se trata de una norma que se omitió establecer en la Ley Nº 15.750 de referencia y ello está dando lugar a diversas desinteligencias interpretativas que atentan contra el normal desenvolvimiento de los asuntos judiciales en trámite, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación -autorizados, al efecto, por su Presidente el señor senador Ricaldoni por que ésta lo consideró de facto- solicitamos que este asunto se incluya en el orden del día de la sesión de hoy, en octavo término antes de pasar a sesión secreta para considerar la venia pendiente.

En tal sentido hago moción para que se declare urgente y se incluya en el orden mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se declara urgente el proyecto de ley a que se ha referido el señor senador Cersósimo, y se incluye en octavo lugar del orden de la orden del día, antes de la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) AFE. PARALIZACION DE SUS SERVICIOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra en la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: desde hace varias semanas el país está sufriendo las consecuencias de la paralización total de los servicios del ferrocarril por el conflicto que mantienen los obreros de AFE.

A nosotros nos preocupa tanto éste como todos los conflictos sociales y gremiales que agitan la vida del país. También estamos preocupados por las reinvindicaciones planteadas por parte de los trabajadores, por ejemplo los de AFE que en muchos casos viven en condiciones muy por debajo de lo humanamente aceptable.

(Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se solicita a los señores senadores, tengan a bien guardar silencio.

Puede continuar el señor senador Ferreira.

SEÑOR FERREIRA. - Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que en lo que refiere al conflicto de AFE nos inquieta doblemente por una serie de factores. En primer lugar, parece que se ha entrado en una especie de vorágine de intolerancia en la cual resulta difícil ver por donde puede aparecer alguna señal de luz en el camino que permita encontrar una solución aceptable para los trabajadores y que al mismo tiempo se pueda lograr el restablecimiento del servicio.

Por otra parte, tenemos la preocupación que detrás de una excesiva intransigencia en el tratamiento de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores de este Ente, exista un intento por castigar a un organismo de enorme significación para la vida del país. Vemos como a veces se mezclan los problemas de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores con la visión que el Gobierno pueda tener sobre el tema del ferrocarril. Para nuestro partido se trata de un asunto de vital importancia.

Todos sabemos que el ferrocarril está en crisis, pero tenemos el temor de que a veces la exageración sobre lo que requeriría para el Estado la revitalización de este Ente, traiga aparejado necesariamente un golpe de gracia y la desaparición del mismo.

La infraestructura ferroviaria está completamente desmantelada: más de 50% de los rieles superan los setenta años; el 35% está entre los cuarenta y cincuenta años y el 10% entre veinte y cuarenta años. Solamente un 5% de los rieles se encuentran en condiciones aceptables. Existen además varios rieles perfilados que son inadecuados para locomotoras modernas. Hay cerca de 360 roturas de rieles por año, es decir que existe un promedio de casi una rotura diaria. Estas son causas fundamentales para los descarrilamientos que se producen en porcentajes superiores a los de cualquier otro país de América Latina.

Por otra parte, un gran porcentaje de durmientes necesita ser reemplazado debido a su corrisión ya que de los 4:200.000 colocados en la red, por lo menos, entre un 35 y un 40% se encuentran en pésimo estado. Frente a esta situación no se ha estructurado un plan orgánico para realizar las adquisiciones necesarias a los efectos de la renovación de dichos materiales. Como ejemplo, diré que se adquieren rieles y accesorios para renovar 240 kilómetros por vía, pero a la fecha se colocaron sólo 111 kilómetros, debido a que el organismo no dispone de durmientes de madera dura que dicha instalación requeriría. El problema de los rieles y de los durmientes, que hemos tratado de detallar, es uno de los factores preponderantes en la baja velocidad y los frecuentes descarrilamientos.

Durante la visita que realizamos con el señor Presidente a la ciudad de Buenos Aires, él mismo me informó que algunos estudios indicaban que la velocidad promedio oscilaba entre 25 y 30 kilómetros por hora. Algunos técnicos me indican que necesariamente ese es un factor de descarrilamiento. A veces se ha invertido más en locomotoras y en vagones que en la red ferroviaria misma, lo que hace que el Uruguay sea uno de los pocos países, si no el único del mundo, que cuando los trenes van en bajada, en lugar de aprovechar para acelerar van frenando para evitar el descarrilamiento.

La fuerza motriz, extremadamente antigua, oscila entre los 28 y 69 años, siendo el stock de requisitos prácticamente nulo. Se ha utilizado el 90% de las inversiones del Ente en material rodante y solamente un 7% en vías.

Es necesario hacer notar que la subvención que recibe el Ente por parte del Estado va a dar prácticamente en su totalidad, al rubro sueldos, costeándose los demás gastos -mantenimiento, renovación, etcétera- fundamentalmente por el producido por concepto de transporte de carga, o sea el monto que recibe el Estado fluctua en el mercado interno y en definitiva, vuelve al propio Estado.

En los últimos días, se ha sostenido a través de la prensa, que el ferrocarril cuesta al Estado, aproximadamente, U$S 18:000.000 por año. Al respecto no he visto estudios oficiales y no sé si la cifra es exacta o exagerada. En todo caso, la utilización de esta cifra por parte de gente que tiene algunos intereses creados contra el ferrocarril y a favor del transporte carretero, nos hace pensar que si este fuese el costo del Estado en materia ferroviaria, sería mucho más conveniente utilizar esos U$S 18:000.000 en inversiones para reestructurar la red ferroviaria.

Quienes salimos periódicamente al interior de la República, vemos cómo el problema del ferrocarril, sobre todo en las pequeñas poblaciones, no es una abstracción. Concretamente, en el curso de una gira realizada el fin de semana pasado por el departamento de Tacuarembó, visité la ciudad de Achar, donde prácticamente, todos los integrantes, de la junta local de esta ciudad, blancos y colorados, me decían que la ciudad no tendrá vida, no tendrá pulmón, no tendrá sostén económico posible, mientras que la estación de trenes no vuelva a ser reactivada.

Diría además, que en el interior de la República, sobre todo en estas pequeñas poblaciones, la existencia del ferrocarril no se puede medir en términos exclusivamente económicos, porque en gran medida es el alma del pueblo, la razón de ser de los mismos, no sólo por razones económicas, sino como factor aglutinante, dinamizador y la estación, a veces, es el centro de la vida social y cultural de estos pueblos.

En todas las localidades que visitamos en el departamento de Tacuarembó -así como por información proveniente de otros lugares- los propios trabajadores del ferrocarril nos hacen llegar solicitudes de todo tipo para que trabajemos en la búsqueda de una solución al conflicto que mantiene paralizado al ente en estos momentos y simultáneamente, para que encontremos una solución definitiva que lo viabilice económicamente y que evite además que los enfrentamientos entre los trabajadores y el Directorio sigan sucediéndose con cierta periodicidad.

Por otra parte, no queremos agregar en cuanto al tema del conflicto ningún leño a la hoguera porque nos parece que están demasiado tensas ya las relaciones entre el Gobierno y los trabajadores de AFE. Pero sí queremos hacer notar, más allá de cierta dosis de incomprensión entre ambas partes, que han habido algunos elementos positivos en los últimos días, que permiten alentar ciertas esperanzas de que se encuentren soluciones con la buena voluntad de las dos partes.

En el Diario "El País" del día de hoy se publican declaraciones de un delegado, del gremio, quien decía textualmente lo que voy a leer, con autorización del señor Presidente: "Nosotros queremos exponer donde está la intransigencia para solucionar el problema ferroviario que no es de parte nuestra sino del Directorio del Ente. Hemos allanado todos los caminos para un acercamiento, como fue levantar las medidas conjuntas con ANCAP y OSE, haciendo las gestiones necesarias para encontrar una fórmula de acuerdo. En ese sentido hemos mantenido el miércoles pasado una reunión informal con el Directorio del organismo para empezar a encuadrar el esquema de soluciones. El viernes presentamos una fórmula precisa donde descendemos bastante de nuestros planteamientos iniciales, como la compensación que demandábamos de N$ 150 la bajamos a N$ 80, a los efectos de flexibilizar al máximo nuestros planteos".

Repito, señor Presidente, que no considero oportuno reiniciar un debate sobre dónde ha habido mayor intolerancia. Hemos dicho públicamente que algunas medidas gremiales específicamente respecto al corrimiento de ferrocarriles, nos parecen inconducentes y que no han servido para afianzar la seguridad pública y la serenidad con que hay que buscar soluciones. Pero nos parece evidente que empieza a haber un cambio de tono en el propio planteo del movimiento sindical, del cual el Gobierno debería tomar nota.

Por esa razón señor Presidente, todos los legisladores del Partido Nacional que integramos la Comisión de Asuntos Laborales hemos solicitado, a través de la Presidencia de la Comisión que se invite a los señores Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social a concurrir, a la próxima sesión de la Comisión, para ver si con sus buenos oficios se puede abrir un puente de comunicación entre los trabajadores y el Ministerio, a fin de esbozar algún tipo de solución en los próximos días. Hemos pensado y discutido algunas fórmulas con las partes en pugna pero no nos parece oportuno manejarlas aquí a efectos de no desgastarlas.

Simplemente digo, señor Presidente -mientras solicito el pase de la versión taquigráfica de mis palabras a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social así como al Directorio de AFE- que no quisiéramos que en esta situación ya delicada de por sí se agregue al problema de las exigencias laborales y los conflictos gremiales, la intransigencia que pueda surgir de una voluntad política -que nos preocuparía- de no querer salvar al Ente de los verdaderos problemas de fondo que enfrenta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Ferreira en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social y al Directorio de AFE.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) CASA DE LA CULTURA. CIUDAD DE CANELONES.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Es para referirme a dos asuntos, señor Presidente, relacionados con la ciudad de Canelones y las zonas de influencia de la capital del departamento.

Uno de ellos tiene que ver con la expropiación que fue decretada justamente por esta misma ley que estamos tratando referente a los profesores precarios. Me refiero a la Ley Nº 14.106 que, en su artículo 405 declaró de utilidad pública la expropiación del inmueble padrón tal, ubicado en la ciudad de Canelones entre las calles José Batlle y Ordóñez, etcétera. Ese padrón corresponde al Teatro Liniers, que construyó un progresista vecino de la ciudad de Canelones, el recordado y excelente ciudadano Juan Pedro Zipitría. A su muerte, el teatro fue puesto a la venta por sus sucesores y, como se ve por lo que acabo de expresar el Parlamento, decidió, por Ley de Presupuesto, en el año 1973, proceder a la expropiación del inmueble.

La parte final del artículo respectivo dice: "Dicho inmueble será destinado a Casa de la Cultura". Desde esa época al presente el edificio se deterioró enormemente y casi se podría decir que hay que recuperarlo de inmediato para no perderlo. No se concretó la expropiación en virtud de que hubo diferencias por el precio entre los vendedores y el Estado. Y el resultado es que ahora se dice que se enajenaría en forma particular, cuando creo que estando vigente una ley que decreta la expropiación, ésta no puede dejarse sin efecto por trámites judiciales. Se complementará o se modificará el precio en el momento de hacer la transacción, pero no puede ser perdida por el Estado.

Lo que más dolería sería que ese lugar que está excelentemente ubicado donde se levanta un edificio perfectamente apto para actividades de la cultura y del arte, se pudiera perder para la ciudad de Canelones y sus zonas vecinas.

En consecuencia, señor Presidente, solicito -y es con ese propósito que hago uso de la palabra en el Senado -que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura, pidiéndole la urgente solución de este asunto que está pendiente desde el año 1973. ¡Y qué decir sobre lo que se hizo con ese edificio en los 12 años que corren desde 1973 hasta hoy, cuando estaba en manos de la Jefatura de Policía, en tiempos de la más cruda represión de la época del proceso!

Por estas razones, señor Presidente, me parece que es urgente que el Ministerio tome conocimiento de este asunto y lo considere con la seriedad y diligencia indispensables para evitar perder ese bien que el Estado necesita para el desarrollo de actividades culturales y artísticas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Cigliuti en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) RUTA 11. NUEVO TRAZADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirme a otro asunto, puede continuar el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El otro asunto al que quería referirme, señor Presidente, es el relacionado con el nuevo trazado de la Ruta 11 mediante el cual se quiere acercar la ciudad de Buenos Aires al balneario de Punta del Este. Con este nuevo trazado habrá necesidad de tender un puente sobre el río Santa Lucía, a la altura de la ciudad del mismo nombre. A partir de ese lugar, la ruta tomará un rumbo determinado hacia el Este, pasando por la ciudad de Canelones. Actualmente la Ruta 11 pasa por la ciudad de Santa Lucía, en uno de sus extremos; y por el centro casi, de la ciudad de Canelones, cuando llega a ella.

El trazado puede hacerse por razones técnicas y también por razones políticas.

Estoy en desacuerdo, señor Presidente en que por razones técnicas se condene a dos poblaciones importantes a sufrir un gran deterioro en su progreso y en su actividad comercial, pública y social. Quitarle la Ruta 11 a Santa Lucía y a Canelones sería un acto inconsulto que no se podría tolerar y se produciría, -con razón- una reacción espontánea y general de los vecinos de ambas ciudades. Basta con ver lo que ocurre con la localidad de Soca, donde la nueva carretera que va a Minas se desplazó tanto, que Soca -que antes había perdido la interbalnearia y ahora también la Ruta a Minas- es una ciudad fantasma y penosa, a la que no se puede visitar por el dolor que causa la situación en que se encuentra. Ese destino no lo queremos para Santa Lucía y Canelones. Que por razones técnicas se quiera trazar en otro sitio la ruta 11, a fin de favorecer el turismo, es algo que todos respetamos y aceptamos. Pero se pueden compatibilizar adecuadamente ambas situaciones y de ninguna manera deben prevalecer razones económicas o de carácter técnico para consumar un atentado semejante al que he descripto.

Espero que eso no suceda, señor Presidente. Tengo plena confianza en que el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas -quien ya se refirió con claridad a este asunto y es un hombre del interior, que comprende estos problemas- actuará en consecuencia. He querido sumar mi modesta voz desde aquí, porque ya hay en Canelones y Santa Lucía movimientos de opinión en este mismo sentido.

En consecuencia, señor Presidente, formulo moción para que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y agradezco al Senado la atención que me ha dispensado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Cigliuti en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ESCUELAS REPUBLICA DE CUBA Y REPUBLICA DE CHILE

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Voy a hacerme eco de la inquietud que padecen los padres de los niños que concurren a las escuelas República de Chile y República de Cuba de la ciudad de Montevideo, quienes han expuesto sus problemas en distintas formas ante los medios de comunicación y las autoridades correspondientes sin que hasta este momento se haya buscado la debida solución a los mismos.

El hecho es que el local donde funcionan las escuelas de las Repúblicas de Cuba y de Chile, ubicado en la calle Maldonado entre Ciudadela y Florida, que cuenta con comodidades adecuadas, estaba destinado, básicamente, al funcionamiento de estos dos centros escolares. El mismo comprende una zona muy importante dentro de la ciudad de Montevideo, con una amplia población de niños y atiende una necesidad básica dentro de dicha zona.

Sucede que, por las dificultades resultantes de la carencia de locales, se instaló en una parte del edificio escolar el Liceo Nº 27 de Enseñanza Secundaria, lo que determinó un constreñimiento que afectaba el dictado normal de las clases en las escuelas que funcionaban en dos turnos. Esta circunstancia, que de por sí ya hubiera merecido una solución inmediata desde ese punto de vista, fue agraviada luego ya que en el período de la dictadura se estableció en dependencias del mismo local, una guardería que pasó a funcionar en el subsuelo, desplazando las clases, que se dictaban en salones más o menos adecuados, prácticamente hacia los corredores, en condiciones totalmente inadecuadas e indebidas. Comenzó así el funcionamiento y el periplo de una situación que ha originado un intenso malestar.

El caso es, señor Presidente, que vecino a este lugar existe una casa que, en algún momento, estuvo destinada al servicio de la escuela, por lo menos a su servicio administrativo y a su Dirección. Con posterioridad, se procedió al desalojo de la misma, pensando darle algún destino más adecuado, a los fines específicamente docentes, o que sirviera para el funcionamiento de la guardería establecida en el local escolar.

El motivo del planteo es, entonces señor Presidente, que este tipo de situaciones ha afectado la vida escolar, el funcionamiento regular de un servicio y, en definitiva, suscita un problema de prioridades o de opiniones. Si estimamos útil que en los niveles de Enseñanza Primaria pueda prestarse un servicio como el de guardería, que puede estar dentro de las finalidades en ella comprendidas, no entendemos, en cambio, que él sea prioritario al específico, que es la prestación de la enseñanza primaria y que suponga un desplazamiento de los niveles de dicha enseñanza, afectando su regularidad y su adecuado funcionamiento.

Los padres nos informan sobre las gestiones realizadas ante las distintas autoridades. Evidentemente, el funcionamiento de la guardería -que no se presta libremente a los niños de la zona, sino con un criterio selectivo destinado a determinados niveles funcionales de este centro educacional de la enseñanza primaria- implica que nuestro planteo tienda a unar nuestra voz a la de los padres, que ven con preocupación cómo, a pesar del deterioro de la escuela, que cuenta con servicios sanitarios deficientes, que casi no tiene salones y que efectúa sus tareas docentes en condiciones verdaderamente deficitarias desde el punto de vista locativo, se permite incorporarle servicios que no son los que prioritariamente debería cumplir.

No negamos, repito, que el otro aspecto relativo a la instalación de guarderías pueda resultar útil y necesario en determinadas condiciones, pero nunca en desmedro de la actividad principal, que es la que específicamente requiere o habilita el funcionamiento de un local escolar. Por lo tanto, aunamos nuestra voz a la inquietud de los padres de los alumnos de las Escuelas República de Chile y República de Cuba.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras pasen a conocimiento del CODICEN y del Consejo de Educación Primaria.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) COMBUSTIBLES. FACILIDADES DE PAGO

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: vamos a hacer uso de estos minutos que nos concede el reglamento para reiterar el planteamiento de un tema: el precio del combustible. Para ello, nos apoyamos en las noticias que ha dado toda la prensa, en el sentido de que el señor Ministro de Economía y Finanzas ha encontrado una fórmula para que determinado tipo de productores puedan efectuar el pago de los gravámenes que se cargan al precio de los combustibles que usan para su producción en forma diferida.

Recordará el Senado, que no sólo hicimos el llamado en Comisión General al señor Ministro del Ramo, sino que, posteriormente, en posesión de los datos que en la propia reunión se nos suministraron, hicimos un petitorio al Ministerio de Economía y Finanzas, que el Cuerpo votó.

Hoy nos encontramos, señor Presidente, con que, por suerte, parte de esa idea ha tenido eco, pero al mismo tiempo vemos que existe una desigualdad muy grande en lo que tiene que ver con las distintas producciones. En el momento en que se van a preparar las tierras para los cultivos de verano, luego de un invierno muy difícil en materia agrícola, creemos que es fundamental que se extienda este tipo de facilidades, cuando menos, a todos los combustibles que tienen que ver con la producción.

En la tarde de hoy nos vamos a referir a la visita que efectuamos a un establecimiento industrial de primera línea. Sus propietarios nos contaban que, a pesar de contar con inmejorables posibilidades técnicas a nivel mundial, de estar en dominio del mercado y bien ubicados técnicamente, van a dejar sin trabajo dentro de seis meses a 158 personas y van a cerrar sus puertas. Entre las razones aducidas, fundamentalmente figuraba la incidencia del precio del combustible en el costo final, que llega al 40%. Si esta cifra puede compararse con otras, vamos a decir que, para esa misma industria, la mano de obra significa un 6% del costo final. El ser humano, el valor incorporado mediante el brazo, la mente y el esfuerzo del hombre, representa un 6% de dicho precio. En cambio, el "fuel-oil", que es el combustible más rústico, el que requiere menos técnica para su obtención, está pesando en un 40% en el precio final de los productores de esa industria. Para que los señores senadores tengan una idea, ese 40% no debemos imputarlo al petróleo, que contiene el "fuel-oil", ni a los costos de refinanciación solamente, sino que dentro de él hay un 12,58% de impuestos.

Nuevamente estamos ante la situación ya denunciada.

No se trata del precio del combustible sino del afán fiscal cuyo propósito es la obtención de recursos a través del cobro del IMESI a los combustibles para los productores. Si no hay una rápida reacción, ello se va a convertir -aunque ya lo es- en la rémora más grande que pueda tener cualquier posibilidad de despegue en materia productiva, tanto industrial, comercial como agropecuaria.

Si pensamos que el cierre de una de estas industrias está prácticamente motivado por esa incidencia, por ese costo, por ese dinero agregado que va a las arcas fiscales, si sabemos que todo lo que se mueve, produce y crece, gira alrededor de estos precios, tenemos, señor Presidente, que reaccionar urgentemente en esta materia. Estamos satisfechos en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas haya tenido una actitud positiva con respecto a una parte de la producción. Pero, justamente, por ser algo parcial, se convierte en una voz de alerta ya que no podemos establecer algo para los productores de arroz -que son un importante factor económico- sin extenderlo también a los demás, que también utilizan los mismos combustibles.

Si esto es un anuncio de una política tendiente a buscar recursos en otro lado, a desgravar absolutamente los combustibles destinados a la producción, bienvenido sea, señor Presidente.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras que traducen el eco que esta medida ha tenido en nuestra campaña sean enviadas al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) ACTO INSTITUCIONAL Nº 19. Su derogación

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mociono para que el Senado realice una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley derogando el Acto Institucional Nº 19 (Firmado:) Uruguay Tourné. Senador".

-La Mesa informa al Senado que por no haber quórum suficiente, esta moción no puede ser sometida a votación en este momento.

SEÑOR TOURNE. - En ese caso, señor Presidente, solicito que ella sea considerada cuando haya quórum en Sala.

12) PODER JUDICIAL Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Exposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera sobre ‘El Poder Judicial y la Administración de Justicia. Situación Actual y Propuestas para su Reforma’. (Carp. Nº 303)".

Tiene la palabra el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: apenas enunciado el título de esta disertación, creo que bajo todo punto de vista, cabe que el señor senador que está haciendo uso de la palabra establezca una delimitación a lo que puede parecer una excesiva ambición en un tema que, por supuesto, podría ser tratado por muchos señores senadores con mucha mayor solvencia técnica, dado su carácter de profesionales y expertos en materia jurídica. Ello sin mencionar al señor Presidente que además de ser un jurisconsulto de nota, es profesor de Derecho.

Deseamos que esta delimitación previa, señor Presidente, marque el alcance, establezca las metas y el nivel que le queremos dar a esta disertación, pero debemos señalar que en ella no vamos a hacer uso de la muy corta aunque gozosa experiencia de abogado de quien habla.

Para tratar este tema en el día de hoy nos gustaría alejarnos, y despojarnos hasta el máximo de lo que pudiera ser el conocimiento jurídico que tenemos a fin de enfocarlo desde el punto de vista del hombre común y, también, repito, desde el punto de vista político en el buen sentido de la palabra. Todo esto lo hacemos en la búsqueda, en procura de que este tema, que es de primerísima importancia, se evada y emigre de lo que puede ser la consideración técnica o una erudición, para ingresar en el campo adecuado, dada su urgencia y su sentido esencial para la conservación del poder político democrático en la República.

En el mes de junio, señor Presidente, visitamos las Cortes de la ciudad de Londres, en el viejo "Bayley", esos ámbitos en los cuales se dicta justicia desde hace más de un milenio. Asistimos a las audiencias, vimos a los jurados en funcionamiento, presenciamos la toma de juramento previo a las declaraciones. En las sucesivas salas de audiencia fuimos captando la manera en que ellos hacen justicia, que es tan distinta a la nuestra.

El funcionario que nos acompañaba, en cierto momento nos hizo una pregunta sobre nuestro Poder Judicial. Confieso, señor Presidente, que si yo le hubiera dicho a este ciudadano, que me estaba mostrando un lugar en el cual, repito, hace más de un milenio se imparte justicia -ya que el primer sheriff o alguacil londinense actuó en el año 700- que en mi país, durante dos meses no había funcionado el Poder Judicial, ello le habría resultado peor que si le hubiéramos confesado que practicábamos la antropofagia o que utilizábamos la magia negra.

Sentí la sensación cabal, señor Presidente, del abismo, de la distancia que separa el país de papel del país real y hasta qué punto esa etapa, esos meses, esas semanas en los que no tuvimos Poder Judicial, nos demostraron la urgencia y la necesidad de transformar esos rituales, esos trámites oficinescos, ese ir y venir en Juzgados sin tener conocimiento del rostro del imputado, de la contraparte y todo ese tramiteo en el que muchos de nosotros nos ganamos la vida. Todo eso nos mostró hasta qué punto tenemos que sustituir eso por una verdadera percepción popular que haga carne en la gente, en el ciudadano normal y demuestre que la Administración de Justicia es parte esencial de la ecuación política de la República.

Tenemos que tener muy claro, y en esto estamos acudiendo a la raíz misma del movimiento revolucionario, a la gloriosa revolución de los Estados Unidos, el pensamiento que la precedió y lo que Tocqueville, cien años después, mirando la democracia americana, llamó la sensación de que el Poder Judicial en esos países era una emanación de la soberanía.

Quizás un país tan politizado como el nuestro, en el buen sentido de la palabra, un país para cuyos ciudadanos es fácil identificar las tendencias, los candidatos, sus posiciones, sus matices, haya encandilado un poco a la ciudadanía, haciéndole perder de vista el carácter profundamente político que tiene el Poder Judicial y la Administración de Justicia como salvaguarda de los derechos esenciales y finales del hombre.

Nadie, señor Presidente -sino los que están obligados a ello- se inclina sobre el "Diario Oficial" o lee las sesiones del Parlamento o los decretos; y nadie tiene noción del entramado de las más de quince mil leyes que pautan la vida de la República. Y esto, ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que la ley se concreta, hasta que entra en mi vida privada, en mis circunstancias propias, en mi carácter de cónyuge ante la Justicia de Familia, en mi carácter de sucesor ante la misma Justicia, en mi carácter de imputado o denunciante en la materia penal. Entonces, ahí sí, cobra efectiva vigencia, urgencia y gravedad -pero por esa sola circunstancia individual- la sensación de lo que es legal o ilegal, pero solamente cuando debe aplicarse a mi vida, a mis deudas o a mi circunstancia vital.

Nosotros creemos, señor Presidente, queremos más que creemos -porque vamos a evadirnos de las creencias, del campo abstracto en el que durante tanto tiempo nos hemos movido, en tantos aspectos organizativos de la República y vamos a hacer un acto volitivo- que no transcurra esta Legislatura sin que hagamos un verdadero esfuerzo por procurar una Justicia efectiva, rápida, pública, independiente, bien pagada además de imparcial y que la misma se convierta en una realidad para el país.

Nada es tan natural, tan connatural, no hay, quizás, en la categoría más real a la acción mental, a la cogitación del hombre, que lo que es correcta o incorrecto, lo que nosotros llamamos legal o ilegal pero que, muchas veces, al cambiarlo de un escalón lógico o de una categoría a otra, lo estamos haciendo más difícil. Esa justicia, esa categoría real de lo correcto o incorrecto, es la esencia de la Administración de Justicia.

Decía Hamilton en "Los papeles del federalista", escribiendo bajo el seudónomo de Publius -que manos amigas nos han acercado para que nos refrescáramos en lo que es, realmente, el análisis justo, exacto, diríamos, pudoroso, sin esa prosa un poco barroca que, a veces, se nos ha alimentado desde otras partes de nuestra civilización jurídica- que es de incumbencia de todo ciudadano el fortalecimiento del Poder Judicial. Eso se estaba diciendo en el momento en que se analizaba la Constitución de los Estados Unidos, ese documento que dentro de dos años cumplirá 200 de vida y que, sin duda alguna, junto a la Declaración del 4 de julio de 1776 constituye uno de los pilares de la civilización occidental.

Creo que todos los partidos, acercándonos doscientos años para acá, en las campañas electorales y, también, en esta última tan peculiar -porque no era la siguiente a un período normal sino la del retorno, la del renacimiento- hicimos un compromiso en relación al Poder Judicial. Van transcurriendo seis meses de acción legislativa y creo que es el momento de poner nuevamente, ya no en el papel de la propuesta pre-electoral, sino en la agenda, en los pupitres del Senado, nuestro esfuerzo para hacer algo sobre la Administración de Justicia y el Poder Judicial.

Me voy a permitir leer lo que fue nuestro compromiso, lo que suscribimos y presentamos a la ciudadanía, porque en él está contenido, resumido, lo que queremos decir hoy.

Manifestamos en ese entonces, cuando pedíamos a la ciudadanía su voto -y tenemos que cumplir ese contrato consensual que establecimos con ella- que el Uruguay debía tener conciencia de la importancia trascedente que para la existencia de una sociedad democrática, liberal, sana y vigorosa tiene un Poder Judicial independiente y una Justicia eficaz. Se requiere una Magistratura independiente y digna, de alta competencia y capacidad. Esto significa una Magistratura bien pagada y bien elegida. Implica, además, que los ciudadanos puedan evaluar a la justicia. Por las mismas razones que se construyen barras en los recintos parlamentarios, debe haber una sección reservada al público en la Sala de Audiencia de los Juzgados. La Justicia debe ser pública, tanto la Civil como la Penal y la Militar, porque es tan de incumbencia del ciudadano el acto en que la ley se aplica al caso individual, como aquél en que se declara en términos generales; vale decir, aquel que tiene forma de ley. Pero la validez del principio enunciado no quita que el mismo, en materia penal, asuma su carácter crucial.

La práctica del presumario secreto, procedimiento inquisitorial por el que se procura la confesión del indagado, que fomenta las presiones síquicas y físicas sobre la conciencia, debe cesar de inmediato. Toda persona debe tener derecho a un juicio pronto y público. El escándalo y las largas prisiones preventivas de ciudadanos inocentes con una diversidad de casos notorios, también debe interrumpirse sin demora.

Ese era, señor Presidente, el compromiso que contrajimos cuando apelábamos a la ciudadanía para obtener esta posición de Gobierno y hoy tenemos que refrescar, renovar y refrendar el compromiso contraído.

¿Qué relación hay, señor Presidente, no para los técnicos en la materia, no para los estudiantes, no para la gente "leída" -como dicen en mis pagos- sino para el hombre común, entre el Poder Judicial y la Justicia?

¿Quién no ignora que la apelación a la Justicia, en cualquiera de sus ramas de competencia, representa, prácticamente, el abandono de la posibilidad de encontrar una respuesta?

Es un último recurso, es una sensación de "ya que estamos vamos a ir al abogado".

¿Quién no ignora que el lenguaje procesal se ha convertido en algo esotérico, que cada una de las disposiciones de lo que llamamos el impulso procesal de cada uno de los actos que van pautando la vida del expediente, se han convertido en un mundo o mundillo en el que sólo nos movemos quienes aprendemos determinado formulismo y, por ende, han dejado de tener realidad para el propio cliente, a quien hay que estar explicando lo que quieren decir hasta las palabras que se utilizan?

¿Quién no ha sentido, trabajando en su bufete, teniendo que hacer un relato de lo que está ocurriendo dos cuadras más allá, en la calle 25 de Mayo, que está trasponiendo el umbral de un mundo hacia otro?

¿Quién no tiene la sensación de que en el país es efectivamente cierto que se recurre a la Justicia, teniendo la creencia de que va a haber una demora que hace ilusoria la obtención del derecho, en caso de lograrlo?

Una vez, en los Estados Unidos, estando en un restaurante con un compatriota que tuvo un pequeño accidente dentro del establecimiento, el propietario inmediatamente acudió a atenderlo. A mí me extrañaba porque, en definitiva, no había sido más que un traspié, la preocupación de aquel individuo expresando que no nos afligiéramos, que los gastos iban por cuenta del restaurante, o sea, tratando de estar en una muy buena relación con el parroquiano. Mi acompañante sajón me decía que tenía miedo de que iniciara una acción, que iba a ser rápida y eficaz, que representaría el costo de esa curación. Quiere decir que estábamos en un país en el cual se tenía la sensación de que acudir al Tribunal era encontrar una respuesta rápida; se tenía sensación de que había una relación de causa a efecto, y que el golpear las puertas de la Justicia no era, simplemente, entrar a navegar por los procelosos mares del procedimiento a bordo de un expediente, sino que era el acudir a un hombre que iba a dictaminar acerca de la razón o no, de lo correcto o incorrecto y no con un tecnicismo jurídico basado en arcanos procedimientos y fundamentado en leyes farragosas, y difíciles de percibir.

Nosotros tenemos una Justicia escrita -creo que era Couture el que decía que era "terriblemente escrita"- debido a la circunstancia histórica de que nuestra colonización se realizó bajo la égida de Castilla, reino en el cual la Justicia era escrita. La victoria de Castilla sobre Aragón -la tierra de los fueros- en la cual la Justicia era oral, determinó nuestra actual modalidad jurídica. Parecería que hasta hay una compadecencia entre los fueros aragoneses -de los cuales nos preciamos los que venimos de esa cepa, de la que venía Artigas, de la Puebla de Albortón- y la oralidad, la rapidez, la publicidad y la justicia.

Nosotros tuvimos también ese tipo de justicia, ya que en materia penal practicamos el sistema de los jurados. Todos conocemos la parte anecdótica de por qué entraron en decadencia y fueron eliminados. Sin embargo, nos parece que no podemos descartar esta modalidad en un análisis futuro de la justicia, por lo menos en materia penal. En pocos temas el buen criterio de la gente va a estar tan próximo a la ley -en materia de imputabilidad, de dolo, de indicar si una persona es o no culpable- como en materia penal.

Señor Presidente, quizá en materia comercial o civil, donde entran a operar otro tipo de principios, naufrague lo que puede ser el sentido común; pero en materia penal, donde el ambiente está dictando -a través de la conseja popular- la conducta a seguir, donde el buen sentido marca la línea divisoria entre culpabilidad e inocencia, quizá habría que tener en cuenta, nuevamente, ese sistema.

Tenemos una Administración de Justicia con problemas que son notorios. Al respecto, todos los partidos hemos asumido el compromiso de empujar las cifras presupuestales para que cuente con una mayor disponibilidad material.

En materia penal, señor Presidente, tenemos una organización en la que preside el secreto. Repito, el secreto del presumario no existe ni en la Unión Soviética ni en los Estados Unidos donde se entiende que la publicidad es la primera de las garantías. El presumario en nuestro país se ha convertido en una reminiscencia medieval que lleva a que la culpabilidad sea la norma y que lo que haya que probar sea la inocencia. No vamos a relatar los casos recientes, de notoriedad, de los que el país ha tenido que avergonzarse. Se privó de su libertad a muchos ciudadanos durante equis cantidad de tiempo para después decirles que todo había sido fruto de un error.

Hoy existen en este Senado diversos proyectos tendientes a lograr la mínima garantía de la asistencia letrada inmediata. Esto es, en la actualidad, norma en la Constitución española, así como es una norma de siempre en los países adelantados y en los Estados Unidos, donde a partir del famoso caso "Escobedo" se marcó una pauta dentro de lo que es el anuncio de sus garantías al detenido. ¡Qué mayor majestad para la ley que el último ciudadano, en el más lejano rincón del país, sea advertido de que tiene derecho a no hablar si no cuenta con asistencia legal! ¡A qué distancia estamos del famoso pedir, exigir o motivar que se hable, que ha sido lo usual, lamentablemente, en los últimos tiempos! ¡Qué más serena majestad de la ley, alejada de aquí, de este ámbito y llevada hasta la última comisaría rural, que poder decir que el delincuente que haya cometido, tanto el delito más aberrante como el más pequeño, tiene el derecho sagrado de abrir su conciencia recién en el momento de contar con la asistencia pertinente, haciendo uso del trozo grande o pequeño, pero nunca nulo, del derecho que tiene a defenderse! ¡Qué mejor monumento liberal, en el buen sentido de la palabra, señor Presidente, podemos erigir desde esta Cámara y en esta legislatura que consagrar este principio en materia penal!

¿Cuál es el panorama? Los memorandos -y ya tenemos que dar una explicación porque estamos hablando en una jerga que los jóvenes y la gente de la Barra no entienden, los oficios que vienen de la Policía, son innumerables. Por ejemplo, vienen quince o veinte memorandos por día y son cinco personas las que reciben las declaraciones. Esos receptores van interrogando, todos lo sabemos, en ausencia del Juez. ¿Sobre qué lo hacen? Pues sobre la materia que puede determinar o no la culpabilidad. Son cuatro o cinco funcionarios, encerrados en una pieza, que han adquirido su idoneidad quizá cometiendo errores, con expedientes que representan a personas. Queremos que las cosas no empeoren.

¿Cuáles son las cifras que se manejan? Me he tomado el trabajo, a fin de ilustrar a los señores senadores, de pedir datos al respecto. En uno de los Juzgados Penales hay 639 asuntos en trámite; en 1984 se armaron 418 presumarios. Calculemos los días hábiles de un año; las horas que se pueden dedicar a esa tarea, teniendo en cuenta, además, que un mismo juzgado comparte las oficinas con otro. Si bien se ha aumentado el número de los Juzgados, tanto Civiles como Penales, el problema sigue existiendo por no haberse ampliado la capacidad locativa.

En este Juzgado donde se instruyeron 418 presumarios hay 2 jueces, 3 actuarios y 5 receptores de declaraciones, ¡22 funcionarios entre todos!, que tienen 639 asuntos en trámite, algunos que se arrastran desde 1972. Los expedientes en este Juzgado pasan más de 10 años en trámite, señor Presidente.

En otro Juzgado tenemos 363 presumarios, 500 expedientes armados durante el año 1983 y 414 en 1984. En lo que va del año, hay 286 expedientes. Estas cifras, señor Presidente, desafían la posibilidad material de un correcto desempeño de la Justicia.

En el rubro sumarios y plenarios, tenemos 412 en 1983, 400 en 1984, y 200 en lo que va de 1985. En otros Juzgados hay 342. Se trata de cifras que, para los que conocemos de cerca el funcionamiento de las oficinas, implican la imposibilidad absoluta, por mejor voluntad que tengan las personas que allí trabajan -y no la pueden tener quienes están mal equipados, peor pagados y cansados- de que se haga justicia.

En materia de la Administración de la Justicia Civil, tenemos 14 Juzgados Civiles y Juzgados de Familias. Entran a estos últimos Juzgados 16.800 escritos por mes y a los primeramente nombrados 42.000 escritos y 8.400 expedientes. Estas son cifras que desafían la posibilidad material de la Administración de Justicia.

Los decretos de trámite para uno de los Juzgados Civiles, son 16.000 en 1983 y 10.746 para 1984. Sentencias definitivas: 260, 289, 268 por año. En 365 días del año, el juez tiene prácticamente que hacer una sentencia diaria. En Civil 13, tenemos 377 en un año y 256 en otro año.

Está también el número de los oficios librados por un Juzgado Civil en el año 1982, 4.401, 3.900 al año siguiente y 3.505 en el otro. Todos sabemos lo que significa el libramiento del oficio. Es una de las partes esenciales para que se haga cierta la decisión para que se obtenga el resultado buscado. Hasta ese momento, el proceso está planteado en los aspectos teóricos, en los cuales a veces pretendemos lucirnos con un escrito. Pero para el común de la gente -para el que nos ha pedido que nos convirtamos en el intercesor, en el curial, en el práctico de esa justicia que la gente viene a pedir- ese oficio es la forma de saber si se obtiene el dinero que está depositado, de enterarse si ha sido divorciado, cuándo se ha fallado el juicio de divorcio y pueda tener la posibilidad de que el registro respectivo tome conocimiento de lo resuelto.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Voy a formular una moción de orden en el sentido de que se le prorrogue el término al señor senador hasta que termine con su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Martínez Moreno para que se prorrogue por 30 minutos más, que es el tiempo que establece el Reglamento, el plazo de que dispone el señor senador Lacalle Herrera.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Muchas gracias.

Las cifras pueden ser cansadoras pero siempre revelan la realidad de las cosas.

En el mes de junio, uno de los Juzgados Civiles, con respecto a los asuntos de contenido pecuniario, tuvo N$ 11.469.000, U$S 2:000.000 de contenido patrimonial iniciado.

Las ejecuciones fueron por N$ 13:000.000, dólares americanos 4:000.000; N$ 21:000.000, U$S 2:000.000. Son cifras que denotan el otro aspecto: la responsabilidad del juez que está cobrando poco más de N$ 1.000 por día, mientras que está laudando sobre cifras que son siderales. Además, el actuario que está trabajando allí y que tiene 13 años de antigüedad, con el tiempo completo, percibe un sueldo de N$ 30.000 mensuales. El alguacil, con 30 años de antigüedad, cobra N$ 17.400 líquidos. El subjefe de despacho que hace 29 años que está en el Poder Judicial, cobra N$ 11.3000. Todo eso, sucede en un Juzgado en dónde, en el mes de junio, se iniciaron acciones por U$S 2:000.000.

Un administrativo segundo, con 10 años de antigüedad, cobra N$ 10.760 y un administrativo quinto, con 10 años de antigüedad, cobra N$ 7.100.

¿Qué decir de la Justicia en materia de Contencioso Administrativo? Alguna otra vez lo hemos manifestado. Para nosotros, señor Presidente, hablar del Contencioso Administrativo, representa un esfuerzo -que nuestro Partido, fundamentalmente, y todo el país finalmente, comprendió e incorporó a la Constitución de 1951- y una importante conquista. En un país en donde la presencia de la Administración Pública gravita en el oficio, en la manera de ganarse la vida doscientas mil y tantas personas, en donde hay una presencia por cierto que excesiva del Estado, a nuestro juicio, en tantos de los caminos de la Administración, es realmente, en el país del papel al que hemos aludido tantas veces, una magnífica conquista. Pero ¡cuidado! Comparado, enfrentado al país real sabemos, por experiencia, que la demora, la lentitud han hecho prácticamente ilusoria la obtención de satisfacción del funcionario que acude ante esos estrados, con los plazos que hay que dejar vencer para la denegatoria ficta, acortados ahora, pero que siempre se constituyen en un sentido de pasividad frente a lo que son los estrados. De pasividad primero, para que el jerarca no diga nada. El jerarca tiene la arbitrariedad del silencio y hay que esperar de que de esa arbitrariedad de no decir nada, no perjudique al funcionario. Después, también, repetida, calcada, no quizás en el número, pero sí en el ritual, todo el peregrinaje alrededor del famoso expediente, monumento y síntesis de lo que es la Administración en general de nuestro país, pero lápida, a nuestro juicio, de lo que es la Justicia.

Dirán los señores senadores y particularmente los cultores del arte del derecho, que a veces más que ciencia parece ser arte, que es muy fácil. No hemos dicho nada demasiado nuevo al poner en conocimiento del Senado este tipo de extremos. Por supuesto, señor Presidente -y lo adelantamos de antemano- ni siquiera podemos presumir de tener el conocimiento como para hacerlo a otro nivel, pero nos parecía más importante hablarlo desde el punto de vista de la gente que no tiene nada que ver, pero sí todo con la Justicia, que es la que sufre.

¿Qué soluciones hay para esto? No podemos caer en la tesitura de arrojar dinero a los problemas, sin dejar de reconocer que es importante, fundamental, que el Poder Judicial participe con varios puntos de porcentaje en el gasto del Presupuesto Nacional. Tenemos que pensar en que debe haber más jueces y mejor retribuidos, pero también debemos tener la imaginación, por ejemplo, como para que haya jueces adjuntos, como para que los autos de trámites de la interlocutorias, todas las decisiones de mero trámite no tengan que llegar ante el Magistrado que está haciendo una sentencia por día. Eso lo vimos. Hacer una sentencia no es una cuestión baladí. Debemos pensar con imaginación en la delegación de funciones, que la Constitución que rige en la República pensó para la Administración con muy buen criterio, justamente, para evitar que lo trivial, lo chico, lo pequeño, farragosamente maneara las decisiones que importan. Tenemos que pensar en más empleados y mejor pagados. No podemos seguir, señor Presidente, con cinco receptores por Juzgado Penal, que están calibrando si hay o no culpables, que están indagando la decisión más importante previa al procesamiento de una persona. Hay que pensar imaginativamente -lo habíamos sugerido cuando la huelga del Poder Judicial- no solamente en pagar -y creo que lo haríamos los propios profesionales gustosamente- un sellado, en la medida en que fuera directamente al mejoramiento de las condiciones materiales y salariales del Poder Judicial, sino en una tasa de justicia.

Estamos dando la posibilidad de litigar a toda la ciudadanía por igual; pero esa misma justicia la está utilizando tanto el banco que ejecuta un vale por 100.000 dólares, como aquél que va a pedir un desalojo o a defenderse en un juicio de desalojo.

Tenemos que pensar en una tasa de justicia que se aplique sobre las sentencias de contenido patrimonial, que puede ser un porcentaje sobre lo que se obtenga al final del juicio, pero con la condición de que sea una tasa y no un impuesto, que exista una vinculación directa entre su percepción y el servicio desde el cual se obtiene la decisión del Poder del Estado y que el mismo vaya a beneficiar a quienes están cumpliéndolo tanto en el aspecto humano como en el material.

Finalmente, señor Presidente, debemos pensar en la publicidad del juicio penal como el primer paso hacia la recuperación de la libertad definitiva y de las garantías en nuestro país. No habrá efectiva libertad sin un Poder Judicial rápido, eficaz, imparcial, bien pagado, comprensible para la gente y por ende público. Por supuesto, con esto no digo ninguna novedad, pero vamos a no olvidarlo cuando estamos llegando a los últimos meses del primer Período de esta Legislatura.

Tenemos para ello por delante el estudio del Presupuesto Nacional, que al Senado le va a insumir el tiempo que marcan las normas correspondientes, o sea, hasta mediados del mes de octubre.

Mociono, como fin de estas palabras, que el Senado encomiende a la Comisión de Constitución y Legislación, que está integrada por personas que realmente poseen la capacidad jurídica para hacerlo, a efectos de que con tiempo, con seis meses de plazo a partir de ese momento, estudie fórmulas que permitan que se haga realidad la justicia en la vida real de la ciudadanía, para que se haga verdad el amparo de la ley da, pero que la realidad niega, y para que no sea un recurso semejante a lanzar una botella con un mensaje al mar, sino la sensación de que golpeando las puertas de la Justicia se va a obtener satisfacción.

Mociono para que el Senado vote en ese sentido. No es un mandato; es una sugerencia que creo le va a hacer bien a la Legislatura, al sistema político recuperado y a todos. Durante el receso todos podremos leer, instruirnos y preparar las formulaciones. Creo que la Comisión no se puede quedar sólo con la opinión de los eruditos, debe llamar a los actuarios, a los Jueces de Paz, a los receptores de declaraciones, a los funcionarios de baranda, porque ellos son la realidad del Poder Judicial. Por supuesto, también debe recabar la palabra de los profesores, de quienes provienen de la Facultad; pero debe oír mucho más a los abogados, eligiéndolos al azar, invitando a aquéllos que día tras días luchan desigualmente contra el expediente y que reflejan, de una manera mucho más eficaz que nuestras pobres palabras, lo que es un clamor, una necesidad y una alta misión para el Poder Político recuperado en la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción del señor senador Lacalle Herrera no necesita votarse. La Presidencia puede cursar, sin decisión del Senado, la versión taquigráfica de sus palabras a la Comisión de Constitución y Legislación. Así lo hará.

13) ACTO INSTITUCIONAL Nº 19. Su derogación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como en este momento existe quórum, correspondería votar la moción de orden llegada oportunamente a la Mesa.

Léase.

(Se lee:)

"Para que el Senado realice una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de ley derogando el Acto Institucional Nº 19".

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para fundar mi moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - La semana pasada se anunció a la opinión pública que el Plenario del Frente Amplio había aprobado el proyecto de derogación del Acto Institucional Nº 19, cuyo texto se dio a conocimiento a través de la prensa representativa de dicho sector.

En oportunidad de tratarse y debatirse en la Asamblea General la derogación del Acto Institucional Nº 19, el Partido Nacional asumió públicamente el compromiso de prestar su apoyo a cualquier proyecto, mejor dicho, a todo aquél que tendiese a ese objetivo fundamental de liberar al país del peso omiso de ese Acto Institucional que, en nuestro criterio, traba el funcionamiento regular y democrático de la República.

Habiéndosele dado entrada y anunciada la presentación de dicho proyecto, solicitamos la realización de una sesión extraordinaria para que sea tratado en forma urgente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa del Senado no tiene en su poder el referido proyecto.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Debo anunciar que el señor senador Cardoso, nuestro coordinador parlamentario, me informa en este momento que la bancada ha resuelto dar entrada al proyecto a que se ha referido el señor senador Tourné por la Cámara de Representantes.

SEÑOR TOURNE. - Nosotros creíamos que ya se le había dado entrada a nivel parlamentario, más precisamente, del Senado. Ahora el señor senador Rodríguez Camusso informa que dicho proyecto aún no ha sido presentado, por lo que no tiene estado parlamentario.

Atento a que en el curso de una u otra Cámara el proyecto puede tener viabilidad, nosotros, a nivel de Partido Nacional -lo haremos en el curso de la sesión- considerando que este proyecto reúne la voluntad e implica la asunción de compromiso que nuestro partido explicitó oportunamente, vamos a dar entrada a dicho proyecto con la firma de los legisladores del Partido Nacional también en el Senado de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - No corresponde votar la moción. Esperaremos a que el proyecto sea presentado.

SEÑOR TOURNE. - Solicité la sesión extraordinaria y el repartido del proyecto en el entendido de que ya había sido presentado. No siendo posible ni una cosa ni otra, dejo señalado el procedimiento que seguirán los legisladores de nuestro partido.

14) REGULARIZACION DE PROFESORES PRECARIOS. Derogación del Inciso Final del Artículo 410 de la Ley Nº 14.106

(Ver 57ª S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se deroga el inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973. (Regularización de profesores precarios).

(Carp. Nº 292 - Rep. Nº 102)".

Estaba en uso de la palabra el señor senador Cigliuti. Por lo tanto, puede continuar el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En la sesión de ayer recordaba el número de profesores precarios que ocupan cargos en la enseñanza secundaria, teniendo en cuenta que la proporción en el interior del país es mucho mayor que la de los profesores, egresados del Instituto Artigas. Estoy hablando exclusivamente de la enseñanza secundaria.

Tengo el mayor respeto por los profesores precarios. Sabemos que ellos fueron los que en muchas oportunidades sostuvieron a la enseñanza secundaria en los períodos más difíciles.

También sabemos que ninguna obra fue más significativa dentro de la enseñanza secundaria que la fundación del Instituto de Profesores Artigas, con la ex Sección Agregadura de la Universidad, cuando en 1949 se dictó la norma. Como todos los que tuvimos cierta vinculación con la enseñanza secundaria, comprobé de qué manera el Instituto creció y empezó a cumplir -lamentablemente, sólo en parte- el propósito que motivó su creación. Nosotros luchamos siempre, en la enseñanza secundaria, por tratar de evitar una educación elitista que estaba enclaustrada dentro del IPA, donde las puertas recién se abrieron después de 1959 pero no con la amplitud necesaria como para que pudiera recibir a todo el potencial de alumnos, futuros docentes.

La razón de ello fue que el Instituto Artigas quedó sólo en Montevideo e inclusive, todavía los alumnos del interior tienen dificultades para trasladarse a esta ciudad, por lo que la mayoría elige profesiones liberales.

Por otra parte, en el Instituto Artigas se produjo un reparto desigual de las posibilidades, en virtud de que hay asignaturas que están sobrecargadas de alumnos como es por ejemplo el caso de Literatura o Historia y otras en que el número de profesores siempre resulta insuficiente, como ocurre con Matemáticas.

De cualquier manera, los alumnos del Instituto de Profesores Artigas acreditan una competencia indiscutible, por el solo hecho de que deben aprobar los cursos, ya que realizan el estudio de asignaturas básicas e indispensables para el dictado de cualquier materia. Además, porque empiezan su aprendizaje como profesores, aun antes de recibirse, debido a que muchos, todos o casi todos ellos tienen horas a su disposición en la Educación Secundaria, especialmente en Montevideo.

Sostengo que ningún profesor adquiere verdaderamente la competencia exigida si no ejerce el cargo durante cuatro o cinco años, hecho que está probado, efectivamente, a través de la enseñanza secundaria. Ninguna de las disciplinas intelectuales exige más la complementación entre el conocimiento teórico y el ejercicio efectivo de la profesión, que el profesorado. La actividad docente reclama que el profesor conozca la mecánica de la clase a través de su propia experiencia personal.

Es cierto que el profesor que egresa del Instituto de Profesores Artigas está dotado de todas las disciplinas necesarias como para poder ponerse al frente de un grupo de alumnos; pero también es verdad que la experiencia personal es indiscutible. En ese sentido pienso que la experiencia que recogen los profesores precarios, en general, es lo suficientemente acreditante como para poder considerar que ese profesor precario puede estar en condiciones de rendir efectivamente frente a una clase.

Comprendo que el profesor precario, sobre todo en esta época, tiene mayores carencias que las que tenía en el pasado, porque los elementos modernos que se utilizan para la enseñanza de las distintas asignaturas están perfectamente estudiados y calibrados a través de los programas del Instituto de Profesores Artigas. Esa es una disciplina muy difícil de poder realizar en forma autodidáctica, pues necesita de la sistematización de la clase y del aprendizaje que ella otorga; esto, también, es indudable.

De cualquier modo, creo que la ley no haría bien en dejar sin efecto los derechos de los profesores precarios, sin asignarles los que considero deben obtener en la presupuestación efectiva de los cuadros de la Educación Secundaria y de UTU, una vez que hayan rendido el examen indispensable para poder regularizar su situación. No creo que ni los egresados del Instituto de Profesores Artigas, ni los del INET, ni los profesores precarios de una u otra rama de la enseñanza media puedan obtener efectividad si no se presentan al concurso de méritos, de oposición o mixto que debe ser previo e indispensable.

Es indudable, señor Presidente, que la enseñanza no puede confiarse sino a quienes acrediten, con carácter definitivo, la suficiencia necesaria ante un tribunal debidamente integrado, mediante un examen con bases elaboradas de tal modo que puedan ser aceptadas como plena garantía para todos. Si exigimos el concurso para los egresados del IPA y del INET, no podemos dejar de hacerlo con los que no son egresados de estos institutos de formación docente. Digo más, señor Presidente, creo que no es un derecho adquirido para la regularización presupuestal, el de los profesores precarios, por el hecho de haberlo sido, aun cuando cuenten con el informe favorable de la Dirección o Inspección pertinentes. Creo, por lo tanto, que es necesario el concurso y por tal motivo no acepto que se diga que no se puede ignorar ese derecho de los profesores precarios que han dictado clases desde hace seis u ocho años, porque ese es un hecho y no un derecho.

Es cierto que en el pasado se han regularizado situaciones semejantes; también lo es que algunas leyes establecieron el nombramiento directo -tal como lo recordaba en la sesión de ayer el señor senador Traversoni, en su discurso referido al Estatuto del Profesor del año 1947- con la exigencia de los dos tercios de los miembros del Consejo para obtener esa regularización. Sin embargo, han pasado treinta y ocho años desde aquella disposición y durante todo ese tiempo la enseñanza secundaria tuvo altibajos. Por ejemplo, en la década del 70 y debido a problemas de política interna existieron controversias serias y profundas que se solucionaron finalmente, aquí, en el Senado, cuando se discutió la venia para nombrar a un Director General y, posteriormente, cuando se dispuso su intervención, designándose un Directorio a través de una ley de la Nación. Eso nunca había ocurrido antes -por lo menos que se sepa- pero sucedió porque la situación era muy tensa, difícil y compleja y se agravó hasta el extremo cuando se produjo el golpe de Estado y las autoridades militares entraron a "saco" en la Enseñanza, tanto Primaria como Secundaria, UTU o la Universidad de la República.

En consecuencia, pienso que en este momento la posición del legislador debe ser lo más severa posible para poder introducir la norma más justa, equitativa y, al mismo tiempo, más rigurosa. Debemos confiar, naturalmente, en que los profesores precarios están aptos para rendir el concurso contra otros como ellos, de su misma asignatura y departamento. Es posible que inclusive en muchas de estas pruebas deban estar solos, por lo que si tienen la competencia que creo y deseo poseen, no van a tener dificultades en presentarse a concurso y aprobarlo. Las bases serán discutidas; ahora no nos encontramos en una dictadura, por lo que no se puede admitir que si las bases son malas o el tribunal no es correcto, justo o imparcial, el perjudicado tenga que cruzarse de brazos, porque en cualquier momento puede interponer los recursos que la Constitución y las leyes le otorgan.

Volviendo al hecho concreto que nos ocupa, señor Presidente, que es el artículo 410 de la Ley de Presupuesto de 1973, que ahora estamos considerando, creo que deberá modificarse este texto de una manera distinta a como lo propone la Comisión, que se remitió sólo a la derogación del inciso final.

En el día de ayer conversamos, precisamente, con el señor Presidente del Cuerpo -que es un jurista eximio, conoce los vericuetos de la ley, y hablo de este modo porque no me puede contestar desde la mesa- sobre el texto de este artículo 410. A efectos de poder comprenderlo, si el Cuerpo me lo permite, pasaré a leerlo. El inciso primero dice: "Establécese que a partir de la publicación de la presente ley, todos los profesores de Enseñanza Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que no tengan el carácter de efectivos o de interinos y que acrediten 3 (tres) años de actuación continua o discontinua, en este último caso equivalente al lapso mencionado (artículo 7º de la Ley Nº 11.285, de 2 de julio de 1949), con informe favorable de Inspección o Dirección, quedan..." -en presente- "...regularizados presupuestalmente en el grado del escalafón que les corresponde..." -también aquí el verbo está en presente- "...por su antigüedad en calidad de profesores efectivos". El texto, aunque puede ser contradictorio en cuanto dice "a partir de la publicación de la presente ley", debido al uso de los verbos en presente "quedan" y "corresponder", indudablemente, se está refiriendo a la situación planteada en ese momento, o sea, marzo de 1973, fecha en que se promulgó la ley.

Pero si quedara alguna duda, el parágrafo segundo dice: "La adquisición de la efectividad señalada importará para los referidos profesores, el pleno goce, en lo sucesivo, de todos los derechos sociales y laborales que correspondan a los docentes efectivos de Enseñanza Secundaria y Universidad del Trabajo del Uruguay".

Obsérvese que dice "el pleno goce en lo sucesivo", cosa que nos hace pensar que regirá justamente a partir de esa fecha.

Por otra parte, el parágrafo tercero corrobora esta interpretación cuando dice: "no tendrán derecho a la regularización que se establece en el inciso anterior los profesores precarios que no hayan ejercido en los últimos tres años anteriores a la fecha de publicación de esta ley".

Como muy bien lo decía el señor Presidente, los tres incisos apuntan a que ésta es una norma contingente, sujeta a una determinada fecha.

Sin embargo, el inciso cuarto dice lo siguiente: "El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, llamará, antes del 30 de junio de cada año, a concursos para la provisión de todos los cargos que se encuentren vacantes".

Creo sí que este inciso se contradice con los tres anteriores y con el espíritu del pensamiento del legislador. Por ello, me permitiría proponer que se derogue y se sustituya por una norma de carácter general, a la que voy a dar lectura oportunamente.

El inciso siguiente dice: "lo dispuesto precedentemente regirá luego de cumplido lo que se establece en el inciso primero de este artículo". Como lo que se establece en dicho inciso primero es la regularización de la situación de los profesores, a esa fecha, y como todos los profesores precarios -en virtud de este inciso- tienen prelación sobre los demás, el Parlamento aprobó el último inciso (que la Comisión propone que se derogue) para evitar que todas las horas disponibles las ocuparan los profesores precarios, y no dejaran las necesarias para los concursos de los profesores egresados.

Por lo expuesto, me parece que ésta sería una buena oportunidad para establecer una norma de carácter general con respecto a la situación de los profesores de Enseñanza Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Parto de la base de que los profesores no pueden acceder al presupuesto como efectivos, sin concursar previamente. Considero además que los profesores deben concursar en sus respectivos departamentos y en el ámbito que les corresponda, es decir, precarios con precarios y egresados del Instituto Artigas o de INET, con egresados de dichos institutos. Creo, finalmente, que los concursos deben llevarse a cabo anualmente. Esto no quiere decir que por el hecho de establecer los concursos, queden algunos profesores en la calle. Todos los que se desempeñan actualmente, continuarán en sus funciones. Simplemente, se establece la fecha del mes de junio del año que viene para realizar el primer concurso. Esto tampoco quiere decir que el precario que no se presente a concurso quedará en la calle, porque si quedan horas disponibles -que siempre quedan- las seguirá ocupando. Por otra parte, el precario que se presente a concurso y lo pierda, no perderá las horas, porque si quedan horas, seguirá disponiendo de ellas.

Por último, lo que tiene carácter genérico y permanente es que, para acceder a la regularización presupuestal como docente efectivo, se debe previamente concursar. Vale decir que si un ciudadano cualquiera ingresa como profesor precario, venga de donde venga, ya sea de la Facultad de Medicina, de la de Derecho, del INET o del IPA, por el hecho de ser precario, debe concursar. Para ello, debe tener por lo menos cuatro años de antigüedad, que son los que se requieren para cambiar de grado. Después de que gane el concurso, será profesor en calidad de interino y se perfecciona la designación después de cumplido un período de tres años, previsto por otra disposición legal.

Por lo expuesto, he considerado propicia la oportunidad para hacer la propuesta a que me he referido. No creo que exista otra solución, ni considero que ésta pueda ofender, perjudicar o agraviar a alguien. Entiendo sí, que sirve a los efectos de llevar a cabo una regularización, digamos, definitiva de los cuadros docentes de nuestra enseñanza media.

Me voy a permitir leer el proyecto de ley que he preparado.

"Artículo 1º. - Sustitúyese el inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

Los profesores de Enseñanza Secundaria, Básica y Superior y Universidad del Trabajo del Uruguay, que no tengan el carácter de efectivos o interinos, quedarán regularizados presupuestalmente, mediante los siguientes procedimientos:

1. - Concurso de méritos u oposición o mixtos (méritos y oposición), entre egresados del Instituto "Artigas" de Profesores y el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, respectivamente.

2. - Concurso de méritos u oposición o mixtos (méritos y oposición) entre profesores precarios de Enseñanza Secundaria y UTU, que acrediten cuatro años de actuación continua o discontinua, en este último caso equivalente al lapso indicado (Art. 77 Ley Nº 11.285, de 2 de julio de 1949).

3. - Los profesores que obtenga la aprobación en los concursos mencionados, serán regularizados presupuestalmente en el grado del escalafón que les corresponda por su antigüedad, en calidad de profesores efectivos.

4. - Los concursos se efectuarán anualmente, teniendo en cuenta las horas vacantes en cada departamento de la República. Los llamados los efectuarán los respectivos Consejos, antes del 30 de junio de cada año, de acuerdo a las disposiciones vigentes y a efectos de proveer todos los cargos vacantes".

En el numeral cinco se establece la condición en cuanto al número de horas, porque considero que los egresados del Instituto "Artigas" deben tener una cuota mayor que los no egresados; el 75% de las horas correspondería a los egresados y el 25% restante a los no egresados. Pero si se diera el caso de que los egresados no cubrieran el 75% de las horas, lo que quede y sea superior al 25%, se destinará a los concursos para los profesores precarios.

Dice así: "5. - Si los concursos para profesores egresados del Instituto "Artigas" de Profesores y del Instituto Normal de Enseñanza Técnica del Uruguay, cubrieran más de las tres cuartas partes del total de horas vacantes, se excluirán de los llamados las necesarias para alcanzar el porcentaje del 25% del total, que anualmente se destinará, por lo menos, a los concursos para profesores comprendidos en el numeral 2 de este artículo".

El numeral 6, por su parte, dice lo siguiente: "Si los concursos para profesores egresados del IPA y del INET cubrieran menos de las tres cuartas partes del total de horas vacantes, el resto se destinará a los concursos para los profesores no egresados de dichos Institutos (num. 2 de este artículo)".

Asimismo el artículo 2º establece: "Deróganse los incisos 4 y 5 del artículo 410 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973".

Debo decir finalmente al Senado que los señores miembros de la Comisión de Educación y Cultura, después de la conversación que mantuvimos en antesala, nos han hecho el honor de considerar factible o compartible la aprobación de este proyecto.

Después de tantos años de haber dejado la enseñanza secundaria, espero poder contribuir a la solución de un problema pendiente, muy grave, como es el de la situación de los profesores precarios, que se encuentran en una posición muy difícil.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: el señor senador Cigliuti presenta un proyecto de seis artículos que, a pesar de tener alguna complejidad, resulta muy interesante.

Quisiera saber si lo que se propone con este proyecto es que, el tema vuelva a Comisión, a los efectos de ser estudiado nuevamente. Si así fuera, me abstendría de hacer comentarios, porque, naturalmente, el proyecto pasaría por la Comisión, que traería algo más depurado. Pero tal vez la intención es que el proyecto se trate y se vote en la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Mi intención es muy clara. Simplemente, consideré que el momento era propicio para presentar un proyecto con esta redacción y lo he comentado con varios miembros de la Comisión respectiva. He hecho aquí esta exposición para fundar este proyecto; me mantendré en la posición y lo defenderé en el lugar que sea. Aquí o en la Comisión, aunque no la integro. Entendí que era un proyecto discutible, pero suficientemente madurado como para que pueda ser objeto de discusión en el Senado.

La Comisión trae un texto a consideración del Senado; acepta otro, entonces, se puede discutir. También sé que depende de la voluntad del Cuerpo -no de la opinión personal- y, más aún, de la opinión de los señores miembros de la Comisión a los cuales respeto mucho y siempre me agrada escuchar.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Pienso que el proyecto y el tema son lo suficientemente importantes como para que merezcan un estudio más detallado. En el curso de la discusión de cualquier proyecto se pueden presentar artículos sustitutivos. Este, más que un artículo sustitutivo, es un proyecto sustitutivo pero, además, no se trata de cambiar una frase o una palabra, sino que se alteran los conceptos. En ese caso, no me parece adecuado -ni siquiera diría justo- para el Senado, para los que no formamos parte de la Comisión, y para los que no intervenimos en la consulta que realizó el señor senador Cigliuti con algunos señores senadores. No es posible que nos veamos obligados a improvisar; entonces, es por esta razón que solicito que este proyecto vuelva a estudio de la Comisión, y no es con el ánimo de retrasar la consideración del asunto. Pienso que la Comisión, en una sesión, puede tener opinión al respecto y traerlo luego al Senado. Tratarlo ahora, sólo con la lectura realizada por el señor senador Cigliuti cuando no se ha hecho el repartido, es problemático porque es difícil mantener en la memoria un proyecto de seis artículos. Advierto que voy a realizar algunas observaciones sobre el mismo, pero estoy vacilando en formularlas porque deseo que primeramente el Senado resuelva sobre lo que me atrevo a solicitar, es decir, que este asunto pase a Comisión, que es el ámbito natural donde los que tengan interés -como en mi caso- concurriremos para ilustrarnos y para hacer observaciones. No me parece sano improvisar en Sala porque va a dilatar el debate, incluso con observaciones que a veces las podremos formular en la ignorancia de algunas de las cosas que aquí se establecen.

Por ejemplo, el señor senador Cigliuti manifiesta que todo esto no significa que se va a echar a nadie. Yo pregunto, ¿la condición de precarios de algunos profesores, no hace que puedan ser declarados cesantes en cualquier momento? Creo que sí. ¿O no es así?

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Eso puede suceder con ley o sin ella; puede suceder en cualquier momento. El profesor precario depende de una expresión de voluntad del Consejo respectivo, aunque tenga esta ley u otra distinta. Repito que si estamos pensando en esta ley o en una nueva, los profesores precarios están expuestos a que en cualquier momento -como ya ha sucedido a muchos- puedan ser sustituidos.

SEÑOR ORTIZ. - Pero si es así, esa situación de que pueden ser declarados cesantes en cualquier momento, no se daría en la vigencia del artículo 410, porque éste dice que los que tengan tres años deberán ser regularizados en su situación. Esos ya no pueden ser declarados cesantes.

SEÑOR CIGLIUTI. - He creído demostrar que el artículo 410, por más que se piense otra cosa, se refiere exclusivamente -y lo dice con claridad- a los que tenían tres años de antigüedad en 1973, cuando se publicó la ley.

SEÑOR ORTIZ. - Si es así, ¿para qué es necesario derogar el último inciso? Si todo ese artículo ya no está en vigencia, cumplió su cometido y no se aplica, entonces, ¿por qué tenemos que derogarlo? No tenemos que decir nada. Se trata de un artículo que ya perdió su vigencia, y eso es lo que yo entiendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ruego a los señores senadores que no dialoguen.

A esta altura del debate sería conveniente -y si el señor senador Ortiz formula moción en el sentido anunciado- votar la moción de orden. Se puede considerar, porque es una moción que admite discusión, pero se debe votar.

Advierto además que hay un pequeño error de forma en cuanto se sustituye un inciso por tres artículos. Parecería que no se compagina bien al sustituir el inciso final del artículo 410 por los artículos primero, segundo y tercero.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite señor Presidente?

El inciso se sustituye por el artículo primero; el artículo segundo deroga otros dos incisos; el artículo tercero es de orden y el artículo primero que sustituye al último inciso, tiene cuatro, cinco o seis numerales.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador tiene razón. De cualquier manera, se votaría la moción de orden, en el sentido de que el tema vuelva a Comisión, porque recién estamos en la discusión general y en la misma se ha presentado un proyecto sustitutivo.

Para ocuparse del tema están inscritos los señores senadores Rondán y Cardoso, pero si hay una moción de orden, habría que votarla.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para ocuparse de la moción presentada.

SEÑOR CERSOSIMO. - Solicito del señor senador Ortiz que aplace por un momento su moción, que por nuestra parte, estamos dispuestos a votarla, pero queremos que el Senado oiga la exposición que respecto del tema desea realizar el señor senador Rondán.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Ortiz ha sido claro en cuanto a que, o votábamos esta moción, o él hacía uso de la palabra, ya que está anotado en cuarto lugar, antes de los señores senadores Rondán y Cardoso, para ocuparse del tema.

Si existe consenso en volver el asunto a Comisión, parecería inútil pronunciarse sobre el fondo, antes de que vuelva a Comisión.

Estamos en una moción de orden y cada señor senador dispone de cinco minutos.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra, porque no había terminado mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Voy a ser muy breve. Pienso que lamentablemente nos vamos a ver obligados a votar en contra la moción formulada por el señor senador Ortiz, si no se permite al señor senador Rondán que haga uso de la palabra en nombre del sector. Queremos que el Senado escuche la exposición que va a realizar en relación con este tema. No hay que olvidar -y esto lo digo para que el Senado lo tome en cuenta- que el señor senador Rondán no va a ocupar por mucho más tiempo esta banca, porque es sabido que el 8 de setiembre en curso, se reintegra el señor senador Jude. El sector de la Unión Colorada y Batllista, repito, ha designado al señor senador Rondán para hacer uso de la palabra en este tema. El sector desea -reitero- que el Senado escuche la exposición que realizará.

Por lo tanto, si se mantiene la moción, en el orden en que se está votando, nos vamos a tener que oponer a ella. También digo que no sería un acto de cordialidad para con un señor senador -que se tiene que retirar del Cuerpo en pocos días- no escucharlo, en función de no postergar una moción de orden, procedimiento que nosotros tantas veces hemos aceptado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ha tratado de ajustarse al Reglamento. Se ha presentado una moción de orden y la misma admite discusión.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿El señor senador Ortiz mantiene su moción?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ortiz, para contestar la pregunta formulada.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: no tengo ningún inconveniente -no sólo por un deber de cortesía, sino porque me interesa conocer la opinión del señor senador Rondán- en postergar mi moción. El único temor -y lo digo lealmente- es que a raíz de la exposición del señor senador se vuelva a plantear todo el debate sobre el proyecto, sobre el artículo, sobre las modificaciones, y entonces lo que yo persigo, que es estudiarlo en un ambiente más pequeño como el de la Comisión, se desvirtúe. Aún arriesgándome a eso, con mucho gusto postergo mi moción. Lo que no sé exactamente es si la postergación de mi moción significa que el señor senador Rondán va a hacer uso de la palabra de inmediato o si van a hablar los demás señores senadores y luego, el senador designado por la Unión Colorada y Batllista.

SEÑOR PRESIDENTE. - El orden de la lista de oradores, es el siguiente: luego de haber hecho uso de la palabra el señor senador Cigliuti, le corresponde a los señores senadores Ortiz, Rondán y Cardoso.

SEÑOR ORTIZ. - Postergo mi moción y además mi intervención, si es que se puede.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para ocuparme de la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para ocuparse de la moción de orden.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo, señor Presidente, que si esto termina en una moción de orden en el sentido de volver a pasar este asunto a Comisión, sería importante tener presente el artículo 202 en virtud del cual los Entes tienen que ser oídos antes por la Comisión.

(Apoyados)

En consecuencia, me parece que sería bueno -para reforzar la moción del señor senador Ortiz- que diéramos cumplimiento a ese trámite.

SEÑOR PRESIDENTE. - Parecería que la solución es oír al señor senador Rondán sobre el tema de fondo. Después, podríamos votar la moción -que seguramente tendría mayoría- de regresar a Comisión este asunto, no sólo para estudiarlo mejor sino para escuchar a los representantes del Ente respectivo.

Tiene la palabra el señor senador Rondán.

SEÑOR RONDAN. - Señor Presidente: sin alarde de modestia, debo decir ante todo que agradezco al señor senador Ortiz la postergación de su moción, ya que no pensaba ayer, a primera hora, ocuparme del tema, en virtud de que nosotros -emulando un poco las afirmaciones que son tan caras al señor senador Lacalle Herrera- pertenecemos al "pago chico" del interior, donde generalmente nos nutrimos de las opiniones que desde acá, o desde otros centros de gobierno donde se hace la opinión pública, se acostumbran a emitir. Nos vamos nutriendo de ellas, y vamos aprendiendo como bien dijo mi compañero de sector, el señor senador Cersósimo, en pocos días tendremos la satisfacción de que nuestro colega el señor senador Jude, vuelva a ocupar la banca de la que es titular; pero debo señalar para tranquilidad del señor senador Ortiz -quien con tanta deferencia me ha permitido, con el amparo de la Mesa, hacer uso de la palabra- que tenía desde ayer una moción para que este asunto pasara a Comisión. La razón es que considero que ante el panorama que está ofreciendo la enseñanza -a pesar de la tranquilización que todos esperábamos se iba a conseguir con la llamada Ley de Emergencia de la Enseñanza- no era cuestión de agregarle elementos irritativos al transformar esto, que es hoy un problema casi exclusivamente de Montevideo, en un drama nacional.

Consideramos, señor Presidente, que el tema no es como lo han planteado algunos señores senadores y proclamamos expresamente nuestro reconocimiento a la sapienza y experiencia del señor miembro informante, profesor Traversoni -quien ayer hizo una larga exposición sobre el asunto, pues es un erudito en la materia- de quien el país a fines de 1974, se vio privado porque el régimen imperante en ese momento, no supo reconocer su capacidad de ilustre educador.

Creemos que este inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106 no tiene ninguna característica de una disposición transitoria, de emergencia o dictada para una sola oportunidad. Tiene si, todas las características de una disposición que va a regir -como lo dice- para el futuro, estableciendo cuál es el porcentaje de vacantes que habría que proveer con profesores precarios y egresados de IPA.

Aquí es bueno que se señale, señor Presidente, por parte de quienes generalmente vivimos en el "pago chico", que allí no hay, en su mayoría, profesores egresados de IPA y además la remuneración por las horas que ejercen de docencia, no les alcanza para solventar sus más elementales necesidades.

Es oportuno recordar, señor Presidente, cómo se han ido formando los cuerpos de profesores de los liceos de Melo, Río Branco, Fraile Muerto, Tupambaé, Santa Clara, Cerro Chato, Vergara de Treinta y Tres y Vichadero en Rivera. En la mayoría de esos liceos, que son los que conocemos, y en la de otros muchos departamentos, como se decía bien ayer, siempre se ha ejercido la docencia por parte de la gente más capaz e idónea del medio. Hoy, un diario matutino hace referencia a la vehemencia con que el señor senador Ortiz defendía la posición de los precarios y yo me sumo, con la misma o con mayor vehemencia, a las manifestaciones que él hizo, en el sentido de que no alcanza con hacer observaciones, sino un mejor estudio del proyecto sustitutivo presentado por el señor senador Cigliuti.

Me parece justo que desde este alto Cuerpo se oiga una voz en defensa de miles y miles de ciudadanos que han volcado en la docencia lo mejor de sus inquietudes, en un medio con tantas dificultades. Ayer, a la salida del Palacio Legislativo, se acercó a hablarme un modesto núcleo de profesores de Maldonado, para trasmitirme sus inquietudes. Les pregunté si podían regresar hoy para conversar con otros señores legisladores y me manifestaron que no les era posible porque sus modestos ingresos no les permitían solventar el costo de su estadía en Montevideo. Seguramente, con el nuevo presupuesto tendrán la suerte de ver aumentados sus magros sueldos.

Afirmamos señor Presidente que no se puede echar a la calle, así, de un plumazo, a esa gente que, como ayer se dijo -y se dijo bien- fue necesaria en su momento. Claro creo que -y no pretendo ser exacto en la repetición de la frase aunque si del concepto- no se puede echarlos a la calle, repito, como quien arroja lo que no sirve. La mayoría de estos señores profesores precarios es gente joven, que apenas traspasa los 30 años y que no tiene ninguna relación en su actividad política con el régimen felizmente fenecido definitivamente el 15 de febrero de este año. Esa gente ingresó a la docencia porque tenía vocación para ella. Otros, de mayor edad, volcaron la mejor de sus entusiasmos y de sus ilusiones en beneficio de esa muchachada de tierra adentro, que no tiene la suerte de tener profesores egresados del IPA, aunque naturalmente quisiéramos que se contara con ellos en toda la República.

Ya dijimos, lo sostenemos hoy y lo podemos probar porque estamos en contacto permanente con los hechos y la realidad de tierra adentro- que en este momento los profesores del IPA, en su mayoría, por el número de horas a las que accederían, no están en condiciones -y tengo la seguridad de que a ninguno de ellos le interesaría- de ir a radicarse a Fraile Muerto, que en este momento no tiene ni siquiera un ferrocarril para transportarlos a las zonas más cercanas de la civilización como Melo, y ni qué hablar de Montevideo.

Por esos motivos, señor Presidente, consideramos que lejos de ser una situación de hecho, la posición de los precarios está amparada por el derecho, sin lugar a ninguna duda, porque el inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106 -que es una ley de presupuesto pero que abarca una serie de aspectos relacionados con un sinnúmero de institutos, por ejemplo, en materia aduanera, que tienen permanencia y vigencia en la actualidad- establece: "Del total de las horas vacantes de Enseñanza Secundaria a la fecha de la promulgación de la presente ley y del que se produzca en el futuro, el 50% en cada departamento de la República, se destinará a la regularización presupuestal de los profesores precarios, con exclusión de los que sean alumnos del "Instituto de Profesores Artigas" y el otro 50% se proveerá entre los egresados de dicho Instituto o por Concurso de Méritos y Oposición u Oposición Libre, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias vigentes".

Dígase lo que se diga e interprétese como se quiera esta disposición, ella es derecho vigente, aplicable, y seguirá rigiendo si no existe la norma que la derogue que, precisamente, en este momento está a consideración de este Cuerpo.

No podemos echar a la calle, por una disposición inspirada en el mejor sentido de la administración, a alrededor de cinco mil personas, en el momento en que estamos atravesando un conflicto no solucionado dentro de las distintas ramas de la enseñanza, en que afloran denuncias de toda naturaleza y en que llegan a nuestra mesa de trabajo quejas de inspectores y directores. Además, a estos directores, en los últimos concursos, se les llamó a determinada hora y se les postergó durante tres veces en el día, quedando para una nueva instancia en días posteriores, obligándolos a gastar hasta N$ 6.000 en pasajes a gente que gana sueldos misérrimos. Por otra parte, en estos momentos, hay denuncias contra los propios organismos de enseñanza -circunstancias que deseamos se clarifiquen para honor de uno de los Cuerpos más importantes en la vida de la República, que tiene el deber de mantener en alto la educación, la enseñanza y el porvenir de la República a través de una juventud inspirada, más allá de banderías, en el amor a la Patria- y, tenemos que estar precavidos, procurando que se mantenga en todos sus términos la laicidad en ella sin echar a la calle a cinco mil personas -que es la cifra estimada- que nos parece tremendamente injusto.

Sumar un nuevo hecho emocional e irritativo a las difíciles circunstancias de carencia de trabajo que vive la República -teniendo en cuenta que esta gente no ingresó como funcionario de hecho, sino que lo hizo al amparo de las disposiciones vigentes que rigen la vida institucional y política de la Nación- parecería reiterativo de algunos conceptos que se han vertido en Sala.

Compartimos totalmente la posición de que esta gente no puede ir porque sí a la calle. No me interesa, señor Presidente, que haya entrado en estos últimos doce años de oscurantismo que vivió la República, porque se trata de jóvenes que hoy tienen 30 años pero que, cuando comenzó la debacle de las instituciones por distintos factores, apenas tenía 18 años; muchos de ellos votaban por primera vez y otros ni siquiera podían hacerlo. Es gente que quiere trabajar, que no va al "boliche" ni "anda de vago", que se ha dedicado a adoctrinar a las juventudes, y que en el interior del país ha ocupado una posición de sacrificio y de trabajo. Todos conocemos el escaso monto de los sueldos y la carencia absoluta de trabajo.

Pero decimos más, esa gente no ha venido al Instituto de Profesores Artigas porque no puede costearse aquí el alquiler de una pieza de pensión, ya que no cuenta con el dinero necesario para subvenir a las necesidades fundamentales que todo individuo tiene; tampoco tiene para el pasaje en ómnibus o ferrocarril, porque muchas veces deben trasladarse desde el interior a la Capital en camiones, cuyos conductores generosamente los transportan. Conocemos decenas de casos de estudiantes, no ya del Instituto de Profesores, sino de diversas facultades, que padecen esa situación. Hoy, como a fines del siglo pasado, estudiar es un privilegio del rico del poderoso. El hombre modesto, que es la simiente de nuestra democracia, señor Presidente, cada día ve más retaceadas las oportunidades de acceder a un lugar decoroso en la vida.

Nosotros no tenemos derecho a borrar de un plumazo, mediante un artículo que no alcanza a completar dos renglones, lo que ha sido el fruto de una vida sacrificada al servicio del alumnado, o de una juventud que se ha volcado en una de las más abnegadas y sacrificadas tareas, como es la de prodigar conocimientos y cultura, y lograr que el educando participe de ese poco de felicidad que hay en el mundo, mediante el acceso a los bienes de la civilización y la cultura.

Tal como viene redactado de Comisión el artículo, señor Presidente, nosotros no lo vamos a votar. Ya dijimos, al agradecer la amabilidad del señor senador Ortiz, que temamos un artículo aditivo o sustitutivo, por lo que proponemos que este proyecto vuelva a Comisión.

Creemos, sí -por lo que ha dicho el señor senador Zumarán- que corresponde cumplir con la disposición constitucional; que venga a Sala a Comisión el Consejo respectivo, a los efectos del asesoramiento e intercambio de ideas previsto por la norma fundamental.

Termino, señor Presidente, diciendo que tengo absoluta confianza que lo que esta en juego en este momento será analizado con el criterio y la seriedad con que se estudian -y lo hemos podido comprobar- los asuntos en el seno de este alto Cuerpo. Se antepone a toda otra cosa el interés del individuo, el derecho humano a ejercer una actividad dentro de las muchas que establece, prevé y protege la Constitución de la República: el ejercicio del derecho al trabajo.

Al margen de cualquier otro tipo de consideración, ordenanza o disposiciones internas, lo que me interesa es demostrar, a la luz de la interpretación del inciso de la disposición legal que hemos citado y estamos tratando, que no se trata de funcionarios de hecho; puede ser que en determinados casos exista algún recomendado de un coronel o militar de alto grado, que hubiera accedido a ciertos planos de la enseñanza pero, naturalmente, la mayoría de quienes entraron por la ventana, pisoteando y dejando a un lado legítimos derechos de los demás profesores en su carrera funcional, ha sido ya trasladada a otro cargo o, simplemente, dejada fuera de servicio por no haber accedido a él por la vía y forma correspondiente.

De ahí entonces, señor Presidente, que nos hayamos puesto en una posición coherente que trato de mantener; de la misma forma, el señor senador titular de esta bancada procuró insertar el artículo 45, que contó con el voto de este Cuerpo, en oportunidad de tratarse el proyecto de ley para la enseñanza, en el cual se dice que los derechos adquiridos deben respetarse y que no pueden ser pisoteados. No se puede penar que sólo porque un hombre, joven o adulto, ingresó en estos últimos 12 años, sea una rémora del proceso que todos debemos tratar de olvidar e intentar que nunca más se repita, para bien del país. Se trata de gente que buscó trabajo, su vocación los llevó en esa dirección y lo ha estado cumpliendo correctamente; de lo contrario, su propia calificación lo eliminaría de los cuadros.

No me opongo, en consecuencia, y comparto el criterio sustentado por el señor senador Cigliuti en el sentido de que, en Comisión, se estudien las ideas que él propone respecto a los concursos -que también están previstos en esta disposición legal- entre los precarios, por un lado, y los del IPA, por otro.

Por las propias circunstancias de cada profesor, creemos que las situaciones no pueden ser comparables. Por distintas razones -que no corresponde analizar en este momento- algunos han tenido la oportunidad de concurrir al Instituto de Profesores para poder obtener de esa manera conocimientos sobre la enseñanza de determinada materia que, tal vez, les falten a otros, especialmente a los del interior, en donde se encuentran los precarios, que tal como se manifestó en el día de ayer, son el farmacéutico -aunque ya no tanto porque se dedica a su comercio- el abogado o el médico joven y el químico que ha llegado a la localidad. Todos ellos van al liceo a dar clase porque hay vacantes y no hay profesores.

Todos recordamos lo que sucedió con matemáticas. Se transformó en una materia que, al igual que el SIDA que está actualmente en boca de todo el mundo, se hizo famosa por el fracaso de los estudiantes en los exámenes. La culpa de ese fracaso se le atribuyó a los educandos, pero tanto en Montevideo como en el interior había profesores -egresados del IPA o no- que no estaban en condiciones de hacer asimilar al estudiante la difícil materia que es matemáticas. Todo esto se tradujo en los catastróficos resultados obtenidos en los exámenes.

Señor Presidente: ya hemos adelantado que vamos a apoyar el pase de este proyecto a Comisión. El señor senador Cigliuti ha analizado cuáles son los incisos que se deben modificar y, naturalmente, lo vamos a acompañar en ese aspecto.

Creemos que del estudio que se hará en la Comisión, con la presencia del Consejo respectivo, habrá de surgir el proyecto sustitutivo adecuado a esta hora que vive la República.

Contrariamente a lo que manifestó al comienzo en el sentido de permanecer en silencio y escuchar a fin de aprender de los demás señores senadores, he querido expresar mi posición frente a lo que, de no respetarse o adoptarse esa postura, prevemos podría ser un verdadero cataclismo en la enseñanza. Pensamos que los profesores del IPA no van a ir a estos liceos que, en muchos casos, hasta carecen de medios de locomoción que faciliten el acceso a ellos.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RONDAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: he estado escuchando con mucha atención la exposición del señor senador Rondán y quiero hacer algunas puntualizaciones al respecto, porque de lo contrario, no estaría tranquilo con mi conciencia de educador.

El señor senador Rondán ha puesto mucho énfasis sobre la injusticia que se cometería si los jóvenes profesores precarios que han ingresado hace dos, tres o cuatro años, son dejados fuera de su puesto. Considero que eso no está en discusión. Lo que sí lo está en el ordenamiento general de todo el problema educacional existente en la enseñanza media de este país, que ha vivido de crisis en crisis y que, últimamente, en la noche negra de la dictadura, se viera empeorado.

El señor senador ha dicho que en todos los pueblos del interior -y no dudo de que sea verdad- entre los profesores, habrá algunos que concursaron, otros que son egresados del IPA, pero en su mayor parte se trata de profesores que se han iniciado en forma precaria y que permanecen en ese estado. No dudo de que ello sea verdad porque éste es un país en formación, un país joven.

Algunos problemas educacionales se han ido resolviendo eficazmente desde la época de Varela, muy especialmente en lo que tiene que ver con la educación primaria, que cuenta con la seriedad fundamental derivada de sus cursos para maestros que deben graduarse para impartir nuestra enseñanza primaria. Todo esto ha dado a la enseñanza primaria una jerarquía indiscutible en el campo educativo de nuestro país. Sin embargo, no sucede lo mismo con la enseñanza media o secundaria y, fundamentalmente, con la UTU.

¿A qué se debe esa crisis? En mi concepto, ella radica en gran medida en la diversidad del profesorado, que ha sido en cierto modo determinado por las condiciones intelectuales del país y por sus múltiples facetas, a lo largo y ancho de la República. Es muy distinto el panorama educacional que se ofrece a un joven en Montevideo que el que puede encontrar en el interior.

Además de toda esta situación, los intelectuales, los educadores, los legisladores, los gobernantes y todos los que hemos estado permanentemente trabajando por el bienestar y el mejoramiento educacional del país, vimos hace doce años -felizmente ya terminada la noche negra de la dictadura- salir de la enseñanza a la brillante figura del señor senador Traversoni, quien fuera un gran maestro, profesor, escritor y Director. El fue echado, no sé por qué clase de discriminación intelectual; yo también fui echado, señor Presidente, y tampoco sé por qué.

Por esa puerta que salió el señor senador Traversoni -y con mucho honor salí con él- entraron estos tres mil o cinco mil jóvenes que están hoy sirviendo a la Enseñanza Secundaria del Uruguay. No los acuso; benditos sean y ojalá que todos sean brillantes y estén a tono con la responsabilidad educacional que la sociedad -en ese entonces, les dispensó, llevándolos a ocupar el lugar de aquéllos que fueron desplazados injustamente por discriminaciones intelectuales o ideológicas. Estas dos discriminaciones son odiosas, señor Presidente.

No sé porqué motivos el país se vio privado de la figura del señor senador Traversoni y me personifico en él porque es a quien admiro y conozco. Lo conocí como Director y como Inspector cuando me inspeccionó en mi calidad de docente en Colonia. No sé porqué fue empujado a abandonar el trabajo que realizaba en beneficio de la cultura nacional.

Señor Presidente: los libros del señor senador Traversoni fueron escondidos, robados, pisoteados y quemados. He podido ver que en otros países de América tienen esos libros para sus jóvenes. En ellos se me ha dicho: "Qué gran profesor y escritor tienen ustedes". Y yo les dije que esos libros estaban prohibidos en mi país porque existía el index para la cultura nacional.

Por eso, estimado señor senador Rondán, lo he escuchado con mucha atención y con todo el respeto que usted me merece; pero tenía que realizar esta puntualización para que no quedaran sólo sus expresiones en torno a este problema.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Como está por finalizar el tiempo de que dispone el señor senador Rondán, entiendo que debe votarse una prórroga con el fin de que pueda concluir su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Continúa en el uso de la palabra, el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Manifiesto mi agradecimiento a los señores senadores.

Es casi imposible que dos hombres de Cerro Largo, en un lugar ajeno a nuestro departamento, estuviéramos de acuerdo; pero, felizmente, casi lo estamos con el distinguido señor senador Mederos, y esto le hace bien a nuestro pueblo y al país.

Para finalizar, señor Presidente, digo que con esta posición la Unión Colorada y Batllista ha demostrado su coherencia, como no me cabe duda también lo han hecho los demás señores senadores.

Nosotros ya expresamos nuestro respeto por la figura intelectual del Presidente de la Comisión, profesor Traversoni.

Nos honró haberlo conocido en una circunstancia difícil, estando ya próxima la caída de las instituciones, cuando llegó a Melo a raíz de una denuncia que formulamos, porque en aquella ciudad se estaba adoctrinando a los muchachos y violando la disposición sobre laicismo.

En esa oportunidad nos conocimos y con esa afectuosidad que lo caracteriza, pienso que desde allí nos hicimos amigos, porque nos hemos reencontrado muchas veces en los altos cuerpos de nuestro partido.

Hemos manifestado que la Unión Colorada y Batllista no va a votar la derogación lisa y llana del inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106, sino que va a acompañar con calor la proposición del señor senador Ortiz del pase de este asunto a Comisión, para estudiar allí el proyecto sustitutivo que va a presentar el señor senador Cigliuti.

De esa manera, nos parece que estamos dándole tranquilidad a una inmensa masa de trabajadores intelectuales del país. Habrá que prever que de aquí a la sanción de esta ley -que deseo que se haga a corto plazo- no ocurran defenestraciones en masa porque, de lo contrario, los únicos que van a perder son decenas de liceos del interior de la República.

Es sabido -y me consta que el señor senador Mederos refrendará mi afirmación- que en la época en que él todavía vivía en Melo, no sólo no existía el Instituto de Profesores sino que eran los médicos, abogados, farmacéuticos, químicos y, a veces, algún contador de la localidad, los que, gratuitamente, dictaban clases en el viejo liceo de la calle Pilar y 25 de Mayo de aquella época, hoy llamada Aparicio Saravia, en homenaje al caudillo nacionalista.

SEÑOR MEDEROS. - Es algo muy hermoso.

SEÑOR RONDAN. - No lo niego; es un homenaje merecido porque él fue, junto con hombres de mi partido, fundador de la nueva patria oriental.

Concluimos, señor Presidente, dejando fijada la posición de la Unión Colorada y Batllista. Vamos a votar el pase de este asunto a Comisión, y en ella, por intermedio de nuestro representante, las modificaciones que propone el señor senador Cigliuti y otras que se presenten, a los efectos de perfeccionar este proyecto de ley, con el fin de que en el futuro los señores profesores precarios o provisionales, sepan que no les corresponde, no les asiste ningún derecho personal y legítimo -como dice la Constitución de la República- ninguna acción que tutele sus pretensiones a ser amparados en la permanencia de sus cargos.

Esto tenemos que decirlo claramente de una vez por todas y para siempre. Aspiramos a que los profesores asistan a los institutos de docencia del país, para beneficio de nuestra niñez en las escuelas, de nuestra juventud en los liceos, y de nuestros hombres jóvenes en las universidades y facultades del país, sin adoctrinamientos innecesarios, para que allí cada uno haga un culto de la laicidad en cada una de las disciplinas que aprenda.

Agradezco muy especialmente al señor senador Ortiz que con su deferencia, ha permitido que la Unión Colorada y Batllista por mi intermedio, formule estas manifestaciones fijando su posición a la que se sentía obligado, para que todo el país supiera que nosotros tratamos de ser coherentes, no en defensa de un ideal político o de una bandería que no corresponde -sería pequeñísima la intención y no la tenemos- sino de la juventud para que, de una vez por todas, vea que se hace realidad lo que en tantas oportunidades proclamamos en las tribunas, puesto que ella es la reserva y la esperanza de la Patria y que, en los hechos, tenga la prueba fehaciente de que los hombres que dictan leyes, desde los más altos escaños del Poder Legislativo, están transformando en realidades esas manifestaciones, que, como hoy expresaba el señor senador Lacalle Herrera, fueron programas de su acción, de sus principios y de sus prédicas hasta noviembre de 1984.

Muchas gracias, señor Presidente.

15) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Solicito que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Ferreira, Tourné, García Costa, Posadas, Zumarán, Pereyra, Aguirre Ramírez y Mederos presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se reafirma la vigencia plena de la Constitución de 1967 y se dejan sin efecto las disposiciones del llamado Acto Institucional Nº 19".

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentados:)

"ACTO INSTITUCIONAL Nº 19. SU DEROGACION.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El compromiso político asumido por el Partido Nacional con el país, determinó señalar su apoyo a cualquier proyecto, que contribuye al fin prioritario de liberar a las instituciones del ominoso peso del Acto Institucional Nº 19.

Divulgado ante la opinión pública el texto del proyecto de ley que se acompaña, aprobado por el Plenario del Frente Amplio, en atención a que carece de estado parlamentario, supera tal carencia, propiciando el mismo.

Montevideo, 4 de setiembre de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Uruguay Tourné, Guillermo García Costa, Juan Martín Posadas, Alberto Zumarán, Carlos Julio Pereyra, Gonzalo Aguirre Ramírez, Carminillo Mederos. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Reafírmase la vigencia plena de la Constitución de 1967 con el texto aprobado en el plebiscito del 27/XI/1966.

En consecuencia déjanse sin efecto las disposiciones del llamado "Acto Institucional Nº 19" del 15/VIII/1984 que no hayan agotado su efecto por cumplimiento o por haber sido sustituidas por normas dictadas por el Poder Legislativo.

Art. 2º. - El Banco de Previsión Social previsto en el Art. 195 de la Constitución, sucederá a la actual Dirección General de la Seguridad Social en todos sus cometidos y atribuciones, a partir de los treinta días de la vigencia de esta ley, debiendo en ese lapso integrarse su Directorio.

El título III del denominado "Acto Institucional Nº 9" del 23/X/1979 así como las demás normas modificativas se mantendrán en vigencia con fuerza de ley hasta el 28/II/1986.

Desde el 1º de marzo de 1986 regirán todas las normas relativas a pasividades que estaban vigentes al 22/X de 1979.

Art. 3º. - Suprímese el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) creado por el decreto del 19/II/1973, quedando derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que refieran a dicho organismo.

Deróganse los arts. 3 a 7 del Decreto-Ley Nº 14.157 del 21/II/1974. Sustitúyase el art. 2 de dicho decreto-ley por el siguiente: Art. 2º. La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional. Entiéndese por tal a todos los efectos y sin excepción alguna la defensa de la soberanía, integridad territorial e independencia de la República.

Art. 4º. - El Presidente de la República actuando con el Ministro respectivo o con el Consejo de Ministros designará el Comandante en Jefe de cada una de las Fuerzas Armadas, entre los oficiales generales de cada Fuerza.

También designará los oficiales generales de cada Fuerza entre los oficiales superiores que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en función de las vacantes producidas.

Suprímense las Juntas de Oficiales Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quedando derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que refieren a las mismas.

Art. 5º. - En base al art. 85, numeral 20 de la Constitución, interprétase el artículo 253 de la misma en el siguiente sentido:

a) La Justicia Militar, bajo ninguna circunstancia alcanzará a las personas que no revistan la condición de militares.

b) Se entiende por delito militar aquella conducta que solo es delictiva cuando es realizada por militares.

c) Se entiende por estado de guerra el que sobreviene al conflicto bélico al que aluden los arts. 85 numeral 7º y 168 numeral 16º de la Constitución.

Art. 6º. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la Constitución de 1967 y a la presente ley.

ARTICULO ADITIVO
(Disposición transitoria)

Los plazos para interponer recursos administrativos y deducir la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se regirán -en cuanto a su duración y forma de cómputo- por las normas vigentes a la fecha en que empezaron a correr.

Los plazos para instruir y resolver los recursos administrativos (art. 318 de la Constitución) que estén en curso a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose hasta el agotamiento de la vía administrativa por lo dispuesto en el Art. 318 de la Constitución y en los arts. 406 de la Ley Nº 13.032 y 676 de la Ley Nº 14.106.

Juan Raúl Ferreira, Uruguay Tourné, Guillermo García Costa, Juan Martín Posadas, Alberto Zumarán, Carlos Julio Pereyra, Gonzalo Aguirre Ramírez, Carminillo Mederos. Senadores".

16) REGULARIZACION DE PROFESORES PRECARIOS. Derogación del inciso final del artículo 410 de la Ley Nº 14.106.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar la moción del señor senador Ortiz.

SEÑOR CARDOSO. - Tenía entendido que los que estaban inscriptos en la lista de oradores, mantenían esa calidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí; el señor senador Cardoso estaba inscripto. Con mucho gusto le concedo la palabra.

SEÑOR CARDOSO. - Estaba inscripto desde ayer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Todos estaban inscriptos desde ayer; no hay ninguna razón para que la excepción que se hizo con el señor senador Rondán, no se extienda al señor senador Cardoso.

Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - Comprendo este episodio en torno a los que pueden o no hablar, porque el debate se está desarrollando en una forma bastante original.

Todos sabemos que, dentro de un momento el proyecto va a pasar a Comisión; pero en virtud de que se concedió la palabra al señor senador Rondán, se aceptó que se puedan realizar manifestaciones en la discusión general, aun sin tener un proyecto.

Por consiguiente, voy a limitarme a adherir, calurosamente, a la crisis sostenida por el señor senador Traversoni que, evidentemente, es la mejor, esencial para la salud y el porvenir de la Enseñanza Secundaria.

Esa tesis ha tenido que enfrentarse al antecedente, que con tanta claridad explicó el señor senador Traversoni, en el sentido de que a una disposición, que evidentemente tenía carácter excepcional, se le pretendía transformar en algo permanente. A eso el señor senador opone, por intermedio del proyecto presentado, otra disposición que tiende a llevar las cosas a su verdadero lugar.

Comparto, reitero, la tesis defendida con tanta autoridad y fuerza de convicción por el señor senador Traversoni en cuanto a las normas de selección y designación de profesores. Esta buena tesis -que no puede ser discutida a esta altura de la vida del país- fue desconocida, evidentemente, por el artículo que ahora ha dado motivo al proyecto de la Comisión. Fue el comienzo, señor Presidente, de la marcha por el mal camino, mal camino que no es novedoso.

Si pudiéramos revisar las leyes del Presupuesto General que, en su inmensidad de océano o de bosque -no sé bien- son propicias para introducir disposiciones en medio del conjunto de rubros, de ítems, etcétera, encontraríamos normas similares y no sólo con respecto a la Enseñanza. Por ejemplo, con respecto a Salud Pública, recuerdo que en varias oportunidades se designaron técnicos con violación de las normas del concurso y del concurso-mixto, invocando disposiciones y exigencias circunstanciales. Se les designaba interinamente y luego venía una Ley de Presupuesto que les daba la permanencia en los cargos.

Confío que en el próximo presupuesto, que dentro de pocos días empezará a estudiar el Senado, no se repita ni un solo de los episodios que dieron motivo al proyecto de la Comisión ni al episodio que acabo de recordar sobre Salud Pública.

Durante años este país deberá hacer un gran esfuerzo para reparar los daños producidos por la dictadura en la esfera educacional y creo que la principal vía para lograr este objetivo, es la selección del personal docente. Esto domina a todas las otras soluciones que se quieran dar, a todo lo que sean planes, reformas, cambios de asignaturas. Todo eso pasa a un segundo plano ante lo que significa la selección del profesorado.

La tesis que reivindico, defendida por el señor senador Traversoni es necesaria, por encima -reitero el concepto porque quiero afirmar mi convicción profunda en cuanto a ese aspecto- no sólo en los niveles de la preparación técnica, docente, pedagógica sino en cuanto a los procedimientos de selección, y de control en materia de actuación de los profesores. En consecuencia, se disminuiría el valor de esa buena tesis, si no se defendieran firmemente las garantías de selección.

Invito a los señores senadores a pensar -me refiero especialmente a aquellos colegas que defienden la tesis del cambio por ley del precariato a la permanencia- si no les parece que hay en su posición una subestimación, una subvaloración, podríamos decir, de los propios profesores precarios, cuando quieren darle la efectividad, por encima de todas las normas de selección, como pretendía hacerlo aquella ley que se propone derogar o la interpretación equivocada de esa ley. Es como si nosotros, dirigiéndonos a esos profesores precarios, dijéramos: "Señores: nos gustaría mucho que ustedes se convirtieran en profesores efectivos, pero no por cursos ni por concursos". Esto significa una subvaloración de los méritos y de la capacidad para el concurso que puedan poseer estos profesores. Al aceptar la norma que algunos señores senadores han defendido, se produce una serie de reacciones negativas en cadena. Conduce también, a la subestimación de los concursos, que es uno de los instrumentos o herramientas fundamentales para la selección del profesorado.

Si los señores senadores que han defendido esta posición buscan que la efectividad y capacidad del profesor sean determinadas por una ley originada en un órgano político como éste, sustituyendo a los Tribunales, están subestimando al instituto del concurso.

Además, hace un rato le preguntaba al señor senador Traversoni, sobre los centros de formación docente del interior del país. El me explicaba que, por el momento, no son muchos. Se trata de institutos que combinan una enseñanza de tipo libre con el IPA de Montevideo. De todas maneras, creo que debo señalarle a estos colegas que defienden esa realidad del interior en lo que tiene que ver con la efectivización de los profesores, que también desconocen y subestiman a esos centros o a los que se puedan crear en el futuro.

De manera que los argumentos esgrimidos de que era necesaria esa efectivización, dada la carencia de formación docente en el interior del país, no toman en cuenta la posibilidad de que se creen allí buenos institutos pedagógicos.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Coincido plenamente con lo que está planteando el señor senador Cardoso. En el punto relativo a la formación docente en el interior del país. Si bien es verdad que los centros existentes no han demostrado ser suficientes, creo que el error ha consistido en que se han previsto en forma departamental. Tal vez su regionalización sea la solución adecuada, por lo menos por el momento. Así se podría crear un volumen suficiente como para poder obtener, en el interior del país, la misma calidad de formación que tenemos en Montevideo. Los estudiantes del interior no tendrían necesidad de trasladarse a Montevideo y el país contaría con profesores idóneos para ocupar los cargos correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Pienso que aun en la aplicación de la ley de emergencia actualmente vigente -en torno a la cual tanta turbulencia hubo y todavía hay, en cuanto a interpretaciones, a normas de procedimientos, etcétera- este criterio también la ataca. Tiende a provocar, a poner un obstáculo en su aplicación. Si la ley establece, diríamos, dos canales fundamentales, el título de profesor y la prueba de concurso, para llegar a la efectividad, y prescinde de ellos, el Parlamento estaría ignorando la norma que él mismo dictó hace pocos meses y por la cual estableció esos caminos para la selección. Si asume esta actitud, ¿no está obstaculizando la tarea de la normalización que el propio legislador buscó al dictar la ley de emergencia?

Dije que me iba a limitar a dejar constancia, a fundar mi voto, en cierto modo de adhesión a la tesis del proyecto de la Comisión; pero antes de terminar quiero reiterar un concepto que expresé al comienzo y para el cual voy a recurrir al respaldo de una opinión relacionada con que el concepto de selección de los profesores en las distintas ramas de la educación es el hecho fundamental en la organización y en la actividad de la educación.

Me voy a respaldar en la opinión de un uruguayo que se llamó Carlos Vaz Ferreira. En su libro "Lecciones sobre pedagogía y cuestiones de enseñanza" se refiere concretamente a este punto, hace ya decenas de años este ilustre y siempre apreciadísimo maestro. Decía lo siguiente: "Hay que sentir, ante todo" -se ha referido antes a la elección y formación del profesorado- "que esa es cuestión capital. Lo demás: los planes, los programas, las doctrinas, los métodos y los sistemas y las formas de enseñanza, son cosas indudablemente importantes; pero, al lado de la cuestión de los profesores, al lado de la cuestión de personas, son secundarias".

Más adelante dice, refiriéndose a todo lo relativo a los programas, lo siguiente: "Ocuparse de todas esas otras cuestiones, resolverlas todas bien y resolver mal la relativa a elección de profesores, sería un resultado mucho peor que resolver bien lo relativo al nombramiento de profesores, resolviendo mal todas las otras cuestiones, o no resolviéndolas de ninguna manera; por cuanto, si los profesores se nombran bien, lo demás tiende a arreglarse solo".

Y termina esta parte de su capítulo, de la siguiente manera: "Pero lo que, sobre esta capital cuestión, puede decirse con carácter general, es muy poco; tan poco, que casi no es más que lo ya dicho, a saber: que las instituciones de enseñanza deben sentir esa cuestión como la primera de todas".

Bien, señor Presidente, respaldado nada menos que en la opinión del gran maestro, dejo fundado mi voto.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador, antes de terminar?

SEÑOR CARDOSO. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente, oigo con el respeto que se merece al señor senador Cardoso, pero con el mismo respeto con que lo escucho, quiero decirle que a través de sus palabras -no sé si será su intención- parece que nos está reprochando, a los que sostenemos otra posición, que no le damos importancia a la calidad de los profesores. Y remacha sus afirmaciones diciendo, primero, que buscamos el camino de la ley para imponer una solución contraria a lo que corresponde. Yo me pregunto ¿quién buscó el camino de la ley? Quien oye al señor senador Cardoso pensaría que cada uno de nosotros presentó un proyecto. El proyecto no lo presentamos ni lo planteamos, estamos reaccionando frente a otro proyecto que nos parece equivocado.

Además, el señor senador citó algunas expresiones de Vaz Ferreira. Las comparto totalmente. Por supuesto que queremos para la enseñanza la mejor y que quienes impartan ésta estén habilitados para ello. Pero me permito plantear lo siguiente: ¿qué habría resuelto el doctor Vaz Ferreira si hubiera tenido que proveer una cátedra de matemáticas en Fraile Muerto y no hubiera ningún profesor titulado? ¿La hubiera dejado vacante para no correr el riesgo de que esa cátedra la desempeñara alguien que no tuviera condiciones? Me atrevo a pensar que no, que antes de dejar vacantes, que antes de dejar sin enseñanza a los niños de Fraile Muerto, hubiera recurrido a algún profesor, a algún idóneo de los que hoy llamamos precarios o provisorios. Esta es una realidad. Entonces, no se nos impute que no queremos esto.

En el día de ayer manifesté que estaría dispuesto a votar -y también se lo planteo al señor senador- un artículo que dijera que de ahora en adelante, desde el día de la sanción de la ley, nadie podrá impartir enseñanza si no tiene título de profesor egresado del IPA. Pero evidentemente, esa disposición, en ese artículo, no sería acompañada, porque, ¿qué resultado tendría? Que quedarían una cantidad de lugares de la República sin profesores. Aquí no estamos hablando de una realidad del siglo pasado, de la época de la diligencia; estamos hablando de ahora. La verdad es que hay más de tres mil profesores precarios en el interior de la República. ¿Por qué? ¿Porque fueron a rogar, a mover influencias para ser nombrados? No; les pidieron de favor a ellos que dictaran esas clases. Esa es la realidad del país. Para esos tres mil cargos, no hubo otros tres mil egresados del IPA que fueran a ocuparlos. Por supuesto que por razones muy atendibles, porque los sueldos son chicos, porque no les compensa. Pero esto es una realidad.

De modo que la sustancia de todo este asunto -y no quiero entrar al fondo del mismo porque el proyecto va a volver a Comisión- es que creo que un profesor precario que hace 10 o 15 años que está dictando clases, ha acreditado méritos suficientes como para hacerlo, como para que le demos una estabilidad, porque si hubiera sido incapaz, inepto o incompetente, estaba en manos de las autoridades declararlo cesante y lo podrían hacer por la propia calidad de precarios. Pero si durante años y años lo ha mantenido en el cargo porque lo consideraban apto, competente, me parece injusto que ahora se diga que no tiene ningún derecho, que va a seguir en calidad de precario eternamente. Eso es lo que me parece injusto.

Por supuesto que no estoy en desacuerdo con lo que propone el señor senador Cigliuti. Sí, señor: vamos a aceptar que se someta a un concurso. Cualquier expediente me parece válido si es razonable. Pero no el hecho de decir: a ustedes que a quienes les venimos a pedir de favor que dictaran una clase en el liceo de tal pueblito, ahora los miramos con desprecio y les decimos que ‘son colados’, que no sirven. Creo que esa es la médula de este asunto.

Termino el motivo concreto de mi interrupción y ruego que se me disculpe si me he dispersado un poco, manifestando que quiero levantar esa acusación implícita del señor senador, de que a nosotros no nos importa quién imparta la enseñanza.

Para reforzar su posición, que para nosotros es harto respetable y no necesita de tutores, nos trae la opinión de Vaz Ferreira, que yo también comparto.

¡Como no la voy a compartir! Lo que digo es que ni el propio Vaz Ferreira podría fabricar profesores titulares donde no los había.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARDOSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador

SEÑOR FERREIRA. - Quiero agradecer al señor senador Cardoso el que me haya concedido esta interrupción a los solos efectos de que él mismo me ayude, ya que con tanta lucidez y con criterio que comparto, ha expuesto sobre este tema.

Más allá de lo compartible que tengan los argumentos que en torno al mismo se puedan vertir de uno u otro lado, creo que no sería saludable para la opinión pública que los argumentos se sustenten en torno a una fundamentación confusa, que deje un margen de nebulosa en cuanto a qué es lo que está planteando una y otra parte y en definitiva qué es lo que estamos votando.

Con la imagen que hizo el señor senador Ortiz sobre qué haría Vaz Ferreira en Fraile Muerto si no hubiera un profesor titulado, parecería desprenderse que donde no hay profesores titulados quedarían vacantes los cargos, es decir, que las aulas quedarán llenas de alumnos y sin profesores. Por eso, pediría al señor senador Cardoso, que están en uso de la palabra, que aclare si ese fue el alcance de sus palabras o de las de algún otro señor senador que se ha referido a este tema. Yo creo que eso no lo ha dicho nadie en esta Sala. Simplemente quería aclarar esto, porque más allá de lo legítimo que sean las distintas posiciones, no sería bueno que por la vía de esta discusión quede como que quienes sustentan una y otra posición lo hacen por motivos que me parece aquí no han sido expuestos. Creo que no está en el ánimo de nadie -por eso agradezco la interrupción al señor senador Cardoso- sostener que donde no hay profesores titulados las aulas quedan sólo con alumnos y los profesores precarios se tienen que ir para sus casas, sin impartir clases, perdiendo sus cargos.

SEÑOR CARDOSO. - En realidad, cuando iba a contestar la interrupción del señor senador Ortiz, me solicita otra el señor senador Ferreira quien responde por adelantado lo que yo iba a decir, puntualizando, para tranquilidad del señor senador Ortiz y de quienes han sostenido posiciones similares, que de ninguna manera he juzgado intenciones. No voy a pensar que los señores senadores buscan tal o cual finalidad contraria a los fines de la educación en su verdadera realización. Yo sólo he examinado las consecuencias de mi criterio frente a la tesis que considero la acertada.

En cierto modo el señor senador Ferreira también ha contestado a lo que yo pensaba referirme, he hablado en nombre de los legisladores del Frente Amplio, que no se trata de llevar a todos los precarios a la calle.

Si en algunos lugares no hay profesores efectivos, pues, la autoridad correspondiente designará precarios, de acuerdo con las normas que rigen la actividad de los mismos. Esto también es claro.

Lo que me interesaba fundamentalmente era puntualizar el primer aspecto: yo no he juzgado propósitos de la índole que podía sospechar el señor senador Ortiz, sino que he juzgado, al margen de las personas que me merecen la consideración que me merece el señor senador Ortiz, las consecuencias de la tesis por ellos sustentada.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Por supuesto, estoy de acuerdo con la moción de orden que adelanto voy a acompañar; pero quiero decir que el pase a Comisión es en el entendido de que el asunto se va a mantener en el primer lugar del orden del día de la sesión del próximo martes.

Quiero adelantar al Cuerpo que en consultas informales con los miembros de la Comisión, es nuestra intención reunirlos el día lunes, es decir, adelantar la sesión ordinaria que está fijada para los días miércoles, invitando para la misma a los integrantes del CODICEN, de modo que el proyecto pueda ser considerado el próximo martes por el Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase a Comisión y la inclusión de este tema en primer lugar del orden del día de la sesión del próximo martes.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE ACCIONES LABORALES. REGIMEN GENERAL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Discusión general y particular del proyecto por el que se establece un régimen de prescripciones en materia de acciones laborales. (Carp. Nº 195 - Rep. Nº 103)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 195/85
Rep. Nº 103/85

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Derógase el Decreto-Ley Nº 14.490, de 23 de diciembre de 1975, así como todas las disposiciones que establecen términos de prescripción o caducidad en materia de acciones originadas en relaciones de trabajo.

Art. 2º. - Las acciones originadas en conflictos individuales de trabajo, prescriben a los cuatro años, a partir del día siguiente a aquél en que cesó la relación laboral en que se fundan.

Art. 3º. - La obligación del empleador, de guardar la documentación probatoria de la extinción de las obligaciones, emergentes de las relaciones de trabajo, cesa a los 10 años.

Art. 4º. - Todo trabajador podrá accionar contra su empleador mientras esté vigente la relación laboral.

Si con motivo de este accionamiento el trabajador resultare despedido, el juez de la causa establecerá una sanción especial y complementaria, equivalente al quíntuple de la indemnización por despido que normalmente correspondiere.

Art. 5º. - No se aplicará la sanción establecida en el artículo precedente, si el trabajador accionó con mala fe y notoria ligereza a juicio del órgano jurisdiccional. A esos efectos, éste podrá acudir, además, a los principios de la libre convicción moral y de la sana crítica y así lo declarará en su sentencia.

Art. 6º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 8 de agosto de 1985.

Alberto Zumarán (miembro informante), José Germán Araújo, Eugenio Capeche, Carlos W. Cigliuti, Juan Raúl Ferreira, Luis Bernardo Pozzolo, Uruguay Tourné. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Tengo entendido que el señor senador Ricaldoni piensa solicitar un cierto plazo a efectos de reexaminar este proyecto. No sé si eso supone votar que vuelva a Comisión o si el Senado está dispuesto a conceder ese plazo. De mi parte, no tengo ningún inconveniente. Por eso, solicitaría que antes de dar lectura al proyecto se conceda el uso de la palabra al señor senador Ricaldoni a efectos de que realice su petitorio al Cuerpo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Agradezco al señor senador Zumarán que como miembro informante del proyecto, se haya adelantado a lo que era mi intención.

Le había expresado al señor senador que algunos de los miembros de este Cuerpo teníamos ciertas dudas respecto de algunos artículos de este proyecto. No creo que sea este el momento de decir cuáles son esas dudas o cuáles pudieran ser nuestras reservas. Lo que sí quiero puntualizar -por lo menos en lo que me es personal- es que comparto la filosofía que la inspira en cuanto a sustituir las normas de caducidad actualmente vigentes en la materia de reclamos por créditos laborales, por las de prescripción. Pero me parece que un proyecto de esta importancia quizás requiriera una cierta reflexión. Además, el repartido ha sido distribuido hace poco tiempo. Por eso, sugeriría la postergación de este tema para la primera sesión ordinaria que se realice, que supongo es la del próximo martes.

En cuanto a si eso ameritaría o no el pase a Comisión del proyecto, no me atrevo a dar una opinión categórica, aunque se me ocurre que podría hacerse llegar alguna sugerencia a los miembros informantes, así como a los demás integrantes de esa Comisión, que yo no integro, permitiendo que entre ellos decidan si se trata en la próxima sesión -tal como lo estoy proponiendo- o si tendrá una nueva dilatoria.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pienso que el pedido de un colega para disponer de más tiempo para analizar detenidamente este proyecto merece el apoyo de todos o, por lo menos, el nuestro.

Sugeriría que si se concede el aplazamiento, se incorpore al informe de la Comisión el texto del proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados.

Nosotros tenemos un interés muy particular por este proyecto porque fue una iniciativa del señor diputado Sturla que pertenece a nuestro sector y que fue aprobada por la Cámara Baja. Además, la consideramos de importancia.

Quienes hemos estado actuando en los trámites de los conflictos laborales, especialmente en las instancias administrativas ante las oficinas de trabajo de asesoramiento laboral del Ministerio, lo hemos vivido y el propio señor representante Sturla extrajo de esa experiencia, el deseo, manifestando antes del acto electoral, de poder algún día modificar esa norma que nos parecía demasiado gravosa para el trabajador. En ese sentido se presento el proyecto que obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes.

Sugerimos la incorporación de esos antecedentes a efectos de hacer la comparación, ya que ha sufrido modificaciones, que el propio señor diputado Sturla nos había señalado. Pensamos que la incorporación del texto del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes permitirá explicar el porqué del cambio por parte de nuestra Comisión de los términos en que venía.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere señalar que efectivamente este proyecto ha venido demasiado desnudo, como ha dicho el señor senador Lacalle Herrera. Hemos conseguido el repartido del proyecto, original pero falta el texto aprobado por la Cámara de Representantes y el informe que, según se me indica, podría ser oral.

Entonces, también se repartirá el texto venido con aprobación de la Cámara de Representantes.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: quería referirme a otro aspecto de la postergación de la consideración del tema, pero ante las expresiones vertidas por el señor senador Lacalle Herrera, me parece pertinente que se reparta el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes como elemento de juicio, porque es evidente que hay modificaciones importantes, que considero positivas desde el punto de vista de la mejor técnica jurídica.

Creo que la Comisión de Asuntos Laborales ha trabajado y lo ha hecho bien. Por consiguiente, estoy dispuesto a votar en este momento el proyecto en general.

En virtud de que se trata de un problema muy delicado desde el punto de vista jurídico, si se decidiera tratar en la sesión de hoy, propondría algunos textos modificativos -no respecto a su esencia, sino a algunos detalles- en el transcurso de la discusión particular.

Esto lo digo porque si mal no recuerdo en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, habíamos resuelto solicitar que la de Asuntos Laborales trabajara en este proyecto integrada con tres miembros de la nuestra. Posteriormente, vimos con sorpresa que el proyecto -naturalmente que en esto no hago ningún cargo a los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, porque seguramente no se enteraron- fue tratado solamente por dicha Comisión. Sin perjuicio de ello, creo que esta postergación del tema habilita a que esta instancia se cumpla, por lo que quizás el proyecto pueda venir más preciso en algunos aspectos o disposiciones, aunque reitero que tal como está, puede ser votado.

En ese sentido y si no hay inconveniente, solicitaría a los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales -que creo que se reúnen mañana a la hora 11- si es posible hacer -aunque sea en una sola sesión- un trabajo conjunto o reexamen antes de que el proyecto vuelva a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - La integración efectivamente se realizó y consta en la carpeta correspondiente.

SEÑOR AGUIRRE. - Sin embargo, los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación nunca fuimos convocados.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: precisamente, la Comisión de Asuntos Laborales se reúne en el día de mañana a la hora 11.

Hemos consultado a varios señores senadores y no tenemos inconveniente en que este tema no sea tratado en la sesión de hoy y que, además, vuelva a Comisión, con la integración que ha mencionado el señor senador Aguirre.

Sin embargo, parecería que es imposible traer a Sala para la sesión del próximo martes el resultado del análisis realizado por la Comisión.

No creo que el señor senador Ricaldoni pueda hacernos llegar todas sus observaciones a la sesión de la Comisión del día de mañana, salvo que él pudiera asistir a ella. Como eso no es posible, debemos decir que no podremos postergarlo hasta el próximo martes, sino para una sesión posterior; esto es refiriéndome no a la semana entrante sino a la otra.

Creo que esto debe tenerse en cuenta en el día de hoy. La Comisión, por su parte, entiende que no corresponde tratar este tema en esta sesión, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por los señores senadores Ricaldoni, Lacalle Herrera y Aguirre.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: creo que el Cuerpo tiene que votar en este momento, simplemente el regreso del proyecto a Comisión, sin indicar la sesión en que será considerado. Esto lo digo porque puede suceder que mañana no se disponga del tiempo necesario para que la Comisión de Asuntos Laborales -que tiene una agenda muy nutrida- pueda recibir con mucho gusto a los representantes de la Comisión de Constitución y Legislación, pero ello no obsta a que lo haga algún día inmediato después o en los primeros de la semana siguiente. Inclusive, es posible que la Comisión pueda celebrar una sesión extraordinaria el día martes y, en consecuencia, podamos estar en condiciones de traer el miércoles el proyecto a Sala. Además, de esta forma damos el tiempo suficiente a los señores senadores para que puedan hacer llegar sus observaciones y estudien los antecedentes presentados.

Por lo expuesto, mociono para que el proyecto vuelva a la Comisión de Asuntos Laborales, a efectos de que lo trate junto con los integrantes de la de Constitución y Legislación.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Ya había manifestado el señor miembro informante que tengo que realizar algunas observaciones a este proyecto y que ello conduciría a un debate.

Entiendo que el procedimiento sugerido es correcto, pero creo que sería deseable -lo planteo como sugerencia a la Mesas- que en estos casos en que todos encontramos muy desnudo un proyecto -que viene como texto sustitutivo de la Comisión, modificando en forma positiva o negativa, no lo quiero calificar, pero bastante profunda al elaborado por la Cámara de Representantes- se distribuyera el repartido acompañado del de la otra rama del Parlamento. En mi caso personal, lo tengo sobre la mesa porque lo pedí expresamente en el entendido de que era imposible trabajar solamente con el proyecto elaborado por la Comisión.

Por lo tanto, creo que sería deseable establecerlo como norma para el futuro, sin perjuicio de que me afilio al trámite sugerido.

SEÑOR PRESIDENTE. - A efectos de hacer algunas aclaraciones, la Mesa quiere expresar que la Comisión de Asuntos Laborales ha sido integrada con los miembros de la de Constitución y Legislación, señores senadores Batalla, Cersósimo y Aguirre, para tratar este tema.

SEÑOR BATALLA. - Nunca fuimos convocados.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Comisión correspondiente sabía de esta integración y, por lo tanto, debió convocarlos.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: no estoy haciendo un cargo a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el asunto vuelve a Comisión.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) COMPATIBILIDAD DE LAS PASIVIDADES DOCENTES CON SUELDOS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS CASOS DE REINGRESO A LA FUNCION PUBLICA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara la compatibilidad de las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa, en los casos de reingreso a la función pública. (Carp. Nº 144 - Rep. Nº 104 y Anexo 1)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 144
Rep. Nº 104 y Anexo 1

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Montevideo, 15 de agosto de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitirle el presente Proyecto de Ley, por el cual se declaran compatibles las pasividades docentes con sueldos de la actividad administrativa.

El artículo primero preceptúa tal compatibilidad para los reingresos que en el consenso social han adquirido méritos relevantes, no obstante su desplazamiento por el régimen imperante anteriormente.

En idéntica dirección se expresa el artículo segundo, dejando al arbitrio, fiscalización y contralor del Poder Ejecutivo, las personas que puedan acceder a la compatibilidad, evitando con ello la posibilidad de un mayor desfinanciamiento de la Seguridad Social.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente con la consideración más distinguida.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Hugo Fernández Faingold.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Decláranse compatibles las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa en los casos de reingreso a función pública de quienes hasta el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco hubieran sido destituidos por razones ideológicas, políticas o gremiales.

Art. 2º. - Por razones fundadas, de notorio interés público y teniendo en cuenta condiciones personales especialmente relevantes, el Poder Ejecutivo podrá declarar compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública.

Art. 3º. - Comuníquese, etc.

Hugo Fernández Faingold.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Decláranse compatibles las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa en los casos de reingreso a función pública.

Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 27 de marzo de 1985.

Carlos Julio Pereyra, José Germán Araújo, Hugo Batalla, A. Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano, Enrique Martínez Moreno, Luis Alberto Senatore, Gonzalo Aguirre Ramírez, Carlos W. Cigliuti, Alfredo Traversoni, Luis B. Pozzolo. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El retorno a la institucionalidad democrática ha generado a su vez el regreso a sus funciones de numerosos funcionarios separados de sus cargos por la dictadura. Esto se produce a nivel de todos los Poderes del Estado, Entes Autónomos, etc. Pero son también numerosos los casos de funcionarios cuyo justo retorno a sus cargos legítimos está siendo entorpecido por la pérdida de una parte de sus haberes jubilatorios tradicionalmente compatibles con los administrativos, como es el caso de los sueldos docentes de actividad o pasividad. Además del perjuicio económico que puede llegar a hacer económicamente realizable el reingreso, ha de tomarse en cuenta que la disposición cuya modificación proponemos involucra la pérdida de años valiosos de servicios, a veces muy prolongados, así como de los aportes correspondientes.

Ante lo injusto e inconveniente de esta situación sometemos a la consideración del Senado este sencillo proyecto de ley, - Montevideo, 27 de marzo de 1985.

Carlos Julio Pereyra, José Germán Araújo, Hugo Batalla, A. Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano, Enrique Martínez Moreno, Luis Alberto Senatore, Gonzalo Aguirre Ramírez, Carlos W. Cigliuti, Alfredo Traversoni, Luis B. Pozzolo. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Decláranse compatibles las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa en los casos de reingreso a función pública de quienes hasta el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco hubieren sido destituidos o separados de sus cargos por razones ideológicas, políticas o gremiales.

Art. 2º. - Por razones fundadas, de notorio interés público y teniendo en cuenta condiciones personales especialmente relevantes, el Poder Ejecutivo podrá declarar compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública.

Art. 3º. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 4º. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 15 de agosto de 1985.

Alberto Zumarán (miembro informante), José Germán Araújo, Eugenio Capeche, Carlos W. Cigliuti, Juan Raúl Ferreira, Luis Bernardo Pozzolo, Uruguay Tourné. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: deseo que se me aclare una duda con respecto a cuando dice: "Actividad administrativa", porque ¿ésta es una expresión que abarca tanto a los técnicos, como al personal de servicio y funcionarios administrativos, o es limitativa? Generalmente, cuando se habla de administrativos, se refiere a determinados sectores de la actividad y es por eso que quisiera saber, concretamente, cuál es la interpretación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - La interpretación de este concepto es muy amplia, incluyendo a las distintas categorías de la Administración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: sobre este punto concreto creo que evidentemente la expresión "actividad administrativa", desde el punto de vista jurídico, no tiene una connotación precisa. A lo que se quiere aludir, en realidad, es a los funcionarios públicos. Considero que en vez de decir "sueldos de actividad administrativa", debería decir "sueldos de función pública", porque de esa forma se comprende a todo y tiene precisión.

Por otra parte, creo que esto no corresponde a la discusión general, sino a la del artículo 1º. Sin embargo, como se empezó por este punto quiero hacer esta puntualización.

SEÑOR CERSOSIMO. - Mociono para que se vote en general el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción del señor senador Cersósimo.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Me gustaría hacer una precisión, a los efectos de mejorar la redacción del artículo 1º.

El señor senador Cersósimo señalaba -y me parece muy atinada su observación- que donde dice: "Decláranse compatibles las pasividades docentes con sueldos de actividad administrativa", debería decir "declárase compatible el goce de las pasividades docentes con la percepción de sueldos y desempeño simultáneo de actividad administrativa". Habría que hacer, sin embargo, la aclaración que señalaba el señor senador Aguirre.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo dejar constancia de mi opinión con respecto a este texto.

Firmé originalmente la propuesta de varios señores senadores que presentaron un proyecto de un sólo artículo, que establece, justamente, la compatibilidad del derecho al goce de la pasividad docente con el sueldo de la actividad administrativa, en los casos de reingreso a la función pública.

En mi opinión, esa compatibilidad debe establecerse en todos los casos; salvo en el de los senadores y diputados -prohibido expresamente por la Constitución-, para todos los demás. Hasta la época del golpe de estado, rigió siempre el principio de que las pasividades así como las actividades docentes son compatibles con cualquier otra actividad de la Administración Pública.

En Educación Secundaria, al igual que en UTU, se estableció una cuota, un porcentaje. El que acumulaba el sueldo administrativo con la actividad docente, podía obtener de ésta sólo los dos tercios del total que por el grado que ocupaban en el escalafón podía serle asignado. Pero la acumulación siempre se dio: De actividad con actividad y de pasividad con actividad. Si un docente que está jubilado por una Caja cualquiera, por haber desempeñado funciones administrativas, quiere dictar clases, estará en actividad docente y podrá acumular su sueldo como tal con la pasividad civil que le corresponda cobrar. El docente siempre ha podido acumular sus funciones como tal con aquellas en la Administración Pública.

De manera que he firmado este proyecto de ley, en el entendido de que así debe regir en general para toda la actividad a que se refiere este texto, es decir, para el caso de reingreso, y para el caso de que la persona en cuestión esté en actividad en la función administrativa y también para el caso de que esté jubilada de la Administración, pero dictando clases en la enseñanza.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Coincido con el señor senador Cigliuti. Me parece que lo que se desea -o por lo menos lo que algunos pretendemos- es que la actividad o la pasividad docente sea compatible con todo lo demás, es decir, la posibilidad de ejercer otra actividad o de gozar de otra pasividad. Si es así, ¿por qué no lo decimos claramente? ¿Por qué no decimos que se declaran compatibles la actividad y la pasividad docentes con cualquier otra actividad o pasividad?

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Este punto fue ampliamente discutido en la Comisión, inclusive ante el Poder Ejecutivo a través del Ministro del ramo.

Entendimos en la Comisión -salvo mejor opinión de alguno de los integrantes del Cuerpo- que para establecer cualquiera de estas compatibilidades precisábamos iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo que surge de las entrevistas que mantuvimos con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social esa iniciativa se limita exclusivamente a lo previsto en el artículo 2º del proyecto. De modo que no estaríamos en condiciones de dar el alcance que sugieren algunos señores senadores y que fue expresado también por algunos de los miembros de la Comisión. Poseemos iniciativa del Poder Ejecutivo sólo en los términos expresados.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: Veo que el debate se va deslizando al terreno constitucional, cuando se dice que se precisa iniciativa del Poder Ejecutivo, en virtud, supongo, de lo que dispone el artículo 86 de la Constitución de la República sobre la materia jubilatoria, es decir, que el establecimiento o la modificación de causales, cómputos, beneficios jubilatorios o similares, requieren iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. El señor senador Ortiz acaba de decir que el principio correcto -apoyando la posición, que también comparto, del señor senador Cigliuti- es el de que la pasividad o la actividad docente es compatible con cualquier otra actividad. Para la pasividad, requerimos iniciativa del Poder Ejecutivo, pero no para la actividad, desde el punto de vista constitucional. Estamos perfectamente habilitados para declararla, esto es, para declarar su compatibilidad con una pasividad que ya se goza.

En segundo término, quiero decir, que el artículo segundo no me convence, porque creo que el Poder Legislativo delega una facultad legislativa en el Poder Ejecutivo y eso es inconstitucional. Porque si se precisa una ley para declarar compatible la actividad docente con el ingreso a la función pública, es porque los requisitos para ese ingreso son de resorte legislativo y la materia jubilatoria, es decir, el establecimiento de pasividades, es también facultad legislativa aunque haya iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, si hay que declarar compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública, deberá hacerlo el Poder Legislativo, sin delegarlo en el Poder Ejecutivo. El artículo 2º dice: "Por razones fundadas, de notorio interés público y teniendo en cuenta condiciones personales especialmente relevantes, el Poder Ejecutivo podrá declarar compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública". Pero, ¿cuáles son las razones fundadas? ¿Quién interpreta qué es notorio interés público? ¿Cuáles son las condiciones personales especialmente relevantes? Creo que esto abre el camino a una discrecionalidad peligrosa. No le quiero imputar a este Poder Ejecutivo ni a ninguno futuro, el propósito de ser arbitrario, pero esta norma evidentemente arriesga que en algunos casos se autorice la compatibilidad para determinadas personas y, en otros, similares o idénticos, se diga que no se autoriza porque esa persona no tiene condiciones personales especialmente relevantes. Si el principio correcto es que la pasividad docente es compatible con el desempeño de otras funciones públicas, lo que hay que hacer es declararlo lisa y llanamente y no delegar esta facultad en el Poder Ejecutivo, con el riesgo además, de que esto genere un semillero de pleitos entre los perjudicados y el Estado. A quien le nieguen la compatibilidad entre su pasividad y el ingreso a la función pública, podrá en el futuro solicitar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la declaración de nulidad de ese acto, por desviación de poder o por otro vicio. ¿Qué se paga con delegar esta facultad en el Poder Ejecutivo? Entiendo que nada.

Creo que este artículo segundo debe limitarse lisa y llanamente a declarar que es compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública, lo cual, además, es absolutamente coherente con lo que se hace en el artículo 1º para quienes reingresaron a partir del 28 de febrero hasta este momento.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: simplemente se trata de una aclaración, porque tendríamos que recordar de qué manera se establece el análisis de este proyecto por parte de la Comisión.

En realidad, todos recordamos que éste fue un proyecto de ley firmado por varios señores senadores de todos los sectores políticos que tendía, fundamentalmente, a permitir el reingreso de algunos grandes docentes que habían sido marginados en este tiempo, y a los que ahora, por un problema salarial, la docencia no les resultaba compatible, dado que estaban cumpliendo una función pública. Esta situación es la que da origen al tratamiento del tema.

Ese proyecto llega a la Comisión y en este caso concreto, se nos hace saber que el Poder Ejecutivo entiende que se necesita iniciativa para el mismo. En virtud de ello invitamos al señor Ministro, concurrió y explicó con claridad su postura al respecto diciendo que no había inconveniente en favorecer el reingreso de estos docentes que habían sido marginados durante la época de la dictadura y que en la actualidad no volvían a la docencia porque ésta era incompatible con su cargo en la función pública. Es solamente para estos casos, como bien lo señala el Anexo I. En la exposición de motivos expresa lo siguiente: "En idéntica dirección se expresa el artículo 2º, dejando al arbitrio, fiscalización y contralor del Poder Ejecutivo, las personas que pueden acceder a la compatibilidad, evitando con ello la posibilidad de un mayor desfinanciamiento de la Seguridad Social", siendo este el argumento sustentado por el señor Ministro.

En definitiva, lo que el Senado debe resolver es si es necesaria o no la iniciativa del Poder Ejecutivo, porque de resultar favorable -es decir ni necesitáramos la aprobación o la iniciativa del Poder Ejecutivo- no podríamos salir del texto propuesto por la Comisión. En cambio, si entendiéramos que no hace falta la iniciativa del Poder Ejecutivo, podríamos introducirle algunas modificaciones que nos parecen justas.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARAUJO. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo sentar una opinión sobre este punto delicado de interpretación constitucional, y solicito, sobre todo, al señor Presidente, que me diga si estoy equivocado o no.

Creo que no es posible sostener que cuando el Poder Ejecutivo en uso de su iniciativa privativa en determinada materia nos remite un proyecto de ley, no podemos modificarle ni un punto ni una coma, porque para eso necesitamos iniciativa del Poder Ejecutivo, porque si ésa fuera la tesis acertada, ante este tipo de proyectos, lo único que podríamos decir es sí o no, rechazarlos o aprobarlos "in tótum".

En el repartido 104 tenemos la iniciativa del Poder Ejecutivo que contiene el artículo 2º del proyecto. El Poder Ejecutivo ha tomado iniciativa para declarar compatible la pasividad docente con el ingreso a la función pública, pero la limita a su resolución previa con una serie de condicionantes. Nosotros podemos decir ante esa iniciativa que la aceptamos pero le sacamos las condicionantes porque hay una delegación legislativa inconstitucional. Eso no lo puede imponer el Poder Ejecutivo, no puede asumir una función que es legislativa y reservarse la facultad de decir cuándo hay compatibilidad o no. La compatibilidad la declara la ley y el Poder Ejecutivo no puede decirle que no a nadie que esté en la hipótesis y en el supuesto de hecho previsto por la ley. Para mí, eso es clarísimo.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Mi deseo era traer a la memoria de los integrantes de la Comisión qué era lo que había acontecido en el seno de ésta y además, informar al resto del Cuerpo cuál era la posición del Poder Ejecutivo en esta materia.

Recuerdo -y seguramente habrán de hacerlo algunos otros señores senadores- que en esa oportunidad se estuvo hablando informalmente de si el Poder Ejecutivo vetaría o no aquella iniciativa surgida por parte de varios señores senadores.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARAUJO. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: quiero plantear un problema de forma, pero que en realidad es de fondo.

El señor senador Araújo informa al Cuerpo que el señor Ministro le expresó informalmente tal cosa, y que amenazó con vetar este proyecto. Con todo el respeto que me merece el señor senador Araújo, pienso que esto no es procedente, sobre todo porque el Poder Ejecutivo tiene portavoces en el Senado, o de otra manera nos haría saber su opinión con la presencia de uno de sus Ministros en Sala. Pero creo que, aunque no sea la voluntad de ningún legislador, terminamos con un estilo chismográfico legislativo al expresar lo que un Ministro dijo o comentó, si lo hizo informalmente. Aquí tenemos un Mensaje del Poder Ejecutivo y debemos atenernos a él.

Por otra parte, creo que no corresponde manifestar en Sala -no recuerdo que el señor Ministro lo haya dicho en la Comisión, o aunque así lo hubiera hecho- si se va a proceder por parte del Poder Ejecutivo a dejar o no un proyecto de ley determinado. No estoy dispuesto a actuar bajo ese tipo de coacción. Nuestras prerrogativas son la de legislar y cuando la ley llegue a la mesa del señor Presidente de la República, nos enteraremos si la veta o no.

La noticia nos llega curiosamente a través de un partido de la oposición, que no integra el Poder Ejecutivo, diciéndonos que si sale esto, el señor Presidente lo veta. Insisto en que eso lo va a decidir el Presidente de la República el día en que el proyecto de ley llegue a su mesa para promulgarlo o no. Además, el Poder Ejecutivo puede sostener en el día de hoy que va a vetar un proyecto de ley y mañana, como consecuencia del debate en el Senado, cambiar de opinión. Me parece que no corresponde que estemos debatiendo un proyecto de ley bajo la amenaza de si un Ministro dijo o no informalmente a un señor senador si lo va a vetar o no.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Cumplo con mi deber como Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, en relatar al Cuerpo lo discutido en el seno de esa Comisión y cuando citamos al señor Ministro a l misma, no es para que lo que el señor Ministro a la misma, no es para que lo que el señor Ministro manifieste quede en conocimiento exclusivo de aquellos que integramos la Comisión, sino para que a su vez, hagamos llegar al Cuerpo sus expresiones. Creemos que es así. No vamos a dar respuesta porque creemos que hay interrupciones que tienen otros motivos, otros fines, con calificativos, con adjetivos, que preferimos ignorar.

Dicho esto, señalo que en lo particular nos parece que los hechos son así. Antes que nada el pleno debe resolver, porque nadie amenaza con nada, si tenemos iniciativa y podemos tomarla. Entonces, el Senado resuelve de acuerdo a lo que se establece en la Constitución.

Resolveremos si se necesita o no iniciativa del Poder Ejecutivo. Si ésta no se necesita, sin ningún inconveniente podemos seguir adelante y si se necesitara, tendríamos que mantenernos de acuerdo al texto propuesto por la Comisión.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: recuerdo que en la Comisión tratamos más de una vez este asunto y en más de una oportunidad estuvo presente el representante del Poder Ejecutivo. No sé -lo digo con franqueza- si el Poder Ejecutivo manifestó que vetaría tal o cual cosas. Lo que sí recuerdo bien es que nunca estuvo de conformidad con lo que se hablaba con respecto a ampliar el alcance de este artículo 1º.

Puede ser que haya hablado de veto, no lo niego, más si el señor senador lo dice. Pero indudablemente el veto es un recurso del Poder Ejecutivo que se dará cuando llegue la instancia constitucional correspondiente.

Me parece que a esta altura del debate debemos votar el artículo 1º con las modificaciones gramaticales propuestas. De ese modo damos andamiento a una solución que cierto sector espera, que tiene todo el derecho de reclamarla porque estaba gozando de ese beneficio y de la jubilación y ahora lo pierde.

El Acto Institucional Nº 9 prohibe la acumulación y decreta la incompatibilidad. Nosotros, por esta norma, hacemos una excepción. La de transferir al Poder Ejecutivo los derechos a que se refiere el artículo 2º, que puede quedar de lado porque nos comprometimos a estudiar todos los casos planteados en la Comisión, con la presencia del señor Ministro, en la primera oportunidad que se presente. De esa manera, conseguimos dos cosas: primero, que se atienda la situación de esas personas que provocaron la iniciativa de los señores senadores que firmaron originariamente -yo entre ellos- el proyecto primitivamente presentado y estudiado por la Comisión; segundo, que la Comisión correspondiente estudie todo el problema en presencia de los señores miembros del Poder Ejecutivo.

Lo que recuerdo muy bien, señor Presidente, es que el señor Ministro hablaba y hablaba constantemente de un mismo problema, y es lo que iba a ocurrir con las Cajas de Jubilaciones si esta situación se ampliaba de modo tal que pudiera causar un impacto poco soportable en Cajas que están económicamente anémicas. Pero la verdad es que, con respecto al texto en general, el Poder Ejecutivo mandó él mismo el proyecto; lo que ha hecho la Comisión es aprobarlo, porque quien lee el Mensaje del Poder Ejecutivo con sus dos artículos y nuestro proyecto, verá que solamente se agrega el artículo 3º, en el que se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a esa ley. Es decir, hay una derogación expresa que el Poder Ejecutivo no había consignado, porque derogaba tácitamente las mismas.

En consecuencia, señor Presidente, creo que podemos concluir esta situación votando el artículo 1º y no el artículo 2º, mientras la Comisión se compromete a estudiar todo el problema de nuevo con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Mientras tanto vamos haciendo marchar este artículo 1º que es de justicia para un conjunto de personas que reingresan a la función pública y que por el Acto Institucional Nº 9 se encontraban perjudicadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - A lo mejor cometí un error y pido disculpas a los señores senadores porque como miembro informante tendría que haber sido más explícito. La primera afirmación que quiero formular es que, curiosamente, yo no soy de los firmantes del proyecto. Y una primera tarea consistió en tratar de determinar cuál fue la voluntad de los firmantes del proyecto. Hecho esto, se observa muy bien que hay una diferencia entre lo que expresa la exposición de motivos, en la cual se ve claramente que los firmantes del proyecto lo que hicieron fue exclusivamente prever el reingreso a la función pública de los pasivos docentes como consecuencia de las destituciones que tuvieron lugar durante la dictadura y el articulado del proyecto, que no condice con aquella y es mucho más amplio. Ahí surgió la primera discrepancia.

Entonces, de acuerdo a lo que pude investigar, el problema se planteaba en los términos siguientes. El artículo 74 del Acto Institucional Nº 9 establece una incompatibilidad jurídica entre jubilación y actividad. En principio, jubilación y actividad no son compatibles entre sí, salvo el caso que establece una de las excepciones. Dice: "A excepción de quienes ejerzan cargos docentes en institutos de enseñanza oficiales o habilitados".

Es decir que en el Acto Institucional Nº 9 está prevista la compatibilidad de la pasividad con el ejercicio de cargos docentes, lo cual obedece a la necesidad de tutelar la enseñanza y no perder para ella a docentes que, de modo contrario, se verían forzados a no ejercer la docencia. Esto ampara y beneficia a quien desea ejercer la docencia, aun cuando esté en situación de pasividad.

Esa es la primera puntualización que quería hacer y sobre ella no tenemos nada que declarar en este proyecto de ley, porque eso está consagrado en el Acto Institucional Nº 9.

Aquí lo que queremos resolver es la hipótesis contraria, la de aquel que tiene una pasividad docente y, por lo tanto, no va a ejercer la docencia, pero, en cambio, quiere reingresar a la función administrativa de la que fue destituido por razones políticas, ideológicas o gremiales. Y este es el caso que se quiere amparar en el artículo 1º.

Con respecto al artículo 2º tropezábamos, a juicio de la Comisión, con el segundo inciso del artículo 86 de la Constitución de la República, que establece la facultad de iniciativa legislativa a favor del Poder Ejecutivo, en esta materia jubilatoria. En este tema se produjo una larga discusión con el representante del Poder Ejecutivo, que en un principio se opuso terminantemente a ninguna otra referencia salvo la del artículo 1º. Luego aceptó esta redacción del artículo 2º, y es en función de esa circunstancia que se convino en la Comisión que el Poder Ejecutivo enviara la iniciativa. Sobre ese tema quiero actuar con total buena fe, porque fue en ese entendido que se obtuvo la iniciativa del Poder Ejecutivo y por eso está el Mensaje.

Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto de ley no es patrocinado por el Poder Ejecutivo, salvo en su artículo 2º, que fue objeto de un detenido análisis por parte del Poder Ejecutivo.

Ese es mi informe, señor Presidente, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en uso de la palabra el señor senador Araújo.

19) PRORROGA DEL TERMINO DE LA SESION

SEÑOR TOURNE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Es para solicitar que se prorrogue el término de la sesión, hasta finalizar con este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 23. Afirmativa.

20) COMPATIBILIDAD DE LAS PASIVIDADES DOCENTES CON SUELDOS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS CASOS DE REINGRESO A LA FUNCION PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Ya finalizo, señor Presidente. Me alegra muchísimo que el señor senador Zumarán, como miembro informante, de alguna manera avale lo manifestado anteriormente.

Señalo, además, que estoy en un todo de acuerdo con el planteo realizado hace unos minutos por el señor senador Cigliuti. Pienso, que, efectivamente, podemos votar el artículo 1º que ya hemos aprobado en general. En cuanto al 2º podemos llevarlo nuevamente al seno de la Comisión a fin de considerarlo junto con el señor Ministro si se hace presente; de lo contrario, podríamos postergarlo para una fecha posterior y traerlo a Sala próximamente.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Me iba a ocupar de los artículos 1º y 2º, porque hay cierta relación entre ellos, pero ésta ha sido aclarada por el señor miembro informante y anteriormente por el señor senador Cigliuti.

Respecto de la estructura de este proyecto, tengo -es un caso excepcional, pero la tengo- una pequeña discrepancia con el señor senador Aguirre en cuanto a que el Senado, al votar una disposición como la del artículo 2º -y digo esto porque está relacionado con el 1º- debería hacerlo en forma amplia, es decir, eliminando la potestad que el Poder Ejecutivo se arroga, a mi juicio, con razón, en este caso especial de determinar en qué circunstancias y por qué motivos otorga o no el beneficio o la acumulación que consagra el artículo 2º. Lo dice en el Mensaje del 15 de agosto, cuando en él se deja -y en idéntica dirección se expresa el artículo 2º- al arbitrio, fiscalización y control del Poder Ejecutivo a las personas que puedan acceder a la compatibilidad, evitando, con ello, la posibilidad de un mayor desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social. Quiere decir que esta disposición es para evitar que, en forma indiscriminada, absoluta, total y sin limitación, se otorgue esta acumulación.

Entonces, en mi modesto concepto, señor Presidente y señor senador Aguirre, creo que en ese caso -no en el que está previsto, sino en el que, en forma más amplia, señalaba dicho señor senador- se estaría violando o, por lo menos, atentando o tratando, de alguna manera, de evitar el obstáculo que, en ese aspecto, determina el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución, cuando dispone que toda ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Aquí, evidentemente, se provocaría -y el Poder Ejecutivo lo dice- un desfinanciamiento en la Seguridad Social, al no establecerse los mecanismos o los recursos necesarios para equilibrar o enjugar el desfinanciamiento de que se trata.

Creo que aun cuando pueda ser discutible -y quizá lo sea- delegar en el Poder Ejecutivo- si es que aquí hay, y la hay, sin duda, una delegación- estas facultades, en este caso es evidente que se ha llegado a un acuerdo a través de la Comisión, dado que este Mensaje responde a algo, sin duda a esas conversaciones que la Comisión mantuvo con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Este fue ante el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo envió dicho Mensaje como consecuencia de esas tratativas que la Comisión realizó con su delegado o representante, porque la iniciativa tiene fecha 15 de agosto.

De manera, pues, que el Poder Ejecutivo, en esa especie de transacción que ha realizado, ha querido, de alguna forma, limitar el alcance de esta disposición en cuanto a la posibilidad, repito, de que se produzca un evidente desfinanciamiento del sistema.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: entiendo que, en cierta medida, es ingenioso el argumento hecho por el señor senador Cersósimo, pero mantengo mi criterio por las razones que voy a explicar.

El Poder Ejecutivo, en la breve exposición de motivos con que acompañó el Proyecto, dice que el establecimiento de esta norma con carácter general puede incidir en un mayor desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social. Podemos compartir esto, como fundamento de hecho de la posición del Poder Ejecutivo, es decir que dicho Poder presume que gente que está en el ejercicio de la función pública va a acceder, por esta vía, a una pasividad docente que, en otro caso, no determinaría su ingreso a esa situación. O sea que la persona se abstendría de pasar a la situación de pasividad por los servicios cumplidos como docente, si ello le significara la imposibilidad de continuar desempeñando su función pública. Diciéndolo en buen romance o en términos más vulgares, habría mayor número de jubilados y, entonces, la pregunta es: ¿cómo se paga? Como argumento de hecho, eso puede ser admisible, pero como argumento de derecho, entiendo que no, porque decir que el ejercicio de determinada función es compatible con la pasividad, no significa establecer que esas pasividades y que el pago de los sueldos de esos funcionarios no cuenten con los recursos necesarios a que alude el artículo 86.

Cuando un ciudadano se jubila por los mecanismos legales, ha aportado durante una cantidad de años y se supone que esos son los recursos que hay para pagar su pasividad. Que de hecho no los haya, por otras razones, no quiere decir que, jurídicamente, ese no sea el sistema. El funcionario ha contribuido durante años, se ha deducido de su sueldo determinado porcentaje y ése es el recurso que ha percibido por años el Estado, a los efectos de pagarle su pasividad. Al mismo tiempo, si ha ingresado a la función pública, ya existen los recursos en las leyes de presupuesto correspondientes para pagar su salario, de manera tal que no se crean nuevos gastos. Por consiguiente, creo que no se puede sostener que se precisa iniciativa del Poder Ejecutivo para sancionar ese tipo de normas. Pero, por otra parte, si no se pudiera sancionar sin iniciativa del Poder Ejecutivo, sostengo que tampoco se puede sancionar de esta manera, delegando en dicho Poder lo que es facultad legislativa. El Poder Ejecutivo no puede tener facultad para decir si el ingreso de determinado ciudadano a la función pública es compatible o no con el goce de la pasividad docente. Esto lo dice la ley, porque toda la materia jubilatoria es de reserva lega y toda la materia estatutaria de los funcionarios públicos, entre las que se cuentan las condiciones de ingreso, también es de resorte legal. Por lo tanto, una ley no puede delegar en el Poder Ejecutivo determinar si una pasividad docente se puede conceder o no, o si una persona está, o no, en condiciones de ingresar a la función pública porque goza de una pasividad docente. Todo eso es de competencia legislativa.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - En consecuencia señor Presidente, podría ser conveniente que parte de este proyecto, o todo él, pasara nuevamente a Comisión a los de un mejor ajuste porque, indudablemente, son de recibo las observaciones que el señor senador Aguirre -con reconocida autoridad en esta materia- ha formulado. También son muy atendibles los motivos que el Poder Ejecutivo tiene para no dar, por lo menos, su iniciativa en cuanto a que esa compatibilidad sea tan amplia como para que provoque, de hecho, el desfinanciamiento del sistema.

Naturalmente, que puede interpretarse que en toda ley que signifique gasto para el Tesoro Nacional, se deberán indicar los recursos con que serán cubiertos. Ello significa que expresamente, o de alguna manera, deberá deducirse de la ley cuáles son esos recursos.

Es indudable que puede sostenerse, con muy buen criterio -como decía el señor senador Aguirre-, que el pasivo ha hecho aportes y, por lo tanto, esos serán los recursos. Pero al permitir el goce de aquella pasividad con el desempeño de la función pública, tendrá que haber otro tipo de recursos que la ley debe determinar en forma concreta y expresa, para cumplir con lo dispuesto, precisamente, en la norma constitucional. Reitero que esto puede ser opinable y, naturalmente, en esa materia, como en tantas otras, le reconozco mayor autoridad al señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - No apoyado.

SEÑOR CERSOSIMO. - Esa es la verdad.

En consecuencia, esto quiere decir que todo amerita que este proyecto se analice nuevamente sobre todo en lo que dice relación con esta disposición y para evitar todas esas situaciones a que hacían referencia los señores senadores Ferreira y Araújo y todo ese cálculo de probabilidades o de especulaciones un poco o totalmente teóricas en cuanto a cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo. Ante ello, pienso que lo mejor es no improvisar en Sala y enviar nuevamente este asunto al seno de la Comisión de donde provino para que allí se estudie con la presencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de darle una redacción más ajustada en ese aspecto.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Cardoso)

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: el señor senador Aguirre, refiriéndose a la invocación constitucional del señor senador Cersósimo, dijo que era ingeniosa. Yo pensaba que cuando se hablaba del artículo 86 de la Constitución de la República era para referirme al punto en el cual dice que el establecimiento, o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios requerirá iniciativa del Poder Ejecutivo. El señor senador Cersósimo invoca la primera parte del artículo que expresa que toda ley que signifique para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos.

Me parece que la obligación de indicar los recursos establecida por el constituyente le corresponde no sólo al Poder Legislativo sino también al propio Poder Ejecutivo. Es decir que aunque se reúnan las condiciones de la parte final del artículo, a pesar de que el proyecto tenga iniciativa del Poder Ejecutivo, no basta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 86. Se requiere que el propio Poder Ejecutivo -que ha tomado la iniciativa- indique los recursos.

En este caso, realmente, no estarían indicados los recursos porque, lo que expresaba el señor senador Aguirre en el sentido de que todo aquel que se jubila, por supuesto va a cobrar de los fondos jubilatorios, es verdad. Pero aquí nosotros estamos agregando nuevas causales.

De modo que, desde el punto de vista estrictamente constitucional, tal vez este artículo no reuniera los requisitos exigidos por la Constitución en ninguna de las dos partes.

Por otra parte -para no abundar en el uso de la palabra- debo señalar que no soy experto en el tema. Sin embargo, el señor senador Cigliuti me abrió un horizonte al indicar que en los tiempos de la legalidad, cuando eran compatibles las pasividades o actividades de docencia con otra actividad, funcionaba lo que se llamaba la acumulación: es decir que una persona cobraba íntegramente su sueldo por su actividad y un tercio o dos tercios, no recuerdo bien, por su pasividad docente. Eso debe ser establecido expresamente, es decir que sea cual fuera la redacción definitiva que se le dé al artículo 1º, habría que agregar algo que dijese, por ejemplo: "siendo aplicables en estos casos las normas vigentes sobre acumulación". Si no lo decimos expresamente y nos limitamos a establecer el principio de la compatibilidad entre pasividad y sueldo, una vez que la ley entre en vigencia no se podrá hacer ningún descuento por concepto de acumulación ya que nosotros no lo hemos previsto. Puede tratarse de un exceso de precaución, pero no me parece que esté de más establecerlo expresamente porque de lo contrario crearíamos un régimen injusto según el cual algunos tendrían retaceadas sus pasividades docentes mientras que otros no.

Nuestro propósito debe ser que todos estén en igualdad de condiciones. Debemos establecer expresamente que rigen también las normas sobre acumulación.

Además -para no abundar en el uso de la palabra- aquí se habla de razones fundadas de notorio interés público, pero no sabemos quién es el que las determina. Por supuesto que es el Poder Ejecutivo, pero no lo establecemos.

El Poder Ejecutivo tendrá que hacer la evaluación y luego resolver si se le concede o no la pasividad. Quedaría dejar aclaradas estas dudas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: ante todo quiero puntualizar que no fui suficientemente claro. He escuchado las manifestaciones del señor senador Ortiz y me parece que no tuve suficiente precisión en los términos como para que él comprendiera lo que dije.

Reitero que en la época de la legalidad, cualquiera de las dos pasividades eran compatibles con la función en actividad. Es decir, que un jubilado docente podía ser también funcionario administrativo y cobrar las dos remuneraciones. Asimismo, un funcionario administrativo jubilado con la Caja Civil, podía dar clases como docente, cobrando ambas retribuciones. Pero, además, una misma persona podía estar en actividad, desempeñando cargos en la docencia y en la administración pública.

Entonces, por su función docente percibía solamente dos tercios del tope horario que le correspondía cobrar.

Hoy hablé con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para plantearle la inquietud que ha producido este texto en el Senado. El señor Ministro recordó muy bien y con precisión los detalles de las reuniones que celebró nuestra Comisión de Asuntos Laborales. En ese aspecto, el señor Ministro entiende el problema con claridad. Dice que hay un tema de carácter general, que es la prohibición del Acto Institucional Nº 9. Además, existe un asunto de carácter particular en el sentido de derogar el Acto Institucional Nº 9 sólo para las pasividades docentes que cobren los que reingresen a la función pública en virtud de haber sido en su oportunidad despedidos por órganos incompetentes, con lesión de derechos.

Cuando el señor Ministro dio su consentimiento al proyecto que establecía esta norma, realizó los cálculos pertinentes, consideró que se podían absorber por parte de los institutos jubilatorios y envió el Mensaje correspondiente. Lo que el señor Ministro no estudió o no sabe, es la incidencia que va a tener en las economías de las Cajas la derogación lisa y llana de la prohibición que estableció el Acto Institucional Nº 9; es decir, declarar que la función docente es compatible con cualquier otra actividad, ya sea la que la persona esté en actividad o sea jubilada.

Eso fue lo que el señor Ministro manifestó como posición del Poder Ejecutivo, frente a un eventual proyecto que derogara "in totum" la prohibición del Acto Institucional Nº 9. Esto quiere significar que su intención está lejos de vetar una ley que pudiera salir con ese texto. Al contrario; dijo que tiene que estudiarlo y ver si estaría o no en condiciones de acompañar la iniciativa. El señor Ministro no habló -al menos no lo hizo conmigo- de veto y expresó que para el otro asunto, que es de carácter más general, tiene que hacer un estudio más profundo.

En consecuencia, el señor Ministro no se ha podido expedir ni tampoco se le ha solicitado que lo haga.

Por otra parte, estuvo de acuerdo con mi sugerencia de que se retirara el artículo 2º de este proyecto de ley, es decir, el artículo que determina que el Poder Ejecutivo va a tener la facultad de decir quién puede y quién no puede entrar. Es evidente que, en cierta medida, esta disposición puede considerarse violatoria de los fueros legislativos ya que tiene que establecerse por ley y la función legislativa no puede ser delegada al Poder Ejecutivo.

Aun sin estudiar el problema jurídico, que no estuvo en discusión, el señor Ministro estuvo de acuerdo con que se apruebe el artículo 1º a efectos de dar salida a esta situación para el conjunto de personas que se encuentran necesitadas de una caución legislativa que los ampare en sus derechos.

Declaro, finalmente, señor Presidente, que el señor Ministro está de acuerdo con estudiar en Comisión el problema de carácter general, en el sentido de derogar la prohibición establecida por el Acto Institucional Nº 9.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

La Mesa advierte al señor senador que le resta solamente un minuto para finalizar su exposición.

SEÑOR TOURNE. - Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Tourné.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: con respecto al proyecto de ley en consideración, pienso que podría ser conveniente, para la mejor economía del tema en discusión, que se apruebe el artículo 1º y se desglose el 2º, pasándolo a Comisión a efectos de que el proyecto quede aprobado sin ese artículo.

En consecuencia, entiendo que esa puede ser la solución más aceptable. Reitero que considero que el artículo 2º debe ser devuelto a Comisión porque, el señor senador Ortiz, entre otras observaciones muy atinadas que hacía hace un momento -cosa que es costumbre en él- señalaba que debe aclararse bien quién es el que declara la razón fundada en caso de notorio interés público y las condiciones personales especialmente relevantes que debe reunir el interesado para que se produzca la acumulación.

En la redacción que me había exhibido el señor senador Zumarán se modificaba ésta que venía de la propia Comisión, y en aquélla se dice expresamente que teniendo en cuenta esas condiciones o aptitudes personales o de notorio interés público, por resolución fundada en esas motivaciones el Poder Ejecutivo puede declarar la compatibilidad entre el goce de la pasividad docente con la percepción del sueldo y el desempeño simultáneo de la función pública.

Eso es en el artículo 2º. Sin embargo, las observaciones formuladas por el señor senador Aguirre y otros colegas, además de las que nosotros hemos expuesto, demuestran que la disposición no puede ser objeto de redacción en Sala, porque ya sabemos los riesgos que se correrían en el caso, si se procede de esa forma.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Muchas gracias, señor Presidente, y aprovecho para señalarle mi satisfacción personal por verlo presidiendo el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Es un honor para mí.

SEÑOR RICALDONI. - Me parece muy sensata la opinión que han vertido algunos señores senadores, entre ellos Cigliuti y Cersósimo, en cuanto a retirar de este proyecto el artículo 2º.

Creo que, realmente, sería mucho más adecuado aprobar el artículo 1º, con las modificaciones señaladas por el señor miembro informante, al igual que el 3º, que no presenta ninguna dificultad, y eliminar del texto el 2º.

Hace un rato se señalaba que el artículo 2º desglosado -que en el futuro podrá o no convertirse en un nuevo texto legal- debía volver a Comisión, cosa que me parece oportuna.

Deseo indicar que, además de la probable inconstitucionalidad alegada -sobre esto no estoy absolutamente seguro porque es un tema sobre el que tendría que reflexionar un poco más- en cuanto a la delegación de funciones que haría el legislador al Poder Ejecutivo por el artículo 2º, para que sea quien determine el notorio interés público, habría otro elemento que la Comisión podrá tener presente cuando considere el asunto.

A mi juicio, existe otro aspecto de probable inconstitucionalidad, si el Poder Ejecutivo, como se dice en el artículo 2º, fundado en razones de notorio interés público, y teniendo en cuenta las condiciones personales especialmente relevantes del aspirante a funcionario público es quien declara si una persona puede ingresar a la función pública sin perjuicio de mantener el goce de la pasividad. Así se puede llegar al absurdo de que quien en definitiva esté condicionando el nombramiento sea una persona pública distinta a la que nombra, por ejemplo, un Ente Autónomo. Creo que esta segunda parte es, quizás, más grave que la primera. Esto puede ocurrir no sólo en un Ente Autónomo, sino en un Municipio o en cualquier otra persona pública estatal de las que prevé la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede continuar el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - El señor senador Ricaldoni me robó la parte final de mi discurso porque yo también iba a hacer presente mi complacencia por la presencia del señor Presidente en el lugar que ocupa con tanta dignidad.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CERSOSIMO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Es una cosa bastante sencilla. No creo que el Poder Ejecutivo pueda impedir el acceso de un ciudadano a la Secretaría de un Municipio, por ejemplo. Lo que sucede es que ese ciudadano, al acceder a la Secretaría del mismo no gozaría de la compatibilidad jubilatoria. Quiere decir que el Poder Ejecutivo no trabaría la designación del nuevo cargo pero bajaría las posibilidades económicas del funcionario designado por el Ente Autónomo o el Municipio.

Lo mismo que el señor senador Ricaldoni, entiendo que esta es una situación grave y que en casos particulares, no puede ser el Poder Ejecutivo el que autorice o no el nombramiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Continúa en el uso de la palabra, el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Creo que ya he manifestado todo lo que entendía que era mi deber decir en este aspecto.

Por lo tanto, reitero mi posición en cuanto a aprobar el artículo 1º, desglosar el 2º -pasando el artículo 3º a 2º- para que vuelva a Comisión, resolviendo esta situación, aceptando las modificaciones que el señor miembro informante había anunciado en este artículo 1º en razón de los fundamentos expuestos en Sala en lo que tiene que ver con las reservas de orden constitucional y legal, en algunos casos, a que esta misma disposición da mérito.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Como miembro informante y para simplificar el trámite retiro el artículo 2º. Entonces quedaría el texto del proyecto con el artículo 1º con la corrección en su redacción, el 3º pasaría a ser 2º y así sucesivamente el artículo 4º, etcétera.

SEÑOR RONDAN. - Pido la palabra para solicitar una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RONDAN. - Cuando hace un rato se trató el artículo 1º en discusión general, el señor senador Aguirre hizo alguna objeción sobre el término "actividad administrativa".

Nosotros, recordando un poco, a Sayagués Laso, compartimos que lo de "actividad administrativa" es absolutamente genérico, que comprende algo más que la función pública. Entiendo que el señor senador propuso una redacción de alternativa o sustitutiva.

Mi pedido de aclaración era para saber si la Secretaría tomó nota, qué se resolvió en definitiva y cuáles serían los términos que quedarían en lugar de "actividad administrativa", con el fin de precisar bien el concepto y sin pecar de exquisito. Pienso que no quedaría bien definido el propósito de la ley si lo expresamos en esa forma tan genérica.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Voy a proponer una fórmula para ver si estamos de acuerdo.

El artículo quedaría así: "Declárase compatible el goce de las pasividades docentes con sueldos de actividad, en los casos de reingreso a función pública de quienes hasta el 28 de febrero de 1985 hubieran sido destituidos o separados de sus cargos por razones ideológicas, políticas o gremiales".

Creo que esta redacción es suficientemente comprensible en todos sus términos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - La secretaría había recogido las distintas proposiciones de modificaciones.

Se va a dar lectura de las mismas, a título informativo.

(Se lee:)

"Declárase compatible el derecho al goce de pasividad generada por servicios docentes con la percepción de sueldo por el desempeño de función pública en los casos de reingreso a la misma de quienes hasta el 28 de febrero de 1985 hubieran sido destituidos o separados de sus cargos por razones ideológicas, políticas o gremiales".

-¿Acepta esa fórmula el señor miembro informante?

SEÑOR ZUMARAN. - De acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se va a votar el artículo con la redacción propuesta.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Comisión ¿retira el artículo 2º?

SEÑOR CIGLIUTI. - Pienso que lo que habría que votar es la autorización para que el artículo 2º sea retirado por la Comisión y vuelva a ella, a fin de que no sea rechazado, y se trate en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se va a votar la autorización del retiro del artículo 2º del proyecto y su pase a Comisión.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º, que pasa a ser 2º.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Declárase compatible el derecho al goce de pasividad generada por servicios docentes con la percepción de sueldos por el desempeño de función pública en los casos de reingreso a la misma de quienes hasta el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco hubieren sido destituidos o separados de sus cargos por razones ideológicas, políticas o gremiales.

Art. 2º. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 3º. - Comuníquese, etc.".

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. José P. Cardoso). - Se levanta la sesión, dado que su término había sido prorrogado sólo a los efectos de tratar este proyecto.

(Así se hace, a la hora 21 y 32 minutos, presidiendo el señor senador Cardoso y estando presentes los señores senadores Aguirre, Araújo, Bomio de Brun, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pereyra, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Tourné, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.