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N° 52 - TOMO 291 - 8 DE AGOSTO DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

51ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO (Presidente)

y el SEÑOR CARLOS JULIO PEREYRA (2° Vicepresidente)

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MAIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Jude.
- Concedida.

5) Señor senador Raumar Jude. Accidente automovilístico

- Manifestaciones de agradecimiento del señor senador Cersósimo con motivo de expresiones de solidaridad de integrantes del Cuerpo.

6) Integración del Cuerpo

- Encontrándose en Antesala el señor Juan C. Rondán, suplente del señor senador Raumar Jude, se le invita a pasar a sala y a prestar el juramento de práctica, declarándosele incorporado al Cuerpo.

7) Campaña de desprestigio a las instituciones democráticas

- Manifestaciones del señor senador Pereyra.

8 y 10) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 1984.

- Continúa su discusión
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes

9) Cuarto intermedio. Ex integrante del Cuerpo señor Luis Hierro Gambardella. Homenaje de la bancada del Partido Colorado en la Cámara de Representantes.

- Se resuelve, de acuerdo a la moción formulada por el señor senador Singer, realizar un cuarto intermedio de treinta minutos a los efectos de concurrir al acto que se celebrará con tal motivo

11 y 13) Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Contrato de préstamo. Alteración del orden del día.

- La solicita el señor senador Mederos.
- Se resuelve afirmativamente.
- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12 y 14) Arrendamientos urbanos. Normas de emergencia.

- De acuerdo a lo solicitado por el señor senador Ricaldoni se resuelve postergar su consideración para la sesión extraordinaria a realizarse el próximo lunes 12.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, agosto 7 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 8, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1984.

(Carp. N° 252 - Rep. N° 97 y Anexo I)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) Por el quee se establecen normas de emergencia en materia de arrendamientos urbanos.

(Carp. N° 217 - Rep. N° 99)

3°) Por el que se aprueba el Contrato de Préstamo N° UR 3/84 y sus anexos, suscrito por el Gobierno de la República y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata (FONPLATA).

(Carp. N° 269 - Rep. N° 101)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor senador Jude y con aviso, el señor senador Paz Aguirre.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 11 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, agosto 8 de 1985.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite nota en respuesta a la exposición escrita enviada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionada con el aumento de las pensiones graciables percibidas por los señores Concepción Silva Belizon, Serafín J. García, Eugenio Reigis, Julio verdié y Juan Ilaria.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

Los señores senadores Enrique Martínez Moreno; Hugo Batalla, Juan Raúl Ferrerira y Alberto Zumarán solicitan informes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República a fin de que el Ministerio de Educación y Cultura informe sobre lo vinculado con la reincorporación del señor Justino Zabala Carvalho a su cargo de Director de la Emisora de Televisión del SODRE, Canal 5.

-Se le dará el curso correspondiente."

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Raumar Jude solicita licencia por treinta y un días, a partir de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, agosto 8 de 1985. - Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Dr. Enrique E. Tarigo. - Presente. - De mi mayor consideración:
De acuerdo a las consecuencias del accidente automovilístico sufrido en el día de ayer y los exámenes médicos requeridos, solicito al Cuerpo licencia por el término de treinta y un días, convocando al suplente respectivo. - Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. - Raumar Jude. Senador".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) SEÑOR SENADOR RAUMAR JUDE. Accidente Automovilístico.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: deseo agradecer al Senado en nombre del señor senador Jude y en el de la Unión Colorada y Batllista por las muestras de solidaridad recibidas a propósito del desgraciado episodio que le tocó vivir. Asimismo agradecemos singularmente la propuesta formulada por el señor senador Rodríguez Camusso y votada unánimemente por el Cuerpo en el sentido de que el Senado se interesara por la salud del señor senador Jude.

Al mismo tiempo, queremos hacer llegar nuestro profundo sentimiento de pesar a los familiares de la persona que falleció como consecuencia de ese accidente.

Es cuanto quería manifestar al respecto.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Encontrándose en Antesala el suplente del señor senador Jude, señor Juan C. Rondán, corresponde se le invite a pasar.

(Entra a Sala el señor Juan C. Rondán).

-Se va a proceder a tomar el juramento de estilo.

"¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑON RONDAN. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

SEÑON RONDAN. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quedáis investido del cargo de Senador.

SEÑON RONDAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑON RONDAN. - Señor Presidente: al incorporarme transitoriamente a esta Cámara, quiero rendir homenaje ferviente al régimen democrático que ha permitido que un hombre de los más modestos planos sociales, como quien habla, pudiera tener asiento aquí entre los hombres que están dictando el derecho y la ley en la República.

Como hombre que quiere a su país, me comprometo, en el breve lapso en que habré de estar sentado junto a los señores senadores, a luchar, bregar y estudiar para procurar aportar lo mejor de mí intelecto en beneficio de mi país.

Como hombre del Partido Colorado habré de contribuir también en la misma posición en que siempre ha estado mi partido, bregando por la libertad, la democracia y la defensa del derecho.

Como hombre del interior vengo a sumar mi voz a la de todos los señores senadores que comprenden que en el interior del país están aún las reservas morales de la República, a las que hay que defender cada días más.

Muchas gracias.

7) CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO A LAS INSTITUCIONES DEMOCRATIVAS

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: pido disculpas al Cuerpo por hacer uso de la palabra en este momento -sé que en la sesión de hoy no estaba previstas hora previa- pero brevemente deseo dejar sentada mi protesta por la continuación de una campaña de desprestigio de las instituciones democréticas que comenzó casi en el mismo momento en que éstas resugieron.

Apenas transcurrido un mes del retorno a la democracia, debimos referirnos aquí a comentarios radiales que se hacían con respecto a supuestos privilegios que teníamos los legisladores, caso que carecía totalmente de veracidad. Aquello quizás no tienía demasiada importancia, pero si la tiene una publicación -lo he visto sólo en ese órgano de prensa- del semanario "Busqueda", correspondiente al día de hoy que, en la primera página y bajo el título "Democracia durará 5 años" analiza los resultados de una encuesta realizada -según parece- por la empresa Gallup. Ella se refiere al desgaste de la imagen Presidencial, así como la del Poder Legislativo.

En esa publicación se señala que Gallup´ha hecho una encuesta cuyos resultados revelan la pérdida de prestigio del Parlamento y del titular del Poder Ejecutivo. Con respecto al Parlamento, dicha nota dice:

"Mientras en abil el 64% de los montevideanos juzgaba 'buena' o 'muy buena' su actuación, el porcentaje fue cayendo en junio (50%) y julio 36%)".

Y agrega: "Aumentó en el lapso quienes juzgan 'regular' la actuación presidencial y parlamentaria".

Más adelante, con respecto a la duración de la democracia, dice lo siguiente: "Casi uno de cada tres montevideanos (31%) juzga que el régimen democrático 'durará cinco años', dice Gallup sobre los datos obtenidos en el mes de junio. Los más excépticos respecto al mantenimiento del sistema serían los blancos y colorados (el 57% y el 56% de ellos, respectivamente creen que la democracia no dura más de diez años), mientras que los frentistas son más optimistas: el 51% de ellos piensa que dura diez años o menos, mientras que el 36 por ciento opina que regirá durante veinte años o más".

Los títulos son lo suficientemente imaginativos como para despertar el interés del lector por los resultados de una encuesta en la que no puede creer nadie, que haya seguido los relevamientos realizados por la empresa Gallup.

Asimismos frecuentemente a encuestas realizadas por esta empresa que después resultan totalmente desvirtuadas en los hechos, y ello no se debe seguramente a errores humanos, sino a propósito interesados. Nosotros pudimos apreciarlo en oportunidad del plebiscito cuando la encuesta Gallup se encargaba de anunciarle al país entero que aquél iba a ser afirmativo y que el intento totalitario de institucionalizar el imperio del régimen de facto en el país, a través de la institucionalización del poder militar, era un hecho. Posteriormente, cuando se llevaron a cabo las elecciones internas esta empresa también se empeñaba en pretender demostrar que la mayoría de los partidos políticos que resultaran vencedores, fiugraban a la cola de las encuentas.

Señor Presidente: esta empresa, en varios países de América no ha hecho otra cosa que estar al servicio de los tiranos de turno.

No se precisa ser muy desconfiado para darse cuenta de que en esta encuesta es realizada por personas activas o empresas que hacen su negocio con estas cosas. Esta campaña que aparece de vez en cuando, pretendiendo desprestigiar a la democracia nacional porque sus integrantes viven y actúan en medio de la indignidad y son incapaces de valorar, de reconocer o de gozar de la dignidad que sólo la democracia otorga.

Señor Presidente: quería dejar establecidas estas palabras como protesta por este tipo de maniobras que al amparo de supuestas encuestas, no hace otra cosa que pretender minar el prestigio de las instituciones democráticas.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa tiene la convicción de que el Senado hace suyas las palabras expresadas por el señor senador Pereyra.

8) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1984

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el orden del día.

Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1984. (Carp. N° 252. Rep. 97/85 y Anexo I).

(Ver 50ª S.O.)

Continúa la discusión del artículo 32.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente; al pasar a cuarto intermedio la sesión del día de ayer estábamos, precisamente, en el uso de la palabra; pienso que no habíamos utilizado aún todo el lapso de que reglamentariamente disponemos.

Queremos dejar constancia de las razones por las cuales, a pesar de que hemos votado en general el proyecto que el Senado está considerando -y estamos votando favorablemente la mayoría de sus artículos- este artículo, concretamente, no lo vamos a votar afirmativamente. En primer lugar, porque existe una larga experiencia en materia presupuestal en cuanto, digamos, a las ventajas con que se ve beneficiado el Ministerio de Economía y Finanzas. Si esta banca la ocupara mi estimado amigo el señor senador Aguirre, diría que este es un Ministerio que larga por abajo de las cintas. Claro está, porque son los que están siempre presentes, los que actúan directamente y, por lo tanto, pienso que debemos cuidar la objetividad y la imparcialidad con respecto a las disposiciones que estamos votando.

Con respecto al tema de los funcionarios que han sido contratados o destinados a tareas zafrales en la Administración, se nos presenta como un problema muy complejo; incluye a miles de funcionarios solamente entre los Ministerios de Salud Pública y de Transporte y Obras Públicas. Pienso que existen no menos de dos mil casos de esta naturaleza.

Entonces, señor Presidente, el artículo 32 elije 30 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas para nombrarlos en cargos de muy alto nivel, con carácter presupuestal. De manera que me pregunto ¿qué diferencia existe entre estas situaciones y las otras?

En 1978, la dictadura aprobó lo que llamaban, entonces una ley -la N° 14.754- en la cual, a través de su artículo 10, se fijan normas, sobre funcionarios que pueden ser contratados con carácter zafral. En ella se establece que estas son designaciones que se realizan para cumplir tareas en casos imprevistos o de fuerza mayor, así como una cantidad de determinaciones que han sido aplicadas en innúmeros casos a lo largo y a lo ancho de casi toda la Administración, desde 1978 en adelante. Entonces, repito, por el artículo 32 se toman 30 de estos casos y se les presupuesta. Pienso que este tipo de situaciones será examinado en el Presupuesto. Seguramente el Poder ejecutivo va a formular alguna proposición genérica al respecto. Y lo va a hacer como corresponde, de eso estoy seguro, con carácter general y no eligiendo pequeños grupitos para determinar privilegios o efectuar determinadas selecciones.

Cuando se conozca el Presupuesto, examinaremos los criterios que proponga el Poder Ejecutivo y, en su momento, daremos nuestra opinión sobre ellos.

Por lo tanto, señor Presidente, me parece que el artículo 32 no es congruente con el espíritu de objetividad -estemos o no de acuerdo con cada una de las disposiciones- que es necesario reconocer que ha privado en todos los sectores políticos al considerar este Proyecto de Rendición de Cuentas.

Es por estas razones señor Presidente, que no vamos a dar nuestro voto favorable al artículo 32.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 32.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Hemos votado afirmativamente este artículo, porque habiendo sido considerado en Comisión en presencia de los señores Directores de la Oficina que trabajaron con nosotros en forma permanente, no encontramos por parte de los señores senadores que asistieron con frecuencia a dicha Comisión, ninguna objeción de la naturaleza que formula el señor senador Rodríguez Camusso. Hubiéramos deseado, que este planteamiento se hubiera efectuado en oportunidad de realizarse las sesiones de la Comisión, así podíamos haber consultado a los servicios, a los efectos de conocer el porqué de estas normas.

Nos pareció, señor Presidente, que no incurríamos en ningún beneficio especial, a tal punto, que ninguno de los señores senadores saben ni remotamente quienes son los funcionarios que pasan a dejar de ser contratados desde hace un año, para incorporarse a una planilla en donde van a continuar ejerciendo en sus mismos cargos, las mismas funciones que cumplen desde el día en que fueron contratados.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Capítulo VI, "Disposiciones varias", que comprende del artículo 33 al 54 inclusive.

En consideración el artículo 33.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 34.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 35.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Tengo una pequeña duda con respecto a este artículo. El mismo es modificativo del artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.867 que establecía que los ingresos que por cualquier naturaleza perciban las unidades ejecutoras comprendidas en los incisos 1° a 26 tendrán que ser depositados en la Cuenta Tesoro Nacional. La modificación que aquí se plantea es que el 50% de esos ingresos que perciben las unidades ejecutoras deberá ser depositados en la cuenta Tesoro Nacional existente en el Banco de la República, en el Banco Central y en la Tesorería General de la Nación. Quiere decir que en esas tres instituciones existe una cuenta nominada Tesoro Nacional.

Pero, el artículo 36 -y discúlpenme que aluda a un artículo que aún no hemos considerado- dice: "Los Bancos depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior..."

El artículo 35 no sólo se refiere a los Bancos Central y de la República Oriental del Uruguay, sino también a la Tesorería General de la Nación.

Mi duda es la siguiente: ¿quiénes están obligados, por lo que establece el artículo 36, a verter mensualmente el 50% de los ingresos a la cuenta Tesoro Nacional? ¿Sólo los Bancos Central y de la República Oriental del Uruguay? La Tesorería General de la Nación, ¿no está obligada a ello?

Aparentemente existiría una contradicción entre los artículos 35 y 36.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Considero que la aplicación del artículo 36 es correcta. Lo que entiendo, por lo que establece el artículo 35, es que los fondos que deberán verterse a la cuenta del Tesoro Nacional son los depositados en los Bancos; los que ya están en la Tesorería; quedan allí.

SEÑOR ORTIZ. - Pero esto se hará de ahora en adelante.

SEÑOR BATLLE. - Eso es lo que se establece, tal como está redactado el artículo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Creo que el problema quedaría solucionado si el término "Banco" se sustituye por "depositario".

SEÑOR BATLLE. - Estoy de acuerdo con el señor senador Cersósimo. De todas formas, hasta el momento, los depositarios de los fondos son los Bancos.

La centralización de los recursos estará en la Tesorería General de la Nación, donde existe una cuenta "Tesoro Nacional". Lo que sucede es que los proventos a que se hace referencia en otros artículos, estaban depositados en otras cuentas, porque había un presupuesto de caja que establecía excepciones para dos incisos. Sólo dos cuentas estaban depositadas en los Bancos: las de los dos únicos incisos para los que no regía el problema de la centralización de todas las recaudaciones, que eran los correspondientes a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior. Ahora se cambia el sistema. Anteriormente, la ley que regía establecía que el 100% de los ingresos percibidos por las unidades ejecutoras debía verterse a la cuenta Tesoro Nacional, exceptuando los dos Ministerios mencionados; ahora, todas -sin excepción- deberán verter el 50%. La referencia se haría para dos cuentas en particular y todo vuelve al Tesoro Nacional.

De cualquier manera, atendiendo a la observación formulada por el señor senador Ortiz, y a fin de obviar cualquier problema que pudiera plantearse, podemos hacer lo que sugiere el señor senador Cersósimo, estableciendo: "Los depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior", etcétera, "deberán verter en la cuenta Tesoro Nacional". Es una cuenta que está en el Banco de la República y es distinta a la de los demás Bancos oficiales en los que las cuentas que se manejaban eran las de los incisos que estaban exceptuados de verter todos los proventos, en un régimen único que era el de caja.

Si el señor senador Ortiz está de acuerdo con la solución sugerida, redataríamos de esa forma el artículo 36.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que de esa manera existiría coherencia entre estos dos artículos.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: a raíz de la observación formulada por el señor senador Ortiz, he advertido otra incoherencia entre estos dos artículos.

El artículo 35, al modificar o darle una nueva redacción al artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.867, establece la obligación, para las unidades ejecutoras de determinados incisos del Presupuesto Nacional, de depositar el 50% de los ingresos que perciban por cualquier naturaleza, concepto o vía, en la cuanta Tesoro Nacional. Con respecto a esa cuanta se dice: "Existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y Tesorería General de la Nación". Entonces, es incongruente que en el artículo 2° se diga "Los Bancos depositarios" -aunque elimináramos el vocablo Bancos para comprender a todos los organismos, el problema es el mismo- "de los fondos a que se refiere el artículo anterior, dentro de los 30 días de la publicación", etcétera, "deberán verter en la cuenta Tesoro Nacional", porque los fondos ya estaban en esa cuenta. Eso es lo que establece el artículo anterior: que todos los organismos de los incisos 2 al 24 y 27, cuando perciben ingresos los depositan directamente en la cuenta Tesoro Nacional y no en el Banco de la República o en otra cuenta. Entonces, ¿por qué razón en el artículo siguiente se dice que dentro de los 30 días hay que verterlos en la cuenta Tesoro Nacional? Es evidente que existe una falta de coherencia entre ambos artículos.

Recuerdo haber tratado estos artículos en Comisión, pero seguramente no advertimos que tal como está redactado parecería que lo establecido en el artículo 36 es una reiteración innecesaria porque los fondos ya están en la cuenta Tesoro Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - No es como dice el señor senador Aguirre, pues no todos los fondos están en la cuenta Tesoro Nacional, ya que existen disposiciones por las que se exceptuó a determinados incisos de la obligación de verter los proventos en esa cuenta. Por esa razón existen depósitos en otras cuentas. El artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.867 regirá con esta redacción una vez que el Senado lo apruebe.

Por otra parte, el artículo 37 soluciona otro problema: el de aquellas operaciones o inversiones que están en vías de ejecución y que tienen sus recursos en otras cuentas. en virtud de las observaciones que ha formulado el señor senador Ortiz, el texto que solicitó para este artículo la Contaduría General de la Nación, puede aparecer como contradictorio, pero obedece a la circunstancia de que a dos incisos se los habilitó para que tuvieran aparte las cuentas de sus proventos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Deseo decir algo que quizás aclare esta presunta incongruencia.

El artículo 35 establece el procedimiento de futuro y el 36 dice qué debe hacerse con los fondos que actualmente están depositados en otros bancos. Estos dos artículos no son contradictorios.

SEÑOR ORTIZ. - Pero el artículo 35 hace referencia a tres organismos -el Banco Central, el de la República y la Tesorería General de la Nación- y el 36 sólo menciona los Bancos Central y de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - No se refiere sólo a esos bancos, sino a todos los que son -o pueden ser, según la explicación dada por el señor miembro informante- depositarios de fondos, en la actualidad.

La ley dice que dentro de los 30 días de publicada, estos bancos tienen la obligación de verter esos fondos al de la cuenta Tesoro Nacional, donde no están depositados en este momento.

SEÑOR ORTIZ. - Si es así, luego de sancionarse el Decreto-Ley N° 14.867, de 24 de enero de 1979, debe haberse dictado otro decreto modificativo, porque el mencionado obliga a depositar la totalidad de los fondos en la cuenta Tesoro Nacional. El señor Presidente tendría razón si es que existe otro decreto.

SEÑOR BATLLE. - Con posterioridad a la redacción del Decreto-Ley N° 14.867, el Poder Ejecutivo facultó a determinados incisos a disponer del 100% de los proventos.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Lo que indica el señor senador Batlle es correcto. El artículo 35 regula la situación futura y el 36 se refiere al régimen anterior. hasta el momento no todas las unidades depositaban sus proyectos en la cuenta Tesoro Nacional, pero ahora se establece un sistema que procurará respetar los compromisos contraídos con esos fondos, a cambio del depósito de los mismos, que antes disfrutaban en su totalidad. Los artículos no son contradictorios; simplemente se fija una fecha -1° de junio- a partir de la cual cambia el procedimiento. Anteriormente existían oficinas que no debían verter sus proventos a la cuenta Tesoro Nacional, ni el 50% ni el 1% de los mismos proventos; sino que se vertían a otras cuentas, que administraban directamente.

(Interrupción del señor senador Oritz)

SEÑOR GARCIA COSTA. - Naturalmente, no existía porque las cuentas que crean los diversos proventos corresponden a diferentes leyes. Siguiendo con el ejemplo fantasioso que he manejado, los proventos concretos se crean cuando a la Dirección de Hidrografía se le permite cobrar por un servicio que presta. Entonces, la ley que dice "Podrá cobrar" dirá: "Los proventos resultantes de tales cobros los dispondrá en tal forma". De allí resulta una cuenta que no iba al Tesoro Nacional. Ahora, irá la mitad de esos proventos.

Creo que ese es el concepto.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Deseo agregar que el Decreto-Ley N° 14.867, de 24 de enero de 1979, en su artículo 7°, faculta al Poder Ejecutivo a que, por razones fundadas, pueda exceptuar a las Unidades Ejecutoras que determine, de todas o de algunas de las obligaciones establecidas en las normas anteriores.

Con posterioridad a esa disposición de 1979 se dictaron decretos por los cuales se facultaron a determinados incisos a manejar sus cuentas y sus proventos, de la forma que quisieran. Bien sabemos nosotros -hasta se ha publicado en la prensa- que algunas de las unidades ejecutoras de esos inciso tenían depósitos en moneda extranjera fuera del país.

Entonces, la disposición del artículo 35 regirá a partir de la entrada en vigencia de este proyecto de ley. El artículo 37, a su vez, establece que las unidades que estaban exceptuadas del decreto-ley de 1979 y que tienen depositados fondos en Bancos, cualesquiera sean -ya que también lo hacían en instituciones que no eran oficiales- deberán verterlos, dentro de los treinta días de la publicación de la presente ley en el "Diario Oficial", en la cuenta Tesoro Nacional. el artículo 37 reglamenta las situaciones en que, en función de determinados proventos que se disponían, han contraído obligaciones, con lo cual el régimen que se establece en los artículos 35 y 36 se da sin perjuicio de las obligaciones creadas a partir del decreto-ley de 1979, pero dándose cuenta en todo caso a la Asamblea General para que ésta controle a dónde han ido los proventos de libre disponibilidad, dentro de los cuales fueron exceptuadas distintas unidades ejecutoras, correspondientes a dos incisos muy precisamente conocidos, en función de la potestad que el artículo 7° de aquel decreto-ley le conferia al Poder Ejecutivo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado el señor senador Batlle en cuanto a que todo lo que estamos previendo es una serie de disposiciones que se han tomado en virtud de las autorizaciones dadas por el Poder Ejecutivo, que otorgaban la disponibilidad del total de los proventos a determinadas unidades ejecutoras. Por eso en el artículo 35 se establece que el 50% de los ingresos que, por cualquier naturaleza perciban las unidades ejecutoras comprendidas en los incisos aquí citados, deberán ser depositados en la cuenta Tesoro Nacional.

En el artículo 36 se dice, concomitantemente, que el 50% del promedio mensual de los saldos calculados al primer día de cada mes, desde el 1° de junio hasta la fecha de publicación de esta ley, deberá verterse en la cuenta Tesoro Nacional. De manera que se trata de una reintegración a la Cuenta Tesoro Nacional.

Esta es la interpretación que le doy a esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 35.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 36.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Consideramos que es mejor eliminar la palabra "Bancos" porque los depósitos, quizá, estén hechos en instituciones que no lo son. Por lo tanto, es más correcto referirse a "depositarios".

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Con motivo de considerar el artículo 35 hemos estado analizando la primera parte del 36. Pienso que con acierto los señores senadores Batlle y García Cota han esclarecido el alcance o la correlación que debe establecerse entre ambas disposiciones que yo, en primera instancia, no había advertido; es decir el artículo 35 rige para el futuro y el 36 aclara el problema de qué se hace con los fondos depositados en este momento.

Sin embargo, advierto que el artículo 36 tiene un segundo parágrafo que regula otro problema, ya que se refiere a las unidades ejecutoras de los incisos 2 al 27. Debemos advertir que la nueva redacción que le hemos dado al Artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.867 hemos modificado esta norma que se refería a los incisos 1 a 26. Ahora exluimos el inciso 1 y los incisos 25 y 26. Pero en el segundo parágrafo del artículo 36 -quizá porque no adviertimos la modificación introducida- nos referimos a los incisos 2 al 27; es decir, que aquí incorporamos a los incisos 25 y 26.

SEÑOR BATLLE. - Se trata de un error.

SEÑOR AGUIRRE. - Esto no tendría importancia si se tratara de otro tipo de fondos; pero de inmediato se dice: "Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 2 al 27 que tuvieren fondos de los indicados". Y el primer parágrafo de este mismo artículos 36 dice: "Los Bancos depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior", es decir que se trata de los mismos fondos a que alude esta nueva redacción del artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.867, que excluye a los incisos 25 y 26.

Entonces, sí como régimen permanente, los incisos 25 y 26 no tienen la obligación de depositar este 50% no parece razonable que ahora digamos que todos los fondos existentes en este momento deben ser depositados en la misma cuenta y dentro de igual plazo; esto es, no ya el 50%, sino todos los fondos. Creo que no tiene sentido que se les excluya para el régimen futuro en el texto anterior.

Si se trata de un error, deberíamos decir nuevamente: los incisos 2 al 24 y el 27.

(Ocupa la Presidencia el segundo Vicepresidente, señor senador Pereyra).

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No deseo dilatar la discusión, ya que de todas maneras pienso votar afirmativamente este artículo; pero me llama la atención que la cuenta tesoro Nacional esté abierta en tres organismos distintos. No advierto por qué no se centraliza en el Banco de la República que parecería ser el más indicado. Hay una cuenta Tesoro Nacional en el Banco Central, otra en el República y una tercera en la Tesorería General de la Nación. Es decir, que los organismos pueden hacer las versiones en el que se les ocurra. En realidad, no se a qué se debe esa pluralidad de lugares donde se puede depositar con destino a esa cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36 con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 37.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Por este artículo se establece nuevamente la disposición por la que se permitía al Poder Ejecutivo -desde luego con la obligación de dar cuenta a la Asamblea General- dar la disponibilidad de parte o de la totalidad de los fondos a las distintas unidades ejecutoras que tienen proventos. Aún después de haber intervenido en la discusión a nivel de Comisión y de haber aprobado el artículo correspondiente, tengo mis dudas en cuento a esta facultad que estamos concediendo al Poder Ejecutivo, cuando en una forma muy clara determinamos que las unidades ejecutoras sólo podrán utilizar el 50% de los proventos de que dispongan. Pues en realidad, estamos devolviendo al Poder Ejecutivo la facultad de disponer de la totalidad de los fondos, aunque tenga que dar cuenta a la Asamblea General.

No sé si debemos establecer esta disposición legal, en virtud de que esta facultad ha creado problemas y nos ha llevado a buscar una solución.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Este tema fue analizado en Comisión al respecto consultamos a la Administración, la que nos explicó que el problema radicaba en que había obligaciones ya contraídas y pendientes. Por tanto, en este artículo incluimos una disposición que pienso es la que nos da garantías. Adviértase que se dice que esta facultad regirá sólo hasta "el 31 de diciembre de 1985, dándose cuenta en todos los casos, a la Asamblea General."

Es decir, la Comisión entendió que no se podía dar al Poder Ejecutivo esta facultad con carácter permanente a los efectos de excepcionar de esta obligación a los incisos reiterando las potestades que establecen los referidos artículos. En consecuencia, hacemos una limitación en el tiempo, habida cuenta de que se nos ha hecho la argumentación de que había cosas pendientes y obligaciones que cumplir, lo que, a nuestro entender, es muy significativo. La segunda obligación es la de dar cuenta a la Asamblea General acerca de cuáles son las instancias que se cumplen dentro de lo que establece este artículos 37.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Reconozco que esta limitación -la había dejado de lado por olvido- que se establece en este artículo refuerza la posición del señor senador Batlle. Por tanto, retiro la objeción que oportunamente planteé.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - En este artículo hemos puesto -en función de una observación hecha por el señor senador Senatore- que esos anticipos de tesorería que se regularizan tienen un carácter provisorio, es decir, por el presente Ejercicio hasta la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto General de Gastos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 38.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 39.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Es y otros artículos son de resorte particular y exclusivo del señor senador Senatore ya que fue él quien, como especialista en la cosa, redactó prácticamente la totalidad de las modificaciones. Pienso que él nos puede dar una explicación muy clara acerca de lo que se quiere corregir con esta disposición. Es del caso aclarar que los propios Directores de la Oficina entendieron que era necesario comenzar, en forma urgente, una tarea de corrección.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Voy a tratar de ser lo más breve posible a fin de dar a los señores senadores una idea acerca de cuál es la finalidad de dos o tres disposiciones de los artículo 39, 41, 42, 43 e, inclusive, 44, como así también la estructura que se piensa dar a la Dirección General Impositiva.

Esta es una Oficina que conozco muy bien y, sin pretender establecer prioridades ni importancia entre distintas reparticiones, digo que es de una gran relevancia en la organización del Estado por cuanto de su recaudación depende en 80% de los recursos de que dispone el Estado para hacer frente a sus obligaciones presupuestales. Esta circuntancia hace que se le dispone especial cuidado, no para privilegiarla, sino para asegurar un funcionamiento que hoy no tiene.

Tal como ha ocurrido con otras oficinas públicas, que han padecido grandes dificultades, puedo decir -según versiones que me han hecho llegar antiguos compañeros- que hay que repensar, reestructura y reorganizar lo que es hoy la Dirección General Impositiva luego de doce años de dictadura, para que vuelva a ser un organismo en el que se pueda depositar confianza en su rendimiento y eficiencia, pues no podemos olvidar que es la Oficina que provee de recursos al Estado.

Evidentemente, todo este sistema organizado, inclusive desde su creación, se ha resquebrajado. Hubo muchos altibajos en lo que fue la difícil tarea de nuclear cuarto o cinco oficinas en una, que luego se llamó Dirección General Impositiva. Y esas oficinas eran: la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección de Impuesto Directos, la Oficina de Impuesto a las Ganancias Elevadas, luego Oficina de Impuesto a la Renta y, finalmente, la Inspección General de Impuestos.

Como los señores senadores pueden suponer, esta tarea demandó un gran esfuerzo en la búsqueda de soluciones para las distintas estructuras presupuestales merced al cual se llegó, como última etapa, a la Dirección General Impositiva.

Los que se ha hecho en estos últimos doce años ha sido destrozar todo lo que podría tener un sentido de organización. Basta con decir que existen disposiciones que han habilitado a directores de oficinas a disponer, libre y absolutamente, de determinados medios para, en algunos casos, privilegiar a ciertos funcionarios y, en otros, sobrepasar los rubros preestablecidos; indicar con un dedo al funcionario que iba a cumplir determinada tarea sin tener en cuenta su lugar en el Escalafón y su competencia. Por supuesto, no quiero decir con esto que no haya funcionarios competentes en dicha Oficina.

Pienso que en todos los casos en que el Director sea el único que decida sobre las ubicaciones, cargo y funciones a distribuir entre los funcionarios, ello da lugar a que se cometan grandes injusticias. A modo de resumen, puedo decir que existe una gran disconformidad dentro de la Dirección General Impositiva que motivó, como todos sabemos, que los funcionarios realizaran un paro como forma de reclamar lo que les correspondía. Al respecto, puedo decir que, a mi juicio, esta detención de tareas fue motivada por la negativa a otorgar lo que se reclamaba con razón y que, en definitiva, obtuvieron.

El artículo 39 establece una partida especial de N$ 12:940.000 para retribuir funciones distintas a la de los cargos que se desempeñan. Esto supone que un funcionario que tiene el cargo administrativo de auxiliar, inspector o jefe de sección u otro cualquiera por indicación expresa y exclusiva del director de la Oficina puede pasar a desempeñar la función de encargado de unidad o de sector. Eso significa que por esa circunstancia su sueldo se verá incrementado en una cantidad equis, lo que hará una diferencia importante con el sueldo que le corresponde a su categoría presupuestal. Por supuesto que esto no se puede cortar de una forma abrupta; tampoco se les puede decir a aquellos que están ocupando determinados cargos que vuelvan a desempeñar sus anteriiores funciones, porque no es manera de arreglar ni solucionar la Oficina. Hay que tener en cuenta, en primer término, el respeto a la carrera administrativa que protege el artículo 60 de la Constitución para colocar al frente de sus distintas reparticiones o quienes por su ubicación presupuestal y capacidad -antiguedad calificada en suma- puedan acceder a ellas. Lo lamentable es que durante estos años de la dictadura el índice de capacidad, en muchos casos, no estuvo determinado por las coordenadas que necesariamente deben ser tenidas en cuenta para calificar funcionarios. Nos consta que la simple afirmación de mantener la libertad de criterio u opinión era un demérito excluyente. Basta recordar la aberrante discriminación entre funcionarios de categoría A, B y C apara juzgar la racionalidad que emanaba del gobierno de facto.

Estos N$ 12:940.000 son para pagar esa retribución que nada tiene que ver con el cargo. Observamos que esta disposición está indicando -tal como en ella se expresa- que se utiliza para pagar una diferencia de sueldo a un funcionario que cumple una labor diferente a la que le corresponde por su cargo. Para solucionar esta situación, no hay otro camino que una designación del Directorio; si la misma es acertada o no, será problema de la Dirección. Puedo decir, señor Presidente, que pueden ser muchos los aciertos, pero también puedo asegurar que se han cometido tremendos errores y desde hace mucho tiempo. Aclaro que esto no es una crítica -y deseo destacarlo en este momento- al actual Director General de Impuesto a la Renta, que se encuentra con una organización que debe manejar en la forma que mejor puede hacerlo pero que es difícilmente manejable.

Entonces, esta disposición tiende a mejorar la solución del artículo 39, en el sentido de que las personas que están desempeñándose en esos cargos tendrán esa partida desde el 1° de enero de 1985 hasta la vigencia del Presupuesto General de Gastos. ¿Por qué esa partida? Porque, además, parte de estos N$ 12.940.000 (ya que otra parte está destinadas a los pagos que se efectuarán hasta la vigencia del Presupuesto) fue extraída de otra partida, que se destinaba al pago de la Prima por Eficiencia, que aún existe y corresponde distribuirla entre todos los fucnionario, de acuerdo a las calificaciones y según las funciones que realicen. De manera que, con esto, se reintegra al Fondo de Prima a la Eficiencia lo que se le había quitado o lo que se había utilizado para otros fines. El artículo expresa que este crédito se utilizará para atender las diferencia de retribuciones generadas desde el 1° de enero de 1985 por el desempeño de las funciones de Encargado de Unidad y de Encargado de Sector, en la Dirección General Impositiva que, hasta la vigencia de la presente ley, se imputaron a cargo de otro renglón que es la Prima por Eficiencia.

En el último párrafo de esta disposición se establece, además, un elemento que también es muy provisorio y llega hasta el Presupuesto: que las diferencias de retribuciones que se estaban pagando a partir de ahora, no pueden aumentarse hasta que salga el Presupuesto. Esto quiere decir que el crédito que se otorga tiene la finalidad de que se mantenga la retribución que ha estado cobrando ese funcionario. Esto será así hasta la vigencia del Presupuesto General de Gastos, dfecha a partir de la cual la Dirección General Impositiva deberá organizar toda la Administración, efectuando -como se solicita en el artículo 34- una racionalización y reestructuración del Presupuesto de la Dirección General Impositiva. Con esto queda explicitado, señor Presidente, por qué razón otorgamos este crédito de N$ 12.940.000 para pagar funciones, y no cargos. Ahora hay cargos presupuestales y también hay funciones. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Presupuesto, se retribuyen los cargos presupuestales y las funciones serán retribuidas con estos fondos especiales. Esto, en lo que tiene relación con el artículo 39.

El artículo 41, que está enrabado con la reestructura de la Dirección General Impositiva, determina la derogación del artículo 60 del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979 que establece que se suprimirían los cargos en la medida en que quedasen vacantes y no se produjesen ascensos en ellos. El artículo 60 -que es el que quedará derogado- establece lo siguiente: "Las vacantes existentes en la Dirección General Impositiva a la fecha de aprobación de esta ley y las que se produzcan en el futuro, y que en ambos casos no den lugar a promociones, serán suprimidas. El monto correspondiente a la asignación presupuestal de los cargos suprimidos, pasará a integrar el Renglón 0.21 (Personal Contratado) del Programa 1.06". Según me han informado los funcionarios de la Dirección General Impositiva, esto ha llevado a una situación en la que, evidentemente, ha disminuido en forma bastante notoria el número de funcionarios que integran dicho organismo. Días pasados manifesté al señor Director de la Dirección General Impositiva que con esta disminución -que se observa, además, en los últimos cargos- y de continuar aplicando esta norma, llegaría un momento en que él no tendría un dactilógrafo a quien ordenar, dado que todos iban a quedar por encima de los primeros cargos del Presupuesto. Esta derogación vuelve nuevamente a la normalidad la situación de una oficina en que la incorporación a los cargos se realizará por los niveles inferiores y de acuerdo a las condiciones que se exijan. Desde luego, soy partidario de que también en estas oficinas se exijan determinadas condiciones para el ingreso. Aunque no hay duda que puede haber algún dactilógrafo que sirva para desempeñarse en cualquier oficina, pero en el caso de que ingrese a esa Dirección y ambicione naturalmente seguir escalando posiciones en una repartición como la Dirección General Impositiva -que cada vez requiere mayor tecnificación- tendrá que preocuparse de adquirir otros conocimientos, además de la de saber escribir a máquina. Sin embargo, señor Presidente, por la disposición que he mencionado se suprimían los primeros cargos, cuando quedaban vacantes lo que, a mi juicio, era totalmente perjudicial, tal como lo destacan los funcionarios. Tal vez algún director lo haya hecho pensando en llevar adelante una administración que cada vez costara menos porcentualmente, tomando en cuenta el monto de lo recaudado. Creo que eso es un buen deseo pero a la vez, constituye un tremendo error creer que el buen funcionamiento de una oficina como la Dirección General Impositiva pueda logrars e con esa óptica. No es disminuyendo funcionarios como se logra una mejor organización, porque se los ha disminuido en cifras importantes -inclusive, a los contratados- y se ha destruido -por decirlo así- la oficina desde el punto de vista funcional y de una correcta convivencia de los funcionarios de dicha Dirección.

El artículo 42, señor Presidente -continuando con el criterio que está inserto en todas estas disposiciones que estoy tratando de explicar al Senado- establece que, a partir de la vigencia de la ley, las sumas que abonen los contribuyentes de la Dirección General Impositiva por concepto de honorarios -que fijen los Jueces para toda gestión judicial que realicen los curiales de dicha dirección- se verterán al crédito del renglón de prima por eficiencia, que corresponde a esa unidad ejecutora.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: estamos escuchando con muchas atención al señor senador Senatore, pero advierto que, en el comprensible afán de ir explicando los problemas referentes a la Dirección General Impositiva, simultáneamente está considerando varios artículos distintos, que pueden ser objeto de diversas apreciaciones, algunas coincidentes y otras divergentes.

Creo que el tema del artículo 42, si bien refiere a la Dirección General Impositiva, es un tema específico y con connotaciones legales muy particulares. Solicitaría que se fuese reordenando el tratamiento de los artículos. El señor senador Senatore ya ha brindado una explicación muy completa y amplía sobre la fundamentación del artículo 39 y creo que estamos en condiciones de votarlo, para poder pasar luego a considerar el artículo 40 y continuar el orden establecido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - La observación que formula el señor senador es reglamentaria, dado que estamos entrando en artículos que aún no han sido puesto a consideración.

Por lo tanto, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 41.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Voy a eximir al Senado de volver a oír la explicación de porqué derogamos el artículo 60 del Decreto-Ley 14.985, de 28 de diciembre de 1979 que establecía que cuando no existía el derecho a ascenso y el cargo quedaba vacante se suprimía el cargo y la retribución correspondiente era incorporada al rubro de contrataciones. Este rubro tampoco fue utilizado en la forma en que era previsible porque en definitiva la Dirección General Impositiva actualmente tiene un núcleo bastante inferior de funcionarios aún de contratados, de los que poseía cuando fue aprobada esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 41.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 42.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: la observación que plantea el artículo 42, si bien se refiere a la Dirección General Impositiva, tiene una connotación muy particular que se relaciona con el problema de la profesión de los abogados, y curiales en general y, al mismo tiempo, significa la desaplicación de normas legales que se encuentran vigentes. Es decir que esto, en realidad, se refiere a los honorarios que se fijan a los curiales intervinientes en representación del Estado, en los juicios que sigue la Dirección General Impositiva contra los contribuyentes. Estos juicios pueden ser de dos clases: ejecutivos fiscales o contenciosos administrativos.

Por otro lado, esta norma consta de dos partes. Su primer parágrafo rige para el futuro, pues dice: "A partir de la vigencia de la presente ley...", estableciendo qué es lo que se hará en el porvenir con los honorarios que fijen los jueces a los curiales de la Dirección General Impositiva en ese tipo de juicios. Sin embargo, a partir del segundo parágrafo se regula un problema anterior. Hay un monto de honorarios ya devengados, que han sido abonados por los contribuyentes y se establece, a través de esta norma, cuál será el destino de ellos. Entonces, cabe preguntarse cómo puede ser que sí los honorarios ya habían sido devengados y abonados, se discuta qué es lo que se v a hacer con ellos, sabiéndose que ya existe un régimen legal que regula esa situación.

En el texto original -que nos remitió el Poder Ejecutivo- se aludía a que estos fondos se percibieron de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 378 de la Ley N° 12.804, de 30 de noviembre de 1960 y 117 de la Ley N° 13.640 y sus modificativas, y se decía: "no distribuidos". Por lo tanto, había leyes vigentes que establecían que cuando se devengaban los honorarios en juicios ejecutivos fiscales o contencioso administrativos, éstos correspondían a los curiales, como no podía ser de otra manera; es decir, a los letrados que actuando en representación del Estado, comparecían ante los estrados judiciales defendiendo a la Administración.

Al mismo tiempo, el artículo 91 del Código Tributario, que regula el juicio ejecutivo fiscal en su último parágrafo dice lo siguiente: "El Juez fijará los honorarios pertenecientes a los curiales intervinientes por la Administración". Esto significa que, de acuerdo a las leyes vigentes en la República, los honorarios eran propiedad de los curiales y no se les podía dar otro destino. Pero he aquí que la Dirección General Impositiva -naturalmente, con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas- por sí y ante sí, violando las lees vigentes, ha retenido los honorarios que pertenecían a los curiales.

Según tenemos entendido, en algunos casos los curiales han reclamado o dejado constancia de su protesta, a efectos de que no les corra la caducidad cuatrienal, establecida por Ley Presupuestal del año 1953. Cabe señalar la arbitrariedad en que ha incurrido la Administración violando la ley, por decisión particular, y privando a los curiales de sumas que son de su propiedad y de nadie más que de ellos. Eso es en cuanto a la actuación de la Administración, que no es responsabilidad del Parlamento.

Quiero hacer ver que si sancionamos este artículo con efecto retroactivo le quitaremos a los curiales aquello que se había devengado en su beneficio y de acuerdo a lo que establece la ley, porque aquí se dice: "El monto total de honorarios que haya sido abonado con anterioridady que no haya sido distribuido a la fecha de vigencia de la presente ley" -es decir que, violando la ley, no se la haya entregado a los curiales lo que les correspondían- "se distribuirá en la forma que se indica: a) el 50% (cincuenta por ciento) se verterá al crédito del Renglón 0.6.1, 303 ‘Prima a la Eficiencia’". Esto significa que se les confisca o se les quita un 50% que les pertenecía; con efecto retroactivo se les priva de un derecho que les correspondía.

El asunto es aún más grave porque por el literal b), aunque en principio parezca que el 50% se distribuye entre los curiales, por vía indirecta, a cuenta de ese porcentaje, se les retiene otra suma que también les pertenece y a la que tienen derecho por disposición legal, que es la Prima por Eficiencia. Esta Prima fue creada por el artículo 4° de la Ley N° 15.167, de 6 de agosto de 1981 y los curiales también tienen derecho a ella, siempre que se encuentren dentro de la reglamentación y acrediten los puntajes correspondientes para poder cobrarla. Sin embargo, aquí se dice que no, que si cobran el 50% de los honorarios no tienen derecho a recibir la Prima por Eficiencia, hasta tanto esos honorarios que se les paguen -o sea, ese 50%- lleguen al monto de esta Prima, a la que tienen derecho. Es decir que se compensa el 50% de esos honorarios que ya les correspondía por ley con una Prima por Eficiencia que también les pertenece legalmente.

En consecuencia, por un lado les sacan el 50% de los honorarios que ya se habían devengado y que les pertenecían y, por otro para compensar el 50% que les entregan, les quitan lo que tenían derecho a cobrar por concepto de Prima por Eficiencia. Es claro que se ha venido cometiendo una ilegalidad durante años, violando la ley y reteniendo sumas que eran de los curiales. Pero ahora se pretende que, por esta disposición y con efecto retroactivo, el Parlamento convalide esa ilegalidad y le quite, por un lado el 50% de los honorarios, que ya era de los curiales, y, por otro un porcentaje similar al que, por los mismos importes, tenían derecho a percibir en concepto de Prima por Eficiencia.

Señalo, señor Presidente, que en mí concepto esto es absolutamente improcedente. A la ilegalidad anterior que significó retener lo que ya se había devengado, ahora se suma la pretensión de quitarles esas mismas sumas en forma retroactiva y por ley. Voy a hacer gracia al Senado de reiterar los argumentos que expresé en el día de ayer sobre la improcedencia de estas disposiciones retroactivas, desde el punto de vista legal y constitucional.

No se me oculta -porque asistí a la Comisión- los fundamentos que dieron el Director General de Rentas y los asesores de la Dirección General Impositiva -y los voy a exponer al Cuerpo- sobre la distorsión que, en su concepto, desde el punto de vista de dichos jerarcas, significa para el funcionamiento de ésta, el derecho que tienen los curiales a percibir estos honorarios.

De acuerdo a la argumentación realizada por el señor Director General de Rentas, cuando para cobrar un crédito fiscal la Administración debe llegar a un juicio ejecutivo fiscal o litigar ante el Contencioso Administrativo contra un contribuyente que solicita la declaración de nulidad del acto administrativo de determinación del tributo, ello resulta en la culminación de un largo proceso en el que intervienen diversidad de funcionarios de la oficina. En primer lugar, se encuentran los Inspectores, que en una tarea ingrata, concurren a las oficinas, negocios o locales de los contribuyentes y efectúan todas las labores materiales y operaciones jurídicas para determinar el volumen de ventas y posteriormente fijar el tributo. Seguidamente se hace toda una instrucción administrativa en la que existen informes de contadores o asesores letrados -que no actúan como curiales ante la Justicia- y resoluciones de los jerarcas. Finalmente, después de todo eso y de que el expediente se instruyó tras un largo trabajo, comienzan a actuar los curiales que de pronto hacen un escrito o una demanda que es casi un formulario, y algunas veces van a notificarse o se les notifica en la oficina y un buen día recae una sentencia devengándose un honorario y creándose por ende, un privilegio.

En consecuencia, los demás funcionarios ven que todo su trabajo, que es tanto o más importante que el de los curiales, se les retribuye con el sueldo que les corresponde, mientras los curiales, además de su sueldo, tienen los honorarios, que a veces pueden ser crecidos, porque los créditos fiscales pueden ser muy importantes. Todo esto trae un mal clima dentro de la oficina, una distorsión del trabajo administrativo y una situación de injusticia.

Dejando de lado lo pasado -que es una ilegalidad, una disposición retroactiva y una confiscación, en mi concepto, de sumas que ya fueron percibidas por los curiales con arreglo a la ley y que hay que entregarles- debemos prestar atención al primer parágrafo que establece la disposición para el futuro.

Aceptando que ese enfoque de resolver de la Dirección General Impositiva sea cierta, desearía saber, en primer lugar si esta situación se da solamente en esta oficina. ¿No hay curiales en otras oficinas del Estado que litigan y que perciben créditos de la administración, por los cuales les corresponden esos honorarios? Por ejemplo, los curiales en la Dirección General de la Seguridad Social que litiga contra los contribuyentes y las empresas que no pagan sus aportes, que en definitiva son tributos, cuando recae la sentencia condenatoria no cobran sus honorarios? ¿En esas oficinas no hay distorsión? ¿Por qué se da esto solamente en la Dirección General Impositiva? Quizá sea porque esas oficinas y el Ministerio de Economía y Finanzas son los que proyectan estas leyes -como decía el señor senador Rodríguez Camusso atribuyéndome una expresión hípica- y salen por debajo de las cintas o con las gateras cerradas.

Debemos ser coherentes y creo que no se puede establecer esto en la Dirección General Impositiva, en contra de los curiales de ese organismo y dejar la misma norma para los curiales de todo el resto de la Administración.

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Con mucho gusto le concedo una interrupción, en primer lugar, al señor senador Fá Robaina y luego al señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Señor Presidente: solicité la interrupción al señor senador Aguirre porque entendí que iba a entrar a otro aspecto del artículo.

Realizaré una intervención muy breve, haciendo abstracción, de la mejor manera posible, de la condición de universitario que poseo, con el fin de hacer una reflexión que siempre nos hemos hecho todos los abogados. Alguno o todos los colegas presentes en Sala podrán decir si me asiste razón en lo que voy a afirmar.

Desde 1830 a la fecha, el Parlamento uruguayo ha legislado siempre con un pudor que no comprendo en qué se finca, para defender todas las profesiones universitarias, pero para execrar también, la profesión de abogado. Esto es así en un Parlamento en el cual quizás el 80% o más de sus integrantes son abogados; pero, repito, siempre ha legislado puntillosamente con un pudor que no tiene explicación. En el Parlamento nunca se ha defendido la profesión de abogado, como si el ejercicio de la misma fuera ilícito.

Estoy expresando públicamente en el Senado de la República lo que siempre pensé desde que obtuve mi título profesional, hace ya más de 25 años.

Creo que los colegas de todo el país, piensan lo mismo acerca del problema que deshilvanadamente estoy expresando. Esto era lo que quería, agregar a las consideraciones que efectuaba el señor senador Aguirre.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: coadyuvante con lo que expresa el señor senador Fá Robaina, quería agregar en mí doble condición de ex abogado -no estoy más en la matrícula ni en la Caja de Profesionales- y de ex funcionario de la Oficina Jurídica de la Oficina de Rentas que este artículo nos merece críticas similares y aun mayores a las que formula el señor senador Aguirre.

Durante mucho tiempo estuvimos bregando desde la oficina que integrábamos para que se respetaran los derechos a percibir los honorarios por parte de quienes llevan adelante los juicios. Aquí se ha hablado de la cadena de actos administrativos que llevan al título ejecutivo fiscal. Claro está que toda la tarea profesional tiene, en el mundo de lo real, episodios previos. Para ello existe la prima por eficiencia y lo que corresponde es que los expedientes de Jurídica se tramiten rápidamente.

Puedo afirmar que no es así, porque no existe en estos momentos un incentivo natural del profesional que está ejerciendo su labor. No se trata de cualquier funcionario, porque la mayoría de ellos son abogados, han dado sus exámenes, han realizado esfuerzos y tienen esa cualidad que muchas veces los clientes no aprecian. Estos preguntan si va a cobrar por el hecho de firmar un escrito. No tienen en cuenta que el profesional rindió con aprobación las veinticuatro materias, pasó los correspondientes sustos y tiene una presunción de conocimiento avalada por el cartoncito que cuelga de una pared.

Por tales motivos, creo que en esta instancia -si no es ahora, espero que sea en la presupuestal- tenemos que legislar muy claramente. Debemos excluirlos de la prima por eficiencia, porque la eficiencia del profesional es su honorario. Pero este debe ser íntegro para quien participa en el juicio ejecutivo.

En todas las oficinas o donde existen honorarios se realiza un reparto volitivo con los funcionarios administrativos. Existe hasta una escala entre los profesionales para que quien pasa los escritos -que muchas veces no es el profesional- también pueda participar. Se trata de un hecho volitivo del profesional que procede de la misma manera en su estudio particular, donde a su secretaría y a quien le transcribe los escritos de da una participación cuando ha triunfado en un asunto.

Para no distorsionar las distintas funciones en la Administración los curiales deben recibir el honorario íntegro para que de esta forma en la Administración, en el remate, en el último acto -donde por supuesto se cumplen las últimas instancias de lo que inicia el Inspector- exista el mismo incentivo de ganarse no solamente el sueldo sino el plus que implica el honorario.

Por supuesto, compartimos todo lo referente a la retroactividad. Creemos que esta es la oportunidad de establecer muy claramente que los honorarios deben ser íntegros para los curiales, con exclusión de cualquier otro tipo de retribución.

En ese sentido, señor Presidente, formularía moción para que el artículo se redactara y considerara de esa forma -si el Senado lo estima conveniente, ya que existen tres señores senadores que están de acuerdo con ello- es decir, que los curiales deben percibir los honorarios en un 100%, excluyéndolos de cualquier otro tipo de compensación y la prima por eficiencia debe ser otorgada al resto del funcionariado que cumple otro tipo de tareas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - ¿El señor senador García Costa había pedido una interrupción o deseaba hacer uso de la palabra.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: había pedido el uso de la palabra, pero voy a esperar que el señor senador Aguirre finalice su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Voy a finalizar mi exposición, señor Presidente.

Agradezco las interrupciones coadyuvantes de los señores senadores Fá Robaina y Lacalle Herrera, pero sobre las últimas palabras de este último deseo señalar que en verdad si el artículo no se aprobara, la situación quedaría en esos términos. Las leyes que he citado y el artículo 91 del Código Tributario dicen que los honorarios pertenecen en un 100% a los curiales intervinientes. El agregado que formula el señor senador Lacalle Herrera determina la exclusión de ellos de la prima por eficiencia, lo cual no me parece carente de fundamento.

Concluyo, señor Presidente, volviendo al primer parágrafo de la norma proyectada, que es la que tendrá vigencia para el futuro. Esta establecería el régimen que de aquí en adelante se aplicaría en el sentido de que los honorarios se verterían al crédito del renglón de la prima por eficiencia. Por consiguiente, beneficiaría a todos los funcionarios de la oficina recaudadora, que tuvieren derecho a percibir la prima por eficiencia y no sólo a los curiales. Además, habría curiales que si no llenan los requisitos de un prima por eficiencia, quedarían totalmente excluidos.

Esto establecería un discrimen totalmente injustificado con los curiales de otras dependencias del Estado o de otras ramas de la Administración que cobran los honorarios como corresponde.

Además, deseo expresar que si el honorario que existe por las disposiciones generales no se va a percibir por el curial interviniente, igual debe ser pagado por el deudor ejecutado, de acuerdo a los artículos 900 y 913 del Código de Procedimiento Civil, en función de los cuales en el juicio ejecutivo es preceptiva la condena en costas y costos.

El ejecutado por la Administración, el contribuyente que no pagó y al que hubo que seguirle un juicio ejecutivo fiscal, deben pagar por supuesto toda la deuda tributaria más, de acuerdo al artículo 94 del Código Tributario, una sanción por mora del 20% del tributo más los recargos que fija el Poder Ejecutivo, que se computan día por día y que pueden llegar al 50% del interés máximo que fija el Banco Central.

De modo que la deuda o crédito fiscal que termina cobrando la Administración alcanza cifras siderales. Es decir que el contribuyente que es objeto de una ejecución en juicio ejecutivo fiscal debe pagar una suma considerable, mucho mayor que el crédito original.

Por otra parte, se le van a cobrar honorarios que no se devengan porque, ¿cuál es el fundamento de los honorarios? La actuación de un letrado que, como dice el señor senador Lacalle Herrera, está inscripto en la matrícula y es el único que puede actuar y firmar los escritos. Entonces para pagar esa labor profesional, se fijan honorarios. Sin embargo, puede resultar que de acuerdo con esa teoría esos honorarios no se justifiquen porque ese funcionario forma parte de todo un complejo administrativo, es decir que su actuación implica el último paso de una labor común. Entonces, a lo que no hay derecho es a cobrar honorarios al contribuyente. No entiendo cómo, además de tener que pagar el tributo, la mora y las sanciones, va a tener que abonar honorarios que no son para un letrado, sino que se van a distribuir entre todos los funcionarios de la oficina.

Como ya lo manifesté en Comisión, si la solución es ésta, lo que hay que hacer es decir que en los juicios ejecutivos fiscales no se devengan honorarios porque los curiales ya están bien pagados por la Administración y tienen derecho, además, a la prima por eficiencia.

Termino diciendo que en mi opinión habría que desglosar el artículo de la siguiente forma. En primer lugar, deberíamos votar el parágrafo primero que establece una regla para el futuro que no comparto y que, por lo tanto, no acompañaré con mi voto afirmativo, aunque admito que en alguna medida puede ser comprensible o puede ser justificada. En segundo término, desglosaríamos todo lo que figura a continuación, que establece en forma ilegal y retroactiva la quita o confiscación de los honorarios ya devengados a favor de los curiales, de acuerdo con la legislación vigente. Por último, votaríamos el tercer parágrafo que se refiere a la reglamentación, por parte del Poder Ejecutivo de la distribución de la prima por eficiencia: Esta disposición tendría sentido siempre y cuando se apruebe el inciso primero del artículo. De lo contrario, carecería de sentido.

Es cuanto quería manifestar.

9) EX INTEGRANTE DEL CUERPO DR. LUIS HIERRO GAMBARDELLA. Homenaje de la bancada del Partido Colorado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: en nombre de mi sector, solicito que el Senado realice un cuarto intermedio de treinta minutos a los efectos de concurrir al homenaje que, como sabrán todos los señores senadores la bancada de nuestro sector en la Cámara de Representantes va a rendir al ex-integrante de este Cuerpo, señor Luis Hierro Gambardella. Pensamos que esa ceremonia no insumirá más de treinta minutos.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Simplemente deseo señalar que, por lo que tengo entendido, el homenaje lo rinde la Cámara de Representantes.

SEÑOR SINGER. - No, señor senador. Ese homenaje lo rendirá la bancada de nuestro sector en la mencionada Cámara.

SEÑOR AGUIRRE. - Se trata de un acto público.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Singer en nombre de la bancada del Partido Colorado en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio por el término de treinta minutos.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace a la hora 18 y 33 minutos)

10) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1984.

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 15 minutos)

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: continuamos con la consideración del artículo 42 que trata un tema un tanto fragoroso, en la medida que involucra aspectos que van más allá del meramente relativo a la Rendición de Cuentas.

He escuchado con mucha atención, señor Presidente, las palabras de los señores senadores Aguirre, Lacalle Herrera, Fá Robaina, así como algunas otras expresiones y todos -hasta donde yo pude colegir- estuvieron de acuerdo en señalar que esta es la defensa del abogado. Es decir como si los que no compartimos estos esquemas estuviéramos en contra de ellos, lo que sería harto grave, diríamos, porque también somos abogados.

Creo, señor Presidente, que lo que se quiere establecer aquí es al revés. Se trata, precisamente, de la defensa del abogado. Pienso, que cuando un abogado -y ahora vamos a hablar como tal- se presta a defender a los colegas, lo debe hacer defendiendo a todos los colegas. Lo que no puedo entender, es por qué aquí se reclama para un determinado núcleo de curiales, de abogados, de empleados estatales, un tratamiento muy generoso y distinto a los demás.

Para ejemplificar basta con mencionar -que en un país como el nuestro que se encuentra en crisis, todos saben que existen concordatos, quiebras y liquidaciones judiciales por cifras astronómicas que al conocerlas nos hacen desmayar, en los que comparece la Dirección General Impositiva que siempre es la última en cobrar hasta el momento en que llega la quiebra, y ahí sí tiene privilegio y comparece, con cifras descomunales de las cuales si les aplicamos el concepto de que los honorarios van a los curiales saldrían a su vez cifras tales que habría que poner -yo lo dije una vez en la comisión y lo repito acá un poco en tono de broma, pero con mucho de seriedad- por lo menos al límite de que no pueden cobrar más que el Presidente de la República, con ello se crearía un problema muy grave, y sería el de saber quién es el abogado del Estado que va a estar en esta posición y quién en la otra. ¿Por qué digo que defiendo a todos los abogados? No me explico, señor Presidente ante las aseveraciones tendientes al cobro de estos honorarios, por qué al abogado del Instituto Nacional de Alimentación, de la Dirección de Hidrografía o de ANCAP, de AFE, de PLUNA, o del Ministerio de Salud Pública se le paga un determinado sueldo, pero a éstos le tenemos que pagar cuantiosos honorarios. Creo, señor Presidente, que no debemos hacer diferencia entre los abogados; tampoco debemos hacerlo con ninguna profesión y no existe ninguna profesión liberal que cobre en función de aranceles en la actividad que desempeña en el Estado. Así, por ejemplo, los arquitectos cuando hacen planos para un particular le cobran por el valor de la obra. Naturalmente, cuando la obra es muy grande, los honorarios serán más altos. Cuando son funcionarios públicos a nadie se le ha ocurrido sostener que le están regalando el trabajo al Estado; lo hacen por un sueldo, y realizan espléndidas tareas arquitectónicas.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Estoy escuchando con mucha atención la exposición que realiza el señor senador García Costa y como he intervenido en el tema y he sido aludido, me gustaría hacer mis propios comentarios sobre el mismo.

En primer lugar, quiero aclarar que he dado el cese como abogado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios el 15 de febrero del corriente año, con gran alivio de mi parte y, supongo, de la Justicia en general. No quiero decir que no pueda recuperar esa calidad, pero de todos modos me siento con perspectiva para hablar del tema.

Las objeciones que realiza el señor senador García Costa se refieren a que ningún profesional, en toda la estructura estatal, cobra honorarios. Tampoco lo hacen los abogados, en el caso que nosotros proponemos, porque los honorarios no los pagaría el Estado. En el juicio ejecutivo lo paga la contraparte, como una condena agregada al cobro ejecutivo de cantidad líquida, mediante un título ejecutivo.

En primer lugar, que no vaya a quedar en el ánimo de nadie el pensamiento de que esos honorarios van a surgir de las rentas del Estado. Son pagados por la contraparte ejecutada, de acuerdo a las leyes de título ejecutivo vigente. Por supuesto, que no voy a decir que el señor senador no lo sabe, pero creo que tiene que ser aclarado porque en el caso de los arquitectos no hay contraparte y es por eso que no reciben un honorario.

Señor Presidente: nosotros abogamos para que los curiales mantengan su sueldo, pero con el incentivo -que al Estado no le cuesta nada- de cobrar los honorarios en las ejecuciones del Estado, que, de otra manera habría que exonerar. Porque sí no, como bien decía el señor senador Aguirre, habría un cobro indebido que el Estado se embolsaría en la liquidación de honorarios yendo a un lugar que no es el que la ley establece. Cuando se calcula el capital, intereses, reajustes, multas y honorarios, sobre el total -de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados o de Procuradores- existe una cantidad que está destinada al curial. De lo contrario, las ejecuciones que realiza el Estado, deberían exonerarse del cobro de honorarios. Esta es, para ser justos la otra opción legal.

Finalmente, quiero expresar que me hace fuerza el argumento el señor senador García Costa y considero que este artículo tendría que ser redactado estableciendo que todos los curiales del Estado, cobren honorarios cada vez que ejecuten.

Entonces, me afilio a ese aspecto de las palabras expresadas por el señor senador diciendo que efectivamente nos estamos quedando cortos. Pienso, por lo tanto, que se debe establecer que toda vez que haya una ejecución en cualquier oficina estatal, los curiales participen y cobran lo que legalmente se ganan. De lo contrario hay que excluir de ese tipo de juicio ejecutivo el cobro de honorarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Iba a llegar, precisamente, a ese argumento, que barajó el señor senador Aguirre y que toma el señor senador Lacalle Herrera.

Se cobra el recargo, la mora y, además, los honorarios y éstos no son percibidos por el abogado. Francamente no entiendo la forma de considerar el tema. Estos señores senadores nos dicen que es válido que a un ejecutado por el Estado se le cobre honorarios y que los gastos los reciba el abogado. Eso es bueno; pero si lo va a recibir la comunidad, el Estado eso es malo y hay que sacarlo.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Es ilegal.

SEÑOR GARCIA COSTA. - No es ilegal; precisamente es al revés. Y me voy a referir a un tema que fue muy discutido en la Comisión.

El abogado, señor Presidente, cuando ingresa a la Administración pública -igual que cualquier empleado público, como todos los que estamos acá, desde los electos, hasta los funcionarios de otro tipo- tiene un estatuto determinado que establece un sueldo, ciertos beneficios, derechos y obligaciones. Entre ellos pueden estar -sin que eso viole en lo más mínimo el concepto de funcionario público- aquellos honorarios que me fijan en el juicio que sigo, que no dice García Costa contra Juan Pérez", sino que dice "Dirección General Impositiva contra Juan Pérez" porque, de esa manera habría que trabajar mucho más y los abogados que están acá saben que el asunto no es tan fácil cuando en el Juzgado lo que se tramita es una acción de un civil contra otro civil.

Todo esto -y quizás el señor Presidente no lo conozca porque no es abogado- se tramita de una manera muy sencilla. Si una persona es deudora de impuestos, la Oficina le hace una liquidación indiscutible, la embarga y tiene preferencia para cobrarle.

Ese es el sistema por el que cobra la Dirección General Impositiva, y no está mal, es lo que debe hacerse. Pero todo el Senado reconocerá que existe diferencia -aunque sea pequeña- entre el noble esfuerzo que realiza un curial para lograr un determinado éxito en beneficio del Estado en juicios complejos y la presentación de un escrito que está hecho a mimeógrafo y lo rellenan los funcionarios no abogados de las respectivas oficinas, porque lo único que falta para completar el formulario, es el nombre, la dirección y dos o tres datos más. Se pretende que hagamos una diferencia con una actividad de ese tipo, pero no se pretende aplicar el mismo criterio a un abogado que quizás hace estupendos aportes al Estado como, por ejemplo, el que aconseja al Ministro de Economía y Finanzas -que es el que maneja los mayores intereses del país- haciendo un informe que realmente ayuda al país; sin embargo, ese abogado sólo cobra su sueldo.

Pienso que debemos igualar a los abogados, para lo cual debemos pagarles bien a todos, no a unos pocos.

En cuanto a que cobren sus honorarios, debo decir que cuando entraron a desempeñar sus funciones sabían que tal como lo establece el estatuto que los rige esos honorarios se vertirían a la oficina o a algún destino digno dentro del Estado o a algo que se considerara de interés público. Eso ¿es violatorio de alguna norma? Se argumenta que un artículo del Código Tributario establece que lo que a un abogado pertenece por honorarios es suyo, pero ello no es contradictorio con el concepto de que cuando entra a la Administración, debe aceptar un esquema estatutario que establece que los honorarios que cobre debe verterlos al Estado. Eso no es contradictorio ni incongeniable con lo otro. Lo que estamos tratando de definir acá es el destino, y no la posibilidad del cobro. Personalmente, este aspecto me resulta claro, y no estoy dispuesto a crear una anómala situación con insólitas diferencias entre funcionarios públicos.

En algún momento, uno de los jerarcas que nos visitaba en el seno de la Comisión y que también es abogado decía –aunque esbozó una sonrisa, pienso que realmente lo pensaba- que si reafirmaban esto el grado que pretendían algunos integrantes de la Comisión, él dejaría el altísimo cargo que ocupa y validaría su título de abogado dentro de la oficina que se regenteaba. Resulta lógico; "primum vivere, deinde philosophare". Si un abogado va a ganar cinco o seis veces más que el funcionario mejor pago de la oficina, lo primero que haría un jerarca es tratar de llegar a ocupar ese cargo.

Creo, señor Presidente, que debemos tratar de hacer justicia con todos y no con un pequeño grupo y modificar esta disposición como se insinúa no hace justicia para todos.

El hecho de que los curiales de la Dirección General Impositiva devenguen honorarios es una circunstancia meramente accidental. Su trabajo no es particularmente complejo, o específico, ni exige una especialización previa o el tener que acceder por medio de un severo concurso. Simplemente tuvieron la suerte de que al ser designados por el Estado se los destinó a ese organismo y no a otro donde no hay formalidades de cobro de honorarios. Me resisto a creer que eso sea suficiente como para que el Parlamento legisle estableciendo que a quien se encuentra en esa circunstancia accidental se le permite acceder a lo que no puede ningún otro profesional del Estado, algo que sería sólo para un grupo de abogados.

Si se estima que los abogados de la Dirección General Impositiva o cualquier otra repartición del Estado ganan poco, dirijamos, entonces, una comunicación solicitando al Poder Ejecutivo el aumento de los sueldos de todos los abogados. Es cierto que en muchas de las oficinas de las Administración estos profesionales son mal remunerados pero si queremos proteger a los abogados, procuremos mejorar el sueldo a todos. E incluso tratemos de hacerlo, también, para aquellos que trabajan en empresas privadas. Busquemos una fórmula más eficaz para defender los honorarios de los abogados, pues su monto y su cobro representa un drama muy complicado para quien ejerce la profesión en forma privada. Toda esa temática debemos encarar, pero no tenemos por qué ambientar que un pequeño grupo cobre cantidades insólitas, simplemente por el hecho de haberle tocado firmar a algunos un documento mimeografiado que rellenaron en su oficina, que es lo que ocurre en el 95% de los casos, ya que ese es el esquema que se practica.

Todo esto ofrece otras peculiaridades que a veces resultan insólitas y para quienes no conocen este tema no pueden aquilatarlas. Existen juicios fáciles y difíciles; los fáciles son aquellos que están impresos a mimeógrafo y simplemente se rellenan como por ejemplo, una liquidación de deuda de la Dirección General Impositiva por la que se pide el embargo. En estos casos, el Juzgado -también prácticamente mediante una fórmula sacramental- provee cómo se pide, decreta los embargos, etcétera. Los difíciles son los juicios que un contribuyente entabla contra la Administración, o cuando procesalmente se crea una situación compleja, o cuando deben tramitarse en determinados Juzgados. En estos casos, cuando los juicios son complicados y hay que realizar una compleja tarea si la otra parte no litigó con malicia temeraria, el abogado no cobra honorarios. Es decir que los juicios difíciles no se cobran y los fáciles sí. Creo que esto es también un aspecto a tener en cuenta, para dilucidar lo planteado.

En otro aspecto se nos dice que con lo que establece la segunda parte del artículo que estamos considerando, dejamos de lado una disposición muy clara de las leyes, aplicando otras con efecto retroactivo. Considero que no es así.

El artículo 378 de la Ley Nº 12.804 es el que establece que los curiales cobran honorarios. Sin embargo, a posteriori tenemos luego el artículo 117 de la Ley Nº 13.640 que dispuso que en toda gestión judicial el importe de los costos pertenecerá a los curiales intervinientes por la Administración, hasta el monto y en las condiciones que determine la reglamentación. O sea que esta ley del año 1967 expresa claramente que los curiales no tienen el derecho que se les quiere adjudicar de que la totalidad de lo que ganan les pertenece.

Ello justifica la circunstancia de que si tuvieran depositado ese volumen de honorarios disponible pronto para cobrar, descuento que hubieran realizado un mayor esfuerzo que el de limitarse -según se nos informó en Comisión- a evitar la caducidad de los créditos. Cada tantos años reclaman para evitar, repito, la caducidad de los créditos. Y lo hacen porque existe una norma que dice que esos honorarios sólo les pertenecerán hasta el monto y en las condiciones que determine la reglamentación. Es decir que ya en el año 1967 el legislador estableció que se le iba a cobrar honorarios al deudor, pero que luego se vería en qué condiciones los mismos llegaban a los curiales. Como no se establecieron, los honorarios están acumulados. Resulta obvio que si se podía hacer por medio de la reglamentación de la Dirección General Impositiva, también lo podemos hacer a través de la ley, de acuerdo al sistema que se fija en este proyecto.

Se trata de dos aspectos distintos. El primero, es si creamos para el futuro un sistema por el cual un grupo de funcionarios públicos, más o menos restringido y digno -no son ellos los que inventaron el sistema; seríamos nosotros los que se lo otorgamos- pueda devengar o no -efectivamente devengará- remuneraciones insólitas, en lo que es la Administración Pública por concepto de actividades personales.

En cuanto al segundo aspecto, ya que legislamos para hechos acontecidos, no es exacto que estemos arrebatando lo que pertenecía a los curiales, porque no era de ellos. La ley de 1967 dejó librado a la Administración el determinar montos y reglamentar condiciones. Lo que hacemos hoy por hoy es determinar montos y establecemos la reglamentación.

En realidad, ningún curial nadie tenía una expectativa firme, definitiva, ejecutoriada -si se quiere utilizar términos que pueden ser definitorios para los abogados- para cobrar honorarios. Por ello y como no la tenían ahora determinamos montos y reglamentación.

En realidad, ningún curial nadie tenía una expectativa firme, definitiva, ejecutoriada -si se quiere utilizar términos que pueden ser definitorios para los abogados- para cobrar honorarios. Por ello y como no la tenían, ahora determinamos montos y reglamentación.

Considero que la primera parte se soluciona en criterios de justicia y por ello soy partidario de tratar a todos los abogados de la Administración Pública por igual. Si alguien prefiere que a algunos se les trate mejor porque da la casualidad de que se desempeñan en una oficina determinada y si el Cuerpo así lo hace, sus razones tendrá para ello. Pero yo trato a todos mis colegas por igual y aspiro a que este Cuerpo así lo haga.

En cuanto al segundo aspecto, de la lectura que acabo de hacer de este artículo -que puede haber sido mal interpretado por mí, pero que me parece es meridianamente claro- se desprende que el pretendido derecho a honorarios ya existente, no se tiene; está pendiente ¿De qué? De que la Administración establezca el monto y lo reglamente, que es lo que venimos haciendo a través de la segunda parte de este artículo 42 que tenemos a estudio.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. -No quiero cansar a los señores senadores y al Cuerpo con una larga discusión sobre este tema, pero -como se dice vulgarmente- he sido yo el que hizo la punta en el asunto, no deseo que quede la impresión de que he dado argumentos a la ligera y no meditados.

He escuchado decir reiteradamente al señor senador García Costa que si se aplicara el criterio que he defendido, se devengaría un monto de honorarios insólito para estos curiales de la Dirección General Impositiva y que ello determinaría un privilegio irritante -él no empleó este adjetivo- desmedido, que crearía una situación de desigualdad frente a los demás abogados. Apelo a la memoria de los integrantes de la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto para precisar que el día en que se discutió este tema con los representantes de la Dirección General Impositiva yo pregunté a cuánto ascendía la suma en discusión, porque allí también se señaló que era desproporcionada. Ellos nos informaron que la cifra por los honorarios devengados en los años 1983, 1984 y lo que va de 1985 -o sea, dos años y medio- oscilaba en N$ 3:000.000, la que había que dividir entre los 33 curiales. Quiere decir que la cifra anual apenas superaba N$ 1:000.000, que dividida entre los 33 curiales daba N$ 30.000 para cada uno. O sea que el surplus mensual sobre el sueldo que parece que va a transformar en potentados a estos curiales no excede los N$ 3.000.

Todo esto de acuerdo con las cifras que nos proporcionaron los jerarcas de la Dirección General Impositiva. Reconozco que me sorprendí; pensaba que eran cifras algo mayores pero son relativamente modestas y no configuran ningún privilegio.

Tal como expresó el señor senador García Costa, creo que hay que defender a todos los abogados; aquí no se trata de defender a unos y de olvidarnos de los otros, como si se tratara de otras profesiones. Pienso que, con espíritu de justicia, debemos defender a todos los que se hallan en la misma situación. Al igual que el señor senador Lacalle Herrera, no tengo en ese momento ningún problema con el ejercicio profesional porque desde el primero de setiembre del año pasado lo abandoné, por razones obvias, habiéndome dado de baja también ante la Caja de Profesionales Universitarios. De manera que trato de encarar el problema con la mayor objetividad posible. Creo que aquí no se crea ningún privilegio para los curiales de la Dirección General Impositiva, tal como se ha dicho; en todo caso, lo habrá para todos los curiales de toda la Administración, porque la legislación que estaba vigente no establecía que cobraban los de la Dirección General Impositiva y no los del Banco de la República. del Banco Central, de la Dirección General de la Seguridad Social o de cualquier otro organismo público que puede llevar adelante un juicio ejecutivo. La misma norma a la cual se ha dado lectura y que yo iba a leer precisamente para hacer este argumento, la del artículo 117 de la Ley Nº 13.640, no dice que esto se aplica a los curiales de la Dirección General Impositiva, sino que en toda gestión judicial el importe de los costos pertenecerá a los curiales intervinientes por la Administración. La Administración es toda. El abogado de cualquier Intendencia que siga un juicio ejecutivo porque no se le paga a ésta la Contribución Inmobiliaria, también tiene derecho a cobrar los honorarios; y los cobra, porque la ley así lo establece. De manera que aquí no se está dando ningún privilegio a los curiales de la Dirección General Impositiva. Por el contrario, lo que aquí se quiere establecer, fijando una situación de desventaja, de perjuicio para esos curiales, es que en esa oficina, si hay una condena en costos, ese honorario se distribuye entre funcionarios que no poseen el título de abogado expedido por la Universidad de la República y que por lo tanto no tienen derecho a percibir ni un centésimo. Eso es lo que no puede ser. ¡Cómo se va a decir que esto constituye un privilegio para los abogados de la Dirección General Impositiva! No; lo que se quiere es colocar a los abogados de esa Dirección en situación de desventaja frente a los de los demás organismos públicos. Creo que eso no puede ser porque no tiene justificación. En todo caso, se tiene que derogar el cobro de honorarios cuando hay condena en costos para todos los abogados de la Administración y no sólo para los de la Impositiva.

Se dice -aunque las cifras que he dado llevar a pensar que no es así- que lo montos que se devengarían por conceptos de honorarios serían enormes. Y yo digo: con la significación de las carteras que tiene el Banco Central y el volumen de los créditos que el Banco de la República tiene a cobrar, si se sigue un juicio ejecutivo. ¿a cuánto ascenderán los honorarios que devengarían los curiales del Banco Central? Van a ser enormes. ¿O no van a ser tan enormes? Entonces, ¿qué va a suceder? Que los del Banco Central pueden cobrar y los de la Dirección General Impositiva, no. Pienso que no puede ser así; los curiales de toda la Administración, de acuerdo con las normas vigentes, tienen que cobrar. Si todos cobran, ¿por qué no lo van a hacer los de la Impositiva? Francamente, no alcanzo a comprender la fuerza del argumento.

También se dice que los demás profesionales del Estado no perciben honorarios por su trabajo. Yo creo, como dijo el señor senador Lacalle Herrera, que no los cobran al Estado, como tampoco lo hacen los abogados de la Impositiva o de cualquier otro organismo de la Administración. Si un arquitecto proyecta una obra y realiza los planos para levantar un edificio del Estado, no le cobra nada por concepto de honorarios. De la misma manera, un abogado que hace un informe para una Ente Autónomo, no percibe nada por concepto de honorarios. A la Administración no se le cobra por litigar. Como bien se ha dicho, se le cobra cuando hay condena en costos y los curiales de la Dirección General Impositiva no tienen la culpa de que aquélla sea preceptiva en el juicio ejecutivo desde que en nuestro país se sancionó el Código de Procedimiento Civil. Si el juicio ejecutivo se gana, hay condena en costos y se devenga una suma por honorarios, la que no puede percibir nada más que aquél que está habilitado para litigar porque tiene el título expedido por la Universidad de la República, o sea, un abogado. No hay nadie más que pueda percibir esos honorarios.

Se nos dice que nuestra argumentación conduce a sostener que es malo que se cobren honorarios si en lugar de estar destinados a los abogados, lo están para la comunidad y que está bien si lo perciben éstos. Pero no es así, porque de acuerdo con esta norma, estos honorarios se distribuyen entre todos los funcionarios de la Dirección General Impositiva y no se destinan a la comunidad. Eso es lo que no puede ser, porque los demás funcionarios, los que no son curiales, no pueden litigar, porque no tienen nada que ver con esa tarea.

Eso sólo lo puede hacer un abogado. En caso de no haber uno que desempeñara esa función en la Dirección General Impositiva, el Estado tendría que contratar los servicios de un abogado que no revistaría en sus planillas presupuestales y pagarle los honorarios, tal como se hace en el ejercicio liberal de la profesión. Precisamente, para no tener que hacer eso, es que la Administración tiene sus propios abogados, a quienes no les paga honorarios. Ahora bien; si la contraparte ejecutada en un juicio se ve obligada a pagar, se devenga un honorario que sólo puede percibir el letrado que compareció ante los estrados. Además, no es cierto que quien entró a cualquier organismo público aceptó una situación estatutaria por la que no iba a percibir honorarios; lo hizo en el entendido de que iba a percibir un sueldo, una remuneración mensual por su trabajo. Pero debemos señalar, que también, tiene conocimiento de que cuando litiga, si se devenga una condena en costos, ésta la va a tener que cobrar él y no la Administración. No es cierto que ahora se pretenda algo que no existía con anterioridad. Por lo contrario, esto siempre existió, ya que la condena en costos nunca puede estar a favor del Estado, sino que siempre será al abogado al que se le pague.

Por lo demás, señor Presidente, cuando se manifiesta que el artículo 117, de la Ley Nº 13.640, no determina el derecho a percibir honorarios, digo que no es así.

Este artículo dice que en toda acción judicial el importe de los costos "pertenecerá a los curiales intervinientes por la Administración". Este es el principio general que está vigente. También se dice: "... hasta el monto y en las condiciones que determine la reglamentación". Es conveniente aclarar que aún no se dictó la reglamentación. Si el Poder Ejecutivo omitió reglamentar esta ley, no se puede argumentar que desapareció el derecho y quedarse con los honorarios -mientras la ley permanece aún vigente- que pertenecen a los curiales. Esto es una violación de la ley y es un hecho que se ha venido repitiendo durante muchas años. Reitero que esto no puede ser, porque los curiales tienen derecho a cobrar los honorarios. Porque si no hay reglamentación, tienen derecho a ello. Aquí no hay ninguna otra interpretación posible.

Por lo demás, el artículo 91 del Código Tributario, posterior a esta ley ya que data del año 1975, dice que en el juicio ejecutivo fiscal los honorarios pertenecen a los curiales. Voy a leer nuevamente este artículo, el que está vigente: "El Juez fijará los honorarios pertenecientes a los curiales intervinientes por la Administración". Los honorarios en los juicios ejecutivos fiscales igual pertenecían a los curiales por disposición del Código Tributario, si no se acepta la interpretación que hago del artículo 117 de la Ley Nº 13.640. Por lo tanto, esta disposición que le quiere quitar los honorarios a los curiales, violando el Código Tributario vigente, es retroactiva transgrediendo así la norma que les otorga ese derecho.

Esta posición, señor Presidente, no la he inventado yo; no es una teoría revolucionaria la que vengo a sentar aquí, sino que, por el contrario, es la teoría tradicional por la que ha luchado el Colegio de Abogados, el que tiene alguna declaración en esta materia y que ha defendido con toda lógica y justicia el derecho de los curiales a percibir esos honorarios en lugar de que se los quede la Administración, en los casos en que se devengan por condenas en costos.

Y voy a lo que decía hace un rato. Si estos honorarios no perteneces a los curiales, ¿cuál es el fundamento para que se devenguen? No existe, ya que la Administración no tiene derecho a cobrar una suma suplementaria por el hecho de que la persona ejecutada pierda el juicio. Toda obligación tiene una causa y ésta es un elemento esencial de las obligaciones. ¿Y cuál es la causa de esta obligación? ¿Por qué se general esta obligación de pagar? Porque hubo un trabajo profesional. Y si éste no se puede pagar, no se debe cobrar nada al condenado. ¿Cómo se va a cobrar a fin de entregar ese dinero al Estado o entregarlo a funcionarios que no litigaron ni desarrollaban ningún tipo de actividad profesional? El único fundamento de que se cobre una condena en costos es pagar el trabajo profesional del abogado de la contraparte. Si ésta es el Estado y, por tanto, se considera que su abogado ya está pago a través de su remuneración mensual, no existe razón para cobrar honorarios; no hay que cobrarle al ejecutado, ni cuando litiga la Impositiva, ni cuando lo hacen el Banco Central, la Dirección General de la Seguridad Social o el Gobierno Departamental.

Lo que no se puede admitir es que se diga que se devengan honorarios en función de un trabajo profesional que tal vez se realice llenando simplemente un formulario. Todos sabemos que en el ejercicio libre de la profesión muchas veces un escrito es idéntico al otro, por ejemplo, en el caso de un juicio de divorcio por causal de riñas y disputas; en un desalojo por mal pagador -en que se llenan los espacios en blanco- sin embargo, se devengan y se cobran los honorarios conforme al arancel. Así que no creo que ése sea un argumento válido. De ser así, muchas de las escrituras que son idénticas en su tenor, no deberían ser cobradas y nunca vi que un escribano dijera que por eso no va a percibir el arancel. Si bien no quiero establecer comparaciones, debo decir que en muchas profesiones algunos trabajos son iguales y se crea de esta manera, una cierta rutina. Por lo tanto, ese argumento diminutorio del trabajo de los abogados de la Dirección General Impositiva, en el sentido de que llenan espacios en blanco, creo que no corresponde, porque también litigan ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo en complicadísimos juicios y no reciben ningún tipo de retribución, salvo el sueldo. En consecuencia, me parece que hay que expresarse con mayor respeto por los abogados de la Dirección General Impositiva. No conozco a ninguno de ellos; tan sólo he sido contraparte de algunos de ellos y puede asegurar que son bastante duros como rivales en la lucha ante los estrados. Creo que lo menos que se puede hacer, de cobrarse el trabajo, es destinarlo al pago de esos honorarios y no distribuirlos entre los funcionarios de la oficina, porque de ser así, no es conducente efectuar el cobro. Reitero que el honorario se devenga como retribución por un trabajo profesional.

SEÑOR BATLLE. - Precisamente, el artículo 43 dice que no se pueden cobrar honorarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - La Mesa quiere aclarar que concedió el uso de la palabra al señor senador Aguirre porque directa e indirectamente había sido aludido. En la discusión particular sólo se puede hacer uso de ella una sola vez.

SEÑOR AGUIRRE. - Tiene razón. Acepto la observación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Hay otros señores senadores que han solicitado la palabra y están en la misma situación que la del señor senador. La Mesa, en consecuencia, va a proceder con el mismo criterio que lo ha hecho hasta ahora; sólo otorgará nuevamente, el uso de ella por vía de la alusión o de la aclaración y por el término de cinco minutos.

SEÑOR AGUIRRE. - El señor Presidente tiene razón, pero deberá reconocer que ha sido costumbre del Cuerpo hasta ahora permitir ciertas licencias en ese sentido. Pero aclaro que no me quiero exceder.

De todos modos, insisto -invirtiendo el orden- en que la segunda parte de la disposición es retroactiva. En cuanto a la primera, digo que si no tiene fundamento pagar a los curiales sus honorarios, lo que hay que hacer es suprimir éstos porque, entonces, el pago de esa prestación por parte del ejecutado carece de validez.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Voy a tratar de hacer alguna reflexión, de forma muy breve, frente a algunos argumentos que aquí se han realizado.

En primer lugar, debemos decir que nuestra intención no es diminutoria ni de causar perjuicio a nadie. Simplemente, digo que estamos tratando de que en la pléyade de abogados que trabajan para la Administración Pública, todos sean tratados de igual forma, porque tienen el mismo valor, y el mismo título profesional. Por consiguiente, todos son merecederos del mismo tratamiento. Y aquí se pretende establecer una diferencia que no es tan genérica como se piensa, sino muy determinada y específica.

El Banco de la República no entrega los honorarios devengados a los abogados, a los que paga sueldos, por razones muy obvias, ya que las cifras que manejara una institución como ésta son tan cuantiosas que darían lugar a que con un solo juicio el profesional pudiera retirarse solucionando económicamente su vida. En una oportunidad anterior -tal vez algunos de los presentes lo recuerde- en determinada actividad no regida estatutariamente dentro del Banco de la República, se designó a alguien a cumplir tareas de suma importancia; las realizó y eso le costó al Banco una fortuna. Alguien puede argumentar que era dinero ganado en buena ley. No debe olvidarse que en el desempeño de esas tareas no es lo mismo elegir un escribano para hacer una escritura entre los dos mil o tres mil profesionales que hay, a que la realice el funcionario del Banco, como empleado del mismo.

Por otra parte, el artículo siguiente deroga todo el sistema de los honorarios para los curiales intervinientes, de cualquier parte de la Administración. Ese argumento existe, pero no quisimos traerlo. No deseaba hacer este tipo de argumentaciones; prefiero que el Cuerpo recapacite y realice, en esta materia, una tarea de igualdad, que impida que se acepte la injusticia.

En cuanto a interpretar el artículo 117, donde expresa que la Administración reglamentará el monto y la forma de percibirlo -en el sentido de que como ni una cosa ni la otra han sido reglamentadas, no tiene qué cobrar- considero que significa indicar que ese artículo 117 -no sé de dónde sale- tenía plazo de vigencia, que regía hasta tal fecha, luego de la cual los curiales cobraban. Pero no cobraron, señor Presidente, porque hasta tanto la Administración no lo reglamentara, no tenían un derecho definido y concreto.

Por último -como no quiero cansar más al Cuerpo- sentar la tesis de que, como no cobran, el Juez no puede condenar, significa favorecer deliberadamente a todos los deudores que han sido llevados por la Administración Pública a los Juzgados. El señor Presidente advertirá que cuando una persona se atrasa, la Administración en una primera etapa le cobra multas y recargos. Luego queda otra etapa, que es llevar al deudor frente a los estrados, que es la que le sale más cara a este último.

Si no hay honorarios, señor Presidente, no le sale más cara, porque es exactamente lo mismo. Ni siquiera existe la posibilidad de indicar que debe pagar algo más. Hemos dicho y lo repetimos que el funcionario público interviniente debe repartir los honorarios en la forma determinada por su estatuto jurídico, porque en ese carácter entró a la Administración Pública. Pero eso no quiere decir que no los cobre. Los cobra, pero de acuerdo al estatuto jurídico al que pertenece, que determina la forma en que deben repartirse. Eso no significa dejar de cobrar honorarios; eso es cobrar honorarios y es fijar el destino de los mismos, lo que constituye otra cosa muy distinta a decir que no los percibe. Me niego a afirmar que, cuando intervenga la Administración Pública, el deudor no debe pagar honorarios. Los honorarios deben ser pagados por el deudor, como en todos los casos similares, tanto privados como públicos; lo que debe establecerse es qué destino se da a esas sumas.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: voy a tener que personalizar -y desde ya pido al Senado que se me excuse por ello- al referirme a todo este problema que se ha planteado en torno a la discusión del artículo 42.

Quería aclarar, por lo menos -y me importa mucho hacer y por esta razón reitero mis excusas al Senado si tengo que hacer alguna referencia personal- que he sentido a compañeros y a colegas defender los derechos de los abogados y que hace mucho tiempo -siendo auxiliar eventual de la Dirección General de Impuestos Internos de la época y teniendo ya el título de abogado- disentí, por primera vez, con un señor Fiscal de Gobierno, el doctor Vicente Mora Rodríguez, sobre el derecho de los abogados a cobrar los honorarios de los juicios iniciados por la Administración y que conforme a la sentencia eran abonados por los administrados.

En un dictamen -producido en uno de los tantos expedientes que debí informar- el Fiscal de Gobierno, utilizando esos términos a veces agresivos que usaba en ello, se refirió al cobro de los honorarios -además, aclaro al Senado- que, desde que ingresé a la Dirección General Impositiva hasta que me fui, no cobré un solo centésimo por concepto de honorarios devengados por estos juicios en los que estampé mi firma primero como procurador y luego como abogado. El señor Fiscal decía que no teníamos derecho a cobrar porque ello estaba pagado por el sueldo que ganábamos los abogados y procuradores por ejercer la función que allí desempeñábamos. En ese entonces, defendí el derecho de los abogados, terminando con una frase que puedo repetir, porque la recuerdo: "Discrepo con el señor Fiscal; los abogados tenemos derechos a cobrar en los juicios ejecutivos o en aquéllos en que el honorario es pagado, no por la Administración, sino por su contraparte, por el contribuyente.

Tenemos derecho a cobrar porque existe -no estaba en el Código Tributario, sino en el Estatuto del Colegio de Abogados del Uruguay- la afirmación de que a los abogados, aunque perciben sueldo de empresa, además de éste les corresponde cobrar los honorarios señalados por los jueces al establecer las sanciones en los juicios en que ellos actúen."

Para fijar, aproximadamente, ese concepto en la época, diré que fue antes de los años 1950 ó 1955 que produje este informe y dictamen en un expediente, en contra de la opinión del señor Fiscal de Gobierno.

También he sido un hombre gremialista; los abogados que me conocen, me han visto actuar intensamente en el Colegio de Abogados, aunque nunca en su directiva.

Durante el estudio del artículo 115 de una disposición presupuestal -en que se estableció una división y hubo un gran acuerdo sobre las sucesiones, etcétera, con la intervención de escribanos y contadores, en algunas funciones que hasta entonces estaban reservadas, por lo menos en la práctica, a los abogados- intervine para discutir y defender los derechos de la profesión. En ese entonces, yo no era más que un abogado de la Administración Pública.

Por eso digo, señor Presidente, que no puedo dejar de hacer estas citas, porque no deseo que aquí quede la más mínima sensación de que quien habla -que ha tenido y tiene aún la condición de abogado y que, además, fue funcionario de la Dirección General Impositiva- no ha defendido los derechos de los abogados. No obstante -y voy a explicar porqué- me afilio a la solución que redacté en el artículo 48. Sé que el cobro de los honorarios por los abogados -que defendí y no cobré- siempre creó en el ámbito de la Administración una cierta disconformidad por parte de todos los demás funcionarios actuantes, porque veían al abogado como un privilegiado, cobrando honorarios que no le correspondían o que si le correspondían provenían de un expediente que era la suma del trabajo de muchos.

Creo que he cumplido esa función con la tranquilidad de conciencia de que hice un gran esfuerzo por el Estado, porque no ejercí mi profesión para dedicarme a la función de Asesor Letrado de la Oficna de Impuestos Internos. En principio pasé a la Asesoría Letrada, una vez recibido de abogado, con mi cargo de auxiliar eventual. Comencé a informar expedientes como Asesor Adjunto y a actuar como procurado en los juicios. Esa situación se mantuvo desde 1945, hasta que en 1951 fui designado Abogado Jefe.

De manera, señor Presidente, que no deseo que quede la impresión de que este artículo es un ataque a los abogados. Esta disposición puede ser explicada no sólo por un abogado o un senador, sino además por un ex funcionario de la Dirección General Impositiva que en esto ha puesto más la experiencia y el sentir del funcionario que la condición de letrado o senador y mirando más allá de la amplitud que pueden tener otros señores senadores en relación a este problema, precisamente por las razones que expresa. Esto lo he hecho para que un artículo o solución determinada pueda aparejar una cierta pacificación y conjunción en la oficina impositiva, que bastante lo está necesitando. Sin embargo, no lo he hecho sólo por esa circunstancia. Es posible que el ex funcionario haya perdido un poco de vista una serie de elementos.

Sin perjuicio de ello quiero señalar, señor Presidente, que cuando se habla de los derechos de los abogados que se establecen en la Ley N° 12.804, interviniendo el que habla en su discusión en el seno de la Comisión, formada a pedido del entonces señor senador Beltrán, solicitó que se hicieran modificaciones fiscales, por lo que este artículo fue creado para la Administración Fiscal. Al respecto diré que esta disposición en su momento no fue tan general sino que lo está siendo a partir de ahora, porque el Código Tributario ha ampliado la concepción del tributo -excluyendo a los aduaneros- hacia otras esferas que antes eran discutidas. El artículo 378, evidentemente, se refiere a la Administración por el cobro de obligaciones tributarias. Si se amplía el concepto de este tipo de obligaciones, quitándolo de la Dirección General Impositiva -que era para lo que estaba pensado este artículo- indjudablemente la disposicón alcanzará a otros abogados que actúen en la Administración cobrando tributos y no sólo a los que pertenecen a la Dirección General Impositiva.

El artículo a que se refería el señor senador Aguirre establece que en toda gestión judicial el importe de los costos pertenecerá a los curiales y eso se aplica en forma general. Debo decir que también discrepo con esa posición, porque el artículo 378, de la ley de noviembre de 1960 se refería a los curiales de la Administración Fiscal. Los que redactamos ese artículo en aquel momento, estábamos pensando, precisamente, en esa Administración. Actualmente el Código Tributario ha ampliado el ámbito de aplicación de esa norma conforme al artículo 1° y concordantes.

En momentos en que estoy argumentando sobre este artículo, debo decir que no podríamos derogarlo porque afectaríamos sin necesidad o sin quererlo, a otras dependencias además de la Dirección General Impositiva.

Reitero que al redactar este artículo, señor Presidente, actué como un ex funcionario de la Administración y es posible que haya puesto en esto más que técnica, pasión, conocimiento y sentimiento por la situación. Lo que quise fue ver cómo esta Dirección General Impositiva, destrozada en estos 12 años de gobierno arbitrario, podía encaminarse de alguna manera. En ese sentido, entendí que lo podíamos hacer cortando algunas fricciones que ha vivido durante mucho tiempo, las que no puede dejar de reconocer como tampoco puede dejar de admitir algunas razones que en el fondo podían tener algunos funcionarios que preparaban o intervenían en los expedientes que luego llegaban a la oficina de Asesoría Jurídica para que se procediera judicialmente. Por todas estas razones he redactado este artículo y, además por otras que quiero demostrarle a los señores senadores y colegas.

Desde el Poder Ejecutivo venía proyectado -y supongo que también estaba aprobado por la Dirección General Impositiva- que la totalidad de los honorarios cobrados y no percibidos por los curiales pasaran a integrar el rubro de "Prima por Eficiencia.

Tal como lo expresó el señor senador Aguirre, le preguntamos al señor Director General de Rentas a cuánto podría ascender el monto de honorarios no percibidos a efectos de tener una idea de lo que sucedía y se nos expresó que ellos estaban retenidos sin pagarse desde el año 1983. No deseo hacer ninguna conclusión ni reflexión sobre esto porque pienso que si no se me ha informado sobre el monto de los honorarios cobrados y no distribuidos desde 1983 en adelante, no se puede saber lo sucedido antes de esa fecha, ya que al parecer y de acuerdo a lo que ha manifestado el señor Director General de Rentas, esos honorarios retenidos no existen.

Seguidamente voy a dar las cifras a que ha hecho referencia el señor senador Aguirre las que, por otra parte, no son como para llamar la atención. En el año 1983 hay N$ 1:000.000 de honorarios cobrados y depositados que no fueron distribuidos; en 1984, había N$ 1:400.000 y en lo que va del presente año ascienden a N$ 607.000. Esto conforma un total de aproximadamente N$ 3:000.000 que no es una cifra importante a ser distribuida. Debo decir, también, que no recordaba a esos 33 funcionarios que mencionó el señor senador Aguirre.

Esta disposición, como ya lo he dicho, fue hecha con sentimiento y no sólo con técnica ni aplicación legal. Cuando inicié mis tareas en la Dirección General de Impuestos Internos, aún no existía la Dirección General Impositiva. Cuando se hace la reforma de esta última, confluyen todas las Dirección que se encontraban en aquel entonces y que eran la de Impuestos Internos, Impuestos Directos, Oficina de Rentas y la propia Dirección General Impositiva, creándose luego la Inspección General de Impuestos. Así comenzó el funcionamiento de las Direcciones, tratando de organizar a todas esas oficinas para crear la Dirección General Impositiva.

Todo esto que comenzó cuando yo actué en la Dirección General de Impuestos Internos -que por integrar la Dirección General Impositiva, el cargo se llamaba por ese entonces Director de la Oficina de Impuestos Internos- ha evolucionado y expreso que hicimos todo lo que entendimos necesario para compatibilizar y crear un verdadero organismo, una estructura orgánica, tal como debe ser la Dirección General Impositiva, y no ser el agrupamiento de cuatro oficinas cuyos directores se reunían para adoptar resoluciones comunes.

Estas oficinas se distinguían entre sí ya que, por ejemplo, la de Impuestos Directos era la que cobraba los impuestos de sellos, timbres; la de Impuestos Internos, era la que recaudaba todo aquello relativo al consumo.

La Oficina de Impuesto a la Renta se había creado como una dependencia destinada a recaudar el impuesto a Ganancias Elevadas.

No quiero cansar al Senador, señor Presidente, pero entiendo que es necesario decir esto. Se planificó la creación de una gran oficina, armonizando todo esto, para establecer las diferenciaciones que antes eran por lugar, ubicación o impuestos que se recaudaban y ahora se hace por funciones.

En estos momentos la Dirección General Impositiva se compone de varias direcciones con características diferentes de las anteriores. Por ejemplo, en estos momentos existe una Dirección de Recaudación que entre sus cometidos efectúa la recaudación y el contralor de las declaraciones juradas y la presentación de las mismas. Por otro lado, existe la llamada Dirección del Sistema de Apoyo. En ella se encuentra el Centro de Computación -muy importante- que posee la estadística y Registro Unico de Contribuyentes, es decir, el RUC. Después tenemos la Dirección de Fiscalización y luego la de Técnica Fiscal que en este caso está compuesta por la Asesoría Letrada, que además -fíjense bien señores senadores.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite un interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que este tema nos ha llevado ya casi dos horas, mucho más tiempo del que hemos empleado en aprobar temas muy importantes, a los cuales les hemos dedicado minutos o segundos.

Creo que estamos internándonos en una discusión de la cual nos va a ser muy difícil salir sanos, máxime que se trata de la Rendición de Cuentas que tiene un plazo constitucional.

Entiendo que podríamos zanjar esta situación de una manera práctica. Los artículos 42 y 43 se refieren, como es notorio, a la fijación de normas con carácter permanente para una situación no reglamentada, tal como lo fija y autoriza el artículo 117 "in fine" de la Ley N° 13.640, del 26 de diciembre de 1967.

Cuando la Dirección General Impositiva trajo esta norma incluida en este proyecto inicial de Rendición de Cuentas, quiso reglamentarla por la vía legal. Pensó que era mejor hacerlo de esta forma que reglamentarla por disposición del Poder Ejecutivo, porque éste está facultado para hacerlo de esta manera 50 y 50, o de otra 10 y 90 ó 30 y 70.

Lo que podemos hacer, señor Presidente, es permitir que continúe funcionando el artículo 117. Así obviamos esta discusión y quitamos de esta Rendición de Cuentas los artículo 42 y 43, que tanta discusión provocan y dejamos que la Administración Pública ejercite las facultades del artículo 117 -si entiende que las debe ejercer- y en una Rendición de Cuentas futura o en el Presupuesto General de Gastos, si se cree necesario, se reglamente de esta o de otra manera.

Adviertan los señores senadores que lo que hace la Administración, cuando propone este artículo, es establecer una forma de distribución legal, que podía realizar por vía reglamentaria. Ha habido, en estos momentos, una autolimitación de esas potestades.

Me parece, señor Presidente, que esta sería una forma de obviar este empantamiento que tenemos con respecto a este tema y podríamos incitar a la Administración a que aplique las facultades del artículo 117 y, en consecuencia, que lo reglamente. Si lo hace mal, los interesados vendrán a protestar al Senado en el caso que entiendan que se les ha dado muy poco de lo que presumían que les correspondía.

(Apoyados)

-En ese sentido, señor Presidente, hago moción. Entiendo que de esta forma podríamos resolver este problema y continuar con el tratamiento de la Rendición de Cuentas. En estos momentos son las 20 horas y 20 minutos y si salimos de este empantanamiento vamos a poder caminar rápidamente, quedando prontos para la discusión -que se hará con igual ímpetu e interés- de la Ley de Arrendamientos, que por cierto necesita sea tratada con urgencia por este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En uso de una interrupción el señor senador Batlle presentó una moción.

La Mesa hace notar que ha vencido el tiempo del orador. No obstante ello puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Para finalizar, señor Presidente, deseo expresar que este artículo no tiene un reconocimiento total para los letrados que están en la Dirección General Impositiva.

Entiendo que tenía alguna razón cuando señalaba que la Dirección General Impositiva está, en estos momentos, dividida en Direcciones de acuerdo a sus funciones. En la Dirección de Técnica Fiscal está incluida la Asesoría Letrada, donde existen abogados que realizan un trabajo determinado como puede ser la información de expedientes u otros trabajos administrativos. La Asesoría Fiscal está integrada por contadores, que son los encargados de estudiar los expedientes; la Escribanía está encargada de estudiar todos aquellos casos que requieran la decisión de un escribano y en la oficina de Gestión Judicial trabajan los abogados y procuradores que siguen el juicio.

A esos señores profesionales les estamos dando todos los honorarios, por cuanto los otros no intervienen en gestiones judiciales.

Quiero manifestar, señor Presidente, que este artículo no tenía ni tiene el sentido de ataque a la profesión de abogado, ni el desconocimiento a los derechos de los empleados, sino todo lo contrario, es un acto que creo justo y que va a limar muchas asperezas que existen en la Dirección General Impositiva.

Agradezco a la Mesa el que me haya permitido terminar mi exposición, porque quería dejar perfectamente aclarada la posición de este senador, que es abogado y fue funcionario de la Dirección General Impositiva.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Batlle en el sentido de que se desglosen los artículos 42 y 43.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: he dado mi voto afirmativo llevado por el impulso de apurar el trámite. Pero deseo señalar muy claramente que lo que hemos hecho después de haber discutido durante dos horas sobre cómo reglamentar la distribución de los honorarios de los curiales es dejar vigente una norma que en lugar de dar al Parlamento la posibilidad de determinar el destino, se la otorgamos a la Dirección General Impositiva a través del artículo 117 mencionado.

Me da la impresión de que la enmienda es peor que el soneto, sobre todo para aquellos que sostenían la necesidad de que los curiales cobraran. Estos, ahora, no van a cobrar.

La Dirección General Impositiva -cuyo criterio conocemos, porque fue expresado verbalmente en Comisión- mantiene la tesitura que se refleja en los artículos retirados. Lamentablemente, hubiera preferido que fuera por ley la determinación de esos criterios. Ahora esta Dirección impondrá el criterio, porque lo que queda vigente es el artículo 117 que se lo otorga, por el cual los curiales no cobran los honorarios, sino que lo hacen en forma, manera y monto que quiera la Dirección General Impositiva.

He votado, pues, este artículo en el ánimo de salir del tema y porque además da razón al criterio que veníamos sustentando de que es mejor que los honorarios se distribuyan entre los funcionarios y no que lo cobren los curiales intervinientes, cosa que puede disponer la Administración, en ejercicio de sus facutlades.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En consideración el artículo 44, que pasa a ser 42.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en forma muy breve, deseo dejar una constancia.

En primer lugar, entiendo que no se trata de que lo que dice el artículo 44 sea negativo ni mucho menos. Simplemente, no veo qué agrega a las competencias que el Poder Ejecutivo ya tiene.

En segundo término, el señor senador Senatore y el que habla hemos sido entrevistados por gente vinculada a otros sectores de la Administración, y se nos planeó similar aspiración. Es decir que hay diversos sectores de la Administración -a todos nos consta- que necesitan una reestructura presupuestal y una racionalización administrativa. Descontamos que el Poder Ejecutivo, según sus criterios, formulará proposiciones en el próximo ordenamiento presupuestal en lo que corresponde sea examinado por el Parlamento, y tomará -seguramente ya está tomando y a través de las informaciones oficiales sabemos que en más de un caso lo ha hecho- las medidas que corresponden, dentro de sus competencias, para racionalizar los sectores de la Administración que están a su cargo.

De manera que, también en este caso, la referencia exclusiva a la Dirección General Impositiva -no porque no estemos de acuerdo con el texto en sí del artículo, sino por la dirección especial que se hace hacia un sector de la Administración- no hace sino ratificar el concepto que habíamos adelantado en alguna oportunidad, no tanto en lo referente a discrepancias con las normas que se proponen, sino más bien en cuanto al hecho de que no se han planteado en la Rendición de Cuentas -y tampoco creemos que sea éste el momento para hacerlo- disposiciones de carácter general que, desde nuestro punto de vista, la Administración necesita.

Pensamos que sería mejor que normas de este tipo fueran aplicadas por el Poder Ejecutivo, en la órbita de sus competencias, considerando posteriormente lo que corresponda, a través del ordenamiento presupuestal próximo, que será enviado al Parlamento.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Deseo señalar que este texto no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo. Seguramente el señor senador Rodríguez Camusso no pudo asistir a la sesión en la que el señor senador Senatore lo propuso y nosotros lo aceptamos. Por lo tanto, si el señor senador Senatore formula moción en el sentido de suprimir este artículo, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: debo decir, con respecto a los artículos que han motivado toda esta discusión referida a la Dirección General Impositiva que, como es notorio, hice hincapié en la Comisión en el sentido de que entendía que ese era un organismo distorsionado y que era necesario darle -no para distinguirlo de los demás- una estructura real que permitiera un funcionamiento adecuado. Propuse para ello que se hiciera una reglamentación y como el propio Poder Ejecutivo -y recuerdo que estaba presente en la Comisión el señor Director General de Rentas, aunque no estoy del todo seguro de la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas- expresó que estaba abocado a una reestructura, simplemente, después de examinar distintos aspectos vinculados a la mencionada Dirección, hice un planteamiento que, como muy bien señalaba el señor senador Rodríguez Camusso, se relacionaba con una cuestión muy particular de una oficina perteneciente a uno de los tantos Ministerios de la organización estatal.

De modo que simplemente recogía, para transformar en una norma, lo que se había comprometido, no para obligar a los que actualmente están desempeñando esas funciones sino porque uno piensa que muchas veces esos cargos, en ese tipo de actividades, están sujeto a muchos vaivenes.

Entonces para señalar lo que había sido la obligación asumida ante la Comisión de Hacienda, consigné este artículo que en cierta forma compagina todo lo relacionado con la Dirección General Impositiva.

No tengo ningún inconveniente en que se suprima este artículo porque, inclusive, en la tarde de hoy se me informó que se está haciendo ya una reestructuración, que será enviada a la Comisión de Hacienda de este Cuerpo.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra, para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo que quede claro que hemos mantenido un contacto permanente con el señor senador Senatore en lo que se refiere al contenido de este artículo en particular, así como sobre el del resto del articulado. Además, debo señalar que en este caso concreto -así como en los demás- coincidimos plenamente con su apreciaciones al respecto; todo lo planteado por el señor senador Senatore en el seno de la Comisión, con su reconocida versación sobre los temas vinculados con la Dirección General Impositiva, es enteramente compartido por nosotros.

La observación que formulamos anteriormente apunta a la forma de insertar este punto en una Rendición de Cuentas y no a su contenido, tal como ya lo precisamos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 44 que pasa a ser 42.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor Presidente?

Según tengo entendido, se habría presentado una moción para que se eliminara este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si el resultado de la votación es negativo, el artículo queda automáticamente eliminado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 22. Negativa.

En consideración el artículo 45 que pasa a ser 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 46 que pasa a ser 43.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 47 que pasa a ser 44.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En este artículo se ha introducido un agregado que no figuraba en el texto original y que hace referencia al artículo 85 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Desde el punto de vista de la redacción, pienso que esta inclusión en cierto modo quiebra la sintaxis del artículo, ya que se establece: "Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar un seguro colectivo de asistencia médico - hospitalaria válido para todos los países en beneficio de los funcionarios y de su núcleo familiar, artículo 85 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960". Considero que debería decirse: "...en beneficio de los funcionarios y de su núcleo familiar, de acuerdo con el artículo 85", etcétera.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Esa cita legal fue incluida a raíz de una propuesta formulada por quien habla, pero debía figurar entre paréntesis. Ese artículo determina concretamente los integrantes del núcleo familiar a fin de evitar problemas ulteriores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 47 que pasa a ser 44 con la inserción de los paréntesis que mencionó el señor miembro informante.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 48 que pasa a ser 45.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 49 que pasa a ser 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a rectificar la votación.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 50 que pasa a ser 47.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: creo que corresponde hacer un modesto agregado, si se quiere, a este artículo ex 50.

Es posible, por variadas circunstancias que pueden darse, que algo de todas estas cantidades no sea cobrado por los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como es para el pago exclusivamente de horas extras, lo que no se puede usar de ese dinero a tal fin, deben devolverlo. Estimo que ya que habilitamos el fondo presupuestal a tales efectos, podríamos agregar que los fondos no gastados de las partidas precedentes podrán ser destinados a los servicios de los organismos.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Estamos de acuerdo.

Creo que es justo ya que son servicios que de lo que realmente padecen es de falta de recursos y seguramente los van a administrar bien. Por lo tanto, nos parece lógico darle ese destino.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Léase el agregado tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

"Los fondos no utilizados, de las partidas precedentes, podrán ser destinados en los organismos anteriormente indicados, con los fines que estos determinen".

-Con el agregado a que se acaba de dar lectura, propuesto por el miembro informante señor senador García Costa y aceptado por el otro miembro informante señor senador Batlle, se va a votar el artículo 47.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 51 que pasa a ser 48.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En ese artículo hay un error de redacción. Se dice que se faculta al Ministerio de Salud Pública a que con los descuentos que se practiquen a los funcionarios del Inciso 12 por inasistencias individuales no justificadas, "a formar" un fondo para atender el pago de aquellos que sustituyan en sus funciones a los inasistentes.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite, señor senador?

Tiene que decir que se lo faculta a que "forme" un fondo para atender el pago de aquellos que sustituyan en sus funciones a los inasistentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a rectificar la votación, a fin de aprobarlo con la corrección propuesta.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se rectifica la votación.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - En cuanto a este artículo, señor Presidente, ya hice la aclaración en la Comisión de Hacienda, pero quiero dejar constancia también aquí en Sala, puesto que creo que todos los que estábamos presentes en la sesión en aquel momento estuvimos de acuerdo -por eso deseo que quede en la versión para una interpretación fidedigna de la ley- acerca del sentido del mismo.

El artículo habla de inasistencias no justificadas. Se dio la explicación de que se trata del caso de funcionarios que dados los malos sueldos con que son retribuidos, en general por el Estado, y en particular por el Ministerio de Salud Pública, atienden otras funciones que les reditúan algo más y dejan de concurrir al Servicio a que pertenecen, recargando así a otros compañeros que tienen que desempeñar las tareas de los que incurren en esa inasistencia individual.

Como se da el caso de que por inasistencia individual no justifcada puede también querer entenderse que se comprende la falta de un funcionario con motivo de una huelga, y dado que se le descuenta al que no concurre por esa razón dejé expresamente aclarada en la sesión de la Comisión mi posición en cuanto a que esa inasistencia individual no justificada no tiene nada que ver con la no concurrencia de funcionarios por este último motivo de huelga y que, por lo tanto todo descuento que pudiera hacerse en estos casos no ingresará a este Fondo. Me refiero al caso en que la inasistencia se deba o sea motivada por una decisión gremial, es decir una huelga, para decirlo más claramente y aunque la falta sea individual.

Con ese sentido voté este artículo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - En el día de ayer, al hacer referencia a las tres disposiciones que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, incluidas en este Proyecto de Rendición de Cuentas, también hice la aclaración que acaba de hacer el señor senador Senatore. O sea: el descuento que va a formar este Fondo es el que se practique cuando haya faltas injustificadas individuales, no falta colectivas. Estas merecerán otro tipo de sanción o de tratamiento, pero no son las que van a formar este Fondo. Si la Administración determina descontar el día no trabajado, así se hará, pero ese monto no pasará a formar parte de este Fondo.

Esto quedó bien claro en la Comisión de Hacienda, ante los representantes del Ministerio de Salud Pública que concurrieron a esa sesión. Queríamos dejar aclarado en Sala lo que expresamos ayer.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En consideración el artículo 52, que pasa a ser 49.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Aquí se incrementan Renglones de un Programa.

Entonces, cuando en el inciso final, se dice que el organismo deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de los créditos por Programa, no está bien claro. Tendría que decir "por Renglones". No hay ninguna aclaración, y lo que se quiere es que se comunique a la Contaduría General de la Nación la distribución establecida en el inciso primero.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - La mención está bien, porque cada Programa tiene Renglones. Puede otorgarse, más por la distribución del trabajo en horas extras, en el Rengón 0.6.1. - 301, de uno de los Programas del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite, señor senador?

Habla sólo de un Programa, del 1.01.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Creo que la duda del señor senador Ortiz se puede resolver incorporando en el inciso final, donde dice "Dentro del término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley este Organismo deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de los créditos" -y acá se modificaría- del Programa referido ut supra, del Inciso 17. Son los Renglones del Programa 1.01. Tienen que comunicar de todos los Renglones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar el artículo 49 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 53, que pasó a ser 50.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Este artículo, señor Presidente, es prácticamente idéntico al anterior. La diferencia está en que éste se refiere a la Corte Electoral y el otro al Tribunal de Cuentas.

No advierto, entonces, por qué no se le impone a la Corte electoral la misma obligación de comunicar la distribución de estos créditos a la Contaduría General de la Nación.

Creo que el inciso final del artículo 49 debería ser incluido también en éste, ya que debe existir la misma razón.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - En principio, la Comisión no tendría inconveniente en agregar al artículo 53 que pasó a ser 50 un inciso final que establezca: "Dentro del término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley, este organismo deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de los renglones cuyos créditos se incrementan", o "de los renglones del inciso 18".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - La Mesa tiene algunas dudas al respecto. Entiende que la Corte Electoral es un organismo especial que debe rendir cuentas a la Asamblea General y no a la Contaduría General de la Nación.

SEÑOR BATLLE. - La Contaduría General de la Nación no incorporó esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Pero es un organismo que tiene autonomía por lo que considero que si debe rendir cuenta es ante la Asamblea General. Quizás sea mejor dejar el artículo con la redacción dada por la Comisión.

SEÑOR BATLLE. - Personalmente no veo inconveniente en la modificación propuesta, pero ante la duda, quizás sea mejor dejar la redacción actual.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53, que pasó a ser 50, tal como lo ha redactado la Comisión.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 54 que pasó a ser 51.

SEÑOR BATLLE. - Creo que a este artículo sí es necesario agregarle, "in fine", que esta oficina debe dar cuenta a la Contaduría General de la Nación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar el artículo 54 que pasó a ser 51, con el agregado final propuesto que dice: "danto cuenta a la Contaduría General de la Nación".

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VII, "Normas Tributarias", que comprende los artículos 55 -que pasó a ser 52- al último.

En consideración el artículo 55 que pasó a ser 52.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 56 que pasó a ser 53.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Debe sustituirse el vocablo "pagos" por "pagados".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Efectivamente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 56 que pasó a ser 53, con la corrección mencionada por el señor senador Ortiz.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 57 que pasó a ser 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 58 que pasó a ser 55.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 59 que pasó a ser 56.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Deseo manifestar, simplemente, que este artículo fue modificado en la Comisión, ya que establecía una disminución de las pérdidas computadas a dos años y se entendió que esto no era conveniente, ya que era una reducción muy amplia con relación a los cinco ejercicios fiscales anteriores.

Es evidente que en materia fiscal teóricamente, no puede determinarse que una empresa ha obtenido ganancia hasta que las utilidades obtenidas no absorben totalmente las pérdidas existentes.

Se introdujo un plazo de tres años, porque en el ejercicio 1982-1983 pudieron haberse producido pérdidas importantes que deben ser computadas por las empresas a fin de no tener que pagar utilidades que no han tenido.

Esas son las modificaciones que ha realizado la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 59 que pasó a ser 56.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 60 que pasó a ser 57.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 61 que pasó a ser 58.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Desearía que el señor miembro informante me aclarara una duda.

El artículo dice: "Las Intendencias Municipales por las actividades que desarrollen en competencia con la actividad privada, salvo la circulación de bienes y prestación de servicios realizados directamente al consumo, que tenga por objeto la reducción de precios de artículos y servicios de primera necesidad". Pero luego agrega: "El Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación las actividades y las fechas a partir de la cual quedarán gravadas". ¿Las Intendencias Municipales quedarán gravadas?

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Las actividades a que se refiere este artículo son las que se desarrollan en competencia con la actividad privada, siempre que no se trate de circulación de bienes o prestación de servicios realizados por las Intendencias en beneficios directo del consumo o que tengan por objeto la atención de los precios de los artículos y servicios de primera necesidad. Es decir, que cuando se trate de otro tipo de actividades, estarán gravadas. Por ejemplo, en una oportunidad la Intendencia de Maldonado instaló en una galería de esa ciudad, comercios de venta de artículos de "bijouterie" que competían con comercios similares y no pagaba IVA; a partir de la vigencia de este artículo, deberá pagarlo. En cambio, reitero, cuando se trate de actividades realizadas por la Intendencia en beneficio directo del consumo, como las de los expendios municipales de carne o de artículos de la canasta familiar, no estarán gravadas.

SEÑOR MEDEROS. - Aún en los casos mencionados por el señor senador Batlle, tengo serias dudas acerca de sí es o no constitucional gravar por ley, a los gobiernos municipales.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Comprendo la duda del señor senador Mederos.

Lo que hacemos mediante esta norma es establecer un gravamen, como sanción, al ejercicio de actividades que las Intendencias no pueden realizar. El ejemplo señalado por el señor senador Batlle es violatorio de la Constitución y de la Ley Orgánica Municipal del año 1935, ya que el ejercer este tipo de comercio no figura entre las facultades de las Intendencias. Sin embargo, a pesar de que es una violación, resulta más sencillo gravar estas actividades que tratar de lograr que las Intendencias actividades de este tipo, en el libre ejercicio de su autonomía lo hacen y por ello se las grava. Aunque sean violatorios, o por lo menos discutibles, en cuanto a los principios de la Ley Orgánica Municipal, deberán pagar el impuesto y no tendrán un beneficio extra al realizar en forma lateral actividades comerciales o industriales que no figuran entre las que puede realizar una Intendencia.

Es lógica la duda del señor senador Mederos, porque una Intendencia no puede realizar este tipo de actividades, pero lo hacen y por ello las gravamos.

SEÑOR MEDEROS. - Sigo sosteniendo que de votar esta ley estaríamos dictando una norma inconstitucional y violatoria de la autonomía municipal, sobre la presunción de una ilicitud que puedan cometer en un futuro las Intendencias.

Adelanto que no votaré este artículo porque es inconstitucional.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 61 que pasó a ser 58.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 62 que pasó a ser 59.

Ha llegado a la Mesa un artículo sustitutivo presentado por el señor senador Singer.

Léase.

(Se lee:)

"J) Bienes a emplearse en la producción agropecuaria y materias primas para su elaboración. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos y materias primas comprendidas en este literal y podrá establecer para los bienes allí mencionados, un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones, siempre que de esta últimas no exista producción nacional suficiente, una vez verificado el destino de los mismos, así como las formalidades que considere pertinente".

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: sugerí al miembro informante, señor senador Batlle, la incorporación del agregado "siempre que de estas últimas no exista producción nacional suficiente"; él me aconsejó realizar la consulta pertinente al Director de la Dirección General Impositiva y a su Asesor Letrado a fin de redactar un texto ajustado con el propósito de defender la producción nacional frente a los bienes importados. Las importaciones estaban gravadas con una tasa del 12%; los bienes de producción nacional, así como las materias primas que se utilizan para su elaboración, no debían pagar ese impuesto. Durante el régimen anterior, pese a las desgravaciones, los importadores igualmente debían pagar el IVA en el momento de realizar la importación y, luego, la Dirección General Impositiva efectuaba la devolución de aquellos bienes que no estaban gravados; es decir, que las empresas importadoras incurrían en un costo financiero. Eso continúa incambiado.

De lo que se trata aquí es de que la única protección que en este caso tiene la industria nacional -la única, porque no la tiene en materia de recargos- que es el impuesto al valor agregado, en la tasa mínima del 12%, se mantenga para aquellos bienes que se elaboren en el país. De ahí, pues, que nosotros sugiriéramos que se hiciera este agregado, o sea que cuando se trate de artículos importados se diga: "siempre que de estos últimos no exista producción nacional suficiente".

Ese es el sentido de lo que estamos proponiendo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Preguntaría al señor senador Singer si en ese caso habría una desgravación del producto por su calidad de nacional.

SEÑOR SINGER. - No; los productos de elaboración nacional ya están desgravados.

SEÑOR SENATORE. - Lo están siempre que se destinen a la producción agropecuaria o se trate de materia prima para su elaboración.

Quizá no haya captado el sentido de la modificación propuesta por el señor senador Singer. Según tengo entendido, hay que probar el destino. El impuesto hay que pagarlo; en todo caso, cuando se compruebe el destino, se devolverá lo que se abonó por ese concepto, según lo que establece la norma. Esta disposición es sustitutiva de otras más o menos parecida que está rigiendo y que ha dado lugar a muchos conflictos, los que tratamos de evitar dando a la Dirección General Impositiva la obligación de devolver el monto del impuesto cuando verifique el destino final de los bienes que están desgravados.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - La interpretación que le doy a esta modificación que sugiere el señor senador Singer es la siguiente. En el caso de dos productos similares, uno producido en plaza y otro importado, la devolución del Impuesto al Valor Agregado, tasa mínima del importado, se hará siempre y cuando no exista producción suficiente del similar que se elabora en plaza. Quiere decir que la Dirección General Impositiva tendrá que hacer una evaluación o una consulta a la Dirección de Industrias a efectos de saber en cada caso si existe producción nacional suficiente del artículo similar al que se va a importar para que opere o no la devolución.

Estimo que será algo difícil fijar el momento en el cual se determine si existen en la producción nacional valores equivalentes a los que se van a importar; es decir, si se hará un cálculo en la anualidad o en cada importación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - A pesar de estar ocupando la Presidencia, me voy a permitir dar un ejemplo en que resulta muy difícil determinar si existe o no cantidad suficiente dentro de la producción nacional: me refiero a las semillas para pradera, en que es necesario tener los datos con la debida anticipación como para poder ser utilizados. Es sabido que se importa semilla para la formación de praderas artificiales y que hay alguna producción nacional.

Cito este caso a los efectos de obtener alguna aclaración, si ello es posible.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - En el ejemplo que acaba de poner la Mesa, se trata de un rubro que está desgravado expresamente; entonces, no entra en este caso. La situación puede darse en los fertilizantes, porque los que se producen en el país están desgravados. Vale decir que quien los compra no paga la tasa. Aquel que produce el fertilizante paga el impuesto en el momento en que importa alguna materia prima para elaborarlo, pero cuando acredita que el destino fue para uso agropecuario, se le devuelve.

Con respecto a la última parte de los expresado por el señor senador Batlle, debo precisarle que las devoluciones siempre se hacen caso por caso y no anualmente, o sea, se realizan ante cada operación.

Si se trata de una empresa que importa un fertilizante totalmente elaborado, un producto terminado, no está desgravada del 12%; por lo tanto, en el momento de la importación debe abonar el impuesto, no teniendo lugar a devolución; simplemente entra en el régimen de balanceo del IVA comprado - IVA pagado.

De lo que se trata es de proteger a las industrias que están elaborando productos agropecuarios. No es el caso de las semillas porque ahí no se trata de un producto de industrialización, por eso no está gravado ni en una ni en otra situación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - ¿La Comisión acepta la sustitución?

SEÑOR BATLLE. - Por mi parte, no tengo inconveniente.

SEÑOR GARCIA COSTA. - La acepto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En consecuencia, se va a votar el artículo 62, que pasó a ser 59, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 63 que pasó a ser 60.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 64 que pasó a ser 61.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 65 que pasó a ser 62.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Quisiera aclarar que este artículo que acabamos de votar deroga a partir del 1° de enero de 1985 el Impuesto al Patrimonio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - En consideración el artículo 66 que pasó a ser 63.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor sendor.

SEÑOR MEDEROS. - Quisiera preguntar al miembro informante a qué industrias se refiere el penúltimo inciso de este artículo cuando dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Esta disposición es una transcripción de una vigente y esta facultad que se le otorga ahora al Poder Ejecutivo se refiere a las industrias manufactureras y extractivas genéricamente.

SEÑOR MEDEROS. - ¿La extracción de arena y piedra del departamento de Colonia también se halla comprendida en esta disposición?

SEÑOR BATLLE. - El Poder Ejecutivo está facultado para hacer una deducción complementaria de hasta el 25% del patrimonio ajustado fiscalmente. Reitero que ésta es una transcripción de una disposición vigente. O sea que el Poder Ejecutivo la hará en función de una serie de índices, como ser, mano de obra empleada, inversiones realizadas, distancia de los mercados donde se consuman los productos, etcétera. No hacemos ninguna modificación de esa disposición.

SEÑOR MEDEROS. - Pero debo entender que según la parte final de ese inciso -"en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo"- los productos deberían venir a Montevideo para su posterior comercialización.

SEÑOR BATLLE. - No es así, señor senador. Seguramente cuando se sancionó esta disposición se estableció un índice determinado, pero pudo haber sido otro. La disposición así lo establece en el artículo 13 del Título VIII que refiere a las leyes de los años 1967, 1970 y 1972, en las que se fijó ese criterio que ahora se recoge en el Texto Ordenado. Dice así: "Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo".

Reitero que se tomó ese parámetro como se pudo haber tomado otro.

SEÑOR SINGER. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MEDEROS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Pese a que entiendo la inquietud del señor senador Mederos, me parece necesario resaltar en este momento una cuestión muy importante.

Este es nada más que un tímido intento por tratar de solucionar el viejo tema de la descentralización industrial del país. Por esta norma se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de abatir las imposiciones que recaen sobre las industrias cuando éstas se encuentran instaladas en el interior de la República, estableciendo un mayor monto de las deducciones en relación directa a la distancia con respecto a Montevideo, Creo que es una disposición totalmente compartible. Desde mi punto de vista, quiero manifestar que éste es un hecho prácticamente insignificante en lo que tiene que ver con el esfuerzo global que necesariamente deberá realizar el país acerca del gran tema de la descentralización industrial. Este tipo de normas, desde luego, son absolutamente insuficientes por su poca incidencia.

Considero que en materia de descentralización industrial tanto el Gobierno como el Parlamento tendrán que abocarse a breve plazo al estudio de una política con metas claramente definidas y con disposiciones que realmente revistan eficacia a fin de ir disminuyendo la macrocefalia industrial del país.

SEÑOR FA ROBAINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MEDEROS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Quiero expresar que me afilio a la interpretación que realiza el señor senador Singer y me felicito de que este tímido intento pueda concretarse. En ese sentido, creo que el señor senador Mederos coincidirá conmigo.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite un interrupción, señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Dada la fecha de la disposición legal -entre el 31 de diciembre de 1967y 1970- estos textos fueron votados por un Parlamento electo por el pueblo y tal vez el propio señor senador Mederos apoyó esta iniciativa.

Lo que en este artículo se modifica es lo que tiene que ver con las personal jurídicas del exterior, que es lo que se está incorporando como sujeto pasivo al Impuesto al Patrimonio, a fin de liquidarlo. Se repite esta disposición que el propio legislador dispuso en procura de beneficiar a las empresas industriales manufactureras y extractivas que se radicaran en el interior de la República. Que esta disposición no es suficiente, seguramente; y que habrá que tomar otras, también lo creemos. Pero estoy seguro que si derogáramos o modificáramos esta disposición, en vez de hacer un bien estaríamos haciendo un daño.

Muchas gracias.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MEDEROS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Deseo hacer una aclaración ya que el artículo tiene una modificación que aquí no aparece.

Tal como lo señaló el señor senador Batlle, en primer término tenemos los patrimonios que se refieren a las personas jurídicas radicadas en el exterior. Luego, hay una disposición que reviste importancia ya que se halla vinculada a otras ya votadas en la sesión de ayer, que dice que cuando existan activos en el exterior, se computará como pasivo el importe de la deuda que exceda el valor de dichos activos.

Quiere decir que quien tenga pasivos en el país y activos en el exterior, antes de determinar cuál es el pasivo que va a computar como tal, tiene que computarlo con sus activos del exterior. Además, este artículo suprime una disposición que se encontraba en el que ahora se sustituye. Dicha disposición expresaba que los bienes muebles del equipo industrial y las maquinarias agrícolas directamente afectadas al ciclo productivo, se computarán por el 50% de su valor fiscal. Esto tiene el neto contenido fiscal de una mayor recaudación -repito lo que dije en forma general al considerar este punto- y son pequeños retoques a los impuestos, con la única necesidad de cubrir mayores gastos y lograr obtener recursos. Supongo -y por eso no he hecho ninguna crítica severa a ninguna de estas disposiciones ni inclusive, al hecho de que ahora ni siquiera venga con la estimación de los recursos a que se refieren las modificaciones propuestas- en que el Presupuesto General de Gastos esto esté reunido de tal manera que podamos compartir las soluciones, inclusive las ya acordadas por los Partidos Políticos en materia económica.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MEDEROS. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - No deseo reiterar lo expresado por otros señores senadores.

Comparando los textos advertí lo señalado por los señores senadores Senatore y Batlle. Por lo tanto, este artículo viene incluido en la Rendición de Cuentas porque se quisieron introducir otras modificaciones.

Las normas referentes a la industria extractiva y manufacturera y esa facultad del Poder Ejecutivo existían en el texto vigente, e idénticamente se mantienen. Quiere decir que si no se hubiera deseado introducir otras modificaciones para gravar a personas jurídicas del exterior y eliminar esa forma de computar por el 50% los bienes muebles, esta norma no hubiera llegado a nosotros y ni siquiera nos habríamos dado cuenta. Lo que ahora está preocupando -y creo que injustificadamente- al señor senador Mederos ya estaba vigente.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: ante las explicaciones brindadas por el señor miembro informante en cuanto a que ésta es una norma vigente, anterior al año 1970, debo decir que conozco determinadas instituciones empresariales muy importantes, que desde que nacieron están llenas de privilegios concedidos por el Estado, bajo el pretexto de afirmarlas en sus lugares de origen. En algunos aspectos, considero que esto está bien, pero hay algunas empresas que se han vuelto muy poderosas y cuando comercializan sus productos en el mercado interno los cobran a U$S 1.800 la tonelada, mientras que en Buenos Aires lo hacen a U$S 600. O sea que no hay una correspondencia entre los beneficios que reciben del Estado con el tratamiento que dan al comercio y a las industrias subsidiarias en el orden interno y en el externo. Esto lo acepto, porque no es el momento de discutir este cúmulo de beneficios que han ido obteniendo las empresas que han florecido, inclusive, en la época de la dictadura -cuando se pagaba pocos salarios y se sacrificó a los obreros mientras ellas se avituallaron y se desarrollaron intensamente- realizando el tipo de comercio a que me he referido. Reitero que no es este el momento de discutir este asunto, pero tengo carpetas del período anterior y muchos elementos de juicio para analizar en el momento oportuno, cuando se traten realmente estos temas. Si es necesario dejar esto tal como está -porque no es menester modificarlo en este instante y porque ayuda a las industrias del interior- en general, lo acepto.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66, que pasó a ser 63.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 67, que pasó a ser 64.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Quería establecer que por este artículo se fija en un 2.80% la tasa del Impuesto al Patrimonio que anteriormente estaba ubicada en un 4.5%.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 67 que pasó a ser 64.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 68, que pasó a ser 65.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 69, que pasó a ser 66.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 70, que pasó a ser 67.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 71, que pasó a ser 68.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 72, que pasó a ser 69.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 73, que pasó a ser 70.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 74, que pasó a ser 71.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

El artículo 75, que pasó a ser 72, es de orden.

Esta ley tiene plazo constitucional, que expira el día sábado.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondientes al Ejercicio de 1984 remitido por el Poder Ejecutivo según mensaje respectivo del 14 de junio de 1985.

Art. 2°. - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir Deuda Pública para solventar los déficit presupuestales pendientes de financiación al 31 de diciembre de 1984 por un monto de N$ 25.690:575.684,10 (nuevos pesos veinticinco mil seiscientos noventa millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con diez centésimos).

Art. 3°. - El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de esta deuda y su amortización se hará mediante una cuota del 3% (tres por ciento) anual con un año de gracia y por sorteo. El interés será del 5% (cinco por ciento) anual pagadero semestralmente.

CAPITULO II

Funcionamiento

Artículo 4°. - Fíjase un monto de hasta N$ 1.626:000.000 (nuevos pesos mil seiscientos veintiséis millones) para reforzar las partidas de gastos de funcionamiento (excluyendo suministros) correspondientes al Ejercicio 1985 de los Incisos 2 al 13 y 27 del Presupuesto Nacional según el detalle siguiente:

a)

02

-

Presidencia de la República

16:435.000

b)

04

-

Ministerio de Interior

92:126.000

c)

05

-

Ministerio de Economía y Finanzas

113:811.000

d)

06

-

Ministerio de Relaciones Exteriores

1:115.000

e)

07

-

Ministerio de Agricultura y Pesca

72:191.000

f)

08

.

Ministerio de Industria y Energía

5:536.000

g)

10

-

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

479.000

h)

11

-

Ministerio de Educación y Cultura

58:628.000

i)

12

-

Ministerio de Salud Pública

611:847.000

j)

13

-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

35:223.000

k)

27

-

Oficina Nacional del Servicio Civil

16:500.000

El Poder Ejecutivo asignará hasta N$ 42:242.000 (nuevos pesos cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil) a los Incisos 11, 16 y 19 en la oportunidad en que se verifique la transferencia de los créditos del Inciso 14, (ex - Ministerio de Justicia).

El remanente, hasta el monto determinado en el inciso primero constituirá un crédito a aplicar en función de las necesidades de la ejecución de los programas presupuestales, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 5°. - Asígnase a los siguientes Incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución las partidas de gastos de funcionamiento (excluyendo suministros) para el Ejercicio 1985 que se indican:

Inciso 17 Tribunal de Cuentas N$ 4:214.000.00 (nuevos pesos cuatro millones doscientos catorce mil);

Inciso 18 Corte Electoral N$ 12:755.000.00 (nuevos doce millones setecientos cincuenta y cinco mil);

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública N$ 518:278.000.00 (nuevos pesos quinientos dieciocho millones doscientos setenta y ocho mil);

Inciso 26 Universidad de la República N$ 590:400.000.00 (nuevos pesos quinientos noventa millones cuatrocientos mil).

Los organismos establecidos precedentemente, deberán dentro del término de noventa días a partir de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación, la apertura de los créditos por programas y por Rubro.

Art. 6°. - A los efectos del cálculo del límite del crédito en cuenta corriente otorgado por el Banco Central del Uruguay al Poder Ejecutivo, conforme al artículo 255 de la Ley N° 13.320, de 28 de diciembre de 1964, con la modificación dispuesta por el artículo 483 de la Ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, no se computará el monto utilizado al 28 de febrero de 1985.

Art. 7°. - Transfiérense del Programa 1.02 "Ejército" del Inciso 3 "Ministerio de Defensa Nacional" al Programa 1.09 "Administración Carcelaria" del Inciso 4 "Ministerio del Interior", los siguientes créditos presupuestales:

Rubro 2.00 "Materiales y Suministros" N$ 7:335.333,00 (nuevos pesos siete millones trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres);

Rubro 3.00 "Servicios no personales" N$ 182.135,00 (nuevos pesos ciento ochenta y dos mil ciento treinta y cinco);

Rubro 4.70 "Motores y Parte para Remplazo" N$ 56.880,00 (nuevos pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta);

Rubro 200-802 "Suministros ANCAP" N$ 4:197.800,00 (nuevos pesos cuatro millones ciento noventa y siete mil ochocientos);

Rubro 200-805 "Suministros CONAPROLE" N$ 451.500,00 (nuevos pesos cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos);

Rubro 200-854 "Suministros Carne" N$ 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones).

Los créditos transferidos que se destinan a suministros corresponden a siete meses y están calculados a precios vigentes al 1° de junio de 1985, debiéndose actualizar de conformidad con el régimen previsto por el artículo 20 del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos correspondientes a suministros de UTE, ANTEL y OSE en base a los consumos del Establecimiento de Reclusión N° 1 de Libertad, durante el Ejercicio 1984.

Art. 8°. - La Suprema Corte de Justicia podrá disponer las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello signifique aumento del crédito presupuestal, lo que comunicará a la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas, a sus efectos.

CAPITULO III
Inversiones

Artículo 9°. - Fíjase en hasta N$ 3.725:800.000 (nuevos pesos tres mil setecientos veinticinco millones ochocientos mil) y en hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares americanos) equivalente a Nuevos pesos 1.500:000.000 (nuevos pesos mil quinientos millones) al tipo de cambio de N$ 100 (nuevos pesos cien) el monto global máximo de inversiones asignado a todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo para el Ejercicio 1985.

El monto de N$ 3.725:800.000 (nuevos pesos tres mil setecientos veinticinco millones ochocientos mil) será financiado por Rentas Generales y el fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP).

La cantidad de U$S 15:000.000 (quince millones de dólares americanos) corresponde a endeudamiento por préstamos ya concertados y cuyo servicio de deuda será atendido por Rentas Generales y el fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Las asignaciones correspondientes a dichos montos globales serán las siguientes:

Inciso Denominación

RR.GG.
y
FIMTOP N$

Endeudamiento

N$

U$S

a) 02 - Presidencia de la República

259:200.000

b) 03 - Ministerio de Defensa Naconal

396:000.000

c) 04 - Ministerio del Interior

187:007.000

d) 05 - Ministerio de Economía y Finanzas

48:100.000

e) 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

48:600.000

f) 07 - Ministerio de Agricultura y Pesca

93:600.000

300:000.000

3:000.000

g) 08 - Ministerio de industria y Energía

61:200.000

9:100.000

91.000

h) 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

1.749:600.000

1.000:000.000

10:000.000

i) 11 - Ministerio de Educación y Cultura

356:400.000

140:400.000

1:404.000

j) 12 - Ministerio de Salud Pública

158:400.000

k) 113 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

19:800.000

Dentro de los montos globales máximos establecidos en este artículo el Poder Ejecutivo asignará al Inciso 16 "Poder Judicial" hasta N$ 110:800.000 (nuevos pesos ciento diez millones ochocientos mil) y U$S 505.000 (quinientos cinco mil dólares americanos) y al Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo" hasta N$ 8:000.000 (nuevos pesos ocho millones) en la oportunidad en que se verifique la transferencia de los créditos del inciso 14, (ex - Ministerio de Justicia), aplicándose en lo pertinentes a tales partidas lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley.

El remanente se aplicará a inversiones en función de las necesidades y prioridades establecidas para la ejecución de los distintos programas y proyectos, referidos en el decreto de 4 de julio de 1985; dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 10. - Fíjase el monto global máximo de inversiones de los siguientes Incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución:

Inciso 17 - tribunal de Cuentas de la República: Nuevos pesos 900.000 (nuevos pesos novecientos mil).

Inciso 18 - Corte Electoral: N$ 2:160.000 (nuevos pesos dos millones ciento sesenta mil).

Inciso 25 - Administración Nacional de Educación Pública: N$ 514:600.000 (nuevos pesos quinientos catorce millones seiscientos mil).

Inciso 26 - Universidad de la República N$ 200:400.000 (nuevos pesos doscientos millones cuatrocientos mil).

Los organismos establecidos precedentemente deberán, dentro del término de 90 días a parte de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la apertura de los créditos por programas y proyecto.

Art. 11. - Fíjase en hasta N$ 600:000.000 (nuevos pesos seiscientos millones) la asistencia financiera con cargo a Rentas Generales y al fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la ejecución en 1985 de las obras del Programa Nacional de Interconexión Vial (3er. Proyecto Carretero - BIRF2238/UR), del Plan Nacional de Obras Municipales (Préstamos BID N° 471/OC y 700/SF), del grupo de trabajo permanente Tacuarembó-Rivera y de las obras de defensa de las inundaciones del bajo Río Negro.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, distribuirá la partida antes mencionada, dando cuenta a la Asamblea General.

CAPITULO IV
Subsidios y Subvenciones al Sector Público

Artículo 12. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a disponer, por el Ejercicio 1985, de hasta N$ 320:000.000 (nuevos pesos trescientos veinte millones) para brindar asistencia financiera para pago de sueldos, gastos e inversiones y de hasta N$ 350:000.000 (nuevos pesos trescientos cincuenta millones) para el pago de los aportes patronales, durante el Ejercicio 1985 a los Gobiernos Departamentales del interior que hayan solicitado recursos al Poder Ejecutivo al 30 de junio de 1985.

El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en base a las previsiones presentadas por las Intendencias Municipales efectuará la distribución pertinente y dará cuenta a la Asamblea General.

Art. 13. - Las deudas que mantienen las Intendencias Municipales del Interior con la Dirección General de la Seguridad Social por concepto de aporte patronal generado hasta el 31 de diciembre de 1984, se considerarán canceladas con cargo a las transferencias ya otorgadas por Rentas Generales al mencionado organismo.

Art. 14. - Fíjase para el Ejercicio 1985 los subsidios a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que se indican, por los montos que en cada caso se establecen:

a) AFE, hasta N$ 1.665:000.000 (nuevos pesos seiscientos sesenta y cinco millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda; y hasta N$ 300:000.000 (nuevos pesos trescientos millones) para inversiones;

b) PLUNA, hasta N$ 539:000.000 (nuevos pesos quinientos treinta y nueve millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda;

c) ILPE, hasta N$ 80:000.000 (nuevos pesos ochenta millones) para gastos de funcionamiento y servicio de deuda;

d) OSE, hasta N$ 294:000.000 (nuevos pesos doscientos noventa y cuatro millones) para gastos de inversión y hasta N$ 31:000.000 (nuevos pesos treinta y un millones) para servicios de deuda.

Art. 15. - Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay para el Ejercicio 1985, un subsidio de hasta nuevos pesos 2.200:000.000 (nuevos pesos dos mil doscientos millones) con destino al Plan Nacional de Viviendas. El Poder Ejecutivo podrá disponer su anticipo mensual, sobre la base de las proyecciones estimativas que al respecto efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 16. - Fíjase con cargo a Rentas Generales, una partida por única vez, de hasta N$ 1.900:000.000 (nuevos pesos mil novecientos millones) que se asignará a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas para la ejecución del Programa Solidario de Emergencia (Decreto N° 228/85 de 12 de junio de 1985). El Poder ejecutivo reglamentará la distribución de esta partida, dándose cuenta a la Asamblea General.

Art. 17. - Derógase el artículo 33 del Decreto-Ley N° 14.252 de 22 de agosto de 1974 sustituido por el artículo 50 del Decreto-Ley N° 14.550, de 10 de agosto de 1976.

CAPITULO V
Normas sobre funcionarios

Artículo 18. - Fíjanse a partir del 1° de abril de 1985, las primas por matrimonio y nacimiento en nuevos pesos 7.000 (nuevos pesos siete mil), cada una, las que se actualizarán automáticamente en función de los incrementos que experimente el salario mínimo nacional con posterioridad a esa fecha.

Art. 19. - Hasta tanto se establezcan en la ley de Presupuesto Nacional, fíjanse las dotaciones mensuales de los siguientes cargos:

a) Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, igual a la del Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo.

b) Ministros del Tribunal de Cuentas de la República y de la Corte Electoral y Rector de la Universidad de la República, igual a la del cargo de Ministro Secretario de Estado.

c) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República igual a la del cargo de Subsecretario de Estado.

A dichas dotaciones se adicionarán las siguientes partidas de gastos de representación.

a) Presidente del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral y Rector de la Universidad de la República igual al 50% (cincuenta por ciento) de la del cargo de Ministro Secretario de Estado.

b) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República, igual al 50% (cincuenta por ciento) de la del cargo de Subsecretario de Estado.

A las remuneraciones establecidas precedentemente sólo podrán acumularse el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y demás retribuciones legalmente autorizadas.

Art. 20. - Sustitúyese el inciso final del artículo 20 de la Ley N° 9.526, de 14 de diciembre de 1935 que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las retribuciones mensuales del Presidente y los Vocales no podrán exceder de las que perciban los Ministros Secretarios de Estado y los Subsecretarios respectivamente".

Art. 21. - Extiéndese a los funcionarios públicos, presupuestados o contratados, que a partir del 15 de febrero de 1985 hayan pasado o pasen a ocupar cargos políticos o de particular confianza, el régimen establecido en el artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.622, de 24 de diciembre de 1976.

Deróganse los artículos 100 y 102 del Decreto-Ley Especial N° 7 de 23 de diciembre de 1983.

Art. 22. - Declárase que quienes ocupan a la fecha de vigencia de la presente ley, cargos de particular confianza a los que accedieron por ascenso en el lapso en que los mismo fueron considerados de carrera administrativa o que hubieren optado por la carrera administrativa de acuerdo al artículo 94 del Decreto-Ley Especial N° 7, de fecha 23 de diciembre de 1983, tendrán derecho en caso de cese a optar por pasar a ocupar un cargo de similar escalafón y grado al que ocupaban a la fecha de ser designados.

Autorízase la creación de cargos a los efectos indicados en el inciso anterior en el caso de no existir vacantes adecuadas; tales cargos o funciones que se creen serán suprimidos al vacar.

Art. 23. - Declárase que los cargos a que se refiere el inciso tercero del artículo 3° del Decreto-Ley número 15.167, de 6 de agosto de 1981, son aquéllos declarados de "Dedicación Total" por leyes anteriores o posteriores al artículo 18 del Decreto-Ley N° 14.416, de 28 de agosto de 1975 y con prescindencia de si vacaron o no con posterioridad a la última norma legal citada.

Art. 24. - Los funcionarios del Programa 1.02 "Publicaciones Oficiales y Servicios de Impresiones para la Administración Pública" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" percibirán una compensación mensual líquida de N$ 2.000.00 (nuevos pesos dos mil) que se incluirá en el respectivo renglón presupuestal.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a partir del 1° de marzo de 1985.

Art. 25. - Exclúyese de la nómina de cargos políticos contenida en el artículo 90 del Decreto-Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983, el cargo de Director del instituto Nacional de Pesca (INAPE).

Decláranse de particular confianza los cargos de Director del instituto Nacional de Pesca y de Director Nacional de Trabajo, los que quedarán comprendidos en lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Art. 26. - Modifícase el artículo 119 de la Ley número 13.640, de 26 de diciembre de 1967, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes al Código Bh, Grados 1 al 7, comprendidos en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley N° 12.83, de 30 de noviembre de 1960 y disposiciones complementarias, modificativas y concordantes, podrán renunciar al régimen de dedicación total durante los períodos de adscripción a la Cancillería, siempre y cuando las tareas ajenas a la cumplidas en esa Secretaría de Estado no sean incompatibles con las funciones desempeñadas en ella.

Consecuentemente, dejarán de percibir la compensación complementaria derivada de dicho régimen".

Art. 27. - Sustitúyese el artículo 43 del Decreto-Ley N° 14.206, de fecha 6 de junio de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá ser destinado a prestar servicios en el exterior, salvo en los casos de cargos de particular confianza, sin que acredite una antigüedad mínima de dos años en el desempeño de funciones en la Cancillería".

Art. 28. - Sustitúyese el artículo 208 del Decreto-Ley N° 14.252, de 22 de agosto de 1974, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios técnicos de la Dirección de Comercio Exterior que cuenten con una antiguedad mayor de dos años podrán ser destinados a prestar funciones de asesores en materia económica y comercial, en las misiones permanentes y delegaciones diplomáticas y consulares de la República, en el exterior, con una remuneración máxima igual a la de Ministro Consejero. Cuando presten servicios en el exterior, dichos funcionarios dependerán de los jefes de misión o delegación respectivos, estarán sujetos al mismo régimen y al cumplimiento de todas la obligaciones y requisitos que para los funcionarios del servicio exterior establezcan las normas vigentes y las que se dicten en el futuro. No podrán encontrarse en la situación prevista en el párrafo 1° de este artículo, más de quince funcionarios de la mencionada Dirección".

Art. 29. - Derógase el artículo 43 del Decreto-Ley N° 15.167, de 6 de agosto de 1981.

Art. 30. - Derógase el artículo 280 del Decreto-Ley N° 14.416, de fecha 28 de agosto de 1975.

Art. 31. - El 5% (cinco por ciento) de comisión establecido por el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 9.892, de 1° de diciembre de 1939, alcanzará a todos los funcionarios que recauden por concepto de prestaciones en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública. En el caso de que la recaudación se realice como consecuencia de la Intervención de los Inspectores de la División de Usuarios y Recaudación, la comisión se repartirá por partes iguales entre el funcionario recaudador y el funcionario Inspector.

Esta comisión se liquidará con cargo a los proventos recaudados.

Art. 32. - Créanse en el Programa 1.04 "Asesoramiento y Contralor Intermitente" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" ocho cargos de Inspector AaA Grado 04 (abogado, contador o escribano) y veintidós cargos AcC Grado 09, Inspector VI, Especializado, los que serán provistos de entre los funcionarios contratados que actualmente desempeñan esas funciones.

Disminúyese en un importe equivalente al costo de las creaciones precedentes, los renglones correspondientes a las actuales contrataciones zafrales.

CAPITULO VI
Disposiciones Varias

Artículo 33. - Las asignaciones autorizadas en los presupuestos de los organismos estatales comprendidos en la Sección XIV de la Constitución no obligan a la realización de los correspondientes gastos, los cuales se efectuarán en la medida que lo exijan los programas, proyectos y actividades a que estén destinados, teniendo en cuenta la efectiva disponibilidad de fondos.

Art. 34. - A los efectos de mantener el equilibrio presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Contaduría General de la Nación y con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, establecerá un sistema de cuotas periódicas de asignación de fondos, que habrá de organizarse en base al preventivo de caja y a la programación de la ejecución de desembolsos que deben ser realizados para el cumplimiento de los respectivos programas, proyectos y actividades.

Art. 35. - A partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el "Diario Oficial" modifícase el artículo 2° del Decreto-Ley número 14.867, de 24 de enero de 1979 que quedará redactado en la siguiente forma:

"Artículo 2°. - El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos que por cualquier naturaleza perciban las Unidades Ejecutoras comprendidas en los Incisos 2 al 24 y 27 del Presupuesto Nacional deberá ser depositado en la cuenta Tesoro Nacional existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y Tesorería General de la Nación, individualizando el concepto del recurso respectivo. Salvo autorización legal expresa, lo recaudado por concepto de ingresos de cualquier naturaleza a que se refiere el inciso anterior, no podrá aplicarse al pago de sueldos ni retribuciones personales de especie alguna".

Art. 36. - Los depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior, dentro de los treinta días de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial deberán verter en la cuenta Tesoro Nacional el 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de los saldos calculados al primer día de cada mes desde el 1° de junio hasta la fecha de publicación de esta ley.

Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 2 al 24 y 27 que tuvieren fondos de los indicados deberán depositarlos en la misma cuenta, dentro del mismo plazo, así como presentar a la Contaduría General de la Nación una relación de los compromisos contratados y no pagados con cargo a los fondos mencionados. Esta última procederá a habilitar los créditos respectivos para abonar las correspondientes obligaciones que estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto-Ley N° 14.189, de 30 de abril de 1974, con la modificación establecida por el artículo 32 del Decreto-Ley N° 14.754, de 5 de enero de 1978.

Art. 37. - En lo que se refiere al régimen establecido por los artículos 35 y 36 precedentes, regirá los preceptuado en los artículos 6° y 7° del Decreto-Ley N° 14.867, de 24 de enero de 1979, hasta el 31 de diciembre de 1985, dándose cuenta en todos los casos, a la Asamblea General.

Art. 38. - A efectos de regularizar anticipos de tesorería efectuados hasta el 28 de febrero de 1985, increméntanse a partir del presente ejercicio y hasta la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto General de Sueldos y Gastos e Inversiones los créditos del Inciso 5, Ministerio de Economía y Finanzas, que se establecen a continuación.

a) Renglón 0.6.1 - 301 de los siguientes Programas:

- 1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" N$ 900.000,00 (nuevos pesos novecientos mil).

b) Renglón 0.6.1 - 302 del siguiente Programa:

- 1.06, "Recaudación de Tributos" N$ 600.000,00 (nuevos pesos seiscientos mil) para atender pagos a funcionarios que por razones de servicio deban actuar en tareas que impliquen cambio de su domicilio habitual.

c) Renglón 0.6.1 - 303 de los siguientes Programas:

- 1.01, "Administración de la Política Económica y Financiera" N$ 7:000.000,00 (nuevos pesos siete millones).

- 1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Interna del Estado" N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.05, "Servicios de Pagaduria de la Administración Central" N$ 596.000,00 (nuevos pesos quinientos noventa y seis mil).

- 1.08, "Recaudación de ingresos provenientes de Loterías y Quinielas" N$ 2:360.000,00 (nuevos pesos dos millones trescientos sesenta mil).

d) Rubro 3 del siguiente Programa:

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" N$ 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón) para el pago de viáticos.

Art. 39. - Increméntase en N$ 12:940.000,00 (nuevos pesos doce millones novecientos cuarenta mil) a partir del 1° de enero de 1985 y hasta la vigencia de la Ley de Presupuesto General de Sueldos, Gastos e Inversiones, el crédito del Renglón 0.6.1.-304 "Funciones distintas a las del cargo" del Programa 1.06 "Recaudación de Tributos" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas".

Este crédito se utilizará para atender las diferencias de retribuciones generadas desde el 1° de enero de 1985 por el desempeño de las funciones de Encargado de Unidad y de Encargado de Sector en la Dirección General Impositiva, que hasta la vigencia de la presente ley, se imputaron con cargo a otros Renglón.

Las diferencias de retribuciones de que se trata no podrán sufrir aumento alguno y el excedente que hubiere del incremento autorizado pasará a integrar el crédito del Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia", a que se refiere el artículo 41 de esta ley.

Art. 40. - Asígnase a los Programas 1.01 "Administración de la Política Económica y Financiera" y al 1.02 "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" una partida de N$ 3:000.000,00 (nuevos pesos tres millones) y nuevos pesos 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones) respectivamente para atender las erogaciones que demande la elaboración del Presupuesto Nacional.

Estas partidas serán utilizadas para solventar pago de la hora extras, efectivamente realizadas, adquisición de materiales y suministros, y todo otro gastos directamente vinculado a la formulación presupuestaria. El crédito correspondiente a la parte no utilizada de las referidas partidas será cancelado.

Art. 41. - Derógase el artículo 60 del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 42. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 76 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

"c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro de los efectos personales, muebles, libros y demás enseres de casa y familia, incluidos los gastos de despacho como asimismo del flete, por exceso de equipaje, cuando el transporte se realice por vías marítimas, fluvial o terrestre, dentro de la siguiente escala:

Hasta 18 metros cúbicos por el funcionario;

Hasta 8 metros cúbicos por su cónyuge;

Hasta 3 metros cúbicos por cada uno de los demás miembros de la familia.

Cuando el viaje se efectúa por vía aérea, se abonará por concepto de exceso de equipaje además de los gastos mencionados el importe de hasta 20 kilogramos por el Jefe de Misión y 10 por cada uno de los miembros de su familia.

Cuando el flete sea calculado total o parcialmente por peso y no por volumen, se compensará a razón de 200 kilogramos por metro cúbico".

Art. 43. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 77 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

"c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro en las condiciones establecidas en el apartado c) del artículo anterior, reduciendo el volumen correspondiente al funcionario a un máximo de 10 metros cúbicos".

Art. 44. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar un seguro colectivo de asistencia médico-hospitalaria válido para todos los países, en beneficio de los funcionarios y de su núcleo familiar, (artículo 85 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960), pertenecientes a los escalafones Bh, AaA y Ab, mientras presten servicios fuera de la República.

La Contaduría General de la Nación habilitará en cada ejercicio el crédito necesario para la atención de dicho seguro por un importe equivalente a su costo anual.

Art. 45. - Increméntase el Renglón 0.6.1 - 301 en nuevos pesos 2:500.000 (nuevos pesos dos millones quinientos mil) para el pago de horas extras a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de atender el funcionamiento de los Consejos de Salarios.

Art. 46. - Habilítase en el Programa 1.01 "Administración General" del Inciso 04 Ministerio del Interior una partida por una sola vez por un monto de N$ 3:870.450 (nuevos pesos tres millones ochocientos setenta mil cuatrocientos cincuenta), a los efectos de financiar una compensación sujeta a montepío para el Jefe de Policía de Montevideo de N$ 25.230 (nuevos pesos veinticinco mil doscientos treinta) nominales mensuales y para los Jefes de Policía del Interior del país de N$ 22.490 (nuevos pesos veintidós mil cuatrocientos noventa), nominales mensuales a cada uno de ellos. Estas compensaciones tendrán vigencia a partir del 1° de abril de 1985 y hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio y serán incrementadas en la misma oportunidad y en igual porcentaje que el que se establece para las remuneraciones de los funcionarios públicos durante dicho período.

Art. 47. - Créase en los Programas que se establecen a continuación partidas por una sola vez, con destino al Renglón 0.6.1 derivado 301 "Retribuciones Adicionales por trabajo en Horas Extras" por los siguientes importes:

"En el ex-Inciso 14 "Ministerio de Justicia":

- Programa 1.01 "Administración y supervisión general y servicios administrativos de apoyo al Poder Judicial" nuevos pesos 34:849.378 (nuevos pesos treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y ocho); Justicia Administrativa (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) N$ 1:834.107 (nuevos pesos un millón ochocientos treinta y cuatro mil ciento siete);

- Programa 1.03 "Inscripción y certificados de Actos, Contratos y Servicios Notariales" para la Dirección General de Registro N$ 4:600.000,00 (nuevos pesos cuatro millones seiscientos mil); y para el Registro Público y General de Comercio N$ 387.695,00 (nuevos pesos trescientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y cinco);

- Programa 1.04 "Ministerio Público y Fiscal" N$ 7:280.968,00 (nuevos pesos siete millones doscientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho).

- Programa 1.05 "Servicios Conexos con la Administración de Justicia" N$ 9:573.422 (nuevos pesos nueve millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos veintidós).

"En el actual Inciso 16 "Poder Judicial":

- Programa 1.01 "Justicia Ordinaria" (Secretarios y Actuarios) N$ 7:153.094 (nuevos pesos siete millones ciento cincuenta y tres mil noventa y cuatro);

- Programa 1.02 "Justicia Administrativa" N$ 268.487 )nuevos pesos doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete) (Secretarios y Actuarios).

Los fondos no utilizados, de las partidas precedentes, podrán ser destinados en los organismos anteriormente indicados, con los fines que éstos determinen.

Art. 48. - Se faculta al Ministerio de Salud Pública, a que con los descuentos que se practiquen a los funcionarios del Inciso 12 por inasistencias individuales no justificadas, formen un fondo para atender el pago de aquellos que sustituyan en sus funciones a los inasistentes.

Art. 49. - Increméntanse a partir del 1° de enero de 1985 los siguientes Renglones del Programa 1.01 del Inciso 17 "Tribunal de Cuentas":

- Renglón 0.6.1 - 301 "Trabajo en Horas Extras" N$ 600.000,00 (nuevos pesos seiscientos mil);

- Renglón 0.6.1 - 303 "Prima a la eficiencia" N$ 4:000.000,00 (nuevos pesos cuatro millones);

Créase a partir del 1° de enero de 1985 el Renglón 0.1.1 - 312 "Incremento por mayor horario permanente" con una dotación de N$ 2:000.000,00 (nuevos pesos dos millones).

Dentro del término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley este Organismo deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de los créditos del Programa 1.01.

Art. 50. - Increméntanse a partir de 1° de enero del 1985 los siguientes Renglones del inciso 18 "Corte Electoral":

- Renglón 0.6.1 - 301 "Trabajo en Horas Extras" N$ 175.000,00 (nuevos pesos ciento setenta y cinco mil).

- Renglón 0.6.1 - 303 "Prima a la Eficiencia" N$ 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón).

Art. 51. - Asígnase al Inciso 27 una partida por única vez, de N$ 9:000.000,00 (nuevos pesos nueve millones), para los gastos que demande instalar la Oficina Nacional del Servicios Civil, dando cuenta a la Contaduría General de la Nación.

CAPITULO VII
Normas Tributarias

SECCION I

Artículo 52. - Sustitúyese el literal C) del artículo 2° del Título 2 del T. O. 1982, por el siguiente:

"C) La asistencia técnica prestada a los sujetos pasivos de este impuesto por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Dichas rentas estarán exentas en el caso que se hallen gravadas en el país del domicilio del titular y que éste no tenga crédito fiscal en dicho país, por el impuesto abonado en el país receptor de la asistencia técnica. La reglamentación establecerá las condiciones en que operará la presente exoneración".

Art. 53. - Agrégase al artículo 2° del Título 2 del T. O. 1982, el siguiente literal:

"D) Dividendos o utilidades acreditados o pagados por los sujetos pasivos de este impuesto a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior, cuando se hallen gravados en el país del domicilio del titular y exista crédito fiscal en el mismo por impuesto abonado en la República".

Art. 54. - Sustitúyese el artículo 5° del Título 2 del T. O. 1982, por el siguiente:

"Artículo 5°. - Serán sujetos pasivos:

A) Las sociedades con o sin personería jurídica.

B) Los titulares de empresas unipersonales. Se considera empresa la que desarrolla actividades con fines de lucro, que se menifiesten por la organización del capital y del trabajo a través de una unidad económico-administrativa.

C) Las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas, a las que se refiere el artículo 4° del Título 11 del T. O. 1982".

Art. 55. - Agrégase al artículo 8° del Título 2 del T. O. 1982, el siguiente literal:

"I) Los intereses fictos, que determine el Poder Ejecutivo, por préstamos o colocaciones, los que no podrán superar las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, concertadas sin cláusulas de reajuste. Quedan excluidas de la presente norma las cuentas particulares de los socios.

También quedan excluidos los préstamos l personal en la forma y condiciones que determinará la reglamentación".

Art. 56. - Sustitúyese el literal N) del artículo 10 del Título 2 del T. O. 1982, por el siguiente:

"N) Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores siempre que no hayan transcurrido más de tres años a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la pérdida, actualizadas por la desvalorización monetaria calculada en la forma que determine la reglamentación y en los porcentajes establecidos en el artículo 22 de este Título".

La presente disposición regirá para ejercicios fiscales cerrados a partir de la vigencia de esta ley.

Art. 57. - Agrégase al artículo 10 del Titulo 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

"Ñ) Los arrendamientos de inmuebles, intereses contraprestaciones por avales, dentro de los límites que establezca la reglamentación."

Art. 58. - Agrégase al artículo 6° del Título 6 del T.O. 1982, los siguientes literales:

"e) Las Intendencias Municipales por las actividades que desarrollen en competencia con la actividad privada, salvo la circulación de bienes prestación de servicios realizados directamente al consumo, que tengan por objeto la reducción de precios de artículos y servicios de primera necesidad. El Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación las actividades y las fechas a partir de la cual quedarán gravadas.

f) Las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas a que se refiere el artículo 4° del Título 11 del T.O. 1982."

Art. 59. - Sustitúyese el literal J) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"J) Bienes a emplearse en la producción agropecuaria y materias primas para su elaboración. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos y materias primas comprendidas en este literal y podrá establecer para los bienes allí mencionados, un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones, siempre que de estas últimas no exista producción nacional suficiente, una vez verificado el destino de los mismos, así como las formalidades que considere pertinente."

Art. 60. - Agrégase al artículo 3° del Título 7 del T.O. 1982, el siguiente inciso.

"Las asociaciones y fundaciones cuando realicen operaciones gravadas en el desarrollo de las actividades a que se refiere el artículo 4° del Título 11 del T.O. 1982."

Art. 61. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción del Impuesto Específico Interno.

Art. 62. - Derógase desde su vigencia el artículo 34 del Título 8 del T.O. 1982.

Art. 63. - Sustitúyese el artículo 13 del Título 8 del T.O. 1982, por el siguiente.

"Artículo 13. - El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior y los activos destinados a la explotación comercial e industrial, se avaluarán en lo pertinente por las normas que rijan para el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Cuando existan activos en el exterior, se computará como pasivo el importe de las deudas que exceda el valor de dichos activos.

En caso de tener otros bienes exentos de este impuesto o de los mencionados en el artículo 8°, el pasivo resultante se computará por la parte proporcional al activo gravado. A los efectos de esa proporción no se incluirán los activos en el exterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

Los bienes de las sociedades personales y en comandita por acciones, titulares de explotaciones agropecuarias, se determinarán de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de este Título."

La presente sustitución regirá para ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de 1985.

Art. 64. - Fíjase en el 2.80% (dos con ochenta por ciento) la tasa prevista en el numeral 2° del artículo 30 del Título 8 del T.O. 1982, para ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de 1985.

Art. 65. - Sustitúyese el artículo 4° del Decreto-Ley N° 15.584, de 27 de julio de 1984, por el siguiente:

"Artículo 4°. - Grávase la venta de moneda extranjera cuando la contraprestación fuera contratada en moneda nacional, y de metales preciosos, que realicen el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay, los bancos privados, las casas financieras, las casas de cambio y las cooperativas de ahorro y crédito, quienes serán los contribuyentes del impuesto.

Asimismo, serán contribuyentes quienes se encuentren comprendidos en el literal A) del artículo 2° del Título 2 del T.O. 1982, por aquellas ventas que sean realizadas a quienes no se encuentren mencionados en el inciso anterior.

En las operaciones de cambio futuro, el tributo se liquidará cuando venzan los plazos pactados, con independencia del cumplimiento del contrato.

No estarán gravadas las operaciones de arbitrajes y la venta de metales preciosos cuando la contraprestación se efectúe en dichos metales."

Art. 66. - Fíjase en el 1.5% (uno y medio por ciento) la tasa a que hace mención el artículo 5° del Decreto-Ley N° 15.584, de 27 de junio de 1984.

SECCION 2

Artículo 67. - Podrá constituirse a favor del Estado y de más personas públicas, estatales y no estatales, prendas sin desplazamiento sobre los bienes comprendidos en los artículos 3° de la Ley N° 5.649, de 21 de marzo de 1918, y 2° de la Ley N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928, y en general sobre cualesquiera bienes muebles individualizables propios del contribuyente, responsable o tercero, en garantía de obligaciones tributarias, prestaciones de seguridad social y sanciones pecuniarias.

Art. 68. - Serán aplicables a las prendas a que se refiere el artículo anterior, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 5° a 9° y 10, en la redacción dada por el artículo 42 de la Ley N° 13.608, de 8 de setiembre de 1967y 11 a 23 de la Ley N° 5.649 de 21 de marzo de 1918 y los artículos 3° y 5° de la Ley N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928.

Art. 69. - La constitución de las sociedades anónimas estará gravada a partir de la vigencia de la presente ley con un impuesto de contralor, cuya tasa será del 1% (uno por ciento) del capital autorizado.

Asimismo estarán gravados por este impuesto los aumentos de capital, que se realicen en el futuro, de todas las sociedades anónimas.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones del pago de este impuesto.

Art. 70. - Agrégase el siguiente literal al numeral 2) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982.

"F) Las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia vinculadas con la salud de los seres humanos."

Art. 71. - Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1982 se consideran referidas a las normas legales respectivas.

Art. 72. - Comuníquese, etc."

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Simplemente, para establecer una norma que es de estilo en estos casos: que se faculte a Secretaría para establecer la correlación correspondiente del articulado, ya que se efectuaron modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

11) FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA). Contrato de préstamo. Alteración del Orden del Día.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - El Poder Ejecutivo tiene urgencia en que se trate en el día de hoy el proyecto de ley por el que se aprueba el Contrato de Préstamo y sus anexos, suscrito por el Gobierno de la República y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Este proyecto se refiere a la suma de U$S 2:000.000, destinada a financiar las obras de terminación del Laboratorio Rubino.

Creo que estoy usurpando el derecho del uso de la palabra al miembro informante, nuestro colega señor senador Pozzolo.

12) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Normas de emergencia.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente mi intervención tiene por objeto -en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación y en consulta con los distintos sectores representados en el Senado- solicitar la postergación de la consideración del segundo puntos del orden del día, relativo al proyecto de ley de alquileres, a efectos de que este asunto sea tratado en una sesión extraordinaria. la Comisión le sugiere al Cuerpo que esta sesión se realice el próximo lunes, a la hora 17, ya que el martes habría algunas dificultades debido a las actividades parlamentarias, en las que se incluye la visita de una delegación brasileña a nuestro país.

Teniendo en cuenta la hora, el quórum y otras razones obvias, proponemos que este tema pase a ser tratado en una sesión extraordinaria el próximo lunes.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Debe quedar claro, señor Presidente, que no se está pidiendo un cuarto intermedio, sino el aplazamiento del punto que figura en segundo término del orden del día. Llamo la atención en el sentido de que, votando de ese modo, es la forma en que podemos cumplir con la sugerencia propuesta por el señor senador Mederos, de alterar el orden del día y tratar el punto que figura en tercer término el que, además, creo que no nos llevará más de dos o tres minutos, porque fue tratado en Comisión, trae un informe unánime de sus componentes y consta de un solo artículo.

Por lo expuesto, votaría favorablemente la moción formulada por el señor senador Ricaldoni, en el sentido de tratar el tema de los alquileres en una sesión extraordinaria el próximo lunes, reiterando que en pocos minutos votaremos el punto que figura en tercer término del orden del día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - La Mesa entiende que si se vota la sesión extraordinaria para el día lunes, la de hoy quedaría prácticamente clausurada. En cambio, si se vota la moción presentada por el señor senador Mederos -si ese es el criterio del Cuerpo- seguidamente pondremos a consideración la propuesta de realizar una sesión extraordinaria.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: estamos dispuestos a votar favorablemente la realización de una sesión extraordinaria, a efectos de tratar el tema que figura en segundo término del orden del día. De esa forma nos restaría solamente tratar el que figura en tercer término, y que lo pasaríamos a considerar de inmediato.

Deseo formular la siguiente consulta. Los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales hemos sido citados para una sesión especial el próximo día lunes a la hora 16 y 45 minutos. Por lo tanto, deseo hacer la consulta del caso porque, o se cambia la hora de la sesión extraordinaria del Cuerpo o se anula la de la Comisión.

13) FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA). Contrato de préstamo. Alteración del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Señores senadores: está en discusión -porque tiene preferencia- la moción presentada por el señor senador Mederos en el sentido de que se altere el orden del día y se trate de inmediato el asunto que figura en tercer término. Seguidamente pondremos a consideración la propuesta de la sesión extraordinaria.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Mederos.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, que pasó a ser segundo: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Contrato de Préstamo N° UR-3/84 sus anexos, suscrito por el Gobierno de la República y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). (Carp. N° 269/85 - Rep. N° 101/85)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 269/85
Rep. N° 101

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Agricultura y Pesca

Montevideo, 17 de julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Contrato de Préstamo N° UR-3/84 y sus anexos, suscrito por el Gobierno de la República y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) el 20 de diciembre de 1984, de conformidad con lo dispuesto en la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 26 de setiembre de 1984.

El propósito del Préstamo cuya aprobación se solicita, es cooperar en la ejecución de las obras necesarias para terminación y puesta en marcha del complejo de laboratorios Campus Veterinario "Dr. Miguel Rubino" (Sede Central del Centro de Investigaciones Veterinarias del Ministerio de Agricultura y Pesca).

El monto del préstamo es hasta por una cantidad equivalente a U$S 2:000.000 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en las monedas que forman parte de los recursos de FONPLATA y será totalmente amortizado por la República a más tardar el 20 de diciembre de 1996 (doce años), mediante veinte cuotas semestrales consecutivas; la primera deberá pagarse a los treinta meses de la fecha de vigencia del Contrato, con un interés pagadero semestralmente, sobre saldos deudores del 8% anual.

La Comisión de Compromiso sobre el saldo no desembolsado del financiamiento, es del 1% anual, que comenzara a devengarse a los ciento ochenta días de la fecha de la firma del Contrato.

Las obras a financiarse se consideran de interés para el desarrollo de la economía nacional.-

Debe señalarse finalmente, que las estipulaciones contenidas en el Contrato de Préstamo de referencia, siguen el sistema y los modelos que FONPLATA está utilizando uniformemente para todos los prestatarios de los países miembros.

El Poder Ejecutivo entiende que resulta obvio destacar la trascendencia que el adjunto Proyecto de Ley reviste, solicitándole por ello, rápida sanción.

Saluda a ese Cuerpo con la seguridad de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI Presidente de la República, Ricardo Zerbino, Roberto Vázquez Platero, Enrique V. Iglesias.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Apruébase en todos sus términos el Contrato de Préstamo N° UR-3/84 y sus anexos, suscrito por el Gobierno de la República y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata (FONPLATA) el 20 de diciembre de 1984, por un monto de hasta el equivalente a U$S 2:000.000 (dos millones de dólares de los Estado Unidos de América) en las monedas que forman parte de los recursos de FONPLATA, para atender la financiación de las obras necesarias para terminación y puesta en marcha del complejo de laboratorios Campus Veterinario "Dr. Miguel Rubino" (Sede Central del Centro de Investigaciones Veterinarias del Ministerio de Agricultura y Pesca).

Art. 2°. - Autorízase la inversión pertinente que se atenderá con cargo a Rentas Generales.

Art. 3°. - Comuníquese, etc.

Ricado Zerbino, Roberto Vázquez Platero, Enrique V. Iglesias.

COMISION DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
(Integrada)

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Transporte y Obras Públicas, integrada con dos miembros de la de Asuntos Internacionales, escuchados los asesoramientos que correspondían, ha resuelto por unanimidad aconsejar al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Estando condensados en el Mensaje del Poder Ejecutivo y sus anexos los aspectos relativos a antecedentes, objetivos y actividades actuales de dicho Centro; así como también una somera descripción del estado actual de las obras que se procura culminar, restaría solamente señalar algunos de los aspectos más importantes del Contrato de Préstamo en cuestión.

a) Se trata de un monto de endeudamiento moderado para la importancia de los logros que habrán de obtenerse (el préstamo es de U$S 2:000.000, con una contrapartida nacional de U$S 535.000).

b) El Organismo Internacional financiero es el FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata; institución de la cual Uruguay forma parte inclusive en su Directorio Ejecutivo, en igualdad de condiciones con los otros países miembros (Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil).

c) El préstamo es muy conveniente, en tanto su interés es muy moderado; alcanzando al 8% anual y además es amortizable en moneda regional (es decir de cualquiera de los países miembros de FONPLATA; o sea inclusive en moneda nacional), y en un plazo de 12 años, con dos años de gracia.

d) La obra terminada, constituirá un invalorable apoya a la producción pecuaria nacional; además posibilitará una efectiva integración regional en materia de investigación en salud y producción animal; permitiendo además realizar importantes programas de intercambio de becarios así como tareas de extensión y docencia que pondrán al Uruguay a nivel de primer plano internacional en los temas mencionados.

Por todo lo someramente expuesto esta Comisión, por unanimidad, aconseja al Cuerpo la rápida sanción de esta iniciativa.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 1985.

Luis Bernardo Pozzolo (miembro informante), José Pedro Cardoso, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle Herrera, Carminillo Mederos, Juan Adolfo Singer, Alfredo Traversoni, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Léase el proyecto.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del proyecto en general.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2°.

(Se lee)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

El artículo 3° es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al informado).

14) ARRENDAMIENTOS URBANOS. Normas de emergencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de que el punto que figuraba en segundo término del orden del día sea tratado el próximo lunes a la hora 17, en una sesión extraordinaria.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Simplemente, señor Presidente, para hacer una consulta. Personalmente me es igual, pero creo que hay que adoptar una de las dos medidas: o se anula la sesión de la Comisión del próximo lunes o se cambia la hora de la del Cuerpo.

La verdad es que estoy obligado a asistir a esta sesión de la Comisión porque debo dar cuenta de diversos asuntos que se me han encomendado y, además, necesito estar presente en Sala cuando se trate el tema vinculado a los arrendamientos urbanos.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que el tema de los alquileres es de una extraordinaria importancia.

Le preguntaría a los compañeros de la Comisión de Asuntos internacionales si de aquí al lunes no se podría organizar su labor de otra forma y adelantar su labor de otra forma y adelantar la hora de reunión que podría ser, por ejemplo, a las 16. A la vez, propondría que el Senado, en vez de reunirse como acostumbra hacer, lo haga a las 17 y 30, con lo que se dispondría de una hora y media para que trabaje esta Comisión, de esta forma, salvaríamos los dos aspectos que están en discusión.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos J. Pereyra). - Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21 y 32 minutos, presidiendo el señor senador Pereyra y asistiendo los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Flores Silva, García Costa, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Rondán, Senatore, Singer, Traversoni y Zorrilla.)

Dr. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taguigráfos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.